PROYECTO SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL (BOLETÍN Nº 589-06).

"HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

Al proponer la recientemente aprobada reforma constitucional al Capítulo XIV y otras normas de la Constitución Política de la República, el Gobierno que presido ha buscado afianzar un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización en el país; Lo anterior resulta fundamental en nuestra actual etapa de desarrollo, por los requerimientos propios del sistema democrático, por las demandas que plantea la expansión económica en varias zonas del territorio, por las exigencias que se derivan de la modernización de la administración pública y como respuesta a los anhelos legítimos de las comunidades locales y regionales. Estas son las consideraciones que sirven de fundamento al presente proyecto de ley sobre el gobierno y la administración de la región.

Para los efectos de su elaboración se ha contado con el concurso de un nutrido grupo de expertos y especialistas en los diversos campos que abarca el proceso de la regionalización. Ello porque no existe sino fragmentariamente una legislación que pueda favorecer dicho proceso y se cuenta con escasos referentes sobre la materia en nuestra evolución histórico-política.

Se trata de una iniciativa que innova significativamente en esta esfera y abre surcos en un camino extenso, por el que debemos transitar de modo prudente, pero decidido. Los instrumentos y competencias que aquí se establecen plantean a las regiones del país, a todas ellas, un desafío extraordinario. En forma progresiva y gradual, compatibilizando estos avances e innovaciones con nuestra tradición institucional y jurídica de Estado Unitario, podremos afianzar una positiva evolución en favor de la descentralización del país, acaso si uno de los desafíos principales de la Nación, de cara al siglo XXI.

El proyecto contempla nuevas funciones y atribuciones a cargo de los gobiernos regionales que crea y les asigna los recursos para ejercerlas. Se inscribe, por tanto, en la idea de una progresiva transferencia de responsabilidades hacia esos nuevos entes descentralizados, con un correlato concreto en la gestión de los recursos que mayor significación revisten en la dinámica del desarrollo. Con ello se procura avanzar en el logro de una mayor participación ciudadana como elemento consustancial a una descentralización de raíz democrática, si bien en tal sentido las negociaciones que precedieron al acuerdo político en la materia no permitieron arribar, al menos por ahora, a la fórmula de generación directa del órgano colegiado del gobierno regional, como era el propósito de este Ejecutivo.

Por otra parte, se busca modernizar la institucionalidad pública, poniéndola a tono con los importantes y variados requerimientos del tiempo actual y venidero. Se propugna una mayor racionalización en el desempeño de la administración, estableciendo competencias específicas para los distintos niveles de gestión en que ésta se estructura y procurando eliminar duplicaciones entre ellas, así como la radicación de la toma de decisiones sobre importantes asuntos regionales en una instancia inmediata al escenario en que se plantean. A la vez, se crean mecanismos e instrumentos de financiamiento compatibles con el orden general de la hacienda pública e incentivadores de una acción regional que tienda a potenciarse y fortalecerse paulatinamente.

En este contexto y atendida la trascendencia de las materias que se regulan, estimo conveniente comentar las que revisten mayor relevancia.

El Título Primero está referido al gobierno de la región, estableciéndose que el gobierno interior de cada región reside en el intendente, en cuanto representante natural inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Se dispone por otra parte que en cada provincia existirá una gobernación, como órgano territorialmente desconcentrado del intendente, la que estará a cargo de un gobernador. Este tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue, además de las que la propia ley le confiere. En particular se establece en este capítulo la incompatibilidad entre los cargos de intendente, gobernador, concejal, miembro del consejo económico y social comunal o provincial y consejero regional.

El Título Segundo se refiere a la administración de la región y en su Capítulo I establece que ella estará radicada en un gobierno regional, el que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la misma.

Se consagra así una innovación de gran alcance para nuestro derecho, al estatuir que los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio e investidas de las funciones y atribuciones que la propia ley les confiere.

Se previene a continuación que los gobiernos regionales ejercerán preferentemente funciones de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural en la región. Se afirma que el ejercicio de estas funciones deberá inspirarse en los principios de equidad, de eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, así como de impulso a la participación de la comunidad organizada y de preservación y mejoramiento del medio ambiente.

En el Capítulo II de este Título se establecen las funciones y atribuciones del gobierno regional, distinguiendo, entre las primeras, las de carácter general y las específicas concernientes a sus actividades preferentes. Entre aquéllas destacan la aprobación de las políticas, planes y programas de desarrollo de la región y la de resolver la inversión de los recursos comprometidos para ésta en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así como la de decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional. En lo relativo a las funciones de ordenamiento territorial destaca la participación del gobierno regional, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación de infraestructura y de equipamiento en la región. En materia de fomento productivo resalta la función de desarrollo y aplicación de las políticas nacionales de fomento productivo, asistencia técnica y capacitación laboral. En materia de desarrollo social y cultural merece relevarse el papel del gobierno regional en la aplicación de políticas nacionales para la erradicación de la pobreza, el fomento de las expresiones culturales y la cautela del patrimonio histórico y natural de la región.

Entre las atribuciones asignadas por el proyecto al gobierno regional, destacan la capacidad de convenir con los ministerios e instituciones de la administración pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional; la de disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su propio presupuesto; formular, evaluar y priorizar programas y proyectos de infraestructura social básica y asociarse con personas naturales o jurídicas, como asimismo constituir entidades con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional.

En el Capítulo III del mismo Título Segundo, relativo a los órganos del gobierno regional, se señala que éstos son el intendente y el consejo regional. Se establece que el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el consejo, sin perjuicio de las facultades que le corresponden en virtud de lo dispuesto en el Título Primero de esta ley. Se consigna un conjunto extenso de atribuciones a cargo del intendente en esta calidad, entre las que destacan: formular las políticas de desarrollo de la región, ajustándose a las políticas y a los planes nacionales, y dirigir su ejecución; someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional; proponer al consejo regional la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la decisión sobre las inversiones sectoriales de asignación regional y sobre los recursos contemplados en los convenios de programación; asimismo las de coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley que operen en la región. Se prescribe también que el intendente será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional.

En lo relativo al consejo regional se establece que tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y que estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. El consejo regional estará integrado por dos consejeros por cada provincia, más diez consejeros adicionales en las regiones de hasta un millón de habitantes y catorce consejeros adicionales en aquellas de más de un millón de habitantes. La distribución de los consejeros que corresponden a cada provincia en función de su población se efectuará mediante el método del cuociente o cifra repartidora, aplicado a las magnitudes demográficas de cada provincia. Los consejeros regionales durarán cuatro años en sus cargos y serán elegidos por los concejales de cada provincia, constituidos al efecto en colegio electoral. Entre las funciones del consejo regional destacan las de aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, y la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la región y de los programas de inversión de asignación regional.

Se dispone que el gobernador tendrá a su cargo la administración superior de la provincia y presidirá el consejo económico y social provincial, sin perjuicio de las facultades que se le asignan en el Título Primero de esta ley. Además de las atribuciones que pueda delegarle el intendente, ejercerá, entre otras, las siguientes, que la ley le confiere directamente en su calidad de órgano desconcentrado: integrar el gabinete del intendente; conocer los programas y proyectos de desarrollo que el sector público se proponga efectuar en la provincia y, cuando corresponda, supervisar dichos programas y proyectos, así como fiscalizar y disponer las medidas para una adecuada coordinación de los organismos de la administración del Estado creados por ley que operen en la provincia.

Se contempla también la existencia en cada provincia de un consejo económico y social provincial, concebido como órgano consultivo y de participación de la comunidad provincial socialmente organizada. Estará integrado, además del gobernador, por miembros elegidos en representación de las organizaciones sociales de la provincia y por miembros que lo serán por derecho propio. Los miembros electos serán 24, correspondiendo cuatro por las uniones comunales de juntas vecinos de la respectiva provincia, cuatro por las entidades que agrupen a las organizaciones comunitarias funcionales de la provincia correspondiente, ocho por las entidades que agrupen a las organizaciones laborales legalmente constituidas y ocho por las entidades que agrupen a los empresarios y demás unidades productivas de la provincia. Los miembros por derecho propio serán uno por cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros con asiento en la respectiva provincia, y los rectores de las universidades que funcionen en la misma, con un máximo de cuatro. Los miembros de este consejo durante cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. Entre otras, las atribuciones del consejo económico y social provincial serán: ser consultado por el gobernador sobre los anteproyectos de plan regional de desarrollo y de presupuesto regional y recibir semestralmente una cuenta del gobernador sobre la marcha de la administración provincial y de la ejecución de programas y proyectos.

El Capítulo IV del mismo Título regula la estructura administrativa del gobierno regional y otros órganos de la administración pública en las regiones. Se prevé que el gobierno regional cuente, a lo menos, con unidades de directa dependencia del intendente, como son las de asistencia jurídica y de gestión y control de los recursos y programas regionales.

Se precisa en este proyecto la figura institucional desconcentrada de los Ministerios que son las secretarías regionales ministeriales, con excepción de los Ministerios del Interior, Secretaría General de la Presidencia, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, que, por la naturaleza de sus funciones, no son desconcentrables territorialmente. Se establece, asimismo, que cada secretaría regional ministerial estará a cargo de un secretario regional ministerial, quien, sin perjuicio de su condición de representante del o de los ministerios respectivos en la región, será colaborador directo del intendente, del que dependerá en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos y proyectos de desarrollo y demás materias que sean de competencia del gobierno regional. Entre otras atribuciones, les corresponderá a las secretarías regionales ministeriales: elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales; preparar el anteproyecto de presupuesto regional del sector correspondiente realizar tareas de fiscalización sobre todos los organismos de la Administración del Estado que integren su respectivo sector. Se contempla, por otra parte, la existencia de un gabinete regional como órgano auxiliar del intendente, integrado por los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales. Se señala, finalmente, que todos los organismos que integran la Administración del Estado, con excepción de las instituciones constitucionalmente autónomas, serán coordinados, supervigilados y fiscalizados, según corresponda, por el intendente, a través del respectivo secretario regional ministerial, para los efectos de dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos que sean propios del ámbito regional.

En el Capítulo V del Título Segundo se dispone que los gobiernos regionales podrán asociarse con personas naturales o jurídicas, así como constituir con ellas entidades destinadas a promover actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Estas asociaciones o entidades podrán efectuar estudios, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica y llevar a cabo actividades de capacitación. Dichas asociaciones o entidades no podrán contratar empréstitos.

El Capítulo VI se refiere al patrimonio y sistema presupuestario regional. En él se describen la composición del patrimonio del gobierno regional y su régimen de bienes, contemplándose un conjunto de disposiciones específicas para normar su administración. Se define el presupuesto del gobierno regional como la expresión financiera de los planes y programas de la región, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación. Se señala que el presupuesto regional se regirá por las normas de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, debiendo la Ley de Presupuestos de la Nación definir anualmente los gastos de funcionamiento del gobierno regional y un programa de inversión regional en el que se incluirán, entre otros, los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Se define el Fondo Nacional de Desarrollo Regional como un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Este fondo se constituirá con una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley de Presupuestos y su distribución se efectuará en cuotas regionales. La distribución del 90% del Fondo entre regiones se efectuará considerando el nivel social y económico de cada región y la condición territorial de cada una de ellas. El 10% restante se distribuirá durante la gestión presupuestaria de cada año, en función de la eficiencia acreditada en la gestión de los recursos en el período anterior y también para responder a emergencias que, a solicitud de los gobiernos regionales, califique el Ministerio del Interior. Se establece también que los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o convenio se destinen a una o más regiones, no se distribuirán conforme a los criterios anteriores, aunque podrán adicionarse a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la o las regiones respectivas.

Se anota que la Ley de Presupuestos señalará uno o más ítemes de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional, definida como toda aquella que corresponda a estudios preinversionales, programas y proyectos de inversión que, siendo responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deban materializar en una región específica, concentrándose sus efectos económicos directos en el territorio de la misma.

Finalmente se establecen los convenios de programación, definidos como acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, por los que se convienen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerden realizar en un plazo determinado.

El Capítulo VII del Título Segundo de esta iniciativa trata de la elección de los consejeros regionales. Ella estará a cargo de los concejales de la respectiva provincia, constituidos al efecto en colegio electoral. Los candidatos deberán ser personas distintas de los concejales, que reúnan los requisitos de elegibilidad contemplados en el artículo 29 y no estén comprendidas en las inhabilidades que consagra el artículo 30. Las candidaturas deberán presentarse al menos por un concejal perteneciente al respectivo colegio antes de que expire el quinto día precedente a la fecha en que éste deba reunirse. La votación será personal y secreta, teniendo derecho cada concejal a emitir un voto. Se prevé la proposición simultánea de candidaturas a consejero titular y suplente, en una misma fórmula electoral, de modo que la elección de titular conlleve necesariamente la del respectivo suplente, quien asumirá el cargo de pleno derecho en caso de que el titular renuncie, se incapacite o fallezca antes de completar su período.

La resolución de las reclamaciones que puedan deducirse en estas elecciones se encomienda a los respectivos tribunales electorales regionales, en la forma que detalla el párrafo segundo de este Capítulo.

En el Título Final de la presente iniciativa se establece que las relaciones de los gobiernos regionales con el gobierno central se realizarán a través del Ministerio del Interior, en todo aquello que no corresponda a competencia específica de otros ministerios. Asimismo, se precisa el mecanismo de transferencia gradual de competencias y recursos a los gobiernos regionales. Se señala que la ley establecerá las condiciones y requisitos para acceder a los referidos traspasos Los gobiernos regionales podrán recibir en traspaso órganos desconcetrados de los ministerios y servicios públicos y también se podrán adscribir al gobierno regional funciones específicas que lleven a cabo órganos desconcentrados.

En todos los casos se procederá mediante convenio formal entre el gobierno regional y el ministro respectivo, refrendado por el Ministro del Interior.

Esta ley incorpora un conjunto de disposiciones transitorias, entre otras, la relativa al incremento para 1993 y 1994 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de las inversiones sectoriales de asignación regional; la que regula la conformación del primer presupuesto de los gobiernos regionales, y la, que faculta al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año establezca la organización interna y fije las plantas de los gobiernos regionales.

Cabe advertir, por último, que este proyecto de ley contiene disposiciones que, en conformidad a la pertinente normativa constitucional, son propias de ley orgánica constitucional, junto a varias otras que, en cambio, son materia de ley común.

En mérito a las consideraciones que preceden, vengo en someter a la discusión de esa Honorable Cámara, con urgencia, en todos sus trámites constitucionales, que para los efectos correspondientes califico de "simple", el siguiente proyecto de

"LEY SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL TITULO PRIMERO DEL GOBIERNO DE LA REGION

CAPITULO I

EL INTENDENTE

Artículo 1º.- El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza.

El intendente será subrogado por el funcionario de más alto grado del respectivo escalafón, a menos que el Presidente de la República altere el orden de subrogación.

Artículo 2º.- Corresponderá al intendente, en su calidad de representante del Presidente de la República en la región:

a) Dirigir las tareas propias del gobierno interior en la región, de conformidad a las orientaciones e instrucciones que imparta el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior;

b) Velar porque en el territorio de su jurisdicción exista un clima social de tranquilidad, orden público y resguardo a las personas y bienes;

c) Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

d) Informar al Presidente de la República, por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región. Asimismo, sobre el desempeño de los gobernadores y demás jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en la región;

e) Dar cuenta en forma reservada al Presidente de la República, para efectos de lo dispuesto en el Nº 15 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, de las faltas que notare en la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial;

f) Conocer y resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones adoptadas por los gobernadores en materias de su competencia;

g) Aplicar administrativamente las disposiciones de la Ley de Extranjería, pudiendo disponer la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, en los casos y con arreglo a las formas previstas en ella;

h) Efectúa denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, con arreglo a las disposiciones legales pertinentes;

i) Representar extrajudicialmente al Estado en la región para la realización de los actos y la celebración de los contratos que queden comprendidos en la esfera de su competencia;

j) Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia, cuando corresponda, de los servicios públicos creados por ley que operen en la región;

k) Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de cada uno de los secretarios regionales ministeriales;

l) Proponer al Presidente de la República, previa información al Ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales, y al ministro respectivo o jefe superior del servicio, en su caso, la remoción de los jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en la región. Asimismo, el intendente será informado por el ministro del ramo o jefe superior del servicio correspondiente antes de proponer la remoción de dichos funcionarios;

m) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región;

n) Adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de los complejos fronterizos que se establezcan en la región, en coordinación con los servicios nacionales respectivos;

ñ) Adoptar todas las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, y

p) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y las atribuciones que el Presidente de la República le delegue.

CAPITULO II

EL GOBERNADOR

Artículo 3º.- En cada provincia existirá una gobernación que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponde al gobernador ejercer, de acuerdo a las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia.

Artículo 4º.- El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que la presente ley le confiere directamente:

a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes;

b) Aplicar en la provincia las disposiciones legales sobre extranjería;

c) Conceder o denegar permisos para efectuar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad a las normas vigentes;

d) Dar cuenta reservada al intendente de las faltas que notare en la conducta de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial en la provincia, a fin de que aquel pueda hacer lo propio con el Presidente de la República;

e) Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

f) Adoptar todas las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

g) Disponer o autorizar el izamiento del pabellón patrio en el territorio de su jurisdicción y permitir el uso de pabellones extranjeros, en los casos que autorice la ley;

h) Autorizar la circulación de vehículos estatales fuera de los días y horas de trabajo, así como la excepción de uso de disco fiscal, en conformidad a las normas vigentes;

i) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo uso ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda;

j) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones propias o delegadas, y

k) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le asignen.

Artículo 5º.- Con autorización del intendente, el gobernador podrá designar delegados con atribuciones específicas para una o más localidades, cuando presenten condiciones de aislamiento o cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.

El delegado deberá ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso a la Administración Pública. En el acto de la delegación, el gobernador determinará las facultades específicas que le delegue, el plazo de su desempeño y ámbito territorial en que ejercerá competencia.

Si la designación como delegada recayere en algún funcionario público, éste ejercerá su cometido en comisión de servicio, sin limitación de tiempo; si se tratare de una persona ajena a la Administración del Estado, se desempeñará ad honorem. El delegado, cualquiera sea la calidad de su designación, quedará sujeto a las mismas responsabilidades administrativas, civiles y penales a que están afectos los funcionarios públicos, y no formará parte de la dotación de personal del gobierno regional respectivo.

Un extracto de la resolución mediante la cual se designe al delegado se publicará en el Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación en la provincia.

Artículo 6º.- El gobernador podrá constituir un consejo técnico asesor con autoridades de la Administración del Estado en la provincia.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES A INTENDENTES Y GOBERNADORES

Artículo 7º.- Para ser designado intendente o gobernador se requerirá:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Tener cumplidos 21 años de edad;

c) Haber aprobado la enseñanza media;

d) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos;

e) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, y

f) Residir en la región respectiva a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación.

Artículo 8º.- Los cargos de intendente, gobernador, concejal y consejero municipal miembro del consejo económico y social provincial y consejero regional, serán incompatibles entre sí.

Artículo 9º.- Los intendentes y gobernadores cesarán en sus cargos en los siguientes casos:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño;

b) Aceptación de un cargo incompatible;

c) Inscripción como candidato a un cargo de elección popular;

d) Aceptación de renuncia;

e) Remoción dispuesta por el Presidente de la República, y

f) Destitución por acuerdo del Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 Nº de la Constitución Política de la República.

Artículo 10.- Los intendentes y gobernadores tendrán su sede en la capital regional o provincial, según corresponda, sin perjuicio de que puedan trasladarla transitoriamente a otras localidades de sus territorios jurisdiccionales.

Artículo 11.- Los intendentes y gobernadores podrán solicitar a los jefes de los organismos de la administración del Estado sujetos a su fiscalización o supervigilancia, los informes, antecedentes o datos que requieran, debiendo estos proporcionarlos oportunamente.

Artículo 12.- Los intendentes y gobernadores deberán poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del tribunal competente aquellos casos en que, con fundamento plausible, pueda exigirse responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia.

TITULO SEGUNDO.

DE LA ADMINISTRACION DE LA REGIÓN

CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 13.- La administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.

Los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio e investido de las funciones y atribuciones que esta ley les confiere.

Artículo 14.- Para la consecución de sus fines, los gobiernos regionales ejercerán preferentemente funciones de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural de la región. El ejercicio de estas funciones deberá inspirarse en los principios de equidad, de eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de impulso a la participación de la comunidad organizada y de preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 15.- Los gobiernos regionales tendrán su sede en la ciudad capital de la respectiva región.

CAPITULO II

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 16 - Serán funciones generales del gobierno regional:

a) Aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo dé la región y su proyecto de presupuesto, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación;

b) Resolver la inversión de los recursos comprendidos en la cuota que a la región corresponda en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquellos que procedan de acuerdo al artículo 73 de esta ley, en conformidad a la normativa aplicable;

c) Destinar a proyectos específicos los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación;

d) Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios;

e) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus planes y programas de desarrollo, y

f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes.

Artículo 17.- Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial:

a) Definir políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes;

b) Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región;

c) Velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la región, desarrollando las políticas y normas nacionales sobre la materia;

d) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal e interprovincial en la región y coordinar con otras regiones el transporte interregional, aplicando para ello las políticas nacionales en la materia, y

e) Estimular el desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social básica.

Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a) Contribuir al desarrollo y aplicación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral;

b) Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, coordinando a los entes públicos competentes y concertando acciones con los agentes empresariales y profesionales. Para tal efecto podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el número 21Q del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

c) Promover la investigación científica y tecnológica en la región, y

d) Fomentar y reglamentar el turismo en el nivel regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Artículo 19.- En materia de desarrollo social y cultural corresponderá al gobierno regional:

a) Establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia;

b) Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial;

c) Evaluar el impacto social de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional;

d) Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley;

e) Realizar estudios relacionados con las condiciones y nivel de vida de los habitantes de la región, y

f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y natural de la región y velar por la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus funciones, el gobierno regional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar las normas reglamentarias regionales y las de su organización interna en el marco establecido por las leyes;

b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley;

c) Convenir con los ministerios e instituciones de la administración pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad al artículo 76 de esta ley;

d) Ser informado previamente respecto de los demás programas y proyectos de desarrollo que las entidades de la administración pública nacional efectúen en la región;

e) Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto;

f) Aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo;

g) Sancionar los planes reguladores comunales de acuerdo a la normativa ministerial que rija en la materia;

h) Formular, evaluar y priorizar programas y proyectos de infraestructura social básica;

i) Proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, la sub- venciones a los programas sociales, de acuerdo a la normativa nacional correspondiente;

j) Tomar conocimiento de los presupuestos y planes de obras municipales;

k) Asociarse con personas naturales o jurídicas o constituir entidades con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional, en los términos dispuestos en el Capítulo V del presente Título, y

l) Ejecutar los actos y celebrar los convenios y contratos conducentes al logro de sus fines, tanto con otros organismos públicos como con personas naturales y jurídicas del sector privado.

CAPITULO III

ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 21.- El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional.

Párrafo 1° El Intendente

Artículo 22.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden en virtud de lo dispuesto por el Título Primero de esta ley, el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el consejo regional.

El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 23.- Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional:

a) Formular las políticas de desarrollo de la región, en armonía con las políticas y los planes nacionales, y dirigir su ejecución;

b) Someter a la aprobación del consejo regional los planes y estrategias regionales de desarrollo y sus modificaciones;

c) Presidir el consejo regional, con derecho a voz y voto. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 34, letra h), de la presente ley, sólo tendrá derecho a voz;

d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional y sus modificaciones, ajustados a las orientaciones y límites que establezcan la Ley de Presupuestos de la Nación y demás normas legales sobre la administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional;

f) Proponer al consejo regional la celebración de los convenios de programación a que se refiere el artículo 76;

g) Proponer al consejo regional los proyectos de reglamentos regionales que regulen materias propias de la competencia del gobierno regional, en conformidad a las leyes y a los reglamentos supremos correspondientes;

h) Proponer al consejo regional la celebración de convenios para constituir las asociaciones regionales a que se refiere el Capítulo V de este Título;

i) Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos comprendidos en su esfera de competencia;

j) Ejercer la administración de los bienes y recursos propios del gobierno regional, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y a las normas que el consejo regional pueda adoptar sobre la materia. En todo caso, requerirá del acuerdo de éste para enajenar o gravar bienes raíces;

k) Administrar, en los casos que determine la ley, los bienes nacionales de uso público;

l) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley que operen en la región, a través de las respectivas secretarías regionales ministeriales, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional;

m) Resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones de los secretarios regionales ministeriales y jefes de los servicios públicos que operen en la región, en materias propias del gobierno regional, según lo establezcan las leyes respectivas;

n) Conocer oportunamente las proposiciones de planes, programas y proyectos que los órganos y servicios de la administración pública nacional vayan a ejecutar en la región, informando sobre ello al consejo regional;

ñ) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

o) Aprobar los planes reguladores comunales, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, previo acuerdo del consejo regional, y

p) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomienda.

Artículo 24.- El pronunciamiento del consejo regional para la aprobación y modificación de las materias señaladas en las letras b) y d) del artículo anterior deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha en que sea convocado para tales efectos. Si el consejo no se pronunciare en el citado plazo, se presumirá su acuerdo y regirá lo propuesto por el intendente.

En caso de existir discrepancias entre el intendente y el consejo regional con motivo del pronunciamiento sobre las materias señaladas en el inciso anterior, primará la proposición del Intendente a menos que el consejo insistiere con una mayoría de dos tercios del total de sus miembros.

Artículo 25.- El intendente será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional y propondrá al consejo la organización de los mismos, de acuerdo con las normas básicas sobre organización establecidas por esta ley.

El personal de estos servicios se regirá por el Estatuto Administrativo y demás normas propias de los funcionarios de la Administración Pública, y su régimen de remuneraciones será el establecido en el decreto ley Nº 249, de 1974, y sus normas complementarias. El que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley Nº 18.575 y 7 º de la ley Nº 18.834.

PARRAFO 2º

EL CONSEJO REGIONAL

Artículo 26.- El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Artículo 27.- El consejo regional estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales de la región, constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias respectivas, de acuerdo a la siguiente distribución:

a) Dos consejeros por cada provincia, independientemente de su número de habitantes, y

b) Diez consejeros en las regiones de hasta un millón de habitantes y catorce en aquellas que superen esa cifra, los que se distribuirán entre las provincias de la región a prorrata de su población consignada en el último censo nacional oficial, aplicando el método del cuociente o cifra repartidora.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio Electoral determinará, seis meses antes de la celebración de la elección respectiva, el número de consejeros regionales que corresponda elegir a cada provincia en proporción a su población. Dicha resolución será apelable ante el tribunal electoral regional correspondiente dentro del plazo de diez días, debiendo emitir su fallo dentro de los quince días siguientes.

Artículo 28.- Los consejeros regionales que correspondan a cada provincia serán elegidos por los concejales mediante el procedimiento establecido por el Capítulo VII del presente Título.

Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Artículo 29.- Para ser elegido consejero regional se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos 21 años de edad, haber aprobado la enseñanza básica y tener residencia en la región durante un plazo no inferior a dos años, contados hacia atrás desde el día de la elección.

Artículo 30.- No podrán ser consejeros regionales:

a) Los Senadores y Diputados;

b) Los Ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores y los concejales;

c) El Contralor General de la República, los contralores regionales y los miembros del Consejo del Banco Central;

d) Los miembros del Poder Judicial, los funcionarios que ejerzan el ministerio público y los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, y

e) Aquellos que, por sí o como representantes de personas naturales o jurídicas, tengan contratos o cauciones vigentes con el gobierno regional o litigios pendientes con éste en calidad de demandantes.

Artículo 31.-El cargo de consejero regional será incompatible con el de concejal y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales. Será incompatible también con el desempeño de las funciones públicas señaladas en las letras a), b), c) y d) del artículo anterior y con todo otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional.

Artículo 32 - Quedarán inhabilitados para desempeñar el cargo de consejero regional:

a) Los consejeros que por sí mismo o como representantes de personas naturales o jurídicas, celebren o caucionen contratos con el gobierno regional o promuevan litigios contra éste en calidad de demandantes, y

b) Los consejeros que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio, contra el respectivo gobierno regional.

Artículo 33.- Los consejeros regionales estarán afectos a las prohibiciones establecidas para los funcionarios públicos en el Estatuto Administrativo.

Artículo 34.- Corresponderá al consejo regional:

a) Aprobar los reglamentos regionales;

b) Aprobar, en aquello no regulado por ésta ley, la organización interna del gobierno regional, mediante la dictación del correspondiente reglamento, a proposición del intendente;

c) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento;

d) Prestar su acuerdo a los planes reguladores comunales con sujeción a la normativa ministerial que rija en la materia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 letra g);

e) Aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, a propuesta del intendente;

f) Aprobar, a proposición del intendente, la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional;

g) Aprobar, a proposición del intendente, los convenios de programación que el gobierno regional celebre;

h) Fiscalizar el desempeño del ejecutivo regional respecto del cumplimiento del plan regional de desarrollo y de la ejecución del presupuesto del gobierno regional, pudiendo requerir del intendente la información necesaria al efecto;

i) Dar su acuerdo al intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales, y

j) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre los presupuestos y programas de obras comunales.

Artículo 35.- El consejo regional funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se efectuarán a lo menos una vez al mes en día hábil y en ellas podrá abordarse cualquier asunto de la competencia del consejo. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las cuestiones incluidas en la convocatoria.

Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias serán convocadas en la forma que determine el reglamento respectivo.

A proposición del intendente, el consejo nombrará, de entre los funcionarios del gobierno regional, un secretario del consejo, que será, además, su ministro de fe.

Artículo 36.- El quórum para sesionar será los dos quintos de los consejeros en ejercicio.

Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la sesión respectiva.

Artículo 37 - Los consejeros regionales percibirán una dieta de dos unidades tributarias mensuales por cada sesión del consejo a que asistan, la que no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.

Artículo 38.- Serán causales de cesación en el cargo de consejero:

a) Renuncia aceptada por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio;

b) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegidos consejero, o incurrir en alguna de las causales de inhabilidad sobreviniente señaladas en esta ley, y

c) Incurrir en alguna de las causales de incompatibilidad previstas en esta ley.

Artículo 39.- El consejo calificará la procedencia de las causales previstas en el artículo anterior. En los casos de las letras b) y c), el acuerdo deberá ser tomado por los dos tercios de los miembros en ejercicio.

La calificación de las causales de cesación en el cargo de consejero será siempre materia de sesión extraordinaria. La convocatoria se hará a lo menos con cinco días de anticipación, por propia iniciativa del intendente o a petición escrita de un tercio de los consejeros en ejercicio.

Artículo 40 - Si algún consejero falleciere o cesare en el cargo durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá por el suplente.

El nuevo consejero permanecerá en funciones hasta el término del plazo que faltaba a aquel que haya originado la vacante.

PÁRRAFO 3º

EL GOBERNADOR

Artículo 41- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden de acuerdo al Título ¡primero de ésta ley, el gobernador tendrá a su cargo la administración superior de la respectiva provincia y presidirá el consejo económico y social provincial.

El gobernador ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 42.- El gobernador, además de las atribuciones que el intendente pueda delegarle, ejercerá las siguientes:

a) Conocer y supervisar los programas y proyectos de desarrollo que entidades del sector público efectúen en la provincia, a cuyo efecto deberá ser informado oportunamente de las proposiciones que en tal sentido formulen tanto el propio gobierno regional como las dependencias y entidades sectorialmente competentes de la administración;

b) Proponer al intendente proyectos específicos de desarrollo de la provincia;

c) Asesorar a las municipalidades de su jurisdicción, especialmente en la elaboración y ejecución de programas y proyectos, cuando ellas lo soliciten;

d) Promover la participación del sector privado en las actividades de desarrollo de la provincia;

e) Disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo provincial y especialmente de los programas de infraestructura económica y social básica;

f) Fiscalizar y disponer las medidas para una adecuada coordinación de los organismos de la administración del Estado creados por ley que operen en la provincia;

g) Hacer presente al intendente o a los respectivos secretarios regionales ministeriales, con la debida oportunidad, las necesidades que observare en su territorio jurisdiccional;

h) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones o las que disponga el intendente, e;

i) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes le asignen.

Párrafo 4º

El Consejo Económico y Social Provincial

Artículo 43.- En cada provincia existirá un órgano consultivo y de participación de la comunidad provincial socialmente organizada, denominado consejo económico y social provincial.

Artículo 44.- El consejo económico y social provincial estará integrado, además del gobernador, por miembros elegidos en representación de las organizaciones sociales de la provincia, así como por miembros que lo serán por derecho propio.

a) Los miembros electos serán veinticuatro, conformados y elegidos de la siguiente forma:

- Cuatro por las uniones comunales de juntas de vecinos de la respectiva provincia.

- Cuatro por las entidades que agrupen a las organizaciones comunitarias funcionales de la provincia correspondiente.

- Ocho por las entidades que agrupen a las organizaciones laborales legalmente constituidas.

- Ocho por las entidades que agrupen a los empresarios y demás unidades productivas.

b) Los miembros por derecho propio serán:

1.- Un miembro de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros que tengan asiento en la respectiva provincia, designados por el mando provincial correspondiente, y

2- Los rectores de las universidades que funcionen en la respectiva provincia, en número máximo de cuatro representantes, en la forma que ellos lo determinen.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, los colegios profesionales se considerarán formando parte de las organizaciones comunitarias funcionales.

Artículo 45.- El consejo económico y social provincial será presidido por el gobernador, quien podrá convocarlo. Asimismo, el consejo podrá autoconvocarse por la iniciativa de un tercio de sus miembros.

Artículo 46.- Serán atribuciones del consejo económico y social provincial:

a) Ser consultado por el gobernador sobre los anteproyectos de plan regional de desarrollo y de presupuesto del gobierno regional, con anterioridad al sometimiento de estas iniciativas al consejo regional, y emitir opinión a su respecto;

b) Recibir semestralmente una cuenta del gobernador sobre la marcha de la administración a nivel provincial y de la ejecución de los programas y proyectos que sé desarrollen en la provincia;

c) Realizar estudios y emitir opinión en materias de desarrollo provincial;

d) Presentar proposiciones de proyectos específicos para el desarrollo de la provincia, a fin de que sean consideradas por el gobernador para su inclusión en los programas respectivos, y

e) Absolver las consultas que le formule el gobernador.

Artículo 47.- Los miembros del consejo económico y social provincial durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.

El cargo de miembro del consejo económico y social provincial se desempeñará ad honorem y quienes postulen a servirlo deberán reunir los requisitos del artículo 29 y estarán sujetos a las mismas inhabilidades señaladas por las letras a), b), c) y d) del artículo 30 de esta ley.

Artículo 48.- Una comisión integrada por el gobernador, quien la presidirá, por el Contralor Regional respectivo o por un delegado del Contralor General o Regional, según corresponda, y por un Ministro de la Corte de Apelaciones con asiento en la capital de la provincia respectiva, o en su defecto por el juez de letras más antiguo de la provincia, determinará qué organismo de los establecidos en el artículo 44, letra a), de la presente ley, tendrán derecho a participar, a través de sus directores, en la elección de sus representantes por estamento al consejo económico y social provincial. Asimismo, la comisión determinará las normas que regularán los procesos electorales de cada estamento.

En la provincia de Santiago integrará la comisión un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, elegido por ésta de entre sus miembros.

Actuará como secretario y ministro de fe de esta comisión el Conservador de Bienes Raíces cuya sede corresponda a la comuna capital de la provincia.

Artículo 49.- Las organizaciones que correspondan a los estamentos determinados por el artículo 44, letra á), de esta ley, que realicen actividades en la provincia, podrán escribirse por estamentos, dentro del plazo de 20 días, en un registro público que con ese objeto llevará el Conservador de Bienes Raíces que tenga a su cargo el Registro de propiedad y cuya sede corresponda a la capital de la provincia. Dicho plazo se contará desde la fecha en que se publique, por orden de la comisión, en un periódico de los de mayor circulación en la capital provincial o, en su defecto, de la región, un aviso llamando a inscribirse.

Artículo 50.- Sólo podrán inscribirse en el registro las organizaciones que acrediten personalidad jurídica vigente, domicilio en la provincia, antigüedad de a lo menos dos años en ella y reunir un número de miembros activos no inferior a quince personas naturales o jurídicas, o si reunieren sólo a personas jurídicas, a lo menos cuatro de ellas.

Al momento de inscribirse, cada organización deberá acompañar los antecedentes fidedignos que acrediten los requisitos señalados en el inciso anterior y un listado en el que se identifique claramente a los miembros activos de la respectiva entidad, sean personas naturales o jurídicas, el que se tendrá como registro para todos los efectos de este párrafo.

Artículo 51.- Vencido el plazo establecido en el artículo 49 y dentro de los cinco días siguientes, la comisión cerrará los registros correspondientes y confeccionará la lista de las organizaciones inscritas que hayan acreditado fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos, ordenando su publicación en un periódico de los de mayor circulación en la provincia o, en su defecto, en la región.

Cualquier organismo cuya inscripción hubiere sido rechazada o que hubiere sido omitido en la lista con posterioridad a su inscripción, podrá reclamar ante el Tribunal Electoral Regional, dentro del plazo de siete días contado desde la publicación a que se refiere el inciso anterior. Igual reclamo podrán interponer, en el mismo plazo, las personas que hubieren sido excluidas del listado de afiliados a que alude el inciso final del artículo anterior.

El reclamo deberá presentarse acompañando los antecedentes necesarios y enviando simultáneamente copia de la presentación a la comisión. El Tribunal conocerá del reclamo en única instancia y deberá fallarlo en el término de quince días desde que lo reciba.

El Tribunal Electoral Regional deberá enviar copia del fallo a la comisión en el término de dos días contados desde la fecha en que dicho fallo quede ejecutoriado.

Artículo 52.- Transcurridos diez días desde la publicación a que se refiere el inciso primero del artículo anterior sin que se hubieren formulado reclamos, la comisión establecerá la lista definitiva de organizaciones con derecho a participar en el proceso electoral y el registro oficial para estos efectos. Si se formularen reclamaciones, la comisión deberá establecer dicha lista y registro dentro del plazo de tres días contado desde que se reciba copia de la totalidad de los fallos emitidos por el Tribunal Electoral Regional.

Artículo 53.- Una vez cumplida la formalidad a que se refiere el artículo precedente, la comisión publicará la lista definitiva en un periódico de alta circulación en la provincia, indicando, además, la fecha, lugar y hora en que se realizará la asamblea de cada estamento, para elegiré a sus representantes titulares y suplentes al consejo económico y social provincial.

Podrán ser candidatos los directivos de cualquiera de las organizaciones consíganlas en la lista oficial a que se refiere el artículo anterior, así como los representantes legales de las personas jurídicas afiliadas a tales organizaciones. Para estos efectos deberán acreditar ante la comisión el cumplimiento de los requisitos legales para ser consejero.

Artículo 54- En las elecciones a que se refiere este párrafo, cada elector dispondrá de un voto, el cual será secreto e informado. Cada elector deberá votar para elegir miembro titular y otro suplente del correspondiente estamento.

Un miembro de la comisión presidirá el acto electoral en que cada estamento elija a sus representantes ante el consejo económico y social provincial.

Artículo 55.- Serán elegidos como miembro del consejo económico y social provincial, los seis candidatos titulares y suplentes que en cada estamento hayan obtenido las más altas mayorías y que hayan sido declarados como tales por el Tribunal Electoral Regional.

Para estos efectos, el Tribunal Electoral Regional resolverá los reclamos que se interpongan dentro de los diez días siguientes a la fecha de recepción de la nómina de consejeros electos y las actas correspondientes. Concluido dicho plazo o resueltas las reclamaciones, en su caso, comunicará al intendente y a los interesados, dentro de tercero día, la lista definitiva de consejeros para el cuadrienio siguiente.

CAPITULO IV

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL Y OTROS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA EN LAS REGIONES

Artículo 56.- El gobierno regional contará con la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

En todo caso se deberá contemplar la existencia de las siguientes unidades, bajo la dependencia directa del intendente:

a) De asistencia jurídica.

b) De gestión y control de los recursos y programas de los gobiernos regionales.

Artículo 57.- Los ministerios sé desconcentrarán territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales, de acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas y las instrucciones que imparta el Presidente de la República, con excepción de los Ministerios del Interior, Secretaría General de la Presidencia, de Defensa Nacional, y de Relaciones Exteriores.

Artículo 58.- Cada secretaría regional ministerial estará a cargo de un secretario regional ministerial, quien, sin perjuicio de su condición de representante del o de los ministerios respectivos en la región, será colaborador directo del intendente, al que estará subordinado en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo v demás materias que sean de competencia del gobierno regional.

Los secretarios, regionales ministeriales serán nombrados por el Presidente de la República de entre las personas que figuren en una terna elaborada por el intendente respectivo y en otra propuesta por el Ministro del ramo. Hecha la designación, el secretario regional ministerial podrá ser removido libremente por el Presidente de la República.

Artículo 59.- Los secretarios regionales ministeriales deberán ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los correspondientes ministerios. En caso de discrepancia entre el intendente y el ministro respectivo, ella será resuelta por el Presidente de la República.

Artículo 60 - A las secretarías regionales ministeriales corresponderá:

a) Elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales, pudiendo adoptar las medidas de coordinación necesarias para dicho fin respecto de los órganos que integren el respectivo sector;

b) Estudiar, conjuntamente con los organismos involucrados, los planes de desarrollo sectoriales;

c) Preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, en coordinación con el ministerio respectivo;

d) Informar permanentemente al intendente del cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector;

e) Llevar a cabo las tareas que sean propias de su respectivo ministerio, de acuerdo con las instrucciones del ministerio del ramo;

f) Realizar tareas de fiscalización sobre todos los organismos de la Administración del Estado que integren su respectivo sector;

g) Cumplir las demás funciones que contemplen las leyes y reglamentos, y

h) Ejercer las atribuciones que se les deleguen por los ministros respectivos.

Artículo 61.- Habrá un gabinete regional, órgano auxiliar del intendente, integrado

por los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales. El intendente podrá disponer que integren, además, este gabinete, o que concurran a él en calidad de invitados los jefes regionales de organismos de la Administración del Estado.

Artículo 62.- La desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales se hará mediante direcciones regionales o provinciales a cargo del respectivo director regional o provincial, quien dependerá jerárquicamente del director nacional del servido. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, estarán subordinados al intendente a través del correspondiente secretario regional ministerial.

Artículo 63.- Todos los organismos que integran la Administración del Estado, con excepción de las instituciones constitucionalmente autónomas, estarán sujetos a la coordinación, supervigilancia y fiscalización, según corresponda, del intendente, a través del respectivo secretario regional ministerial, para los efectos de dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos que sean propios del ámbito regional. Asimismo, deberán proporcionar oportunamente la información que requiera el gobierno regional para el cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO V

ASOCIACIONES REGIONALES

Artículo 64.- Los gobiernos regionales podrán asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional.

Las asociaciones o entidades así formadas podrán realizar, especialmente, estudios orientados a identificar áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y Medianos productores, promover la innovación tecnológica, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y efectuar actividades de capacitación.

Artículo 65.- La creación de las asociaciones o entidades a que se refiere el artículo anterior requerirá el acuerdo del consejo regional respectivo a proposición del intendente, y dichas instituciones se regirán por la legislación común aplicable a los particulares. No obstante, no podrán en caso alguno contratar empréstitos.

Artículo 66.- Los convenios que celebren los gobiernos regionales para crear las asociaciones regionales deberán consultar, entre otros aspectos, los siguientes:

a) La especificación de las obligaciones que asuman los respectivos asociados, y

b) Los aportes -financieros y demás recursos materiales que el gobierno regional proporcionará para dar cumplimento a las tareas concertadas, así como las respectivas fuentes de financiamiento. En ningún caso tal financiamiento podrá contemplar la contratación de empréstitos.

CAPITULO VI

PATRIMONIO Y SISTEMA PRESUPUESTARIO REGIONAL

Artículo 67.- El patrimonio del gobierno regional estará compuesto por los siguientes bienes e ingresos:

a) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco;

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba, las cuales estarán exentas del trámite de insinuación;

c) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

e) Los ingresos que recaude en conformidad al inciso final del número 20º del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

f) Los recursos que le correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional;

g) Las obligaciones que contraiga en el desarrollo de sus actividades, en conformidad a la ley;

h) Los derechos y obligaciones que adquiera por su participación en las asociaciones a que se refiere el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política de la República, e

i) Los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley.

Artículo 68.- El régimen de bienes de los gobiernos regionales estará sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Los bienes destinados a su funcionamiento y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente a su nombre, serán inembargables;

b) La adquisición del dominio de los bienes raíces estará sujeta a las normas generales que sobre la materia rijan para el sector público;

c) Los bienes inmuebles sólo podrán ser enajenados, gravados, entregados en comodato o arrendados en caso de necesidad o utilidad manifiesta. El procedimiento que se seguirá para la enajenación será el remate o la licitación pública cuyo valor mínimo no será inferior al avalúo fiscal y sólo podrá ser rebajado con acuerdo del consejo regional, en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del artículo 34 de esta ley;

d) La disposición de los bienes muebles dados de baja se efectuará mediante remate público. No obstante, en casos calificados, el intendente podrá, con acuerdo de los dos tercios del consejo regional, donar tales bienes a instituciones públicas o privadas sin fin de lucro que operen en la región;

e) Sus bienes podrán ser objeto de permisos y concesiones de administración. Los permiso serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización. Las concesiones darán derecho al uso preferente del bien concedido en las condiciones que fije el gobierno regional. Sin embargo, éste podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público. El concesionario tendrá derecho a indemnización en caso de término anticipado de la concesión, salvo que ésta se haya producido por incumplimiento de las obligaciones de aquel;

f) El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades encargadas de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, sean públicas o privadas sin fines de lucro que atiendan servidos de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignado por el intendente a dichas entidades. Esta transferencia deberá formalizarse mediante resolución del intendente que se expedirá en un plazo no superior a 90 días, contados a partir de la fecha de adquisición o de término de construcción de tales bienes. Las inscripciones y anotaciones que procedan, se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada de la respectiva resolución.

Tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones privadas sin fines de lucro, ella estará sujeta a la condición de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública. En caso de no cumplirse con esta condición o disolverse la entidad, tales bienes revertirán al dominio del gobierno regional;

g) El gobierno regional podrá transferir el dominio de bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública, mediante convenios directos que contemplen mecanismos de aporte reembolsable u otro sistema que implique la recuperación total o parcial de la inversión efectuada, y

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras f) y g), mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio del Interior, determinados bienes se podrán mantener en el patrimonio del gobierno regional.

Artículo 69.- El presupuesto del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la región, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación. Dicho presupuesto se regirá por las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Decreto Ley 1.263, de 1975, y por las siguientes disposiciones:

a) La Ley de Presupuestos asignará a cada gobierno regional los recursos necesarios para sol ven lar sus gastos de funcionamiento.

b) El presupuesto del gobierno regional consultará, además, un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región.

c) El proyecto de presupuesto del gobierno regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación. El proyecto de presupuesto así aprobado será aviado al Ministerio de Hacienda, en conformidad a los plazos y procedimientos que le establezca de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se refiere letra f) del artículo 34.

Artículo 70.- El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Este Fondo se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley Presupuestos. La distribución del mismo se efectuará entre las regiones asignándoles cuotas regionales.

Artículo 71.- La distribución del 90% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos y se efectuará teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación al contexto nacional. Para estos efectos, se considerarán, con igual ponderación las dos variables siguientes:

a) Nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores como el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto Per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental, y

b) La condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores como la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico y su distancia respecto a la Región Metropolitana.

Para el cálculo de las variables ya señaladas, se utilizará como fuentes de información sólo cifras oficiales emanadas de los ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de organismos internacionales reconocidos por el Estado de Chile.

Artículo 72- La distribución del 10% restante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se efectuará en el transcurso del año presupuestario, de la siguiente manera:

a) Un 5% como estímulo a la eficiencia, considerando al menos el porcentaje de desembolsos efectivos en relación al marco presupuestario del año anterior y el monto de la cartera de proyectos de inversión elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Ministerio del Interior, mediante resolución fundada, establecerá dicha distribución en el primer trimestre de cada año, y

b) Un 5% para gastos de emergencia, los que serán calificados por el Ministerio del Interior a solicitud de los gobiernos regionales. La parte no utilizada de este último porcentaje se distribuirá de acuerdo a la modalidad establecida en el artículo 71, en el ejercicio presupuestario siguiente.

Artículo 73.- Los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenios se destinen a una o más regiones, no se distribuirán entre éstas conforme a los criterios enunciados en el artículo 71, pero podrán sumarse a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la respectiva región para todos los efectos de la presente ley.

Artículo 74.- En la Ley de Presupuestos de cada año se establecerán las finalidades a las que no podrán destinarse los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán ajustarse a las normas y procedimientos establecidos en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo, conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.

Artículo 75.- La Ley de Presupuestos incluirá uno o más ítems de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política de la República. Corresponderá al gobierno regional respectivo resolver la distribución de dichos recursos entre proyectos específicos, respetando los criterios de elegibilidad que establezca el ministerio respectivo.

Se entenderá por inversión sectorial de asignación regional toda aquella que corresponda a estudios preinversionales, programas y proyectos de inversión que, siendo responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deban materializar en una región específica y sus efectos económicos directos se concentren principalmente en ella.

Los programas, estudios preinversionales o proyectos correspondientes a inversión sectorial de asignación regional podrán incluir financiamiento conjunto del gobierno regional y del órgano o servicio público correspondiente.

Asimismo, dichos estudios, programas y proyectos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Cuando éstos correspondan a programas financiados con créditos externos, deberán sujetarse, además, a las condiciones de elegibilidad contenidas en los respectivos convenios de crédito.

Se podrá traspasar, a proposición de los gobiernos regionales, recursos entre programas de inversión sectorial de asignación regional y entre éstos y proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por hasta un 5% del presupuesto asignado a los primeros.

Artículo 76.- Los convenios de programación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política de la República, son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan realizar dentro de un plazo determinado. Estos convenios deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se apliquen, las responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas a cumplir, los procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Los convenios de programación deberán incluir, cuando corresponda, cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, a través de alguno de los ministerios que los suscriban, el que deberá ser firmado, además, por el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Planificación y Cooperación. Los proyectos que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

CAPITULO VII

ELECCIONES DE LOS CONSEJEROS REGIONALES

PÁRRAFO 1°

DE LOS COLEGIOS ELECTORALES PROVINCIALES Y DE LA VOTACIÓN

Artículo 77.- Para la elección de los consejeros regionales, se constituirá un colegio Pectoral en cada una de las provincias de la región correspondiente, el cual estará integrado por los concejales respectivos. A estos efectos, el Presidente del Tribunal Electoral Regional confeccionará la nómina de los electores y la remitirá al presidente de la mesa del colegio electoral provincial respectivo.

Diez días antes de la fecha en que deba constituirse el colegio, el respectivo Tribunal Electoral Regional designará por sorteo a los miembros de la mesa que dirigirá la elección, integrada por un presidente, un secretario y un vocal, y á sus respectivos suplentes. Asimismo, determinará, dentro de la capital provincial, el local en que se instalará el colegio electoral.

Artículo 78.- Cada colegio electoral provincial se constituirá quince días después de la instalación de los consejos de la respectiva provincia, a las nueve horas, en el local determinado por el Tribunal Electoral Regional.

El Presidente de la mesa pasará lista a los asistentes al tenor de la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior y declarará instalado el colegio electoral si concurriere a lo menos la mayoría absoluta de sus miembros. De no reunirse el indicado quórum, la sesión se celebrará el día siguiente, a la misma hora y en el mismo local, con los miembros que asistan.

Artículo 79.- Las candidaturas a consejeros regionales sólo podrán ser presentadas hasta las 24 horas del quinto día anterior a la fecha en que deba reunirse el colegio electoral, ante el respectivo Director Regional del Servicio Electoral.

Las candidaturas deberán ser presentadas por uno o más concejales de la respectiva provincia. Dicha presentación deberá ir acompañada de una declaración jurada ante un notario público de cualquiera de las comunas de la provincia, hecha por los candidatos a consejeros regionales titular y suplente que se incluyan en la misma propuesta, por la que éstos acrediten su voluntad de ser candidatos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 29 y 30 de esta ley. Un mismo concejal podrá presentar más de una candidatura, la que en todo caso deberá incluir un candidato a consejero titular y otro en calidad de suplente.

Artículo 80.- El Director Regional del Servicio Electoral proporcionará a la mesa de cada colegio electoral las cédulas con los nombres de los candidatos a consejeros regionales que corresponda elegir a cada provincia. En la cédula los candidatos a consejeros titulares se ordenarán por orden alfabético de sus apellidos y frente a cada uno de ellos figurará el nombre completo del respectivo suplente.

Artículo 81.- Instalado el colegio electoral, el secretario de la mesa procederá a distribuir entre cada concejal presente la cédula electoral correspondiente. Acto seguido se procederá a llamar a los concejales por orden alfabético, a fin de que depositen su voto en una urna sellada de que se dispondrá al efecto. El voto será personal y secreto y cada concejal sólo podrá votar por un candidato a consejero titular, preferencia que; se entenderá hecha también por el respectivo suplente.

Antes de depositar su voto, el concejal deberá firmar junto a su nombre en la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo 77.

Artículo 82.- Concluido el llamamiento a los concejales a votar, el preside de la mesa declarará cerrada la votación y el secretario dejará constancia de los concejales que no votaron.

A continuación, se procederá a practicar el escrutinio en el mismo lugar en que hubiere funcionado el colegio electoral provincial, en presencia de los concejales asistentes y del público que deseare presenciarlo, siempre que no interfiera en su desarrollo.

Se presumirá fraudulento el escrutinio que se practicare en un lugar distinto de aquel en que hubiere funcionado y recibido la votación el colegio electoral provincial.

Escrutinio se regirá por las normas del artículo 71 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, numerados 1 al 5.

Artículo 83.- Se declararán elegidos los candidatos que obtengan las más altas mayorías relativas hasta la concurrencia del total de cargos a elegir por el respectivo colegio.

La elección de un candidato como titular supondrá de pleno derecho la de su respectivo suplente.

En caso de empate para dirimir uno o más cargos, se repetirá la votación entre los candidatos empatados hasta por tres veces y si aún subsistiere el empate, el o los careos por llenar se adjudicarán por sorteo en el mismo acto, en presencia, a lo menos, de todos los que hubieren propuesto las candidaturas empatadas.

Artículo 84.- El secretario extenderá un acta del escrutinio que firmarán todos los miembros de la mesa, debiendo aquel remitir el original de la misma al Tribunal Electoral Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes al término de la sesión del colegio. Copia de dicha acta se remitirá al respectivo Director Regional del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo.

Artículo 85.- La Dirección del Servicio Electoral podrá acreditar un representante ante cada uno de los colegios electorales provinciales para los efectos de prestar la asesoría necesaria al desarrollo del proceso electoral regulado en este Capítulo.

PÁRRAFO 2º

DE LAS RECLAMACIONES DEL ACTO ELECTORAL

Artículo 86.- Dentro de los diez días siguientes a la celebración de la sesión del colegio electoral, cualquier persona podrá impugnar, ante el respectivo Tribunal Electoral Regional, la legalidad del acto o sus resultados. Por esta misma vía, podrá reclamarse de eventuales cumplimientos a lo dispuesto por los artículos 29 y 30.

Artículo 87.- El Tribunal Electoral Regional respectivo se entenderá citado por el solo ministerio de la ley, para reunirse a las diez de la mañana del decimoquinto día siguiente a la fecha en que se hubieren verificado las elecciones de los consejeros regionales por los colegios electorales provinciales, a fin de resolver las reclamaciones y efectuar las rectificaciones a que ellas dieren lugar.

Reunido el tribunal en la oportunidad señalada, seguirá sesionando diariamente hasta que cumpla íntegramente su cometido, el que deberá evacuar a más tardar en el plazo de quince días.

Artículo 88.- El Tribunal Electoral Regional procederá, de norte a sur, al estudio de las elecciones de consejeros regionales reclamadas. Conociendo de las reclamaciones de nulidad, apreciará los hechos como jurado y al tenor de la influencia que, a su juicio, silos hayan tenido en la elección. Con el mérito de los antecedentes, declarará válida o nula la elección y sentenciará conforme a derecho.

Los hechos, defectos o irregularidades que no influyan en el resultado de la elección, sea que hayan ocurrido antes, durante o después de la votación en las mesas de los colegios electorales provinciales, no darán mérito para declarar su nulidad.

Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de las mesas de los colegios electorales provinciales que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número mínimo de miembros que señala el artículo 77 o en los lugares distintos de los designados, excepto, en este último caso, si se tratare de fuerza mayor.

Declarada nula una elección por el Tribunal Electoral Regional respectivo, se procederá a repetir la votación.

Artículo 89.- En la repetición de la elección, las mesas de los colegios electorales provinciales funcionarán con la misma integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que la declaración de nulidad se fundare en la circunstancia de ser nulo el nombramiento de los integrantes de la mesa, en la adulteración o falsificación del escrutinio o en el cohecho de alguno de sus miembros, caso en el cual se sortearán de inmediato por el Tribunal Electoral Regional los miembros de la nueva mesa, excluidos los miembros objetados.

La nueva elección se efectuará al décimo día contado desde la fecha en que se realice el sorteo señalado en el inciso anterior, debiendo comunicarse esta resolución a los concejales por el secretario del Tribunal Electoral Regional mediante carta certificada.

En los demás casos, la elección se efectuará también al décimo día, contado desde el momento en que quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal Electoral Regional o del Tribunal Calificador de Elecciones, en su caso.

Artículo 90.- Una vez dictada la sentencia sobre todos los reclamos, el Tribunal proclamará a los candidatos que hubieren resultado elegidos.

Artículo 91.- Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la dictación de su fallo, el Tribunal Electoral Regional enviará una copia autorizada de la parte pertinente del mismo al intendente.

Artículo 92.- La sentencia del Tribunal Electoral Regional será apelable para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días desde la notificación del fallo.

El Tribunal Calificador de Elecciones deberá resolver todas las apelaciones dentro del plazo de quince días.

Artículo 93.- En caso de renuncia, inhabilidad o incompatibilidad de un consejero regional titular, debidamente aceptada o declarada en los términos del artículo 39, así como de fallecimiento de aquel, asumirá su cargo por el solo ministerio de la ley el respectivo suplente, quien se desempeñará por el tiempo que le faltare al titular para completar su período. El suplente que asuma la titularidad del cargo no será reemplazado si, a su turno, cesare en el desempeño del mismo antes de completar el período.

TITULO FINAL

Artículo 94.- Los gobiernos regionales, los intendentes y gobernadores se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Artículo 95.- Las competencias atribuidas por la presenté ley a los gobiernos regionales no afectarán las funciones y atribuciones que correspondan a la Administración Pública Nacional, en todo lo que expresamente no haya sido encomendado a los gobiernos regionales.

Artículo 96.- Para los efectos de lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política de la República, se podrán radicar en el gobierno regional funciones específicas que lleven a cabo otros órganos de la Administración del Estado. En tal caso se procederá mediante la celebración de un convenio entre el gobierno regional y el órgano respectivo, el que será suscrito, además, por el Ministro del Interior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los recursos que se asignen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementarán, respecto del presupuesto del año anterior, en los presupuestos de 1993 y 1994 en una tasa no inferior a un 25 por ciento por sobre el crecimiento promedio del presupuesto de la inversión pública nacional en cada uno de esos años, excluida la inversión sectorial de asignación regional.

Segunda.- En los presupuestos de los años 1993 y 1994 la inversión sectorial de asignación regional incluirá, a lo menos, los ítemes de pavimentación urbana, conservación y mejoramiento de caminos secundarios y mejoramiento urbano.

En los presupuestos de los años 1993 y 1994 la inversión sectorial de asignación regional crecerá a lo menos en una tasa de 25 por ciento más alta que la tasa de crecimiento del resto de la inversión pública en los mismos períodos, excluido el Fondo nacional de Desarrollo Regional.

Tercera.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del {Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de los gobiernos regionales, especialmente sobre la base de los presupuestos del Servicio de Gobierno Interior y de las Regiones, Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Cuarta.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año a contar de la vigencia de esta ley, y mediante uno o más decretos supremos expedidos por el Ministerio del Interior, los que deberán contar además, con la firma del Ministro de Hacienda, establezca la organización interna y fije las plantas de personal de los gobiernos regionales. Dichas plantas se conformarán con personal que actualmente se encuentre prestando, servicios en el Servicio de Gobierno Interior, Secretarías Regionales Ministeriales y otros servicios públicos que operen en la región.

Para tales efectos, el Presidente de la República encasillará al personal en las plantas que se establezcan. El encasillamiento del personal en actual servicio procederá de pleno derecho y se efectuará sin solución de continuidad. Si se produjeren diferencias de remuneraciones, éstas se pagarán por planillas suplementarias, las que serán imponibles en la misma proporción que lo sean las remuneraciones que sirvan de base para calcularla. En el orden previsional, continuarán siendo aplicables a los funcionarios las normas que los rigieren con anterioridad a dicho encasillamiento, manteniéndose la calidad de tope de escalafón de quienes la tuvieren para tales efectos.

Los cargos que queden vacantes en las plantas de los ministerios o servicios a que perteneciere el personal traspasado, deberán ser suprimidos. Asimismo, el Presidente de la República podrá efectuar traspasos de bienes y recursos financieros al gobierno regional.

El personal que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley Ns 18.575 y 7º de la ley N° 18.834.

Quinta.- Durante el período comprendido entre la fecha de vigencia de esta ley y la instalación de los gobiernos regionales, regirán plenamente las funciones, atribuciones competencias que en la presente ley se establecen para los intendentes y gobernadores Entre tanto, los consejos regionales de desarrollo establecidos por la ley Nº 18.605 atendrán sus actuales composiciones y atribuciones, de conformidad a la legislación Vigente.

Sexta.- El dominio de los bienes inventariables, muebles e inmuebles, adquiridos o instruidos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, antes de la entrada en vigencia de la presente ley, cuyo dominio no haya sido transferido por aplicación artículo 16 de la ley Nº 18.267, deberán entenderse transferidos a las entidades públicas que no sean fiscales, o a las privadas a las cuales están actualmente asignados.

Los referidos bienes, que actualmente estén utilizando los servicios fiscales, deberán entenderse destinados a éstos. La transferencia del dominio de dichos bienes se perfeccionará mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá llevar, además, la firma del intendente de la región respectiva. Las inscripciones y anotaciones que procedan, se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada del respectivo decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el que será suscrito además, por el Ministro del Interior, determinados bienes se podrán destinar al patrimonio del gobierno regional.

Dios guarde a US.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azocar, Presidente de la República - Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior - Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Hacienda.

?INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACION, PLANIFICACION Y DESARROLLO SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL.

BOLETIN N° 589-06 1

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informaros el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, y con urgencia calificada de simple, sobre gobierno y administración regional.

Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Alvaro García, Ministro subrogante del Ministerio de Planificación y Cooperación; del señor Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; de los señores Francisco Fernández, Luis Lira y Rodrigo Pineda, asesores del Ministerio del Interior y José Espinoza, asesor del Ministerio de Hacienda.

En razón de un acuerdo adoptado para dar cumplimiento al artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión escuchó a la señora Ema Budinich, representante del Instituto Libertad; y, a los señores José María Saavedra y Antonio Sancho, del Instituto Libertad y Desarrollo; Juan Cavada, Jefe del Departamento de Política

Regional de MIDEPLAN, y Eduardo Dockendorfff del Centro de Estudios para el Desarrollo.

La Comisión en sus giras realizadas a diversas zonas del país, escuchó a autoridades regionales, provinciales y municipales, como, asimismo, a representantes de las organizaciones vecinales, laborales y empresariales, información toda que, sin lugar a dudas, resultó de trascendental importancia para el estudio del proyecto en informe.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

Es del caso señalar que este Capítulo comprenderá, por la extensión y complejidad del tema abordado, tres enunciados distintos, sobre los cuales cabe advertir que si se es recurrente en algunas materias en particular, esto obedece a la imperiosa necesidad de ser tratadas bajo otra perspectiva o bien, de ahondar en ellas para efectos de una mayor ilustración.

A. La Regionalización. doctrina, principios, y sus distintas manifestaciones en Chile.

El proceso de desarrollo económico de los países, particularmente cuando éste se da basado en estrategias de industrialización y urbanización, tiende a crear una geografía económica caracterizada por una creciente concentración geográfica de la población y de las actividades económicas. Empero, este mecanismo, inicialmente beneficioso para impulsar su propio desarrollo, adquiere una proporción tal que lo transforma, a la postre, en un obstáculo del propio crecimiento.

Esta tendencia a la concentración excesiva, salvo casos verdaderamente excepcionales, no puede corregirse a través del mercado y del sistema de precios, planteamiento en el que concuerdan prácticamente todas las escuelas de política económica, desde la que postula la “Economía social de mercado" hasta las que se inclinan por un centralismo cada vez más gravitante por parte del Estado. Por tanto, se está frente a uno de los varios problemas sociales que precisan de una deliberada intervención de la sociedad sobre sí misma. En América Latina, esta preocupación llevó históricamente a poner en práctica diversas formas de intervención sobre la manifestación territorial del crecimiento económico, muchas de las cuales se basaron en meras "copias" de modelos ensayados en otras latitudes.

El especialista en la materia don Sergio Boisier explica que, en la década de los cuarenta se popularizó en América Latina el modelo de desarrollo regional representado por la TENNESSE VALLEY AUTHORITY (TVA), un exitoso programa iniciado por Roosevelt como parte de la política antirrecesiva de los Estados Unidos en el inicio de los años 30. Que la TVA ha sido una agencia federal cuyos propósitos inmediatos eran el control y la utilización del sistema fluvial de una hoya hidrográfica, con importantes efectos derivados, en términos del crecimiento económico de la cuenca, y que el éxito de esta experiencia hizo que se la replicara en varios países latinoamericanos, siendo los ejemplos más conspicuos la Corporación Venezolana de la Guayana y la Corporación del Valle del Cauca (Colombia).

Este tipo de intento de promover el desarrollo de la periferia de los países, llevó a definir una serie de regiones, coincidentes con cuencas fluviales en lo que acertadamente ha sido llamado, posteriormente, el "Enfoque hidráulico del desarrollo regional".

En la década de los cincuenta, la preocupación oficial por orientar geográficamente el crecimiento cambió de óptica al focalizar la atención en la situación deplorable de extensas zonas caracterizadas por problemas estructurales de pobreza y subdesarrollo relativo.

Esta vez, el modelo inspirador fue la Cassa per il Mezzogiorno, la agencia estatal italiana, creada en 1950, para modernizar el sur de Italia. Nuevamente, esto llevó a definir regiones en las cuales se crearon diversas modalidades de Corporaciones de Desarrollo que seguían el modelo de la Cassa. Entre muchos ejemplos, el más notorio fue y sigue siendo la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste (SUDENE), en el Brasil.

De nuestra perspectiva, a mediados de la década de los sesenta se originan, en varias regiones latinoamericanas, modificaciones de tipo político trascendente que traerían aparejadas cambios radicales en cuanto a estos planteamientos iniciales. Así, en Chile, en el Perú, en Venezuela y en Panamá, el control del Estado pasa a manos de partidos políticos, coaliciones, e incluso a manos de las Fuerzas Armadas, y en todos los casos señalados, se plantean proyectos políticos progresistas y reformadores que tienen como trasfondo común su adherencia a la ideología de la modernización, que¡ como se sabe, propiciaba la necesidad de reformas socioeconómicas que le permitiesen a los países obtener un grado de progreso similar al que había caracterizado a las naciones más desarrolladas. Dentro del tal postulado, la idea de integración nacional ocupaba un lugar preponderante, dado que el diagnóstico asignaba, precisamente, a aquélla una buena parte de los males del subdesarrollo. La integración nacional se interpretaba en términos físicos, económicos y socio políticos y para facilitar el logro de ella se planteó la necesidad de “ordenar", de un modo distinto, el territorio nacional a través de una nueva división territorial, sistema que se denominó regionalización, esto es, la subdivisión de todo el territorio nacional en regiones, destinado a reemplazar a la antigua y colonial división político administrativa.

Independientemente del valor de la ideología de la modernización, esta propuesta específica tiene una racionalidad no despreciable, puesto que es indudable que la división territorial de un país debe responder adecuadamente a los tiempos y las antiguas provincias reflejaban una. realidad. económica, social y política largamente superada.

Adentrados en lo que es un enfoque global de la regionalización, se requiere distinguir entre varios tipos de ésta. En primer lugar, se puede señalar la regionalización funcional o sectorial, establecida por las agencias del sector público con el propósito del administrar, de forma óptima, los planes y políticas de los sectores respectivos, por ejemplo, educación, salud, obras públicas, defensa, etc., siendo eficiente esta forma de regíonalización para lograr sus propios fines, y, por otra parte, no despertar resistencias en cuanto a su aplicación. En Chile, a mediados de los 60, existían 27 regionalizaciones distintas. Otro caso se da, en la regionalización de planificación o multipropósito, estructurada con el fin de desagregar territorialmente planes y políticas de desarrollo, correspondiendo a cortes horizontales y siendo una especie de denominador común de las anteriores, dependiendo su eficacia del poder político de la propia planificación. En general, tampoco generan resistencias sociales. Se distingue, también, la regionalización administrativa o de desconcentración (muy similar a las citadas) establecidas con el objeto de una coordinación interagencial y de acercar el Gobierno y la Administración a las personas; éstas, sin embargo, generan enconadas resistencias al interior de la Administración Pública, ya que implican modificaciones en las rutinas y en la distribución del poder dentro de la Administración Pública, ya que implican modficaciones en las rutinas y en la distribución del poder dentro de la Administración del Estado. Finalmente, tenemos la llamada regionalización política para fines de descentralización político-territorial, siendo la categoría más compleja y la que involucra el mayor número de dificultades puesto que entra directamente a redistribuir el poder político en la sociedad. Este último tipo de regionalización tiene como presupuesto, junto con la creación de autoridades políticas, el surgimiento de nuevas estructuras políticas y administrativas en las regiones.

Resulta útil, de conformidad a lo reseñado por el tatadista Boisier, por otra parte, clarificar la forma de cómo se lleva a cabo una regionalización o cuáles son los factores que se utilizan para estructurarla. Al respecto hay que indicar, desde el comienzo, que no existe una teoría de la regionalización y, en consecuencia, no se puede hablar de una carácter óptimo. Toda regionalización, en la práctica, es un proceso permanente de invención que, estructurada en un mecanismo dado, entrega soluciones de tipo global a problemas de igual carácter, siendo, por tal motivo, permanentemente sub-óptima. Mas, existen varios criterios que contribuyen a crear, con cierta lógica, una propuesta de regionalización "científica", por así decirlo. El criterio matemático, así llamado porque guarda algún grado de similitud con ciertos principios de la teoría de conjuntos, propicia que una regionalización debe ser exhaustiva, esto es, abarcar todo el territorio del país; exclusiva, no deben producirse sobreposiciones de regiones, y, continua, es decir, que siempre será posible ir de un punto a otro de la región haciendo un recorrido que no se aparte de la misma. El criterio geográfico, por otra parte, alude a la necesidad de definir las regiones de forma que su superficie no sea tan extensa que impida la presencia sistemática de la administración en todos los puntos de ella, como, asimismo, la necesidad de qué toda región cuente, al menos, con un centro urbano, organizador del espacio regional y capaz de servir como centro de servicios, y, eventualmente, como centro de crecimiento. El criterio económico, procura definir las regiones de forma que posean un tamaño económico lo suficientemente grande como para sustentar procesos de crecimiento no subsidiados e, igualmente, la necesidad de que las regiones tengan, en lo posible, una estructura económica diversificada para maximizar los resultados multiplicadores de las inversiones y, finalmente, el poseer una pauta de exportaciones, igualmente diversificada, de forma de minimizar los resultados adversos de los ciclos depresivos causados por disminuciones en la demanda externa. El criterio administrativo, se plantea en orden a establecer regiones que incluyan "sumas completa” de las unidades de la división político administrativa vigente e, igualmente, en el sentido de dotar a las nuevas regiones de las formas de administración que sean del caso. El criterio político, establece la necesidad de dotar a las regiones de una autoridad política y se refiere a las modalidades alternativas de su generación, así como a los efectos de una regionalización sobre el régimen político y electoral. Finalmente, el criterio sociológico, uno de los más importantes, guarda relación con el sentimiento de identificación de la población con la región y en su definición, sin ser concebida como algo impuesto por la autoridad central.

Superados los escollos que, naturalmente, presenta un proceso de regionalización Y pensando en un funcionamiento eficiente del mismo, se pueden citar varias ventajas sobre las cuales coinciden la mayoría de los tratadistas que aquél representa para el país: la desconcentración y descentralización de los servicios públicos requiere de escalas territoriales consonantes con las escalas en que se subdivide la prestación de servicios. Así, por ejemplo, en materia de educación, la escuela básica tiene un ámbito comunal, el primer ciclo de la secundaria, un ámbito probablemente provincial, en tanto que el segundo ciclo se ubica en un contexto regional al igual que la enseñanza profesional y, así, sucesivamente. La región representa un espacio idóneo para articular iniciativas y proyectos que superan la escala municipal, ya sea por su tamaño o por la necesidad de coordinación; de hecho, toda la región está constituida por un conjunto de municipios con una articulación más compleja que la simple sumatoria de ellos. Las regiones, también, constituyen espacios adecuados para fomentar la participación de la población en un nivel que supera la micro participación social local y que, al mismo tiempo, constituye un mayor compromiso que la participación nacional. Las regiones se muestran actualmente como elementos determinantes para mejorar la competitividad comercial internacional en el contexto de la conformación de grandes bloques de países, apreciándose, con claridad, en el caso europeo, en donde, a partir del año 1993, los estados nacionales comenzarán a perder primacía en términos que la competencia, así como la cooperación, se dará entre regiones, de ahí que las regiones fuertes serán vitales en el futuro. La regionalización y el fortalecimiento regional significan una contribución importantísima para resguardar un creciente desarrollo económico del país, al contrarrestar la tendencia a la "megalopolización" de la región capital, que, a la larga, significa menos crecimiento económico por la desmedida absorción de recursos para gastos en infraestructura de la misma. La regionalización, al contribuir a una mejor distribución de los recursos con que cuenta el país sobre su propio territorio y al fomentar el impulso creador interno de las regiones, implica una contribución directa a la equidad social, en términos de la reducción de las disparidades en las condiciones de vida de los habitantes de las mismas regiones. La relación entre la pobreza y el territorio, que involucra un verdadero círculo vicioso, debido a que no se puede salir de tal condición por estar inserto en espacios que poseen un bajo índice de “capital humano” o bien, debido a que estructuralmente están rezagados, se debe romper mediante la implementación de políticas territoriales adecuadas.

Es necesario destacar el hecho de que una regionalización política es un presupuesto ineludible en una democracia moderna y estable en el tiempo. Una concentración exagerada del poder político no permite el funcionamiento de un sistema realmente democrático, cualquiera sea quien lo detente, y, por tanto, la estabilidad depende de una mejor distribución del poder, entendiéndose que se debe beneficiar a todos los cuerpos intermedios de la sociedad. Al ser muchos de ellos de naturaleza territorial, fuerza es concluir que las regionales son, en parte, las receptoras de tal cuota de poder. A mayor abundamiento, es posible sostener que una sociedad es tanto o más democrática cuando mayor es el grado de diversidad dentro de la unidad de la Nación que tolera, constituyendo las regiones aquel elemento aglutinador de tal diversidad, sin caer en una suerte de anarquismo territorial, a decir del señor Boisier.

Sostiene, además, que la regionalización también presupone un horizonte temporal, cual es, que no puede ser rígida a lo largo del tiempo, pero, de igual forma, las modificaciones permanentes o efectuadas cada cierto año dificultan la consolidación social. de las regiones, impiden que la gente se identifique con su región, cuestión extremadamente importante, que se debe tener presente desde varios puntos de vista. Por otra parte, pueden coexistir distintas regionalizaciones para diferentes horizontes de tiempo; se puede trabajar con muchas regiones para la planificación de mediano plazo y con pocas y grandes regiones para efectos de una planificación prospectiva.

Un análisis, de forma sintética de la experiencia internacional en materia de regionalización, permite formular la siguiente gráfica. En Francia, la historia de la regionalización abarca un período más que centenario, pero los jalones más recientes son el establecimiento de las regiones programas en 1954, su transformación en establecimientos públicos en 1972 y, finalmente, su estructuración como colectividades territoriales en 1982, esto es, como entidades políticas. En Italia, la Constitución de 1947 creó 18 regiones, 5 de las cuales poseen un estatuto particular. En España, la Constitución Autonómica de 1978 creó 17 Comunidades, 4 de las cuales también han gozado de un tratamiento particular. En Perú, la Constitución de 1979 introduce la región como primera división política del país; en 1987, se dicta la ley de Bases de la Regionalización y a partir de 1988 se han dictado todas las leyes creando 11 de las 12 establecidas constitucionalmente. En Colombia, un decreto ley del año 1987 crea las 5 regiones de Planificación y establece, en cada una, un Consejo Regional de Planificación Económico y Social. En Guatemala, la Constitución del año 1985 incorpora la regionalización y la descentralización del país. En Venezuela, la primera regionalización se remonta al año 1969, habiendo sido rediseñada en varias oportunidades. En Bolivia, el Parlamento ha recibido más de una docena de proyectos de ley que dicen relación con la regionalización. Finalmente, en los países de estructura política federal restantes los intentos de regionalización propenden a la búsqueda de un reforzamiento del federalismo, más que introducir nuevas divisiones territoriales; no obstante, en el Brasil son importantes las Macro regiones de Planificación.

En nuestro país la regionalización, sin perjuicio de otros intentos anteriores, según se verá más adelante, con el carácter de una política pública, comienza en el año 1966, bajo la administración del Presidente Frei, dando cumplimiento, anticipado, de esta manera, a lo dispuesto en la ley Nº 16.635, que creó la Oficina de Planificación Nacional. A la sazón, seestablecieron 12 unidades territoriales,

incluyendo la zona Metropolitana.En el año 1974, con la dictación del D.L. Nº 575, se estableció la actual regionalización conformada por 13 Regiones, incluyendo la Región Metropolitana, produciéndose, desde esa fecha hasta ahora, dos cambios importantes: la secesión de Cautín de la primitiva región conformada por Valdivia y Osorno y la incorporación del antiguo departamento de San Antonio a la Región de Valparaíso, situaciones, ambas, que han generado, sin duda, fricciones y conflictos a nivel regional.

Otros cambios a lo preceptuado al D.L. N° 575 consistieron en meras separaciones y agregaciones de provincias, sin que ello lleve involucrado situaciones de conflicto como las anteriores. También, se estableció una importante institucionalidad política, administrativa, financiera y participativa en las regiones, en términos de Intendentes Regionales, SERPLAC, SEREMI, COREDE y FNDR, tema en el cual ahondaremos en su oportunidad.

Los mayores obstáculos a que se ve enfrentado todo proceso de regionalización, y del cual no se sustrae nuestro país, son que es imposible, por una parte, que una regionalización satisfaga a todos, y de ahí que siempre le mantienen situaciones de conflictos potenciales y por otra, en la mayoría de los casos, siendo Chile un ejemplo vívido, las regiones son el resultado de un acto de voluntarismo político, artificial, pero del todo necesario. En esta situación, después de establecer la regionalización, resulta imperioso estructurar social y políticamente las regiones, es decir, hay que darle contenido al continente que representa un territorio determinado, siendo una misión ineludible en el caso de regionalizaciones de tipo político, conforme lo sustenta la gran mayoría de la doctrina.

Por último, es necesario tener presente que la regionalización es siempre un medio o mecanismo imprescindible para la obtención de un desarrollo regional descentralizado.

Centrándonos en una regionalización de tipo político, que se alcanza sólo con una correspondiente descentralización, útil resulta aclarar el sentido de tres conceptos, que suelen erradamente emplearse como sinónimos. La deslocalización es un mecanismo por el cual se traslada desde un lugar del territorio a otro un organismo, sin alterar el proceso decisional, ni teniendo ningún tipo de correspondencia, como se ve, con lo que es la descentralización. La desconcentración, en tanto, implica traspasar capacidades para tomar decisiones desde un determinado nivel de la estructura administrativa a otro de rango inferior, dentro de la propia organización, en forma exclusiva y permanente, sin necesitarse, para ello, de la creación de nuevas entidades de administración, puesto que no precisan de personalidad jurídica ni de patrimonio propio, independiente del órgano que realiza dicho traspaso. La descentralización, en cambio, implica reconocer determinadas competencias a organismos que no dependen jurídicamente del Estado, requiriéndose, en consecuencia, personalidad jurídica, patrimonio y normas propias de funcionamiento.

Esta última puede ser de tipo funcional, territorial o político, dándose la posibilidad de que estas formas "puras" de descentralización se combinen en la práctica dando lugar a tipos mixtos, siendo importante consignar, en el caso que nos preocupa, la forma político territorial.

Cabe recalcar, siguiendo al autor Sergio Boisier, que la descentralización política sólo puede sustentarse dentro de un esquema de corte democrático, dado que, a su juicio, descentralizar, en este sentido, involucra no sólo compartir el poder, sino crear nuevos espacios políticos que pueden ser llenados por sectores políticos diferentes e incluso antagónicos a aquéllos que detentan el poder. De ahí que no pueda afirmarse que es posible una descentralización política en regímenes autoritarios, concluye, teniendo cabida sólo, en rigor, en sistemas políticos unitarios centralizados. Por último, se debe destacar que constituye siempre el resultado de un acto de voluntarismo político del Gobierno o del Parlamento, dependiendo del instrumento jurídico con que se implemente, suscitando siempre, sin embargo, un proceso dialéctico en el que juegan ofertas políticas y, demandas sociales.

La descentralización genera una mayor democracia se afirma , en la medida que el poder político redistribuido mediante un proyecto descentralizador tenga romo depositario un agente socialmente adecuado que, en el caso de las regiones, no puede ser sino la propia sociedad o comunidad regional organizada como tal, produciéndose un efecto nulo o contrario si tiene como receptor una estructura burocrática o grupos sociales dominantes oligárquicos y retardatarios. Sin embargo, en nuestro país las regiones delimitadas físicamente no tienen una contrapartida en la realidad social, y, por ende, todo proyecto decentralizador en, términos territoriales, implica una construcción política y social de las regiones. La primera, alude al establecimiento del aparato político y administrativo de las nuevas regiones, algo que puede hacerse incluso por decreto; la construcción social, en cambio, debe hacerse desde y con la embrionaria sociedad regional. La construcción social de una región implica potenciar su capacidad de organizarse independientemente y por sí, transformando una sociedad con escasa iniciativa, sesgada por intereses sectoriales, con poca identidad territorial y, en definitiva, pasiva, en otra, organizada, cohesionada, consciente de la particular identidad sociedad –región, capaz de emprender acciones o proyectos de carácter políticos colectivos, esto es, de transformarse en sujeto e su propio desarrollo. En ese sentido la descentralización política regional representa una eficaz herramienta para el logro de una sociedad más democrática y más equitativa.

El término desarrollo regional involucra –consignando el parecer del especialista precitado-, por una parte, a la región y, por otra, al país en su conjunto. Así, en el primer caso, representa un proceso localizado de cambio social, permanente y sostenido, que tiene por objeto el progreso de la región, de la comunidad regional como un todo y de cada habitante de ella. Este sistema, requiere para que sea fructífero, por cierto, de crecimiento económico pero, además, es preciso que se dé un creciente proceso de autonomía decisional por parte de la región, que permita determinar su particular estructura de desarrollo y el uso de los instrumentos de política necesarios; una creciente capacidad regional para captar y reinvertir el excedente económico regional, que posibilite mantener en el tiempo su propio crecimiento; un creciente proceso de inclusión social que implique una mejoría sistemática en la distribución interpersonal del ingreso y que facilite la participación de la población en el sistema decisional regional; una creciente y activa conciencia social ambiental que preserve la calidad de vida y racionalice la explotación de los recursos lo finalmente, un creciente equilibrio sectorial y territorial en el modo de expansión económica de la región, de manera de difundir sobre todo el espacio regional los beneficios del crecimiento. El segundo aspecto, esto es, aplicado el concepto de desarrollo regional al ámbito nacional, implica el garantizar la diversidad dentro de la unidad nacional, reconociendo a cada colectividad territorial un espacio autónomo de realización, es decir, propio y diferenciado. Se trata, en consecuencia, que cada región cuente con un grado de descentralización tal que le permita, ajustándose al marco jurídico unificador de la Nación y a las estrategias nacionales de desarrollo, optar por sus propios estilos de desarrollo y aplicar las medidas de orden económico y administrativo pertinentes.

El establecimiento de políticas requiere de una base de análisis científico de las causas que explican la ocurrencia (o no de un fenómeno complejo como es el desarrollo de la región; es claro, no obstante, que aquél que encuentra en estrecha relación con su crecimiento económico, el que, a su vez, depende del grado de recursos que se asignen y del conjunto de políticas económicas, macro y sectoriales, que se apliquen. Otro factor importante a considerar en este sentido, lo constituye, finalmente, lo que la región es capaz de hacer por sí misma, esto es lo que se ha denominado como la capacidad de organización social de la región que, por cierto, debe ser estimulada y construida, cabiendo al Estado un papel preponderante, puesto que es el responsable tanto del reparto de los recursos públicos entre las regiones, como del diseño y ejecución e un determinado cuadro de políticas económicas, sin desatender el importante rol que, obviamente, juega la región en su carácter de sujeto social, capaz de transformar el crecimiento en desarrollo.

Las variables a considerar en todo planteamiento estratégico sobre el desarrollo regional de un país serían, según el mismo autor, las siguientes: no es posible impulsar simultáneamente procesos de desarrollo en todo los puntos o áreas del territorio nacional, de donde se sigue que el desarrollo regional es siempre selectivo, dependiendo, en última instancia, e una decisión política, que debe fundamentarse, tanto como sea posible, en criterios técnicos; en la medida en que el desarrollo regional se concibe como un proceso gradual descentralizador, ello implica, de suyo, un proceso paulatino; la centralización responde a un rasgo cultural e ideosincrático, cuya reversión exigirá largos procesos de aprendizaje social, que deben ser experimentados en algunas regiones, para replicarse posteriormente; se trata de un proceso de largo plazo cuyos resultados no serán mediatos, por lo cual se debe estructurar en base a políticas con basamentos sólidos, científicos y tecnológicos, que permitan renovar y modernizar la base productiva regional; tal desarrollo regional sólo puede ser entendido como un proceso asociativo entre el sector público y el privado que, para su concreción, se han creado varios instrumentos de política. La incentivacíón del desarrollo regional no depende sólo de instrumentos económicos, siendo, en muchos casos, la animación físico social de los agentes del desarrollo regional más importante que las medidas puramente económicas. En atención a la diversidad de los elementos que se conjugan en el desarrollo regional, la implementación de cualquier política en ese sentido requiere, no sólo la canalización de recursos financieros, sino que, al mismo tiempo, necesita la más estricta coordinación interagencial en el sector público. Finalmente, el desarrollo acelerado de una o más regiones tiene como contrapartida inevitable el control de la expansión física y económica de la región que tradicionamente ha operado como la principal región de acumulación, normalmente la región capital y, en nuestro país, la Región Metropolitana.

Principios elementales que se deben tomar en cuenta en la conformación de una estrategia regional son el de la "probabilidad", esto es, que si existen varias formas para resolver una situación, es obvio que cada una de ellas tendrá una probabilidad de éxito distinta, como quiera que esto se constate, incluyendo tiempo y recursos; el de la "selección", o sea, que exista una opción previa, intuitiva, racional, o vivencial, de los atributos de la situación en los cuales vale la pena centrarse, desechando otros que, en un momento dado, aparecen como de segundo orden; el hecho de que una estrategia es un tipo de accionar que implica un intento de anticipación a las reacciones que desata, supone un conocimiento acerca del patrón de conducta pasado, presente y futuro del sujeto sobre el cual recae, sea éste un individuo, una empresa, una colectividad o un Estado.

Según el autor Sergio Boisier, las características esenciales de este procedimiento que se analiza son: el concentrarse en sólo algunos aspectos del problema para el cual se desea definir un curso de acción y de la adopción de una modalidad de procedimiento reactivo, seleccionándolo de entre las tres posibles: la reacción ofensiva, que busca destruir a un oponente; la reacción interactiva, que supone un conocimiento teórico sobre las funciones de reacción del cual no disponemos, y la reacción cooptativa, que busca transformar un potencial adversario en un potencial aliado.

Para este mismo autor el diseñar actualmente una estrategia de desarrollo regional presupone conocer, a cabalidad, los cambios que han ocurrido en el mundo y que tienen atingencia con el tema, de manera de diseñar políticas eficaces, señalando, al efecto: el menor ritmo de carecimiento agregado de la economía; los mayores costos energéticos; los cambios en la concepción misma del desarrollo, como un proceso más complejo y más cualitativo que el mero crecimiento; la disponibilidad de tecnología eficiente en pequeña escala; la separación geográfica de las funciones en una empresa; la menor disponibilidad de fondos públicos; las mayores dificultades para predecir el futuro; la presión a favor de la participación local y la mayor conciencia ambiental.

Concluye, recalcando que una estrategia de desarrollo regional, concebida primeramente a un alto nivel de globalidad, requiere comenzar por un enfoque de la región, sin que éste se refiera tanto al qué hacer sino, principalmente, al cómo hacer.

En este sentido se trata, entonces, de estructurar una estrategia que busque generar un escenario y un clima que potencie las fuerzas endógenas de la región y que haga factible el surgimiento de la sinergía regional, produciendo la concertación y el aminoramiento de conflictos. De ahí que el procedimiento para su formulación debe ser fruto de un intercambio de opiniones, lo que, naturalmente, ocupa mucho tiempo, es difícil y de resultado incierto; más, sería insólito pensar en un diseño que se imponga desde arriba, desligado de la realidad en donde se va a aplicar.

Volviendo sobre nuestro país, en donde, a juicio del profesor Sergio Galílea, las dinámicas de desarrollo son desiguales, tanto territorial como socialmente, y que forman parte de su propia cultura, encontrándose arraigadas en las conductas de los agentes privados y, en importantes ocasiones, de la inversión pública, se ha visto que lamentablemente, éstas han estado institucionalmente apoyadas por estructuras y normativas centralizantes. En el pasado se han hecho esfuerzos aislados por revertir esta situación, mediante la implementación de algunas actividades económicas directamente de infraestructura para tal desarrollo o de políticas excepcionales en algunos territorios, sin que ello haya servido para siquiera atenuar el siempre dominante desigual desarrollo de las regiones.

Ahondando en el tema, explica, que las demandas regionales por desconcentración y descentralización para reducir las desigualdades regionales, se han traducido en políticas públicas desde hace ya varias décadas en el país. Durante los años 1958 al 1964, en respuesta a los devastadores sismos que afectaron gran parte del sur, se reestructura el Ministerio de Economía, que se convierte en el Ministerio de Economía, Fomento y, Reconstrucción, al tiempo que se otorgan nuevas atribuciones y recursos a la Corporación de Fomento de la Producción, creándose, en cada provincia, un Comité de Programación Económica y Reconstrucción, organismo mixto de carácter consultivo, los cuales,por diversas razones, no lograron su consolidación, desapareciendo prácticamente al cabo de algunos años.

También, en aquel tiempo, se formulan en el país un conjunto de disposiciones legales, no sistemáticas, para acoger estas demandas descentralizadoras, las que, en la literatura académica sobre el tema, se denominan “regionalismos implícítos". Tal es el caso de la Ley del Cobre, la Ley del Fósforo, la creación de la Junta de Adelanto de Arica y de la Corporación de Magallanes. En síntesis, este conjunto de disposiciones obedece a un enfoque de ordenamiento territorial, que se caracteriza por delimitar un área que presenta problemas particulares y por legislar para esas particularidades, sin tomar en consideración, por lo menos explícitamente, las relaciones y los flujos de capital, bienes y personas entre ella y otras partes del territorio nacional.

Entre los años 1964 y 1970 se da impulso a la planificación económica mediante la creación de la Oficina de Planificación Nacional, una de cuyas principales funciones sería, a partir de entonces, la planificación del desarrollo regional. Además, se postula un decidido proceso de normalización que, entre sus logros principales, incorpora a ODEPLAN y, dentro de ella, a una Subdirección Regional como encargada de la planificación regional. Logros importantes del período, a su juicio, son también la difusión e internalización en el país de la teoría y la práctica del concepto de Región, la creación en algunas regiones de Oficinas Regionales de Planificación, el establecimiento de una base estadística regional, la incorporación de la temática territorial en las principales universidades del país y la creación y consolidación del polo de desarrollo Concepción Talcahuano.

En el período 1970 al 1973 se continuó con las tareas propias de la planificación regional, esbozando diversos cambios que intentan ser congruentes con el proyecto político impulsado a la sazón. A pesar de las dificultades obvias para caracterizar dicho período, cabe recordar que el triunfo electoral del Mandatario electo en aquel tiempo se concreta en las provincias del país y, no en el Area Metropolitana de Santiago, situación que, naturalmente, demuestra la importancia que el Gobierno de la época atribuía al tema, explica.

Desde el año 1973, continúa, se observa un compromiso fuerte con las ideas del desarrollo regional, intensamente imbuidas de consideraciones geopolíticas y de descentralización. Se dictan los decretos leyes Nºs. 573 y 575 que contienen, prácticamente, todas las disposiciones e instrumentos que la Constitución de 1980 recoge y que hoy regulan el proceso de regionalización. Huelga señalar que en la formulación de los cuerpos legales antes referidos se recogió tanto las demandas regionales como la oferta de conocimiento y experiencia de los años anteriores.

Se concibe, entonces, la descentralización funcional y territorial del país como un adecuado mecanismo para reducir el peso estatal en la toma de decisiones. Se introduce la Región como la unidad básica de Gobierno y de administración interior; se establece tal Fondo Nacional de Desarrollo Regional; se crea, en el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, reconociéndose la importancia política del tema; se hacen funcionar, después de varios años de indefinición, los Consejos Regionales de Desarrollo, concebidos como mecanismos de participación social; se desconcentran los Ministerios a través de las Secretarías Regionales Ministeriales; se dota a las regiones, vía designación del poder central, de una autoridad política (Intendente Regional) con atribuciones y potestades importantes; se establece en cada región una Secretaría Regional de Planificación y Coordinación, como organismo técnico asesor de la autoridad política, dependiente de ODEPLAN; se pone en funcionamiento un Banco Integrado de Proyectos que surge, en sus inicios,como iniciativa del Banco Regional de Proyectos y se dan importantes pasos en el manejo descentralizado de los servicios sociales de educación y salud, sin olvidar la mayor autonomía presupuestaria de las municipalidades.

Lo que es, sin lugar a dudas, una importante labor en este campo, sobre todo si se reconoce objetivamente que gran parte de las políticas recogen inquietudes y planteamientos formales hechos por gobiernos anteriores para enfrentar la concentración de población y actividades, las consecuentes disparidades territoriales y la centralización de decisiones del país da a lugar a críticas, desde el punto de vista doctrinario, de generación y uso del poder político.

En nuestra nación, a decir del señor Galilea, en la actualidad, se observan fuerzas importantes para establecer la justicia y la equidad territorial, aun cuando se trate de una empresa de suyo difícil, lo cual debe comprometer al Gobierno, al Congreso, a los Partidos Políticos, al empresariado nacional y regional, a las universidades y a los medios de comunicación. Lo importante es entender, cabalmente, que puede haber un camino en la dirección del desarrollo equitativo territorialmente, que potencie efectivamente la diversificación exportadora, para construir una economía capaz de crear empleos rentables; para enfrentar nuestra apertura externa y hacer realidad nuestras ideas de integración; para evitarnos los costos crecientes de una metropolitización desproporcionada, y para, por último, preservar nuestro medio ambiente.

Una reestructuración a nivel territorial y una descentralización en el orden político son aspiraciones largamente aguardadas por la población del país. Las dificultades relacionadas con la concentración de población y de actividades en el Area Metropolitana de Santiago, las consecuentes disparidades entre las diversas regiones, provincias y comunas del país habida cuenta de los significativos montos de inversión y de gastos corrientes que aquélla demanda, la falta de armonía entre el crecimiento sectorial y su traducción en el plano geográfico nacional, y el centralismo en las decisiones, son percibidas como los causantes del subdesarrollo o de la falta de desarrollo de los diferentes territorios del país.

En efecto, indica el señor Galilea, la Región Metropolitana y, más específicamente, el Area Metropolitana de Santiago, concentra alrededor de un tercio de la población del país y cerca del 43% del Producto Geográfico Bruto. Esto último, significa que cerca de la mitad de los bienes y servicios finales disponibles en la economía nacional se generan en el territorio de la Región Metropolitana. Además, ésta concentra todos los Ministerios, las agencias públicas y las sedes de los partidos políticos, caracterizados por un estilo de funcionamiento altamente centralista. Finalmente, en la capital se desarrollan las principales actividades sociales y culturales del país. En síntesis, las expectativas de realización de cada individuo, cuando se analizan los indicadores de esperanza de vida, el ingreso medio y el acceso a vivienda, entre otros, son mucho mayor en la Región Metropolitana que en las restantes del país, lo que lo obliga a emigrar a la capital, produciéndose, idefectiblemente, el nocivo centralismo.

Se trata, en definitiva, para lograr la tan ansiada equidad territorial, de establecer en el conjunto del país condiciones esenciales de vida para sus habitantes, constituyendo la lucha contra la pobreza una de las materias que se debe abordar con entereza y energía, puesto que representa un serio obstáculo en este camino. Se deben elaborar programas específicos para mejorar la estructura básica, de manera que sustente un desarrollo rural elemental. Cabe un papel principal en este sentido, demás está decirlo, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el que, apoyado ahora por el Fondo de Solidaridad Social, se erijen como herramientas adecuadas para lograr el objetivo propuesto: uno, favoreciendo a los lugares, y, el otro, ayudando a las personas.

A decir del señor Galilea, los estudios existentes sobre la situación de pobreza, han puesto énfasis en el hecho de que est estado, que afecta a un importante sector de las personas, presenta orígenes diversos, dependiendo del escenario geográfico en que dichas personas se insertan. Sin duda, que parte de su situación de pobreza se ve explicada debido a sus propias carencias en educación, nutrición y salud, principalmente; o bien, por su ubicación en el mercado laboral. Sin embargo, puede darse por el simple hecho de residir en un lugar estructuralmente pobre. De ahí que un primer aporte debe ir dirigido a los "lugares", lo que posibilita un posterior apoyo que privilegie a las "personas".

Se hace imprescindible, continúa, en la búsqueda de la equidad territorial, dotar a las regiones de una institucionalidad más eficiente, más adecuada para resolver problemas que sólo para “procesarlos y tramitarlos". que `tenga una mínima pero sólida estructura profesional y, que disponga de recursos que permitan que las competencias, que paulatinamente se vayan transfiriendo desde , el nivel central, se puedan llevar a la práctica, sin pretender con esto, desde luego, reproducir todas las estructuras del gobierno central en las regiones, ya que tal ente burocrático tendría nulas posibilidades de supervivencia.

Al empresariado nacional y sobre todo al regional, le corresponde, ciertamente, también un rol importante. Deben ir más allá de declaraciones descentralizantes globales y de exigencias a la autoridad o a los Poderes Públicos, apoyando, particularmente, la tarea de preinversión.

En el país, afirma el citado autor, se dan las condiciones actualmente para un acuerdo sólido y, a largo plazo en torno al desarrollo regional. En los actores económicos y sociales se muestra una actitud práctica, concreta y que ha ido superando la hiperideologización de las últimas décadas. Desde el ámbito público surgen lineamientos claros y precisos que buscan armonizar el crecimiento económico con la equidad social; de fortalecimiento de potestades y recursos para las regiones y de eficiencia y modernización de la gestión pública.

En lo que respecta al Gobierno y Administración a nivel regional hoy en día, el señor Walter Fraser comenta que, reconociendo la existencia de un régimen político unitario, el problema de la autonomía regional se ha dado, hasta el momento, en términos relativos. La institucionalidad actual limita seriamente el poder efectivo de las regiones, tal como éste se expresa a través del Intendente Regional. Las regiones son objetos de desarrollo y no tienen la capacidad real de transformarse en sujetos de su propio desarrollo. Carecen de un auténtico poder regional, estando obligadas a ajustarse muy estrechamente a las políticas de nivel nacional, dificultándose seriamente la definición de políticas regionales específicas. De igual forma, al definirse la inversión rectorial, no sólo en base a políticas sectoriales, sino que, además, en instancias centrales de decisión, se entraba la coordinación intrasectorial y la coordinación espacial de las inversiones, incluso aquéllas provenientes del FNDR. A nivel de recursos financieros se plantea igual situación: son definidos centralmente los fondos sectoriales, los fondos municipales provenientes del Fondo Común Municipal y el FNDR se distribuyen intrarregionalmente por decisión de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Conocido, someramente, desde el punto de vista político administrativo, el estado de las regiones, cabe ahora definir una estrategia que les permita a éstas alcanzar un grado creciente de desarrollo, con una apropiada independencia del nivel central, de manera de obtener, a la postre, su engrandecimiento y el de la nación toda. Según el autor Walter Fraser, aquélla se puede estructurar desde dos perspectivas: una nacional, que responde al modo tradicional con que históricamente se ha abordado el problema del desarrollo regional, y una desde abajo, es decir, desde las regiones, sujeta, posteriormente, a una coordinación interregional. Ciertamente, un estudio que incluya las dos formas de aproximación al problema, constituirá una sólida base en el diseño del mecanismo que permita solucionarlo.

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Un primer antecedente sobre regionalización y descentralización se encuentra contenido en la Carta Fundamental del año 1925, en la que se juzgó conveniente ahondar la descentralización de los servicios públicos, para conferir a los organismos provinciales y comunales facultades administrativas que se radicaban sólo en el nivel nacional de éstos. La Constitución aludida, en su capítulo IX, se refirió al régimen administrativo interior, a la administración provincial, a la administración comunal y a la descentralización administrativa. El artículo 107 de la misma, señalaba que “las leyes confiarán paulatinamente a los organismos provinciales o comunales las atribuciones y facultades administrativas que ejerzan en la actualidad otras autoridades, con el fin de proceder a la descentralización del Régimen Administrativo Interior".

En lo referente a la administración provincial, la Constitución establecía que ella se encontraba a cargo del intendente, designado por una asamblea provincial, que presidía el mismo, y, que estaba integrada por representantes designados por las municipalidades de la provincia. Estos organismos no funcionaron lo conforme a la Ley 7.164, los intendentes respectivos los subrogaron, de modo que lo que podría estimarse como germen de la regionalización y descentralización, en lo concerniente al funcionamiento de las asambleas provinciales, no prosperó.

A partir de 1974, el Decreto Ley N° 573, de ese mismo año, tal como se señalará en su oportunidad, contiene el Estatuto de Gobierno y Administración Interior del Estado. Como complemento necesario de la normativa constitucional del referido Decreto Ley, simultáneamente se aprueba el Decreto Ley Nº 575, que divide al país en regiones y señala sus respectivas capitales, textos legales sobre los cuales nos detendremos más adelante.

Por otra parte, mediante el Decreto Ley Nº 1.289, de 1976, dictado en cumplimiento de los mandatos constitucionales de los decretos leyes antes comentados, se aprueba la Ley Orgánica de Municipios y Administración Comunal. Confirma la definición de las Municipalidades dada por estos textos, señala atribuciones (funciones) privativas y compartidas, estas últimas como clara ampliación de la órbita de competencia del gobierno local, en relación con las disposiciones de la ley orgánica anterior, Nº 11.860. Asimismo, en este orden de ideas, es preciso destacar que, en forma supletoria, se confieren atribuciones al régimen municipal para concurrir con otros servicios a la solución de cualquier problema que afecte a los intereses de la comuna.

Este Decreto Ley entrega al alcalde el ejercicio de todas las facultades y funciones de las municipalidades, acorde ello con la normativa que suprimió las corporaciones de regidores, a las que la legislación anterior a 1973 confería prácticamente la plenitud de las atribuciones de la administración comunal. Dispone que, para cumplir sus funciones, las municipalidades pueden ejecutar actos y celebrar los contratos que sean necesarios, lo que representa una importante innovación frente al principio contenido en el artículo 59 de la citada Ley Nº 11.860 y en el artículo 42 de la Constitución de 1925, en cuya virtud se entendía que las municipalidades, los alcaldes y los funcionarios no tenían facultad sino para celebrar los actos y contratos que taxativa y expresamente señala la ley.

Dentro del ámbito de competencia municipal, se produce el traspaso a las municipalidades de la administración de los servicios educacionales, de prestación de acciones de salud y de atención de menores.

La reglamentación de la transferencia de administración de los indicados establecimientos se contiene en el D.F.L. Nº 1 3.063, del año 1980; y el financiamiento, en parte está previsto en el Decreto Ley Nº 3.476, del mismo año, cuyo artículo 19 establece que las municipalidades, por los establecimientos educacionales que tomen a su cargo, podrán acogerse al beneficio de la subvención fiscal que estatuye ese cuerpo legal.

Con el ordenamiento que regula las funciones de la administración regional y local tienen directa relación las normas que establecen la división del territorio nacional, para estos efectos, en provincias y éstas en comunas, y que se encuentran contenidas en los Decretos Leyes N°s. 2.867 y, 2.868, de 1979; el primero, relativo a la delimitación de regiones y provincias y, el otro, atinente a la división en comunas de cada territorio provincial. Además, por lo que se refiere a la Región Metropolitana, su gobierno y administración se rigen por el Decreto Ley Nº 3.260, de 1980, que contempla la división de dicha región en provincias, y por el Decreto Ley N° 3.642, de 1981, que establece la división comunal de la Provincia de Santiago, antes denominada Area Metropolitana. La reformulación comunal de la Provincia de Santiago, que consistió en la creación de 17 nuevas Comunas, se establece en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 3260, de 1981, en el que también se señalan los límites específicos de todas las Comunas antiguas y nuevas de la Provincia de Santiago y las de las otras cinco provincias que integran la Región Metropolitana, es decir: Chacabuco, Cordillera, Maipo, Talagante y Melipilla.

Por último, el ordenamiento orgánico constitucional de la administración municipal puede decirse que tiene su culminación con la vigencia, desde mayo del año 1988, de la Ley N° 18.695, dictada en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 107 de la Constitución Política.

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En la descentralización administrativa impulsada por la Constitución de 1925, entonces, no existió, lamentablemente, una clara definición de los conceptos de descentralización y de desconcentración, siendo esta diferencia fundamental para una cabal comprensión jurídica del proceso global de regionalización.

La forma de Estado unitario, como se vio, trae generalmente aparejada la consecuencia de una tendencia marcada hacia el centralismo. El poder central actúa como un centro de atracción que absorbe a los poderes locales, de tal manera, que la forma de Estado y la centralización son dos fenómenos correlativos.

A decir del autor Manuel Daniel, la forma o régimen de centralización se destaca por su aspecto piramidal, lo que significa que los órganos convergen hacia un jerarca único y superior y, desde el punto de vista jurídico, carecen de personalidad propia.

Frente a la complejidad de la vida moderna, para satisfacer en forma más eficiente los múltiples intereses colectivos y por la necesidad imperiosa de distribuir funciones y capacidad de decisión, el Estado contemporáneo ha visto surgir dos correctivos: la descentralización y la desconcentración.

La descentralización administrativa es uno de los paliativos que el mundo moderno ha buscado para combatir el centralismo y significa que el Estado distribuye sus funciones y crea órganos para cumplir cometidos específicos.

Los organismos descentralizados sel caracterizan porque no están subordinados jerárquicamente a ningún otro órgano administrativo, sino que reciben atribuciones directamente de la ley. Además, están dotados de personalidad jurídica, tienen patrimonio y responsabilidad propios, están sujetos al control del poder central, que recibe el nombre de tutela, la que se diferencia de la dependencia jerárquica, porque se ejerce a través de un órgano contralor.

El sistema de descentralización administrativa se genera como consecuencia del crecimiento de la función administrativa y de la expansión de la actividad del Estado.La tecnología se ha introducido también en la administración, que ha debido atender funciones de carácter económico y social con connotaciones, muchas veces, empresariales. Se han creado, así, organismos especializados por su materia o de índole local, a los cuales se ha otorgado una determinada competencia que ejercen en una relación que no es de jerarquía con el poder central, sino de supervigilancia.

El sistema involucra, en consecuencia, un régimen de relativa autonomía en la realización de sus cometidos y en la atención de los intereses que se le confían, pero que, de todos modos, siguen siendo intereses del Estado; se obtienen, como ventajas inmediatas, según el referido autor, las siguientes:

a) Los intereses regionales o locales aparecen más favorecidos por el hecho de que las decisiones que se adoptan a su respecto, se toman en el lugar en que se producen las necesidades y aspiraciones de los administrados;

b) Al descender el nivel de decisión, se descongestiona y agiliza la acción administrativa, porque evita las revisiones que exige la estructura jerárquical y

c) La solución de los problemas queda en manos de quienes los conocen directamente y en profundidad, por la conexión que la autoridad tiene con la vida y circunstancias de la región.

La desconcentración administrativa es, por su parte, el mecanismo en virtud del cual Se transfieren competencias de los órganos superiores a los inferiores y se disminuye la subordinación de éstos a aquéllos.

La desconcentración implica que los agentes locales del poder central tienen competencia para adoptar ciertas decisiones sobre asuntos regionales y locales, pero permanecen jerárquicamente subordinados al poder central.

Un órgano transfiere facultades y atribuciones a otros órganos, pero éstos quedan sujetos a la dependencia jerárquica de aquél. La desconcentración no crea agentes independientes, es sólo el traspaso de competencias de un ente de la, administración a otro inferior.

El órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica propia, no actúa por sí mismo, sino con la personalidad del órgano central. No tiene, tampoco, patrimonio propio.

Como ejemplo, en Chile podríamos citar el Servicio de Impuestos Internos, que está jerárquicamente sometido al Presidente de la República, porque es un servicio dependiente del Ministerio de Hacienda; las secretarías regionales ministeriales y las direcciones regionales de servicios.

Los intentos descentralizadores realizados por los gobiernos en el sentido administrativo, conforme lo señala el señor José Fernández Richard, sea por falta de visión, sea por carencia de una adecuada asesoría técnica, sea por falta de comprensión de los reales problemas de las provincias, no llegaron a integrar las regiones entre sí, sino más bien tendieron a mejorar sus condiciones para que cumplieran mejor su papel de dependencia directa del centro de poder del país. Sin embargo, según señala la profesora Luz Bulnes, la decisión de alcanzar una nueva estructura administrativa, ya sea delegando atribuciones a los órganos locales o creando entes personificados en las diferentes regiones del país, comenzó a concretarse en el curso de la administración pasada.

Sobre el particular, cabe señalar la creación de la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA), por Decreto Ley Nº 212, de 17 de diciembre de 1973, que cumplió su misión con la participación de equipos técnicos de alto nivel, tanto nacionales como extranjeros, y con la contribución de autoridades profesionales y representantes que pertenecían a las distintas regiones.

En el artículo 12 de este decreto ley se establecieron las atribuciones de este organismo y, entre ellas encontramos la de "estudiar y programar medidas tendientes a hacer una adecuada regionalización administrativa del país".

Como resultado de esta iniciativa, en julio de 1974, se dictaron los decretos leyes 573 y 575. El primero de ellos fue de rango constitucional y aprobó el estatuto de gobierno y administración interior del Estado, reemplazando, de ese modo, el régimen que sobre la materia consagraba la Constitución de 1925. Por el segundo texto legal se estableció la regionalización del país, fijando las doce regiones más la Región Metropolitana de Santiago.

En virtud de estas normas se derogaron los capítulos VII y IX de la Constitución de 1925, relativos al gobierno interior del Estado y al régimen administrativo interior.

Con la díctación de los decretos leyes aludidos, se daba comienzo a una nueva división política y administrativa del país, la que se inicia como un proceso gradual que toma el nombre de regionalización.

Creemos de interés señalar los principios orientadores de los cambios que se propiciaban a los sistemas de gobierno regional, provincial y comunal. Se establece un sistema jerárquico de autoridades y organismos, en cuyo vértice superior se encuentra el intendente regional, autoridad dotada de atribuciones para dirigir y administrar la región, con la asesoría de un Consejo Regional de Desarrollo, organismo de participación regional en el proceso de desarrollo socioeconómico, y de una Secretaría Regional de Planificación y Coordinación, ente técnico que colabora con ambos. Lo siguen los gobernadores; provinciales, que representan al intendente regional en la nueva división territorial y administrativa que se crea, siendo éstos también asistidos por un comité técnico asesor que colabora con su gestión; y, finalmente, en la base del sistema, se encuentran las municipalidades, a cargo de un alcalde, que es asesorado por un Consejo Comunal de Desarrollo una Secretaría Comunal de Planificación, organismos de participación y estudio, respectivamente.

Al mismo tiempo, se establece un sistema de desconcentración de las atribuciones de los Ministerios y servicios nacionales para permitir la adecuada resolución de los problemas regionales y comunales.

Los principios expresados se concretan en los Decretos Leyes Nºs 573 y 575, de 1974, ya mencionados.

Por el decreto ley 573 se consagra tal. estatuto del gobierno y administración interior del Estado, dividiendo el territorio de la República en regiones y las regiones en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas. Con este decreto ley se materializa el proceso de regionalización del país, apareciendo una nueva división territorial, que es la región, la que no sólo considera los elementos geográficos, sino también otras variables como son los factores humanos, de seguridad, socioeconómicos, etc.

Esta unidad territorial, al no estar definida en los textos legales, puede entenderse como una unidad geográfica, obra exclusiva de una naturaleza, como también se puede pensar en una unidad socioeconómica, caracterizada por ciertas actividades e intereses. Pero, además, puede existir como ente jurídico político planificado por el hombre, que ha tomado en consideración elementos geográficos, económicos y culturales.

En todo caso, la regionalización no puede ser producto del arbitrio; es creación de la voluntad humana, pero considerando un complejo de elementos proporcionados por la naturaleza.

En las últimas décadas, tanto en Chile como en los países americanos y europeos, como se analizó, se ha evidenciado la necesidad de crear nuevas estructuras territoriales.

En general, dada la multiplicidad de manifestaciones que reviste la región, se ha preferido no consagrar una definición de carácter jurídico, sino limitarse a tener presente que, en definitiva, la región no es otra cosa que el ente territorial estructurado sobre las bases y en concordancia con la región geográfica y socioeconómica y cuyo grado de competencia estatal depende de muchas variables.

Por estas razones, no es posible establecer en forma universal la naturaleza jurídica de la región.

Es evidente que en un Estado federal los órganos regionales tendrán competencias diferentes que en un Estado unitario, donde, en general, no gozarán de competencias normativas o legislativas, pues se estaría desvirtuando la esencia del Estado unitario.

El proceso de regionalización en Chile obedeció a objetivos y, criterios que se definieron desde sus comienzos. Se pretendió facilitar un desarrollo del país considerando el todo y cada una de las unidades territoriales en que aquél se divide, sobre la base de una adecuada integración nacional.

Por lo tanto, los conceptos de desarrollo e integración están permanentemente presentes en la normativa y en la gestión vinculada al proceso regional y permiten ilustrar el verdadero alcance del mismo.

A decir del jurista Arturo Aylwin, en Revista Política, en su publicación "El proceso de descentralización administrativa”: “los decretos leyes 573 y 575, que pusieron en marcha la regionalización, establecieron la gradualidad del proceso, pues resultaba evidente que la implementación del nuevo sistema requería de muchos recursos naturales y técnicos, de diversas reformas, de modificaciones de estructuras y de procedimientos y, aún más, de la formación de hábitos de cambios de mentalidad.

En primer término, comenzaron a regir, desde 1974, las regiones I y XII, ubicadas en los extremos del país, y la región VIII, ubicada en la zona central.

Dichas regiones operaron de inmediato con sus respectivas provincias. La experiencia adquirida con su funcionamiento facilitó la continuación del proceso con las regiones, razón por la cual aquéllas fueron conocidas con el nombre de regiones piloto.

En segundo lugar, previo acuciosos estudios, se hizo la división provincial del resto de las regiones, las que entraron en funcionamiento el 12 de enero de 1976.

En tercer lugar, se reguló la división provincial y la organización de la Región Metropolitana, la que entró a regir a contar del 12 de abril de 1980.

Paralelamente y en armonía con este proceso gradual, se aprobó la nueva ley de organización de las municipalidades, que entró en vigencia el 14 de enero de 1976 y permitió asumir a los municipios su nuevo rol dentro del sistema regional. Más tarde, después de un largo período de recopilación de antecedentes y de estudios Sobre la materia, se establecieron las nuevas comunas y se dictaron sucesivas normas que ampliaron la competencia municipal.

Del mismo modo, también en forma gradual se han ido desconcentrando territorialmente los ministerios y los servicios nacionales y se han creado servicios descentralizados en las regiones.”.

La Constitución de 1980 mantienen en el artículo 3° la forma de Estado universitario y establece, a continuación, que su territorio se divide en regiones.

Dice el artículo 3°:

“El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones. La ley propendrá a que su administración sea funcional y territorialmente descentralizada”.

Por Estado unitario debemos entender aquél en que el poder conserva una unidad en cuanto a su estructura, al elemento humano y al territorio sobre el cual recae. El poder estatal se ejerce sobre todo el grupo humano que habita el Estado, de manera que las decisiones políticas obligan por igual a todos los gobernados.

La característica más fundamental del Estado unitario –y en ello coinciden los tratadistas- es que la competencia legislativa está reservada sólo a los órganos centrales, de manera que si existen órganos locales, éstos sólo tienen como competencia la ejecución de la actividad estatal.

La fuente u origen del artículo 3°, antes, transcrito, fueron básicamente la Constitución de 1925 y el D.L. 573, de 1974. Sin embargo, un antecedente directo lo constituye el Acta Constitucional Nº 2, de 1976, sobre ''Bases de la Institucionalidad”.

No obstante la importancia trascendental del proceso de regionalización puesto en marcha y los logros evidentes que se han alcanzado, el examen objetivo de este proceso, desde el punto de vista doctrinario, también deja en evidencia una serie de deficiencias y problemas no resueltos.

El método más adecuado para evaluar los resultados de la regionalización debería consistir en el análisis de cada uno de los objetivos planteados para apreciar su grado de cumplimiento.

Uno de estos objetivos es de orden económico, al postularse el desarrollo equilibrado de las regiones. Varios trabajos recientes coinciden en señalar que este objetivo no se ha cumplido. En efecto, los índices económicos sugieren que no se ha alterado la concentración económica en la Región Metropolitana, que aporta más del 40% del producto geográfico bruto.

El estudio del señor Dagmar Raczyunski, integrante de CIEPLAN, que examina las variaciones del PGB a nivel regional entre 1974 y 1982, señala: "La evolución del PGB regional entre 1974 y 1982 y su composición sectorial mostró que las regiones y áreas orientadas a satisfacer el mercado nacional se deprimieron en beneficio de aquéllas que poseían disponibilidad o potencialidad para la exportación de recursos naturales. Hubo una expansión de la producción minera, de la pesca y los rubros silvícola y frutícola del sector agropecuario. La producción de estas actividades se expandió en las regiones con ventajas comparativas en estos rubros y con cierta infraestructura preexistente para su explotación: las regiones mineras de Antofagasta y Atacama; las regiones forestales en el centro sur, principalmente las de Maule y Bío Bío; las áreas frutihortícolas en la zona central (valle del Aconcagua y el valle central de O'Higgins).”.

El mismo estudio sintetiza lo ocurrido en el sector económico: "Considerando no sólo los recursos públicos destinados explícitamente a las regiones a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional UNDR), sino que la política fiscal en su conjunto, las regiones beneficiadas fueron la Metropolitana y, la de Aysén. En las restantes 11 regiones hubo una expoliación de recursos en favor de la Región Metropolitana. Las regiones más fuertemente gravadas fueron cuatro: las dos que contienen los principales centros industriales alternativos a Santiago, Valparaíso y Concepción; Coquimbo, una de las regiones más pobres del país; y Antofagasta, una de las regiones más ricas".

Los objetivos económicos planteados en aquel tiempo para la regionalización se vieron afectados por la recesión económica, lo que explicaría el hecho de que el monto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional nunca alcanzó al 5% de los ingresos, como se había previsto. Pero además de los aspectos económicos de la regionalización en este enfoque sociológico, interesan los objetivos de carácter social propuestos en el plan de regionalización. Este, enfatizó el objetivo de participación social de la comunidad en tal proceso.

Se reconocía como uno de los fundamentos de la regionalización una participación real de la población en la definición de su propio destino, contribuyendo y comprometiéndose, además, con los objetivos superiores de su región y del país.

La participación social constituye el núcleo sociológico de la regionalización, lo que permitirá que esta última sea un proceso arraigado en las bases de la población, es decir, un proceso que tiene raíces y que va de ellas a la cúspide.

Ahora bien, uno de los aspectos más criticados de nuestro proceso de regionalización reside precisamente en la escasa participación de las personas, grupos 11 organizaciones representativas de la comunidad, concluye el profesor Hernán Godoy Urzúa.

Las estructuras administrativas en pro de la regionalización sólo serán eficaces, entonces, si favorecen la participación activa de las personas, grupos y organizaciones locales, así como el respeto de su autonomía y la acogida razonable de sus iniciativas.

Por ejemplo, la articulación de los organismos públicos con las entidades privadas es un supuesto en la regionalización. Este requisito no se ha cumplido en el actual proceso de regionalización debido a los déficit de participación social.

Asociado a este déficit, otro punto vulnerable consiste en el escaso poder de decisión, que, en la práctica, tienen las autoridades y organismos regionales, no obstante las atribuciones que poseen.

La ley asigna, por ejemplo, considerables atribuciones a los intendentes regionales, como resolver respecto de los proyectos de políticas, planes de desarrollo y presupuesto regional, oyendo al consejo regional de desarrollo; fijar las prioridades de los proyectos y, programas regionales; dictar los reglamentos, etc. También la ley otorga a los alcaldes el manejo de recursos monetarios mayores que en el pasado; no obstante lo cual el proceso de toma de decisiones permanece centralizado y sujeto a la aprobación de la autoridad jerárquica superior.

Otro aspecto criticado por el profesor Godoy del proceso de regionalización es el olvido inexplicable de sus dimensiones culturales.

Existe en Chile una serie de culturas regionales, diferenciadas entre sí por condicionantes del medio geográfico y de sus recursos naturales, por la formación de su estructura social y por el desenvolvimiento histórico de sus instituciones.

Expresiones objetivas de esta existencia de las culturas regionales de Chile son la literatura descriptiva o interpretativa de las regiones a través de la narrativa, la poesía, el ensayo; las investigaciones y las historias locales; las expresiones plásticas constituidas por la arquitectura, el urbanismo, la pintura y las artesanías populares, como la música y los bailes, los mitos y leyendas, las fiestas y festividades. Por último, los tipos sociales y las figuras históricas representativas de las regiones.

Para ser efectiva y sólida, la regionalización debe tener soporte cultural, que en el caso de Chile corresponde a las culturas regionales.

Región y cultura aparecen vinculadas por nexos de reciprocidad. La cultura contribuye a configurar cada región y el desarrollo de aquélla fortalece la regionalización. Por ello, en gran parte, la regionalización es un proceso cultural, además de económico y político administrativo.

A la serie de manifestaciones objetivas de las culturas regionales, ya mencionadas, habría que agregar los aspectos subjetivos, que se refieren al conocimiento, difusión y aprecio de los valores regionales, es decir, al grado de conciencia existente en los miembros de cada región acerca de la propia identidad cultural.

Este componente subjetivo de las culturas regionales es deficitario, a juicio del referido profesor, debido al desconocimiento de dichas culturas, aun entre los habitantes de las respectivas regiones.

B.- Análisis jurídico y operatoria del proceso de regionalización.

Tal como se señalará, de conformidad a la Constitución Política de 1980 –artículos 3° y 99, entre otros- la región viene a constituir la base territorial fundamental para el gobierno y administración interior del Estado. Así, las dos disposiciones de la Carta Fundamental precitadas disponen que el territorio de la República se divide en regiones y éstas, a su vez, para los fines señalados, en provincias.

Sin perjuicio de aquella normatica que no ha sido afectada por las modificaciones introducidas a su texto original, cabe hacer presente para una mejor comprensión de los alcances de los comentarios y afirmaciones que se efectúan en esta parte del informe, que éstos deben entenderse referidos, en general, a las disposiciones de aquél vigentes al momento de dictarse los respectivos cuerpos legales a que se haga mención y, por último, en caso alguno, a las últimas alteraciones de que fuera objeto la Constitución por la Ley N° 19.097, e 12 de noviembre del año recién pasado, puesto que, precisamente, son éstas las que sirven de necesario e ineludible fundamento al proyecto de ley motivo de este informe, como, asimismo, a aquél que, en fecha reciente, fuera conocido y estudiado por vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, con ocasión de su primer trámite constitucional, y que dice atingencia con modificaciones que se propondrá introducir a la legislación municipal.

A pesar de que, como se vio, la Carta Fundamental reconoce expresamente a la región como unidad territorial básica.

No procede a definirla ni, tampoco, se determina sus límites, estableciendo, solamente, en el inciso final del último de los artículos precitados, que la modificación de aquéllos y la fijación de sus capitales será motivo de una ley de quórum calificado, a proposición del Presidente de la República, por lo que se definición hay que buscarla en la doctrina que, como se habrá visto en otras partes del presente informe, ha intentado un sinnúmero de conceptos.

Satisfactorias resultan aquéllas que la enfocan bajo una doble perspectiva: una de índole amplia y otra más restrictiva. Así, la primera, enfoca a la región como aquel espacio geográfico predeterminado por la ley, esto es, un ente de carácter meramente espacial. La segunda, la visualiza como una unidad territorial, integrada por dos o más provincias, vinculadas por intereses socioeconómicos y culturales más o menos compartidos, lo que posibilita el manejo de sus recursos en términos de facilitar su desarrollo integral, dotado de población suficiente para impulsar este último y con un lugar central que actúa como impulsor de las actividades económico-sociales y de orientador de la dinámica de su crecimiento. Por consiguiente, la región viene a constituir, de acuerdo a lo afirmado por el especialista Zarko Luksic, la base territorial donde se conjugan los intereses nacionales y locales, radicándose en ella servicios públicos y organizaciones sociales interdependientes, siendo éste, por lo demás, un marco de referencia geográfico-jurídica para orientar la acción de los poderes del Estado, de la administración centralizada y de los órganos de planificación económica y social. En último término, concluye, aparece como el más eficiente eslabón de la plena participación de las iniciativas creadoras del sector privado, en íntima armonía con las autoridades.

Profundizándose en lo ya indicado en su oportunidad, en cuanto a que el inicio de nuestro actual proceso de regionalización tuvo su origen en los Decretos Leyes Nºs. 573 y 575, ambos de 1974, se estima interesante transcribir, a continuación, los considerandos del primero de ellos, con el propósito de lograr una visión más acabada de las razones tenidas en cuenta por las autoridades de la época, cualquiera sea el juicio que merezcan unos y otras, para concretar esta iniciativa:

“1°.- Que el hecho de que el Estado de Chile sea unitario, constituido por una sola asociación política, no se contrapone con el de que su Gobierno se ejerza sobre la base de una organización interna que obedezca a un criterio de descentralización y desconcentración;

2°.- Que este proceso de integración nacional debe lograrse a través de:

a) Un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales, la distribución geográfica de la población y la segurídad nacional, de manera que se establezcan las bases para un desarrollo más racional de todas las regiones que integran el territorio nacional.

b) Una participación efectiva de la población en la definición de su propio destino, contribuyendo y comprometiéndose, además, con los objetivos superiores de su región y del país, y

c) Una igualdad de oportunidades para recibir los beneficios que reportará el proceso de desarrollo en que está empeñada la Junta de Gobierno.

3°.- Que la necesidad de lograr más plenamente las metas del desarrollo económico y social requieren de una mejor utilización del territorio y de sus recursos.

La excesiva concentración económica en algunas ciudades del país, especialmente en Santiago, está alcanzando niveles de tal magnitud que obliga a distraer cuantiosos recursos en obras urbanas, que obviamente tendrían una rentabilidad social mayor si fuesen invertidos en actividades productivas que permitirían un crecimiento económico más acelerado y regionalmente equilibrado;

4°.- Que es de toda conveniencia establecer una nueva división político administrativa del territorio nacional con el objeto de posibilitar la planificación del desarrollo, lo cual implica:

a) Una organización administrativa descentralizada, con adecuados niveles de decisión en función de unidades territoriales definidas con tal objeto;

b) Una jerarquización de las unidades territoriales;

c) Una dotación de autoridades y organismos en cada unidad territorial con igual nivel entre sí y con poderes de decisión equivalentes, de modo que sea posible su efectiva complementación, y

d) La integración de todos los sectores, mediante instituciones que aseguren su actuación en conjunto y no aisladamente;

5°.- Que es preciso reemplazar el actual Régimen de Administración Interior por, un régimen que agregue al concepto de Administración, el de Planificación, y que ambos tengan como objetivo el desarrollo socioeconómico del país;

6°.- Que el concepto de desarrollo debe ser incorporado al Régimen de Administración Interior, como una función preferente del Estado, e íntimamente ligado al orden y seguridad interior del país;

7.- Que los anteriores fundamentos son coincidentes con las conclusiones de los estudios técnicos y también con el resultado de las consultas realizadas a diferentes sectores representativos de la comunidad nacional y regional, y

8.- Que la trascendencia y complejidad de esta reforma hace necesario que sea realizada en forma gradual, de modo tal que las estructuras existentes se adecuen en forma progresiva y sistemática;”.

Todos estos postulados, normas allí contenidas y en los otros textos legales sobre la materia dictados con anterioridad a la Constitución Política de 1980, fueron recogidos por ésta, destacando su artículo 100 que "el Intendente es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, de quien es su agente natural e inmediato en la respectiva región", constituyéndolo, así, en el representante directo del Primer Mandatario en la región correspondiente, por lo que debe ejercer sus funciones de acuerdo a la normativa vigente y a las órdenes e instrucciones que le imparta aquél, correspondiéndole, como tareas fundamentales, la formulación de las políticas de desarrollo de la región, ajustándose a los planes nacionales, y ejercer la supervigilancia, coordinación y fiscalización de los servicios públicos, con excepción de la Contraloría General de la República y de los Tribunales de Justicia (en concordancia con el artículo 38 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado).

El nombramiento del Intendente es entregado, como es de suponer de la lectura de la anteriormente transcrita norma, al Presidente de la República, teniendo un plazo de tres días para asumir, contado desde que le sea notificado el decreto respectivo.

Los requisitos exigidos para desempeñar tal cargo son los siguientes:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, en los casos que proceda.

c) Tener salud compatible con la función;

d) Haber aprobado la enseñanza básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que la naturaleza del cargo exige;

e) No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la expiración en las funciones, y

f) No hallarse procesado o condenado por crimen o simple delito ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio del cargo.

Tales exigencias, en lo específico, se encuentran contempladas en el artículo 113 de la Constitución y en el artículo 42 de la Ley de Bases, y en lo general, esto es, extensibles a todo funcionario de la Administración del Estado, en el artículo 11 de la ley Nº 18.834.

Al respecto, debe hacerse mención al hecho de que son inhábiles para ocupar el cargo en comentario los menores de veintiún años de edad; los que estén declarados en quiebra por sentencia ejecutoriada; y, finalmente, las personas naturales y los administradores o gerentes de personas jurídicas o de sociedades que tengan o caucionen contratos con el Estado.

También debe tenerse presente que, de conformidad al primitivo Texto Constitucional, al cual nos estamos refiriendo, según se señaló, el cargo de Intendente es incompatible con los de Gobernador y Alcalde, con excepción de los Intendentes que pueden ser Gobernadores de la provincia que sea cabecera de la región y los Alcaldes designados por el Presidente de la República, e, igualmente, es incompatible con los cargos de Diputados y Senadores.

De conformidad a lo preceptuado en el artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 22, de 1959, sobre Servicio de Gobierno Interior, entre otros aspectos, se dispone que en caso de ausencia o impedimento para ejercer el cargo, el Intendente es subrogado por el Secretario de la Intendencia, con la salvedad que el Presidente de la República puede designar a otra persona.

Interesante resulta en esta parte del informe, atendida la nueva estructura que, de conformidad a la reciente reforma constitucional, se da al Gobierno y Administración de la región, señalar las funciones que, en la actualidad, cumple desempeñar al Intendente, las que se encuentran diseminadas en una serie de cuerpos legales algunos de antigua data , sin perjuicio de aquéllas, de orden genérico, que se consultan en la Constitución de 1980 y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

1. Así, entre aquellas relativas con el Gobierno y Administración Interior, se pueden señalar las siguientes:

a) La de dirigir las tareas propias del Gobierno Interior, de conformidad a las directrices impartidas por el Primer Mandatario, en forma directa o a través del Ministerio del Interior.

b) La de resolver, con acuerdo del COREDE, los planes de desarrollo y de presupuesto regional, como, asimismo, las modificaciones de que sea objeto.

c) La de priorizar los proyectos y programas, los que habrán de ser aprobados, modificados y compatibilizados por el Gobierno Central a fin de conciliarlos con las políticas, planes y presupuestos nacionales.

d) La de disponer del presupuesto regional anual, ciñéndose a la normativa presupuestaria existente a este respecto.

e) La de representar extrajudicialmente al Estado en la región, en materia de celebración de contratos y. actos indispensables para su desarrollo, a ser financiados con el presupuesto regional.

f) La de ordenar que se formen comisiones sectoriales e intersectoriales para la realización de estudios sobre materias específicas.

g) La de dictar resoluciones, instrucciones y reglamentos para el ejercicio de sus atribuciones.

h) La de ejercer una serie de facultades que, al igual que a los Gobernadores, el Decreto de Fuerza de Ley Nº 22, de 1959, les entrega en relación con el orden público, reuniones públicas, detenciones y allanamientos en los casos que indica, disponiendo, al efecto, de las fuerzas de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y, en otro plano, recabar la cooperación de entidades como la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil.

En lo que dice atingencia con las reuniones públicas, el artículo 48 del precitado cuerpo legal los faculta para adoptar las medidas que estimen necesarias para laobservancia estricta de las normas vigentes relacionadas con el ejercicio del derecho de reunión y, en especial, de las disposiciones generales de policía, con el propósito de mantener la seguridad del Estado y el orden público en toda su integridad.

2. Entre aquellas atribuciones que dicen consonancia con la actividad de los servicios públicos, se pueden señalar las siguientes:

a) La de coordinar y regular la forma de actuación de éstos, para la adecuada ejecución, por su intermedio, de las políticas, planes y proyectos regionales, quedándole subordinados los jefes de los servicios existentes en la región, sin perjuicio de aquella dependencia, de carácter técnico, que éstos tienen respecto de sus jefaturas nacionales.

b) La de ejercer la supervigilancia y fiscalización de los servicios precedentemente indicados, cautelando la legalidad de sus actos y su funcionamiento regular, continuo y eficiente, como, de igual modo, las obras que éstos ejecuten, ya sea en forma directa o por medio de terceros.

c) La de disponer comisiones de servicio y destinaciones de cualquier funcionario público dentro de su respectivo territorio jurisdiccional, pudiendo, además, ordenar la formación de comités coordinadores regionales de la Administración del Estado.

3. En lo que dice relación con aquellas funciones que posee el Intendente respecto del sector privado, vale la pena destacar aquélla consultada en el Nº 9 del artículo 52 del Decreto Ley Nº 575, de 1974, cual es la de fomentar la actividad privada, orientándola hacia el desarrollo regional y procurar su coordinación con la autoridad estatal.

Ahora bien, en la Constitución Política vigente antes de las modificaciones, artículos 101, 102 inciso primero, en relación con el artículo 39, inciso primero, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y el artículo 12 de la Ley Nº 18.605, junto al Intendente existe un Consejo Regional de Desarrollo, como un órgano asesor del Intendente, encargado, en lo principal, de contribuir a hacer efectiva la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la región de que se trate. Debe recordarse que tal preceptiva obedece a la creación, mediante los Decretos Leyes Nºs. 573, artículo 92, a, 575, artículos 7º al 11, del precitado órgano de administración regional.

No obstante que la ley en proyecto, atendida la última reforma constitucional, no consulta la existencia del referido COREDE, se ha estimado pertinente efectuar una breve descripción de sus principales características o aspectos.

Así, en lo que dice atingencia con su integración, cabe destacar al Intendente, quien lo preside; los Gobernadores Provinciales de la región; un representante de cada una de las instituciones de la Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, que tengan su asiento en la región; cinco representantes de los sectores económico, social y cultural de la Administración del Estado o de sociedades cuyo capital pertenezca en un 50% o más al Estado o a sus organismos, siempre que tengan su sede y desempeñen sus funciones en la región; y, finalmente, por representantes del sector privado, los que deben constituir el 60% del total de los miembros del Consejo y ser representativos en un 20% del estamento empresarial, en un 20% del laboral, en un 7% del cultural, en un 7% del profesional y en un 6% del fomento al desarrollo social y económico de la región (artículo 7° de la Ley Orgánica Constitucional de los Consejos Regionales de Desarrollo).

En lo que dice relación con las atribuciones de los COREDE, cabe distinguir entre las de carácter exclusivo, aquéllas de índole concurrente y las de tipo consultivo.

Entre las primeras, la precitada Ley Orgánica Constitucional contempla, por citar las principales, la de resolver la distribución del fondo regional de desarrollo, la de designar a los representantes regionales en todos los órganos de participación consultiva de carácter oficial; la de designar, cuando corresponda, a los Alcaldes a proposición en terna del CODECO, Ir removerlos por las causales que allí se indica, también a propuesta del aludido Consejo; la de resolver las controversias que se susciten entre el Alcalde y el CODECO en todos aquellos casos en que la Constitución y la ley exijan el acuerdo de este último.

En cuanto a las concurrentes, esto es aquéllas respecto de las cuales se precisa del acuerdo del COREDE, se cree importante destacar la aprobación del plan regional de desarrollo y del proyecto de presupuesto regional, como, asimismo, las modificaciones de ambos.

Las facultades consultivas del COREDE, esto es, aquellas materias en las que el Intendente debe requerir la opinión de aquél, están apuntadas hacia el informe anual respecto de la ejecución del plan regional de desarrollo y del presupuesto regional del año precedente; y las Proposiciones sobre modificación de la división política y administrativa de la región, todo ello, sin perjuicio de aquellos asuntos que la aludida autoridad estime conveniente someter a la consideración del Consejo en referencia.

No obstante las señaladas, se estima pertinente consignar dos facultades que no tienen cabida dentro de la clasificación utilizada anteriormente para sistematizarlas, ellas están previstas en el artículo 26 de la Ley N° 18.605 y son: la de conocer, en forma oportuna, de la distribución en la región de los recursos sectoriales, sociales y municipales para el año correspondiente, pudiendo recomendar prioridades para la ejecución de programas y proyectos específicos de inversión, como, de igual modo, formular al Intendente proposiciones relacionadas con el progreso económico, social y cultural de la región.

Las sesiones que puede celebrar el COREDE son de tres tipos: constitutivas, ordinarias y extraordinarias.

El quórum para sesionar es de dos tercios de los miembros en la primera citación y de mayoría absoluta en la segunda. Aquel requerido para adoptar acuerdos es, por norma general, el de la simple mayoría de los miembros presentes con derecho a voto; sin embargo, respecto de aquellas materias consignadas en la parte final, del inciso segundo, del artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional que regula estos órganos, se exige la mayoría absoluta de los miembros con derecho a voto; haciendo, finalmente, imperativo el inciso tercero de la norma anotada el acuerdo de los dos tercios de estos últimos para la remoción de los alcaldes.

Otro de los puntos más importantes del proceso que nos ocupa, esta constituido por la desconcentración de los ministerios a nivel regional. El artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, en concordancia con lo que establecía el artículo 103 de la Constitución de 1980, prescribe que los Ministerios, con las excepciones que señale la ley, se desconcentrarán territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales, las que estarán a cargo de un Secretario Regional Ministerial (SEREMI), quien representará al Ministro en la respectiva región y será designado oyéndose al Intendente.

En tal virtud, la gran parte de las Carteras se encuentran actualmente desconcentradas, exceptuándose tan solo las del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa y Secretaría General de la Presidencia.

La dependencia jerárquica del SEREMI es doble: del Intendente, en lo que dice atingencia con la conducción política, y del respectivo Ministerio, desde una perspectiva técnica.

Cabe hacer presente que las Secretarías Regionales Ministeriales poseen una trascendental importancia en lo que respecta a los proyectos de inversión, toda vez que, a través de los fondos sectoriales, se pueden canalizar los proyectos regionales que, por su envergadura, no pueden ser ejecutados con recursos locales o, bien, que se trate de aquéllos que presentan un rango prioritario para el sector ministerial correspondiente.

Una de las Secretarías Regionales Ministeriales que merece un comentario especial, por su importancia en el quehacer regional, según se verá, es la de Planificación y Coordinación, la cual, junto a su Cartera madre el Ministerio de Planificación y Cooperación, se encuentra regulada por la Ley Nº 18.989, la que entrara en vigencia el 19 de julio del año próximo pasado y que fuera informada, en su primer trámite legislativo, por esta Comisión.

La ley concibe a estas SERPLAC, existentes en cada región del país, como un organismo asesor e integrante de la secretaría técnica del Intendente, sin perjuicio de aquellas facultades que la Ley Orgánica Constitucional respectiva otorga al Consejo Regional de Desarrollo. Además, las hace depender administrativa y técnicamente de MIDEPLAN y jerárquicamente sometidas al Intendente respectivo.

Los Secretarios Regionales Ministeriales jefes superiores de estas Secretarías, atendida su condición de funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, son designados por éste, oyendo al Intendente de que se trate.

Las funciones más relevantes que el cuerpo legal en comentario ha entregado a estos organismos, son las siguientes:

a) Integrar la secretaría técnica del Intendente y asesorar al COREDE, a las comisiones ministeriales y al comité coordinador de la administración regional.

b) Preparar las políticas, planes, programas de desarrollo y el presupuesto regional, ajustándose a los planes nacionales y teniendo en cuenta las demandas de la comunidad regional para su consideración por el Intendente.

c) Evaluar los proyectos a ser financiados por el FNDR y estudiar su coherencia con las estrategias regionales de desarrollo.

d) Asistir técnicamente, en lo que respecta a planificación y administración presupuestaria, de manera permanente, a las gobernaciones, a los municipios, a los servicios públicos y demás entidades estatales de la región, a solicitud de ellos.

e) Asistir al Intendente en la evaluación del cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos del presupuesto regional.

f) Efectuar análisis permanentes de la situación socio económica regional, al igual que las evaluaciones que procedan.

g) Colaborar con las municipalidades, y a solicitud de ellas, en la generación, diseño y evaluación de proyectos de inversión comunal.

h) Identificar las áreas y sectores de extrema pobreza o de mayor atraso y proponer políticas, programas o acciones destinadas a superar tales situaciones.

Otras entidades estatales que conforman la administración regional son los servicios públicos existentes en ella.

La Constitución de 1980, en su artículo 103 original, contempla la desconcentración regional de tales servicios, velando porque se asegure su debida coordinación a fin de facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales, texto que, en esencia, es recogido por el inciso segundo de la misma norma constitucional en su nueva expresión.

Ello se encuentra vertido en el artículo 30 de la Ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, distinguiendo entre desconcentración de carácter territorial y aquélla de índole funcional; La primera habrá de efectuarse mediante Direcciones Regionales, a cargo de un Director Regional, quien dependerá jerárquicamente del Director Nacional del servicio, según preceptúa, a la letra, el inciso segundo del precitado artículo; agregando, a continuación, que, no obstante ello, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional, estarán subordinados al Intendente, a través del respectivo SEREMI. En cuanto a desconcentración funcional, indica su inciso tercero, que ella se verificará mediante la radicación, por ley, de atribuciones en determinados órganos del servicio correspondiente.

En lo que respecta a la organización interna que habrán de adoptar los servicios públicos que se creen para desarrollar su actividad en toda o en parte de una región, se podrá considerar solamente los niveles de Dirección, Departamento, Subdepartamento, Sección y oficina, según lo establece el artículo 29 de la aludida Ley de Bases, el cual, en su inciso final, posibilita que, en circunstancias excepcionales, la ley pueda establecer niveles jerárquicos diferentes o adicionales, como, asimismo, denominaciones distintas, norma que fuera agregada por la ley N° 18.891, de 6 de enero de 1990.

Cabe señalar, por otra parte, que los servicios públicos, que son los órganos administrativos encargados de satisfacer las necesidades colectivas, de forma regular y continua, cuya dependencia o supervigilancia del Presidente de la República se lleva cabo a través de los Ministerios correspondientes, pueden revestir el carácter de centralizados o descentralizados, concepto este último que, como se analizara en su oportunidad en este informe, es distinto al de desconcentración, y que hay que tener presente en cuanto a los alcances del artículo 31, inciso primero, de la Ley de Bases, que preceptúa que en aquellas ocasiones en que la normativa confiera competencia exclusiva a los servicios centralizados para la resolución de determinadas materias, el jefe del servicio no quedará subordinado al control jerárquico en cuanto a tal competencia.

Finalmente, en esta materia, debe destacarse que la ley en comentario, en su artículo 33, dispone que la representación judicial y extrajudicial de los servicios descentralizados corresponderá a sus jefes superiores correspondientes.

Uno de los aspectos que, sin lugar a dudas, resulta de particular interés en lo que respecta al gobierno y administración regionales lo constituye el presupuesto y la planificación regional, temas que pasan a considerarse.

Las políticas de Estado encuentran normalmente su expresión en la formulación de programas y, proyectos de inversión, a ser ejecutados a niveles supranacionales, nacionales, regionales, provinciales o locales.

Para concretar tales proyectos y programas se ha estructurado, como es sabido, todo un procedimiento de inversión pública consultado en el Presupuesto Nacional.

Dicho Presupuesto Nacional, consignado anualmente en una ley de rango común, determina los recursos con que cuenta el Estado para llevar a la práctica sus tareas de gobierno y administración, las que se contienen en programas y proyectos a ser ejecutados directamente por éste o por sus ministerios, servicios públicos y empresas, o bien se encomienda su ejecución a las autoridades regionales, provinciales y locales, pudiendo, además, consultar el desarrollo de determinados proyectos de inversión por entidades de carácter privado.

Las posibles fuentes de financiamiento de un proyecto regional con recursos fiscales, que es lo que interesa en esta ocasión, pueden provenir, principalmente, del Fondo Sectorial y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

En lo que respecta al primero, de ellos, se puede indicar, utilizando la conceptualización que hace de él el especialista Omar, que es aquél proveniente del Presupuesto Público de Inversiones, destinados financiar los proyectos que presentan los Ministerios y sus servicios dependientes. Por lo general, éstos tienen un impacto para el bienestar de todo el país, lo que preside su concepción; sin embargo, dicho fondo puede también financiar proyectos regionales, ya sea porque su envergadura no hace posible que éstos se materialicen a partir de fuentes locales o bien porque su ejecución se considera prioritaria para el sector ministerial respectivo.

La otra fuente de financiamiento, como se señaló, está constituida por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR). Este tiene su origen en el Decreto Ley Nº 575, de 1974, como una forma de manejar los recursos públicos de manera descentralizada, lo cual era absolutamente consecuente con el proceso desconcentrador que se ponía en marcha, y que pasa a constituir el principal mecanismo de entrega de recursos en forma directa a las nuevas unidades territoriales recién creadas, disponiéndose, entre otros aspectos relevantes, que el Régimen Presupuestario del Estado se elaborará sobre la base de un criterio sectorial y regional, estableciéndose, además, en el artículo 24 del pre-citado Decreto Ley, que, sin perjuicio de los recursos que se asignen inicialmente a las regiones en la Ley de Presupuesto de la Nación, ésta contemplará, a lo menos, un 5% del total de los ingresos calculados para los sistemas tributarios y, arancelarios, excluida la contribución de bienes raíces. Con posterioridad, la Constitución de 1980 elimina el "piso" del FNDR y reemplaza el 5% por un porcentaje indeterminado.

La dictación de la ley Nº 18.359, en el año 1984, crea como superior jerárquico de la División de Modernización y Reforma Administrativa del Ministerio del Interior, el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, asignándosele funciones de colaborador inmediato del Ministro del Interior en las materias relativas a la coordinación, impulso y evaluación del desarrollo regional, provincial y local, asuntos de modernización y reforma administrativa y en las de estudio, apoyo técnico y administrativo derivadas de ellas. Con ello, se posibilita el logro de una real planificación para las acciones a ser financiadas con el FNDR.

En cumplimiento de su cometido, la Subsecretaría pone en marcha, conjuntamente con ODEPLAN (actual MIDEPLAN) en el apoyo técnico, el Programa de Inversión Múltiple de Desarrollo Local, en base a un importante complemento de recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho programa permitió, a partir del año 1985, modificar radicalmente la gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, incrementando en un alto porcentaje el nivel de recursos disponibles por cada región y permitiendo, desde entonces y hasta la fecha, a decir de un documento allegado a la Comisión, el desarrollo de importantes planes de crecimiento regional, con grandes inversiones enfocadas, principalmente, a mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales de menores ingresos.

Continúa el aludido documento, emanado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, consignando el mecanismo anual de elaboración y distribución del FNDR, distinguiendo, al efecto, los siguientes aspectos básicos mínimos:

a) El primero lo constituye el cálculo del aporte fiscal nacional, a cargo de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en el cual se determina el monto global que se asegura al Fondo en el Presupuesto del País y su distribución tentativa entre las regiones.

b) El segundo consiste en la preparación y formulación del presupuesto regional con cargo al FNDR, el que es realizado por la Intendencia, con apoyo de la SERPLAC y de las Secretarías Regionales Ministeriales, para ser presentado a la consideración del COREDE, quien analiza la proposición de proyectos para, en definitiva, priorizarlos. Cabe destacar que, en esta fase, se efectúa la coordinación entre los presupuestos sectoriales y municipales y el que corresponde al FNDR, para armonizar la inversión pública en la región.

c) A nivel nacional, los proyectos de presupuestos del Fondo son sometidos a un análisis por una comisión central, integrada por los Ministerios de Hacienda, Interior y ODEPLAN (actual MIDEPLAN), cuyos resultados son analizados con un representante autorizado de la Intendencia Regional respectiva, a fin de observar la compatibilidad final del presupuesto regional con las políticas nacionales.

d) La etapa siguiente comprende la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación, el cual es sometido a la tramitación legislativa correspondiente.

e) La última etapa está dada, de acuerdo al documento en referencia, por la asignación de recursos a cada proyecto individual, toda vez que la Ley de Presupuesto se refiere globalmente al aporte fiscal y endeudamiento correspondiente al FNDR. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo tiene las atribuciones legales para identificar los proyectos, asignándoles los recursos solicitados, para lo cual elabora una resolución de asignación que, posteriormente, es visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y sometida a consideración de la Contraloría General de la República.

En esta fase del informe, particular importancia cobra, entonces, el criterio que orientó la distribución del FNDR para 1992, contenido en la publicación denominada "Democracia Regional y Local", editada por el Ministerio del Interior, con fecha diciembre del año próximo pasado.

Así, se afirma que la idea principal que sirvió de norte para tal distribución es la siguiente: "a menos nivel de desarrollo, mayor es la participación de la región en el monto global del FNDR", siendo seis los indicadores regionales que se tomaron en consideración para tales efectos: 1) El porcentaje de población regional en extrema pobreza, medido por la encuesta CASEN 1990; 2) El inverso de la densidad poblacional, esto es, el Fondo se distribuyó en forma inversamente proporcional a la densidad poblacional regional para el año 1991; 3) El porcentaje de ruralidad, expresado como el cuociente entre la población rural y la población total de las regiones para 1990; 4) La distancia en kilómetros de las capitales regionales a la Región Metropolitana, favoreciendo en forma creciente, por ende, a las regiones extremas; 5) El inverso del producto percápita regional, medido como el promedio de los años 1980 1986; 16) El promedio de tasa de desempleo regional para el período 1988 1991; y, finalmente, 7) El valor relativo de una canasta básica de alimentos en cada una de las regiones, para lo cual se ha usado un estudio efectuado por la CEPAL.

Según se ha señalado en el seno de la Comisión, el comportamiento del FNDR no ha sido uniforme en este período, distinguiéndose tres etapas: a) Entre los años 1976 1979, la que se caracteriza por un crecimiento permanente que va de US $51 millones a US $72 millones, mostrando un incremento anual promedio de 13% b) Entre 1980 1985, que se caracteriza por una disminución de la inversión, produciéndose un violento descenso respecto del período anterior, bajando de US $72 millones de US $12 millones, lo que representa una caída vertiginosa en seis años; c) 1986 1989, donde se puede observar un brusco aumento de la inversión, pasando de US $12 millones a US $50 millones en 1986, lo cual representa una variación del 317%. A partir de este año y hasta 1989, se observa un comportamiento creciente que va de US $50 millones a US $95 millones. Este comportamiento da cuenta de la aplicación del Programa FNDR BID, que ha posibilitado incrementar la inversión del Fondo significativamente.

Destacó el señor Gonzalo Martner, en el seno de la Comisión, que la Subsecretaría a su cargo ha realizado una experiencia en cuanto a confiar en la capacidad de las regiones, pudiéndose comprobar que, en lo que respecta al instrumento principal en el cual éstas expresan su autonomía, toman sus decisiones y gestionan sus planteamientos, esto es, el FNDR. Habiéndose ya cerrado el año 1991, han podido comprobar, con satisfacción, que el grado de ejecución de los presupuestos es de un 98,5%, cifra record si se tiene en consideración que la relación entre presupuesto y gasto, históricamente, ha sido la siguiente: en 1986, de un 5l%; en 1987, de 75% al año siguiente de un 82%; en 1989, de un 89%, y en el año 1990, de un 90,8%.

Para 1992, agregó, el citado Fondo tendrá un presupuesto inicial de $ 42.141.894.000, lo que implica un crecimiento real de un 16,7% respecto de 1991, monto que significa, además, duplicar el aumento correspondiente a la inversión pública nacional que llega a un 8%. Con ello, cada región verá incrementados sus recursos de libre disposición, vale decir aquéllos no atados al contrato de préstamos de Inversión Múltiple Local acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Las otras unidades territoriales –o subdivisión en que se fracciona la región- que, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución de 1980, conforma el sistema de gobierno y administración interior del Estado –sin perjuicio de las comunas que son unidades para fines de administración local-, que están constituidas por las provincias, cuya autoridad superior es el Gobernador.

Este último es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, se encuentra subordinado al Intendente respectivo y le corresponde supervigilar los servicios públicos existentes en la provincia, de acuerdo a las directrices que le importa este último, pudiéndole representar las necesidades o deficiencias que observase y ejercer las atribuciones que le encomiende la ley o le delegue el Intendente. Sin perjuicio de ello, el Gobernador puede designar delegados para que ejerzan sus facultades en una o más localidades, en los casos y formas que determine la ley, conforme lo preceptuado en los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, en concordancia con los artículos 105 y 106 de la Constitución de 1980.

El nombramiento del Gobernador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 N° 9 del aludido texto constitucional, corresponde al Presidente de la República.

En lo que dice relación con los requisitos necesarios para ocupar el cargo de Gobernador, debe indicarse que son los mismos que, en su oportunidad, señaláramos para ser nominado Intendente.

El artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 22, de 1959, preceptúa, para estos efectos, que en caso de ausencia o impedimento, el Gobernador es subrogado por el Secretario de la Gobernación, a menos que el Presidente de la República designe a otra persona.

Del Texto Constitucional dictado en 1980, de la ley Nº 18.575, y, principalmente, de los artículos 26 y 28 del Decreto Ley Nº 575, de 1974, pueden mencionarse las siguientes funciones principales que corresponden ejercer a los Gobernadores:

a) La de realizar las tareas propias de gobierno y administración dentro de la provincia.

b) La de fiscalizar la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo provincial.

c) La de proponer este mismo tipo de proyectos al Intendente respectivo.

d) La de fiscalizar los servicios públicos de la provincia, velando por su adecuada coordinación, pudiendo solicitar, para estos efectos, directamente de los jefes de los servicios los antecedentes, informes o datos que necesite sobre materias de su competencia, siendo deber de éstos proporcionárselos.

e) La de concertar acciones comunes con las municipalidades.

f) La de delegar facultades específicas en los alcaldes u otras autoridades de la provincia, para el gobierno o administración de determinadas localidades, lo que puede producirse en los casos siguientes, de acuerdo al artículo 28 del Decreto Ley N° 575, de 1974:

1)Al tratarse de zonas geográficamente aisladas, y

2) Cuando, con motivo de lo complejo de los problemas a abordar o por razones de fuerza mayor debidamente calificadas, el ejercicio del gobierno y administración interior se dificulta en alto grado.

Tal delegación presupone además de las circunstancias anotadas, la autorización del Intendente respectivo, ciñéndose a las directrices que, sobre el particular, imparta el Supremo Gobierno.

g) Finalmente en esta materia, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 22, de 1959, tal como se señalará, en su oportunidad, al referirnos a las atribuciones que, en materia de orden pública, reuniones públicas, detenciones y allanamiento se entrega a los Intendentes (letra h de las relativas al gobierno y administración interior), que aquéllas resultan extensibles a los Gobernadores.

El artículo 27 del Decreto Ley Nº 575, de 1974, prescribe que en cada provincia habrá un Comité Asesor, presidido por el Gobernador, e integrado por las personas que él mismo designe, el que tiene por propósito prestarle asesoría en todas las materias en que éste lo requiera. Atendida la redacción de la norma, no cabe dudas que este organismo provincial no tiene una existencia obligatoria, a pesar de lo enfática que aparece la redacción de su primera parte, puesto que, en definitiva, su establecimiento y operatoria dependerá de la discrecionalidad del Gobernador.

En materia de planificación y administración presupuestaria en este nivel, especial importancia cobran, una vez más, las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación, por cuanto la letra f) del artículo 52 de la ley Nº 18.989, cuyo proyecto fuera estudiado también por esta Comisión, y que creó la Cartera de cuya organización forman parte, consagra como una de las funciones específicas de éstas la de prestar asistencia técnica en tales rubros, y a solicitud de ellos, a las Gobernaciones, a las Municipalidades, a los Servicios Públicos y otros organismos estatales de la región.

C. Fundamentos del Proyecto.

Estimándose que con la parte anterior de este capítulo se ha logrado entregar una visión global de la legislación que regula el gobierno y la administración regionales, haciendo abstracción del aspecto comunal, división territorial que responde, como también se indicara, a aspectos administrativos y que, por lo demás, es materia de otro texto legal , normativa que, en general, obedece a los postulados de la Constitución de 1980, antes de las últimas reformas introducidas por la Ley Nº 19.097, de reciente publicación se ha creído conveniente insertar, a continuación, aquellos artículos permanentes de esta última preceptiva que dicen atingencia con las normas que el proyecto en informe pretende introducir, toda vez que, como es natural, les sirven de necesario fundamento:

"Artículo 1°.-Sustitúyese el artículo 3° de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

"Artículo 3°.-El Estado de Chile es unitario. Su territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley".

Artículo 2°-Reemplázase el inciso final del Nº 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

"Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectos a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo".

Artículo 3°.- Reemplázase, en el Nº 9 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, la coma (,) después de la expresión "intendente" por la conjunción "y" y elimínase la frase "y a los alcaldes de su designación".

Artículo 4°.- Sustitúyese el Nº 2) del artículo 54 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“2) Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales y los concejales;".

Artículo 5°.- Intercálase, en el Nº 3° del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución Política de la República, entre la palabra "autónomas" y la frase "o de las municipalidades”, la expresión ", de los gobiernos regionales”.

Artículo 6°- Sustitúyese el inciso primero del artículo 85 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

"Artículo 85. Habrá tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende, así como de resolver las reclamaciones a que dieren lugar y de proclamar a los candidatos electos. Sus resoluciones serán apelables para ante el Tribunal Calificador de de Elecciones en la forma que determine la ley. Asimismo, les corresponderá conocer de la calificación de las elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos grupos intermedios que la ley señale.”.

Artículo 7°.- Sustitúyense los artículos 100 a 104, inclusive, de la Constitución Política de la República, por los siguientes:

"Artículo 100.-El gobierno de cada región reside en un intendente que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República. El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción.

La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y, económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

Artículo 101.-El intendente presidirá el consejo regional y le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.

La ley determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y, los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 102.-El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende, la que regulará además su integración y organización.

Corresponderá desde luego al consejo regional aprobar Ios planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación. Asimismo, resolverá la inversión de los recursos consultados para la región en el fondo nacional de desarrollo regional, sobre la base de la propuesta que formule el intendente.

Artículo 103.- La ley deberá determinar las formas en que se descentralizará la administración del Estado, así como la transferencia de competencias a los gobiernos regionales.

Sin perjuicio de lo anterior, también establecerá, con las excepciones que procedan, la desconcentración regional de los ministerios y de los servicios públicos. Asimismo, regulará los procedimientos que aseguren la debida coordinación entre los órganos de la administración del Estado para facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales.

Artículo 104.- Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la distribución de los recursos públicos.

Sin perjuicio de los recursos que para su financiamiento se asignen a los gobiernos regionales tan la Ley de Presupuestos de la Nación y de aquellos que provengan de lo dispuesto en el Nº 20° del artículo 19, dicha ley contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública que determine, con la denominación de fondo nacional de desarrollo regional.

La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional.

A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios, podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública en la respectiva región o en el conjunto de regiones que convengan en asociarse con tal propósito.

La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 21° del artículo 19.".

Artículo 8°- Reemplázase el inciso primero del artículo 105 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

"Artículo 105. En cada provincia existirá una gobernación que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 105 de la Constitución Política de la República:

“En cada provincia existirá un consejo económico y, social provincial de carácter consultivo. La ley orgánica constitucional respectiva determinará su composición, forma de designación de sus integrantes, atribuciones y funcionamiento.”.

Artículo 12.- Sustitúyense los artículos 112 a 115 de la Constitución Política de la República, por los siguientes (sólo se transcribe el 113 por ser el único atinente a la materia):

“Artículo 113.- Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido miembro del consejo regional o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley, señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de intendente, gobernador, miembro del consejo regional y concejal serán incompatibles entre sí.

Ningún tribunal procederá criminalmente contra un intendente o gobernador sin que la Corte de Apelaciones respectiva haya declarado que ha lugar la formación de causa.”.

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S.E. el Presidente de la República al fundamentar en su Mensaje el texto legal en proyecto señala que su Gobierno ha buscado afianzar un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización en el país, el que califica de fundamental en la presente etapa de desarrollo, por los requerimientos propios del sistema democrático, por las demandas que plantea la expansión económica en varias zonas del territorio, por las exigencias que se derivan de la modernización de la administración pública y como respuesta a los anhelos legítimos de las comunidades locales y, regionales. Agrega que en el estudio y confección de éste ha participado un nutrido grupo de expertos y especialistas en los diversos campos que abarca el proceso de la regionalización, toda vez que no existe sino fragmentariamente una legislación que pueda favorecer dicho proceso y se cuenta con escasos referentes sobre la materia en nuestra evolución histórico política. Puntualiza que los instrumentos y competencias que aquí se establecen plantean a todas las regiones del país un desafío extraordinario. En forma progresiva y gradual, compatibilizando estos avances e innovaciones con nuestra tradición institucional y jurídica de Estado Unitario, podremos afianzar una positiva evolución en favor de la descentralización del país, acaso si uno de los desafíos principales de la Nación, de cara al siglo XXI.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, en el seno de la Comisión, luego de destacar que este proyecto se articula de acuerdo a las instituciones creadas por la reforma constitucional reciente, hizo presente que más allá de estos aspectos jurídicos, el país requiere, justamente, de reforma de sus instituciones de administración territorial, por cuanto sufre de una severa concentración de sus actividades económicas, sociales, culturales y políticas, al punto que la región capital, hoy por hoy agrupa un 39,7% de la población, un 22% de la inversión pública, un 43,5% del producto geográfico bruto, un 29,2% de la recaudación tributaria, en fin, un 34,4% de la pobreza de todo el país, y, manifiestamente estamos en presencia de una situación de desequilibrio en la distribución territorial de las actividades económicas y de la población. En países de otra magnitud, si acaso se aproximaran aunque fuera de muy lejos, a estos guarismos, simplemente se produciría una situación insostenible. A juicio de este alto personero de Estado, ése es el trasfondo de este conjunto de discusiones y debates sobre la descentralización, vale decir, el procurar revertir la tendencia que históricamente ha tenido el proceso de desarrollo económico y social del país en el sentido de su concentración de actividades y, a la vez, el hecho de que esa concentración no ha logrado ser contrarrestada con políticas públicas eficaces.

Por otra parte, señaló el señor Martner que por estar en un período de consolidación de nuestras instituciones y de perfeccionamiento de las mismas, es evidente que un régimen democrático que logra sustentarse en comunidades que institucionalmente hacen de su participación en la vida pública una práctica cotidiana, obviamente contribuye a construir sistemas democráticos mucho más sólidos y, en consecuencia, junto con la necesidad de revertir las tendencias concentradoras del desarrollo económico y social está por delante, también, la necesidad de hacer más sólida la democracia.

II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES 0 FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

En conformidad con lo exigido por el artículo 286 N° 1 del Reglamento de la Corporación, y para efectos de lo preceptuado en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política y en los artículos 24 y 32 de la ley N° 18.918, OrgánicaConstitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que, a decir de la parte expositivadelMensaje ella es "afianzar una positiva evolución a favor de la descentralización del país”,

contemplando, al efecto, "nuevas funciones y atribuciones a cargo de los gobiernos regionales que crea y les asigna losrecursos para ejercerlas”; además, "se busca modernizar la institucionalidad pública, poniéndola a tono con los importantes y, variados requerimientos del tiempo, actual y venider” propugnando, sobre el particular, por “una mayor racionalización en el desempeño de la administración, estableciendo competencias específicas para los distintos niveles de gestión en que ésta se estructura y procurando eliminar duplicaciones entre ellas, así como la radicación de decisiones sobre importantes asuntos regionales en una instancia inmediata al escenarioal que se plantean". Por otra parte, agrega, “se crean mecanismos e instrumentos de financiamiento compatibles con el orden general de la hacienda pública e incentivadores de una acción regional que tienda a potenciarse y fortalecerse paulatinamente.”.

III. ANALISIS DEL PROYECTO.

El proyecto de ley en informe llamado "sobre Gobierno y Administración Regional", en su Título Primero, relativo al gobierno de la región, aborda en tres capítulos la normativa aplicable al Intendente, al gobernador y, en el último de ellos, disposiciones comunes aplicables a ambos.

Así, el primero, que consta de dos artículos, dispone que el gobierno interior de cada región está radicado en el intendente, funcionario que será nombrado por el Presidente de la República, de su confianza exclusiva y representante suyo en la región respectiva. Esta disposición, se encuentra redactada en términos muy similares al artículo 100 inciso primero, de la Carta Fundamental (artículo 1°, inciso primero).

Por otra parte, dispone que la subrogación de la primera autoridad regional habrá de recaer en aquella persona de más alta jerarquía dentro del respectivo escalafón, facultando al Jefe del Estado para modificar dicho orden para estos efectos (artículo 1°, inciso segundo).

Por su parte, el artículo 2° consigna cuáles son las funciones que corresponde desempeñar al intendente. Entre las cuales cabe destacar las de conducir las tareas propias del gobierno interior en su territorio, de acuerdo a las directrices que, al efecto, fije el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior; cautelar la existencia de un clima social de tranquilidad, orden público y resguardo a las personas y bienes; disponer de la fuerza pública en conformidad a la ley; dar cuenta anualmente, a lo menos, al Primer Mandatario acerca de la marcha del gobierno interior en la región, como, igualmente, respecto al cumplimiento de las funciones propias de los gobernadores y demás regionales respectivos; informar al Presidente de la República, para los efectos que allí se señalan, acerca de las faltas que observare en la conducta ministerial de los jueces y demás funcionarios de dependencia de estos últimos; conocer y fallar aquellos recursos administrativos que se deduzcan en contra de las resoluciones adoptadas por los gobernadores; hacer cumplir las normas de la Ley de Extranjería, pudiendo, incluso, llegar a ordenar la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, con arreglo a lo dispuesto en este cuerpo legal; representar extrajudicialmente al Estado en los casos que indica; coordinar, fiscalizar o supervigilar cuando proceda, los servicios públicos que operen en su territorio; participar en la designación de los secretarios regionales ministeriales, proponiendo una terna al Jefe del Estado, como, asimismo, en la remoción de éstos y, demás altos funcionarios públicos que señala, con las formalidades que indica.

Cabe destacar que varias de las atribuciones antes señaladas se encuentran ya contenidas en textos legales en actual vigencia, tales como el D.F.L. N°22, de 1959, sobre Servicio de Gobierno Interior; el D.L. N° 1.094, de 1975, llamada Ley de Extranjería; y algunas disposiciones del D.L. N°575, de 1974, particularmente en diferentes numerales de su artículo 5°.

El capítulo II de este Título en comentario, que se refiere específicamente al gobernador, consta de cuatro artículos (3° al 6°).

En ellos se destaca que la gobernación es un órgano territorialmente desconcentrado del intendente, a cuya cabeza existirá un gobernador, también, al igual que el anterior, de exclusiva confianza del Presidente de la República, al cual corresponderá, efectuar la supervigilancia de los servicios públicos existentes en su territorio, de conformidad a los lineamientos que, sobre el particular, le imparta el intendente respectivo.

Además de la facultad antes indicada y de aquellas que le fueren delegadas por la primera autoridad regional, el artículo 4° le otorga, en forma directa, otras atribuciones. Entre ellas, se estima importante consignar las siguientes: la de ejecutar las tareas de gobierno interior en la provincia; la de llevar a la práctica las disposiciones legales sobre extranjería; la de otorgar permisos para realizar reuniones en lugares de uso público; la de informar al intendente acerca de las faltas que advirtiere en la conducta de los miembros del Poder Judicial dentro de su territorio; la de disponer de la fuerza pública dentro de su jurisdicción; la de tomar las providencias que sean del caso frente a eventuales situaciones de emergencia o catástrofe; la de ordenar el izamiento de la bandera nacional en su territorio, como, igualmente, permitir el uso de la misma o de pabellones extranjeros, en conformidad a la ley; la de autorizar la circulación de vehículos estatales fuera de la jornada ordinaria, como, asimismo, exceptuar a éstos del uso de disco fiscal; la de cutelar los bienes del Estado pudiendo, incluso, en su caso, exigir administrativamente su restitución.

Por su parte, el artículo 5° del proyecto en estudio faculta al gobernador, previa autorización del intendente, para designar delegados, con las características, formalidades y facultades que indica, respecto de zonas aisladas o de aquéllas que se encuentren en circunstancias especiales, pudiendo recaer dicho nombramiento en un ciudadano con derecho a sufragio, sin perjuicio de cumplir las demás exigencias establecidas en el Estatuto Administrativo.

Finaliza este capítulo posibilitando la creación de un consejo técnico asesor por parte del gobernador, integrado por autoridades de la Administración del Estado del respectivo territorio (artículo 6°).

Debe anotarse que la redacción del artículo 3° guarda consonancia con lo establecido en los incisos primero y segundo del artículo 105 de la Carta Fundamental, como, asimismo, el inciso primero del artículo 5° del proyecto con el artículo 106 del nuevo texto constitucional.

El capítulo III del Título en análisis que, como se señaló, contiene disposiciones de común aplicación a Intendentes y Gobernadores, consta de seis artículos (7° al 12).

La primera de las precitadas disposiciones exige para ocupar uno de estos cargos los siguientes requisitos: ser ciudadano con derecho a sufragio tener 21 años de edad; haber aprobado la enseñanza media; no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos; no hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, y residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

El artículo 8° declara incompatibles entre sí los cargos de intendente, gobernador, concejal y consejero municipal miembro del consejo económico y social. provincial y consejero regional, norma que parcialmente consagra el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política.

A continuación, el artículo 9° establece las causales de cesación en los cargos de intendentes y gobernadores, las que consisten en: perder alguno de los requisitos habilitantes exigidos al efecto; aceptar otro cargo incompatible; inscribirse como candidato a un cargo de elección popular; serle aceptada la renuncia; ser removido, por así disponerlo el Primer Mandatario, y, finalmente, por ser destituido por el Senado, de conformidad a las facultades constitucionales de éste.

El artículo 10 hace obligatorio para los intendentes y gobernadores tener su sede en la capital regional o provincial respectiva, aunque posibilita el traslado transitorio de las mismas.

El artículo 11 obliga a los jefes de servicios respectivos a proporcionar a los intendentes y gobernadores todos aquellos antecedentes que éstos les demanden.

El artículo 12 prescribe que los intendentes y gobernadores habrán de denunciar a la Contraloría General de la República y a la justicia ordinaria aquellas situaciones de las que pueda derivarse responsabilidad administrativa, civil o penal de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia.

El Título II de la ley en proyecto trata de la administración de la región, materia que desarrolla en siete capítulos.

El primero de ellos , en tres artículos (13 al 15), se refiere a la naturaleza y objetivos del Gobierno Regional. Así, en concordancia con lo preceptuado en los incisos segundo y tercero del artículo 100 del nuevo texto constitucional, prescribe que la administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella, dotando a éste de personalidad jurídica de derecho público y con patrimonio propio (artículo 13).

La disposición siguiente dispone que las funciones primordiales de estos gobiernos consistirán en el ordenamiento territorial, en el fomento de las actividades productivas y en el desarrollo social y cultural de la región, y el artículo 15 fija como sede de ellos la ciudad capital de ésta.

El capítulo segundo del Título en análisis contiene, en cinco artículos (16 al 20), las funciones y atribuciones del Gobierno Regional. Así, su artículo 16 consigna aquellas funciones de orden general; su artículo 17 las relativas al ordenamiento territorial; su artículo 18 aquéllas que les corresponde ejercer en materia de fomento de las actividades productivas; y, finalmente, en lo que a funciones respecta toda vez que el artículo 20 trata de las atribuciones de estos gobiernos el artículo 19 contempla las relativas al desarrollo social y cultural de la región correspondiente.

Entre las distintas categorías de funciones antes señaladas, se pueden citar las de: aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región y su proyecto de presupuesto, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación; resolver la inversión de los recursos comprendidos en la cuota que a la región corresponda en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de acuerdo al artículo 73 de esta ley, en conformidad a la normativa aplicable; destinar a proyectos específicos los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación; definir políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes; participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región; velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la región, desarrollando las políticas y normas nacionales sobre la materia; contribuir al desarrollo y aplicación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral; establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, coordinando a los entes públicos competentes y concertando acciones con los agentes empresariales y profesionales. Para tal efecto podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el número 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia; participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y, cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial; distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley.

Por su parte, como antes se advirtiera, el artículo 20 de la ley en proyecto contiene las atribuciones que se otorgan a este órgano para poder llevar a la práctica aquellas funciones mencionadas en las disposiciones que le preceden. A saber, la de aprobar los ,reglamentos regionales y aquella normativa que su organización interna requiera para su funcionamiento; la de adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos; la de acordar con los ministerios e instituciones de la administración pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad a esta ley; la de ser, en forma previa, informado sobre los demás programas y proyectos de desarrollo que las entidades de la administración pública nacional efectúen en la región; la de ordenar y supervigilar aquellas obras que se ejecuten con cargo al presupuesto regional; la de aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo; la de sancionar los planes reguladores comunales ciñiéndose a la normativa ministerial respectiva; la de formular, evaluar y priorizar programas y proyectos de infraestructura social básica; proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales; la de tomar conocimiento de los presupuestos y planes de obras municipales; asociarse con personas naturales o jurídicas o constituir entidades con el propósito de favorecer aquellas actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo de la región; y, por último, la de ejecutar los actos y celebrar los convenios conducentes al logro de sus fines.

El capítulo III, que trata de los órganos del Gobierno Regional, está conformado por el artículo 21, que le sirve de ancabezamiento y que, en consonancia con lo dispuesto en la primera parte del inciso tercero del artículo 100 de la Constitución Política, prescribe que este órgano estará conformado por el intendente y el consejo regional. Luego, en cuatro párrafos se contiene aquella normativa que dice relación con el intendente, el consejo regional, al gobernador y el consejo económico y social provincial, respectivamente.

El primero de los citados párrafos, que consta de cuatro Artículos (22 al 25), después de aclarar que en el Título I de la ley en proyecto ya se señalaron aquellas; funciones específicas que correspondía ejercer a los intendente, lo consagra como el órgano ejecutivo del gobierno regional y, en tal calidad, le entrega la presidencia del Consejo Regional, parte, esta última, que ya se encuentra consagrada en el inciso primero del artículo 101 de la Carta Fundamental (artículo 22).

El artículo 23 confiere a la primera autoridad regional, en el ejercicio de la primera de las calidades indicadas, una serie de facultades, entre las que cabe destacar las siguientes: la de elaborar las políticas de desarrollo regional, en consonancia con las políticas y los planes nacionales, y dirigir su ejecución; requerir del consejo regional la aprobación de los planes y estrategias de desarrollo de la región, como, asimismo, sus modificaciones; la de someter a la consideración del consejo regional el proyecto de presupuesto respectivo; proponer al consejo regional la distribución de aquella parte del FNDR asignado a la región, así como de las inversiones sectoriales destinadas a la misma; la de representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional; la de administrar los bienes y recursos regionales; la de coordinar, supervigilar o fiscalizar los servicios públicos que operen en la región; la de resolver los recursos administrativos que se deduzcan respecto de las resoluciones dictadas por los secretarios regionales ministeriales y, jefes de los servicios públicos en materias propias del gobierno regional; la de aprobar los planes reguladores comunales, previo acuerdo del consejo regional.

El artículo 24 fija un plazo de treinta días para que el. consejo regional emita su pronunciamiento respecto de los planes y estrategias regionales de desarrollo, del proyecto de presupuesto del gobierno regional. como, asimismo, de las modificaciones de ambos, presumiendo la decisión favorable de éste en caso de no hacerlo en ese lapso. En el evento de producirse discrepancias entre el intendente y el consejo regional sobre estas materias, la normativa hace primar lo propuesto por el intendente, a menos que el consejo insistiere en su posición por los dos tercios del total de sus miembros.

El artículo 25 consagra la calidad de jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional del intendente, debiendo proponer, al efecto la organización de éstos al consejo. Este personal se regirá por el Estatuto Administrativo, siendo su escala de remuneraciones igual de aquella aplicable a la Administraci6n Pública, a excepci6n de sus tres primeros niveles jerárquicos.

El párrafo II de este capítulo III que, como se advirtiera, se refiere al consejo regional, regula en quince artículos (del 26 al 40) esta entidad.

El artículo 26 reproduce, en términos muy similares, el inciso primero del artículo 102 del texto constitucional, esto es, señala como finalidad del consejo hacer efectiva la participación de la comunidad regional, estando dotado de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Por su parte, el artículo 27 se encarga de puntualizar que el consejo regional estará constituido, además del intendente, por consejeros a ser electos por los concejales existentes en la región; constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias que la integran, de conformidad a dos criterios de distribución: dos consejeros por cada una de ellas, sin consideración al número de habitantes, y, en segundo término, diez adicionales en las regiones de hasta un millión de habitantes y catorce en aquéllas que superen esa cifra, calculada de acuerdo al procedimiento que indica.

El artículo 28 hace aplicable a la elección de consejeros regionales el procedimiento que esta misma ley en proyecto propone más adelante, puntualizando que durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.

El artículo 29 señala como requisito para ser elegido en estos cargos tener la calidad de ciudadano con derecho a sufragio, haber cumplido 21 años de edad, con enseñanza básica completa y residir en la región durante los dos últimos años previos a la elección.

El artículo 30 contiene las inhabilidades para ser electo consejero regional, consultando, al efecto, tener las calidades de Parlamentario, de ministro de Estado, de intendente, de gobernador y de concejal; de Contralor General de la República, de contralor regional y de miembro del. Consejo del Banco Central; de magistrado de los tribunales superiores de justicia, de juez de letras, de funcionario que ejerza el ministerio público y de miembro del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales y, por último, hace extensible este impedimento a aquéllos que, por sí o como representante de personas naturales o jurídicas, tengan contratos o cauciones vigentes con el gobierno regional o litigios pendientes con éste en calidad de demandantes.

El artículo 31 contempla, por su parte, las incompatibilidades de dicho cargo señalando que lo es con el de concejal y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales, con el desempeño de las funciones públicas señaladas en el artículo anterior y con todo otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional.

El artículo 32 consulta dos impedimentos adicionales para ocupar el cargo de consejero regional, cuales son los de aquellos consejeros que, por sí mismo o como representante de personas naturales o jurídicas, celebren o caucionen contratos con el gobierno regional o promuevan litigios contra éste en calidad de demandantes, y de aquéllos que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra el respectivo gobierno regional, haciéndoles aplicables, asimismo, su artículo 33, las prohibiciones consultadas en el Estatuto Administrativo.

El artículo 34 contempla las funciones que se entregan al consejo regional, las que por su importancia se transcriben a continuación: “a) Aprobar los reglamentos regionales; b) Aprobar, en aquello no regulado por esta ley, la organización interna del gobierno regional, mediante la dictación del correspondiente reglamento, a proposición del intendente; c) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento; d) Prestar su acuerdo a los planes reguladores comunales con sujeción a la normativa ministerial que rija en la materia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 letra g); e) Aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, a propuesta del intendente; f) Aprobar, a proposición del intendente, la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional; g) Aprobar, a proposición del intendente, los convenios de programación que el gobierno regional celebre;

h) Fiscalizar el desempeño del ejecutivo regional respecto del cumplimiento del plan regional de desarrollo y de la ejecución del presupuesto del gobierno regional, pudiendo requerir del intendente la información necesaria al efecto; i) Dar su acuerdo al intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales, y j) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre los presupuestos y programas de obras comunales.”.

Su artículo 35, luego de preceptuar que el consejo regional celebrará sesiones ordinarias y, extraordinarias, la periodicidad mínima de las primeras y las materias a tratarse en unas y otras, entregando a este organismo la facultad de establecer, en su reglamento, la forma en que serán convocadas, señala que actuará como ministro de fe del mismo su secretario, quien habrá de ser nombrado por éste a proposición del Intendente.

El artículo 36 fija en dos quintos de los consejeros en ejercicio y en la mayoría absoluta de los consejeros asistentes los quórum mínimos para sesionar y adoptar acuerdos, respectivamente, Salvo que acerca de estos últimos la ley exija uno distinto.

El artículo 37 determina la dieta que habrán de percibir los consejeros regionales por cada sesión a la que asistan y su tope máximo.

El artículo 38 contiene las causales de cesación en el cargo en comentario, las cuales consisten en la renuncia aceptada por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio; la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero, o incurrir en alguna de las causales de inhabilidad sobreviniente señaladas en esta ley, y, finalmente, la de incurrir en alguna de las causales de incompatibilidad también prevista en ésta. Por su artículo 39 se entrega al propio consejo la calificación de la procedencia de las indicadas Causales, exigiendo, respecto de las dos últimas, que el acuerdo sea adoptado por los dos tercios de los miembros en ejercicio, en una sesión especialmente convocada al efecto, con la anticipación y las formalidades que en disposición en comentario indica.

El párrafo III de este capítulo consulta, en dos artículos, la normativa específica aplicable a los gobernadores. Así, el artículo 41, al igual que aquella disposición que encabeza el párrafo relativo a los intendentes, hace la salvedad de que las facultades que aquí se consultan deben entenderse complemantarias de aquellas referidas en el Título I de la ley en proyecto. Esta norma en comentario entrega al gobernador la administración superior de la provincia de que se trate, además de la presidencia del consejo económico y social provincial.

En forma directa, el artículo 42 consulta para los gobernadores una serie de atribuciones, siendo las principales las siguientes: la de conocer y supervisar los programas y proyectos de desarrollo que entidades del sector público efectúen en la provincia, de los cuales deberá ser oportunamente informado; la de proponer proyectos específicos de desarrollo al intendente; la de asesorar a los respectivos municipios, a solicitud de éstos, particularmente en la confección y puesta en práctica de programas y proyectos; la de incentivar la participación del sector privado en acciones que propendan al desarrollo de la provincia; la de ordenar la coordinación necesarias en el logro del desarrollo provincial, particularmente en los programas de infraestructura económica y social básica; la de fiscalizar y adoptar aquellas medidas conducentes a una adecuada coordinación de los organismos estatales que operen en la provincia;

El párrafo cuarto, que consta de trece artículos (43 al 55), se refiere al consejo económico y social provincial.

El primero de ellos, en términos similares a los consultados en el inciso tercero del artículo 105 de la Constitución, consagra la existencia de este órgano de carácter consultivo y de participación.

El artículo 44 establece quiénes conformarán este consejo, además del gobernador. Al efecto, distingue entre miembros que resultarán elegidos por las organizaciones sociales de la provincia, y aquéllos que lo serán por derecho propio. Entre los primeros, que serán un total de veinticuatro, habrá cuatro en representación de las uniones comunales de juntas de vecinos de la provincia; cuatro por las organizaciones comunitarias funcionales de la misma, entendiéndose que revisten tal calidad, para estos efectos, los colegios profesionales; ocho que representen a las organizaciones laborales constituidas legalmente; y, finalmente, ocho elegidos por las entidades que agrupen a los empresarios y demás unidades productivas.

Ahora bien, en cuanto a aquellos que integrarán este consejo por derecho propio, señala a: un miembro de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que tengan asiento en la respectiva provincia, designados por el mando provincial correspondiente; y representantes, en un número máximo de cuatro, de los rectores de las Universidades que funcionen en la provincia correspondiente.

El artículo 45 entrega al gobernador la presidencia del consejo en comento, pudiendo convocarlo, sin perjuicio de la facultad del mismo de autoconvocarse por un tercio de sus miembros.

El artículo 46 indica las atribuciones que se otorgan a este organismo, que son: "a) Ser consultado por el gobernador sobre los anteproyectos de plan regional de desarrollo y de presupuesto del gobierno regional, con anterioridad al sometimiento de estas iniciativas al consejo regional, y emitir opinión a su respecto; b) Recibir semestralmente una cuenta del gobernador sobre la marcha de la administración a nivel provincial y de la ejecución de los programas y proyectos que se desarrollen en la provincia; c) Realizar estudios y emitir opinión en materias de desarrollo provincial; d) Presentar proposiciones de proyectos específicos para el desarrollo de la provincia, a fin de que sean consideradas por el gobernador para su inclusión en los programas respectivos, y e) Absolver las consultas que le formule el gobernador.".

El artículo 47, luego de prescribir que los miembros de este consejo permanecerán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos, indica que no percibirán remuneración alguna por su ejercicio, debiendo reunir quienes lo sirvan los mismos requisitos exigidos para ocupar el cargo de consejero regional, quedando afectos a las inhabilidades señaladas por las letras a), b), c) y d) del artículo 30 de esta ley, ya analizado.

El artículo 48 designa una comisión, presidida por el gobernador, quien determinará qué entidades fuera de aquellas que, por derecho propio, integran este consejo económico y social tendrán derecho a participar en la elección de sus representantes, por estamento ante este organismo, como, asimismo, las normas procedimentales que regularán las elecciones de cada estamento, actuando como secretario y ministro de fe de esta comisión el Conservador de Bienes Raíces con sede en la capital de la provincia.

Los restantes artículos de este párrafo se encargan de regular, pormenorizadamente el procedimiento a que deben sujetarse las organizaciones antes mencionadas para efectos de ser consideradas por la comisión a que se refiere el artículo precedente. Así, se establece el plazo y la forma de inscripción, los requisitos de vigencia, la manera de reclamar frente a eventuales irregularidades que se cometan y, el órgano competente mención especial merecen los artículos 54 y 55, en los cuales se dispone que cada elector dispondrá de un voto para elegir un miembro titular y otro suplente del correspondiente estamento, resultando electos los seis candidatos titulares y suplentes que hayan obtenido las más altas mayorías, declaradas por el Tribunal Electoral Regional.

El capítulo IV, que consta de ocho artículos (del 56 al 63), se refiere a la estructura administrativa del gobierno regional y otros órganos de la administración pública en las regiones.

Así, el artículo 56, luego de disponer que el gobierno regional habrá de contar con los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, señala que deberá consultar necesariamente una unidad de asistencia jurídica, como, asimismo, otra de gestión y control de los recursos y programas de los gobiernos regionales.

El artículo 57, en íntima armonía con el artículo 103, inciso segundo, de la Carta Fundamental y con el artículo 23 de la ley Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado, dispone la desconcentración territorial de los ministerios, a través de secretarías regionales ministeriales, a excepción de las Carteras del Interior, Secretaría General de la Presidencia, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

El artículo 58, en concordancia con los artículos 23 y 39 de la antes mencionada ley Orgánica Constitucional, indica que estas secretarías regionales ministeriales serán de cargo, cada una de ellas, de un secretario regional ministerial, el que, además de su calidad de representante de su Secretaría de Estado, colaborará directamente con el intendente respectivo, estando subordinado a éste en todo lo que diga atingencia con la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean de competencia del gobierno regional. Agrega esta norma que serán nombrados por el Presidente de la República como igualmente removidos por éste de entre aquellas personas que figuren en sendas ternas, propuestas por el intendente y por el ministro del ramo, respectivamente.

El artículo 59 obliga a los secretarios regionales ministeriales a ceñirse a las instrucciones técnicas y administrativas emanadas de su respectivo ministerio, siendo las discrepancias que, eventualmente pudieran producirse entre el intendente y el ministro del ramo resueltas por el Jefe del Estado.

El artículo 60 contiene las funciones que corresponde ejercer a estas entidades, entre las cuales se pueden nombrar la de confeccionar y llevar a la práctica las políticas, planes y proyectos regionales, pudiendo adoptar las acciones de coordinación necesarias para tal objeto de los órganos que integren el respectivo sector; la de analizar, conjuntamente con los organismos involucrados, los planes de desarrollo sectoriales; la de preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, en coordinación con el ministerio correspondiente; la de mantener permanentemente informado al intendente acerca del grado de cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector; la de fiscalizar los organismos que integren su respectivo sector.

El artículo 61 consulta la existencia de un órgano auxiliar del intendente, que denomina gabinete regional, del cual forman parte los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales, sin perjuicio de que el intendente pueda integrar a él, en calidad de miembros permanentes o invitados, a los jefes regionales de organismos de la Administración del Estado.

El artículo 62 contempla una norma similar a la contenida en el inciso segundo del artículo 30 de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, disponiendo que la desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales se llevará a cabo mediante direcciones regionales o provinciales a cargo de un director, dependiente del director nacional del servicio. Sin embargo, en materia de ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, quedarán subordinados al intendente, a través del SEREMI respectivo.

El artículo 63 prescribe que todas las entidades públicas, exceptuando a aquellas constitucionalmente autónomas, estarán sujetas a la coordinación, supervigilancia y fiscalización, en su casos del intendente, a través del respectivo secretario regional ministerial, a fin de dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos que sean propios del ámbito regional. Igualmente, las obliga a proporcionar oportunamente la información que requiera el gobierno regional para el cumplimiento de sus funciones.

El capítulo V, que consta de tres artículos (del 64 al 66), se refiere a las asociaciones regionales.

El artículo 64 posibilita que los gobiernos regionales puedan asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entes que tengan por objeto impulsar acciones o iniciativas sin fines de lucro que tiendan al desarrollo de la región, pudiendo realizar, de esta manera, especialmente, análisis orientados a definir áreas o sectores con potencial de crecimiento, fomentar la ejecución de proyectos de inversión, dar mayor énfasis a la creación de asociaciones de pequeños y medianos productores, impulsar la innovación tecnológica, promover una gestión empresarial más exitosa y realizar acciones de capacitación.

Cabe hacer presente que el inciso primero de esta disposición está consultado en el artículo 104, inciso penúltimo, del nuevo texto constitucional.

El artículo 65, por su parte, puntualiza que la formación de tales entidades precisará del acuerdo del consejo regional que corresponda, a proposición del intendente, y que a dichas instituciones les será aplicable la legislación común, quedándoles vedado, sin embargo, la posibilidad de contratar empréstitos.

El artículo 66 señala las estipulaciones mínimas que deben contener los actos jurídicos celebrados por los gobiernos regionales para crear las denominadas asociaciones regionales, siendo éstas, en síntesis, la determinación de las obligaciones y el financiamiento y otros recursos que el gobierno regional proporcione, rigiendo en este caso, también, la prohibición de contratar empréstitos.

El capítulo VI, que consta de diez artículos (del 67 al 76), se refiere al patrimonio y sistema presupuestario regional.

El artículo 67 establece la conformación del patrimonio del gobierno regional de la siguiente manera: los bienes muebles e inmuebles que les transfiera el Fisco y los que adquiera a cualquier título, como igualmente los frutos de éstos; las donaciones, herencias y legados que reciba, exceptuándolas del trámite de insinuación; los ingresos que obtenga por los servicios que preste; los recursos que recaude en razón de que una ley así lo permita por tener una clara identificación local; la parte que le sea asignada en la distribución del FNDR; las obligaciones que asuma en el desempeño de las actividades que le son propias; los derechos y obligaciones que adquiera con motivo de su participación en las asociaciones tratadas en el capítulo anterior; y, finalmente, los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley.

El artículo 68 establece el estatuto aplicable a los señalados bienes. Así, aquellos destinados a su funcionamiento y los dineros depositados serán inembargables; hace aplicable las normas que rigen para el sector público a la forma de adquirir bienes raíces, especificando que sólo podrán ser gravados, entregados en comodato o arrendamiento y enajenados en caso de necesidad o utilidad manifiesta, estableciendo un procedimiento especial para esta última situación; obliga a vender en remate público los bienes muebles dados de baja, sin perjuicio de la facultad del intendente, con el acuerdo de los dos tercios del consejo regional, de donar estos bienes a instituciones sin fines de lucro que operen en la región; posibilita que sus bienes puedan ser objeto de permisos y concesiones de administración, siendo esencialmente precarios, en los términos que indica; y, finalmente, señala el régimen aplicable al dominio, asignación y transferencia de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con recursos provenientes del FNDR.

El artículo 69 define lo que constituirá el presupuesto del gobierno regional, disponiendo que se regirá por las normas de la Ley orgánica de Administración Financiera del Estado; que estará compuesto por los recursos que le asigne la Ley de Presupuestos; que debe consultar un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos provenientes del FNDR y, los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región. Agrega, que el proyecto de presupuesto del gobierno regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación; de serlo se enviará al Ministerio de Hacienda, en conformidad al procedimiento que esta Cartera establezca.

El artículo 70, en concordancia con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 104 de la Constitución Política, define al FNDR como "un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región", estará conformado por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley de Presupuesto y su distribución se realizará entre las regiones, asignándoles sus respectivas cuotas.

El artículo 71 establece que la aludida distribución, en un 90%, se expresará anualmente en la Ley de Presupuesto, habida consideración de las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación al contexto nacional, considerándose, para tal fin, las

dos variables siguientes, con idéntica incidencia: el nivel socíoeconómico de la región, medido en términos de indicadores como el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental; y, por otra parte, la condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores tales como la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico y su distancia respecto a la región metropolitana. Se dispone para el cálculo de las anotadas variables el empleo de cifras oficiales, emanadas de los Ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de Organismos Internacionales reconocidos por el Estado de Chile.

En lo que respecta a la distribución del 10% restante del FNDR, el artículo 72 de la ley en proyecto establece que habrá de llevarse a cabo durante el transcurso del año presupuestario correspondiente, del modo siguiente: un 5% como estímulo a la eficiencia, considerando, al menos, el porcentaje de desembolsos efectivos en relación al marco presupuestario del año anterior y el monto de la cartera de proyectos de inversión elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, disponiendo que será el Ministerio del Interior quien, mediante resolución fundada, establecerá en el primer trimestre de cada año dicha distribución; y, el otro 5%, para gastos de emergencia, a ser calificados también por dicha Cartera, a solicitud de los gobiernos regionales, para distribuir, de conformidad a la mecánica señalada en el artículo 71, ya analizado, en el ejercicio presupuestario siguiente, aquella parte no utilizada de este último porcentaje.

El artículo 73 dispone que podrán sumarse a la cuota del FNDR que corresponda a la respectiva región los ingresos propios que genere el gobierno regional, además de los recursos que, por ley o por convenio, se asignen a una o más regiones, no pudiendo, para estos efectos, aplicarse los criterios de distribución ya vistos con ocasión día tratar el artículo 71.

El artículo 74 entrega a la Ley de Presupuestos la determinación de los fines a los que no podrá ser destinado el FNDR, estableciendo la normativa y procedimiento aplicables a los proyectos de inversión, los estudios y programas que se efectúen.

En cumplimiento de lo preceptuado en tal inciso tercero del artículo 104 de la Carta Fundamental, el artículo 75 del proyecto obliga a consultar en la Ley de Presupuesto uno o más ítem del gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional, entregando al gobierno regional correspondiente la, resolución acerca de cómo habrán de distribuirse tales recursos, debiendo considerar las pautas de elección impartidas por el ministerio de que se trate en relación a los proyectos específicos porque se opte.

Luego, la disposición en comento define la inversión sectorial de asignación regional como “toda aquélla que corresponda a estudios preinversionales, programas y proyectos de inversión que, siendo responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deban materializar en una región específica y sus efectos económicos directos se concentren principalmente en ella”, pudiendo tales acciones incluir financiamiento conjunto del gobierno regional y del órgano o servicio público correspondiente y debiendo cumplir, además, con la normativa que allí se establece.

El mismo artículo permite el traspaso de recursos entre los distintos programas de inversión sectorial de asignación regional, como, asimismo, entre éstos y proyectos correspondientes al FNDR, hasta por un porcentaje que no supere el 5% del presupuesto asignado a los primeros.

El artículo 76 se encarga de conceptualizar los convenios de programación aludidos en el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución como aquellos “acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inarersión que ellos concuerdan realizar dentro de un plazo determinado”, señalando, a continuación, las especificaciones que necesariamente deberán contener, así como la forma en que deberán ser sancionados.

El capítulo VII de este Título II, que consta de dos párrafos, se refiere, pormenorizadamente, a la elección de los consejeros regionales, el que se revisará en sus aspectos principales.

El primero de ellos, que comprende nueve artículos (del 77 al 85), trata de los Colegios Electorales Provinciales y de la votación.

Así, se consulta la existencia de un colegio electoral en cada provincia, compuesto por los concejales respectivos, para efectos de proceder a la elección de los consejeros regionales, confiriendo al Tribunal Electoral Regional un rol protagónico en relación a una serie de materias, tales como, la confección de la nómina de los electores, la designación por sorteo de los miembros de la mesa, y el local en que se instalará el colegio electoral. Luego, se regula la constitución de cada colegio electoral y su quórum de instalación, así como la presentación de las candidaturas y sus diferentes modalidades; la forma en que habrá de realizarse la elección, el escrutinio de los votos y cómo definirán tanto los candidatos titulares como suplentes.

El párrafo II, que consta de ocho artículos (del 86 al 93), se refiere a las reclamaciones del acto electoral.

Al efecto, se establece un procedimiento frente a cualquier eventual irregularidad cometida en, el acto eleccionario; el órgano competente para conocer y resolver tales acciones, los efectos de sus resoluciones y la forma a que debe someter su actuar.

El Título Final, que consta de tres artículos (del 94 al 96), amén de indicar que los gobiernos regionales, los intendentes y gobernadores se relacionaran con el Primer Mandatario a través de la Cartera del Interior y que las competencias que se confieren a los primeros, en la medida que no les hayan sido expresamente encomendadas por la ley en proyecto, no interferirán con aquéllas que corresponda ejercer a la Administración Pública Nacional, permite la radicación en los gobiernos regionales de funciones específicas encomendadas a otros órganos administrativos, requiriéndose, al efecto, de la existencia de un convenio entre el gobierno regional y la entidad respectiva, a ser suscrito, además, por el Ministro del Interior.

Por último, el proyecto de ley en informe propone seis disposiciones transitorias que, también, someramente, pasan a analizarse.

La primera de ellas indica que, para los efectos de determinar los recursos a ser asignados al FNDR durante los años 1993 y 1994, se habrá de tomar como base el crecimiento promedio de la inversión pública nacional haciendo exclusión de la inversión sectorial de asignación regional, habida durante 1921 incrementados tales recursos en una tasa no inferior al 25% de este último.

La segunda, que apunta a la inversión sectorial de asignación regional, a ser considerada en los presupuestos de los años 1993 y 1994, además de señalar los rubros mínimos que la conformarán, indica el porcentaje inferior de un 25% en que habrá de crecer, tomando como base, al efecto, la tasa de crecimiento de la inversión pública restante durante los mismos años, haciendo exclusión, eso sí, del FNDR.

Las tercera y cuarta entregan al Jefe del Estado la conformación del primer presupuesto de los gobiernos regionales, como, asimismo, su organización interna y las plantas de personal que servirán en los mismos, con las modalidades que indican.

La quinta llena el vacío que se producirá respecto a la competencia de los intendentes y gobernadores en el tiempo que medie entre la publicación de la ley, en proyecto y la instalación de los gobiernos regionales, como, asimismo, mantiene respecto de los COREDES su actual situación jurídica, durante dicho lapso.

La sexta aborda la situación especial que se presenta respecto de los bienes adquiridos o construidos a través del FNDR, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley en proyecto, y que no hayan sido objeto de transferencia por no haberse hecho uso de la facultad que, a este respecto, contiene el artículo 16 de la ley N°18.267, estableciendo, como regla general, que deberán entenderse radicados en el dominio de las entidades públicas no fiscales o de las de carácter privado a las cuales se encuentren asignados a la fecha. Por otra parte, respecto de los mismos bienes, pero que estén siendo utilizados por entes fiscales, también los destina a éstos. Excepcionalmente, el inciso segundo de la norma en comento posibilita que los señalados bienes pueden mantenerse en el patrimonio del gobierno regional, todo ello, cumpliendo las formalidades que sobre el particular esta misma norma contempla.

IV. DISCUSION Y VOTACION DEL PROYECTO.

A. Discusión general

Cabe consignar que vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social compartió plenamente los puntos de vista sustentados por el Ejecutivo al fundamental la iniciativa en informe, procediendo, por unanimidad, a prestar su aprobación a la idea de legislar sobre la materia.

B. Discusión particular

Durante el estudio pormenorizado del proyecto, vuestra Comisión adoptó, respecto de su articulado, los acuerdos siguientes:

Artículo 1°.

Su inciso primero, que reproduce en términos muy similares lo preceptuado por el artículo 100, inciso primero, de la Constitución Política, fue aprobado por unanimidad, sin alteración alguna.

A su inciso segundo, que trata de la subrogación del intendente, se presentó una indicación, patrocinada por los señores Bombal, Carrasco, García Ruminot, Hamuy, Letelier, Ortega y Ulloa, aprobada por simple mayoría de votos, que sustituye su texto en términos de establecer que dicha autoridad habrá de ser subrogado por el gobernador de aquella provincia asiento de la capital regional, manteniendo la facultad del Primer Mandatario para designar a otra persona que goce de su confianza.

Se indicó, para justificar esta modificación introducida al texto propuesto, que era de extraordinaria conveniencia que quien ejerciera tal subrogación fuese un colaborador cercano de la primera autoridad regional, tanto física como laboralmente, de suerte de mantener la continuidad en el manejo de la cosa regional, precaviendo, a la vez, que, quien ocupe transitoriamente el cargo, dilate la adopción de decisiones en espera del reintegro del titular.

Artículo 2°.

Esta disposición, que contiene las funciones que se entregan al intendente, en su carácter, de representante del Jefe del Estado en la región, y que fueran analizadas en su oportunidad en este informe, fue aprobada, en todas sus letras, por asentimiento unánime, con excepción de sus letras k) y l) que lo fueron por simple mayoría de votos, en los mismos términos contenidos en el Mensaje. Sin perjuicio de lo anterior su letra c), relativa a que pueda disponer de la fuerza pública, como, asimismo, su letra ñ), que se refiere a la adopción de medidas destinadas a afrontar eventuales situaciones de emergencia o catástrofe y que fue motivo de una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Carrasco, García Ruminot, Letelier, Ortega y Ulloa, por la cual se agrega la expresión "prevenir" a su texto, las cuales lo fueron por simple mayoría de votos y tres abstenciones.

Artículo 3°.

Esta norma, queseñala la existencia de una gobernación por provincia, de cargo de un gobernador, entregando a éste la supervigilancia de los servicios públicos existentes en su territorio, de conformidad a las directrices que imparta el respectivo intendente, fue aprobada, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 4°.

Este artículo, que indica las atribuciones que le corresponderá desempeñar al gobernador, fue aprobado, por unanimidad, en todas sus letras, y en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo, con las siguientes salvedades: su letra e), que se refiere a que pueda disponer de la fuerza pública , la que fuera aprobada por simple mayoría y tres abstenciones; su letra f) relativa a la adopción de medidas para afrontar situaciones de emergencia o catástrofe, que fue objeto de una indicación, copatrocinada por la señora Caraball y los señores Carrasco, Elizalde, García Ruminot, Letelier, Ortega y Ulloa, que le introduce el término "prevenir'', que fuera aprobada por igual quórum de votación; su letra h), que trata de la facultad que se le confiere en relación a la circulación de vehículos estatales fuera de la jornada ordinaria y al uso del disco distintivo fiscal, la que fuera aprobada por simple mayoría de votos; y, finalmente, su letra i), que apunta a la vigilancia que deberá ejercer respecto de los bienes del Estado, que fue aprobada por simple mayoría de votos.

Artículo 5°.

Esta disposición se refiere al nombramiento de delegados por parte del gobernador y las modalidades a que éste deberá sujetarse.

A su inciso primero se presentaron sendas indicaciones, suscritas por los señores Aguiló, señora Caraball, Carrásco, Elízalde, Hamuy y Ortega. La primera de ellas, encaminada a suprimir la frase inicial, que subordina a la autorización del intendente la operatoria de dichos nombramientos, fue aprobada por simple mayoría de votos; la segunda, que elimina la circunstancia especial de que existan condiciones de aislamiento, lo fue por mayoría de votos y una abstención.

Las razones tenidas en cuenta para este proceder fueron que el gobernador se encontraba en mejores condiciones que nadie para apreciar, en el terreno mismo, los casos en que se presentaran tales supuestos y, por otro lado, que la parte final del inciso en referencia, atendida su amplitud, incluía ya la situación en que se colocaba la frase que se elimina.

Sus incisos segundo y cuarto se aprobaron, por unanimidad; su inciso tercero lo fue por simple mayoría de votos, en los mismos términos señalados en el Mensaje.

Artículo 6°.

Esta disposición, que faculta al gobernador para crear un consejo técnico asesor, fue aprobada, por unanimidad, en igual forma que la propuesta.

Artículo 7°.

Esta norma, que contiene los requisitos necesarios para ser designado intendente o gobernador, fue aprobada, por unanimidad, en idénticos términos a los señalados, salvo en lo que dice relación con su letra b), que indica la edad mínima con que se debe contar, la que, conjuntamente con una indicación suscrita por el señor Elgueta, que eliminó el término "cumplidos", lo fue por simple mayoría de votos y dos abstenciones, por entender la Comisión que era redundante.

Artículo 8°.

Esta disposición, que establece la imposibilidad de servir simultáneamente los cargos de intendente, gobernador, concejal y consejero municipal, miembro del consejo económico y social provincial y consejero regional, fue aprobada, por unanimidad, en igual forma que la propuesta.

Artículo 9°.

Este artículo, que contempla las causales de cesación en los cargos de intendente y gobernador, fue aprobado, por asentimiento unánime, en los mismos términos consignados en el Mensaje.

Artículo 10.

Este precepto, que permite el traslado transitorio de las sedes de los intendentes y gobernadores, dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales, como, igualmente, fija la ubicación permanente de las mismas, fue aprobado, por simple mayoría de votos, en idénticos términos a los propuestos.

Artículo 11.

Esta norma, que posibilita que las antes aludidas autoridades puedan requerir de los jefes de los organismos de la Administración del Estado los antecedentes que estimen pertinentes, fue aprobada, por unanimidad, en forma igual a la que se propone.

Artículo 12.

Esta disposición, que obliga a los intendentes y gobernadores a denunciar ante el organismo correspondiente, los actos funcionarios de los que pueda derivarse algún tipo de responsabilidad culpable o dolosa, fue aprobada, por asentimiento unánime, sin alteraciones.

Artículos 13 y 14.

Estos artículos, en que se establecen los Gobiernos; Regionales, sus características jurídicas, objetivos y funciones preferentes de los mismos, fueron objeto de un reordenamiento y adecuación de sus textos, con motivo de aprobarse sendas indicaciones, copatrocinadas por los señores Aguiló, Barrueto, Carrasco, Elgueta, Hamuy, Montes y Ortega, presentadas con tales propósitos. La primera, por unanimidad y una abstención, y la segunda por simple mayoría de votos.

Artículo 15.

Esta norma, que determina la sede de los Gobiernos Regionales, fue objeto de una indicación, patrocinada por los señores Elgueta, Elizalde, Hamuy, Ortega y Ulloa, tendiente a posibilitar que

éstos puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades, buscando la consonancia con lo preceptuado en el artículo 10.

Este artículo, con la mencionada indicación, fue aprobado por simple mayoría y tres abstenciones.

Artículo 16.

Esta disposición contempla las funciones generales que corresponde ejercer al gobierno regional en su cometido, las cuales fueran señaladas en el capítulo anterior de este informe, y sometidas al siguiente tratamiento por parte de la Comisión: sus letras a) d) y e) fueron aprobadas por unanimidad en los mismos términos propuestos por el Mensaje; su letra b) fue motivo de una indicación, aprobada por unanimidad y una abstención, suscrita por el señor Elgueta y Hamuy, por la cual se suprimió la frase "comprendidos en la cuota", por entenderse que era redundante; a su letra c) fue presentada una indicación por parte de los señores Aguiló, Barrueto, Carrasco, Elgueta Hamuy y Ortega, por la cual se cambia su primera parte por la de “Decidir la destinación a proyectos específicos”, la cual fuera aprobada por mayoría de votos; y, finalmente, su letra f), relativa a situaciones de emergencia o catástrofe, fue objeto de una indicación de los señores Elgueta y Hamuy, aprobada por unanimidad y una abstención, encaminada a que la adopción de medidas necesarias para enfrentarlas queden enmarcadas

en la ley.

Artículo 17.

Esta norma, que se refiere a las funciones que corresponde desempeñar a estos gobiernos en asuntos de ordenamiento territorial, también ya analizada, fue motivo de los siguientes acuerdos: su letra a) fue motivo de una indicación de los señores Hamuy y Ulloa, aprobada por simple mayoría, por la que se reemplaza su palabra inicial "Definir'' por la de “Establecer” su letra b) fue aprobada por unanimidad sin alteraciones; su letra c) fue motivo de una indicación sustitutiva, aprobada por asentimiento unánime, y copatrocinada por los señores Aguiló, Hamuy y Ortega, por la cual aquellas actividades que deberán desarrollar estos entes en pro del medio ambiente habrán de enmarcarse dentro de las políticas y normas nacionales que se dicten sobre el particular, proporcionándoles, eso sí, iniciativa local a este respecto; su letra d) fue objeto de una indicación presentada por los señores Carrasco y Hamuy, aprobada por unanimidad, por la cual se amplía transporte internacional fronterizo las facultades que le corresponde desempeñar en esta materia; a su letra e) se presentaron sendas indicaciones por parte de los señores Aguiló, Bombal, Carrasco, García Ruminot, Hamuy, Ortega y Ulloa, aprobadas por unanimidad, por la que se reemplaza la palabra "Estimular", que la encabeza, por las expresiones “Fomentar y, propender", como, asimismo, se suprime el término "básica", con que concluye.

Artículo 18.

Este precepto considera aquellas funciones que les corresponde ejercer en lo relativo al fomento de las actividades productivas.

A su letra a) se presentó una indicación, aprobada por unanimidad, copatrocinada por la señora Caraball y los señores Aquiló, Barrueto, Bombal, Carrasco, Elgueta, García Ruminot, Hamuy, Montes, Ortega y Ulloa, mediante la cual se reemplaza su texto en orden a conferir al gobierno regional un rol más activo en la formulación de las políticas de carácter nacional que incidan en el fomento productivo, en la asistencia técnica y en la capacitación laboral, a aplicarse en la región; a su letra b) se presentaron sendas indicaciones: la primera, suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló, Barrueto, Carrasco, Elgueta, Hamuy, Montes y Ulloa, aprobada por unanimidad, se encarga de poner especial énfasis en la labor de cuidado de los recursos naturales (son ocasión de la explotación de que fueren objeto para el fomento productivo de la región; la segunda, patrocinada por la señora Caraball y los señores Elqueta, Hamuy y Ortega, aprobada por unanimidad y una abstención, que esclarece que se vinculará con el sector privado, en los estamentos que corresponda, a fin de establecer prioridades de fomento productivo; a su letra c) se presentó una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Carrasco, Elgueta, García Ruminot y Hamuy, aprobada por: asentimiento unánime, que amplía la facultad allí contemplada a la promoción, también, del desarrollo de la educación superior y técnica; y, por último, su letra d) fue aprobada, por simple mayoría de votos, en los mismos términos señalados en el Mensaje.

Artículo 19.

Este artículo, que contiene las funciones a ejercer en materia de desarrollo social y cultural, fue objeto del, siguiente tratamiento por parte de la Comisión: su letras a), b), d) y f) fueron aprobadas

por unanimidad, sin sufrir alteración alguna. Su letra c) fue objeto de una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Barrueto, Hamuy, Ortega y Ulloa, aprobada por asentimiento unánime y una abstención, que incorpora un nuevo aspecto a considerar en la evaluación de los proyectos de inversión, cual es el de considerar el impacto ambiental de los mismos. Su letra e) fue motivo de una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló, Barrueto, Elgueta, Hamuy y Ulloa, aprobada por unanimidad, que incorpora el factor “calidad de vida" a la misma, con el propósito de ampliar el campo de los estudios que habrán de realizar estos gobiernos en lo que respecta a su población.

Artículo 20.

Esta disposición, que consulta las atribuciones que se entregan al gobierno regional, tuvo el siguiente tratamiento: sus letras b), c), f), h), i), k) y l) fueron aprobadas por asentimiento unánime, sin variaciones; sus letras d) y e) también fueron aprobadas en idénticos términos, pero registrándose simple mayoría en la primera y, además, una abstención en la segunda; su letra a) fue objeto de una indicación, suscrita por los señores Hamuy y Ulloa, aprobada por unanimidad, que incorpora la expresión "y modificar" a la misma, ampliando aquella consultada en el Mensaje que apuntaba solamente a la aprobación de la normativa allí indicada; su letra g) fue motivo de una indicación, suscrita por la señora Caraball y el señor Hamuy, aprobada por simple mayoría de votos, por la que se elimina la palabra "ministerial", por estimarla restrictiva; a su letra j) se presentó una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Bombal, Elizalde y Ulloa, aprobada por simple mayoría de votos, por la cual se consulta dentro de las atribuciones que se confieren a los gobiernos regionales la de conocer los presupuestos municipales, los de los servicios traspasados y de las modificaciones que puedan sufrir unos y otros, como, asimismo, de sus respectivos proyectos de inversión.

Artículos 21 y 22.

Fueron aprobados por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 23.

Este artículo enumera las facultades que habrá de ejercer el intendente en su carácter de órgano ejecutivo del gobierno regional.

Sus letras a), b), d), f), g), h), i), j), k), l), m), ñ) y p) fueron aprobadas por unanimidad sin variaciones. Su letra c) lo fue por simple mayoría de votos y dos abstenciones. Su letra e) fue motivo de una indicación, aprobada por unanimidad, suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló, Elizalde y Hamuy, para sustituir en ella la expresión “De la cuota" por "de los recursos”, a fin de compatibilizar su redacción con aquella forma empleada en la letra b) del artículo 16 de la ley en proyecto. Su letra n) fue motivo de una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló y Hamuy, aprobada por unanimidad, por la que se sustituye la palabra "Conocer", que la encabeza, por la expresión “ser informado”, con el propósito de darle una amplitud mayor a su contenido. A su letra o) se presentó una indicación, copatrocinada por los señores Elgueta, Elizalde y Hamuy, aprobada por igual quórum de votación que la anterior, y, que también reemplaza su encabezamiento "Aprobar" por la expresión "Poner en vigor", por estimarlo más propio de la función del intendente.

Artículo 24.

Esta norma fue motivo del siguiente tratamiento por parte de la Comisión: su inciso primero, que señala un plazo para que el consejo regional emita un pronunciamiento en relación a las materias contenidas en las letras b) y d) precedentes, fue objeto de una indicación, suscrita por los señores Elizalde, García Ruminot, Hamuy y Ulloa, aprobada por unanimidad, que hace computable dicho término desde que sea convocado y entregados los antecedentes correspondientes. Su inciso segundo, que entrega a la primera autoridad regional el voto dirimente, en caso de existir discrepancias sobre las mismas materias entre ésta y el consejo regional, a menos que el consejo pueda insistir por los dos tercios del total de sus integrantes, fue motivo de una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló, Carrasco, Elizalde, Hamuy y Ulloa, aprobada por igual quórum de votación que la anterior, que rebaja a tres quintos esta mayoría.

Artículo 25.

Este artículo, que entrega al intendente la jefatura superior de los servicios administrativos del gobierno regional y, además, establece la obligación de someter al consejo la organización de éstos, como, asimismo, la normativa a que habrá de someterse dicho personal, fue aprobado por simple mayoría de votos, sin variaciones.

Artículos 26. 27 y 28.

Estas disposiciones que, como se señaló en su oportunidad, tratan de la finalidad, las facultades, la integración y el procedimiento mediante el cual habrán de ser designados los integrantes del consejo regional, como, asimismo, el tiempo de duración en sus cargos, fueron aprobadas, por unanimidad, en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo.

Artículo 29.

Este artículo, que determina los requisitos para ser elegido consejero, fue motivo de sendas indicaciones. La primera, suscrita por los señores Aguiló, Barrueto, Carrasco, Hamuy y Montes, aprobada por simple mayoría y una abstención, que limita al hecho de saber leer y escribir la exigencia de contar con enseñanza básica. La segunda, patrocinada por los señores Aguiló, Barrueto, Elizalde, Hamuy, Montes y Ulloa, aprobada por unanimidad, reemplaza la circunstancia de tener 21 años de edad cumplidos por ser mayor de edad, con el objeto de adecuar la norma a los eventuales cambios que se propician sobre el particular.

Artículo 30.

Esta norma, que señala cuáles son las inhabilidades que afectan a las personas para desempeñar el cargo de consejero regional, en sus letras a), c) 1, e), fue aprobada por unanimidad en los mismos términos propuestos en el Mensaje.

Su letra b) fue objeto de una indicación presentada por los señores Hamuy y Ulloa, aprobada por igual quórum de votación, que agrega, dentro de las mismas, a quienes desempeñen el cargo de subsecretario. Su letra d) fue motivo de una indicación, suscrita por los señores Elgueta, Elizalde y Hamuy, aprobada por unanimidad y tres abstenciones, que incluye como una causal de inhabilidad la de ser miembro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.

Artículo 31.

Este artículo, que indica las incompatibilidades del cargo en cuestión, fue objeto de sendas indicaciones. La primera, suscrita por los señores Hamuy y, Letelier, aprobada por unanimidad y una abstención, la amplía a los secretarios ministeriales y a los directores de servicios regionales. La segunda, patrocinada por la señora Caraball y los señores Aguiló, Carrasco y Hamuy, aprobada por unanimidad, la hace extensiva a los cargos de la planta directiva municipal.

Artículo 32.

Fue aprobado por unanimidad en los mismos términos.

Artículo 33.

Esta disposición, que hace aplicable a los consejeros las prohibiciones consultadas en el estatuto administrativo, fue motivo de una indicación, patrocinada por los señores Aguiló, Carrasco, Hamuy y Letelier, aprobada por unanimidad, que establece como única excepción a tal normativa la de participar en actividades políticas y sindicales.

Artículo 34.

Esta norma, que determina las funciones que corresponde ejercer a este órgano, fue motivo del siguiente tratamiento: sus letras a), b), c), h) e i) fueron aprobadas por unanimidad sin alteraciones; su letra j) lo fue en los mismos términos, pero por simple mayoría de votos; su letra d), que propone prestar su acuerdo a los planes reguladores comunales, con las modalidades que indica, fue objeto de una indicación de la señora Caraball y, del señor Hamuy, aprobada por unanimidad, que suprime la palabra "comunales” con el propósito de ampliar su campo de acción; su letra e), que se refiere a la facultad del consejo de aprobar el plan de desarrollo regional y el proyecto de presupuesto respectivo "a propuesta del intendente”, fue objeto de una indicación presentada por los señores Hamuy y Letelier, aprobado por asentimiento unánime, que sustituye la antes destacada frase por "sobre la base de la proposición del intendente" a fin de precisar su contenido; su letra f), que consulta la facultad de aprobar la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los recursos de asignación regional que indica, fue motivo de sendas indicaciones: la primera, suscrita por los señores Aguiló y Barrueto, aprobada por unanimidad, destinada a sustituir la frase "a proposición del intendente" por "sobre la base de la proposición del intendente"; la segunda, suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló y Hamuy, aprobada por igual quórum de votación, para adecuar su texto a las modificaciones ya efectuadas al articulado del proyecto; su letra g), que entrega al consejo la facultad de aprobar los convenios de programación que celebre el gobierno regional "a proposición del intendente”, fue objeto de una indicación, suscrita por los señores Aguiló y Hamuy, aprobada por asentimiento unánime, que adecua su redacción a la de las dos letras precedentes; por último, a proposición de la señora Caraball y de los señores Aguiló, Barrueto, Carrasco, Elgueta, Hamuy y Letelier, que fuera acogida por asentimiento unánime, se incorpora a este artículo una letra k), en la que se contempla una función de carácter general, cual es la de "ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende”.

Artículo 35.

Esta norma, que se refiere al tipo de sesiones que podrán celebrar los consejos regionales, las materias a ser debatidas en cada una de ellas y la facultad de éstos de nombrar, a proposición del respectivo intendente, un secretario, con las facultades que indica, fue aprobado en sus dos primeros incisos por unanimidad, siéndolo el tercero por mayoría de votos, todos ellos sin modificaciones.

Artículo 36.

Este artículo que trata de los quórum para que el consejo regional sesione y, adopte acuerdos, fue aprobado por unanimidad y dos abstenciones, en los mismos términos contenidos en el Mensaje.

Artículo 37.

Esta norma, que determina las dieta que percibirán los consejeros regionales por cada sesión a la que asistan, con un límite máximo de seis U.T.M. mensuales, fue aprobada por simple mayoría de votos, sin alteraciones.

Artículo 38.

Esta disposición, que consulta las causales de cesación en el cargo en comentario, fue aprobado en sus letras b) y c) por unanimidad, y por simple mayoría de votos en lo que respecta a su letra a), sin alteraciones.

Artículo 39.

Esta norma, que entrega al consejo la calificación de las aludidas causales, el quórum requerido al efecto y otras disposiciones de carácter procedimental, fue aprobado por unanimidad y una

Abstención, sin variaciones.

Artículo 40.

Este artículo que se ocupa de la subrogación de los consejeros, fue aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

Artículo 41.

Este precepto, que entrega al gobernador la administración superior de la provincia correspondiente y la presidencia del consejo económico y social respectivo, como, asimismo, la normativa dentro de la cual habrá de ejercer sus funciones, fue aprobado por unanimidad y dos abstenciones, en los mismos términos.

Artículos 42.

Este artículo, que contiene las atribuciones que habrá de ejercer la citada autoridad provincial, fue aprobado por asentimiento unánime, sin alteraciones.

Artículo 43.

Que consulta la existencia del consejo económico y social provincial, como órgano consultivo y de participación, fue aprobado por unanimidad, en iguales términos.

Artículo 44.

Esta disposición que trata de la forma cómo se integrará el órgano en comentario, fue aprobado por simple mayoría de votos y una abstención, sin modificaciones.

Artículo 45.

Este precepto, que entrega al gobernador la presidencia de este consejo, fue aprobado por unanimidad y una abstención, sin introducirle modificación alguna.

Artículo 46.

Este artículo, que trata de las atribuciones del consejo económico y social provincial, fue motivo de una indicación presentada por los señores Aguiló y Barrueto, aprobada por simple mayoría de votos y una abstención, en orden a agregar una letra f) que establece la facultad de requerir de las autoridades que indica los antecedentes relativos a proyectos y programas a llevarse a cabo dentro de la provincia. Sus letras a), b), c), d) y e) fueron aprobadas por asentimiento unánime y una abstención, de igual forma que la propuesta.

Artículo 47.

Esta norma, que contempla la duración en el cargo, la forma en que habrá de servirse, como, asimismo, los requisitos para desempeñarlo y las inhabilidades que le son aplicables, fue aprobado por unanimidad y una abstención, sin variaciones.

Inhabilidades que le son aplicables, fue aprobado por unanimidad y una abstención, sin variaciones.

Artículos 48 al 55

Esta preceptiva, que se refiere al procedimiento de elección de los miembros del consejo económico y social provincial, fue motivo de un largo debate en el seno de la Comisión; optándose,

finalmente, por asentimiento unánime, por prestarle su aprobación por simple mayoría de votos en este trámite, reservando se para el segundo informe la presentación y consideración de las indicaciones que los mencionados artículos ameriten, atendida la celeridad con que debe tratarse este proyecto.

Artículo 56.

Esta disposición, que se ocupa de la estructura administrativa del gobierno regional y de la existencia de las unidades mínimas que indica, fue aprobada por mayoría de votos, en iguales términos que los propuestos.

Artículo 57.

Esta norma, que señala la forma en que se desconcentrarán los ministerios, citando las excepciones del caso, se aprobó por asentimiento unánime y una abstención, sin modificaciones.

Artículo 58.

En este precepto, que se refiere a las secretarías regionales ministeriales, a la persona que tendrá a su cargo cada una de ellas, y al nombramiento y vinculación con el nivel central y regional de esta última, su inciso primero, fue aprobado por unanimidad y tres abstenciones y su inciso segundo lo fue por simple mayoría de votos y dos abstenciones, ambos en iguales términos que los propuestos.

Artículo 59.

Este artículo, que establece las directrices que los SEREMIS deben observar en el desempeño de sus funciones, fue objeto de una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Carrasco, Elizalde, Hamuy, Letelier y Ulloa, aprobada por unanimidad y dos abstenciones, por la cual se aclara el sentido de la norma.

Artículo 60.

Esta disposición, establece las funciones que corresponderá desarrollar a las secretarías regionales ministeriales. Su letra f) fue objeto de una indicación, copatrocinada por la señora Caraball y por los señores Cantero, Carrasco, García Ruminot, Hamuy y Ulloa, aprobada por unanimidad, por la cual se sustituye su texto en términos de entregar a éstas no sólo la fiscalización de los correspondientes organismos de la Administración del Estado comprendidos dentro de su quehacer ministerial, sino, además, las de coordinarlos y supervigilarlos. Sus restantes letras fueron aprobadas por igual quórum de votación, sin alteraciones.

Artículos 61, 11 y 63.

Estos preceptos, que establecen las existencia de un gabinete regional, la forma como habrá de llevarse a cabo la desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales y que entrega al intendente, a través del SEREMI respectivo, para los fines que señala, las tareas de coordinar, supervigilar y fiscalizar, todas los órganos que integran la Administración del Estado dentro de la región, con las excepciones que indica ,fueron aprobados por asentimiento unánime, salvo el primero que lo fue por simple mayoría de votos, todos ellos sin variaciones.

Artículos 64, 65 y 66.

Estos artículos, que integran el capítulo V del Título II del proyecto en informe, y que se refieren a las asociaciones regionales, fueron aprobados por unanimidad, registrándose en el 65 dos abstenciones, en idénticos términos a los propuestos en el Mensaje.

Artículo 67.

Esta norma, que establece la composición del patrimonio del gobierno regional, fue objeto de una indicación, suscrita por los señores Aguiló, Elgueta, García Ruminot yHamuy, mediante la cual se suprime en su encabezamiento la frase "los siguientes bienes e ingresos'', por estimarla redundante. Este artículo con la referida indicación fue aprobada por asentimiento unánime.

Artículos 68 al 76.

Estos preceptos que, al igual que el anterior, se refieren al patrimonio y sistema presupuestario regional, y que están comprendidos dentro del capítulo VI del Título II del Mensaje, ya analizados, fueron aprobados en votación dividida, en iguales términos que los propuestos, excepción sea hecha del artículo 73 y del inciso segundo del 74 que lo fueran por unanimidad. Por otra parte, el inciso primero de la última de las disposiciones precitadas, que entregaba a la ley de Presupuestos la determinación de los fines a los que no podrán ser destinados los recursos del FNDR, fue eliminado de su texto al producirse, por unanimidad, una votación en tal sentido.

Artículos 77 al 93.

Estas disposiciones, relativas a la elección de los consejeros regionales, y que contiene normas agrupadas en párrafos atinentes a los colegios electorales provinciales y del proceso de votación, como, asimismo, de las reclamaciones que puedan producirse con-motivo del acto electoral, ya analizadas suficientemente en el capítulo anterior de este informe, fueron todas ellas aprobadas en idénticos términos a los propuestos por el Ejecutivo, con el siguiente quórum de votación: los artículos 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, ,91, 92 y 93 por asentimiento unánime, y los artículos 79 y 83 por simple mayoría.

Artículo 94.

Este artículo, con el que se inicia el Título final de la iniciativa en estudio y que dispone que los gobiernos regionales, los intendentes y los gobernadores, a través del Ministerio del Interior se relacionarán con el Primer Mandatario, fue aprobado por simple mayoría de votos, en iguales términos que los propuestos.

Artículo 95.

Esta norma, que fija los ,límites de la competencia que se le asigna a los gobiernos regionales, en relación con el resto de la Administración Pública nacional, fue aprobada por unanimidad, sin variaciones.

Artículo 96.

Esta disposición, que posibilita que los gobiernos regionales puedan asumir funciones específicas de competencia de otros órganos de la Administración, a través de la celebración de convenios en la forma que indica, fue aprobado por simple mayoría de votos, sin alteraciones.

Disposiciones transitorias.

Este articulado, en los términos propuestos por el Ejecutivo, y que fuera analizado en el capítulo anterior de este informe, fue aprobado por asentimiento unánime, sin alteraciones, con las siguientes particularidades: el inciso primero de la disposición cuarta fue objeto de una indicación, copatrocinada por los señores Cantero, Elizalde, García Ruminot y Hamuy, que eliminó la frase "que operen en la región" con la que concluye, a fin de ampliar la posibilidad de proveer las plantas de personal que se fijen para los gobiernos regionales; asimismo, se incorpora una disposición séptima transitoria, con motivo de una indicación suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló y Elgueta, que restringe, de seis meses a veinte días, el plazo que el Director Regional del Servicio Electoral dispone para determinar el número de consejeros que corresponde elegir a cada provincia, en razón de su población.

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El tratamiento otorgado por la Comisión al proyecto de ley en informe, que fuera consignado anteriormente, responde a que se adoptó el acuerdo, respecto de ciertas normas del mismo, de preterir su revisión exhaustiva al trámite del segundo informe, en atención a que el Ejecutivo se manifestó proclive a adecuar su texto a las observaciones que en un primer análisis se presentaron, pero que constitucionalmente no eran de iniciativa parlamentaria.

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Ademásde las señaladas, vuestra Comisión introdujo al Mensaje otras modificaciones de carácter meramente Formal, que no se comentan especialmente por su menor entidad, todas las cuales se recogen en el texto que se somete a vuestra consideración.

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V. ARTÍCULOS DEL TEXTO APRBADOS POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Para los efectos reglamentarios pertinentes, cabe señalar que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los artículos 37; 67 al 76; y las disposiciones primera, segunda, tercera, cuarta y sexta, transitorias del texto aprobado por la Comisión, según ésta lo acordada por asentimiento unánime.

VI.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

La Comisión determinó, por simple mayoría de votos, que se encontraban en la primera de las situaciones nombradas las disposiciones siguientes: los Párrafos 2° y 4° del Capítulo III del Título segundo; los Capítulos IV y VII del mismo Título; y, por último, el artículo 96 del Título final.

VII. ARTICULOS DEL PROYECTO NO APROBADOS POR UNANIMIDAD.

No obstante, lo ya señalado en el Capítulo III del presente informe, cabe reiterar, en cumplimiento de lo preceptuado por el Reglamento, que se encuentran en esta situación los artículos: V1°, 2°, 4°, 5°, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 29, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 83, 94 y 96.

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Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, vuestra Comisión de Gobierno Interior Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, os recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

"TITULO PRIMERO.

DEL GOBIERNO DE LA REGION.

CAPITULO I.

DEL INTENDENTE.

Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza.

El intendente será subrogado por el gobernador de la provincia que sea asiento de, la capital regional, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para nombrar a otra persona de su confianza.

Artículo 2°.- Corresponderá al intendente, en su calidad de representante del Presidente de la República en la región:

a) Dirigir las tareas propias del gobierno interior en la región, en conformidad con las orientaciones e instrucciones que imparta el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior;

b) Velar por que en el territorio de su jurisdicción exista un clima social de tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;

c) Disponer de la fuerza, pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

d) Informar al Presidente de la República, por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región, como, asimismo, sobre el desempeño de los gobernadores y demás jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en ella;

e) Dar cuenta, en forma reservada, al Presidente de la República, para efectos de lo dispuesto en el Nº 15 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, de las faltas que notare en la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial;

f) Conocer y resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones adoptadas por los gobernadores en materias de su competencia;

g) Aplicar administrativamente las disposiciones de la ley de Extranjería, pudiendo disponer la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, en los casos y con arreglo a las normas previstas en ella;

h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes;

i) Representar extrajudicialmente al Estado en la región para la realización de los actos y la celebración de los contratos que queden comprendidos en la esfera de su competencia;

j) Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia, cuando corresponda, de los servicios públicos creados por ley que operen en la región;

k) Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales;

l) Proponer al Presidente de la República, previa información al ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales, y al ministro respectivo o jefe superior del servicio, en su caso, la remoción de los jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en la región. El intendente será informado por el ministro del ramo o jefe superior del servicio correspondiente antes de proponer la remoción de dichos funcionarios;

m) Hacer presentes a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región;

n) Adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de los complejos fronterizos que se establezcan en la región, en coordinación con los servicios nacionales respectivos;

ñ) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, y

p) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y las atribuciones que el Presidente de la República le delegue.

CAPITULO II.

DEL GOBERNADOR.

Artículo 3º.- En cada provincia existirá una gobernación, que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponderá al gobernador ejercer, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia.

Artículo 4º.- El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes, que esta ley le confiere directamente:

a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes;

b) Aplicar en la provincia las disposiciones legales sobre extranjería;

c) Conceder o denegar permisos para efectuar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes;

d) Dar cuenta reservada al intendente de las faltas que notare en la conducta de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial en la provincia, a fin de que aquél pueda hacer lo propio ante el Presidente de la República;

e) Disponer, de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

f) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

g) Disponer o autorizar el izamiento del pabellón patrio en el territorio de su jurisdicción y permitir el uso de pabellones extranjeros, en los casos que autorice la ley;

h) Autorizar la circulación de vehículos estatales fuera de los días y horas de trabajo, así como la excepción de uso de disco fiscal, en conformidad con las normas vigentes;

i) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo legítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda;

j) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones propias o delegadas, y

k) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le asignen.

Artículo 5°.- El gobernador podrá designar delegados con atribuciones específicas para una o más localidades, cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.

El delegado deberá ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso en la Administración Pública. En el acto de la delegación, el gobernador determinará las facultades específicas que le delegue, el plazo de su desempeño y el ámbito territorial, en que ejercerá competencia.

Si la designación como delegado recayere en algún funcionario público, éste ejercerá su cometido en comisión de servicio, sin limitación de tiempo; si se tratare de una persona ajena a la Administración del Estado, se desempeñará ad honorem. El delegado, cualquiera que sea la calidad de su designación, quedará sujeto a las mismas responsabilidades administrativas, civiles y penales a que están afectos los funcionarios públicos, y no formará parte de la dotación de personal del gobierno regional respectivo.

Un extracto de la resolución mediante la cual se designe al delegado se publicará en el Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación en la provincia.

Artículo 6°.- El gobernador podrá constituir un consejo técnico asesor con autoridades de la Administración del Estado en la provincia.

CAPITULO III.

DISPOSICIONES COMUNES A INTENDENTES Y GOBERNADORES.

Artículo 7°.- Para ser designado intendente o gobernador, se requerirá:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Tener cumplidos 21 años de edad;

c) Haber aprobado la enseñanza media;

d) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos;

e) No hallarse declarado en quiebra por calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, y

f) Residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

Artículo 8º.- Los cargos de intendente, gobernador, concejal y consejero municipal, miembro del consejo económico y social provincial y consejero regional, serán incompatibles entre sí.

Artículo 9°.- Los intendentes y gobernadores cesarán en sus cargos por las siguientes causales:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño;

b) Aceptación de un cargo incompatible;

c) Inscripción como candidato a un cargo de, elección popular;

d) Aceptación de renuncia;

e) Remoción dispuesta por el Presidente de la República, y

f) Destitución por acuerdo del Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 49, Nº 1, de la Constitución Política de la República.

Artículo 10.- Los intendentes y gobernadores tendrán su sede en la capital regional o provincial, según corresponda, sin perjuicio de que puedan trasladarla transitoriamente a otras localidades de sus territorios jurisdiccionales.

Artículo 11.- Los intendentes y gobernadores podrán solicitar, de los jefes de los organismos de la administración del Estado sujetos a su fiscalización o supervigilancia, los informes, antecedentes o datos que requieran, debiendo ellos proporcionarlos oportunamente.

Artículo 12.- Los intendentes y gobernadores deberán poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del tribunal competente aquellos casos en que, con fundamento plausible, pueda exigirse responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia.

TITULO SEGUNDO.

DE LA ADMIMISTRACION DE LA REGION.

CAPITULO I.

NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL.

Artículo 13.- La administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.

Los objetivos de desarrollo a que se refiere el inciso anterior se promoverán preferentemente mediante acciones de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural de la región. Tales acciones deberán inspirarse en los principios de equidad, de eficacia y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de impulso a la participación de la comunidad organizada y de preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 14.- Los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio e investidas de las funciones y atribuciones que esta ley les confiere.

Artículo 15.- Los gobiernos regionales tendrán su sede en la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio que puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades.

CAPITULO II.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL.

Artículo 16.- Serán funciones generales del gobierno regional:

a) Aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región y su proyecto de presupuesto, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación;

b) Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de acuerdo al artículo 73 de esta ley, en conformidad con la normativa aplicable;

c) Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemple anualmente la ley de Presupuestos de la Nación;

d) Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios;

e) Asesorar a las Municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus planes y programas de desarrollo; y

f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones , de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes.

Artículo 17.- Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial:

a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes;

b) Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región;

c) Velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la región, estableciendo normas y adoptando medidas adecuadas a la problemática regional, dentro del marco de las políticas y normas nacionales sobre la materia;

d) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la región y coordinar con otras regiones el transporte interregional, aplicando para ello las políticas nacionales en la materia, y

e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social.

Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a) Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral, desde el punto de vista de cada región; desarrollar y aplicar las políticas nacionales así definidas en el ámbito regional;

b) Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes públicos competentes y concertando acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda. Para tal efecto, podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el número 212 del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

c) Promover el desarrollo de la educación superior y técnica y la investigación científica y tecnológica en la región, y

d) Fomentar y reglamentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Artículo 19.- En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional:

a) Establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia;

b) Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes recreación y asistencia judicial;

c) Evaluar el impacto social y ambiental de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional;

d) Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley;

e) Realizar estudios relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de la región, y

f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, y velar por la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus funciones, el gobierno regional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales y las de su organización interna, en el marco establecido por las leyes;

b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley;

c) Convenir, con los ministerios e instituciones de la Administración Pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad con el artículo 76;

d) Ser informado previamente respecto de los demás programas y proyectos de desarrollo que las entidades de la Administración Pública nacional efectúen en la región;

e) Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto;

f) Aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo;

g) Sancionar los planes reguladores comunales, de acuerdo con la normativa que rija en la materia;

h) Formular, evaluar y priorizar programas y proyectos de infraestructura social básica;

i) Proponer criterios para la distribución y, distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional correspondiente;

j) Tomar conocimiento del presupuesto municipal, de los servicios traspasados y sus modificaciones respectivas y de sus proyectos de inversión;

k) Asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir entidades, con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional, en los términos dispuestos en el Capítulo V de este Título, y

l) Ejecutar los actos y celebrar los convenios y contratos conducentes al logro de sus fines, tanto con otros organismos públicos como con personas naturales y jurídicas del sector privado.

CAPITULO III.

ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL.

Artículo 21.- El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional.

PARRAFO 1º.

DEL INTENDENTE.

Artículo 22.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden en virtud de lo dispuesto por el Título I, el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el consejo regional.

El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 23.- Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional:

a) Formular las políticas de desarrollo de la región, en armonía con las políticas y los planes nacionales, y dirigir su ejecución;

b) Someter al consejo regional los proyectos de planes y las estrategias regionales de desarrollo, y sus modificaciones;

c) Presidir el consejo regional, con derecho a voz y voto. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 34, letra h), sólo tendrá derecho a voz;

d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional y sus modificaciones, ajustados a las orientaciones y límites que establezcan la ley de Presupuestos de la Nación y demás normas legales sobre la administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional;

f) Proponer al consejo regional la celebración de los convenios de programación a que se refiere el artículo 76;

g) Proponer al consejo regional los proyectos de reglamentos regionales que regulen materias propias de la competencia del gobierno regional, en conformidad a las leyes y a los reglamentos supremos correspondientes;

h) Proponer al consejo regional la celebración de convenios para constituir las asociaciones regionales a que se refiere el Capítulo V de este Título;

i) Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y Celebrar los contratos comprendidos en su esfera de competencia;

j) Ejercer la administración de los bienes y recursos propios del gobierno regional, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y a las normas que el consejo regional pueda adoptar sobre la materia. En todo caso, requerirá del acuerdo de éste para enajenar o gravar bienes raíces;

k) Administrar, en los casos que determina la ley, los bienes nacionales de uso público;

1) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley que operen en la región, a través de las respectivas secretarías regionales ministeriales, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional;

m) Resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones de los secretarios regionales ministeriales y de los jefes de los servicios públicos que operen en la región, en materias propias del gobierno regional, según lo establezcan las leyes respectivas;

n) Ser informado oportunamente acerca de las proposiciones de planes, programas y proyectos que los órganos y servicios de la Administración Pública nacional vayan a ejecutar en la región, dando cuenta de ello al consejo regional;

ñ) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

o) Poner en vigor los planes reguladores comunales, de acuerdo con la ley General de Urbanismo y, Construcciones, previo acuerdo del consejo regional, y

p) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende.

Artículo 24.- El pronunciamiento del. consejo regional para la aprobación y modificación de las materias señaladas en las letras b) y d) del artículo anterior deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes. Si el consejo no se pronunciare en el citado plazo, se presumirá su acuerdo y regirá lo propuesto por el intendente.

En caso de existir discrepancias entre el intendente y el consejo regional con motivo del pronunciamiento sobre las materias señaladas en el inciso anterior, primará la proposición del intendente, a menos que el consejo insistiere con una mayoría de tres quintos del total de sus miembros.

Artículo 25.- El intendente será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional y, propondrá al consejo la organización de los mismos, de acuerdo con las normas básicas sobre organización establecidas por esta ley.,

El personal de estos servicios se regirá por el Estatuto Administrativo y demás normas propias de los funcionarios de la Administración Pública, y su régimen de remuneraciones será el establecido en el decreto ley Nº 249, de 1974, y sus normas complementarias. El que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley Nº 18.575 y 7º de la ley Nº 18.834.

PARRAFO 2°.

DEL CONSEJO REGIONAL.

Artículo 26.- El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas fiscalizadoras.

Artículo 27.- El consejo regional estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales de la región, constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias respectivas, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Dos consejeros por cada provincia, independientemente de su número de habitantes, y

b) Diez consejeros en las regiones de hasta un millón de habitantes y catorce en aquéllas que superen esa cifra, los que se distribuirán entre las provincias de la región a prorrata de su población consignada en el último censo nacional oficial, aplicándose el método del cuociente o cifra repartidora.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio Electoral determinará, seis meses antes de la celebración de la elección respectiva, el número de consejeros regionales que corresponda elegir a cada provincia en proporción a su población. Dicha resolución será apelable ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente, dentro del plazo de diez días, debiendo éste emitir su fallo dentro de los quince días siguientes.

Artículo 28.- Los consejeros regionales que correspondan a cada provincia serán elegidos por los concejales mediante el procedimiento y el sistema electoral establecidos por el Capítulo VII de este Título.

Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Artículo 29.- Para ser elegido consejero regional, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, mayor de edad, saber leer y escribir y tener residencia en la región durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.

Artículo 30.- No podrán ser consejeros regionales:

a) Los senadores y diputados;

b) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores y los concejales;

c) El Contralor General de la República, los contralores regionales y los miembros del Consejo del Banco Central;

d) Los miembros del Poder Judicial, los funcionarios que ejerzan el ministerio público y los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, y, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y

e) Aquéllos que, por sí o como representantes de personas naturales o jurídicas, tengan contratos o cauciones vigentes con el gobierno regional o Litigios pendientes con éste en calidad de demandantes.

Artículo 31.- El cargo de consejero regional será incompatible con el de concejal y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales. Será incompatible, también, con el desempeño de las funciones públicas señaladas en las letras a), b), c) y d) del artículo anterior, los secretarios ministeriales y los directores de servicios regionales, y con todo otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional o con cargos en las plantas directivas de las municipalidades.

Artículo 32.- Quedarán inhabilitados para desempeñar el cargo de consejero regional:

a) Los consejeros que, por sí mismos o como representantes de personas naturales o jurídicas, celebren o caucionen contratos con el gobierno regional o promuevan litigios contra éste en calidad de demandantes, y

b) Los consejeros que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra el respectivo gobierno regional.

Artículo 33.- Los consejeros regionales estarán afectos a las prohibiciones establecidas para los funcionarios públicos en el Estatuto Administrativo, con excepción de participar en actividades políticas y sindicales.

Artículo 34.- Corresponderá al consejo regional:

a) Aprobar los reglamentos regionales;

b) Aprobar, en aquello no regulado por esta ley, la organización interna del gobierno regional, mediante la dictación del correspondiente reglamento, a proposición del intendente;

c) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento;

d) Prestar su acuerdo a los planes reguladores, con sujeción a la normativa ministerial que rija en la materia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, letra g);

e) Aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, sobre la base de la proposición del intendente;

f) Aprobar, sobre la base de la proposición del intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región y de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional;

g) Aprobar, sobre la base de la proposición del intendente, los convenios de programación que el gobierno regional celebre;

h) Fiscalizar el desempeño del ejecutivo regional respecto del cumplimiento del plan regional de desarrollo y, de la ejecución del presupuesto del gobierno regional, pudiendo requerir del intendente la información necesaria al efecto;

i) Dar su acuerdo al intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales;

j) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre los presupuestos y programas de obras comunales, y

k) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende.

Artículo 35.- El consejo regional funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se efectuarán, a lo menos, una vez al mes, en día hábil, y en ellas podrá abordarse cualquier asunto de la competencia del consejo. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las cuestiones incluidas en la convocatoria.

Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias serán convocadas en la forma que determine el reglamento respectivo.

A proposición del intendente, el consejo nombrará, de entre los funcionarios del gobierno regional, un secretario del consejo, que será, además, su ministro de fe.

Artículo 36.- El quórum para sesionar será el de los dos quintos de los consejeros en ejercicio.

Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la sesión respectiva.

Artículo 37.- Los consejeros regionales percibirán una dieta de dos unidades tributarias mensuales por cada sesión del consejo a que asistan, la que no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.

Artículo38. Serán causales de cesación en el cargo de consejero:

a) Renuncia aceptada por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio;

b) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero, o incurrir en alguna de las causales de inhabilidad sobreviniente señaladas en esta ley, y

c) Incurrir en alguna de las causales de incompatibilidad previstas en esta ley.

Artículo 39.- El consejo calificará la procedencia de las causales previstas en el artículo anterior. En los casos de las letras b) y c), el acuerdo deberá ser adoptado por los dos tercios de los miembros en ejercicio.

La calificación de las causales de cesación en el cargo de consejero será siempre materia de sesión extraordinaria. La convocatoria se hará, a lo menos, con cinco días de anticipación, por propia iniciativa del intendente o a petición escrita de un tercio de los consejeros en ejercicio.

Artículo 40.- Si algún consejero falleciere o cesare en el cargo durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá por el suplente.

El nuevo consejero permanecerá en funciones hasta el término del plazo que faltaba a aquél que hubiere originado la vacante.

PARRAFO 3°.

DEL GOBERNADOR.

Articulo 41.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden de acuerdo al Título I de esta ley, el gobernador tendrá a su cargo la administración superior de la respectiva provincia y presidirá el consejo económico y social provincial.

El gobernador ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 42.- El gobernador, además de las atribuciones que el intendente pueda delegarle, ejercerá las siguientes:

a) Conocer y, supervisar los programas y proyectos de desarrollo que entidades del sector público, efectúen en la provincia, efecto para el cual deberá ser informado oportunamente sobre las proposiciones que en tal sentido formulen tanto el propio gobierno regional como las dependencias y entidades sectorialmente competentes de la administración;

b) Proponer al intendente proyectos específicos de desarrollo de la provincia;

c) Asesorar a las municipalidades de su jurisdicción, especialmente en la elaboración y ejecución de programas y proyectos, cuándo ellas lo soliciten;

d) Promover la participación del sector privado en las actividades de desarrollo de la provincia;

e) Disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo provincial y especialmente, de los programas de infraestructura económica y social básica;

f) Fiscalizar y disponer las medidas para la adecuada coordinación de los organismos de la administración del Estado creados por ley que operen en la provincia;

g) Hacer presente al intendente o a los respectivos secretarios regionales ministeriales, con la debida oportunidad, las necesidades que observare en su territorio jurisdiccional;

h) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones o las que disponga el intendente, e;

i) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes le asignen.

PARRAFO 4 

DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PROVINCIAL.

Artículo 43.- En cada provincia existirá un órgano consultivo y de participación de la comunidad provincial socialmente organizada, denominado consejo económico y social provincial.

Artículo 44.- El consejo económico y social provincial estará integrado, además del gobernador, por miembros elegidos en representación de las organizaciones sociales de la provincia, así como por miembros que lo serán por derecho propio.

a) Los miembros electos serán veinticuatro, elegidos de la siguiente forma:

Cuatro por las uniones comunales de juntas de vecinos.

Cuatro por las entidades que agrupen a las organizaciones comunitarias funcionales de la provincia correspondiente.

Ocho por las entidades que agrupen a las organizaciones laborales legalmente constituidas.

ocho por las entidades que agrupen a las empresas y demás unidades productivas.

b) Los miembros por derecho propio serán:

1.- Un miembro de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que tengan asiento en la respectiva provincia, designados por el mando provincial correspondiente, y

2.- Los rectores de las universidades que funcionen en la respectiva provincia, en un número máximo de cuatro representantes, en la forma que ellos lo determinen.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los colegios profesionales se considerarán formando parte de las organizaciones comunitarias funcionales.

Artículo 45.- El consejo económico y social provincial será presidido por el gobernador, quien podrá convocarlo. Asimismo, el consejo podrá auto convocarse por la iniciativa de un tercio de sus miembros.

Artículo 46.- Serán atribuciones del consejo económico y social provincial:

a) Absolver las consultas del gobernador sobre los anteproyectos de plan regional de desarrollo y de presupuesto del gobierno regional, con anterioridad al sometimiento de estas iniciativas al consejo regional, y emitir opinión a su respecto;

b) Recibir semestralmente una cuenta del gobernador sobre la marcha de la administración en el nivel provincial y de la ejecución de los programas y proyectos que se desarrollen en la provincia;

c) Realizar estudios y emitir opinión en materias de desarrollo provincial;

d) Presentar proposiciones de proyectos específicos para el desarrollo de la provincia, a fin de que sean consideradas por el gobernador para su inclusión en los programas respectivos;

e) Absolver toda otra consulta que le formule el gobernador, y

f) Requerir por escrito, a las autoridades de gobierno comunal, provincial y regional, los antecedentes referidos a proyectos y programas de desarrollo social, económico y cultural que se contemplen dentro de la provincia.

Artículo 47.- Los miembros del consejo económico y social provincial durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

El cargo de miembro del consejo económico y social provincial se desempeñará ad honorem; quienes postulen a servirlo deberán reunir los requisitos del artículo 29 y estarán sujetos a las mismas inhabilidades señaladas por las letras a), b), c) y d) del artículo 30.

Artículo 48.- Una comisión integrada por el gobernador, quien la presidirá, por el Contralor Regional respectivo o por un delegado del Contralor General o Regional, según corresponda, y por un Ministro de la Corte de Apelaciones con asiento en la capital de la provincia respectiva, o, en su defecto, por el juez de letras más antiguo de la provincia, determinará qué¡ organismos de los establecidos en el artículo 44, letra a), tendrán derecho a participar, a través de sus directores, en la elección de sus representantes por estamento ante el consejo económico y social provincial. Asimismo, la comisión fijará las normas que regularán los procesos electorales de cada estamento.

En la provincia de Santiago, integrará la comisión un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, elegido por ésta de entre sus miembros.

Actuará como secretario y ministro de fe de esta comisión, el Conservador de Bienes Raíces cuya sede corresponda a la comuna capital de la provincia.

Artículo 49.- Las organizaciones que correspondan a los estamentos determinados por el artículo 44, letra a), que realicen actividades en la provincia, podrán inscribirse por estamentos, dentro del plazo de veinte días, en un registro público que con ese objeto llevará el Conservador de Bienes Raíces que tenga a su cargo el registro de propiedad y cuya sede corresponda a la capital de la provincia. Dicho plazo se contará desde la fecha en que se publique, por orden de la comisión, en un periódico de los de mayor circulación en la capital provincial o, en su defecto, de la región, un aviso llamando a inscribirse.

Artículo 50.- Sólo podrán inscribirse en el. registro las organizaciones que acrediten personalidad jurídica vigente, domicilio en la provincia, antigüedad de, a lo menos, dos años en ella y reunir un número de miembros activos no inferior a quince personas naturales o jurídicas, o si reunieren sólo a personas jurídicas, a lo menos, cuatro de ellas.

En el momento de inscribirse, cada organización deberá acompañar los antecedentes fidedignos que acrediten los requisitos señalados en el inciso anterior y un listado en el que se identifique claramente a los miembros activos de la respectiva entidad, sean personas naturales o jurídicas, el que se tendrá como registro para todos los efectos de este párrafo.

Artículo 51.- Vencido el plazo establecido en el artículo 49 y dentro de los cinco días siguientes, la comisión cerrará los registros correspondientes y confeccionará la lista delas organizaciones inscritas que hayan acreditado fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos ordenando su publicación en un periódico de los de mayor circulación en la provincia o, en su defecto, en la región.

Cualquier organismo cuya inscripción hubiere sido rechazada o que hubiere sido omitido en la lista con posterioridad a su inscripción, podrá reclamar ante el Tribunal Electoral Regional, dentro del plazo de siete días, contado desde la última publicación a que se refiere el inciso anterior. Igual reclamo podrán interponer, en el mismo plazo, las personas que hubieren sido excluidas del listado de afiliados a que alude el inciso final del artículo anterior.

El reclamo deberá presentarse acompañando los antecedentes necesarios y enviando simultáneamente copia de la presentación a la comisión. El Tribunal conocerá del reclamo en única instancia y deberá fallarlo en el término de quince días desde que lo reciba.

El Tribunal Electoral Regional deberá enviar copia del fallo a la comisión en el término de dos días, contado desde la fecha en que dicho fallo quede ejecutoriado.

Artículo 52.- Transcurridos diez días desde la última publicación a que se refiere el inciso primero del artículo anterior sin que se hubieren formulado reclamos, la comisión establecerá la lista definitiva de organizaciones con derecho a participar en el proceso electoral y el registro oficial para estos efectos. Si se formularen reclamaciones, la comisión deberá establecer dicha lista y registro dentro del plazo de tres días, contado desde que se reciba copia de la totalidad de los fallos emitidos por el Tribunal Electoral Regional.

Artículo 53.- Una vez cumplida la formalidad a que se refiere el artículo precedente, la comisión publicará la lista definitiva en un periódico de alta circulación en la provincia, indicando, además, la fecha, lugar y hora en que se realizará la asamblea de cada estamento, para elegir a sus representantes titulares y suplentes ante el consejo económico y social provincial.

Podrán ser candidatos los directivos de cualquiera de las organizaciones consignadas en la lista oficial a que se refiere el artículo anterior, así como los representantes legales de las personas jurídicas afiliadas a tales organizaciones. Para estos efectos, deberán acreditar ante la comisión, el cumplimiento de los requisitos legales para ser consejero.

Artículo 54.- En las elecciones a que se refiere este párrafo, cada elector dispondrá de un voto, el cual será secreto e informado. Cada elector deberá votar para elegir un miembro titular y otro suplente del correspondiente estamento.

Un miembro de la comisión presidirá el acto electoral en que cada estamento elija a sus representantes ante el consejo económico y social provincial.

Artículo 55.- Serán elegidos como Miembros del consejo económico y social provincial los seis candidatos titulares y suplentes que en cada estamento obtuvieren las más altas mayorías 3: que fueren sido declarados como tales por el Tribunal Electoral Regional.

Para estos efectos, el Tribunal Electoral Regional resolverá los reclamos que se interpongan, dentro de los diez días siguientes a la fecha de recepción de la nómina de consejeros electos y de las actas correspondientes. Concluido dicho plazo o resueltas las reclamaciones, en su caso, comunicará al intendente y a los interesados, dentro de tercero día, la lista definitiva de consejeros para el cuadrienio siguiente.

CAPITULO IV.

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE OTROS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LAS REGIONES.

Artículo 56.- El gobierno regional contará con la estructura administrativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

En todo caso, se deberá contemplar la existencia de las siguientes unidades, bajo la dependencia directa del intendente:

a) De asistencia jurídica.

b) De gestión y control de los recursos y programas de los gobiernos regionales.

Artículo 57.- Los ministerios se desconcentrarán territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales, de acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas y con las instrucciones que imparta el Presidente de la República, con excepción de los Ministerios del Interior, Secretaría General de la Presidencia, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Artículo 58.- Cada secretaría regional ministerial estará a cargo de un secretario regional ministerial, quien, sin perjuicio de su condición de representante del o de los ministerios respectivos en la región, será colaborador directo del intendente, al que estará subordinado en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean de competencia del gobierno regional.

Los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el Presidente de la República de entre las personas que figuren en una terna elaborada por el intendente respectivo y en otra propuesta por el ministro del ramo. Hecha la designación, el secretario regional ministerial podrá ser removido libremente por el Presidente de la República.

Artículo 59.- Los secretarios regionales ministeriales deberán ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los correspondientes ministerios, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo precedente. En caso de

discrepancia entre el intendente y el ministro respectivo, ella será resuelta por el Presidente de la República.

Artículo 60.- A las secretarías regionales ministeriales corresponderá:

a) Elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales, pudiendo adoptar las medidas de coordinación necesarias para dicho fin respecto de los órganos que integren el respectivo sector;

b) Estudiar, conjuntamente con los organismos involucrados, los planes de desarrollo sectoriales;

c) Preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, en coordinación con el ministerio respectivo;

d) Informar permanentemente al intendente del cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector;

e) Llevar a cabo las tareas que sean propias de su respectivo ministerio, de acuerdo con las instrucciones del ministro del ramo;

f) Realizar las tareas de coordinación, supervigilancia y fiscalización sobre todos los organismos de la Administración del Estado que integren su respectivo ministerio;

g) Cumplir las demás funciones que contemplen las leyes y reglamentos, y

h) Ejercer las atribuciones que se les deleguen por los ministros respectivos.

Artículo 61.- Habrá un gabinete regional, Urbano auxiliar del intendente, integrado por los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales. El intendente podrá disponer que integren, además, este gabinete o que concurran a él en calidad de invitados, los jefes regionales de organismos de ¡a Administración del Estado.

Artículo 62.- La desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales se hará mediante direcciones regionales o provinciales a cargo del respectivo director regional o provincial, quien dependerá jerárquicamente del director nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, estarán subordinados al intendente a través del correspondiente secretario regional ministerial.

Artículo 63.- Todos los organismos que integran la Administración del Estado, con excepción de las instituciones constitucionalmente autónomas, estarán sujetos 21 la coordinación, supervigilancia y fiscalización, según corresponda, del intendente, a través del respectivo secretario regional ministerial, para los efectos de dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos que sean propios del ámbito regional. Asimismo, deberán proporcionar oportunamente la información que requiera el gobierno regional para el cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO V.

DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES.

Artículo 64.- Los gobiernos regionales podrán asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional.

Las asociaciones o entidades así formadas podrán realizar, especialmente, estudios orientados a identificar áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y efectuar actividades de capacitación.

Artículo 65.- La creación de asociaciones o entidades a que se refiere el artículo anterior requerirá el acuerdo del consejo regional respectivo, adoptado a proposición del intendente. Dichas instituciones se regirán por la legislación común aplicables a los particulares. No obstante, no podrán, en caso alguno, contratar empréstitos.

Artículo 66.- Los convenios que celebren los gobiernos regionales para crear las asociaciones regionales deberán comprender, entre otros aspectos, los siguientes:

a) La especificación de las obligaciones que asuman los respectivos asociados, y

b) Los aportes financieros y demás recursos materiales que el gobierno regional proporcione para dar cumplimiento a las tareas concertadas, así como las respectivas fuentes de financiamiento. En ningún caso tal financiamiento podrá contemplar la contratación de empréstitos.

CAPITULO VI.

DEL PATRIMONIO Y DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO REGIONALES.

Artículo 67.- El patrimonio del gobierno regional estará compuesto por:

a) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco;

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba, los cuales estarán exentos del trámite de insinuación;

c) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d)Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

e) Los ingresos que recaude en conformidad al inciso final del número 202 del artículo 19 de la Constituci6n Política de la República;

f) Los recursos que le correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional;

g) Las obligaciones que contraiga en el desarrollo de sus actividades, en conformidad a la ley;

h) Los derechos y obligaciones que adquiera por su participación en las asociaciones a que se refiere el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política de la República, "

i) Los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley.

Artículo 68.- El régimen de bienes de los gobiernos regionales testará sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Los bienes destinados a su funcionamiento y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente a su nombre, serán inembargables;

b) La adquisición del dominio de los bienes raíces estará sujeta a las normas generales que sobre la materia rijan para el sector público;

c) Los bienes inmuebles sólo podrán ser enajenados, gravados, entregados en comodato o arrendados, en caso de necesidad o utilidad manifiesta. El procedimiento que se seguirá para la enajenación será el remate o la licitación pública, cuyo valor mínimo no será inferior al avalúo fiscal y sólo podrá ser rebajado con acuerdo del consejo regional, en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del artículo 34;

d) La disposición de los bienes muebles dados de baja se efectuará mediante remate público. No obstante, en casos calificados, el intendente podrá, con acuerdo de los dos tercios del consejo regional, donar tales bienes a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que operen en la región;

e) Sus bienes podrán ser objeto de permisos y concesiones de administración. Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización. Las concesiones darán derecho al uso preferente del bien concedido, en las condiciones que fije el gobierno regional. Sin embargo, éste podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público. El concesionario tendrá derecho a indemnización en caso de término anticipado de la concesión, salvo que ésta se haya producido por incumplimiento de sus obligaciones;

f) El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades encargadas de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, sean públicas o privadas, sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades. Esta transferencia deberá formalizarse mediante resolución del intendente, que se expedirá en un plazo no superior a noventa días, contado a partir de la fecha de adquisición o de término de construcción de tales bienes. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada de la respectiva resolución.

Tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones privadas sin fines de lucro, ella estará sujeta a la condición de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública. En caso de no cumplirse con esta condición o disolverse la entidad, tales bienes revertirán al dominio del gobierno regional;

g) El gobierno regional podrá transferir tal dominio de bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública, mediante convenios directos que contemplen mecanismos de aporte reembolsable u otro sistema que implique la recuperación total o parcial de la inversión efectuada, y

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras f) y g), mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio del Interior, determinados; bienes se podrán mantener en el patrimonio del gobierno regional.

Artículo 69.- El presupuesto del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación. Dicho presupuesto se regirá por las normas de la ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, decreto ley Nº 1.263, de 1975, y por las siguientes disposiciones:

a) La ley de Presupuestos asignará a cada región los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento.

b) El presupuesto del gobierno regional comprenderá, además, un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región.

c) El proyecto de presupuesto del gobierno regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación. El proyecto de presupuesto así aprobado será enviado al Ministerio de Hacienda, en conformidad con los plazos y procedimientos que éste establezca de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se refiere la letra f) del artículo 34.

Artículo 70.- El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Este Fondo se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la ley de Presupuestos. La distribución del mismo se efectuará entre las regiones, asignándoles cuotas regionales.

Artículo 71.- La distribución del 90% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones se expresará anualmente en la ley de Presupuestos y se efectuará teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación con el contexto nacional. Para estos efectos, se considerarán, con igual ponderación, las dos variables siguientes:

a) Nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores como el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida, en salud, educación y, saneamiento ambiental, y;

b) La condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores como la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico y su distancia, respecto a la Región Metropolitana.

Para el cálculo de las variables ya señaladas, Se utilizarán, como fuentes de información, sólo cifras oficiales emanadas de los ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de organismos internacionales reconocidos por el Estado de Chile.

Artículo 72.- La distribución del 10% restante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se efectuará, en el transcurso del año presupuestario, de la siguiente manera:

a) Un 5% como estímulo a la eficiencia, considerando, al menos, el porcentaje de desembolsos efectivos en relación con el marco presupuestario del año anterior y, con el monto de la cartera de proyectos de inversión elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Ministerio del Interior, mediante resolución fundada, establecerá dicha distribución en el primer trimestre de cada año, y

b) Un 5% para gastos de emergencia, los que serán calificados por el Ministerio del Interior a solicitud de los gobiernos regionales. La parte no utilizada de este último porcentaje se distribuirá, de acuerdo con la modalidad establecida en el artículo 71, en el ejercicio presupuestario siguiente.

Artículo 73.- Los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenio se destinen a una o más regiones, no se distribuirán entre éstas conforme a los criterios enunciados en el artículo 71, pero podrán sumarse a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la respectiva región, para todos los efectos de esta ley.

Artículo 74.- Los proyectos de inversión y, los estudios y programas deberán ajustarse a las normas y procedimientos establecidos en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos dé préstamo, conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.

Artículo 75.- La ley de Presupuestos incluirá uno o más ítem de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política de la República. Corresponderá al gobierno regional respectivo resolver la distribución de dichos recursos entre proyectos específicos, respetando los criterios de elegibilidad que establezca el ministerio respectivo.

Se entenderá por inversión sectorial de asignación regional. toda aquélla que corresponda a estudios preinversionales, programas y proyectos de inversión que, siendo de responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deban materializar en una región específica y cuyos efectos económicos directos se concentren principalmente en ella.

Los programas, estudios preinversionales o proyectos correspondientes a inversión sectorial de asignación regional, podrán incluir financiamiento conjunto del gobierno regional y del órgano o servicio público correspondiente.

Asimismo, dichos estudios, programas y, proyectos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Cuando éstos correspondan a programas financiados con créditos externos, deberán sujetarse, además, a las condiciones de elegibilidad contenidas en los respectivos convenios de crédito.

A proposición de los gobiernos regionales, se podrán traspasar recursos entre programas de inversión sectorial de asignación regional y entre éstos y proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por hasta el 5% del presupuesto asignado a los primeros.

Artículo 76.- Los convenios de programación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política de la República son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado.

Estos convenios deberán especificar el o los; proyectos sobre los cuales se apliquen, las responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y, las normas de revocabilidad. Los convenios de programación deberán incluir, cuando corresponda, cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, a través de alguno de los ministerios que los suscriban, el que deberá ser firmado, además, por los Ministros del Interior, de Hacienda y de Planificación y Cooperación. Los proyectos que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

CAPITULO VII.

DE LA ELECCION DEL CONSEJO REGIONAL.

PARRAFO 1°.

DE LOS COLEGIOS ELECTORALES PROVINCIALES Y DE LA VOTACIÓN.

Artículo 77.- Para la elección de los consejeros regionales, se constituirá un colegio electoral en cada una de las provincias de la región correspondiente, el cual (estará integrado por los concejales respectivos.

A estos efectos, el Presidente del Tribunal Electoral Regional confeccionará la nómina de los electores y la remitirá al Presidente de la mesa del colegio electoral provincial correspondiente.

Diez días antes de la fecha en que deba constituirse el colegio, el respectivo Tribunal Electoral Regional designará, por sorteo, a los miembros de la mesa que dirigirá la elección, integrada por un presidente, un secretario y un vocal, y a sus respectivos suplentes. Asimismo, determinará, dentro de la capital provincial, el local en que se instalará el colegio electoral.

Artículo 78.- Cada colegio electoral provincial se constituirá quince días después de la instalación de los concejos de la respectiva provincia, a las nueve horas, en el local determinado por el Tribunal Electoral Regional.

El presidente de la mesa pasará lista a los asistentes al tenor de la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior y declarará instalado el colegio electoral si concurriere, a lo menos, la mayoría absoluta de sus miembros. De no reunirse el indicado quórum, la sesión se celebrará en el día siguiente, a la misma hora y en el mismo local, con los miembros que asistan.

Artículo 79.- Las candidaturas a consejeros regionales sólo podrán ser presentadas hasta las 24 horas del quinto día anterior a la fecha en que deba reunirse el colegio electoral, ante el respectivo Director Regional del Servicio Electoral.

Las candidaturas deberán ser presentadas por uno o más concejales de la respectiva provincia. Dicha presentación deberá ir acompañada de una declaración jurada ante un notario público de cualquiera de las comunas de la provincia, hecha por los candidatos a consejeros regionales titular y suplente que se incluyan en la misma propuesta, por la que éstos acrediten su voluntad de ser candidatos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 29 y 30. Un mismo concejal podrá presentar más de una candidatura, la que, en todo caso, deberá incluir un candidato a consejero titular y otro en calidad de suplente.

Artículo 80.- El Director Regional del Servicio Electoral proporcionará a la mesa de cada colegio electoral las cédulas con los nombres de los candidatos a consejeros regionales que corresponda elegir a cada provincia. En la cédula, los candidatos a consejeros titulares se ordenarán por orden alfabético de sus apellidos y, frente a cada uno de ellos, figurará el nombre completo del respectivo suplente.

Artículo 81.- Instalado el colegio electoral, el secretario de la mesa procederá a distribuir entre los concejales presentes la cédula electoral correspondiente. Acto seguido, se procederá a llamar a los concejales por orden alfabético, a fin de que depositen su voto en una urna sellada de que se dispondrá al efecto. El voto será personal y secreto, y cada concejal sólo podrá votar por un candidato a consejero titular, preferencia que se entenderá hecha también por el respectivo suplente.

Antes de depositar su voto, el concejal deberá firmar junto a su nombre, en la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo

Articulo 82.- Concluido el llamamiento a los concejales a votar, el presidente de la mesa declarará cerrada la votación y el secretario dejará constancia de los concejales que no votaron.

A continuación, se procederá a practicar el escrutinio, en el mismo lugar en que hubiere funcionado el colegio electoral provincial, en presencia de los concejales asistentes y del público que deseare observarlo, siempre que no interfiera en su desarrollo.

Se presumirá fraudulento el escrutinio que se practicare en un lugar distinto de aquél en que hubiere funcionado y recibido la votación el colegio electoral provincial.

El escrutinio se regirá por las normas del artículo 71 de la ley orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, numerandos 1 al 5.

Artículo 83.- Se declararán elegidos los candidatos que obtengan las más altas mayorías relativas, hasta la concurrencia del total de cargos por elegir por el respectivo colegio.

La elección de un candidato como titular supondrá de pleno derecho la de su respectivo suplente.

En caso de empate para dirimir uno o más cargos, se repetirá la votación entre los candidatos empatados hasta por tres veces y, si aún subsistiere el empate, el o los cargos por llenar se adjudicarán por sorteo en el mismo acto, en presencia, a lo menos, de todos los que hubieren propuesto las candidaturas empatadas.

Artículo 84.- El secretario extenderá un acta del escrutinio, que firmarán todos los miembros de la mesa, debiendo aquél remitir el original de la misma al Tribunal Electoral Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes al término de la sesión del colegio. Copia de dicha acta se remitirá al respectivo Director Regional del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo.

Artículo 85.- La Dirección del Servicio Electoral podrá acreditar un representante ante cada uno de los colegios electorales provinciales, para los efectos de prestar la asesoría necesaria al desarrollo del. proceso electoral regulado en este Capítulo.

PARRAFO 2.

DE LAS RECLAMACIONES DEL ACTO ELECTORAL.

Artículo 86.- Dentro de los diez días siguientes ea la celebración de la sesión del colegio electoral, cualquier persona podrá impugnar, ante el respectivo Tribunal Electoral Regional, la legalidad del acto o sus resultados. Por esta misma vía, podrá reclamarse contra eventuales incumplimientos de lo dispuesto por los artículos 29 y 30.

Artículo 87.- El Tribunal Electoral Regional respectivo se entenderá citado por el solo ministerio de la ley para reunirse a las diez de la mañana del decimoquinto día siguiente a la fecha en que se hubieren verificado las elecciones de los consejeros regionales por los colegios electorales provinciales, a fin de resolver las reclamaciones y efectuar las rectificaciones a que ellas dieren lugar.

Reunido el tribunal en la oportunidad señalada, seguirá sesionando diariamente hasta que cumpla íntegramente su cometido, el que deberá evacuar, a más tardar, en el plazo de quince días.

Artículo 88.- El Tribunal Electoral Regional procederá, de norte a sur, al estudio de las elecciones de consejeros regionales reclamadas. Conociendo de las reclamaciones de nulidad, apreciará los hechos como jurado y al tenor de la influencia que, a su juicio, ellos hayan tenido en la elección. Con el mérito de los antecedentes, declarará válida o nula la elección y sentenciará conforme a derecho.

Los hechos, efectos o irregularidades que no influyan en el resultado de la elección, sea que hayan ocurrido antes, durante o después de la votación en las mesas de los colegios electorales provinciales, no darán mérito para declarar su nulidad.

Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de las mesas de los colegios electorales provinciales que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número mínimo de miembros que señala el artículo 77 o en lugares distintos de los designados, excepto, en este último caso, si se tratare de fuerza mayor.

Declarada nula una elección por el Tribunal Electoral Regional respectivo, se procederá a repetir la votación.

Artículo 89.- En la repetición de la elección, las mesas de los colegios electorales provinciales funcionarán con la misma integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que la declaración de nulidad se fundare en la circunstancia de ser nulo el nombramiento de los integrantes de la mesa, en la adulteración o falsificación del escrutinio o en el cohecho de alguno de sus miembros, caso en el cual se sortearán de inmediato por el Tribunal Electoral Regional los miembros de la nueva mesa, excluidos los objetados.

La nueva elección se efectuará al décimo día, contado desde la fecha en que se realice el sorteo señalado en el inciso anterior, debiendo comunicarse esta resolución a los concejales por el secretario del Tribunal Electoral Regional mediante carta certificada.

En los demás casos, la elección se efectuará también al décimo día, contado desde el momento en que quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal Electoral Regional o del Tribunal Calificador de Elecciones, en su caso.

Artículo 90.- Una vez dictada la sentencia sobre todos los reclamos, el Tribunal proclamará a los candidatos que hubieren resultado elegidos.

Artículo 91.- Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la dictación de su fallo, el Tribunal Electoral Regional enviará una copia autorizada de la parte pertinente del mismo al intendente.

Artículo 92.- La sentencia del Tribunal Electoral Regional será apelable para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días desde la notificación del fallo.

El Tribunal Calificador de Elecciones deberá resolver todas las apelaciones dentro del plazo de quince días.

Artículo 93.- En caso de renuncia, inhabilidad o incompatibilidad de un consejero regional titular, debidamente aceptada o declarada en los términos del artículo 39, así como de fallecimiento de aquél, asumirá su cargo, por el solo ministerio de la ley, el respectivo suplente, quien se desempeñará por el tiempo que le faltare al titular para completar su período. El suplente que asuma la titularidad del cargo no será reemplazado si, a su turno, cesare en el desempeño del mismo antes de completar el período.

TITULO FINAL.

Artículo 94.- Los gobiernos regionales, los intendentes y los gobernadores se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Artículo 95.- Las competencias atribuidas por esta ley a los gobiernos regionales no afectarán las funciones y atribuciones que correspondan a la Administración Pública nacional, en todo lo que expresamente no haya sido encomendado a los gobiernos regionales.

Artículo 96.- Paralos efectos de lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Política de la República, se podrán radicar en el gobierno regional funciones específicas que lleven a cabo otros órganos de la Administración del Estado. En tal caso, se procederá mediante la celebración de un convenio entre el gobierno regional y el órgano respectivo, el que será suscrito, además, por el Ministerio del Interior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERA.- Los recursos que se asignen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementarán, respecto del presupuesto del año anterior, en los Presupuestos de 1993 y 1994, en una tasa no inferior al 25 por ciento por sobre el crecimiento promedio del presupuesto de la inversión pública nacional en cada uno de esos años, excluida la inversión sectorial de asignación regional.

SEGUNDA.- En los Presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional incluirá, a lo menos, los ítem de pavimentación urbana, conservación y mejoramiento de caminos secundarios y mejoramiento urbano.

En los Presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional crecerá, a lo menos, en una tasa del 25 por ciento más alta que la de crecimiento del resto de la inversión pública en los mismos períodos, excluido el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

TERCERA.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de los gobiernos regionales, especialmente sobre la base de los presupuestos del Servicio de Gobierno Interior y de las Regiones (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).

CUARTA.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, a contar de la entrada en vigencia de esta ley, mediante uno o más decretos supremos expedidos por el Ministerio del Interior; los que deberán contar, además, con la firma del Ministro de Hacienda, establezca la organización interna y fije las plantas de personal de los, gobiernos regionales. Dichas plantas se conformarán la personal que actualmente se encuentre prestando funciones en el Servicio de Gobierno Interior, Secretarías Regionales Ministeriales y otros servicios públicos.

Para tales efectos, el Presidente de la República encasillará al personal en las plantas que se establezcan. El encasillamiento del personal en actual servicio procederá de pleno derecho y se efectuará sin solución de continuidad. Si se produjeren diferencias de remuneraciones, éstas se pagarán por planillas suplementarias, las que serán imponibles en la misma proporción en que lo sean las remuneraciones que sirvan de base para calcularlas. En el orden previsional, continuarán siendo aplicables a los funcionarios las normas que los rigieren con anterioridad a dicho encasillamiento, manteniéndose la calidad de tope de escalafón de quienes la tuvieren para tales efectos.

Los cargos que quedaren vacantes en las plantas de los ministerios o servicios a que perteneciere el personal traspasado, deberán ser suprimidos. Asimismo, el Presidente de la República podrá efectuar traspasos de bienes y de recursos financieros al gobierno regional.

El personal que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley Nº 18.575 y 72 de la ley Nº 18.834.

QUINTA.- Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la instalación de los gobiernos regionales, regirán plenamente las funciones, atribuciones y competencias que en esta ley se establecen para los intendentes y gobernadores. Entre tanto, los consejos regionales de desarrollo establecidos por la ley N° 18.605 mantendrán sus actuales composición y atribuciones, de conformidad a la legislación vigente.

SEXTA.- El dominio de los bienes inventariables, muebles e inmuebles, adquiridos o construidos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, antes de la entrada en vigencia de esta ley, cuyo dominio no haya sido transferido por aplicación del artículo 16 de la ley Nº 18.267, deberán entenderse transferidos a las entidades públicas que no sean fiscales o a las privadas a las cuales estén actualmente asignados. Los referidos bienes, que actualmente estén utilizando los servicios fiscales, deberán entenderse destinados a éstos. La transferencia del. dominio de dichos bienes se perfeccionará mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá llevar, además, la firma del intendente de la región respectiva. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada del respectivo decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el que será suscrito, además, por el Ministro del Interior, determinados bienes se podrán destinar al patrimonio del gobierno regional.

SEPTIMA.- Para los efectos de la primera elección de los consejos regionales que se regulan en esta ley, la determinación a que se refiere el inciso final del artículo 27 será hecha por el respectivo director regional del Servicio Electoral dentro de los veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.

Se designó DIPUTADO INFORMANTE al señor AGUILO, don Sergio.

SALA DE LA COMISION, a 4 de abril de 1992.

Acordado en sesiones de fechas 14 de enero, 10, 17, 18, 30, 31 de marzo y 10 de abril de 1992, con asistencia de los señores Ortega (Presidente), Aguiló, Barrueto, Bombal, Cantero, señora Caraball, Carrasco, Correa, Elgueta, Elizalde, García Ruminot, Hamuy, Letelier, Longton, Montes, Morales y Ulloa.

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH

Secretario de Comisión

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL. BOLETÍN N° 589-06

“HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo de artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificado de “simple” urgencia para los efectos de su tramitación legislativa.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Rodrigo Pineda, asesor del Ministerio del Interior, y José Espinoza, asesor del Ministerio de Hacienda.

En síntesis, la iniciativa legal en informe se concibe de acuerdo al mensaje, dentro del propósito del Supremo Gobierno destinado a afianzar un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización en el país. Al efecto, se sugiere reformar las instituciones de administración territorial asignando nuevas funciones y atribuciones a los gobiernos regionales que crea y dotándolos de los recursos para ejercerlas.

La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 37, 67 al 76, y de las disposiciones primera, segunda, tercera, cuarta y sexta, transitorias del texto aprobado por dicha Comisión.

La Comisión de Hacienda, por su parte, en conformidad al procedimiento dispuesto en el párrafo 2°, del inciso segundo, del artículo 219 del Reglamento de la Corporación, estimó que también son materia de su competencia los artículos 24, letras e), f), g) e i) del artículo 34, 64, 65 y 66 del proyecto.

El informe financiero remitido por la Dirección de Presupuestos en relación con el proyecto plantea respecto al eventual mayor gasto de cargo fiscal, lo siguiente:

1) En lo referente a las dietas de los miembros del Consejo Regional estima que el máximo de gasto anual alcanzaría a 273 millones de pesos, los que serán absorbidos por el actual presupuesto de los CODERE, por lo que no involucrará un gasto adicional para el Estado.

2) La elección de los consejeros regionales, por tratarse de un grupo reducido de electores, no requerirá de aportes adicionales.

3) Los incrementos de recursos para el FNDR y la inversión sectorial de asignación regional se encuentran vinculados a los presupuestos de inversión que contemplarán las leyes de presupuesto de 1993 y 1994, por lo que no es posible determinar ahora su costo.

4) En lo que se refiere a las plantas de los gobiernos regionales, éstas se conformarán con personal en actual servicio, debiéndose suprimir los cargos que queden vacantes, razón por la que habrán sólo traspasos de personal entre instituciones, sin que se produzca un aumento del gasto público.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe hacer presente lo siguiente:

Por el artículo 24 del proyecto, se fija un plazo, de treinta días, para que el consejo regional se pronuncie respecto de las proposiciones hechas por el intendente respecto de los planes y estrategias regionales de desarrollo, del proyecto de presupuesto del gobierno regional, y de las modificaciones de ambos, presumiéndose la decisión favorable del consejo si no se pronunciare dentro de dicho lapso.

Se establece, además, que en el evento de producirse discrepancias entre el intendente y el consejo, respecto de dichas materias, primará la proposición de aquel, salvo que el consejo insistiere en su posición por los tres quintos del total de sus miembros.

Los Diputados Bombal, don Carlos y Palma, don Andrés, formularon la siguiente indicación que motivó un incidente de admisibilidad en el seno de la Comisión.

Para sustituir el encabezamiento del primer inciso del artículo 24, por el siguiente:

“El consejo regional sólo podrá aprobar o modificar las materias señaladas en las letras b) y d) del artículo anterior, y su pronunciamiento deberá...”.

Puesta en votación la indicación precedentemente expuesta, fue aprobada por 4 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención.

Sometido a votación el artículo 24 fue aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra.

El artículo 34 contempla las funciones que competen al consejo regional.

En la letra e) de dicho artículo se prescribe que corresponde al consejo aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, a propuesta del intendente.

Por la letra f) se establece que el consejo deberá aprobar, a proposición del intendente, la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional.

En la letra g), se prescribe que el consejo aprobará, a proposición del intendente, los convenios de programación que celebre el gobierno regional.

Por la letra i) se establece que el consejo deberá dar su acuerdo al intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales.

Sometidas a votación las letras precedentemente referidas del artículo 34, fueron aprobadas por unanimidad.

Por el artículo 37 se determina la dieta que percibirán los consejeros regionales por cada sesión a la que asistan, estableciéndose un tope máximo por cada mes calendario.

Los Diputados Devaud, don Mario y Palma, don Andrés, formularon una indicación a este artículo, que precisa su contenido, del siguiente tenor:

Para sustituir la coma (,) a continuación de la palabra “asistan”, por un punto (.), y reemplazar la oración que le sigue, por la que a continuación se transcribe: “Con todo, lo percibido por cada consejero no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes de calendario.”.

Puestos en votación la indicación precedente y el artículo 37 fueron aprobados en forma unánime.

El artículo 64 posibilita que los gobiernos regionales puedan asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entidades cuyo objetivo sea impulsar acciones o iniciativas, sin fines de lucro, que tiendan al desarrollo de la región.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 65 se precisa que la formación de tales entidades requerirá del acuerdo del consejo regional, a proposición del intendente, y además, que a dichas instituciones les será aplicable la legislación común, con la limitación de que no podrán contratar empréstitos.

Sometido a votación el artículo antes referido fue aprobado por unanimidad.

Por el artículo 66 se señalan las estipulaciones mínimas que deberán contener los actos jurídicos celebrados por los gobiernos regionales, para crear las denominadas asociaciones regionales; estas son, la determinación de las obligaciones, del financiamiento y demás recursos que proporcione el gobierno regional, afectándolas, también, la prohibición de contratar empréstitos.

Sometido a votación el artículo 66 fue aprobado en forma unánime.

En el artículo 67 se establece la conformación del patrimonio del gobierno regional.

Puesto en votación este artículo, se aprobó en forma unánime.

Por el artículo 68 se señala el estatuto jurídico aplicable al patrimonio del gobierno regional.

Sometido a votación el artículo 68 fue aprobado por 6 votos a favor y una abstención.

En el artículo 69 se define lo que constituirá el presupuesto del gobierno regional, disponiéndose, además, que se regirá por las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Se compondrá de los recursos que le sean asignados anualmente por la ley de presupuestos y deberá comprender un programa de inversión regional, donde se incluirán los recursos provenientes del FNDR y otros que tengan por objeto el desarrollo de la región.

Contempla, además, que el proyecto de presupuesto regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación, y que, en caso de ser aprobado, será enviado al Ministerio de Hacienda.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

Por el artículo 70 se define el FNDR como un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Se establece, también, que se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la ley de presupuestos y que su distribución se realizará mediante asignación de cuotas regionales.

Sometido a votación este artículo fue aprobado por 6 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención.

En el artículo 71 se establece la fórmula de distribución del FNDR, consignándose que el 90% del Fondo se expresará anualmente en la ley de presupuestos, ponderándose, en igual medida, las dos variables siguientes: el nivel socioeconómico y la condición territorial particular de la región.

Los Diputados señores Bombal, Devaud, Ramírez y Sabag formularon una indicación para reemplazar en las letras a) y b) del artículo 71, la oración “nivel socioeconómico de la región medido en términos de indicadores como”, por la siguiente: “nivel socioeconómico de la región, que para su medición, considere al menos los siguientes indicadores:”, de modo que la enumeración deja de ser a vía ejemplar.

Puesta en votación la indicación anterior, se aprobó por 7 votos a favor y 1 voto en contra.

Sometido a votación el artículo 71 fue aprobado por 6 votos a favor y 1 voto en contra.

Por el artículo 72 se contempla que el 10% restante del Fondo se distribuirá de la siguiente manera: un 5% como estímulo a la eficiencia, lo que será determinado por el Ministerio del Interior, mediante resolución fundada, dentro del primer trimestre de cada año, y el 5% restante para gastos de emergencia, lo que será calificado, también, por dicho Ministerio, en ambos casos en las condiciones que se indica.

Sometido a votación este artículo fue aprobado en forma unánime.

El artículo 73 dispone que los ingresos propios que genere el gobierno regional, así como, los demás recursos que por ley o por convenio se asignen a una o más regiones, podrán sumarse a la cuota del FNDR que le corresponda a la respectiva región, sin que sean distribuidos conforme a los criterios consignados en el artículo 71.

En relación a este artículo en la Comisión se consideró que su redacción era contradictoria y que se prestaba para un manejo demasiado discrecional de parte de la autoridad.

Los Diputados señores Bombal, Devaud, Palma, don Andrés, Ramírez, Ringeling y Sabag formularon una indicación para suprimir en el artículo 73, la frase siguiente:

“Los ingresos propios que genere el gobierno regional y”.

Esta indicación motivó un incidente de admisibilidad.

Puesta en votación la indicación antes transcrita, fue aprobada por 7 votos a favor y 1 voto en contra.

Sometido a votación el artículo 73 con la modificación, fue aprobado en forma unánime.

En el artículo 74 se prescribe que los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán ajustarse a las normas y procedimientos que establece el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Agrega la disposición, que en el caso de tratarse de créditos externos, deberán cumplir las exigencias del respectivo contrato de préstamo.

Sometido a votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

Por el artículo 75 se dispone que la ley de presupuestos consultará uno o más ítemes de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional, entregando al gobierno regional la resolución de cómo se repartirán dichos recursos, debiéndose considerar, en todo caso, las pautas de elección impartidas por el respectivo ministerio.

La disposición define lo que debe entenderse por inversión sectorial de asignación regional. Contempla, además, la posibilidad de que dichas inversiones sean financiadas conjuntamente por el gobierno regional y el órgano o servicio público correspondiente.

Por último, la disposición permite el traspaso de recursos entre los distintos programas de inversión sectorial de asignación regional, así como entre éstos y proyectos correspondientes al FNDR, hasta por un porcentaje que no supere el 5% del presupuesto asignado a dichos programas.

Los Diputados señores Bombal, Devaud, Palma, don Andrés, Ramírez y Sabag formularon una indicación para sustituir en el inciso primero del artículo 75 la expresión “respetando” por los términos “que cumplan”.

Sometido a votación el artículo 75, con la indicación precedente, fueron aprobados por unanimidad.

El artículo 76 conceptualiza los convenios de programación aludidos en el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política, señalándose, además, las especificaciones que, necesariamente, deberán contener, así como la forma en que serán sancionados.

Sometido a votación este artículo fue aprobado en forma unánime.

La disposición primera transitoria detalla la forma en que se determinarán los recursos que se asignen al FNDR, durante los años 1993 y 1994.

La disposición segunda transitoria, en su inciso primero, señala los ítemes básicos que deberá incluir la inversión sectorial de asignación regional considerada en los presupuestos de los años 1993 y 1994. El inciso segundo, establece una tasa 25% superior al crecimiento del resto de la inversión pública, en los períodos que indica, excluido el FNDR, para el aumento de la inversión sectorial de asignación regional, previsto para los presupuestos de los años 1993 y 1994.

Solicitada votación separada de los incisos primero y segundo referidos anteriormente, el primero fue aprobado por unanimidad y el segundo, por 6 votos a favor y 1 voto en contra.

Las disposiciones tercera y cuarta transitorias entregan al Presidente de la República la facultad para conformar el primer presupuesto de los gobiernos regionales, como, también, su organización interna y las plantas de personal que servirán en ellos.

La disposición sexta transitoria se refiere a la situación de los bienes adquiridos o construidos con recursos del FNDR, antes de la entrada en vigencia del proyecto y que no hayan sido transferidos según se indica, estableciendo, como regla general, que deberán entenderse radicados en el dominio de las entidades a las cuales se encuentren asignados a la fecha. El inciso segundo de la norma prescribe que, en forma excepcional, puedan destinarse al patrimonio del gobierno regional, cumpliendo con las formalidades que se señalan.

CONSTANCIAS

1.- Indicaciones rechazadas.

Del Diputado Devaud, don Mario, al artículo 68 del proyecto.

-Para agregar en la letra d), el siguiente inciso segundo:

“No se requerirá el trámite de insinuación.”.

-Para agregar en la letra f), después de la palabra “Intendente”, la frase “previo acuerdo del Consejo Regional”.

-Para eliminar en la letra g) la expresión “o parcial”.

2.- Indicaciones declaradas inadmisibles.

Del Diputado Ringeling, don Federico, al artículo 24 del proyecto.

-Para agregar en el inciso primero, a continuación de la letra d), la letra “e”.

-Para agregar a continuación del inciso segundo, el siguiente párrafo:

“En este último caso, el consejo regional deberá presentar una alternativa financiada que deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de sus miembros y si no se concreta esa alternativa, primará la proposición del intendente.”.

Del Diputado Devaud, don Mario, al artículo 24 del proyecto.

-Para agregar el siguiente inciso tercero:

“En caso que el Consejo Regional rechace la proposición presupuestaria del intendente en su integridad y mantenga su rechazo por los tres quintos en caso de discrepancia, regirá el presupuesto propuesto por el intendente, rebajado en un 25% por cada partida.

En caso que se mantengan discrepancias parciales por el quórum requerido, no habrá ley respecto de las partidas y puntos de desacuerdo.”.

Del Diputado Devaud, don Mario, al artículo 68 del proyecto.

-Para eliminar en la letra c), la frase siguiente: “y sólo podrá ser rebajado con acuerdo del consejo regional, en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del artículo 34;”.

Del Diputado Palma, don Andrés, al artículo 68 del proyecto.

-Para agregar en la letra h), luego de las expresiones “f) y g),”, la frase siguiente: “a proposición o con el acuerdo del consejo regional”.

Del Diputado Palma, don Andrés, al artículo 70 del proyecto.

-Para sustituirlo por el siguiente:

“El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de financiamiento de inversiones en los ámbitos productivo y de infraestructura social y económica de la región. Este Fondo se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la ley de presupuestos. La distribución del mismo se efectuará entre las regiones, asignándoles cuotas regionales.”.

Del mismo señor Diputado, al artículo 71 del proyecto.

-Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 71.- La distribución del 90% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones se efectuará por una ley de carácter trienal que deberá considerar las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación con el contexto nacional. Esta distribución se expresará anualmente en la ley de presupuestos.”.

Del Diputado Devaud, don Mario, al artículo 74 del proyecto.

-Para sustituir el primer párrafo, por el siguiente:

“Los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán contar con un informe del organismo de planificación nacional o regional, en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad.”.

Del Diputado Ringeling, don Federico, al artículo 74 del proyecto.

-Para sustituir el artículo 74, por el siguiente:

“Artículo 74.- Los proyectos de inversión y los estudios y programas que se pretendan materializar deberán estar fundamentados en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad. La priorización de ellos se llevará a cabo por el gobierno regional entre los que cumplan con un mínimo de rentabilidad económica y social establecido a nivel nacional para cada región por el Ministerio de Hacienda. En el caso de ser financiados con créditos externos, deberán cumplir además con los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.”.

Sala de la Comisión, a 10 de abril de 1992.

Acordado en sesiones de fechas 7 y 8 de abril de 1992, con la asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Presidente) (Bombal, don Carlos); Arancibia, don Armando; Devaud, don Mario; Huepe, don Claudio (Hamuy, don Mario); Munizaga, don Eugenio; Palma, don Andrés; Ramírez, don Gustavo; Ringeling, don Federico; Sabag, don Hosain y Sota, don Vicente.

Se designó Diputado informante al señor Palma, don Andrés.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión”.

NORMATIVA SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL. Primer trámite constitucional.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Entrando en el Orden del Día, corresponde ocuparse, hasta su total despacho en general, del proyecto de ley sobre Gobierno y Administración Regional.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 589-06 y figura en el número 14 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para que puedan ingresar los Subsecretarios del Interior, y de Desarrollo Regional y Administrativo, con el objeto de que asesoren al señor Ministro.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, don Sergio Aguiló.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social informo el proyecto de ley sobre Gobierno y Administración Regional, originado en un mensaje del Presidente de la República, don Patricio Aylwin.

En el estudio de este proyecto, vuestra Comisión contó con la colaboración permanente de diversas autoridades de Gobierno, especialmente de don Álvaro García, Ministro Subrogante del Ministerio de Planificación y Cooperación; don Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; de los señores

Francisco Fernández, Luis Jara y Rodrigo Pineda, asesores del Ministerio del Interior, y don José Espinoza, asesor del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 212 del Reglamento de la Cámara, la Comisión escuchó el parecer de destacadas personalidades del quehacer nacional, expertos en la materia a que se refiere el proyecto de ley objeto de este informe.

En representación del Instituto Libertad, se escuchó a la señora Erna Budinich; los señores José María Saavedra y Antonio Sancho expusieron en representación del Instituto Libertad y Desarrollo; también se escuchó a don Juan Cavada, Jefe del Departamento de Política Regional del Mideplan, y a don Eduardo Docken- dorff, del Centro de Estudios para el Desarrollo.

Por otra parte, la Comisión, en sus giras realizadas a diversas zonas del país, escuchó a autoridades regionales, provinciales y municipales, como, asimismo, a representantes de las organizaciones vecinales, laborales y empresariales, a fin de recoger de manera directa las inquietudes y propuestas de la ciudadanía sobre esta importante materia.

Señor Presidente, paso a reseñar sintéticamente las ideas matrices del mensaje del Presidente.

Al proponer este proyecto de ley al Congreso, así como la reforma constitucional al Capítulo XIII, ya aprobado por este Congreso, que dan sustento al proyecto que hoy informamos, el Presidente de la República señala que ha buscado afianzar un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización en el país, expresando su convicción de que dicho proceso podría ser uno de los principales desafíos de la nación, de cara al siglo XXI. A juicio del Gobierno, tal proceso de des-centralización resulta fundamental en la actual etapa que vive el país, considerando los requerimientos propios del sistema democrático, las demandas que plantea la expansión económica en variadas zonas del territorio, las exigencias que se derivan de la modernización de la administración pública y los anhelos legítimos de las comunidades locales y regionales.

Se trata, por tanto, de una iniciativa que, en concordancia con la referida reforma constitucional, innova profundamente en la estructura político-administrativa del Estado chileno, abriendo un amplio camino para la descentralización efectiva del país, camino por el cual, a juicio del Ejecutivo, debemos transitar de modo prudente, pero decidido, haciéndolo en concordancia permanente con nuestra tradición institucional de estado unitario.

En este enfoque de avances progresivos y graduales en la senda de la descentralización, el proyecto contempla la creación de los gobiernos regionales como personas jurídicas de derecho público y dotadas de patrimonio propio, a los cuales les otorga importantes funciones y atribuciones y les asigna los recursos para ejecutarlas.

Sobre la base de la instauración de estos gobiernos regionales, se procura, por una parte, avanzar en el logro de una mayor participación ciudadana, como elemento consustancial a una descentralización democrática, y, por otra, se busca racionalizar el desempeño de la administración, al entregar la toma de decisiones sobre los asuntos regionales en una instancia inmediata al escenario en que estos problemas se plantean.

Estructura y disposiciones fundamentales de la ley en discusión.

Sobre la base de las ideas comentadas, el proyecto en discusión se estructura en tres títulos, los que, a su vez, contienen 96 artículos permanentes, más siete transitorios.

El Título I, que abarca los artículos 1° al 12, se refiere al gobierno de la región, y está subdividido en tres capítulos, referí- dos al intendente, al gobernador y a las disposiciones comunes a intendentes y gobernadores. Este Título establece, en lo fundamental, que el gobierno interior de cada región reside en el intendente, como representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Dispone, a su vez, que en cada provincia existirá una gobernación, como órgano desconcentrado del intendente. Por último, establece disposiciones comunes a intendentes y gobernadores, vinculadas a los requisitos para su designación, a las causales de cesación en sus cargos y a la sede desde donde ejercerán sus funciones.

El Título II, que se refiere a la administración de la región, está subdividido, a su vez, en siete capítulos, los que a continuación se reseñan.

El capítulo I del Título Segundo, que abarca los artículos 13, 14 y 15, contiene disposiciones referidas a la naturaleza y objetivos del gobierno regional en vigor. Establece que la administración superior de cada región estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella. Del mismo modo, define estos gobiernos regionales como personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio e investidas de las funciones y atribuciones que esta ley les confiere. Señala que para el cumplimiento de sus objetivos, el gobierno regional promoverá preferentemente acciones de ordenamiento territorial, de fomento de actividades productivas y de desarrollo cultural y social de la región.

El capítulo II del mismo Título Segundo, que incluye los artículos 16 al 20, establece las funciones y atribuciones del gobierno regional. A su vez, hace el distingo entre las funciones de carácter general y aquellas específicas vinculadas a los tres tipos de acciones reseñados precedentemente.

Entre las primeras, cabe destacar la aprobación de las políticas, planes y programas de desarrollo de la región y su proyecto de presupuesto, y la de resolver la inversión de los recursos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como asimismo decidir la destinación específica de los programas de inversión sectorial de asignación regional.

Entre las atribuciones que el proyecto le asigna al gobierno regional, cabe hacer especial mención a la de convenir, con los ministerios e instituciones de la administración pública, programas anuales o plurianuales de inversión con impacto regional, como asimismo la de asociarse con personas naturales o jurídicas, con el fin de propiciar actividades que contribuyan al desarrollo regional.

El capítulo III, que contiene los artículos 21 al 55, se refiere a los órganos del gobierno regional. Establece que estará constituido por el intendente y el consejo regional.

Este capítulo se desagrega en cuatro párrafos:

El primero, que comprende los artículos 22 al 25, legisla sobre el intendente. Dispone que éste, sin perjuicio de lo ya indicado en el Título Primero, será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el consejo regional.

Del mismo modo, consigna, un conjunto amplio de atribuciones del intendente, entre las cuales pueden destacarse: formular las políticas de desarrollo de la región y dirigir su ejecución; someter al consejo regional los planes y estrategias regionales de desarrollo y el proyecto de presupuesto del gobierno regional; proponer al consejo la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de las inversiones sectoriales de asignación regional, la celebración de los convenios de programación con los ministerios respectivos.

El párrafo 2° que abarca los artículos 26 al 40, legisla sobre el consejo regional. Indica que éste tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales de cada provincia, constituidos al efecto en el colegio electoral.

Entre las funciones del consejo regional destacan las de aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, como asimismo la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los programas de inversión sectorial de asignación regional.

El párrafo 32 que comprende los artículos 41 y 42, legisla sobre el gobernador. Dicho funcionario tendrá a su cargo la administración superior de la respectiva provincia y presidirá el consejo económico y social provincial. Además de las atribuciones que puede delegarle directamente el intendente, se dispone que el gobernador ejerza, entre otras, la de conocer y supervisar los programas y proyectos de desarrollo que el sector público efectúe en la provincia; la de proponer al intendente proyectos específicos de desarrollo en su misma provincia, como también la de asesorar a las municipalidades de su jurisdicción, en la elaboración de programas y proyectos cuando éstas lo soliciten.

El Párrafo 4° de este Capítulo III, que incluye los artículos 43 al 55, legisla sobre el consejo económico y social provincial. Establece su carácter consultivo y de participación de la comunidad provincial socialmente organizada.

Estará integrado, además del gobernador, por 24 representantes elegidos: cuatro por las uniones comunales; cuatro por las organizaciones comunitarias funcionales; ocho por las organizaciones laborales y ocho por las empresas y demás unidades productivas. Adicionalmente lo integran, por derecho propio, un miembro de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que tengan asiento en la provincia, y por los rectores de las universidades que funcionen en la respectiva provincia, hasta un máximo de cuatro representantes.

Entre sus más importantes atribuciones, se consignan la de ser consultado por el gobernador sobre los anteproyectos de plan regional, de desarrollo y de presupuesto del gobierno regional y la de recibir semestralmente una cuenta del gobernador sobre la marcha de la administración provincial.

El Capítulo IV del Título Segundo de este proyecto, que comprende desde el artículo 56 hasta el 63, contiene disposiciones referidas a la estructura administrativa del gobierno regional y de otros órganos de la administración pública en las regiones.

En este capítulo se consagra la existencia de dos unidades: una, de asistencia jurídica y, otra, de gestión y control de los recursos y programas regionales, bajo la dependencia directa del intendente.

Además, se consigna que los ministerios se desconcentran territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales; que los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el Presi-dente de la República a partir de temas propuestas por el intendente y por el ministro del ramo. Su condición será la de representante del ministro respectivo en la región, no obstante ser un colaborador, del intendente en lo que se refiere a la elaboración, ejecución y coordinación de políticas, planes y proyectos del gobierno regional.

Por último, en este capítulo se expresa que todos los organismos que integran la administración del Estado, con excepción de las instituciones constitucionalmente autónomas, estarán sujetos a la coordinación, supervigilancia y fiscalización del intendente, a través del respectivo Seremi.

El Capítulo V del Título Segundo, conformado por los artículos 64 al 66, se refiere a las asociaciones regionales y dispone que los gobiernos regionales podrán asociarse con personas naturales o jurídicas para el efecto de propiciar iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional.

Estas asociaciones se regirán por la legislación común y no podrán contratar empréstitos.

El Capítulo VI del Título Segundo, que incluye los artículos 67 al 76, se refiere al patrimonio y sistema presupuestario regionales. En él se enumeran los recursos que componen el patrimonio del gobierno regional y se establece que el presupuesto del gobierno regional constituirá anualmente la expresión financiera de los planes y programas de la región, ajustados al Presupuesto de la Nación.

Además, define el Fondo Nacional de Desarrollo Regional como un programa de inversiones públicas destinadas al financiamiento de la infraestructura social y económica de la región, el que se constituirá por una proporción de la inversión pública establecida anualmente en la Ley de Presupuestos.

Adicionalmente, se establecen los criterios y variables que se considerarán para la distribución del 90 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre las regiones del país, como asimismo la destinación del 10 por ciento restante.

Por último, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución Política, se definen las inversiones sectoriales de asignación regional, incluidas sus formas de operación, como asimismo los convenios de programación, en tanto acuerdos entre uno o más gobiernos regionales con uno o más ministerios.

El Capítulo VII de este Título Segundo, que comprende desde los artículos 77 hasta el 93, se refiere a la elección del consejo regional. Se reitera que para la elección de los consejeros regionales, se constituirá un colegio electoral en cada provincia, integrado por los concejales respectivos.

Se establecen disposiciones que regulan la presentación de las candidaturas, la realización del acto electoral, la declaración de los candidatos electos, y las reclamaciones del acto electoral.

El Título Final, que abarca los artículos 94, 95 y 96, establece que las relaciones de los gobiernos regionales con el gobierno central se realizarán a través del Ministerio del Interior.

Para los efectos de lo consignado en el artículo 103 de la Constitución, en el sentido de descentralizar la administración del Estado y transferir nuevas competencias a los gobiernos regionales, dispone que el gobierno regional celebrará convenios con el órgano respectivo, los que deberán ser suscritos también por el Ministerio del Interior.

Las siete disposiciones transitorias se refieren, en lo fundamental, a que en los presupuestos de 1993 y 1994 debe consignarse que el crecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional deberá ser igual o superior al 25 por ciento del crecimiento promedio de la inversión pública respectiva, excluida la inversión sectorial de asignación regional. Igualmente, se consigna que como parte de la inversión sectorial de asignación regional en esos mismos presupuestos deben considerarse, al menos, los ítems de pavimentación urbana, conservación y mejoramiento de caminos secundarios y mejoramiento urbano.

Finalmente, se faculta al Presidente de la República para que en el plazo de un año establezca, mediante decreto, la organización interna de los gobiernos regionales y fije sus plantas.

En la discusión general, la Comisión compartió plenamente los puntos de vista sustentados por el Ejecutivo al fundamentar la iniciativa en informe, y procedió a prestar su aprobación unánime a la idea de legislar.

En el análisis particular, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos, respecto del articulado:

En cuanto a las disposiciones aprobadas, 61 artículos permanentes fueron aprobados exactamente como venían en el proyecto original del Ejecutivo. No los enumero porque están a disposición de los Honorables colegas.

Respecto de las principales modificaciones introducidas por la Comisión, estimo necesario consignar que, dada la naturaleza de los asuntos abordados por el proyecto y de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en muchos de sus aspectos. Por lo mismo, los integrantes de la Comisión vieron limitadas las posibilidades de introducir reformas significativas al texto del mensaje presidencial.

Vinculado a lo anterior, respecto de ciertas normas del proyecto, la Comisión adoptó el acuerdo de revisarlas exhaustivamente en el trámite del segundo informe, en atención a que el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de adecuar el texto a las observaciones que se presentaron en un primer análisis, pero que constitucionalmente no eran de iniciativa parlamentaria.

Formuladas las anteriores consideraciones, procedo a consignar muy brevemente las principales enmiendas introducidas al proyecto en informe:

Artículo 1° Se modifica su inciso segundo a fin de establecer que el intendente será subrogado por el gobernador de la provincia asiento de capital regional, y de mantener la facultad del Primer Mandatario para designar a otra persona de su confianza.

Artículo 7°. Se cambia su letra b), que indica la edad mínima con que se debe contar para ser intendente, al señalar como requisito la mayoría de edad, sin especificar la edad cronológica, dados los posibles cambios legislativos en esta materia en el futuro próximo.

Artículo 15. La modificación introducida en esta norma, que determina la sede de los gobiernos regionales considera la posibilidad de que éstos funcionen transitoriamente en otras localidades, a fin de hacerlo coherente con lo dispuesto en el artículo 1° de este proyecto.

Artículo 17. En esta disposición, referida a las funciones del gobierno regional en asuntos de ordenamiento territorial, se introducen varias modificaciones, entre las cuales es importante destacar la relativa a la letra d), que amplía al transporte internacional fronterizo las facultades que le corresponde desempeñar en esta materia.

Artículo 18. Este artículo trata de las funciones que debe cumplir el gobierno regional en relación con el fomento de las actividades productivas.

Se reemplazó el texto de la letra a) con la finalidad de conferir al gobierno regional un rol más activo en la formulación de las políticas de carácter nacional que incidan en el fomento productivo, en la asistencia técnica y en la capacitación laboral a aplicarse en la región.

En su letra b), la modificación pone especial énfasis en la labor de cuidado de los recursos naturales con ocasión de la explotación de que fueren objeto para el fomento productivo de la región, y aclara la necesaria vinculación con el sector privado en los estamentos que correspondan, a fin de establecer prioridades de fomento productivo.

En su letra c), se amplía la facultad de promoción allí establecida al área de desarrollo de la educación superior y técnica.

Artículo 19. En su letra c), se agregó un nuevo aspecto a considerar en la evaluación de proyectos: el impacto ambiental de los mismos, y en su letra e), se incorpora el factor calidad de vida dentro de las áreas de estudio que habrán de realizar los gobiernos en relación a su población.

Artículo 24. Se acordó que el plazo de 30 días que tendrá el consejo regional para pronunciarse sobre las materias señaladas en la letra b) y d) del artículo 23, esto es, planes y estrategias de desarrollo, y sus modificaciones, y proyecto de presupuesto regional y sus modificaciones, será computable desde que el consejo sea convocado y entregados los antecedentes correspondientes.

Además, se rebajó el quorum de dos tercios del total de sus integrantes a tres quintos de esta mayoría para que el consejo regional insista, en caso de discrepancia con el intendente, en las materias antes indicadas.

Artículo 29. En esta disposición, que establece los requisitos para ser elegido consejero regional, se fijó la exigencia de instrucción al hecho de sólo saber leer y escribir.

Artículo 46. A esta norma, que trata de las atribuciones del consejo económico social provincial, se le agregó una letra f), que establece la facultad de requerir de las autoridades regionales, provinciales y municipales, los antecedentes relativos a proyectos y programas a llevarse a cabo dentro de la provincia.

Artículo 60. En este precepto, que establece las funciones que les corresponderá desarrollar a las secretarías regionales ministeriales, se sustituye el texto de su letra f), con el objeto de entregar a éstas no sólo la fiscalización de los correspondientes organismos de la Administración del Estado comprendidos dentro de su quehacer ministerial, sino, además, las de coordinarlos y supervigilarlos.

Disposiciones transitorias.

Se agrega una séptima, que restringe de seis meses a veinte días el plazo de que dispone el director regional del Servicio Electoral -en la primera elección de los consejos regionales- para determinar el número de consejeros que corresponda elegir a cada provincia en proporción a su población.

Por otra parte, nuestra Comisión estimó que debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda los artículos 37, 67 al 76 y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta y sexta.

Respecto de los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o que requieren de quorum calificado para su aprobación, la Comisión determinó, por mayoría de votos, que tienen ese carácter las disposiciones de los párrafos 2° y 4° del Capítulo III, los Capítulos IV y VII del Título II y, por último, el artículo 96 del Título Final.

En virtud de todas las consideraciones que surgen de las ideas matrices del proyecto, como también de los contenidos y principales disposiciones del mismo, y en atención a que nuestra Comisión consideró a esta iniciativa, unánimemente, una de las más trascendentes de ser analizadas por este Honorable Congreso durante la transición a la democracia en que estamos empeñados, recomiendo a esta Honorable Cámara la aprobación -ojalá unánime- del proyecto en discusión.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Corresponde oír el informe de la Comisión de Hacienda.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda trató las materias contenidas en el informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social. Para ello, aparte de la participación de sus miembros, contó con la colaboración de don Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, y de los asesores del Ministerio del Interior y de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, señores Rodrigo Pineda y José Espinoza, respectivamente.

Además de los artículos señalados por el Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, la Comisión de Hacienda tomó conocimiento del artículo 24, de las letras e), f), g) e i) del artículo 34 y de los artículos 64, 65 y 66 del proyecto, que incidían en materias de administración financiera del Estado.

La Comisión determinó que este proyecto no significa un mayor gasto fiscal en ninguno de sus aspectos.

Las dietas de los miembros de los consejos regionales serán al presupuesto de los consejos de desarrollo regional.

La elección de los consejeros regionales no representa un mayor gasto, por cuanto el universo de los electores es reducido y, por lo tanto, los presupuestos de administración interior del Estado contienen ítems suficientes para financiar estas elecciones, sin necesidad de mayores aportes.

Asimismo, los incrementos de recursos para el Fondo de Desarrollo Regional y la inversión sectorial de asignación regional se vinculan a las leyes de presupuestos. Estos ya están considerados en el Presupuesto de 1992 y corresponderá a esta misma corporación supervigilar que se incluyan en los presupuestos de los años 1993 y 1994, para respetar los compromisos políticos asumidos por el Gobierno y el Congreso.

Por último, en lo que se refiere a las plantas de los gobiernos regionales, éstas se conformarán por personal en actual servicio, que será traspasado desde niveles de la administración central a los de los gobiernos regionales y, por lo tanto, no constituyen una mayor contratación. En este mismo proyecto de ley se fija el procedimiento para suprimir, en las plantas centrales correspondientes, los cargos que se creen en los gobiernos regionales.

En consecuencia, esta iniciativa no significa mayor gasto para el Estado.

Hay modificación en determinados niveles de administración de los recursos. Por ejemplo, en cuanto a los lugares en los cuales se toman las decisiones. Esto está establecido en los artículos que fueron conocidos por la Comisión de Hacienda y que, en general, fueron aprobados en su totalidad, la mayoría por unanimidad.

Debo dejar constancia de que la Comisión declaró inadmisibles varias indicaciones, fundamentalmente porque abordaban materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con la Ley de Administración Financiera del Estado.

No obstante, se introdujeron modificaciones relativamente importantes en materia de aprobación de los presupuestos regionales, aunque en el seno de la Comisión quedó claro que los presupuestos regionales constituyen parte del Presupuesto de la Nación y, por lo tanto, se aprueban conjuntamente en la Ley de Presupuestos. Sin embargo, era necesario aclarar qué ocurría si los consejos regionales rechazaban de plano la proposición de los intendentes. En ese sentido se aprobó una indicación para modificar las atribuciones de los consejos regionales, con el fin de establecer que sólo puedan aprobar o modificar los planes presentados por los intendentes respecto de las inversiones regionales, pero no rechazarlos.

Asimismo, se introdujeron algunas modificaciones en el artículo 37 -más bien de redacción- y en el artículo 71, con el objeto de precisar que se considere al menos los indicadores ahí señalados, de modo que la enumeración deja de ser por vía ejemplar. La indicación formulada por varios señores Diputados, de distintas bancadas, tenía por objeto determinar los criterios de asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Es importante señalar que fue extensa la discusión en la Comisión de Hacienda sobre los alcances y contenidos exactos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por cuanto hay distintas opiniones de los parlamentarios en lo relativo a las atribuciones que debe otorgar este artículo. Así, aun cuando hubo consenso sobre la necesidad de perfeccionar la disposición y conferir más facultades a las regiones, se estimó que dicha modificación debía ser producto de una iniciativa del Ejecutivo, por afectar a la administración financiera del Estado en sus normas orgánicas globales.

Por último, deseo expresar que las disposiciones transitorias que establecen, justamente, como lo mencionaba hace un momento, aquellos elementos de los acuerdos políticos que permitieron un consenso en tomo de esta iniciativa de gobiernos regionales, en términos de incrementar los aportes al Fondo de Desarrollo Regional y a las inversiones sectoriales de asignación regional para los años 1993 y 1994, contenidos en los artículos transitorios, fueron aprobadas por la unanimidad de la Comisión, lo que debe destacarse, por cuanto no es sólo una norma legal, sino un compromiso que debe respetarse e implementarse en el momento en que se aprueben las leyes de presupuestos para esos dos años.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.

El señor KRAUSS (Ministro del Interior).-

Señor Presidente, Honorable, Cámara, el proyecto sometido a discusión general corresponde a una etapa más en la implementación de los acuerdos políticos logrados, en agosto de 1991, entre los distintos sectores representados en el Parlamento.

Esta iniciativa sobre gobierno y administración regional viene a completar el esfuerzo que el Gobierno del Presidente Aylwin, con la activa participación y respaldo efectivo de las distintas fuerzas democráticas representadas en el Parlamento han llevado adelante, dando un impulso a la descentralización del país en el marco de un Estado unitario, cuya institucionalidad se democratiza y transforma para ponerse a tono con las exigencias de una sociedad moderna.

El proyecto en discusión se inspira en el propósito de dar un paso sustantivo hacia la distribución más equitativa de los recursos y oportunidades de progreso entre las diversas regiones del país. Para ello, resulta primordial proveerlas de los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros que les permitan asumir crecientemente las responsabilidades de decisión en el ámbito del desarrollo social, económico, y cultural.

Ello se concibe, por cierto, sin desmedro de la mantención de la estructura propia de un Estado unitario, en el que son los mismos para todo el país los órganos investidos de las potestades propias del poder público, la Constitución y las leyes que regulan la convivencia social de todos los chilenos.

De allí que, dentro de las distintas opciones que ofrecen las experiencias históricas de regionalización en otros países, el Ejecutivo optó por una fórmula ciertamente original, la que más se concilia con nuestras tradiciones e idiosincrasia y la que, de mejor modo, asegura resultados exitosos de este primer avance sustantivo, pero al mismo tiempo prudente, que nuestra sociedad emprende en la dirección de distribuir el ejercicio de las funciones y atribuciones públicas de índole administrativa, ya no sólo, como ha ocurrido prácticamente en toda nuestra historia republicana, entre el Gobierno nacional, sino que las traslada a las administraciones locales o municipales, y ahora incorpora una nueva y potencialmente fecunda dimensión, cual es el ámbito regional.

Nunca será demasiado llamar la atención sobre un aspecto que resulta consustancial a la reforma institucional, de la que este proyecto es derivación, como es su carácter progresivo, gradual y selectivo. Cada una de las transformaciones que ahora se plantean -y las que se sugieran en el futuro, como elementos complementarios o de ampliación de este proceso- deben ser vistas como fases de un proceso cuya evolución ulterior nadie puede predeterminar, toda vez que cada etapa está íntimamente vinculada al balance que se formule del anterior y en el que el comportamiento objetivo de los esquemas de descentralización tendrán que ser el antecedente determinante para que el legislador revise, corrija o profundice, pues el compromiso político de todas las fuerzas que concurren a desarrollar este proceso se sustenta sobre la idea de dar pasos seguros que no pongan en riesgo nuestra cohesión nacional y que vayan permitiendo, sin embargo, transferir gradualmente competencias a las nuevas instancias de administración descentralizada en el territorio.

El proyecto parte de una realidad institucional regional, y desde allí busca, como punto de partida, introducir modificaciones importantes.

Incluso, es bueno rescatar que en los dos años de administración del Gobierno del Presidente Aylwin se han afianzado los instrumentos de inversión disponibles, como es el caso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el cual muestra rendimientos verdaderamente inéditos en relación con las etapas anteriores.

También hemos abordado un programa de capacitación y adiestramiento de profesionales y técnicos en cada una de las trece regiones del país, en actividades desarrolladas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con la decisiva contribución del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la Cepal.

Gracias a ello, los profesionales que se han beneficiado con estos programas han superado el millar. Ellos se encuentran capacitados para ir asumiendo las responsabilidades que la actual y futura legislación le entreguen como elementos dinámicos de este proceso de desconcentración y descentralización.

La descentralización y modernización del Estado chileno, a nuestro juicio, abre un ancho campo de oportunidades para todas las regiones del país, por lo que cuenta con el más decidido respaldo por parte del Gobierno del Presidente Aylwin. Sin embargo, este proceso no sólo lo concebimos de manera gradual, o dosificado por etapas, sino también de naturaleza selectiva, toda vez que debe tener en cuenta las distintas potencialidades objetivas que hoy día existen en las diversas regiones del país, las cuales constituyen un factor determinante en la mayor o menor capacidad de asunción autónoma de nuevas responsabilidades y desafíos.

De allí que la iniciativa, haciéndose eco del mandato impuesto por el constituyente al legislador, confiere la responsabilidad de determinar la forma en que se descentralizará la administración del Estado. En ese aspecto, consagra una fórmula flexible y original en nuestro derecho positivo, según la cual cada uno de los gobiernos regionales que por esta ley se instituyan, podrán plantear al gobierno nacional su interés en recibir la asignación de determinadas funciones centralizadas o desconcentradas en la actualidad, a las que podrá acceder por la vía de la ley, e incluso de un convenio entre ambas instancias de administración, cuando estudios y evaluaciones confiables demuestren que existen condiciones favorables para que ese traspaso opere.

Quiero reiterar el compromiso del Gobierno del Presidente Aylwin de no agotar los esfuerzos por descentralizar el país a través de esta iniciativa.

Este proceso avanzará sustantivamente durante su administración, mediante el envío a tramitación ante el Congreso Nacional de uno o más proyectos de ley que, fundados en los estudios y antecedentes correspondientes, abordarán, de manera sistemática y responsable, el traspaso de funciones y atribuciones de la administración pública nacional a los gobiernos regionales que se regulan en el proyecto que hoy día debate esta Honorable Cámara.

Comprometo, formal y solemnemente, la palabra del Gobierno del Presidente Aylwin en esta materia. Ante esta Honorable Cámara y el país, informo que durante su mandato se enviarán una o más iniciativas tendientes a alcanzar ese objetivo, por corresponder a una aspiración compartida por los habitantes de las distintas regiones y los parlamentarios de Gobierno y de Oposición, quienes lo materializaron a través de algunas indicaciones formuladas durante su primer trámite reglamentario. Ahora, el Gobierno del Presidente Aylwin recoge esa aspiración, la hace suya y adquiere, formal y solemnemente, el compromiso que señalo.

Este proyecto se estructura sobre la base de la regulación de dos grandes ámbitos de actividad. Por una parte, se compendian y conforman en un solo cuerpo normativo las distintas funciones y atribuciones que corresponden al gobierno interior del país, en cada una de sus regiones. En esta materia se desarrolla el enunciado constitucional, en cuanto a que el gobierno de cada región reside en un intendente, quien es el representante natural e inmediato del Presidente de la República en dicho espacio jurisdiccional.

Después, siempre en este carácter, viene un órgano desconcentrado del Gobierno nacional en la región, y las funciones que en tal calidad le competen apuntan a la preservación del orden público y a la seguridad interior de la República, cuyo titular supremo es el propio Jefe del Estado.

Se regulan también la organización, funciones, atribuciones, patrimonio y estructura administrativa de los gobiernos regionales, nuevos entes jurídicos de derecho público dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio y que, no obstante su denominación, no cumplen propiamente funciones de gobierno en el sentido de orden público y seguridad, sino de administración superior de la región, entendida ella como el conjunto de programas, acciones, obras y servicios destinados a promover el desarrollo económico, social y cultural de cada región.

El elemento peculiar del sistema de regionalización que la reciente reforma constitucional consagró en las modificaciones introducidas al capítulo XIII de la Carta Fundamental lo constituye la naturaleza del órgano administrativo denominado "intendente" que, junto con ser el órgano desconcentrado del gobierno interior en la región, es simultáneamente el órgano ejecutivo del gobierno regional y, como tal, preside su consejo.

Estamos conscientes de que no se trata propiamente de una fórmula ortodoxa o clásica si se la compara con la experiencia internacional en la materia, como asimismo estamos contestes en que habría sido quizás conceptualmente más fácil radicar en entes o cabezas distintas uno y otro tipo de funciones, pero atendida las particularidades propias de un proceso des- centralizador que va -por así decirlo- del centro a la periferia, y no a la inversa, como sucedió históricamente en Europa, en que los Estados nacionales se organizaron sobre la base de agrupaciones o antiguos reinos y feudos, nos ha parecido que, al menos en esta fase que estimamos preliminar del proceso, resulta más aconsejable evitar todo riesgo de confrontación, incluso a título de disputas o competencias entre los representantes del gobierno nacional y las administraciones regionales autogeneradas.

El proyecto que conoce la Honorable Cámara establece, además, las fundones y atribuciones del gobierno regional. Entre aquellas destacan: la de aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región; la de resolver la inversión de los recursos comprometidos para ésta en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; la de decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos incluidos en los programas de inversión sectorial de asignación regional de los distintos ministerios.

En lo atingente a las funciones de ordenamiento territorial, se prevé la participación del gobierno regional en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en el diseño y ejecución de programas y proyectos de dotación de infraestructura y equipamiento en la región, así como en lo concerniente al fomento productivo, en cuya esfera se le asigna la función de desarrollar y aplicar las políticas nacionales en la materia, junto con promover la asistencia técnica y la capacitación laboral.

En materia de desarrollo social y cultural, se contempla una importante intervención del gobierno regional en la aplicación de las políticas nacionales para la erradicación de la pobreza, el fomento de las expresiones culturales y la conservación y desarrollo del patrimonio histórico y natural de la región.

Entre las atribuciones, que son los medios necesarios para poner en ejecución aquellas funciones, resaltan la capacidad de convenir con los ministerios e instituciones de la administración pública nacional programas anuales o plurianuales de inversión, con impacto regional; la de disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su propio presupuesto; la de formular, evaluar y priorizar programas y proyectos de infraestructura social básica y, con una importancia que no puede desconocerse, la de constituir asociaciones con personas naturales o jurídicas destinadas a propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional.

La normativa en despacho establece los órganos del gobierno regional, señalándose que éstos son, como he dicho, el intendente y el consejo regional.

El intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el consejo, consignándose un conjunto extenso de atribuciones que tendrá, tales como formular las políticas de desarrollo de la región, ajustándose a las políticas y a los planes nacionales, y dirigir su ejecución; someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional; proponer al Consejo Regional la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la decisión sobre las inversiones sectoriales de asignación regional, y sobre los recursos contemplados en los convenios de programación, coordinar, supervigilar y fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley que operen en la región. Se prescribe también que la intendencia será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional.

Hemos estimado pertinente señalar que el Consejo Regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y que estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. Su integración se regula por consejeros que durarán cuatro años en sus cargos, elegidos por los concejales de cada provincia, constituidos al efecto en colegio electoral. Entre las funciones del Consejo Regional destacan la aprobación del plan de desarrollo de la región y del proyecto de presupuesto del gobierno regional, la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la región y la selección y priorización de los programas de inversión de asignación regional.

Se mantiene la figura del gobernador, quien tendrá a su cargo la administración superior de la provincia y presidirá el Consejo Económico y Social Provincial, que se concibe como órgano consultivo y de participación de la comunidad provincial socialmente organizada, cuya integración y atribuciones también se establecen en el proyecto.

El gobernador es desconcentrado del intendente, es decir, subordinado jerárquicamente a él, pero con atribuciones propias que la ley le asigna para resolver sobre ciertas materias de importancia en el ámbito provincial.

Se regula la estructura administrativa del gobierno regional y de otros órganos de la administración pública en las regiones, previendo que el gobierno regional cuente con una estructura básica de directa dependencia del intendente, constituida por una unidad de apoyo jurídico y administrativo y otra de gestión de los programas y proyectos regionales, y por último, con una secretaría técnica del Consejo.

Se regulan, además, las secretarías regionales ministeriales y el gabinete regional, estableciéndolas como un órgano auxiliar del intendente, y se establecen las facultades de coordinación, supervigilancia y fiscalización, según corresponda, a las entidades públicas.

Se norma todo lo atinente al patrimonio y al sistema presupuestario regional. Allí se describe la composición del patrimonio del gobierno regional y su régimen de bienes, y se define al Fondo Nacional de Desarrollo Regional que se constituirá con una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley de Presupuestos.

El proyecto contiene una innovación significativa en esta materia, cual es consagrar en la norma legal los criterios básicos con que se efectuará la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre las regiones, en favor de las más pobres, más rurales y más apartadas. Así, este instrumento de financiamiento contribuye a retener población en zonas de emigración y a mejorar las oportunidades de acceso a las esencialidades de la población rural y alejada, que vive la situación de mayor pobreza en el país.

Para 1992, el Fondo Nacional de Desarrollo tendrá un presupuesto inicial de 42.141.894.000 pesos, lo que implica un crecimiento real de un 16,7 por ciento respecto de 1991, monto que significa, además, duplicar el aumento correspondiente a la inversión pública nacional que llega a un 8 por ciento. Es decir, se han cumplido en exceso, sobradamente, los compromisos adquiridos en el acuerdo político que fundamenta, entre otras, esta iniciativa.

Es necesario resaltar que cada región cuenta ya con una completa cartera de proyectos, lo que permite asegurar una asignación y ejecución presupuestaria desde la primera semana de enero de 1992. Adicionalmente, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se verá incrementado en las regiones que obtengan ingresos por patentes mineras, en faenas de explotación y exploración, lo que importa el concepto de retribución compensatoria hacia la región que ve mermados sus recursos naturales no renovables. Los señalados incrementos a las cuotas regionales del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, o la puesta en práctica de nuevos programas de inversión en cada región, constituyen instrumentos presupuestarios y eficaces que hacen posible un poderoso esfuerzo de inversión pública que tiene una nítida orientación regional.

Los programas de inversión sectorial de asignación regional constituyen una poderosa innovación en la gestión presupuestaria de inversión pública, en la medida que permiten que un conjunto crecíente de programas de inversión en infraestructura establezcan cuotas regionales y que en cada región se definan los proyectos específicos que al efecto se apliquen.

En las normas transitorias del proyecto en discusión, el Ejecutivo ha señalado su voluntad de afianzar los referidos mecanismos presupuestarios en favor de una administración y asignación de recursos de inversión en cada una de las regiones del país. Los incrementos planteados para los presupuestos de 1993 y 1994 son el testimonio de esta voluntad política inquebrantable del Gobierno.

Igualmente, en el orden financiero, cabe destacar la trascendencia que están llamados a tener los convenios de programación, definidos como los acuerdos formales que se celebren entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, y en cuya virtud se convendrán las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que las partes acuerden realizar en un período determinado.

Sobre esta materia, finalmente, cabe señalar que los buenos indicadores del rendimiento tributario en el nivel municipal muestran recursos adicionales significativos para las comunas, y los incrementos esperados en el ordenamiento establecido en la propuesta de modificación a la Ley de Rentas Municipales complementan un cuadro de recursos de inversión, compatibles con las competencias que se transfieren a los gobiernos regionales.

Podemos afirmar que el proyecto que se discute responde plenamente a los lineamientos constitucionales en la materia, que han sido resumidos en los propósitos que el mensaje asigna a esta iniciativa.

En primer lugar, al Ejecutivo le interesa afianzar una positiva evolución en favor de la descentralización del país, contemplando a este efecto nuevas funciones y atribuciones a cargo de los gobiernos regionales que se crean, y, además asignándoles recursos para que puedan ejercerlas.

En segundo lugar, nos interesa modernizar la institucionalidad pública, adaptándola a los requerimientos del tiempo actual y del futuro.

Por último, aspiramos a crear mecanismos e instrumentos de financiamiento, compatibles con el orden general de la hacienda pública, incentivadores de una acción regional que tienda a potenciarse y fortalecerse paulatinamente.

Tal como en su momento adquirió relevancia política significativa la aprobación de la reforma constitucional y su ulterior complemento a nivel legal -que dentro de poco nos permitirá contar con municipios cuyas autoridades respondan a la voluntad ciudadana-, hoy no es posible menospreciar la trascendencia del desarrollo normativo que implica la adopción de esta nueva legislación en materia de gobierno y administración regional.

Muchas posibilidades, pero también no menores responsabilidades, se abrirán con ello para nuestros compatriotas a lo largo y ancho de Chile, tanto en las instancias decisorias como en las resolutivas y fiscalizadoras; e incluso, las de proposición o consulta habrán de adquirir, una vez que esta iniciativa se convierta en ley y esta ley se aplique, capacidades importantes para incidir en la orientación de los esfuerzos regionales hacia el progreso y el bienestar compartidos.

Nuestra aspiración no es otra que la de favorecer una mayor solidaridad e igualdad de oportunidades entre las distintas regiones del país, asegurando los mecanismos que generen satisfactorios elementos de redistribución entre todas ellas.

En este tipo de normas legales, como pocas veces queda de manifiesto el doble papel que el derecho juega en las sociedades democráticas. Por una parte, es vehículo de equidad y armonía entre los individuos; y por otra, palanca inductora del progreso social, al que simplemente le sirve de surco para el depósito de la semilla, del esfuerzo de la autogestión de los grupos sociales, sin pretender -porque está más allá de la capacidad humana- predefinir las formas finales que el proceso evolutivo asumirá.

Estamos satisfechos del esfuerzo realizado y de la comprensión obtenida en los distintos sectores representados en la Honorable Cámara. De este modo, alcanza consagración legal una tÁrea que el Gobierno situó entre las prioridades de su gestión al servicio de todos los chilenos.

Por eso, solicito de la Honorable Cámara la aprobación de la idea de legislar en esta materia, criterio que supongo es compartido por la unanimidad de la Corporación.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Antes de conceder la palabra a los señores Diputados, informaré del tiempo que corresponde a cada bancada, de acuerdo con los 20 minutos base y el tumo proporcional.

A la Democracia Cristiana, 80 minutos; a Renovación Nacional, 71; al Partido por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista, 59; a la Unión Demócrata Independiente, 41, y al Partido Radical y Social Democracia, 29, los que totalizan 280 minutos, que representan, a su vez, 4 horas y 40 minutos, más el tiempo que el señor Ministro use de la palabra.

En este momento son las 12 horas 10 minutos y tenemos el acuerdo de no votar antes de las 18 horas, lo cual significa que la Cámara sesionará en forma continua hasta las 17 horas. Por lo tanto, la Mesa suspenderá oportunamente la sesión por una hora para que los señores Diputados almuercen. De esta forma, se cumplirá el programa y se votará alrededor de la hora señalada. La sesión se sus-penderá, entonces, a las 13.30 y se reanudará a las 14.30.

Al mismo tiempo, se indica que en conformidad con el Reglamento, los tiempos serán usados indistintamente por las diferentes bancadas, para que haya un debate fluido sobre la materia.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta; a continuación, los Diputados señores Muñoz Barra y Ulloa.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, asistimos a la discusión de un proyecto de ley que ocasionará una verdadera revolución en el aparato jurídico y político del Estado.

Por primera vez habrá un gobierno regional con una corporación de derecho público y patrimonio propio, como se les reconoce históricamente a las municipalidades en el ámbito comunal. Por primera vez existirán tributos de aplicación regional, recursos para al inversión sectorial regional, ingresos propios y sumas agregadas del presupuesto nacional. Por primera vez habrá asociaciones y convenios; un consejo normativo, fiscalizador y resolutivo, y el gobierno regional tendrá un presupuesto, propio. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional ya no será más un simple porcentaje del presupuesto que nunca se cumplió; será una cuota de inversión pública que establecerá anualmente la Ley de Presupuestos, que se distribuirá en un 90 por ciento de acuerdo con el nivel socioeconómico de la región, según indicadores de pobreza, tasa de desempleo, producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida, y la condición territorial peculiar de cada región; y el otro 10 por ciento, según la eficiencia y las situaciones de emergencia.

La descentralización se efectuará con gradualidad y selectividad y a ritmo constante, lo que es esencial para no quedar en los propósitos del constituyente de 1925, o en el decreto ley Ne 575, de 1974, que sólo se limitó a una simple distribución geográfica y a realizar delegación de competencias, sin descentralizar nada.

A veces impresiona conocer que en 1891, don Manuel José Irarrázaval, en su comuna autónoma, concibió la aplicación y su propio establecimiento por la municipalidad de ciertos impuestos, tales como capitalización de uno a tres pesos, impuesto personal a los varones mayores de 21 años residentes en la comuna, el de haberes que afectaban a los muebles o inmuebles, el expendio de tabaco y bebidas alcohólicas o el que recaía sobre industrias y profesiones. ¿Podrían aceptarse hoy tales criterios para que el gobierno regional establezca dichos impuestos? Quizás se invocaría la falta de preparación, la seudo inmadurez de las regiones o el solapado intento de federalizar el país.

Por eso, es bueno recordar ciertos hitos que la Democracia Cristiana recogió de la larga lucha por descentralizar. ¿No fue acaso la Falange Nacional la primera colectividad que recogió en su doctrina la defensa y reconocimiento de las sociedades intermedias y el bien común? El Partido Demócrata Cristiano, en su Declaración de Principios de 1957, hablaba de "robustecer los organismos regionales y los municipios".

En 1958, Jorge Ahumada, en su libro "En Vez de la Miseria", decía: "Es evidente que la actividad económica y la población no pueden concentrarse ad infinitum en una sola región del país sin que llegue el momento en que no sólo la zona de concentración vea disminuir sus ritmos de crecimiento, sino que el resto de la nación lo haga". Mencionaba cómo debían acelerarse polos de desarrollo en el norte, en el Seno de Reloncaví y en Concepción, aparte de Santiago, y recomendaba disminuir la intervención estatal y su máxima desconcentración, para ser compatible con la eficiencia. "Así se evitaría -decía- que aquellas industrias que preferirían localizarse donde hay mano de obra barata, prefieran hacerlo en Santiago, sólo porque la tramitación burocrática y bancaria hay que hacerla en esa ciudad".

La ley 16.635, de 1967, permitió, durante el Gobierno de Frei, crear Odeplan y la formulación de estrategias para el desarrollo de Bío Bío, Maulé, Magallanes, la Junta de Adelanto de Arica, los comités programadores de inversiones y la aspiración de crear el Fondo de Desarrollo Regional en la década del 70, hasta la creación de los gobiernos regionales y la descentralización del país, planteada en el Programa del Gobierno del Presidente Aylwin en la época actual.

Aquí siempre habrá un hecho porfiado: fue el Gobierno de la Concertación, bajo la conducción del Presidente Aylwin, el que reformó la Constitución y hará posible concretar la regionalización. Vanos serán los esfuerzos de aquellos que quieran convencer al país de lo contrario. La regionalización de Pinochet se condensa en sus resultados.

Quisiera que los sectores de Derecha leyeran el informe sobre esta materia. En su página 42, cuando se examinan las variaciones del producto geográfico bruto, a nivel regional, entre 1974 y 1982, se ve que las regiones y áreas orientadas a satisfacer el mercado nacional se deprimieron en beneficio de aquellas que poseían disponibilidad o potencialidad para la exportación de recursos naturales. En la página 43 se agrega: "En las restantes 11 regiones -salvo Santiago y Aisén-, hubo una expoliación de recursos en favor de la Región Metropolitana. Santiago concentra un tercio de la población y el 43 por ciento del producto geográfico bruto".

Por otra parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional nunca alcanzó el 5 por ciento del Presupuesto, llegando apenas a la mitad, pudiendo mostrarse sus variaciones en la página 70 del informe, en tres etapas: entre 1976 y 1979, creció de 51 millones a 72 millones de dólares; desde 1980 hasta 1985, bajó en forma espectacular de 72 millones a 12 millones de dólares; desde 1986 a 1989, se recuperó hasta 50 millones y luego a 95 millones.

Igualmente, el grado de ejecución de los programas era deficitario. En 1986, de sólo un 51 por ciento; en 1987, de 75 por ciento; en 1988, de 82 por ciento; en 1989, de 89 por ciento, y en 1990, de 90,8 por ciento. En cambio, en 1991 fue de 98,5 por ciento, cifra record en la historia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La concentración del sector económico privado fue el resultado de una política de mercado salvaje, la que no ha sido objeto de medidas legales que fijen un marco adecuado a su desarrollo y asentamiento en las regiones.

Los bancos concentran sus capitales y directores, al igual que las sociedades anónimas; las cadenas nacionales de hoteles, transportes, de establecimientos comerciales, de medios de comunicación, aglutinan sus bienes y decisiones al nivel central, cuando no en el extranjero. Es decir, aquí hay un camino que se recorre en sentido inverso a la reforma regional, en que se pide y se reclama al Estado.

Pregunto a los sectores de la Derecha: ¿por qué no impulsan la regionalización del sector financiero, de los sectores productivos privados, de sus decisiones y la conformación de grupos de dirigentes empresariales que resuelvan sus materias en el territorio donde extraen sus recursos? ¿Es racional reconocer el hecho de que grupos sociales, como por ejemplo bomberos o un simple club deportivo, cuando piden una pequeña ayuda económica a una de estas empresas instaladas en regiones, reciban la disculpa de tener que consultar al Japón, a Nueva Zelandia y a veces, a Santiago, cuando se trata de sumas irrisorias?

Emplazo a Renovación Nacional y a la UDI a impulsar los bancos regionales de fomento que prometían en el régimen militar. ¿Acaso el derecho de propiedad es tan sagrado que no permite su desconcentración? Hoy, cuando el Estado es reducido, se presiona por su regionalización; en cambio, la inversión privada, que alcanza a más del 70 por ciento, está entregada a lo que determine el mercado.

La regionalización del período militar también concentró la investigación científica en la educación superior: el 80 por ciento de los recursos son proyectos realizados en Santiago, y más de 40 universidades se concentran en el área metropolitana. Pero la Derecha calla frente a esta concentración, porque el sancta sanctórum del mercado y de la propiedad privada son intangibles.

El proyecto de ley en análisis es un cauce que contiene las aspiraciones regionales, construido sobre dos bases fundamentales: el acuerdo político y la reforma constitucional aprobada por la ley N° 19.097, de 12 de noviembre de 1991.

Por eso, resultan increíbles y absurdas las afirmaciones del Diputado señor Urrutia, que leíamos en "El Mercurio" de ayer, y que sólo se pueden explicar o porque ignora el acuerdo político, o la reforma constitucional o el texto del proyecto.

Así, el artículo 104, inciso segundo, de la Constitución Política de la República dispone que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una proporción del total de gastos de la inversión pública que se contemplará en cada ley de presupuesto anual, y el artículo 70 del proyecto es la repetición de tal precepto.

Por otra parte, la propia Carta Fundamental somete la acción de los gobiernos regionales a las leyes y reglamentos nacionales, marco que sirve para no destruir el Estado unitario. No es efectivo que el proyecto asigne al gobierno regional el mismo personal actual, como dice el Diputado señor Urrutia. El artículo 56 dice todo lo contrario, en el sentido de contar con la estructura administrativa necesaria. Seguramente, confunde el personal de gobierno interior, que será el mismo, con el del gobierno regional. Confunde, asimismo, una situación transitoria con lo permanente, como lo consignado en el artículo 4° transitorio, que debería complacer al Diputado señor Urrutia y a la Derecha, a quienes se ha oído decir en forma permanente que el Gobierno siempre aumenta el gasto público y la burocracia. ¿Cómo y cuándo darles en el gusto a estos críticos? Aprobaremos este proyecto porque importa un real proceso descentralizador del Estado, significa una efectiva participación de los ciudadanos y sienta las bases de la gestión social de las regiones. En definitiva, quiéranlo o no los opositores, será este Gobierno, que democratizó los municipios, el que creará los gobiernos regionales. Los democratacristianos lo aprobaremos, no obstante algunas objeciones respecto de la rapidez de la descentralización, para lo cual deberemos concordar algunas indicaciones presentadas al Ejecutivo, que se encuentra estudiándolas para hacerlas suyas.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, la bancada radical-socialdemócrata valora y apoya el proyecto de ley sobre gobierno y administración regional, porque su texto y el mensaje que lo precede no son sino el reflejo de la responsabilidad cívica con que el Gobierno está cumpliendo un compromiso programático señalado hace dos años.

Como bien lo saben los señores Diputados, esta iniciativa obedece a un mandato imperativo de la reforma constitucional contenida en la ley N° 19.097, de 12 de noviembre de 1991, que modificó sustancialmente la Constitución Política de la República en materia de gobiernos regionales y administración comunal.

El Gobierno, entonces, nos está haciendo una propuesta legislativa que busca afianzar un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización en el país, que, por supuesto, mucho nos agrada, especialmente a los parlamentarios de regiones.

Al hacer esta propuesta el Presidente de la República, que resulta ser uno de los más destacados catedráticos de derecho administrativo del país, ha tenido presente los requerimientos propios del sistema democrático, las demandas que plantea la expansión económica en todas las zonas de nuestro territorio, las exigencias que se derivan de la modernización de la administración y, muy principalmente, el compromiso personal de aquellos que elegimos este Gobierno, de dar respuesta a los anhelos legítimos de las comunidades locales y regionales. Es un paso que, en forma transparente, hoy estamos señalando.

Es bueno subrayar y señalar el mensaje que suscribe las razones que justifican este trascendental cambio en la institucionalidad de nuestro gobierno interior, que propone transferencias graduales de competencias desde el gobierno central a las regiones, compatibilizando tales avances con nuestra tradición institucional y jurídica de Estado unitario.

Con este proyecto, el Presidente de la República y el Gobierno están cumpliendo cabalmente el Programa de la Concertación, el acuerdo político de los representantes del Gobierno con los partidos de la Oposición y los de la Concertación. Diría que, además, lo han enriquecido; quien sostenga lo contrario, comete un error.

Nosotros solicitamos a todos aquellos que suscribieron el referido acuerdo y se comprometieron con Chile a darle forma legal que no seamos más que consecuentes con el compromiso de devolver al pueblo una institucionalidad democrática y votemos favorablemente, dentro de los plazos acordados, el proyecto que se nos está proponiendo.

Hemos señalado que valoramos este proyecto, y no podría ser de otra manera, si descentralizar es transferir competencias desde el poder central hacia regiones, provincias y comunas, anhelo doctrinario y programático para reclamar una efectiva participación popular.

¡Cómo no valorar, señor Presidente, honorables colegas, una propuesta legislativa que demuestra responder a los anhelos legítimos de las comunidades locales y regionales!

A mayor participación de las comunidades locales y regionales, incuestionablemente mayor será la legitimidad de quienes ejercen la autoridad nacional y más transparente y auténtica nuestra democracia.

Nuestra bancada procura radicar las decisiones en instancias inmediatas al escenario en que se plantean los problemas y este proyecto así lo está proponiendo. Por eso, y mucho más, lo valoramos.

Tratándose del trámite de discusión de la idea de legislar, no haremos un examen circunstanciado del proyecto, cuya aprobación apoyamos, pero nos parece útil destacar algunas materias de esta trascendental legislación.

En primer término, es indispensable, para evitar confusiones que puedan malograr la consolidación de la regionalización en nuestra institucionalidad, precisar con absoluta claridad que se mantiene y reafirma la adhesión histórica al sistema de Estado unitario. Con ello, el intendente -como lo señalaba muy bien el señor Ministro del Interior- sigue siendo el representante natural e inmediato del Presidente de la República en la región, y se mantendrá en el cargo mientras cuente con su confianza.

En el intendente reside el gobierno interior de cada región, y así se puntualiza en el artículo l2.

Siguiendo el desarrollo de la nueva institucionalidad regional, el artículo 21 crea el gobierno regional, constituido por el intendente y el consejo regional. Y para hacer eficaz y real la nueva y moderna estructura que comentamos, se afirma y declara rotundamente que los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio.

Lo anterior significa, señor Presidente, que se crea un sujeto capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y se le dota de recursos materiales y financieros para tener una vida propia, activa y trascendente en la tÁrea permanente y cotidiana de procurar bienestar, desarrollo, progreso y modernidad. Todo esto, en un marco de libertad y justicia social para la comunidad en que está inserto, como lo dice el inciso segundo del artículo 13.

Es imposible no detenerse a valorar y apoyar la creación del consejo regional, organismo cuya finalidad es hacer efectiva la participación de la comunidad regional en el gobierno regional, investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, como se plantea en el artículo 26. Este consejo regional estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales de la región, constituidos, para estos efectos, en colegio electoral, como lo señala el artículo 27.

Señor Presidente, he tocado una materia de la mayor importancia para el futuro democrático de Chile. La generación del futuro poder regional está íntimamente vinculada con la generación y composición del poder comunal que el pueblo de Chile, en votación libre, secreta e informada, elegirá el próximo 28 de junio.

La primera gran tÁrea de los municipios electos ese día será elegir, constituidos en el colegio electoral provincial, a los consejeros regionales. En éstos y en el intendente radicará el gobierno regional.

Lo anterior significa que los integrantes del organismo colegiado deberán aprobar, entre otras importantes materias, el plan de desarrollo de la región, la distribución de la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los recursos de los programas de la inversión sectorial de asignación regional. Además, tendrán la facultad de fiscalizar el desempeño del ejecutivo regional respecto del cumplimiento del plan regional de desarrollo y de la ejecución del presupuesto del gobierno regional. Serán elegidos en votación de segundo grado por los concejales que nomine el voto popular el 28 de junio de 1992.

Invitamos a todos los partidos de Gobierno y de Oposición a informar a la ciudadanía, en la campaña municipal que culmina el 28 de junio sobre quienes pretenden asumir responsabilidades en el gobierno regional. Sólo así haremos transparente y legítimo el proceso de generación del futuro poder regional.

Nos parece muy importante desde el punto de vista de la participación social, la existencia del consejo provincial como órgano consultivo. Creemos que, por la vía de la indicación en el trámite legislativo, se podrá enriquecer el contenido del proyecto en materia de estructura administrativa del gobierno regional, especialmente su artículo 56.

Las asociaciones regionales nos parecen una moderna creación que permitirá la integración de valiosos aportes privados y del sector público para ejecutar obras o proyectos en beneficio de las mayorías postergadas.

Por lo expuesto, anunciamos nuestros votos favorables a este proyecto, que cumple con un programa planteado responsablemente al país; por ello, no nos cabe duda alguna de que quienes representamos a todas las colectividades políticas en este hemiciclo cumpliremos con nuestra responsabilidad legislativa y con el pueblo de Chile, a cuyo destino, progreso y justicia social estamos obligados a servir.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Han transcurrido 11 minutos del tiempo del Comité Radical.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, cuando se firmó el acuerdo entre los partidos con representación parlamentaria para permitir que las autoridades máximas de las comunas de Chile fueran elegidas por generación directa y universal, el Gobierno tuvo que aceptar la propuesta de la Oposición destinada a posibilitar que la regionalización también fuese un tema susceptible de ser llevado a una legislación de carácter Orgánico Constitucional, igual que la municipal.

En estos términos es donde aparece la proposición del Ejecutivo, que, a diferencia de lo que sugiere el texto del mensaje, fue el resultado de la negociación mencionada, y no de la búsqueda de afianzar un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización en el país.

En general, la Oposición estima que la cuota de responsabilidad que nos cabe en el proceso de regionalización es extraordinariamente importante, no sólo por este proyecto, sino porque fuimos parte directa de la iniciativa regionalizadora que comenzó a aplicar, en forma totalmente innovadora, como en muchas otras materias, en 1974, el gobierno del Presidente Pinochet. Ello es así, a pesar de los que desconocen esa realidad argumentando que otros gobiernos "lo habían pensado", cuestión que casi parece chistosa.

Lo único claro es que el gobierno del Presidente Pinochet comenzó un proceso de regionalización que, naturalmente, se ha enfrentado a los obstáculos propios de una materia sobre la cual nunca se había hecho algo en forma coherente y sostenida en el tiempo, con excepción de breves e interrumpidos chispazos que intentaron algunas administraciones.

Señor Presidente, hoy vemos cristalizado en un proyecto de ley Orgánico Constitucional el deseo, el ánimo y la disposición por regionalizar, entendiendo por este proceso no tan solo desconcentrar o descentralizar, sino también que las regiones del país cuenten real y efectivamente con poderes y autonomías mínimas que le permitan un desarrollo armónico con el país, como, asimismo, desarrollar sus potencialidades, para que el ciudadano chileno que vive en una región distinta de la del Gran Santiago, se sienta y esté en condiciones de ser un igual y no un ciudadano de segunda clase.

El proyecto que hoy estudiamos tiene un gran mérito y debemos reconocerlo: establece, mediante una ley Orgánica Constitucional, todo el proceso regionalizador del gobierno militar y logra un tenue y tibio avance en este sentido.

Sin duda, es un avance el establecimiento de la personalidad jurídica de derecho público para los gobiernos regionales; pero también es cierto que el patrimonio propio será evidentemente escaso cuando el recurso proveniente del erario se fije centralizadamente.

Por otro lado, señor Presidente, sin duda, el gobierno regional, compuesto por dos instancias, intendente regional y consejo regional, pudo y puede ser mejorado en el trabajo parlamentario; pero el Gobierno ha desestimado cualquier intento de modificación; incluso, el representante del Gobierno llegó a decir en un momento que se retiraba de la Comisión si se continuaba con la intención de avanzar más allá de lo propuesto.

Pero hay más, señor Presidente. Este proyecto de ley crea al consejo regional y al consejo económico y social provincial como instancias de participación y decisión. Este último tiene una importancia casi nula, puesto que sólo es un órgano consultivo, lo que, sin duda, lo transforma en un mero trámite burocrático.

Por su parte, la iniciativa del consejo regional aparece notablemente disminuida, pues queda sólo en manos del intendente regional.

En relación con el gabinete regional, la suerte de los Seremis o secretarios regionales ministeriales sigue siendo incierta, desde el punto de vista de su generación; por ello, el esquema de temas de intendente y ministro parece no resolver este punto y, al contrario, tiende a mantener una situación poco estable desde el punto de vista administrativo.

En cuanto a la asignación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, éste sigue un criterio excesivamente centralizado, y no se dan pasos concretos hacia un presupuesto diseñado y manejado regionalmente o, al menos, fijando el porcentaje para la Ley de Presupuestos en este texto legal, por lo que, como dije queda bajo los criterios fijados por el nivel central, los que pueden resultar muy poco significativos para algunas regiones.

También deseamos hacer resaltar en esta Sala el apoyo que tuvo en todas las bancadas, por un lado, la proposición de la UDI, destinada a incorporar en los proyectos la evaluación del impacto no sólo social, sino también ambiental, y, por otro, aquella que dice relación con la calidad de vida de los habitantes de cada una de las regiones.

Sin duda, resulta impensable desarrollar en estos breves minutos cada una de las materias contempladas en este proyecto de ley, por lo que solicitamos al Gobierno una mayor flexibilidad en la segunda discusión en la Comisión de Gobierno Interior, para que muchas de las indicaciones presentadas durante la elaboración del primer informe sean aceptadas por el Gobierno y no desechadas de plano.

Finalmente, señor Presidente, la Unión Demócrata Independiente aprueba la idea de legislar, dejando establecido que este proyecto todavía dista mucho de satisfacer las aspiraciones de regionalización y, a la vez, anunciamos nuestras indicaciones a este proyecto.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

La UDI ha ocupado 7 minutos 30 segundos de su tiempo.

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, sin duda, el proyecto de ley que hoy estudiamos es uno de los más importantes de los que hemos conocido hasta la fecha, pues cambiará definitivamente aspectos sustantivos de la administración de nuestro país.

Durante la historia administrativa del país -no haré un análisis puntual, pues figura en el informe de la Comisión- se han intentado distintas formas de descentralizar o, al menos, desconcentrar el gobierno nacional. La Constitución de 1925 contenía ya esbozos de una descentralización. Sin embargo, no fue clara en la determinación de tales conceptos, lo que impidió su eficacia y derivó marcadamente al centralismo. En la década del 70, se produce la división administrativa del país, sin que ello haya significado en la práctica una real participación local en la gestión de los recursos y sin que se le haya brindado un estatuto legal que precisara el marco de las competencias de los órganos nacionales y regionales. Así, hoy hacemos realidad un anhelo de todos quienes, perteneciendo a ellas, estamos preocupados del desarrollo de nuestras regiones, como única forma de que el progreso se distribuya equitativamente a lo largo de nuestra geografía.

En efecto, al complementarse por este texto lo ya realizado en la reforma constitucional sobre el mismo tema y en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se innova significativamente en todo lo efectuado hasta hoy en el campo de la regionalización.

Como consecuencia de las reformas constitucionales y legales citadas, quedó obsoleto el sistema de administración local que nos regía, lo que hace necesario regular un nuevo marco jurídico que explicite claramente la realidad de un país unitario, pero descentralizado administrativamente.

Se da cabida así a los esfuerzos de las comunidades regionales por lograr una mayor participación en la gestión y solución de sus problemas, como también en la toma de decisiones de toda índole.

Con esto, paralelamente, se avanza en fortalecer uno de los pilares esenciales del sistema democrático, cual es acrecentar la participación de la gente en sus realidades locales.

Al respecto, una regionalización política es su presupuesto para una democracia eficiente y sólida, por cuanto la centralización del poder resulta un obstáculo para las necesidades de la gente, una traba para los intentos de la autoridad por solucionarlas y, en general, un escollo insalvable para los cuerpos intermedios de la sociedad.

Sin embargo, no debemos pretender que este proyecto sea perfecto, pues tendrá defectos que el tiempo se encargará de explicitar y que a futuro deberemos enmendar, pero aquí están las bases de un desarrollo regional equitativo.

También debemos ser claros en prevenir que este proyecto no afecta, en modo alguno, nuestra unidad como nación. Chile es un Estado Unitario y debe seguir siéndolo.

No cabe entender este proceso como una federalización, sino, por el contrario, como una integración de todo el país a los progresos que éste sea capaz de alcanzar, a fin de generar un efectivo desarrollo. El desarrollo sin equidad es sólo crecimiento económico. El desarrollo nacional, en cambio, está profundamente ligado a la justicia y a la equidad en la distribución del producto de nuestra nación.

Cabe esperar que las transferencias de competencias desde saturados órganos de administración central a las regiones, rindan los frutos que esperamos, lo que se representa en los siguientes aspectos:

Lograr que los intereses locales resulten favorecidos, al adoptar las decisiones teniendo en consideración la realidad de cada sector y zona geográfica. En este sentido resulta trascendental la facultad otorgada al gobierno regional para convenir con los ministerios y otras instituciones de la administración pública programas anuales y plurianuales de inversión regional. También es relevante la posibilidad concedida de asociarse con distintas entidades, con el objeto de llevar a efecto iniciativas de desarrollo regional.

Descongestionar los niveles de decisión, al agilizar la adopción de decisiones y favorecer al público mediante la simplificación de los trámites de los procedimientos administrativos.

Posibilitar una mayor focalización en la inversión, toda vez que las decisiones serán adoptadas por quienes están en contacto con la realidad.

Para estos objetivos es importante todo lo realizado en materia de administración de recursos para las regiones, en especial lo referido al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que permitirá acceder de mejor forma a las necesidades de la población y lograr una optimización de los recursos fiscales y regionales.

Unido a lo anterior, la creación de un Consejo Regional, sin duda perfectible, contribuirá a una mejor focalización de los recursos y, a la vez, posibilitará una distribución socialmente equitativa entre las distintas provincias de cada región.

Al respecto, quiero enfatizar mi interés en que la descentralización que estamos llevando a cabo en las regiones de nuestro país genere una descentralización interna de cada región, pues serían inútiles nuestros esfuerzos si ello derivara en un centralismo regional representado, por ejemplo, en que las capitales regionales acumulen todas las competencias y los recursos destinados a las regiones.

En la provincia de Nuble, en la que queda ubicado el distrito que represento, existe gran interés en que esta descentralización sea efectiva en los dos ámbitos señalados, nacional y regional, para posibilitar a las comunidades provinciales un mayor desarrollo y gestión administrativa.

Este es un gran paso, que nos permitirá cumplir con uno de los objetivos fundamentales de todo sistema democrático: desarrollo con participación. Esa es la tÁrea que el Gobierno se ha impuesto desde el comienzo de su gestión.

Hoy damos otro paso en tal sentido, lo cual debe dejar satisfechos a todos los que participamos de los ideales democráticos y estamos empeñados en lograr un desarrollo equitativo y justo para todos los habitantes de nuestro país, cualquiera que sea la zona geográfica en que residan.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, para Renovación Nacional constituye un motivo de profunda satisfacción el que hoy nos encontremos en esta Sala del Parlamento analizando una materia de tanta trascendencia, proyección e importancia para el desarrollo equilibrado y armónico de nuestro país, al otorgar igualdad de oportunidades a los ciudadanos, independientemente de la zona en que habiten, sea una gran ciudad, sea un sector rural.

Estamos satisfechos y orgullosos, porque entendemos que nuestro partido y, en general, lo Oposición, han tenido un papel determinante para que el país hoy se encuentre en esta etapa de búsqueda de una verdadera descentralización.

En efecto, historia sobre las intenciones, las voluntades, los deseos y los bellos discursos que han existido en este país por décadas y décadas en relación con la necesidad de descentralizar y desconcentrar, resultan abundantes y abultadas, diría yo. Sin perjuicio de ello, la verdad es que los resultados han sido escasos y esmirriados.

Resulta sorprendente escuchar la contradicción entre el discurso del señor Ministro del Interior, quien ha precisado que esto es fruto de un acuerdo político, y el de un señor Diputado, por las circunstancias, que acabo de señalar, de que en una primera instancia se pretendió democratizar las municipalidades, aspecto que fue aceptado por la Oposición pero respecto del cual puso la condición de avanzar en un efectivo proceso de descentralización. No hubo acuerdo en la primera instancia, y ambas iniciativas se frustraron. El Gobierno aceptó, finalmente, la proposición de Renovación Nacional y de la Oposición en general de incorporar este tema al análisis y al debate.

Por eso, cuando escuchamos a un Diputado democratacristiano arrogarse el patrimonio de la regionalización, resulta francamente sorprendente, porque los mayores obstáculos que tuvimos fueron levantados precisamente por algunos de los miembros de esa bancada, que no supieron entender el alcance de nuestras intenciones y que siempre nos calificaron de antidemócratas, que pretendíamos eludir una elección municipal e inventaron toda suerte de argumentos falsos para justificar el rechazo a nuestra proposición.

En resumen, Renovación Nacional y la Oposición han tenido un papel determinante y protagónico en este tema. Eso es de justicia reconocerlo. No disminuye el mérito; por el contrario, engrandece a quienes son capaces de reconocer las realidades de la contingencia que vivimos.

Por otra parte, es necesario destacar que ha habido un progreso notable en materia de la autonomía, ya tratada, en el ámbito municipal, y que hoy día se avanza hacia el regional. Hubo un impulso significativo en materia de facultades y atribuciones para las regiones y comunas y en cuanto a los recursos para enfrentar adecuadamente el proceso de toma de decisiones y avance del desarrollo.

Creo que hay un aspecto relevante, propio de la democracia, que es justamente el que nos llevó -contrariamente a lo que señalaban algunos parlamentarios- a puntualizar que el ejercicio de la democracia no sólo se expresa a través de un voto cada cuatro años o cuando se establezca. La democracia se ejerce día a día.

La democracia se debe ejercer entregando facultades y atribuciones a diferentes instancias, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. La democracia se ejerce al acercar la toma de decisiones hacia la base social, permitiéndole cada vez mayor participación. Es necesario precisar que en el primer proyecto esas materias no se consideraban, al menos desde nuestra perspectiva, con absoluta claridad.

Hoy día estamos satisfechos, porque este proyecto permitirá solucionar una grave situación que ha afectado a nuestro país desde un génesis: las disparidades regionales, es decir, los desequilibrios en el proceso de desarrollo, de crecimiento económico, social y cultural.

En la contingencia actual que vive el país, tales disparidades se expresan, por ejemplo, en situaciones tan odiosas como las siguientes: mientras en el Área Metropolitana se discute por donde encauzar la línea 5 del Metro, en nuestras regiones tenemos comunidades y grandes ciudades que reclaman y aspiran a la solución del mejoramiento de sus rutas de comunicación, particularmente en los sectores rurales. Mientras se discute qué tipo de vehículos van a ser usados en esta segunda línea, hay comunidades de nuestro país que reclaman por la básica y necesaria pavimentación de sus calzadas y aceras.

EL señor ROJO.-

También en Santiago es urgente.

El señor CANTERO.-

Mientras en Santiago se discute si van a construir o no vías elevadas, en regiones estamos viendo la forma de solución al problema del agua potable y de energía eléctrica a los sectores de más escasos recursos. Mientras en Santiago se discute si el control de la seguridad y del orden ciudadano se hará por medios tradicionales o por el uso de complejos sistemas de televisión, nuestras comunidades rurales reclaman y esperan una solución que les permita comunicarse con los centros urbanos, por ejemplo, tener acceso a la telefonía rural, tan propio de esas zonas en toda la geografía de nuestro país, y a las comunicaciones en general, que le permita acceder a una educación digna, que les posibilite arraigarse en su zona sin tener que emigrar a formar cordones de miseria, ni estar hacinados o condenados a cumplir funciones de segunda o tercera categoría, lo que finalmente condena a nuestra juventud a la frustración, cuando no al alcoholismo y a la drogadicción y, por consecuencia lógica, a la delincuencia. En nuestras regiones se discute cómo dar solución elemental a la postergación de los problemas habitacionales.

En definitiva, esta ley permitirá dar satisfacción a caras aspiraciones que han mantenido por décadas nuestras regiones.

El sistema de desarrollo ha sido deficiente porque provocó un centralismo que ha perjudicado gravemente la posibilidad de acceso de nuestras regiones en igualdad de oportunidades, a los beneficios del progreso y del desarrollo. El proceso de desarrollo económico y particularmente la tendencia, que pareciera ya superada, hacia la industrialización y la urbanización, provocaron crecientes situaciones de concentración geográfica de la población y de las actividades económicas. Un círculo vicioso, por cuanto la economía de aglomeración de escalas permanentemente hacía que se tendiera, en una forma cada vez más creciente y en proyección geométrica, a incrementar ese proceso.

Por ello, nos preocupa que algunos señalen que debe aplicarse con mucha prudencia y cuidado esta norma y recurrir a la gradualidad y a la selectividad, actitud que llama al cumplimiento, sin prisa, de esta demanda del país, la cual más que de prudencia y de buen criterio, nos parece, en algunos sectores, un entorpecimiento o un entrabamiento al adecuado avance de este proceso.

Se recurre reiteradamente al argumento que puede ténder a romper el concepto del Estado unitario, que nos acerca al federalismo. En este Congreso, nadie ha hablado de eso.

Lo que queremos es avanzar en la desconcentración y dar pasos decisivos en la descentralización, es decir, en la extensión territorial de las posibilidades de acceso al desarrollo y al progreso.

Ahora bien, parece clara la necesidad de una intervención para manifestar territorialmente, en forma más equilibrada, el desarrollo económico y social. Hemos avanzado en la integración nacional a través de un proceso de división político- administrativa que puede ser objeto de observaciones y reparos; pero nadie podrá desconocer que la caduca división político-administrativa, que se arrastraba desde la Colonia y establecía las provincias, estaba definitivamente superada por la historia. Las regiones son y constituyen el mecanismo más eficiente para avanzar en un proceso de desarrollo integral.

La regionalización funcional o sectorial que se ha venido impulsando constituye también un avance para dotar a las regiones de mayor capacidad y nivel técnico en la aplicación de soluciones sectoriales, sin necesidad de recurrir majaderamente al nivel central para que les preste su ayuda.

El avance de la regionalización, de la planificación o multipropósito ha permitido, además, madurez de las regiones en la aplicación de los planes de desarrollo. La regionalización administrativa, promovida con tanta vehemencia durante el gobierno militar, hizo avanzar al país en forma seria, segura y sostenida, en la desconcentración de la administración del Estado. Ahora, estamos ad portas de un proceso de regionalización incipiente en materia política, es decir, un proceso auténticamente descentralizador. Esto es lo que nos parece relevante y significativo.

Sin perjuicio de lo ya señalado, denuncio a la Cámara -y llamo al buen criterio para superar la situación- la calificación de las normas de carácter orgánico constitucional y de quorum calificado que, por mayoría de votos, la Concertación impuso en la Comisión en el primer trámite reglamentario de este proyecto.

La rechazamos por ilegal y contraria a la Constitución Política. No fue adecuada ni criteriosa. No resulta aceptable la argumentación que escuchamos, en el sentido de que se pretende cautelar la intervención del Tribunal Constitucional cuando ejerza el control de constitucionalidad.

Por tal razón, solicito de la Mesa que se pronuncie respecto de la calificación de las normas de quorum orgánico constitucional, por cuanto Renovación Nacional rechaza, en los términos más categóricos, la calificación efectuada. Creemos que no se ha considerado un número importante de normas que revisten el carácter orgánico constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior, nos reservamos la opción de recurrir al Tribunal Constitucional para que restablezca el imperio de la Carta Fundamental en esta materia.

¿Cuál es el fundamento para sostener esta situación? En primer lugar, no se indica cuáles artículos son orgánicos constitucionales o cuáles requieren de quorum calificado para su aprobación.

Al respecto, las funciones y atribuciones del gobierno regional están establecidas en el Capítulo II, del Título Segundo, normas que no tienen el carácter de orgánico constitucional para la Comisión, que los aprobó, como ya se ha señalado, por mayoría de votos, sin considerar las argumentos de la Oposición.

Si las funciones y atribuciones del consejo regional son disposiciones de carácter orgánico constitucional también deben serlo las del gobierno regional, del cual dicho consejo forma parte. De no interpretarse armónicamente las normas de la Carta Fundamental, resultaría que por ley simple se puede privar al gobierno regional de atribuciones y funciones y, como consecuencia de ello, al consejo regional, pues éste no podría tener más atribuciones que el ente que integra.

Sería lo mismo que sostener que las funciones y atribuciones de las municipalidades pueden modificarse por ley simple. Existen múltiples ejemplos al respecto.

Consideramos extraordinariamente grave que no se escuche el mandato constitucional y que, por una voluntad que no aceptamos se haya alterado el criterio relativo a las normas de quorum calificado.

Además, debo señalar, sin perjuicio de las bondades del proyecto, que ellas resultan francamente insuficientes por lo siguiente: crea un órgano denominado gobierno regional dotado de mayores atribuciones y facultades, pretende entre-

gar a las regiones mayores recursos y una administración regional con mayor autonomía e independencia del nivel central, sin que esto -por cierto- signifique autarquía, desconocimiento o desvinculación del nivel central; permite mayor participación de la comunidad regional y acerca la toma de decisiones a la base social. Sin embargo, muestra escasa flexibilidad para el manejo de los recursos y la distribución de los mismos y ambigüedad para definir el monto de los recursos que se destinarán a las regiones.

El FNDR y el Fondo Sectorial de Asignación Regional no tienen parámetros o lineamientos definidos para proyectar, con claridad, un crecimiento. La definición de los montos y la distribución de los mismos no resulta clarificadora ni orientadora para las regiones.

En el ámbito de los recursos, hacemos un llamado al Gobierno para que escuche y, en la medida de lo posible, recoja las sugerencias expuestas hace varias semanas -yo diría meses- por Renovación Nacional, en el sentido de crear un fondo regional de desarrollo cultural.

Esta aglomeración a escala de los beneficios que provoca, ha llevado a que el desarrollo cultural se concentre fundamentalmente en el área metropolitana o en algunas capitales regionales relevantes, pero al interior de las regiones constituye un difícil desafío, por lo complejo que resulta financiar dichas actividades. A lo largo del país, hemos visto cómo actividades relativas a la música, orquestas sinfónicas o centros de teatro terminan por desaparecer al no contar con recursos para mantenerse.

En relación con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, nos preocupa lo restrictivo que resultan los criterios de elegibilidad establecidos para los recursos que lo componen que se originan en créditos o aportes de organizaciones internacionales, toda vez que son ellas las que definen en qué se gastan esos dineros.

Esto resulta muy complejo y grave para el desarrollo regional.

Por otro lado, queremos un avance más dinámico y ágil en la transferencia de fondos sociales para que sean administrados por las regiones, a fin de romper con la inercia que nos ha llevado a mantenerlos concentrados en el nivel central.

También expresamos nuestra preocupación por la escasa vocación para desconcentrar la Administración Pública, como se desprende del tenor del proyecto enviado por el Ejecutivo, el cual establece que el gobierno regional debe constituirse con el personal que actualmente cumple tÁreas en las secretarías regionales ministeriales con residencia en cada una de nuestras regiones.

No escapará a la consideración de nuestros colegas que hay secretarías regionales que son paupérrimas, muy mal implementadas donde muchas veces solamente existe un Seremi, un escritorio, y, cuando tienen suerte, un secretario o un chofer. En consecuencia, es muy difícil instalar al gobierno regional en esas condiciones. Esto es una obstrucción a aquellos funcionarios de la Administración del Estado que aspiran a salir de la zona metropolitana hacia las regiones en búsqueda de mejores expectativas. Nos parece aceptable el juicio expresado por el Gobierno, en cuanto a dar la primera opción a la gente que está en regiones; pero eso no debe impedir que los funcionarios que quieran, se vayan a las regiones a entregar su capacidad y su calificación.

Por otra parte, cada región, según se desprende del tenor de proyecto de ley que analizamos, tiene la atribución para organizar su propio gobierno regional. Sin embargo, nos preocupa que esta facultad sea limitada, a continuación, en una norma transitoria que dispone que, sin perjuicio de lo señalado, será Su Excelencia el Presidente de la República quien establecerá la organización y fijará las plantas de estos gobiernos regionales en su primera etapa. Nos parece que la instancia regional tiene mucho que decir al respecto.

También nos preocupa la situación de la constitución del equipo o gabinete que ayudará al gobierno regional. En particular, los secretarios regionales ministeriales quedan en una situación muy poco definida, en una especie de limbo. No sabemos si tienen una clara relación con el intendente o si están vinculados al nivel central y dependen del Ministro. Es más, el propio Diputado informante señalaba que, con el propósito de nombrar a estos secretarios regionales, tendrá que haber dos temas: una, presentada por la instancia regional y otra por la instancia ministerial. Tal procedimiento nos parece poco adecuado.

En fin, tenemos múltiples observaciones al proyecto, las que no detallaré por el escaso tiempo de que dispongo, pero debo dejarlas anunciadas.

Hago un llamado a la reflexión y apelo a un criterio más amplio de la Concertación para votar algunas materias que no pueden estar subordinadas a intereses particulares o a circunstancias coyuntura- íes. En este proyecto hay muchas otras normas -como ya lo he señalado- que no han sido consideradas de rango orgánico constitucional. Este criterio no resulta aceptable ni razonable y espero que en el momento en que la Mesa se pronuncie sobre ellas, se imponga el buen criterio y prevalezca el imperio de la Carta Fundamental.

No obstante dejar consignadas nuestras observaciones y reparos al proyecto, que consideramos insuficientes porque debe profundizar en materias de atribuciones, facultades y recursos para las regiones, nuestro voto será positivo, porque para nosotros el desarrollo regional, el avance de la desconcentración y de la regionalización resultan, quizás, los temas más trascendentes y los que más directamente afectan a la gente, porque les permitirá superar las deficiencias que le han impedido lograr un nivel de vida digno.

Como aspiramos a perfeccionarlo en el segundo informe, daremos nuestra aprobación unánime al proyecto, reitero en la discusión general.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ruego a Su Señoría hacer llegar a la Mesa por escrito sus observaciones, para que ella se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Su Señoría ocupó veintiséis minutos del tiempo del Comité de Renovación Nacional.

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, señores parlamentarios:

Para la Democracia Cristiana el desafío del efectivo desarrollo regional se origina en su visión de Chile como un país que debe desarrollar decididamente su territorio.

Se trata de organizar el desarrollo futuro, por una parte, sobre la base de la estructura de los asentamientos humanos existentes en Chile, reforzando su diversidad cultural, histórica, geográfica y humana en el marco del Estado unitario, y por otra parte, considerando los diversos sistemas ecológicos existentes en la base natural de su territorio.

Desarrollo regional y descentralización son dos componentes de un solo proceso. El objetivo superior del desarrollo regional aspira a ofrecer a todos los chilenos, independientemente de su localización en el territorio nacional, condiciones equitativas de accesibilidad a los bienes económicos y servicios culturales.

Por su parte, la descentralización tiene como fundamento la devolución del poder real a los titulares originales y a los miembros de los niveles regionales de la sociedad civil, con el fin de que lo ejerzan mediante la forma de estructura política que las necesidades y circunstancias históricas recomienden.

De ahí que la redefinición del funcionamiento institucional del país, el fortalecimiento de la autonomía regional y la generación de condiciones necesarias para su ejercicio efectivo, así como la democratización, son requisitos indispensables para avanzar en el proceso de descentralización.

La descentralización y el desarrollo regional constituyen la gran transformación del Estado de nuestro tiempo. La Democracia Cristiana reivindica el valor político del desarrollo local, a partir del cual debe articularse la sociedad.

Un breve diagnóstico de la situación que enfrentamos permite constatar los altos niveles de concentración urbana, su heterogeneidad geográfica y ecológica. El drama de una población con niveles de pobreza y de marginalidad, concentrada muchas veces en las áreas más frágiles de las regiones, constituye un problema de equilibrio entre la necesidad de crecer y la conservación del medio ambiente, ya que hoy la situación del entorno no es sólo un problema ecológico de discusión de algunos iluminados, sino que está vinculado a la visión de futuro de la nación.

La Democracia Cristiana, en su acervo doctrinario, siempre ha propiciado el fortalecimiento de la sociedad civil a través del respeto, protección y promoción de los cuerpos intermedios que posibilitan la participación y el acceso cercano a la toma de decisiones de los ciudadanos.

El ordenamiento político, institucional y administrativo que se introdujo al fundar la República y que dio origen al Estado en formación, luego de la Independencia, fortaleció la fórmula centralista existente. Chile se hizo económica y poblacionalmente concentrado, política, institucional y culturalmente centralizado. Los efectos en el desarrollo del país son conocidos: crecimiento desigual entre las regiones y comunas y entre éstas y el centro metropolitano; dependencia de las provincias y comunas del gobierno central; pérdida de identidad local y regional.

En un proceso gradual de regionalización, la Democracia Cristiana impulsó, en el Gobierno de Frei, importantes reformas políticas, económicas y sociales, teniendo como norte el desarrollo más equitativo del país y, por ello, el desarrollo más equilibrado de las regiones, el fortalecimiento y modernización del municipio y la promoción de las organizaciones vecinales y populares.

Durante la segunda mitad de los años 60, Chile experimentó importantes transformaciones en su estructura de Gobierno Interior y Administración del Estado.

Entre los años 1964 y 1970, se dio impulso a la planificación económica mediante la creación de la Oficina de Planificación Nacional, una de cuyas principales funciones fue a partir de entonces, la planificación del desarrollo regional. Se creó una Subdirección Regional, encargada de la planificación regional y de oficinas regionales de planificación, estableciéndose por primera vez una base estadística regional.

Desde 1973 en adelante, el Gobierno pasado introduce la región como la unidad básica de gobierno y de administración interior; se establece el Fondo Nacional de Desarrollo Regional; se crea, en el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, reconociéndose la importancia política del tema; se hacen funcionar, después de varios años de indefinición, los consejos regionales de desarrollo, concebidos como mecanismos de participación social; se desconcentran los Ministerios a través de las secretarías regionales ministeriales; se dota a las regiones, vía designación del poder central, de una autoridad política, el intendente regional, con atribuciones y potestades importantes; se establece en cada región una secretaría regional de planificación y coordinación, como organismo técnico asesor de la autoridad política, dependiente de Odeplan; se pone en funcionamiento un banco integrado de proyectos que, en sus inicios, surge como iniciativa del Banco regional de proyectos.

Sin embargo, los objetivos planteados en aquel tiempo para la regionalización se vieron afectados por la centralización política. El Gobierno dictatorial estableció un sistema de administración y ordenamiento territorial de centralización del poder político compatible con un estilo decisional, vertical y jerárquico, así como la creación de órganos de representación corporativa a nivel territorial, en reemplazo de los órganos de carácter democrático.

¿Qué hemos recibido del Gobierno pasado?

Hoy día, el problema de la autonomía regional se ha dado en términos muy relativos. La institucionalidad actual limita seriamente el poder efectivo de las regiones. Las regiones son objetos de desarrollo y no tienen la capacidad real de transformarse en sujetos de su propio desarrollo. Carecen de un auténtico poder regional y están obligadas a ajustarse muy estrechamente a las políticas de nivel nacional, dificultándose seriamente la definición de políticas regionales específicas.

De igual forma, al definirse la inversión sectorial, no sólo sobre la base de políticas sectoriales sino que, además, en instancias centrales de decisión, se entraba la coordinación intersectorial y la coordinación espacial de las inversiones, incluso de aquellas provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

A nivel de recursos financieros, se mantiene igual situación: son definidos centralmente los fondos sectoriales. Los fondos municipales provenientes del Fondo Común Municipal y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se distribuyen intrarregionalmente por decisión de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

En consecuencia, hoy definimos una estrategia que les permitirá a las regiones alcanzar un grado creciente de desarrollo, con una apropiada independencia del nivel central, de manera de obtener su engrandecimiento y el de toda la nación.

¿Por qué apoyamos el proyecto? Porque les estamos entregando facultades y atribuciones a los gobiernos regionales que permitirán provocar este desarrollo.

Los gobiernos regionales ejercerán funciones de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural de la región; aprobarán las políticas, los planes y los programas de desarrollo de la región y resolverán la inversión de los recursos comprometidos, en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. También decidirán respecto del destino de los proyectos específicos, y de los recursos del programa de inversión sectorial regional.

El gobierno regional participará, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales, en programas y proyectos de dotación de infraestructura y de equipamiento de la región. Podrá participar en el fomento productivo, en su función de desarrollar y aplicar políticas nacionales de fomento, asistencia técnica y capacitación laboral.

En el desarrollo social y cultural, merece destacarse el papel del gobierno regional en la aplicación de políticas nacionales para la erradicación de la pobreza, el fomento de las expresiones culturales y la cautela del patrimonio histórico y natural de la región.

Entre las atribuciones asignadas, destacan la capacidad de convenir con los ministerios e instituciones de la administración pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional. El gobierno regional podrá supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su propio presupuesto y formular, evaluar y priori- zar programas y proyectos de infraestructura social básica.

Otra de sus atribuciones es la de asociarse con personas naturales o jurídicas, como asimismo constituir entidades con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional.

En síntesis, estamos aquí haciendo realidad una aspiración de la ciudadanía, expresada a través de múltiples organizaciones que han reclamado para las regiones una mayor capacidad de gestión.

Por ello, los democratacristianos apoyamos con orgullo este proyecto, con el cual culmina una etapa importante de la administración del país, iniciativa elaborada y redactada en el Gobierno del Presidente Aylwin.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Algunos señores Diputados han planteado suspender esta sesión a las 14 horas, en lugar de las 13:30.

Varios señores DIPUTADOS.-

No, señor Presidente.

El señor PROKURIKA.-

No hay acuerdo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

En todo caso, es facultad de la Mesa.

El señor JEAME BARRUETO.-

Pido la palabra.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor JEAME BARRUETO.-

Señor Presidente, la reforma de los gobiernos regionales y municipales, -particularmente la primera- constituye una reforma profunda y de amplias consecuencias para el futuro del país. En los hechos, supone cambios de hábitos culturales profundamente arraigados en todos los ámbitos.

La democracia fue la que creó las condiciones para que esta reforma se produjera, y el Gobierno actual es el que la ha llevado a la práctica. El país, posiblemente, aún no percibe la profundidad y todas las consecuencias que esta reforma tendrá en nuestra vida; pero, en la medida en que esta ley se aplique, progresivamente ella se irá haciendo realidad y se le tomará todo el peso que tiene.

Esta reforma, muy profunda, ha considerado también, con realismo, la necesaria gradualidad en su implementación. Ello implica, en muchos sentidos, algunos límites. Quisiera hacer resaltar uno en particular. Se crea el gobierno regional, pero sigue concentrando, en la figura del intendente, dos funciones: la de representante del Presidente de la República, en cuanto gobierno central, y la de cabeza del gobierno regional. Esto se ha establecido así por consenso, al considerarse que era necesario vivir un período de transición antes de llegar a niveles superiores de autonomía en las regiones. Ello ha llevado a que, con esta reforma, el intendente tenga prácticamente una triple función: representa al Presidente de la República como gobierno nacional, es el ejecutivo del gobierno regional y, además, preside el Consejo Regional. Esto, que tipifica la gradualidad con que es posible trasladar el poder y las funciones del nivel central al nivel regional, con el tiempo tendrá que cambiar y llegar a la situación en que el intendente represente al gobierno central en todas sus funciones de gobierno interior; pero que quienes encabecen el gobierno regional sean plenamente elegidos por la comunidad regional.

Sin embargo, hoy por hoy, el Consejo Regional representará a la comunidad regional. Esta instancia constituye el eslabón fundamental del proceso de regionalización que iniciamos, porque en él justamente, se producirá la dinámica que irá creando las condiciones, las capacidades, los liderazgos regionales; las habilidades de la clase política regional para que las regiones puedan ser más autónomas en el futuro. El Consejo Regional es la pieza clave de toda la legislación que estamos aprobando.

En la Comisión, junto con el Diputado señor Sergio Aguiló, presentamos en el primer trámite constitucional del proyecto, un conjunto de indicaciones que, por lo menos, apuntan a perfeccionarlo, sin perjuicio de considerarlo un gran proyecto. Entre ellas, quiero destacar las siguientes:

Respecto del Consejo, por su importancia en todo el proceso, se plantea la necesidad de asegurar que tenga iniciativa y el establecimiento de mecanismos claros para resolver sus controversias con el intendente. Como consecuencia de esta indicación, para la historia de la ley -lo que deseo reiterar a la Sala-, en la discusión quedó establecido que la facultad de "aprobar" del Consejo el presupuesto regional, el plan de desarrollo regional, las sumas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entiende también en el sentido de modificar; no sólo de aprobar o de rechazar en bloque, sino que en el momento de aprobar, el Consejo tendrá iniciativa para introducir modificaciones a cada una de estas cuestiones fundamentales del gobierno regional.

Además, se introdujo la idea de que la propuesta del intendente sobre el presupuesto del plan de desarrollo regional, constituye una base de definición y resolución del Consejo.

Asimismo, la Comisión aprobó, por unanimidad, un quorum menor de tres quintos para la insistencia del Consejo frente a discrepancias con el intendente, el cual fue fijado en dos tercios.

Propusimos también la creación de una figura que representara al Consejo propiamente tal; la idea de un vicepresidente elegido de entre los consejeros, que podría perfilar más esta instancia clave para crear condiciones que en el futuro permitan a las regiones mayor autonomía. Esta idea fue rechazada.

Respecto de los Seremis, sobre la base de que representan el gabinete regional -y esto es un gran avance de la ley- observamos que en la situación ambigua de doble dependencia en que se encuentran, sería más claro establecer que dependen jerárquicamente del intendente y con los ministerios sólo tienen una relación técnico profesional.

En cuanto a las provincias, con el propósito de evitar que la descentralización nacional se traduzca en un centralismo regional -como dijo hace un rato el Diputado señor Isidoro Tohá- señalamos la idea de fortalecer las funciones del gobernador. Desde ya, valoramos su presencia en el gabinete; pero, propusimos que cumpla un rol más activo respecto de la relación, insuficientemente definida en la ley -incluso, en la reforma-, entre el gobierno regional y las municipalidades, la autonomía de las municipalidades plantea una relación muy confusa. El gobernador, guardando los criterios que la ley establece, podría jugar un rol muy activo de supervigilancia y coordinación de las municipalidades, en función de proyectos de desarrollo de la provincia.

Algunas de estas indicaciones fueron aprobadas y otras rechazadas en primera instancia.

Sin embargo, hay un aspecto global que quiero hacer resaltar con más fuerza, como es recoger el planteamiento que el señor Ministro del Interior hizo en nombre del Presidente de la República, de elaborar en el curso de los próximos dos años distintas leyes que lleven adelante la descentralización del aparato del Estado central, coherentes con el proyecto en discusión y la reforma constitucional. Me refiero a la descentralización de los ministerios en cuanto a competencias; a la posibilidad de que mediante un estudio de viabilidad, se descentralicen completamente servicios públicos como Sernatur, Digeder, Sercotec, Sernac, por nombrar algunos. Asimismo, a la posibilidad de cambiar de ciudad a las direcciones de muchos servicios públicos, puesto que es absurdo que algunas estén instaladas en la Región Metropolitana. Por ejemplo, el Instituto Antártico debería estar en Punta Arenas; el Instituto Forestal y Conaf, en la Octava, Novena o Décima Regiones; el Indap y el SAG en la Sexta o Séptima Regiones; todas las direcciones de los organismos mineros, obviamente, deberían estar instaladas en el norte del país.

Es muy importante y relevante que el gobierno se haya comprometido a estudiar y proponer, en el curso de los próximos dos años, leyes, que permitan dar pasos significativos, Coherentes con la descentralización que estamos aprobando.

Finalmente, quiero hacer algunas reflexiones respecto de la discusión pública que hemos tenido en la Cámara sobre este tema.

La reforma constitucional y este proyecto de ley son un gran paso para la descentralización del país. La Oposición, la Derecha, ha sido mezquina en reconocer el tremendo avance que se está produciendo. Además, ha sido demagógica al levantar banderas con poca seriedad en relación con los pasos que estamos dando. No ha reconocido los avances logrados, y yo preguntaría ¿qué hizo mientras fue gobierno, durante el régimen pasado, para que la creación formal de regiones fuera más lejos y se tradujera en regionalización afectiva? Si es tan regionalista, ¿por qué se opuso a la elección directa y universal de los consejeros regionales, a sabiendas de que el Consejo Regional iba a ser el único organismo representativo de la comunidad regional? La Oposición se negó a eso; con cálculos pequeños e inmediatos, buscó un sistema que le favoreciera, debilitando el principal organismo de participación de la comunidad regional en la nueva estructura de gobierno regional.

La Derecha no ha reconocido cuestiones muy importantes y concretas. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional ha llegado a un nivel de gastos cercano al 90 por ciento durante 1990 y 1991, mucho mayor que el promedio de 60 por ciento que se logró durante el gobierno militar, y esto distribuido con criterios objetivos. Yo me pregunto, ¿cuál fue la metodología para distribuir el Fondo de Desarrollo Regional durante 1987 y 1988? Estoy seguro de que habría que preguntárselo al jefe de la campaña del General Pinochet para el plebiscito. No hubo criterios objetivos. La Derecha, cuando este Gobierno se instaló, pensó y planteó públicamente que sabotearía a las municipalidades, que le quitaría los recursos. Hoy, después de dos años, podemos decir, con plena seguridad y tranquilidad, que los recursos se han distribuido con criterios objetivos, establecidos en decretos, y que además de no disminuir los recursos en las municipalidades, aumentaron en un 28 por ciento, en términos reales.

Hay que reconocer estos pasos y muestras del avance descentralizador con criterio generoso.

Además, las críticas que públicamente expresó el Diputado señor Urrutia ayer son poco serias. Las dos más importantes señalan que es mentira que se entrega poder a los gobiernos regionales para decidir el destino de los Fondos de Desarrollo Regional, "porque estos serían evaluados centralmente". Aquí hay un error de fondo. Una cosa es evaluar técnicas desde el punto de vista social y ambiental -ambiental, además, gracias a las indicaciones que hicimos en la Comisión-, que los organismos técnicos del sistema nacional de inversiones evalúen el monto del proyecto a nivel nacional o regional, y otra totalmente distinta es quien decide o prioriza a los proyectos evaluados. Esto corresponde a las atribuciones del intendente y del Consejo Regional.

Otro error garrafal es sostener que no hay voluntad de centralizar, porque no se proporciona personal suficiente a los gobiernos regionales. Una cosa es el gobierno interior y otra la creación de unidades -materia planteada en el proyecto y que, en mi opinión, se mejorará en la discusión en particular-, de bases mínimas, de un equipo ágil y eficiente para el gobierno regional. Debemos ser serios en la creación de capacidades regionales, porque muchas de las funciones que asumirá el gobierno regional hoy son de servicios públicos nacionales. Por lo tanto, gran parte del personal que constituirá el gobierno regional provendrá del traspaso de funcionarios públicos desde sus actuales servicios a las nuevas tÁreas del gobierno regional.

Habrá que crear el cuerpo necesario para los gobiernos regionales; pero queremos hacerlo seriamente. La Derecha muchas veces ha hablado de despilfarro de recursos públicos. Queremos evitarlo; que no se reproduzcan funciones en el gobierno regional y en otros organismos, o burocracias que significan gastos innecesarios al erario. Queremos ser serios; hay voluntad de crear el cuerpo suficiente para estos gobiernos.

Se ha sido poco generoso -por decir lo menos- en reconocer el tremendo avance que producen estas reformas, las cuales, sin duda, podrán mejorarse en la discusión particular.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Antes de suspender la sesión para almorzar, daré a conocer los nombres de los señores Diputados que están inscritos para intervenir una vez que ésta se reanude: Señores Carlos Bombal, Raúl Urrutia, señora Eliana Caraball, señores Baldemar Carrasco, Juan Pablo Letelier, Federico Ringeling, Sergio Correa, Eugenio Ortega, Carlos Montes, Pedro Alvarez-Sala- manca, Andrés Palma, Hosain Sabag, señora Angélica Cristi, y señores Claudio Huepe, Rubén Gajardo, Arturo Longton, Gutenberg Martínez, Antonio Horvath y Hernán Rojo.

Se suspende la sesión.

Se suspendió a las 13:43 y se reanudó a las 14:45.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, valoramos de manera positiva la discusión de este proyecto de ley, que nos permite abordar uno de los desafíos más grande que plantea el desarrollo económico moderno del país.

Al iniciar mi intervención, no quiero dejar pasar expresiones que el Diputado Jeame Barrueto se permitió manifestar en la mañana. Deseo decirle que más que ocuparse de cómo se distribuyeron los fondos regionales en la administración anterior, él debe preocuparse de cómo hoy se distribuyen los recursos que deberían asignarse a las regiones, para lo cual le voy a señalar cinco ejemplos de un municipio, como el de Santiago, donde, me atrevería a decir, se dilapidan recursos que deberían asignarse al resto del país: 500 millones de pesos destinados a la instalación de la Municipalidad de Recoleta; 1.600 millones de pesos para la construcción de un parque, de los cuales la mitad -se dice- son aportados por el gobierno español; 150 millones de pesos se estiman para instalar cámaras de televisión, como aquí se dijo en la mañana; 1.500 millones para la construcción de vías elevadas; 500 millones de pesos se cancelaron en 1991 para el pago de honorarios de 630 funcionarios contratados en ese municipio por sobre la planta.

Le diría al Diputado señor Jeame Barrueto que sume todas esas cantidades, porque con tan importantes recursos, ¡caramba que sería notable el desarrollo en la Octava Región, particularmente en la zona de Talcahuano, a la cual él representa!

Sin duda, una de las modernizaciones más trascendentales que el país conoció en la década del setenta, en 1974 para ser más preciso, fue la puesta en marcha de un notable proyecto de regionalización del país, proceso que ahora vemos complementado, al menos en parte, con la iniciativa legal que el Ejecutivo ha sometido a la consideración del Congreso Nacional y que nos ocupa esta tarde.

En primer término, todo el proceso regionalizador requiere de etapas para superar los múltiples y complejos desafíos que encierra su puesta en marcha y su ejecución en el tiempo.

No conocemos país alguno en que no haya tomado largo tiempo la implementación de un modelo de descentralización político-administrativa. Solamente digamos que en Francia ha tomado más de un siglo.

El informe que se ha consignado para la discusión de este proyecto da cuenta de los primeros intentos regionalizadores en América Latina en la década de los cuarenta, que van desde aspectos meramente geográficos hasta concitar la preocupación de las autoridades por aspectos estructurales ligados a la pobreza y al subdesarrollo.

La cuestión de fondo que en los diferentes intentos regionalizadores de nuestro continente ha estado implícita no es otra que lograr reformas socioeconómicas, que les permitan a los países un grado de desarrollo y un grado de progreso mayor.

Se trata, pues, de articular y de ordenar de manera coherente todas las potencialidades que un país tiene, integrando de manera armónica sus variados aspectos físicos, económicos, sociopolíticos y culturales, de suerte que su división político-administrativa responda a una orgánica que haga posible la realidad inminente del desarrollo y del progreso. Esa es la cuestión de fondo implícita en la discusión de este proyecto y no otra.

Una armónica regionalización trae aparejada, o al menos así debe proponérselo, la desconcentración y descentralización de los servicios públicos, de forma tal que en el nivel territorial éstos sean concordantes y eficientes con los niveles que surjan de la subdivisión territorial a que se llegue.

El proceso regionalizador iniciado en Chile en 1974, sin lugar a dudas, ha tenido gran significación en la construcción de nuestra democracia. Así como se sostiene que la regionalización política es un presupuesto ineludible en una democracia moderna y estable, la voluntad des- centralizadora expresada hace casi dos décadas en Chile, cuando se construían las bases de nuestra democracia, sirvió de cimientos sólidos al sistema que ahora nos cobija y marcó un rumbo a todo el proceso político, económico y social que ahora estamos completando.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que buena parte del orden institucional establecido bajo el gobierno anterior, en materia de regionalización, se consolida ahora en democracia, manteniéndose instituciones tales como el propio gobierno regional, que se le moderniza todavía más, los Serplac o secretarías ministeriales de planificación, las secretarías regionales ministeriales, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, instituciones todas que han servido de fundamento al proyecto que hoy nos ocupa, que de no haberse constituido, como lo hicieron con la concepción de gobiernos regionales de la administración anterior, difícilmente en la actualidad podríamos estar hablando de una iniciativa que nos permite avanzar y no comenzar.

Quienes sistemáticamente negaron la voluntad de conducimos a una democracia por parte de anteriores regímenes, aquí encontrarán, entre otras manifestaciones, una que habla de aquella decisión democratizadora del gobierno pasado. Lo que se trata, ahora, es de dar todavía más participación a la ciudadanía en todo este proceso descentralizador, para lo cual es imprescindible que las regiones, ya delimitadas físicamente, que han experimentado el valor de lo que significa una identidad regional, ahora sean capaces de consolidar una organización más independiente del nivel central para transformarse en sujetos de su propio desarrollo.

Ya no se trata de la regionalización como un objeto, sino de que quienes son los protagonistas del proceso de regionalización, que es el pueblo, sean sujetos de este proceso de desarrollo.

El desafío de la regionalización es lograr potenciar, dentro de un esquema unitario, las capacidades de cada región en un todo colectivo.

Lo anterior no se consigue sin crecimiento económico, sin un proceso de autonomía en las decisiones, sin capacidad para invertir y reinvertir los recursos regionales, sin una armónica distribución del ingreso (tanto regional como nacional), sin un equilibrio económico que permita difundir en la región el beneficio del crecimiento, sin que exista una clara conciencia del valor que encierra la preservación del medio ambiente, que resguarda la calidad de vida de los habitantes de una región, entre otras muchas características que ofrece el proceso de descentralización. Debe propenderse, por tanto, a que cada región encuentre su estilo propio de desarrollo y aplique los mecanismos más adecuados para alcanzarlo, dentro naturalmente de los marcos de una política nacional de desarrollo en un Estado unitario, como es el nuestro.

La excesiva concentración de población, de actividades, en el área metropolitana de Santiago -y lo dice un Diputado de la jurisdicción-, sin duda, ha contribuido al centralismo y a la gran desigualdad que se observa entre las regiones del país. Digamos tan sólo que el Gran Santiago concentra cerca de un tercio de la población de Chile y cerca del 45 por ciento del producto geográfico bruto, lo que significa que casi la mitad de los bienes y servicios finales disponibles de la economía nacional se generan en la Región Metropolitana. Digamos también, para aportar a este debate, que un 22 por ciento de la inversión pública, que un 30 por ciento de la recaudación tributaria y que un 35 por ciento de gente en extrema pobreza se concentran en la Región Metropolitana como consecuencia de este centralismo que atrae; lo que, naturalmente, plantea que ella no puede ser excluida de la participación del desarrollo, puesto que también en ella, no obstante concentrar tantos recursos, existen lacerantes situaciones que deben ser atendidas.

Fácil resulta concluir -después de analizar estas cifras- por qué tantos compatriotas se ven obligados a emigrar a la Región Metropolitana, buscando mejores expectativas de vida, de salario o de acceso a una vivienda. Muchas veces, esto que atrae no siempre resuelve y es el gran dilema que tiene la Región. Por eso, debemos tender a un proceso de descentralización y de desconcentración, de suerte de sujetar -en el buen sentido de la expresión- a aquellos habitantes que miran en Santiago expectativas que, a la postre, no se le cumplen, una vez que llegan a la gran ciudad. La excesiva concentración, naturalmente, empuja al centralismo.

Lograr una equidad territorial supone que en Chile surja un conjunto de condiciones que permitan superar el subdesarrollo en que se encuentran miles de compatriotas. De ahí que siga siendo prioritario que la acción social del Gobierno sea focalizada, cada día más, hacia los sectores más desposeídos, que se encuentran en los lugares más pobres del territorio. Desde esta perspectiva, la descentralización, apuntada a los más pobres, frena el efecto del centralismo.

Por ello, insistimos, es clave la descentralización. Pero debemos asumir que, no obstante el avance que representa este proyecto, en un sentido amplio y genérico, en lo específico, en lo relativo al manejo de los recursos, en lo que más importa, en definitiva, para el desarrollo regional, claramente no podemos afirmar que las regiones hayan alcanzado su mayoría de edad con esta iniciativa.

Sin duda -como lo decíamos al comienzo- hay una gradualidad en el tiempo y, en ésta, nosotros, como partido, comprometemos toda nuestra vocación y voluntad de servicio público para ahondar en futuras iniciativas, sea con el Ejecutivo o con el Parlamento, que tiendan a fortalecer todavía más los gobiernos locales, los gobiernos regionales y la autonomía decisional en el nivel regional.

Falta mucho todavía por avanzar en materia de administración financiera de las regiones. Digamos tan sólo que el presupuesto del gobierno regional constituirá anualmente la expresión financiera de los planes y programas de la región, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la nación. Y seamos claros: no obstante todo lo que aquí se ha avanzado en materia de gobiernos regionales desde la administración anterior hasta ahora y lo que surja de esta ley, a la postre, será aquí en el Parlamento donde se definirá, una vez más, la suerte de las regiones, cuando se debata la Ley de Presupuestos de la Nación, una vez que el Ejecutivo la someta a su conocimiento. De manera que, si bien es cierto se avanza mucho en estructuras, como se consigna en los informes y en la voluntad del Ejecutivo y del Parlamento, debemos tener claro que, en definitiva, será esta instancia, y no la regional, la que decida respecto de las proposiciones regionales consignadas en la Ley de Presupuestos.

La Ley de Presupuestos asignará a cada región los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento. Nuevamente nos encontramos con que las decisiones del Ejecutivo y del Parlamento resultan fundamentales y determinantes para las resoluciones que deban adoptarse. Ello constituye una realidad de la que debemos estar conscientes, desafío en el cual el Gobierno y la Oposición debemos comprometer todos nuestros esfuerzos para que esta voluntad institucionalizadora de regionalizar se manifieste de manera explícita en el nivel regional, antes que en la Ley de Presupuestos, para que dicha ley sea informada con la expresión real y vital de las regiones.

Está claro que el presupuesto de las regiones continuará siendo materia de discusión y de aprobación en el nivel central, pues será el Ejecutivo el que, en definitiva, acogerá o no las propuestas regionales que serán incorporadas a la Ley de Presupuestos de la Nación. Más aún, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional depende de la Ley de Presupuestos, ya que a las regiones se les asignan cuotas. Esta es una expresión más de que debemos estar muy conscientes de que más allá del discurso, más allá de las atribuciones y más allá de los encandilamientos a que nos puede llevar esta voluntad sana que se ha tenido, hay una realidad que subyace y que permanece. En definitiva, se ha dado un paso, pero no se ha dado el gran paso, respecto del cual debemos comprometemos todos a darlo en la progresión del tiempo.

Decía el Diputado señor Jeame Barrueto, y comparto su juicio, que queda mucho por hacer; también comprometemos nuestra adhesión a los planteamientos que ha formulado el señor Ministro del Interior, en el sentido de que se avance en los próximos años o en los próximos meses hacia una descentralización de los Ministerios, de los servicios públicos, y hacia una deslocalización de los servicios públicos. Sólo tendrá peso el presupuesto regional cuando todas las expresiones regionales se vayan vertiendo en funciones y atribuciones ejecutables en las regiones.

Finalmente, la UDI compromete todos sus esfuerzos para continuar avanzando en materia regional. Lo decimos solemnemente esta tarde: comprometemos férreamente nuestra voluntad como partido y como grupo político que está en cada una de las regiones del país para seguir avanzando más allá de discusiones de orden ideológico, y con un sentido práctico, en el fortalecimiento de las regiones, como la expresión vital de un país que, unitariamente, es capaz de integrarse y enfrentar el gran desafío del desarrollo.

Creemos firmemente que la economía social de mercado no sólo es compatible con la descentralización de las decisiones económicas o gubernamentales, sino mucho más que eso: es un imperativo ineludible para que opere una economía al servicio de todos, que genere riquezas para superar la pobreza y, de esa forma, articular en Chile un proceso de desarrollo en el cual todos se sientan integrados y no quede nadie marginado. Ese debiera ser el objetivo fundamental y permanente que mueva nuestros afanes, especialmente los legislativos.

Finalmente, nos sumamos a los planteamientos de orden constitucional que ha hecho Renovación Nacional y que apuntan, más que a entorpecer, como pudiera pensarse, a clarificar y a vigorizar una ley que debiera tener, desde todo punto de vista, una excelencia tal que garantice y consolide el proceso de regionalización.

Por eso miramos todas estas correcciones de insuficiencias y deficiencias del proyecto como elementos positivos que apuntan a un mejoramiento de esta proposición de ley y, sobre todo, a completar el proceso de regionalización que, como decimos, se inició hace dos décadas en Chile, y que nosotros, más allá de quien lo haya comenzado, tenemos el imperativo y la obligación moral de consolidar ahora y en lo que nos queda por delante en este trabajo de engrandecer a nuestra nación.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, como muy bien lo manifestó el Diputado señor Cantero en su intervención, Renovación Nacional se alegra de que hoy discutamos un proyecto de ley de tanta trascendencia para el desarrollo armónico de nuestro país, planteamiento de nuestro partido en virtud del cual se logró acuerdos para realizar la reforma constitucional que permitirá la elección de alcaldes y de concejales en todo el país el próximo 28 de junio.

Es natural que los proyectos de ley que se tramitan en la Cámara -en esto el señor Jeame Barrueto debe estar de acuerdo conmigo- no cuenten siempre y en todas sus partes con el consenso de todas las bancadas políticas representadas en el Congreso Nacional, porque, indudablemente, la riqueza de un proyecto radica en superar nuestras diferencias para hacer realidad una iniciativa que tenga trascendencia, sirva a los intereses de la nación y cumpla los requisitos para hacer efectivo el anhelo ciudadano, que no es otro que regionalizar nuestro país, para que -insisto- pueda desarrollarse armónicamente.

Hemos dicho que votaremos favorablemente este proyecto de ley, porque contiene normas que, indudablemente, llevan a un proceso gradual de regionalización del país; pero también consideramos que, en su esencia -insisto-, no lo regionaliza, mejor dicho, no lo descentraliza, porque las normas que en él se establecen, específicamente aquellas relacionadas con la distribución de los fondos regionales, se refieren a materias que, ojalá en el segundo informe y una vez tratadas en la Sala, podamos dilucidar para lograr la descentralización efectiva de Chile.

Si analizamos las normas contenidas desde el artículo 71 en adelante del proyecto aprobado en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, podremos constatar que, tanto la distribución de los fondos regionales como su inversión, siguen en manos del poder central del país. Las regiones podrán proponer proyectos de inversiones importantes para ellas; pero, para su aprobación deberán contar con la evaluación previa del poder central, como ocurre en la actualidad.

Queremos que este proyecto permita a las regiones -lo digo porque soy Diputado por una de ellas-, administrar sus inversiones. Me refiero especialmente a las regiones alejadas de la Metropolitana. Postulamos que ellas puedan invertir los fondos asignados en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional e, incluso, que los provenientes de inversión extranjera o de contratos o préstamos internacionales sean administrados por las regiones, que ellas determinen el uso que les darán y puedan evaluar cuáles serán los proyectos en los cuales se invertirán estos recursos, porque son los hombres de las regiones quienes conocen efectivamente los problemas de cada una de ellas. ¿Qué sucede en la actualidad? Si se quiere construir un camino en una región, debe contar con la aprobación previa del órgano central. Muchas veces no se realizan caminos u obras prioritarias para una región, porque el gobierno central no las considera así. Este es uno de los reclamos permanentes que, el año pasado, recibimos los miembros de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, cuando tuvimos la oportunidad de recorrer prácticamente todas las regiones de Chile. Las actuales autoridades de los gobiernos regionales nos planteaban justamente esta inquietud: la razón por la cual no podían tomar decisiones importantes en materia de inversión, de acuerdo con las realidades propias de cada una de ellas.

Por ello, prácticamente todos los Diputados de dicha Comisión, una vez realizados los estudios en terreno, comprobamos la necesidad de regionalizar Chile. Prueba de ello es que el espíritu y el ánimo existentes en todos los sectores políticos del país en este sentido se ha demostrado tanto en la reforma constitucional como en el proyecto de ley que estamos aprobando.

Pero queremos que, al menos en este proyecto, la determinación respecto de dónde se realizarán las inversiones, quede radicada en el gobierno regional. Además, es de prioridad uno establecer, en este cuerpo legal un porcentaje, con el rango de ley Orgánica Constitucional asignado como piso al Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el Presupuesto de la Nación, específicamente de las inversiones que se disponen en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación de cada año, para que así este Fondo no esté absolutamente supeditado a la decisión que en un momento determinado adopte la autoridad central del país. Con ello, avanzaremos en la descentralización de Chile.

Insisto: en nuestras bancadas existe la intención de aprobar esta iniciativa, pero también queremos que se cumpla lo que se acordó en un principio con el Gobierno, en el sentido de dar mayor autonomía económica a las regiones del país para que logren su desarrollo en forma más armónica.

Ahora, la distribución de los fondos será materia de un estudio posterior -en el segundo informe-, por cuanto consideramos que no es lógico que la mayor o menor distancia que exista entre una región del país y la Metropolitana se considere como un factor importante en la distribución de los fondos tanto sectoriales como del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

También es de primerísima importancia que los fondos sociales sean regionalizados para que las autoridades de cada una de las regiones determinen su distribución de acuerdo con sus necesidades reales.

También es imprescindible, para dar forma real al proyecto de reforma regional, que al menos los gobiernos regionales puedan constituirse como tales, con su propia organización, como lo señala la letra b) de su artículo 34, y que no sea el Presidente de la República quien tenga la facultad de organizarlos. Si bien en el artículo 34 se consagra la facultad de "aprobar, en aquello no regulado por esta ley, la organización interna del gobierno regional", no es menos cierto que un artículo transitorio del proyecto en estudio faculta expresamente por única vez al Presidente de la República para organizarlos. Indudablemente, será por única vez, porque los gobiernos regionales se van a organizar una sola vez. Por lo tanto, será facultad exclusiva del Presidente de la República, y los gobiernos regionales no tendrán ni siquiera esta atribución que les otorgan las normas permanentes de la iniciativa en debate.

Sin perjuicio de las inconstitucionalidades expuestas por el Diputado señor Cantero, creo importante señalar que, a nuestro juicio, hacen falta algunas definiciones claras y precisas. Por ejemplo, determinar si el gobierno regional forma parte de la administración del Estado, es decir, si se da o no cumplimiento al artículo le de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por cuanto ahí se establecen los órganos de la Administración Central del Estado: las intendencias, gobernaciones, municipalidades, etcétera.

Por lo tanto, creo de vital importancia establecer una normativa expresa en tal sentido para los efectos de dejarlo claramente consignado y saber con exactitud si son o no parte de la organización central de la Administración del Estado.

También es importante precisar que el proyecto no somete a los gobiernos regionales a la fiscalización de la Contraloría General de la República, a pesar de que según el artículo 87 de la Constitución Política, todos los organismos y servicios de la Administración del Estado quedan sujetos al control de sus ingresos e inversiones de fondos fiscales. Consideramos necesario dejarlo claramente establecido, con el fin de evitar cualquier interpretación errónea una vez que los organismos pertinentes deban efectuar la fiscalización de estos gobiernos regionales.

Por otra parte, creemos importante consignar establecer una norma especial, relacionada con la posibilidad de las personas naturales o jurídicas de interponer algún reclamo en contra de las resoluciones que adopten los gobiernos regionales. De conformidad con las normas en estudio los gobiernos regionales van a tener facultades resolutivas, por lo que las decisiones que adopten pueden afectar individual o colectivamente a la comunidad. El reclamo de ilegalidad está consagrado en nuestra normativa jurídica; por ejemplo, en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la cual se permite que los particulares, sean personas naturales o jurídicas, puedan recurrir ante la respectiva corte de apelaciones frente a una ilegalidad que se cometa por una municipalidad.

Establecer un reclamo de ilegalidad dará mayor garantía y seguridad a los ciudadanos de todas y cada una de las regiones del país, más aún si la letra d) del artículo 16 del proyecto faculta, con-forme con lo dispuesto en la Constitución Política, para que los gobiernos regionales dicten "normas de carácter general para regular materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios". Puede suceder que algunas de estas normas que dicten los gobiernos regionales no se ajusten ni a la Constitución ni a la ley, y perjudicar a algún particular.

Por ello, creemos importante incorporar el precepto de que las personas que se sientan afectadas por alguna resolución de estos gobiernos regionales, recurran a los tribunales competentes en la misma forma como se hace hoy día cuando se comete una ilegalidad por alguna municipalidad.

En síntesis, consideramos fundamental buscar la mejor forma de lograr el desarrollo armónico de Chile. Por ello, como lo manifestaba el Honorable señor Cantero, vamos a dar nuestra aprobación en general a esta iniciativa. Esperamos que durante el segundo informe podamos introducirle modificaciones fundamentales para que, efectivamente, las regiones tengan la autonomía suficiente y se logre el objetivo de este proyecto de ley, sin que volvamos a caer en lo que hoy día sucede: que todo se resuelve desde el poder central, muchas veces en perjuicio y detrimento de las regiones.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, el Gobierno que preside don Patricio Aylwin, al proponer la reforma constitucional al Capítulo XIII, aprobada a fines del año pasado por este Parlamento y, posteriormente, los proyectos de Ley Orgánica sobre Municipalidades y de Gobierno y Administración Regional que hoy nos ocupa, ha buscado un activo, progresivo y eficaz proceso de descentralización del país.

El mensaje mediante el cual el Presidente de la República envía este proyecto a consideración del Parlamento, Señala que lo anterior resulta fundamental en nuestra actual etapa de desarrollo, por los requerimientos propios del sistema democrático, por las demandas que plantea la expansión económica en varias zonas del territorio, por las exigencias que se derivan de la modernización de la administración pública, y como respuesta a los anhelos legítimos de las comunidades locales y regionales.

Estas son las consideraciones que fundamentan también el proyecto que hoy estamos analizando.

Hay un largo camino que debemos transitar de manera progresiva y prudente, pero no por ello menos decidida. Es un desafío al país en su conjunto. No se trata sólo de que los órganos del Poder Ejecutivo se desconcentren y descentralicen, sino de que todas las regiones asuman con capacidad, eficiencia y energía su propio desarrollo y afiancen de esta manera una positiva descentralización del país, uno de los principales desafíos a fines de este siglo veinte.

En suma, se pretende lograr un desarrollo armónico de todo el país, con una activa participación de sus habitantes y de sus cuerpos sociales en la búsqueda de una distribución más equitativa de las cargas y beneficios que implica el proceso de desarrollo económico, social, político y cultural, compatibilizando estos avances e innovaciones con nuestra tradición institucional y jurídica de Estado unitario.

Se trata de un proyecto de ley equilibrado, pues junto con las nuevas funciones y atribuciones que asumen los gobiernos regionales que se crean, les asigna los medios para ejercerlas y, de manera progresiva, transfiere también responsabilidades en la gestión de los recursos que mayor significación revisten en la dinámica del desarrollo, en relación directa con la capacidad creciente que aquellos vayan adquiriendo.

Sobre la generación de estos gobiernos regionales, cabe señalar que las negociaciones que precedieron al acuerdo político en la materia, no permitieron arribar, al menos por ahora, a la fórmula de generación directa, como era el propósito del Gobierno de la Concertación.

Una innovación de gran alcance para nuestro derecho se consagra al estatuir que los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio e investidas de las funciones y atribuciones que esta ley les confiere.

No me detendré a reseñar en forma pormenorizada las características, atribuciones o estructuras de estos gobiernos regionales, ya que los colegas que me han precedido en el uso de la palabra se han referido a ello. Quiero señalar, sí, algunos aspectos que considero esenciales para que este histórico proyecto se perfeccione y cumpla plenamente su propósito.

Es importante dejar constancia de que será necesario revisar la forma de generar el gobierno regional, de modo de lograr que todos los habitantes de la región puedan, mediante su voto, manifestar su opinión y elegir a los integrantes del consejo regional. Del mismo modo, me parece indispensable que este Parlamento analice de manera responsable y profunda la situación de las áreas metropolitanas, que, por sus características y gravitación en el desarrollo nacional, merecen en casi todos los países del mundo una legislación especial. Desgraciadamente, tanto Renovación Nacional como la UDI, no dieron su acuerdo en la reforma constitucional para establecer un gobierno metropolitano en aquellas regiones que por sus especiales características así lo requirieran.

Como consecuencia de lo anterior, en este proyecto se plantea un tratamiento idéntico para las 13 regiones del país. A simple vista, puede parecer un acto de justicia con las regiones, incluida la Metropolitana y otras que, a mi juicio, también merecen un trato jurídico distinto en un mismo concepto de gobierno regional.

Sin embargo, es necesario dejar constancia de que, por ejemplo, la nueva normativa cambia el concepto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al transformarlo en la base del financiamiento de cada gobierno regional. Con ello pierde su principal característica: la de redistribuir recursos en función del territorio y no sólo de sus habitantes. Este cambio establece una inequidad objetiva entre las regiones, pues únicamente el 5 por ciento del mencionado Fondo estará disponible para una región que -nos guste o no- acoge al 40 por ciento de la población del país.

Más grave resulta esto si pensamos que el Fondo se incrementará progresivamente en 25 por ciento anual, de modo que al partir de una base tan desmedrada esta inequidad será aún mayor.

Todos somos testigos de que cuando un proceso urbano toma determinado volumen, éste debe ser administrado de una manera coherente y armónica. No basta la suma de municipalidades para enfrentar la extraordinaria complejidad que significa el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas. No cabe duda de que el gobierno regional de tipo único significará un gran avance para algunas regiones, pero no lo será para la Región Metropolitana ni tampoco para algunas otras, como la Quinta y la Octava.

Permítanme ilustrar lo que estoy señalando con un ejemplo. La Región Metropolitana, con cerca de 5 millones y medio de habitantes, tendrá menos consejeros regionales que la Quinta Región, con 1.400.000. En efecto, aquella elegirá 26 consejeros regionales y ésta, 28.

Por las razones anotadas, en conjunto con el Diputado señor Gutenberg Martínez y otros parlamentarios de la Región Metropolitana, presentamos una indicación con el objeto de restablecer la idea de los gobiernos metropolitanos.

Lo argumentado no intenta en modo alguno privilegiar a la Región Metropolitana. Sólo pretende que, como legisladores nacionales, pues todos somos Diputados de la República, asumamos la responsabilidad completa en cuanto al proceso de regionalización y estudiemos, en otro texto legal, la normativa que permita a la Región Metropolitana y a las otras que vayan adquiriendo esas características, administrarse en forma adecuada, de modo que se les permita desconcentrarse sin afectar a sus habitantes e incorporarse de manera armónica con las otras regiones del país al nuevo proceso que se inicia con esta ley.

Honorable Cámara: la regionalización debe asumirse en favor de las regiones y no en contra de algunas de ellas.

No puedo evitar referirme a la intervención del Diputado señor Cantero. Toda ella fue un largo ataque en contra de la Región Metropolitana, como si este ente fuese culpable del deterioro o de la falta de desarrollo de otras regiones.

En su intervención nada escuché sobre las causas que generaron esta excesiva concentración de habitantes, de capitales, de inversiones, de empresas, de industrias. Por lo tanto, tampoco propone nada en esa línea. Esas causas también están presentes en el proceso de concentración excesiva que están sufriendo varias otras regiones del país. Al no tenerse a la vista como antecedentes válidos en el estudio esta ley, seguirán gravitando negativamente. Es cierto que ahora no sólo se produce en la Región Metropolitana, en la Quinta o en la Octava, sino en todas las regiones del país.

Por lo limitado del tiempo, sólo enunciaré algunos aspectos claves para un desarrollo urbano sano, que están ausentes de nuestro razonamiento sobre un proceso de regionalización, cuya finalidad sea el desarrollo integral de las personas en un espacio físico y con una institucionalidad que efectivamente reconozca en el ser humano el sujeto del desarrollo y no su mero objeto.

El uso del suelo, de los recursos humanos, físicos, naturales, técnicos o financieros, son parte inseparable y aspectos claves de cualquier concepto de desarrollo; pero el contenido de las políticas, para su correcta utilización, también es parte inseparable de un proceso de regionalización racional y eficiente.

La no consideración de las externalidades de toda inversión -que normalmente recaen como costo del Estado o de las municipalidades, es decir, de todos los chilenos, que aumentan artificialmente y, en algunos casos, de manera espectacular la ganancia de los capitales- produce necesariamente concentración de la inversión, con la consecuente generación de problemas cada vez más complejos y difíciles de manejar. Valga, tener presente a modo de alerta, lo que sucede desde hace más de diez años en el distrito que represento, Las Condes, Vitacura y Barnechea. Como no existe una legislación adecuada, se hacen grandes inversiones en construcción, que reportan una extraordinaria ganancia al capital al no tener que incorporar a sus costos las inversiones de otros, lo que hace posible la construcción de un millón ochocientos mil metros cuadrados en un solo año.

Las ampliaciones de vías, las adecuaciones de redes de alcantarillado y agua potable, la extensión de servicios, entre otros, no forman parte de los costos del inversionista, pero sí significan un mayor precio para el adquirente. De ahí la poca efectividad de los llamados planes reguladores, ya que éstos no son una vara mágica que solucione todos los problemas, sino el mero reflejo de una norma que no tiene capacidad de reglamentar la voracidad de los inversionistas, al no poder distribuir los costos que genera esa inversión.

Esta analogía es conveniente para tomar conciencia de que no basta la normativa legal que busca una eficiente regionalización. Será necesario avanzar decididamente en la elaboración de un conjunto de normas jurídicas que complementen esta histórica iniciativa y hagan posible la aspiración expresada en el programa de la Concertación y asumida por el Gobierno que preside don Patricio Aylwin, de hacer de este país una patria justa y buena para todos.

Esta iniciativa es un gran paso en ese sentido. Por eso, la aprobaremos.

He dicho.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, ¿cuánto tiempo ocupó la Honorable Diputada señora Eliana Caraball?

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Once minutos.

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, cuando algunos pretenden vestirse con ropaje ajeno, los democratacristianos reclamamos para este tema el importante rol que ha tenido en el desarrollo histórico.

La descentralización constituye una parte significativa del corpus doctrinario de la Democracia Cristiana.

En la declaración de principios del partido, del 27 de julio de 1957, se lee: "La Democracia Cristiana promueve el más amplio desarrollo de las entidades intermedias entre el individuo y el Estado y su reconocimiento en las instituciones de derecho.

"Impulsa, por lo tanto, el robustecimiento de los organismos regionales y de los municipios".

En el manifiesto político de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, en Roma, el 16 de julio de 1976, se señalaba:

"El proceso de industrialización, particularmente en los países del Tercer Mundo, requiere una política de desarrollo que asegure el equilibrio ecológico, tenga en cuenta la diversidad de las regiones y garantice una asignación de recursos más equilibrada".

El año 1958, hace ya más de treinta años, nuestro camarada Jorge Ahumada, uno de los más preclaros economistas nacionales, en su libro magistral "En vez de la miseria", que serviría como fundamento programático a la primera postulación presidencial del Presidente Freí, decía, que el centralismo era el cuarto enemigo del mejoramiento del patrón de vida de los chilenos.

En el mismo libro, como sugerencia estratégica, expresaba: "El aumento de las facilidades de producción hay que distribuirlo a lo largo del territorio y de un modo económico". Agregaba: "El Estado tiene muchos instrumentos para acelerar el proceso de descentralización"... y los daba a conocer.

Desde el punto de vista de la administración pública, durante el gobierno del Presidente Frei se inicia, a través de la nueva Oficina de Planificación Nacional, Odeplan, una amplia y sistemática obra nacional a favor del desarrollo regional, que comienza con el establecimiento de la regionalización en la ley N° 16.635, de 1967.

Hay diversos estudios de carácter técnico y la formulación de estrategias de desarrollo para el Bío-Bío, Maulé y Magallanes; la aplicación de una exitosa política de localización industrial; la Junta de Adelanto de Arica y la Corporación de Magallanes.

En el primer documento emanado de Odeplan en 1968, decía:

"El plan nacional de desarrollo plantea, por primera vez en forma explícita, la necesidad de provocar, paralelamente con el crecimiento general del país, un proceso de desconcentración de la actividad económica y descentralización de la toma de decisiones, tanto para el sector público como para el privado.".

Posteriormente, se crean las Oficinas Regionales de Planificación, Orplan, y se diseña un esquema de regionalización en 12 regiones.

El propio Presidente Frei escribió en su obra, "América Latina: opción y esperanza", lo siguiente: "La descentralización del poder no tiene sentido si no hay una organización auténtica de las bases sociales, capaces de asumir las tÁreas y la parte de responsabilidad que hacen posible su participación e integración.".

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es el mejor botón de muestra que puede lucir la Democracia Cristiana en este tema, ya que fue planteado en el documento conocido como "El desarrollo regional de Chile en la década de los setenta", una de las últimas publicaciones de Odeplan durante la administración Frei. Pero no sólo esto. Todo el material anterior es recogido en un trabajo colectivo hecho en 1984 por gran número de profesionales y técnicos, llamado "Proyecto alternativo", dirigido por el actual Ministro Sergio Molina.

Este compromiso histórico de la Democracia Cristiana con la descentralización y regionalización también lo asumen, durante los años 1988 y 1989, con gran fuerza, otros camaradas nuestros, como los Ministros Foxley y Cumplido.

Recordamos esto porque nunca faltan quienes, adorando lo que ayer quemaron, hoy pretenden erigirse no sólo en los adalides y conductores de este proceso histórico -tan trascendente para el desarrollo de los pueblos-, que siempre ignoraron, sino que quieren hacerlo hoy con irresponsabilidad y demagogia, impulsados por un mezquino afán electoralista, sin importarles que estamos ante un hecho muy relevante para la vida del país y de los chilenos.

En este proyecto no se trata de encontrar todo malo y empequeñecido, ni de actuar con mezquindad política y acusar al Gobierno de no cumplir su compromiso de legislar en materia de regionalización, como se ha dicho en esta Sala, sino de decir, con honestidad, cuánto podemos avanzar en un proceso de transformación del Estado y de su estructura administrativa para entregarle a los chilenos funciones y atribuciones que antes nunca tuvieron la posibilidad de ejercer; cuánto es posible darles hoy para crear un proceso sostenido y gradual de transferencia de facultades y recursos que les permita, en el tiempo, ser sujetos de su desarrollo y no meros entes receptores de órdenes impartidas en el centro del país, como ocurría en el período que ellos añoran.

Quienes vivimos y servimos a nuestras regiones por sobre nuestro compromiso político tenemos una gran obligación con ellas. Sabemos que la regionalización es un concepto casi mágico, que despierta profundas esperanzas en las comunidades regionales que la acogen como herramienta fundamental para el desarrollo, incluso para romper su subdesarrollo y, muchas veces, su anquilosamiento. Nuestras regiones reclaman mayores atribuciones y recursos económicos para invertir, de acuerdo con su criterio y con la realidad de su región. Sabemos, además, que les gustaría tener facultades para negociar su desarrollo, sus riquezas naturales y su forma de vida, pero ello no nos debe conducir a asumir nuestra función legislativa con demagogia e irresponsabilidad, sobre todo en una materia tan seria como es la Administración del Estado.

Por eso, hoy preferimos plantear, con claridad, nuestra opinión y aprensiones respecto del proyecto en discusión. No nos interpreta a cabalidad, pero no podemos dejar de expresar que constituye un avance fundamental en el proceso de regionalización, desconcentración y descentralización de nuestro país, desconocido hasta ahora en la historia administrativa chilena.

La creación del Gobierno Regional, persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, investido de funciones y atribuciones, con capacidad normativa, resolutiva y fiscalizadora, constituye un hecho trascendente para el proceso de transferencia de atribuciones a las regiones. Las funciones que se le asignan en materia de conservación del medio ambiente, de transporte, tanto regional como interregional fronterizo, de ordenamiento territorial, de dotación y mantenimiento de infraestructura, de formulación para la región de políticas nacionales, de fomento productivo, de explotación racional de los recursos naturales, de promoción de la educación superior y de la investigación científica y tecnológica, de fomento y reglamentación del turismo, de erradicación de la pobreza, de participación en programas de salud, educación, cultura y vivienda, de fomento de expresiones culturales, de cuidado del patrimonio artístico regional, de sanción de los planes reguladores, de formulación, evaluación y priorización de infraestructura social básica, en la aprobación del proyecto de presupuesto regional y de los planes estratégicos regionales de desarrollo, etcétera, sin ninguna duda significan un avance importante en el proceso de desconcentración y regionalización.

Quien niegue la importancia de este proceso, lo hace o porque desconoce la forma cómo los países se regionalizan o por una mezquina ceguera política que en esta materia de tanta trascendencia para el país no debiera existir.

Valoramos este paso que significará un fuerte desafío para las regiones que, como sujetos contestatarios, deberán asumir la responsabilidad y capacitarse para ser eficientes en el aprovechamiento eficaz de este instrumento jurídico que se pone a su disposición.

Ya mencioné que el Presidente Frei señalaba que la descentralización no tiene sentido si no hay una "organización auténtica de las bases sociales capaces de asumir tÁreas y la parte de responsabilidad que hacen posible su participación e integración". Sólo un adecuado proceso de articulación entre el Estado y la región socialmente estructurada permitirá promover un auténtico proceso de desarrollo regional. No basta con transferir atribuciones, es necesario que haya un ente receptor capaz y eficiente. Esa es la región social y culturalmente preparada.

Pero, si bien valoramos el proyecto, no podemos silenciar algunos elementos que encontramos de más y otros que echamos de menos. Esperamos que en el transcurso del debate, y o en el segundo informe, se puedan mejorar.

Lamentablemente, los Diputados no tenemos iniciativa legal que nos permita efectuar indicaciones al proyecto. Valoramos las que el Gobierno ya acogió, a iniciativa de los Diputados democratacristianos. Notamos en la concepción del proyecto una serie de prejuicios y temores que no compartimos:

Una desconfianza un tanto exagerada en la falta de capacidad de las regiones para administrar las funciones y atribuciones que se les asigne. Si bien es cierto que existe debilidad en algunos equipos técnicos regionales, estamos seguros de que son etapas susceptibles de ser superadas si se toman las medidas adecuadas.

Un cierto temor al quiebre del Estado unitario que es Chile y, en consecuencia, la posibilidad de perder el Ejecutivo la unidad de mando.

Un incomprensivo temor al quiebre del manejo centralizado del presupuesto nacional, que haga ineficiente las macropolíticas económicas nacionales que el país implementa.

Una sutil creencia o pensamiento de que quienes hemos tratado de reafirmar en la ley la existencia de un proceso gradual de transferencia y de atribuciones, lo hacemos, a lo mejor, impulsados por un populismo regionalista un poco irresponsable. Nada más inexacto. Lo que aquí sí podemos hacer, lo realizamos, lisa y llanamente, porque no queremos que, una vez más, se frustren las esperanzas de un proceso tan querido por las regiones.

Durante muchos años a las regiones se les prometió descentralización y autonomía. Nunca se ejerció una centralización tan férrea y tan monolítica como durante el gobierno autoritario, ya que la verticalidad del mando era absolutamente incompatible con la transferencia de atribuciones a las regiones. Ninguna dictadura comparte el poder con sus subordinados.

Elementos que echamos de menos.

Lo decimos con mucha claridad:

Echamos de menos un articulado que nos permita, como dice el artículo 103 de la Constitución, determinar la forma en que se descentralizará la Administración del Estado, así como la transferencia de competencias a los gobiernos regionales.

Creemos fundamental que las regiones conozcan cuál será la gradualidad y selectividad del proceso mismo de desconcentración, señalado en el artículo de la ley.

Es necesario regular, de manera clara y objetiva, la gama de competencia que debe irse radicando en los órganos del gobierno regional.

Los Diputados democratacristianos planteamos esta materia al Gobierno, y hoy, después de escuchar al señor Ministro del Interior, valoramos el solemne compromiso que él ha tomado en esta Cámara de Diputados, en nombre del señor Presidente de la República, de enviar uno o más proyectos de ley que concreten esta sentida aspiración de las regiones.

Valoramos esta voluntad política del Gobierno, sin la cual es imposible avanzar en el proceso de descentralización regional.

Extrañamos una ausencia en el rol del sector privado en el proyecto de ley. Es fundamental que en la ley se establezcan algunos mecanismos de negociación entre el sector privado y los gobiernos regionales, que permitan la incentivación o la desincentivación, cuando convenga a los intereses regionales del sector privado, favoreciendo su desarrollo, su permanencia y su innovación tecnológica.

No encontramos explicitado el rol de las universidades regionales en el proceso de regionalización, especialmente aquello que tiene que ver con la creación y desarrollo de una capacidad endógena de investigación y desarrollo tecnológico, en relación con la economía regional, hitos importantes en todo proceso de regionalización.

Por último, creemos que debiera estar especificado en la ley un mecanismo de premio o estímulo para las regiones que se capacitan y avanzan más en la creación de las condiciones necesarias para un proceso más acelerado de regionalización.

No hacemos referencia a materias vinculadas al acuerdo político, algunas, como se dice, preferimos "tragarlas" sin degustarlas. Estamos seguros de que las regiones asumirán con interés y responsabilidad este proceso que significa, junto con la municipalización, una clara y eficiente consolidación del sistema democrático, especialmente por el alto grado de participación de las personas en el proceso de gobernar y conducir el destino de sus comunas y regiones.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, frente al regocijo de muchos por la pronta aprobación en general de la reforma constitucional y del proyecto de ley sobre gobierno y administración regional y provincial, me asiste una profunda inquietud y temor a la vez. Ello, básicamente, por las siguientes razones.

La Región Metropolitana, con una concentración del 40 por ciento de la población del país y con más de dos millones de personas que viven en situación de marginalidad y de extrema pobreza, se verá gravemente afectada por esta reforma, muy en especial por lo que dice relación con la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, especialmente en virtud de los criterios adoptados en el artículo 71. Por otra parte, porque no existe una verdadera descentralización respecto de los fondos sectoriales, los cuales continuarán siendo administrados por el nivel central.

El artículo 71 señala que la distribución del 90 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones, se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos, y se efectuará teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región, en relación con el contexto nacional. Para estos efectos, se considerarán con igual ponderación las dos variables siguientes:

a)El nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores, como el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental.

b) Se considera la condición territorial particular de cada región, medida a través de los indicadores, como la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico y su distancia respecto de la Región Metropolitana.

Para el cálculo de las variables señaladas, se utilizarán como fuentes de información sólo cifras oficiales emanadas de los ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de organismos internacionales.

Al respecto, es ilógico que la Región Metropolitana sea sometida al criterio de condición territorial, medida a través de indicadores como la dispersión poblacional, la ruralidad, el deterioro ecológico y su distancia respecto de la Región Metropolitana, como una de las dos variables en la asignación de los fondos.

El Gran Santiago no reúne ninguna de estas características. Con este criterio, comunas tales como La Pintana, Peñalolén, Cerro Navia, San Ramón, se verán seriamente afectadas, pues no son rurales y están dentro de la Región Metropolitana. Hay comunas que de por sí son mayores en población que algunas regiones del país. Así, por ejemplo, La Pintana -me gustaría que hubieran estado presentes los Diputados señores Estévez y Yunge para que defendieran su comuna- con aproximadamente 160 mil habitantes y una de las comunas más pobres del país, según la encuesta Casen-1990, tiene mayor población que la Duodécima Región y casi la misma que la Tercera Región; Peñalolén, con 240 mil habitantes, tiene una población un poco menor que la Primera, con una alta concentración de pobreza; La Florida, con casi 400 mil habitantes, equivale a poco menos que la población de la Cuarta Región.

Por ello, esta reforma, en vez de perjudicar a las comunas con alta densidad poblacional y concentración de pobreza dentro de la Región Metropolitana, deberían asignar fondos especiales que les permitan superar el nivel de desarrollo y retraso en que se encuentran, especialmente durante un período de transición que, supuestamente, se verá superado por la descentralización de la reforma.

Según el Diputado señor Cantero, a quien también aludió la Diputada señora Caraball, en las comunas de regiones

existen necesidades, pero la verdad es que todas las que ha mencionado son también típicas y urgentes en la Región Metropolitana, así como viviendas, consultorios, escuelas, pavimentación, veredas, agua, luz, alcantarillado, vigilancia policial, ambulancias, etcétera. En Santiago, la gente también se muere por no tener un teléfono para llamar una ambulancia; y, asimismo, porque el vehículo no llega a tiempo a buscarla

Señor Presidente, he visitado varias comunas en las diferentes regiones del país. He conocido sus necesidades. En verdad, además de las características propias de la ruralidad y la distancia, las necesidades se repiten en el país.

No he visto, sin embargo, a Diputados de regiones visitar la comuna de Peñalolén. Los invito cordialmente para que conozcan en el terreno las necesidades de comunas como La Pintana, Recoleta y otras de la Región Metropolitana.

Quienes representamos a comunas de escasos recursos, nos enfrentamos a enormes problemas, los cuales, probablemente, son los mismos de las regiones, pero se repiten con mayor intensidad por la gran cuantía que representan. ¿Cuántos de los Diputados de regiones se enfrentan a la existencia en su comuna de 12.000 familias allegadas, sin casa? ¿Cuántos Diputados de regiones deben preocuparse, en un momento dado, de 25 casos de personas que están muriendo de leucemia u otras enfermedades? ¿Cuántos Diputados representan una región de 200 mil habitantes que tiene sólo un liceo para atender a 30 mil jóvenes? ¿Cuántos Diputados son de regiones que no tienen hospital? Pues bien, la comuna de Peñalolén, con 240 mil habitantes, no tiene hospital; tampoco la comuna de La Pintana.

En la Ley de Presupuestos del año 1992, la Región Metropolitana ha sido seriamente castigada en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por cuanto se le asignó el menor monto de recursos, $ 2.002.318.000, lo que representa el 5.7 del Fondo.

Todas las regiones del país recibieron mayores cantidades, incluyendo las de menor población, como es el caso de la Undécima, a la cual se le asignaron $ 2.711.335.000. Todos sabemos que en estos momentos cualquier cantidad que se entregue a las comunas del país es insuficiente; pero sí es importante que los recursos de este Fondo sean distribuidos en proporción a la población y a sus necesidades urgentes.

Desgraciadamente, tengo que pensar que esta postura frente a la regionalización y al deterioro que sufre y sufrirá la Región Metropolitana se encuentra gravemente afectada por el hecho de que el 73,3 por ciento de los representantes de la Cámara de Diputados pertenecen a regiones. No puede ser que el nuevo Congreso, en esta nueva democracia, se ciegue ante las necesidades de tantos chilenos. Ante el natural deseo de mejorar las condiciones del resto del país, no tiene sentido castigar a la Región Metropolitana. Es justo que las regiones tengan un nivel de desarrollo adecuado, pero no se justifica repartir pobreza, castigar a los habitantes de las regiones que han invadido la Región Metropolitana; a una selva de cemento en que la condición de vida no es mejor ni peor que la de las regiones.

Por ello, hago un llamado a todos los Diputados de la Cámara para que se considere esta situación, a fin de que se pueda introducir una indicación que no perjudique tan gravemente a la Región Metropolitana como se está haciendo con este proyecto de ley. Esta situación es de tremenda peligrosidad y, en verdad, una vez que la ley esté promulgada, nada sacaremos con arrepentimos. También hago un llamado a los 32 Diputados de la Región Metropolitana para evaluar en detalle los contenidos del proyecto y, de esa manera, defender nuestra región, sin que ello signifique afectar a las demás, que tienen derecho al desarrollo, y para que defendamos a los pobres que viven hacinados en esta gran selva de cemento que es la Región Metropolitana, en una pobreza urbana muchas veces más graves que la rural.

Además, la no descentralización de los recursos sectoriales también es bastante grave. Uno de los grandes avances del proyecto es dar a cada región la posibilidad de distribución de los fondos sectoriales. No puede ser que en este momento el Ministerio de la Vivienda decida quiénes van a vivir en una comuna o en otra y que asigne centralizadamente, y con muchos errores, las casas que se entregan en el país. De hecho, en la actualidad hay personas jóvenes, hombres solteros, que han recibido vivienda en lugar de familias que las necesitan desesperadamente.

Tampoco tiene sentido que las pensiones asistenciales se asignen a los ancianos y a los inválidos desde sectores centralizados, desde la Intendencia de la Región Metropolitana, cuando es en las comunas donde se aprecian las necesidades, y sus municipalidades reciben la mayor demanda y la mayor presión.

Creo que si los fondos sectoriales no se descentralizan y no se les otorga a las regiones y a los municipios la autonomía necesaria para su mejor distribución y uso, en esta reforma, con estos dos puntos, se comete un gran error que afectará a todo el país con posterioridad.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Correa.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, con su venia, le pido una interrupción al Diputado Correa.

El señor CORREA.-

Se la concedo.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Gracias.

Señor Presidente, comparto la preocupación por la situación de la Región Metropolitana. A este respecto, el país enfrenta dos desequilibrios diferentes: uno regional y otro social, y, quizás, el problema es que hasta ahora se ha confundido en un mismo mecanismo el intento de solucionar ambos problemas.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional debe cumplir el papel de superar el desequilibrio regional o espacial, y el hecho de que dicho Fondo tiene también la tÁrea de superar los desequilibrios sociales crea distorsiones.

Por eso, este tema amerita un debate a fondo en su segunda discusión.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Correa.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, el tema de la descentralización administrativa, de hondo contenido jurídico, se arrastra a través de los años y hunde sus raíces en la historia de nuestras estructuras administrativas que recibieron como herencia natural del derecho indiano y la herencia intelectual de la Revolución Francesa, que, curiosamente, fue más centralista que el régimen que reemplazaba.

Chile, al nacer como nación independiente, recibe como legado el régimen de intendencias, primer intento descentralizador que significó un cambio de estructuras, un traspaso de competencias y que fue iniciado, con decisión y valentía, hace dos siglos, tras el objetivo que es el mismo que hoy nos preocupa: modernizar nuestra administración pública.

Así, el régimen de las intendencias se arraiga en nuestra forma de ser y está vigente en las primeras constituciones que establecen regímenes políticos y administrativos fuertemente centralizados, salvo la Constitución de 1826, que condujo a un breve período de federalismo y que posteriormente Portales termina consagrando a los intendentes como fieles ejecutores de las órdenes del gobierno central.

La Constitución de 1925 consagra un pequeño grado de descentralización al contemplar las asambleas provinciales que, lamentablemente, nunca funcionaron.

Luego, en 1942, se restringen drásticamente las atribuciones de los municipios, transfiriendo todas ellas a órganos centralizados.

Así, paradójicamente, en contra de los deseos del constituyente de 1925, la práctica político-administrativa echa por la borda toda posibilidad de descentralización administrativa, y el artículo 107 de la Constitución, según el cual las leyes debían entregar, paulatinamente, a los organismos provinciales atribuciones y facultades, queda en el olvido y no se aplica.

He querido hacer esta pequeña reseña acerca de lo que ha sido el proceso des- centralizador en Chile para aquilatar en su real dimensión la reforma administrativa y modernizadora efectuada por el gobierno de las Fuerzas Armadas. Este trabajo se inicia a comienzos del gobierno militar mediante un estudio que efectúa la Comisión de Reforma Administrativa, Conara, en que participan técnicos representantes de las regiones y provincias. Así, después de varios años se concreta una división administrativa que, sin ser perfecta, constituye sin duda el avance más importante logrado en Chile en materia descentralizadora en toda su historia como nación.

Escuchábamos recién al colega Jeame Barrueto, quien señalaba el impulso que este Gobierno está dando al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Le digo: ¡pero si este Fondo lo creó y formó el gobierno pasado! Los recursos que le otorgó fueron aumentando año tras año, y me alegro de que se haya continuado aumentándolos. Una vez más, se está demostrando que lo bueno de este Gobierno es, justamente, cuando mantiene lo efectuado por el anterior, y lo malo, cuando lo cambia o modifica.

El proyecto que hoy nos preocupa intenta, una vez más, lograr una efectiva descentralización. Pero hay muchas disposiciones en su articulado que, a mi juicio, van en sentido contrario, y a ellas me referiré.

Primero. Se supedita la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a la propuesta que formule el intendente, otorgándose así una especie de iniciativa exclusiva a su favor para todo proyecto regional, en desmedro, desde luego, del Consejo Nacional de Desarrollo. ¿Es éste realmente un sentido descentralizador? Además, el proyecto no incluye la forma de dirimir las discrepancias entre intendente y los consejos regionales de desarrollo.

Segundo. No es bueno que sean los concejales municipales, que constituyen las asambleas electorales, quienes propongan los candidatos a consejeros regionales, siendo así propiciadores y electores de los mismos. Es mucho más participativo que sean las organizaciones laborales, empresariales, culturales y las corporaciones de desarrollo quienes postulen a los candidatos a consejeros regionales.

Tercero. Es indispensable que el intendente tenga no sólo una asesoría en cada materia, sino que efectivamente pueda poner en práctica las políticas de desarrollo que el proyecto determina. Para ello, debe tener atribuciones sobre los secretarios ministeriales que el proyecto hace depender directamente de los ministerios respectivos. A su vez, los secretarios regionales ministeriales deberían tener más atribuciones en el manejo de sus respectivas áreas; de esta manera habrá efectivamente mayor autonomía y se logrará una mayor descentralización.

Cuarto. En materia de administración provincial se cae en varios errores. No se entrega ninguna atribución presupuestaria al gobierno provincial, ni al gobernador, ni al Consejo Económico Social en la elaboración del plan de inversiones regionales; es decir, la experiencia nos dice que en el manejo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, generalmente, se produce una desproporción en las inversiones, con gran favoritismo para la provincia sede de la región. Este factor y las pocas atribuciones que se entrega a los gobernadores está claro que provocará un sentido centralista al interior de cada región.

Por todo lo anterior, estimo que este proyecto es un nuevo paso en el sentido positivo que inició el gobierno anterior y que, modificando algunos aspectos, permitirá que Chile continúe en su etapa modernizadora que lo coloca, hasta ahora, a la cabeza de los países latinoamericanos.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega-

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Carrasco me solicita una interrupción y, con su venia, se la concedo.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, sólo para aclarar un concepto vertido por el Diputado señor Correa.

La verdad es que existe un procedimiento para dirimir las controversias entre el Consejo y el intendente.

El Consejo, cuando surgen problemas de esa índole, tiene derecho a insistir con los tres quintos de los consejeros representantes.

O sea, existe la norma. Y se dijo que no existía.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, sin pretender un elogio desmedido, el proyecto en discusión tiene carácter histórico.

En efecto, como se ha señalado en esta Sala, el Estado nacional se construyó para estructurar su unidad, sobre la base del despliegue cada vez mayor del poder central, especialmente en grandes conflictos que afectaron a nuestra convivencia.

Tiene sus hitos en 1830, con la batalla de Lircay, que gana determinada comprensión y definición del fenómeno político; en 1851, con la batalla de Loncomi11a; en 1859, con la batalla de Cerro Gran-de, contra los sectores de Copiapó y de Coquimbo que se levantaron contra el poder central; en 1879, desde el punto de vista de la configuración del Estado nacional, y por supuesto, en todo el proceso de dominio de la Araucanía.

Si a este proceso de centralismo y de ejercicio del poder central se coliga el fenómeno del presidencialismo, obviamente se termina en un proceso en el cual el país genera un Estado nacional en que la concentración económica, financiera, cultural, política y administrativa está centrada en Santiago.

Sobre los hechos que resultan de este proceso histórico analizaré algunos datos en resumen, debido al escaso tiempo.

Por ejemplo, en materia poblacional, el referido proceso concentrador provocó que en la Región Metropolitana, en 1920, viviera el 19.3 por ciento de la población; en 1970, el 35.5. por ciento, y en 1989, el 39.6 por ciento.

La tasa de crecimiento de la población, en la historia reciente de Chile, siempre ha sido mayor en la Región Metropolitana que sobre el promedio nacional.

El ingreso público en la Región Metropolitana alcanza sólo al 47 por ciento en 1986, mientras que el gasto público es de 94 por ciento.

Sin embargo, aquí se están sumando gastos que corresponden al Estado nacional y que afectan a toda su estructura; pero, de todos modos, la diferencia no se justifica por esta cifra.

En materia de gasto fiscal per cápita, el promedio nacional es de 13.78 por ciento para 1979, tomando cualquier año, porque siempre dicho gasto ha sido superior en la Región Metropolitana, el cual para ese año es del 29.65 por ciento. Ello indica que el problema de la iniquidad espacial es un hecho que está, justamente, en la concepción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y estructuralmente centrado por las cifras que estoy planteando.

Porque, además, el stock de equipamiento que ha tenido la Región Metropolitana en materia de alcantarillado, caminos, postas, escuelas y otros, ha sido y es cualitativa y cuantitativamente mayor que lo que son esos mismos stock de equipamientos en las regiones del país.

Por lo tanto, el Fondo de Desarrollo Regional, que representa al 14 por ciento de la inversión pública, está orientado a disminuir la iniquidad, desde el punto de vista territorial espacial. En cuanto a la iniquidad social, se está tendiendo a su solución a través de la red social, que trata de resolver problemas de personas y familias afectadas por situaciones de justicia o de desmedro. En consecuencia, la red social está orientada a resolver los problemas de este tipo de iniquidad. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional está orientado a lo que dice su nombre: a disminuir la iniquidad espacial.

Pero cuando se discute en esta Sala que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se distribuye en forma inequitativa con respecto a la Región Metropolitana, no se toma en cuenta el monto de los recursos que la asistencia social o de subsidios distribuye en el país y, en concreto, en la Región Metropolitana, en que sí afecta el número de personas y de población que vive allí y que, por supuesto, logra captar comparativamente muchos más recursos por ese objeto en términos de diferencia con lo que se distribuye en el resto del país.

Tampoco se analizan los gastos sectoriales. Para hacer un análisis completo de lo que es la distribución de la inversión y el gasto público, tendríamos que considerar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la red social y los gastos e inversiones sectoriales de los diferentes ministerios. Y de esa manera se podría concluir que hay iniquidad o un desequilibrio en relación a la Región Metropolitana; pero los datos históricos muestran que los gastos sectoriales han sido, proporcionalmente, mayor es en la Región Metropolitana que en las regiones. Por esa razón, el stock de equipamiento que tiene esta región ha sido y es superior al de la mayoría de las regiones del país.

Podría dar aquí -el tiempo no me lo permite- lo que son, por ejemplo, los indicadores de salud de habitantes-cama, de habitantes-médico, de nacidos vivos; los indicadores de educación, y así sucesivamente. Podríamos concluir, en definitiva, que el objetivo del Fondo de Desarrollo Regional es el que he señalado.

Ahora bien, no es que se confunda, como dijo el Diputado Estévez, el problema de que el Fondo se orienta a disminuir la iniquidad desde el punto de vista social. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional se distribuye al interior de las regiones o entre ellas, a partir de indicadores sociales que, obviamente, toman en cuenta los niveles de pobreza o de debilidad de su stock estructural o de infraestructura o de equipamiento.

Entonces, para hacer un juicio objetivo, no se trata de un problema, como lo señaló la Diputada Cristi, entre la gente de Santiago contra la de las regiones o viceversa. No queremos ese debate, por-que se trata, justamente, de potencial el desarrollo de las regiones para ayudar a que el problema del crecimiento que ha tenido Santiago, en forma absolutamente desequilibrada, pueda disminuirse con el tiempo, aminorando así también los problemas y el costo que tiene la urbanización de la capital del país y los problemas sociales que ello conlleva.

No deseamos esta confrontación, pues pretendemos algo objetivo, científico; que se analice con precisión esta realidad histórica; que no se den sólo cifras de un año, sino que se analice todo lo que ha significado este proceso en el cual en definitiva, el país ha perjudicado las posibilidades de las regiones y su potencial desarrollo.

Señor Presidente, a mi modo de ver, con este proyecto se está orientando a eso: a dar a las regiones recursos, posibilidades de decisión que transformen la realidad estructural, política, institucional, económica, cultural y, como decía el Diputado Elgueta, también financiera, porque todos los bancos regionales terminaron centralizados. En ningún país equilibrado de la tierra existe un solo centro de desarrollo con el nivel de concentración que presenta la realidad chilena. Hay que visitar Alemania, Francia, España, inclusive países de América Latina, como, por ejemplo, Colombia, donde múltiples centros de empresas se desarrollan en las regiones, expandiendo la vida de ellas.

Sólo recién, hace veinte o treinta años, las universidades se han descentralizado. Históricamente, la cultura, atraía a muchos profesionales a uno o dos centros nacionales donde había universidades.

Por ello, una visión objetiva del problema permite señalar que con esta legislación se tiende a recuperar esta realidad; a cambiar esta tendencia y, al mismo tiempo, a evitar que hagamos letra muerta de los problemas regionales, de la legislación regional, como la que había en la Constitución de 1925.

Nuestra preocupación, lo hemos demostrado los Diputados de esta bancada junto a los de la Concertación que integramos la Comisión de Gobierno Interior, es perfeccionar el proyecto para lograr ese objetivo.

Como el Diputado Baldemar Carrasco, nos alegramos que el Gobierno haya comprometido la palabra del Presidente de la República para que en su período se estudie un proyecto complementario, que posibilite el traspaso real de competencia de recursos y, por supuesto, de financia- miento presupuestario para lograr los objetivos planteados.

Por último, no deseamos entrar en el debate sobre la paternidad del proyecto. El país puede juzgar -por lo demás así lo hará en las próximas elecciones- si este Gobierno, en su momento -el 17 de mayo de 1990-, envió el proyecto de reforma constitucional sobre regionalización, -que tiene la firma del Presidente Patricio Aylwin-, el que luego fue rechazado. Por esta razón, está de más auto atribuirse paternidades, pues, en la práctica, el país las conoce.

La Concertación tomó un compromiso, el cual estamos cumpliendo.

Haremos lo que señaló el Diputado señor Urrutia. Él dijo que nunca más debemos volver a caer en lo que hoy sucede en detrimento de las regiones del país.

Entonces, no se puede decir que la regionalización estaba hecha y este Gobierno, prácticamente, está engañando al país. Cumpliremos nuestra palabra, salvaremos nuestro honor con este proyecto, porque queremos la regionalización. La queremos en la forma más consensuada posible, porque sabemos que una ley orgánica requiere, aquí y en el Senado, la concurrencia del mayor número de voluntades.

Por eso, nos parece que está de más cualquier autoelogio sobre protagonismo, como lo hizo el Diputado señor Cantero.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, me referiré a algunos temas que tienen que ver con el articulado del proyecto. Por ejemplo, su artículo 44 se refiere al Consejo Económico y Social Provincial y señala que estará integrado, además del gobernador, por miembros elegidos en representación de las organizaciones sociales de la provincia y por miembros que lo serán por derecho propio. En realidad, no tengo objeción alguna que hacer a la composición, ya que los miembros serán elegidos por voluntad popular y por las organizaciones intermedias que representan.

Sin embargo, quedan vestigios de democracia tutelada cuando entre los miembros por derecho propio se señala de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armada y de Carabineros que tengan asiento en la respectiva provincia, designados por el mando provincial correspondiente, como asimismo representantes de los rectores de las universidades que funcionen en las respectiva provincia, en un número máximo de cuatro. Mi objeción es que los primeros miembros designados por derecho propio, de acuerdo con esta disposición, o sea, los cuatro miembros de las Fuerzas Armada, no tienen nada que hacer en un consejo económico y social provincial, que es la expresión de la participación civil y ciudadana.

En segundo lugar, me imagino que los rectores de las universidades que funcionan en las respectivas provincias no sólo son de las universidades tradicionales y conspicuas reconocidas por la nación, sino que también de las universidades "callampas" que han proliferado como la mala yerba.

El otro tema que me preocupa es la insuficiencia del artículo 24 de este proyecto, en cuanto a no tener los mecanismos necesarios para resolver un conflicto entre el consejo regional y el intendente. El ejemplo lo vimos en la situación del presupuesto regional cuando el consejo regional rechace en su totalidad el presupuesto propuesto por el intendente. Es un problema que no se puede resolver; no tiene un mecanismo de solución, y en derecho público, al no haber ley podría no existir una definición final respecto del presupuesto de la región. Obviamente, habrá que resolver este tema en la discusión particular.

Se han tocado una serie de puntos que vale la pena analizar, por tratarse de la discusión general del proyecto. Ha habido recriminaciones recíprocas respecto de las paternidades de un proyecto de esta naturaleza y el sentido final de la regionalización; se ha hecho recuentos históricos; se han tocado situaciones muy puntuales de la historia de nuestro país. En esa perspectiva, no está de más repetir algunas situaciones para profundizar el tema.

Por ejemplo, un dato histórico que no ha sido mencionado, pero que vale la pena traer a colación, es que en 1817, cuando don José Miguel Carrera venía desde Filadelfia con tres barcos a luchar por la independencia de Chile, se decretó una orden de detención por el dictador Pueyrredón en el puerto de Buenos Aires, porque don José Miguel Carrera no sólo traía el ánimo de luchar por la independencia de su país, sino que propugnaba la tesis federalista para las naciones americanas. Y el gobernador de Buenos Aires, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, anti-federalista y unitario, dictó la orden de aprehensión para el General José Miguel Carrera, quien finalmente fue fusilado en Mendoza. Es un detalle para ilustrar la conciencia de los colegas que han hecho todos estos recuentos históricos en el día de hoy.

En el tema de la disposición programática incumplida de la Constitución de 1925 respecto de las asambleas provinciales, los intentos de descentralización y desconcentración del poder político, en la práctica, han quedado en nada.

Esperamos que este proyecto de ley resuelva temas principales, como el de este consejo económico y social provincial, cuya configuración no se condice con las tradiciones democráticas de nuestra nación; lo mismo hay que hacer respecto del tema de la resolución de los presupuestos.

Quiero insistir en un punto: los mecanismos democráticos son esenciales para la solución de los problemas. La ley N° 18.605, Orgánica Constitucional de los Consejos Regionales de Desarrollo, no trae ningún elemento de renovación democrática; no es un mecanismo legislativo adecuado para la solución de los problemas.

Por lo tanto, resulta absolutamente necesario que este proyecto de ley profundice en la democratización de este sistema de regionalización y, además, en sus definiciones.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, como estoy totalmente de acuerdo con la aprobación en general del proyecto y con los conceptos que han entregado los colegas de mi bancada, sólo me referiré a la necesidad de que el proyecto consigne debidamente la disposición constitucional orientada a preservar que en las distribuciones presupuestarias de las regiones, se respeten los principios de armonía y de equidad.

La equidad en el campo de la economía es el criterio que orienta la distribución de un determinado tributo entre los miembros de un grupo social. Desde esa perspectiva, un grupo de colegas presentamos la indicación respectiva, porque consideramos pertinente cautelar, en este proyecto, que la distribución de los recursos sea efectivamente equitativa entre las regiones. Desde ese punto de vista, pedimos que se cautele que la distribución sea armoniosa y equitativa entre todas las regiones con relación al total del presupuesto al cual tengan acceso las regiones, ya sea por la vía del FNDR, de los convenios de programación, de los presupuestos de la inversión regionalizable, etcétera. Cualquiera que sea el mecanismo, debiera haber un cuadro integrador que permita responder que esta distribución sea efectivamente equitativa. De no hacerse en la forma planteada, el proceso de regionalización no será ni justo ni democrático; y en lugar de constituir un proceso de descentralización, sólo traerá tensiones, conflictos y luchas intestinas entre las regiones que, al final de cuentas, dificultarán aún más ese proceso de descentralización.

Por estas razones, con un grupo de colegas de distintas bancadas hemos presentado una indicación, cuyo propósito es modificar los indicadores que actualmente están en uso para efectuar la asignación del FNDR.

También quiero advertir que estamos dispuestos a apoyarlo respecto de cualquier otro mecanismo que involucre una asignación de recursos que atente contra su distribución equitativa.

Por lo tanto, el interés no es atacar a una región ni defender a otra, sino cautelar un principio de equidad y de armonía.

Ahora, desde esta perspectiva y como una cuestión complementaria, quiero aclarar que, en lo que dice relación con la Región Metropolitana, somos muchos los que compartimos la certeza de que ésta ya ha traspasado los límites mínimos óptimos de lo que debe ser en estos momentos una metrópoli bien concebida. Por lo tanto, nadie tiene el deseo de expandirla, sino, por el contrario, de delimitarla. Pero eso no significa justificar la aplicación de un tratamiento discriminatorio en contra de los pobres que viven en la Región Metropolitana o en favor de los otros, cualquiera que sea el lugar donde ellos viven. Lo que debe haber son indicadores objetivos que permitan determinar que todos aquellos que estén viviendo una situación de pobreza y de aislamiento espacial, tengan la posibilidad de acceder a determinadas políticas que los favorezcan o beneficien, con equidad.

Por lo tanto, la referida indicación se sustenta en esa perspectiva de principios y de respeto, por los demás, como asimismo a la norma constitucional, y sólo busca que cada región reciba lo que en justicia le corresponde y que no establezcamos disposiciones que generen una nueva iniquidad.

Si un procedimiento objetivo es determinar e incorporar los factores históricos de centralización, bienvenidos sean, si se discuten y se fijan objetivamente; si quieren integrar los factores de dispersión poblacional, bienvenido sean en nuestra indicación. Pero -insisto- de lo que se trata es de evitar una lucha entre las regiones y establecer procedimientos objetivos, equitativos y armoniosos.

Señor Presidente, termino diciendo que en relación con la Región Metropolitana, tenemos discrepancias con lo señalado por el colega Ortega, por cuanto nuestros antecedentes indican que la inversión pública realizada en la Región Metropolitana en el último tiempo es menor que la proporción que ésta representa, ya sea en porcentaje de producción, de pobres, de población y, me atrevería a decir, casi en relación con cualquier índice global.

Insisto en que el punto no es si se defiende o ataca a una región; lo central es que haya una distribución equitativa y un análisis objetivo de lo que es la inversión.

Solamente diré para los colegas presentes y para la versión fidedigna de la sesión, que si uno toma, por ejemplo, las inversiones en el área de la educación del año 1991, verá que el cuadro de la Región Metropolitana, por una mala asignación presupuestaria hecha por el propio Ministerio, aparece con 124 mil millones de pesos, versus 57 mil millones para el resto de las regiones. Naturalmente, un colega ajeno a la Región Metropolitana podría indicar que se trata de una inversión desproporcionada, y yo me sumaría absolutamente a eso, porque se estarían rompiendo los principios de equidad que estamos defendiendo. Pero al analizar en qué consiste esa inversión supuestamente centralizada por parte del Ministerio de Educación, se descubre que, de estos 124 mil millones, 48 mil millones se destinan al habilitamiento y mejoramiento de las oficinas administrativas de dicho Ministerio; que 24 mil millones se destinan al mejoramiento de los sistemas de la Biblioteca Nacional; que 4 mil y tantos millones se destinan al mejoramiento de la microfilmación de los archivos y del material bibliográfico de la Biblioteca, etcétera, etcétera.

Eso, por supuesto, no puede calificarse como una inversión solamente destinada a la Región Metropolitana, sino que son inversiones de carácter interregional que aparecen asignadas a dicha Región, porque las sedes centrales de determinadas actividades están situadas en ésta. Ello significa que hay un mal cálculo, una mala información y una falta de objetividad entre todos para medir la inversión y cómo se asignan los recursos.

Pensamos que con indicaciones como la planteada, que podría interpretamos a todos, sería factible mejorar el proyecto de ley en este aspecto.

Anuncio y no explico, porque ha sido materia de otras discusiones, que también presentamos indicación destinada a favorecer la necesaria coordinación entre aquellos municipios que pertenecen a conurbaciones que tienen realidades de metrópolis, para los efectos de que los problemas propiamente metropolitanos que se dan básicamente en la Región Metropolitana, en Valparaíso, Viña, Quilpué y Villa Alemana, y Concepción y Talca- huano, tengan una posibilidad orgánica dentro de la estructura del gobierno regional, que les permita contar con fijaciones de política e implementación de las mismas en forma coordinada.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente la verdad es que hubiéramos querido que esta Sala -dado que de los 120 Diputados, más del 75 por ciento somos de regiones-, hubiera estado colmada. Lamentablemente, no es así. Esperamos que sí lo esté en el segundo trámite reglamentario del proyecto cuando discutamos artículo por artículo, ya que, desde nuestro punto de vista, es una de las iniciativas más importantes que tramitaremos en estos cuatro años.

Pero cuando afirmamos que es una iniciativa importante, no necesariamente queremos decir que nos satisface. En verdad, adolece de muchos errores y, en general, no estamos contentos con ella. Pero -reiteramos- esta iniciativa es uno de los pasos más trascendentales que habrá dado el país en cuanto a regionalización, y descentralización, y debieran empezar a verse los frutos en los próximos años. Esperamos que esos frutos sean positivos, porque hace ya más de veinte años, países más desarrollados que nosotros dieron este gran paso, o sea, tuvieron la voluntad política de descentralizar, de desconcentrar, de ir creando polos de desarrollo en las distintas regiones y en los diferentes sectores de cada uno de esos países y hoy día podemos ver, especialmente en Europa, cómo ellos se desarrollan y cómo tienen un papel importante en el concierto internacional gracias a esta distribución del poder y también de los recursos que produce cada una de estas naciones.

La verdad es que no nos llama la atención que los sectores socialistas, como lo hicieron presente en la mañana de hoy, estén satisfechos con esta proposición de ley, porque desde su concepción estatista, dar un poquito de poder, es un gran avance y, realmente, se sienten satisfechos y consideran haber dado todo lo que pudieron.

Pero lo cierto es que, en cuanto a entrega del poder, a dispersión de éste, persiste un centralismo marcado. Para ello, basta con ver el artículo 2C de este proyecto, según el cual corresponde al intendente, como representante del Presidente de la República, -letra a)- "dirigir las tÁreas propias del gobierno interior en la región, en conformidad con las orientaciones e instrucciones..." -reitero- "e instrucciones"..."que imparta el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.". Es decir, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de libertad para que las regiones puedan dirigir su destino y ser intérpretes de él, se necesita la orientación, la instrucción del Presidente de la República; por supuesto que ese intendente obedece al mandato del Presidente de tumo y, por supuesto, detrás está la ideología, la intención y todo lo que significa el ejercicio del poder por parte de un gobierno determinado, que influye en cada una de las regiones. Eso, señor Presidente, no nos deja conforme.

La Región Metropolitana -respecto de la cual el Diputado Ortega nos recordó muchos aspectos- se ha llevado en los cien últimos años más del 90 por ciento del presupuesto de esta nación. Por lo tanto, no vale la pena dedicar un capítulo a ella.

La tramitación de este proyecto tampoco nos satisface. Si uno asiste a la Comisión de Gobierno Interior, diría que es prácticamente una verdadera comedia, porque si uno quiere presentar la indicación, le dicen: "¡Momento! Esa es una facultad del Presidente de la República.".

El señor CAMPOS.-

¿De dónde viene esa facultad? De la Constitución de 1980.

El señor LONGTON.-

Si llegamos a un acuerdo parcial o si a un grupo de Diputados de Oposición les satisface esa indicación, perdemos, porque no somos mayoría. Si todos nos ponemos de acuerdo, nos dicen: "¡Momento! El acuerdo político dice lo contrario". Por lo tanto, es inútil asistir a la tramitación de esta iniciativa como integrante de la Comisión de Gobierno Interior.

Esperamos que el Senado -por eso estamos interviniendo hoy- recoja el mensaje que los Diputados le estamos mandando, para que lo haga suyo y pueda mejorar considerablemente este proyecto.

En cuanto a la paternidad del proyecto, señor Presidente, por su intermedio quiero decirle al Diputado señor Ortega que concuerdo con él: el pueblo va a juzgar quién inició o impulsó la regionaliza- ción. Nuestro pueblo sabe la historia que hay detrás, que es bastante reciente, en el sentido de que nuestro partido condicionó el avance en la ley municipal a la regionalización. Eso es de público conocimiento. Basta tomar los diarios, los periódicos de hace seis meses, pues ahí aparece esto. Por ello, estoy de acuerdo -repito- con el Diputado señor Ortega. Recuerdo también una conferencia de hace un año, en que los Diputados señores Eugenio

Ortega y Baldemar Carrasco, al percatarse de que han sido incapaces de impulsar la regionalización, recurrieron a una historia que no es verídica al manifestar que el ex Presidente Eduardo Frei fue el primero que se preocupó de la regionalización en este país.

Todos sabemos que quienes fijaron las bases de la regionalización en nuestro país fueron los militares, en el gobierno anterior.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGTON.-

Respecto de la autonomía, creo que las regiones van a seguir siendo víctimas del centralismo, del gobierno de tumo, y que es necesario cambiar muchas disposiciones sobre el particular.

Quiero hacer referencia al inciso segundo de artículo 75, que define la inversión sectorial como preinversiones o proyectos de inversión sectorial de asignación, y señala que ellos deben estar de acuerdo con el decreto ley N° 1.263, de 1975. Tengo a la vista ese cuerpo legal. Dice que la autorización de recursos para los estudios y proyectos "sólo podrá efectuarse previa identificación presupuestaria," la que "deberá ser aprobada a nivel de asignaciones especiales, por decreto, o resolución según corresponda". Se habla, incluso, de una evaluación de proyectos.

En definitiva, cualquier inversión que inicie el gobierno regional seguirá sometida a la autorización del gobierno central.

Entre los innumerables reparos del proyecto, está también el de las gobernaciones. Estas seguirán autorizando el uso de los vehículos fiscales los fines de semana. Entonces, ¿de qué autonomía me hablan? ¿De qué libertad para las regiones me hablan? Si hablamos de autonomía y la Concertación quedó conforme con ella en el caso de las municipalidades, fíjense, señores Diputados, que las gobernaciones seguirán autorizando el uso de los vehículos fiscales a las corporaciones autónomas. Estoy poniendo un ejemplo tal vez doméstico, pero eso demuestra el alcance de esta autonomía, por la cual a veces rasgamos vestiduras, pero que en el papel es letra muerta.

No quiero alargarme más en este tema.

El señor DEVAUD.-

¡Qué bueno!

El señor LONGTON.-

Sé que es demasiado...

Señor Presidente por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Alessandri.

El señor DEVAUD.-

Pido la palabra, por un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, exijo el cumplimiento del Reglamento, porque no le voy a soportar impertinencias de esa naturaleza al Diputado señor Longton. Para evitarle problemas, solicito eliminar de la versión la referencia a mi persona, esa... que acaba de decir.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Serán eliminadas de la versión las expresiones antiparlamentarias en las intervenciones de los Diputados Longton y Devaud.

Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en virtud del artículo 10 del Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de que en el transcurso del debate se ha mencionado en reiteradas ocasiones a la Región Metropolitana. Tengo el honor de representar en esta Corporación a La Florida, la comuna más grande de Chile, la que en cuanto a financiamiento per cápita ocupa el lugar 314°. Cuando se críticas a la Región Metropolitana es importante documentarse de lo que sucede en ella. Por eso, concedemos real importancia al censo que se realizará el 22 de abril, en el que participaremos activamente, porque será la única oportunidad en que se podrá demostrar, especialmente los parlamentarios de regiones, cuál es la situación concreta de cada una de las comunas de Santiago. Si hay algo que es necesario descentralizar, es justamente la Región Metropolitana, pues es, lejos, la más centralizada del país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el Diputado señor Devaud dice que debo retirar las impertinencias. En verdad, he escuchado las suyas durante toda mi intervención. No sé si Su Señoría se dio cuenta, pero fui interrumpido constantemente. No obstante eso, retiro las palabras pero mantengo los conceptos.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quedó claro que se retirarán las palabras que puedan ser ofensivas. Los conceptos no pueden eliminarse, porque corresponden a las ideas de cada uno. Es la expresión lo que cambia.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, pido la palabra por un problema de Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DEVAUD.-

Creo que el señor Presidente está dirigiendo eficientemente la Corporación: tiene buen juicio y buen criterio. Supongo que se dará cuenta de que lo dicho por el Diputado señor Long- ton es... de marca mayor. Por lo tanto, pido que se considere exactamente lo que he pedido. Estoy tomando el asunto con demasiada calma; estoy recurriendo al criterio de Su Señoría, a su buena voluntad e incluso le estoy indicando el camino razonable y civilizado para evitar este incidente.

He dicho.

Hablan varios señores Diputados a ¡a vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Reitero que, reglamentariamente, deben eliminarse de la versión las expresiones antiparlamentarias.

Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en virtud del artículo 10 del Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, reafirmando las ideas que durante el debate han planteado los parlamentarios de la Democracia Cristiana, agrego que el proyecto forma parte de un propósito más ambicioso, vinculado con sus objetivos. Me refiero a los anhelos de regionalización que comparte la inmensa mayoría de la población, los que son profundamente sentidos por los habitantes de las regiones. Pero no resulta extraño que estas aspiraciones hacia una mayor regionalización también estén presentes en la Región Metropolitana, porque se ha ido generando la convicción de que no es sano acentuar el grave desequilibrio entre la metrópolis y las regiones, características que ha sido una constante en el desenvolvimiento del país a través del presente siglo.

No se trata, -como aquí con mucha razón algunos parlamentarios de mi partido lo han planteado- de enfrentar los intereses de Santiago con los de las regiones. Resulta evidente que si no se pone atajo al desequilibrio en la distribución de los recursos del Estado y se favorece a la Región Metropolitana, el fenómeno de la centralización continuará, porque en la medida en que se van resolviendo los problemas de sus habitantes, se intensifica la corriente de emigración de personas, actividades, recursos y empresas hacia la capital, con lo cual los problemas que existen en un momento, con el andar de los años se duplican y triplican.

Esto es lo que ha ocurrido en el país en la relación entre la capital y las regiones.

Creo -éste es un pensamiento de mucha gente de la capital- que un adecuado desarrollo de las regiones favorece a la metrópoli. En ese sentido, quienes representamos a las regiones estamos plan-teando sus reivindicaciones. Creemos que un crecimiento equilibrado del país es bueno para todos. ¡Por supuesto que es bueno para las regiones!, pero también lo es para la metrópoli, porque muchos de sus problemas son producto precisamente del desequilibrio histórico que ha experimentado el crecimiento del país.

Por regionalización entendemos un proceso de crecimiento equilibrado. Ello supone la existencia de un conjunto de factores de carácter político, administrativo, territorial, económico, financiero, cultural y del más variado orden, cuya armonización permite establecer condiciones de relativo equilibrio en las posibilidades de desarrollo personal y colectivo de los habitantes del país.

Uno de tales elementos lo conforma, sin duda, el aparato estatal. Un aparato centralizado favorece la centralización y, con ello, el desequilibrio. Un aparato descentralizado y desconcentrado genera condiciones objetivas para un crecimiento equitativo que exprese la solidaridad nacional en el ámbito territorial.

El proyecto que nos ocupa, que necesariamente ha de vincularse a la reforma constitucional aprobada recientemente por la ley N° 19.097, apunta a este objetivo: establecer la estructura de una administración que progresiva y sistemáticamente alcance grados razonables de manejo autónomo por parte de los agentes políticos y actores locales.

La descentralización y desconcentración involucradas en este proyecto se implementan fundamentalmente a través de los siguientes caminos específicos:

En primer lugar, en la reforma se incorporan mecanismos democráticos para la generación del gobierno regional, a través del establecimiento de un consejo regional.

Habría sido conveniente -y lo habríamos preferido- que este organismo tuviera una generación por la vía de sufragio universal. Sin embargo, no puede negarse su carácter democrático, pues el cuerpo electoral estará constituido por los concejales, y éstos, dentro de las funciones asignadas por la Constitución y por la ley, tienen precisamente la de conformar este cuerpo electoral. Vale decir, cuando se vote por concejales, también se estará votando por quienes elegirán a los integrantes de los gobiernos regionales.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo de la Democracia Cristiana.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente solicito que se inserte en la versión lo que no alcancé a expresar, mediante un documento que entregaré a la Mesa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El texto del documento que se acordó insertar es el siguiente:

En segundo lugar, fortalece a los gobiernos regionales dotándolos de personalidad jurídica, según aparece consagrado en el artículo 14.

En tercer término, autoriza, por el artículo 64, a los gobiernos regionales para asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional;

Además podrán los gobiernos regionales convenir con los ministerios e instituciones de la administración pública, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional;

Finalmente la disponibilidad de recursos en el nivel regional, aparece reforzada por las disposiciones transitorias, en cuanto consagran incrementos sustanciales para los años 1993 y 1994 al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La inquietud por romper los esquemas centralistas es de larga data. La Constitución de 1925 contenía como disposición programática un precepto que obligaba al legislador a confiar paulatinamente a los organismos de carácter local, las atribuciones y facultades administrativas que ejercían otras autoridades, con el fin de proceder a la descentralización del régimen administrativo interior.

Iniciativas aisladas expresaron muy lenta y temerosamente tales propósitos hasta que en la década del 60 surge la creación de entes públicos locales de desarrollo, a menudo con financiamiento vinculado a recaudación tributaria generada por la explotación de determinadas actividades asentadas en regiones.

En el Programa de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, que llevó al poder al Presidente Aylwin, se señaló como tÁrea fundamental la democratización del país, lo que supone un esfuerzo permanente y sistemático en favor de una descentralización eficiente, de una participación activa y eficaz de la población y el establecimiento de instancias gubernamentales modernas para dar respuesta a las necesidades de la población.

En tal contexto se enuncia perseguir el logro de dos objetivos simultáneos: por una parte la democratización del aparato estatal y, por otra, la descentralización de la administración del Estado.

En esta sala se ha buscado encontrar supuestas paternidades al proyecto que hoy nos ocupa. La idea ya no tiene autores. Las voces que vienen reclamando un mayor grado de participación de las regiones en los frutos del desarrollo y en la toma de decisión en los asuntos que las involucran se pierden en el recuerdo histórico y hoy día constituyen un patrimonio común de la nación chilena. No puede haber derecho de autor en esta materia.

Sin embargo, más que la autoría, si es que pudiera determinarse, vale la capacidad para hacer operativa las ideas que contienen el proyecto y esa voluntad política les asiste indesmentiblemente, al Presidente Aylwin y a los partidos políticos que respaldan su gobierno. Así lo sabe la opinión nacional y así lo reconocerá la historia.

Los parlamentarios de la Democracia Cristiana, en particular a quienes representamos regiones, valoramos este esfuerzo como un aporte fundamental al proceso democratizador del país, en que estamos empeñados, y sin perjuicio de presentar en su oportunidad las indicaciones que estimamos oportunas y convenientes para perfeccionar el proyecto, lo votaremos favorablemente.

He dicho.

Asimismo, por acuerdo de la Sala, se acordó, insertar las dos siguientes intervenciones:

El señor SABAG.-

Señor Presidente, con la aprobación que seguramente esta Corporación dará a este proyecto de ley, el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azocar camina decididamente hacia la regionalización del país, dando cumplimiento al programa de la Concertación en esta materia y adecúa la estructura político-administrativa a su actual etapa de desarrollo, a los requerimientos que emanan del sistema democrático, a las exigencias que plantea la expansión económica en varias zonas del país, a las exigencias que se derivan de la modernización de la administración pública que anhelan las comunidades locales y regionales.

Se trata en consecuencia de una iniciativa que modifica substancialmente la base político-jurídica del Gobierno y de la administración del Estado, siendo quizás, una de las modificaciones institucionales más importantes del presente siglo. Ellas plantean al país un desafío extraordinario, pues con esta normativa, de gradual y selectiva aplicación, sin perder de vista y armonizando que somos un Estado unitario, se podrá afianzar una positiva evolución en favor de la descentralización del país. De este modo, se están asentando sólidamente las bases para la prosecución de un proceso de descentralización de raíz democrática, el cual, sin duda, es perfectible.

Como se ha señalado, el Gobierno era partidario que los consejeros regionales fueran elegidos en votación directa. Sin embargo, las negociaciones que precedieron al acuerdo político no permitieron concretar esta aspiración, prefiriéndose la vía indirecta para la elección.

Por otra parte, la iniciativa del Ejecutivo busca modernizar la institucionalidad pública, propugnando una mayor racionalización en el desempeño de la administración, estableciendo competencias específicas para los distintos niveles de gestión en que ésta se estructura y procurando eliminar duplicidades entre ellas. Se establece también la radicación de la toma de decisiones sobre importantes asuntos regionales en una instancia de ese carácter.

La administración de la región radicará en un gobierno regional, el que tendrá por objetivo el desarrollo social, cultural y económico de la región. Los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotados de patrimonio propio.

En el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional deberá inspirarse en los principios de equidad y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de preservación y mejoramiento del medio ambiente y de participación de la comunidad organizada.

Los gobiernos regionales deberán propender al ordenamiento territorial, al fomento de las actividades productivas y al desarrollo social y cultural de la región. Entre las funciones del gobierno regional, destaca la de aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región y la de resolver la inversión de los recursos comprometidos para ésta en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Además deberá decidir los proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional (ISAR).

Las relaciones de los gobiernos regionales con el Gobierno central se realizarán a través del Ministerio del Interior en todo aquello que no corresponda a competencia específica de otros Ministerios. La normativa precisa también un mecanismo de transferencia gradual de competencias y recursos a los gobiernos regionales.

En consecuencia, señor Presidente, considero que este proyecto es altamente conveniente para el desarrollo de las regiones. Con ello se pretende modificar el centralismo exagerado en que actualmente nos encontramos, hacer una distribución más equitativa de los recursos, otorgar facultades y atribuciones a las regiones para invertir los recursos que les corresponden y luchar por levantar a los sectores más pobres de cada una de las comunas que forman la región. Se que este importante proyecto seguramente adolecerá de defectos. Se que por el poco tiempo que se nos ha dado, no ha podido analizarse con mayor profundidad en las Comisiones y en ésta Sala, pero también sé que es perfectible en el tiempo sobre todo con la experiencia, que se irá recogiendo una vez puesta en plena vigencia la ley.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorablemente, como asimismo el de todos los colegas de mi bancada.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, nos corresponde pronunciamos sobre la idea de legislar, en general, sobre el proyecto de ley de Gobierno y Administración Regional.

La aceptación de legislar sobre esta materia no significa, en forma alguna, aceptar en su integridad el proyecto de ley sometido a nuestra consideración, porque existen varias observaciones que deben formularse a su articulado.

A través de diversas intervenciones en esta sala, se ha insistido en la necesidad de dotar a las regiones del país de los recursos necesarios para solucionar las diversas situaciones que las afectan.

El problema del desarrollo de las regiones no requiere necesariamente de un proyecto de ley como el que estamos tratando en esta ocasión. Estamos conscientes y contestes de la necesidad de enfrentar ese problema, y para ello se requiere de la debida planificación, de la asignación de recursos, del otorgamiento de facultades efectivas a las autoridades locales, de la necesidad de lograr una efectiva y real descentralización y desconcentración administrativa.

Pero no podemos, a través de esta iniciativa de ley, modificar, lo que es estructuralmente el Estado chileno, Estado unitario, donde el poder de la administración recae en el Presidente de la República, y que se pretenda, mediante un sistema aparente de descentralización o des-concentración llegar de hecho a un Estado federal.

Por otra parte, tenemos serias observaciones que formular a la constitución de gobiernos regionales que, en el hecho, serán parlamentos regionales, con facultades normativas, en circunstancias de que estamos asistiendo a la crisis de todo este sistema. En efecto, las instituciones son eficientes cuando su existencia responde a una necesidad. En el siglo pasado, el Parlamento contaba con facultades efectivas, y tenía poder político, económico, financiero, previsional, amplias facultades y, al dictar la ley, era soberano para otorgar, limitar o suprimir derechos. Hoy carece de todas esas facultades y su intervención se limita a conocer de proyectos con iniciativas del Ejecutivo, que le son exclusivas.

Es un hecho que los parlamentos nacionales están en crisis al carecer de facultades efectivas, y mal podemos robustecer, dar fuerza a gobiernos regionales, constituyendo instituciones que serán ineficientes.

Un auténtico gobierno regional debe conjugar la participación efectiva de sus comunidades de base, de las organizaciones comunitarias, laborales, de las actividades productoras; pero ello nos debe llevar, necesariamente, a relacionarlo con las normas ya dictadas sobre gobierno o poder comunal. Existen una serie de disposiciones que neutralizarán la efectividad de los gobiernos comunales.

Si analizamos el proyecto sobre gobierno regional, nos encontraremos con que él no resuelve el problema de la concentración de poder en las capitales regionales, y ello en razón de que sus disposiciones no han sido coordinadas con el gobierno comunal.

Esta crisis es mayor si analizamos la situación de las provincias, con sus gobiernos a cargo de un gobernador, institución que aparece disminuida y con carencia de objetivos.

Este proyecto debe ser analizado en el contexto total de la sociedad chilena. Construir una sociedad solidaria, participativa, democrática y solidaria significa construir una pirámide, cuya base o cimiento sean las juntas de vecinos, pasando por los municipios, y la coordinación de su acción a través de las provincias las que dan nacimiento a los gobiernos regionales, estando en la cúspide el Presidente de la República, con la plenitud de las facultades de administración. Así entendido, las organizaciones son prolongación de un poder, pero ello significará la destrucción del concepto de comuna autónoma.

El problema es complejo. Es previo conjugar la descentralización administrativa, la desconcentración, el desarrollo, la participación de las comunidades de base, con la existencia de una comuna que no depende del poder central, y con los gobiernos provinciales y regionales, que son la proyección del gobierno central.

Por otra parte, es necesario tener presente que este proyecto no soluciona los problemas que afectan a la gran ciudad de Santiago, la que, dadas sus características, la gran población que cobija y los graves problemas sociales que afectan a sus sectores populares, requiere de normativas especiales tendientes a establecer un gobierno metropolitano.

Votaré a favor la idea de legislar, y confiamos que a través de diversas indicaciones presentadas puedan recogerse las observaciones formuladas en este debate para dotar a la República de una organización eficiente.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, quiero referirme a algunos artículos del proyecto sobre gobierno y administración regional tratados en la Comisión de Hacienda y llamar la atención de los colegas, tanto de Gobierno como de la Oposición, acerca del alcance real y efectivo de materias importantes que aborda la iniciativa.

El objetivo de fondo de esta legislación, en definitiva, es que los gobiernos regionales que legítimamente se constituyan, manejen una parte importante del presupuesto nacional en obras públicas. Ese es, en realidad, el significado fundamental de la iniciativa: que una cantidad importante de la inversión de los fondos fiscales sea administrada directamente por los consejos regionales y no por los ministerios o las subsecretarías de desarrollo regional y administrativo instalados en el centro del país.

Si se estudian con cuidado y detenidamente algunas disposiciones del proyecto, heredadas del gobierno anterior, se podrá concluir que estos consejos regionales, en la práctica, no tienen incidencia en los puntos más relevantes, esto es, en decidir y priorizar qué proyectos se llevarán a cabo en la respectiva región.

En efecto, el artículo 74 del proyecto, dispone: "Los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán ajustarse a las normas y procedimientos establecidos en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975.". ¿Qué significa esto? Que todos los proyectos o programas del gobierno regional, financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, e incluso con dineros propios -porque hay que relacionar el artículo 74 con el 73, como se discutió en la Comisión de Hacienda con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo- tendrán que sujetarse al artículo 19 bis del mencionado decreto ley, que en su inciso cuarto establece lo siguiente:

"Los estudios preinversionales y los proyectos de inversión deberán contar, como documento interno de la Administración, con informe del organismo de planificación nacional o regional, en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica y económica que analice su rentabilidad. Corresponderá al Ministerio de Hacienda impartir instrucciones y resolver al respecto".

En otras palabras, aunque los consejos regionales prioricen proyectos en su región, en definitiva todos deben contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda, el que, mediante un sistema que se indica, mide su rentabilidad social y económica, y resuelve.

Discutimos el punto en la Comisión de Hacienda. El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo dijo que ésa no era la intención, pero es claro que el artículo 74 se refiere al 19 bis del decreto ley 1.263.

En la práctica, le dejamos al Ministerio de Hacienda la facultad de resolver los proyectos de inversión que se concretarán. Lo más lógico sería que esta norma lo determinara a través de un sistema positivo de evaluación de sus beneficios. Podría establecerse un mínimo de rentabilidad a cada proyecto y, sobre esa base, decidirse, en la región. Pero, de acuerdo con lo señalado en la disposición, las iniciativas se presentan en "paquete" y deben ser aprobados por el Ministerio de Hacienda. Si esa autoridad lo quisiera, podría imponer su criterio, por ejemplo, priorizar los proyectos por el puntaje que alcancen y no por lo que se necesite en cada región.

Al respecto, propuse una indicación para sustituir la citada disposición, la que lamentablemente fue declarada inadmisible. En el fondo, recogía el pensamiento del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Gonzalo Martner.

El texto era el siguiente: "Artículo 74.- Los proyectos de inversión y los estudios y programas que se pretendan materializar, deberán estar fundamentados en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad. La priorización de ellos se llevará a cabo por el gobierno regional entre los que cumplan con un mínimo de rentabilidad económica y social establecido a nivel nacional para cada región por el Ministerio de Planificación.

"En el caso de ser financiados con créditos externos, deberán cumplir, además, con los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamos conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.".

En otras palabras, gran parte de este proyecto será letra muerta si no se revisan estas dos disposiciones, porque se hace creer que los gobiernos regionales serán autónomos en algo que es consustancial. Y lo único que piensan en las regiones es quién decidirá sobre los proyectos que les interesan. Sin embargo, dejamos la decisión final al Ministerio de Hacienda.

Además, si relacionamos esta materia con los artículos 34 y 24, que establecen que el Intendente propone todo el programa de inversión en un solo "paquete", el consejo regional tampoco puede modificarlo.

El Diputado señor Devaud me solicita una interrupción. No tengo inconveniente en otorgársela, pero con cargo al tiempo del Comité del Partido Radical.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, debo señalar, respecto del artículo 74, que hubo un debate interesante en la Comisión de Hacienda en cuanto a la finalidad última de los proyectos de inversión, estudios y programas, ya que el proyecto, tal como viene redactado de la Comisión de Gobierno Interior -lo que ya ha sido expuesto- limita la autonomía de los gobiernos regionales.

Efectivamente, el Diputado señor Ringeling propuso una redacción distinta para el artículo 74.

Por mi parte, formulé una indicación en la Comisión de Hacienda que, sin perjuicio de reproducir casi íntegramente el artículo 19 del decreto ley N° 1.263, restringía la posibilidad, en este caso, de que los proyectos de inversión fueran definitivamente regulados por el Ministerio de Hacienda o por los organismos competentes del gobierno central.

En el segundo informe, en el debate particularizado de este proyecto, plantearemos indicaciones para propender a la autonomía financiera de la región, sin perjuicio de atender a los conceptos de una dirección de la economía a nivel central más bien como una orientación, pero aplicando un concepto real de autonomía regional.

Eso es todo lo que quería señalar, señor Presidente.

Gracias por la interrupción, Diputado Ringeling, a pesar de que fue con cargo al tiempo de mi Comité.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Ese es un problema que quería hacer resaltar. No vi el proyecto entero, pero sí estuve en la discusión de la Comisión de Hacienda. Es algo consubstancial a lo que las regiones pretenden. Por lo tanto, espero que haya alguna instancia de solucionarlo en la segunda discusión.

Además, si a esto agregamos serias limitaciones que tiene el Consejo Regional, por ejemplo, para enajenar bienes inmuebles, es lógico que se deba pedir la aprobación del gobierno regional y, tal como está redactado el proyecto, ello no es posible porque el intendente debe hacerlo mediante licitación pública.

En la letra e) del artículo 68, referida a las concesiones y permisos -otro instrumento tan importante de los gobiernos regionales- no se establece que estos gobiernos tengan decisión sobre ellos.

Y lo que es más sintomático, porque demuestra la sospecha que tal vez pueda tener el Ejecutivo al haber enviado este proyecto, es que los gobiernos regionales no serán dueños ni siquiera de los edificios donde actualmente funcionan. Es decir, ¿se quiere realmente que existan estos entes jurídicos autónomos en las regiones, con patrimonio propio, si ni siquiera se piensa en transferirles los bienes donde actualmente funcionan?

Del análisis de los artículos que le correspondió conocer a la Comisión de Hacienda que, por supuesto, son muy importantes porque se refieren al financia- miento, se desprende que no hay un ánimo real y efectivo de transferir el poder de decisión a estos gobiernos regionales, por lo cual se desmorona toda la intención del Ejecutivo.

Concedo una interrupción al Honorable señor Elgueta, con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo de Renovación Nacional y también el de la Democracia Cristiana.

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente y Honorables colegas, como se ha señalado reiteradamente en esta sesión, el proyecto de ley de Gobierno y de Administración Regional es, sin lugar a dudas, una de las reformas estructurales e institucionales más importantes y trascendentes que le ha correspondido conocer a este Congreso Nacional.

Creo no equivocarme si afirmo que esta iniciativa, junto con el proyecto de Ley Orgánica Municipal que aprobamos hace algunas semanas, serán las materias por las cuales este Congreso será recordado en el futuro.

Francamente dudo, que en el tiempo que queda de esta legislatura, conozcamos iniciativas de tanta importancia como ésta.

Señalo esto porque en el pasado hubo intentos por descentralizar y desconcentrar el país. Ya en la Constitución de 1925, la idea de don Arturo Alessandri y de don José Maza traía gérmenes que incorporaban estos principios, los que naturalmente no pasaron del mero terreno de la norma programática e incumplida. Posteriormente, durante el Gobierno del Presidente Frei, también hubo iniciativas y estudios en tal sentido. No podemos negar que en el Gobierno militar, asimismo, se trató de avanzar en este camino. Pero ninguno de los esfuerzos realizados tienen la trascendencia y la solidez del proyecto que discutimos.

A mi modo de ver, y más allá de las consideraciones técnicas y de detalles que se han enunciado, esta iniciativa, que verdaderamente descentraliza y desconcentra la administración del país, tiene un mérito, ya que, manteniendo el carácter unitario del Estado chileno -algo arraigado en la idiosincrasia de nuestro país-, trata de conciliar los intereses entre las regiones y Santiago.

Francamente, no comparto cierto giro que pudo haber tenido el debate de esta tarde, cuando algunos colegas han tratado de señalar que existe una colisión de intereses en esta ley entre lo que necesita y plantea Santiago con los requerimientos del resto de las regiones.

En mi concepto, en este proyecto sencillamente se ha procurado alcanzar una fórmula de equilibrio que permita la continuación del desarrollo de Santiago, pero sin que esto no se verifique en desmedro del desarrollo y progreso de las regiones, en términos tales que, habiéndose alcanzado ese punto de equilibrio, obviamente este proyecto merece contar con el apoyo de todo el Parlamento.

Otros colegas han llevado la discusión a analizar cuál es la paternidad de esta iniciativa. Pienso que ése es un tema irrelevante, puesto que los propósitos des- centralizadores y desconcentradores del país no pertenecen al patrimonio exclusivo de un partido político ni tampoco de una tendencia determinada. Esta es una materia que hace dos años fue tratada por todos los candidatos a la Presidencia de la República. Nosotros expresamente la señalamos en el Programa de la Concertación. De manera, entonces, que no nos extrañe que en este Congreso, en las negociaciones políticas previas, hayamos podido alcanzar puntos de encuentro y de acuerdo entre quienes hoy estamos en el Gobierno y quienes se encuentran en la Oposición.

Este anhelo de descentralizar y de desconcentrar el país es compartido por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Lo que constituye un mérito -y hay que reconocerlo- es que esto se verifique durante el actual Gobierno, que corresponda a un mensaje que lleva la firma del Presidente Aylwin y de su Ministro de Interior, don Enrique Krauss. Otro punto relevante, desde el punto de vista histórico, es que a este Congreso Nacional le corresponda el honor de discutirlo y de aprobarlo.

De modo que las opiniones que se puedan dar en el sentido de que una tendencia, un partido o una corriente tiene mayor grado de autoría o de paternidad en este tipo de iniciativa sólo importan rebajar y disminuir el debate. Importante es que, por la naturaleza del tema, hubiésemos podido también alcanzar puntos de acuerdo, de consenso. Aún más, según mi opinión, en este tipo de iniciativas es donde deben ocurrir estos acuerdos y consensos para que las normas que se aprueben tengan carácter permanente.

De igual forma, y recordando lo que dispone el artículo 2S, en cuanto establece las facultades del intendente regional, se ha dicho equivocadamente por un señor parlamentario que esta norma contiene un resabio de centralismo y del estatismo, especialmente en la letra a), en cuanto señala que al intendente le corresponde dirigir las tÁreas propias del gobierno interior de la región, en conformidad con las orientaciones e instrucciones que imparte el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Según mi parecer, el colega que expresó eso está profundamente equivocado, puesto que el manejo de las materias a que se aboca el gobierno interior, y en particular el Ministerio del Interior, obedecen a políticas nacionales, no a regionales. Por ejemplo, la seguridad nacional, el orden público y la seguridad pública no pueden obedecer a una política particular de una región determinada distinta de la región colindante. Debe haber políticas nacionales.

En ese sentido, el intendente, como representante del Presidente de la República, debe implementar las políticas que a nivel nacional se están desarrollando. Luego, esta norma no hace más que reiterar una característica expresamente señalada en la Constitución, que no ha sido tocada en este proyecto, como es la que nos indica que Chile es un Estado unitario.

Si hubiere que indicar algún reparo a este proyecto, diría que, en lo personal, no he quedado satisfecho con las normas que regulan la provincia y la gobernación. Francamente, creo que las instituciones del gobernador y de la provincia están extraordinariamente disminuidas frente al concepto de intendencia o de región y a la autoridad del intendente. Me gustaría que en el segundo informe se pudiera hacer un esfuerzo para robustecer más el concepto de provincia, el cual, como lo he dicho en otras ocasiones en este hemiciclo, tiene una raigambre histórica, cultural, sociológica y socioeconómica mucho más grande, incluso, que el concepto de las regiones. Yo soy de los que todavía creen en la provincia chilena y que las regiones son meros inventos, caprichos de alguien que empezó a dibujar o a jugar con un mapa, como otros ejercicios aritméticos que hemos conocido en los últimos días, pero que no tiene un sustrato, un contenido o un fundamento histórico serio.

Preferiría que se robustecieran los conceptos de gobernación y de provincia y no se descendiera a un nivel tan disminuido como el que, desgraciadamente, en la actualidad presenta y persiste esta iniciativa.

Por esas razones, señor Presidente, y habida consideración a la naturaleza del fondo del tema que estamos discutiendo, la bancada radical-socialdemócrata como ya lo han dicho los otros colegas de estas bancadas que han hecho uso de la palabra, vamos a votar favorablemente, en general, la idea de legislar, lo que naturalmente no empecé a que lo sigamos discutiendo en el segundo informe.

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al colega don Eugenio Ortega.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, terminó el tiempo del Partido Radical.

Tiene la palabra el Diputado señor Letélier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, la aspiración, compartida por todos, de fortalecer las regiones y de avanzar en el proceso de descentralización y desconcentración, va a quedar en letra muerta, como señala el colega Ringeling, si no hay mecanismos para garantizar una des-centralización de los sectores económicos de nuestro país, los cuales están altamente concentrados y centralizados en su proceso de toma de decisiones.

En verdad, no hay proceso de desarrollo equilibrado del país cuando los responsables de más del 60 por ciento de las inversiones, el sector privado, tiene controlada la mayor parte de sus decisiones en Santiago. Un caso extremo es el sistema financiero de los bancos, en los cuales, muchas veces, los créditos no se puedan aprobar en las regiones si son sobre ciertos montos, debiendo traspasarse las decisiones a Santiago.

Para lograr los objetivos que queremos, no es suficiente la intervención del Estado, bastante jibarizado y disminuido en sus capacidades de accionar público. La descentralización no resolverá los problemas reales de la región si no va acompañado de otra iniciativa, en particular del sector privado. Esta fue una opinión compartida por varios Diputados, y esbozada en la Comisión por el Diputado señor Elgueta. Corresponde que en algún momento hagamos un estudio a fondo en el Congreso Nacional para ver qué mecanismo se pueden impulsar para hacer de esa desconcentración y descentralización algo efectivo.

Adicionalmente, y haciendo una reflexión muy especial respecto de dos regiones, la Undécima y la Sexta, es difícil pensar en un proceso de regionalización con identidad propia, capacidad instalada y profesionales bien formados si no se impulsa una política nacional tendiente a dotar a esas regiones de universidades con aporte fiscal. En la actualidad, hay dos regiones que no tienen universidades fuertes. Sin eso, no existe ninguna posibilidad real de que esas regiones tengan una capacidad de desarrollo sustentable en el futuro.

Hago esta reflexión inicial para precisar que este proyecto de ley sobre regionalización lo tenemos que situar en un contexto correcto. En cuanto a la descentralización y desconcentración del aparato del Estado, personalmente soy de opinión de que estamos frente a una proposición positiva y altamente constructiva, por cuanto propone un camino gradual para llevarlo a efecto.

No creo -así lo ha dicho el colega señor Ringeling y otros- que el proyecto que se nos presenta en esta oportunidad sea malo, o que será letra muerta si no se hacen modificaciones muy de fondo. Contrariamente a lo señalado, pienso que en él hay un avance cualitativo, tremendamente importante, que nunca antes en la historia de nuestro país se pudo lograr, ni mucho menos durante el gobierno militar. Durante ese régimen, a pesar de lo que se dice, se trató de un proceso de reversión, de atribuciones que existían, en particular, a nivel de las provincias y de los departamentos de nuestro país. Aquí se da una oportunidad importante, por cuanto, en algunos aspectos, son bastante revolucionarias las transformaciones administrativas que se proponen. Por ello, este proyecto debe ser motivo de alegría para todos.

No comparto lo que algunos colegas intentan sostener: que éste es un triunfo de la Derecha. Tengo interés en dejar expresamente consignado que eso refleja la liviandad con la cual se quiere abordar un tema de trascendental importancia. Este tema no puede ser objeto de ventajas políticas parciales o de corto plazo. Estamos frente a un interés nacional real. Este Gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso Nacional y todos lo vamos a aprobar. Es más, durante el debate en la Comisión, en este primer trámite, quedo en claro, a partir de la asistencia, quiénes son los más interesados en hacerlo avanzar. Y, a decir verdad, no fueron precisamente los colegas de la Oposición quienes mostraron el mayor entusiasmo en este trámite.

Respecto de lo manifestado por el Diputado señor Campos, quiero adherir a su opinión, en cuanto a que en este proyecto quedan muy disminuidos el rol de las provincias y las atribuciones de las gobernaciones. Pienso que ése es un error, ya que la forma de avanzar mejor hacia una descentralización y desconcentración geográfica y territorial del poder es acercándolas más a la gente.

Aquí, sin duda, hay un avance insuficiente porque, según mi opinión, se ha optado por un modelo que fija como eje al intendente y a las regiones, lo cual, muchas veces, es absolutamente ajeno a la realidad cotidiana del chileno común, en particular del que vive en regiones campesinas, donde su vinculación es con el gobernador.

Entonces, se corre el peligro de un nuevo tipo de centralismo, el de las capitales regionales, una realidad conocida en todas las regiones. Por ello, en el segundo trámite, debemos buscar cómo garantizar una efectiva descentralización al interior de las regiones.

De acuerdo con mi criterio -y en eso coincido con lo manifestado por el colega Campos- las provincias son un instrumento que permiten evitar la centralización a nivel de las capitales regionales, porque actualmente vemos que en ellas se están produciendo fenómenos que ya se conocen de sobra en Santiago, como el sobre poblamiento, dotación de infraestructura inadecuada y una calidad de vida decreciente.

Los mecanismos establecidos en este proyecto para administrar el patrimonio de las regiones, son bastante adecuados. He escuchado opiniones de ciertos colegas que, a mi juicio, son un poco ligeras y reflejan ignorancia sobre cómo están funcionando hoy los gobiernos regionales.

No son meros títeres del gobierno central; con su estructura definida y la participación de los Coredes, tienen atribuciones relevantes. Se puede decir que el sistema no es suficientemente democrático, pero no cabe duda -como en el caso de la Sexta Región, en que la administración del presupuesto de este año del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de 3 millones de pesos, además de los recursos adicionales que le corresponden gracias a la Ley de Patentes Mineras que aprobamos en la oportunidad, le significarán unos 70 millones de pesos adicionales- de que la gran mayoría de las decisiones se toman directamente en la región, y Santiago -más allá de una función que podría realizarse en cualquier punto del país, si cuenta con los profesionales, cual es evaluar técnicamente la rentabilidad social de ciertos proyectos de alta inversión- no es más que un mero buzón recepcionista de decisiones adoptadas en las regiones.

No hay duda de que el avance que observamos en el proyecto en discusión es la existencia de inversiones sectoriales de asignación regional y la posibilidad de establecer convenios de corto y mediano plazos con los ministerios para inversiones de menor monto. En este esquema, espero que gradualmente seamos capaces de asegurar un desarrollo equilibrado de todas las regiones; que este proceso de regionalización no sea sólo un aliento para aquellas que han demostrado un mayor dinamismo, sino también para las que han demostrado uno menor.

Me preocupa que algunas regiones sean incapaces de utilizar este nuevo instrumento, más allá de nuestras intenciones, para impulsar inversiones que efectivamente contribuyan al desarrollo regional. En todo caso, reitero que lo mucho que se ha avanzado en este primer trámite es muy importante y que deberíamos tratar de evitar sacar un provecho partidista pequeño en esta materia, para asegurar una ley que reúna el consenso nacional necesario en la realización de transformaciones tan profundas en la organización del Estado chileno como las aquí propuestas.

Tengo la confianza de que lograremos mejorar este proyecto en su segundo trámite, a pesar de los escasos días que vamos a tener para su aprobación en el marco del acuerdo político por todos conocido.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, en términos generales, constituye un avance en el proceso de regionalización. El informe refleja trabajo por parte de la Comisión, y esto es fruto de un acuerdo político. Por lo tanto, en la valorización de la iniciativa debe pesarse a cada uno de los participantes.

Entre los fundamentos, cabe señalar e insistir en la necesidad de nuestro territorio de la participación integral y armónica de sus habitantes, de manera de ocupar realmente el cuadrante que tiene en el Océano Pacífico y asomamos como corresponde al siglo XXI; asegurar la verdadera identidad regional, es decir, en términos escuetos, resumidos, lograr la unidad de nuestro país, pero respetando la multiplicidad.

Además, observamos un avance en la participación y, por lo tanto, también una mayor responsabilidad por parte de las regiones y sus habitantes.

En esta ocasión, corresponde también hacer un reconocimiento a la participación de todos los regionalistas, que ha quedado plasmada a través de varias jornadas nacionales de regionalización efectuadas en el país, donde ha habido un aporte académico sustantivo nacional e internacional de las experiencias al respecto.

Además, quiero señalar que dentro del contexto de avance histórico del proceso de regionalización, no se puede señalar específicamente a uno u otro gobierno del pasado y, en este sentido, algunas de las palabras que aquí se han dicho no son más que eso. Creo que corresponde señalar los gobiernos durante los cuales se definieron las regiones, se aumentó y se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se establecieron los consejos regionales de desarrollo, las secretarías regionales y ministeriales y las direcciones regionales. Esos son elementos concretos a los cuales nos podemos ceñir. Como señalaba, es un proceso de décadas, no de un gobierno en particular, en el cual la mentalidad juega su rol. En la medida en que persista en nuestro país una mentalidad de carácter centralista, las leyes poco van a hacer para revertir dicho proceso.

En cuanto a la distribución de fondos y medios, creemos que el punto de vista de eficiencia y de equidad no sólo se refiere a los actuales habitantes, sino que también a los potenciales y al potencial de recursos que tiene cada una de las regiones. Este proceso va a permitir resolver gradualmente el centralismo exacerbado que en particular, presenta Santiago, con gran absorción de personas, de recursos naturales y de medios financieros. O sea, el proceso de regionalización también va a ser beneficioso para la capital.

Dentro de lo general, llamo la atención en la necesidad de evitar el centralismo regional, que el proyecto, hasta cierto punto, no resuelve, y avanzar en la regionalización por parte de las empresas del Estado, privadas y de los bancos. Dicho avance podría haber sido mayor y haberse reflejado en la reforma constitucional aprobada el año pasado.

Ahora, yendo al detalle, el proyecto merece indicaciones y reflexiones en algunos puntos. Por ejemplo, en la descentralización necesaria de la administración del Estado, justamente para resolver el problema de la mentalidad en el caso de los vistos buenos que se requieren por parte del nivel central, los cuales muchas veces coartan las atribuciones y funciones; en las comisiones de calificación regional, donde el mango de la sartén está en manos del nivel central; en que las contrataciones sean a nivel regional y provincial, y no como en la actualidad a nivel central, y en la fijación de plantas y organigramas regionales por parte de la administración.

En cuanto a la aprobación de los planes y proyectos, se subentiende que en los consejos regionales se podrán modificar, situación que hay que explicitar más en la ley.

A nuestro juicio, la doble dependencia de las secretarías regionales y ministeriales no está resuelta en el proyecto y habrá que avanzar un poco más en las áreas de competencia.

Otro detalle son los años de residencia. Nos parece que dos años para ocupar estos cargos son absolutamente insuficientes.

Un detalle adicional sería el de las jefaturas regionales. Opinamos que es absolutamente inconveniente que las direcciones regionales de un servicio puedan ser removidas a propuesta del intendente regional. No participa el secretario regional ministerial y, por lo tanto, se produce un quiebre en la organización y gobierno regionales.

Por otra parte, las secretarías regionales ministeriales tienen una gestación de carácter doble: por un lado, las temas presentadas por el intendente; por el otro, las presentadas por el ministro. En definitiva, resuelve el Presidente y después el intendente puede proponer la remoción de los secretarios ministeriales. El sisteina, más bien, va a producir conflictos y no un funcionamiento adecuado.

En resumen, el proyecto constituye un avance; sin embargo, merece una mayor reflexión, que debe materializarse a través de las indicaciones pertinentes.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega, con cargo al tiempo de la bancada socialista-PPD.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, quiero responder, muy brevemente, a las palabras del Diputado señor Gutenberg Martínez. El señaló que faltaría información en los antecedentes que di a conocer a la Sala en relación con la concentración del "stock" de infraestructura que existe en las regiones, comparado con el de la Región Metropolitana. Al mismo tiempo, en relación con la distribución de los gastos sectoriales, del gasto público, que en forma histórica detiene al país, él sólo señaló un antecedente, que presenta la variable de educación, que data de 1991.

Creo que la diferencia de la información de un año, en el sector, que él ha entregado, no corresponde a la realidad histórica del país, ya que concentra en la mayoría de los ministerios y en grandes obras de desarrollo, en materia de infraestructura, el gasto social, de acuerdo con el número de poblaciones que existe en Santiago, y los gastos sectoriales.

Si el debate se mantiene, con la observación de cambiar los indicadores del Fondo de Desarrollo Regional -como él ha anunciado, puesto que le parece injusta su distribución-, nos obligará a todos los Diputados de regiones a tener una postura diferente frente a dicho Fondo, en circunstancias de que hemos expresado que no queremos una confrontación con los señores Diputados de la Región Metropolitana.

He sido claro en señalar que existen el Fondo, el gasto social y los gastos sectoriales, y que estos tres elementos deben evaluarse para analizar la equidad, el equilibrio en el gasto total y en la inversión total en el país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Las distintas bancadas han hecho uso de sus tiempos y corresponde votar el proyecto; pero hay un acuerdo de la Sala en el sentido de no hacerlo antes de las 18 horas.

Por consiguiente, pido el asentimiento unánime de la Sala para proceder a la votación dentro de cinco minutos, con el objeto de llamar previamente a los integrantes de las Comisiones Indígenas y de Constitución, Legislación y Justicia y asegurar los quorum necesarios. En este momento son las 17:40; podría votarse a las 17:45.

Acordado.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

Se suspendió a las 17:43 y se reanudó a las 17:48.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Corresponde votar en general el proyecto, entendiéndose que el quorum obtenido en esta única votación será válido también para las normas que requieran quorum especial, sea constitucional o calificado.

En votación el proyecto.

Durante la votación:

El señor LONGTON.-

Señor Presidente ¿podría aclarar lo que acaba de manifestar?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Sala se pronunciaría sobre la idea de legislar y la votación que se obtenga será válida para aprobar las normas que requieren quorum especial, aspecto que ha sido consultado con el Diputado señor Cantero.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: Por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha reunido el quorum necesario, por lo cual se aprueban tanto la idea de legislar como las normas que requieren quorum especial.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, falta el voto del señor Alamos y el mío.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se agregarán al resultado proclamado por el señor Secretario.

Aprobado en general el proyecto.

El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: al Ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales;".

5.Del Diputado señor Coloma para agregar, en la letra n) del artículo 2°, a continuación de la palabra "fronterizos", la expresión "establecidos o".

6.Del Diputado señor Coloma para eliminar en el artículo 4°, la coma (,) que figura a continuación de la palabra "siguientes".

7.De los Diputados señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor y Ulloa para reemplazar en la letra e) del artículo 4°, la palabra "disponer" por "solicitar el auxilio".

8.Del Diputado señor Coloma para sustituir en el inciso segundo del artículo 5°, las expresiones "ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso en la Administración Pública.", por la frase: "cumplir con los mismos requisitos que para ser designado gobernador, en conformidad al artículo 7°.".

9.Del Ejecutivo para reubicar el artículo 6a, colocándolo a continuación del artículo 42.

10.Del Diputado señor Coloma para sustituir en la letra a) del artículo 16, la expresión "y su" por "así como su".

11.Del Diputado señor Coloma para agregar en la letra f) del artículo 16, a continuación de la palabra "ley", lo siguiente: "y la Constitución,".

12.Del Diputado señor Coloma para eliminar en la letra a) del artículo 17, la frase: "del sistema de asentamientos humanos".

13.Del Ejecutivo para sustituir en la letra c) del artículo 17, la locución "dentro del marco de las políticas y normas nacionales" por "con sujeción a las normas legales y a los decretos supremos regla-mentarios".

14.Del Diputado señor Coloma para que la letra c) del artículo 17 se inicie con las expresiones "Fomentar y".

15.Del Diputado señor Coloma para sustituir en la letra c) del artículo 18 la conjunción "y" que figura a continuación de la palabra "técnica" por lo siguiente: "así como".

16.De los Diputados Bartolucci y Hamuy para eliminar en la letra d) del artículo 18, las palabras "y reglamentar".

17.De los Diputados señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor, y Ulloa para reemplazar en la letra d) del artículo 18, las expresiones "y reglamentar" por "y coordinar".

18.Del Diputado señor Coloma para agregar en la letra b) del artículo 19, a continuación de la palabra "recursos" las expresiones "o que vivan en lugares aislados".

19.Del Diputado señor Coloma para incorporar en la letra f) del artículo 19, a continuación del término "culturales", la expresión "y deportivas".

20.Del Diputado señor Coloma para suprimir en la letra c) del artículo 23 las expresiones "y voto. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 34, letra h), sólo tendrá derecho a voz".

21.Del Diputado señor Coloma para suprimir la letra n) del artículo 23.

22.De la Diputada señora Caraball y de los Diputados señores Gutenberg Martínez, Aylwin, Cornejo, Espina, Leay, Hamuy, Estévez, Elizalde, Velasco, Rojos, Rojo y Schaulsohn"La propuesta que haga el Intendente Regional al Consejo Regional, en cumplimiento de lo establecido en la letra e) del inciso 1°, deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional, que serán definidos para estos efectos por el reglamento de la presente ley.".

23.De la Comisión de Hacienda para sustituir el encabezamiento del artículo 24, por el siguiente:

"Artículo 24.- El Consejo regional sólo podrá aprobar o modificar las materias señaladas en las letras b) y d) del artículo anterior y su pronunciamiento deberá...".

24.Del Diputado señor Coloma para sustituir en el inciso primero del artículo 24, la voz "emitirse" por "evacuarse".

25.Del Diputado señor Coloma para reemplazar en el inciso segundo del artículo 24, desde la palabra "intendente" y hasta el final del inciso, por la expresión "consejo regional".

26.Del Diputado señor Navarrete para reemplazar en el artículo 29 la frase "saber leer y escribir", por la siguiente: "haber aprobado a lo menos el 4° año de enseñanza media o estudios equivalentes".

27.Del Ejecutivo para suprimir el inciso tercero del artículo 35.

28.Del Diputado señor Coloma para eliminar en el inciso tercero del artículo 35, la expresión "a proposición del intendente".

29.De la Comisión de Hacienda para sustituir en el artículo 37, la coma (,) a continuación de la palabra "asistan", por un punto (.), y reemplazar la oración que le sigue, por la que a continuación se transcribe: "Con todo, lo percibido por cada consejero no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes calendario".

30.Del Diputado señor Coloma"En el evento de que este nuevo consejero falleciere o cesare en el cargo durante el desempeño de su mandato, este no será reemplazado.".

31.Del Diputado señor Coloma para eliminar en la letra a) del artículo 42, las palabras "Conocer y", colocando con mayúscula inicial, la palabra "Supervisar".

32.De los Diputados señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor, y Ulloa para suprimir en el inciso segundo del artículo 58, las palabras "en otra propuesta".

33.De los Diputados señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor, y Ulloa

34.De los Diputados señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor, y Ulloa para agregar en la letra e) del artículo 68, a continuación de las palabras "que fije el gobierno regional", reemplazando el punto seguido (.) por una coma (,), lo siguiente: "que no excedan de 10 años".

35.De los Diputados señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor, y Ulloa reemplazar en la letra g) del artículo 68, la coma (,) que figura a continuación de las palabras "utilidad pública" por un punto (.), eliminando lo que sigue a continuación.

36.De los Diputados señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor, y Ulloa para agregar al artículo 70, la siguiente frase final: la que no podrá ser inferior al 5% del total de gastos de inversión pública.".

37.De los Diputados señora Caraball y señores Gutenberg Martínez, Aylwin, Cornejo, Espina, Leay, Hamuy, Estévez, Elizalde, Velasco, Rojos, Rojo y Schaulsohn"a.- Nivel socioeconómico de la región, medido en base a los siguientes indicadores:I)Porcentaje de la población regional en situación de pobreza e indigencia en relación a la población nacional.II)La tasa de desempleo regional del año anterior al de la elaboración de la ley de presupuestos respectiva.III) El producto per cápita regional del año anterior al de la elaboración de la ley de presupuestos respectiva.IV)Número de habitantes por cama disponible en los establecimientos del SSNS de la región.V)Miles de habitantes por médico en la región.VI)Porcentaje de nacidos vivos sin atención médica.VII)Porcentaje de desnutrición infantil.VIII)Porcentaje de analfabetismo.IX)Porcentaje de cobertura educacional en la enseñanza básica y media.X)Porcentaje de población urbana sin agua potable.XI)Porcentaje de población urbana sin alcantarillado.XII)Tasa de mortalidad infantil.b) La condición territorial particular de cada región, medida en base a los siguientes indicadores:I.La dispersión poblacional.II.Porcentaje de ruralidad.".

38.De la Comisión de Hacienda para reemplazar en las lelras a) y b) del artículo 71, la oración "nivel socioeconómico de la región medido en términos de indicadores como", por la siguiente: "nivel socioeconómico de la región, que para su medición, considere al menos los siguientes indicadores:".

39.De los Diputados señora Caraball y señores Gutenberg Martínez, Aylwin, Cornejo, Espina, Leay, Hamuy, Estévez, Elizalde, Velasco, Rojos, Rojo y Schaulsohn"Los indicadores IV al XII. deberán corresponder a un mismo año o período.".

40.De los Diputados señora Caraball y señores Gutenberg Martínez, Aylwin, Cornejo, Espina, Leay, Hamuy, Estévez, Elizalde, Velasco, Rojos, Rojo y Schaulsohn"La ponderación que deberá darse a cada indicador dentro de las variables de las letras a y b del inciso Ia será materia del reglamento de la presente ley.".

41.De la Comisión de Hacienda para suprimir en el artículo 73, la frase: "Los ingresos propio que genere el gobierno regional y".

42.De la Comisión de Hacienda para sustituir en el inciso primero del artículo 75, la expresión "respetando" por los términos "que cumplan".

43.De los Diputados señora Caraball y señores Hamuy, Gutenberg Martínez y CornejoTITULO TERCERO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS Y LOS GOBIERNOS METROPOLITANOSArtículo 95 Por Ley se podrán establecer Áreas Metropolitanas dentro del territorio de una misma región.Constituye Área Metropolitana una ciudad central, localidades vecinas vinculadas con ella mediante sectores construidos, y localidades más distantes, si el grueso de su población constituye un núcleo que viaja diariamente a la ciudad central. Las Áreas Metropolitanas pueden incluir más de una ciudad central.La ley respectiva deberá determinar las comunas que comprenderán el territorio del área metropolitana y la ciudad sede el Gobierno Metropolitano.Artículo 96.- El Gobierno y la Administración superior del Área Metropolitana residirá en el Gobierno Metropolitano.El Gobierno Metropolitano será una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y dotado de competencia gubernativa y administrativa desconcentrada.Artículo 97.- El Alcalde Mayor será la autoridad superior y órgano ejecutivo del Gobierno Metropolitano.Será electo en votación directa con segunda vuelta por los ciudadanos inscritos en los registros electorales correspondientes a las comunas que conforman el área metropolitana, conforme al reglamento de la presente ley.Para ser electo Alcalde Mayor se deben reunir los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 31 de la Constitución Política de la República.El Alcalde Mayor durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelecto por un nuevo período.Artículo 98.- Corresponde al Alcalde Mayor formular las políticas, planes y programas de desarrollo del área metropolitana y elaborar el presupuesto del Gobierno Metropolitano, en armonía con la política nacional y regional de desarrollo y los presupuestos regional y de la nación. Le corresponde, asimismo, ejercer la supervigilancia, coordinación y fiscalización de los servicios públicos que operen en el área metropolitana, con excepción de la Contraloría General de la Re-pública y los Tribunales de Justicia, quedando inhibido de estas facultades, por consiguiente, el Gobierno de la Región correspondiente al Área Metropolitana.Artículo 99- Existirá un Gabinete Metropolitano integrado por un Secretario Metropolitano de Planificación y Coordinación (SEMPLAC), Secretario Metropolitano de Vivienda, Secretario Metropolitano de Mejoramiento Urbano, Secretario Metropolitano de Transportes y Secretario Metropolitano de Medio Ambiente, todos ellos electos por el Alcalde Mayor de una propuesta en tema del Ministro correspondiente.Artículo 100.- Existirá la Junta Metropolitana de Alcaldes como órgano eminentemente consultivo y presidida por el Alcalde Mayor.Los alcaldes de las comunas comprendidas en Área Metropolitana forman parte de ella por derecho propio, y les son atribuidas en esta calidad, los mismos requisitos, incompatibilidades y fuero que les asigna la Constitución Política de la República.Deberá consultarse opinión a la Junta de Alcaldes especialmente para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo 98°.Artículo 101- La Ley de Presupuestos de la Nación deberá contemplar recursos destinados al Gobierno de las Áreas Metropolitanas creadas conforme a la presente ley y señalará los demás bienes y derechos que integran el patrimonio del Gobierno Metropolitano.El Gobierno Metropolitano no podrá contratar empréstitos.

44.De la Diputada señora Caraball y de los Diputados señores Gutenberg Martínez, Cornejo, Hamuy para que los actuales artículos 94, 95 y 96, correspondientes al Título Final del proyecto pasen a ser artículos 102, 103 y 104 respectivamente, siempre correspondientes al Título Final.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, REGIONALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL (BOLETÍN N° 589-06-2)

“HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación’ y Desarrollo Social pasa a emitiros su segundo informe respecto del proyecto de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de simple, sobre Gobierno y Administración Regional.

Durante el estudio de esta iniciativa la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Alvaro García, Ministro subrogante del Ministerio de Planificación y Cooperación; del señor Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; de los señores Francisco Fernández y Luis Lira, asesores del Ministerio del Interior, y José Espinoza, asesor del Ministerio de Hacienda.

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 128 y 287 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esa H. Cámara, en su sesión de fecha 14 de abril en curso, con todas las indicaciones admitidas a discusión en la Sala, sin perjuicio de las modificaciones que la Comisión acuerde introducirle con ocasión de este segundo informe, y debe referirse, expresamente, a las materias siguientes:

1.- Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Los artículos 7° (actual 6°), 8° (actual 7°), 9° (actual 8), 10 (actual 9°), 11 (actual 10),

12 (actual 11), 13, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 43 (actual 46), 45 (actual 48), 46 (actual 49), 47 (actual 50), 49 (actual 52), 50 (actual 53), 51 (actual 54), 52 (actual 55), 53 (actual 56), 54 (actual 57), 59 (actual 61), 61 (actual 63), 62 (actual 64), 64 (actual 67), 66 (actual 69), 72 (actual 75), 76 (actual 79), 77 (actual 80), 78 (actual 81), 81 (actual 84), 82 (actual 85), 84 (actual 87), 85 (actual 88), 86 (actual 89), 87 (actual 90), 88 (actual 91), 89 (actual 92), 90. (actual 93), 91 (actual 94), 92 (actual 95), 95 (actual 98); y además, las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, quinta y séptima.

Cabe hace notar que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 129 del Reglamento, estas disposiciones deberían ser declaradas como aprobadas de pleno derecho, sin votación.

2.- Artículos suprimidos.

Se encuentra en esta situación el artículo 56 del texto aprobado por la Comisión en su primer informe.

3.- Artículos nuevos introducidos.

Los artículos aprobados en este trámite con los numerales 12, 42, 66, 96, 100 y 101 se hallan en este caso.

Cabe hacer presente que todos ellos tuvieron su origen en sendas indicaciones formuladas por el Ejecutivo, con la particularidad de que el segundo fue motivo de una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Aguiló y Ortega, por la cual se le suprimió el calificativo a la “secretaría” que por esta norma se crea; asimismo, el actual artículo 100 fue objeto de una indicación, copatrocinada por la señora Caraball y los señores Elgueta y Elizalde, que cambia, en líneas generales, el nombre de la división propuesta establecer, dentro de la estructura administrativa de cada intendencia, como “división de desarrollo” por el de “división de gestión y control”; y, finalmente, el actual artículo 101 fue motivo de una indicación suscrita por los señores Aguiló, Elgueta, Ortega y Pizarro, don Jorge, que define lo que debe entenderse por área metropolitana, para los efectos de una mejor comprensión de este artículo que se incorpora. Debe señalarse que las antes mencionadas indicaciones complementarias fueron aprobadas por asentimiento unánime.

4.- Artículos modificados.

Artículo 1°.- A este artículo se presentó en la Sala una indicación patrocinada por el señor Coloma, aprobada por unanimidad, encaminada a introducir una indicación de carácter meramente formal a su inciso segundo.

Artículo 2°.- Esta norma fue objeto del siguiente tratamiento por parte de vuestra Comisión:

1.- Su letra a) fue objeto de una indicación, presentado por los Diputados señores Cantero y Ringeling, aprobada por unanimidad, mediante la cual se sustituye su texto en términos de aclarar sus alcances y, al mismo tiempo, permitir que las orientaciones, órdenes o instrucciones emanadas del Presidente de la República puedan ser recibidas directamente por la primera autoridad regional, o, bien, canalizadas por la Cartera de Interior.

2.- A su letra b) fue presentada en la Sala una indicación por parte del señor Coloma, aprobada por asentimiento unánime, por la cual se elimina la alusión que en ella se efectúa a la facultad del intendente de velar porque exista un clima social de tranquilidad por la de que sea respetada esta última.

3.- A su letra l) se presentó una indicación, patrocinada por la señora Caraball y los señores Elgueta y Elizalde, aprobada por igual quórum de votación que la anterior, que determina el exacto propósito de la parte final de esta norma, relativa a las modalidades a efectuar previamente a la remoción de los secretarios regionales ministeriales y jefes regionales de entidades públicas que operen en la región.

Se aclara, en consecuencia, el hecho de que tanto el Ministro y el jefe superior del servicio respectivo, como el intendente de la región de que se trate, pueden proponer la remoción de los SEREMIS y de los jefes regionales de los organismos públicos que operen en la región, existiendo una obligación recíproca en cuanto a ser informados previamente de la proposición que se efectúe, en este sentido, al Presidente de la República.

4.- Su letra n) fue objeto de una indicación, presentada en la Sala por el señor Coloma, aprobada por simple mayoría de votos y una abstención, por la cual se precisa que la facultad de adopción de medidas en el orden administrativo respecto de los complejos fronterizos, han de entenderse referidas también a aquellos ya existentes.

Artículo 4°.-

1.- Fue aprobada, por unanimidad, una indicación presentada en la Sala por el antes señalado señor Diputado, por la cual se suprime, en su encabezamiento, un signo ortográfico.

2.- A su letra h) fue aprobada, por igual quórum de votación, una indicación patrocinada por la señora Caraball y los señores Aguiló, Bombal, Cantero, Elizalde y Ortega, mediante la cual se limita la atribución de la primera autoridad provincial en el sentido de que circunscribe a los servicios públicos, creados por la ley, la facultad que tiene ésta de autorizar la circulación de vehículos asignados a aquellos, en días y en horas inhábiles, respetando, por otra parte, la autonomía municipal en esta materia, al sólo considerar una supervigilancia que ejercerá respecto del uso de dichos vehículos.

Se compartió el planteamiento de que los municipios poseían suficientes mecanismos, derivados de su propia estructura pluralista, que les permitían autocontrolar este aspecto.

3.- Su letra i) fue motivo de una indicación de la señora Caraball y del señor Elgueta, aprobada por asentimiento unánime, por la cual se le agrega una norma que limita la aplicación del procedimiento administrativo que se entrega al gobernador, y que en ella se contempla, sólo respecto a los bienes nacionales de uso público, ya que tratándose de bienes fiscales, al producirse la situación que en ella se contempla, lo obliga a comunicarla al Consejo de Defensa del Estado a fin de que adopte las medidas pertinentes, resguardando, de este modo, los eventuales derechos que puedan tener los particulares.

Artículo 6°.-

Fue motivo de una indicación del Ejecutivo, presentada en la Sala, aprobada por unanimidad, que dispuso una nueva ubicación para el mismo.

Artículo 16.-

1.- A su letra a) fue presentada en la Sala una indicación patrocinada por el señor Coloma, aprobada por asentimiento unánime, que introduce una adecuación meramente formal.

2.- Su letra d) fue objeto de una indicación, suscrita por la señora Caraball y los señores Elgueta, Elizalde y Ortega, aprobada por unanimidad, para establecer que las resoluciones que allí se señalan estarán afectas al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y, además, se publicarán en el Diario Oficial, atendida la trascendencia de las mismas.

3.- Fueron agregados a este artículo dos nuevas letras -g) y h)-, a proposición del Ejecutivo, aprobadas ambas por asentimiento unánime, mediante la primera de las cuales se entrega a los gobiernos regionales la función de atender necesidades públicas cuando, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley en proyecto, les sean traspasados, desde la administración central, órganos o funciones. Por otra parte, mediante la segunda a las letras anotadas, se propugna la consonancia del quehacer de estos gobiernos con el nivel central, a través de un contacto fluido en el tiempo.

Artículo 17.-

1.- A su letra c) fueron presentadas las siguientes indicaciones, aprobadas todas ellas por asentimiento unánime:

- Del Ejecutivo, de similar contenido a otra presentada en la Sala por el señor Coloma, para incorporar el término “Fomentar” en su inicio.

- Del Ejecutivo, presentada en la Sala, por la cual se señala que la función que se entrega a los gobiernos regionales por esta norma debe ceñirse a las disposiciones legales y decretos supremos reglamentarios existentes sobre el particular.

2.- Del mismo Ejecutivo, a su letra d), aprobada por el mismo quórum anteriormente señalado, la que, además de introducir una adecuación de carácter meramente formal, determina que en el cumplimiento de esta función los gobiernos regionales deberán respetar las normas contenidas en los convenios internacionales sobre la materia.

Artículo 18.-

En el área de atribuciones que, por esta norma, se entregan al gobierno regional y que dice relación con las actividades productivas, se introdujo una indicación a su letra c), a instancia del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, destinada a fijar los reales alcances de esta función que se les confiere.

Artículo 19.-

1.- A su letra b) fueron presentadas sendas indicaciones, de similar contenido, aprobadas por asentimiento unánime y una abstención, una de ellas en la Sala por parte del señor Coloma y la otra en el seno de la Comisión por el Ejecutivo que, en relación al quehacer que se les encomienda a estos gobiernos en materia de desarrollo social y cultural, dispone que deben considerar, además, a la población que vive en lugares aislados, a fin de facilitarle el acceso a beneficios y programas en los ámbitos que allí se señalan.

2.- Su letra c) fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad y tres abstenciones, mediante la cual se faculta al gobierno regional para determinar la factibilidad de los proyectos de inversión, considerando aspectos ambientales y sociales.

Artículo 20.-

1.- A su letra d), fue presentada una indicación por los señores Elgueta y Elizalde, aprobada por unanimidad, por la cual se da mayor injerencia a los gobiernos regionales en relación a los programas y proyectos de desarrollo de incidencia regional.

2.- Su letra g) fue objeto de una indicación presentada por el Ejecutivo, aprobada por simple mayoría y dos abstenciones, que amplía la participación de estos gobiernos respecto de los planes reguladores.

3.- A su letra h), también hecha presente por el Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, de carácter meramente formal.

4.- Del Ejecutivo, para introducir una nueva letra k), aprobada por unanimidad, que consulta dentro de este orden de atribuciones de estos gobiernos la de aplicar tributos que afecten a las actividades o bienes de clara identificación regional y cuyo producido se oriente a obras de desarrollo regional, regulado ello de acuerdo a la ley correspondiente.

Artículo 23.-

1.- A su letra .e), también originada en el Ejecutivo y aprobada por igual quórum de votación, que hace extensiva la facultad que ahí se señala a los recursos propios del gobierno regional.

2.- Del Ejecutivo, aprobada por simple mayoría, para incorporar una facultad nueva a los gobiernos regionales, consistente en el nombramiento y remoción de los funcionarios de su exclusiva confianza.

3.- De la señora Caraball y de los señores Elgueta y Elizalde, aprobada por unanimidad y una abstención, para reemplazar su letra n) en términos de armonizar su texto con aquello ya señalado en la letra d) del artículo 20.

4.- Del Ejecutivo, a su letra o), aprobada por igual quórum que la anterior, con el propósito de armonizar su texto con la letra g) del artículo 20, de la manera como quedó aprobada.

5.- Del Ejecutivo, para agregar un inciso final a este artículo, aprobada por simple mayoría, que acota el actuar del intendente tratándose de la distribución a que alude la letra e) del inciso anterior de este artículo.

Artículo 24.-

El inciso primero de este artículo fue objeto de una indicación del Ejecutivo, en su primera parte, aprobada por simple mayoría, por la cual limita, en este aspecto, el rol que le corresponde ejercer al Consejo Regional á la aprobación o modificación de las materias consultadas en las letras b) y d) del artículo precedente.

Artículo 34.-

Este artículo fue motivo del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

1.- A su letra c), fue presentada una indicación por parte del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, que complementa la facultad del Consejo Regional de aprobar su propio reglamento, en orden a que en éste podrá considerar el establecimiento de comisiones de trabajo.

2.- A su letra d) se presentó igualmente una indicación del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime y una abstención, para efectos de hacer coincidente su redacción a otras normas ya aprobadas sobre la materia.

3.- A su letra h) se presentó una indicación sustitutiva, por parte de la señora Caraball y de los señores Aguiló, Bombal, Cantero, Elgueta, Elizalde y Ortega, aprobada por unanimidad, que señala que la fiscalización en el desempeño de las funciones del intendente, en su carácter de órgano ejecutivo del gobierno regional, la debe llevar a cabo dentro del ámbito de competencia de este último.

4.-Finalmente se incorpora, a indicación del Ejecutivo, una nueva letra j), aprobada por simple mayoría de votos, que contempla una facultad adicional a las ya establecidas para el Consejo Regional, cual es, la de manifestar su parecer sobre las proposiciones de cambios a la división política y administrativa de la región, eventualmente formuladas por el gobierno nacional.

Artículo 35.-

Su inciso segundo fue objeto de una indicación sustitutiva, suscrita por el señor Cantero, aprobada por unanimidad, a fin de establecer que las sesiones ordinarias y extraordinarias que el Consejo Regional lleve a efecto serán públicas, y que, en caso de que así lo disponga el porcentaje de consejeros que se señala, por los temas a tratar en ellas, sean secretas; como asimismo, que la forma de efectuar la convocatoria lo determinará el reglamento.

Su inciso tercero fue eliminado, al ser acogida una indicación en tal aspecto formulada en la Sala por el Ejecutivo, por asentimiento unánime.

Artículo 37.-

Se presentó una indicación en la Sala por parte del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, cuyo propósito es complementar esta norma en orden a otorgar derecho a pasajes y viáticos a los consejeros en las condiciones que indica.

Artículo 39.-

A este artículo se presentó una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, por la cual se consulta la facultad de recurrir al Tribunal Electoral correspondiente respecto de aquellas resoluciones adoptadas por el Consejo que allí se consignan.

Artículo 40.-

El Ejecutivo presentó una indicación, acogida por asentimiento unánime, por la cual el artículo 93 del texto aprobado por la Comisión en su primer informe pasó a ocupar este lugar, por razones de técnica jurídica.

Artículo 41 (Actual 43).-

A este artículo se presentó una indicación del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime y una abstención, que precisa que el gobernador tendrá, además de las funciones que le son propias, aquellas que, dentro de su ámbito, correspondan al intendente en su carácter de órgano ejecutivo del gobierno regional.

Artículo 44 (Actual 47).-

Este artículo fue objeto del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

1.- A1 N° 2, en su letra b), se presentaron sendas indicaciones, la primera de ellas del Ejecutivo, complementada por otra presentada en el seno de la Comisión por la señora Caraball y los señores Elgueta, Elizalde y Ortega, aprobadas por unanimidad, para consultar a los vicerrectores de las universidades como alternativa para ocupar un cargo en el Consejo Económico y Social Provincial por derecho propio, y donde no existieren estas entidades de educación superior a los rectores de institutos profesionales.

2.- A su inciso segundo se presentó una indicación de la señora Caraball y el señor Elgueta, aprobada por simple mayoría de votos, que lo suprimió.

3.- Por último, se presentó a la letra b) de este artículo una indicación, aprobada por simple mayoría y una abstención, para incluir como miembros del Consejo Económico y Social Provincial por derecho propio a tres representantes de Colegios Profesionales de la provincia, elegidos por ellos mismos.

Artículo 48 (Actual 51).-

Al inciso primero de este artículo se presentó una indicación del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, que otorga mayor precisión a los términos en que éste se encontraba redactado.

Artículo 55 (Actual 58).-

Al inciso primero de este artículo se presentó una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, mediante la cual se elimina el término “seis”, esto es, no se precisa el número de consejeros a elegir por cada estamento, a fin de adecuar la redacción de esta norma con la del artículo 44 (actual 47).

Artículo 57 (Actual 59).-

Este artículo fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada con asentimiento unánime, otorgando una mayor pertinencia a la forma en que está redactado.

Artículo 60 (Actual 62).-

A su letra f) se presentó una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, por la cual se sustituye la mención que allí se efectúa al “respectivo ministerio” por la de “respectivo sector”, por resultar más propia, como, asimismo, se adecua su redacción.

Artículo 63 (Actual 65).-

Se presentó a esta norma una indicación al Ejecutivo, aprobada por el mismo quórum anteriormente señalado, para efectos de armonizarla con la anterior, al sustituir la conjunción copulativa “y” por la conjunción disyuntiva “o”.

Artículo 65 (Actual 68).-

Este artículo fue objeto de una indicación formulada por la señora Caraball y los señores Elgueta, Elizalde y Ortega, aprobada por unanimidad y tres abstenciones, mediante la cual se suprime la limitante establecida para las asociaciones regionales de contratar empréstitos.

Artículo 67 (Actual 70).-

A su letra b) se presentó una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, para establecer que los bienes adquiridos mediante donaciones, herencias y legados, pueden tener un origen interno o externo.

Artículo 68 (Actual 71).-

Este artículo fue motivo del siguiente tratamiento por parte de la Comisión, siendo todas las indicaciones aprobadas por unanimidad:

1.- A su letra e) se presentó una indicación por la señora Caraball y los señores Elgueta, Elizalde y Ortega, que precisa que los bienes que conforman el patrimonio del gobierno regional, pueden ser objeto de permisos y concesiones de administración, ateniéndose a las disposiciones de la ley N° 18.803.

2.- A su letra f), el Ejecutivo presentó una indicación, para efectos de introducir una adecuación de carácter meramente formal.

3.- Finalmente, a su letra h), también el Ejecutivo hizo presente una indicación, mediante la cual se aclara que determinados bienes se pueden mantener en el patrimonio del gobierno regional, siempre y cuando éste lo requiera, dentro del plazo y con las modalidades que allí se establecen.

Artículo 69 (Actual 72).-

A este artículo se presentó una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, con el propósito de introducir una adecuación de carácter formal, que por su fácil comprensión no amerita mayor comentario.

Artículo 70 (Actual 73).-

Fue motivo de una indicación del Ejecutivo, aprobada por simple mayoría y dos abstenciones, por la cual se introduce una norma que encomienda a la Ley de Presupuestos de determinación, año a año, de los ítemes de gastos que para los efectos del inciso anterior no serán considerados dentro de los márgenes de la estructura social y económica de la región.

Artículo 71 (Actual 74).-

Este artículo, en sus letras a) y b), fue objeto de idénticas indicaciones por parte del Ejecutivo, aprobadas por simple mayoría, que introducen modificaciones de redacción a su texto, de carácter obvio y sencillo.

Artículo 74 (Actual 77).-

Este artículo fue objeto de una indicación, también del Ejecutivo, aprobada por asentimiento unánime, que obliga a que los proyectos de inversión, estudios y programas cuenten con el informe favorable del organismo de planificación pertinente.

Artículo 75 (Actual 78).-

Este artículo fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, por la cual se elimina la parte final de su inciso primero.

A su inciso segundo, se presentó asimismo una indicación del Ejecutivo, aprobada por igual quórum de votación, que adiciona a esta norma aquella que fuera suprimida en el inciso anterior.

Artículo 79 (Actual 82).-

A este artículo se presentó una indicación sustitutiva, aprobada por simple mayoría y una abstención, patrocinada por la señora Caraball y los señores Aguiló, Elgueta, Montes y Ortega, por la cual se regula la forma en que habrán de ser declaradas las candidaturas a consejeros, posibilitando de que éstas puedan hacerse en forma uninominal o en listas; que estas últimas contengan sólo hasta la cantidad de consejeros a elegir; que la declaración, prestada ante un notario público de la región, incluya una declaración jurada en la que los candidatos expresen su conformidad de postular a dichos cargos; que un concejal no podrá concurrir a la declaración de más de una lista o candidatura uninominal; por otra parte, se posibilita que estas últimas puedan ser declaradas por el propio postulante, siempre que obtenga el patrocinio de una cantidad no inferior al medio por ciento de los ciudadanos inscritos en la respectiva provincia a la fecha de la elección municipal más próxima; y. finalmente, entrega al Director del Servicio Electoral la fijación del número mínimo de patrocinantes, de acuerdo a las modalidades que allí se señalan.

Artículo 80 (Actual 83).-

Este artículo fue objeto de una indicación sustitutiva, aprobada por simple mayoría de votos, suscrita por los mismos señores Diputados anteriormente indicados, por la que se establece la obligación para el Director Regional del Servicio Electoral de hacer entrega a cada colegio electoral de las respectivas cédulas, en las que habrá de contenerse los nombres de los candidatos a consejeros titulares y de sus respectivos suplentes.

Artículo 83 (Actual 86).-

Al igual que los dos artículos anteriores, éste fue motivo de una indicación, suscrita por los ya señalados señores Diputados, aprobada igualmente por simple mayoría de votos, por la cual se reemplaza su texto en orden a fijar un procedimiento para determinar los candidatos a consejeros que resulten electos y que en él se explicita.

Artículo 93 (Actual 40).-

Este artículo fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, por la cual se ubica dentro del actual texto del proyecto que se somete a vuestra consideración como artículo 40.-

Artículo 94 (Actual 97).-

A este artículo se presentó una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad y una abstención, que elimina la frase “y los gobernadores”, toda vez que se estimó pertinente que éstos, como órganos desconcentrados del intendente, se relacionaran con este último.

Artículo 96 (Actual 99).-

Fue objeto de una indicación sustituida por parte del Ejecutivo, aprobada por unanimidad y una abstención, mediante la cual se señala que cuando se produzca el traspaso de competencia a que alude el artículo 66, éste pueda materializarse por el mecanismo del convenio, entre el gobierno regional y el ministerio respectivo, con la firma del Ministro del Interior.

Disposición cuarta transitoria.

Esta disposición fue objeto de sendas indicaciones, ambas aprobadas por unanimidad, la primera suscrita por los señores Bombal, Cantero, Longton y Ortega, por la cual reduce de un año a ocho meses la facultad que allí se otorga al Presidente de la República; y la segunda, suscrita por la señora Caraball y el señor Elgueta, por la cual se señala que aquella habrá de materializarse por decretos con fuerza de ley, y no por decretos supremos como se señala.

Disposición sexta transitoria.

A este artículo se presentaron sendas indicaciones, todas aprobadas por unanimidad. La primera, del Ejecutivo, para agregar una nueva exigencia al traspaso del dominio de los bienes allí señalados, cual es de que en la actualidad posean la misma destinación que aquella tenida en vista al ser construidos. La segunda, suscrita por la señora Caraball y los señores Elgueta y Elizalde, que elimina a las entidades privadas de la eventualidad de ser destinatarias de la transferencia en comentario. Finalmente, la tercera, también originada en el Ejecutivo, que introduce una adecuación de tipo formal.

5.- Indicación rechazadas.

5.1) Al artículo 2°.-

- De los señores Cantero y Ringeling, para sustituir su encabezamiento por “corrresponderá al intendente”. (Por unanimidad).

- De los mismos señores Diputados, para sustituir su letra b) por la siguiente:

“b) Velar por que en el territorio de su jurisdicción exista un clima social de tranquilidad, orden público y resguardo a las personas y bienes;”. (Por unanimidad)

- De los señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor y Ulloa, para reemplazar en su letra c), la expresión “disponer” por “solicitar el auxilio”. (Por simple mayoría).

- De los señores Cantero y Ringeling, para reemplazar su letra d) por la siguiente:

“d) Mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento del ejercicio de sus funciones de gobierno interior, así como del desempeño de los Gobernadores en esas mismas funciones;”. (Por mayoría de votos).

- Del señor Horvath para reemplazar su letra l), por la siguiente:

“1) Proponer fundadamente al Presidente de la República, previa información al Ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales;”.(Por unanimidad).

- De los señores Cantero y Ringeling, para sustituir su letra p) por la siguiente:

“p) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y aquellas que le delegue el Ministro del Interior.”. (Por mayoría de votos).

5.2) Al artículo 3°.-

- De los señores Cantero y Ringeling, para suprimir su inciso segundo. (Por mayoría de votos y una abstención).

5.3) Al artículo 4°.-

- De los señores Cantero y Ringeling, para sustituir su letra b) por la siguiente:

“b) Aplicar administrativamente las disposiciones de la ley de Extranjería, pudiendo disponer la expulsión de extranjeros del territorio nacional en los casos y con arreglo a las normas previstas en ella.”. (Por mayoría de votos).

- De los mismos señores Diputados, para suprimir sus letras d) y f). (Por simple mayoría la primera supresión y por simple mayoría y una abstención la segunda).

- De los Diputados señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor y Ulloa, para reemplazar en su letra e), la palabra “disponer” por “solicitar el auxilio”. (por simple mayoría).

5.4) Al artículo 5°.-

- Del señor Coloma, para sustituir en su inciso segundo, las expresiones “ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso en la Administración Pública.”, por la frase: “cumplir con los mismos requisitos que para ser designado gobernador, en conformidad al artículo 7°.”. (Por simple mayoría).

- De los señores Cantero, Longton y Ringeling, para reemplazar el mismo inciso por el siguiente:

“Para ser designado delegado se requerirán los mismos requisitos que para ser Gobernador.

La resolución en que se designe delegado deberá determinar las facultades específicas que se deleguen, el plazo de su desempeño y el ámbito territorial en que el delegado ejercerá su competencia.”. (Por mayoría de votos).

5.5) Al artículo 16.-

- Del señor Coloma, para agregar en su letra f), a continuación de la palabra “ley”, lo siguiente: “y la Constitución,”. (Por unanimidad).

5.6) Al artículo 17.-

- Del señor Coloma, para eliminar en su letra a) la frase: “del sistema de asentamientos humanos”. (Por unanimidad y una abstención).

5.7) Al artículo 18.-

- Del señor Coloma, para sustituir en su letra c), la conjunción “y”, que figura a continuación de la palabra “técnica”, por lo siguiente: “así como”. (Por unanimidad).

- De los señores Bartolucci y Hamuy, para eliminar en su letra d), las palabras “y reglamentar”. (Por simple mayoría y una abstención)..

- De los señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor y Ulloa, para reemplazar en su letra d), las expresiones “y reglamentar” por “y coordinar”. (Por simple mayoría y una abstención).

5.8) Al artículo 19.-

- Del señor Coloma, para incorporar en su letra f), a continuación del término “culturales”, la expresión “y deportivas”. (Por simple mayoría y una abstención).

5.9) Al artículo 20.-

- Del Ejecutivo, para reemplazar en su letra d) el adverbio “previamente”, por la siguiente frase: “oportunamente, en conformidad a la letra n) del artículo 23,”. (Por unanimidad y una abstención).

5.10) Al artículo 23.-

- Del señor Coloma, para suprimir en su letra c), las expresiones “y voto. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 34, letra h), sólo tendrá derecho a voz”. (Por simple mayoría y una abstención).

- Del mismo señor Diputado, para suprimir su letra n). (Por unanimidad y una abstención).

- Del señor Ringeling, para suprimir la expresión comunales “y” reemplazarla por “intercomunales”. (Por mayoría de votos).

- De la señora Caraball y los señores Gutenberg Martínez, Aylwin, Cornejo, Espina, Leay, Hamuy, Estévez, Elizalde, Velasco, Rojos, Rojo y Schaulsohn, para agregarle el siguiente inciso final:

“La propuesta que haga el Intendente Regional al Consejo Regional, en cumplimiento de lo establecido en la letra e) del inciso 1°, deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional, que serán definidos para estos efectos por el reglamento de la presente ley.”. (Por simple mayoría).

5.11) Al artículo 24.-

- De la Comisión de Hacienda, para sustituir su encabezamiento por el siguiente:

“Artículo 24.- El Consejo Regional sólo podrá aprobar o modificar las materias señaladas en las letras b) y d) del artículo anterior y su pronunciamiento deberá...”. (Por unanimidad).

- Del señor Coloma, para sustituir en su inciso primero la voz “emitirse” por “evacuarse”. (Por simple mayoría y dos abstenciones).

- Del mismo señor Diputado, para reemplazar en su inciso segundo, desde la palabra “intendente” y hasta el final del inciso, por la expresión “Consejo Regional”. (Por unanimidad y una abstención).

- Del señor Ringeling, para reemplazar su inciso segundo por el siguiente: “En caso de existir discrepancias entre el intendente y el consejo regional con motivo del pronunciamiento sobre las materias señaladas en el inciso anterior, primará la proposición del intendente, a menos que el consejo insista con una proposición alternativa aprobada por mayoría absoluta de sus miembros.”. (Por simple mayoría de votos).

5.12) Al artículo 29.-

- Del señor Navarrete, para reemplazar la frase “saber leer y escribir” por la siguiente: “haber aprobado a lo menos el 4° año de enseñanza media o estudios equivalente”. (Por unanimidad).

5.13) Al artículo 35.-

- Del señor Coloma, para eliminar en su inciso tercero la expresión “a proposición del intendente”. (Por unanimidad).

5.14) Al artículo 37.-

- De la Comisión de Hacienda, para sustituir la coma (,) a continuación de la palabra “asistan”, por un punto (.), y reemplazar la oración que le sigue, por la que a continuación se transcribe: “Con todo, lo percibido por cada consejero no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes calendario”. (Por unanimidad).

5.15) Al artículo 40 (actual 41).-

- Del señor Coloma, para agregar el siguiente inciso tercero nuevo:

“En el evento de que este nuevo consejero falleciere o cesare en el cargo durante el desempeño de su mandato, éste no será reemplazado.”. (Por unanimidad).

5.16) Al artículo 42 (actual 44).-

- Del señor Coloma, para eliminar en su letra a), las palabras “Conocer y”, colocando con mayúscula inicial, la palabra “Supervisar”. (Por simple mayoría).

- De los señores Cantero y Ringeling, para reemplazar en su letra a), la frase “entidades del sector público” por “servicios públicos creados por ley.”. (Por mayoría de votos).

5.17) Al artículo 44 (actual 47).-

- De los señores Cantero y Ringeling, para reemplazar su letra a) por la siguiente: “a) Los miembros electos serán veinticuatro elegidos de la siguiente forma:

- Ocho por la entidades que agrupen a las organizaciones laborales de la provincia;

- Ocho por las entidades que agrupen a los empresarios y demás entidades productivas de la provincia;

- Tres por las organizaciones culturales de la provincia que más contribuyan al progreso y desarrollo de la cultura provincial;

- Tres por las asociaciones de profesionales de la provincia, y

- Dos por las fundaciones y corporaciones privadas que sin fines de lucro e integradas y financiadas por personas naturales y jurídicas que realicen actividades de producción, comercio o investigación científica y tecnológica, tenga por finalidad primordial promover el desarrollo de la provincia o parte de ella.”. (Por mayoría de votos).

- Del Ejecutivo, para agregar en el número 2 de la letra b), a continuación de la palabra “rectores”, la siguiente frase: “o vicerrectores”. (Por unanimidad).

5.18) Al artículo 58 (actual 60).-

- De los señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor y Ulloa, para suprimir en su inciso segundo las palabras “en otra propuesta”. (Por simple mayoría y una abstención).

5.19) Al artículo 67 (actual 70).-

- De los señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor y Ulloa, para agregar en su letra f), luego de la frase “los recursos”, las palabras “y aporte”. (Por unanimidad).

5.20) Al artículo 68 (actual 71).-

- De los señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor y Ulloa, para agregar en su letra e), a continuación de las palabras “que fije el gobierno regional”, reemplazando el punto seguido (.) por una coma (,), lo siguiente: “que no excedan de 10 años”. (Por unanimidad).

- De los mismos señores Diputados, para reemplazar en su letra g), la coma (,) que figura a continuación de las palabras “utilidad pública” por un punto final (.), eliminando lo que sigue a continuación. (Por simple mayoría y una abstención).

5.21) Al artículo 71 (actual 74).-

- Del señor Elizalde, para eliminar en su letra b) la frase “y su distancia respecto a la Región Metropolitana” y agrega, después del término “ecológico”, “en un 20%”. (Por mayoría de votos y dos abstenciones).

- De la Comisión de Hacienda, para reemplazar en sus letras a) y b), la oración “nivel socioeconómico de la región medido en términos de indicadores como”, por la siguiente: “nivel socioeconómico de la región, que para su medición, considere al menos los siguientes indicadores:”. (Por unanimidad).

5.22) Al artículo 75 (actual 78).-

- De la Comisión de Hacienda, para sustituir en su inciso primero, la expresión “respetando” por los términos “que cumplan”. (Por unanimidad).

5.23) Al artículo 79 (actual 82).-

- De los señores Bombal, Cantero, Longton y Ulloa, para eliminar la expresión “o en listas”, que se contiene en el texto aprobado en este trámite. (Por simple mayoría).

5.24) Al artículo 80 (actual 83).-

- De los señores Cantero y Ulloa, para eliminar la expresión “acompañado de su respectivo suplente”. (Por simple mayoría).

- De los mismos señores Diputados, para suprimir la frase “ya sea en forma de lista o uninominales, según sea el caso.”. (Por simple mayoría de votos).

Cabe advertir que ambas indicaciones fueron formuladas al texto que, en esta oportunidad, vuestra Comisión os propone.

5.25) Al artículo 96 (actual 99).-

- Del señor Cantero, para reemplazar la frase: “el que será suscrito,…”, por la siguiente: “dando la información respectiva al Ministerio del Interior”. (Por mayoría de votos y dos abstenciones).

6.- Indicaciones inadmisibles.-

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en uso de la facultad que el inciso primero que la última de estas disposiciones otorga al Presidente de la Comisión respectiva o a la Comisión, en su caso, y para los fines también allí previstos, se consignan, a continuación, las siguientes indicaciones declaradas inadmisibles:

6.1) De los señores Bombal, Chadwick, Cantero, Pérez don Víctor y Ulloa, para agregar al artículo 70 (actual 73), la siguiente frase final: “la que no podrá ser inferior al 5% del total de gastos de inversión pública.”.

6.2) De la señora Cristi, al artículo 71 (actual 74), para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 71.- La distribución del 50% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos y se efectuará teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación al contexto nacional. Para estos efectos se considerarán las siguientes variables, con ponderaciones de 70% y 30% respectivamente:

a) Nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores como población, porcentaje de población y condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación, saneamiento ambiental e infraestructura básica.

b) La condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores como la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población y el deterioro ecológico.

Para el cálculo de las variables ya señaladas, se utilizará como fuentes de información sólo cifras oficiales emanadas de los Ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de Organismos Internacionales reconocidos por el Estado de Chile.”.

- Del señor Elizalde, a la letra a) de este mismo artículo, para intercalar entre las palabras “ambiental” y la conjunción “y” lo siguiente: “en un 80%”.

- De la señora Caraball y señores Gutenberg Martínez, Aylwin, Cornejo, Espina, Leay, Hamuy, Estévez, Elizalde, Velasco, Rojos, Rojo y Schaulsohn, para sustituir las letras a) y b) del mismo, por las siguientes:

“a.- Nivel socioeconómico de la región, medido en base a los siguientes indicadores:

I) Porcentaje de la población regional en situación de pobreza e indigencia en relación a la población nacional.

II) La tasa de desempleo regional del año anterior al de la elaboración de la ley de presupuestos respectiva.

III) El producto per cápita regional del año anterior al de la elaboración de la ley de presupuestos respectiva.

IV) Número de habitantes por cama disponible en los establecimientos del S.N.S. de la región.

V) Miles de habitantes por médico en la región.

VI) Porcentaje de nacidos vivos sin atención médica.

VII) Porcentaje de desnutrición infantil.

VIII) Porcentaje de analfabetismo.

IX) Porcentaje de cobertura educacional en la enseñanza básica y media.

X) Porcentaje de población urbana sin agua potable.

XI) Porcentaje de población urbana sin alcantarillado.

XII) Tasa de mortalidad infantil.

b) La condición territorial particular de cada región, medida en base a los siguientes indicadores:

I. La dispersión poblacional.

II. Porcentaje de ruralidad.”.

6.3) De la señora Caraball y de los señores Gutenberg Martínez, Aylwin, Cornejo, Espina, Leay, Hamuy, Estévez, Elizalde, Velasco, Rojos, Rojo y Schaulsohn, para intercalar el siguiente inciso segundo entre los incisos primero y final del artículo 71 (actual 74) del proyecto:

“Los indicadores IV al XII deberán corresponder a un mismo año o período.”.

- De los mismos señores Diputados para intercalar el siguiente inciso tercero, entre los incisos primero y final del artículo 71 del proyecto:

“La ponderación que deberá darse a cada indicador dentro de las variables de las letras a y b del inciso 1° será materia del reglamento de la presente ley.”.

6.4) De la señora Cristi, al artículo 72 (actual 75), para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 72.- La distribución del 50% restante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos teniendo en cuenta la proposición efectuada por la Comisión integrada por los Ministros de Hacienda, de Interior y de Planificación y Cooperación los que distribuirán los fondos entre las regiones conforme a los proyectos aprobados por cada gobierno regional. Para efectos de la determinación de la calidad de los proyectos presentados por los gobiernos regionales se utilizarán criterios de evaluación social de proyectos de general aplicación y se deberá escuchar la opinión del Departamento de Inversiones del Ministerio de Planificación y Cooperación.

Para efectos de su trabajo, cada integrante de la Comisión procederá separadamente a otorgar a la lista de proyectos presentada por la totalidad de los gobiernos regionales un puntaje a cada uno de los proyectos considerados para ese año, para lo cual se utilizarán tantos números como proyectos contenga la lista. Con posterioridad a este voto emitido por los integrantes de la Comisión, el Departamento de Inversiones del Ministerio de Planificación y Cooperación, actuando como Secretaría Técnica de la Comisión, procederá a determinar el puntaje final de cada uno de los proyectos, considerando para estos efectos los votos de cada uno de los integrantes de la Comisión.

Se considerarán aprobados aquellos proyectos cuyo orden de prelación les permita quedar dentro del marco global de recursos aprobados para el año.”.

6.5) De la Comisión de Hacienda, para suprimir en el artículo 73 (actual 76) la frase: “Los ingresos propio que genere el gobierno regional y”.

6.6) De la señora Caraball y de los señores Cornejo, Elizalde, Hamuy y Gutenberg Martínez, para intercalar entre los Títulos Segundo y Final del proyecto un Título Tercero, cuyo texto es el que sigue:

“TITULO TERCERO

DE LAS AREAS METROPOLITANAS Y LOS GOBIERNOS METROPOLITANOS

Artículo 95.- Por Ley se podrán establecer Áreas Metropolitanas dentro del territorio de una misma región.

Constituye Área Metropolitana una ciudad central, localidades vecinas vinculadas con ella mediante sectores construidos, y localidades más distantes, si el grueso de su población constituye un núcleo que viaja diariamente a la ciudad central. Las Áreas Metropolitanas pueden incluir más de una ciudad central.

La Ley respectiva deberá determinar las comunas que comprenderán el territorio del Área Metropolitana y la ciudad sede el Gobierno Metropolitano.

Artículo 96.- El Gobierno y la Administración superior del Área Metropolitana residirá en el Gobierno Metropolitano.

El Gobierno Metropolitano será una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y dotada de competencia gubernativa y administrativa desconcentrada.

Artículo 97.- El Alcalde Mayor será la autoridad superior y órgano ejecutivo del Gobierno Metropolitano.

Será electo en votación directa con segunda vuelta por los ciudadanos inscritos en los registros electorales correspondientes a las comunas que conforman el Área Metropolitana, conforme al reglamento de la presente ley.

Para ser electo Alcalde Mayor se deben reunir los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 31 de la Constitución Política de la República.

El Alcalde Mayor durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelecto por un nuevo período.

Artículo 98.- Corresponde al Alcalde Mayor formular las políticas, planes y programas de desarrollo del Área Metropolitana y elaborar el presupuesto del Gobierno Metropolitano, en armonía con la política nacional y regional de desarrollo y los presupuestos regional y de la nación. Le corresponde, asimismo, ejercer la supervigilancia, coordinación y fiscalización de los servicios públicos que operen en el Área Metropolitana, con excepción de la Contraloría General de la República y los Tribunales de Justicia, quedando inhibido de estas facultades, por consiguiente, el Gobierno de la Región correspondiente al Área Metropolitana.

Artículo 99.- Existirá un Gabinete Metropolitano integrado por un Secretario Metropolitano de Planificación y Coordinación (SEMPLAC), Secretario Metropolitano de Vivienda, Secretario Metropolitano de Mejoramiento Urbano, Secretario Metropolitano de Transportes y Secretario Metropolitano de Medio Ambiente, todos ellos electos por el Alcalde Mayor de una propuesta en terna del Ministro correspondiente.

Artículo 100.- Existirá la Junta Metropolitana de Alcaldes como órgano eminentemente consultivo y presidida por el Alcalde Mayor.

Los alcaldes de las comunas comprendidas en el Area Metropolitana forma parte de ella por derecho propio, y le son atribuidas en esta calidad, los mismos requisitos, incompatibilidades y fuero que les asigna la Constitución Política de la República.

Deberá consultarse opinión a la Junta de Alcaldes especialmente para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo 98.

Artículo 101.- La Ley de Presupuestos de la Nación deberá contemplar recursos destinados al Gobierno de las Areas Metropolitanas creadas conforme a la presente ley y señalará los demás bienes y derechos que integran el patrimonio del Gobierno Metropolitano.

El Gobierno Metropolitano no podrá contratar empréstitos.”.

6.7) De los mismos señores Diputados para que los artículos 94, 95 y 96, correspondientes al Título Final del proyecto, pasen a ser artículos 102, 103 y 104 respectivamente, siempre correspondiente al Título Final.

7.- Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

Vuestra Comisión, revisando su pronunciamiento emitido con ocasión de su primer informe, por unanimidad, estimó que se encontraba en la primera de las situaciones antes señaladas todo el articulado del proyecto, excepción sea hecha de aquél contenido en el Título I del mismo, como, igualmente, sus disposiciones transitorias.

8.- Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Para los efectos reglamentarios pertinentes, cabe señalar que vuestra Comisión, por unanimidad, determinó que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, en cumplimiento por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los artículos 19, 23, 37, 42 (nuevo), 67 (actual 70), 68 (actual 71), 69 (actual 72), 70 (actual 73), 71 (actual 74), 74 (actual 77), 75 (actual 78), 100 (nuevo), además de las disposiciones cuarta y sexta transitorias.

Sin perjuicio de las modificaciones resultantes de las indicaciones aprobadas, vuestra Comisión introdujo al proyecto otras de carácter meramente formal, que no se comentan especialmente por ser obvias y sencillas.

Por todas las consideraciones expuestas y las que os dará a conocer el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social os recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

“TITULO PRIMERO.

DEL GOBIERNO DE LA REGION.

CAPITULO 1.

DEL INTENDENTE.

Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza.

El intendente será subrogado por el gobernador de la provincia asiento de la capital regional, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para nombrar a otra persona de su confianza.

Artículo 2°.- Corresponderá al intendente, en su calidad de representante del Presidente de la República en la región:

a) Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior;

b) Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad orden público y resguardo de las personas y bienes;

c) Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

d) Informar al Presidente de la República, por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región, como, asimismo, sobre el desempeño de los gobernadores y demás jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en ella;

e) Dar cuenta, en forma reservada, al Presidente de la República, para efectos de lo dispuesto en el N° 15 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, de las faltas que notare en la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial;

f) Conocer y resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones adoptadas por los gobernadores en materias de su competencia;

g) Aplicar administrativamente las disposiciones de la ley de Extranjería, pudiendo disponer la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, en los casos y con arreglo a las normas previstas en ella;

h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes;

i) Representar extrajudicialmente al Estado en la región para la realización de los actos y la celebración de los contratos que queden comprendidos en la esfera de su competencia;

j) Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia, cuando corresponda, de los servicios públicos creados por ley que operen en la región;

k) Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales;

l) Proponer al Presidente de la República, previa información al ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales, y al ministro respectivo o jefe superior del servicio, en su caso, la remoción de los jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en la región. Asimismo, el ministro del ramo o el jefe superior del servicio correspondiente informará al intendente antes de proponer al Presidente de la República la remoción de dichos funcionarios;

m) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región;

n) Adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de los complejos fronterizos establecidos o que se establezcan en la región, en coordinación con los servicios nacionales respectivos;

ñ) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, y

p) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y las atribuciones que el Presidente de la República le delegue.

CAPITULO II.

DEL GOBERNADOR.

Artículo 3°.- En cada provincia existirá una gobernación, que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponderá al gobernador ejercer, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia.

Artículo 4°.- El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes;

b) Aplicar en la provincia las disposiciones legales sobre extranjería;

c) Conceder o denegar permisos para efectuar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes;

d) Dar cuenta reservada al intendente de las faltas que notare en la conducta de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial en la provincia, a fin de que aquel pueda hacer lo propio ante el Presidente de la República;

e) Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

f) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

g) Disponer o autorizar el izamiento del pabellón patrio en el territorio de su jurisdicción y permitir el uso de pabellones extranjeros, en los casos que autorice la ley;

h) Autorizar la circulación de los vehículos de los servicios públicos creados por ley fuera de los días y horas de trabajo, para el cumplimiento de la función administrativa, así como la excepción de uso de disco fiscal, en conformidad con las normas vigentes. En el caso de los vehículos municipales, supervigilar la aplicación de las normas que las municipalidades adopten sobre la materia;

i) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda. Tratándose de bienes fiscales, si el ocupante exhibe un título aparente de mera tenencia u ocupación, remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, informando a los Ministerios del Interior y de Bienes Nacionales. En el intertanto, se abstendrá de actuar.

j) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones propias o delegadas, y

k) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le asignen.

Artículo 5°.- El gobernador podrá designar delegados con atribuciones específicas para una o más localidades, cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.

El delegado deberá ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso en la Administración Pública. En el acto de la delegación, el gobernador determinará las facultades específicas que le delegue, el plazo de su desempeño y el ámbito territorial en que ejercerá competencia.

Si la designación como delegado recayere en algún funcionario público, éste ejercerá su cometido en comisión de servicio, sin limitación de tiempo; si se tratare de una persona ajena a la Administración del Estado, se desempeñará ad honorem. El delegado, cualquiera que sea la calidad de su designación, quedará sujeto a las mismas responsabilidades administrativas, civiles y penales a que están afectos los funcionarios públicos, y no formará parte de la dotación de personal del gobierno regional respectivo.

Un extracto de la resolución mediante la cual se designe al delegado se publicará en el Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación en la provincia.

CAPITULO III.

DISPOSICIONES COMUNES A INTENDENTES Y GOBERNADORES.

Artículo 6°.- Para ser designado intendente o gobernador, se requerirá:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Tener cumplidos 21 años de edad;

c) Haber aprobado la enseñanza media;

d) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos;

e) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, y

f) Residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

Artículo 7°.- Los cargos de intendente, gobernador, concejal y consejero municipal, miembro del consejo económico y social provincial y consejero regional, serán incompatibles entre sí.

Artículo 8°.- Los intendentes y gobernadores cesarán en sus cargos por las siguientes causales:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño;

b) Aceptación de un cargo incompatible;

c) Inscripción como candidato a un cargo de elección popular;

d) Aceptación de renuncia;

e) Remoción dispuesta por el Presidente de la República, y

f) Destitución por acuerdo del Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 49, N° 1, de la Constitución Política de la República.

Artículo 9°.- Los intendentes y gobernadores tendrán su sede en la capital regional o provincial, según corresponda, sin perjuicio de que puedan trasladarla transitoriamente a otras localidades de sus territorios jurisdiccionales.

Artículo 10.- Los intendentes y gobernadores podrán solicitar, de los jefes de los organismos de la administración del Estado sujetos a su fiscalización o supervigilancia, los informes, antecedentes o datos que requieran, debiendo ellos proporcionarlos oportunamente.

Artículo 11.- Los intendentes y gobernadores deberán poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del tribunal competente aquellos casos en que, con fundamento plausible, pueda exigirse responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia.

Artículo 12.- Las funciones y atribuciones que el presente Título confiere a los intendentes y gobernadores será ejercidas con apoyo en el Servicio de Gobierno Interior.

TITULO SEGUNDO.

DE LA ADMINISTRACION DE LA REGION.

CAPITULO I.

NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL.

Artículo 13.- La administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.

Los objetivos de desarrollo a que se refiere el inciso anterior se promoverán preferentemente mediante acciones de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural de la región. Tales acciones deberán inspirarse en los principios de equidad, de eficacia y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de impulso a la participación de la comunidad organizada y de preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 14.- Los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio e investidas de las funciones y atribuciones que esta ley les confiere.

Artículo 15.- Los gobiernos regionales tendrán su sede en la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio que puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades.

CAPITULO II.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL.

Artículo 16.- Serán funciones generales del gobierno regional:

a) Aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación;

b) Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquellos que procedan de acuerdo al artículo 76 de esta ley, en conformidad con la normativa aplicable;

c) Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemple anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación;

d) Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios, las que estarán sujetas al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y se publicarán en el Diario Oficial;.

e) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus planes y programas de desarrollo;

f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes.

g) Satisfacer en forma continua y permanente necesidades públicas en aquellos sectores de la actividad del Estado cuyos órganos o funciones le sean traspasados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de esta ley, y

h) Mantener relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos, a fin de armonizar el ejercicio de sus respectivas funciones.

Artículo 17.- Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial:

a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes;

b) Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región;

c) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la región, estableciendo normas y adoptando medidas adecuadas a la problemática regional, con sujeción a las normas legales y a los decretos supremos reglamentarios sobre la materia.

d) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la región, aplicando las normas de los convenios internacionales respectivos, y coordinar con otros gobiernos regionales el transporte interregional, aplicando para ello las políticas nacionales en la materia, y

e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social.

Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a) Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral, desde el punto de vista de cada región; desarrollar y aplicar las políticas nacionales así definidas en el ámbito regional;

b) Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes públicos competentes y concertando acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda. Para tal efecto, podrá asociarse con personas naturales o jurídica, públicas o privadas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el número 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

c) Promover la investigación científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de la educación superior y técnica en la región, y

d) Fomentar y reglamentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Artículo 19.- En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional:

a) Establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia;

b) Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial;

c) Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen en conformidad a la normativa aplicable;

d) Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley;

e) Realizar estudios relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de la región, y

f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, y velar por la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus funciones, el gobierno regional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales y las de su organización interna, en el marco establecido por las leyes;

b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley;

c) Convenir, con los ministerios e instituciones de la Administración Pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad con el artículo 79;

d) Ser informado oportunamente acerca de las proposiciones de planes, programas y proyectos que los órganos y servicios de la Administración Pública nacional vayan a ejecutar en la región;

e) Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto;

f) Aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo;

g) Sancionar los planes reguladores comunales e intercomunales, de acuerdo con la normativa que rija en la materia, como asimismo emitir opinión respecto de los planes reguladores regionales;

h) Formular, evaluar y priorizar, cuando corresponda, programas y proyectos de infraestructura social básica;

i) Proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional correspondiente;

j) Tomar conocimiento del presupuesto municipal, de los servicios traspasados y sus modificaciones respectivas y de sus proyectos dé inversión;

k) Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley respectiva, tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional y se destinen al financiamiento de obras de desarrollo regional;

l) Asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir entidades, con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional, en los términos dispuestos en el Capítulo V de este Título, y

m) Ejecutar los actos y celebrar los convenios y contratos conducentes al logro de sus fines, tanto con otros organismos públicos como con personas naturales y jurídicas del sector privado.

CAPITULO III.

ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL.

Artículo 21.- El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional.

PARRAFO 1°.

DEL INTENDENTE.

Artículo 22.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden en virtud de lo dispuesto por el Título 1, el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el consejo regional.

El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 23.- Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional:

a) Formular las políticas de desarrollo de la región, en armonía con las políticas y los planes nacionales, y dirigir su ejecución;

b) Someter al consejo regional los proyectos de planes y las estrategias regionales de desarrollo, y sus modificaciones;

c) Presidir el consejo regional, con derecho a voz y voto. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 34, letra h), sólo tendrá derecho a voz;

d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional y sus modificaciones, ajustados a las orientaciones y limites que establezcan la Ley de Presupuestos de la Nación y demás normas legales sobre la administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional, y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el artículo 19 N° 20, de la Constitución Política de la República;

f) Proponer al consejo regional la celebración de los convenios de programación a que se refiere el artículo 79;

g) Proponer al consejo regional los proyectos de reglamentos regionales que regulen materias propias de la competencia del gobierno regional, en conformidad a las leyes y a los reglamentos supremos correspondientes;

h) Proponer al consejo regional la celebración de convenios para constituir las asociaciones regionales a que se refiere el Capítulo V de este Título;

i) Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos comprendidos en su esfera de competencia;

j) Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza;

k) Ejercer la administración de los bienes y recursos propios del gobierno regional, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y a las normas que el consejo regional pueda adoptar sobre la materia. En todo caso, requerirá del acuerdo de éste para enajenar o gravar bienes raíces;

l) Administrar, en los casos que determina la ley, los bienes nacionales de uso público;

m) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley que operen en la región, a través de las respectivas secretarías regionales ministeriales, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional;

n) Resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones de los secretarios regionales ministeriales y de los jefes de los servicios públicos que operen en la región, en materias propias del gobierno regional, según lo establezcan las leyes respectivas;

ñ) Ser informado oportunamente respecto de las proposiciones de programas y proyectos a que se refiere la letra d) del artículo 20, dando cuenta de ello al consejo regional;

o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

p) Poner en vigor los planes reguladores comunales e intercomunales, de acuerdo a las normas sustantivas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, previo acuerdo del consejo regional, y

g) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende.

La propuesta que haga el intendente al consejo regional, en cumplimiento de lo establecido en la letra e) del inciso primero, deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional.

Artículo 24.- El consejo regional sólo podrá aprobar o modificar los proyectos señalados en las letras b) y d) del artículo anterior y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes. Si el consejo no se pronunciare en el citado plazo, se presumirá su acuerdo y regirá lo propuesto por el intendente.

En caso de existir discrepancias entre el intendente y el consejo regional con motivo del pronunciamiento sobre las materias señaladas en el inciso anterior, primará la proposición del intendente, a menos que el consejo insistiere con una mayoría de tres quintos del total de sus miembros.

Artículo 25.- El intendente será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional y propondrá al consejo la organización de los mismos, de acuerdo con las normas básicas sobre organización establecidas por esta ley.

El personal de estos servicios se regirá por el Estatuto Administrativo y demás normas propias de los funcionarios de la Administración Pública, y su régimen de remuneraciones será el establecido en el decreto ley N° 249, de 1974, y sus normas complementarías. El que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley N° 18.575 y 7° de la ley N° 18.834.

PARRAFO 2°.

DEL CONSEJO REGIONAL.

Artículo 26.- El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Artículo 27.- El consejo regional estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales de la región, constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias respectivas, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Dos consejeros por cada provincia, independientemente de su número de habitantes, y

b) Diez consejeros en las regiones de hasta un millón de habitantes y catorce en aquellas que superen esa cifra, los que se distribuirán entre las provincias de la región a prorrata de su población consignada en el último censo nacional oficial, aplicándose el método del cuociente o cifra repartidora.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio Electoral determinará, seis meses antes de la celebración de la elección respectiva, el número de consejeros regionales que corresponda elegir a cada provincia en proporción a su población. Dicha resolución será apelable ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente, dentro del plazo de diez días, debiendo éste emitir su fallo dentro de los quince días siguientes.

Artículo 28.- Los consejeros regionales que correspondan a cada provincia serán elegidos por los concejales mediante el procedimiento y el sistema electoral establecidos por el Capítulo VII de este Título.

Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Artículo 29.- Para ser elegido consejero regional, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, mayor de edad, saber leer y escribir y tener residencia en la región durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.

Artículo 30.- No podrán ser consejeros regionales:

a) Los Senadores y Diputados;

b) Los Ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores y los concejales;

c) El Contralor General de la República, los contralores regionales y los miembros del Consejo del Banco Central;

d) Los miembros del Poder Judicial, los funcionarios que ejerzan el ministerio público y los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, y los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y

e) Aquellos que, por sí o como representantes de personas naturales o jurídicas, tengan contratos o cauciones vigentes con el gobierno regional o litigios pendientes con éste en calidad de demandantes.

Artículo 31.- El cargo de consejero regional será incompatible con el de concejal y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales. Será incompatible, también, con el desempeño de las funciones públicas señaladas en las letras a), b), c) y d) del artículo anterior, los secretarios ministeriales y los directores de servicios regionales, y con todo otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional o con cargos en las plantas directivas de las municipalidades.

Artículo 32.- Quedarán inhabilitados para desempeñar el cargo de consejero regional:

a) Los consejeros que, por sí mismos o como representantes de personas naturales o jurídicas, celebren o caucionen contratos con el gobierno regional o promuevan litigios contra éste en calidad de demandante, y

b) Los consejeros que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra el respectivo gobierno regional.

Artículo 33.- Los consejeros regionales estarán afectos a las prohibiciones establecidas para los funcionarios públicos en el Estatuto Administrativo, con excepción de participar en actividades políticas y sindicales.

Artículo 34.- Corresponderá al consejo regional:

a) Aprobar los reglamentos regionales;

b) Aprobar, en aquello no regulado por esta ley, la organización interna del gobierno regional, mediante la dictación del correspondiente reglamento, a proposición del intendente;

c) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento, en el que se podrá contemplar la existencia de diversas comisiones de trabajo;

d) Prestar su acuerdo a los planes reguladores comunales e intercomunales, con sujeción a la normativa ministerial que rija en la materia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, letra g);

e) Aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, sobre la base de la proposición del intendente;

f) Aprobar, sobre la base de la proposición del intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región y de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional;

g) Aprobar, sobre la base de la proposición del intendente, los convenios de programación que el gobierno regional celebre;

h) Fiscalizar el desempeño del ejecutivo regional dentro del ámbito de competencia del gobierno regional, y especialmente respecto del cumplimiento del plan regional de desarrollo y de la ejecución del presupuesto del gobierno regional, pudiendo requerir del intendente la información necesaria al efecto;

i) Dar su acuerdo al intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales;

j) Emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división política y administrativa de la región que formule el gobierno nacional;

k) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre los presupuestos y programas de obras comunales, y

l) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el, ejercicio de las funciones que la ley le encomiende.

Artículo 35.- El consejo regional funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se efectuarán, a lo menos, una vez al mes, en día hábil, y en ellas podrá abordarse cualquier asunto de la competencia del consejo. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las cuestiones incluidas en la convocatoria.

Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas, los dos tercios de los consejeros presentes podrán acordar que determinadas sesiones, por los temas a considerar, sean secretas en relación a éstos. La convocatoria a las sesiones se efectuará conforme lo determine el reglamento.

Artículo 36.- El quórum para sesionar será el de los dos quintos de los consejeros en ejercicio.

Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la sesión respectiva.

Artículo 37.- Los consejeros regionales percibirán una dieta de dos unidades tributarias mensuales por cada sesión del consejo a que asistan. Con todo, lo percibido por cada consejero no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes calendario. Tendrán también derecho a pasajes y viáticos para asistir a las sesiones del consejo, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual. El monto diario del viático será equivalente al que corresponda al intendente.

Artículo 38.- Serán causales de cesación en el cargo de consejero:

a) Renuncia aceptada por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio;

b) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero, o incurrir en alguna de las causales de inhabilidad sobreviniente señaladas en esta ley, y

c) Incurrir en alguna de las causales de incompatibilidad previstas en esta ley.

Artículo 39.- El consejo calificará la procedencia de las causales previstas en el artículo anterior. En los casos de las letras b) y c), el acuerdo deberá ser adoptado por los dos tercios de los miembros en ejercicio.

La calificación de las causales de cesación en el cargo de consejero será siempre materia de sesión extraordinaria. La convocatoria se hará, a lo menos, con cinco días de anticipación, por propia iniciativa del intendente o a petición escrita de un tercio de los consejeros en ejercicio.

De la determinación que adopte el consejo en los casos de las letras b) y c) del artículo anterior podrá recurrirse ante el respectivo tribunal electoral regional.

Artículo 40.- En caso de renuncia, inhabilidad o incompatibilidad de un consejero regional titular, debidamente aceptada o declarada en los términos del artículo anterior, así como de fallecimiento de aquel, asumirá su cargo, por el solo ministerio de la ley, el respectivo suplente, quien se desempeñará por el tiempo que le faltare al titular para completar su período. El suplente que asuma la titularidad del cargo no será reemplazado si, a su turno, cesare en el desempeño del mismo antes de completar el período.

Artículo 41.- Si algún consejero falleciere o cesare en el cargo durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá por el suplente.

El nuevo consejero permanecerá en funciones hasta el término del plazo que faltaba a aquél que hubiere originado la vacante.

Artículo 42.- El consejo regional dispondrá de una secretaría, destinada a prestarle asesoría para el desempeño de sus funciones.

PARRAFO 3°.

DEL GOBERNADOR.

Artículo 43.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden de acuerdo, al Título I de esta ley, el gobernador tendrá a su cargo la administración superior de la respectiva provincia, en la esfera de atribuciones que corresponden al intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, y presidirá el consejo económico y social provincial.

El gobernador ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 44.- El gobernador, además de las atribuciones que el intendente pueda delegarle, ejercerá las siguientes:

a) Conocer y supervisar los programas y proyectos de desarrollo que entidades del sector público efectúen en la provincia, efecto para el cual deberá ser informado oportunamente sobre las proposiciones que en tal sentido formulen tanto el propio gobierno regional como las dependencias y entidades sectorialmente competentes de la administración;

b) Proponer al intendente proyectos específicos de desarrollo de la provincia;

c) Asesorar a las municipalidades de su jurisdicción, especialmente en la elaboración y ejecución de programas y proyectos, cuando ellas lo soliciten;

d) Promover la participación del sector privado en las actividades de desarrollo de la provincia;

e) Disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo provincial y, especialmente, de los programas de infraestructura económica y social básica;

f) Fiscalizar y disponer las medidas para la adecuada coordinación de los organismos de la Administración del Estado creados por ley que operen en la provincia;

g) Hacer presente al intendente o a los respectivos secretarios regionales ministeriales, con la debida oportunidad, las necesidades que observare en su territorio jurisdiccional;

h) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones o las que disponga el intendente, e;

i) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones qüe las leyes le asignen.

Artículo 45.- El gobernador podrá constituir un consejo técnico asesor con autoridades de la Administración del Estado en la provincia.

PARRAFO 4°.

DEL CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL PROVINCIAL.

Artículo 46.- En cada provincia existirá un órgano consultivo y de participación de la comunidad provincial socialmente organizada, denominado consejo económico y social provincial.

Artículo 47.- El consejo económico y social provincial estará integrado, además del gobernador, por miembros elegidos en representación de las organizaciones sociales de la provincia, así como por miembros que lo serán por derecho propio.

a) Los miembros electos serán veinticuatro, elegidos de la siguiente forma:

- Cuatro por las uniones comunales de juntas de vecinos.

- Cuatro por las entidades que agrupen a las organizaciones comunitarias funcionales de la provincia correspondiente.

- Ocho por las entidades que agrupen a las organizaciones laborales legalmente constituidas.

- Ocho por las entidades que agrupen a las empresas y demás unidades productivas.

b) Los miembros por derecho propio serán:

1.- Un miembro de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que tengan asiento en la respectiva provincia, designados por el mando provincial correspondiente;

2.- Los rectores o vicerrectores de las universidades y donde no las hubiere los redores de institutos profesionales que funcionen en la respectiva provincia, en un número máximo de cuatro representantes, en la forma que ellos lo determinen, y

3.- Tres representantes de colegios profesionales existentes en la provincia, elegidos por ellos.

Artículo 48.- El consejo económico y social provincial será presidido por el gobernador, quien podrá convocarlo. Asimismo, el consejo podrá autoconvocarse por la iniciativa de un tercio de sus miembros.

Artículo 49.- Serán atribuciones del consejo económico y social provincial:

a) Absolver las consultas del gobernador sobre los anteproyectos de plan regional de desarrollo y de presupuesto del gobierno regional, con anterioridad al sometimiento de estas iniciativas al consejo regional, y emitir opinión a su respecto;

b) Recibir semestralmente una cuenta del gobernador sobre la marcha de la administración en el nivel provincial y de la ejecución de los programas y proyectos que se desarrollen en la provincia;

c) Realizar estudios y emitir opinión en materias de desarrollo provincial;

d) Presentar proposiciones de proyectos específicos para el desarrollo de la provincia, a fin de que sean consideradas por el gobernador para su inclusión en los programas respectivos;

e) Absolver toda otra consulta que le formule el gobernador, y

f) Requerir por escrito, a las autoridades de gobierno comunal, provincial y regional, los antecedentes referidos a proyectos y programas de desarrollo social, económico y cultural que se contemplen dentro de la provincia.

Artículo 50.- Los miembros del consejo económico y social provincial durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

El cargo de miembro del consejo económico y social provincial se desempeñará ad honorem; quienes postulen a servirlo deberán reunir los requisitos del artículo 29 y estarán sujetos a las mismas inhabilidades señaladas por las letras a), b), c) y d) del artículo 30.

Artículo 51.- Una comisión integrada por el gobernador, quien la presidirá, por el Contralor Regional respectivo o por un delegado del Contralor General o Regional, según corresponda, y por un Ministro de la Corte de Apelaciones con asiento en la capital de la provincia respectiva, o, en su defecto, por el juez de letras más antiguo de la provincia, determinará qué instituciones de las señaladas en el artículo 47, letra a), tendrán derecho a participar, a través de sus directores, en la elección de sus representantes por estamento ante el consejo económico y social provincial. Asimismo, la comisión fijará las normas que regularán los procesos electorales de cada estamento.

En la provincia de Santiago, integrará la comisión un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, elegido por ésta de entre sus miembros.

Actuará como secretario y ministro de fe de esta comisión, el Conservador de Bienes Raíces cuya sede corresponda a la comuna capital de la provincia.

Artículo 52.- Las organizaciones que correspondan a los estamentos determinados por el artículo 47, letra a), que realicen actividades en la provincia, podrán inscribirse por estamentos, dentro del plazo de veinte días, en un registro público, que con ese objeto llevará el Conservador de Bienes Raíces que tenga a su cargo el registro de propiedad y cuya sede corresponda a la capital de la provincia. Dicho plazo se contará desde la fecha en que se publique, por orden de la comisión, en un periódico de los de mayor circulación en la capital provincial o, en su defecto, de la región, un aviso llamando a inscribirse.

Artículo 53.- Sólo podrán inscribirse en el registro las organizaciones que acrediten personalidad jurídica vigente, domicilio en la provincia, antigüedad de, a lo menos, dos años en ella y reunir un número de miembros activos no inferior a quince personas naturales o jurídicas, o, si reunieren sólo a personas jurídicas, a lo menos, cuatro de ellas.

En el momento de inscribirse, cada organización deberá acompañar los antecedentes fidedignos que acrediten los requisitos señalados en el inciso anterior y un listado en el que se identifique claramente a los miembros activos de la respectiva entidad, sean personas naturales o jurídicas, el que se tendrá como registro para todos los efectos de este párrafo.

Artículo 54.- Vencido el plazo establecido en el artículo 52 y dentro de los cinco días siguientes, la comisión cerrará los registros correspondientes y confeccionará la lista de las organizaciones inscritas que hayan acreditado fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos, ordenando su publicación en un periódico de los de mayor circulación en la provincia o, en su defecto, en la región.

Cualquier organismo cuya inscripción hubiere sido rechazada o que hubiere sido omitido en la lista con posterioridad a su inscripción, podrá reclamar ante el Tribunal Electoral Regional, dentro del plazo de siete días, contado desde la última publicación a que se refiere el inciso anterior. Igual reclamo podrán interponer, en el mismo plazo, las personas que hubieren sido excluidas del listado de afiliados a que alude el inciso final del artículo anterior.

El reclamo deberá presentarse acompañando los antecedentes necesarios y enviando simultáneamente copia de la presentación a la comisión. El Tribunal conocerá del reclamo en única instancia y deberá fallarlo en el término de quince días desde que lo reciba.

El Tribunal Electoral Regional deberá enviar copia del fallo a la comisión en el término de dos días, contado desde la fecha en que dicho fallo quede ejecutoriado.

Artículo 55.- Transcurridos diez días desde la última publicación a que se refiere el inciso primero del artículo anterior sin que se hubieren formulado reclamos, la comisión establecerá la lista definitiva de organizaciones con derecho a participar en el proceso electoral y el registro oficial para estos efectos. Si se formularen reclamaciones, la comisión deberá establecer dicha lista y registro dentro del plazo de tres días, contado desde que se reciba copia de la totalidad de los fallos emitidos por el Tribunal Electoral Regional.

Artículo 56.- Una vez cumplida la formalidad a que se refiere el artículo precedente, la comisión publicará la lista definitiva en un periódico de alta circulación en la provincia, indicando, además, la fecha, lugar y hora en que se realizará la asamblea de cada estamento, para elegir a sus representantes titulares y suplentes ante el consejo económico y social provincial.

Podrán ser candidatos los directivos de cualquiera de las organizaciones consignadas en la lista oficial a que se refiere el artículo anterior, así como los representantes legales de las personas jurídicas afiliadas a tales organizaciones. Para estos efectos, deberán acreditar ante la comisión, el cumplimiento de los requisitos legales para ser consejero.

Artículo 57.- En las elecciones a que se refiere este párrafo, cada elector dispondrá de un voto, el cual será secreto e informado. Cada elector deberá votar para elegir un miembro titular y otro suplente del correspondiente estamento.

Un miembro de la comisión presidirá el acto electoral en que cada estamento elija a sus representantes ante el consejo económico y social provincial.

Artículo 58.- Serán elegidos como miembros del consejo económico y social provincial los candidatos titulares y suplentes que en cada estamento obtuvieren las más altas mayorías y que fueren sido declarados como tales por el Tribunal Electoral Regional

Para estos efectos, el Tribunal Electoral Regional resolverá los reclamos que se interpongan, dentro de los diez días siguientes a la fecha de recepción de la nómina de consejeros electos y de las actas correspondientes. Concluido dicho plazo o resueltas las reclamaciones, en su caso, comunicará al intendente y a los interesados, dentro de tercero día, la lista definitiva de consejeros para el cuadrienio siguiente.

CAPITULO IV.

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE OTROS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LAS REGIONES.

Artículo 59.- Los ministerios se desconcentrarán territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales, de acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas y en virtud de los decretos que dicte el Presidente de la República, con excepción de los Ministerios del Interior, Secretaría General de la Presidencia, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Artículo 60.- Cada secretaría regional ministerial estará a cargo de un secretario regional ministerial, quien, sin perjuicio de su condición de representante del o de los ministerios respectivos en la región, será colaborador directo del intendente, al que estará subordinado en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean de competencia del gobierno regional.

Los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el Presidente de la República de entre las personas que figuren en una terna elaborada por el intendente respectivo y en otra propuesta por el ministro del ramo. Hecha la designación, el secretario regional ministerial podrá ser removido libremente por el Presidente de la República.

Artículo 61.- Los secretarios regionales ministeriales deberán ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los correspondientes ministerios, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo precedente. En caso de discrepancia entre el intendente y el ministro respectivo, ella será resuelta por el Presidente de la República.

Artículo 62.- A las secretarías regionales ministeriales corresponderá:

a) Elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales, pudiendo adoptar las medidas de coordinación necesarias para dicho fin respecto de los órganos que integren el respectivo sector;

b) Estudiar, conjuntamente con los organismos involucrados, los planes de desarrollo sectoriales;

c) Preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, en coordinación con el ministerio respectivo;

d) Informar permanentemente al intendente del cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector;

e) Llevar a cabo las tareas que sean propias de su respectivo ministerio, de acuerdo con las instrucciones del ministro del ramo;

f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración del Estado que integren su respectivo sector;

g) Cumplir las demás funciones que contemplen las leyes y reglamentos, y

h) Ejercer las atribuciones que se les deleguen por los ministros respectivos.

Artículo 63.- Habrá un gabinete regional, órgano auxiliar del intendente, integrado por los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales. El intendente podrá disponer que integren, además, este gabinete o que concurran a él en calidad de invitados, los jefes regionales de organismos de la Administración del Estado.

Artículo 64.- La desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales se hará mediante direcciones regionales o provinciales a cargo del respectivo director regional o provincial, quien dependerá jerárquicamente del director nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, estarán subordinados al intendente a través del correspondiente secretario regional ministerial.

Artículo 65.- Todos los organismos que integran la Administración del Estado, con excepción de las instituciones constitucionalmente autónomas, estarán sujetos a la coordinación, supervigilancia o fiscalización, según corresponda, del intendente, a través del respectivo secretario regional ministerial, para los efectos de dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos que sean propios del ámbito regional. Asimismo, deberán proporcionar oportunamente la información que requiera el gobierno regional para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 66.- Para efectos de lo previsto en el artículo 103, de la Constitución Política de la República, los gobiernos regionales podrán elaborar, de propia iniciativa, estudios que demuestren que la región se encuentra en condiciones de recibir y administrar adecuadamente funciones y recursos de aquellos servicios y organismos de la administración central o funcionalmente descentralizada cuyo traspaso se pretenda, así como, también, que dispone de la capacidad para elaborar los planes, programas y proyectos necesarios para el ejercicio de esa competencia.

Los antecedentes serán analizados por los ministerios y servicios públicos involucrados, los que deberán evacuar un informe dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la documentación respectiva.

Dicho informe y el que, a su vez, deberá expedir el Ministerio del Interior, serán entregados al Presidente de la República para su consideración sobre la materia.

CAPITULO V.

DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES.

Artículo 67.- Los gobiernos regionales podrán asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional.

Las asociaciones o entidades así formadas podrán realizar, especialmente, estudios orientados a identificar áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y efectuar actividades de capacitación.

Artículo 68.- La creación de asociaciones o entidades a que se refiere el artículo anterior requerirá el acuerdo del consejo regional respectivo, adoptado a proposición del intendente. Dichas instituciones se regirán por la legislación común aplicable a los particulares.

Artículo 69.- Los convenios que celebren los gobiernos regionales para crear las asociaciones regionales deberán comprender, entre otros aspectos, los siguientes:

a) La especificación de las obligaciones que asuman los respectivos asociados, y

b) Los aportes financieros y demás recursos materiales que el gobierno regional proporcione para dar cumplimiento a las tareas concertadas, así como las respectivas fuentes de financiamiento. En ningún caso tal financiamiento podrá contemplar la contratación de empréstitos.

CAPITULO VI.

DEL PATRIMONIO Y DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO REGIONALES.

Artículo 70.- El patrimonio del gobierno regional estará compuesto por:

a) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco;

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba, de fuentes internas o externas, de acuerdo a la legislación vigente, los cuales estarán exentos del trámite de insinuación;

c) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

e) Los ingresos que recaude en conformidad al inciso final del número f) del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

f) Los recursos que le correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional;

g) Las obligaciones que contraiga en el desarrollo de sus actividades, en conformidad a la ley;

h) Los derechos y obligaciones que adquiera por su participación en las asociaciones a que se refiere el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política de la República, e

i) Los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley.

Artículo 71.- El régimen de bienes de los gobiernos regionales estará sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Los bienes destinados a su funcionamiento y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente a su nombre, serán inembargables;

b) La adquisición del dominio de los bienes raíces estará sujeta a las normas generales que sobre la materia rijan para el sector público;

c) Los bienes inmuebles sólo podrán ser enajenados, gravados, entregados en comodato o arrendados, en caso de necesidad o utilidad manifiesta. El procedimiento que se seguirá para la enajenación será el remate o la licitación pública, cuyo valor mínimo no será inferior al avalúo fiscal y sólo podrá ser rebajado con acuerdo del consejo regional, en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del artículo 34;

d) La disposición de los bienes muebles dados de baja se efectuará mediante remate público. No obstante, en casos calificados, el intendente podrá, con acuerdo de los dos tercios del consejo regional, donar tales bienes a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que operen en la región;

e) Sus bienes podrán ser objeto de permisos y concesiones de administración, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.803. Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización. Las concesiones darán derecho al uso preferente del bien concedido, en las condiciones que fije el gobierno regional. Sin embargo, éste podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público. El concesionario tendrá derecho a indemnización en caso de término anticipado de la concesión, salvo que ésta se haya producido por incumplimiento de sus obligaciones;

f) El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieren o construyen con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades encargadas de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, sean públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades. Esta transferencia deberá formalizarse mediante resolución del intendente, que se expedirá en un plazo no superior a noventa días, contado a partir de la fecha de adquisición o de términos de construcción de tales bienes. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada de la respectiva resolución.

Tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones privadas sin fines de lucro, ella estará sujeta a la condición de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública. En caso de no cumplirse con esta condición o disolverse la entidad, tales bienes revertirán al dominio del gobierno regional;

g) El gobierno regional podrá transferir el dominio de bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública, mediante convenios directos que contemplen mecanismos de aporte reembolsable u otro sistema que implique la recuperación total o parcial de la inversión efectuada, y

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras f) y g), mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio del Interior, determinados bienes se podrán mantener en el patrimonio del gobierno regional, a petición de éste, la que deberá formularse dentro del término de noventa días a que se refiere la letra f) de este artículo.

Artículo 72.- El presupuesto del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación. Dicho presupuesto se regirá por las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, decreto ley N° 1.263, de 1975, y por las siguientes disposiciones:

a) La Ley de Presupuestos asignará a cada gobierno regional los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento.

b) El presupuesto del gobierno regional comprenderá, además, un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región.

c) El proyecto de presupuesto del gobierno regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación. El proyecto de presupuesto así aprobado será enviado al Ministerio de Hacienda, en conformidad con los plazos y procedimientos que éste establezca de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se refiere la letra f) del artículo 34.

Artículo 73.- El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Este Fondo se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley de Presupuestos. La distribución del mismo se efectuará entre las regiones, asignándoles cuotas regionales.

La Ley de Presupuestos de cada año podrá precisar los rubros de gastos que, para estos efectos, no se entenderán comprendidos en los ámbitos de infraestructura social y económica de la región.

Artículo 74.- La distribución del 90% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos y se efectuará teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación con el contexto nacional. Para estos efectos, se considerarán, con igual ponderación, las dos variables siguientes:

a) Nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores que considerarán, a lo menos, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental, y

b) La condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores que considerarán, a lo menos, la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico y su distancia respecto a la Región Metropolitana.

Para el cálculo de las variables ya señaladas, se utilizarán, como fuentes de información, sólo cifras oficiales emanadas de los ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de organismos internacionales reconocidos por el Estado de Chile.

Artículo 75.- La distribución del 10% restante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se efectuará, en el transcurso del año presupuestario, de la siguiente manera:

a) Un 5% como estímulo a la eficiencia, considerando, al menos, el porcentaje de desembolsos efectivos en relación con el marco presupuestario del año anterior y con el monto de la cartera de proyectos de inversión elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Ministerio del Interior, mediante resolución fundada, establecerá dicha distribución en el primer trimestre de cada año, y

b) Un 5% para gastos de emergencia, los que serán calificados por el Ministerio del Interior a solicitud de los gobiernos regionales. La parte no utilizada de este último porcentaje se distribuirá, de acuerdo con la modalidad establecida en el artículo 71, en el ejercicio presupuestario siguiente.

Artículo 76.- Los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenio se destinen a una o más regiones, no se distribuirán entre éstos conforme a los criterios enunciados en el artículo 74, pero podrán sumarse a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la respectiva región, para todos los efectos de esta ley.

Artículo 77.- Los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico-económica que analice su rentabilidad. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamos, conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.

Artículo 78.- La Ley de Presupuesto incluirá uno o más ítemes de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104, de la Constitución Política de la República.

Se entenderá por inversión sectorial de asignación regional toda aquella que corresponda a estudios preinversionales, programas y proyectos de inversión que, siendo de responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deban materializar en una región específica y cuyos efectos económicos directos se concentren principalmente en ella. Corresponderá al gobierno regional respectivo resolver la distribución de dichos recursos entre proyectos específicos que cumplan los criterios de elegibilidad que establezca el ministerio respectivo.

Los programas, estudios preinversionales o proyectos correspondientes a inversión sectorial de asignación regional, podrán incluir financiamiento conjunto del gobierno regional y del órgano o servicio público correspondiente.

Asimismo, dichos estudios, programas y proyectos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Cuando estos correspondan a programas financiados con créditos externos, deberán sujetarse, además, a las condiciones de elegibilidad contenidas en los respectivos convenios de crédito.

A proposición de los gobiernos regionales, se podrán traspasar recursos entre programas de inversión sectorial de asignación regional y entre éstos y proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por hasta el 5% del presupuesto asignado a los primeros.

Artículo 79.- Los convenios de programación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política de la República son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado. Estos convenios deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se apliquen las responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Los convenios de programación deberán incluir, cuando corresponda, cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, a través de alguno de los ministerios que los suscriban, el que deberá ser firmado, además, por los Ministros del Interior, de Hacienda y de Planificación y Cooperación. Los proyectos que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975.

CAPITULO VII.

DE LA ELECCION DEL CONSEJO REGIONAL.

PARRAFO 1°.

DE LOS COLEGIOS ELECTORALES PROVINCIALES Y DE LA VOTACIÓN.

Artículo 80.- Para la elección de los consejeros regionales, se constituirá un colegio electoral en cada una de las provincias de la región correspondiente, el cual estará integrado por los concejales respectivos.

A estos efectos, el Presidente del Tribunal Electoral Regional confeccionará la nómina de los electores y la remitirá al presidente de la mesa del colegio electoral provincial correspondiente.

Diez días antes de la fecha en que deba constituirse el colegio, el respectivo Tribunal Electoral Regional designará, por sorteo, a los miembros de la mesa que dirigirá la elección, integrada por un presidente, un secretario y un vocal, y a sus respectivos suplentes. Asimismo, determinará, dentro de la capital provincial, el local en que se instalará el colegio electoral.

Artículo 81.- Cada colegio electoral provincial se constituirá quince días después de la instalación de los concejos de la respectiva provincia, a las nueve horas, en el local determinado por el Tribunal Electoral Regional.

El presidente de la mesa pasará lista a los asistentes al tenor de la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior y declarará instalado el colegio electoral si concurriere, a lo menos, la mayoría absoluta de sus miembros. De no reunirse el indicado quórum, la sesión se celebrará en el día siguiente, a la misma hora y en el mismo local, con los miembros que asistan.

Artículo 82.- Las candidaturas a consejeros regionales sólo podrán ser declaradas hasta las 24 horas del quinto día anterior a la fecha en que deba reunirse el colegio electoral ante el respectivo Director Regional del Servicio Electoral. Estas declaraciones podrán efectuarse en forma uninominal o en listas, las que podrán incluir hasta tantos candidatos como consejeros regionales corresponda elegir en la respectiva provincia.

Las candidaturas deberán ser declaradas por uno o más concejales de la respectiva provincia. Dicha declaración deberá ir acompañada de una declaración jurada ante un notario público de la región de que se trate, hecha por los candidatos a consejeros regionales titular y suplente que se incluyan en la declaración, en la que éstos acrediten su voluntad de ser candidatos y el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 29 y 30.

Un concejal no podrá concurrir a la declaración de más de una lista o candidatura uninominal.

Las candidaturas uninominales, también podrán ser declaradas por el propio interesado con el patrocinio de un número no inferior al 0,5% a los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva a la fecha de la elección municipal más reciente. La determinación del número mínimo de patrocinantes la hará el Director de Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con 45 días de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba realizarse la elección de consejeros regionales.

Artículo 83.- El Director Regional del Servicio Electoral proporcionará a la mesa de cada colegio electoral las cédulas con los nombres de los candidatos titulares acompañados de sus respectivos suplentes, ya sea en forma de listas o uninominales, según fuere el caso.

Artículo 84.- Instalado el colegio electoral, el secretario de la mesa procederá a distribuir entre los concejales presentes la cédula electoral correspondiente. Acto seguido, se procederá a llamar a los concejales por orden alfabético, a fin de que depositen su voto en una urna sellada de que se dispondrá al efecto: El voto será personal y secreto, y cada concejal sólo podrá votar por un candidato a consejero titular, preferencia que se entenderá hecha también por el respectivo suplente.

Antes de depositar su voto, el concejal deberá firmar junto a su nombre, en la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo 80.

Artículo 85.- Concluido el llamamiento a los concejales a votar, el presidente de la mesa declarará cerrada la votación y el secretario dejará constancia de los concejales que no votaron.

A continuación, se procederá a practicar el escrutinio, en el mismo lugar en que hubiere funcionado el colegio electoral provincial, en presencia de los concejales asistentes y del público que deseare observarlo, siempre que no interfiera en su desarrollo.

Se presumirá fraudulento el escrutinio que se practicare en un lugar distinto de aquél en que hubiere funcionado y recibido la votación el colegio electoral provincial.

El escrutinio se regirá por las normas del artículo 71 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, numerandos 1 al 5.

Artículo 86.- Para determinar los consejeros regionales elegidos, se observará el siguiente procedimiento:

1.- Se sumarán las preferencias emitidas a favor de cada uno de los candidatos de una misma lista, a objeto de establecer los votos de lista. Para este mismos efecto, los votos de las candidaturas uninominales se tratarán como votos de lista.

2.- Se determinará un cuociente electoral dividiendo los votos de lista, por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes como consejeros corresponda elegir. Todos estos cuocientes se colocarán en orden decreciente hasta tener un número de ellos igual al de cargos por elegir. El cuociente que ocupe el último de estos lugares será el cuociente electoral, y permitirá determinar cuántos son los elegidos en cada lista mediante la división del total de votos de la misma por dicho cuociente.

3.- Dentro de una lista, se proclamará electos a los que hubieren obtenido las más altas mayorías individuales.

4.- Si, dentro de una misma lista, un cargo correspondiere con igual derecho a dos o más candidatos, por igualdad de preferencias, se adjudicará por sorteo en el mismo acto.

5.- Si el último cargo por llenar correspondiente con igual derecho a dos o más listas o candidaturas uninominales, resultará elegido el candidato de la lista o candidato uninominal que haya obtenido mayor número de preferencias individuales y, en caso que persista la igualdad, se adjudicará por sorteo en el mismo acto.

6.- La elección de un candidato como titular supondrá, de pleno derecho, la de su respectivo suplente.

Artículo 87.- El secretario extenderá un acta del escrutinio, que firmarán todos los miembros de la mesa, debiendo aquél remitir el original de la misma al Tribunal Electoral Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes al término de la sesión del colegio. Copia de dicha acta se remitirá al respectivo Director Regional del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo.

Artículo 88.- La Dirección del Servicio Electoral podrá acreditar un representante ante cada uno de los colegios electorales provinciales, para los efectos de prestar la asesoría necesaria al desarrollo del proceso electoral regulado en este Capítulo.

PARRAFO 2°.

DE LAS RECLAMACIONES DEL ACTO ELECTORAL.

Artículo 89.- Dentro de los diez días siguientes a la celebración de la sesión del colegio electoral, cualquier persona podrá impugnar, ante el respectivo Tribunal Electoral Regional, la legalidad del acto o sus resultados. Por esta misma vía, podrá reclamarse contra eventuales incumplimientos de lo dispuesto por los artículos 29 y 30.

Artículo 90.- El Tribunal Electoral Regional respectivo se entenderá citado por el solo ministerio de la ley para reunirse a las diez de la mañana del decimoquinto día siguiente a la fecha en que se hubieren verificado las elecciones de los consejeros regionales por los colegios electorales provinciales, a fin de resolver las reclamaciones y efectuar las rectificaciones a que ellas dieren lugar.

Reunido el tribunal en la oportunidad señalada, seguirá sesionando diariamente hasta que cumpla íntegramente su cometido, el que deberá evacuar, a más tardar, en el plazo de quince días.

Artículo 91.- El Tribunal Electoral Regional procederá, de norte a sur, al estudio de las elecciones de consejeros regionales reclamadas. Conociendo de las reclamaciones de nulidad, apreciará los hechos como jurado y al tenor de la infuencia que, a su juicio, ellos hayan tenido en la elección. Con el mérito de los antecedentes, declarará válida o nula la elección y sentenciará conforme a derecho.

Los hechos, efectos o irregularidades que no influyan en el resultado de la elección, sea que hayan ocurrido antes, durante o después de la votación en las mesas de los colegios electorales provinciales, no darán mérito para declarar su nulidad.

Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de las mesas de los colegios electorales provinciales que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número mínimo de miembros que señala el artículo 80 o en lugares distintos de los designados, excepto, en este último caso, si se tratare de fuerza mayor.

Declarada nula una elección por el Tribunal Electoral Regional respectivo, se procederá a repetir la votación.

Artículo 92.- En la repetición de la elección, las mesas de los colegios electorales provinciales funcionarán con la misma integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que la declaración de nulidad se fundare en la circunstancia de ser nulo el nombramiento de los integrantes de la mesa, en la adulteración o falsificación del escrutinio o en el cohecho de alguno de sus miembros, caso en el cual se sortearán de inmediato por el Tribunal Electoral Regional los miembros de la nueva mesa, excluidos los objetados.

La nueva elección se efectuará al décimo día, contado desde la fecha en que se realice el sorteo señalado en el inciso anterior, debiendo comunicarse esta resolución a los concejales por el secretario del Tribunal Electoral Regional mediante carta certificada.

En los demás casos, la elección se efectuará también al décimo día, contado desde el momento en que quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal Electoral Regional o del Tribunal Calificador de Elecciones, en su caso.

Artículo 93.- Una vez dictada la sentencia sobre todos los reclamos, el Tribunal proclamará a los candidatos que hubieren resultado elegidos.

Artículo 94.- Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la dictación de su fallo, el Tribunal Electoral Regional enviará una copia autorizada de la parte pertinente del mismo al intendente.

Artículo 95.- La sentencia del Tribunal Electoral Regional será apelable para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días desde la notificación del fallo.

El Tribunal Calificador de Elecciones deberá resolver todas las apelaciones dentro del plazo de quince días.

Artículo 96.- El consejo regional se instalará 60 días después de la fecha de elección de los consejeros, y si ésta hubiere sido anulada, dicho plazo se contará desde la fecha de la nueva elección.

TITULO FINAL

Artículo 97.- Los gobiernos regionales y los intendentes se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Artículo 98.- Las competencias atribuidas por esta ley a los gobiernos regionales no afectarán las funciones y atribuciones que correspondan a la Administración Pública nacional, en todo lo que expresamente no haya sido encomendado a los gobiernos regionales.

Artículo 99.- Cuando el traspaso de competencias a que se refiere el artículo 69 pueda operarse por la vía de un convenio, éste será celebrado entre el gobierno regional y el ministerio respectivo, debiendo suscribirlo, además, el Ministro del Interior.

Artículo 100.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna, contará con la siguiente estructura administrativa, que le estará directamente adscrita:

a) Una división jurídica, encargada de asesorar al intendente en materias de seguridad ciudadana, orden público, asistencia social, en la aplicación de las normas sobre extranjería y de asesorar jurídicamente al intendente en las materias que éste la requiera;

b) Una división de administración y finanzas, encargada de la gestión administrativa y financiera, de la formulación y ejecución del presupuesto y de la provisión de los servicios generales del gobierno regional, y

c) Una división de gestión y control, que colaborará en la elaboración del proyecto de presupuesto en lo relativo a la inversión del gobierno regional y en su seguimiento y control.

Artículo 101.- Los ministerios, los servicios públicos, los gobiernos regionales y las municipalidades deberán actuar coordinadamente en la formulación de los planes y la ejecución de los programas vinculados a la dotación de la infraestructura socia! básica y al equipamiento urbano de las áreas metropolitanas. Para dicho efecto, los organismos mencionados proporcionarán la información necesaria, realizarán los estudios en conjunto cuando proceda y adoptarán las medidas pertinentes para lograr el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la debida congruencia de las acciones que realicen.

Para efectos de los dispuesto en este artículo, se entenderá por área metropolitana la extensión territorial formada por dos o más centros de población unidos entre sí por espacios construidos y que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los recursos que se asignen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementarán, respecto del presupuesto del año anterior, en los Presupuestos de 1993 y 1994, en una tasa no inferior al 25 por ciento por sobre el crecimiento promedio del presupuesto de la inversión pública nacional en cada uno de esos años, excluida la inversión sectorial de asignación regional.

SEGUNDA.- En los Presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional incluirá, a lo menos, los ítemes de pavimentación urbana, conservación y mejoramiento de caminos secundarios y mejoramiento urbano.

En los Presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional crecerá, a lo menos, en una tasa del 25 por ciento más alta que la de crecimientos del resto de la inversión pública en los mismos períodos, excluido el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

TERCERA.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de los gobiernos regionales, especialmente sobre la base de los presupuestos del Servicio de Gobierno Interior y de las Regiones (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).

CUARTA.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ocho meses, a contar de la entrada en vigencia de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por el Ministerio del Interior, los que deberán contar, además, con la firma del Ministro de Hacienda, establezca la organización interna y fije las plantas de personal de los gobiernos regionales. Dichas plantas se conformarán con personal que actualmente se encuentre prestando funciones en el Servicio de Gobierno Interior, Secretarías Regionales Ministeriales y otros servicios públicos.

Para tales efectos, el Presidente de la República encasillará al personal en las plantas que se establezcan. El encasillamiento del personal en actual servicio procederá de pleno derecho y se efectuará sin solución de continuidad. Si se produjeren diferencias de remuneraciones, éstas se pagarán por planillas suplementarias, las que serán imponibles en la misma proporción en que lo sean las remuneraciones que sirvan de base para calcularlas. En el orden previsional, continuarán siendo aplicables a los funcionarios las normas que los rigieren con anterioridad a dicho encasillamiento, manteniéndose la calidad de tope de escalafón de quienes la tuvieren para tales efectos.

Los cargos que quedaren vacantes en las plantas de los ministerios o servicios a que perteneciere el personal traspasado, deberán ser suprimidos. Asimismo, el Presidente de la República podrá efectuar traspasos de bienes y de recursos financieros al gobierno regional.

El personal que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51, de la ley N° 18.575 y 7°, de la ley IP 18.834.

QUINTA.- Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la instalación de los gobiernos regionales, regirán plenamente las funciones, atribuciones y competencias que en esta ley se establecen para los intendentes y gobernadores. Entre tanto, los consejos regionales de desarrollo establecidos por la ley N° 18.605 mantendrán sus actuales composición y atribución, de conformidad a la legislación vigente.

SEXTA.- El dominio de los bienes inventariables, muebles e inmuebles, adquiridos o construidos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, antes de la entrada en vigencia de esta ley, cuyo dominio no haya sido transferido por aplicación del artículo 16 de la ley N° 18.267, y siempre que estén actualmente destinados a los fines para que los que se construyeron, deberán entenderse transferidos a las entidades públicas que no sean fiscales a las cuales estén asignados. Los referidos bienes, que actualmente estén utilizando los servicios fiscales, deberán entenderse destinados a éstos. La transferencia del dominio de dichos bienes se perfeccionará mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá llevar, además, la firma del intendente de la región respectiva. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada del respectivo decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el que será suscrito, además, por el Ministro del Interior, determinados bienes se podrán destinar al patrimonio del gobierno regional.

SEPTIMA.- Para los efectos de la primera elección de los consejos regionales que se regulan en esta ley, la determinación a que se refiere el inciso final del artículo 27 será hecha por el respectivo director regional del Servicio Electoral dentro de los veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.

Se designó Diputado Informante al señor ELIZALDE, don Ramón.

SALA DE LA COMISION, a 28 de abril de 1992.

Acordado en sesiones de fechas 23 y 28 de abril en curso, con asistencia de los señores Ortega (Presidente), Aguiló, Bartolucci, Bombal, Cantero, señora Caraball, Elgueta, Elizalde, García Ruminot, Horvath, Letelier, Longton, Montes, Pizarro Soto, Ringeling y Ulloa.

(Fdo.): Sergio Malagamba Stiglich, Secretario de la Comisión”.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL (BOLETÍN N° 589-06)

“HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a emitir este segundo informe relativo al proyecto de ley indicado en el epígrafe, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del segundo informe los señores Sergio Galilea, Subsecretario de Desarrollo Regional Subrogante; Mario Marcel, Jefe de la División de Regionalización y Función Pública del Ministerio de Hacienda; Francisco Fernández, Asesor Jurídico del Ministerio del Interior; Luis Lira, Asesor de dicho Ministerio y José Espinoza, Asesor del Ministerio de Hacienda.

Las disposiciones puestas en conocimiento de esta Comisión en este trámite para su especial pronunciamiento, son los artículos 19, 23, 37, 42 (nuevo), 67 (actual 70), 68 (actual 71), 69 (actual 72), 70 (actual 73), 71 (actual 74), 74 (actual 77), 75 (actual 78), 100 (nuevo), y las disposiciones cuarta y sexta transitorias.

Además, la Comisión de Hacienda, en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2°, del inciso segundo, del artículo 219 del Reglamento de la Corporación, acordó tomar conocimiento del inciso primero del artículo 24, de la letra f) del artículo 34 y de los artículos 68, 69, 75 y 76.

En relación con la discusión particular del articulado propuesto por la Comisión técnica, cabe consignar los siguientes aspectos.

En la letra c) del artículo 19, se faculta al gobierno regional para determinar la factibilidad de los proyectos de inversión, considerando aspectos ambientales y sociales.

Puesta en votación esta norma fue aprobada por unanimidad.

En relación con la letra e) y el inciso final del artículo 23 que establece las funciones del intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, postulándose que la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región y de los demás recursos que indica, deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional, se debatió extensamente en la Comisión sobre la dificultad de obtener una mayor precisión respecto a los indicadores “objetivos” o su eventual inclusión en normas de carácter reglamentario, por una parte, así como en torno a la operatividad del banco de proyectos en el ámbito regional, por la otra.

Puesta en votación la letra e) referida anteriormente, fue aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

Puesto en votación el inciso final del artículo 23, se aprobó por 7 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

Al inciso primero del artículo 24, que limita el rol del Consejo Regional a la aprobación o modificación de las materias consultadas en las letras b) y d) del artículo precedente, el Ejecutivo formuló una indicación que es coincidente con una formulada por el Diputado Ringeling, don Federico, para sustituir la expresión “señalados en las letras b) y d)”, por la siguiente: “y proposiciones señalados en las letras b), d) y e)”.

Sometido a votación el artículo con la indicación precedente fueron aprobados por unanimidad.

En la letra f) del artículo 34 relativo a la aprobación por parte del Consejo Regional de la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y demás recursos que indica, la Comisión aprobó por unanimidad una indicación del Diputado Devaud, don Mario, para agregar, a continuación de la palabra “regional”, la frase: “y de los recursos propios que el Gobierno Regional obtenga en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República;”.

En el artículo 37 se agregó por la Comisión técnica el derecho a pasajes y viáticos de los consejeros en las condiciones que indica.

Puesto en votación este artículo fue aprobado en forma unánime.

Por el artículo 42 se señala que el Consejo Regional dispondrá de una secretaría para asesorarlo en el desempeño de sus funciones.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 6 votos a favor y una abstención.

En el artículo 68 se establecen ciertas reglas aplicables a las asociaciones o entidades que indica. El Ejecutivo ha formulado una indicación para reponer la siguiente frase final, después del punto seguido (.): “No obstante, no podrán, en caso alguno, contratar empréstitos.”.

La Comisión debatió la constitucionalidad y conveniencia de esta indicación, sosteniéndose dos tesis opuestas sobre el primer aspecto.

Se enfatizó que el inciso cuarto del artículo 107 de la Constitución Política regula la asociación de las municipalidades entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios y la constitución de entidades de derecho privado sin fines de lucro, en las que la participación del ente comunal estará regida por la ley orgánica constitucional respectiva.

Por otra parte, el artículo 104 de la Constitución Política, en su inciso quinto, permite que la ley autorice a los gobiernos regionales para que puedan asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional; entidades que se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares. En este caso el constituyente no dispone que se apliquen las normas orgánicas constitucionales relativas a los gobiernos regionales y por ello sería improcedente prohibirles a estas entidades que puedan contratar empréstitos. Una norma tan restrictiva haría inviable el cumplimiento de la facultad constitucional.

En oposición a lo anterior, se argumentó que en el análisis favorable a la inadmisibilidad de la indicación se habría omitido de considerar lo que dispone el inciso final del artículo 104, de la Constitución Política, puesto que precisa tal norma que lo dicho en el inciso quinto, es sin perjuicio de lo que se establece en el N° 21, del artículo 19 del texto constitucional. En efecto, esta última disposición se remite a actividades empresariales, sin distinguir si se trata de actividades con o sin fines de lucro. Además, precisa que el gobierno regional es un organismo del Estado que no puede comprometer su patrimonio sin una autorización especial.

Puesta en votación la declaratoria de inadmisibilidad, estuvieron a favor 3 señores Diputados, 4 lo hicieron en contra y se produjeron 3 abstenciones. Sometida a votación la indicación, la Comisión acordó rechazarla por 4 votos a favor, 5 votos en contra y una abstención.

Puesto en votación el artículo 68 fue aprobado por 5 votos a favor y una abstención. En relación con el artículo 69, que se refiere a los convenios que celebren los Gobiernos Regionales para crear las asociaciones regionales, se discutió la prohibición de contratar empréstitos que señala la última frase de la letra b), dándose similares argumentos en pro y en contra de su mantención que los efectuados a propósito del artículo anterior.

Solicitada votación separada en esta disposición, la frase última se aprobó por 4 votos en favor, 2 votos en contra y una abstención. El resto del artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 70 se especifica la composición del patrimonio del Gobierno Regional.

Puesto en votación este artículo fue aprobado en forma unánime.

En el artículo 71 se establecen normas sobre el régimen de bienes de los Gobiernos Regionales.

Sobre este particular, el Diputado Devaud, don Mario, hizo presente que las letras c), f) y g) adolecían de vacíos susceptibles de corregirse, a propósito de lo cual los representantes del Ejecutivo comprometieron su interés en efectuar los estudios pertinentes para sugerir una formulación orgánica al respecto.

Sometido a votación el artículo, se solicitó que se votaran por separado las letras c), f) y g). La letra c) fue aprobada por 5 votos a favor y 1 voto en contra. La letra f) fue aprobada por 4 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención y la letra g) fue aprobada por 5 votos a favor y 1 voto en contra. En consecuencia, el resto del artículo 71 fue aprobado en forma unánime.

En el artículo 72 se define el presupuesto del Gobierno Regional y se señalan las normas por las que se regirá.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra. En el artículo 73 se define el FNDR como un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Se establece, también, que se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley de Presupuestos y que su distribución se realizará mediante asignación de cuotas regionales.

En su inciso segundo, se establece que la Ley de Presupuestos de cada año, podrá precisar los rubros de gastos que no se entenderán comprendidos en los ámbitos de infraestructura social y económica de la región, para los efectos previstos en el inciso precedente.

El Diputado Palma, don Andrés, formuló una indicación para suprimir el inciso segundo, la que fue aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

Puesto en votación este artículo fue aprobado en forma unánime.

En el artículo 74 relativo a la distribución del 90% del FNDR entre regiones fue aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra, luego de debatirse numerosas indicaciones que se consignan en el párrafo CONSTANCIAS de este informe.

El artículo 75 sobre la distribución del 10% restante del FNDR fue aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

El artículo 76 referente a los ingresos propios que genere el Gobierno Regional y los recursos que por ley o por convenio se destinen a una o más regiones fue aprobado por unanimidad.

El artículo 77 relativo a los proyectos de inversión, estudios y programas que indica fue aprobado en forma unánime.

El artículo 78 que contempla la inclusión de los ítemes de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional en la Ley de Presupuestos fue aprobado por 7 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención.

El artículo 100 relativo a la estructura administrativa que asesorará al intendente fue aprobado por 7 votos a favor y una abstención.

La disposición cuarta transitoria faculta al Presidente de la República para establecer la organización interna y fijar las plantas de personal de los Gobiernos Regionales.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 6 votos a favor y una abstención. La disposición sexta transitoria dispone que los bienes que indica deberán entenderse transferidos a las entidades públicas que no sean fiscales a las cuales estén asignados.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra.

CONSTANCIAS

1.- Indicaciones rechazadas:

Del Diputado Ringeling, don Federico, para sustituir, en el artículo 24 inciso segundo, la frase que va a continuación de la palabra “insistiere”, por la siguiente: “en su proposición por la mayoría absoluta del total de sus miembros”.

Del Ejecutivo para reponer en el artículo 65 (68) como frase final, después de punto seguido (.), la siguiente oración: “No obstante, no podrán, en caso alguno, contratar empréstitos.”.

Del Diputado Devaud, don Mario, para eliminar en el artículo 71 letra c), la frase que comienza con “y sólo podrá ser rebajado...” hasta “... artículo 34;”.

De los Diputados Devaud, Elizalde y Palma, don Andrés, para eliminar en la letra g), del artículo 71, las expresiones “o parcial”.

Del Diputado Palma, don Andrés, para suprimir en el artículo 74 letra b), la expresión “y su distancia respecto a la Región Metropolitana”.

Del Diputado Montes, don Carlos, para sustituir en el artículo 74, su inciso primero por el siguiente:

“La distribución del 90% del FNDR entre regiones se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos, y se efectuará teniendo en cuenta el número de habitantes y las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación con el contexto nacional. Para estos efectos se considerarán...”.

Del Diputado Elizalde, don Ramón, para eliminar, en el artículo 74, en su inciso primero desde la oración “Para estos efectos...” hasta el inciso segundo, inclusive.

Del Diputado Devaud, don Mario, para suprimir, en el artículo 76, la frase “Los ingresos propios del gobierno regional y”.

Del Diputado Ringeling, don Federico:

- para reemplazar el artículo 77, por el siguiente:

“Todos los proyectos de inversión, estudios y programas que se sometan a la consideración del gobierno regional para su aprobación y priorización, deberán contar con un informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, en su caso, el que estará fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad.

El Ministerio de Planificación y Cooperación establecerá para las distintas regiones y por áreas de inversión, rentabilidades mínimas para los proyectos de inversión que postulen a financiamiento y sobre esa base podrán ser aprobados y priorizados por el gobierno regional.

En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo, conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.”.

- para eliminar el inciso cuarto del artículo 78.

2.- Indicaciones declaradas inadmisibles:

Del Diputado Ringeling, don Federico:

- para eliminar, en el artículo 24 inciso primero, la conjunción “y” en las letras b) y d), agregando las palabras “y e)”, a continuación de la letra d).

- para eliminar, en el artículo 34 letra F entre las palabras “Aprobar” y “la”, la frase “sobre la base de la proposición del intendente”;

- para eliminar los artículos 46 al 58, ambos incluidos.

Del Diputado Horvath, don Antonio, para agregar, en el artículo 57, entre los vocablos “desconcentrarán” y “territorialmente”, las siguientes palabras: “o descentralizarán según corresponda”.

Del mismo señor Diputado para agregar el siguiente inciso segundo, en el artículo 57:

“Para los efectos de este artículo las Secretarías Regionales Ministeriales y los Servicios Regionales de su dependencia tendrán procedimientos de calificación y contratación del personal en el nivel regional. Del mismo modo tendrán plantas y organigramas definidos en el nivel regional. Los vistos buenos y otros requerimientos por parte del nivel central que limiten las facultades otorgadas al nivel regional serán sólo mecanismos de excepción y debidamente fundamentados.”.

De los Diputados señores Cantero, García, don José, Mekis y Ulloa, para agregar a la letra c) del artículo 72, el siguiente inciso segundo:

“En todo caso el calendario de formulación del presupuesto del sector público a que se refiere el decreto ley N° 1.263, de 1975, contemplará una etapa de evaluación y discusión, entre el nivel central y cada una de las regiones, respecto del proyecto de presupuesto propuesto en conformidad a esta letra. Para estos efectos cada año los Consejos Regionales designarán a uno de sus integrantes para que los representen en ella.”.

De los Diputados señores Palma, don Andrés y Yunge, para reponer la indicación de los Diputados Caraball, señora Eliana, Aylwin, Cornejo, Elizalde, Espina, Estévez, Hamuy, Leay, Martínez, Rojo, Rojos, Schaulsohn y Velasco, declarada inadmisible en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, que está contenida en las páginas 36 a 38 del segundo informe de dicha Comisión.

Del Diputado Elizalde, don Ramón, para agregar, en el artículo 75 letra b), a continuación de las expresiones “gobiernos regionales.”, cambiando el punto (.) por una coma (,), lo siguiente: “sin perjuicio de lo anterior, en estos casos los proyectos se eximirán de los trámites de recomendación técnica y económica y de propuesta pública.”.

Sala de la Comisión, a 30 de abril de 1992.

Acordado en sesiones de fechas 28 y 29 de abril de 1992, con la asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Presidente) (Ulloa, don Jorge); Arancibia, don Armando (Montes, don Carlos); Cantero, don Carlos; Devaud, don Mario; Estévez, don Jaime (Martínez, don Juan) (Montes, don Carlos); García, don José; Ortega, don Eugenio; Palma, don Andrés; Ramírez, don Gustavo (Carrasco, don Baldemar) (Elizalde, don Ramón); Sabag, don Hosain y Sota, don Vicente.

Se designó Diputado informante al señor Palma, don Andrés.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión”.

NORMATIVA SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL. Primer trámite constitucional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley sobre Gobierno y Administración Regional, cuyos segundos informes ya fueron evacuados por las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 589-06 figura en el número 4 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior es el señor Ramón Elizalde; don Andrés Palma continúa como Diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor Ministro del Interior se ha excusado de asistir a la presente sesión por motivos propios de su Cartera.

Se encuentra presente el Ministro Secretario General de Gobierno, quien ha pedido autorización para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario de Desarrollo Regional subrogante, don Sergio Galilea.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Un señor DIPUTADO.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

Sobre este proyecto, debo informar que, reglamentariamente, una serie de artículos debieran ser declarados aprobados en forma reglamentaria, pero como, en su mayoría, requieren del voto favorable de 68 parlamentarios, propongo comenzar la discusión del proyecto, y efectuar ese trámite en el momento oportuno.

En segundo lugar, los Comités acordaron por unanimidad lo siguiente:

En primer lugar, que las indicaciones no renovadas y rechazadas en la Comisión, se entiendan rechazadas y, por tanto, no sea necesario votarlas.

En segundo lugar -esto es lo más importante, por lo cual pediría a los parlamentarios tomen nota de ello-, dividir la discusión del proyecto en siete bloques de artículos, según los temas principales. Serían los siguientes:

Primer bloque: Gobierno Regional (artículos 1° al 12).

Segundo bloque: Atribuciones del gobierno regional (artículos 13 al 20).

Tercer bloque: Órganos del gobierno regional (artículos 21 al 58).

Cuarto bloque: Capítulos IV y V, sobre asociaciones regionales (artículos 59 al 69).

Quinto bloque: Patrimonio y presupuesto (artículos 70 al 79).

Sexto bloque: Sistema electoral (artículos 80 al 96).

Séptimo bloque: Comprende los artículos transitorios.

La idea es no discutir artículo por artículo sino bloque por bloque, pero, una vez cerrado el debate, votar artículo por artículo, salvo cuando existan problemas de admisibilidad o inadmisibilidad, o asuntos de esa naturaleza.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor CARRASCO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, en general, estamos de acuerdo con su proposición, siempre que exista la posibilidad de discutir algunos artículos en particular.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso requeriría el acuerdo unánime de la Sala.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, en la discusión en bloque, algunos de los artículos en particular pueden provocar discusión. Lo lógico es analizar en particular cada artículo. Es solamente un procedimiento para normar el debate y proceder eficientemente a la votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bueno, sigamos ese camino y si vemos que la situación no funciona en la dirección prevista, cambiamos. No se trata de ser tan rígidos, pero con el sistema general, de acuerdo con el Reglamento, podemos estar debatiendo un máximo de 21 horas, o sea, hasta mañana a las ocho y media de la mañana, más o menos.

El señor ORTEGA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, hay artículos que se aprobaron unánimemente, tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la de Hacienda. Esos preceptos estarían aprobados. ¿Hay acuerdo de los Comités al respecto?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si se acepta el criterio de discutir por bloques, como esos artículos están incluidos en ellos, si algún parlamentario desea referirse a alguno, puede hacerlo; pero después, al momento de votar, no se discuten.

El señor ORTEGA.-

Entiendo que el método de los bloques no se refiere a aquellos artículos que, por no haber sido objeto de indicación, quedan aprobados en forma reglamentaria, por lo cual el debate queda reducido a los artículos donde están nuestras diferencias. De esa manera, se acorta la discusión a muy pocos artículos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso esperamos.

Corresponde iniciar la discusión del primer bloque, es decir, de los artículos 1° al 12. Hago presente que los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11 se encuentran reglamentariamente aprobados.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, ¿no hay Diputado informante?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado informante es el señor Elizalde.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el procedimiento indicado por la Mesa me parece el más adecuado, porque este proyecto tiene 101 artículos permanentes y 7 transitorios. De hecho, creo que sería preferible también ir informando, brevemente, bloque por bloque.

Respecto del primero, estarían reglamentariamente aprobados los artículos 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 12. Se introdujeron indicaciones en los artículos 1° al 6°, algunas de carácter eminentemente formal, de redacción, y otras que entran en materias más sustantivas, en lo que dice relación con el gobierno regional. Se entiende como tal al intendente, en su calidad de representante natural e inmediato del Presidente de la República, y a los gobernadores, como entes desconcentrados del intendente.

Las indicaciones más relevantes se refieren a la letra a), cuyo texto fue aprobado por unanimidad, y debería acogerse en igual forma. Todas fueron aprobadas en forma unánime y sólo algunas fueron rechazadas, en términos generales, porque entraban en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

De manera que, en términos generales, los primeros dos artículos deberíamos aprobarlos, por cuanto definen al gobierno regional, las facultades y atribuciones del intendente, como organismo desconcentrado del Presidente de la República, y a los gobernadores.

Es cuanto puedo informar respecto del primer bloque.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, don Andrés Palma, sobre el primer bloque.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, pienso que es preferible entregar el informe completo.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor DEVAUD.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, ante la ausencia del Diputado Palma, se ha acordado que yo dé a conocer el informe; pero, teniendo en cuenta la división del articulado, lo que corresponde a Hacienda, principalmente, es el bloque V, relativo a patrimonio y presupuesto. A su vez, hay algunas incidencias relacionadas con la forma del gobierno regional. Por lo tanto, preferiría informar de la manera convenida en la Comisión, por cuanto lo fundamental de nuestro informe corresponde al financiamiento del proyecto.

No podemos hacer la división como se sugiere por la Mesa, porque la materia mencionada es la sustantiva del proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien, señor Diputado. Puede entregar su informe completo.

El señor DEVAUD.-

Gracias.

El señor CANTERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, pienso que sería mucho más lógico y razonable hacer una exposición completa del informe de la Comisión, pues quienes han estado participando en las Comisiones de Hacienda y de Gobierno Interior saben perfectamente cómo enfrentar el tema bloque por bloque. De manera que me parece lo más adecuado dar a conocer el informe completo, porque todo está íntimamente vinculado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, así se hará.

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde para completar su informe.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el segundo bloque trata de la "Naturaleza y Objetivos del Gobierno Regional y Atribuciones", y comprende desde el artículo 13 al 20.

El artículo 16 fue objeto de una indicación presentada por los Diputados señora Caraball y señores Elizalde, Ortega y Elgueta, a fin de establecer que las resoluciones que se señalan estarán afectas al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República y, además, se publicarán en el Diario Oficial, atendida la trascendencia de las mismas.

Asimismo, se incorporaron dos nuevas letras -g) y h-) a proposición del Ejecutivo.

Respecto del artículo 17, el Ejecutivo presentó tres indicaciones, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

En los mismos términos, se acogieron las formuladas a la letra c) del artículo 18 y a las letras b) y c) del artículo 19.

La mayoría de las indicaciones al artículo 20 provienen del Ejecutivo, excepto la de la letra d), aprobada por unanimidad, mediante la cual se da mayor injerencia a los gobiernos regionales en los programas y proyectos de desarrollo de incidencia regional.

En este mismo bloque de artículos se rechazaron las indicaciones a los artículos 16 y 17 del señor Coloma, 18, una del señor Coloma y otra de los señores Bartolucci y Hamuy; al 19, del señor Coloma, y al 20, del Ejecutivo.

En este bloque no hubo ningún artículo declarado inconstitucional.

En cuanto al bloque sobre los órganos del gobierno regional, que comprende los artículos 21 al 58, en el cual se fijan primero las atribuciones del intendente y luego las del Consejo, se presentaron innumerables indicaciones.

Al artículo 23, una del Ejecutivo, que hace extensiva la facultad que en él se señala a los recursos propios del gobierno regional.

La segunda, también del Ejecutivo, para incorporar una facultad nueva a los gobiernos regionales, consistente en el nombramiento y remoción de los funcionarios de exclusiva confianza.

La tercera, de la señora Caraball y de los señores Elgueta y Elizalde, para reemplazar la letra n) en términos de armonizar su texto con lo dispuesto en la letra d) del artículo 20.

La cuarta, del Ejecutivo, también con el propósito de armonizar textos.

La quinta, del Ejecutivo, para agregar un inciso final nuevo, aprobada por simple mayoría, que acota el actuar del intendente si se trata de la distribución a que alude la letra e) del inciso anterior.

El artículo 24 fue objeto de una indicación, del Ejecutivo, por la cual se limita el rol que le corresponde ejercer al Consejo Regional en la aprobación o modificación de las materias consultadas en las letras b) y d) del artículo precedente.

En el artículo 34, se acogieron dos indicaciones del Ejecutivo, aprobadas por unanimidad, y una sustitutiva, presentada por la Diputada señora Caraball y los Diputados señores Aguiló, Bombal, Cantero, Elgueta, Elizalde y Ortega, que señala que la fiscalización en el desempeño de las funciones del intendente, en su carácter de órgano ejecutivo del gobierno regional, la debe llevar a cabo dentro del ámbito de la competencia del Consejo.

Se incorpora una nueva letra g), mediante indicación del Ejecutivo, que consagra una facultad adicional a las ya establecidas para el Consejo Regional, cual es la de manifestar su parecer sobre las proposiciones de cambios en la división política y administrativa de la región, eventualmente formuladas por el gobierno nacional. Esto no venía incluido y, naturalmente, permitirá que el Consejo pueda expresar su opinión respecto de los cambios de la división política y administrativa de la zona.

El artículo 35 fue objeto de una indicación suscrita por el señor Cantero, aprobada por unanimidad, a fin de establecer que las sesiones ordinarias y extraordinarias que el Consejo lleve a efecto serán públicas, y que, en caso de que así lo disponga el porcentaje de consejeros que se indica, por los temas a tratar, sean secretas; asimismo, la forma de efectuar la convocatoria la determinará el reglamento.

En el artículo 37, se presentó una indicación del Ejecutivo, cuyo propósito es complementar esta norma en orden a otorgar derecho a pasajes y viáticos a los consejeros, en las condiciones que se menciona.

En el artículo 39, se aprobó una indicación del Ejecutivo, por la cual se consulta la facultad de recurrir al Tribunal Electoral correspondiente respecto de las resoluciones adoptadas por el Consejo.

En el artículo 40, el Ejecutivo presentó una indicación, aprobada por unanimidad, por la cual el artículo 93 del texto aprobado anteriormente por la Comisión pasó a ocupar el primer lugar, por razones de técnica jurídica.

El artículo 44 tuvo el siguiente tratamiento por la Comisión: en el N° 2, letra b), se presentaron sendas indicaciones.

La primera, del Ejecutivo, complementada por otra de la Comisión, para consultar a los vicerrectores de las universidades como alternativa para ocupar un cargo en el Consejo Económico y Social Provincial, por derecho propio, y donde no existan, incorporar a los rectores de los institutos profesionales.

En la letra b), se aprobó otra indicación para incluir como miembros del Consejo Económico y Social Provincial, por derecho propio, a tres representantes de los Colegios Profesionales de la provincia.

Al artículo 55, se formuló una indicación del Ejecutivo para eliminar el término "seis" y no determinar el número de consejeros que deberá regir cada estamento.

Al artículo 57 otorga mayor pertinencia su redacción.

En los artículos 60, 63 y 65 también se aprobó una indicación que suprime la limitante establecida para las asociaciones regionales en cuanto a contratar empréstitos. Al respecto, debo informar que se produjo un largo debate, ya que la norma constitucional da la posibilidad de que en esta materia las asociaciones regionales, se rijan por las normas aplicables a los particulares, de modo que la limitante que se proponía el Ejecutivo podría ser inconstitucional.

En el artículo 68, el Ejecutivo presentó indicaciones a su letra f), de carácter meramente formal, para precisar que los bienes que conforman el patrimonio del gobierno regional pueden ser objeto de permisos, concesiones y administración, ateniéndose a la disposición contenida en la ley N° 18.803; y a su letra h), para aclarar que determinados bienes pueden mantenerse en el patrimonio del gobierno regional, siempre y cuando éste lo requiera dentro del plazo y modalidades que se establecen.

Uno de los temas más difíciles y conflictivos que debió enfrentar la Comisión es el relacionado con el patrimonio y sistema presupuestario; gran cantidad de indicaciones fueron declaradas inconstitucionales por su Presidente. Se referían al Fondo de Desarrollo Regional y su distribución; algunas serán sometidas a discusión en su momento.

Con posterioridad, en los artículos 80 al 96, se aplicó el criterio sustentado por el Ejecutivo de que todo lo relacionado con modificaciones al sistema electoral no debía mantenerse a firme y ser materia de discusión, tanto en la Comisión como en la Sala. Se presentaron indicaciones sustitutivas para que con el sistema electoral no sólo se contemple la eventual presentación de candidatura de uno o más concejales, sino también se posibilite a los electores que hayan participado en el proceso inmediatamente anterior en la elección municipal, a lo menos, con un cinco por ciento de los electores de la provinciala incorporación o postulación de terceras personas.

Se presentó indicación en el mismo sentido para que existan inscripciones, tanto individuales como en listas; y finalmente, se fijó un procedimiento para determinar su elección de acuerdo con la proporcionalidad que entreguen las diferentes listas.

Por último, los artículos transitorios dicen relación con la facultad que se entrega al Presidente de la República para fijar las plantas, incorporar al personal que eventualmente se desempeñe en el Servicio y transferir bienes que hayan sido construidos con recursos del Fondo de Desarrollo Regional.

En todo caso, el proyecto contiene artículos de rango orgánico constitucional y de quorum calificado en la parte relativa al Título I.

A la Comisión de Hacienda se remitieron los artículos 19, 23, 37, 42, 67, 68, 69, 70, 71, 74 y 75.

Es cuanto puedo informar.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda pasa a emitir el segundo informe relativo al proyecto de ley sobre Gobierno y Administración Regional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Fueron puestas en conocimiento de la Comisión en este trámite para su especial pronunciamiento, los artículos 19, 23, 37, 42 -nuevo-, 67 -actual 70-, 68 -actual 71-, 69 -actual 72-, 70 -actual 73-, 71 -actual 74-, 74 -actual 77-, 75 -actual 78-, 100 -nuevo- y las disposiciones cuarta y sexta transitoria.

Sin embargo, la Comisión de Hacienda, en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo 219 del Reglamento de la Corporación, acordó tomar conocimiento también del inciso primero del artículo 24, de la letra f) del artículo 34 y de los artículos 68, 69, 75 y 76.

En relación con la discusión particular del articulado propuesto por la Comisión técnica, cabe consignar los siguientes aspectos:

En la letra c) del artículo 19 se faculta al gobierno regional para determinar la factibilidad de los proyectos de inversión, considerando aspectos ambientales y sociales. La Comisión de Hacienda acordó aprobarla por la unanimidad de sus miembros.

En relación con la letra e) y el inciso final del artículo 23, que establece las funciones del intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, postulándose que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región y de los demás que indica deberán distribuirse según variables e indicadores objetivos de carácter intrarregional, se debatió extensamente en la Comisión tanto la dificultad de obtener una mayor precisión respecto de los indicadores objetivos y de su eventual inclusión en normas de carácter reglamentario, como la operatividad del banco de proyectos en el ámbito regional.

La letra e) referida anteriormente fue aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones, y el inciso final del artículo 23, agregado que se hizo en el segundo informe, se aprobó por 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Al inciso primero del artículo 24, que limita el papel del consejo regional a la aprobación o modificación de las materias consultadas en las letras b) y d) del artículo precedente -el 23-, el Ejecutivo formuló indicación para sustituir la expresión "señaladas en las letras b) y d)", por la siguiente: "Y proposiciones señaladas en las letras b), d) y e).". Obviamente, se entiende que es una extensión de las facultades del gobierno regional. El artículo con la indicación precedente se aprobó por unanimidad.

En la letra f) del artículo 34, -que la Comisión de Hacienda pidió conocer expresamente-, relativo a la aprobación por parte del consejo regional de la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y demás recursos que indica, aprobó por unanimidad indicación del Diputado Devaud, para agregar, a continuación de la palabra "regional", la frase: "y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 19, N2 20, de la Constitución Política de la República;". En realidad, se trata de una simple concordancia con el artículo 23, letra e), en cuanto el intendente contaba con esta facultad y el consejo regional no la tenía correlativamente.

En el artículo 37 la Comisión técnica agregó el derecho a pasajes y viáticos de los consejeros en las condiciones que indica.

Vale la pena destacar que es una reiteración de la ley vigente, relativa a los consejos regionales de desarrollo; pareció adecuado mantener el principio categórico establecido en una ley anterior, que es útil para los futuros consejeros regionales. De manera que la Comisión de Hacienda lo aprobó por la unanimidad de sus miembros.

En el artículo 42 se establece que el consejo regional dispondrá de una secretaría para asesorarlo en el desempeño de sus funciones. En una transcripción o reproducción de la ley anterior, relativa a los consejos regionales de desarrollo. Fue aprobado por 6 votos a favor y 1 abstención.

En el artículo 68, que enumera ciertas reglas aplicables a las asociaciones o entidades regionales, el Ejecutivo formuló indicación para reponer la siguiente frase final, después del punto seguido (.): "No obstante, no podrán, en caso alguno, contratar empréstitos.". La Comisión debatió su constitucionalidad y conveniencia y sostuvo al respecto dos tesis.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Su Señoría ¿me permite?. El Diputado señor Ringeling le pide una interrupción. ¿Sería posible?

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, no sé si cuando se está informando reglamentariamente procede que se concedan interrupciones. Si usted lo tiene a bien y decide aplicar una costumbre distinta a la que se estima en la Cámara, hágalo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Procede. Es para aclarar un punto.

El señor DEVAUD.-

De acuerdo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, es para pedirle que aplique el Reglamento en el caso del Diputado informante y le solicito que vista la chaqueta del temo; no importa que se mantenga con ese chaleco rojo. Asimismo, que, en lo posible, vaya más rápido, porque tenemos tiempo limitado para tratar el proyecto.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero eso no tiene que ver con el tema.

Un señor DIPUTADO.-

Además, no es de Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa con el uso de la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, puedo acceder a la primera petición del Diputado señor Ringeling, por cuanto es reglamentaria. Acepto la proposición; efectivamente, me vestiré en forma para seguir rindiendo el informe.

En cuanto a la segunda petición, de acelerar el informe a su conveniencia, lamento decirle que no puedo hacerlo, porque estoy reemplazando al Diputado informante y necesito tiempo para relacionar las cosas.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, entonces, si usted lo tiene a bien y no acepta otras interrupciones de esta naturaleza, continuaré con el informe.

Uno de los aspectos más discutibles de todo el proyecto de gobierno regional está en el artículo 68, contenido en el Capítulo V, referido a las asociaciones regionales. Se discutió la validez, conveniencia y constitucionalidad de la indicación del Ejecutivo para reponer una limitación a las asociaciones regionales, compuestas por instituciones de derecho público -como es el gobierno regional-, y personas naturales y jurídicas de derecho privado, en cuanto a que no podrán contratar empréstitos para las finalidades que se señalan.

Como decía, la Comisión debatió la constitucionalidad, y conveniencia de esta indicación y sostuvo dos tesis opuestas sobre el primer aspecto.

Se enfatizó en el inciso cuarto del artículo 107 de la Constitución Política, que regula la asociación entre municipalidades para el cumplimiento de sus fines propios y la constitución de entidades de derecho privado sin fines de lucro, donde la participación del ente comunal está regida por la ley orgánica constitucional respectiva. Se hizo referencia a esto.

Por otra parte, el artículo 104 de la Constitución Política, en su inciso quinto, permite que la ley autorice a los gobiernos regionales a asociarse con personas naturales o jurídicas, a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional, entidades que se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares. En este caso, el constituyente no dispone que se apliquen las normas orgánicas constitucionales relativas a los gobiernos regionales, por ello, sería improcedente prohibirles a estas asociaciones que contraten empréstitos. Una norma tan restrictiva, haría inviable el cumplimiento de la facultad constitucional.

Hago presente a la Sala que éste es uno de los temas que será motivo central de la discusión de hoy, razón por la cual me extiendo en su explicación.

En oposición a lo anterior, se argumentó que en el análisis favorable a la inadmisibilidad de la indicación se habría omitido considerar lo dispuesto en el inciso final del artículo 104 de la Constitución Política de la República, que precisa que lo establecido en el inciso quinto es sin perjuicio de lo prescrito en el número 21 del artículo 19 del texto constitucional. En efecto, esta última disposición se remite a actividades empresariales, sin distinguir si se trata de actividades con o sin fines de lucro. Además, preceptúa que el gobierno regional es un organismo del Estado, que no puede comprometer su patrimonio sin una autorización especial.

Sometida a votación la declaratoria de inadmisibilidad, tres señores Diputados estuvieron a favor cuatro en contra y tres se abstuvieron.

La indicación fue rechazada por 4 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 5 votos a favor y 1 abstención.

En relación con el artículo 69, que se refiere a los convenios que celebren los gobiernos regionales para crear las asociaciones regionales, se discutió la prohibición de contratar empréstitos señalada en la última frase de la letra b), que dice: "En ningún caso tal financiamiento podrá contemplar la contratación de empréstitos". Se dieron argumentos en pro y en contra de su mantención similares a los formulados a propósito del artículo anterior.

Solicitada votación separada en esta disposición, la frase última se aprobó por 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. El resto del artículo fue aprobado por unanimidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

Solicito la autorización de la Cámara para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Desarrollo Regional subrogante, don Sergio Galilea.

Acordado.

Puede continuar Su Señoría.

El señor DEVAUD.-

Gracias, señor Presidente.

El artículo 70 especifica la composición del patrimonio del gobierno regional. Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

Sin embargo, el artículo 71, que establece normas sobre el régimen de bienes de los gobiernos regionales fue objeto de un pormenorizado y extenso debate.

Algunos señores Diputados hicieron presente que las letras c), f) y g) adolecían de vacíos susceptibles de corregirse, a propósito de lo cual los representantes del Ejecutivo comprometieron su interés en efectuar los estudios pertinentes para sugerir una formulación orgánica al respecto.

Esta disposición también será debatida intensamente por los parlamentarios, por eso, me detendré en el análisis de su contenido. El artículo 71 propuesto en el proyecto de ley es absolutamente contradictorio, ya que deroga en forma tácita el decreto ley N° 1.939, relativo a las normas sobre adquisición y disposición de bienes del Estado.

Se solicitó votación separada de las letras c), f) y g). La letra c), que prescribe que los bienes inmuebles del gobierno regional "sólo podrán ser enajenados, gravados, entregados en comodato o arrendados, en caso de necesidad o utilidad manifiesta.", fue objetada por la imprecisión jurídica, desde el punto de vista del derecho público, en la descripción de "necesidad o utilidad manifiesta". Finalmente, fue aprobada por 5 votos a favor y 1 en contra.

La letra f) dispone que el dominio de los bienes inventariabas, o sea, físicos, muebles o inmuebles "que se adquieran o construyan con recursos del fondo nacional de desarrollo regional se entenderá transferido a las entidades encargadas de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, sean públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública. Es decir, establece un título de transferencia: la asignación del intendente, mediante el simple expediente de una resolución administrativa, cuya copia autorizada permite la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

En todo caso, la transferencia de inmuebles a entidades privadas sin fines de lucro está sujeta a la condición resolutoria de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública.

Esta letra fue aprobada por 4 votos a favor; 1 en contra y 1 abstención.

La letra g) del artículo 71 indica que el gobierno regional podrá transferir el dominio de bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública, mediante convenios directos que contemplen mecanismos de aporte reembolsable u otro sistema que implique la recuperación total o parcial de la inversión efectuada.

Se objetó esta disposición porque no distingue si las empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública -a las cuales se les podrá transferir el dominio de los inmuebles indicados- son con o sin fines de lucro y porque resulta difícil entender que el gobierno regional no tendrá la posibilidad de recuperar, ni siquiera por la vía de los valores nominales, la totalidad del costo de la inversión y debe entregarlos en forma subsidiadas a esas empresas privadas. Es un tema para el debate posterior y, naturalmente, una norma de esta naturaleza no pudo ser aprobada por la unanimidad de* la Comisión, sino que por mayoría.

El artículo 72 define el presupuesto del gobierno regional y señala las normas por las que se rige, en especial por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 7 votos a favor y 1 en contra.

El artículo 73 define el fondo nacional de desarrollo regional como un "programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región".

Al respecto, el tema que cruzó la Comisión de Hacienda, con distintas percepciones en cuanto a su contenido y finalidad es si se trata, en realidad, de un fondo de desarrollo regional o de compensación territorial.

En su inciso segundo establecía que la Ley de Presupuestos de cada año deberá precisar "los rubros de gastos que, para estos efectos, no se entenderán comprendidos en los ámbitos de infraestructura social y económica de la región".

Sin embargo, por indicación del Diputado señor Andrés Palma, aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones, se acordó suprimirlo. Por lo tanto, sólo quedó la definición estructural del fondo nacional de desarrollo regional, aprobada en forma unánime.

El artículo 74, relativo a la distribución del 90 por ciento del fondo nacional de desarrollo regional entre regiones, fue aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra, luego de debatirse numerosas indicaciones que se consignan en el párrafo "Constancias" del informe.

El artículo 75, sobre la distribución del 10 por ciento restante del FNDR, fue aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones. La disposición indica que un 5 por ciento se otorgará como estímulo a la eficiencia y el 5 por ciento restante constituirá un fondo especialísimo para gastos de emergencia, los que serán calificados por el Ministerio del Interior a solicitud de los gobiernos regionales.

El artículo 76, referente a los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenio se destinen a una o más regiones, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 77, relativo a los proyectos de inversión, estudios y programas, también fue aprobado en forma unánime.

El artículo 78, que señala que la Ley de Presupuestos incluirá uno o más ítemes de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución, fue aprobado por 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El artículo 100 -el nuevo artículo de que hablábamos-, relativo a la estructura administrativa que asesorará al intendente, fue aprobada por 7 votos a favor y 1 abstención. En lo sustancial, establece que el intendente contará con la siguiente estructura administrativa:

a)Una división jurídica, encargada de asesorar al intendente en materias de seguridad ciudadana, orden público, asistencia social, aplicación de normas sobre extranjería, y de asesorar jurídicamente en materias que requiera.

b)Una división de administración y finanzas, y

c)Una división de gestión y control, que estimamos importantísima, que colaborará en la elaboración del proyecto de presupuesto en lo relativo a la inversión del gobierno regional y en su seguimiento y control.

La disposición cuarta transitoria se refiere a una facultad que el Parlamento otorga al Presidente de la República, que fue modificada entre el primer y el segundo trámite. Se cambió "decretos supremos" por "decretos con fuerza de ley".

Para que el Presidente de la República establezca la organización interna y fije las plantas de personal de los gobiernos regionales.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por 6 votos a favor y 1 abstención.

La disposición sexta transitoria establece que el dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, adquiridos o construidos con recursos del fondo nacional de desarrollo regional, antes de la entrada en vigencia de esta ley, deberá entenderse transferido a las entidades públicas no fiscales a las cuales estén asignados. Este sí es un artículo discutible. Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 1 en contra.

En el informe están las constancias referidas a las indicaciones rechazadas y a las declaradas inadmisibles, que corresponde consignar, de acuerdo con el artículo 287 del Reglamento.

Dado que existe un informe escrito sobre las indicaciones rechazadas y sobre las declaradas inadmisibles, prefiero terminar aquí el informe y que los colegas interesados en revisarlas lo lean.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar los artículos que no han sido objeto de modificaciones y que se encuentran reglamentariamente aprobados.

Los artículos que están reglamentariamente aprobados, sin necesidad de votación, son los siguientes: 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11, y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, quinta y séptima.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, deseo plantear un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, lo que Su Señoría está haciendo en este momento es correcto, siempre que, primero, el tema se someta a discusión. Como estamos votando en bloque, primero debemos discutir sus artículos y, luego, votarlos en conjunto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, reglamentariamente estos artículos están aprobados pero, por tratarse de materias de ley orgánica constitucional, corresponde votarlos para que quede constancia de cuáles son.

Estos artículos son los siguientes: 13, 14, 15,21,22,25,26,27,28,30, 31,32, 33, 36, 38,46,48,49,50,52,53,54, 55,56, 57, 61, 63,64,67,69,75,79,80,81, 84,85, 87, 88, 89,90,91,92,93,94,95 y 98.

En votación.

Durante la votación:

El señor ELIZALDE.-

¿Y las disposiciones transitorias, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Están aprobadas reglamentariamente sin necesidad de votación.

Los artículos enunciados requieren de votación sólo porque son de ley orgánica constitucional. Dije con anterioridad que ya estaban aprobados, y sin necesidad de votación, los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11, y las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, quinta y séptima.

Para la aprobación de estos artículos se requiere el voto favorable de 68 señores Diputados.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobados los artículos indicados.

Corresponde, ahora, discutir el primer bloque, que comprende los artículos 1° al 12.

Sobre este primer bloque, que se refiere al intendente, al gobernador y a sus respectivas funciones y a las disposiciones comunes a Intendentes y Gobernadores, ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en realidad es una cuestión reglamentaria y como he incurrido en una omisión imperdonable, le pido me dé un par de minutos para rectificar.

Se trata de lo siguiente:

Para los efectos del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, nosotros tenemos la obligación de señalar los recursos reales y efectivos con los cuales se propone atender el gasto del proyecto, la incidencia que éste tiene en la economía del país. Así es que, si usted me permite, quiero que se consigne en el informe este pequeño detalle.

Los recursos efectivos con que se propone atender el gasto son, en primer lugar, los propios del patrimonio del gobierno regional, señalados en el artículo 70 del proyecto; los de su presupuesto, indicados en el artículo 72; los ingresos propios que genera dicho gobierno; los aportes consignados en la Ley de Presupuestos y los recursos a los que se refieren las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera.

La incidencia de las normas del proyecto en la economía del país, a juicio de la Comisión, es importante y positiva, ya que su aplicación implica un alto grado de autonomía financiera en las regiones, así como de independencia y de gestión en las inversiones regionales.

Con eso, se cumple reglamentariamente el informe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

Ofrezco la palabra sobre el primer bloque, que trata de los intendentes y gobernadores.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, este bloque de artículos precisa y determina las funciones de Gobierno Interior, las cuales residen en el Intendente, como ha sido históricamente.

La reforma constitucional, plasmada en el actual artículo 100 de la Carta Fundamental, estableció la diferencia entre el gobierno de cada región, que reside en un intendente, y la administración superior de cada región, que radicará en un gobierno regional.

Esta distinción no es nueva en la historia constitucional de nuestro país.

Don Jorge Huneeus, en su obra "La Constitución ante el Congreso", señalaba que había que distinguir estas dos expresiones: "El Gobierno -decía- comprende la dirección superior de los intereses generales del Estado, tanto en el interior como en el exterior; a la administración corresponde el cumplimiento regular de los servicios públicos destinados a concurrir a la ejecución del pensamiento del Gobierno i a la aplicación de las leyes de interés general. El gobierno representa la voluntad; la administración, la acción. Gobernar es dirigir, impulsar; administrar es obrar, ejecutar. La misión del Gobierno supone más inteligencia que actividad; la administración supone mas esto último que aquello.".

De esta manera, en este capítulo se precisa esta distinción, que nos parece importante para los efectos de la descentralización y la regionalización.

Un segundo aspecto en este bloque de preceptos es que en la Comisión, con la colega señora Eliana Caraball, propusimos una indicación, en el artículo 4°; letra i), para que quedara inserta en esta ley, en el caso de la vigilancia de bienes fiscales que corresponde al Intendente, "si el ocupante exhibe un título aparente de mera tenencia u ocupación, remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, informando a los Ministerios del Interior y de Bienes Nacionales. En el intertanto, se abstendrá de actuar.".

Como es sabido los bienes fiscales están definidos en el Código Civil como aquellos que pertenecen a la nación toda, pero cuyo uso no pertenece a todos los habitantes.

En consecuencia, si fueran ocupados estos bienes y el ocupante presentara un título aparente, el intendente deberá abstenerse de actuar para su restitución.

Esto se justifica plenamente, en primer lugar, por una cuestión histórica: porque en la Ley de Gobierno Interior, vigente en la actualidad, en el artículo 26, letra f), existe la misma idea. Y, en segundo lugar, porque es un problema de absoluta justicia, como sucede en tantos terrenos en el sur del país, especialmente, donde existen terrenos fiscales que son ocupados por terceros, los que se verían impedidos de defenderse frente a una decisión administrativa que los podría expulsar con el auxilio de la fuerza pública y, en consecuencia, estarían indefensos ante el ejercicio de esta atribución por parte del intendente.

Por tal razón, en caso de que haya título de mera tenencia u ocupación, se deben remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, e informar a los Ministerios del Interior y de Bienes Nacionales.

Por otra parte, este precepto también es de justicia porque se pueden provocar serias situaciones o conflictos sociales que podrían derivar en lesiones, en muertes o en otras situaciones, en que una sola autoridad administrativa podría decidir situaciones demasiado riesgosas, respecto de las cuales no se tienen todos los antecedentes a mano para actuar como si fuera un tribunal.

Por esas razones, en la letra i) del artículo 4°, la Comisión aprobó por unanimidad esta disposición, que, como he señalado, provenía del artículo 26, letra f) de la actual Ley de Gobierno Interior.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, sin perjuicio del acuerdo a que en general se ha llegado en muchos de los artículos creemos que algunos tienen deficiencias, razón por la cual presentaremos indicaciones para que la Sala tenga a bien considerarlas y, en lo posible, aprobarlas, dado que, por ser necesarias, mejorarán sustancialmente el proyecto.

Fundamentalmente, queremos referirnos, por ejemplo, a la letra c) del artículo 2°, que, precisamente acerca del intendente, -al igual que el gobernador- preceptúa que le corresponderá "Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;". Nosotros estimamos que esto constituye una contradicción respecto de los mandos de estas mismas fuerzas.

Por lo tanto, creemos indispensable reemplazar la primera parte por "Solicitar el auxilio de la fuerza pública".

De esa forma, estimamos que se mejora el precepto.

En relación con las funciones del gobernador, el artículo 52 le otorga la posibilidad de "designar delegados con atribuciones específicas para una o más localidades.".

En razón de ello, estimamos importante que los delegados, para ser tales, deban reunir los mismos requisitos que se exigen al gobernador, y no distintos, como figura en el proyecto. Por lo tanto, también presentaremos indicación al respecto, toda vez que, incluso, ni siquiera se limita cronológicamente la existencia de este delegado como tal.

Del mismo modo, hicimos ver la inconveniencia de instituir estos delegados, puesto que dicen relación con materias específicas, para las cuales existen también en las comunas los delegados municipales. Pero, sin perjuicio de ello, formularemos la indicación de que, objetivamente, el delegado, para ser tal, debe cumplir, necesariamente, con los mismos requisitos que el gobernador.

Señor Presidente, la UDI estima que, en general, en el resto de los artículos no hay mayor cuestión, y, en consecuencia, procederá a aprobarlos con las indicaciones y salvedades planteadas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, me da la impresión de que en el artículo 4°, letra i), a que hacía referencia el Diputado señor Elgueta, se podría suscitar una situación difícil en relación con las ocupaciones ilícitas de terrenos por grupos de personas, los que, valiéndose de "un título aparente de mera tenencia" -como dice la disposición-, tendiesen a justificar ocupaciones que, sin duda, no están fundadas en ningún título.

La mera tenencia es la que se ejerce sobre una cosa no como dueño sino que en lugar y en nombre del dueño.

En este caso, el acreedor prendario, el usufructuario, etcétera, son meros tenedores.

A su vez, el modo de adquirir el dominio por ocupación es difícil que se funde exclusivamente en un título aparente de mera tenencia, de suerte que habría que precisar si el título de mera tenencia u ocupación justificaría la ocupación ilegal, la irrupción en un terreno fiscal, cuando éste es sólo aparente. Probablemente, debió hacerse la salvedad de que este trámite o procedimiento previo ha de aplicarse bajo la condición de que no se estuviera frente a un caso de posesión violenta, definida por el artículo 710 del Código Civil como la que se adquiere por la fuerza, y ésta puede ser actual o inminente.

Tengo la impresión de que no se clarifica bien y podría ocurrir que, en definitiva, las ocupaciones de terrenos se fundaran solamente en títulos de grupos colectivos carentes de toda validez. Esta situación, naturalmente, generaría un problema extremadamente difícil al intendente regional, y para evitar que se vea expuesto a decidir sobre aquel, debiera precisarse mejor la norma.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, quiero hacer referencia a las proposiciones de votar favorablemente las indicaciones a la letra c) del artículo 2°, y al inciso segundo del artículo 5°, relativo a la designación de los delegados por parte del gobernador.

El gobernador, podrá designar un delegado con atribuciones específicas, en una o más localidades, "cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario", y se está preceptuando que a dicho delegado se le exijan los mismos requisitos que al gobernador. Pero aquí estamos diciendo que, fundamentalmente en aquellos lugares alejados, que territorialmente sean de difícil acceso -donde tampoco existan, eventualmente, ni siquiera alcaldes cercanos, por cuanto configuran comunas muy grandes- y, en consecuencia, en localidades aisladas, allí, se deban reunir los mismos requisitos que se exigen al gobernador. Me parece que eso, es una limitante de tal naturaleza que impedirá que asuma un delegado porque, en la práctica, no habrá personas en esos sectores con las características que se exigen al gobernador.

Por ese motivo votamos negativamente esa materia en la Comisión, y también lo haremos en esta oportunidad.

En cuanto a sustituir la expresión "disponer de la fuerza pública" por "solicitar el auxilio de la fuerza pública", por parte del intendente o el gobernador, la ley orgánica de las mismas instituciones establece exactamente "disponer", de tal manera que no veo por qué en este texto se tenga que modificar algo que ya está claramente consagrado.

Por ese motivo votaremos en términos negativos, esas indicaciones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, en este bloque de artículos que estudiamos, quiero hacer referencia a dos aspectos.

En primer lugar, a la materia relacionada con el gobernador.

Pensamos, y lo dijimos en la Comisión -lamentablemente no fue acogido-, que el gobernador debía ser integrante del Consejo Regional sin derecho a voto; pero que debía tener presencia en él porque representa a la provincia, parte importante de la región, cuyos problemas podrá plantear.

Como digo, lamentablemente esta indicación no fue acogida y el Consejo Regional, que decidirá, en parte, el futuro de una región, quedará sin una voz autorizada, como es la del gobernador.

En segundo lugar, quiero referirme a la facultad del gobernador para designar a los delegados.

La verdad es que en la Comisión no pudimos configurar el carácter, la fisonomía del delegado que necesitan los pueblos pequeños de nuestro país, y allí quedó una figura que yo catálogo de bastante débil, porque, en el fondo, carece de atribuciones, ni tiene los recursos ni los medios necesarios para hacerse cargo de la función tan importante de representar al gobernador en todos los problemas que se suscitan en las localidades chicas, donde normalmente no hay absolutamente ninguna autoridad para solucionarlos o, por lo menos, para cuidar los bienes del Estado. Solamente se le exigen requisitos al delegado, pero no se le proporciona ningún medio para cumplir su cometido. Se le nombra por períodos determinados, como si los problemas de esos pequeños pueblos pudieran desaparecer en un breve tiempo. Nosotros creemos que el delegado de esos pueblos debe ser una autoridad que, en representación del gobernador, tenga, ojalá, un carácter permanente; que disponga, por lo menos, de los recursos necesarios para trasladarse y recorrer el lugar que se le ha asignado, y que, por lo menos, tenga derecho a los viáticos necesarios para asumir su responsabilidad.

Lamentablemente, nada de esto quedó en la ley, y, por lo tanto, esta persona que debiera jugar un papel importante en los pequeños pueblos de nuestro país, será una pálida figura del gobierno regional.

De ahí entonces que solicitamos al señor Ministro que el Senado se estudie con mayor detención la figura del delegado, porque creemos que es fundamental que cuente con algunas condiciones necesarias para poder cumplir su función en esos pequeños pueblos donde no hay nadie que se haga responsable del Gobierno. Creemos -repito- que debe recibir las atribuciones indispensables y, por lo menos, los viáticos y el medio de transporte necesarios para reemplazar con eficiencia al gobernador.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, con relación a lo manifestado por el Diputado señor Carrasco, nosotros miraríamos con buena voluntad la posibilidad de estudiar en el Senado, sobre todo, los aspectos relativos a viáticos, a viajes y a la operación del delegado.

Pero he pedido la palabra para referirme al cuestionamiento del artículo 2°, letra c), del proyecto, que señala, entre otras facultades del intendente: "Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;". Quiero dejar sentado aquí el criterio del Ejecutivo en el siguiente sentido:

Las normas en vigor y la tradición jurídica del país avalan tal disposición. Esta potestad del intendente existe y se ha ejercido en conformidad a las normas del decreto con fuerza de ley N° 22, de 1959, que dispone:

"Artículo 34.- Los Intendentes y Gobernadores podrán decretar el auxilio de la fuerza pública, en los casos de oposición o resistencia al cumplimiento de las órdenes ó resoluciones de carácter ejecutivo que dicten en el uso de sus atribuciones.".

"Artículo 45.- Es deber de los intendentes y gobernadores velar por la integridad del territorio de su jurisdicción y mantener la paz y el orden público.

"En los casos de invasión o violación del territorio deberán dar cuenta en el acto, al Ministro del Interior o al Presidente de la República. Si se produjere alteración del orden público, deberán adoptar de inmediato las medidas necesarias para restablecerlo, informando al Ministro del Interior. Cuando se haga uso de la fuerza pública, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128° del Código Penal.

"Sin perjuicio de las demás medidas de orden legal, si se paralizan o interrumpen servicios públicos o de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio, o empresas o industrias productoras o elaboradoras de mercaderías esenciales para el abastecimiento de la población, deberán restablecer, a la mayor brevedad, su normal funcionamiento, prestándoles adecuada protección.

"Cuando corresponda aplicar facultades extraordinarias y en los casos de declaración de estado de sitio o de zona de emergencia, regirán de preferencia las medidas especiales sobre la materia.".

"Artículo 46.- Para el cumplimiento de estos deberes, los Intendentes y Gobernadores dispondrán de las fuerzas de Carabineros e Investigaciones.

Dispondrán -se usa el mismo verbo-, asimismo, de otras fuerzas que el Gobierno ponga a sus órdenes, de propia iniciativa o a petición expresa de ellos.".

Del mismo modo, la Ley Orgánica de Carabineros no se opone a la norma del proyecto, toda vez que su artículo 4°, inciso segundo, hace expresa referencia a que Carabineros prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.

De modo que podríamos señalar que, por el contrario, dicha Ley Orgánica de Carabineros se armoniza perfectamente con la norma que hemos propuesto. En el evento de que se estimare que de alguna forma se estaría afectando esta ley, a pesar de la coordinación existente entre las normas, podrá conferirse al proyecto en esta parte el carácter de orgánico constitucional.

Por último, el Presidente de la República es el superior jerárquico de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según dispone el artículo 90 de la Constitución al hacerlas depender del Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, la ley sólo regula la forma en que el Presidente ejerce tales potestades al respecto, a través de su agente directo y natural que es el intendente de cada región.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

Sólo falta que haga uso de la palabra el Comité de Renovación Nacional.

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, el proyecto en cuestión distingue en esta parte las materias de gobierno y las de administración. Nos parece adecuado el procedimiento, sin perjuicio de lo cual queremos hacer algunas observaciones.

Somos partidarios -y no voy a abundar en esta argumentación, porque ya se ha mencionado- de que se actúe en el artículo 2° letra c), y en el artículo 4°, letra e), de acuerdo con una expresión que nos parece más adecuada, cual es "recabar el auxilio de la fuerza pública", por cuanto la institucionalidad vigente y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros no permiten a las autoridades administrativas disponer de la fuerza pública, sino sólo solicitarla. En ese sentido, hemos repuesto nuestras indicaciones al artículo 2°, letra c), y al artículo 4°, letra e), con el propósito de hacer concordante el articulado de este proyecto con la legislación referida.

Por otro lado, en cuanto al ámbito de facultades del gobernador, también es necesario puntualizar que el inciso segundo del artículo 3°, que dice: "Corresponderá al gobernador ejercer, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia", es contraria a lo establecido por la Constitución Política. Al respecto, pido a la Mesa que se pronuncie sobre su constitucionalidad, por cuanto el artículo 101 de la Carta Fundamental, que señala el ámbito de facultades y atribuciones del intendente, expresa que éste "presidirá el Consejo Regional y le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región".

Si la Constitución establece que el intendente es el representante natural del Presidente, y el gobernador una instancia desconcentrada del intendente, resulta obvio y elemental entender que el ámbito de facultades y atribuciones del gobernador no puede sobrepasar el del intendente.

Reitero, entonces, que la supervigilancia no es respecto de los servicios públicos, como señala este artículo, porque ello sería contrario a la Constitución, sino que está referida a los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.

A mayor abundamiento, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 18 dispone lo siguiente: "La organización básica de los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, será la establecida en este título".

Continúa el artículo diciendo más adelante: "Las normas del presente título no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, a las municipalidades...". O sea, establece claramente que las municipalidades quedan fuera de este tratamiento, haciendo un distingo entre los servicios públicos creados por ley y los municipios.

Por tal razón, vamos a reponer nuestra indicación y a votar en contra de este artículo, porque el tenor de las normas mencionadas expresan claramente, como argumento de mayor peso y más de fondo, que el gobernador, tal como lo consagra la Constitución, es un órgano desconcentrado del intendente y, en consecuencia, no puede tener un ámbito de facultades y atribuciones que sobrepase las que a éste se le entregan.

Previo a la votación, quisiera que, si lo tiene a bien, el señor Presidente se pronuncie respecto de la constitucionalidad de esta norma.

Además, en relación con el gobernador y al ámbito de facultades del delegado, nos parece adecuado que se establezcan específicamente las localidades en las cuales va cumplir su función, las funciones y atribuciones que se le traspasan o delegan, y cuál es el tiempo por el que ejercerá ese cargo.

En ese sentido, discrepo con el planteamiento del parlamentario demócrata-cristianó que me antecedió en el uso de la palabra, sin perjuicio de lo cual participo también de lo expuesto por el señor Ministro y por distintos parlamentarios en las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, en el sentido de que para estos delegados, como también para los miembros del Consejo Económico y Social, debería existir la posibilidad de que se les entregue algún estipendio o facilidad, a fin de que puedan desplazarse dentro del ámbito de sus funciones y dar cumplimiento a los propósitos establecidos.

Por otro lado, en este mismo artículo 5° hemos estimado pertinente reponer una indicación, por cuanto nos parece que el delegado del gobernador debe cumplir, a lo menos, los requisitos que se establecen para el propio gobernador.

Resulta aceptable y lógico pensar que en pequeñas localidades los delegados no cumplirán tales exigencias. Para ese efecto, señalábamos que era conveniente establecer, por vía de excepción, una norma que permita a esas personas cumplir la función de delegado del gobernador.

En relación con las disposiciones comunes a intendentes y gobernadores, estamos prácticamente de acuerdo con las normas establecidas desde el artículo 6° hasta el 12.

Esas son todas mis observaciones.

Previo a la votación, reitero mi petición para que Su Señoría se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo que he citado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, los parlamentarios radicales vamos a votar favorablemente todo este primer bloque.

En relación con la controversia que se ha suscitado por la intervención del colega Baldemar Carrasco, respondida por el colega Cantero, en tomo a la procedencia o la improcedencia de que los delegados de los gobernadores reciban un estipendio, me parece que el hecho de desempeñar un cargo ad honorem no impide el que el Estado tenga la obligación de reembolsar los gastos en que esa persona haya incurrido con motivo del desempeño de su función.

Aun cuando no se modifique la iniciativa de ley en los términos en que hoy la estamos aprobando, dependerá de un problema presupuestario de la región o de la provincia que a ese delegado se le restituyan los dineros gastados de su peculio para el desempeño de su función.

Vuelvo a insistir, comparto lo dicho por el colega Carrasco, pero aun cuando con la actual fórmula legal esa situación está salvada, bien valdría hacer la prevención con el objeto de establecer su verdadero sentido en la historia fidedigna del establecimiento de la ley.

No sé si será posible votar por separado una letra del artículo 6°.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El artículo está aprobado reglamentariamente.

El señor CAMPOS.-

Me ha quedado una duda en cuanto al requisito establecido en la letra f) de ese artículo, en el sentido de que para ocupar los cargos de intendente y gobernador, la ley está exigiendo a las personas una residencia en la región, a lo menos, de dos años. Es bastante rigurosa esa exigencia y no debió haber sido establecida en términos tan imperativos. Hay provincias o regiones en las que, a lo mejor, un Presidente de la República no puede encontrar un hombre de sus filas o de sus simpatías para desempeñar cargos de tal naturaleza. Me habría gustado que eso no se hubiera aprobado en términos tan absolutos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde cerrar el debate.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría para plantear un problema reglamentario.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, quiero que se divida la votación respecto del artículo 42, letra i).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cerrado el debate.

En votación el artículo 1°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

En el artículo 2°, se ha renovado una indicación, a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad reemplazar en la letra c) del artículo 2°, la expresión "disponer" por "solicitar el auxilio".

El señor ULLOA.-

Pido la palabra para un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, sólo para sugerir que se vote primero el artículo 2°, sin la letra c).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Me preocuparé de hacerlo.

Lo que corresponde, si entiendo bien el planteamiento del Diputado señor Cantero, es justamente lo que se acaba de decir: votar todo el artículo, salvo la letra c).

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.- Señor Presidente, si no hay letra c), prefiero que no haya artículo.

Deseo que Su Señoría me dé la posibilidad de pronunciarme, al menos de ese modo. Si va a dividir la votación, coloque primero en votación la letra c), de manera que si ella no se aprueba rechazaré todo el artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde, entonces, aplicar el Reglamento y votar primero la indicación.

En votación la indicación que consiste en cambiar, en la letra c), la frase "disponer de la fuerza pública" por "solicitar el auxilio de la fuerza pública".

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 59 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada.

En votación el artículo, incluyendo la actual letra c).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El artículo 3° se refiere al gobernador.

Hay una indicación renovada, consistente en suprimir el inciso segundo, que dice: "Corresponderá al gobernador ejercer, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia.".

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 45 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, deseo plantear una cuestión reglamentaria.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el señor Ministro no puede estar dando instrucciones a los Diputados sobre cómo votar. Por lo tanto, le pido que se abstenga a hacerlo.

El señor CANTERO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, solicito votación separada para los incisos primero y segundo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Acabamos de rechazar la indicación para suprimir el inciso segundo.

En votación el artículo 3°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 9 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado. El artículo 4° se refiere a las atribuciones del gobernador.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, pedí división de la votación respecto de la letra i).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo salvo la letra i).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

En votación la letra i).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada.

El artículo 5° permite al gobernador designar delegados.

Se ha presentado una indicación, a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación persigue reemplazar, en el inciso segundo de este artículo 5°, las expresiones "ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso en la Administración Pública.", por la frase "cumplir con los mismos requisitos que para ser designado gobernador, en conformidad al artículo 7°.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada.

En votación el artículo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 20 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

Los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11 están aprobados reglamentariamente.

El artículo 12 se refiere a que el Servicio de Gobierno Interior apoyará a intendentes y gobernadores.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

Terminamos el primer bloque.

El señor CANTERO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, ¿se va a pronunciar en algún momento respecto de la constitucionalidad del artículo 3°, como lo solicité en su oportunidad?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A mi juicio, no es inconstitucional, porque el artículo 24 de la Constitución dice que la autoridad del Presidente de la República, en las funciones que le son propias de gobierno interior y de administración, se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Eso se ejerce en las regiones y en las provincias a través de los intendentes y gobernadores. Por lo tanto, éstos tienen las atribuciones relativas a la Administración del Estado que les son delegadas por el Presidente de la República, pues son sus representantes.

Ese es el criterio de la Mesa; pero si usted lo quiere impugnar, puede hacerlo, y se votará.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, no comparto su criterio. Solamente quiero señalar nuestra posición.

Dado que ya votamos el artículo y no quisimos rechazarlo, deseo impugnar su pronunciamiento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso ha quedado claro en el debate, y ahora de nuevo con lo que usted ha dicho.

Corresponde tratar el segundo bloque de artículos, referentes a la naturaleza y objetivos del gobierno regional. Va desde el artículo 13 al 20.

El señor ULLOA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, la bancada de la UDI estima que, en general, no hay mayores inconvenientes en este bloque de artículos.

Sin embargo, queremos dejar claramente establecida nuestra preocupación, porque en la Comisión, en la letra d) del artículo 18 del texto original del proyecto, se incluyó la idea de fomentar -y esto es lo peligroso- reglamentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Esta materia la conversamos con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. El coincidió con nuestro planteamiento, en el sentido de que el término "reglamentar" es poco apropiado para la idea de fomentar el turismo, porque una cosa es fomentar, coordinar acciones, y otra muy distinta es reglamentar. Cuando un órgano del Estado entra a reglamentar en un terreno prácticamente de carácter privado, consideramos que una intervención estatal, la cual no es saludable, sobre todo cuando el fin que se persigue no es reglamentar sino coordinar.

Por eso, renovamos la indicación presentada en la Comisión, rechazada allí por simple mayoría de votos. Al conversar este tema con el Ejecutivo, él coincidió en que el término podría ser cambiado fácilmente por la palabra "coordinar".

Quiero conocer la opinión del Ejecutivo respecto de la letra d) del artículo 18, materia fácil de corregir si la Sala lo tiene a bien.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, cuando se inició la discusión del proyecto sobre Gobierno y Administración Regional, algunos parlamentarios de Renovación Nacional enviamos una nota al Presidente de la República en la cual solicitamos su patrocinio para incluir en esta iniciativa la creación de un fondo para el desarrollo cultural en las regiones.

El fundamento que tuvimos para hacer esta presentación es que el artículo 100 de la Constitución Política establece que al gobierno regional se le entregan las funciones de desarrollo social, cultural y económico de la región. Sin embargo, este proyecto no destina ningún recurso económico para el cumplimiento de esos fines. Por esa razón, estimamos que nuestra indicación al artículo 19 complementa y mejora el proyecto.

En ella se consagra como función y atribución del gobierno regional resolver la inversión de los recursos comprendidos en la cuota que le corresponderá a cada región en la distribución de lo que llamábamos "Fondo para el desarrollo cultural en las regiones".

Ayer, el señor Subsecretario de Desarrollo Regional subrogante nos expresó que esta materia continúa en estudio, que no existe una resolución definitiva y que él veía tres posibilidades para que las regiones dispongan de mayores recursos para el desarrollo cultural.

A través de esta intervención, sólo quiero reiterar nuestra solicitud al Ejecutivo, y manifestar que ella incluso fue motivo de una petición unánime de todos los miembros de la Comisión de Gobierno Interior al Presidente de la República.

Espero que en los trámites siguientes, especialmente en el Senado, el Ejecutivo dé su patrocinio a esta iniciativa para que se convierta en realidad.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, respecto del primer asunto planteado, no tenemos inconveniente para que en la letra d) del artículo 18 se cambie la expresión "fomentar y reglamentar" por "fomentar y coordinar". No sé si será posible hacerlo en la Sala. No tenemos ninguna objeción y estamos en favor de ello.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero aclarar que hay una indicación al respecto, de modo que no habría ningún problema para hacerlo así, si existiera acuerdo de la Sala.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en este bloque, como en general en el proyecto, no se establece la educación superior y técnica como función o atribución del gobierno regional, no obstante que la letra c) del artículo 18 señalaba: "Promover la investigación científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de la educación superior y técnica en la región.". Esa educación no puede existir en forma independiente de la ciencia y la tecnología; lo mismo sucede a la inversa.

Por esa razón, en la Comisión propusimos con el colega Baldemar Carrasco y otros Diputados una indicación para que en la letra c) del artículo 18 se inserte la preocupación por el desarrollo de la educación superior y técnica en la región.

Esto llegó al Gobierno y, posteriormente, el Ejecutivo se preocupó de redactar la norma como quedó en el proyecto.

En consecuencia, ello representa una efectiva intervención y preocupación por el desarrollo de la educación superior y técnica en las regiones.

Los días 30 y 31 de octubre de 1991 se reunieron en el primer encuentro los rectores de todas las universidades regionales y configuraron el documento en el cual se señala como está desmedrada la región en cuanto a los recursos y medios con que debe contar la educación superior y técnica en cada una de las zonas del país.

Por lo anterior, presentamos esa indicación que el Ejecutivo hizo suya, y hoy día solicitamos su aprobación por la Honorable Cámara.

He dicho.

El señor CARRASCO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, junto con participar de lo expresado por el Diputado señor Elgueta, quiero referirme a la letra d) del artículo 18, mencionado por el Diputado señor Ulloa.

No participamos de los conceptos emitidos por el señor Ulloa, porque creemos que en materia turística y de recursos naturales, cada región tiene su propia identidad, sus propios recursos, y su deber es resguardarlos de acuerdo con esa realidad.

Por lo tanto, aparte de respetar las políticas nacionales y la legislación vigente en esta materia, es fundamental y necesario que cada gobierno regional pueda resguardar los recursos naturales y la posibilidad de hacer turismo, preservando sus bellezas y riquezas naturales.

Creemos necesario reglamentar el turismo en cada una de las regiones, lo que constituye una labor fundamental de los gobiernos regionales, por tratarse de un valor intrínseco de cada región, distinto a lo largo del país.

Consideramos que debe quedar consignado el verbo "reglamentar", como necesidad de identidad regional que debemos propender a desarrollar en las regiones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, quiero señalar que en la Comisión coincidimos por diferentes intervenciones de parlamentarios, en la importancia que tiene para el desarrollo regional el hecho de que cada región pueda tener y promover su propia identidad cultural.

Una de las razones de las grandes concentraciones de recursos en estos momentos justamente, está en el problema de que no existe la posibilidad de desarrollar actividades culturales, no sólo de la cultura más sofisticada, sino también de la popular.

Por esta razón, nos parece importante que el Gobierno considere la posibilidad de que a futuro este tipo de actividades tenga un fondo que se distribuya, según se ha señalado, por cada una de las regiones. Como decía el Diputado García, en la Comisión adoptamos el acuerdo unánime de solicitar al Presidente de la República la forma de establecer este fondo en el futuro.

Quiero destacar la importancia de la letra b) del artículo 18, en la cual establecimos que para desarrollar las actividades productivas, los sectores público y privado pueden asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política.

Este punto posibilita que el fomento productivo de empresas privadas, cooperativas o individuales en regiones pueda hacerse en conjunto entre el sector público y el privado.

Uno de los graves problemas de la regionalización en este momento se encuentra, justamente, en la falta de instrumentos de coordinación entre los sectores público y privado para que propendan al desarrollo regional. Grandes empresas sobre todo del sector privado, extraen los recursos de las regiones, pero no se comprometen con el fomento de actividades productivas nuevas. Me refiero a aquellas regiones por ejemplo, en que se requiere con urgencia que existan actividades industriales o manufactureras sobre la base de recursos naturales renovables. Específicamente en el norte grande, importantes empresas chilenas -públicas y privadas- extraen los recursos, pero no se comprometen con el desarrollo regional.

En las regiones que producen energía hidroeléctrica, las empresas -públicas o privadas- usan sus aguas en forma gratuita, pero no se comprometen con el desarrollo regional.

En este artículo 18, letra b), se establece que el gobierno regional va a poder asociarse con esas empresas; no para crear nuevas actividades productivas, como se señala al hacer mención precisa al número 21 del artículo 19, sino con el objeto de fomentar nuevas inversiones, realizar nuevos proyectos para usar capacidad instalada en esas regiones y posibilitar el estudio de proyectos.

El grave cuello de botella está justamente en el desarrollo endógeno. Se trata de usar los recursos de las regiones y reinvertirlos en ellas; no que sólo vayan a extraerlos y la actividad dure mientras los recursos existen, porque de esa manera, no se genera desarrollo interno que posibilite el asentamiento humano en forma más permanente.

Quería subrayar la importancia del artículo 18, letra b). Hubo acuerdo unánime en la Comisión porque es fundamental para el desarrollo regional y la identidad cultural. Para promover esa identidad cultural, se requieren recursos adicionales o especiales con el fin de fomentar la cultura.

He dicho.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, en relación con uno de los puntos tratados por el Diputado Ortega y al que se había referido antes el Diputado García, quiero explicar -ya lo hemos hecho en la Comisión- que en el Gobierno existen dos fondos de desarrollo cultural o de estímulo a la cultura. Uno depende de la División Cultural del Ministerio de Educación y otro, del Departamento Cultural del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Como estamos hablando en la perspectiva de ampliar la inversión sectorial a la asignación regional, puedo decir que el criterio del Ejecutivo consiste en que estos programas se descentralicen en su asignación y operen por esa vía en lugar de crear nuevos fondos; es decir, por la descentralización en la asignación de los recursos de los fondos actualmente existentes.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, en relación con el artículo 18, letra d), que se refiere a la posibilidad de fomentar y reglamentar el turismo en los niveles regionales, la Mesa nos informa que hay indicación para sustituir el verbo "reglamentar" por "coordinar". El señor Ministro también ha manifestado su voluntad en este sentido.

Me sumo a la indicación presentada a la Mesa. Los artículos 17 y 18 consagran las funciones del gobierno regional, tanto en el campo territorial como de las actividades productivas; señalan los objetivos programáticos del gobierno regional. Por ejemplo, establecer políticas, participar en coordinaciones; fomentar y velar por la protección de ciertos bienes, por el buen funcionamiento de otros; propender al desarrollo de áreas rurales, contribuir a la formulación de políticas, establecer prioridades, etcétera. Pero no se refieren a las competencias normativas, porque éstas aparecen en el artículo 20, letra a). El gobierno regional, para el cumplimiento de esos objetivos o funciones, puede aprobar y modificar las normas reglamentarias que estime convenientes.

En consecuencia, introducir una facultad normativa en la letra d) no tiene sentido y altera la lógica de los preceptos. Resulta más propio "fomentar y coordinar" y dejar que el gobierno regional dicte las reglamentaciones que crea oportunas, tal como se establece en la letra a) del artículo 20.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha solicitado la clausura del debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Están reglamentariamente aprobados los artículos 13, 14 y 15.

En votación el artículo 16.

Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum anterior, de 74 votos.

Aprobado.

En votación el artículo 17.

Si le parece a la Sala, también se aprobará con el mismo quorum de 74 votos.

Aprobado.

En el artículo 18 hay indicación a su letra d), en el sentido de sustituir "Fomentar y reglamentar" por "Fomentar y coordinar", es decir, sustituir la expresión "reglamentar el turismo" por "coordinar el turismo".

El señor Ministro ha dicho que el Gobierno no tiene objeción al respecto.

La aprobación de esta norma requiere 68 votos.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra, por un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, en la última intervención del señor Ministro fuimos informados de la voluntad del Gobierno; después, Su Señoría cerró el debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, yo no lo cerré. La Sala acordó la clausura del debate.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, si queremos que este artículo quede bien, debemos dejar sólo la expresión “Fomentar”, porque cualquier otra, por ejemplo, "coordinar" o "reglamentar", no tiene sentido. En mi opinión, "Fomentar" es la única función que puede tener el gobierno regional. ¿Qué va a coordinar el gobernador en materia de turismo?

Debemos eliminar la palabra "reglamentar". En este sentido, pido la opinión del señor Ministro, porque me parece que eso sería lo más procedente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El problema radica en que no corresponde entrar al fondo del asunto.

Hay indicación en el sentido de sustituir "reglamentar" por "coordinar".

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación, por no alcanzar el quorum necesario.

El señor LONGTON.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, como falta mucho para terminar el trámite del proyecto, le pido que ecuánimemente aplique el mismo criterio del artículo anterior en los que siguen.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Concuerdo con usted.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, sin ánimo adverso, creo que la votación anterior debe repetirse y solicito el acuerdo unánime para ello, ya que no se cumplió con el reglamento; ni siquiera sonaron los timbres. En esto, el colega Longton tiene razón.

Solicito que se vote nuevamente la indicación, ya que no todos los señores Diputados estaban en la Sala. Así, habrá ecuanimidad en este punto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se repetirá la votación.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, sugiero que se vote separadamente la letra d).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 18, sin la letra d).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos: por la negativa, 12 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

El señor CANTERO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, lo que voy a decir es de muy mal gusto, pero corresponde a la verdad.

Solicito que se repita la votación, ya que aparecen votando Diputados que no están presentes, como el señor Smok, que no se encuentra en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se repetirá la votación.

En votación el artículo 18, sin la letra d).

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 4 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

El señor ULLOA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Latorre formuló una proposición.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero ya se rechazó.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, si me permite terminar, quiero que recabe el asentimiento unánime de la Sala para ver objetivamente si la propuesta del Diputado señor Latorre se puede replantear ahora, a fin de votarla tal cual la propuso, con la eliminación de la palabra "reglamentar".

Es todo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La proposición es para que la norma diga: "fomentar el turismo".

¿Habría acuerdo?

El señor ELGUETA.-

No.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

El señor GAJARDO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAJARDO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, tengo dudas constitucionales sobre esta norma, puesto que otorga facultad reglamentaria al gobierno regional, en circunstancias de que eso es potestad sólo del Presidente de la República, en virtud de la Constitución; de manera que su constitucionalidad, a mi juicio, es dudosa.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la letra d) del artículo 18.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 26 votos, Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la letra d) del artículo 18 por no haber alcanzado el quorum.

En votación los artículos 19 y 20.

Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad, con el quorum de 72 votos.

Aprobados.

El tercer bloque se refiere a los órganos del gobierno regional y abarca desde el artículo 21 al 58.

En discusión.

El señor CANTERO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, respecto del gobierno regional, se establece el intendente como ejecutivo y el consejo regional como órgano colegiado, con facultades de administración.

Debo informar que renovamos la indicación al artículo 23, referente al intendente en su calidad de ejecutivo del gobierno regional; específicamente a su letra c), que señala que tendrá la responsabilidad de presidir el consejo regional con derecho a voz y voto. Nos parece impropio e inadecuado que el intendente tenga derecho a voto en un ámbito, precisamente, en que debe fiscalizar los actos del Gobierno.

Además, no responde a una clara voluntad descentralizados que el intendente tenga derecho a voto en el consejo regional y constituye un retroceso transferir estas competencias a su ámbito, a instancias generadas. Estoy de acuerdo en que tenga facultad de presidir el consejo, de usar la voz; pero sería una señal más clara para el proceso de descentralización del país consignar que el voto es legítimo y aceptable sólo en el caso de los consejeros, y no del intendente, cuyas funciones son de administración.

Por otra parte, debo informar que también una indicación al artículo 24, referido al consejo regional en cuyo segundo, en mi opinión, se produce de nuevo una arbitrariedad, pues dice: "En caso de existir discrepancias entre el intendente y el consejo regional con motivo del pronunciamiento sobre las materias señaladas en el inciso anterior, primará la proposición del intendente, a menos que el consejo insistiere con una mayoría de tres quintos del total de sus miembros.". O sea, seguimos en presencia de una posición centralista, que resulta enojosa e inadecuada porque los consejeros tienen la legitimidad de haber sido elegidos por el proceso que definimos, precisamente, en esta ley. Frente a disputa o discrepancia, es inadecuado que se requiera este quorum para materias que guardan relación directa con la administración del ámbito en que tiene facultades el consejo. Soy partidario de que prime su posición e imponga su voluntad en caso de divergencia, pero no la proposición del intendente. En mi opinión, al menos, esta materia también constituye un grave retroceso y una presencia centralizadora en el proyecto regional que tratamos.

En cuanto al artículo 29, debería establecerse una exigencia mayor para ser elegido consejero regional. Saber leer y escribir no nos parece suficiente; debemos dar señales que tiendan a elevar el nivel de los miembros que lo componen. Es lo deseable y lo que estima correcto.

En relación con parte de la letra a) del artículo 44, "Conocer y supervisar los programas y proyectos de desarrollo que entidades del sector público efectúen en la provincia," es muy amplio el ámbito de facultades que se pretende dar al gobernador en esta materia, por cuanto se topará, además, con la instancia del municipio, que también estará formado por un cuerpo electo democráticamente y tendrá la representatividad que entrega la soberanía del pueblo, la ciudadanía. En este caso, me parece una intromisión inadecuada y el alcance de la expresión "supervisar" debería ser precisado, pues va más allá de lo prudente.

En el artículo 47, que, en general, se refiere al consejo económico y social provincial, también hemos renovado indicación por estimar inadecuada la composición de este cuerpo, a pesar de que se acogieron una serie de planteamientos que expresamos por la vía de la indicación, los que finalmente se fundieron en indicaciones consensuadas; pero aún sentimos la insatisfacción respecto de la composición del consejo económico y social y creemos que su ámbito de facultades es limitado.

Sin perjuicio de lo que acabo de señalar, debo consignar que el Ejecutivo tuvo una indicación abierta para recoger, tanto en este bloque como en el anterior, una serie de proposiciones que finalmente se tradujeron en indicaciones patrocinadas por él. Valoro esa actitud. Sin embargo, con la misma claridad, debo decir que me llama la atención que, frente a argumentos lógicos o a ideas consistentes, normalmente la Concertación trate de imponer su criterio, diría, de "pasar la máquina," muchas veces sin ni siquiera escuchar las razones que se entregan en esta Sala. Me parece una conducta inconveniente que no conduce a un adecuado entendimiento y, por cierto, podría entrabar gravemente el desarrollo del análisis de este proyecto y los resultados de las votaciones en cada bloque.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, en la discusión general me abstuve, por supuesto no por considerar que avanzar en la regionalización sea algo negativo o intrascendente, sino porque las atribuciones que consideraba fundamentales -y así también se estimaba en las regiones-, como, por ejemplo, decidir sobre la oportunidad de llevar a cabo los proyectos de inversión en cada región -lo que implica estudiar y discutir para determinar su prioridad- en la iniciativa del Ejecutivo se veían gravemente amenazadas.

¿Y por qué? Para decirlo sintéticamente, porque en el artículo 24, que nos toca tratar en este bloque, se establecía, en el fondo, que el consejo regional sólo podía aprobar o rechazar la proposición del intendente sobre la materia. ¿Y que propondría el intendente? En definitiva, lo que el Ministerio de Hacienda le dijera, porque el artículo 74, hoy 77, disponía que todos los proyectos debían tener una evaluación de su rentabilidad social y que esto debía resolverse de acuerdo con el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, que, a su vez, prescribe que el Ministerio de Hacienda resuelve sobre estos casos.

Al respecto, presenté indicaciones, las que fueron declaradas inadmisibles o rechazadas. Afortunadamente, el Ejecutivo acogió lo que propuse y en la Comisión de Hacienda formuló indicación, al artículo 24 por la cual el consejo regional -en definitiva, el gobierno regional-puede modificar el proyecto del intendente o del gobierno central, en relación con los que tenga cada región.

Ahora, es fundamental avanzar un paso más. Como lo importante es el uso práctico que se le dé a este instrumento, quiero plantearle una inquietud al señor Ministro. Como bien sabe, fundamental en cada región será discutir, en el consejo regional, la prioridad de los proyectos, y que realmente eso sea efectivo. De la redacción del artículo 77, todavía puede desprenderse que basta con que la proposición del Ministerio de Planificación limite la rentabilidad, para que sólo deban hacerse los proyectos que nazcan del nivel central, que sugiera el intendente, y que la atribución eventual de modificar del Gobierno Regional, desaparezca. Por eso, presenté una indicación, rechazada en la Comisión, para que el Gobierno fije, a nivel de cada región, un piso para las evaluaciones o para las rentabilidades de cada proyecto, y sobre eso decida el gobierno regional.

Por su intermedio, señor Presidente, solicito al señor Ministro que nos informe cómo el Gobierno cree que operará la atribución más importante del gobierno regional: priorizar la inversión de los recursos que el nivel central le entregue.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, pedí la palabra para referirme al tema del derecho a voz y voto del intendente en el consejo regional. En un momento más responderé la consulta que se me ha hecho.

Consideramos que el proyecto de ley orgánica que se discute debe equilibrar permanentemente dos conceptos: la efectiva regionalización -reflejada en la descentralización de decisiones, de recursos y de atribuciones- y la conservación y defensa del carácter unitario del Estado chileno.

Desde el punto de vista democrático concebimos al gobierno regional, compuesto por dos autoridades legítimas: el intendente, designado por el Presidente de la República, y los consejeros regionales, elegidos indirectamente.

Del estudio de la preceptiva constitucional -sancionada el año pasado- regula la creación, atribución e integración del consejo regional, se pueden destacar los siguientes antecedentes:

El inciso tercero de su artículo 100 expresa: "El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional". No hace distinción entre uno y otro. Más adelante, el artículo 101 señala: "El intendente presidirá el consejo regional", y en el inciso segundo se indica: "La ley determinará la forma en que el intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.". Por último, el artículo 102 define la naturaleza jurídica del consejo regional y sus funciones; asimismo, la Carta Fundamental le otorga un mandato a la ley orgánica constitucional para que establezca atribuciones, organización e integración.

Al respecto, existen opiniones -incluso vertidas en la Sala- en el sentido de que la disposición que otorga derecho a voz y voto al intendente en el consejo regional sería inconstitucional, porque le estaría dando iguales prerrogativas que los demás miembros que lo integran.

Quiero detenerme en dos aspectos de estas normas constitucionales: al que entrega al intendente la presidencia del consejo regional respectivo y al que confiere a la ley en este caso específico a la ley orgánica constitucional que está en discusión la facultad de regular las atribuciones, organización e integración del consejo.

Del análisis de estos dos preceptos surge, como necesaria consecuencia, que el intendente no sólo preside el consejo regional, sino que lo integra con derecho a voz y voto. Así se estimó durante la discusión del acuerdo político -me importa mucho subrayar esto, especialmente- que le dio sustento a la reforma constitucional; de manera que, en caso de empate de votos en el consejo, el intendente dirimiera la situación. Sólo se ha privado al intendente de tal derecho en el evento de que el consejo cumpla, naturalmente, su labor fiscalizadora.

Además, si el constituyente expresó su intención de que el intendente presidiera el consejo, se puede concluir que quien lo preside, se entiende que lo integra, y, por ello, tiene los mismos derechos que el resto de sus miembros.

El intendente sólo puede proponer -jamás regular sin la aprobación del consejo- materias propias del ámbito normativo de los gobiernos regionales, resguardando el papel de los consejeros electos. Asimismo, en la medida en que el consejo regional no apruebe la proposición, no existe norma reglamentaria regional, con lo cual se refuerza aún más el hecho de que es, precisamente, dicho consejo el que resuelve el punto.

Por una medida de prudencia política, se ha dejado la iniciativa en materia de reglamentos regionales en el órgano ejecutivo regional; pero la facultad normativa del consejo ha quedado resguardada claramente por las disposiciones ya reseñadas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, me referiré al mismo tema que abordó el señor Ministro.

Las razones que ha esgrimido son suficientes para convencemos de que el intendente debe tener derecho a voz y voto dentro del consejo regional. Por lo demás, basta para eso analizar la definición de la palabra "presidir". Según el diccionario de la Real Academia Española es "Tener el primer lugar en una asamblea, corporación, junta o tribunal o en un acto o una empresa". Y no se conoce ninguna institución en que la persona que presida, siendo la primera entre sus pares, carezca del derecho a voto.

De esa razón etimológica, se desprende una racionalidad evidente en la conformación de un cuerpo colegiado. Todo el que lo preside, lo integra, y tiene derecho a expresarse y a votar. De ahí, entonces, que, cada vez que los cuerpos legales y constitucionales emplean la expresión "presidirá" o "presidir", llevan implícito que esa persona -tratándose de cuerpos colegiados- es la que dirige, es la primera entre sus pares y tiene derecho a voz y voto.

Por otra parte, se ha querido muy tangencialmente señalar, como argumento, que en este caso el intendente no es una persona elegida y que sí lo serían los integrantes del consejo. Ello carece absolutamente de base, puesto que el Presidente de la República, que es la más alta jerarquía del Estado, proviene de la soberanía popular, de una elección, que es la más importante en el país, y, en consecuencia, cuando lo designa, lo convierte en su representante en la región, en una especie de parte de su propia integridad personal, con todas sus facultades y atribuciones para que las ejerza dentro de ese ámbito territorial.

En consecuencia, el intendente no es un funcionario público cualquiera; es una persona que, al igual que en la delegación que tienen los consejeros, que son de elección indirecta, recibe su representación de la soberanía popular, a través de la designación que hace el Presidente de la República.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, en este bloque de artículos me referiré a tres materias específicas.

En primer lugar, a la planteada por el señor Ministro Secretario General de Gobierno, acerca del derecho a voz y voto del intendente en el consejo regional. Quisiera compartir con el señor Ministro la idea de que en esta ley debieran primar dos principios relevantes. Por un lado, de que efectivamente haya un traspaso real de atribuciones y de recursos hacia las regiones; pero, por otro lado, que se resguarde siempre el carácter unitario del Estado chileno. Por eso el señor Ministro ha señalado que la participación del intendente en el consejo regional con derecho a voz y voto, se vincula con la idea de asegurar este segundo principio.

En esta materia, disentiré de la opinión del señor Ministro, no obstante, que, por razones que explicaré en su oportunidad, votaré favorablemente el artículo tal cual viene en el informe de la Comisión.

En primer lugar, estimo que las atribuciones del intendente, expresadas en el Capítulo I y que ya hemos aprobado en segundo informe, y que dicen relación con la función del intendente como delegado del Presidente de la República para efectos del gobierno interior en la región, son suficientemente explícitas y contundentes como para asegurar, por sí mismas, el carácter unitario del Estado chileno.

En segundo lugar, el rol que juega el intendente, ahora en un segundo carácter, en una segunda gran función, cual es ser órgano ejecutivo del gobierno regional, viene a reafirmar, a fortalecer el carácter unitario del Estado chileno, toda vez que el señor intendente, en este segundo carácter, también es una persona de la exclusiva confianza del Presidente de la República.

No hay que olvidar que el gobierno regional está compuesto por dos órganos distintos, con roles y atribuciones diferentes. Uno es el órgano ejecutivo del gobierno regional, que radica en el intendente, y otro es el órgano normativo y fiscalizador, de generación democrática por votación indirecta, que es el consejo regional.

Lo que no resulta enteramente evidente y lógico es que quien expresa y resume la función del primer órgano, que es el órgano ejecutivo, tenga que presidir e integrar el segundo órgano, el normativo y fiscalizador, con derecho a voz y voto.

En este caso -lo hemos dicho en otras oportunidades junto a otros colegas-, el intendente tiene tres roles en este proyecto de ley, y no dos. El primero es ser delegado del Presidente de la República para efectos de gobierno interior. El segundo es ser órgano ejecutivo del gobierno regional. Es claro. Pero tercero es presidir, con derecho a voz y voto, al órgano normativo y fiscalizador, que es el consejo regional. Este rol es distinto y no se ha explicitado suficientemente. Es como si el Ejecutivo del país presidiera, simultáneamente, el órgano legislativo, que es el Parlamento. Entiendo que el paralelo tal vez peca de excesivo; pero también colabora y ayuda a clarificar lo que deseamos expresar.

Por eso, junto al colega Jeame Barrueto, presentamos una indicación relacionada con lo que ahora se discute.

No obstante, como el proceso de descentralización en nuestro país va a ser gradual, progresivo y selectivo, estimo conveniente mantener la norma tal cual está, pero que en el futuro se pueda revisar este aspecto, porque ayudaría a distinguir claramente la naturaleza, roles y funciones de las distintas instancias que componen el gobierno regional, órgano que estamos creando de manera inédita e histórica en este proyecto de ley.

Respecto de una segunda materia, que tiene que ver con el artículo 24, se ha manifestado que el quorum con que debería predominar la posición del consejo sobre la del intendente debería disminuirse a la mayoría absoluta de los miembros.

Discrepo del Honorable colega de Renovación Nacional autor de la proposición, por las siguientes razones:

En primer lugar, hay que recordar que el proyecto original del Ejecutivo venía con una proposición de quorum distinta: dos tercios se debían reunir en el consejo regional para insistir, en el evento de una discrepancia con el intendente. Como a la Comisión de Gobierno Interior le pareció excesivamente elevado ese quorum, se propuso y se aprobó por la unanimidad de sus miembros, incluidos los parlamentarios de Renovación Nacional, la idea de rebajarlo a los tres quintos. Por eso, no deja de sorprenderme la proposición del Honorable señor Cantero, en el sentido de salirse del acuerdo que teníamos en la referida Comisión y de proponer una nueva y adicional rebaja al quorum que ya se había rebajado en el primer informe de la Comisión.

También hay que hacer notar que, de las múltiples funciones, atribuciones y proposiciones que debe realizar el señor intendente al consejo regional, el artículo 24, que consigna el quorum de insistencia, se refiere sólo a dos de ellas: por un lado, a los proyectos de planes y estrategias de desarrollo y, por otro, a los proyectos de presupuesto regional. No se refiere al conjunto de las demás propuestas que recibirá el consejo regional y, naturalmente, se desprende que en el resto, en el evento de existir una discrepancia entre el Ejecutivo y el gobierno regional, es decir, con el intendente, todas ellas se podrían aprobar simplemente por mayoría absoluta de sus integrantes.

Finalmente, quiero opinar sobre el artículo 29. Los colegas de Renovación Nacional han manifestado que desean elevar el requisito para ser elegidos consejero regional -que dice relación con el planteamiento que figura en el artículo del informe de la Comisión-, de ser ciudadano con derecho a sufragio. Entiendo que la idea de los colegas de la Oposición sería establecer que se tenga cursada la enseñanza media.

Esto se ha discutido en varias oportunidades con la Oposición y, en verdad, los colegas confunden de manera permanente y sistemática los cargos de la Administración Pública de generación popular, de elección democrática. Naturalmente, las personas que postulan a los primeros deben reunir un conjunto de requisitos, entre los cuales figuran los que proponen los colegas de Renovación Nacional; por lo demás, ello está debidamente previsto en las leyes pertinentes. No existe ninguna duda de que la proposición de los colegas de la Oposición constituye una restricción democrática que resulta francamente odiosa, porque el precepto constitucional indica que para ser ciudadano se requiere, simplemente, tener cumplidos 18 años de edad y saber leer y escribir, condición suficiente para ser candidato a cualquier cargo de generación popular en nuestro país.

En virtud de estas razones, votaré en favor de los tres artículos mencionados, no sin antes concederle una interrupción al colega señor Smok.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Aguiló, tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, comenzando por el último tema objetado por el Diputado señor Aguiló, es evidente que aquí hay un asunto que la realidad se ha encargado de superar.

Conocedor de la amplia cultura general que invisten los Honorables parlamentarios de las bancadas de la Oposición, bastaría con recordarles que, de acuerdo con la posición que sustentan, el señor John Major no podría ser hoy día Primer Ministro ni parlamentario de Inglaterra. Esta es una clara demostración de la diferencia que existe entre la posibilidad de ser elegido representante popular y ser empleado del Estado.

Todos sabemos también -y no quiero entrar en pormenorizaciones- que para cumplir con ese requisito en otras instancias constitucionales, se ha tenido que correr para obtener certificados que acrediten haber cursado la educación media, lo cual en ningún caso menoscaba la altura y calidad política de algunos parlamentarios de este Congreso que han llegado a tal instancia.

Pero quiero hacer una reflexión en otro sentido, y por eso pedí la interrupción. En el peso total del proyecto hay un ausente particular en el tema de la regionalización: los parlamentarios. No está en debate -y es bastante obvio- nuestra calidad de representantes naturales y legítimos de las regiones, como somos los parlamentarios, tanto por nuestro compromiso, como por nuestra forma de elección. No obstante ello, no se deduce de este proyecto un rol, una participación o una capacidad de iniciativa reservada a ellos en estas materias.

Es más, sin pretender retrotraer a la discusión a temas pasados y asumiendo que existe una serie de dificultades constitucionales, quiero recordar que en el Programa de la Concertación de Gobierno se establece que el gobierno regional estará integrado, en la instancia del consejo regional, por los parlamentarios de la región.

Evidentemente, puede ser discutible la forma de vinculación orgánica con que se haga esto; pero lo que nunca ha estado ajeno es la opción y la necesidad real, expresada en nuestra experiencia, de que los parlamentarios tengan formas de voz y de iniciativa sobre las instancias de los gobiernos regionales.

En este proyecto de ley, cuando se establece la composición del consejo regional, se explicitan una serie de personas que pueden integrarlo.

En el artículo 30, a contrario sensu del compromiso del programa de Gobierno, se dice específicamente que no pueden serlo los parlamentarios.

Asumo las dificultades orgánicas que esto puede tener, pero quisiera llevarlo a uno de los temas específicos.

En el artículo 66, que se discutirá más adelante, me parece razonable mencionar que, cuando se consigna cómo se desconcentra y quiénes tienen iniciativa desde la región para llevar a la región organismos que ahí deben radicarse, se excluye absolutamente la iniciativa de un parlamentario.

Se me podrá decir que siempre estará abierta la vía del proyecto de acuerdo o del oficio al Presidente de la República, pero quienes ya tenemos una experiencia en esto, sabemos que no son mecanismos suficientemente eficientes. No son suficientemente mandatarios y no cuentan necesariamente, por esta forma de originarse, con el respaldo y el compromiso de la región.

Por lo tanto, me parece que reservar como único rol de los parlamentarios, y aun cuestionado por algunos de mis colegas, el opinar en el momento de la discusión del presupuesto nacional, sobre los temas de las regiones constituye una minusvalía del rol de este Parlamento, que debe ser meditado.

Por lo mismo, estando en segunda discusión este proyecto en esta Cámara, debiera ser un tema para abordar en el Senado.

He pedido la palabra para plantear que tal omisión es una insuficiencia evidente.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Terminó el señor Aguiló.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, en relación con la consulta que se ha formulado acá y a la opinión del Diputado señor Ringeling, quisiera hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, todos hemos estado de acuerdo en que todo proyecto regional debe ser objeto de evaluación naturalmente, y de evaluación socioeconómica, y que con arreglo a la propia ley que fue aprobada en este Parlamento, ello corresponde a Mideplan.

En todo caso, Mideplan ha tomado medidas administrativas para que todo proyecto inferior a 120 millones se evalúe en la región; estamos hablando prácticamente del 90 por ciento de los proyectos.

Por otro lado, se ha incluido una indicación del Ejecutivo para exigir que el intendente funde su proposición de distribución de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en función de variables objetivas. En todo caso, nos parecen medidas que apuntan precisamente en la dirección de radicar en las regiones un número cada vez mayor de atribuciones.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, solamente para referirme al artículo 47, en cuanto a la composición del consejo económico y social provincial.

El Diputado señor Cantero se quejaba de que la Comisión no atendió a los argumentos de Renovación Nacional. No es así. En ella no sólo se escucharon los argumentos, sino que se debatieron largamente. Así ocurrió, por ejemplo, con una indicación presentada por los Diputados señores Cantero y Ringeling sobre la participación en el consejo de las organizaciones comunitarias, tanto territoriales como funcionales, proponía una forma de integración que excluía absolutamente.

Entre los miembros por derecho propio que integrarán el consejo económico y social provincial, de bastante relevancia a nivel de cada provincia, el Ejecutivo planteaba, en el inciso segundo del punto 2, que para los efectos de la representación por derecho propio, los colegios profesionales serían considerados como organizaciones comunitarias funcionales, lo que los dejaba en el mismo nivel de un club deportivo o de un centro de madres.

Por indicación del Diputado señor Elgueta -y de quien habla-, se suprimió ese inciso. Nuestra propuesta, aceptada por unanimidad por la Comisión, consistía en que los colegios profesionales tuvieran tres representantes en la provincia, elegidos por ellos mismos.

Me parece que eso tiene un sentido más profundo que simplemente cambiar un inciso. Significa incorporar, por derecho propio, a los profesionales universitarios de este país, quienes pueden aportar conocimientos en sus respectivas provincias.

Nos quejamos de la falta de participación de profesionales a niveles regionales, porque la mayoría migra a las ciudades principales o a la Región Metropolitana; sin embargo, cuando se trata de darles participación y representación, para que aporten sus conocimientos gratuitamente en los consejos provinciales, se les reduce a un número que no corresponde.

De ahí que yo quiera destacar que la Comisión aceptó por unanimidad esta indicación, y la verdad es que como el informe no indica quienes la presentamos tal vez por un error de Secretaría, dejo esta constancia.

También deseo destacar que con la composición de los consejos regional y provincial, presididos por el intendente y el gobernador, respectivamente, se dará realmente un manejo adecuado al desarrollo regional. Al establecerse con claridad sus funciones, como asimismo la de sus cuerpos asesores, separándolos de este cuerpo colegiado elegido por el pueblo, estamos dando un paso muy trascendente en cuanto a la obtención de una verdadera regionalización del país y al manejo representativo que debe existir en las regiones.

Por eso, me parece muy adecuada la intervención del Diputado señor Aguiló referente a los quorum, en especial cuando algún punto ha sido rechazado por el consejo y el intendente desea que se adopte en definitiva. Para que el consejo pueda insistir, deberá reunir un quorum significativo, que nosotros rebajamos a dos tercios, porque tres quintos es muy difícil de lograr.

Es relevante resaltar en este bloque la participación del consejo económico social a nivel provincial, así como también la de todos sus importantes estamentos, los cuales podrán hacer el aporte que todas las provincias necesitan.

Antes de concluir, señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Rubén Gajardo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia de la señora Caraball, tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, me referiré a las objeciones al hecho de que el intendente regional tenga derecho a voto en el consejo regional.

El colega Elgueta expresó que en el artículo 101 estaría resuelto el problema, al establecer que el intendente presidirá el consejo regional. En verdad, para concluir en lo mismo, me hace más fuerza lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 100, norma invocada por el señor Ministro Secretario General de Gobierno. De ese inciso se desprende necesariamente que el intendente debe tener derecho a voto, porque en él se señala que "El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional". Y si el intendente es un elemento constitutivo del consejo, resulta absolutamente impensable entender que lo constituya si se le priva de la función fundamental de decidir las materias cuya resolución se entrega al consejo, por ser propias de su competencia. En consecuencia, la normativa propuesta no solamente está ajustada a la Constitución, sino que, más aún, la pretensión de que el intendente regional se le prive de votar en el consejo regional infringiría la Constitución Política, concretamente el inciso tercero del artículo 100. De manera que me parece absolutamente sin base la objeción planteada a la norma que establece la participación, con derecho a voto, del intendente regional.

Agradezco a la Diputada señora Caraball la interrupción que me ha concedido.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).

- Puede continuar la Diputada señora Caraball.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, el Diputado señor Carrasco me ha solicitado una interrupción, la que le doy con todo gusto.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, esta materia, vinculada al intendente, fue vastamente debatida en la Comisión. Desde la facultad del Presidente de la República para nombrarlo hasta la posibilidad de que esta autoridad pueda ser propuesta por el consejo regional, desde su participación con derecho a voz y voto en dicho consejo hasta su no participación en él, incluso la designación de un vicepresidente para el consejo regional, todo fue ampliamente debatido, y la Comisión llegó a los acuerdos concretados en el proyecto.

También fue discutida la posibilidad de que el intendente pudiera ejercer la presidencia del consejo sin derecho a voto. Consideramos que eso era una especie de atentado a su derecho como integrante de él, en representación del Presidente de la República; incluso un atentado, a la igualdad que la Constitución otorga a las personas que realizan un mismo cargo. De ahí, entonces, que era imposible que el representante del Presidente de la República, que forma parte del consejo y lo preside, hace sugerencias y proposiciones, careciera del derecho a voto. Por ello se estableció un quorum para poder discrepar y solucionar las diferencias que se presentaran entre el consejo y el intendente, el cual, como se dijo, fue rebajado.

Sin embargo, en el artículo 34, el legislador también previo la posibilidad de que el intendente no tuviera derecho a voto. Cuando el consejo ejerce su función fiscalizadora el intendente solamente tiene derecho a voz, y no a voto, porque se está tratando una materia vinculada a su función, que el consejo tiene derecho a fiscalizar.

En relación con los consejeros, hicimos valer el principio fundamental de un sistema democrático: que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y de ser elegido. Para que esto pueda funcionar, lógicamente deben ponerse las menores trabas posibles. En este caso, el cuerpo electoral designado es el que tiene la responsabilidad de elegir a las personas más autorizadas, tanto por su capacitación como por sus condiciones. Pero eso no implica que a un ciudadano le sea vedado ser elegido consejero regional, máxime si por lo menos dos de ellos son representantes de sus provincias. Es bueno que en las provincias haya auténticos representantes, no sólo aquellos que exhiban algún título o estudio especializado. Como se dijo en la Comisión, a veces hay gente muy capacitada, con muchas dotes, autodidacta, que ejerce funciones realmente valiosas. Por eso, preferimos dejar en la ley la posibilidad de que cualquier persona pueda ser elegido consejero, sin otro requisito que estar inscrito y ser ciudadano de la República.

Agradezco a la Diputada señora Caraball la interrupción.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Señores Diputados, han llegado a la Mesa cuatro peticiones de clausura del debate de distintos Comités.

Se ha logrado unanimidad, pero, de acuerdo con el Reglamento, falta que la UDI intervenga, y el Diputado señor Ulloa me ha solicitado la palabra. Una vez que haga uso de la palabra, se podrá clausurar el debate y votar.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ULLOA .-

Señor Presidente, es importante que nos pongamos de acuerdo sobre el uso de la palabra, porque lo natural es que puedan intervenir todos los partidos. Entonces, no resulta lógico ni coherente solicitar el cierre del debate o ponerse a discutir cuando un partido, no ha dado a conocer su posición.

En todo caso, es preciso que el señor Ministro, que se encuentra presente en la Sala nos aclare algo. El, a mi juicio, o le escuché mal, incurrió en un error, ya que sostiene que el derecho a voto del intendente en el acuerdo político suscrito respecto de las reformas comunal y regional. Hemos revisado dicho acuerdo político y no sale nada de eso. En consecuencia, me da la impresión de que hay un error de parte del señor Ministro y quisiera corregirlo.

En este bloque de artículos, que van desde el 21 al 58, hemos propuesto algunas indicaciones y renovado otras.

El fundamento por el cual solicitamos que el intendente no tenga derecho a voto, es, básicamente, porque en el gobierno regional existen dos entes, el representante del Presidente y el cuerpo colegiado electo democráticamente, por la vía indirecta. Ello supone, en principio, que todas las votaciones afectan a la región y que, sin duda alguna, el poder regional estará radicado en el consejo. Por consiguiente, el intendente no debe votar porque no es electo y su designación está sujeta al mecanismo de la decisión personal del Presidente de la República.

En segundo lugar, sucede que el intendente es quien propone todo lo que hará el gobierno regional, y éste sólo actúa en términos de decidir "Sí", "No", o de modificar, lo propuesto, pero no es propositivo. La forma de equilibrar esta situación, en que uno propone y los otros solamente aprueban o rechazan, sería permitir que el intendente sólo pudiera encauzar la reunión, sin derecho a voto. De esta manera, si el intendente sólo propone y el consejo decide, al tener únicamente los consejeros derecho a voto, se producirá el equilibrio entre el representante del Presidente de la República y los consejeros electos por votación democrática) en forma indirecta.

También queremos destacar que es necesario, al menos, mantener la idea original del Ejecutivo, en términos de exigir un mínimo de instrucción a quienes postulen a los cargos de consejeros regionales. El proyecto del Ejecutivo establecía, como requisito, haber completado la educación general básica, lo cual es una obligación del Estado. Debemos tener presente que estamos frente a un grupo de personas que necesariamente tendrán que tomar decisiones de carácter técnico muy importantes, por lo que se hace necesario exigirles un nivel educacional mínimo.

Finalmente, respecto del artículo 41 sosteníamos que las vacantes de consejeros no deberían ser llenadas, de manera que debiera establecerse una fórmula mediante la cual no hubiera reemplazo. Esta materia, como bien lo dice el Diputado Montes, está relacionada con la norma del artículo 40.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el tumo correspondiente al Partido Radical, tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, sólo quiero hacer una consulta. Tengo a la vista el artículo 51 del proyecto, el cual se refiere a la comisión encargada de nominar el consejo económico social provincial. Dice que uno de los integrantes de esta comisión, además del gobernador y del contralor regional, es un ministro de la Corte de Apelaciones con asiento en la capital de la provincia respectiva o, en su defecto, el juez de letras más antiguo de la provincia.

Deseo saber si respecto de esta norma se consultó a la Corte Suprema, porque los Diputados informantes nada han dicho sobre el particular.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, porque no era procedente hacer la consulta. No es materia jurisdiccional.

El señor CAMPOS.-

Conforme.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Los artículos 21 y 22 están aprobados reglamentariamente.

En el artículo 23 hay una indicación, a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad suprimir, en la letra c) del artículo 23, las expresiones "y voto. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 34, letra h), sólo tendrá derecho a voz".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, ¿podríamos dividir ahora la votación del artículo?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 23 sin la letra c).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos en contra ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo.

En votación la letra c).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 13 votos. No hubo abstenciones.

Él señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la letra c).

En el artículo 24, hay una indicación renovada y otra de la Comisión de Hacienda.

El señor Secretario dará lectura a la primera indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por objeto reemplazar el inciso segundo del artículo 24 por el siguiente: "En caso de existir discrepancias entre el intendente y el consejo regional con motivo del pronunciamiento sobre las materias señaladas en el inciso anterior, primará la proposición del intendente a menos que el consejo insista con una proposición alternativa aprobada por mayoría absoluta de sus miembros.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación propuesta por las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 61 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Se va a dar lectura a la indicación de la Comisión de Hacienda.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por objeto sustituir, en el inciso primero del artículo 24, la expresión "señalados en las letras b) y d)", por la siguiente: "y proposiciones señaladas en las letras b), d) y e)".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo con la indicación de Hacienda, patrocinada por el Ejecutivo y el Diputado señor Ringeling.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 7 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo con la indicación.

En el artículo 29, que se refiere a los requisitos para ser consejero regional, hay una indicación.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa sobre un problema reglamentario.

El señor ULLOA.- Señor Presidente, tenemos la impresión de que hay una indicación al inciso segundo del artículo 24.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya se votó.

El Secretario dará lectura a la indicación al artículo 29.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por objeto reemplazar, en el artículo 29, la frase "saber leer y escribir" por la siguiente: "haber aprobado, a lo menos, el cuarto año de enseñanza media o estudios equivalentes".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 64 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 29.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 14 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 29.

Corresponde pronunciarse sobre una indicación de la Comisión de Hacienda, formulada al artículo 34, que leerá el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es del señor Diputado Devaud, para agregar al final de la letra f) del artículo 34, a continuación de la palabra "regional", la frase: "y de los recursos propios que el Gobierno Regional obtenga en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 19, número 20, de la Constitución Política de la República".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo con la indicación.

Durante la votación:

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier sobre un problema reglamentario.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, el punto es reglamentario y de interpretación.

La filosofía de la indicación presentada por el colega Devaud es compartida por todos. Mi duda es la siguiente: Hace poco aprobamos en este Congreso Nacional una ley de patentes mineras que asigna recursos a las regiones, que no necesariamente está basada en la disposición legal que menciona el colega Devaud. Por lo tanto, tengo duda sobre si también sería atribución del Consejo intervenir en la distribución de esos recursos.

El señor ULLOA.-

Son recursos propios.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No podemos entrar al fondo del problema.

Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, quiero complementar la consulta del Diputado señor Letelier.

En el proyecto que despachamos y que está en tramitación en el Senado, dichos recursos se incorporan en el fondo de desarrollo regional de la respectiva región. Esto se contempla en un artículo relativo a tal fondo, que veremos más adelante.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero no entremos al fondo del problema, porque no tiene solución en esta instancia.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

El artículo 35 señala que el consejo regional funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias.

El señor ELGUETA.-

Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, el inciso segundo debería puntuarse de otra manera, porque expresa: "Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas, los dos tercios...". Corresponde poner un punto seguido (.) en lugar de la coma (,) e iniciar la frase con mayúscula, porque se trata de otra idea.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad, con la corrección propuesta por el Diputado señor Elgueta.

Aprobado.

El artículo 37, se refiere a la dieta que percibirán los consejeros regionales.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad, con el quorum de 78 votos.

Aprobado.

El artículo 39, se refiere a las causales de cesación en el cargo de consejero regional.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum.

Aprobado.

En el artículo 40 hay un problema, pues dice lo mismo que el 41; no sé si la Sala prefiere el 40 ó el 41. El 40 es más explícito, más detallado.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, se ha formulado indicación al artículo 41.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El punto es que si se aprobara el artículo 40, el 41 sería innecesario.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, si lo tiene a bien, pido que la indicación al artículo 41 se traslade al artículo 40, porque corresponde a lo mismo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se dará lectura a la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad agregar el siguiente inciso tercero nuevo: "En el evento de que este nuevo consejero falleciere o cesare en el cargo durante el desempeño de su mandato, éste no será reemplazado.".

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la indicación ya está contenida en el artículo 40.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Efectivamente, la idea está contenida en la última frase del artículo 40, por lo que corresponde votarlo y retirar la indicación.

En votación el artículo 40.

Si le parece a la Sala, se aprobará con 78 votos y se dará por retirada la indicación.

Aprobado.

En votación el artículo 41.

Si le parece a la Sala se rechazará, porque está contenido en el 40.

Rechazado.

El artículo 42 se refiere a que el consejo regional tendrá una secretaría.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará con 78 votos a favor.

Aprobado.

El artículo 43 se refiere a que el gobernador tendrá a su cargo la administración, etcétera, y repite los conceptos.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum.

Aprobado.

El señor Secretario dará lectura a una indicación al artículo 44.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Tiene por finalidad reemplazar, en su letra a), la frase "entidades del sector público" por "servicios públicos creados por ley".

El señor ULLOA.-

Todos los servicios públicos son creados por ley.

Varios señores DIPUTADOS.-

¿Quién firma la indicación?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Todas las indicaciones renovadas son de la Oposición.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa 58 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar el artículo en su forma original.

El señor ULLOA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado.

El señor ULLOA.-

Para no entorpecer el artículo completo, pido que se vote en forma separada la letra a).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 44, salvo su letra a).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En votación la letra a).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico: dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 15 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada.

El artículo 45, se refiere al consejo técnico asesor que puede crear el gobernador.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará con 78 votos.

Aprobado.

En el artículo 47, que se refiere a la integración del consejo económico y social provincial, hay una indicación que leerá el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Es para reemplazar su letra a), por la siguiente: "a) Los miembros electos serán veinticuatro, elegidos de la siguiente forma:

Ocho por las entidades que agrupen a las organizaciones laborales de la provincia;

Ocho por las entidades que agrupen a los empresarios y demás entidades productivas de la provincia;

Tres por las organizaciones culturales de la provincia que más contribuyan al progreso y desarrollo de la cultura provincial;

Tres por las asociaciones de profesionales de la provincia, y".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 64 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada.

En votación el artículo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 15 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No se alcanzó el quorum requerido.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Cómo que no hubo quorum!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es que no votan los señores Diputados. La obligación de los parlamentarios es estar en la Sala y votar. Todos saben que estamos votando.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, cuando me levanté de mi asiento, dejé marcada mi preferencia y no quedó registrada; pido que se contabilice. He estado en la Sala toda la mañana y los colegas lo saben.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, emití mi voto y no apareció en el tablero.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión.

Se suspendió a las 14:12 y se reanudó a las 14:13.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde votar el artículo 51, consecuencia del anterior; pero no puede ser aprobado, porque se refiere a una comisión que tendría que calificar a las instituciones señaladas en el artículo 47.

El artículo 58 se refiere a quiénes serán elegidos como miembros del consejo económico y social provincial.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.

El señor DUPRE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, no apareció mi voto favorable y quiero dejar constancia de que en la votación anterior se procedió en forma antirreglamentaria, puesto que en la versión de sesiones, además de quedar consignado el resultado electrónico, deben figurar los votos de los Diputados presentes en la Sala que manifiesten que no ha sido considerado el suyo, después de haberlo comprobado en forma visual en la pantalla. Obviamente, esto ha ocurrido en algunos casos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se va a repetir la votación.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra por un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en la votación anterior, cuando solicité que se tomara en cuenta mi voto, lo hice sobre la misma base.

Si se aplica el criterio que se ha adoptado en esta oportunidad, solicito que se repita la votación anterior, que dio origen a esta situación. Los señores Diputados saben que estamos presentes todos los miembros de la Comisión de Gobierno Interior que trabajamos en esta materia.

El señor ULLOA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en atención a que Su Señoría indicó que un artículo pasado no se votaría, porque era consecuencia del anterior, deseo hacer presente que éste se encuentra en la misma situación. Sólo pido que se relea.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es tan evidente, porque dice: "Serán elegidos como miembros del consejo económico y social provincial los candidatos titulares y suplentes..."; pero no sabemos cuáles son.

En votación el artículo 58.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

El Diputado don Carlos Montes solicita la anuencia de la Sala para votar de nuevo la letra d) del artículo 18, con la fórmula propuesta por el Diputado señor Latorre; es decir, que diga solamente "fomentar el turismo".

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor BARTOLUCCI.-

Falta agregar mi voto favorable, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así se hará, señor Diputado.

Aprobada la letra d) del artículo 18.

Debo recordar a los señores Diputados que todos los artículos que restan son de quorum calificado; es decir, ninguno puede ser aprobado con menos de 68 votos.

Se suspende la sesión hasta las 15:00.

Se suspendió a las 14:29 y se reanudó a las 15:00 horas.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Se suspende por diez minutos.

Se suspendió a las 15:01 y se reanudó a las 15:11 horas.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde ocupamos del bloque de artículos comprendidos entre el 59 y el 69, que conforman el Capítulo IV: "De la Estructura Administrativa del Gobierno Regional y de otros Órganos de la Administración Pública en las Regiones.".

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en el Capítulo V, que trata "De las Asociaciones Regionales", conformado por los artículos 67, 68 y 69, se establece la posibilidad de que los gobiernos regionales, creados por esta ley, puedan asociarse "con personas naturales o jurídicas o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional.".

Sin embargo, el artículo 68, aprobado tanto en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, como en la de Hacienda en circunstancias de que -en ambas Comisiones se rechazó una indicación del Ejecutivo que acotaba ciertas facultades- dispone que las asociaciones o entidades creadas con ese objetivo, "se regirán por la legislación común aplicable a los particulares", cuestión que, además, está contenida en la norma constitucional que aprobamos para dar origen a la creación de los gobiernos regionales. Empero, por esta vía, particularmente por lo establecido en el artículo 68, se abre un camino de acción para entes que son partes del Estado, lo que es muy peligroso, por cuanto, al no restringirse la capacidad de endeudarse de las asociaciones o entidades que se creen entre los Gobiernos Regionales y particulares, al no ponerse ninguna cota a la responsabilidad que los gobiernos regionales asuman respecto del endeudamiento que contraigan en virtud de lo dispuesto en este artículo, puede producirse un desequilibrio total en la administración de las finanzas del Estado, como consecuencia de transgredir la norma constitucional que establece que sólo con autorización, otorgada por ley de quorum calificado, el Estado podrá contratar empréstitos cuyo vencimiento exceda el respectivo período presidencial.

Ello ocurriría, simplemente, porque la legislación común aplicable a los particulares es diferente a la que rige las instituciones del Estado. En esta disposición no se indica que los gobiernos regionales serán responsables, por ejemplo, sólo hasta su aporte patrimonial en las deudas contraídas por las entidades que constituyan en virtud del artículo 67. Es decir, queda una puerta abierta para que las asociaciones regionales contraigan deudas cuantiosas que superen con creces incluso, la capacidad de gestión del propio gobierno regional, las que, después, el Estado puede verse obligado a asumir.

En definitiva, esta entidad que se forma entre el gobierno regional y un particular no asume la responsabilidad que le correspondería en relación con su decisión de endeudarse. Con la redacción del artículo 68 se abre un forado de graves consecuencias. De mantenerse esta disposición en esos términos, la votaré en contra.

Se me ha señalado por algunos Honorables colegas que harán uso de la palabra a continuación, que se va a recabar el asentimiento de la Sala para corregir este defecto por la vía de la unanimidad. Si ésta no existe, en mi opinión, este artículo 68 debería rechazarse.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, éste fue un tema ampliamente debatido, tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Gobierno Interior.

No hay nadie que no esté de acuerdo con la existencia de una regulación para el artículo 68, al que se ha referido el Diputado señor Palma, don Andrés. Todos coincidimos en ello, pero, desgraciadamente, el Ejecutivo insistió en una redacción que obliga -el Ministro podrá explicar después claramente el ánimo del Ejecutivo- a buscar en el Senado una forma de corregir, desde nuestro punto de vista, el error cometido.

El artículo 104, inciso quinto, de la Constitución dispone lo siguiente: "La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares.".

En el caso de las municipalidades, en una situación parecida, la Constitución Política, en el artículo 107, inciso cuarto, prescribe: "Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.". Pero en este caso concreto, la Constitución preceptúa que la persona que se crea, se regula por las normas comunes aplicables a los particulares. El texto original de esta disposición señalaba que este ente, en ningún caso se podría endeudar. Por indicación aprobada en la Comisión, se suprimió esta limitante; sin embargo, el Ejecutivo la ha repuesto. Es decir, se prohíbe algo que la Constitución permite. Nuestra argumentación fue de derecho.

El Gobierno entiende que tenemos razón al impugnar la forma como lo quiso regular. No el hecho de regular. Nuestra posición es que haya una regulación de acuerdo con lo que la Constitución establece. Puede ser, por ejemplo, que el Ministro de Hacienda deba autorizar la solicitud de crédito que hagan esas asociaciones. Pueden existir diferentes formas para llegar a ese acuerdo. Pero la indicación planteada por el Ejecutivo fue rechazada -reitero- en las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda.

Desde nuestro punto de vista, este tema es muy importante. La indicación del gobierno impide que estas asociaciones se endeuden. Con ello, no pueden asumir ese tipo de obligaciones, pues sería ilegal. Por esa razón, tenemos que regular la disposición de manera que no constituya una prohibición, que anule lo que la Constitución permite.

Luego de conversar con el señor Ministro, le hemos planteado -incluso hay un principio de acuerdo con el Gobierno- estudiar una regulación ajustada a la norma constitucional y se vea la posibilidad de reponerla en el Senado para que exista tal concordancia.

Concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, estas tres disposiciones establecen el principio asociativo del gobierno regional. El artículo 67 del proyecto distingue la asociación "con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro...". Es decir, estamos en presencia de dos tipos de asociaciones: las que en derecho revisten la calidad de comunidad o de personas jurídicas. Pero en uno y otro caso existen normas del derecho común que regulan estas materias.

Si se trata de una comunidad, la regla general es que sea el 50 por ciento, se fijen partes iguales o se determine con relación a las cuotas que cada uno de los comuneros tenga.

Si se trata de personas jurídicas, se señalan en los estatutos las condiciones en que se contraerán las deudas y la forma en que se contribuirá a su pago. En consecuencia, dentro del derecho privado, al que se someten estas instituciones, se reglamenta esta situación.

Coincido con el Diputado señor Ortega en cuanto a que es absolutamente inconstitucional que a una persona natural o jurídica -como estas asociaciones, aun cuando constituyan una comunidad- se le quite lo que es un atributo propio: el patrimonio, que se compone no sólo por el inventario de bienes, sino también por las obligaciones. De aceptarse la indicación propuesta por el Gobierno, se llegaría al absurdo de que una entidad de esta especie no podría comprar nada al crédito -sólo al contado-, ya que las obligaciones a plazo importarían tener un crédito.

Por otro lado, se afectaría el derecho de propiedad. Si esto lo vinculamos al concepto de patrimonio, se concluye que se violaría la garantía indicada en el N° 26, del artículo 19, de la Constitución, que asegura a los chilenos que las garantías constitucionales no podrán ser afectadas en su esencia por ningún precepto legal. En este caso estaríamos en presencia de una persona natural o jurídica -que podrían ser estas asociaciones- que solamente podrían tener derechos, pero no obligaciones pecuniarias. Eso no corresponde al concepto jurídico de estas entidades, mucho menos cuando se ha establecido, y eso nadie lo ha discutido, que dichas instituciones se regirán por la legislación común aplicable a los particulares.

En el fondo, lo que se quiere establecer es que estas instituciones no se endeuden ilimitadamente; pero, como lo he dicho, en los propios estatutos de la asociación puede regularse esa materia. Me parece que ningún gobierno regional aceptará asociarse con otras personas jurídicas o naturales, si no se regula su capacidad de endeudamiento.

Por tales razones, esa norma no sólo es inconstitucional, sino que estaría absolutamente de más.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, he consultado al Gobierno y éste no repondría su indicación, pero entiendo que existe el ánimo, incluso lo hemos conversado con algunos colegas de la Oposición, de buscar la forma de que en el Senado se estudie, previamente, una norma concreta al respecto. Esa proposición puede ser, por ejemplo, la autorización previa del Ministerio de Hacienda, para contratar préstamos; también puede indicar en la ley que deberá aplicarse la normativa que rige el endeudamiento para particulares, lo que implica que la responsabilidad patrimonial se limita al monto del aporte y nunca podrá comprometer garantías del Estado.

Como no se repone la indicación, este debate sería orientador para el acuerdo que se puede lograr en el Senado; pero no vamos a introducir cambios porque no hay posibilidad de aprobar una indicación, a no ser que exista asentimiento unánime.

En relación con el artículo 69, hicimos presente al Gobierno que la letra b) del artículo 69 nos parecía inconstitucional.

Se dice que el aporte que haga el gobierno regional a estas asociaciones en ningún caso podrá provenir de la contratación de empréstitos, lo cual no está referido al posible endeudamiento del nuevo ente de la asociación, sino al gobierno regional. A nuestro entender, la frase final de la letra b), que dice: "En ningún caso tal financiamiento podrá contemplar la contratación de empréstitos" es inconstitucional, dado que el artículo 62, de la Constitución Política, establece que: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

"3° Contratar empréstitos o celebrar cualquier otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado.". Es decir, sólo por ley de iniciativa presidencial se pueden contratar empréstitos.

Por ello, debiera decir -eso lo hemos conversado con el Ministro-, como lo establece la norma constitucional, que "sólo por una ley de iniciativa presidencial podrá el gobierno regional endeudarse para financiar ese aporte"; pero no puede expresar "en ningún caso". Este último inciso debiera ser corregido en este trámite o en el Senado.

Le concedo una interrupción al Diputado señor Bosselin.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, agradezco la interrupción que me concede el Honorable Diputado señor Ortega.

He escuchado con mucha atención a los Diputados señores Andrés Palma, Eugenio Ortega y Sergio Elgueta. Cuando el Diputado señor Andrés Palma desarrolla su argumentación en sentido de que aquí se está abriendo un forado, no cabe la menor duda de que eso es así. Aquí se abre una puerta extraordinariamente peligrosa, que anuncia eventuales daños para el Estado unitario de Chile porque, por la vía de formar estas asociaciones, someterlas al derecho común propiamente tal, y facultarlas o dejarlas facultadas plenamente para comprometerse patrimonialmente sin limitaciones, es evidente que en forma indirecta se está comprometiendo de alguna manera el patrimonio estatal.

Cuando se manifiesta que éstas son entidades de carácter particular sometidas al derecho privado, se están diciendo las cosas a medias, porque, en el fondo, estas asociaciones regionales que se formen entre los gobiernos regionales y personas naturales o jurídicas son, de todas maneras, organismos, instituciones o entidades de interés público, que van a cumplir una finalidad de interés público, como quiera que el artículo 67 está señalando que su objeto será propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Tratándose de estas entidades, que por esencia son de fines públicos, sólo por la vía de la ficción la Constitución ha establecido que se van a regular por el derecho privado. Pero eso sólo es una ficción. Perfectamente puede el legislador, cuando está legislando y en consecuencia, concretando la norma constitucional, establecer limitaciones en el ámbito del derecho privado, sin llegar al extremo que señalaba el Honorable Diputado Elgueta, que prohíba absolutamente realizar determinados actos; pero es lícito y constitucional establecer determinadas limitaciones, sobre todo ahora que se están regulando las asociaciones regionales, y no dejar entregado eso para cuando se celebren o suscriban esas asociaciones o contratos.

Debe ser la norma que estamos aprobando en este momento la que establezca esta limitación.

Atendidas estas consideraciones, y por los motivos señalados por el Honorable Diputado don Andrés Palma, a menos que se modifique la norma en términos razonables, votaré en contra.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado señor Ortega

Le solicita una interrupción el señor La torre.

Advierto al Diputado señor Ortega que le resta un minuto y medio.

El señor ORTEGA.-

Entonces, que el Diputado señor Latorre pida la palabra porque, de lo contrario, dejará sin responder al Diputado señor Bosselin.

Quiero dejar en claro que el Diputado señor Bosselin no ha argumentado en contra del criterio de inconstitucionalidad, sino en la línea de un acuerdo implícito y explícito entre nosotros y el Gobierno, en el sentido de que es necesario regular esta situación, pero no bajo la fórmula contenida en la indicación que planteó el Gobierno, en cuanto a que en ningún caso debiera existir posibilidad para que estas asociaciones se endeuden.

Así replico a lo señalado por el Diputado señor Bosselin, que me pidió la palabra para apoyar mi tesis y terminó diciendo una cosa absolutamente contraria.

El Diputado señor Latorre me quiere apoyar, pero no tengo tiempo para concederle una interrupción.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, efectivamente, analizando la situación y el texto constitucional, no corresponde prohibir los empréstitos, sino sólo regularlos, porque estamos ante un riesgo que, por todos lados, puede amenazar seriamente las finanzas públicas. Desde ese punto de vista, estamos preparando una indicación que no prohíba sino regule estas asociaciones, para presentarla en el Senado.

En relación con el artículo 69, al que ha hecho referencia el Diputado señor Ortega, concordamos también con el criterio de que no se puede afirmar tan taxativamente que en ningún caso tal financiamiento podrá contemplar la contratación de empréstitos. Se debe contar con una norma concordante con la Ley de Bases, que diga que podrán endeudarse estas asociaciones sólo en virtud de una ley, lo cual, por su naturaleza, es de iniciativa presidencial.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tienen la palabra el Diputado don Gutenberg Martínez; a continuación, los Diputados señores Cantero, Aguiló, Ulloa y Latorre.

EL señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, quiero hacer las siguientes salvedades.

Estamos aprobando o rechazando una determinada norma; por lo tanto, uno tiene que pronunciarse respecto de ella y no del espíritu de cambiarla absolutamente, en términos de futuro, como lo ha planteado el colega señor Ortega.

Si legisláramos así, esto es, si aprobamos, una norma que sabemos que es mala sobre la base de que nos comprometemos a arreglarla mañana, estaríamos entregando la ley a un albur, a la buena fe, pero al final de cuentas a un albur y no a un proceso legislativo serio.

Coincido en que no es constitucional prohibir los empréstitos; pero, a su vez, asumo con toda plenitud que es absolutamente responsable limitar lo que pueda significar endeudamientos excesivos por parte de los entes estatales, como, a su vez, generar iniciativas que puedan destruir un buen manejo de la política económica del país.

A mi juicio, la norma realmente es muy mala, porque no limita el tipo de asociaciones. Aquí queda todo absolutamente abierto. El precepto dispone que "podrán asociarse con personas naturales o jurídicas", término amplio, "o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional".

Punto 1. Ateniéndome al sentido literal de la primera parte de la norma, y no a las intenciones, porque eso es lo que vale después, entiendo que los gobiernos regionales podrán asociarse con personas naturales o jurídicas, en términos amplios; es decir, no se está limitando el tipo de entidades que se pueden generar. Por lo tanto, se puede generar cualquier tipo de contrato, de sociedad o de asociación que las partes estimen conveniente, tanto los nominados como los innominados. Entonces, aquí puede haber cuentas en participación, sociedades anónimas, cualquier tipo de asociación.

Punto 2. Se habla de constituir asociaciones destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro. A mi juicio, se confunde el sentido de la expresión "sin fines de lucro" con "actividades empresariales", aunque aquí no estén mencionadas. Que se puedan realizar actividades sin fines de lucro no significa prohibir las actividades empresariales. Y solamente invitaría a los Honorables colegas a que revisaran mentalmente la cantidad de entidades sin fines de lucro que pueden realizar actividades empresariales. Por lo tanto, no está limitado el tipo de entidad que es posible constituir ni el tipo de actividad empresarial que se puede efectuar, párrafo primero.

Punto 3. Se pretende limitar y también está mal redactado el inciso segundo del artículo 67la finalidad de estas entidades cuando dice: "Las asociaciones o entidades así formadas podrán realizar, especialmente,...", y ahí viene una pormenorización que, seguramente en el espíritu de quien redactó la norma, intentaba limitar las actividades que podrían realizar estas asociaciones o entidades. Dado a que está mal redactado el inciso, tenemos que remitimos a su sentido literal. Aquí se entiende que podrán realizar todo tipo de actividades y en especial las que se señalan. Por tanto, estamos hablando de cualquier tipo de asociación para desarrollar cualquier tipo de actividad, en particular las que aquí se efectúen, con la limitación de que sean sin fines de lucro, lo cual no significa que no se pueda realizar actividad productiva o comercial.

Después podría dar a conocer a los colegas que se interesen, ejemplos prácticos de corporaciones sin fines de lucro que poseen empresas de transportes, comerciales, mineras extractivas. Por lo tanto, por esa vía estaríamos vulnerando una serie de disposiciones sobre esa materia.

Enseguida, al no haber ninguna regulación en materia del tipo de asociación que se pudiera generar, esto también estaría significando que los gobiernos regionales sin necesidad de empréstitos ni de endeudamientos, podrían comprometer su patrimonio por el hecho de suscribir -lo cual no significa pagar- el capital con el cual se conforma una sociedad determinada. Me explico, señor Presidente. Podría constituirse una entidad que dijera: "Se compromete un capital de 100 millones de dólares y se pagan en este momento 1.000 pesos por cada parte; el resto se pagará en la medida en que las necesidades de la sociedad así lo requieran", fórmula de rigor en la actividad profesional. En esa forma, el Estado, a través del gobierno regional, pagando muy poco puede comprometer al gobierno regional, en términos de su responsabilidad, en cantidades ilimitadas, en lo que quede a la buena voluntad del gobierno regional.

De ese modo, señor Presidente, no tan solo tenemos los problemas que aquí se han planteado respecto de los límites del endeudamiento, en cuanto a que no está señalado que haya relación o no con el patrimonio o con el presupuesto regional, sino que, al final de cuentas, por este mecanismo podría haber también una vía de rompimiento de las políticas económicas a nivel nacional.

Entonces, en rigor, la norma es mala y, por lo tanto, lo procedente es rechazarla. Si es posible lo que me parece razonable, habría que crear corporaciones regionales de derecho privado o público, según se estime mejor, sin fines de lucro, pero limitándolas en el sentido de que no puedan entrar en la actividad empresarial, tengan limitado el patrimonio con el cual pueden suscribir y limitada su responsabilidad y capacidad de endeudamiento. Si el Gobierno y algunos colegas están dispuestos a redactar esa norma, que lo hagan, que se presente en el Senado y se apruebe. Pero eso es absolutamente distinto de lo que tenemos aquí, lo cual también votaré en contra.

El Diputado señor Latorre me pide una interrupción, y si el señor Presidente lo permite, se la otorgo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero partir haciendo el mismo alcance que formuló el Diputado señor Martínez, y deseo que él acepte que yo, aprovechando esta interrupción, pueda contradecirlo en algunos aspectos.

El artículo 67, al cual él se ha referido, está definitivamente aprobado.

En consecuencia, el punto en discusión es el señalado anteriormente por los Diputados señores Bosselin y Ortega en sus intervenciones.

Ayer se aprobó en esta Sala, por unanimidad, un proyecto de ley del Ejecutivo que establece que las universidades que no se habían acogido a un mecanismo que les permita asociarse o crear corporaciones, fundaciones o incluso empresas -porque se planteó el ejemplo de empresas de las cuales algunas universidades eran dueñas- no tendrían ninguna limitación respecto de la forma en que pudieran generar cualquier actividad distinta de la propiamente educacional, y que posibilitara mejorar su autofinanciamiento. Se planteó en la Sala, como argumento, que esta iniciativa permitiría el desarrollo regional, y particularmente el de la educación superior en las regiones. O sea, el mismo Ejecutivo, presentó ayer un proyecto que recoge una aspiración muy sentida de las universidades regionales y un aspecto muy similar al que hoy está en discusión, en que a las corporaciones e incluso a las empresas no se les establece ninguna restricción, porque ni siquiera se habla de instituciones sin fines de lucro, sino que el planteamiento es mucho más amplio. Hoy el Ejecutivo nos hace llegar un proyecto por el que establece para este tipo de asociaciones una exigencia que no tuvo presente en otro similar, aprobado ayer por unanimidad.

Quiero dejar establecida esa inconsecuencia, por cuanto, en mi opinión, es válida la preocupación respecto de que por la vía de este tipo de asociaciones pudiera comprometerse el patrimonio regional y, asimismo, el nacional. Esa preocupación me parece razonable, especialmente si todos estamos de acuerdo en que no es positivo para el país que por ese camino se produzca un desequilibrio en las cuentas fiscales que pueda provocar una serie de efectos indeseables en las finanzas públicas.

Sin embargo, en este caso es evidente que estas asociaciones no tendrán posibilidades de desarrollo si de alguna forma no pueden concurrir a un mecanismo de capitalización que les permita enfrentar efectivamente las actividades de carácter empresarial que puedan desarrollar eventualmente. Es evidente que uno de los mecanismos para que ello ocurra es el endeudamiento que, en mi opinión, no puede quedar establecido en la ley, porque esa posibilidad -como lo ha manifestado el Diputado señor Ortega- constituye una norma que se debe regir, a su vez, por una disposición constitucional que dispone explícitamente que podrá hacerse por ley y mediante determinación del Presidente de la República.

En consecuencia, no me parece razonable que sobre la base de los argumentos planteados se busque un resquicio legal o argumental para intentar eliminar la norma, que es un poco lo que propone nuestro colega Gutenberg Martínez, quien se está saltando de carril. Por esa vía, él menoscaba las posibilidades de desarrollo regional, porque éste será uno de los instrumentos más importantes con que cuenten las regiones y, por lo tanto, debiéramos limitamos a discutir cómo se corrige esta situación, en mi opinión, mediante una indicación que permita eliminar el inciso final relativo a la imposibilidad de contratar empréstitos.

Estamos en un punto de discusión que será reiterativo en todo aquello que diga relación con favorecer o propender al desarrollo de las regiones. Siempre estará presente en nuestra discusión la circunstancia de que en las regiones se esté gestando algún mecanismo que comprometa el patrimonio de la región sin cautelar necesariamente el interés general de la nación. Ese será un gran desafío en todo el proceso de regionalización; pero, el hecho de que tal situación exista, y que deba ser abordada con prudencia, con cautela, no significa que dejemos a las regiones sin instrumentos para su desarrollo.

Agradezco la interrupción que me ha concedido el Diputado señor Martínez para discutir este punto.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, efectivamente, como dice el colega Latorre, los artículos 67 y 69, de acuerdo con el procedimiento seguido por la Corporación, han sido aprobados. Pero ello, a mi juicio, no significa que en la discusión del artículo 68 no podamos hacer presente aquello que no ha sido negado -al menos, en la interrupción concedida al colega Latorre- como son las incorrecciones, la mala redacción y, al final de cuentas, la amplitud que le permite a uno pensar en el viejo adagio de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Por lo mismo, me parece del todo legítimo argumentar demostrando lo mala que es la norma aprobada, para los efectos de dificultar derechamente su implementación, de impedir democráticamente -no votando por él- que el artículo 68 sea aprobado.

Si el hecho de no aprobarse este artículo generase una situación de vacío que posibilitara redactar una norma coherente y buena, en términos de país y en cuanto a generar sólo corporaciones de desarrollo regional que ayuden a la regionalización, pero que no se metan en actividades o negocios que no les corresponden, ni, a su vez, generen endeudamiento, directo o indirecto, que afecte al país o a la región, creo que sería provechoso. Por eso, ratifico mi voto en contra.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ha llegado a la Mesa la solicitud de cierre del debate. No obstante, les corresponde hablar a parlamentarios de los Comités que no han hecho uso de la palabra: Diputados señores Cantero, por Renovación Nacional; Jeame Barrueto, por el Partido Socialista, y Ulloa, por la UDI. A continuación de sus intervenciones se clausurará el debate y se votará.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, básicamente, con este artículo hemos dado cumplimiento a la disposición del artículo 104 de la Constitución. Nos ha parecido necesario legislar sobre esta materia.

Quiero puntualizar que la referencia a alguna norma que presentaremos en el Senado no dice tanta relación con una promesa futura, sino con la explicación de por qué no hemos renovado nuestra indicación en la Cámara. Pensamos presentar una indicación reguladora, no prohibitiva, en el Senado en el segundo trámite constitucional.

Es todo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, en primer lugar, señalaré mi preocupación por lo que en mi opinión constituye una mala práctica en el uso de las interrupciones.

Como a Su Señoría le consta, hace ya casi una hora que he pedido la palabra, pero, por la vía de la interrupción, prácticamente se han ido adelantando personas que perfectamente podrían haberse inscrito en un orden lógico para respetar el derecho y la cronología en el uso de la palabra.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Su Señoría tiene toda la razón, pero mientras no se modifique el Reglamento la Mesa no puede impedir que un señor Diputado conceda interrupciones a quienes se las soliciten.

Somos partidarios de introducir esa modificación.

Puede continuar Su Señoría.

El señor CANTERO.-

Le agradezco su aclaración, señor Presidente, pero de todas formas le pido a la Mesa que ordene mejor el debate.

Respecto de los artículos 59 al 69, que componen este cuerpo, quiero hacer las siguientes reflexiones:

Se establece la forma como se desconcentrarán territorialmente los ministerios, y se señala que se hará en tomo a las secretarías regionales ministeriales. Sin perjuicio de manifestar que me parece positivo que en este proyecto, que impulsa la descentralización y la desconcentración, se mencione tal situación, habría que lograr una mayor concordancia entre lo que establecen la Ley de Bases y las propias leyes orgánicas de los ministerios en torno de esta materia.

En relación con el rol de los secretarios regionales ministeriales, me parece que la norma correspondiente está perfecta.

Sin embargo, en relación con la parte final del inciso segundo del artículo 60, tengo una observación que me parece trascendente. Por esa razón, hemos repuesto una indicación, la cual dispone que "los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el Presidente de la República de entre las personas que figuren en una terna elaborada por el intendente respectivo y en otra propuesta del ministro del ramo.".

Nuevamente vemos aquí entorpecimiento al avance del proceso de descentralización. Creo que hay una especie de contradicción, toda vez que, a mi entender, se busca compatibilizar, por una parte, la facultad del intendente con su calidad de persona de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y por otra, el nivel técnico que le corresponde a los ministros y la influencia o ascendencia que deben tener sobre los secretarios regionales ministeriales; pero, a pesar de comprender esa intención, debo señalar que me parece absolutamente inadecuada esta norma. La proposición debería surgir de una sola terna. Lo menos que se puede esperar es que los Ministros se entiendan con los intendentes para poder llegar a acuerdos y formular una sola terna. Pero esto de formular dos temas me parece francamente irregular y poco práctico.

Por eso, hemos presentado una indicación con el propósito de que exista una sola terna para que Su Excelencia el Presidente de la República, en uso de sus facultades, pueda nombrar a los secretarios regionales.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Diputado Cantero, el Diputado señor Horvath le solicita una interrupción.

El señor CANTERO.-

Por su intermedio, se la concedo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Cantero, tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, respecto de lo señalado por el Diputado señor Cantero, si hacemos memoria, la reforma constitucional al artículo 103, aprobada por el Congreso Nacional el año pasado, dispone claramente que la ley determinará la forma en que se descentralizará la administración del Estado.

Y en verdad, el capítulo IV del proyecto, en sus artículos 59 y 64, se refiere de modo exclusivo a una desconcentración que realmente es muy precaria con respecto a la intención de regionalizar.

El artículo 66 establece un procedimiento; pero, a nuestro juicio, no es suficiente si realmente la descentralización de la administración del Estado no deja bien en claro, por ejemplo, las calificaciones, las contrataciones, la fijación de plantas y organigramas a nivel regional. Si las restricciones utilizadas por el nivel central con respecto de las facultades regionales, como el caso de los, vistos bueno, por lo general no se hacen de manera bastante clara y fundamentada, todo esto queda en una mera intención.

Para satisfacer estos propósitos, presentamos indicaciones en su oportunidad, pero fueron declarados inadmisibles.

No obstante, tengo entendido que el Ministerio tiene una predisposición positiva al respecto.

El hecho de que los secretarios ministeriales surjan de dos temas -tema abordado por el señor Cantero- deja a estas autoridades en condición precaria para ejercer sus funciones, ya que tendrán una doble dependencia. Si revisamos lo aprobado en el artículo 2°, vemos que los directores regionales van a quedar dependiendo de cinco personas: del intendente, del secretario ministerial, del director del servicio, del Ministro y del Presidente. Entonces, más que darles posibilidades de actuar, van a estar absolutamente inhibidos, a menos que sean personas que se la jueguen y estén dispuestas a ir de sumario en sumario.

En resumen, en esta materia habría que innovar con más profundidad para lograr realmente lo que el Congreso pretendió con la reforma constitucional.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, también quiero manifestar mi opinión en relación con el artículo 61, el cual establece que el Seremi deberá ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo del propio Ministerio; pero, al mismo tiempo, que, en caso de discrepancia entre el intendente y el Ministro, resuelva el Presidente de la República.

Deberíamos avanzar en forma más clara, más categórica, en el ámbito de competencia de cada uno de los protagonistas, en este caso, de los Ministros. Me parece que sería necesario perfeccionar esta norma, sin perjuicio de lo cual hemos dado nuestro acuerdo unánime para su aprobación.

En relación con las tareas que deben asumir los secretarios regionales ministeriales, no tenemos observaciones de fondo, de tal manera que hemos entregado nuestro acuerdo.

Acerca del gabinete regional, nos parece adecuada la fórmula y hemos dado también nuestra aprobación unánime.

Los artículos 64 y 66 plantean fórmulas para avanzar en la desconcentración y en la descentralización. Debo señalar mi opinión en este sentido, por cuanto se habla de "descentralizar" y de "transferir" a los gobiernos regionales, particularmente, en el 66. Pienso -y mi bancada tiene ese planteamiento- que este mecanismo resulta insuficiente, que cautela mucho la progresividad o la forma paulatina de llevar a efecto esta descentralización y desconcentración.

Valoramos que, por lo menos, se establezca una fórmula, un mecanismo que permita avanzar efectivamente en la descentralización y en la desconcentración, porque hasta ahora sólo se habían expresado voluntades. De tal forma que también hemos dado nuestro acuerdo al artículo nuevo que se introdujo en el segundo informe de nuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.

Sin perjuicio de que estimo adecuado que los gobiernos regionales puedan asociarse y que deben tener algún tipo de restricción para la contratación de empréstitos, quisiera consignar mi opinión en tomo a la constitucionalidad de la norma.

El inciso final del artículo 104 de la Constitución establece: "La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas" quisiera insistir, "a los gobiernos regionales y a las empresas públicas" entonces introduce dos esquemas de ideas en esto" para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares.".

Deseo llamar la atención de la Honorable Cámara y de la Mesa en tomo a lo que a continuación dice esa norma: "Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el número 21° del artículo 19".

El número 21° del artículo 19 es claro, muy explícito: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quorum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley,...".

Hablan varios señores diputados a la vez.

EJ señor CERDA (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados tomar asiento y guardar silencio, para escuchar con atención a quien está haciendo uso de la palabra.

El señor CANTERO.

- No interesa mucho si los señores Diputados prestan atención; pero lo menos que pueden hacer es escuchar en silencio la argumentación de quien está entregando un planteamiento de la Oposición. Es una falta de respeto absoluta de la Concertación, que demuestra su permanente espíritu autoritario y su voluntad avasalladora.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, por su intermedio, le ofrezco una interrupción al Honorable Diputado Seguel, que tiene interés en señalar algo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Cantero, tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, solamente para aclarar al Diputado señor Cantero, que nos ha llamado la atención, que se preocupe de explicar este proyecto a su bancada, que en este momento no esta representada por más de 10 parlamentarios, y especialmente el Diputado Mekis, que ha estado constantemente riéndose y hablando.

El señor CANTERO.- Señor Presidente, a mayor abundamiento en el tema, quisiera expresar que el artículo 60 de la Carta Fundamental señala claramente cuáles son las materias de ley.

Su número 7) expresa: "Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a las cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quorum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial". Pero el N° 8) señala: "Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades.

De estos textos se desprende, en forma clara y categórica, que la norma de este proyecto de ley es absolutamente inconstitucional.

A la luz de lo señalado, solicito a la Mesa que se pronuncie respecto de la constitucionalidad del precepto, sin perjuicio de lo cual, de alguna forma, debería determinarse un mecanismo para regular la posibilidad de endeudamiento, que en ningún caso parece ser un exceso ni contrario a la Constitución. La puerta abierta, sin un mecanismo de control, sí es un exceso.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor Gajardo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Debo advertir al Diputado señor Cantero que, por haberse solicitado la clausura del debate y en conformidad con los acuerdos de Comités, sólo deben hacer uso de la palabra los Comités que no lo han hecho. Por esta razón, no corresponde dar interrupciones a parlamentarios de partidos que ya han intervenido.

Tiene la palabra el Diputado señor Jeame Barrueto.

El señor JEAME BARRUETO.-

Señor Presidente, en nombre de mi bancada, quiero expresar que este proyecto de ley es un esfuerzo claro y valiente de terminar con el centralismo histórico de nuestro país. Y lo hemos decidido llevar adelante consensualmente de una manera gradual y selectiva. Sin embargo, esto no puede dejar de lado el hecho de que la gradualidad debe considerar el futuro del proceso de descentralización del país.

¿Cuáles son las etapas que prevemos se llevarán adelante a partir de esta importante reforma? El primer desafío que nos plantea la reforma es un cambio radical en el estilo de gestión pública de uno extremamente centralista, verticalista, teledirigido del centro geográfico del país, por uno donde las decisiones y los recursos están ubicados en distintas instancias territoriales.

Este hecho, quiero destacarlo, nos plantea desafíos y posibilidades muy grandes en las regiones del país. Desde ya, a través de la historia, la relación del sector público y del privado era prácticamente nula, porque las autoridades regionales no contaban con recursos ni tenían posibilidad de tomar decisiones y, por lo tanto, no eran interlocutores válidos para la empresa privada ni para la sociedad civil, en general.

Con este cambio se abre la posibilidad de inmenso interés del sector privado de entenderse con el sector público regional, y de éste de convocar al sector privado a analizar iniciativas de desarrollo en bien de la respectiva región.

Igual cosa ocurrirá con los dirigentes de distintas instituciones regionales: de las universidades, de las organizaciones juveniles, sociales, etcétera, en cuanto a las posibilidades de concertarse con el sector público en función de proyectos de desarrollo regional.

En tomo de esta idea, de esta tremenda posibilidad que se abre para el futuro del país, quisiera destacar la importancia que tiene el compromiso que en esta Sala, en la discusión general, asumiera el Presidente de la República a través del Ministro del Interior, en el sentido de que en el curso de los próximos dos años va haber nuevas iniciativas legales que busquen descentralizar el resto del aparato de la administración del Estado, como el artículo 66 que estamos discutiendo, que apunta en esta dirección.

Este compromiso y el artículo 66 apuntan, justamente, a posibilitar la extensión de la actual ley de gobiernos regionales a un esfuerzo complementario de descentralización del resto de la administración pública.

En síntesis, de que por la vía del artículo 66, por el compromiso y la voluntad política real expresada por el Gobierno, en el futuro podamos llevar adelante medidas de descentralización y de competencia de los ministerios y servicios hacia los gobiernos regionales, de desconcentración al interior de los propios ministerios, orientada hacia los Seremis, y en general, incluso, de relocalización de direcciones de servicios públicos en las regiones que corresponde.

Esta descentralización es especialmente posible en áreas productivas como la agropecuaria, la forestal, la pesquera, etcétera, y en instituciones que tienen que ver con servicios sociales y acción ciudadana, como relacionadas con los jóvenes, el turismo, la defensa al consumidor y otras de este tipo.

Es fundamental el conjunto de iniciativas que posibilita el artículo 66. Como lo expresó el Diputado señor Horvath, sin esta norma será muy difícil traspasar atribuciones a los gobiernos regionales.

Por último, comparto la opinión de que es ambigua la solución que se entrega respecto de los Seremis.

Sería mejor que dependieran administrativamente del intendente, como parte de su gabinete, y que la dependencia con los ministerios fuera sólo técnico-profesional.

De hecho, fue rechazada una indicación en este sentido que presentamos con el Diputado señor Aguiló, al igual que otras, que hoy han sido renovadas en la Sala por parte de la bancada de Oposición, como la que se refiere al derecho a voto del intendente. Sin embargo, en su esfuerzo regionalista, nada ha dicho de la elección por votación universal de la comunidad regional de los miembros del consejo, en la primera ocasión en que deben renovarse, en lugar de la votación indirecta de los concejales comunales, compromiso que habíamos adquirido.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, para la UDI es importante respetar el orden de este bloque, porque necesariamente debemos concluir en el artículo que se refiere a las secretarías regionales ministeriales.

En este sentido, en la Comisión y en la Sala, que no es razonable mantener la incertidumbre en cuanto a la competencia del nombramiento del Seremi.

A diferencia de lo que señaló el colega que me antecedió en el uso de la palabra, hemos sostenido que no hay mayor innovación en el proyecto; por el contrario, muchas de sus normas afianzan lo que hizo en materia de regionalización el gobierno militar del ex Presidente Pinochet.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ULLOA.- En segundo lugar, en materia de nombramiento de los Serenáis, es mejor que haya consenso de las autoridades que tendrán directa vinculación con ellos y serán sus superiores, pues es preferible y razonable una sola tema, aunque sea de común acuerdo entre el intendente y el Ministro, desde el punto de vista de la administración.

Por otro lado, sobre todo en el seno de la Democracia Cristiana, ha habido larga discusión a propósito de las asociaciones regionales. En efecto, hay opiniones claramente distintas entre algunos parlamentarios de este partido oficialista; pero sin ninguna duda, sólo por un problema gramatical, la coma en la frase "Los gobiernos regionales podrán asociarse con personas naturales o jurídicas,...". Esta coma es la que hace la diferencia. La actual redacción es inconstitucional contiene un error, que es necesario subsanar.

Es importante destacar que el inciso segundo del artículo 67 utiliza el término "especialmente" respecto de las materias a que podrán dedicarse las asociaciones regionales y deja abierta la posibilidad para que se dediquen a cualquier asunto, lo cual, si se sigue el tenor literal de la norma, como sostuvo el colega Gutenberg Martínez, puede llevar a confusiones bastante serias.

En consecuencia, como bancada, creemos que la Mesa debe pronunciarse en relación con las últimas dos materias, en las cuales hay un problema de constitucionalidad fácil de resolver ahora, porque con la unanimidad de la Sala podríamos eliminar, como dice el colega Sota, el problema de sintaxis o la coma y la palabra "especialmente".

Otra cuestión a que se ha hecho alusión en la Sala se refiere a la posibilidad de ciertos servicios de descentralización, en virtud de la aplicación del artículo 66; sin embargo, no hay que olvidar que tienen disposiciones legales que les competen especialmente. De manera que no basta el establecimiento de esta disposición para que por el solo ministerio de la ley, se produzcan las transformaciones que se ha supuesto. Eso no es verdad y es importante dejarlo en claro.

La descentralización de ciertos servicios es necesaria. Por ejemplo, en el Senado, la UDI formuló una proposición para cambiar la dirección central de Conaf a la Octava Región, pues no tiene sentido que esté en la Región Metropolitana.

En general, que en este bloque no existen grandes problemas, salvo los dos que he planteado. Uno de constitucionalidad, respecto del cual ruego a la Mesa que se pronuncie; y otro que dice relación con la necesidad de que la Sala establezca que el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales provenga de una sola terna.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con respecto a la petición de inconstitucionalidad del artículo 67, la Mesa debe indicar que el proyecto le dará la legitimidad necesaria si se convierte en ley, de acuerdo con el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución, que establece a la letra: “La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se regularán por las normas comunes aplicables a los particulares.".

Esta es la interpretación de la Mesa cuando llegue el momento, pondrá en votación el artículo.

Se ha pedido la clausura del debate.

Si le parece a los señores Diputados, se aprobará la petición.

Aprobado.

Cerrado el debate.

El señor ORTEGA.-

Pido la palabra.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

¿Desea hablar sobre algo reglamentario, señor Ortega, porque el debate está cerrado?

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente el inciso del artículo 104 que usted acaba de leer habla de "La ley..." y no de ley orgánica. Por lo tanto, la votación del artículo 68, según mi criterio, no sería de quorum calificado, sino simple. Quiero que la Mesa se pronuncie sobre este punto, para que no haya discusión.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

No quedó clara su proposición.

Hemos dicho que el artículo 67 es constitucional y, por lo tanto, se va a poner en votación.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, estoy preguntando si el artículo 68 es de quorum calificado o no, de acuerdo con el texto que usted leyó, del inciso quinto del artículo 104 de la Constitución, que hable sólo de "La Ley...".

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Según todos los antecedentes y los informes de las Comisiones, ese artículo está calificado como de ley orgánica y, por lo tanto, exige quorum calificado. Se va a proceder a la votación.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, perdone que insista.

En la Comisión de Gobierno Interior sólo se planteó que el Título II en adelante se dejaba para el discernimiento del Tribunal Constitucional; pero la Mesa también está autorizada para declarar si esto es de quorum calificado o no.

El señor ELIZALDE.-

Pido la palabra sobre un asunto reglamentario.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde sobre un asunto reglamentario.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, en efecto, el inciso quinto del artículo 104 de la Carta Fundamental habla sólo de "La Ley"; pero esta norma hay que concordarla con el número 21 del artículo 19, que manifiesta: "... sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quorum calificado;".

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, eso es para las empresas.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, está cerrado el debate. Cuando lleguemos al artículo 68, daremos nuestra opinión.

El artículo 59 no ha sido objeto de indicaciones.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Aprobado.

En votación el artículo 60, que ha sido objeto de una indicación renovada, a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Es para suprimir, en el inciso segundo del artículo 60, la expresión "en otra propuesta".

El señor ESTEVEZ.-

¿Quiénes presentaron esa indicación?

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Está presentada por parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación renovada.

En votación el artículo 60 en su forma original.

El señor ULLOA.-

Sí, señor Presidente. Solicito votar en forma separada los dos incisos de este artículo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Entonces, en votación el inciso primero del artículo 60.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Aprobado el inciso primero.

En votación el inciso segundo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 18 votos. No hubo abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Por no haberse reunido el quorum necesario queda rechazado el inciso segundo.

Se agregarán los votos afirmativos de los Diputados señores Dupré y Rojo, que no alteran el resultado de la votación.

El artículo 61 está aprobado reglamentariamente.

En votación el artículo 62.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Aprobado.

En votación el artículo 65.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).

Aprobado.

En votación el artículo 66.

Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum anterior.

Aprobado.

El artículo 67 está aprobado reglamentariamente.

Corresponde votar el artículo 68.

Se suspende la sesión por un minuto.

Se suspendió la sesión a las 16:37 y se reanudó a las 16:38.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

La Mesa ha resuelto que el artículo 68 es de quorum de ley orgánica constitucional.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, si la Mesa resuelve que el artículo 68 es de quorum calificado, también tendría que serlo el 67, caso en el cual no se puede dar por aprobado.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Cuando Su Señoría no se encontraba presente en la Sala, se aprobó el artículo 67 con el quorum correspondiente, es decir, calificado. Por esa misma razón se estimó que el 68 también requiere tal quorum.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, el problema es el siguiente: el artículo 67 establece asociaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, no es de quorum calificado. Si el 67 no es de quorum calificado, tampoco lo es el 68.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ya fue votado en esa forma, señor Diputado.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, deseo dejar constancia que la indicación parlamentaria que suprimió la limitante de contratar empréstitos permite la expansión del gasto público. Por lo tanto, a mi juicio, es inadmisible, dado que no es facultad parlamentaria permitir la expansión del gasto público del país.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión.

Se suspendió la sesión a las 16:40 horas y se reanudó a las 16:42.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Se dejará constancia del planteamiento hecho por el Diputado señor Estévez, en el sentido de que esa indicación sería inconstitucional.

El señor ELGUETA.-

¡No!

El señor CERDA (Vicepresidente).-

La Mesa tiene la obligación de dejar constancia de lo pedido por los señores Diputados.

Se suman a lo expresado por el señor Estévez, los Diputados señores Palma, Rojo, Dupré y Ulloa.

En votación el artículo 68, que la Mesa declara de quorum de ley orgánica constitucional. Se refiere a que la creación de asociaciones o entidades requerirá el acuerdo del consejo regional e indica que dichas instituciones se regirán por la legislación común aplicable a los particulares. La discusión ha estado centrada en si deben ser autorizadas por ley.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Rechazado el artículo por no haber reunido el quorum necesario.

El artículo 69 se encuentra aprobado reglamentariamente.

Corresponde discutir el bloque de artículos correspondientes al Capítulo VI: "Del Patrimonio y del Sistema Presupuestario Regionales", que abarca desde el artículo 70 al 79.

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto que transformará en forma significativa la organización del Estado chileno.

El sistema de financiamiento de los gobiernos regionales es un punto clave, pues, en definitiva, indicará el real alcance y significado de la regionalización que estamos aprobando, porque gobiernos regionales sin capacidad financiera, serían muy limitados. Podemos definir funciones, atribuciones, formas jurídicas; pero si no existen recursos financieros, un sistema de financiamiento adecuado, todo lo que definamos puede no tener mayor significación.

¿Qué se propone en este proyecto y en su informe? Fundamentalmente, un sistema de financiamiento con cinco partidas de ingreso.

En primer lugar, se propone una partida de funcionamiento para remuneraciones y gastos varios, que definirá el Presupuesto de la Nación; en segundo término, la partida Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como fondo de inversiones públicas. Luego, se plantean ingresos propios sobre la base de la aplicación del artículo 19, N° 20, de la Constitución Política. A continuación, se plantea la inversión sectorial de asignación regional -los ISAR-, y finalmente, los convenios de programación.

Cuando se discute un sistema de financiamiento, no sólo interesa la magnitud de los recursos en un momento dado, sino el enfoque, es decir, el concepto, el sistema de financiamiento, porque éste será, en definitiva, el que condicionará las características de los gobiernos regionales.

A mi juicio, deben formularse tres críticas al sistema de financiamiento que estamos discutiendo. La primera es que el sistema propuesto de ingreso de los gobiernos regionales no está relacionado con el nivel de actividad económica de las regiones. No existe ninguna relación entre la actividad económica de ellas y el nivel de ingresos de los gobiernos regionales, ni tampoco entre éste y el aporte que efectúan al producto geográfico bruto nacional. El sistema de ingresos está asociado a decisiones de políticas y a la capacidad de presión sobre el presupuesto nacional. En verdad, éste es un mal principio para gobiernos regionales sólidos. En muchos países, el sistema de financiamiento de los gobiernos regionales tiene relación con una parte del IVA del impuesto a la renta, donde hay una relación entre la forma de financiarse y el nivel de actividad de la región. Sobre esa base se aplican mecanismos de compensación.

La segunda crítica es que los gobiernos regionales no cuentan con ingresos significativos propios que puedan incrementar por su propio empuje e iniciativa. El sistema de financiamiento de los gobiernos regionales no contempla ingresos propios significativos, en los cuales puedan intervenir para incrementarlos. Todas las partidas de ingresos contempladas aquí son negociables con el poder central; por lo que el margen de iniciativa de los gobiernos regionales es limitado. En definitiva, no existen ingresos propios significativos, salvo los que tienen relación con la aplicación del artículo 19, N° 20, de la Carta Fundamental.

El sistema de financiamiento de los municipios chilenos apunta a generar condiciones de gobierno comunal mucho más sólidas. Ahí tenemos la aplicación de impuestos nacionales para los efectos del financiamiento municipal, sobre cuya base se genera el fondo de compensación, que es el fondo común municipal.

La tercera crítica al sistema de financiamiento es que, en verdad, tenemos un sistema de financiamiento que afecta en forma significativa a las regiones más pobladas del país; en particular, a la Metropolitana. Hay aquí un gran vacío en el sistema, y les diría a los colegas que no son de la Región Metropolitana, ni de Concepción, ni de Valparaíso, que entiendan que aquí no existe un dilema real entre Santiago y el resto de las regiones. Aquí debemos encontrar sistemas de financiamientos consistentes y coherentes. De todas las partidas de ingresos que tiene el sistema de financiamiento sólo hay una en la que los gobiernos regionales tienen libertad e iniciativa, y es aquella que corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La de ingresos propios por el artículo 19, número 20; es poco relevante por ahora.

El resto de las partidas de ingresos son para fines predefinidos, como gastos de funcionamiento, pago de sueldos o inversión sectorial de asignación para pavimentación, con un objetivo específico, o para convenios con objetivos también específicos; pero no figuran ingresos sobre los cuales haya libertad de acción y de decisión del gobierno regional para tener una perspectiva y jugar una estrategia de desarrollo; solamente el FNDR.

Por lo tanto, la partida Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es clave para la capacidad de iniciativa de los gobiernos regionales. Sin embargo, lamentamos que, hasta ahora, haya sido definido sólo como un fondo de compensación. Creemos importante que exista un fondo de compensación, no nos oponemos, pero éste tiene sentido cuando existen ingresos propios. Es distinto en el sistema municipal.

A nivel municipal, por ejemplo, existen ingresos propios como las recaudaciones provenientes de las patentes y de los impuestos territoriales; de ellos se saca un porcentaje que configura el fondo común municipal; se compensa a partir de un ingreso propio.

A nivel regional se crea un fondo de compensación, pero lamentablemente no existe una contrapartida de ingresos propios. Como sólo es un fondo de compensación, en definitiva las regiones con más población serán castigadas porque no tendrán recursos para atenderlas satisfactoriamente ni iniciativa en este sentido.

No queremos hablar en contra del resto de las regiones. Lo que queremos decir es que hay un vacío respecto del financiamiento de las regiones más pobladas. Ese es el real punto y queremos buscarle una solución.

Hemos renovado una indicación que se presentó ayer en la Comisión de Hacienda, en el sentido de establecer que para la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es necesario considerar el número de habitantes. Sabemos que no es la mejor solución, pero el planteamiento apunta solamente a dejar constancia del problema. Queremos, sí, hacer una proposición concreta al Ejecutivo para resolver este vacío, al menos en el marco de este conjunto de conceptos contenidos en el proyecto.

En definitiva, proponemos crear un fondo para el desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago, que también pueda ser creado para Valparaíso y Concepción, a fin de resolver este vacío que existe en la ley.

¿Sobre la base de qué ingresos? De un fondo que se constituya con base en los ingresos generados en las propias regiones. O sea, que la Región Metropolitana, por ejemplo, efectúe aportes de los ingresos municipales de las comunas más ricas de Santiago a su fondo para el desarrollo. Por ejemplo, destinar para ello el producto de un gravamen especial al daño del medio ambiente en la Región Metropolitana, como existe en otros países o un porcentaje del producto de la licitación de recorridos de microbuses. O sea, situaciones que generen ingresos de la propia región y que configuren un fondo para el desarrollo de Santiago; y que esto se haga en Concepción y en Valparaíso posteriormente.

Quiero decirles, colegas, que es falso el dilema "Región Metropolitana versus otras regiones". El punto es que no se asume en serio el problema de la Región Metropolitana, y si esto no se hace ocurrirá lo que siempre ha sucedido: que el problema continúa. Las enfermedades broncopulmonares de Santiago implican un alto costo para todo Chile, y por ende, para las regiones; el sacar buses del centro de Santiago también implica ese costo. Hay muchas cosas que importan costo para todos. Si no hay capacidad en Santiago para tomar las iniciativas para enfrentar y resolver los problemas, al final quien paga es todo el país. No queremos que se les quiten recursos a las regiones, sino que se asuma el problema de buscar una manera de financiar a los gobiernos regionales de zonas metropolitanas como Santiago, Valparaíso y Concepción.

Creemos que la regionalización del país exige gobiernos regionales en zonas metropolitanas con real capacidad de incidencia. Si eso no es así, en definitiva, quien sufrirá efectos es el conjunto de las regiones del país. Solicitamos al señor Ministro que tenga en consideración esta propuesta de crear un fondo para el desarrollo de Santiago.

Tenemos serias dudas de cómo cotar el articulado del sistema de financiamiento, porque tiene defectos. Expresamos estas dudas e interrogantes absteniéndonos al menos por mi parteen la votación del artículo 74, en los términos en que está planteado, porque ahí está expresado un concepto de fondo nacional de desarrollo regional que no considera el problema en su conjunto.

He dicho.

El señor ARANCIBIA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, creo que éste es un tema que ha atraído la atención de esta Corporación en más de una oportunidad. Lo considero de la mayor seriedad para todas las regiones involucradas y, por supuesto, para el conjunto del país. Pienso que necesita de una discusión que sea llevada con gran serenidad, altura de miras y objetividad.

Estimo que la necesaria objetividad plantea, primero, revisar las cifras. Y, si me permiten, tengo a la vista una información oficial entregada por el Ministerio del Interior sobre la evolución de inversión efectiva del Fondo Nacional de Desarrollo, per cápita, en los últimos diez años; es decir, hasta el último año en que hubo información completa disponible, que es 1990.

¿Qué me indica? Que la inversión efectiva del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, per cápita, es decir, ya considerada la población, evoluciona desde 1980, de 160 pesos, a diciembre de 1991 estamos hablando de moneda del mismo valor, a 824 pesos. No quiero repetir toda la serie; pero, año a año, desde el 80 hasta el 90, lo que percibimos de esta información es que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional ha tenido una participación creciente, per cápita, de la inversión en la Región Metropolitana.

Entonces, entendiendo las alegaciones de los señores Diputados de Santiago, aquí está la información, y estando presente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo Subrogante, señor Galilea, que la desmienta.

Señor Galilea.-

¿es efectiva esta información o falsa? Le ruego que responda.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARANCIBIA.-

Entonces, deseo plantear que si queremos una discusión serena, tengamos, primero, la información a la vista, y éste es un dato indesmentible.

Segundo, comparto plenamente la preocupación que existe de no polarizar una contradicción falsa entre regiones y Santiago.

Aquí tenemos dos problemas: uno, lo que ha sido una postergación de las regiones y un crecimiento desequilibrado a nivel nacional; y dos, lo que ha ocurrido socialmente con bolsones y sectores de pobreza que existen, no sólo en regiones, sino también en las zonas de alta densidad poblacional. Y creo que enfrentar este problema nos exige tener distintos instrumentos.

La proposición del Diputado Montes me parece absolutamente compatible, incluso necesaria. ¿Cuál es el punto? Que estamos discutiendo otra cosa: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se constituye, justamente, para buscar un desarrollo más equilibrado y armónico después de un período muy largo de concentración de la actividad económica y de la inversión en Chile.

Entonces, pienso que, además, la argumentación es parcial, en el sentido de que no se puede introducir la variable poblacional en la distribución del FNDR, porque significará que esto no se va a concentrar en toda la región de Santiago, ni en toda la Quinta Región, ni en la Octava. Se producirá, a su vez, una duplicación del efecto poblacional y esa inversión tenderá a concentrarse en las zonas más densamente pobladas de cada una de esas regiones. Es decir, también la periferia de las Regiones Metropolitana, Quinta y Octava, por extensión del mismo criterio, terminará siendo afectada al momento de asignar los recursos de los distintos proyectos.

Entonces, señor Presidente, en este tema no quiero entrar a una larga argumentación para demostrar, en una especie de llanto plañidero, los problemas que han tenido las regiones. Sólo digo que es cuestión de mirar lo que significa hacer una inversión, efectuar una obra de infraestructura o realizar una empresa en regiones o en la Región Metropolitana. A modo de ejemplo, citaría sólo una medida reciente del Banco del Estado, el famoso "programa de cubo", muy importante para la pequeña y mediana empresa, que da facilidades de recurrir al sistema de "holding". Pero sucede que en varias regiones del país ni siquiera existen empresas de "holding". Es decir, hay problemas objetivos, evidentes, de desigualdad regional en comparación con la Región Metropolitana. Lo que persigue este Fondo es, lisa y llanamente, crear mecanismos que permitan una distribución más equitativa de los recursos y riquezas que las regiones aportan al conjunto del país, con las inversiones que, en definitiva, resultarán de todo el proceso.

Quiero recordar que el Fondo Común Municipal tiene una magnitud dos o tres veces mayor que la del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. También está la información disponible. En este caso, la población incide de manera decisiva.

No podemos plantear un debate que no considere las inversiones de todos los ministerios a nivel sectorial, que no son regionalizables, las inversiones del Fondo Común Municipal y las del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde Santiago -reitero- ha tenido una participación creciente.

Debemos buscar soluciones que sean más equilibradas.

Deseo recordar que muchas regiones hacen aportes muy sustantivos al producto de las exportaciones de Chile, y no reciben la misma retribución ni en términos de ingreso ni de impuestos, porque las empresas tributan donde tienen sus sedes, las casas matrices normalmente en la Región Metropolitana. En mi opinión, todos los parlamentarios tenemos la obligación de entender que Chile no sólo es Santiago, sino también el resto de las regiones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Estévez le había solicitado una interrupción.

El señor ARANCIBIA.-

Ya terminé, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al colega Estévez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, lamento que el Diputado señor Arancibia se haya negado a darme una interrupción.

El señor ARANCIBIA.-

No se la he negado.

El señor ESTEVEZ.-

En segundo lugar, quisiera señalar que en lo que ha dicho falta a la verdad en lo sustancial, por cuanto del cuadro leyó una información parcial. En él se indica que la inversión por habitante en la Región Metropolitana es de 824 pesos; en la Tercera, de 9.272; en la Primera, de 3.900 pesos, y así, sucesivamente, hasta 19.555 por habitante en la Undécima, contra los 824 pesos que le parecen exagerados en la Región Metropolitana.

Está claro que la equidad requiere corregir los desequilibrios regionales, por cierto; pero ello tiene un límite en la razón, lo que implica que los gastos en vivienda, salud y educación no deben extremarse a este nivel de desigualdad, menos aún expresar que existe un desequilibrio en favor de la Región Metropolitana, cuando tenemos 824 pesos contra 9.272 pesos por habitante en la región que el colega representa.

Muchas gracias, colega Martínez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado Gutenberg Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, desgraciadamente, el proceso de regionalización, al menos en la discusión parlamentaria, ha llegado a un punto que, al comenzar, todos dijimos que no queríamos que se produjera.

En la medida en que este proceso se transforme en una simple lucha entre regiones, a final de cuentas no existirá. Lo más probable es que esto se traduzca en una serie de casos repartidos, que se volverán en contra de lo que debería significar un buen proceso de descentralización.

Me llama profundamente la atención que tanto en la sesión en la cual se aprobó en general el proyecto como en ésta, no hayamos hecho reflexiones en profundidad respecto de lo que implica la fijación de competencias entre los niveles municipal, regional y nacional. Si enfrentamos esto como una simple lucha reivindicativa de regiones, generaremos superposiciones en las facultades y en las competencias, lo que pueden traer como consecuencia una mala administración del Estado, que se puede dar vuelta, fundamentalmente, respecto de aquellos que creemos que el Estado tiene una función primordial que cumplir en el desarrollo del país o de cualquier sociedad.

Desde el momento en que no es del todo democrático, estemos hablando de un proceso de regionalización perfecto, lo que me preocupa. Esta es una reflexión valedera, porque cuando discutimos qué es el gobierno regional, sus facultades, el presupuesto y sus atribuciones para distribuirlo, lo hacemos* como si, en teoría, estuviésemos generando un gobierno regional democrático, y pareciera que no lo es.

El sistema de elección y de designación de los consejos regionales que tuvimos que convenir, contiene dos fuentes de no democratización real. En primer lugar, los consejeros regionales son electos por colegios electorales integrados por los concejales municipales, y al respecto, todos sabemos la discusión de las cifras pares de constitución de estos consejos y la distorsión de la voluntad democrática que se produce. En segundo lugar, que el voto de cada concejal para elegir consejeros regionales vale lo mismo, sin importar sus niveles de representación.

Hay dos elementos, entonces, cuestionan el carácter democrático del proceso y, por lo tanto, las configuraciones de legitimidad de estos gobiernos regionales son, a los menos, discutibles. Sería un engaño que operáramos sobre la base de entender que ellos son del todo democráticos. Mañana, si el gobierno regional es conducido por autoridades y mayorías que no representen la voluntad de la gente, pueden provocarse conflictos que afecten el proceso.

En tercer lugar, a mi juicio, es muy importante tomar medidas que aseguren que el proceso sea estable, gradual y avance hacia su objetivo final: descentralizar al país.

El proyecto, en su conjunto, deja demasiadas puertas abiertas de conflicto y de inestabilidad; construido, más bien, para facilitar las luchas reivindicatorias entre las regiones como se desprende de los debates que hemos observado en la Sala, y después, entre éstas y el gobierno nacional. Todo ello puede producir una acumulación de tensiones que, de no ser superadas en este proyecto -lo que difícilmente podremos hacer- o en otros que mejoren el proceso, nos enfrentará a una responsabilidad colectiva por no haber hecho bien las cosas.

Como se dice siempre, y ojalá no cometa el mismo error, tomar el proceso como una discusión o una contradicción entre las regiones y la Región Metropolitana es un absurdo. En lo personal, quiero clarificar lo siguiente: por muy parlamentario que sea de un distrito de Santiago, estoy consciente de que uno tiene que asumir responsabilidades nacionales, y creo que la Cámara no es una suma de intereses parciales, por legítimos que sean cada uno de ellos. En la medida en que actuemos en términos corporativos, podremos construir una institución de carácter nacional.

Soy decidido partidario de limitar el crecimiento de Santiago. Estimo que ha alcanzado su máximo, y, además, es malo para sus habitantes y para el país que esta región siga creciendo. Estoy a favor de iniciativas que inhiban su expansión y estimulen un crecimiento armónico y equitativo del país; pero eso no significa castigar -después explicaré por qué- a los pobres de la Región Metropolitana.

El que crea que el proceso de regionalización se hace disminuyendo inequitativamente la inversión pública en la Región Metropolitana y generando una lucha anti Santiago, hace una defensa de la región para que, por tener mejor infraestructura y capacidades objetivas de autosustentación, siga creciendo, se transforme en una megápolis que se acerque a las regiones adyacentes y se mantenga una distribución de la riqueza, en términos globales del país, también inequitativamente en su favor.

No hay que olvidarse que los márgenes de la inversión pública son importantes, pero más lo es la inversión privada; más importante que quitarle plata a los pobres de Santiago es legislar sobre el lugar de tributación de las empresas; más importante que restarle posibilidades de viviendas económicas a los pobres de Santiago es legislar para establecer facilidades crediticias superiores para los acomodados de Santiago; más importante que reducir el apoyo a los sectores de extrema pobreza de Santiago es legislar sobre medidas que desconcentren y descentralicen.

Por eso, la discusión en torno del FNDR es pertinente. Lamento que en la Cámara no podamos discutir esto en serio y que mi Gobierno sólo haya tomado una opción en esta materia, porque no asume la legitimidad de los problemas de algunas regiones, como los de la Región Metropolitana.

En la reforma constitucional pactamos y convinimos que la distribución de los presupuestos debía se armónica y equitativa. Por lo tanto, no es admisible que eso se cuestione, ni por la ventana, ni a través de resquicios.

La configuración de este proyecto no asegura un desarrollo armónico. En este caso, acojo la tesis del colega Arancibia en cuanto a que, en el pasado, el crecimiento de la Región Metropolitana tuvo un margen a su favor en comparación con el desarrollo de las otras regiones. Pero así como reconozco hidalgamente que eso es verdad para lograr un proceso de descentralización que resulte objetivo, pido objetividad para entender que el pobre de Santiago tiene la misma legitimidad de pobre que el de Punta Arenas, de Arica o de cualquier ciudad o poblado de nuestro país.

La preocupación de los parlamentarios debería ser que a todas las regiones se les aplicaran normas de equidad y de justicia para que a cada una le correspondiera exactamente lo suyo. Para ello, tendríamos que ponemos de acuerdo en qué es "lo suyo" y no generar normas que posibiliten resquicios para que una región le gane a otra una pequeña peleíta. Así no se hace país ni tampoco regionalización; lo que se logra es un proceso inestable, que será ineficiente y perfectamente reversible.

Desgraciadamente, el proyecto no contiene normas presupuestarias globales. Ataco el FNDR porque es la única norma, como lo ha señalado el colega Montes, que dice relación con esta cuestión. Soy partidario de una norma que simplemente diga que todo lo que reciba cada región en inversión pública por cualquier concepto, se sumará y ello representará un equilibrio, una equidad y un desarrollo armónico en términos nacionales. No me interesa que mi región pierda a través del FNDR y que, después, gane por la ventana. Si los márgenes que obtenemos de la tributación no son los que corresponden, legislemos para corregirlos. Pero, sobre la base de cosas que estimemos injustas, no generemos normas injustas, porque un procedimiento injusto al final de cuentas es feble, ya que, en esencia, es ilegítimo.

En este caso, debería existir una disposición que obligara a cumplir lo que dispone la Constitución -aun cuando estamos obligados a ello- en términos de que la suma total de todos los presupuestos a los cuales tengan acceso las regiones deberá responder a esa norma de armonía y de equidad.

¿Qué pasa con el FNDR, entonces? Que, a pesar de que parte con una opción que es válida, no está planteada en el proyecto. Es legítimo decir: "Creemos un Fondo que favorezca el desarrollo de aquellos lugares que están más abandonados de la mano de Dios y que apoye los que se encuentran más dispersos poblacionalmente, o más alejados del centro civilizado", y éste no es sólo Santiago. Hablaría mal de nuestros colegas pretender que el único centro civilizado del país es la ciudad de Santiago.

Votaría a favor de esa norma. Desde ese punto de vista, no me parece errada la concepción inicial del FNDR, en tanto privilegiaba determinados lugares y discriminaba respecto de Santiago, porque su objetivo era desarrollar esos lugares. Pero distinto es el FNDR que hoy se nos presenta, porque en el hecho se transforma en "el Fondo" -y su definición la entrega la propia ley- para la inversión en infraestructura económico-social. Ese es un cuento distinto, ya que confundimos la dispersión con la pobreza. La dispersión, o tiene sus normas especiales y su fondo especial o, simplemente, en paralelo, debiéramos crear otro fondo para apoyar las políticas en favor de los sectores más pobres del país. Me parece de toda justicia postular que sea así.

Una norma como la que se nos presenta, en que los pobres de Santiago, de Valparaíso, de Concepción o de Temuco valen menos que los pobres de otras regiones es absurda, negativa y no ayuda a nadie, porque si hay un resquicio que significa hoy día castigarlos, de algún modo existirán otros para beneficiarlos por el costado.

Entonces, lo único que se perseguirá -y ése era el sentido de un conjunto de indicaciones que se presentaron, las cuales desgraciadamente, a mi juicio por una interpretación no debida de la Constitución, fueron declaradas inadmisibles- era que la distribución del Fondo fuera justa. No correspondía esa inadmisibilidad. A mi entender, se ha confundido la posibilidad de opinar respecto de la distribución del Fondo con la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en otras materias. Tampoco fue un buen procedimiento para evadir lo que es una discusión de fondo. Todo ello hoy día nos obliga a votar en favor o en contra de un artículo que contiene aspectos negativos importantes.

En esa perspectiva, señor Presidente, me veo en la obligación de votar en contra de estas normas presupuestarias, por estimar que afectan a un debido proceso de regionalización y porque, además, podrían ser inconstitucionales, al tenor de lo establecido en el artículo 104 de la Constitución, en sus incisos primero y tercero. Pero, en conciencia, por sobre todo votaré en contra, porque me he educado en el principio de que las personas valen lo mismo, cualquiera sea su condición. Y los pobres de Chile no pueden ser divididos entre los de una región respecto de los de otra, y desgraciadamente lo que hoy plantea el FNDR es esa injusta división.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Voy a leer la lista de los inscritos: Diputados señores Ortega, Horvath, Latorre, Longton, Elizalde, Mekis, Devaud, Bombal, Rebolledo, señora Caraball, Yunge, Ulloa, Huepe, Elgueta y Carrasco.

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.

- El señor Mekis me solicitó una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está inscrito.

Tiene la palabra el Diputado señor Mekis.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Una de las indicaciones declaradas inadmisibles se refería a la posibilidad de que, en cuanto al presupuesto que prepara el Ministro de Hacienda cada año, pudiesen las regiones tener una instancia, establecida por la ley, por lo tanto una formalidad, para opinar acerca de él. Al respecto, presenté una indicación que, por las razones señaladas en la Comisión, fue declarada inadmisible. Sin embargo, creo oportuno dejar constancia en acta de la intención de muchos de los miembros de la Comisión sobre la necesidad de contar con una disposición como ésta, que permita a las regiones tener un representante ante el gobierno central y el Ministro de Hacienda, al tiempo de formularse presupuestos que puedan incidir en materias que interesan a la región.

El planteamiento hecho en la indicación declarada inadmisible se refiere a la designación de un representante determinado por el consejo regional de cada una de las regiones. Esa persona, en definitiva, puede ser distinta, o ir acompañada de otras, por ejemplo, el intendente y dos personas que conformen el consejo regional. De esa manera, tendrá la misma eficacia que se persigue.

Si bien hoy día, a través de las comisiones técnicas ministeriales, se consigue un fin parecido, sin embargo, esa instancia no está regulada en la ley. De ahí la conveniencia de enfatizar la regionalización a través de esta proposición.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, en relación con el artículo 70, nuestras indicaciones fueron planteadas en su oportunidad en la Comisión. El Ejecutivo acogió parte de ellas, por lo cual en ese artículo vamos a entregar nuestro acuerdo unánime.

En cuanto al régimen de bienes de los gobiernos regionales, se desarrolló un rico y amplio debate que permitió incorporar indicaciones. En términos generales, el artículo 71 nos satisface en su integridad. También las indicaciones del Ejecutivo acogieron nuestra proposición.

En materia de recursos, hay que entender que el mecanismo del FNDR es un programa de inversiones públicas para atender aspectos de infraestructura social y económica de la región, mecanismo compensatorio que tiene un carácter redistributivo.

En consecuencia, este apasionado debate del representante del centralismo -como alguien me indica-, el Diputado señor Martínez, me parece francamente desproporcionado, un exceso, y no interpreta adecuadamente los principios que él ha señalado: considerar la dignidad de las personas, en forma similar, a lo largo y ancho del país, independientemente de donde vivan, y de las condiciones en que vivan. Eso se puede conseguir de diversas formas, como reforzar la idea de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional tenga la estructura que se le pretende dar.

El FNDR responde a criterios muy claros, precisos y objetivos, que pueden ser medidos, sobre los cuales existen datos estadísticos perfectamente asequibles para cualquier ciudadano, de tal manera que se puede tener una idea respecto de este punto.

El problema consiste en buscar un adecuado y armónico mecanismo de financiamiento de presupuestos para los gobiernos regionales. En este sentido, la alternativa planteada por el Diputado señor Montes resulta altamente interesante, por lo menos para mí. Es una proposición muy atendible. El dice que sería necesario crear fondos de desarrollo en función del producto que genera cada región y que una proporción quede a disposición de las regiones.

Lo que obviamente rechazo, en términos categóricos, es que esto sea discriminatorio, que lo proponga sólo para tres grandes conturbaciones y que se discrimine respecto del resto de las regiones, porque, evidentemente, ellas también tienen el derecho de acceder a recursos por este mecanismo, más aún si, analizada la secuencia histórica del producto geográfico bruto en nuestro país en los últimos diez años, comprobamos que las regiones han ido incrementando su concurso y participación en el incremento de los recursos del erario. Es evidente el desarrollo que han experimentado las regiones en el último tiempo, tanto en materia de industrialización, dé actividades agropecuarias, pesquería, incluso mineras, etcétera, lo cual ha dado por resultado una participación cada vez mayor en la generación de las riquezas de nuestro país.

Esa alternativa, entonces, me parece perfectamente aceptable, siempre y cuando, por cierto, no haga distingos entre las regiones.

Ponderando estadísticas sobre la inversión efectiva total del país, en términos porcentuales, incluida la inversión sectorial de los ministerios más importantes, como son los de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Salud y de Educación, adicionando los fondos del FNDR, municipalidades y Fondo Social, se genera una curva, una secuencia estadística del siguiente orden. La Primera Región, con 3,94 por ciento de la inversión efectiva total; la Segunda, con 3,37; la Tercera, con un 2,44; la Cuarta, con un 3,75; la Quinta, con 14,15; la Sexta, con un 6,69; la Séptima, con un 5,79; la Octava, con un 9,02; la Novena, con un 5,39; la Décima, con un 7,35; la Undécima, con un 3,30; la Duodécima, con 2,55, y la Región Metropolitana lejos, superior, respecto de la inversión efectiva total del país, con un 30,34 por ciento.

Por otro lado, en relación con la evolución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y su distribución, se aprecia, más o menos, una conducta similar. Este criterio de un carácter redistributivo, un mecanismo compensatorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, resulta perfectamente lógico y aceptable. Es la herramienta que permitirá, por lo menos, tener una base para impulsar el desarrollo regional.

En relación con las excepciones establecidas en el artículo 19, N° 20, en la última reforma constitucional, por cierto sería deseable, y así lo ha expresado el Gobierno central -al menos en las reuniones que ha mantenido con la Comisión de Gobierno Interior se ha dicho que es voluntad del Ejecutivo- ir incrementando, en la medida en que resulte adecuado y conveniente a los intereses del país, los recursos destinados a las regiones. Me parece de urgencia que esa iniciativa sea impulsada a la brevedad.

El fondo sectorial de aplicación regional es una herramienta extraordinariamente positiva, y allí debería concentrarse la discusión. Si uno hace un paralelo entre los recursos sectoriales y los que maneja el FNDR, vemos que, por ejemplo, la Segunda Región, por el primer concepto maneja una cifra del orden de los 3 mil millones de pesos, pero por capítulo del Ministerio de Obras Públicas, como fondo sectorial, cuenta con una suma de 10 a 13 millones de pesos; es decir, hay que centrar la atención en los fondos sectoriales y no en el FNDR.

Es un grave error no entender exactamente en qué consiste el FNDR, cuando se le pretende hincar el diente con esa energía, con ese generoso discurso escuchado en la Sala. Participo mucho más de los argumentos del Diputado señor Montes, en el sentido de que debe buscarse un sistema de financiamiento serio, realmente técnico, que recoja las inquietudes y necesidades de la comunidad.

Entrando en ese aspecto, expuesto en forma un poco melodramática en la intervención del señor Martínez, quiero señalar algo que ya dije en la Sala. Vemos en nuestras regiones con incertidumbre, duda y frustración, cómo se lleva un debate que, incluso, fue malinterpretado cuando di un ejemplo, y dije que mientras se discute en Santiago cómo se encauzará la nueva línea del metro o qué tipo de carros tendrá, en regiones se cortan los caminos y la gente no puede transitar. El sentido de la idea es conocer la magnitud o la dimensión de la disparidad regional.

Mientras en Santiago se discute si la seguridad se obtiene mejor con televisión o sin ella, en regiones la gente no tiene acceso a elementales medios de comunicación. (Afortunadamente, se ha avanzado en telefonía rural desde hace algunos años.). Mientras se discute respecto de las vías elevadas para romper la concentración vehicular en Santiago, en regiones la gente tiene graves problemas porque carece de posta de auxilio cerca, no accede a la educación en forma adecuada, en sectores rurales; no dispone de agua potable porque los subsidios para vivienda han sido verdaderamente mezquinos, en particular en el norte, etcétera. Cuando hice la analogía tan criticada por algunos sectores de la Región Metropolitana, mi intención fue aportar antecedentes. Quizás no me expresé bien o se entendió mal el alcance que pretendí.

En mi opinión, lo que hemos obrado no es perfecto, pero significa un avance. Destaco algunos logros con el FNDR: incremento de los recursos y excepcionalidad en la aplicación de tributos a las regiones, no sólo a los municipios, verdaderamente trascendentales por el impacto que tendrán en el nivel de vida de la gente de menos recursos.

Asimismo, valoro el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo los distintos sectores -Concertación y Oposición- y logrado la disposición del Gobierno para avanzar en los llamados fondos sectoriales de asignación regional, paso trascendente en que tendremos que perseverar para desconcentrar la administración financiera del Estado.

En consecuencia, nosotros vamos a apoyar los artículos de este bloque que hemos analizado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, lamento que el Diputado señor Gutenberg Martínez no esté en la Sala, porque me voy a referir a sus palabras y a impugnar algunas de sus afirmaciones.

En primer lugar, es necesario recordar que el sistema de financiamiento del proyecto fue debatido ampliamente cuando se estudió el acuerdo político por parte de los diferentes partidos. En esa oportunidad, quedó establecido claramente en su anexo incluso en el artículo 63, que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, busca el equilibrio y la armonía del crecimiento espacial de Chile.

El Diputado don Gutenberg Martínez centra la discusión en la iniquidad del país y en la incorporación en la reforma constitucional de la equidad, en términos de que la distribución de los recursos logren disminuir las brechas de desigualdad; pero hace un análisis parcial, porque en Chile existen iniquidades de dos caracteres: la que se presenta en personas y familias en situaciones de pobreza y la que hay entre las regiones en el desarrollo espacial. Ambas tienen tratos diferentes.

Desde el punto de vista de las personas y de las familias, la red social les financia subvenciones en función de la demanda, de la gente en situación de pobreza. Obviamente, se llevan esta parte de la "torta" las regiones con mayor número de pobres y, por lo tanto, la Metropolitana toca la que corresponde en proporción a su población.

En segundo lugar, la inversión sectorial de los ministerios también responde a los diferentes problemas. Por ejemplo, se hace en función de la demanda en obras públicas, en vivienda o en salud; históricamente se ha hecho así.

Todos los indicadores -desgraciadamente el Diputado señor Estévez tampoco está presente- demuestran que el equipamiento de la Metropolitana es superior al de las otras regiones; hay una distorsión. En la discusión general expresé el número de camas en los hospitales por habitante, la cantidad de viviendas y otra serie de antecedentes que comprueban que es mayor y, además, que la inversión sectorial regional disminuirá.

En tercer lugar, se afirma que no se quiere polarizar a las regiones en contra de la Metropolitana; pero, al mismo tiempo, se olvida que se afectará la naturaleza del Fondo Nacional de Desarrollo Regional con la indicación que introduce el factor población para definir el gasto social, que representa, el 14 por ciento de la inversión del sector público.

Los Diputados de la Región Metropolitana, si no quieren confrontación, deberían decir, por ejemplo, que las cifras demuestran que alrededor del 90 por ciento -para tomar una variable- se destina a proyectos de investigación científica de sus universidades.

Y podría seguir. En colocaciones y captaciones del sistema financiero, obviamente también hay desigualdades. Según indicador de 1979, el promedio nacional del gasto fiscal per cápita fue de 13 y en la Región Metropolitana de 29.

La naturaleza del Fondo, justamente, responde a esta acumulación histórica de iniquidades o desequilibrios espaciales y proporciona otros mecanismos para responder a la demanda social o de inversión.

En algún momento, se señaló en la Sala que respecto de Concepción y Valparaíso existen ciertos intereses.

El señor ESTEVEZ.-

¡En la Séptima Región!

El señor ORTEGA.-

Sí, señor Diputado. En la Séptima Región se está aplicando la inversión a la doble vía, y aparecen muy altas las cifras de obras públicas, en circunstancias de que se trata de todo el país y no de un sector.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, veo que los señores Diputados de la Región Metropolitana se ponen nerviosos.

Él desarrollo armónico y equitativo del país requiere del Fondo, como se determinó por lo demás vuelvo a señalarlo, en el acuerdo político. No hay resquicios, como dijo el Diputado don Gutenberg Martínez; no estamos buscando resquicios.

Es obvio que el Gobierno de la Región Metropolitana necesita algún tipo de financiamiento.

La letra b) del artículo 74 dice que puede haber otros mecanismos para el desarrollo regional, pero el objetivo del Fondo de Desarrollo Regional es el equilibrio espacial.

Tengo mucho respeto por los Diputados señores Cantero y Longton, porque ambos participaron en el estudio del proyecto y estuvieron presentes en todas las discusiones de la Comisión; pero lamento que hoy, en una votación de esta naturaleza, haya tan pocos parlamentarios de Renovación Nacional en la Sala. Recuerdo que hace pocos días, el Presidente de ese partido manifestó que los Diputados de la Concertación debían dedicar más tiempo a legislar.

En la Comisión, justamente, dimos al proyecto lo que el Diputado don Gutenberg Martínez pedía: carácter nacional. Representantes de la Concertación y de la Oposición concordamos con el Ejecutivo en muchas de las normas; pero, obviamente, en una votación histórica, que el propio Presidente de Renovación Nacional pidió hacer hoy, 30 de abril, es una inconsecuencia que haya tan pocos parlamentarios de ese partido para una decisión de tanta importancia para el país y las regiones.

Los Diputados señores Huepe y Arancibia, me solicitan una interrupción; pero no puedo cambiar las reglas del juego que Su Señoría solicitó. Entiendo que están inscritos y que el debate continuará.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

Varios señores Diputados.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Falta que hablen Diputados de los Comités de la UDI y Radical.

Se votará la clausura del debate y, si se aprueba, se concederá la palabra a los Comités que faltan; en caso de que se rechace, se seguirá con el orden establecido.

En votación la petición.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

Antes de dar la palabra a los Comités que no han hecho uso de ella, solicito el asentimiento de la Sala para que los Diputados inscritos puedan hacer llegar sus posiciones hasta el próximo martes.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra para plantear un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, usted va ordenando a los inscritos de tal forma que hagan uso de la palabra, alternadamente, parlamentarios de los diversos partidos; pero en esta discusión, que es distinta de la tradicional, debió haber respetado el orden de inscripción, porque de esa forma, algunos que quedamos fuera de la posibilidad de intervenir habríamos alcanzado a hacerlo.

La aceptación del acuerdo propuesto en tal sentido -que nos parecía prudente- hace improcedente que después un jefe de Comité, aunque sea de la Democracia Cristiana, pida la clausura del debate. En tal caso el acuerdo adoptado en conjunto con Su Señoría deja de tener sentido.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso lo ha decidido la Sala.

Si le parece a la Sala, entonces, hasta el próximo martes se reciben por escrito las posiciones de los señores Diputados inscritos que no hayan alcanzado a intervenir.

El señor DUPRE.

- Señor Presidente, pero ampliando la posibilidad a todos y no sólo a los que están inscritos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

Por el Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sin duda que en el tema en debate lo medular, como muy bien lo decía el Diputado Montes, dice relación con el asunto de los recursos.

Este es un paso significativo en el avance gradual del proceso de regionalización que se inició en el país a mediados de la década de 70; pero naturalmente esta gradualidad tiene que ir asistida por una posición más agresiva de parte del Ejecutivo, en cuanto a consolidar mecanismos muy eficaces y eficientes que descentralicen y desconcentren los recursos más que las atribuciones que permitan su manejo, lo que de alguna forma en este proyecto se está consiguiendo.

El documento que entregó la subsecretaría de Desarrollo Regional, "Democracia Regional y Local", de marzo de 1992, y que se tuvo a la vista durante todo el proceso de discusión en la Comisión, en el acápite "Patrimonio y sistema presupuestario regional", dice textualmente: "El cuerpo legal" el que estamos discutiendo" define el presupuesto del gobierno regional como la expresión financiera de los planes y programas de la región, ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación".

Claramente se establece que toda iniciativa de orden económico en la región está sujeta a la discusión y al acuerdo previo de la Ley de Presupuestos de la Nación. Reiteradamente sostuvimos en la Comisión que el proceso de regionalización estaba pasando entonces por la discusión a que se sometiera éste en la Ley de Presupuestos y, en consecuencia, a la fijación absoluta del gobierno central: el Ejecutivo.

Este documento sigue señalando que "El presupuesto regional se rige por las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado". Y agrega:

"Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Nación definirá los gastos de funcionamiento del gobierno regional y un programa de inversión regional en el que se incluirán, entre otros, los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional".

Es decir, se debe tener conciencia y claridad, una vez más, que la regionalización pasa necesariamente por la Ley de Presupuestos de la Nación, que se plantea finalmente en el nivel del Ejecutivo, que es el que determina, a la postre, con cuántos recursos van a contar las regiones.

Y esto es lo medular: el proyecto de regionalización que estamos votando es claramente un proceso administrativo más que uno de carácter económico.

Lo más notable es que se haya generado toda esta discusión en este momento, en el último día, en el que aparecen claramente los sectores oficialistas y de la Concertación abogando por más atribuciones y más recursos económicos. Debió haber sido, tal vez, en la instancia de análisis entre el Ejecutivo y sus partidarios cuando se debieron haber fijado todos los mecanismos y todas las propuestas que ahora se vienen a lamentar que no están contenidas en el proyecto de ley.

El problema no es aquí de Gobierno o de Oposición o de acuerdo político. Es de iniciativa que debió haber tenido, especialmente, quien administra los fondos del Estado, que es el Ejecutivo. Esa fue la instancia y ese fue el poder que debió haber presentado un mejor proyecto de ley.

Discrepo del Diputado Gutenberg Martínez cuando señala que las insuficiencias se deben a si el proceso fue más o menos democrático. No. Las insuficiencias están en si hay más voluntad de inyectar recursos al sistema descentralizado o no. Y en este sentido, el proyecto, como lo dije a lo largo de su estudio en la Comisión, es claramente insuficiente.

Estoy de acuerdo en que con en el sistema unitario del país no podemos propender a un esquema federalista en el manejo de los recursos; pero todos sabemos que en este proceso de regionalización iniciado en la administración anterior, hoy, en un régimen democrático, se podía haber avanzado mucho más y haber dado mayor progresividad a la asignación de recursos al sector regional. Y entonces centramos todo, como si fuera lo medular, en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en circunstancias de que éste es una parte muy minúscula de los recursos a que debieran acceder las regiones.

Desde esa perspectiva, Honorables colegas que seguramente esperaban de mí una gran defensa de Santiago, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional fue establecido para balancear y compensar a las regiones respecto de la Región Metropolitana. Y por eso en su concepción y origen, más que a Santiago o a la Región Metropolitana, apunto principalmente a las regiones. En esta concepción, se inspiró, de alguna manera el Fondo Común Municipal, que también en cierto modo obedece al concepto de que las municipalidades más poderosas deben ayudar a las más débiles.

Comparto de alguna forma el criterio del Diputado señor Montes, en el sentido de que el Ejecutivo plantea a futuro normas que mejoren efectivamente la distribución de los fondos de la Región Metropolitana.

Le aseguro, señor Presidente, que si hiciéramos un recorrido a los municipios de la Región Metropolitana, juntaríamos una muy importante cantidad de recursos que podrían distribuirse en forma mucho más ecuánime, incluso dentro de la propia región.

Cito solamente un dato. Mientras en las regiones existen claras insuficiencias, incluso en la propia Región Metropolitana, el municipio de Santiago se da el lujo de invertir, con fondos propios y extranjeros, 1.600 millones de pesos en la construcción de un parque de dudosa rentabilidad; de desembolsar 250 millones pesos en relaciones públicas; de pagar 1.000 millones de pesos extras, originando un déficit, en contratos ineficientes en el sector educacional; de gastar 500 millones de pesos en sueldos a honorarios. Este mismo municipio ocupa 80 millones de pesos en 16 sueldos de una corporación.

Señor Presidente, los recursos hay que asignarlos mejor. Desde esta perspectiva, si seguimos esperando a que el éxito económico de esta ley se base en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, las regiones no tendrán ningún destino y, definitivamente, estarán siempre empobrecidas.

En mi opinión, hay que asignar con más agresividad, con más voluntad de futuro, con más voluntad de crecimiento; mirar el proceso de crecimiento del país con mayor ecuanimidad y establecer mecanismos mucho más eficientes que los que la ley hasta el momento está propiciando.

Sin lugar a duda, valoro el proyecto -al igual que el Diputado Cantero y otros que me han precedido en el uso de la palabra- en el proceso de gradualidad en que está inserto, pero todavía nos queda mucho, porque habrá que asignar mucho mejor los recursos. En este sentido, el peso de la prueba, naturalmente, lo tienen la Concertación y el Ejecutivo: son las instancias que deben proponer al país mejores mecanismos, en especial la última de las mencionadas, que tiene la iniciativa en materia de gastos.

Lamento que la reacción explosiva de discutir todo este articulado se haya producido tan tarde; pero, precisamente, a estas alturas han constatado muchos de los parlamentarios de Gobierno que el proyecto, en definitiva, no es una gran iniciativa. Todo lo que se ha dicho en materia de regionalización, de alguna forma, ha pasado a ser letra muerta, porque más que instancias administrativas lo que se requiere son posibilidades ciertas de administración de los recursos.

Termino diciendo que, en la medida en que todo quede sujeto a la Ley de Presupuestos de la Nación, sin lugar a dudas que las regiones tendrán que venir en los meses de octubre, noviembre y diciembre a hacer mucho "lobby" a los pasillos del Congreso, para defender sus proyectos. Las aspiraciones, las inquietudes y los planteamientos formalizados incluso como proyectos regionales finalmente terminarán discutiéndose y resolviéndose acá, porque lo que el Ejecutivo diga, será lo que en definitiva se sancionará en el Congreso Nacional, el que incluso no tiene las atribuciones suficientes como para resolver las inquietudes regionales.

Señor Presidente, los Diputados señores Horvath y Longton me han solicitado una interrupción. Si Su Señoría lo tiene a bien, se las concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Reglamentariamente no se puede, porque está cerrado el debate.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, como lo hice en otra oportunidad, vuelvo poco menos que a clamarle a la Sala que se le conceda un espacio a un Diputado independiente para que pueda hacer uso de la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por el Comité del Partido Radical y Socialdemócrata, tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, quisiera retomar, en términos generales, el tema que estamos discutiendo, que es el Capítulo VI, que se refiere al patrimonio y al sistema presupuestario regionales. Quiero analizar el artículo 71, que se refiere al régimen de bienes de los gobiernos regionales.

En la discusión habida en la Comisión de Hacienda, formulé algunas objeciones, y esta mañana en mi calidad de Diputado informante de esta Comisión, aludí a las letras c), f) y g) de este artículo.

¿Por qué razón tengo objeciones respecto de este nuevo sistema de disposición de bienes del Estado? Primero, porque la regla básica dada por el decreto ley N° 1.939, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, es alterada por el artículo 71.

En la letra c) se dice: "Los bienes inmuebles..." Se refiere a los bienes inmuebles del gobierno regional"... sólo podrán ser enajenados, gravados, entregados en comodato o arrendados, en caso de necesidad o utilidad manifiesta".

Quiero recordar, además señor Presidente, que los términos "necesidad o utilidad manifiesta" son utilizados en el Derecho Civil respecto de la enajenación de los bienes inmuebles de incapaces; falta precisión respecto de este tema.

Finalmente, en el Derecho Civil, quien califica la necesidad o utilidad manifiesta es el juez de la causa y no queda al arbitrio de una interpretación más o menos restrictiva o más o menos extensiva que se le pueda dar a una norma legal.

Sin embargo, lo que a mí me preocupa respecto de la letra c), más que la frase "necesidad o utilidad manifiesta", que puede tener un acotamiento jurisprudencial, es la permisividad que contempla el inciso final, en el sentido de que los inmuebles de propiedad del gobierno regional, o sea, bienes inmuebles fiscales, pueden ser enajenados en un valor inferior, sin límite, al avalúo fiscal vigente para la propiedad cuando así lo acuerde el consejo nacional.

Resulta que el decreto ley N° 1.939, de 1977, que establece las reglas sobre la administración y disposición de bienes del Estado, dispone, en su artículo 85, que "el precio de venta de los bienes fiscales no podrá ser inferior a su valor comercial, ni siquiera estamos hablando del avalúo fiscal vigente, ... que será fijado por una Comisión Especial de Enajenaciones", y establece una serie de disposiciones respecto de quien aplica esta ley, destinadas a cautelar el interés fiscal.

Los Diputados somos empleados públicos para los efectos del artículo 260 del Código Penal, y nuestro primer deber es cautelar el interés fiscal.

Personalmente, me opongo a esta letra c), en cuanto está autorizando la enajenación de bienes fiscales a un valor inferior al avalúo fiscal vigente. Lo que ocurre, señor Presidente, y que nadie nos lo ha dicho en los debates tanto de las Comisiones de Gobierno Interior como de Hacienda, es que con este proyecto de ley se modifica la Ley de Administración de Bienes del Estado.

Un segundo punto que me preocupa respecto del régimen de bienes es el contenido en la letra f), según la cual "el dominio de los bienes inventariabas, muebles o inmuebles o sea, los bienes físicos propiedad del gobierno regional, que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional tan manido y discutido recientemente en la Sala, pasan, por transferencia, a terceras entidades, en este caso a personas jurídicas públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública. Ocurre que en la letra f, de este artículo 71, se está creando un nuevo título translaticio de dominio, pues la mera y simple copia autorizada de la resolución del intendente sirve para inscribir en el conservador la propiedad fiscal a nombre de esta entidad pública o privada, sin fines de lucro, que atiende servicios de utilidad pública. Lo que estamos haciendo es lisa y llanamente transferir gratuitamente los bienes del Estado a terceras personas, de acuerdo con este proyecto de ley. El artículo 83 de la ley clave para esto, que es el decreto ley N° 1.939, preceptúa que los bienes del Estado sólo podrán enajenarse a título oneroso.

Este es un forado para que el Estado se deshaga de sus propios recursos y privatice todo, absolutamente todo, incluso a nivel regional; la intencionalidad del contenido de la letra f) del artículo 71 de este proyecto de ley apunta a eso.

La letra g) también establece otra forma de disponer de los bienes del Estado con algunas facilidades. Si no tenemos el cuidado suficiente, por esta vía, estaríamos entregando bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas privadas que atienden servicios de utilidad pública, mediante convenios, sin distinguir si persiguen o no fines de lucro. Cuando digo "entregan" no me estoy refiriendo al sentido estricto de la palabra, sino a la transferencia de dominio en favor de terceras personas, a título, prácticamente, gratuito, por cuanto señala que estas transferencias operarán "mediante convenios directos que contemplen mecanismos de aporte reembolsable u otro sistema que implique la recuperación total o parcial de la inversión efectuada,..." ¿Donde están los límites de la transferencia?, ¿Qué significa esto?

Estos son los puntos en discusión respecto del régimen de bienes dado que alteran, en lo sustancial, los artículos 83, 84, 85 y 86 del decreto ley 1.939, que se refieren a la disposición de bienes del Estado. Aquí se abre una puerta para la transferencia al sector privado, con retribución o sin ella, para el gobierno regional, y fundamentalmente apuntando a transferencias a título gratuito, lo que transgrede los principios contenidos en el decreto ley N° 1.939, que, de todas maneras, me sigue pareciendo una mejor forma para la administración de los bienes fiscales.

La razones que tengo para oponerme a estas tres letras del artículo 71 son más que sobradas y resultan evidentes.

En esta oportunidad, se ha tocado la otra parte de este bloque de artículos en debate: primero, el régimen de bienes, que constituye la forma de disponibilidad del patrimonio; y segundo, otros elementos, que son, la distribución del Fondo de Desarrollo Regional, los ingresos propios del gobierno regional, los proyectos de inversión, la forma en que se le fijan los presupuestos de asignación regional y, finalmente, los convenios de programación.

¿Tendrá sentido dedicarse a estudiar todo lo que viene detrás, si el artículo 71 abre las puertas a la transferencia de los bienes fiscales, en términos prácticamente gratuitos a entidades del sector privado?

La verdad es que, salvo lo referente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el resto no tiene importancia, porque esta abertura es demasiado grande, además, que dicho Fondo se ve enfrentado al falso dilema que existe entre el centralismo y la desconcentración o la regionalización.

Me asusta y hasta me aterra, el hecho de que se presenten indicaciones en la Comisión de Hacienda que pretendan eliminar las variables que se utilizan para la distribución del 90 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se trata de una indicación que pretendía dejar el artículo 74 en la forma más anodina posible: eliminar los dos elementos, indicadores o variables por los cuales se debía hacer la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se pretendía eliminar el nivel socioeconómico de la región, medido en los términos de indicadores, estimando, al menos, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental. Una eliminación que podría haber servido para un barrido y para un fregado. Este indicador sirve tanto para la Región Metropolitana como para las demás regiones del país.

Sin embargo, ¿dónde está el indicador según el cual el Fondo Nacional de Desarrollo Regional debo interpretarlo en los términos en que lo hacía el Diputado señor Bombal, como una forma de compensación hacia las regiones desposeídas? Está justamente en la letra b). Una de las variables que se toma en cuenta para definir la distribución del Fondo es la condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores que consideran, a lo menos, la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico y su distancia respecto de la Región Metropolitana.

Para los que somos representantes de regiones, señor Presidente, no cabe la menor duda de que este segundo elemento o esta segunda variable es fundamental para la distribución del FNDR. Claro que nos interesa que existan proyectos que se financien con este Fondo, que sirvan para reponer, por ejemplo, los consultorios de Coñaripe, de Melesquén o de Chiscahue. En eso tiene razón. Lo que puede financiarse por el Fondo de Desarrollo Regional en una parte donde no hay un consultorio de atención primaria, sí nos sirve.

Es evidente que el indicador de dispersión poblacional favorece a las regiones más desposeídas y más alejadas de los centros hospitalarios. Estamos hablando de que la reposición del consultorio de Coñaripe, por ejemplo, un sector muy cercano a la cordillera, es un beneficio que no habría sido posible conseguir de no existir este indicador de dispersión territorial y alejamiento del centro poblado más grande del país, que representa a más del 40 por ciento de la población nacional.

Señor Presidente, solicito encarecidamente a la Mesa que me permita conceder dos interrupciones que me han sido solicitadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es posible. Clausurado el debate.

El señor DEVAUD.-

En ese caso, señor Presidente, dado que se ha cumplido reglamentariamente la utilización del tiempo para el debate, solicito que llame a votación respecto de este bloque.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 70, que se refiere a la composición del patrimonio del gobierno regional.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobaría el artículo 71.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, pido votación separada de las letras impugnadas, es decir, las letras c), f) y g) del artículo 71.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 71, sin las letras c), f) y g).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

En votación la letra c).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobada.

En votación la letra f).

Si le parece a la Sala, se aprobaría con el mismo quorum de la letra c).

Aprobada.

En votación la letra g).

Si le parece a la Sala, se aprobará con el mismo quorum de la letra c).

El señor DUPRE.- 

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, yo no emití mí voto y, sin embargo, aparece marcado positivamente. Expresamente no quise votar en esta ocasión. Deseo que el señor Secretario me aclare si ello afecta o no el quorum requerido.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como el quórun es de 68 votos, la situación planteada no lo afecta.

Aprobada la letra g), con el mismo quorum anterior.

En votación el artículo 72.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

El Secretario va a dar lectura a una indicación al artículo 73.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de la Comisión de Hacienda, motivada en una iniciativa del señor Palma, don Andrés, y cuya finalidad es suprimir el inciso segundo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Rechazada.

En votación el artículo 73.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

Se ha pedido la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 74, 75 y 76, por consagrar una discriminación arbitraria. En todo caso, no es éste el criterio de la Mesa, porque se establecen criterios objetivos, que pueden ser discutibles o no. La discriminación arbitraria se presenta sólo cuando se altera un proceso de diferenciación normal, caso en el cual no tienen justificación razonable las diferencias que se establecen. Hay una larga discusión al respecto. Y una sentencia del Tribunal Constitucional.

La arbitrariedad de la discriminación significa que los criterios que se usan deben ser de tal naturaleza que a situaciones iguales correspondan normas desiguales. En este caso, se establecen criterios objetivos para la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Sería arbitrario si excluyera a algunas zonas del país. Incluso, se pueden establecer normas de absoluta excepcionalidad respecto de una zona, como por ejemplo, la zona franca o ciertas franquicias tributarias.

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, de todas maneras solicito que se vote la declaración de inadmisibilidad, basado en los siguientes antecedentes:

La distribución del Fondo fue planteada sobre la base de dos variables. Los parlamentarios formulamos indicaciones, a fin de que se pudiesen considerar otras que, a nuestro juicio, determinan que en la composición del Fondo se pueda terminar con una suerte de discriminación. Ella está en que los criterios que se fijan fueron establecidos por el Ejecutivo, sin participación parlamentaria, en la discusión, dado que las indicaciones que se presentaron fueron declaradas inadmisibles. Son inconstitucionales, inclusive, y está establecido en el punto final de la letra b), en cuanto a que la condición de territorialidad se mide respecto de la Región Metropolitana, es decir, a ésta se le discrimina, porque no está lejana absolutamente de ninguna otra región. En consecuencia, en esa norma efectivamente existe una discriminación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En suma, Su Señoría, pide que la Sala decida sobre la admisibilidad.

El señor ELIZALDE.-

Sí, señor Presidente. Pido que se vote la declaración de inadmisibilidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario me informa que como el artículo se declaró admisible, o constitucional, no corresponde que la Sala se pronuncie, sino sólo sobre el fondo del mismo.

EL señor Secretario dará lectura a una indicación al artículo 74.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación renovada tiene por objeto sustituir el encabezamiento del artículo 74, por el siguiente: "La distribución del 90 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos y se efectuará teniendo en cuenta el número de habitantes y las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región, en relación con el contexto nacional. Para estos efectos se considerarán.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Rechazada.

En votación el artículo 74.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazado el artículo por no haber alcanzado el quorum necesario.

El artículo 75 está reglamentariamente aprobado.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el artículo 75 cae, como consecuencia del rechazo del 74.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso lo veremos después con el Secretario, como ha sido con otros proyectos.

El señor MONTES.-

No, señor Presidente. Es importante dejar claramente establecido que no cae.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 76.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el artículo 75 cae, como consecuencia del rechazo del 74, porque hace mención expresa a él.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso lo verá después la Mesa.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, pido la palabra, por un asunto de Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, como el artículo 75 fue objeto de una indicación rechazada en la Comisión de Hacienda, debe ser votado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, señor Diputado. La indicación fue rechazada y el artículo quedó aprobado reglamentariamente esta mañana. En todo caso, vamos a estudiar la situación.

En votación el artículo 76.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazado el artículo por no haber alcanzado el quorum reglamentario.

En votación el artículo 77.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se va a repetir la votación, porque en el tablero electrónico no aparecen los votos de varios Diputados.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

Se suspendió la sesión a las 18:27 y se reanudó a las 18:34.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, hace algunos minutos, se tomó un acuerdo para que los parlamentarios que lo deseen puedan entregar sus discursos sobre este tema a la Redacción de Sesiones, a fin de ser publicados en la versión oficial.

A pesar de que considero una redundancia mi consulta, entiendo que sólo podrán entregar sus discursos los parlamentarios que asistieron a la sesión, pero no aquellos que estuvieron ausentes.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quedará constancia de eso, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, para subsanar el problema planteado por el Diputado señor Muñoz Barra, propongo que durante la sesión se confeccione un listado de los parlamentarios que entregarán sus discursos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Secretaría se encargará de hacer eso, señor Diputado. Existe constancia de quienes asistieron a la sesión. Esos parlamentarios podrán entregar sus discursos.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

Un señor DIPUTADO.-

¡Algunos sólo vinieron en la mañana!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, en primer lugar, Su Señoría pidió el asentimiento de la Sala para insertar los discursos de los señores Diputados que estaban inscritos y que no alcanzaron a intervenir.

En segundo término, a Su Señoría le consta que la asistencia de los señores Diputados a la Sala se toma en cualquier instante; basta que ingresen por un minuto y figuran presentes. Esta mañana había 75 u 80 Diputados; ahora, sólo los que estamos presentes. Por lo tanto, no es justo que los parlamentarios que permanecieron un minuto en la Sala aparezcan después con un gran discurso.

Entonces, pedimos justicia para los que nos damos la molestia de estar presentes durante toda la sesión e intervenir en lo que nos interesa. En consecuencia, corresponde certificar la presencia de los Diputados en este momento para que entreguen sus discursos, tal como lo pidió el Diputado señor Muñoz Barra.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien, así se procederá.

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, no escuché bien. ¿La Mesa acogió el planteamiento de la Diputada señora Caraball y el del que habla?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sólo una cuestión permanente que deberíamos tener clara.

Todo parlamentario que asiste, aunque sea a una parte de la sesión, tiene derecho a que sus intervenciones y participación sean consideradas.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor BOMBAL.-

Perdón, colegas, estoy haciendo una consulta no se pongan tan nerviosos, para fijar criterios permanentes, no para un problema incidental. Consulto a la Mesa cuál es el criterio, para tener claridad sobre esta materia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El criterio permanente es que cuando el debate sobre una materia ha sido muy prolongado y se cierra el debate, los parlamentarios presentes en ese momento puedan entregar sus observaciones por escrito, porque, de lo contrario, sería una situación un poco paradójica.

El señor BOMBAL.-

Hay parlamentarios que salen de la Sala, y en ese momento se pide la clausura del debate, la cual no la han solicitado ellos ni sus Comités. Es más, en una situación como la que ahora se está discutiendo, un Comité de la Democracia Cristiana pidió la clausura del debate, y muchos Diputados democratacristianos que ahora se encuentran en la Sala, probablemente no pudieron intervenir.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

- No corresponde entrar a discutir este asunto.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, sólo para hacer un comentario en nombre del Ejecutivo.

En verdad, el artículo relativo a la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que no reunió el quorum requerido, reflejaba como es conocido el criterio del Ejecutivo. Quiero hacer presente que en el Senado trataremos de rehacer las condiciones para reponer estos criterios.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 77.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 4 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

En votación el artículo 78.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El artículo 79 está reglamentariamente aprobado.

Corresponde analizar el bloque, denominado "De la elección del Consejo Regional", que comprende desde el artículo 80 al 96. Debe recordarse que en su mayoría, están reglamentariamente aprobados.

En realidad, sólo habría que votar los artículos 82, 83, 86 y 96, o sea, cuatro artículos.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, ¿estos artículos son orgánico constitucionales?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Efectivamente, lo son. Ese es el criterio de la Comisión.

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro, por un problema reglamentario.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, deseo consultar a la Mesa si es posible incluir en este último bloque, para los efectos de la discusión, las disposiciones transitorias, de manera de finalizar el debate de este último bloque más las disposiciones transitorias, y después proceder a votar en particular cada una de ellas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, procederemos como lo propone el Diputado señor Pizarro.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, deseo hacer referencia, de manera ineludible, a un incidente que acaba de ocurrir. Se trata de la gravedad de que este proyecto quede sin disposiciones relativas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Las disposiciones que vienen a continuación tienen muy poca importancia operativa, desde el momento en que las regiones no cuentan con recursos ni medios para llevar a efecto las distintas propuestas que el proyecto contiene.

En segundo lugar, doy públicas excusas por no haber dado una interrupción al Diputado señor Estévez; pero eso fue una inadvertencia, y ha ocurrido con frecuencia en esta Sala. Al mismo Diputado Cantero se le había solicitado otra y vino a dar excusas porque terminó su discurso y no recordó que debía otorgarla.

En tercer lugar, rechazo por antiparlamentaria y poco fraternal la expresión y descalificación del Diputado Estévez -desgraciadamente ausente- respecto de una afirmación que yo hiciera y que él no desmintió. No sé cuál aplicarle a él, cosa que no haría en público, en todo caso. El hecho es que la afirmación que hice no fue en absoluto desmentida.

Dije dos cosas. Primero, que entre 1980 y 1990 se había incrementado el gasto per cápita en la Región Metropolitana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eso no fue desmentido y ahí están las cifras.

Segundo, que habría aumentado la participación de la Región Metropolitana en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cosa que tampoco fue desmentida, porque así ocurrió con un 2,73 por ciento en 1980 y un 15 por ciento en 1990.

Para conservar la mesura, calidad y nivel del debate parlamentario, además, de respetamos mas si somos de la misma bancada, por lo menos tenemos la obligación al usar calificativos, de hacerlo con argumentos que los justifiquen. Eso no ha ocurrido, porque -reitero- las afirmaciones hechas están refrendadas por la información oficial del Ministerio del Interior, a disposición de todos los señores Diputados.

Por último, quiero añadir que confiamos en que el anuncio del señor Ministro Secretario General de Gobierno se traducirá en una iniciativa realmente concreta y efectiva, porque tengo el temor de que, por la correlación de fuerzas existentes en el Senado, se repita una situación similar a la ocurrida en la Cámara y que, el conjunto de iniciativas, que tan trabajosamente ha elaborado esta Corporación -y espero el Congreso- no sea eficaz por la inexistencia de un instrumento fundamental, como es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que, en estos años, ha permitido paliar progresivamente las desigualdades que existen entre las regiones del país.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, deseo plantear dos cosas previas.

En primer lugar, en esta Sala se ha hecho presente -y se nos ha echado en cara- la ausencia de algunos Diputados. Efectivamente, sucede así.

Creo que entre parlamentarios no nos podemos engañar mutuamente. Hay que decir la verdad. Evidentemente, no es el mejor momento en el país para tratar un proyecto de ley de la importancia de esta iniciativa. Existen compromisos políticos y hay que cumplirlos.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGTON.-

Me refiero a que estamos en una campaña municipal

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Ah!

El señor LONGTON.-

...y evidentemente para contrarrestar...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ELIZALDE.-

Seguramente, ustedes no más están en campaña.

El señor LONGTON.-

... la intervención que está haciendo el Gobierno desde hace mucho tiempo, nuestros parlamentarios se encuentran en las regiones.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Señores Diputados, les ruego guardar silencio!

El señor LONGTON.-

En segundo lugar, respecto de lo que decía el Diputado señor Arancibia, al no haberse aprobado el artículo 74, prácticamente queda paralizado este proyecto. Pero nos llenan de esperanzas las palabras del Ministro Correa.

Aquí ha existido, y no lo quisiera calificar de presión, pero indudablemente hay una influencia importante de la Región Metropolitana. Los discursos, especialmente de los parlamentarios de regiones, han apuntado al grado de importancia que tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la Región Metropolitana.

Al respecto, recuerdo las palabras del Diputado señor Bombal que, al contrario de la Mesa, no defendió a la Región Metropolitana. Se jugó por las regiones.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGTON.-

Si el Diputado Seguel me deja hablar, podría continuar.

Hablan varios señores Diputados a ¡a vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Silencio, por favor!

El señor LONGTON.-

En cuanto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, si se analiza su historia y origen, comprobamos que tiene como objetivo equilibrar y ayudar a las regiones.

Y cuando hablo de las regiones, excluyo la Metropolitana que, por tener -y todos lo sabemos- más de la mitad de la población de este país, las autoridades están obligadas a procurarles a diario los servicios y las ayudas necesarias. Eso produce un desequilibrio con el resto de las regiones.

Y si vemos las estadísticas, para que aprecien la poca importancia...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, me veo en la obligación de pedirle que se remita al tema en discusión, porque, de lo contrario todos van a insistir de nuevo en algo que ya está agotado. Lo que se debate es el sistema electoral.

El señor LONGTON.-

Bien, señor Presidente, voy a cerrar este capítulo.

La Región Metropolitana recibió dos mil millones y la mayoría de las otras regiones dos mil millones de pesos. Eso demuestra la poca importancia que tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para las regiones. Los fondos sectoriales son los que las ayudan efectivamente.

Pero esto ya se jugó, está hecho y nos quedamos con las palabras del Ministro, a fin de que la disposición reviva en el Senado.

Respecto del sistema electoral -el bloque que nos corresponde estudiar en este momento-, estábamos, tal vez no en un ciento por ciento, con la proposición original del Ejecutivo, el antiguo artículo 79, que pasó a ser 82, donde un mismo concejal podía presentar más de una candidatura, la que debía incluir un titular y un suplente. Durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, la Concertación formuló una indicación, la cual fue aprobada por simple mayoría, para permitir a los concejales presentar las candidaturas en forma de listas o votos nominales.

Este ingrediente puede complicar estas elecciones regionales y politizarlas más allá de lo necesario.

Cuando hablo de politizar, no quiero entrar en un puritanismo político. Pienso que cuando estamos en política, tiene un significado bastante claro. Pero aquí, en este caso, distorsionaríamos todo el sistema de regionalización que hoy queremos imponer en nuestro país. Y puede suceder que, más que jugamos porque estén los mejores representantes de cada región, tal vez nos jugaremos por las personas que, quizás tengan un mejor oficio político, pero que, definitivamente, no están preparados técnicamente como para trabajar en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en lo que será la adjudicación de los programas respectivos y, en último término, no cuentan con capacidad para jugarse por una región. Estimo que debiéramos velar por eso.

Así venía el proyecto original del Ejecutivo. Se encaminaba y llegaba a ese fin. Pero cuando empezamos a hablar de presentación de listas, no sabemos dónde termina esto. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 listas, lo que se prestará, reitero, más que para la elección de los mejores regionalistas, para la designación de personas que pueden tener muchas cualidades, pero no son las que buscamos para que nos representen en las regiones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, no sé si valdrá la pena hablar de elección de consejeros.

En verdad, éste es un consejo que nace feto, es nonato, porque su tarea fundamental era distribuir y trabajar con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la disposición correspondiente ha sido rechazada.

A esta altura de la sesión, ni siquiera quiero catalogar los motivos de algunos señores Diputados para votar en contra de un proyecto que, si bien favorecía a las regiones, en nada perjudicaba a Santiago. En nuestra opinión, solamente vale la pena hacerlo por si las palabras del señor Ministro tienen algún resultado en el Senado. Pero tener un consejo sin recursos económicos que administrar no se justifica.

Además, en el artículo 100, en las divisiones que se crean para asesorar al intendente, aparece una de administración y finanzas, encargada de la gestión administrativa y financiera del consejo. Pero si no existen los recursos adecuados, lógicamente se transformará en un ente burocrático.

Por eso, si bien votaremos favorablemente el articulado que sigue, lo haremos con la sensación de que, a lo mejor, no servirá para nada, porque un proceso de regionalización y descentralización sin recursos no tiene valor alguno y no conduce a nada.

Lamentablemente, nos ha faltado la altura de miras necesaria para enfrentar, como país, este proceso de regionalización y descentralización. Nos hemos preocupado de defender malamente a cada una de las localidades que representamos. En mi concepto, éste es un hecho que en el transcurso de nuestra historia tenemos que mejorar. En caso contrario,

Chile, especialmente sus regiones, sufrirán las consecuencias.

No podemos dejar de condenar la actitud de algunos parlamentarios de Santiago y a los Diputados de la Derecha que no asistieron a esta sesión, que representan regiones y saben el valor que importa esta iniciativa para el desarrollo y el equilibrio regional.

Por eso, a pesar de todo, votaremos favorablemente los artículos que a continuación se tratarán.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, no puedo dejar pasar las expresiones del Diputado señor Longton, quien señala que estamos en un proceso electoral -que ellos demoraron más de la cuenta, en aceptarlo porque pudo haberse efectuado hace más de un año atrás- para justificar la ausencia de Diputados que han querido apropiarse de un tema que realmente no lo siente, y sólo utilizan por razones de tipo político.

Los Diputados de Renovación Nacional tendrán que dar cuenta en sus provincias del porqué de su ausencia, a esta sesión después que la discusión de este proyecto se postergó en varias oportunidades y sabían que tenía rango orgánico constitucional; por lo tanto, su presencia era absolutamente necesaria. Cada uno tendrá que ser juzgado en sus regiones. Nadie puede pedirle a los Diputados de la Región Metropolitana que no planteemos lo que consideramos justo y legítimo en defensa de los intereses de quienes representamos.

Por esa misma razón, los Diputados de regiones, con mayor razón deberían haber estado presente en esta oportunidad para aprobar la disposición pertinente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Diputado señor Elizalde, le pido que se remita al tema en discusión.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, quiero solicitar que se revise la declaración de disposición orgánica constitucional efectuada en la Comisión. Tengo razones de fondo para hacer tal petición. El sistema que nos impuso la negociación política para designar dos consejeros por cada una de las provincias mediante el cual la Oposición pueda mantener el control y el gobierno de los consejos regionales, para nosotros es una situación transitoria. Queremos que en cada región todos los consejeros sean elegidos en forma directa por la ciudadanía.

En la medida en que esta sea una ley de quorum simple, podrá ser modificada en una ocasión posterior.

Señor Presidente, pido, además, que me deje hacer uso del mismo tiempo que han tenido otros parlamentarios para referirse a otros temas.

No es posible que el Ministro manifieste que se revivirá en el Senado el artículo 74. Por el contrario, el Gobierno tiene que madurar el debate habido en esta Sala y entender que existen muchas otras variables que permiten que este Fondo se distribuya equitativamente en las regiones, de acuerdo con la norma constitucional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Vuelvo a pedirle, señor Diputado, que se remita al punto en discusión.

El señor ELIZALDE.-

Por eso, solicito al Ministro que se reestudie un artículo nuevo en ese sentido y en el que todos coincidamos.

Por último, respecto del tema electoral, no solamente hemos planteado la posibilidad de que sean los concejales quienes presenten candidatos al Consejo Regional, sino que, también hemos abierto una puerta importante para las regiones: el 0,5 por ciento, de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva podrán patrocinar candidaturas.

Por último, quiero señalar, respecto del tema regional, que se trata de justificar la elección de los trasplantados de Santiago, porque quienes más gritan y chillan hoy son los que deberían haber sido Diputados por Santiago y que, por razones de cupo, se fueron a provincias.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, durante la discusión de hoy, y en particular en lo relacionado con el Corede y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no ha habido una referencia efectiva a cuál fue su origen.

No quiero insistir en ese punto, pero sí debo dejar constancia de que la tendencia centralista permitió que en la ley quedara una definición del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que no es consecuente con su origen.

En la argumentación dada por algunos señores parlamentarios se hace alusión a un fondo que el proyecto de ley concibe en forma distinta de lo que originalmente fue, cuando se constituyó como herramienta tendiente a lograr armonía y equidad en el desarrollo del país a nivel regional. Este punto ha estado presente en la discusión de los artículos anteriores.

Quiero referirme a la importancia que tiene el bloque en discusión. En mi opinión, es importante dejar constancia de que el mecanismo acordado políticamente para establecer la forma en que se constituirá el gobierno regional es claramente antidemocrático. Ha sido concebido sobre la base de elección de los concejales, que afecta la posibilidad de representación real de la ciudadanía en la conducción de los municipios; y posteriormente, a través de elección indirecta no sólo se reitera el carácter antidemocrático, sino que se afecta aún más, porque se vuelve a alterar la proporcionalidad y la verdadera representación con que debe contar la comunidad en la conducción de su municipio y de su región.

Si la Concertación aceptó este planteamiento fue sólo porque constituía parte del acuerdo político, que posibilitaba la realización de elecciones municipales y tenía como contrapartida, por parte de la Concertación, aceptar un mecanismo de elección del gobierno regional que no nos resulta satisfactorio. Pese a ello, la Concertación ha estado presente en la Sala para ratificar con sus votos el compromiso de ese acuerdo político. Es evidente que ha habido puntos de discusión entre parlamentarios de la Región Metropolitana y de otras regiones; legítimamente han expuesto su opinión. Pero esto no está en tela de juicio.

Lo que sí llama la atención es el hecho de que aquellos que exigieron el acuerdo político para que hubiera elecciones municipales hoy no lo respeten.

El compromiso significaba estar presente con sus parlamentarios para ratificar el proyecto y transformarlo en ley. No basta con firmar un acuerdo político y después dejarlo a merced de las circunstancias. Incluso, en una posición inaceptable del Diputado señor Longton, se justifica en función de las elecciones municipales, a las que ellos les pusieron todo tipo de obstáculos para que no se realizaran.

Hoy, Renovación Nacional nuevamente ha faltado a un acuerdo político. Esta ha sido una semana de inconsecuencias políticas por su parte, que ratifica su comportamiento de anteayer, cuando, lisa y llanamente, transgrediendo un acuerdo político adoptado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no respaldó el criterio de fondo en orden a garantizar un mecanismo de integración de la Corte Suprema distinto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le pido que se remita al tema que estamos discutiendo, señor Diputado.

El señor LATORRE.-

Así es, señor Presidente. Solamente estoy haciendo una referencia.

El señor PALESTRO.-

Siempre que se unen con la Derecha tienen problemas.

El señor LATORRE.-

Los Diputados de Renovación Nacional han pretendido convertirse en portavoces del proceso de regionalización del país. Durante meses hicieron presente a la opinión pública que ellos venían a defender aquí, a la Sala...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le ruego que se remita al tema. Estamos en el capítulo que se refiere al sistema electoral.

El señor LATORRE.-

Y si no tiene que ver con el tema lo que estoy señalando, ¿qué es entonces?

Queremos dejar constancia tanto los Diputados de la Democracia Cristiana como los de la Concertación, que la imposibilidad de transformar en ley el esfuerzo para lograr la regionalización del país se debe a la ausencia de los Diputados de la Derecha, en particular de los Diputados de Renovación Nacional, quienes han hecho gárgaras con el tema durante 7 u 8 meses a través de todos los medios de comunicación que controlan. Y esto sí tiene que ver con el tema, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Lo que le pido es que se remita al tema que estamos tratando.

El señor LATORRE.-

Si usted interrumpe quiero que me dé el argumento de por qué lo que digo no tiene que ver con el tema. Porque efectivamente, la posibilidad de concretar la existencia de un gobierno regional con recursos, con presupuesto, con mínima autonomía en decisiones de ciertas materias que sin duda debieran estar en manos de las regiones, hoy se ha visto afectada por la ausencia, repito, de los Diputados de Renovación Nacional.

El señor LONGTON.-

Se le rayó el disco.

El señor LATORRE.-

Sí, efectivamente, se me rayó el disco; y se me va a rayar, por lo menos, durante un par de semanas con este tema.

Dejo constancia de que cumpliendo el procedimiento formal exigido por el Reglamento, a partir del artículo 74 del proyecto de ley he recabado que se me entregue, en las próximas horas, copia de las votaciones habidas en la Cámara, para que sepa la opinión pública que durante la discusión de aspectos centrales de la regionalización, Renovación Nacional tuvo una muy escasa representación, lo que, en definitiva, va a afectar la posibilidad de que los gobiernos regionales y las regiones se desarrollen en el futuro.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la oportunidad de intervenir en este proyecto. Me he reservado hasta esta etapa para referirme al sistema electoral que permite constituir el consejo regional, que tendrá las funciones y atribuciones mencionadas anteriormente; pero no puedo dejar de pedir cierta calma para evitar una actitud que nada aporta al nivel de la discusión.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se rige hoy por la Ley de Presupuestos, es de ley simple. El acuerdo político era elevarlo al rango orgánico constitucional, pero los colegas de la Oposición, que lo pidieron, no están presentes y no han participado en la votación. Eso no se ha logrado y la verdad es que no me siento mayormente afectado, como Concertación, que no tenga rango constitucional, ya que no me cabe la menor duda de que en el Senado y en la tramitación posterior se va a recuperar el rango que señala el acuerdo político, cual es, que la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional quede en una ley orgánica constitucional.

Hoy existe como programa de inversión y es importante dejarlo en su justo nivel lo que ocurrió en el debate. Sería un profundo error que las discusiones entre parlamentarios de regiones y de Santiago llegaran a estas conclusiones, que hablarían muy mal del Congreso Nacional, en particular de la Cámara de Diputados.

Comparto la reflexión inicial hecha por el colega señor Montes. Entiendo que en ningún momento se opuso a la existencia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y al criterio de distribución, ya que señaló que se requería, además, un mecanismo que permitiera que las regiones altamente pobladas del país tuvieran otro financiamiento para su desarrollo sustentable; propuso varios mecanismos. También me ha pedido una interrupción, que se la concederé posteriormente.

Es bueno apaciguar las pasiones, pues el tema es importante y lo podremos ver después.

El sistema electoral del consejo regional es fundamental si queremos un proceso de regionalización efectivo, en particular, la democratización de la toma de decisiones en las regiones. Sin duda, significa una profunda distorsión el sistema electoral indirecto de los consejeros regionales, a través de los concejales comunales. Personalmente, soy partidario de un mecanismo de elección directo de los consejeros regionales; pero es evidente que el homo no está para bollos. Esta es la dirección en la cual deberíamos avanzar. Pero, a la vez, a pesar de esta distorsión, sin duda, hay algo muy positivo: de las representaciones de los consejos regionales serán provinciales. Es la única parte del proyecto que tanto el colega Campos como yo hemos sostenido en diferentes momentos del debate, y por lo menos, tiene una luz de posibilidad, que es dar rol cultural, político y social a las provincias. Esto es muy positivo, muy importante y asegura que el paso que damos hoy se consolida en futuro.

El sistema electoral es indirecto; personalmente, prefiero un sistema directo. Se ha innovado en este segundo informe al permitir que se puedan presentar listas o personas en forma individual como candidatos al consejo regional, innovación que permite mayor participación de candidatos. Cualquier ciudadano puede ser postulado por un grupo de ciudadanos que representan mínimo de adherentes del 0,05 por ciento, lo que sin duda es un avance.

El problema no lo veo respecto del sistema electoral, ya que es positivo y permite que se constituyan listas por alineaciones políticas o de actividades, o se presenten personas con tradición, tal como ocurre hoy quizás el paralelo que voy a hacer no es el mejoren los clubes deportivos a nivel nacional, donde se junta gente de diferente naturaleza y pensamientos políticos y conciben a su institución de cierta forma, en este caso, a la región. Esto es positivo.

Sin embargo, el elemento negativo, que espero pueda ser corregido en los trámites que continuarán, dice relación con algo que fue votado en el artículo 37, sobre la cantidad, volumen o monto de la dieta que recibirán los consejeros regionales. Si queremos avanzar hacia una fuerte regionalización, con personas que conozcan bien el uso y el destino de los recursos de las regiones, que van a manejar presupuestos de entre 3 mil millones de pesos hasta 10 mil millones de pesos, incluso en algunas ocasiones de más, deben tener un grado de especialización mayor y, por tanto, un nivel de remuneración mayor para que puedan dedicarse en forma permanente a la actividad de consejeros regionales. Este tema fue planteado por varios colegas parlamentarios en la Comisión de Gobierno Interior; recuerdo que el colega Bombal y otros apoyaron la idea de especializar y fortalecer el rol y la profesionalización de los consejeros regionales.

Señor Presidente, por su intermedio, pido que el Ministro y el Subsecretario, presentes, tomen en cuenta la petición que hemos planteado en forma bastante franca, para que sea considerada en el Senado en los próximos trámites.

Estamos avanzando en un proceso de regionalización sumamente importante, que tiene que ser gradual. Creo profundamente en él, pero tenemos que garantizar su gradualidad. No todas las regiones van a tener la misma capacidad de constituir gobiernos regionales, de tener consejeros regionales plenamente capacitados, conocedores de la administración pública y del manejo de los recursos que se pueden usar en un desarrollo sustentable y equilibrado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Caraball.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, me referiré fundamentalmente al artículo 101, que forma parte del Título final.

El artículo 101 define lo que se entiende por área metropolitana, y la propia definición revela el vacío que este proyecto contiene respecto del tema.

No quiero volver sobre la verdadera lucha entre las regiones y la Región Metropolitana. El Diputado señor Longton dijo que cuando se hablaba de regiones se entendía que se excluía a la Región Metropolitana, lo que es indicativo del criterio con que se enfoca el proyecto. No involucro a todos los señores Diputados; pero, naturalmente, el resultado final se expresa en no haber querido aceptar, durante toda su tramitación, la idea de que no puede haber un gobierno único para todas las regiones del país, habida cuenta de las diferencias sustanciales que existen entre las regiones y el área metropolitana.

Al hablar de áreas metropolitanas no me refiero exclusivamente a Santiago, sino que también a la Octava, la Quinta y otras regiones que van incorporándose en este proceso. Pienso que una ley de regionalización debe contener una norma específica sobre administración y el desarrollo de un área metropolitana, y el hecho de no contemplarlos significa que problemas tan graves como la construcción, la creación de la infraestructura, la contaminación, el manejo del medio ambiente, etcétera, se dejan librados no se sabe a qué. Por eso después se crean las comisiones especiales que, en resumidas cuentas, nada resuelven, todo se va produciendo por partes. Esto no sólo lo paga la Región Metropolitana, sino que el país entero.

Por eso, nosotros teníamos interés en aprovechar esta oportunidad para legislar de manera positiva con respecto a las diferentes regiones del país. Esto no fue posible y el artículo 101, que señala que "para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por área metropolitana la extensión territorial formada por dos o más centros de población unidos entre sí por espacios construidos y que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos.", revela la pobreza de conceptos con que se está manejando un tema tan complejo y que tiene tanto que ver con el desarrollo global del país. Es una definición que no sé en qué país se utiliza o existe como concepto. Se inventó y es muy sui géneris y propia como para un manejo interno.

La verdad es que sería mejor excluir el artículo 101, porque es preferible que exista el vacío completo a que exista una norma tan distorsionada en relación con el problema de fondo de las áreas metropolitanas. Esto es más claro y a lo mejor, en el futuro, haremos una legislación especial que contemple las áreas metropolitanas, su financiamiento, su manera de manejarse respecto del resto del país, etcétera. Esto producirá menos daño a las diferentes regiones que ignorarlas como, de hecho, se está produciendo. Pienso que por ignorar una cosa, no se elimina el problema.

En este sentido, el Diputado señor Bombal, por ejemplo a quien pido excusas de antemano si lo malinterpreto, acogiendo otras ideas que se han planteado sobre la redistribución de los fondos que produce la región para enfrentar la pobreza, dijo que podría ser un criterio bueno. Al respecto quiero advertir que la referencia a fondos generados por las distintas municipalidades, favorece al área metropolitana. Sin embargo, el 90 por ciento del fondo común de redistribución municipal lo aportan los diversos municipios que la constituyen, con lo cual estaríamos lesionando gravemente la autonomía municipal de Arica a Magallanes. Entonces, la verdad es que su discurso, si bien no fue en defensa del área metropolitana, de hecho, es más lesivo para las regiones que lo que nosotros proponemos, en cuanto a dejar, simplemente, el vacío que existe.

Hago la salvedad de que a lo mejor interpreto mal las palabras del Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Parcialmente.

La señora CARABALL.-

Parcialmente, bueno.

Señor Presidente, concluyo mi intervención señalando que me parece que no es suficiente tampoco lo que señala el inciso primero del artículo 101, que "los ministerios, los servicios públicos, los gobiernos regionales y las municipalidades deberán actuar coordinadamente en la formulación de los planes", porque ésta es una aspiración y no una norma impositiva, única manera de coordinar. Todos los que hemos trabajado en programas multisectoriales sabemos que mientras no se manejan los recursos no hay coordinación posible. Cada sector debe cumplir su meta y, de hecho, tiene muy buena voluntad para coordinarse; pero como no hay nada que se lo imponga, lo deja para después. Por eso, seguiremos viendo cómo se hacen caminos inútiles, se extienden vías y no se piensa en la ciudad en su conjunto, en el área metropolitana en su conjunto, puesto que este artículo se refiere expresamente a las áreas metropolitanas.

En resumen, sugiero a la Sala y al señor Ministro -porque me gustaría escuchar su opinión sobre esta materia- que retiremos el artículo 101 y estudiemos, si es que fuera posible, un proyecto especial para las áreas metropolitanas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, pienso que es importante mencionar sólo un hecho, sin espíritu polémico. Hace algunos días, el Presidente de Renovación Nacional criticó al Gobierno, y en particular, a los parlamentarios de la Concertación, en el sentido de que no nos dedicáramos a "politiquear", sino que a trabajar en legislar, que era de nuestra responsabilidad. Creo que este reclamo, por la situación que hoy se ve en la Sala, más bien correspondería que lo hiciera a los colegas de su partido, y no a nuestras bancadas.

Además, comparto el criterio del Diputado señor Elizalde, en cuanto a solicitar una decisión de la Sala respecto de la calificación de las normas de quorum calificado que están en discusión. Me parece que, a lo menos, es un tema discutible.

Me parece también que algunos comentarios relacionados con el rechazo de la distribución del FNDR son exagerados, puesto que existe un ordenamiento, el cual, de no aprobarse una norma que lo modifique, continúa vigente y, en consecuencia, se mantienen los criterios de inversión y de aplicación. Dicho ordenamiento, en el peor de los casos, si no existiera esa norma a futuro, en la continuidad de la discusión del tema en el Congreso, sería la base sobre la cual se administraría el fondo.

En relación con la Región Metropolitana en particular, opino que la discusión anterior ha sido poco afortunada, porque en la Cámara no hemos sido capaces de superar cierta dicotomía en la posibilidad de avanzar en la descentralización y en la regionalización del país, sin castigar a la Región Metropolitana, a Santiago, donde debemos recordar que vive el 40 por ciento de la población del país y se concentra el 35 por ciento de la pobreza; donde en los últimos 10 años, a partir de estudios realizados y publicados por organismos públicos y privados, la inversión pública per cápita ha sido la más baja en vivienda, en obras públicas; en el ámbito del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en salud, etcétera.

No es sano que el establecimiento de un sistema de regionalización se realice sobre la idea de perjudicar a un porcentaje tan importante de la población nacional. Creo que en la Cámara también se ha producido la señal política de que el Gobierno debiera asumir constructivamente la perspectiva de enfrentar esta situación, revisando la proposición más allá de la eventualidad de cierta actitud cerrada respecto de la demostración de que el problema es complejo y requiere mayor análisis. En este sentido, confío en las autoridades de Gobierno y, en particular en el Presidente de la República.

En el ámbito de las normas electorales del consejo regional, reitero que se produce un hecho que también debemos mencionar: la elección indirecta de los consejeros regionales establece un criterio discutible, en cuanto a que no es la expresión más democrática de la generación de autoridades que analizarán una problemática muy relevante para la comunidad de una región; pero, también es cierto que sería utópico pretender que mediante este proyecto de ley se va a establecer el sistema o el modelo de descentralización de gobiernos regionales en el país con vigencia por un lapso suficientemente amplio. Más bien, creo que con esta iniciativa el país está despegando, está iniciando un proceso de regionalización que en el futuro tendrá que perfeccionarse, profundizarse y complementarse con otras disposiciones de carácter legal que recojan la experiencia que se adquiera. Por lo demás, ésta ha sido precisamente la experiencia que han vivido otros países en materia de regionalización y que están en etapas muy avanzadas. Han establecido mecanismos en forma gradual para los efectos de alcanzar un modelo en el cual los objetivos de la descentralización y de la regionalización sean actuantes, desde el punto de vista del interés nacional.

Termino reiterando que en la Sala no hay parlamentarios de Renovación Nacional presentes de las Regiones Sexta, Séptima, Octava, Novena, Undécima y Duodécima, lo que, evidentemente, no refleja la mejor manera de defender el interés de esas regiones en la discusión de este importante proyecto de ley.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde pronunciarse sobre la petición de cierre del debate de varios Comités, sin perjuicio de que hablen representantes del Partido Radical y de la UDI, que aún no lo han hecho.

En votación la petición.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, entiendo que el acuerdo de la Sala es que a esta altura del debate se ofrezca la palabra en relación con las normas contenidas en el Capítulo VII, constituido por los artículos 80 y siguientes que se refieren a la elección del consejo regional y a las disposiciones transitorias. Y como hay varias disposiciones transitorias que se refieren al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y a la forma como se va configurando el presupuesto regional, es obvio, es pertinente y reglamentario no sólo referirse al sistema de elección de los consejeros regionales, sino también a las implicancias presupuestarias contenidas en las normas transitorias antes mencionadas.

Ahora bien, francamente, a esta altura del debate, el sistema de elección de los consejeros regionales que se adopte es irrelevante; creo que da lo mismo, por cuanto en la práctica, con lo que hemos aprobado y rechazado en esta sesión, estaremos eligiendo o nominando consejos regionales que carecerán de los recursos necesarios para promover el desarrollo de las regiones en los términos que hemos propiciado en más de una oportunidad.

Digo esto, puesto que la norma desgraciadamente no aprobada el artículo 74importaba una modificación sustancial a la actual forma de configuración y de administración del aludido Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por desgracia, quedaremos entregados a los acuerdos, resoluciones o consensos que se alcancen en el Honorable Senado si se decide innovar sobre el particular.

Ahora bien, políticamente encuentro bastante grave y delicado lo manifestado. Lo encuentro grave, mirándolo como Corporación, como Cámara de Diputados. Durante los últimos meses habíamos sido informados, en primer término, de que se había alcanzado un acuerdo político sobre el tema de la regionalización, y una de las materias más discutidas y convenidas era, precisamente, todo lo vinculado con la administración financiera regional; con la conformación de los presupuestos regionales y, en particular, con las implicancias del aludido Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Pero ahora ocurre que, al votarse en particular estas disposiciones, resulta que los presuntos acuerdos no existían, y prueba de ello es que no se han alcanzado las mayorías requeridas.

Esto también es preocupante, puesto que no sólo se estarían transgrediendo o violando los acuerdos políticos alcanzados por las directivas de los partidos, por el Gobierno e, incluso, por la propia Comisión, sino que es grave porque estamos evidenciando, una vez más, una señal que se está repitiendo demasiadas veces en la Cámara de Diputados: al parecer, la Cámara no es el lugar idóneo ni apto para alcanzar acuerdos, y siempre estamos entregando al Senado de la República la adopción de acuerdos respecto de las materias más importantes.

No nos quejemos, entonces, Honorables colegas, de que otras iniciativas, cuya proposición es facultad constitucional del Presidente de la República, se inicien en el Senado y no en la Cámara, porque, en el fondo, somos los propios Diputados, al no cumplir, violentar o transgredir los acuerdos, los que estamos castrando a la Corporación que integramos y a la propia ciudadanía que decimos representar.

Además, hay una señal preocupante que fluye de esta sesión: constatar que, en la práctica, ya son reiteradas las veces que se está cumpliendo esa alegoría que nos habla del padre Gatica. Hay colegas, políticos y partidos que predican pero no practican, puesto que durante muchos meses hemos escuchado a parlamentarios y a partidos enarbolar las banderas de la regionalización, insistir majaderamente en que la defensa de esos intereses era, poco menos, patrimonio exclusivo de ellos, y cuando llega el momento de la verdad, de expresar las voluntades políticas a través de los votos que uno tiene en el Congreso Nacional, desgraciadamente nos encontramos con que esos votos no están o no concurren.

Francamente, ése es un hecho muy negativo no solamente para el funcionamiento de esta Cámara, sino que, básicamente, para la sanidad política del país.

Concluyo diciendo que vamos a votar favorablemente estas disposiciones rescatando una idea que particularmente desarrolló el colega Letelier, pero respecto de la cual vale la pena insistir. En efecto, valoramos enormemente que la elección de consejeros regionales se hubiere conformado de acuerdo con el mandato de la legislación sobre colegios electorales provinciales, puesto que es el único indicio y germen que existe en este texto legislativo de reivindicar o tratar de recuperar el concepto de provincia, al que tantas veces nos hemos referido en este Hemiciclo.

Esto es importante en un proceso de desconcentración o descentralización política y administrativa del país, puesto que tenemos el temor de que esta legislación, una vez que sea puesta en vigencia, pueda llevamos al centralismo dentro de las mismas regiones, materia a la que también nos hemos referido en más de una oportunidad, en el sentido de que las capitales regionales traten de absorber o controlar los intereses del resto de las provincias y, en definitiva, estos beneficios, que teóricamente emanan de la descentralización y de la desconcentración, no lleguen en la práctica a las provincias y a las comunas, que en el fondo son el núcleo administrativo y político fundamental que permite el desarrollo de nuestro país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por el Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quisiera referirme exclusivamente a la materia relacionada con los artículos que estamos discutiendo.

En primer lugar, tratar el tema que dice relación con las candidaturas y el sistema de elección, puesto que se da la posibilidad, ahora, de que se trabaje no sólo con candidaturas uninominales, sino también en listas.

Tengo la impresión de que el sistema de listas es claramente nocivo para el fin que se persigue. Lo deduzco sin ninguna duda, porque nadie podrá desconocer que, por ir en listas, pueden resultar electos consejeros regionales que no tengan ni un solo voto. En consecuencia, debiéramos reflexionar sobre la materia, porque no hay un argumento en contra de lo que estoy afirmando.

Un señor DIPUTADO.-

¡Dé ejemplos!

El señor ULLOA.-

No se requieren ejemplos, porque basta con pensar sólo en la existencia de listas de dos o tres o más personas, en que la última de ellas podría no recibir preferencia alguna, pero con los votos de la primera o de la segunda resultaría electa. Eso complica y desvirtúa enormemente la voluntad de los electores. Ese hecho, sin duda, erosiona o limita la vocación democrática.

Por otro lado, quisiera mencionar la profunda equivocación de algunos señores parlamentarios, que mencionan como un mecanismo democráticamente válido sólo la elección directa. Si resultara cierto, entonces tendríamos la inconsecuencia de que las llamadas democracias más antiguas del mundo, que tienen mecanismos de elección indirecta, no serían tales.

La ciencia política, sin ninguna duda, hoy está planteando que los sistemas de elección, directos o indirectos, tienen clara y profunda vocación democrática, dependiendo del objetivo para el cual sean propuestos.

El tratamiento de listas resulta clara y profundamente antidemocrático por la razón anteriormente expuesta, de manera que hemos propuesto indicaciones a los artículos 82 y 83 para salvar este problema porque si de hecho no queremos distorsionar la voluntad de los concejales, sin ninguna duda debemos referimos solamente a elecciones en candidaturas uninominales y no en listas y, mucho menos, en pacto, que, por suerte, fue eliminado.

He dicho

En conformidad con el acuerdo de la Sala, se insertan las siguientes intervenciones:

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, hacemos uso de la palabra, una vez más en materia tan trascendente para el desarrollo armónico de nuestro país, no imbuidos de un espíritu localista, intrascendente, a lo mejor mezquino, sino plenamente convencido de que el proceso de regionalización y descentralización del país es fundamental para entender y hacer posible su crecimiento armónico y, además, porque este proceso político debe ser entendido como una tarea de envergadura nacional, cuyo compromiso debe arraigarse en lo más profundo de toda la sociedad chilena. No entendemos cómo aún puede haber parlamentarios que sigan solicitando una inversión desorbitada y desordenada, si futuro, de una metrópoli como Santiago, cuyos habitantes cada día viven una peor calidad de vida, como consecuencia del crecimiento inhumano, que ya alcanzó el smog, que ahoga a miles de santiaguinos. La delincuencia, la acumulación de cinturones sociales marginales etcétera, hacen inviable seguir invirtiendo aquí, en una infraestructura cada día más onerosa, en desmedro del crecimiento del resto de las regiones.

Entiéndase bien: no estamos argumentando contra Santiago, ni somos enemigos de esta ciudad. Lo que deseamos expresar hoy, cuando se discute la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es que estos recursos corresponden a un "Fondo de Compensación Territorial". Son un instrumento de desarrollo territorial, para un desarrollo armónico y equilibrado del país. Reiteramos: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una compensación al territorio y no a las personas. Hay otros grandes recursos que van a las personas: salud, educación y vivienda; pero no éstos. Por eso, participamos de las variables en las cuales se basa su distribución señalados en el artículo 74 del proyecto de ley en estudio. Me refiero a: a) el nivel socioeconómico de la región, b) a la condición territorial particular de cada región, dispersión poblacional, ruralidad, deterioro ecológico, distancia respecto de la Región Metropolitana, etcétera. Invertidos de esta manera, los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pueden crear condiciones de equidad y no considerando sólo el número de habitantes y el porcentaje de pobreza hacinada en Santiago. Ello no significa otra cosa que seguir cimentando el crecimiento de un monstruo que no tiene fin, en desmedro del resto del país. No queremos decir que no deban resolverse los problemas de pobreza que existen en Santiago. Debe hacerse, pero con otros recursos, no con los que están destinados a desarrollar las regiones más deprimidas.

Es bueno que los santiaguinos, especialmente influidos por un afán muy lícito de solucionar los graves problemas que aquejan a la capital, entiendan, lo que ya hace más de 30 años expresó Jorge Ahumada en su obra "En vez de la miseria", luchando contra la tendencia a la megalopolización de la región capital. "Esta -decía- termina atentando no sólo contra el crecimiento económico de la región capital, sino de todas las regiones del país, por la desmedida absorción de recursos para gastos en infraestructura. Agregaba Ahumada "Insistir en mantener un ritmo de crecimiento de zonas que ya alcanzaron su ápice, significa, no otra cosa, que mantener un crecimiento ficticio, cada vez más oneroso para el país y cada día más dañino para el crecimiento de otras zonas.".

¡Escúchenme, señores Diputados! La nueva línea del Metro y el plan de hospitales para Santiago anunciado estos días significa invertir aquí 700 millones de dólares. Con esta suma, nosotros, en regiones pavimentamos 2.600 kilómetros. Es decir, toda la carretera longitudinal austral y varios caminos transversales.

Por eso, nos oponemos a las indicaciones presentadas por los señores Diputados de Santiago, porque es un atentado al justo anhelo de desarrollo de nuestras regiones y un atentado al desarrollo con equidad y es nuestro compromiso con todo Chile y toda su gente, sin discriminar el lugar del territorio donde viva.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, la unidad temática de que ahora nos ocupamos constituye uno de los puntos centrales del proyecto porque dice relación con los recursos financieros de que dispondrán los gobiernos regionales para el debido cumplimiento de sus funciones. Parece altamente conveniente consagrar a nivel de ley orgánica constitucional el mecanismo en tomo al cual habrá de distribuirse entre las distintas regiones del país el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En relación a este tema me interesa formular dos precisiones:

La primera, es que al hablar de regiones deberá excluirse evidentemente la Metropolitana, porque el objetivo con que se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Regional fue compensar a las regiones la desventaja relativa en que se sitúan justamente en relación con la Región Metropolitana. Es interesante recordar que el referido Fondo sustituyó los recursos que los territorios ajenos a Santiago percibían en virtud de leyes especiales de fomento y desarrollo establecida en beneficio de numerosas provincias del país. Sólo por recordar algunas puedo mencionar la Ley del Cobre, el Instituto Corfo del Norte, la Junta de Adelanto de Arica, los Comités Programadores de Inversiones de una serie de provincias, varias corporaciones de desarrollo, entes públicos todos los cuales eran beneficiarios de financiamientos especial legal para el desarrollo de proyectos de inversión regional. Por estimarse muy dispersa la legislación de fomento regional y sumamente casuística en cuanto a las fuentes de financiamiento, en el pasado régimen se optó por eliminar toda esa legislación y conducir el desarrollo regional, de una manera más orgánica, mediante el establecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por eso nos llama profundamente la atención que figure la Región Metropolitana en la distribución de esos recursos y así lo hemos hecho presente en las discusiones habidas al tratar las leyes de Presupuestos de los últimos años. Hoy reitero nuevamente que el objetivo del Fondo es compensatorio en favor de las regiones y no es aceptable de modo alguno que Santiago entre a disputar los escasos recursos previstos para el desarrollo de las regiones del país.

Una segunda observación en relación al tema es que me parecen incompletos los criterios consignados en el artículo 74 que fijan las orientaciones que deberán seguirse para la distribución del Fondo entre regiones. En su oportunidad presenté una indicación, declarada inadmisible, para agregar dos elementos a las pautas contenidas en el artículo 74: uno era la característica de renovabilidad de los recursos naturales que constituyen la base económica de la región y otro el aporte que cada una hace a la generación de ingresos fiscales. Me parece que ambos parámetros no pueden quedar en el olvido y espero que se puedan incorporar en el Senado. Porque si hay una característica adversa que amerita ser reparada es la circunstancia de que los recursos naturales de algunas regiones del país están destinados a agotarse y se necesita fomentar el desarrollo de actividades de reemplazo. Esta característica es especialmente notoria en las regiones mineras que cíclicamente experimentan los efectos y conflictos aparejados al agotamiento y extinción de determinadas faenas. Mayor justicia es dable apreciar en el establecimiento de mecanismos compensatorios si se considera el aporte extraordinario que aquellas regiones hacen al país, tanto en la generación de divisas como el financiamiento del Presupuesto Nacional.

Discrepo de la declaración de inadmisibilidad de que mi indicación fue objeto con motivo del primer informe y lamento que no sea posible reglamentariamente impugnarla en esta oportunidad. Espero, en todo caso y frente a cualquiera duda razonable en la materia, que el Ejecutivo la acoja y la presente como suya en el Senado. Estoy convencido que su aprobación hará justicia a una zona del país, el desierto minero, que le ha entregado mucho a Chile y ha recibido de él, muy poco a cambio.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, el artículo 71 sobre distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ha sido impugnado por diversos Diputados de Santiago. Quiero desvirtuar, en especial lo aseverado por el Diputado señor Gutenberg Martínez, quien aparte de pretender introducir en esta materia el concepto de número de habitantes -factor poblacional- trató de demostrar que el proyecto obliga a los pobres de Santiago a pagar el desarrollo social de los pobres de regiones, lo cual resultaría contrario a la equidad del artículo 104 de la Constitución Política e importaría una discriminación entre los pobres de Chile, siendo esto último una especie de atentado a la igualdad.

Otro Diputado, el señor Estévez, entregó cifras relativas a la inversión pública, las que demostrarían que la inversión pública por habitante más baja en el país estaba en la Región Metropolitana.

Tales argumentaciones carecen de toda consistencia y constituyen auténticos sofismas.

Decir que los pobres son iguales o que no existen grados de pobreza es la afirmación demagógica de la igualdad y la justicia. Nadie puede discutir que los pobres de Etiopía son iguales a los de París o Nueva York.

De igual modo, la pobreza de Santiago no es la misma ni es peor que la de las regiones. Piénsese en un instante en los pobres de Llanada Grande, Cochamó, de las islas de Chiloé o de otros sectores geográficos del país que carecen de caminos, luz, agua, postas, hospitales, escuelas y de todo adelanto de la modernidad. Basta señalar que no hay niño en Santiago que no nazca en un servicio con asistencia médica. En cambio, en los lugares apartados que he mencionado, los niños nacen en su vivienda como hace más de 50 años. Luego, no hay igualdad en la pobreza. Una de las afirmaciones clásicas de la economía liberal o de la de mercado consiste en que no debe haber discriminación, pues el mercado asigna los recursos. ¿Es la implementación de esta política la que se impulsa mediante el rasero de la igualdad?

Precisamente, una política de Estado que pretenda hacer justicia efectiva en el ámbito territorial, tiene forzosamente que discriminar. De lo contrario no hay solidaridad ni hay igualdad, ni justicia.

El FNDR inevitablemente debe discriminar, si se quiere conseguir un desarrollo territorial armónico y equitativo en los términos del artículo 104 de la Constitución Política. Sólo la brutal aplicación del mercado no discrimina y entiendo que los diputados Gutenberg Martínez y Jaime Estévez no concuerdan con esta ciega y pseudo igualdad.

El FNDR nació histórica y jurídicamente como un instrumento de desarrollo territorial, como se demuestra del decreto ley 575, de 1974, que lo creó, puesto que dispone en su artículo 24: "Ambos fondos (FNDR y Fondo Común Municipal) se asignarán a las distintas regiones o comunas, según corresponda, de acuerdo a las prioridades que establezcan las políticas de estímulo al desarrollo regional y comunal". Idéntico concepto tenía el artículo 104 de la Constitución Política de 1980, y la reforma constitucional de 12 de noviembre de 1991, que modificó totalmente dicho artículo. Estableció como principio básico "un desarrollo territorial subrayo -territorial- armónico y equitativo". Para ello, en su inciso segundo señala que la Ley de Presupuestos destinará una proporción del total de los gastos de inversión pública que se denomina FNDR. Más aun, esta misma norma habla de criterio de solidaridad entre las regiones, por lo que aquellas más desarrolladas deben cooperar al progreso y adelanto de las más atrasadas. En consecuencia, no se trata de desnaturalizar el FNDR introduciendo el factor poblacional como pretenden los diputados mapochinos, porque si así fuera, teniendo Santiago un 40 por ciento de la población del país, el Fondo se llamaría "Fondo de Desarrollo Social y Poblacional".

Tampoco se trata de una lucha entre los pobres de Santiago y los de las regiones. El área metropolitana debe tener su propia justicia regional e intrarregional. Los ricos de Santiago deben pagar las necesidades de los más pobres. Las propuestas del Diputado Montes en este aspecto merecen las mayores de las consideraciones. Es el único modo de entender la economía de la solidaridad para ayudar al mayor número de pobres y del país y en el lugar de mayor desarrollo. El área metropolitana debería tener su propio Fondo Intrarregional, pero a costa de sus estamentos más dotados.

Las afirmaciones del Diputado Estévez son verdades parciales. Tengo a la vista un cuadro que señala que la inversión pública en Santiago en 1991 fue de $ 9.393 por habitante, la más baja de todo el país, ya que en la I Región fue de $ 32.444; en la XII de $ 51.557, y en la XI de $ 84.865. Por eso, merece las siguientes consideraciones:

a)En dichas cifras no se encuentra el gasto corriente: remuneraciones, previsión, etc. Atendido el número de habitantes, Santiago es lejos la región privilegiada;

b)La inversión pública, hoy no tiene la significación de hace 20 años, la inversión pública es ahora el 30 por ciento y la privada el 70 por ciento. En consecuencia, sería bueno examinar la inversión privada en Santiago, la que es muy superior a la de regiones;

c)La inversión pública por habitante es un cuociente, cuyo divisor son los habitantes, y su dividendo el monto total de la inversión. De modo entonces, que el gran número de habitantes de Santiago, siempre se traducirá en inversión per cápita reducida. Por el contrario, una inversión pequeña en regiones dividido por su escaso número de habitantes, la hará parecer elevada. Son los artilugios de la economía y de las estadísticas.

En definitiva, señor Presidente, mapochinos y regionalistas nos disputamos un pequeño porcentaje de la ya reducida economía del Estado, puesto que si al FNDR le restamos el crédito BID, quedaría en su mínima expresión. Sinceramente creo que esa no es la pelea. Las regiones exportan todo: cobre, minerales, fruta, pesca agricultura y bosque. La gran política consiste en la justicia regional. Para ello, las regiones tienen sus recursos que brindan a los que se asientan en el área metropolitana. Santiago tiene sus estamentos sociales ricos y que ellos deben desarrollar a los sectores pobres que viven en su misma ciudad.

El artículo propuesto debe ser aprobado, no obstante que se observan sólo 6 diputados de Renovación Nacional y 4 de la UDI en la Sala y no hay uno solo de estos partidos que correspondan a la X Región, lo que es lamentable pues siempre se han proclamado regionalistas.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, el presente proyecto de ley sobre Gobierno y Administración regional consagra una verdadera irreal descentralización en la administración pública, como también estatuye un nuevo enfoque en lo que es distribución de fondos regionales. Es como una respuesta a las históricas y profundas necesidades de recursos económicos propios y suficientes de las regiones para desarrollar su actividad y alcanzar su progreso. El dicho de que "Santiago es Chile" ha causado mucho daño al país. Es como estar pensando siempre que como Santiago es lo más trascendente y vital para el país debe canalizarse todo hacia esta área metropolitana, lo que evidentemente es un prejuicio a las regiones que debe ser desechado. Hoy se nos presenta la oportunidad para hacer valer nuestros argumentos, de una mayor consistencia, que exige mayor atención a las regiones que lo que se le ha venido brindando, por la prioridad y el grado de privilegio que los gobiernos han otorgado a Santiago.

El capítulo VI, del Proyecto establece un patrimonio y un presupuesto regional basado en un sistema proporcionado y justo, no discriminado y arbitrario. La idea de indicar taxativamente los bienes que conforman el patrimonio regional en su artículo 70, viene a reforzar los derechos que sobre sus ingresos y bienes de toda índole le corresponde a la región. Es un avance y un indicativo inequívoco de la autoridad del gobierno central que quiere dotar a las regiones de mayores y precisos recursos propios y derivados del Presupuesto Nacional, que le aseguren eficiencia y desarrollo. Las letras e) y n) del artículo 74 ratifican fidedignamente la voluntad constitucional de la proporcionalidad y concesión de fondos para las regiones. El presupuesto del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación, dice el artículo 72, asignando a cada gobierno regional los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento. El presupuesto de gobierno comprende, además, un programa de inversión regional en el que se incluyen los recursos del Fondo de Desarrollo Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la Región. La fórmula que emplea el artículo 74 otorga recursos proporcionados y justos a las regiones. El 90 por ciento del FNDR se distribuirá teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación con el contexto nacional.

Y se establecen dos variables, que nosotros los de regiones consideramos razonables. Estas variables como se sabe, son en primer lugar, el nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores que corresponderán a los menos, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo y postergados. Hay muchos pobres en provincia. Hay muchas necesidades sociales que atender. Y con esta variable se asegura una atención un poco más holgada.

La otra variable es la condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores que considerarán a lo menos la dispersión poblacional la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico y su distancia respecto a la región metropolitana. Aquí el gobierno ha querido compensar el deterioro que se produce y la desventaja que ocasiona la incomunicación, o la comunicación tardía y difícil, que trae retroceso y marginación, y por qué no decir olvido, por las largas distancias y las dificultades que provoca la condición territorial de que habla el artículo 74 letra b) Y que exige de mayores recursos económicos. Son dos variables que las regiones deben manejar como resguardo de su propio destino, de su propio financiamiento dado sus características especiales, de sus gestiones y de su desarrollo.

Los problemas ecológicos y de medio ambiente son graves en provincia. Y dado su gravedad requieren de mayores aportes de financiamiento para subsanarlos. Es necesario que los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenios se destinen a una o más regiones, les pertenezcan a la respectiva región para todos los efectos legales. El esfuerzo con que se obtienen los ingresos propios, generados por infraestructuras bien implementadas, la eficiencia, el ejercicio de la mano de obra, y los recursos naturales de que gozan, justifican lo dispuesto en el artículo 76 del proyecto. Las regiones deben solventar su vigencia y su desarrollo. Las platas ya no deben irse todas para Santiago

Porqué Santiago ya no puede seguir siendo Chile. Porque Chile es algo mucho más grande y voluminoso. Va más allá de la frontera con San Bernardo. Chile es una franja larga y angosta, con mucha tierra, lagos, ríos, mares, campos y cordilleras, con chilenos que luchan por su sobrevivencia, que aman su tierra, ejercen soberanía en las latitudes más inhóspitas de nuestro territorio, en las cercanías de cada frontera. Y la sufren, y su vida no es un lujo, es un constante sacrificio, donde no gozan de todas las satisfacciones que pudieran procurar a sus necesidades.

Señor Presidente, hoy más que nunca las regiones y provincias del norte y sur de Chile sienten el impulso de defender sus derechos.

Y hoy no hay diferencias de partidos políticos para reclamar y votar por mayores opciones y alternativas de descentralización y recursos mayores para las regiones. Los Diputados de provincia tenemos el deber de sentar nuestra hegemonía votando que sí en el articulado que nos propone el ejecutivo. Nos debemos a Chile. Pero para que Chile sea grande deben desarrollarse y ser grandes las regiones. Es como nuestro cuerpo humano que requiere de órganos sanos y fuertes para que haya vida, salud y vigor. El progreso y la grandeza de nuestra patria comienza desde las raíces de nuestra nacionalidad, de los rincones de nuestro país, de las regiones.

Lamento, señor Presidente que los Diputados de la Oposición derechista no estén hoy en esta Sala, cuando hoy discutimos este tema tan relevante para el país. Su ausencia demuestra el poco interés por el tema y sus regiones. Es una forma muy negativa y encubierta de hacer oposición. Es una manera clara e inequívoca de hacer boicot. El boicot no es un sistema lícito de hacer oposición. Actúan con inconsecuencia, cuando ayer reclamaba porque el Ejecutivo no legislaba en esta materia, y cuando decían que ellos estaban muy preocupados por la regionalización.

Manifiesto mi apoyo al Proyecto de Ley que hoy discutimos y concretamente expreso mi voto positivo a las disposiciones sobre patrimonio y sistema presupuestario regional contenidas en el Capítulo VI del proyecto referido.

He dicho.

El señor VILICIC.-

Señor Presidente, el Proyecto de ley sobre Gobierno y Administración Regional significa la descentralización de los recursos públicos, estableciendo una forma diferente de distribución de fondos generales. Se da así comienzo a uno de los procesos de mayor importancia para el desarrollo de las regiones, que les permitirá lograr un merecido progreso.

La iniciativa en estudio determina una distribución proporcional de bienes y presupuesto regional, siendo de este modo equitativo para todas las regiones, reflejándose en esto la intención del Poder Ejecutivo de señalar en forma precisa su voluntad en el sentido de querer dar a las regiones los recursos necesarios para el desarrollo armónico del país.

Considero que la entrega de recursos en la aplicación del proyecto es la más justa para las regiones, teniendo en consideración el nivel socioeconómico de la región, basados en la tasa de desempleo, porcentaje en condiciones de pobreza de la población, calidad de vida en salud, educación y condiciones de higiene ambiental.

También se tomará en cuenta la condición territorial particular de cada región, teniendo en cuenta, entre otras razones, la distancia en relación a la Región Metropolitana.

Señor Presidente, durante mucho tiempo hemos analizado este proyecto de ley, pero no se puede hablar de verdadera regionalización sino se le entrega a las regiones los recursos económicos necesarios para llevar a la práctica las facultades que este proyecto otorga.

Debemos tener presente que el éxito o fracaso de la aplicación de esta ley dependerá fundamentalmente del presupuesto con que cuente cada gobierno regional y no solamente de la capacidad técnica de sus integrantes.

En el caso particular de mi región, Magallanes, la cual gran parte de los señores parlamentarios han tenido la oportunidad de visitar e imponerse de sus particulares características geográficas, tengo la satisfacción de decir que cuenta con profesionales de alto nivel y experiencia en elaboración de planes y proyectos que puedan beneficiar a nuestra zona, además de ser esta una de las regiones que más ingresos aporta al presupuesto nacional. Pero nada de esto tendrá real importancia si las regiones no disponen de recursos económicos propios.

Por todo lo anterior, es necesario que los parlamentarios de regiones olvidemos nuestras diferencias ideológicas y pensemos solamente en el bien de ellas y en lo que por derecho les corresponde, votando a favor del artículo propuesto por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor JARA (don Octavio).-

Señor Presidente:

Conforme al texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, el artículo 73 de este proyecto define al Fondo Nacional de Desarrollo Regional como un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región.

Por ello, las disposiciones contenidas en el artículo 74 favorecen dicha propuesta. En efecto, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un mecanismo que permitirá revertir una iniquidad histórica que ha favorecido siempre al centralismo y a los desequilibrios espaciales, en la medida que se destine precisamente para el fin para el que ha sido creado.

En virtud de las consideraciones anteriores, no es pertinente ni justo introducir para los efectos de determinar la forma cómo se efectuará su distribución, la variable poblacional, ello lo desnaturalizaría, pues se estaría favoreciendo derechamente al Área Metropolitana, en desmedro de las regiones. El objetivo de lograr una efectiva desconcentración sólo podrá lograrse en la medida en que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se invierta preferentemente para favorecer el crecimiento de las zonas alejadas de la capital, de modo tal que se ponga fin a las migraciones hacia el centro del país, circunstancia esta última que ha generado la mayoría de los problemas con que cuenta hoy en día la megápolis de Santiago.

Manifiesto desde ya mi voto a favor de esta disposición, en la forma en que está concebida, pues constituye una contribución al desarrollo armónico del país, la mejoría de las partes normalmente ha servido para el florecimiento del total.

He dicho.

El señor SABAG (don Hosain).-

Señor Presidente:

No cabe duda que el debate sobre este Capítulo VI, que se refiere al patrimonio y del sistema presupuestario regional, ha concitado opiniones diversas. Ya no referidas a si son parlamentarios de oposición o de gobierno, sino que se ha conformado nuevos bloques, siendo ahora los representantes de regiones quienes, legítimamente, defendemos este proyecto; y los señores parlamentarios de la Región Metropolitana, quienes también aspiran a que su región sea favorecida con los mismos recursos.

La idea de la creación de este Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que nació en el período del Presidente don Eduardo Frei Montalva, en Odeplan, tiene por objeto, precisamente, ir en apoyo de las regiones; y de esta manera devolver a ellas parte de sus propios recursos, los que ellos generan, y que paradójicamente son gastados en su gran mayoría en la Región Metropolitana.

Por ello es que resulta muy injusto que los representantes del centralismo pretendan también que estos recursos se distribuyan de manera proporcional al número de habitantes, con lo cual se llevarán casi el 50% de estos recursos, dejando a las regiones con sumas tan reducidas que prácticamente con ellas es muy poco lo que se podía realizar.

Se argumenta que en Santiago hay también muchos pobres y necesidades de diversa magnitud; pero olvidan que a través de otros recursos, de los distintos ministerios, la mayor inversión se efectúa, precisamente, en la capital. Sin considerar, además, los enormes recursos de las municipalidades. Baste señalar que sólo cinco municipalidades de Santiago, reciben más recursos que 300 de regiones.

Por esto, señor Presidente, votaremos favorablemente este capítulo, pues con su procedimiento de distribución se hace justicia precisamente a las regiones y comunas más pobres y, sin duda, con esta ley que regionaliza al país se contarán con los medios necesarios para atender las necesidades de tantas comunas pequeñas que carecen de agua potable; alcantarillado, mejorar las escuelas, construir consultorios, policlínicas, colocar soleras y aceras; construir sedes sociales, campos deportivos, etc., etc. Y en los sectores rurales mejorar los caminos, puentes, dotar de luz eléctrica a tantos habitantes del sector rural que aún carecen de este importante servicio; como asimismo de postas, teléfonos, etc.

Este Fondo es elemental, a tal punto que de nada valdría la regionalización si no se cuentan con los recursos para satisfacer las necesidades de la población.

Por tanto, solicito a los colegas de la Región Metropolitana que comprendan el problema de tantos pueblos y comunas del país que por muchos años han sido abandonadas a su suerte, y que a través de esta ley ven la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, y que por ello voten favorablemente estos artículos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cerrado el debate, corresponde votar la indicación renovada formulada al artículo 82, a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por objeto eliminar, en el inciso primero del artículo 82, la expresión "o en listas".

Durante la votación:

El señor ROJO.-

Agregue mi voto negativo. Por razones ajenas a mi voluntad, no podré votar electrónicamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así se hará, señor Diputado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 62 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Rechazada.

Corresponde votar el artículo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 10 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay dudas sobre el resultado de la votación por fallas del sistema electrónico.

Se repetirá la votación.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 9 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

El señor CANTERO.-

¿Cómo que aprobado?

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

¡No está aprobado el artículo!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, con los 68 votos afirmativos.

El señor CANTERO.-

No, señor Presidente.

Pedimos que repita la votación.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Procede repetirla.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se necesitan 68 votos.

El señor CANTERO.-

Repita la votación, señor Presidente.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

¿Y por qué?

Un señor DIPUTADO.-

Suspenda la sesión por cinco minutos, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No.

En votación.

Durante la votación:

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).- Señor Presidente, para evitar cualquier duda, estoy de acuerdo con lo planteado por un señor Diputado: pido votación nominal, y así se acabará el problema. Pienso que eso es lo más transparente.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No procede, porque se debe pedir antes del cierre del debate, salvo que haya acuerdo unánime de la Sala.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No lo hay.

La Mesa tiene dudas sobre el resultado de la votación, pues parece que no está funcionando bien el sistema electrónico.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay dudas. Estamos a un voto, en favor o en contra. A veces, se rechaza; a veces, se aprueba. Por lo tanto, pienso que lo mejor sería proceder a la votación nominal, porque así todo el mundo saldría de dudas.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, le pido que suspenda por cinco minutos.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, ¿el sistema falló en este artículo o en todos?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha fallado dos veces en este artículo. A veces era a favor; en otras, en contra.

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Que conste, señor Presidente, que estoy presente; que he votado positivamente el proyecto; y que he estado en la Concertación, tal como lo hice con el proyecto de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, hasta el momento en que me retiré de la Cámara.

Ahora estoy aquí y nadie podrá, por ninguna razón, culparme de no haber asistido a la sesión y por ese motivo que se haya perdido un artículo propiciado por el Gobierno. De ahí que quiero dejar constancia de que voté favorablemente este proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo.

Durante la votación:

EL señor ULLOA.-

Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, usted, sin ninguna duda, tiene que actuar de la manera más ecuánime. Sé que lo intenta, pero la verdad, es que en esta ocasión nos despierta suspicacia el hecho de que hayamos esperado hasta el regreso de un señor Diputado. Encuentro que eso no es muy justo y me permito plantearlo, porque sin duda...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La verdad, señor Diputado, es que se han hecho dos votaciones mediante el sistema electrónico. En una no dio el quorum, y di por rechazado el artículo, y en otra hubo quorum y se dio por aprobado, por lo que ahora es necesario zanjar el problema.

En votación.

Durante la votación:

El señor YUNGE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, me parece francamente inaceptable la posición del Diputado señor Ulloa, porque se han realizado aquí varias votaciones en el transcurso de la tarde, y hemos visto que el sistema electrónico no ha funcionado correctamente en el caso de Diputados de todas las bancadas. De manera que me parece inaceptable que el Honorable colega ponga en duda la ecuanimidad de la Mesa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 9 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

Artículo 83.

Se le ha formulado una indicación, a la que dará lectura el Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad eliminar en este artículo la frase "acompañados de sus respectivos suplentes".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 63 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Rechazada.

El señor Secretario dará lectura a otra indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad suprimir, en este artículo 83, la frase "ya sea en forma de listas o uninominales, según fuere el caso".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 65 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Rechazada.

Corresponde votar el artículo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 10 votos. No hubo abstenciones.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, mi voto no aparece en el tablero.

El señor JARA (don Octavio).-

El mío tampoco.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Los Diputados señores Martínez y Jara no han podido emitir sus votos.

Si le parece a la Sala, se sumarían esos votos, lo que hace un total de 69 votos por la afirmativa.

Aprobado.

Los artículos 84 y 85 están reglamentariamente aprobados.

En votación el artículo 86.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, mi voto también es positivo y no ha sido registrado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por existir dudas en el resultado, se va a repetir la votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

Los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 están reglamentariamente aprobados.

Corresponde pasar al artículo 96, que establece el plazo de instalación de consejo regional.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad, por más de 69 votos.

Aprobado.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, en el artículo 96 hay un error dactilográfico, que la Secretaría deberá corregir.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es.

Si le parece a la Sala, el artículo 97 se puede aprobar por unanimidad, con la misma votación anterior.

Aprobado.

El artículo 98 está aprobado.

Artículo 99. Se le ha formulado una indicación, a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es para reemplazar, en el artículo 99, la frase "el que será suscrito", por la siguiente: "dando la información respectiva al Ministerio del Interior".

El señor CAMPOS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, en ninguna parte el artículo 99 señala "el que será suscrito". Dice: "éste será celebrado" y, más adelante, "debiendo suscribirlo".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entendemos que se refiere a la frase "debiendo suscribirlo".

El señor Secretario va a repetir la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Para sustituir la frase "debiendo suscribirlo" por "dando la información respectiva al Ministerio del Interior".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 67 votos. Hubo 1 abstención. .

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 10 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobado.

Si le parece a la Sala, el artículo 100 se aprobará con la misma votación.

Aprobado.

En votación el artículo 101, que define lo que se entiende por área metropolitana y otras materias.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por no haberse reunido el quorum necesario, queda rechazado.

Han quedado reglamentariamente aprobadas las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera.

En votación la disposición transitoria cuarta, de quorum simple.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobada.

La disposición quinta transitoria está aprobada reglamentariamente.

En votación la disposición transitoria Sexta.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Aprobada.

La disposición transitoria Séptima está aprobada reglamentariamente.

Despachado el proyecto.

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL

A S.E. EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"TITULO PRIMERO DEL GOBIERNO DE LA REGION CAPITULO I DEL INTENDENTE

Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza.

El intendente será subrogado por el gobernador de la provincia asiento de la capital regional, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para nombrar a otra persona de su confianza.

Artículo 2°.- Corresponderá al intendente, en su calidad de representante del Presidente de la República en la región:

a) Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior;

b) Velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;

c) Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

d) Informar al Presidente de la República, por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región, como asimismo, sobre el desempeño de los gobernadores y demás jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en ella;

e) Dar cuenta, en forma reservada, al Presidente de la República, para efectos de lo dispuesto en el N° 15° del artículo 32 de la Constitución Política de la República, de las faltas que notare en la conducta ministerial de los jueces y demás empleadores del Poder Judicial;

f) Conocer y resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones adoptadas por los gobernadores en materias de su competencia;

g) Aplicar administrativamente las disposiciones de la Ley de Extranjería, pudiendo disponer la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, en los casos y con arreglo a las normas previstas en ella;

h) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes;

i) Representar extrajudicialmente al Estado en la región para la realización de los actos y la celebración de los contratos que queden comprendidos en la esfera de su competencia;

j) Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia, cuando corresponda, de los servicios públicos creados por ley que operen en la región;

k) Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales;

l) Proponer al Presidente de la República, previa información al ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales, y al ministro respectivo o jefe superior del servicio, en su caso, la remoción de los jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en la región. Asimismo, el ministro del ramo o el jefe superior del servicio correspondiente informará al intendente antes de proponer al Presidente de la República la remoción de dichos funcionarios;

m) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región;

n) Adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de los complejos fronterizos establecidos o que se establezcan en la región, en coordinación con los servicios nacionales respectivos;

ñ) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, y

p) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y las atribuciones que el Presidente de la República le delegue.

CAPITULO II

DEL GOBERNADOR

Artículo 3°.- En cada provincia existirá una gobernación, que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponderá al gobernador ejercer, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia.

Artículo 4°.- El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes;

b) Aplicar en la provincia las disposiciones legales sobre extranjería;

c) Conceder o denegar permisos para efectuar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes;

d) Dar cuenta reservada al intendente de las faltas que notare en la conducta de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial en la provincia, a fin de que aquél pueda hacer lo propio ante el Presidente de la República;

e) Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

f) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

g) Disponer o autorizar el izamiento del pabellón patrio en el territorio de su jurisdicción y permitir el uso de pabellones extranjeros, en los casos que autorice la ley;

h) Autorizar la circulación de los vehículos de los servicios públicos creados por ley fuera de los días y horas de trabajo, para el cumplimiento de la función administrativa, así como la excepción de uso de disco fiscal, en conformidad con las normas vigentes. En el caso de los vehículos municipales, supervigilar la aplicación de las normas que las municipalidades adopten sobre la materia;

i) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda. Tratándose de bienes fiscales, si el ocupante exhibe un título aparente de mera tenencia u ocupación, remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, informando a los Ministerios del Interior y de Bienes Nacionales. En el intertanto, se abstendrá de actuar;

j) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones propias o delegadas, y

k) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le asignen.

Artículo 5°.- El gobernador podrá designar delegados con atribuciones específicas para una o más localidades, cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.

El delegado deberá ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso en la Administración Pública. En el acto de la delegación, el gobernador determinará las facultades específicas que le delegue, el plazo de su desempeño y el ámbito territorial en que ejercerá competencia.

Si la designación como delegado recayere en algún funcionario público, éste ejercerá su cometido en comisión de servicio, sin limitación de tiempo; si se tratare de una persona ajena a la Administración del Estado, se desempeñará ad honorem. El delegado, cualquiera que sea la calidad de su designación, quedará sujeto a las mismas responsabilidades administrativas, civiles y penales a que están afectos los funcionarios públicos, y no formará-parte de la dotación de personal del gobierno regional respectivo.

Un extracto de la resolución mediante la cual se designe al delegado se publicará en el Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación en la provincia.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES A INTENDENTES Y GOBERNADORES

Artículo 6°.- Para ser designado intendente o gobernador, se requerirá:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Tener cumplidos 21 años de edad;

c) Haber aprobado la enseñanza media;

d) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos;

e) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, y

f) Residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

Artículo 7°.- Los cargos de intendente, gobernador, concejal y consejero municipal, miembro del consejo económico y social provincial y consejero regional, serán incompatibles entre sí.

Artículo 8°.- Los intendentes y gobernadores cesarán en sus cargos por las siguientes causales:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño;

b) Aceptación de un cargo incompatible;

c) Inscripción como candidato a un cargo de elección popular;

d) Aceptación de renuncia;

e) Remoción dispuesta por el Presidente de la República, y

f) Destitución por acuerdo del Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 49, N° 1), de la Constitución Política de la República.

Artículo 9°.- Los intendentes y gobernadores tendrán su sede en la capital regional o provincial, según corresponda, sin perjuicio de que puedan trasladarla transitoriamente a otras localidades de sus territorios jurisdiccionales.

Artículo 10.- Los intendentes y gobernadores podrán solicitar, de los jefes de los organismos de la administración del Estado sujetos a su fiscalización o supervigilancia, los informes, antecedentes o datos que requieran, debiendo ellos proporcionarlos oportunamente.

Artículo 11.- Los intendentes y gobernadores deberán poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del tribunal competente aquellos casos en que, con fundamento plausible, pueda exigirse responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia.

Artículo 12.- Las funciones y atribuciones que el presente Título confiere a los intendentes y gobernadores serán ejercidas con apoyo en el Servicio de Gobierno Interior.

TITULO SEGUNDO DE LA ADMINISTRACION DE LA REGION CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 13.- La administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.

Los objetivos de desarrollo a que se refiere el inciso anterior se promoverán preferentemente mediante acciones de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural de la región. Tales acciones deberán inspirarse en los principios de equidad, de eficacia y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de impulso a la participación de la comunidad organizada y de preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 14.- Los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público, dotadas de patrimonio propio e investidas de las funciones y atribuciones que esta ley les confiere.

Artículo 15.- Los gobiernos regionales tendrán su sede en la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades.

CAPITULO IV

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 16.- Serán funciones generales del gobierno regional:

a) Aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación;

b) Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de acuerdo al artículo ... de esta ley, en conformidad con la normativa aplicable;

c) Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemple anualmente la ley de Presupuestos de la Nación;

d) Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios, las que estarán sujetas al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y se publicarán en el Diario Oficial;

e) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus planes y programas de desarrollo;

f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes;

g) Satisfacer en forma continua y permanente necesidades públicas en aquellos sectores de la actividad del Estado cuyos órganos o funciones le sean traspasados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de esta ley, y

h) Mantener relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos, a fin de armonizar el ejercicio de sus respectivas funciones.

Artículo 17.- Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial:

a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes;

b) Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región;

c) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la región, estableciendo normas y adoptando medidas adecuadas a la problemática regional, con sujeción a las normas legales y a los decretos supremos reglamentarios sobre la materia.

d) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la región, aplicando las normas de los convenios internacionales respectivos, y coordinar con otros gobiernos regionales el transporte interregional, aplicando para ello las políticas nacionales en la materia, y

e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social.

Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a) Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral, desde el punto de vista de cada región; desarrollar y aplicar las políticas nacionales así definidas en el ámbito regional;

b) Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes públicos competentes y concertando acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda. Para tal efecto, podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el número 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

c) Promover la investigación científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de la educación superior y técnica en la región, y

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Artículo 19.- En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional:

a) Establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia;

b) Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial;

c) Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen en conformidad a la normativa aplicable;

d) Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley;

e) Realizar estudios relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vi: da de los habitantes de la región, y

f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, y velar por la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus funciones, el gobierno regional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales y las de su organización interna, en el marco establecido por las leyes;

b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley;

c) Convenir, con los ministerios e instituciones de la Administración Pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad con el artículo 66;

d) Ser informado oportunamente acerca de las proposiciones de planes, programas y proyectos que los órganos y servicios de la Administración Pública nacional vayan a ejecutar en la región;

e) Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto;

f) Aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo;

g) Sancionar los planes reguladores comunales e intercomunales, de acuerdo con la normativa que rija en la materia, como asimismo emitir opinión respecto de los planes reguladores regionales;

h) Formular, evaluar y priorizar, cuando corresponda, programas y proyectos de infraestructura social básica;

i) Proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda,

las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional correspondiente;

j) Tomar conocimiento del presupuesto municipal, de los servicios traspasados y sus modificaciones respectivas y de sus proyectos de inversión;

k) Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley respectiva, tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional y se destinen al financiamiento de obras de desarrollo regional;

l) Asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir entidades, con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional, en los términos dispuestos en el Capítulo V de este Título, y

m) Ejecutar los actos y celebrar los convenios y contratos conducentes al logro de sus fines, tanto con otros organismos públicos como con personas naturales y jurídicas del sector privado.

CAPITULO III

ORGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 21.- El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional.

PARRAFO 1°

DEL INTENDENTE

Artículo 22.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden en virtud de lo dispuesto por el Título Primero, el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el consejo regional.

El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 23.- Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional:

a) Formular las políticas de desarrollo de la región, en armonía con las políticas y los planes nacionales, y dirigir su ejecución;

b) Someter al consejo regional los proyectos de planes y las estrategias regionales de desarrollo, y sus modificaciones;

c) Presidir el consejo regional, con derecho a voz y voto. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 34, letra h), sólo tendrá derecho a voz;

d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional y sus modificaciones, ajustados a las orientaciones y límites que establezcan la Ley de Presupuestos de la Nación y demás normas legales sobre la administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional, y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el artículo 19, N° 20°, de la Constitución Política de la República;

f) Proponer al consejo regional la celebración de los convenios de programación a que se refiere el artículo 66;

g) Proponer al consejo regional los proyectos de reglamentos regionales que regulen materias propias de la competencia del gobierno regional, en conformidad a las leyes y a los reglamentos supremos correspondientes;

h) Proponer al consejo regional la celebración de convenios para constituir las asociaciones regionales a que se refiere el Capítulo V de este Título;

i) Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos comprendidos en su esfera de competencia;

j) Nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza;

k) Ejercer la administración de los bienes y recursos propios del gobierno regional, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables ya las normas que el consejo regional pueda adoptar sobre la materia. En todo caso, requerirá del acuerdo de éste para enajenar o gravar bienes raíces;

l) Administrar, en los casos que determina la ley, los bienes nacionales de uso público;

m) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley que operen en la región, a través de las respectivas secretarías regionales ministeriales, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional;

n) Resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones de los secretarios regionales ministeriales y de los jefes de los servicios públicos que operen en la región, en materias propias del gobierno regional, según lo establezcan las leyes respectivas,

ñ) Ser informado oportunamente respecto de las proposiciones de programas y proyectos a que se refiere la letra d) del artículo 20, dando cuenta de ello al consejo regional;

o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

p) Poner en vigor los planes reguladores comunales e intercomunales, de acuerdo a las normas sustantivas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, previo acuerdo del consejo regional, y

q) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende.

La propuesta que haga el intendente al consejo regional, en cumplimiento de lo establecido en la letra e) del inciso primero, deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional.

Artículo 24.- El consejo regional sólo podrá aprobar o modificar los proyectos y proposiciones señalados en las letras b), d) y e) del artículo anterior y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes. Si el consejo no se pronunciare en el citado plazo, se presumirá su acuerdo y regirá lo propuesto por el intendente.

En caso de existir discrepancias entre el intendente y el consejo regional con motivo del pronunciamiento sobre las materias señaladas en el inciso anterior, primará la proposición del intendente, a menos que el consejo insistiere con una mayoría de tres quintos del total de sus miembros.

Artículo 25.- El intendente será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional y propondrá al consejo la organización de los mismos, de acuerdo con las normas básicas sobre organización establecidas por esta ley.

El personal de estos servicios se regirá por el Estatuto Administrativo y demás normas propias de los funcionarios de la Administración Pública, y su régimen de remuneraciones será el establecido en el decreto ley N° 249, de 1974, y sus normas complementarias. El que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley N° 18.575 y 7° de la ley N° 18.834.

PARRAFO 2°

DEL CONSEJO REGIONAL

Artículo 26.- El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Artículo 27.- El consejo regional estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales de la región, constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias respectivas, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Dos consejeros por cada provincia, independientemente de su número de habitantes, y (

b) Diez consejeros en las regiones de hasta un millón de habitantes y catorce en aquellas que superen esa cifra, los que se distribuirán entre las provincias de la región a prorrata de su población consignada en el último censo nacional oficial, aplicándose el método del cuociente o cifra repartidora.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio Electoral determinará, seis meses antes de la celebración de la elección respectiva, el número de consejeros regionales que corresponda elegir a cada provincia en proporción a su población. Dicha resolución será apelable ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente, dentro del plazo de diez días, debiendo éste emitir su fallo dentro de los quince días siguientes.

Artículo 28.- Los consejeros regionales que correspondan a cada provincia serán elegidos por los concejales mediante el procedimiento y el sistema electoral establecidos por el Capítulo VII de este Título.

Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Artículo 29.- Para ser elegido consejero regional, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, mayor de edad, saber leer y escribir y tener residencia en la región durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.

Artículo 30.- No podrán ser consejeros regionales.

a) Los senadores y diputados;

b) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores y los concejales;

c) El Contralor General de la República, los contralores regionales y los miembros del Consejo del Banco Central;

d) Los miembros del Poder Judicial, los funcionarios que ejerzan el ministerio público y los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, y los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, y

e) Aquellos que, por sí o como representantes de personas naturales o jurídicas, tengan contratos o cauciones vigentes con el gobierno regional o litigios pendientes con éste en calidad de demandantes.

Artículo 31.- El cargo de consejero regional será incompatible con el de concejal y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales. Será incompatible, también, con el desempeño de las funciones públicas señaladas en las letras a), b), c) y d) del artículo anterior, los secretarios ministeriales y los directores de servicios regionales, y con todo otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional o con cargos en las plantas directivas de las municipalidades.

Artículo 32.- Quedarán inhabilitados para desempeñar el cargo de consejero regional:

a) Los consejeros que, por sí mismos o como representantes de personas naturales o jurídicas, celebren o caucionen contratos con el gobierno regional o promuevan litigios contra éste en calidad de demandantes, y

b) Los consejeros que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra el respectivo gobierno regional.

Artículo 33.- Los consejeros regionales estarán afectos a las prohibiciones establecidas para los funcionarios públicos en el Estatuto Administrativo, con excepción de participar en actividades políticas y sindicales.

Artículo 34.- Corresponderá al consejo regional:

a) Aprobar los reglamentos regionales;

b) Aprobar, en aquello no regulado por esta ley, la organización interna del gobierno regional, mediante la dictación del correspondiente reglamento, a proposición del intendente;

c) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento, en el que se podrá contemplar la existencia de diversas comisiones de trabajo;

d) Prestar su acuerdo a los planes reguladores comunales e intercomunales, con sujeción a la normativa ministerial que rija en la materia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, letra g); t

e) Aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, sobre la base de la proposición del intendente;

f) Aprobar, sobre la base de la proposición del intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región y de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de los recursos propios que el Gobierno Regional obtenga en la aplicación de lo dispuesto en el N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

g) Aprobar, sobre la base de la proposición del intendente, los convenios de programación que el gobierno regional celebre,

h) Fiscalizar el desempeño del ejecutivo regional dentro del ámbito de

competencia del gobierno regional, y especialmente respecto del cumplimiento del plan regional de desarrollo y de la ejecución del presupuesto del gobierno regional, pudiendo requerir del intendente la información necesaria al efecto;

i) Dar su acuerdo al intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales;

j) Emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división política y administrativa de la región que formule el gobierno nacional;

k) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre los presupuestos y programas de obras comunales, y

l) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende.

Artículo 35.- El consejo regional funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se efectuarán, a lo menos, una vez al mes, en día hábil, y en ellas podrá abordarse cualquier asunto de la competencia del consejo. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las cuestiones incluidas en la convocatoria.

Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas. Con todo, los dos tercios de los consejeros presentes podrán acordar que determinadas sesiones, por los temas a considerar, sean secretas en relación a éstos.

La convocatoria a las sesiones se efectuará conforme lo determine el reglamento.

Artículo 36.- El quórum para sesionar será el de los dos quintos de los consejeros en ejercicio.

Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la sesión respectiva.

Artículo 37.- Los consejeros regionales percibirán una dieta de dos unidades tributarias mensuales por cada sesión del consejo a que asistan. Con todo, lo percibido por cada consejero no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes calendario. Tendrán también derecho a pasajes y viáticos para asistir a las sesiones del consejo, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual. El monto diario del viático será equivalente al que corresponda al intendente.

Artículo 38.- Serán causales de cesación en el cargo de consejero:

a) Renuncia aceptada por la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio;

b) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero, o incurrir en alguna de las causales de inhabilidad sobreviniente señaladas en esta ley, y

c) Incurrir en alguna de las causales de incompatibilidad previstas en esta ley.

Artículo 39.- El consejo calificará la procedencia de las causales previstas en el artículo anterior. En los casos de las letras b) y c), el acuerdo deberá ser adoptado por los dos tercios de los miembros en ejercicio.

La calificación de las causales de cesación en el cargo de consejero será siempre materia de sesión extraordinaria. La convocatoria se hará, a lo menos, con cinco días de anticipación, por propia iniciativa del intendente o a petición escrita de un tercio de los consejeros en ejercicio.

De la determinación que adopte el consejo en los casos de las letras b) y c) del artículo anterior, podrá recurrirse ante el respectivo tribunal electoral regional.

Artículo 40.- En caso de renuncia, inhabilidad o incompatibilidad de un consejero regional titular, debidamente aceptada o declarada en los términos del artículo anterior, así como de fallecimiento de aquél, asumirá su cargo, por el solo ministerio de la ley, el respectivo suplente, quien se desempeñará por el tiempo que le faltare al titular para completar su período. El suplente que asuma la titularidad del cargo no será reemplazado si, a su turno, cesare en el desempeño del mismo antes de completar el período.

Artículo 41.- El consejo regional dispondrá de una secretaría, destinada a prestarle asesoría para el desempeño de sus funciones.

PARRAFO 3°

EL GOBERNADOR

Artículo 42.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden de acuerdo al Título Primero de esta ley, el gobernador tendrá a su cargo la administración superior de la respectiva provincia, en la esfera de atribuciones que corresponden al intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, y presidirá el consejo económico y social provincial.

El gobernador ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 43.- El gobernador, además de las atribuciones que el intendente pueda delegarle, ejercerá las siguientes:

a) Conocer y supervisar los programas y proyectos de desarrollo que entidades del sector público efectúen en la provincia, efecto para el cual deberá ser informado oportunamente sobre las proposiciones que en tal sentido formulen tanto el propio gobierno regional como las dependencias y entidades sectorialmente competentes de la administración;

b) Proponer al intendente proyectos específicos de desarrollo de la provincia;

c) Asesorar a las municipalidades de su jurisdicción, especialmente en la elaboración y ejecución de programas y proyectos, cuando ellas lo soliciten;

d) Promover la participación del sector privado en las actividades de desarrollo de la provincia;

e) Disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo provincial y, especialmente, de los programas de infraestructura económica y social básica;

f) Fiscalizar y disponer las medidas para la adecuada coordinación de los organismos de la administración del Estado creados por ley que operen en la provincia;

g) Hacer presente al intendente o a los respectivos secretarios regionales ministeriales, con la debida oportunidad, las necesidades que observare en su territorio jurisdiccional;

h) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones o las que disponga el intendente, e

i) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes le

asignen.

Artículo 44.- El gobernador podrá constituir un consejo técnico asesor con autoridades de la Administración del Estado en la provincia.

PARRAFO 4°

DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PROVINCIAL 

Artículo 45.- En cada provincia existirá un órgano consultivo y de partidpación de la comunidad provincial socialmente organizada, denominado consejo económico y social provincial.

Artículo 46.- El consejo económico y social provincial será presidido por el gobernador, quien podrá convocarlo. Asimismo, el consejo podrá autocon-vocarse por la iniciativa de un tercio de sus miembros.

Artículo 47.- Serán atribuciones del consejo económico y social provincial:

a) Absolver las consultas del gobernador sobre los anteproyectos de plan regional de desarrollo y de presupuesto del gobierno regional, con anterioridad al sometimiento de estas iniciativas al consejo regional, y emitir opinión a su respecto;

b) Recibir semestralmente una cuenta del gobernador sobre la marcha de la administración en el nivel provincial y de la ejecución de los programas y proyectos que se desarrollen en la provincia;

c) Realizar estudios y emitir opinión en materias de desarrollo provincial;

d) Presentar proposiciones de proyectos específicos para' el desarrollo de la provincia, a fin de que sean consideradas por el gobernador para su inclusión en los programas respectivos;

e) Absolver toda otra consulta que le formule el gobernador, y

f) Requerir por escrito, a las autoridades de gobierno comunal, provincial y regional, los antecedentes referidos a proyectos y programas de desarrollo social, económico y cultural que se contemplen dentro de la provincia.

Artículo 48.- Los miembros del consejo económico y social provincial durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

El cargo de miembro del consejo económico y social provincial se desempeñará ad honorem; quienes postulen a servirlo deberán reunir los requisitos del artículo 29 y estarán sujetos a las mismas inhabilidades señaladas por las letras a), b), c) y d) del artículo 30.

Artículo 49.- Serán elegidos como miembros del consejo económico y social provincial los candidatos titulares y suplentes que en cada estamento obtuvieren las más altas mayorías y que fueren declarados como tales por el Tribunal Electoral Regional.

Para estos efectos, el Tribunal Electoral Regional resolverá los reclamos que se interpongan, dentro de los diez días siguientes a la fecha de recepción de la nómina de consejeros electos y de las actas correspondientes. Concluido dicho plazo o resueltas las reclamaciones, en su caso, comunicará al intendente y a los interesados, dentro de tercero día, la lista definitiva de consejeros para el cuadrienio siguiente.

CAPITULO IV

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE OTROS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LAS REGIONES

Artículo 50.- Los ministerios se desconcentrarán territorialmente mediante secretarías regionales ministeriales, de acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas y en virtud de los decretos que dicte el Presidente de la República, con excepción de los Ministerios del Interior, Secretaría General de la Presidencia, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Artículo 51.- Cada secretaría regional ministerial estará a cargo de un secretario regional ministerial, quien, sin perjuicio de su condición de representante del o de los ministerios respectivos en la región, será colaborador directo del intendente, al que estará subordinado en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean de competencia del gobierno regional.

Artículo 52.- Los secretarios regionales ministeriales deberán ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los correspondientes ministerios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente. En caso de discrepancia entre el intendente y el ministro respectivo, ella será resuelta por el Presidente de la República.

Artículo 53.- A las secretarías regionales ministeriales corresponderá:

a) Elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales, pudien-do adoptar las medidas de coordinación necesarias para dicho fin respecto de los órganos que integren el respectivo sector;

b) Estudiar, conjuntamente con los organismos involucrados, los planes de desarrollo sectoriales;

c) Preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, en coordinación con el ministerio respectivo;

d) Informar permanentemente al intendente del cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector;

e) Llevar a cabo las tareas que sean propias de su respectivo ministerio, de acuerdo con las instrucciones del ministro del ramo;

f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración del Estado que integren su respectivo sector;

g) Cumplir las demás funciones que contemplen las leyes y reglamentos, y

h) Ejercer las atribuciones que se les deleguen por los ministros respectivos.

Artículo 54.- Habrá un gabinete regional, órgano auxiliar del intendente, integrado por los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales. El intendente podrá disponer que integren, además, este gabinete o que concurran a él en calidad de invitados, los jefes regionales de organismos de la Administración del Estado.

Artículo 55.- La desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales se hará mediante direcciones regionales o provinciales a cargo del respectivo director regional o provincial, quien dependerá jerárquicamente del director nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, estarán subordinados al intendente a través del correspondiente secretario regional ministerial.

Artículo 56.- Todos los organismos que integran la Administración del Estado, con excepción de las instituciones constitucionalmente autónomas, estarán sujetos a la coordinación, supervigilancia o fiscalización, según corresponda, del intendente, a través del respectivo secretario regional ministerial, para los efectos de dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos que sean propios del ámbito regional. Asimismo, deberán proporcionar oportunamente la información que requiera el gobierno regional para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 57.- Para efectos de lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Política de la República, los gobiernos regionales podrán elaborar, de propia iniciativa, estudios que demuestren que la región se encuentra en condiciones de recibir y administrar adecuadamente funciones y recursos de aquellos servicios y organismos de la administración central o funcionalmente descentralizada cuyo traspaso se pretenda, así como, también, que dispone de la capacidad para elaborar los planes, programas y proyectos necesarios para el ejercicio de esa competencia.

Los antecedentes serán analizados por los ministerios y servicios públicos involucrados, los que deberán evacuar un informe dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la documentación respectiva.

Dicho informe y el que, a su vez, deberá expedir el Ministerio del Interior, serán entregados al Presidente de la República para su consideración sobre la materia.

CAPITULO V

DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES

Artículo 58.- Los gobiernos regionales podrán asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir con ellas entidades destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional.

Las asociaciones o entidades así formadas podrán realizar, especialmente, estudios orientados a identificar áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y efectuar actividades de capacitación.

Artículo 59.- Los convenios que celebren los gobiernos regionales para crear las asociaciones regionales deberán comprender, entre otros aspectos, los siguientes:

a) La especificación de las obligaciones que asuman los respectivos asociados, y

b) Los aportes financieros y demás recursos materiales que el gobierno regional proporcione para dar cumplimiento a las tareas concertadas, así como las respectivas fuentes de financiamiento. En ningún caso tal financiamiento podrá contemplar la contratación de empréstitos.

CAPITULO VI

DEL PATRIMONIO Y DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO REGIONALES

Artículo 60.- El patrimonio del gobierno regional estará compuesto por:

a) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco;

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba, de fuentes internas o

externas, de acuerdo a la legislación vigente, los cuales estarán exentos del

trámite de insinuación;

c) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes;

d) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

e) Los ingresos que recaude en conformidad al inciso final del número 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

f) Los recursos que le correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional;

g) Las obligaciones que contraiga en el desarrollo de sus actividades, en conformidad a la ley;

h) Los derechos y obligaciones que adquiera por su participación en las asociaciones a que se refiere el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política de la República, e

i) Los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley.

Artículo 61.- El régimen de bienes de los gobiernos regionales estará sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Los bienes destinados a su funcionamiento y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente a su nombre, serán inembargables;

b) La adquisición del dominio de los bienes raíces estará sujeta a las normas generales que sobre la materia rijan para el sector público;

c) Los bienes inmuebles sólo podrán ser enajenados, gravados, entregados en comodato o arrendados, en caso de necesidad o utilidad manifiesta. El procedimiento que se seguirá para la enajenación será el remate o la licitación pública, cuyo valor mínimo no será inferior al avalúo fiscal y sólo podrá ser rebajado con acuerdo del consejo regional, en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del artículo 34;

d) La disposición de los bienes muebles dados de baja se efectuará mediante remate público. No obstante, en casos calificados, el intendente podrá, con acuerdo de los dos tercios del consejo regional, donar tales bienes a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que operen en la región;

e) Sus bienes podrán ser objeto de permisos y concesiones de administración, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.803. Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización. Las concesiones darán derecho al uso preferente del bien concedido, en las condiciones que fije el gobierno regional. Sin embargo, éste podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público. El concesionario tendrá derecho a indemnización en caso de término anticipado de la concesión, salvo que ésta se haya producido por incumplimiento de sus obligaciones;

f) El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades encargadas de su administración o de las prestación del servicio correspondiente, sean públicas o privadas sin fines de lucro que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades. Esta transferencia deberá formalizarse mediante resolución del intendente, que se expedirá en un plazo no superior a noventa días, contado a partir de la fecha de adquisición o de término de construcción de tales bienes. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada de la respectiva resolución.

Tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones privadas sin fines de lucro, ella estará sujeta a la condición de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública. En caso de no cumplirse con esta condición o disolverse la entidad, tales bienes revertirán al dominio del gobierno regional;

g) El gobierno regional podrá transferir el dominio de bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública, mediante convenios directos que contemplen mecanismos de aporte reembolsa-ble u otro sistema que implique la recuperación total o parcial de la inversión efectuada, y

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras f) y g), mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio del Interior, determinados bienes se podrán mantener en el patrimonio del gobierno regional, a petición de éste, la que deberá formularse dentro del término de noventa días a que se refiere la letra f) de este artículo.

Artículo 62.- El presupuesto del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación. Dicho presupuesto se regirá por las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, decreto ley N° 1.263, de 1975, y por las siguientes disposiciones:

a) La Ley de Presupuestos asignará a cada gobierno regional los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento.

b) El presupuesto del gobierno regional comprenderá, además, un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región.

c) El proyecto de presupuesto del gobierno regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación. El proyecto de presupuesto así aprobado será enviado al Ministerio de Hacienda, en conformidad con los plazos y procedimientos que éste establezca de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se refiere la letra f) del artículo 34.

Artículo 63.- El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Este Fondo se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley de Presupuestos. La distribución del mismo se efectuará entre las regiones, asignándoles cuotas regionales.

La Ley de Presupuestos de cada año podrá precisar los rubros de gastos que, para estos efectos, no se entenderán comprendidos en los ámbitos de infraestructura social y económica de la región.

Artículo 64.- Los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico-económica que analice su rentabilidad. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo, conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.

Artículo 65.- La Ley de Presupuestos incluirá uno o más ítem de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política de la República.

Se entenderá por inversión sectorial de asignación regional toda aquella que corresponda a estudios preinversionales, programas y proyectos de inversión que, siendo de responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deban materializar en una región específica y cuyos efectos económicos directos se concentren principalmente en ella. Corresponderá al gobierno regional respectivo resolver la distribución de dichos recursos entre proyectos específicos que cumplan los criterios de elegibilidad que establezca el ministerio respectivo.

Los programas, estudios preinversionales o proyectos correspondientes a inversión sectorial de asignación regional, podrán incluir financiamiento conjunto del gobierno regional y del órgano o servicio público correspondiente.

Asimismo, dichos estudios, programas y proyectos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Cuando éstos correspondan a programas financiados con créditos externos, deberán sujetarse, además, a las condiciones de elegibilidad contenidas en los respectivos convenios de crédito.

A proposición de los gobiernos regionales, se podrán traspasar recursos entre programas de inversión sectorial de asignación regional y entre éstos y proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por hasta el 5% del presupuesto asignado a los primeros.

Artículo 66.- Los convenios de programación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política de la República son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado. Estos convenios deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se apliquen, las responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Los convenios de programación deberán incluir, cuando corresponda, cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, a través de alguno de los ministerios que los suscriban, el que deberá ser firmado, además, por los Ministros del Interior, de Hacienda y de Planificación y Cooperación. Los proyectos que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975.

CAPITULO VII

DE LA ELECCION DEL CONSEJO REGIONAL

PARRAFO 1°

DE LOS COLEGIOS ELECTORALES PROVINCIALES Y DE LA VOTACIÓN

Artículo 67.- Para la elección de los consejeros regionales, se constituirá un colegio electoral en cada una de las provincias de la región correspondiente, el cual estará integrado por los concejales respectivos.

A estos efectos, el Presidente del Tribunal Electoral Regional confeccionará la nómina de los electores y la remitirá al presidente de la mesa del colegio electoral provincial correspondiente.

Diez días antes de la fecha en que deba constituirse el colegio, el respectivo Tribunal Electoral Regional designará, por sorteo, a los miembros de la mesa que dirigirá la elección, integrada por un presidente, un secretario y un vocal, y a sus respectivos suplentes. Asimismo, determinará, dentro de la capital provincial, el local en que se instalará el colegio electoral.

Artículo 68.- Cada colegio electoral provincial se constituirá quince días después de la instalación de los concejos de la respectiva provincia, a las nueve horas, en el local determinado por el Tribunal Electoral Regional.

El Presidente de la mesa pasará lista a los asistentes al tenor de la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior y declarará instalado el colegio electoral si concurriere, a lo menos, la mayoría absoluta de sus miembros. De no reunirse el indicado quórum, la sesión se celebrará en el día siguiente, a la misma hora y en el mismo local, con los miembros que asistan.

Artículo 69.- Las candidaturas a consejeros regionales sólo podrán ser declaradas hasta las 24 horas del quinto día anterior a la fecha en que deba reunirse el colegio electoral ante el respectivo Director Regional del Servicio Electoral. Estas declaraciones podrán efectuarse en forma uninominal o en listas, las que podrán incluir hasta tantos candidatos como consejeros regionales corresponda elegir en la respectiva provincia.

Las candidaturas deberán ser declaradas por uno o más concejales de la respectiva provincia. Dicha declaración deberá ir acompañada de una declaración jurada ante un notario público de la región de que se trate, hecha por los candidatos a consejeros regionales titular y suplente que se incluyan en la declaración, en la que éstos acrediten su voluntad de ser candidatos y el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 29 y 30.

Un concejal no podrá concurrir a la declaración de más de una lista o candidatura uninominal.

Las candidaturas uninominales, también podrán ser declaradas por el propio interesado con el patrocinio de un número no inferior al 0,5% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la provincia respectiva a la fecha de la elección municipal más reciente. La determinación del número mínimo de patrocinantes la hará el Director del Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con 45 días de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba realizarse la elección de consejeros regionales.

Artículo 70.- El Director Regional del Servicio Electoral proporcionará a la mesa de cada colegio electoral las cédulas con los nombres de los candidatos titulares acompañados de sus respectivos suplentes, ya sea en forma de listas o uninominales, según fuere el caso.

Artículo 71.- Instalado el colegio electoral, el secretario de la mesa procederá a distribuir entre los concejales presentes la cédula electoral correspondiente. Acto seguido, se procederá a llamar a los concejales por orden alfabético, a fin de que depositen su voto en una urna sellada de que se dispondrá al efecto. El voto será personal y secreto, y cada concejal sólo podrá votar por un candidato a consejero titular, preferencia que se entenderá hecha también por el respectivo suplente.

Antes de depositar su voto, el concejal deberá firmar junto a su nombre, en la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo 67.

Artículo 72.- Concluido el llamamiento a los concejales a votar, el presidente de la mesa declarará cerrada la votación y el secretario dejará constancia de los concejales que no votaron.

A continuación, se procederá a practicar el escrutinio, en el mismo lugar en que hubiere funcionado el colegio electoral provincial, en presencia de los concejales asistentes y del público que deseare observarlo, siempre que no interfiera en su desarrollo.

Se presumirá fraudulento el escrutinio que se practicare en un lugar distinto de aquel en que hubiere funcionado y recibido la votación el colegio electoral provincial.

El escrutinio se regirá por las normas del artículo 71 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, numerandos 1 al 5.

Artículo 73.- Para determinar los consejeros regionales elegidos, se observará el siguiente procedimiento:

1.- Se sumarán las preferencias emitidas a favor de cada uno de los candidatos de una misma lista, a objeto de establecer los votos de lista. Para este mismo efecto, los votos de las candidaturas uninominales se tratarán como votos de lista.

2. - Se determinará un cuociente electoral dividiendo los votos de lista, por uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes como consejeros corresponda elegir. Todos estos cuocientes se colocarán en orden decreciente hasta tener un número de ellos igual al de cargos por elegir. El cuociente que ocupe el último de estos lugares será el cuociente electoral, y permitirá determinar cuántos son los elegidos en cada lista mediante la división del total de votos de la misma por dicho cuociente.

3. - Dentro de una lista, se proclamará electos a los que hubieren obtenido las más altas mayorías individuales.

4. - Si, dentro de una misma lista, un cargo correspondiere con igual derecho a dos o más candidatos, por igualdad de preferencias, se adjudicará por sorteo en el mismo acto.

5. - Si el último cargo por llenar correspondiere con igual derecho a dos o más listas o candidaturas uninominales, resultará elegido el candidato de la lista o candidato uninominal que haya obtenido mayor número de preferencias individuales y, en caso de que persista la igualdad, se adjudicará por sorteo en el mismo acto.

6. - La elección de un candidato como titular supondrá, de pleno derecho, la de su respectivo suplente.

Artículo 74.- El secretario extenderá un acta del escrutinio, que firmarán todos los miembros de la mesa, debiendo aquél remitir el original de la misma al Tribunal Electoral Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes al término de la sesión del colegio. Copia de dicha acta se remitirá al respectivo Director Regional del Servicio Electoral, dentro del mismo plazo.

Artículo 75.- La Dirección del Servicio Electoral podrá acreditar un representante ante cada uno de los colegios electorales provinciales, para los efectos de prestar la asesoría necesaria al desarrollo del proceso electoral regulado en este Capítulo.

PARRAFO 2°

DE LAS RECLAMACIONES DEL ACTO ELECTORAL

Artículo 76.- Dentro de los diez días siguientes a la celebración de la sesión del colegio electoral, cualquier persona podrá impugnar, ante el respectivo Tribunal Electoral Regional, la legalidad del acto o sus resultados. Por esta misma vía, podrá reclamarse contra eventuales incumplimientos de lo dispuesto por los artículos 29 y 30.

Artículo 77.- El Tribunal Electoral Regional respectivo se entenderá citado por el solo ministerio de la ley para reunirse a las diez de la mañana del decimoquinto día siguiente a la fecha en que se hubieren verificado las elecciones de los consejeros regionales por los colegios electorales provinciales, a fin de resolver las reclamaciones y efectuar las rectificaciones a que ellas dieren lugar.

Reunido el tribunal en la oportunidad señalada, seguirá sesionando diariamente hasta que cumpla íntegramente su cometido, el que deberá evacuar, a más tardar, en el plazo de quince días.

Artículo 78.- El Tribunal Electoral Regional procederá, de norte a sur, al estudio de las elecciones de consejeros regionales reclamadas. Conociendo de las reclamaciones de nulidad, apreciará los hechos como jurado y al tenor de la influencia que, a su juicio, ellos hayan tenido en la elección. Con el mérito de los antecedentes, declarará válida o nula la elección y sentenciará conforme a derecho.

Los hechos, efectos o irregularidades que no influyan en el resultado de la elección, sea que hayan ocurrido antes, durante o después de la votación en las mesas de los colegios electorales provinciales, no darán mérito para declarar su nulidad.

Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de las mesas de los colegios electorales provinciales que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número mínimo de miembros que señala el artículo 67 o en lugares distintos de los designados, excepto, en este último caso, si se tratare de fuerza mayor.

Declarada nula una elección por el Tribunal Electoral Regional respectivo, se procederá a repetir la votación.

Artículo 79.- En la repetición de la elección, las mesas de los colegios electorales provinciales funcionarán con la misma integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que la declaración de nulidad se fundare en la circunstancia de ser nulo el nombramiento de los integrantes de la mesa, en la adulteración o falsificación del escrutinio o en el cohecho de alguno de sus miembros, caso en el cual se sortearán de inmediato por el Tribunal Electoral Regional los miembros de la nueva mesa, excluidos los objetados.

La nueva elección se efectuará al décimo día, contado desde la fecha en que se realice el sorteo señalado en el inciso anterior, debiendo comunicarse esta resolución a los concejales por el secretario del Tribunal Electoral Regional mediante carta certificada.

En los demás casos, la elección se efectuará también al décimo día, contado desde el momento en que quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal Electoral Regional o del Tribunal Calificador de Elecciones, en su caso.

Artículo 80.- Una vez dictada la sentencia sobre todos los reclamos, el Tribunal proclamará a los candidatos que hubieren resultado elegidos.

Artículo 81.- Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la dictación de su fallo, el Tribunal Electoral Regional, enviará una copia autorizada de la parte pertinente del mismo al intendente.

Artículo 82.- La sentencia del Tribunal Electoral Regional será apelable para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días desde la notificación del fallo.

El Tribunal Calificador de Elecciones deberá resolver todas las apelaciones dentro del plazo de quince días.

Artículo 83.- El consejo regional se instalará 60 días después de la fecha de elección de los consejeros, y si ésta hubiere sido anulada, dicho plazo se contará desde la fecha de la nueva elección.

TITULO FINAL

Artículo 84.- Los gobiernos regionales y los intendentes se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Artículo 85.- Las competencias atribuidas por esta ley a los gobiernos regionales no afectarán las funciones y atribuciones que correspondan a la Administración Pública nacional, en todo lo que expresamente no haya sido encomendado a los gobiernos regionales.

Artículo 86.- Cuando el traspaso de competencias a que se refiere el artículo 59 pueda operarse por la vía de un convenio, éste será celebrado entre el gobierno regional y el ministerio respectivo, debiendo suscribirlo, además, el Ministro del Interior.

Artículo 87.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna, contará con la siguiente estructura administrativa, que le estará directamente adscrita:

a) Una división jurídica, encargada de asesorar al intendente en materias de seguridad ciudadana, orden público, asistencia social, en la aplicación de las normas sobre extranjería y de asesorar jurídicamente al intendente en las materias que éste la requiera;

b) Una división de administración y finanzas, encargada de la gestión administrativa y financiera, de la formulación y ejecución del presupuesto y de la provisión de los servicios generales del gobierno regional, y

c) Una división de gestión y control, que colaborará en la elaboración del proyecto de presupuesto en lo relativo a la inversión del gobierno regional y en su seguimiento y control.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los recursos que se asignen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementarán, respecto del presupuesto del año anterior, en los Presupuestos de 1993 y 1994, en una tasa no inferior al 25 por ciento por sobre el crecimiento promedio del presupuesto de la inversión pública nacional en cada uno de esos años, excluida la inversión sectorial de asignación regional.

SEGUNDA.- En los Presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional incluirá, a lo menos, los ítem de pavimentación urbana, conservación y mejoramiento de caminos secundarios y mejoramiento urbano.

En los Presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional crecerá, a lo menos, en una tasa del 25 por ciento más alta que la de crecimiento del resto de la inversión pública en los mismos períodos, excluido el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

TERCERA.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de los gobiernos regionales, especialmente sobre la base de los presupuestos del Servicio de Gobierno Interior y de las Regiones (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).

CUARTA.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ocho meses, a contar de la entrada en vigencia de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por el Ministerio del Interior, los que deberán contar, además, con la firma del Ministro de Hacienda, establezca la organización interna y fije las plantas de personal de los gobiernos regionales. Dichas plantas se conformarán con personal que actualmente se encuentre prestando funciones en el Servicio de Gobierno Interior, Secretarías Regionales Ministeriales y otros servicios públicos.

Para tales efectos, el Presidente de la República encasillará al personal en las plantas que se establezcan. El encasillamiento del personal en actual servicio procederá de pleno derecho y se efectuará sin solución de continuidad. Si se produjeren diferencias de remuneraciones, éstas se pagarán por planillas suplementarias, las que serán imponibles en la misma proporción en que lo sean las remuneraciones que sirvan de base para calcularlas. En el orden previsional, continuarán siendo aplicables a los funcionarios las normas que los rigieren con anterioridad a dicho encasillamiento, manteniéndose la calidad de tope de escalafón de quienes la tuvieren para tales efectos.

Los cargos que quedaren vacantes en las plantas de los ministerios o servicios a que perteneciere el personal traspasado, deberán ser suprimidos. Asimismo, el Presidente de la República podrá efectuar traspasos de bienes y de recursos financieros al gobierno regional.

El personal que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley N° 18.575 y 7° de la ley N° 18.834.

QUINTA.- Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la instalación de los gobiernos regionales, regirán plenamente las funciones, atribuciones y competencias que en esta ley se establecen para los intendentes y gobernadores. Entre tanto, los consejos regionales de desarrollo establecidos por la ley N° 18.605 mantendrán sus actuales composición y atribuciones, de conformidad a la legislación vigente.

SEXTA.- El dominio de los bienes inventariables, muebles e inmuebles, adquiridos o construidos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, antes de la entrada en vigencia de esta ley, cuyo dominio no haya sido transferido por aplicación del artículo 16 de la ley N° 18.267, y siempre que estén actualmente destinados a los fines para los que se construyeron, deberán entenderse transferidos a las entidades públicas que no sean fiscales a las cuales estén asignados. Los referidos bienes, que actualmente estén utilizando los servicios fiscales, deberán entenderse destinados a éstos. La transferencia del dominio de dichos bienes se perfeccionará mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá llevar, además, la firma del intendente de la región respectiva. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada del respectivo decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el que será suscrito, además, por el Ministro del Interior, determinados bienes se podrán destinar al patrimonio del gobierno regional.

SEPTIMA.- Para los efectos de la primera elección de los consejos regionales que se regulan en esta ley, la determinación a que se refiere el inciso final del artículo 27 será hecha por el respectivo director regional del Servicio Electoral dentro de los veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.".

Para los fines a que haya lugar, me permito hacer presente a V.E. que la Cámara de Diputados aprobó en el carácter de normas de rango orgánico constitucional la totalidad del articulado del proyecto, con excepción del Título Primero y las disposiciones transitorias.

-En general, se aprobó por la unanimidad de 84 señores Diputados presentes, sobre un total de 119 en ejercicio, y en particular se aprobó de acuerdo con el siguiente detalle:

Los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículo 18, con excepción de su letra d), con el voto conforme de 76 señores Diputados, la letra d), con el voto conforme de 81; artículos 19 y 20, por la unanimidad de 72 votos; artículos 21 y 22, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículo 23, con excepción de la letra c), por la unanimidad de 77, la letra c), con el voto conforme de 69; artículo 24, con el voto conforme de 73 señores Diputados; artículos 25, 26, 27 y 28, por la unanimidad de 74 votos; artículo 29, con el voto conforme de 69 señores Diputados; artículos 30, 31, 32 y 33, por la unanimidad de 74 votos; artículos 34 y 35, por la unanimidad de 78 votos; artículo 36, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículo 37, por la unanimidad de 78 votos; artículo 38, por la unanimidad de 74 votos; artículos 39,40, 41 y 42, por la unanimidad de 78 señores Diputados; artículo 43, con excepción de su letra a), con el voto conforme de 77, la letra a), con el voto conforme de 69 señores Diputados; artículo 44, por la unanimidad de 78 votos, artículos 45, 46, 47 y 48; por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículo 49, por 76 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones; artículo 50, por la unanimidad de 84 señores Diputados; artículo 51, por la unanimidad de 80 votos; artículo 52, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículo 53, por la unanimidad de 84 votos; artículos 54 y 55, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículos 56 y 57, por la unanimidad de 80 votos; artículos 58 y 59, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículo 60, con el voto conforme de 75 señores Diputados; artículo 61, con excepción de sus letras c), fjyg) con el voto conforme de 71, las letras c), f) y g), con el voto conforme de 69 señores Diputados; artículo 62, por la unanimidad de 72 votos; artículo 63, con el voto conforme de 72 señores Diputados; artículo 64, con el voto conforme de 73; artículo 65, con el voto conforme de 69; artículos 66, 67 y 68, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículos 69 y 70, con el voto conforme de 69 señores Diputados; artículos 71 y 72, por la unanimidad de 74 votos; artículo 73, por 69 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones; artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículos 83 y 84, por la unanimidad de 69 votos; artículo 85, por la unanimidad de 74 señores Diputados; artículo 86, con el voto conforme de 70 y artículo 87, por la unanimidad de 70 señores Diputados, de un total de 119 en ejercicio.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.) José Antonio Viera-Gallo Quesney.- Carlos Loyola Opazo.

?INFORME DE LAS COMISIONES DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACION Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL.

BOLETÍN N° 589-06

HONORABLE SENADO:

Vuestras Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, tienen el honor de informaros el proyecto de ley en segundo trámite constitucional e iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, sobre Gobierno y Administración Regional.

A las sesiones en que las Comisiones se ocuparon de esta iniciativa concurrieron, además de sus miembros, S.E. el Vicepresidente de la República, señor Enrique Krauss; el Presidente del Senado, H. Senador señor Gabriel Valdés; los HH. Senadores señores Ignacio Pérez, Sebastián Piñera y Sergio Romero; los HH. Diputados señores Carlos Montes y Eugenio Ortega; el Ministro del Interior subrogante y titular de la Secretaria General de Gobierno, señor Enrique Correa; el Ministro de Hacienda, señor Alejandro Foxley; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Gonzalo Martner; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo subrogante, señor Sergio Galilea; el Asesor Jurídico del Ministerio del Interior, señor Francisco Fernández; el Jefe de Sector Interior de la Dirección de Presupuesto, señor José Espinoza; el Jefe del Departamento Inversión Regional del Ministerio del Interior, señor Luis Lira; el Jefe de la División de Modernización y Reforma Administrativa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Rodrigo Pineda; el Subdirector de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, señor Mario Marcel y el representante del Director del Instituto Nacional de Estadísticas, señor Eduardo Carrasco.

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Durante la discusión del proyecto en este trámite de primer informe, las Comisiones unidas requirieron a diversos órganos públicos y privados antecedentes y explicaciones relacionados con las materias que el proyecto aborda, recibiéndose, en respuesta, los siguientes:

1) Oficio de los Ministerios de Justicia, Economía, Fomento y Reconstrucción; de Hacienda; de Salud; de Bienes Nacionales; de Vivienda y Urbanismo; de Transporte y Telecomunicaciones, y de Planificación y Cooperación que dan cuenta de la atribución y porcentaje del personal de las plantas de esas Secretarías de Estado que se desempeñan en las regiones el país y en la Región Metropolitana;

2) Un oficio del Consejo Regional de Desarrollo de la IX Región, sobre observaciones a este proyecto de ley;

3) Una presentación de la Federación de Cámaras de Turismo de Chile, en la que se formulan diversas consideraciones sobre la actividad turística en relación con el proceso de regionalización;

4) Un informe solicitado a la Cámara Chilena de la Construcción relativo a los porcentajes de inversión pública y privada en los años 1990 y 1991, en construcción de viviendas, hospitales y edificios públicos realizadas a lo largo del país, y

5) Un informe del Instituto de Estadísticas con antecedentes sobre desocupación laboral y estadísticas de migración.

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DISCUSIÓN GENERAL

En sesión de fecha 12 de mayo de 1992, las Comisiones unidas escucharon una exposición de S.E. el Vicepresidente de la República, señor Enrique Krauss, quien se refirió a los temas que aborda el mensaje con que fue enviado este proyecto de ley a trámite legislativo y a algunos aspectos del debate de que fue objeto en la H. Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional.

Inició su intervención expresando que le correspondía presentar ante las Comisiones unidas del Senado el proyecto de ley sobre Gobierno y Administración Regional -que luego de un fructífero debate en la Cámara de Diputados- da un impulso decisivo a la descentralización del país, en el marco de un Estado unitario cuya institucionalidad se democratiza y transforma para enfrentar las exigencias y desafíos del Siglo XXI.

El proyecto que hoy se somete a la consideración del Senado se inserta en la convicción de que las regiones -dotadas de los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros- se transformarán en actores relevantes que posibilitarán asumir objetivos particulares de legítimos grupos de interés en objetivos conducentes al bien común de todos y cada uno de sus habitantes.

No está demás recordar que, al igual que lo hiciera en la Cámara de Diputados, dentro de las diferentes opciones que ofrecen las experiencias históricas de otros países, el Gobierno ha optado por una fórmula original que responde a nuestras tradiciones e idiosincracia y que mejor asegura los resultados exitosos de este primer paso, sustantivo pero al mismo tiempo prudente, que nuestra sociedad emprende en la dirección de distribuir el ejercicio de las funciones y atribuciones públicas de índole administrativa, ya no sólo entre el gobierno nacional y las administraciones locales o municipales, sino incorporando una nueva y fecunda dimensión en el ámbito territorial de la región.

Señaló, enseguida, que no pretendía reiterar in extenso el contenido del proyecto por cuanto es ya suficientemente conocido en la discusión parlamentaria, sino que era su interés, más bien, argumentar en torno a aquellas materias que mayor debate suscitaron en la Cámara de Diputados.

1.- Se ha cuestionado la norma del artículo 2° letra c) del proyecto que contempla, entre otras facultades del Intendente, la de "disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción; en conformidad a la ley".

Sobre el particular expresó lo siguiente:

a) Las actuales normas en vigor y la tradición jurídica del país avalan tal disposición. Esta potestad del intendente existe y se ha ejercido de conformidad con las normas del D.F.L. N° 22, de 1959, que expresa en su artículo 34 que "Los Intendentes y Gobernadores podrán decretar el auxilio de la fuerza pública, en los casos de oposición o resistencia al cumplimiento de las órdenes o resoluciones de carácter ejecutivo que dicten en el uso de sus atribuciones".

Igualmente, en el artículo 45 de dicho cuerpo legal, se precisa que “Es deber de los Intendentes y Gobernadores velar por la integridad del territorio de su jurisdicción y mantener la paz y el orden público. En los casos de invasión o violación del territorio deberán dar cuenta, en el acto, al Ministro del Interior o al Presidente de la República. Si se produjere alteración del orden público, deberán adoptar de inmediato las medidas necesarias para establecerlo, informando al Ministro del Interior. Cuando se haga uso de la fuerza pública, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 120 del Código Penal. Sin perjuicio de las demás medidas de orden legal, si se paralizan o interrumpen servicios públicos o de utilidad pública o de su funcionamiento legal obligatorio, o empresas o industrias productoras o elaboradoras de mercaderías esenciales para el abastecimiento de la población, deberán establecer, a la mayor brevedad, su normal funcionamiento, prestándoles adecuada protección. Cuando corresponda aplicar facultades extraordinarias y en los casos de declaración de estado de sitio o de zona de emergencia, regirán de preferencia las disposiciones especiales sobre la materia."

El artículo 46 del mismo texto, a su vez, señala "Para el cumplimiento de estos deberes, los Intendentes y Gobernadores dispondrán de las fuerzas de Carabineros e Investigaciones. Dispondrán, asimismo, de otras fuerzas que el Gobierno ponga a sus órdenes, de propia iniciativa o a petición expresa de ellos. Podrán recabar la cooperación de instituciones como Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, siempre que las necesidades lo requieran."

b) Asimismo, la Ley Orgánica de Carabineros no se opone a la norma del proyecto, toda que ésta hace expresa referencia, en el inciso segundo de su artículo 4°, a que Carabineros "prestará las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones". De modo que cabe señalar, de contrario, que la Ley Orgánica de Carabineros armoniza perfectamente con la norma propuesta en el proyecto.

En el evento de que se estimare que de alguna forma se estaría afectando este cuerpo legal, a pesar de la coherencia existente entre las normas señaladas, podría conferirse al proyecto, en esta parte, el carácter de ley orgánica constitucional.

c) Por último, el Presidente de la República es el superior jerárquico de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según dispone el artículo 90 de la Constitución, al hacerlas depender del Ministerio de Defensa Nacional.

En definitiva, este proyecto de ley sólo está regulando la forma en que el Ejecutivo ejerce tales potestades. De esta manera, el proyecto, al asignar la función en referencia al intendente, en su calidad de representante del Presidente de la República, es plenamente concordante con las normas anteriormente citadas.

2.- Se ha discutido también la norma del articulo 5° que señala la facultad del gobernador para "designar delegados con atribuciones específicas para una o más localidades, cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario." Igualmente se ha demandado que las personas que asuman tal representación cumplan con los mismos requisitos que se exige para ser gobernador.

Al incluir esta facultad de designación de delegados por parte del gobernador, sólo se ha dado cumplimiento al artículo 106 del Capítulo XIII de la Constitución. Esta norma permite a la autoridad dar una respuesta a las peculiares condiciones geográficas y sociales en que se desenvuelven una parte significativa de nuestros conciudadanos. La norma del proyecto es particularmente útil para ejercer funciones de gobierno interior tales como la mantención del orden público y la seguridad ciudadana y las relativas a extranjería y otras; además de posibilitar la mantención de vínculos con sectores de población que viven en lugares apartados, especialmente relevante cuando circunstancias de emergencias naturales o socio-económicas demanden la presencia de una autoridad que, en representación del Gobierno, coordine a los organismos de la administración del Estado y a los particulares cuando corresponda.

Siendo atendible la solicitud de algunos señores Parlamentarios por elevar los requisitos para designar al delegado, poniéndolos a la par con los exigidos para ser designado Gobernador, el Ejecutivo estima que la norma establece suficientes resguardos de idoneidad personal y técnica para quiénes asuman tal responsabilidad. En muchos casos corresponderá a funcionarios públicos, y cuando no sea posible, la persona designada deberá cumplir todos los requisitos exigidos para el ingreso a la Administración Pública, quedando sujeta a las responsabilidades que la función pública demanda. No se estimó del caso establecer los requisitos exigidos a los gobernadores, en razón de que éstos han sido elevados en el proyecto de ley, particularmente en cuanto a la edad, antecedentes educacionales y de residencia en la región respectiva. Tales exigencias, muy apropiadas a las nuevas responsabilidades de gobierno interior y de administración y desarrollo que la ley consagra a los gobernadores en la nueva etapa que inaugura esta reforma, no parece del caso hacerlas extensivas al delegado debido a que le restaría flexibilidad y prontitud a su nombramiento, además de las circunstancias en que se justifica tal delegación.

3.- Se ha postulado asimismo que el proyecto no entregaría suficientes facultades normativas al Consejo Regional.

A este respecto, el artículo 100 de la Constitución Política señala que "la administración superior de cada región radicará en el gobierno regional", y que "estará constituido por el intendente y el consejo regional". Asimismo, el artículo 102 de la ley fundamental preceptúa que "El Consejo Regional será un órgano normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional.".

Igualmente, es importante tener en cuenta que durante la discusión en las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, se dejó expresa constancia de que el ejercicio de las facultades normativas que esta disposición entrega al consejo regional, de modo alguno pueden afectar las potestades que son propias del Poder Legislativo o del Presidente de la República. Con el proyecto de ley sobre gobierno y administración regional, el Presidente de la República ha venido a regular este sustancial aspecto, que se encuentra entre las materias que son de su que son de su iniciativa exclusiva, en los artículos 16, letra d), 20 letra a), 23 letra g), 26, y 34, letra a), del texto en estudio.

Del análisis de tales disposiciones es dable concluir que:

a) El gobierno regional es el encargado de dictar las normas de carácter general, para regular las materias de su competencia (artículo 16, letra d), del proyecto).

b) Que para llevar a cabo tal función el gobierno regional, en su conjunto, está dotado de la atribución de "aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales…, en el marco establecido por las leyes" (Artículo 20, letra a), del proyecto).

c) Asimismo, se ha establecido que sea el órgano ejecutivo del gobierno regional el que tenga la facultad de proponer al Consejo Regional los proyectos de reglamentos regionales que regulan materias propias del gobierno regional, en conformidad a las leyes y a los reglamentos supremos correspondientes. (Artículo, 23 letra g), del proyecto) Esto es así, por cuanto el Intendente y su gabinete regional poseen los recursos y antecedentes necesarios para fundamentar las proposiciones que deben normar el Consejo Regional. Se puede concluir que es en el Consejo Regional donde radica fundamentalmente el ejercicio de la facultad normativa que señala el artículo 102 de la Constitución.

El intendente sólo puede proponer, pero jamás regular sin la aprobación del Consejo, materias que sean propias del ámbito normativo de los gobiernos regionales. Asimismo, sólo en la medida en que el Consejo Regional apruebe la propuesta podrá existir norma reglamentaria regional, con lo cual se refuerza aún más el hecho de que es precisamente dicho Consejo el que resuelve en esta materia.

Por último, con el fin de proteger a los particulares que eventualmente resultaren comprendidos por un reglamento regional, se ha dispuesto la obligatoriedad de la publicidad de tales normas, así como el deber de que ellas estén sometidas al control previo de legalidad por parte de la Contraloría General de la República.

4.- Se ha cuestionado la participación con derecho a voz y voto del intendente en el Consejo Regional.

Del estudio de las normas constitucionales que regulan la creación, integración y atribuciones del Consejo Regional, surgen los siguientes antecedentes.

La preceptiva constitucional recientemente reformada expresa en su articulo 100, inciso tercero, que: "El Gobierno Regional estará constituido por el Intendente y el Consejo Regional". Más adelante, en el artículo 101 se señala que "El Intendente presidirá el Consejo Regional..." y en el inciso segundo de esta misma disposición se indica que "La ley determinará la forma en que el Intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones". Por último el artículo 102 define la naturaleza jurídica del Consejo Regional y sus funciones. Asimismo, el precepto constitucional le otorga un mandato a la ley orgánica constitucional para que establezca las atribuciones, organización e integración de éste.

De acuerdo a la preceptiva constitucional antes citada, existen opiniones en torno a que la disposición que otorga derecho a voz y voto al Intendente en el Consejo Regional sería inconstitucional, al otorgar a aquél igual prerrogativa que a los demás miembros integrantes del Consejo. De la normativa constitucional citada, es pertinente detenerse en dos de sus preceptos: el primero, es el que atribuye al Intendente la presidencia del Consejo Regional respectivo y el segundo, el que deja a la ley, que en este caso específico es la Ley sobre Gobierno y Administración Regional, las atribuciones, organización e integración del Consejo.

Del análisis de estos dos preceptos surge como necesaria conclusión que el Intendente no sólo preside el Consejo Regional sino que lo integra con derecho a voz y voto. Así se estimó durante la discusión del acuerdo político que dio sustento a la reforma constitucional, de manera que en caso de empate en el Consejo, éste pudiera dirimir con su voto tal situación. Sólo se ha privado al intendente de este derecho, en el evento de que el Consejo cumpla con su labor fiscalizadora, ya que en ese caso no podría ser el intendente juez y parte en un mismo asunto.

Además, si el constituyente expresó su intención de que el Intendente presidiera el Consejo, se puede concluir en este sentido que, desde el momento en que lo preside, se entiende que lo integra y, al integrarlo, mientras no medie norma expresa constitucional en contrario, gozaría de los mismos derechos que se les atribuyen a los demás integrantes del Consejo.

No obstante que las normas vinculadas con los aspectos anteriormente señalados fueron aprobados en la Cámara de Diputados, se ha estimado oportuno fundamentarlas ante el H. Senado, en atención al debate que en su momento ellas suscitaron.

5.- Se ha debatido en forma significativa la modalidad cómo se procederá a elegir a los miembros del Consejo Regional.

El proyecto presentado por el Ejecutivo, por expresa disposición de S.E. el Presidente de la República, contempló en este tema un procedimiento que, en términos generales, hacía descansar todo el proceso eleccionario de los consejeros regionales en los concejales de la respectiva región. Asimismo, el Presidente de la República puso especial hincapié en el hecho de dar a esta elección un carácter no político partidista, al no autorizar a los partidos políticos o a los independientes a presentar listas de candidatos. La elección de los consejeros regionales que corresponde a cada provincia se enmarcó así en un proceso electoral extremadamente simple, de manera tal que los candidatos a consejeros que ocuparan las primeras mayorías en la votación realizada por los concejales municipales resultaren electos como consejeros.

Tal criterio fue defendido por los representantes del Ejecutivo ante el Parlamento. Sin embargo, ya estas materias no son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en el debate de las mismas los parlamentarios aprobaron un conjunto de normas que postulan la posibilidad de la presentación de listas de candidatos a consejeros regionales o que los independientes que quieren ser candidatos, si reúnen el porcentaje de firmas que establece la ley, puedan también formalizar su candidatura a consejeros regionales.

Asimismo, se ha alterado la disposición que establecía la elección de los consejeros regionales a través del procedimiento mayoritario, por uno de representación proporcional.

Como se puede ver, a pesar de que se mantienen algunos criterios de la proposición del Ejecutivo, en la práctica se han alterado materias que expresamente postuló el Presidente de la República con el fin de bajar el perfil político partidista a esta elección, pasando el actual sistema aprobado en la discusión particular del texto en análisis a equipararse al modelo municipal.

Sin perjuicio de la argumentación expuesta, el Gobierno no presentará indicaciones para insistir en su proposición original.

6.- Del proyecto evacuado por la Cámara de Diputados se ha excluído, por falta de acuerdo, la composición que tendrá el Consejo Económico y Social Provincial. Para reparar tal ausencia, el Ejecutivo propone un nuevo artículo 46 que contempla la composición de este Consejo acogiendo las modificaciones hechas en el debate anterior.

Para el Ejecutivo es de gran importancia que el H. Senado no solo subsane la ausencia de la norma sobre la integración de este Consejo, sino que también acoja los fundamentos que la justifican, y que se sintetizan a continuación:

a) No obstante la existencia de una estructura política y administrativa que consagra al nivel regional como el ámbito básico de división territorial de la Administración del Estado, la provincia se constituye en una unidad que demanda la radicación en ella de importantes funciones de gobierno, de administración y de desarrollo.

b) En efecto, si bien exigencias de organización del Estado, de planificación, coordinación y de ordenamiento territorial, han tornado necesario la agrupación de nuestras antiguas provincias en un número menor de regiones, es innegable la fortaleza que tiene en nuestro quehacer económico, social y político, el marco provincial.

c) Lo anterior se explica en razón de la larga tradición de esa unidad político-administrativa, generadora de lealtades o identidades subsistentes hasta hoy día, pero también por la necesariamente grande envergadura territorial, demográfica y económica que hoy ostentan todas las regiones, que devienen en integrar realidades marcadas por especificidades que fundamentan la riqueza de la dimensión regional.

d) En consecuencia, como una forma de dar el debido reconocimiento a la fuerza social y cultural que desde siempre ha tenido la provincia en nuestra historia, de reconocer las formas específicas que debe adoptar el proceso de desarrollo en las diversas dimensiones territoriales, y permitir una mayor presencia de la ciudadanía en el conocimiento de las importantes materias vinculadas a la administración y desarrollo de la provincia y la región, el Ejecutivo ha sugerido una determinada composición de este Consejo.

e) La integración de éste, en opinión del Ejecutivo, da cuenta de los principales sectores de actividades, como también de los importantes canales de expresión y organización presentes en cada una de las provincias.

A la propuesta inicial con integrantes de los sectores laborales, empresariales, vecinales y funcionales, además de representantes de las F.F.A.A. y de Orden, y de las universidades, se agrega, mediante una indicación presentada ante el H. Senado, la posibilidad de que los rectores de universidades puedan ser reemplazados por vicerrectores, y que en ausencia de aquéllas, comparezcan los representantes de institutos de educación superior. En forma adicional, se ha agregado la participación de representantes de colegios profesionales.

Las últimas dos modificaciones están orientadas a asegurar la presencia en los consejos provinciales de representantes de organizaciones vinculadas al quehacer científico, profesional y técnico, cuyo aporte y experiencia sumada al de los otros estamentos redundará en un tratamiento más exhaustivo y variado de las materias sometidas a su más exhaustivo y liberación.

El Ejecutivo estima que la aprobación de un Consejo Económico y Social, en los términos planteados, da plenas garantías de que los intereses y puntos de vista de los amplios sectores de cada comunidad provincial estarán debidamente presentados, tanto en la discusión de sus temas de interés territorial, en el apoyo general a la labor del gobernador, como en aquellas recomendaciones elevadas al gobierno regional.

Para dar coherencia a esta proposición se reponen los artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56.

7.- Se ha cuestionado la fórmula propuesta por el Ejecutivo para la designación de los Secretarios Regionales Ministeriales a partir de "una terna elaborada por el intendente respectivo y en otra propuesta por el ministro del ramo."

En general, las observaciones planteadas propugnan que la designación de tales autoridades sectoriales se realice a partir de una sola terna elaborada en conjunto por el intendente y el ministro del área respectiva. Compartiendo el interés y objetivo último de tales propuestas, como es la de afianzar la articulación región-sector, el Ejecutivo ha estimado del caso insistir en su proposición inicial en de los siguientes fundamentos:

a) La existencia de dos ternas presentadas por dos autoridades situadas en ámbitos distintos, permite a S.E. el Presidente de la República disponer de un número mayor de alternativas, las que por su relativa diversidad de origen, pueden dar cuenta en forma más completa del conjunto de recursos profesionales disponibles para tales propósitos en cada una de las regiones.

b) La presentación de dos ternas a la decisión presidencial no dificulta que en muchos casos algunos de los nombres sugeridos puedan repetirse, evidenciando así una espontánea convergencia de pareceres que faciliten finalmente una decisión superior.

c) Finalmente, la existencia de una sola terna elaborada en conjunto por las autoridades directamente involucradas, intendente y ministro, no obstante ser teóricamente la mejor opción, podría dar lugar, en la práctica, a procesos de negociación mucho más lentos y engorrosos de lo inicialmente presupuestado. Tal dilación, debido a la posibilidad de veto mutuo que tendrían ambas autoridades forzadas a conformar una sola terna, podría tener finalmente efectos en la marcha misma de los servicios sometidos a la autoridad a designar.

No está demás recordar que en el caso de que alguna de estas autoridades no esté conforme con el desempeño de alguno de los Secretarios Regionales Ministeriales bajo su dependencia, tanto el intendente como el ministro respectivo, podrán solicitar su remoción a la autoridad presidencial que los nombró.

8.- Respecto de la discusión suscitada en torno a las Asociaciones Regionales, estima el Ejecutivo que la Cámara de Diputados omitió la regulación de un procedimiento esencial en su institucionalización, cual es que el Consejo Regional deberá aprobar su creación a proposición del Intendente. Para subsanar esta deficiencia se propone reponer el artículo 67.

9.- La discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados ha puesto de manifiesto los intereses encontrados de la Región Metropolitana y el resto de las regiones, en relación con la modalidad de distribución interregional. En este acápite, el Ejecutivo quiere argumentar a favor de la indicación que repone su proposición original.

a) El ordenamiento territorial y descentralización son demandas fuertemente sentidas por la población del país. Los problemas asociados a la concentración de población y de actividades en el Área Metropolitana de Santiago, las consecuentes desigualdades entre las diversas regiones -habida consideración de los significativos montos de inversión y de gastos corrientes que ésta demanda- la falta de armonía entre el crecimiento sectorial y su traducción en el plano geográfico nacional y el centralismo decisional, son percibidos crecientemente como problemas regionales necesarios de enfrentar a escala nacional.

b) En efecto, la Región Metropolitana y más específicamente el Área Metropolitana de Santiago, concentra alrededor del 40% de la población del país y cerca del 43% del Producto Geográfico Bruto. Esto último significa que cerca de la mitad de los bienes y servicios finales disponibles en la economía nacional se generan en el territorio de la Región Metropolitana. Además, la región concentra todos los ministerios, las agencias públicas y las sedes de los partidos políticos caracterizados por un estilo de funcionamiento altamente centralista.

Finalmente, en la capital se desarrollan las principales actividades sociales y culturales del país. En síntesis, las expectativas de realización de cada individuo cuando se analizan los indicadores de la esperanza de vida, el ingreso medio y el acceso a vivienda, entre otros, son mucho mayores en la Región Metropolitana que en el resto de las regiones del país .

c) Frente a esta situación, cada individuo hace en cierto momento un balance entre sus relaciones y expectativas. El habitante medio de regiones llega inevitablemente a la conclusión que -independientemente de mejorías absolutas- sus posibilidades personales se distancian sistemáticamente de aquéllas que se ofrecen a sus compatriotas que viven en la capital. En consecuencia, enfrenta en lo futuro dos opciones, emigrar a la capital (lo que se ha hecho históricamente) o comprometerse activamente con el desarrollo de su provincia o región. De manera similar, el habitante de la capital a la hora de efectuar sus propio balance, concluye con temor que su hábitat corre peligro de convertirse rápidamente en un lugar inhabitable por la acumulación de problemas de calidad de vida. También enfrenta, en consecuencia, dos opciones, emigrar hacia las regiones (algo que colectivamente se ha comprobado es improbable) o se compromete activamente con un sano desarrollo de la capital.

d) De lo anterior, se concluye que toda la población del país debiera estar interesada en la descentralización y en el ordenamiento territorial. Condición exigible para un ordenamiento territorial descentralizado es la densificación de la malla de actores sociales del país, capaces de subsumir los intereses particulares de determinados grupos de interés a proyectos que persiguen el bien común de todos sus habitantes. El proyecto de ley, al otorgar personalidad jurídica y patrimonio propio a los Gobiernos Regionales, cumple con el objetivo recién enunciado.

e) Introducir un nuevo actor social -la región- en el escenario político chileno, sólo será posible en la medida en que no se la mida por su número de habitantes sino que por la posibilidad de concertar intereses y aunar voluntades en torno a un territorio determinado. Por ello, y de acuerdo al artículo 104 de la Constitución Política, la proposición de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional considera valores relativos a las características del territorio regional.

f) En este sentido, la idea que orienta la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es la compensación de aquellas regiones con un menor nivel de desarrollo relativo, sin descuidar la atención al resto de las regiones incluida la propia Región Metropolitana. Mucho se ha aumentado, por parte de los parlamentarios metropolitanos, que la inclusión de la variable distancia con respecto a la Región Metropolitana estaría discriminándola en el acceso a un cierto porcentaje del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

g) Las razones para incluir este indicador son bien distintas. En primer lugar, es bien sabido que la capacidad adquisitiva de un salario mínimo es mayor en la Región Metropolitana que en el resto del país. Igualmente, es diferente el costo del metro cuadrado de construcción, como lo demuestran diversos estudios sobre la materia. Así, el costo por la construcción, ampliación, reposición de una escuela, posta, consultorio o proyecto de saneamiento o vialidad es una, dos y hasta tres veces en las regiones distintas de la Región Metropolitana por la sola inclusión de los costos de transporte de los materiales de construcción o de los propios trabajadores. En segundo lugar, esta variable da buena cuenta de las consideraciones de geopolítica que deben orientar la distribución de este instrumento financiero.

10.- La reposición de los artículos 74 y 75 se torna necesaria para resguardar la concepción original del proyecto.

Respecto del artículo 75, el Ejecutivo estima que la modalidad de recomendación técnica-económica, asignación presupuestaria, licitaciones, adjudicación y recepción final de obras financiadas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional resguarda los intereses de adecuada utilización de los recursos públicos de forma tal que, si un Gobierno Regional lo estima conveniente, podrá utilizar sus ingresos propios de acuerdo a esta normativa que ya sobrepasa la década de aplicación.

11.- Se ha planteado en la Cámara de Diputados la adición al proyecto de un Titulo III destinado a la creación de Áreas y Gobierno Metropolitanos. Tal indicación ha sido rechazada, pero dada su naturaleza y relevancia, parece necesario dar a conocer la opinión del Ejecutivo sobre el particular.

a) Si bien se reconoce en ella una loable iniciativa y razones que la justificarían, adolece de una manifiesta inconstitucionalidad al establecer un territorio denominado "Área Metropolitana", en razón de que vulnera el artículo 99 de la Carta Fundamental. Por otra parte, en los artículos 100 y siguientes de este capítulo constitucional, no se contempla ninguna autoridad con la denominación ni las funciones de "Alcalde Mayor", como lo contenía la indicación presentada.

b) Lo anterior no impide al Supremo Gobierno considerar que en algunas regiones del país existen ciudades que, producto de fenómenos de conurbación o elevado tamaño, adquieren características de áreas metropolitanas. Estas situaciones se presentan particularmente en los casos de Santiago, Valparaíso y Concepción. En las ciudades nombradas coexisten dos o más administraciones comunales que se ven cotidianamente afectadas por problemas que requieren una coordinación eficaz.

c) Fue intención del Supremo Gobierno en la discusión inicial del proyecto dar adecuada respuesta a la realidad y problemas indicados. Sin embargo, la negociación y el acuerdo político final respecto de los municipios y regiones determinaron la mantención de una gran autonomía para los primeros, incluso en las regiones afectadas por situaciones como las enunciadas. Por tal razón, en el proyecto de reforma constitucional el Gobierno propuso considerar sistemas de administración metropolitanos, los que en definitiva no quedaron en el texto aprobado.

d) Sin embargo, el gobierno considera que la normativa en actual discusión entrega algunos instrumentos que, usados con propiedad, pueden debida respuesta a la situación planteada:

uno).- La conformación de Consejos Regionales, elegidos por los concejales municipales, generan las condiciones propicias para una adecuada articulación en la práctica de políticas y acciones entre el nivel regional y los concejos municipales en comunas de naturaleza urbana-metropolitana.

dos).- La facultad entregada al intendente para delegar en el gobernador provincial diversas atribuciones y responsabilidades. Tal delegación es discrecional del intendente, pero ella debiera en la práctica adquirir magnitudes en función de las capacidades, tamaños y problema que enfrenten las diversas autoridades provinciales. En este contexto, y siendo parte del espíritu de la ley, es coherente una importante desconcentración desde el nivel regional al provincial, particularmente en los casos de gobernaciones enfrentadas a realidades metropolitanas.

tres).- Finalmente, expresó el señor Ministro, está la relevancia que adquieran los Consejos Económicos y Sociales. Si bien ellos tienen un papel de asesoría y opinión frente a materias de su incumbencia, no es aventurado señalar que en los casos que se están mencionando, tales Consejos, por la gravitación de las organizaciones y personas que los integren, tendrán un peso de importancia en las decisiones que las autoridades regionales adopten, particularmente en el diseño de estrategias, planes, políticas, programas y proyectos de alcance regional y provincial.

Estos tres elementos llevan a vislumbrar con optimismo la forma en que serán tratados los temas y problemas que caracterizan a las áreas metropolitanas, expresamente definidas en el nuevo artículo 100.

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A su turno, en sesión de 20 de mayo de este año, el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, expresó su interés por plantear el modo cómo el Gobierno ve la implementación de la reforma regional, que significa entrar en una segunda fase respecto de la gestión y administración del Estado y la aplicación e implementación de las políticas públicas.

En los primeros dos años de este Gobierno, en lo que al Ministerio de Hacienda corresponde, se avanzó en la obtención de objetivos económicos y macrosociales, cuyos resultados están a la vista en un porcentaje relativamente importante de logro.

Se deben sentar las bases para un crecimiento dinámico de la economía, reducir el desempleo, disminuir la inflación y mantener una situación fiscal sana. Al mismo tiempo, es menester recuperar los niveles normales de inversión en infraestructura y en inversión social.

En estas metas se han logrado importantes avances con la colaboración de muchos sectores, incluso contrarios al Gobierno.

Hacia adelante el desafío es reducir la distancia entre los resultados macroeconómicos y la eficacia de los programas económicos y sociales dirigidos a la gente en sus condiciones habituales y cotidianas de vida. Por lo tanto, uno de los temas importantes que se plantea es el de acercar la estructura del Estado hacia las comunidades locales y regionales, y permitir una participación en esas comunidades de las personas y de las organizaciones sociales, haciendo este proceso con eficiencia, pero manteniendo la disciplina fiscal y respondiendo sobre todo a un criterio de avance en la democratización de la sociedad chilena.

En este espíritu, el Congreso aprobó una reforma constitucional en noviembre de 1991, y a partir de ella se derivan dos tareas principales: el traspaso de la gestión municipal a las autoridades que deberán ser elegidas democráticamente el 28 de junio próximo y la puesta en marcha de los Gobiernos Regionales.

Los Gobiernos Regionales que se caracterizan por una participación democrática constituyen, sin lugar a dudas, la innovación más profunda de la reforma constitucional, porque involucran crear instituciones nuevas dotadas de enormes responsabilidades en cuanto a la asignación de recursos. El éxito de esta experiencia de regionalización determinará en gran medida el futuro de la descentralización en Chile.

Se trata, en consecuencia, que tanto la reforma constitucional como el proyecto de ley orgánica constitucional sobre Gobiernos Regionales instituyan un plan de regionalización, basado en el traspaso desde el gobierno central a las regiones de la capacidad de decisión en materias vinculadas a su desarrollo económico.

El énfasis más importante y también más innovador del proyecto de ley, en tal sentido, consiste en la transferencia de la capacidad de decisión en materia de inversión. Para este efecto se establecen tres instrumentos de los cuales podrán disponer los Gobiernos Regionales: El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); la Inversión Sectorial de Asignación Regional (ISAR) y los Convenios de Programación.

Las inversiones que sobre la base de estas reformas serán asignadas descentralizadamente son considerables. En efecto, el FNDR, las ISAR y los demás programas financiados por el Gobierno central y ejecutados descentralizadamente -como los programas de mejoramiento de barrio, o de mejoramiento urbano- habrían involucrado este año, suponiendo que los gobiernos regionales estuvieran operando con las nuevas normas de descentralización presupuestaria, recursos por 220 millones de dólares anuales, cifra equivalente a más del 20% de la inversión pública contemplada en la Ley de Presupuestos para 1992.

El Gobierno se ha comprometido a desarrollar este programa, para lo cual incrementará los fondos de inversión asignados, descentralizadamente, a un ritmo superior al de crecimiento de la inversión del sector público durante los próximos dos años.

Los programas de inversión sectorial de asignación regional deberían permitir el cimiento gradual del presupuesto regional, incluso más allá del compromiso que ha contraído el Gobierno. En la medida en que tenga éxito la política de incorporar a los ministerios sectoriales en la descentralización -a través de convenios de programación- el ministerio respectivo podrá transferir un mayor número de recursos y programas al gobierno regional. De este modo, cuando se coloca una meta de 25% de crecimiento sobre una determinada base de inversión para las regiones, no se está fijando necesariamente un tope, sino que se está indicando cuál es el monto del compromiso mínimo que el Gobierno adquiere.

Por su parte los ISAR (en las que los gobiernos regionales deciden los proyectos específicos) ya han demostrado que pueden ser un mecanismo eficaz de asignación de recursos para programas de inversión, financiando proyectos de mediana magnitud, cuyo efecto se concentra al interior de las regiones.

La utilización de estos mecanismos de inversión requerirá de un gran esfuerzo administrativo y técnico por parte de los gobiernos regionales, amén de una adecuada orientación de los órganos de participación. Entre éstos se destaca el consejo regional que significará una experiencia inédita, atendida su composición. El consejo regional debería permitir, por ejemplo, un mayor equilibrio en el desarrollo de la región. Con frecuencia, los gobiernos provinciales se lamentan, respecto de los gobiernos regionales, en el sentido de que hay una especie de centralismo regional -además del centralismo nacional- en el cual las provincias sienten que no tienen una capacidad real frente al poder hegemónico del gobierno regional. Un consejo regional bien orientado debería ayudar a corregir este desequilibrio, como también llamar la atención del intendente respecto de aquellas comunas que constituyen ya sea bolsones de desempleo, focos de extrema pobreza o lugares simplemente abandonados por los planes de infraestructura, que están demasiado concentrados en los grandes centros urbanos.

Para tener una perspectiva real del esfuerzo requerido, basta considerar que el volumen de los recursos de inversión que deberán ser asignados por los gobiernos regionales es equivalente a un 75% del presupuesto total de inversiones de la Dirección de Vialidad para 1992.

El Gobierno está haciendo un esfuerzo enorme, que será propuesto a instituciones nuevas, que en algunos casos pueden carecer de recursos humanos, para llevar a cabo esta ejecución en términos eficientes. Será necesario, por lo tanto, suplir esta falta integrando la planta de los gobiernos regionales con funcionarios que no siempre serán de la región o acentuando los programas de entrenamiento y la forma de atraer hacia las regiones al personal más calificado.

El principal problema podría ser que la eficiencia promedio de ejecución de los programas públicos disminuyera a consecuencia de esta descentralización de recursos. La razón es obvia: el Ministerio de Obras Públicas, al igual que los demás ministerios, tiene una tradición centenaria de ejecución, no así las regiones.

Por tanto, el tema de la eficacia de la gestión pública es fundamental, y se vincula con la calidad del personal contratado en las regiones. Al respecto, es preciso precaver lo que ha sucedido con otras experiencias de regionalización, en las que la regionalización ha sumado en algunos casos "capas burocráticas adicionales" sobre las existentes, haciendo más dificultoso el mecanismo de las decisiones públicas. Este se hace más lento; aumentan las disputas por territorio burocrático entre los diversos funcionarios y se produce una cierta paralización en los mecanismos de decisión. En consecuencia, es muy importante que se aborde adecuadamente el tema de la definición de las plantas de los gobiernos regionales.

Consecuentemente con este criterio, el proyecto de ley en estudio, establece que las plantas de personal de los gobiernos regionales deberán constituirse con funcionarios traspasados desde ministerios y servicios de la administración central. En otras palabras, la regionalización no involucrará un aumento del empleo público.

El deseo del Ejecutivo es que se emplee a quienes tienen experiencia en la asignación de recursos a nivel sectorial, y que éstos se incorporen en la planta con una nueva identidad colectiva burocrática, que es el gobierno regional y no el Ministerio de carácter nacional.

Finalmente, tanto la reforma constitucional como el proyecto de ley orgánica regional establecen los principios y normas básicas que deberán enmarcar la gestión financiera de los gobiernos regionales, siendo éstos básicamente los mismos que rigen a los organismos públicos en la actualidad.

Esta es una materia que tiene gran importancia para el Gobierno. La racionalización de las finanzas públicas y el resguardo del equilibrio macroeconómico es hoy un logro de enorme alcance para el país y por ende para las regiones.

Este equilibrio macroeconómico ha permitido que la economía esté creciendo a una tasa cercana al 7% y como consecuencia de ello el empleo ha aumentado al ritmo de un 3% al año, al tiempo que la tasa de desocupación ha bajado significativamente en el país.

La experiencia parece indicar que aquellos procesos de descentralización que no resguardan debidamente la disciplina fiscal nunca logran profundidad y terminan transformándose en períodos de crisis financieras.

Si los gobiernos regionales desarrollan una tendencia a superar las restricciones de gasto más allá de lo autorizado y a raíz de esto se produjera un desorden en las finanzas públicas y se generara un déficit, es evidente que a la primera muestra de un repunte inflacionario serio en la economía obligaría a hacer un ajuste. Se realizaría un diagnóstico para determinar dónde se generan las presiones deficitarias y seguramente las regiones sufrirían la disminución del gasto público, con el consecuente grado de frustración en los actores del desarrollo regional, lo cual sería negativo para el conjunto del desarrollo político del país, para la convivencia nacional y para el equilibrio que debe existir entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales.

Enseguida, el señor Ministro manifestó que tres grandes desafíos aguardan al país para los próximos meses. En primer lugar, de los proyectos de ley que se están tramitando actualmente en el Congreso Nacional debe surgir esta ley que reafirme y precise los criterios de descentralización, eficacia, disciplina fiscal y democratización que guiaron la reforma constitucional. En este sentido, es importante que los parlamentarios de los distintos sectores políticos y de las diversas regiones del país reconozcan que hay ciertas cuestiones que quedaron zanjadas durante la discusión de la reforma constitucional y del acuerdo político que la complementó.

En segundo lugar, el Ejecutivo tendrá una responsabilidad fundamental en lo que se refiere a la instalación y puesta en marcha de los gobiernos regionales. Al estructurar las plantas de los gobiernos regionales -si se aprueba el proyecto de ley- se requerirá de un especial compromiso de los ministerios y servicios que deberán aportar personal para ocupar estas plantas.

En materia presupuestaria, por otra parte el Ministerio de Hacienda desearía incluir los presupuestos de los gobiernos regionales en el proyecto de la Ley de Presupuestos para 1993. Esto ocurrirá a pesar de que en la etapa de formulación de esta iniciativa legal, que comienza en el mes de julio, no estarán constituidos aun los gobiernos regionales. Parece importante adelantar la formulación de los presupuestos regionales, porque de otra forma la instalación a comienzos de año, sin un presupuesto aprobado, haría que estos gobiernos carecieran de un instrumento fundamental. La verdad es que el desafío de hacer los presupuestos regionales es inmediato y tendrá lugar dentro de los próximos dos o tres meses. Esto va a introducir obviamente una complejidad adicional a la elaboración del presupuesto nacional que ya, en sí mismo, es un ejercicio difícil.

En tercer término, las autoridades regionales deberán asumir en un breve plazo sus responsabilidades fundamentales.

Como los recursos no serán suficientes para cubrir todas las materias respecto de cuales las regiones han estado preocupadas, los nuevos gobiernos regionales deberán establecer prioridades de acción, concentrándose en aquellas áreas las cuales estén mejor dotados y organizándose adecuadamente para ello. La dispersión no ayudará a una gestión más eficaz.

Se trata de que los gobiernos regionales abracen el concepto de desarrollo endógeno de la región, atendiendo a los recursos de que dispone y articule, a partir de sí misma, sus objetivos, sus metas y sus acciones, evitando reproducir la forma de relación histórica que ha existido entre el gobierno central y las regiones, o entre el gobierno nacional y el gobierno local; esto es, una relación de dependencia de uno respecto del otro, situación que a la postre determina que el gobierno regional se organice como un poder de presión frente al gobierno central.

Sería nefasto si los gobiernos regionales constituidos ahora con mayor poder, en lugar de dedicar sus esfuerzos a formular los mejores programas y a implementarlos, usara esa nueva energía para presionar al gobierno central e intentar reproducir una relación de dependencia respecto del gobierno nacional.

En las regiones existe una tarea de vinculación entre los profesionales, las agrupaciones de empresarios, las universidades, los centros de investigación y los funcionarios públicos, para que se conviertan en una fuente efectiva de ideas nuevas, de proyectos factibles y de elementos dinamizadores de la comunidad, con el objeto de que ésta se involucre realmente en su desarrollo y lo sienta como propio. De este modo, constituirá una innovación real y profunda del modo de decidir y de vivir el individuo frente al Estado, y no una nueva forma burocrática, cuestión que tiene además gran importancia cultural porque en la medida en que se produzca la experiencia de un desarrollo participativo y creativo, desde la base local y regional, se estará garantizando una forma más profunda de desarrollo democrático y también un esquema político más estable. El gobierno central, por su parte, podrá ocuparse de los grandes programas nacionales.

Los gobiernos regionales deberán resolver problemas de manera descentralizada. El que lo logren dependerá no sólo de la eficacia de la gestión de los intendentes, de los gobernadores y de los consejos regionales, o de los recursos presupuestarios y humanos con que éstos cuenten, sino también de la orientación que en definitiva tenga la ley que está actualmente en trámite.

El Gobierno se ha propuesto que el proceso de traspaso de funciones y responsabilidades a los gobiernos regionales sea menos conflictivo que el traspaso de los sectores de la salud y de la educación a las corporaciones municipales, llevada a cabo por el Gobierno anterior. El logro de este objetivo, sin embargo, depende de todos los actores involucrados. Es fundamental que el país asuma en conjunto esta tarea, toda vez que lo que está en juego no es el éxito de una iniciativa de este Gobierno, sino el futuro de la descentralización en Chile y de las aspiraciones de millones de chilenos que durante décadas han reclamado legítimamente por una distribución más justa de las oportunidades y de las decisiones.

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Luego de analizar los planteamientos precedentes, la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas prestaron su aprobación en general a la idea de legislar respecto de este proyecto de ley.

DISCUSION PARTICULAR

El texto en informe, aprobado por la H. Cámara de Diputados, está estructurado en 87 artículos permanentes y siete disposiciones transitorias, cuya descripción se hará en este acápite, el cual también consignará el debate que suscitó por cada una de estas disposiciones, las indicaciones formuladas y los acuerdos adoptados.

Artículo 1°.-

Prescribe que el gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien es el representante del Presidente de la República en ella y de su libre designación y remoción (inciso primero). En seguida, dispone que el intendente será subrogado por el gobernador de la provincia en que esté ubicada la capital regional, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República de efectuar otro nombramiento (inciso segundo).

El inciso primero de este artículo fue aprobado sin mayor debate en los términos propuestos, toda vez que recoge las mismas ideas del inciso del artículo 100 de la Constitución Política.

La figura de la subrogación que prevé el inciso segundo en caso de ausencia o impedimento del intendente para ejercer sus funciones o la opción que se le reconoce al Presidente de la República de designar a otra persona, dieron lugar a un debate en el que se analizó la conveniencia de modificar dicho texto sobre la base de las siguientes consideraciones:

1) Si bien se mantuvo el concepto de que la subrogación recae en el gobernador de la provincia sede de la capital regional, se precisó que el orden de subrogación descendente debía darse por la línea de jerarquía del escalafón de la intendencia.

2) Igualmente, considerando la importancia del cargo de intendente, especialmente la connotación que le da la Constitución y la ley de ser el representante actual e inmediato del Presidente de la República en la región y la principal autoridad ejecutiva del gobierno regional, se estimó conveniente establecer que el Presidente de la República podrá designar como suplente a otra persona sin que para ello quede sometido a las exigencias que plantea el Estatuto Administrativo, esto es, que el impedimento o ausencia del titular sea superior a un mes

3) Con el mérito de las consideraciones precedentes, y por la unanimidad de sus miembros presentes, las Comisiones unidas aprobaron un texto para este inciso segundo, que desarrolla tres ideas:

A) La primera subrogación recae en el gobernador de la provincia asiento de la capital regional;

b) A falta de éste, la subrogación la asume el funcionario de más alto grado jerárquico en el respectivo escalafón de la intendencia, y

c) El Presidente de la República puede, a su arbitrio, alterar las exigencias que los artículos 4°, inciso final, y 73 a 76 del Estatuto prescriben para que entre a operar la subrogación, otorgándosele derechamente la facultad de designar un suplente sin necesidad de esperar el plazo de 30 días desde que se produjo la ausencia o impedimento del intendente, para hacer tal designación.

Artículo 2°.-

Señala pormenorizadamente las atribuciones del Intendente en su condición de representante del Presidente de la República, como son las de dirigir el gobierno interior de la región; velar por el orden público y disponer de la fuerza pública conforme a la ley; conocer los recursos administrativos en contra de las resoluciones de los gobernadores; representar extrajudicialmente al Estado en la región; coordinar y supervigilar o fiscalizar los servicios públicos que operen en la región y, entre otras, cumplir las demás funciones que le asignen las leyes o le delegue el Presidente de la República.

Respecto de este artículo, el H. Senador señor Ríos previno en contra de lo que, en su opinión, constituye una excesiva regulación de las facultades del intendente. Se declaró partidario de señalar en esta norma que el intendente debe estar investido de atribuciones más generales, como las que se enuncian en las letras finales (dictar resoluciones o instrucciones, adoptar medidas para afrontar emergencias u otras similares) y cumplir las funciones que le encomienden las leyes y las que le delegue el Presidente de la República.

La mayoría de la Comisión, de contrario, estimó que si la actual normativa le entrega determinadamente al intendente diversas atribuciones, con mayor razón lo debe hacer este proyecto de ley, en el que la figura del intendente será doblemente compleja al ostentar dos calidades: la de representante del Presidente de la República en la región y cabeza del gobierno regional.

Además, se tuvo en consideración el principio de derecho público de que las atribuciones o potestades de los entes públicos deben estar expresamente regulados en la ley.

Por las razones expresadas, las Comisiones unidas acordaron mantener la estructura de este artículo en los términos propuestos en el texto de la H. Cámara.

Consignamos, a continuación, el debate y acuerdos adoptados respecto de cada una de sus letras:

uno) Las letras a) y b) fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, quienes además acordaron dejar constancia de que la forma verbal "velar" que se emplea en la letra b) debe entenderse en la acepción de “cuidar solícitamente de una cosa", consignada en el acápite correspondiente del Diccionario de la Real Academia Española.

dos) Respecto de la letra c) de este artículo, el H. Senador señor Huerta formuló una indicación sustitutiva de las expresiones "Disponer de fuerza pública" por "Requerir el auxilio de la fuerza pública".

Expresó el señor Senador que, en su opinión, la norma propuesta en el texto en debate envuelve la idea de dependencia de Carabineros e Investigaciones al intendente, pues la forma verbal "disponer" supone "mandar lo que ha de hacerse", y ello se opone al artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que señala que Carabineros "prestará, a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas le soliciten.

Por lo expuesto, sugiere emplear la expresión "requerir" que implica un imperativo de autoridad u orden perentoria de la cual el órgano requerido no se puede sustraer de cumplir ni de condicionar su cumplimiento, al tiempo que evita transformar a la autoridad administrativa en el superior directo de Carabineros con infracción del marco constitucional que señala una dependencia distinta para las Fuerzas de Orden.

Por la unanimidad de sus miembros presentes, las Comisiones unidas prestaron su aprobación a la indicación formulada.

tres) En relación con la letra d), los HH. Senadores señores Diez y Pacheco formularon indicación para eliminar la expresión "una vez al año", indicación que se aprobó sin mayor debate con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Diez, Huerta, Letelier y Pacheco, y el voto en contra del H. Senador señor Ríos, quien estuvo por aprobar la norma en los mismos términos del texto de la H. Cámara.

También se aprobó, por unanimidad, un cambio de redacción en esta letra consistente en reemplazar la forma verbal "Informar" por las expresiones "Mantener permanentemente informado" .

cuatro) La letra e), siguiente, dio lugar a un debate en que se definieron dos posiciones:

- La primera considera inconveniente la atribución que ella le entrega al intendente de dar cuenta al Presidente de la República para que éste pueda ejercer su facultad de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, toda vez que ello atenta en contra de la independencia de este Poder del Estado. Ello porque obliga al intendente a investigar el comportamiento de estos funcionarios, invadiendo un campo que, por excepción, la Constitución ha dispuesto que sea atribución exclusiva del Presidente de la pública, atribución que hasta ahora se ha ejercido normalmente. Introducir esta nueva modalidad podría causar distorsiones permitiendo una intervención inconveniente de autoridades ajenas a la función jurisdiccional.

La tesis contraria estima que la facultad que esta letra entrega al intendente no importa, en caso alguno, una intromisión indebida que atente en contra de la independencia del Poder Judicial.

Por de pronto, ella no significa que el intendente pueda invadir un campo de competencia que la Constitución ha entregado exclusivamente al Presidente de la República. Antes bien, permite optimizar el ejercicio de tal facultad pues el Jefe de Estado, al serle materialmente imposible tener un conocimiento cabal de la forma cómo los miembros del Poder Judicial cumplan sus funciones jurisdiccionales, debe formarse a través de las personas más directamente vinculadas con su tarea de gobernante, y las personas más adecuadas para recabar información son los intendentes.

Además, todas las atribuciones mencionadas en este artículo están ordenadas a que la autoridad del Primer Mandatario en las regiones se haga efectiva a través de los intendentes, siendo una de ellas la de velar por 1a conducta ministerial de los miembros del Poder Judicial.

Puesta en votación esta letra, ella fue rechazada con los votos de los HH. Senadores señora Soto y señores Diez, Letelier y Ríos; la abstención del H. Senador señor Huerta, y los votos a favor de los HH. Senadores señora Frei y señor Pacheco.

cinco) Las letras f), g) , h) e i), que como consecuencia de la supresión de la letra e), según se ha dicho, han pasado a ser, respectivamente, letras e), f), g) y h), fueron aprobadas por unanimidad en los términos propuestos, con la sola enmienda de reemplazar, en la nueva letra f), la palabra "normas" por "formas" seis) Respecto de la letra j), que ha pasado a ser letra i), el H. Senador señor Huerta formuló indicación para señalar que los servicios sobre los cuales el intendente ejerce funciones de coordinación, fiscalización o supervigilancia, deben ser aquellas que se han creado por ley para el cumplimiento de la función administrativa, con el objeto de atemperar la atribución que reconoce esta los artículos 100 de la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases la Administración del Estado. De este modo, se excluye de dichas funciones de fiscalización o supervigilancia, entre otros, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Esta indicación y la letra sobre que recae fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

siete) La siguiente letra, la k), que ha pasado a ser letra j), fue aprobada por unanimidad y sin mayor debate, en los mismos términos propuestos en el texto de la H. Cámara.

ocho) La letra l), que pasa a ser letra k), fue objeto de un debate en el que se hizo presente la conveniencia de que la proposición del intendente al Presidente de la República para remover a los funcionarios que en dicha letra se mencionan se haga reservadamente y sin necesidad de informar previamente al ministro respectivo

La unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas coincidieron en que dicha proposición debía hacerse reservadamente, acogiendo así una observación formulada por el H. Senador señor Diez. En tal sentido, aprobaron una enmienda que así lo señala y otra de forma tendiente a perfeccionar la redacción de la norma.

En relación con la información previa que debía rendir el intendente al ministro del ramo respecto de la remoción que propondrá al Presidente de la República, la mayoría de los miembros de las Comisiones unidas concordó con una proposición del H. Senador señor Ríos que considera conveniente informar al ministro respecto de esta materia, pero sin la circunstancia de que tal información sea previa a la proposición que se haga al Jefe del Ejecutivo. Se pronunciaron en este sentido los HH. Senadores señora Soto y señores Diez, Letelier, Ríos y Vodanovic. Por mantener la norma con la condición de previa información que venía propuesto en el texto de la H. Cámara se pronunciaron los HH. Senadores señora Frei y señores Huerta, Pacheco y Palza.

nueve) Las siguientes letras de este artículo, esto es, las letras m) , n) y ñ), que pasan a ser, respectivamente, letras l), m) y n) y las o) y p) que conservan la misma singularización, se aprobaron en los términos propuestos en el proyecto despachado por la H. Cámara, con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Diez, Huerta, Letelier, Pacheco, Palza, Ríos y Vodanovic, con excepción de la nueva letra o) que se aprobó con el voto en contra del H. Senador señor Ríos, quien fue de parecer que dicha disposición es innecesaria .

A continuación, las Comisiones unidas analizaron un planteamiento formulado por el Presidente de la Corporación, H. Senador señor Gabriel Valdés, quien estima que dentro del propósito de descentralización que inspira este proyecto debe considerarse la posibilidad de desconcentrar en los intendentes regionales la facultad de otorgar, en las regiones, personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil.

Expresó el señor Senador que dicha facultad privativa del Presidente de la República había sido suprimida en la Constitución de 1980, por estimarse que no era de relevancia constitucional y "nada se alteraría si estas facultades se encomiendan a otras autoridades” (Actas Constitucionales, sesión Nº 345). Más aún, en la actualidad el trámite previo a la aprobación de la personalidad jurídica de estas entidades supone una serie de diligencias en las que intervienen diversos servicios del Estado, todo lo cual apunta, fundamentalmente, a acreditar la idoneidad de las personas que participarán en estas entidades y la licitud de los fines que ellas persiguen. A este respecto hizo notar que muchas veces adquiere mayor importancias económica o social la constitución de una sociedad comercial cuyos trámites de formalización son simples y rápidos, de modo que resulta incoherente que la tramitación de la personalidad jurídica de las corporaciones y fundaciones demore, en algunos casos, más de un año, lo que obstruye, muchas veces, iniciativas de bien social o cultural pensadas en beneficio de la comunidad.

El Ejecutivo, haciéndose cargo del planteamiento del señor Presidente del Senado, formuló una indicación que fue unánimemente aprobada en las Comisiones unidas, en virtud de la cual se incorpora a este artículo una nueva letra ñ) que faculta a los intendentes para otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones, ejerciendo las atribuciones que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil.

Artículo 3°.-

Dispone la existencia de una gobernación, en cada provincia, como un órgano desconcentrado del intendente, o cargo de un gobernador nombrado y removido por el Presidente de la República, el cual supervigilará los servicios públicos de la provincia.

Respecto de este artículo, la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas acordó incorporar un nuevo inciso a este artículo que responde a la necesidad de configurar la subrogación del gobernador en los términos del artículo 74 de la ley N° 18.834. (Estatuto Administrativo).

También se previó, en este nuevo inciso, la posibilidad de la suplencia en la misma forma que la acordada respecto de la suplencia del intendente, es decir, facultar al Presidente de la República para proveer tal nombramiento sin sujeción al requisito de tiempo que exige el artículo 4° del referido Estatuto.

Finalmente, y en armonía con la enmienda aprobada respecto de la nueva letra i) del artículo anterior (que faculta al intendente para coordinar, fiscalizar o supervigilar los servicios públicos creados por ley en cumplimiento de la función administrativa), se modificó el inciso segundo de este artículo precisando que la supervigilancia del gobernador se ejerce sobre los servicios públicos existentes en la provincia, creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa. (unanimidad).

Artículo 4°.-

Señala que el gobernador tendrá las atribuciones que le delegue el intendente y las demás que se enumeran en este artículo, entre las cuales cabe destacar las de mantener el orden público y disponer de la fuerza pública en la provincia; adoptar medidas para prevenir y enfrentar catástrofes; supervigilar los bienes del Estado, y cumplir las demás funciones que le encomienden las leyes.

uno) Siguiendo el criterio de que el gobernador actúa por delegación del intendente, asegurando en la provincia la eficacia de las atribuciones de este último, a indicación del H. Senador señor Diez las Comisiones unidas aprobaron anteponer al inciso primero de este artículo uno nuevo que obliga al gobernador a informar al intendente respecto de las acciones que ejecute en el ejercicio de las atribuciones que éste le delegue o le encomienden las leyes, y a ajustarse en el ejercicio de las atribuciones a las instrucciones que dicha autoridad le imparta. (unanimidad).

dos) Enseguida, se debatió el contenido de cada una de las letras que conforman este artículo, aprobándose en los términos propuestos por la H. Cámara las letras a) y b); y las letras f), g), j) y k), las cuales, con motivo de la supresión de la letra d), según se dirá, pasan a ser letras e), f), i) y j), respectivamente. (unanimidad).

tres) Respecto de la letra c) propuesta, que faculta al gobernador para conceder o denegar permisos para efectuar reuniones en lugares públicos, se tuvo en consideración que conforme con la garantía fundamental sobre el derecho de reunión consagrada en el N° 13 del artículo 19 de la Constitución Política, la autoridad puede denegar un permiso para un lugar u oportunidad determinados, pero no puede la ley investir a la autoridad, en forma permanente y genérica, de la potestad de "conceder o denegar" permisos, so pena de incurrir en violación al texto constitucional.

En razón de ello, las Comisiones unidas acordaron reemplazar las expresiones "conceder o denegar permisos para reuniones" por "autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público,”.

Igualmente se consideró una indicación del H. Senador señor Huerta -que se aprobó enmendada- mediante la cual se dispone que las autorizaciones que se otorguen deberán comunicarse a Carabineros, para el sólo efecto de que éstos puedan disponer oportunamente las medidas y recursos necesarios para atender el evento público de que se trate.

A este efecto, se agregó un nuevo párrafo segundo en la letra c) en informe. (Unanimidad) .

cuatro) Enseguida, y siendo la letra d) de este artículo una consecuencia de la letra e) del artículo 2°, que se suprimió, en el sentido de que entrega al gobernador la función de informar al intendente para que éste, a su vez, dé cuenta al Presidente de la República sobre la conducta de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, también se acordó eliminar dicha letra d). (unanimidad).

cinco) Por lo que hace a la letra e) de este artículo, que pasa a ser letra d), que faculta al gobernador para disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, por las mismas razones expresadas frente a similar norma que entregaba esta atribución al intendente en la letra c) artículo 2° precedente, se acordó reemplazar la expresión "Disponer de la fuerza pública" por "Requerir el auxilio de la fuerza pública".

seis) Respecto de la letra h), que pasa a ser letra g) y que atribuye al gobernador la facultad de autorizar la circulación de vehículos de determinadas entidades, se suprimió la frase final que lo habilita para supervigilar la aplicación de las normas que adopten los municipios respecto de los vehículos de su propiedad, toda vez que estas entidades de gobierno comunal gozan de autonomía de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política. (unanimidad).

siete) Finalmente, en relación con la letra i), que pasa a ser letra h), la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas acordó suprimir su parte final, que impone al gobernador la realización de diversas gestiones para el caso de que el ocupante de un bien fiscal exhiba un título de mera tenencia u ocupación, por estimar que la materia regulada en ella no es propia de este proyecto de ley.

Artículo 5°.-

Faculta al gobernador para designar delegados suyos en una o más localidades con atribuciones específicas; señala los requisitos que deberá cumplir la persona que se designe como tal, y los diversos efectos que en materia de regulaciones funcionarias y remuneraciones se producen según sea que el delegado invista la condición de funcionario público o sea una persona ajena a la Administración.

También da normas sobre la responsabilidad a que quedará sujeto el delegado, cualesquiera sea su condición.

Respecto de este artículo, la mayoría de los miembros de las Comisiones unidas estimó conveniente sustituir el inciso primero, reponiendo el que primitivamente propuso el Ejecutivo en el mensaje, que en lugar de facultar al gobernador para designar a los delegados, le exige contar previamente con la autorización del intendente. En abono de esta opción, se tuvo presente que ella constituye una medida de buen gobierno pues permite al intendente estar informado del personal con facultades ejecutivas que opera en la región.

Además de esta enmienda, se introdujo otra de mera forma en el inciso tercero de este artículo.

Por la sustitución del inciso primero se pronunciaron los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Díaz, Diez, Fernández, Huerta y Letelier. Se abstuvo de votar el H. Senador señor Palza.

La modificación formal a que nos hemos referido contó con la aprobación unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

Artículo 6°.-

Establece los requisitos para ser designado intendente o gobernador, esto es, ser ciudadano con derecho a sufragio, mayor de 21 años, enseñanza media aprobada, residencia por determinado tiempo en la región, no estar inhabilitado para cargos públicos ni hallarse declarado en quiebra culpable o fraudulenta.

A indicación del H. Senador señor Vodanovic, y por la unanimidad de sus miembros presentes, las Comisiones unidas acordaron suprimir la letra c) que exige como requisito para acceder al cargo de alcalde o intendente el de haber aprobado la enseñanza media. En su lugar, y también a sugerencia del H. Senador señor Vodanovic, se complementó la letra a) con una norma que dispone que para ejercer dichos cargos es menester, además de tener cumplidos 21 años edad, reunir los requisitos generales de ingreso a la Administración Pública, con lo cual, en esta parte, el precepto se asimila a los requisitos para ser nombrado Ministro de Estado consignados en el artículo 34 de la Constitución Política.

Además, en lo tocante a la letra e), que con motivo de la supresión de la letra c) pasa a ser letra d) , se acordó hacer constar en el informe que la expresión "No hallarse declarado en quiebra" debe entenderse en un sentido actual, es decir, no estar bajo los efectos de la declaratoria de quiebra al momento de su designación, de modo que si ha mediado rehabilitación en los términos del Título XIV de la Ley de Quiebras, el postulante a intendente o gobernador cumple con el requisito establecido en esta letra. (unanimidad).

Artículo 7°.-

Dispone que son incompatibles entre si los cargos de intendente, gobernador, concejal y municipal, miembro del consejo económico social provincial y consejero regional.

Este precepto fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, toda vez que respecto de algunos de los cargos que menciona se limita a reproducir el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política.

Artículo 8°.-

Enumera las causales de cesación en el cargo de intendentes y gobernadores.

Este artículo también fue aprobado unánimemente por los miembros presentes de las Comisiones unidas, sin mayor debate.

Artículo 9°.-

Dispone que los intendentes y los gobernadores tendrán su sede en la capital regional o provincial, respectivamente, pero podrán trasladarla transitoriamente a otra localidad de su territorio jurisdiccional.

Según lo planteara el H. Senador señor Diez, la expresión "sede" no tiene un sentido preciso desde el punto de vista del Derecho Administrativo, pero envuelve la idea de ser el lugar de radicación de la autoridad que ejerce una función. Por ello la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, previendo una eventual dificultad que pudiere suscitar el cambio de "sede" de intendentes y gobernadores (que puede ser el lugar cierto en el que se recibe una petición administrativa que debe presentarse dentro de cierto plazo, como por ejemplo, un recurso jerárquico), optó por darle a este artículo una nueva redacción que mantiene como lugar en que funcionan los intendentes y gobernadores la capital regional o provincial, pero que les permite ejercer sus atribuciones en otras localidades de su jurisdicción.

Artículo 10.-

Faculta a los intendentes y gobernadores para solicitar a los organismos bajo su fiscalización o supervigilancia los antecedentes que requieran.

Este articulo se aprobó con dos enmiendas formales y con otra de fondo consistente en precisar que los informes o antecedentes que requieran los intendentes y gobernadores, deben ser para fines de fiscalización o supervigilancia de los servicios sometidos a su tuición. (unanimidad).

Artículo 11.-

Obliga a intendentes y gobernadores a denunciar a la Contraloría General de la República y al tribunal competente los casos en que, con fundamento plausible, se pueda originar responsabilidades administrativa, civil o penal de los funcionarios de los organismos bajo su fiscalización o supervigilancia.

Este artículo fue aprobado unánimemente por las Comisiones unidas, con la sola enmienda de reemplazar la forma verbal ”exigirse” por “originarse”, toda vez que la responsabilidad a que alude sólo vendrá a quedar determinada una vez investigada por la autoridad competente la denuncia que al efecto se haga.

Artículo 12.-

Dispone que las atribuciones de los intendentes y gobernadores contenidas en las disposiciones precedentes se ejercerán con apoyo del Servicio de Gobierno Interior.

Este precepto se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas con modificaciones que perfeccionan su redacción sin alterar la idea que regula.

Artículo 13.-

Radica la administración superior de cada región en un gobierno regional, cuyo objetivo es el desarrollo social, cultural y económico de aquella (inciso primero), mediante acciones de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural (inciso segundo).

En lo tocante al inciso primero de este artículo, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el texto de la H. Cámara, sin modificaciones.

El inciso segundo, fue suprimido, también por unanimidad, en atención a que se estimó que las regulaciones que propone tienen mejor ubicación en el Capítulo siguiente, sobre "Naturaleza y Objetivos del Gobierno Regional". En reemplazo de este inciso, se acordó incorporar a este artículo el texto del artículo 14 de la H. Cámara, con modificaciones de redacción que atemperan el atributo de la personalidad jurídica de los gobiernos regionales a la forma cómo ésta se concibe en la segunda parte del inciso tercero del artículo 100 de la Constitución Política.

Artículo 14.-

Atribuye a los gobiernos regionales personalidad jurídica de derecho público con las facultades que les confiere esta ley.

Cual se señaló precedentemente, este precepto pasó a ser inciso segundo del artículo 13, con modificaciones de redacción ya explicadas.

En su reemplazo, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, acogieron una indicación del H. Senador señor Diez -que se aprobó enmendada- en virtud de la cual se intercala un nuevo artículo 14 que señala pautas de acción a los gobiernos regionales en la administración de las regiones, esto es, que deberán observar, como principio, el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios en materia económica, social y cultural (inciso primero), y ajustarse, también, a principios de equidad, eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos; promover la participación de la comunidad y preservar el medio ambiente. (inciso segundo).

Artículo 15.-

Establece que los gobiernos regionales tendrán su sede en la capital de la región, sin perjuicio de ejercer sus funciones, transitoriamente, en otra localidad.

Este artículo fue objeto de los mismos reparos que suscitó el análisis del articulo 9°, y por análogas razones a las allí expuesta se modificó su redacción suprimiendo la mención a la "sede" y reproduciendo, en lo demás, una redacción similar a la del referido artículo 9°. (unanimidad).

Artículo 16.-

Señala las funciones generales del gobierno regional, como son las de aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto; resolver sobre la inversión de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; asignar a fines específicos los recursos de inversión sectorial regional consignados para tal efecto en la Ley de Presupuestos; ejercer la potestad reglamentaria en materias de su competencia; asesorar a las Municipalidades; adoptar medidas ante situaciones de catástrofe o emergencia y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre; satisfacer necesidades públicas en los sectores cuyos órganos les sean traspasados, y mantener relación con el gobierno nacional para armonizar el ejercicio de sus respectivas funciones.

Este artículo dio lugar al siguiente debate y acuerdos de las Comisiones unidas.

uno) En relación con su letra a) que señala como función del gobierno regional la de aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto, se estimó conveniente que el gobierno regional elabore y proponga dichos programas y proyectos, a través de sus diversos órganos e instancias administrativas, para que posteriormente el consejo regional les preste su aprobación.

En correspondencia con ello, y por la unanimidad de sus miembros presentes, se agregó en esta letra que al gobierno regional le corresponderá, además de proponer dichos programas, políticas y planes, la potestad de elaborarlos.

Igualmente, y también por unanimidad, se introdujo a esta letra una modificación de mera forma que perfecciona su redacción.

dos) La letra d) de este artículo, que señala como función del gobierno regional la de dictar normas generales sobre los asuntos de su competencia, ajustadas a las disposiciones legales y reglamentos supremos, fue objeto de dos indicaciones aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas. Una de mera forma consistente en reemplazar las palabras ”las materias” por “los asuntos”, y otra del Ejecutivo, que se aprobó enmendada, que entrega competencia reglamentaria a los gobiernos regionales cuando para ello lo faculte la ley de la materia.

tres) La letra f) que entrega a los gobiernos regionales la adopción de medidas para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofes, suscitó un debate tras lo cual, por unanimidad, se acordó dejar constancia que ambas expresiones no son sinónimos. Antes bien, la emergencia tiene una connotación o sentido político, en tanto que la catástrofe equivale a un estado de anormalidad provocado por causas naturales.

cuatro) En relación con la letra g), que impone como función de los gobiernos regionales la de satisfacer en forma continua y permanente necesidades públicas en los sectores de la actividad del Estado cuyos órganos les sean traspasados, las Comisiones unidas, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordaron sustituir las expresiones "en forma continua y permanente necesidades públicas" por "en forma regular y continua necesidades colectivas", en armonía con el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado, que emplea estos términos.

Artículo 17.-

Enumera las funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial.

A este efecto, encarga a dichas entidades, entre otras funciones, las de establecer políticas y objetivos para el desarrollo del sistema de asentamientos humanos; participar en proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento; fomentar y velar por el medio ambiente, adoptando normas y medidas adecuadas a la problemática regional; asegurar la prestación de servicios de transporte en la región, y propender el desarrollo de áreas rurales y aisladas.

El análisis de este artículo y el de los artículos 18 y 19 dio lugar a un debate en el que se manifestaron dos posiciones en cuanto a la conveniencia de no incluirlos o de mantenerlos en este proyecto de ley.

La primera estima que las atribuciones y funciones que estos preceptos entregan al gobierno regional están subsumidas o forman parte de las funciones y atribuciones que se consignan en el artículo 16, ya aprobado. Se agrega, también, que algunas de las letras que conforman estos artículos no son propias de ley sino, más bien, constituyen aspectos programáticos o de políticas a aplicar por la autoridad en los fines específicos de que dicha letras se ocupan.

Por lo anterior, arguye esta posición, estos artículos deben suprimirse del proyecto.

La tesis contraria señala que en Derecho Público la autoridad sólo puede hacer aquello que está expresamente regulado por la ley, de modo que suprimir estas disposiciones del proyecto privaría a los gobiernos regionales de la posibilidad de desarrollar las acciones y funciones que ellas enumeran con las consecuentes limitaciones a sus capacidades de cumplir su finalidad primordial, cual es el desarrollo de la región.

Formulada la indicación para suprimir estos artículos, ella fue rechazada con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Letelier, Páez y Ruiz De Giorgio. Se pronunciaron en favor de la supresión propuesta los HH. Senadores señores Fernández, Huerta y Prat.

Con todo, la aprobación de estos artículos en los términos en que ellos fueron propuestos en el texto de la H. Cámara, se hizo con la prevención de que las materias que abordan estos preceptos pueden ser objeto de mayores precisiones en el segundo informe de este proyecto de ley en el presente trámite constitucional.

Artículo 18.-

En materia de fomento de las actividades productivas, este precepto entrega a los gobiernos regionales las funciones de contribuir a la formulación de políticas nacionales en esta área y aplicar las que se hayan acordado; establecer las prioridades de fomento productivo procurando una racional explotación de los recursos naturales; promover la investigación científica y tecnológica; cautelar el desarrollo de la educación superior y técnica, y fomentar el turismo.

Cual se señaló en el artículo precedente, este precepto fue aprobado con la prevención anotada, en los mismos términos propuestos por la H. Cámara. Se pronunciaron a favor de este texto los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Letelier, Páez y Ruiz De Giorgio. Por la supresión de este artículo votaron los HH. Senadores señores Fernández, Huerta y Prat.

Artículo 19.-

En el orden del desarrollo social y cultural, según este artículo, los gobiernos regionales deberán fijar prioridades para la erradicación de la pobreza; participar en acciones que permitan a los sectores de escasos recursos, o a los que viven en lugares aislados, acceder a beneficios y programas de salud, educación, vivienda, seguridad social, deportes y asistencia judicial; distribuir entre los municipios de la región los recursos destinados a financiar beneficios y programas sociales de administración municipal; realizar estudios sobre las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de la región; fomentar las expresiones culturales y velar por el desarrollo de los pueblos indígenas.

Este artículo, por las razones expresadas en los dos artículos anteriores y con la misma votación, fue aprobado por las Comisiones unidas.

Artículo 20.-

Entrega a los gobiernos regionales diversas atribuciones para el cumplimiento de sus funciones, a saber: aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales y las de su organización interna; adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos; convenir con la Administración nacional programas anuales y plurianuales de inversión con impacto regional; ser informado de los planes, programas y proyectos que la Administración nacional vaya a ejecutar en la región; aplicar las políticas de estrategia regional de desarrollo; sancionar los planes reguladores comunales e intercomunales y emitir opinión respecto de los planes regionales; formular y evaluar programas y proyectos de infraestructura social básica; formular proposiciones para distribuir subvenciones a los programas sociales y distribuirlas cuando corresponda; conocer el presupuesto municipal, el de los servicios que sean traspasados a los municipios y de sus proyectos de inversión; aplicar conforme a la ley, los tributos que graven obras de identificación regional; asociarse con terceros o constituir entidades para propiciar actividades sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional, y ejecutar y celebrar actos, convenios y contratos para el logro de sus finalidades.

uno) En relación con la letra a) de este artículo, que atribuye al gobierno regional la facultad de aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales y las de su organización interna, se precisó que respecto del primer grupo de normas (reglamentos regionales), el sentido de la disposición debe ser el de evitar la autonormación, de modo que esta potestad quede subordinada a la ley. Así las leyes posteriores irán paulatinamente encomendando al ámbito regional, de acuerdo con sus características específicas, un grado de competencia para señalar las pautas de su aplicación. Con tal objeto, esta letra del texto de la H. Cámara se enmendó precisando que será atribución de los gobiernos regionales la de aprobar y modificar de las normas reglamentarias regionales que le encomienden las leyes. (unanimidad).

dos) Por lo que hace a la letra d), que establece como atribución del gobierno regional la de ser informado acerca de las proposiciones de planes y programas que los órganos de la Administración nacional vaya a ejecutar en la región, se estimó que ello no era propiamente una atribución que se entrega a estas entidades sino, más bien, constituye un deber u obligación de los órganos y servicios de la Administración establecido en beneficio de dichos gobiernos.

En razón de lo anterior se suprimió esta letra y, con una redacción diversa, se trasladó su contenido a una nueva disposición que se propondrá como artículo 21. (unanimidad).

tres) La letra g), que como consecuencia de la supresión de la letra d) pasa a ser letra f) y que reconoce como atribución del gobierno regional la de sancionar los planes reguladores comunales e intercomunales y emitir opinión respecto de los regionales, se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas con una enmienda de redacción consistente en reemplazar la forma verbal "sancionar" por "aprobar".

cuatro) La letra siguiente, la h) que pasa a ser letra g), que faculta a los gobiernos regionales par "formular, evaluar y priorizar, cuando corresponda," programas y proyectos de infraestructura social, fue objeto de una enmienda adoptada también por unanimidad, consistente en precisar que el gobierno regional no tiene límites en cuanto a la oportunidad en que puede formular y priorizar dichos programas, pero sí los tiene cuando ejecuta acciones de evaluación de ellos. En razón de lo anterior, se trasladó la expresión “cuando corresponda” a continuación de la forma verbal “evaluar”.

cinco) Como quiera que la letra j) del proyecto de la H. Cámara reconoce al gobierno regional la atribución de tomar conocimiento de los presupuestos municipales, de los servicios traspasados y de los de sus proyectos de inversión, es una materia que se vincula más apropiadamente con el nuevo artículo 21, relativo a la información que a dichos gobiernos regionales deben proporcionar los órganos y servicios de la Administración, esta letra fue suprimida, trasladándose su contenido a un nuevo inciso segundo de dicho artículo 21, con una redacción distinta que refuerza la idea de la autonomía municipal en orden a que los municipios enviarán sus proyectos y presupuestos para conocimiento de los gobiernos regionales. (unanimidad).

seis) La letra l) que permite a los gobiernos regionales asociarse con terceros para propiciar actividades de desarrollo sin fines de lucro, fue suprimida habida consideración de que también se rechazó, por las razones que se dirán en su oportunidad, los artículos 58 y 59 del proyecto que tratan de estas mismas materias. (unanimidad)

siete) La letra m) del texto propuesto por la H. Cámara que entrega a los gobiernos regionales potestad para ejecutar los actos y celebrar convenios y contratos conducentes al logro de sus fines, fue suprimida toda vez que entre las facultades del intendente, en tanto actúa como órgano ejecutivo del gobierno regional, figura una de similar contenido a la de esta letra. (unanimidad).

ocho) Finalmente, en lo tocante a este artículo, habida consideración de que se suprimieron las letras d), j) y l), del texto de la H. Cámara, según se ha dicho, también se alteró el orden de las restantes letras que lo conforman.

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Artículo 21, nuevo.-

Cual se señaló con ocasión del análisis de las letras d) e i) del articulo precedente, por la unanimidad de sus miembros presentes, las Comisiones unidas acordaron incorporar un nuevo artículo 21, con el que concluye el Capítulo II del Título Segundo de esta ley, sobre Funciones y Atribuciones del Gobierno Regional, que recoge las mismas ideas contenidas en dichas letras con las correspondientes adecuaciones de redacción.

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Artículo 21.-

Este precepto del texto de la H. Cámara dispone que el gobierno regional está compuesto por dos órganos, cuales son el intendente y el consejo regional.

Este artículo, que pasa a ser artículo 22, fue aprobado en los términos propuestos en el texto de la H. Cámara, pues se limita a reproducir los mismos órganos a que se refiere el inciso tercero del artículo 100 de la Constitución Política.

Artículo 22.-

Dispone que, además de las facultades contenidas en las disposiciones pertinentes que preceden, el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el Consejo.

Pasa a ser artículo 23; y se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, sin mayor debate.

Artículo 23.-

Enuncia las materias que corresponden al intendente en su condición de órgano ejecutivo del consejo, a saber: formular las políticas de desarrollo regional y dirigir su ejecución; proponer al consejo planes y estrategias regionales de desarrollo; presidir el consejo con derecho a voz y voto, excepto cuando éste ejerza sus funciones fiscalizadoras del ejecutivo regional, caso en el cual sólo tendrá derecho a voz; someter al consejo el proyecto de presupuesto del gobierno regional y sus modificaciones, y la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional correspondiente a la región, de las inversiones sectoriales de asignación regional y de los recursos que resulten de la recaudación de tributos provenientes de actividades de identificación regional; proponer al consejo la celebración de convenios de programación entre el gobierno regional y los ministerios; proponerle proyectos de reglamentos regionales en materias de la competencia de éste y la celebración de convenios para constituir asociaciones regionales; representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional; nombrar y remover a los funcionarios de su confianza; administrar los bienes y recursos propios del gobierno regional y, cuando corresponda, los bienes nacionales de uso público; coordinar, supervigilar o fiscalizar los servicios públicos a través de las secretarías regionales ministeriales; resolver los recursos que se entablen en contra de los secretarios regionales ministeriales o jefes de servicio por las resoluciones que dicten; ser informado respecto de las resoluciones que dicten ser; informado respecto de las proposiciones de proyectos y programas que la Administración nacional vaya a ejecutar en la región, dando cuenta de ello al consejo; dictar resoluciones e instrucciones para el ejercicio de sus atribuciones; poner en vigor los planes reguladores comunales e intercomunales, y ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes .

Respecto de este artículo, que a virtud de la alteración en la enumeración precedente pasa a ser artículo 24, se formularon las indicaciones y se adoptaron los acuerdos siguientes:

uno) En relación con su letra a), que entrega al intendente la atribución de formular las políticas de desarrollo de la región en armonía con las políticas y planes mencionados, y dirigir su ejecución, las Comisiones unidas acordaron explicitar que dicha formulación debía considerar las políticas y planes comunales. También se suprimió, a indicación del H. Senador señor Diez, la frase final de “dirigir su ejecución”, toda vez que la ejecución de dichas políticas se efectúa a través de los planes y programas aprobados por el consejo, según se dirá a continuación. (Unanimidad)

dos) La letra b) que faculta al intendente para someter al consejo los proyectos de planes y estrategias regionales de desarrollo, fue objeto de una enmienda adoptada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, en virtud de la cual se agrega que el intendente deberá además proveer lo necesario para la ejecución de dichos proyectos y estrategias, en armonía con lo resuelto respecto de la letra precedente.

tres) La siguiente letra de este artículo -la c)- que otorga al intendente la potestad de presidir con derecho a voz y voto el Consejo, salvo el caso en que éste ejerza sus facultades fiscalizadoras, en que sólo tendrá derecho a voz, fue objeto de un debate en el que analizó la conveniencia de otorgar siempre al intendente, con la excepción indicada, el derecho a voto. En este aspecto, primó el criterio de que no se disminuye en importancia la figura del intendente si sólo se le reconoce tal capacidad para dirimir los empates, con el fin de no involucrarlo con antelación en las decisiones del consejo que después deberá llevar a la práctica como su órgano ejecutivo. (unanimidad).

cuatro) En relación con la letra d), que si bien fue aprobada unánimemente en los términos propuestos por la H. Cámara, el debate suscitado tuvo por objeto precisar, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de este precepto, qué se entiende por "presupuesto del gobierno regional", concluyéndose que tal denominación debe comprender los recursos que se le asignen a dicho organismo por la Ley de Presupuestos para solventar su funcionamiento (gastos de personal y gastos administrativos); los recursos que a la región se le asignen por la vía del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los que obtenga por aplicación del artículo 19, N° 20 de la Constitución Política. (Impuestos que gravan actividades de identificación regional).

cinco) La letra h) de este artículo, que atribuye al intendente facultades para proponer al consejo regional la celebración de convenios con el fin de constituir las asociaciones regionales a que se refiere el Capítulo V del Título II de este proyecto, fue unánimemente eliminada por los miembros presentes de las Comisiones unidas, toda vez que se suprimió dicho Capítulo V.

seis) La letra i), que como consecuencia de la supresión de la letra anterior, pasa a ser la letra h), y que faculta al intendente para representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y contratos comprendidos en su esfera de competencia, fue objeto de una indicación del H. Senador señor Pacheco, que se aprobó con la abstención del H. Senador señor Diez, que amplía esta atribución no sólo a los actos y contratos que celebre el intendente en el ejercicio de su competencia, sino, también, a los actos y contratos que le encomiende celebrar el propio consejo.

siete) La letra j), que faculta al jefe del gobierno regional para nombrar y remover a los funcionarios que la ley determine como de su confianza, fue unánimemente suprimida por innecesaria.

ocho) Las letras k) y l) fueron objeto de alteraciones en cuanto a su singularización, habida cuenta de la supresión de las letra h) y j), precedentes.

nueve) La letra m) de este artículo, que pasa a ser letra k), y que atribuye al intendente potestad para coordinar, supervigilar y fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley que operen en la región, a través de las secretarías ministeriales regionales, para la ejecución de los planes y políticas de desarrollo regional, fue objeto de dos enmiendas aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

La primera, cuyo autor es el H. Senador señor Diez, consiste en que tales facultades de coordinación, supervigilancia o fiscalización las podrá ejercer el intendente directamente, o a través de las secretarías regionales ministeriales.

La segunda, a proposición del H. Senador señor Fernández, extiende esas facultades a los planes, proyectos y políticas que sean propios de la competencia del gobierno regional.

Esta letra, así enmendada, abarca todo el campo de la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios de la Administración del Estado, con excepción de las instituciones constitucionalmente autónomas, haciendo innecesario el artículo 56 del proyecto, que se ocupa de similares materias, razón por la cual este último fue suprimido, según se dirá en su oportunidad.

diez) La letra n) de este artículo, que pasa a ser letra l), y que faculta al intendente para resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de los secretarios regionales ministeriales y jefes de servicios, en materias propias del gobierno regional, fue aprobada en los términos propuestos por la H. Cámara con las abstenciones de los HH Senadores señores Diez y Mc Intyre. El H. Senador señor Diez señaló que habría preferido se suprimiera esta letra, toda vez que ella limita la posibilidad de interponer recursos administrativos en contra de determinados funcionarios. Además, esta facultad del intendente, como superior jerárquico de dichos funcionarios, puede considerarse inserta en la norma de clausura de este artículo, contenida en la letra q) (o), que le permite ejercer las demás atribuciones que le confiera la ley.

A su turno, el H. Senador señor Mc Intyre estimó que la facultad que otorga esta letra puede servir para que el intendente, en desacuerdo con algún asunto resuelto por el gobierno regional que deba ejecutarse, por ejemplo, mediante resolución de un secretario regional ministerial, puede obtener el concurso de un tercero para que reclame respecto de esa resolución, y resolver, según tenga por conveniente, el reclamo interpuesto.

once) La letra ñ), que pasa a ser letra m) y que señala que el intendente será informado de las proposiciones de proyectos y programas a que se refiere el nuevo artículo 21, fue objeto de una indicación de los HH. Senadores señora Frei y señor Diez, por la que se propone el reemplazo de este texto por otro que impone al intendente el deber de informar al consejo respecto de dichas proposiciones. Esta indicación contó con la aprobación unánime de las Comisiones unidas.

doce) La letra p) que faculta al primer ejecutivo regional para poner en vigor los planes reguladores comunales e intercomunales, fue objeto de una indicación de las HH. Senadoras señoras Frei y Soto, para reemplazar las expresiones "Poner en vigor" por "Promulgar", que fue aprobada con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Letelier y Ruiz De Giorgio; la abstención del H. Senador señor Fernández, y el voto en contra del H. Senador señor Prat.

trece) La letra q), que pasa a ser letra o), y que señala como facultad del intendente la de ejercer las demás atribuciones "necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende" fue objeto de enmiendas formales que perfeccionan su redacción. (unanimidad).

catorce) El inciso segundo de este artículo prescribe que la propuesta que haga el intendente en virtud de la letra e) deberá basarse en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional, fue unánimemente suprimido, por estimar las Comisiones unidas que dicho mandato está implícito en el accionar de la autoridad regional.

quince) Con ocasión de la supresión de algunas letras de este artículo, según ya se ha señalado, las Comisiones unidas alteraron la singularización de las que lo conforman.

dieciseis) Finalmente, se previene que la letra g) de este artículo, que atribuye al intendente la facultad de proponer al consejo los reglamentos regionales que regulan materias de su competencia, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas. Sin embargo, con ocasión de un debate suscitado en una sesión anterior, el H. Senador señor Diez planteó la posibilidad de suprimirla, pues según la Constitución Política es el gobierno regional conformado por el intendente y el consejo el que tiene facultades normativas y, en consecuencia, ambos deben tener también iniciativa para proponer dichos reglamentos.

Artículo 24.-

Dispone que el consejo sólo podrá aprobar o modificar las proposiciones que el intendente le formule respecto de los proyectos de planes y estrategias regionales de desarrollo; del proyecto de presupuesto del gobierno regional y sus modificaciones, y de la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la de los recursos de las inversiones sectoriales de asignación regional y la de los recursos que obtenga por la recaudación de impuestos de identificación regional.

El Consejo deberá pronunciarse sobre dichas materias dentro de treinta días contados desde que sea convocado al efecto. Si no se pronunciare en el plazo señalado regirá la proposición del intendente (inciso primero). Agrega que en caso de discrepancia entre el intendente y el consejo respecto de las materias mencionadas, primará la proposición del intendente, a menos que el consejo insistiere por los tres quintos del total de sus miembros. (inciso segundo).

Pasa a ser articulo 25.

Respecto del inciso primero de este artículo, y a indicación del H. Senador señor Diez, las Comisiones unidas acordaron eliminar la expresión “sólo” e intercalar, a continuación de la forma verbal “modificar", las palabras "o sustituir", con el propósito de dejar claramente establecido la facultad amplia del consejo de cambiar íntegramente las proposiciones que respecto de las materias contenidas en las letras b), d) y e) le formule el intendente.

En relación con el inciso segundo se aprobó una indicación sustitutiva de todo el inciso, propuesta por el Ejecutivo, que confirma la atribución del intendente de vetar las modificaciones que haga el consejo respecto de las proposiciones que conforme a dichas letras aquél le formule, así como sus proposiciones de reglamentos regionales. Pero, como quiera que los desacuerdos que se puedan producir en este aspecto no revisten gran importancia habida cuenta de la regulación estricta que plantea esta normativa tanto para las actuaciones del intendente como para las del consejo, y considerando además que el intendente no es una autoridad electa, al contrario de los consejeros que sí lo son, a indicación del H. Senador señor Ruiz De Giorgio se acordó sustituir el quórum de las tres quintas partes del total de los miembros del consejo -como venía propuesto en la sugerencia del Ejecutivo- por el de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, para que prospere el planteamiento del consejo frente al veto del intendente.

Con todo, la enmienda de rebajar el quórum al indicado, no inhibe una posterior revisión de este acuerdo, habida consideración de que un criterio distinto del expuesto da gran importancia a las atribuciones que se le asignan al consejo en este artículo, lo que puede ameritar la consideración de un quórum de insistencia superior al acordado. (Unanimidad).

- - -

A continuación, y también por la unanimidad de sus miembros presentes, las Comisiones unidas acordaron intercalar un nuevo artículo 26 propuesto por el Ejecutivo, en virtud del cual se impone al intendente la obligación de dar cuenta al consejo, a lo menos una vez al año de su gestión como ejecutivo regional, acompañando un balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera.

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Artículo 25.-

Establece que el intendente es el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional, pudiendo proponer al consejo la organización de éstos (inciso primero). El personal de dichos servicios se regirá por el Estatuto Administrativo en su caso, por las normas del artículo 51 de la ley N° 18.575. Las remuneraciones de estos personales se ceñirá a las disposiciones del decreto ley N° 249, de 1974 (inciso segundo).

Pasa a ser artículo 27.

El inciso primero de este precepto se aprobó unánimemente en los términos propuestos por la H. Cámara. El inciso segundo, que pasó a ser tercero en virtud de la intercalación de un nuevo inciso segundo a indicación del Ejecutivo, fue aprobado con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Huerta y Ruiz De Giorgio; el voto en contra del H. Senador señor Diez y la abstención del H. Senador señor Prat.

El nuevo inciso segundo, que fue aprobado unánimemente, dispone que el intendente someterá al consejo regional el proyecto de reglamento sobre la organización interna del gobierno regional, el que será aprobado por la mayoría de los miembros en ejercicio del consejo. El mismo quórum se exigirá para las posteriores modificaciones que experimente el reglamento. (Unanimidad).

Los alcances de esta enmienda se precisarán con motivo del análisis del artículo 34, que pasará a ser artículo 36, según se consignará más adelante en este informe.

Artículo 26.-

Define el objetivo del consejo regional, cual es el de hacer efectiva la participación de la comunidad regional, para lo cual estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Pasa a ser artículo 28.

Como quiera que este precepto recoge los mismos conceptos contenidos en el inciso primero del artículo 102 de la Constitución Política, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de las Comisiones unidas.

Artículo 27.-

Dispone la forma cómo se integrará el consejo. En efecto, prescribe que dicha entidad estará conformada por el intendente y por consejeros elegidos por los concejales de la región de acuerdo a las siguientes pautas:

1) Dos consejeros por cada provincia sin importar el número de sus habitantes.

2) Diez consejeros en las regiones de hasta un millón de habitantes y catorce en aquellas que superen esa cifra, distribuidos entre las provincias a prorrata de su población.

Finalmente, señala normas y el procedimiento para determinar el número de consejeros por cada provincia en proporción a su población y los reclamos a que puede dar lugar la determinación del número de consejeros que corresponda elegir por provincia.

Pasa a ser artículo 29, aprobándose en los mismos términos consignados en el proyecto de la H. Cámara. (unanimidad).

Artículo 28.-

Prescribe que los consejeros de cada provincia serán elegidos por los concejales conforme el procedimiento regulado por el Capítulo VII de esta ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Pasa a ser artículo 30.

Este artículo también contó con el consentimiento unánime de las Comisiones unidas quienes se lo prestaron en la forma propuesta, sin enmiendas.

Artículo 29.-

Fija los requisitos para ser elegido consejero, a saber: ser ciudadano con derecho a sufragio, mayor de edad, saber leer y escribir y tener dos años ininterrumpidos de residencia en la región el día de la elección.

Pasa a ser artículo 31, y fue aprobado unánimemente por los miembros presentes de las Comisiones unidas sin alteraciones.

Artículo 30.-

Señala las inhabilidades para ser consejeros regionales, esto es: los senadores y diputados; los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y concejales; el Contralor General de la República, los contralores regionales y los consejeros del Banco Central, los miembros del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, los de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los funcionarios que ejerzan el ministerio público.

Tampoco podrán ser consejeros las personas que por sí o como representante de otro, tenga contratos o cauciones vigentes con el gobierno regional o litigios pendientes con éste como demandantes.

Pasa a ser artículo 32.

uno) Respecto de su letra b), que inhabilita a los Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores y concejales para desempeñarse como miembros del consejo regional, el H. Senador señor Diez formuló una indicación en virtud de la cual se incluye en la inhabilidad de que trata esta letra a los funcionarios de la Administración del Estado. Argumentando en pro de esta sugerencia, su autor señaló que es incongruente permitir que integren el cuerpo de consejeros -que entre otras funciones tendrán la de fiscalizar al intendente- aquellas personas que son sus subordinados. Esta indicación se aprobó enmendada, a iniciativa del H. Senador señor Ríos, en el sentido de que estarán afectos a esta inhabilidad los funcionarios públicos de exclusiva confianza del Presidente de la República o del intendente, de modo de permitir que integren este organismo personas relevantes de la región, como pueden ser profesionales que prestan servicios a tiempo parcial en la Administración -médicos, abogados u otros- que son funcionarios públicos. Además, respecto de esta enmienda se acordó dejar constancia que no pueden ser incluidos en esta nueva causal de inhabilidad los rectores de las universidades en la medida en que la remoción de sus cargos no sea atribución exclusiva del Presidente de la República. (unanimidad).

dos) En relación con la letra c) que impide al Contralor General de la República y a los Contralores regionales ser miembros del Consejo, el H. Senador señor Ríos formuló indicación para reemplazar esas menciones por los "funcionarios de la Contraloría General de la República", con lo cual no sólo los nombrados quedan inhabilitados para integrar el consejo sino todos los empleos de las plantas de ese organismo. Esta indicación se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

tres) Las restantes letras de este artículo fueron aprobadas, también por unanimidad, sin enmiendas.

Artículo 31.-

Dispone que el cargo de consejero regional es incompatible con cualquiera de los cargos o funciones públicas señalados en el artículo anterior; con el de concejal y de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales; con el de secretario regional ministerial, con el de director de servicios públicos regionales, y con todo empleo, función o comisión en el gobierno regional o con cargos en las plantas directivas municipales.

Pasa a ser artículo 33.

Las incompatibilidades a que alude este artículo son similares a las aprobadas para los concejales en la reciente reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades, generando así el asentimiento unánime de las Comisiones unidas.

Artículo 32.-

Enumera las inhabilidades sobrevivientes para desempeñar el cargo de consejero regional:

a) Los que por sí o en representación de otro, celebren o cauciones contratos con el gobierno regional o promuevan litigios en su contra como demandantes, y

b) Los que actúen como abogados o mandatarios en juicios contra el gobierno regional.

Pasa a ser artículo 34 y fue aprobado con una enmienda formal por las Comisiones unidas, las que, además acordaron dejar constancia que las inhabilidades sobrevinientes de que trata la letra a) tienen por finalidad evitar la autopromoción del interés propio, como es por ejemplo, la propuesta de un consejero de vender un inmueble de su propiedad al gobierno regional. (unanimidad).

Artículo 33.-

Afecta a los consejeros regionales a las prohibiciones establecidas en el Estatuto Administrativo, con excepción de su participación en actividades políticas y sindicales.

Pasa a ser artículo 35.

A indicación de los HH. Senadores señores Diez y Ríos, se acordó reemplazar el texto de este artículo por otro que contiene similares prescripciones que el artículo 74 aprobado para la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, esto es, excluir a los consejeros de las normas que rigen para los funcionarios públicos, salvo en materia de responsabilidad civil o penal, y prohibiéndoles intervenir en asuntos en que ellos o sus parientes hasta determinado grado estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que recaigan en los consejeros.

Además, y homologando ésta a la norma municipal, se incorporó un inciso final explicatorio de qué se entiende por interés propio, cual es el de que la resolución que se adopte afecte moral o pecuniariamente al consejero o a sus parientes. (unanimidad).

Artículo 34.-

Consigna las atribuciones de los consejos regionales, como son las de aprobar los reglamentos regionales; aprobar el reglamento que regula la organización interna del gobierno regional y el de funcionamiento del consejo; prestar su acuerdo a los planes reguladores comunales e intercomunales; aprobar el plan de desarrollo de la región y el presupuesto regional; acordar la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los de los programas de inversión sectorial de asignación regional y los que provengan de la recaudación de tributos que graven actividades de identificación regional; aprobar los convenios de programación; fiscalizar al ejecutivo regional dentro del ámbito de su competencia; intervenir en la enajenación y gravamen de bienes raíces del gobierno regional y en otros actos exigidos por las leyes; emitir su opinión respecto de las proposiciones para modificar la división política y administrativa de la región y sobre los presupuestos y programas de obras comunales y, finalmente, ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes.

Pasa a ser artículo 36.

Las letras que conforman este artículo dieron lugar al siguiente debate y acuerdos:

uno) Como quiera que uno de los cometidos más importantes del consejo regional debe ser el de regular su propio funcionamiento interno para cumplir las tareas que le encomienda esta ley, a indicación del H. Senador señor Diez se alteró el orden de las letras a) y c) de este artículo, pasando la letra c) del texto de la H. Cámara a ser letra a), esto es, se privilegió como primera atribución del consejo la de aprobar el reglamento la de aprobar el reglamento que regula su funcionamiento -"reglamento de sala"- el que podrá consignar la existencia de comisiones de trabajo.

dos) En relación con la letra b), que lo faculta para aprobar la organización interna del gobierno regional, "a proposición del intendente", el Ejecutivo formuló una indicación, para suprimir esta última frase. Con ello, el Ejecutivo se hizo cargo de un planteamiento hecho presente durante la discusión de este precepto en orden a que la iniciativa para formular proposiciones reglamentarias en esta materia puede provenir también del consejo regional. Esta indicación que fue aprobada por la unanimidad de los presentes de las Comisiones unidas, debe entenderse vinculada con otra que propuso el Ejecutivo, y que también fue aprobada según se dirá en su oportunidad, consistente en incorporar una disposición transitoria séptima, nueva, que impone al intendente, dentro de determinado plazo, el deber de someter al consejo el primer proyecto de reglamento sobre organización interna del gobierno regional.

tres) La letra a) propuesta en el texto de la H. Cámara, que como se ha dicho ha pasado a ser letra c) y que atribuye al consejo la potestad de aprobar los reglamentos regionales , fue aprobada sin enmiendas, entendiendo que esta facultad está vinculada a la letra d) del artículo 16, que establece como función del gobierno regional la de dictar normas de carácter general para regular los asuntos de su competencia cuando para ello lo faculte la ley de la materia.

cuatro) La letra d) de este artículo, que faculta al consejo para prestar su acuerdo a los planes reguladores comunales e intercomunales, fue objeto de dos indicaciones que se aprobaron por unanimidad, a saber:

1) Se sustituyeron las expresiones “Prestar su acuerdo" por la forma verbal "Aprobar", de modo de homologar esta letra a los términos de la letra f) del artículo 20;

2) Se intercaló una norma a proposición del Ejecutivo, mediante la cual los planes reguladores comunales e intercomunales requieren para su aprobación de previo informe técnico de la respectiva secretaria regional ministerial.

cinco) La letra f), que faculta al consejo para aprobar la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la de los programas de inversión sectorial de asignación regional y la de los recursos propios que el gobierno regional obtenga por la aplicación del artículo 19 N° 20 de la Constitución, fue enmendada por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas en el sentido de sustituir la expresión "aprobar" dichos recursos por la de "resolver" acerca de ellos, habida cuenta que este ultimó es el término empleado por el artículo 102, inciso segundo, de la Constitución Política al atribuir al consejo tal potestad. Dicha fórmula equivale, además, a la de "decidir" respecto de dichos recursos.

seis) La letra siguiente, singularizada como letra g), otorga al consejo la facultad de aprobar los convenios de programación que celebre el gobierno regional, a proposición del intendente.

En este acápite, el H. Senador Señor Diez propuso la eliminación de la frase "sobre la base de la proposición del intendente", pues ella importa disminuir las potestades del consejo frente al intendente, lo cual contradice el texto de la Constitución que en su artículo 104, inciso cuarto, prescribe que a iniciativa de los gobiernos regionales podrán celebrarse convenios de programación, y éstos están conformados por el intendente y por el consejo regional. Consecuentemente, debe otorgarse también al consejo iniciativa para proponer estos convenios, sin perjuicio de que sea el intendente, posteriormente, como órgano ejecutivo la autoridad encargada de formalizar los convenios aprobados.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada con los votos de los HH. Senadores señora Soto y señores Diez, Fernández, Hormazábal, Huerta, Ríos y Ruiz De Giorgio, y con el voto en contra de la H. Senadora Frei, quien estuvo por mantener el texto propuesto por la H. Cámara toda vez que es el intendente como cabeza del gobierno regional quien está en mejor condición para evaluar las posibilidades de convenios de programación que convenga a la región.

Siete) La letra h) que atribuye al consejo la facultad de fiscalizar el desempeño del ejecutivo regional, fue objeto de un debate en el que se analizó que debe entenderse por “ejecutivo regional”. Una tesis postuló de que tal concepto debe corresponder al intendente, su gabinete y, por extensión, a los jefes de servicio; en tanto que otra posición estima que el ejecutivo regional, para efectos de fiscalización, debe comprender a todos los agentes que efectúen actos públicos en la región, sea que respondan a políticas emanadas del gobierno central o regional.

Esta situación se definió con una indicación del H. Senador señor Fernández, que fue aprobada, y que establece que la fiscalización del consejo se extenderá al intendente en su condición de presidente del consejo y de órgano ejecutivo del mismo, y a las unidades que de él dependan.

Votaron afirmativamente esta indicación los HH. Senadores señoras Frei y Soto y Señores Fernández, Huerta y Letelier. Lo hicieron en contra los HH. Senadores señores Ríos y Ruiz De Giorgio.

ocho) La letra i) de este artículo prescribe que el consejo dará su acuerdo al intendente para enajenar y gravar los bienes raíces del gobierno regional o celebrar a su respecto otros actos de administración.

Como quiera que según más adelante se explicará, se complementó la letra e) del artículo 61, que pasará a ser artículo 68, en el sentido de agregar un nuevo párrafo que regula el régimen de concesiones y permisos a que puedan estar afectos los bienes del gobierno regional, en esta letra i) se introdujo una modificación que tiene por propósito señalar que en los actos de administración que celebre el intendente respecto de los bienes raíces de propiedad del gobierno regional, se incluye el otorgamiento de concesiones. (unanimidad)

Nueve) La letra j), que reconoce al consejo la capacidad de emitir opinión respecto de las proposiciones de modificaciones a la división política y administrativa de la región que formule el Gobierno nacional, fue objeto de una indicación del H. Senador señor Ríos, que se aprobó por unanimidad, en virtud de la cual el consejo podrá emitir opinión respecto de otras materias que le sean solicitadas por los poderes del Estado.

diez) La letra k) que otorga al consejo el derecho a conocer y opinar sobre los presupuestos y obras comunales fue suprimida por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, toda vez que la materia que regula está contenida en el nuevo artículo 21, ya aprobado.

once) Finalmente, la letra e) de este artículo se aprobó unánimemente, sin enmiendas, en tanto que la letra l) lo fue con igual quórum y con la sola modificación de singularizarla como letra k).

Artículo 35.-

Este precepto se refiere a las sesiones del consejo regional.

Distingue entre sesiones ordinarias y extraordinarias. Fija las oportunidades en que se celebrarán las primeras (una vez al mes, en día hábil) Y los asuntos de que podrán ocuparse ambas, las que serán públicas, salvo que, con determinado quórum, se acuerde sean secretas.

Pasa a ser artículo 37.

Este proyecto fue objeto de dos indicaciones, ambos aprobadas por unanimidad:

uno) La primera, de que es autor el H. Senador señor Ríos, consiste en suprimir en su inciso primero las expresiones "en día hábil", lo cual habilita al consejo para celebrar sesiones cualquier día del año y

dos) La segunda, del H. Senador señor Letelier, refunde en uno solo los incisos segundo y tercero, suprimiendo la norma de que las sesiones secretas serán acordadas por los dos tercios de los consejeros presentes y estableciendo, en su reemplazo, que el reglamento dispondrá los casos y oportunidades en que el consejo podrá constituirse en sesión secreta.

Artículo 36.-

Señala los quórum para las sesiones del consejo y para adoptar sus acuerdos.

Pasa a ser artículo 38, y fue aprobado unánimemente en los mismos términos propuestos por el texto aprobado de la H. Cámara.

Artículo 37.-

Fija el monto de la dieta de los consejeros y su limite, como también el derecho a pasajes y viáticos.

Pasa a ser artículo 39.

También fue aprobado unánimemente en la forma propuesta por la H. Cámara con la sola enmienda de reemplazar la expresión "dieta" por "asignación".

Artículo 38.-

Señala las causales de cesación en el cargo de consejero regional:

1) Renuncia aceptada por mayoría absoluta de consejeros en ejercicio;

2) Pérdida de requisitos para ser elegido consejero o incurrir en alguna de las causales de inhabilidad sobreviniente o incompatibilidades establecidas en esta ley.

Pasa a ser artículo 40.

Este artículo fue objeto de una indicación formulada por los HH. Senadores señores Diez y Ríos, mediante la cual se sustituye este artículo por otro que reproduce, con algunas variaciones, las causales de cesación en el cargo contenidas en el artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal, a saber:

a) Incapacidad psíquica o física para el desempeño de consejero;

b) Renuncia justificada aceptada por el consejo, con excepción de la que fuere motivada por la postulación a un cargo de elección popular, en cuyo caso no se requerirá esa aceptación;

c) Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones en un año calendario;

d) Pérdida de requisitos para ser elegido consejero o incurrir en causales de inhabilidad sobreviviente. Sin embargo, la suspensión del derecho a sufragio sólo produce como efecto el de incapacitar temporalmente al consejero para desempeñar su cargo, y

e) Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en esta ley.

Esta indicación contó con la aprobación unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

Artículo 39.-

Atribuye al consejo la facultad de pronunciarse sobre las causales de cesación en el cargo de los consejeros, el quórum para adoptar los acuerdos que en la especie procedan, las demás modalidades que deberán preceder a éstos y los recursos a que ellos den lugar.

Pasa a ser artículo 41.

También respecto de este artículo, los HH. Senadores señores Diez y Ríos formularon una indicación que sustituye este texto por otro que dispone que con excepción de la señalada en la letra b), las causales de cesación en el cargo de consejero serán declaradas por el Tribunal Electoral a requerimiento de cualquier consejero o concejal de un municipio perteneciente a la provincia por la que fue elegido el afectado. Agrega que estos asuntos se sustanciarán con arreglo al procedimiento previsto en ley N° 18.593, y que la cesación en el cargo se produce una vez ejecutoriada la sentencia que la declare.

Esta indicación se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, quienes la enmendaron en el sentido de eliminar como requirentes a los concejales del municipio del que provenga el afectado, toda vez que ello puede generar prácticas inconvenientes que configuren un elemento de presión sobre los consejeros.

Artículo 40.-

Dispone la forma cómo serán reemplazados los consejeros regionales en caso de inhabilidad, incompatibilidad o fallecimiento.

Pasa a ser artículo 42.

Este artículo se aprobó enmendado, a indicación de los H.H. Senadores señores Ríos y Ruiz De Giorgio, en el sentido de reemplazar la expresión “suplente" por "reemplazante" la primera vez que aparece en el texto y en suprimir dicha expresión la segunda vez que allí se consigna.

La modificación mencionada tiene por propósito que la persona que asuma como consejero en virtud de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en este precepto, lo haga en propiedad y definitivamente, de modo de evitar practicas inconvenientes como podría ser la sustitución temporal u ocasional de un consejero titular por otra persona, restando seriedad al cargo. (Unanimidad).

Artículo 41.-

Establece que el consejo regional dispondrá de una secretaría para el desempeño de sus funciones.

Pasa ser artículo 43.

Este artículo fue aprobado unánimemente por los miembros presentes de las Comisiones unidas, quienes también prestaron su asentimiento a una indicación del Ejecutivo mediante la cual se le incorpora un inciso segundo que faculta al consejo para designar un secretario ejecutivo, que también será su ministro de fe.

El régimen laboral de este funcionario será el de la legislación común; su remuneración no podrá exceder del grado 4° de la Escala de Remuneraciones del sector público y comprenderá la asignación profesional establecida en el artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974, y su jornada de trabajo será de 44 horas semanales.

Artículo 42.-

Encarga al gobernador la administración superior de la provincia, en la esfera de atribuciones que corresponden al intendente como órgano ejecutivo regional. El gobernador además, presidirá el consejo económico y social provincial.

Pasa a ser artículo 44 y fue aprobado con idéntico quórum que el artículo anterior, sin modificaciones.

Artículo 43.-

Enumera, además de las que le delegue el intendente, las siguientes atribuciones del gobernador: conocer y supervisar programas y proyectos de desarrollo que las entidades del sector público efectúen en la región; proponer al intendente proyectos de desarrollo de la provincia; asesorar a los municipios de su jurisdicción en programas y proyectos que éstos le soliciten; promover la participación del sector privado para que participe en la provincia; coordinar el desarrollo provincial, especialmente, en lo que respecta a programas de infraestructura económica y social básica; fiscalizar y coordinar a los organismos estatales de la provincia; hacer presente las necesidades de la provincia al intendente y secretarios regionales ministeriales; dictar las resoluciones e instrucciones que correspondan a sus atribuciones o las que disponga el intendente y, finalmente, efectuar las demás funciones y atribuciones que les encomienden las leyes.

Pasa a ser artículo 45.

Su letra a) fue objeto de una indicación de los HH. Senadores señores Diez, Ríos y Ruiz De Giorgio, que propone reemplazarla por otra que señala que será atribución del gobernador supervisar los programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos creados por ley efectúen en la región, con lo cual se precisa qué entidades del sector público serán objeto de esta supervigilancia. Al mismo tiempo, la indicación suprime las restantes disposiciones de esta letra que imponían a las entidades del sector público la obligación de informar al gobernador de los proyectos y programas de desarrollo que formulen tanto el gobierno regional como otras dependencias de la Administración.

Esta indicación fue unánimemente aprobada por las Comisiones unidas.

Las demás letras de este artículo fueron aprobadas con idéntico quórum, sin enmiendas.

Artículo 44.-

Faculta al gobernador para instituir un consejo técnico asesor integrado por autoridades provinciales de la Administración.

Pasa a ser artículo 46.

En atención a que la expresión “Administración del Estado” comprende todas las instituciones a que se refiere el artículo primero de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración, (Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, y los órganos y servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y de orden y Seguridad, las Municipalidades y las empresas Públicas creadas por ley), las Comisiones unidas optaron por reemplazarla por una mención a "los servicios públicos creados por ley", con lo cual se excluye de este grupo asesor a las autoridades de los organismos de origen distinto al de la ley.(unanimidad).

Igualmente, y a indicación de la H. Senadora señora Frei, con el mismo quórum se acordó sustituir la expresión "consejo" por "comité".

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Enseguida, también por unanimidad y a indicación de la H. Senadora señora Frei, las Comisiones unidas acordaron trasladar a un artículo 47, nuevo, la disposición contenida en la letra b) del artículo 47 del texto de la H. Cámara -que pasa a ser artículo 50 según se dirá más adelante-, que establece que el gobernador debe dar cuenta semestral al consejo económico y social provincial acerca de la marcha de la administración y de la ejecución de los planes y proyectos que se desarrollen en la provincia.

Estimaron los miembros de las Comisiones unidas que esta norma -incluida entre las atribuciones del consejo económico y social provincial- debe tener su ubicación en el grupo de disposiciones relativas al gobernador, pues no es ella propiamente una atribución del consejo sino un deber que se le impone a aquél.

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Artículo 45.-

Dispone, en cada provincia, la existencia de una entidad denominada consejo económico y social provincial, que tendrá él carácter de órgano consultivo y de participación de la comunidad organizada.

Pasa a ser artículo 48.

La disposición de este artículo se aprobó en los términos propuestos por la H. Cámara. En seguida, a este precepto se le adicionó un inciso segundo acogiendo una indicación del Ejecutivo, que se aprobó enmendada en virtud de otra de los HH. Senadores señores Diez y Ríos, según se pasa a explicar:

uno) El referido inciso, nuevo, propone integrar el consejo económico y social provincial con el gobernador de la provincia, con miembros elegidos en representación de organizaciones sociales y con otros que lo serán por derecho propio.

dos) Por lo que hace a los miembros electos -y es en este acápite en el que se acordó sustituir la propuesta del Ejecutivo por la indicación de los HH. Senadores señores Diez y Ríos- éstos serán veinticuatro que se elegirán de la siguiente forma:

-ocho en representación de los organismos laborales;

-ocho por las entidades empresariales y productivas;

-tres por las organizaciones culturales;

-tres por las asociaciones de profesionales, y

-dos por las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro que realicen actividades de producción, comercio o investigación científica y tecnológica o educativa.

tres) Los miembros por derecho propio -según la proposición del Ejecutivo- serán:

a) Uno por cada rama de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que tengan asiento en la provincia, y

b) Los rectores o vicerrectores de las universidades o, en su defecto, los de los institutos profesionales. Estos miembros no excederán de cuatro y serán elegidos por sus pares. (unanimidad).

Artículo 46.-

Prescribe que el consejo económico y social provincial es presidido por el gobernador, quien podrá convocarlo, sin perjuicio de que también tendrá el consejo la facultad de autoconvocarse a petición de un tercio de sus integrantes.

Pasa a ser artículo 49.

Este precepto contó con el asentimiento unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, quienes se lo prestaron sin enmiendas.

Artículo 47.-

Señala las atribuciones del consejo económico y social provincial, como son las de absolver consultas del gobernador sobre anteproyectos del plan regional al desarrollo y del presupuesto del gobierno regional; recibir cada seis meses la cuenta del gobernador sobre la marcha de la administración provincial y de los programas y proyectos en ejecución; realizar estudios y emitir opinión en materia de desarrollo provincial; proponer proyectos de desarrollo con el fin de que sean considerados por el gobernador en los programas correspondientes; absolver otras consultas que le formule el gobernador, y requerir a las autoridades comunales, provinciales y regionales antecedentes sobre proyectos y programas de desarrollo social, económico y cultural para la provincia.

Pasa a ser artículo 50.

Las letras que conforman este artículo no fueron objeto de modificaciones, aprobándose por unanimidad el texto de la H. Cámara, salvo la letra b) que, cual se ha dicho en un acápite precedente, pasó a ser artículo 47 con alteraciones de redacción. Además, y con motivo de la supresión de dicha letra, se alteró el orden enunciativo de las que la siguen.

Artículo 48.-

Extiende a cuatro años la duración del cargo de miembro del consejo económico y social provincial, pudiendo ser reelegido.

Agrega que estos cargos se servirán ad honorem y que los postulantes deberán cumplir los requisitos del artículo 29 y estarán sujetos a las inhabilidades previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 30.

Pasa a ser artículo 51.

Fue aprobado por unanimidad en la forma propuesta en el texto de la H. Cámara, con la sola enmienda de sustituir las expresiones numéricas “29" y "30" por "31" y "32", respectivamente, toda vez que dicha enumeración fue alterada en virtud de la incorporación de los artículos 21 y 26, nuevos, según se ha explicado en párrafos anteriores. Además cabe advertir que las letras b) y c) del nuevo artículo 32 que menciona este precepto fueron modificadas en su oportunidad con inhabilidades adicionales.

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A continuación, las Comisiones unidas aprobaron una indicación del Ejecutivo -con el quórum que en cada oportunidad se señalará -que propone siete nuevos artículos (los artículos 52; 53; 54; 55; 56; 57 y 58) que corresponden, respectivamente, a los artículos 48; 49; 50; 51; 52; 53 y 54 del texto primitivo del mensaje, que fueron desechados por la H. Cámara en el primer trámite constitucional, a saber:

El nuevo artículo 52 preceptúa la existencia de una de una comisión integrada por el gobernador, el Contralor Regional o un representante de éste o del Controlador General y un Ministro de la Corte de Apelaciones con asiento en la capital provincial, o en ausencia de éste, por el juez de letras más antiguo de provincia, que tendrá por finalidad determinar qué mecanismos de los señalados en el artículo 48, letra a) (organizaciones laborales, empresariales, culturales, asociaciones de profesionales y fundaciones o corporaciones que realicen actividades de producción, comercio o investigación científica y tecnológica o educativa), tendrán derecho a participar en la elección de sus representantes, por estamento, al consejo económico y social provincial.

Prescribe, además, que en la provincia de Santiago integrará la comisión un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y que actuará como ministro de fe de la comisión el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la capital provincial. Este artículo fue aprobado sin enmiendas por unanimidad.

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El artículo 53 dispone que las organizaciones mencionadas en el artículo anterior que realicen actividades en la provincia, podrán inscribirse en un registro público que llevará el Conservador de Bienes Raíces con sede en la capital provincial, y señala los plazos y modalidades para practicar dicha inscripción.

Este artículo fue aprobado con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Fernández, Huerta, Letelier y Ruiz De Giorgio. Se pronunció en contra de él, el H. Senador señor Ríos.

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El artículo 54 establece los requisitos que habilitan a las mencionadas organizaciones para inscribirse en el registro de que trata el artículo anterior, esto es, personalidad jurídica vigente; domicilio en la provincia; antigüedad de dos años en ella, y reunir un determinado número de miembros. Prescribe, además, normas para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados.

Este artículo contó con la aprobación de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Fernández, Huerta, Letelier y Ruiz De Giorgio, y con el voto en contra del H. Senador señor Ríos.

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El nuevo artículo 55 señala la oportunidad en que la comisión que se crea en virtud del artículo 52 debe cerrar el registro y confeccionar la lista de las organizaciones que, cumpliendo los requisitos, se hayan inscrito, la que deberá publicarse en un periódico de los de mayor circulación en la provincia o en la región.

Reglamenta, también, la acción de reclamación que tendrá cualquier organización cuya inscripción haya sido rechazada u omitida en la lista. Esta acción se interpondrá ante el Tribunal Electoral Regional conforme al procedimiento y plazos que señalan sus incisos segundo y tercero.

Prescribe, finalmente, la forma de fallar el reclamo y las diligencias posteriores que deberá efectuar el Tribunal. Este precepto contó con la aprobación unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

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El artículo 56 dispone la forma como la comisión establecerá la lista definitiva de las organizaciones que podrán participar en el proceso electoral de miembros del consejo económico y social provincial, y también fue aprobado sin enmiendas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

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El artículo 57 preceptúa que la lista definitiva a que se refiere el artículo anterior deberá publicarse en un periódico de la provincia, indicándose además, en dicha publicación, la fecha y lugar en que se realizará la asamblea de cada estamento para elegir a sus representantes al consejo.

Prescribe, también, los requisitos que deberán cumplir los candidatos a representantes de esas organizaciones. (Aprobado por unanimidad).

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Finalmente, el artículo 58, nuevo, dispone que en las elecciones de miembros del consejo económico y social provincial, cada elector dispondrá de un voto y podrá elegir un miembro permanente y un suplente del respectivo estamento.

Presidirá estas elecciones un miembro de la comisión establecida en el artículo 52. (Aprobado por unanimidad).

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Artículo 49.-

Dispone que serán elegidos miembros de estos consejos los titulares y suplentes que obtengan, en cada estamento, las más altas mayorías declaradas por el Tribunal Electoral Regional.

Consigna, en seguida, un procedimiento para sustanciar los reclamos que se presentaren y los plazos para resolver sobre ellos, para, finalmente, señalar que una vez resueltas las reclamaciones, el Tribunal comunicará al intendente y a los interesados la lista definitiva de los consejeros.

Pasa a ser artículo 59 y fue aprobado unánimemente con la sola enmienda de reemplazar, en su inciso primero, la forma verbal "obtuvieren" por la forma verbal compuesta "hayan obtenido".

Artículo 50.-

Declara que los ministerios se desconcentrarán territorialmente en secretarias regionales ministeriales, conforme a las leyes que los rijan, con excepción de los Ministerios del Interior, Secretaría General de la Presidencia, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores.

Pasa a ser artículo 60.

Este precepto fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, sin enmiendas.

Artículo 51.-

Prescribe que cada secretaría Regional ministerial estará a cargo de un secretario regional ministerial, quien representará al o los respectivos ministerios y será colaborador directo del intendente, del cual será subordinado en las materias de competencia del gobierno regional.

Pasa a ser artículo 61, y contó con la aprobación unánime de los miembros de las Comisiones unidas .

Con todo, el Ejecutivo formuló una indicación para agregar un inciso segundo, nuevo, que establece normas para la designación del secretario regional ministerial, cuales son las de que este funcionario será nombrado por el Presidente de la República de entre las personas propuestas en una terna del intendente y otra del Ministro del ramo. La persona así designada podrá ser removida libremente por el Presidente de la República.

Respecto de esta indicación, se tuvo presente que actualmente estos funcionarios son designados oyéndose al intendente (artículo 23 de la ley Nº 18.575), y que este proyecto de ley, en la nueva letra j) del artículo segundo, expresa que es atribución del intendente proponer una terna al Presidente de la República para tal designación.

La indicación mencionada dio lugar a un debate en que se analizaron las ventajas e inconvenientes de adoptar la modalidad de nombramiento que propone.

Por una parte, se señaló que la existencia de dos ternas permite al Presidente de la República disponer de mayores antecedentes y alternativas para efectuar la designación, al tiempo que en ambas ternas puede haber coincidencia de proposiciones de modo que la decisión se adopte con mayor seguridad.

Por la otra, se tuvo presente que la existencia de dos ternas puede producir discrepancias entre ambas autoridades -ministro e intendente- que dilaten la designación del funcionario en desmedro de la administración y conduzcan, eventualmente, a un conflicto político. Por tal motivo esta posición estima que es preferible que la terna sea propuesta solamente por el intendente, lo que refuerza aún más la idea de identificar a la autoridad con la región, es decir, que la iniciativa para el nombramiento de estos funcionarios surja del entorno en que ellos deberán desempeñar sus funciones.

Puesta en votación la referida indicación, ella se aprobó enmendada en el sentido de que el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales se hará por el Presidente de la República entre las personas que figuren en una terna elaborada por el intendente respectivo.

Se pronunciaron a favor de esta indicación modificada los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Diez, Huerta, Letelier, Prat y Ruiz De Giorgio. Lo hizo en contra el H. Senador señor Pacheco.

Artículo 52.-

Impone a los secretarios regionales ministeriales el deber de ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los ministerios correspondientes. Las discrepancias entre el intendente y el Ministro respectivo serán resueltas por el Presidente de la República.

Pasa a ser artículo 62.

Este precepto fue objeto de dos enmiendas que fueron unánimemente aprobadas. La primera, de mera forma, altera la redacción del encabezamiento del artículo sin afectar sus disposiciones de fondo. La segunda tiene por propósito eliminar la norma que establece que en caso de discrepancias entre el Ministro y el intendente resolverá el Presidente de la República. La supresión propuesta -y aprobada- se fundamenta en que el mecanismo para solucionar estas contiendas está previsto en el artículo 36 de la ley N° 18.575.

Artículo 53.-

Enumera las funciones que corresponderá ejecutar a las secretarías regionales ministeriales: elaborar y ejecutar políticas, planes y proyectos regionales y coordinar a los órganos de su sector; estudiar los planes sectoriales de desarrollo; preparar el anteproyecto de presupuesto de su área; informar al intendente del trabajo de su sector y realizar las tareas de su ministerio conforme a las instrucciones del ministro; coordinar, supervigilar o fiscalizar a los organismos de la Administración de su área y cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y ejercer las atribuciones que le deleguen los Ministros respectivos.

Pasa a ser artículo 63.

Este artículo contó con la aprobación unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, quienes se la prestaron con dos modificaciones:

uno) En la letra b), que faculta a los secretarios regionales ministeriales para estudiar conjuntamente con los organismos involucrados los planes de desarrollo sectoriales, se reemplazó la voz: "involucrados" por "correspondientes", y

dos) En la letra d) que le impone al secretario regional ministerial el deber de informar al intendente el cumplimiento del programa de trabajo de su sector, se reemplazó al intendente por el gobierno regional como la entidad que recibe esa información.

Artículo 54.-

Dispone la existencia de un gabinete regional conformado por los gobernadores y secretarios regionales ministeriales. El intendente podrá además integrarlo, o invitar a él, a los jefes regionales de los organismos de la Administración.

Pasa a ser artículo 64, y fue aprobado en los términos propuestos por los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Diez, Huerta, Letelier, Pacheco y Ruiz De Giorgio, y el voto en contra del H. Senador señor Prat.

Reabierto el debate en una sesión posterior, el Ejecutivo, haciéndose cargo de un planteamiento de los HH. Senadoras señoras Frei y Soto, expresaron que no existen secretarios regionales Ministeriales del Servicio Nacional de la Mujer, presentó una indicación para incorporar un inciso segundo a este precepto que dispone que también integrará el gabinete regional, por derecho propio, el respectivo director regional de ese Servicio.

Esta indicación fue aprobada con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Letelier y Ruiz De Giorgio, y los votos en contra de los HH. Senadores señores Fernández y Prat, quienes estimaron que si la razón para incorporar al representante del SERNAM en este gabinete se fundamenta en que el jefe superior de ese servicio ostenta el rango de Ministro de estado, también debería considerarse como integrante de dicho gabinete a un representante de CORFO, cuyo jefe superior, igualmente, tiene esa calidad.

Artículo 55.-

Dispone la desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales mediante direcciones regionales o provinciales. Sus directores dependerán jerárquicamente del director nacional, pero en la ejecución de proyectos y programas aprobados y financiados por el gobierno regional estarán subordinados al intendente.

Este precepto que pasa a ser artículo 55, fue aprobado en los términos propuestos por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

Artículo 56.-

Sujeta a la coordinación, supervigilancia o fiscalización del intendente a todas las instituciones de la Administración, excepto las constitucionalmente autónomas, para los efectos de los planes, programas y proyectos regionales.

Este artículo fue suprimido por unanimidad habida consideración que las disposiciones que contiene están subsumidas en la letra k) del nuevo artículo 24, según se explicó en su oportunidad.

Artículo 57.-

Propone que para los efectos del artículo 103 de la Constitución Política (descentralización del Estado; transferencia de competencias a los gobiernos regionales, y desconcentración de los Ministerios y servicios), los gobiernos regionales podrán realizar estudios que demuestren la capacidad de la región de administrar funciones y recursos cuyo traspaso se pretenda.

Estos estudios se analizarán por los Ministerios y servicios afectados, los cuales deberán informar al Presidente de la República. A ese informe deberá acompañarse otro expedido por el Ministerio del Interior.

Pasa a ser artículo 66, y fue aprobado en los términos propuestos por la H. Cámara, sin enmiendas (unanimidad).

Artículo 58.-

Faculta a los gobiernos regionales para asociarse con personas naturales o jurídicas con fin de propiciar actividades sin fines de lucro en pro del desarrollo regional.

Señala, enseguida, las materias de que podrán especialmente ocuparse dichas entidades, como son la realización de estudios para identificar áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, mejorar la eficiencia empresarial y efectuar actividades de capacitación.

El análisis de este artículo y los acuerdos adoptados se consignarán conjuntamente con los del artículo siguiente -el 59 del texto de la H. Cámara- habida consideración de las indicaciones formuladas y el debate que ambos preceptos suscitaron.

Artículo 59.-

Dispone que los convenios que creen asociaciones regionales deberán, entre otros, establecer la especificación de las obligaciones que asumen los asociados y los aportes financieros y demás recursos que proporcione el gobierno regional.

Finalmente, prohíbe que el financiamiento de dichas tareas provenga de la contratación de empréstitos.

La primera indicación recaída en estos artículos fue formulada por el Ejecutivo y consiste en intercalar entre ambos un artículo nuevo que dispone que la creación de estas asociaciones o entidades requerirá el acuerdo del consejo a proposición del intendente; y que dichas asociaciones o entidades se regirán por la legislación común.

La segunda indicación, de que son autores los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Páez y Ruiz De Giorgio, propone cuatro nuevos artículos, a saber:

uno) El primero, en sustitución del artículo 58 del proyecto de la H. Cámara, prevé que los gobiernos regionales podrán concurrir con terceros, a la constitución de corporaciones o fundaciones destinadas a promover las actividades no lucrativas que ya se han mencionado en la descripción de dicho artículo 58.

dos) El siguiente artículo, que se propone en reemplazo del artículo 59 del proyecto, prescribe que para aprobar la participación del gobierno regional en estas corporaciones o fundaciones el consejo deberá contar con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, y que tal acuerdo deberá adoptarse a proposición del intendente. Además, en dicho acuerdo se determinará el monto del aporte a que se comprometa el gobierno regional para financiar la nueva entidad, con declaración expresa de que su responsabilidad patrimonial queda limitada al monto de ese aporte.

tres) Además, la indicación propone los siguientes artículos nuevos:

1.- Un precepto que somete la creación de estas entidades a los trámites del Titulo XXXIII del Libro I del Código Civil para la obtención de personalidad jurídica.

Prescribe, también, que los estatutos de la entidad deberán contener textualmente el acuerdo del consejo con expresión del objeto social y de las obligaciones de los asociados. Finalmente, prohíbe financiar el aporte del gobierno regional con empréstitos y comprometer erogaciones que excedan la cuota anual estipulada, con cargos a futuros presupuestos.

2.- El último artículo de esta indicación limita al cinco por ciento del presupuesto de inversión del gobierno regional el aporte que éste efectúe a estas entidades.

Las indicaciones descritas y el texto de ambos artículos de la H. Cámara, dieron lugar a un debate en el que se definieron dos criterios:

a) El de que excepcionalmente, y porque pueden incursionar en actividades que actualmente desarrollan otros organismos, como por ejemplo las universidades o institutos especializados en área de capacitación o de transferencia tecnológica, estas corporaciones y fundaciones deben ser autorizadas por una ley especifica, en armonía con lo que señala el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política, cuando dice que "La ley" podrá autorizar a los gobiernos regionales para asociarse con estos fines.

En consecuencia, no basta que los preceptos en análisis autoricen en términos generales la posibilidad de instituir estas asociaciones, máxime si ellas pueden inducir la existencia de monopolios en desmedro de otros organismos que persigan fines similares.

Por lo anterior, esta tesis propugna la eliminación de estas normas en este proyecto en informe.

b) El criterio contrario postula que la existencia de estas asociaciones estimula la participación del sector privado en determinadas áreas de la actividad que afectan o interesan a toda la comunidad y no facilitan la constitución de monopolios, sino que, por el contrario, tienden a evitar que se produzcan estas prácticas pues incentivan la competencia de los organismos públicos y privados que las conforman.

Puesta en votación la indicación de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Páez y Ruiz De Giorgio, ella fue rechazada tras sucesivos empates, en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento de la Corporación. Se pronunciaron en favor de ella sus autores, y en contra lo hicieron los HH. Senadores señores Fernández, Huerta, Letelier y Prat.

Con el mismo quórum y modalidad se rechazó la indicación del Ejecutivo y se suprimieron los artículos 58 y 59 del texto de la H. Cámara.

En consecuencia, y a virtud de dicha supresión, queda eliminado de este proyecto el Capítulo V de su Título II, conformado por dichos dos artículos.

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El Capítulo VI del texto de la H. Cámara, sobre el Patrimonio y sistema Presupuestario Regionales, pasa a ser Capítulo V.

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Artículo 60.-

Señala la forma cómo esta compuesto el patrimonio del Gobierno regional, esto es, los muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco; las donaciones, herencias y legados que reciba; los muebles y raíces adquiera a cualquier título y sus frutos; los ingresos que perciba por los servicios que preste; los dineros que recaude por los impuestos de identificación regional que le correspondan; los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; las obligaciones que asuma en el ejercicio de sus funciones; los derechos y obligaciones que adquiera o contraiga por su participación en las asociaciones en que participe, y los demás recursos que dispongan las leyes.

Pasa a ser artículo 67, y fue aprobado unánimemente con dos modificaciones de forma, cuales son los de invertir el orden de sus letras b) y c) y reemplazar, en la letra e) la forma verbal "recaude" por "perciba".

Artículo 61.-

Establece un régimen especial para los bienes de los gobiernos regionales, cual es el siguiente:

Los bienes para su funcionamiento y los dineros depositados a plazo en cuenta corriente son inembargables (letra a); la adquisición de los inmuebles se rige por las normas del sector público (letra b); los inmuebles sólo podrán ser enajenados, gravados, arrendados o entregados en comodato, en caso de utilidad o necesidad manifiesta. Su enajenación se hará en remate o licitación pública y el valor mínimo será el del avalúo fiscal, el que sólo podrá ser rebajado con acuerdo del consejo (letra c); los bienes muebles se venderán en pública subasta, pero el intendente, con acuerdo del consejo, podrá donarlos a instituciones regionales no lucrativas (letra d); los bienes podrán ser dados en concesión o permiso. Estos últimos serán siempre precarios y su modificación o término no darán lugar a indemnización. Las concesiones podrán también dejarse sin efecto cuando sobrevenga detrimento grave al uso común del bien o concurra otra razón de interés público. El concesionario que cese anticipadamente en el goce del bien concedido podrá ser indemnizado, salvo que tal situación ocurra por incumplimiento de sus obligaciones (letra e); el dominio de los bienes inventariables adquiridos o construidos con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se entiende transferido a las entidades no lucrativas que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que ellos les sean asignados por el intendente. La resolución de este último servirá de título traslaticio y la inscripción pertinente se practicará con el sólo mérito dé copia autorizada de ella. Los inmuebles transferidos a entidades privadas no lucrativas, estarán sujetos a la condición de destinar el bien al respectivo servicio de utilidad pública. Si se disuelve la entidad o no se cumple la condición, dichos bienes revertirán al dominio del gobierno regional (letra f); la transferencia de inmuebles del gobierno regional adquiridos con recurso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional podrá hacerse a empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública mediante convenios que aseguren la recuperación total o parcial de la inversión (letra g) y, finalmente, el gobierno regional podrá mantener bajo su dominio determinados bienes en las condiciones y modalidades que señala la letra h) de este artículo.

Pasa a ser artículo 68.

uno) Las letra a), b), d), g) y h) fueron aprobadas sin enmiendas.

dos) La letra c) fue objeto de dos enmiendas formales.

tres) Respecto de la letra e), además de reemplazar la referencia a la ley N° 18.803, por otra al decreto ley N° 1.939, de 1977, las Comisiones unidas acogieron una indicación del los HH. Senadores señores Diez y Ríos en virtud de la cual se agrega a esta letra un segundo párrafo, que al igual que el texto que se aprobó para el artículo 6º de la Ley Orgánica de Municipalidades en la reciente reforma a este cuerpo legal, exige licitación pública para el otorgamiento de concesiones sobre estos bienes, salvo que el derecho que deba pagar el concesionario sea inferior a cien unidades tributarias mensuales, en cuyo se podrá llamar a propuesta privada o proceder por contratación directa si no se presentan interesados.

cuatro) La letra f) fue también enmendada, a virtud de una indicación de los HH. Senadores señores Diez y Pacheco, en el sentido de explicitar que la transferencia de los bienes inventariables a las entidades que en ella se mencionan se hará "en los términos del convenio respectivo"; y que la resolución del intendente que formaliza dicha transferencia debe reducirse a escritura pública, bastando copia de dicha escritura para requerir las inscripciones y anotaciones que procedan.

Finalmente, hacemos presente que las enmiendas introducidas a este artículo fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, quienes, a solicitud del H. Senador señor Ruiz De Giorgio, acordaron hacer constar en el informe que cuando en éste o en otros preceptos de esta ley se expresa que determinada facultad se otorga al gobierno regional -como por ejemplo la letra g) precedente que autoriza la transferencia de inmuebles construidos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional- debe entenderse que es menester contar con el acuerdo expreso del consejo regional.

Artículo 62.-

Define el presupuesto del gobierno regional como la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación.

Señala, además, las normas por las que se regirá la ejecución del presupuesto, esto es, por las de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y por las siguientes:

a) La Ley de Presupuesto le asignará recursos para sus gastos de funcionamiento;

b) Se incluirán en su presupuesto, para sus programas de inversión, los recursos que le correspondan en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros que tengan por objeto el desarrollo de la región.

c) El proyecto de presupuesto será aprobado por el consejo a propuesta del intendente para ser enviado posteriormente al Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de su posterior distribución ,1 consejo, en conformidad con el artículo 36, letra f).

Pasa a ser artículo 69 aprobado en los términos propuestos por la H. Cámara, por unanimidad, con la sola enmienda de reemplazar en su letra c), la expresión numérica "34" por "36".

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Artículo 63.-

Define que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional como un programa de inversiones públicas para financiar acciones de infraestructura social y económica de la región. Dispone, además, que este Fondo esta constituido por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca la Ley de Presupuestos y que su distribución a las regiones se hará mediante asignación de cuotas.

Finalmente, prescribe que la Ley de Presupuestos podrá señalar los rubros que no se entienden comprendidos en los ámbitos de infraestructura social y económica de la región.

Pasa a ser artículo 70 y fue aprobado unánimemente sin enmiendas.

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Artículo 64.-

Preceptúa que los proyectos de inversión y los estudios y programas deben estar avalados con informe favorable del organismo de planificación pertinente, fundamentado en una evaluación técnico económica que analice su rentabilidad. Si se financian con créditos externos, dichos proyectos deberán cumplir los requisitos fijados en el contrato de préstamo.

Pasa a ser artículo 71, y fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisiones unidas, en los mismos términos propuestos en el texto de la H. Cámara.

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En seguida, el Ejecutivo formuló una indicación para intercalar tres nuevos artículos, cuyo debate y acuerdos se consignan a continuación. El primero de ellos que se singulariza como artículo 72, prescribe que la distribución del 90% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se expresará en la Ley de Presupuestos de cada año considerando las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región, para lo cual se ponderarán las siguientes variables:

a) El nivel socioeconómico de la región medido en términos de indicadores de porcentaje de población en condición de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la salud, educación y saneamiento ambiental.

b) La segunda variable deberá considerar la situación territorial de cada región, medida a través de indicadores tales como la dispersión poblacional, la ruralidad, el deterioro ecológico y su distancia respecto de la Región Metropolitana.

Finalmente, este artículo prescribe que para el cálculo de las variables se emplearán sólo cifras oficiales de los Ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas y de los organismos internacionales reconocidos por Chile.

Este precepto dio lugar, a su vez, a tres indicaciones:

La primera, recaída en su letra a), de la que es autor el H. Senador señor Diez, incluye entre los indicadores para medir el nivel socioeconómico de la región la tasa de mortalidad infantil,

La segunda, del H. Senador señor Ruiz De Giorgio, incluye entre los indicadores de que da cuenta la letra b) a las diferencias que se produzcan en las regiones en el costo de obras de pavimentación y construcción, y

La tercera, formulada por la H. Senadora señora Frei, complementa la letra b) con una norma en virtud de la cual la variable relativa a la condición territorial particular de cada región y los indicadores que sirvan para su medición, deberán considerar, además, la no renovabilidad de los recursos naturales que constituyan su base económica.

Tanto el nuevo artículo propuesto por el Ejecutivo como las tres indicaciones precedentes que lo modifican fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

El nuevo artículo 73 que sugiere el Ejecutivo preceptúa que el diez por ciento restante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se distribuirá anualmente de la siguiente manera:

a) Un cinco por ciento como estímulo a la eficiencia, considerando el porcentaje de desembolsos efectivos en relación con el marco presupuestario del año anterior y con el monto programado de proyectos de inversión elegibles para ser financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Ministerio del Interior establecerá la forma cómo se distribuirá este porcentaje en el primer trimestre de cada año, y;

b) Un cinco por ciento para gastos de emergencia, calificados por el Ministerio del Interior a petición de los gobiernos regionales. La parte no utilizada de este porcentaje será distribuida en la forma prevista en el artículo anterior en el ejercicio presupuestario siguiente.

Este precepto fue también aprobado unánimemente en los términos propuestos.

Finalmente, el nuevo artículo 74 que propone el Ejecutivo dispone que los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenio se asignen a una o más regiones no se distribuirán conforme a los criterios del artículo 72, pero podrán sumarse a la cuota que a cada región corresponda en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Al igual que en el caso del artículo precedente, esta disposición fue aprobada sin enmiendas y con el mismo quórum.

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Artículo 65.-

Este artículo del proyecto de la H. Cámara prescribe que en la Ley de Presupuestos se incluirán los gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional (ISAR) a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política.

Define a las ISAR como toda inversión que corresponda a estudios previsionales, programas y proyectos de inversión que siendo de responsabilidad de los Ministerios o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deben materializar en una región especifica y cuyos efectos económicos directos se concentran principalmente en ella. El gobierno regional distribuirá dichos recursos en proyectos específicos que cumplan los criterios que fije el Ministerio respectivo.

Dispone, también, que en dichos programas, proyectos y estudios podrá incluirse financiamiento conjunto del gobierno regional y del órgano o servicio correspondiente. Dichos programas y proyectos y deberán cumplir, además, con el artículo 19 bis de decreto ley N° 1.263, de 1975. Cuando correspondan a programas financiados con créditos externos se ajustarán a las condiciones de elegibilidad dispuestas en los respectivos convenios.

Finalmente, permite traspasar, a petición de los gobiernos regionales, recursos entre programas de inversión sectorial de asignación regional y entre éstos y los proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por hasta el cinco por ciento del presupuesto asignado a los primeros.

Pasa a ser artículo 75 y fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, sin enmiendas.

Artículo 66.-

Señala que los convenios de programación mencionados en el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más Ministerios, que definen acciones relacionadas con los proyectos de inversión que concuerdan realizar dentro de un plazo determinado. En esos convenios se especificarán los proyectos, las responsabilidades y obligaciones de las partes; las metas por cumplir; los procedimientos de evaluación y las normas para revocarlos. Dichos convenios podrán incluir cláusulas que permitan la reasignación de recursos entre proyectos.

Consigna, finalmente, normas para formalizar los convenios y otras exigencias legales que éstos deben cumplir.

Pasa a ser artículo 76, y fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de las comisiones unidas, con la sola prevención de que respecto de la formalización de los convenios de programación de que trata este artículo, -en lo que dice relación con el requisito de que ellos deben ser sancionados con las firmas de los Ministros del Interior, de Hacienda y de Planificación y Cooperación- el H. Senador señor Diez formuló indicación para eliminar las firmas de los Ministros del Interior y de Planificación y Cooperación, la que fue rechazada con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Letelier y Ruiz De Giorgio. Se pronunciaron a favor de esta indicación los HH. Senadores señores Fernández y Prat.

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El Capítulo VII, de la Elección del Consejo Regional, pasa a ser Capítulo VI, a virtud de la supresión del Capitulo V de este Título, según se ha explicado en un acápite anterior.

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Artículo 67.-

Prescribe que para la elección de los consejeros regionales deberán constituirse colegios electorales provinciales integrados por los concejales de las respectivas comunas (inciso primero), y señala el procedimiento que deberá seguirse para su constitución, como es el de que el Presidente del Tribunal Electoral Regional confeccionará la nómina de electores remitiéndola al presidente de la mesa del colegio electoral provincial. También establece un plazo para designar, por sorteo, a los miembros de la mesa, señalándose quiénes serán sus integrantes y el lugar donde se instalará el colegio electoral provincial. (incisos segundo y tercero).

Pasa a ser artículo 77.

Este precepto fue aprobado unánimemente en los términos propuestos por la H. Cámara, con excepción de su inciso primero, el cual se sustituyó por otro que reproduce la redacción empleada en el Acuerdo Político celebrado con ocasión de la Reforma Constitucional de 1991. (constitución de un colegio electoral en cada provincia, integrado por concejales para elegir a los consejeros regionales). Igualmente, se reemplazó en el inciso segundo la expresión “los electores” por “los concejales en ejercicio”, pues bien puede que al momento confeccionarse la nómina a que dicho inciso se refiere, existan concejales suspendidos de ejercer cargos u oficios públicos por encontrarse sometidos a proceso judicial.

Artículo 68.-

Dispone que los colegios electorales provinciales se constituirán quince días después de la instalación de los concejos en la respectiva provincia y señala el quórum de concejales para que puedan sesionar dichos colegios.

Pasa a ser artículo 78, y fue aprobado unánimemente, con la sola enmienda, sugerida por los HH. Senadores señores Diez y Letelier, de establecer que la instalación del colegio electoral se llevará a cabo en presencia de un notario quien levantará un acta de todo lo obrado y que, además, certificará la concurrencia del número suficiente de miembros del colegio electoral para formar quórum de funcionamiento.

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En seguida, se consigna una breve descripción de los artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del texto de la H. Cámara que fueron suprimidos en virtud del artículo 167 del Reglamento de la Corporación. Quienes estuvieron por el rechazo estimaron que estos preceptos privilegian las candidaturas a consejeros regionales patrocinados por partidos políticos en desmedro de los independientes, al estructurar un sistema electoral de lista y cifra repartidora. Se pronunciaron por la supresión de estas disposiciones los HH. Senadores señores Diez, Huerta y Letelier. En su favor lo hicieron los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señor Ruiz De Giorgio. Se abstuvieron de votar los HH. Senadores señores Fernández y Prat.

Artículo 69.-

Señala la oportunidad, patrocinantes y demás modalidades para declarar las candidaturas de consejeros regionales.

Artículo 70.-

Impone al Director Regional del Servicio Electoral la obligación de proporcionar a los colegios electorales las nóminas de los candidatos a consejeros y sus suplentes.

Artículo 71.-

Regula el acto de la elección de consejeros por el colegio electoral. Dispone que el voto será personal y secreto y cada concejal sólo podrá votar por un consejero, entendiéndose que su preferencia se extenderá también al suplente.

Artículo 72.-

Prescribe normas para el escrutinio que siga a la elección. Presume escrutinio fraudulento el que se practique en lugar distinto al del acto electoral y señala que aquél se regirá por el artículo 71, N°s. 1 al 5, de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Artículo 73.-

Señala el procedimiento para determinar los consejeros elegidos, a saber:

uno) Se suman los votos a favor de cada uno de los candidatos de una lista para establecer los votos de lista, considerándose, para estos efectos, los votos de los independientes como votos de lista;

dos) El cuociente electoral se determina dividiendo los votos de lista por uno, dos, tres y así sucesivamente, hasta formar tantos cuocientes como consejeros corresponda elegir. Los cuocientes se colocan en orden decreciente hasta llegar a un número igual al de cargos a elegir. El último cuociente será el cuociente electoral y permitirá determinar a los candidatos elegidos en cada lista dividiendo el total de los votos que haya obtenido por este cuociente.

tres) Dentro de cada lista se proclamarán electos a los de las más altas mayorías individuales, y si un cargo correspondiere a dos o más candidatos con igual derecho, se procederá por sorteo.

cuatro) Si el último cargo por llenar corresponde con igual derecho a dos o más listas o candidaturas uninominales, se elegirá al candidato más votado y, si persiste la igualdad, se procederá también por sorteo.

quinto) Finalmente, este precepto dispone que la elección de un candidato titular supone, de pleno derecho, la de su suplente.

Artículo 74.-

Prescribe que el secretario deberá extender una acta del escrutinio, firmada por los miembros de la mesa, la que deberá remitirse al Tribunal Electoral Regional y una copia al Director Regional del Servicio Electoral.

Artículo 75.-

Faculta a la Dirección del Servicio Electoral para acreditar un representante que asesore a cada colegio electoral provincial.

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Artículo 76.-

Permite a cualquier persona impugnar el acto electoral ante el Tribunal Electoral Regional, o reclamar contra el incumplimiento de los artículos 29 y 30. (Establecen los requisitos para ser elegido consejero regional y las inhabilidades de éstos respectivamente).

Pasa a ser artículo 79, y fue aprobado por unanimidad con la sola enmienda de reemplazar las expresiones numéricas "29" y "30" por “31” y "32", respectivamente.

Artículo 77.-

Dispone la oportunidad en que, por el solo ministerio de esta ley, debe reunirse el Tribunal Electoral Regional para conocer de las reclamaciones y hacer las rectificaciones a que dieren lugar las elecciones de los consejeros regionales. Fija, también, el plazo que tiene dicho Tribunal para dictar sus fallos.

Pasa a ser artículo 80 y fue aprobado unánimemente, sin enmiendas.

Artículo 78.-

Faculta a los Tribunales Electorales Regionales para declarar la validez o nulidad de la elección. Al efecto, dispone que dichos Tribunales procederán de norte a sur a examinar las elecciones reclamadas, apreciando los hechos como jurado.

Los hechos o irregularidades que no influyan en el resultado electoral, ocurridos antes, durante o después de la votación, no ameritan la nulidad de ésta, a menos que su alegación se fundamente en que las mesas de los colegios no hayan funcionado con el número mínimo de miembros que señala el artículo 67 o en lugares distintos a los designados, excepto, en este último caso, si mediare fuerza mayor.

Finalmente, dispone que declarada nula una elección, ésta se repetirá.

Pasa a ser artículo 81 y fue aprobado unánimemente con tres enmiendas:

1) Se reemplazó en su inciso tercero la referencia al "artículo 67" por otra al “artículo 77”;

2) En ese mismo inciso, se suprimió como excepción de la causal de nulidad fundada en que el colegio haya funcionado en lugar distinto del designado, el hecho de que tal circunstancia obedezca a fuerza mayor. De este modo, será siempre causal de nulidad de la elección el hecho de que la elección se efectúe en lugar distinto del asignado, cualquiera sea la causa del cambio.

3) Se introdujo en su inciso final una enmienda formal.

Artículo 79.-

Preceptúa que para la repetición de una elección, las mesas de los colegios electorales funcionarán con la misma integración que la anterior, salvo que la nulidad de ésta se haya fundamentado en la nulidad del nombramiento de los integrantes de la mesa, en la adulteración del escrutinio o en el cohecho de uno de sus miembros. En estos casos, se sortearán por el Tribunal los miembros de la mesa con exclusión de los objetados. (inciso primero).

Dispone, en seguida, que la nueva elección se efectuará diez días después del sorteo, comunicándose la resolución que así lo determine a los concejales por el Secretario del Tribunal (inciso segundo).

Finalmente, prescribe que la nueva elección, provocada por causales distintas de las consignadas en el inciso primero, se efectuará al décimo día contado desde que queda ejecutoriada la sentencia que declare la causal.

Pasa a ser artículo 84 y fue aprobado por unanimidad con las siguientes enmiendas:

uno) Se refundieron en uno sólo sus incisos primero y segundo;

dos) Se precisó que en la sentencia del Tribunal se designará, previo sorteo, a los miembros que integrarán la mesa de la nueva elección, y

tres) Se introdujeron otras modificaciones de mera forma.

Artículo 80.-

Prescribe que una vez dictada la sentencia sobre todos los reclamos el Tribunal proclamará a los candidatos que hayan resultado electos.

Este precepto y el siguiente fueron refundidos en uno solo como se explicará a continuación.

Artículo 81.-

Señala que dentro de las 48 horas siguientes a la dictación del fallo, el Tribunal enviará copia autorizada, en su parte pertinente, al intendente regional.

Este artículo y el precedente se refundieron en uno solo, que pasa a ser artículo 83, que contiene iguales disposiciones con cambios formales de redacción. (unanimidad).

Artículo 82.-

Admite apelación para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, del fallo del Tribunal Electoral Regional y señala un plazo para interponer este recurso. Dispone también que el Tribunal de Alzada deberá resolver todas las apelaciones dentro de quince días.

Fue aprobado en los términos propuestos, por la unanimidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas.

Artículo 83.-

Dispone que el consejo regional se instalará sesenta días después de la elección de sus miembros, y si ésta hubiere sido anulada, el plazo se contará desde la fecha de la nueva elección.

Pasa a ser artículo 85 y fue aprobado unánimemente, sin enmiendas.

Artículo 84.-

Establece que los gobiernos regionales y los intendentes se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Pasa a ser artículo 86, aprobándose en los términos propuestos con los votos de los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Huerta, Letelier y Ruiz De Giorgio, y la abstención del H. señor Fernández.

Artículo 85.-

Señala que las funciones y atribuciones que esta ley otorga a los gobiernos Regionales no afectarán a las de la Administración Pública nacional, en todo lo que no se haya entregado expresamente a dichos gobiernos regionales.

Pasa a ser artículo 87, y también fue aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

Artículo 86.-

Dispone que cuando los traspasos de competencias a que alude el artículo 59 se efectúen mediante convenio, este último se celebrará entre el gobierno regional y el respectivo Ministerio, debiendo suscribirlo, también, el Ministro del Interior.

Este precepto contó con el asentimiento unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, quienes se lo prestaron con la sola enmienda de reemplazar la expresión "59" por "66".

Artículo 87.-

Estatuye la siguiente estructura administrativa para el cumplimiento de las funciones del intendente:

a) Una división jurídica que lo asesorará en materias de seguridad ciudadana, orden público, asistencia social, aplicación de normas sobre extranjería y otras de índole jurídica;

b) Una división de administración y finanzas, encargada de la gestión administrativa y financiera, de la formulación y ejecución del presupuesto y de la provisión de los servicios generales del gobierno regional, y

c) Una división de gestión y control, para la elaboración del proyecto de presupuesto en lo relativo a la inversión del gobierno regional y su seguimiento.

Pasa a ser artículo 89 y fue objeto de dos indicaciones:

uno) La primera, que surgió del análisis de su letra a), propone la sustitución de esa letra por otra que señala que la división jurídica prestará asesoría jurídica al intendente en las materias que éste le requiera. Con esta redacción se sustrae a esa división de emitir pronunciamientos u opiniones ajenos a su especialidad.

dos) La segunda, formulada por el Ejecutivo, aclara que la organización interna de estas divisiones y la distribución de sus trabajos entre sus departamentos serán reguladas en el reglamento a que se refiere la letra b) del artículo 36.

Este precepto y las indicaciones que en él recayeron fueron unánimemente aprobados por los miembros presentes de las Comisiones unidas.

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Finalmente, en lo que atañe a los artículos permanentes de este proyecto, el Ejecutivo formuló una indicación, que posteriormente complementó con otra, en virtud de la cual se propone la incorporación de un precepto que dispone que los Ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y municipios deberán coordinarse en la formulación de planes para dotar a las áreas metropolitanas de equipamiento urbano y de una estructura social básica. Define también a las áreas metropolitanas como aquellas extensiones territoriales formadas por dos o más centros de población unidas entre sí por espacios construidos y que comparten diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos.

Esta coordinación podrá ser permanente cuando así lo exijan los problemas que enfrenten las áreas metropolitanas, lo que se materializará por la vía de la asociación intermunicipal prevista en el Título VII de la Ley Orgánica de Municipalidades, o por la participación de los municipios en el comité asesor a que se refiere el artículo 46 de esta ley.

La indicación descrita fue rechazada por mayoría de votos, en atención a que otras disposiciones del proyecto reconocen la libertad que tienen los gobiernos regionales para asociarse. Se tuvo también presente que esta coordinación podría limitar el accionar de las entidades que menciona o generar indefinición acerca de sus competencias, en la hipótesis de que el ejercicio de ellas quedare supeditado a las coordinaciones previas que convinieren. Votaron por su rechazo los HH. Senadores señora Soto y señores Diez, Huerta, Letelier, Pacheco, Prat y Ruiz De Giorgio. Se pronunció a su favor la H. Senadora señora Frei, quien estimó necesaria esta modalidad en las grandes urbes afectadas por fenómenos expansión urbanística.

Disposiciones transitorias.-

PRIMERA

Dispone que en los presupuestos de 1993 y 1994, los recursos que se asignen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementarán, respecto del presupuesto del año anterior, en una tasa no inferior al veinticinco por ciento por sobre el crecimiento promedio del presupuesto de la inversión pública nacional, excluida la inversión sectorial de asignación regional.

Fue aprobada en la forma propuesta en el texto de la H. Cámara, por unanimidad.

SEGUNDA

Preceptúa que en los presupuestos de 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional incluirá ítem de pavimentación urbana, conservación y mejoramiento de caminos secundarios y mejoramiento urbano. Asimismo, en dichos presupuestos esta inversión sectorial crecerá, a lo menos, en una tasa del veinticinco por ciento más alta que la del crecimiento del resto de la inversión pública, excluido el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Esta disposición también contó con la aprobación unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, sin enmiendas.

TERCERA

Encomienda al Presidente de la República conformar el primer presupuesto de los gobiernos regionales.

Por la unanimidad de las Comisiones unidas, se alteró la redacción de esta disposición disponiendo que los presupuestos de los gobiernos regionales para 1993 serán establecidos en la Ley de Presupuestos de ese año.

CUARTA

Faculta al Presidente de la República para establecer la organización interna y fijar las plantas del personal de los gobiernos regionales, las que se conformarán con personal que actualmente se desempeña en el Servicio de Gobierno Interior, Secretarías Regionales Ministeriales y otros servicios públicos.

Enseguida, da normas para el encasillamiento del personal y la forma cómo se pagarán las diferencias de remuneraciones que se produzcan en virtud de ese encasillamiento; declara que se suprimirán los cargos que quedaren vacantes en las plantas de los Ministerios o servicios a que perteneciere el personal traspasado y autoriza al Presidente de la República para transferir bienes y recursos financieros al gobierno regional.

Finalmente, dispone que los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirán por los artículos 51 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado y 7° del Estatuto Administrativo para Empleados Públicos.

Respecto de esta disposición se suscitó un debate en las Comisiones unidas en el que se puso de relieve la conveniencia de otorgar facultades delegadas al Presidente de la República en las materias de que ella trata, o bien eme éstas sean objeto de un debate parlamentario que se traduzca en un texto de ley acordado con el Congreso Nacional.

Puesta en votación esta norma transitoria, ella fue rechazada tras sucesivos empates, en virtud del artículo 167 del Reglamento de la Corporación.

Se pronunciaron por su rechazo los HH. Senadores señores Diez, Huerta y Letelier. A favor de esta disposición votaron los HH. Senadores señoras Frei y Soto y señores Ruiz De Giorgio. Se abstuvieron los HH. Senadores señores Fernández y Prat.

QUINTA

Dispone que entre la entrada en vigencia de esta ley y la instalación de los gobiernos regionales regirán plenamente las funciones y atribuciones que esta ley otorga a intendentes y gobernadores; y que los actuales consejos regionales de desarrollo (COREDE) mantendrán sus atribuciones y composición.

Pasa a ser disposición cuarta transitoria, y fue aprobada en la forma propuesta, por unanimidad.

SEXTA

Prescribe que los bienes inventariables adquiridos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional antes de la vigencia de esta ley, cuyo dominio no haya sido transferido en virtud del artículo 16 de la ley N° 18.267, y siempre que mantengan su destino original, deben entenderse transferidos a las entidades públicas que no sean fiscales a las que estén asignados. Los bienes a que se refiere esta norma que estén siendo utilizados por los servicios fiscales se entenderán destinados a éstos y su transferencia se perfeccionará mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales suscrito, además, por el intendente respectivo. Las inscripciones y anotaciones se practicarán con copia autorizada del decreto. (inciso primero).

Su inciso segundo dispone que no obstante lo establecido en el inciso precedente, mediante decreto fundado del Ministerio de Bienes Nacionales, que deberá ser suscrito, además, por el Ministro del Interior, determinados bienes podrán destinarse al patrimonio del gobierno regional, (inciso segundo).

Pasa a ser disposición quinta transitoria, aprobándose unánimemente, sin enmiendas.

SÉPTIMA

Establece que para la elección de los consejeros regionales la determinación a que se refiere el artículo 27 será hecha por el director regional del Servicio Electoral dentro de los veinte días siguientes a la publicación de esta ley.

Pasa a ser disposición transitoria sexta y también contó con el asentimiento unánime de los miembros presentes de las Comisiones unidas, con la sola enmienda de reemplazar la expresión "27" por "29".

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Finalmente, el Ejecutivo formuló una indicación, aprobada por unanimidad, para incorporar una última disposición transitoria -la séptima- en virtud de la cual el intendente deberá someter al consejo regional el proyecto de reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 27, dentro de los treinta días siguientes a la instalación de dicho consejo.

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Hacemos presente que las normas del Titulo II de este proyecto, esto es, los artículos 13 al 89, y la disposición séptima transitoria, deben ser aprobadas en el carácter de ley orgánica constitucional, esto es, con el quórum de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, en virtud de lo previsto en el artículo 63 de la Constitución Política.

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En consecuencia, las modificaciones que las Comisiones unidas proponen al H. Senado, son las siguientes:

Artículo 1º

Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"El intendente será subrogado por el Gobernador de la provincia asiento de la capital regional y, a falta de éste, por el funcionario de más alto grado del respectivo escalafón. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para designar un suplente, sin sujeción a requisito de tiempo establecido por el inciso tercero del artículo 4° de la ley N° 18.834.".

Artículo 2º

uno) Sustituir sus letras c) y d) , por las siguientes:

"c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

d) Mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región, como asimismo sobre el desempeño de los gobernadores y demás jefes regionales de los organismos públicos que funcionan en ella;";

dos) Suprimir su letra e);

tres) Su letra f) pasa a ser letra e),sin enmiendas;

cuatro) En su letra g), que pasa a ser letra f), reemplazar la palabra "normas" por "formas";

cinco) Sus letras h) e i), pasan a ser letras g) y h), respectivamente, sin modificaciones;

seis) Reemplazar la letra j), que pasa a ser i), por la siguiente:

"i) Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región;";

siete) Su letra k) pasa a ser letra j), sin enmiendas;

ocho) Reemplazar la letra l), que pasa a ser letra k), por la siguiente:

"k) Proponer al Presidente de la República en forma reservada, con información al ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales. En la misma forma, podrá proponer al ministro respectivo o jefe superior del servicio en su caso, la remoción de los jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en la región.

Asimismo, el ministro del ramo o el jefe superior del servicio correspondiente informará al intendente antes de proponer al Presidente de la República la remoción de dichos funcionarios;

nueve) Sus letras m), n) y ñ) pasan a ser letras l), m) y n), respectivamente, sin enmiendas,

diez) Incorporar la siguiente letra ñ), nueva:

"ñ) Otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones, ejerciendo al efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil;".

Artículo 3º

uno) En su inciso segundo, intercalar entre las expresiones "servicios públicos" y “existentes en la provincia", la siguiente frase: “creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa,", y

dos) Incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:

"La subrogación del gobernador se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la ley N° 18.834, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para designar un suplente, sin sujeción al requisito de tiempo establecido por el inciso tercero del artículo 4° de la ley N° 18.834.".

Artículo 4°

uno) Consignar el siguiente inciso primero, nuevo, pasando el actual inciso primero a ser inciso segundo, sin enmiendas:

"Artículo 4°.- El gobernador ejercerá las atribuciones que menciona este artículo informando al intendente de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas y ajustándose a las instrucciones que esta misma autoridad le imparta.";

dos) Sustituir su letra c) por la siguiente:

"c) Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile;";

cuatro) Suprimir su letra d);

cinco) Reemplazar en su letra e), que pasa a ser letra d), la forma verbal "Disponer" por la frase "Requerir el auxilio";

seis) Sus letras f) y g), pasan a ser e) y f), respectivamente, sin enmiendas;

siete) En su letra h), que pasa a ser letra g) eliminar la frase final consignada a continuación del punto seguido (.) , que pasa a ser punto y coma (;);

ocho) En la letra i), que pasa a ser letra h), suprimir las frases finales, a partir de la expresión "Tratándose de bienes fiscales," y reemplazar por un punto y coma ( ; ) el punto seguido ( . ) que las precede, y

nueve) Las letras j) y k) pasan a ser letras i) y j), respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 5º

uno) Reemplazar su inciso primero por el siguiente:

"Artículo 5°.- Con autorización del intendente, el gobernador podrá designar delegados con atribuciones específicas para una o más localidades.

Cuando presenten condiciones de aislamiento o cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, pudiendo poner la delegación en cualquier momento.", y

dos) Suprimir la palabra "mismas" en su inciso tercero

Artículo 6°

uno) Reemplazar su letra b), por la siguiente:

"b) Tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública;";

dos) Suprimir su letra c), y

tres) Sus letras d) , e) y f) pasan a ser letras c), d) y e) respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 9º

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 9°.- Los intendentes y gobernadores funcionarán en la capital regional o provincial, según corresponda, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones, transitoriamente, en localidades de sus territorios jurisdiccionales.".

Artículo 10

uno) Suprimir las comas (,) puestas a continuación de las formas verbales "solicitar" y "requieran";

dos) Intercalar a continuación de esta última expresión ("requieran"), la frase "para dichos fines," y

tres) Reemplazar el pronombre "ellos", que figura a continuación de la voz "debiendo", por la palabra "éstos".

Artículo 11

Reemplazar, entre las palabras "pueda" y “responsabilidad", la expresión verbal "exigirse" por “originarse”.

Artículo 12

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 12.- El Servicio de Gobierno Interior apoyará el ejercicio de las funciones y atribuciones que el presente Título confiere a intendentes y gobernadores."

Artículo 13

Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"Para el ejercicio de sus funciones los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y estarán investidos de las atribuciones que esta ley les confiere.".

Artículo 14

Sustituirlo por el que a continuación se consigna:

"Artículo 14.- En la administración interna de las regiones los gobiernos regionales deberán observar como principio básico el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios tanto en aspectos de desarrollo económico, como social y cultural.

A su vez, en el ejercicio de sus funciones deberán inspirarse en principios de equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos y en la prestación de servicios; en la efectiva participación de la comunidad regional y en la preservación y mejoramiento del medio ambiente.".

Artículo 15

Reemplazar, la frase "tendrán su sede" por la expresión verbal "funcionarán".

Artículo 16

uno) Sustituir su letra a), por la siguiente:

"a) Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación;

dos) En la letra b), sustituir la expresión "artículo..." por "artículo 74".

tres) Sustituir su letra d), por la siguiente:

"d) Dictar normas de carácter general para regular los asuntos de su competencia cuando para ello lo faculte la ley de la materia, las que estarán sujetas al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y se publicarán en el Diario Oficial;", y

cuatro) En su letra g), reemplazar las palabras "continua y permanente" por "regular y continua”; la palabra "públicas" por "colectivas", y la expresión numérica "57" por "66".

Artículo 20

uno) Sustituir su letra a), por la siguiente:

"a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales que le encomienden las leyes y las de su organización interna;";

dos) En su letra c), sustituir la referencia al artículo "66" por otra al artículo "76";

tres) Suprimir su letra d);

cuatro) Sus letras e) y f), pasan a ser letras d) y e), respectivamente, sin enmiendas;

cinco) En su letra g), que pasa a ser letra f), reemplazar la forma verbal "Sancionar" por "Aprobar";

seis) Sustituir la letra h), que pasa a ser letra g), por la siguiente:

"g) Formular, evaluar cuando corresponda y priorizar programas y proyectos de infraestructura social básica;";

siete) En su letra i), que pasa a ser h), sustituir el punto y coma (;) por una coma (,) y consignar, en seguida, la conjunción "y";

ocho) Suprimir la letra j);

nueve) En la letra k), que pasa a ser letra i), reemplazar el punto y coma (;) por un punto j aparte (.), y

diez) Suprimir sus letras l) y m).

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Consignar, en seguida, el siguiente artículo 21, nuevo:

"Artículo 21.- Los órganos y servicios de la Administración Pública nacional deberán informar oportunamente a los gobiernos regionales acerca de las proposiciones de planes, programas y proyectos que vayan a ejecutar en la región.

Los municipios deberán enviar a los gobiernos regionales, para su conocimiento, sus proyectos de inversión, sus presupuestos y los de sus vicios traspasados. Igualmente, deberán enviarles, dentro de 30 días de aprobada, cualquier modificación experimenten dichos presupuestos.".

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Artículos 21 y 22

Pasan a ser artículos 22 y 23, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 23

Pasa a ser artículo 24.

uno) Reemplazar sus letras a), b) y c), respectivamente, por las siguientes:

"a) Formular políticas de desarrollo de la región , considerando las políticas y planes comunales respectivos, en armonía con las políticas y nacionales;

b) Someter al consejo regional los proyectos de planes y las estrategias regionales de desarrollo y sus modificaciones, así como proveer a su ejecución;

c) Presidir el consejo regional, con derecho a voz. En caso de empate, tendrá derecho a voto dirimente. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 36, letra h), sólo tendrá derecho a voz;";

dos) Sustituir, en su letra f), la expresión numérica "66" por "76";

tres) Suprimir su letra h);

cuatro) En su letra i), que pasa a ser letra h), remplazar la frase ”comprendidos en su esfera de competencia" por "de su competencia o los que le encomiende el consejo;";

cinco) Eliminar la letra j);

seis) Sus letras k) y l), pasan a ser letras i) y j), respectivamente, sin enmiendas;

siete) En su letra m), que pasa a ser letra k), anteponer a la preposición "a" que sigue a las expresiones "en la región", las palabras "directamente o", y reemplazar el punto y coma (;) por una coma (,), agregando a continuación la frase "así como de los que sean propios de la competencia del gobierno regional;";

ocho) Su letra n) pasa a ser letra l), sin modificaciones;

nueve) Reemplazar su letra ñ), que pasa a ser letra m), por la siguiente:

"m) Informar al consejo regional oportunamente respecto de las proposiciones de programas y proyectos a que se refiere el artículo 21;”;

diez) Su letra o) pasa a ser letra n), sin enmiendas;

once) En su letra p), que pasa a ser ñ), reemplazar las voces "Poner en vigor" por la forma verbal "Promulgar";

doce) Sustituir su letra q) que pasa a ser o), por 1a siguiente:

"o) Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiera.", y

trece) Suprimir el inciso segundo de este artículo.

Artículo 24

Pasa a ser artículo 25.

uno) En su inciso primero, reemplazar la frase "sólo podrá aprobar o modificar" por "podrá aprobar, modificar o sustituir", y

dos) Sustituir su inciso segundo por el siguiente:

"Si el intendente desaprobare las modificaciones introducidas por el consejo a los proyectos y proposiciones referidos en el inciso anterior, así como a los proyectos de reglamentos a que refiere la letra g) del artículo precedente, podrá deducir las observaciones que estime pertinentes dentro término de diez días, acompañando los elementos de juicio que las fundamenten. Transcurrido este plazo sin que se formulen dichas observaciones, regirá lo sancionado por el consejo. En caso contrario, el consejo sólo podrá desecharlas con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.".

- - -

A continuación, incorporar el siguiente artículo 26, nuevo:

"Artículo 26.- El intendente, a lo menos una vez al año, dará cuenta al consejo de su gestión como ejecutivo del gobierno regional, a la que deberá acompañar el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera.".

- - -

Artículo 25

Pasa a ser artículo 27

Intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

"El intendente someterá a la aprobación del consejo regional el proyecto de reglamento a que se refiere la letra b) del artículo 36 de la presente ley, y éste lo aprobará con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Las ulteriores modificaciones a dicho reglamento se aprobarán con el mismo quórum.".

Artículos 26, 27, 28 y 29

Pasan a ser, respectivamente, artículos 28, 29, 30, y 31, sin enmiendas.

Artículo 30

Pasa a ser artículo 32.

Reemplazar sus letras b) y c), respectivamente, por las siguientes:

"b) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los consejales y los funcionarios públicos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o del intendente respectivo;

c) Los funcionarios de la Contraloría General de la República y los miembros del Consejo del Banco Central;".

Artículo 31

Pasa a ser artículo 33, sin enmiendas

Artículo 32

Pasa a ser artículo 34.

En su letra a), suprimir la coma (,) que sigue al pronombre "que" y eliminar, también, el adjetivo "mismos".

Artículo 33

Pasa a ser artículo 35.

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 35.- A los consejeros no les serán aplicables las normas que rigen para los funcionarios públicos, salvo en materia de responsabilidad civil y penal.

Ningún consejero podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que correspondan a los propios consejeros.

Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecta moral o pecuniariamente a las personas referidas.".

Artículo 34

Pasa a ser artículo 36.

uno) Reemplazar su letra a), por la que sigue:

"a) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento, en el que se podrá contemplar la existencia de diversas comisiones de trabajo;";

dos) En su letra b), eliminar la oración final "a proposición del intendente";

tres) Sustituir su letra c) por la siguiente:

"c) Aprobar los reglamentos regionales;”;

cuatro) Reemplazar su letra d) por la siguiente:

"d) Aprobar los planes reguladores comunales e intercomunales, con sujeción a la normativa ministerial que rija en la materia y previo informe técnico que deberá emitir la Secretaría Regional Ministerial respectiva, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, letra f);";

cinco) En la letra f), reemplazar la expresión verbal "Aprobar" por " Resolver"; colocar una coma (,) a continuación de la palabra "región" y eliminar la conjunción "y" que sigue a esta última;

seis) Reemplazar su letra g) por la siguiente:

g) Aprobar los convenios de programación que el gobierno regional celebre;";

siete) Sustituir su letra h) por la siguiente:

"h) Fiscalizar el desempeño del intendente regional en su calidad de presidente del consejo y de órgano ejecutivo del mismo, como también el de las unidades que de él dependan, pudiendo requerir del intendente la información necesaria al efecto;";

ocho) En la letra i) reemplazar el punto y coma (;) por una coma (,) agregando a continuación la siguiente frase "incluido el otorgamiento de concesiones;";

nueve) En la letra j), reemplazar el punto y coma (;) por una coma (,) y agregar a continuación, la siguiente oración "y otras que le sean solicitadas por los Poderes del Estado, y";

diez) Suprimir la letra k).

once) Su letra l) pasa a ser letra k) ,sin enmiendas.

Artículo 35

Pasa a ser artículo 37.

uno) Eliminar en su inciso primero la frase "en día hábil,";

dos) Reemplazar sus incisos segundo y tercero por el siguiente:

"Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas. Su convocatoria se efectuará conforme lo determine el reglamento, el que también establecerá los casos y oportunidades en que el consejo se constituya en sesión secreta.".

Artículo 36

Pasa a ser artículo 38, sin modificaciones.

Artículo 37

Pasa a ser artículo 39.

Sustituir a palabra "dieta" por "asignación"

Artículo 38

Pasa a ser artículo 40.

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 40.- Los consejeros cesarán en sus cargos por las siguientes causales:

a) Incapacidad psíquica o física para su desempeño;

b) Renuncia por motivos justificados, por el consejo. No obstante, si la renuncia motivada fuere por la postulación a un cargo postulación popular, no se requerirá esa aceptación;

c) Inasistencia injustificada a más cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en año calendario;

d) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero o incurrir en alguna de las causales de inhabilidad sobreviniente establecidas en esta ley. Sin embargo, la suspensión del derecho a sufragio sólo dará lugar a la incapacitación temporal para el desempeño del cargo, y de las, y

e) Incurrir en alguna incompatibilidades previstas en esta ley.".

Artículo 39

Pasa a ser artículo 41

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 41.- Las causales del lo anterior, con excepción de la establecida en letra b), serán declaradas por el Tribunal Electoral al respectivo, a requerimiento de cualquier del consejo. El Tribunal Electoral Regional conocerá estas materias conforme al procedimiento de la ley Nº 18.593. La cesación en el cargo operará una vez autorizada la sentencia que declare la existencia de causal.".

Artículo 40

Pasa a ser artículo 42.

Sustituir la palabra "suplente" por "reemplazante" y suprimirla la segunda vez que aparece.

Artículo 41

Pasa a ser artículo 43.

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

"El consejo designará a un secretario ejecutivo que será, además, su ministro de fe y se regirá por la legislación laboral común. El respectivo contrato será suscrito por el intendente y la remuneración que en él se establezca no podrá exceder a la del grado 4°, Directivo Superior, de la Escala Única Sueldos de la Administración Pública o su equivalente. Esta remuneración comprenderá la asignación profesional establecida en el artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974. La jornada ordinaria de trabajo del secretario ejecutivo será de 44 horas semanales.".

Artículo 42

Pasa a ser artículo 44, sin enmiendas

Artículo 43

Pasa a ser artículo 45.

Sustituir su letra a) por la siguiente;

"a) Supervisar los programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos creados por ley efectúen en la provincia;".

Artículo 44

Pasa a ser artículo 46.

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 46.- El gobernador podrá constituir un comité técnico asesor con autoridades de los servicios públicos creados por ley que operen en la región.".

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En seguida, incorporar el siguiente artículo 47, nuevo:

"Artículo 47.- El gobernador deberá dar cuenta al consejo económico y social provincial, semestralmente, sobre la marcha de la administración en el nivel provincial y de la ejecución de los programas proyectos que se desarrollen en la provincia.".

- - -

Artículo 45

Pasa a ser artículo 48.

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

"El consejo económico y social provincial estará integrado, además del gobernador, por miembros elegidos en representación de las organizaciones sociales de la provincia, así como por miembros que lo serán por derecho propio.

a) Los miembros electos serán veinticuatro, elegidos de la siguiente forma:

-ocho por las entidades que agrupen a las organizaciones laborales de la provincia;

-ocho por las entidades que agrupen a los empresarios y demás entidades productivas de la provincia;

-tres por las organizaciones culturales la provincia que contribuyan al progreso y de la cultura provincial;

-tres por las profesionales de la provincia, y

–dos por las fundaciones y corporaciones privadas, que sin fines de lucro e integradas y financiadas por personas naturales y jurídicas que realicen actividades de producción, comercio o investigación científica y tecnológica o educativa, tengan por finalidad primordial promover el desarrollo de la provincia o parte de ella.

b) Los miembros por derecho propio serán:

1.- Un miembro de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que tengan asiento en la respectiva provincia, designados por el mando provincial correspondiente;

2.- Los rectores o vicerrectores de las universidades y, donde no las hubiere, los rectores de institutos profesionales que funcionen en la respectiva provincia, en un número máximo de cuatro representantes, en la forma que ellos lo determinen.".

Artículo 46

Pasa a ser artículo 49, sin modificaciones.

Artículo 47

Pasa a ser artículo 50.

uno) Eliminar su letra b).

dos) Sus letras c), d), e) y f), pasan a ser letras b), c), d) y e), respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 48

Pasa a ser artículo 51

Reemplazar en su inciso segundo, las expresiones numéricas "29" por "31" y "30" por "32".

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En seguida, incorporar los siguientes artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, nuevos:

"Artículo 52.- Una comisión integrada por el gobernador, quien la presidirá, por el Contralor Regional respectivo o por un delegado del Contralor General o Regional, según corresponda, y por un Ministro de la Corte de Apelaciones con asiento en la capital de la provincia respectiva, o en su defecto por el juez de letras más antiguo de la provincia, determinará qué organismos de los establecidos en el artículo 48, inciso segundo, letra a), de la presente ley, tendrán derecho a participar, a través de sus directores, en la elección de sus representantes por estamento al consejo económico y social provincial. Asimismo, la comisión determinará las normas que regularán los procesos electorales de cada estamento.

En la provincia de Santiago integrará la comisión un Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, elegido por ésta de entre sus miembros.

Actuará como secretario y ministro de fe de esta comisión el Conservador de Bienes Raíces cuya sede corresponda a la comuna capital de la provincia.

Artículo 53.- Las organizaciones que correspondan a los estamentos determinados por el artículo 48, letra a), de esta ley, que realicen actividades en la provincia, podrán inscribirse por estamentos, dentro del plazo de 20 días, en un registro público que con ese objeto llevará el Conservador de Bienes Raíces que tenga a su cargo el Registro de Propiedad y cuya sede corresponda a la capital de la provincia. Dicho plazo se contará desde la fecha en que se publique, por orden de la comisión, en un periódico de los de mayor circulación en la capital provincial o, en su defecto, de la región, un aviso llamando a inscribirse.

Artículo 54.- Sólo podrán inscribirse en el registro las organizaciones que acrediten personalidad jurídica vigente, domicilio en la provincia, antigüedad de a lo menos dos años en ella y reunir un número de miembros activos no inferior a diez personas naturales o jurídicas, o si reunieren sólo a personas jurídicas, a lo menos cuatro de ellas.

Al momento de inscribirse, cada organización deberá acompañar los antecedentes fidedignos que acrediten los requisitos señalados en el inciso anterior y un listado en el que se identifique claramente a los miembros activos de la respectiva entidad, sean personas naturales o jurídicas, el que se tendrá como registro para todos los efectos de este párrafo .

Artículo 55.- Vencido el plazo establecido en el artículo 53 y dentro de los cinco días siguientes, la comisión cerrará los registros correspondientes y confeccionará la lista de las organizaciones inscritas que hayan acreditado fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos, ordenando su publicación en un periódico de los de mayor circulación en la provincia o, en su defecto, en la región.

Cualquier organismo cuya inscripción hubiere sido rechazada o que hubiere sido omitido en la lista con posterioridad a su inscripción, podrá reclamar ante el Tribunal Electoral Regional, dentro del plazo de siete días contado desde la publicación a que se refiere el inciso anterior. Igual reclamo podrán interponer, en el mismo plazo, las personas que hubieren sido excluidas del listado de afiliados a que alude el inciso final del artículo anterior.

El reclamo deberá presentarse acompañando los antecedentes necesarios y enviando simultáneamente copia de la presentación a la comisión. El Tribunal conocerá del reclamo en única instancia y deberá fallarlo en el término de quince días desde que lo reciba.

El Tribunal Electoral Regional deberá enviar copia del fallo a la comisión en el término de dos días contados desde la fecha en que dicho fallo quede ejecutoriado.

Artículo 56.- Transcurridos diez días desde la publicación a que se refiere el inciso primero del artículo anterior sin que se hubieren formulado reclamos, la comisión establecerá la lista definitiva de organizaciones con derecho a participar en el proceso electoral y el registro oficial para estos efectos. Si se formularen reclamaciones, la comisión deberá establecer dicha lista y registro dentro del plazo de tres días contado desde que se reciba copia de la totalidad de los fallos emitidos por el Tribunal Electoral Regional.

Artículo 57.- Una vez cumplida la formalidad a que se refiere el artículo precedente la comisión publicará la lista definitiva en un periódico de alta circulación en la provincia, indicando, además, la fecha, lugar y hora en que se realizará la asamblea de cada estamento, para elegir a sus representantes titulares y suplentes al consejo económico y social provincial.

Podrán ser candidatos los directivos de cualquiera de las organizaciones consignadas en la lista oficial a que se refiere el artículo anterior, así como los representantes legales de las personas jurídicas afiliadas a tales organizaciones. Para estos efectos, deberán acreditar ante la comisión el cumplimiento de los requisitos legales para ser consejero.

Artículo 58.- En las elecciones a que se refiere este párrafo, cada elector dispondrá de un voto, el cual será secreto e informado. Cada elector deberá votar para elegir un miembro titular y otro suplente del correspondiente estamento.

Un miembro de la comisión presidirá el acto electoral en que cada estamento elija a sus representantes ante el consejo económico y social provincial.".

Artículo 49

Pasa a ser artículo 59.

En su inciso primero, reemplazar la forma verbal "obtuvieren" por "hayan obtenido"

Artículo 50

Pasa a ser artículo 60, sin modificaciones.

Artículo 51

Pasa a ser artículo 61.

Agregar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

"Los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el Presidente de la República de entre las personas que figuren en una terna elaborada por el intendente respectivo.".

Artículo 52

Pasa a ser artículo 62.

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 62.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, los secretarios regionales ministeriales deberán ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los correspondientes ministerios.".

Artículo 53

Pasa a ser artículo 63.

uno) En la letra b), sustituir la palabra "involucrados" por "correspondientes", y

dos) En la letra d), reemplazar el sustantivo "intendente" por "gobierno regional".

Artículo 54

Pasa a ser artículo 64.

Agregar a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente oración: "Integrará también el gabinete regional, por derecho propio, el respectivo director regional del Servicio Nacional de la Mujer.".

Artículo 55

Pasa a ser artículo 65, sin modificaciones.

Artículo 56

Suprimirlo.

Artículo 57

Pasa a ser artículo 66, sin enmiendas.

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A continuación, suprimir el Capítulo V, “De las Asociaciones Regionales", y los artículos 58 y 59 que lo conforman.

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En seguida, consignar como Capítulo V, el actual Capítulo VI, "Del Patrimonio y del Sistema Presupuestario Regionales".

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Artículo 60

Pasa a ser artículo 67.

uno) Intercalar la siguiente letra b), nueva:

"b) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier titulo y los frutos de tales bienes;”;

dos) Su letra b) pasa a ser letra c), sin modificaciones;

tres) Eliminar su letra c).

cuatro) En su letra e), reemplazar la forma verbal "recaude" por "perciba".

Artículo 61

Pasa a ser artículo 68.

uno) En la letra c) reemplazar la coma (,) puesta a continuación de la palabra "regional" por un punto y coma (;), agregando en seguida, las palabras "todo ello"; y sustituir la expresión numérica "34" por "36";

dos) En la letra e) reemplazar la expresión "la ley N° 18.803" por "el decreto ley Nº 1.939 de 1977."; eliminar, en seguida, la expresión “derecho a”, que precede a la palabra "indemnización" la primera vez que ésta aparece; sustituir el punto y coma (;) por un punto aparte (.), y agregar el siguiente párrafo, nuevo:

"Las concesiones se otorgarán previa licitación pública, salvo que las prestaciones o derechos que deba pagar el concesionario sean de un valor inferior a cien unidades tributarias mensuales, en cuyo caso se podrá llamar a propuesta privada. En este último evento si no se presentan interesados se podrá proceder por contratación directa.".

tres) Reemplazar la letra f), por la siguiente:

"f) El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades encargadas de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, en los términos del convenio respectivo, sean públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades. Esta transferencia deberá formalizarse mediante resolución del intendente, que se expedirá en un plazo no superior a noventa días, contado a partir de la fecha de adquisición o de término de construcción de tales bienes, la que deberá reducirse a escritura pública. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de copia autorizada de dicha escritura.

Tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones privadas sin fines de lucro, ella estará sujeta a la condición de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública. En caso de no cumplirse con esta condición o disolverse la entidad, tales bienes revertirán al dominio del gobierno regional;".

Artículo 62.

Pasa a ser artículo 69

Reemplazar en su letra c), la expresión "34" por "36".

Artículos 63 y 64.

Pasan a ser artículos 70 y 71, respectivamente, sin modificaciones.

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En seguida incorporar los siguientes artículos 72, 73 y 74, nuevos:

"Artículo 72.- La distribución del noventa por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos y se efectuará teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación con el contexto nacional.

Para estos efectos, se considerarán, con igual ponderación, las variables siguientes:

a) Nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores que considerarán, a lo menos, la tasa de mortalidad infantil, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y sanamiento ambiental, y

b) La condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores que considerarán, a lo menos, la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico, los diferenciales en el costo de obras de pavimentación y construcción y su distancia respecto a la Región Metropolitana, tomando además en cuenta la no renovabilidad de los recursos naturales que constituyan la base económica de la región.

Para el cálculo de las variables ya señaladas, se utilizarán, como fuentes de información, sólo cifras oficiales emanadas de los Ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de Organismos Internacionales reconocidos por el Estado de Chile.

Artículo 73.- La distribución del diez por ciento restante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se efectuará, en el transcurso del año presupuestario, de la siguiente manera:

a) Un cinco por ciento como estímulo a la eficiencia, considerando, al menos, el porcentaje de desembolsos efectivos en relación con el marco presupuestario del año anterior y con el monto de la cartera de proyectos de inversión elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Ministerio del Interior, mediante solución fundada, establecerá dicha distribución el primer trimestre de cada año, y

b) Un cinco por ciento para gastos de emergencia, los que serán calificados por el Ministerio el Interior a solicitud de los gobiernos regionales. La parte no utilizada de este último porcentaje se distribuirá, de acuerdo con la modalidad establecida en el artículo 72, en el ejercicio presupuestario siguiente.

Artículo 74.- Los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenio se destinen a una o más regiones, no se distribuirán entre éstas conforme a los criterios enunciados en el artículo 72, pero podrán sumarse a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la respectiva región, para todos los efectos de esta ley.".

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Artículos 65 y 66

Pasan a ser artículos 75 y 76, respectivamente, sin enmiendas.

En seguida, reemplazar, en el epígrafe del Capítulo VII, "De la Elección del Consejo Regional", la expresión numérica romana "VII" por "VI".

Artículo 67

Pasa a ser artículo 77.

Reemplazar sus incisos primero y segundo por los siguientes:

"Artículo 77.- El consejo regional será elegido por los concejales municipales de la región, constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias de la misma.

El Presidente del Tribunal Electoral Regional confeccionará la nómina de los concejales en ejercicio y la remitirá al presidente de la mesa del colegio electoral provincial correspondiente.".

Artículo 68

Pasa a ser artículo 78.

uno) En su inciso primero, reemplazar el punto aparte (.) por una coma (,) y agregar a continuación la siguiente frase: "y en presencia de un notario público designado por el Director Regional del Servicio Electoral, quien levantará acta de todo lo obrado.", y

dos) En el inciso segundo, reemplazar el punto seguido (.) por una coma (,) e intercalar, a continuación, la siguiente frase: "circunstancia que certificará el notario en el acta respectiva.".

Artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75

Suprimirlos.

Artículo 76

Pasa a ser artículo 79.

Reemplazar las expresiones numéricas “29" y "30" por "31" y "32", respectivamente.

Artículo 77

Pasa a ser artículo 80, sin modificaciones.

Artículo 78

Pasa a ser artículo 81.

uno) En el inciso tercero, eliminar la siguiente frase, sustituyendo por un punto aparte (.) la coma (,) que la precede: "excepto, en este último caso, si se tratare de fuerza mayor.", y reemplazar, en este mismo inciso, la expresión numérica "67" por "77", y

dos) En su inciso cuarto reemplazar las expresiones "repetir la votación" por "repetirla.".

Artículo 79

Pasa a ser artículo 84.

Reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 84.- Cuando se dispusiere la repetición de la elección, las mesas de los colegios electorales provinciales funcionarán con la misma integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que la declaración de nulidad se fundare en la circunstancia de ser nulo el nombramiento de los integrantes de la mesa, en la adulteración o falsificación del escrutinio o en el cohecho de alguno de sus miembros, caso en el cual en la propia sentencia se designará, previo sorteo, a los miembros de la nueva mesa, excluidos los objetados. La sentencia se notificará a los concejales por el secretario del Tribunal Electoral Regional mediante carta certificada.

La nueva elección se efectuará al décimo día, contado desde el momento en que quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal Electoral Regional o del Tribunal Calificador de Elecciones, en su caso." .

Artículos 80 y 81

Pasan a ser artículo 83, refundidos por el que a continuación se propone:

"Artículo 83.- Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que quede ejecutoriada la sentencia recaída en los reclamos, el Tribunal Electoral Regional proclamará a los candidatos electos y enviará copia autorizada de la parte pertinente del fallo al intendente.".

Artículos 83, 84 y 85

Pasan a ser artículos 85, 86 y 87, respectivamente, sin modificaciones.

Artículo 86

Pasa a ser artículo 88.

Reemplazar la expresión numérica "59” por "66".

Artículo 87

Pasa a ser artículo 89.

uno) Reemplazar su letra a) por la siguiente:

"a) Una división jurídica encargada de asesorar jurídicamente al intendente en las materias que éste requiera;";

dos) Agregarle el siguiente inciso segundo, nuevo:

"La organización interna de las Divisiones a que se refiere el inciso anterior y la distribución de tareas entre sus distintos Departamentos será regulada en el reglamento a que se refiere la letra b) del artículo 36 de la presente ley.".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TERCERA

Reemplazarla por la siguiente:

"TERCERA.- La Ley de Presupuestos de 1993 incluirá el primer presupuesto de los gobiernos regionales.”.

CUARTA

Suprimirla.,

QUINTA

Pasa a ser cuarta, sin modificaciones.

SEXTA

Pasa a ser quinta.

Reemplazar la frase: El dominio de los bienes inventariables," por "Los bienes inventariables,".

SEPTIMA

Pasa a ser sexta,

Reemplazar la expresión numérica "27" por "29".

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Consignar enseguida, la siguiente Disposición Séptima, nueva:

"SÉPTIMA.- Dentro de los treinta días siguientes a la instalación del consejo regional, el intendente deberá someter a dicho consejo el proyecto de reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 27 de esta ley.

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Con las modificaciones que preceden, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

"TITULO PRIMERO

DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN

CAPITULO I

DEL INTENDENTE

Artículo 1º.- El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien será el representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza.

El intendente será subrogado por el gobernador de la provincia asiento de la capital regional y, a falta de éste, por el funcionario de más alto grado del respectivo escalafón. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para designar un suplente, sin sujeción al requisito de tiempo establecido por el inciso tercero del artículo 4° de la ley N° 18.834.

Artículo 2º.- Corresponderá al intendente, en su calidad de representante del presidente de la República en la región:

a) Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta el Presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior;

b) Velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;

c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

d) Mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región, como asimismo sobre el desempeño de los gobernadores y demás jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en ella;

e) Conocer y resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones adoptadas por los gobernadores en materias de su competencia;

f) Aplicar administrativamente las disposiciones de la Ley de Extranjería, pudiendo disponer la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, en los casos y con arreglo a las formas previstas en ella;

g) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes;

h) Representar extrajudicialmente al Estado en la región para la realización de los actos y la celebración de los contratos que queden comprendidos en la esfera de su competencia;

i) Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región;

j) Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales;

k) Proponer al Presidente de la República, en forma reservada, con información al ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales. En la misma forma, podrá proponer al ministro respectivo o jefe superior del servicio, en su caso, la remoción de los jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en la región.

Asimismo, el ministro del ramo o el jefe superior del servicio correspondiente informará al intendente antes de proponer al Presidente de la República la remoción de dichos funcionarios;

l) Hacer presente a la autoridad administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región;

m) Adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de los complejos fronterizos establecidos o que se establezcan en la región, en coordinación con los servicios nacionales respectivos;

n) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

ñ) Otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones, ejerciendo al efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil;

o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, y

p) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y las atribuciones que el Presidente de la República le delegue.

CAPITULO II

DEL GOBERNADOR

Artículo 3º.- En cada provincia existirá una gobernación, que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponderá al gobernador ejercer, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, existentes en la provincia.

La subrogación del gobernador se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la ley N° 18.834, sin perjuicio de la facultad del presidente de la República para designar un suplente, sin sujeción al requisito de tiempo establecido por el inciso tercero del artículo 4° de la ley N° 18.834.

Artículo 4º. El gobernador ejercerá las atribuciones que menciona este artículo informando al intendente de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas y ajustándose a las instrucciones que esta misma autoridad le imparta.

El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes;

b) Aplicar en la provincia las disposiciones legales sobre extranjería;

c) Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile;

d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

e) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

f) Disponer o autorizar el izamiento del pabellón patrio en el territorio de su jurisdicción y permitir el uso de pabellones extranjeros, en los casos que autorice la ley;

g) Autorizar la circulación de los vehículos de los servicios públicos creados por ley fuera de los días y horas de trabajo, para el cumplimiento de la función administrativa, así como la excepción de uso de disco fiscal, en conformidad con las normas vigentes;

h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegitimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda;

i) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones propias o delegadas, y

j) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le asignen.

Artículo 5º.- Con autorización del intendente, el gobernador podrá designar delegados con atribuciones especificas para una o más localidades, cuando presenten condiciones de aislamiento o cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, pudiendo poner término a la delegación en cualquier momento.

El delegado deberá ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso en la Administración pública. En el acto de la delegación, el gobernador determinará las facultades específicas que le delegue, el plazo de su desempeño y el ámbito territorial en que ejercerá competencia.

Si la designación como delegado recayere en algún funcionario público, éste ejercerá su cometido en comisión de servicio, sin limitación de tiempo; si se tratare de una persona ajena a la Administración del Estado, se desempeñará ad honorem. El delegado, cualquiera que sea la calidad de su designación, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que están afectos los funcionarios públicos, y no formará parte de la dotación de personal del gobierno regional respectivo.

Un extracto de la resolución mediante la cual se designe al delegado se publicará en el Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación en la provincia.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES A INTENDENTES Y GOBERNADORES

Artículo 6º.- Para ser designado intendente o gobernador, se requerirá:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública;

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos;

d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, y

e) Residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

Artículo 7º.- Los cargos de intendente, gobernador, concejal y consejero municipal, miembro del consejo económico y social provincial y consejero regional, serán incompatibles entre si.

Artículo 8º.- Los intendentes y gobernadores cesarán en sus cargos por las siguientes causales:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño;

b) Aceptación de un cargo incompatible;

c) Inscripción como candidato a un cargo de elección popular;

d) Aceptación de renuncia;

e) Remoción dispuesta por el Presidente de la República, y

f) Destitución por acuerdo del Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 49, Nº 1), de la Constitución Política de la República.

Artículo 9º.- Los intendentes y gobernadores funcionarán en la capital regional o provincial, según corresponda, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones, transitoriamente, en otras localidades de sus territorios jurisdiccionales.

Artículo 10.- Los intendentes y gobernadores podrán solicitar de los jefes de los organismos de la administración del Estado sujetos a su fiscalización o supervigilancia, los informes, antecedentes o datos que requieran para dichos fines, debiendo éstos proporcionarlos oportunamente.

Artículo 11.- Los intendentes y gobernadores deberán poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del tribunal competente aquellos casos en que, con fundamento plausible, pueda originarse responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia.

Artículo 12.- El Servicio de Gobierno Interior apoyará el ejercicio de las funciones y atribuciones que el presente Título confiere a intendentes y gobernadores.

TITULO SEGUNDO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA REGIÓN

CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 13. La administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.

Para el ejercicio de sus funciones los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y estarán investidos de las atribuciones que esta ley les confiere.

Artículo 14.- En la administración interna de las regiones los gobiernos regionales deberán observar como principio básico el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios tanto en aspectos de desarrollo económico, como social y cultural.

A su vez, en el ejercicio de sus funciones deberán inspirarse en principios de equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos y en la prestación de servicios; en la efectiva participación de la comunidad regional y en la preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 15.- Los gobiernos regionales funcionarán en la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades.

CAPITULO II

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 16.- Serán funciones generales del gobierno regional:

a) Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación;

b) Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de acuerdo al artículo 74 de esta ley, en conformidad con la normativa aplicable;

c) Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemple anualmente la ley de Presupuestos de la Nación;

d) Dictar normas de carácter general para regular los asuntos de su competencia cuando para ello lo faculte la ley de la materia, las que estarán sujetas al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y se publicarán en el Diario Oficial;

e) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus planes y programas de desarrollo;

f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes;

g) Satisfacer en forma regular y continua necesidades colectivas en aquellos sectores de la actividad del Estado cuyos órganos o funciones le sean traspasados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de esta ley, y

h) Mantener relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos, a fin de armonizar el ejercicio de sus respectivas funciones.

Artículo 17.- Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial:

a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes;

b) Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región;

c) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la región, estableciendo normas y adoptando medidas adecuadas a la problemática regional, con sujeción a las normas legales y a los decretos supremos reglamentarios sobre la materia.

d) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la región, aplicando las normas de los convenios internacionales respectivos, y coordinar con otros gobiernos regionales el transporte interregional, aplicando para ello las políticas nacionales en la materia, y

e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social.

Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a) Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral, desde el punto de vista de cada región; desarrollar y aplicar las políticas nacionales asi definidas en el ámbito regional;

b) Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes públicos competentes y concertando acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda. Para tal efecto, podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el número 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

c) Promover la investigación científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de la educación superior y técnica en la región, y

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Artículo 19.- En materia desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional:

a) Establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia;

b) Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial;

c) Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen en conformidad a la normativa aplicable;

d) Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley;

e) Realizar estudios relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de la región, y

f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, y velar por la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus funciones, el gobierno regional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales que le encomienden las leyes y las de su organización interna;

b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley;

c) Convenir, con los ministerios e instituciones de la Administración Pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad con el artículo 76;

d) Disponer, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten con cargo a su presupuesto;

e) Aplicar las políticas definidas en el marco de la estrategia regional de desarrollo;

f) Aprobar los planes reguladores comunales e intercomunales, de acuerdo con la normativa que rija en la materia, como asimismo emitir opinión respecto de los planes reguladores regionales;

g) Formular, evaluar cuando corresponda y priorizar programas y proyectos de infraestructura social básica;

h) Proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo con la normativa nacional correspondiente, e

i) Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley respectiva, tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional y se destinen al financiamiento de obras de desarrollo regional.

Artículo 21.- Los órganos y servicios de la Administración Pública nacional deberán informar oportunamente a los gobiernos regionales acerca de las proposiciones de planes, programas y proyectos que vayan a ejecutar en la región.

Los municipios deberán enviar a los gobiernos regionales, para su conocimiento, sus proyectos de inversión, sus presupuestos y los de sus servicios traspasados. Igualmente, deberán enviarles, dentro de 30 días de aprobada, cualquier modificación que experimenten dichos presupuestos.

CAPITULO III

ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 22.- El gobierno regional estará constituido por el intendente y el consejo regional.

PARRAFO 1º

DEL INTENDENTE

Artículo 23.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden en virtud de lo dispuesto por el Título Primero, el intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional y presidirá el consejo regional.

El intendente ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 24.- Corresponderá al intendente, en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional:

a) Formular políticas de desarrollo de la región, considerando las políticas y planes comunales respectivos, en armonía con las políticas y planes nacionales;

b) Someter al consejo regional los proyectos de planes y las estrategias regionales de desarrollo y sus modificaciones, así como proveer a su ejecución;

c) Presidir el consejo regional, con derecho a voz. En caso de empate, tendrá derecho a voto dirimente. No obstante, cuando el consejo regional ejerza las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 36, letra h), sólo tendrá derecho a voz;

d) Someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional y sus modificaciones, ajustados a las orientaciones y límites que establezcan la Ley de Presupuestos de la Nación y demás normas legales sobre la administración financiera del Estado;

e) Proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional, y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el artículo 19, Nº 20°, de la Constitución Política de la República;

f) Proponer al consejo regional la celebración de los convenios de programación a que se refiere el artículo 76;

g) Proponer al consejo regional los proyectos de reglamentos regionales que regulen materias propias de la competencia del gobierno regional, en conformidad a las leyes y a los reglamentos supremos correspondientes;

h) Representar judicial y extrajudicialmente al gobierno regional, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos de su competencia o los que le encomiende el Consejo;

i) Ejercer la administración de los bienes y recursos propios del gobierno regional, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y a las normas que el consejo regional pueda adoptar sobre la materia. En todo caso, requerirá del acuerdo de éste para enajenar o gravar bienes raíces;

j) Administrar, en los casos que determine la ley, los bienes nacionales de uso público;

k) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley que operen en la región, directamente o a través de las respectivas secretarías regionales ministeriales, para la debida ejecución de las políticas, planes y proyectos de desarrollo regional, así como de los que sean propios de la competencia del gobierno regional;

l) Resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones de los secretarios regionales ministeriales y de los jefes de los servicios públicos que operen en la región, en materias propias del gobierno regional, según lo establezcan las leyes respectivas;

m) Informar al consejo regional oportunamente respecto de las proposiciones de programas y proyectos a que se refiere el artículo 21;

n) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones;

ñ) Promulgar los planes reguladores comunales e intercomunales, de acuerdo a las normas sustantivas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, previo acuerdo del consejo regional, y

o) Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiera.

Artículo 25.- El consejo regional podrá aprobar, modificar o sustituir los proyectos y proposiciones señalados en las letras b), d) y e) del artículo anterior y su pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha en que sea convocado para tales efectos y proporcionados los antecedentes correspondientes. Si el consejo no se pronunciare en el citado plazo, se presumirá su acuerdo y regirá lo propuesto por el intendente.

Si el intendente desaprobare las modificaciones introducidas por el consejo a los proyectos y proposiciones referidos en el inciso anterior, así como a los proyectos de reglamentos a que se refiere la letra g) del artículo precedente, podrá deducir las observaciones que estime pertinentes dentro del término de diez días, acompañando los elementos de juicio que las fundamenten. Transcurrido este plazo sin que se formulen dichas observaciones, regirá lo sancionado por el consejo. En caso contrario, el consejo sólo podrá desecharlas con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.

Artículo 26.- El intendente, a lo menos una vez al año, dará cuenta al consejo de su gestión como ejecutivo del gobierno regional, a la que deberá acompañar el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera.

Artículo 27.- El intendente será el jefe superior de los servicios administrativos del gobierno regional y propondrá al consejo la organización de los mismos, de acuerdo con las normas básicas sobre organización establecidas por esta ley.

El intendente someterá a la aprobación del consejo regional el proyecto de reglamento a que se refiere la letra b) del artículo 36 de la presente ley, y éste lo aprobará con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Las ulteriores modificaciones a dicho reglamento se aprobarán con el mismo quórum.

El personal de estos servicios se regirá por el Estatuto Administrativo y demás normas propias de los funcionarios de la Administración Pública, y su régimen de remuneraciones será el establecido en el decreto ley N° 249, de 1974, y sus normas complementarias. El que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley N° 18.575 y 7° de la ley N° 18.834.

PARRAFO 2º

DEL CONSEJO REGIONAL

Artículo 28.- El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Artículo 29.- El consejo regional estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales de la región, constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias respectivas, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Dos consejeros por cada provincia, independientemente de su número de habitantes, y

b) Diez consejeros en las regiones de hasta un millón de habitantes y catorce en aquellas que superen esa cifra, los que se distribuirán entre las provincias de la región a prorrata de su población consignada en el último censo nacional oficial, aplicándose el método del cuociente o cifra repartidora.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio Electoral determinará, seis meses antes de la celebración de la elección respectiva, el número de consejeros regionales que corresponda elegir a cada provincia en proporción a su población. Dicha resolución será apelable ante el Tribunal Electoral regional correspondiente, dentro del plazo de diez días, debiendo éste emitir su fallo dentro de los quince días siguientes.

Artículo 30.- Los consejeros regionales que correspondan a cada provincia serán elegidos por los concejales mediante el procedimiento y el sistema electoral establecidos por el Capitulo VII de este Titulo.

Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

Artículo 31.- Para ser elegido consejero regional, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, mayor de edad, saber leer y escribir y tener residencia en la región durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.

Artículo 32.- No podrán ser consejeros regionales:

a) Los senadores y diputados;

b) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los concejales y los funcionarios públicos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o del intendente respectivo;

c) Los funcionarios de la Contraloría General de la República y los miembros del Consejo del Banco Central;

d) Los miembros del Poder Judicial, los funcionarios que ejerzan el ministerio público y los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, y los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e investigaciones, y

e) Aquellos que, por sí o como representantes de personas naturales o jurídicas, tengan contratos o cauciones vigentes con el gobierno regional o litigios pendientes con éste en calidad de demandantes.

Artículo 33.- El cargo de consejero regional será incompatible con el de concejal y con el de miembro de los consejos económicos y sociales provinciales y comunales. Será incompatible, también, con el desempeño de las funciones públicas señaladas en las letras a), b) , c) y d) del artículo anterior, los secretarios ministeriales y los directores de servicios regionales, y con todo otro empleo, función o comisión en el mismo gobierno regional o con cargos en las plantas directivas de las municipalidades.

Artículo 34.- Quedarán inhabilitados para desempeñar el cargo de consejero regional:

a) Los consejeros que por sí o como representantes de personas naturales o jurídicas, celebren o caucionen contratos con el gobierno regional o promuevan litigios contra éste en calidad de demandantes, y

b) Los consejeros que actúen como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio contra el respectivo gobierno regional.

Artículo 35.- A los consejeros no les serán aplicables las normas que rigen para los funcionarios públicos, salvo en materia de responsabilidad civil y penal.

Ningún consejero podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que correspondan a los propios consejeros.

Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecta moral o pecuniariamente a las personas referidas.

Artículo 36.- Corresponderá al consejo regional:

a) Aprobar el reglamento que regule su funcionamiento, en el que se podrá contemplar la existencia de diversas comisiones de trabajo;

b) Aprobar, en aquello no regulado por esta ley, la organización interna del gobierno regional, mediante la dictación del correspondiente reglamento;

c) Aprobar los reglamentos regionales;

d) Aprobar los planes reguladores comunales e intercomunales, con sujeción a la normativa ministerial que rija en la materia y previo informe técnico que deberá emitir la secretaría regional ministerial respectiva, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, letra f);

e) Aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, sobre la base de la proposición del intendente;

f) Resolver, sobre la base de la proposición del intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de los recursos propios que el Gobierno Regional obtenga en la aplicación de lo dispuesto en el N° 20° del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

g) Aprobar los convenios de programación que el gobierno regional celebre;

h) Fiscalizar el desempeño del intendente regional en su calidad de presidente del consejo y de órgano ejecutivo del mismo, como también el de las unidades que de él dependan, pudiendo requerir del intendente la información necesaria al efecto.

i) Dar su acuerdo al intendente para enajenar o gravar bienes raíces que formen parte del patrimonio del gobierno regional y respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones legales, incluido el otorgamiento de concesiones;

j) Emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la división política y administrativa de la región que formule el gobierno nacional, y otras que le sean solicitadas por los Poderes del Estado, y

k) Ejercer las demás atribuciones necesarias para el ejercicio de las funciones que la ley le encomiende.

Artículo 37.- El consejo regional funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se efectuarán, a lo menos, una vez al mes, y en ellas podrá abordarse cualquier asunto de la competencia del consejo. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las cuestiones incluidas en la convocatoria.

Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas. Su convocatoria se efectuará conforme lo determine el reglamento, el que también establecerá los casos y oportunidades en que el consejo se constituya en sesión secreta.

Artículo 38.- El quórum para sesionar será el de los dos quintos de los consejeros en ejercicio.

Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la sesión respectiva.

Artículo 39. Los consejeros regionales percibirán una asignación de dos unidades tributarias mensuales por cada sesión del consejo a que asistan. Con todo, lo percibido por cada consejero no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes calendario. Tendrán también derecho a pasajes y viáticos para asistir a las sesiones del consejo, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual. El monto diario del viático será equivalente al que corresponda al intendente.

Artículo 40.- Los consejeros cesarán en sus cargos por las siguientes causales:

a) Incapacidad psíquica o física para su desempeño;

b) Renuncia por motivos justificados, aceptada por el consejo. No obstante, si la renuncia fuere motivada por la postulación a un cargo de elección popular, no se requerirá esa aceptación;

c) Inasistencia injustificada a más del cincuenta por ciento de las sesiones celebradas en un año calendario;

d) Pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ser elegido consejero o incurrir en alguna de las causales de inhabilidad sobreviniente establecidas en esta ley. Sin embargo, la suspensión del derecho a sufragio sólo dará lugar a la incapacitación temporal para el desempeño del cargo, y

e) Incurrir en alguna de las incompatibilidades previstas en esta ley.

Artículo 41.- Las causales del artículo anterior, con excepción de la establecida en la letra b), serán declaradas por el Tribunal Electoral Regional respectivo, a requerimiento de cualquier miembro del consejo. El Tribunal Electoral Regional conocerá estas materias conforme al procedimiento de la ley N° 18.593. La cesación en el cargo operará una vez ejecutoriada la sentencia que declare la existencia de la causal.

Artículo 42.- En caso de renuncia, inhabilidad o incompatibilidad de un consejero regional titular, debidamente aceptada o declarada en los términos del artículo anterior, así como de fallecimiento de aquél, asumirá su cargo, por el solo ministerio de la ley, el respectivo reemplazante, quien se desempeñará por el tiempo que le faltare al titular para completar su período. El que asuma la titularidad del cargo no será reemplazado si, a su turno, cesare en el desempeño del mismo antes de completar el periodo.

Artículo 43.- El consejo regional dispondrá de una secretaria, destinada a prestarle asesoría para el desempeño de sus funciones.

El consejo designará a un secretario ejecutivo que será, además, su ministro de fe y se regirá por la legislación laboral común. El respectivo contrato será suscrito por el intendente y la remuneración que en él se establezca no podrá exceder a la del grado 4°, Directivo Superior, de la Escala Única de Sueldos de la Administración Pública o su equivalente. Esta remuneración comprenderá la asignación profesional establecida en el artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974. La jornada ordinaria de trabajo del secretario ejecutivo será de 44 horas semanales.

PARRAFO 3º

DEL GOBERNADOR

Artículo 44.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden de acuerdo al Titulo Primero de esta ley, el gobernador tendrá a su cargo la administración superior de la respectiva provincia, en la esfera de atribuciones que corresponden al intendente en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, y presidirá el consejo económico y social provincial.

El gobernador ejercerá sus funciones con arreglo a la Constitución Política de la República, a las leyes, a los reglamentos supremos y a los reglamentos regionales.

Artículo 45.- El gobernador, además de las atribuciones que el intendente pueda delegarle, ejercerá las siguientes:

a) Supervisar los programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos creados por ley efectúen en la provincia;

b) Proponer al intendente proyectos específicos de desarrollo de la provincia;

c) Asesorar a las municipalidades de su jurisdicción, especialmente en la elaboración y ejecución de programas y proyectos, cuando ellas lo soliciten;

d) Promover la participación del sector privado en las actividades de desarrollo de la provincia;

e) Disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo provincial y, especialmente, de los programas de infraestructura económica y social básica;

f) Fiscalizar y disponer las medidas para la adecuada coordinación de los organismos de la administración del Estado creados por ley que operen en la provincia;

g) Hacer presente al intendente o a los respectivos secretarios regionales ministeriales, con la debida oportunidad, las necesidades que observare en su territorio jurisdiccional;

h) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones o las que disponga el intendente, e;

i) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes le asignen.

Artículo 46.- El gobernador podrá constituir un comité técnico asesor con autoridades de los servicios públicos creados por ley que operen en la región.

Artículo 47.- El gobernador deberá dar cuenta al consejo económico y social provincial, semestralmente, sobre la marcha de la administración en el nivel provincial y de la ejecución de los programas y proyectos que se desarrollen en la provincia.

PARRAFO 4º

DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PROVINCIAL

Artículo 48.- En cada provincia existirá un órgano consultivo y de participación de la comunidad provincial socialmente organizada, denominado consejo económico y social provincial.

El consejo económico y social provincial estará integrado, además del gobernador, por miembros elegidos en representación de las organizaciones sociales de la provincia, así como por miembros que lo serán por derecho propio.

a) Los miembros electos serán veinticuatro, elegidos de la siguiente forma:

-ocho por las entidades que agrupen a las organizaciones laborales de la provincia;

-ocho por las entidades que agrupen a los empresarios y demás entidades productivas de la provincia;

-tres por las organizaciones culturales de la provincia que contribuyan al progreso y desarrollo de la cultura provincial;

-tres por las asociaciones de profesionales de la provincia, y

-dos por las fundaciones y corporaciones privadas, que sin fines de lucro e integradas y financiadas por personas naturales y jurídicas que realicen actividades de producción, comercio o investigación científica y tecnológica o educativa, tengan por finalidad primordial promover el desarrollo de la provincia o parte de ella.

b) Los miembros por derecho propio serán:

1. - Un miembro de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que tengan asiento en la respectiva provincia, designado por el mando provincial correspondiente;

2.- Los rectores o vicerrectores de las universidades y, donde no las hubiere, los rectores de institutos profesionales que funcionen en la respectiva provincia, en un número máximo de cuatro representantes, en la forma que ellos lo determinen.

Artículo 49.- El consejo económico y social provincial será presidido por el gobernador, quien podrá convocarlo. Asimismo, el consejo podrá autoconvocarse por la iniciativa de un tercio de sus miembros.

Artículo 50.- Serán atribuciones del consejo económico y social provincial:

a) Absolver las consultas del gobernador sobre los anteproyectos de plan regional de desarrollo y de presupuesto del gobierno regional, con anterioridad al sometimiento de estas iniciativas al consejo regional, y emitir opinión a su respecto;

b) Realizar estudios y emitir opinión en materias de desarrollo provincial;

c) Presentar proposiciones de proyectos específicos para el desarrollo de la provincia, a fin de que sean consideradas por el gobernador para su inclusión en los programas respectivos;

d) Absolver toda otra consulta que le formule el gobernador, y

e) Requerir por escrito, a las autoridades de gobierno comunal, provincial y regional, los antecedentes referidos a proyectos y programas de desarrollo social, económico y cultural que se contemplen dentro de la provincia.

Artículo 51.- Los miembros del consejo económico y social provincial durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.

El cargo de miembro del consejo económico y social provincial se desempeñará ad honorem; quienes postulen a servirlo deberán reunir los requisitos del artículo 31 y estarán sujetos a las mismas inhabilidades señaladas por las letras a), b), c) y d) del artículo 32.

Artículo 52.- Una comisión integrada por el gobernador, quien la presidirá, por el Contralor Regional respectivo o por un delegado del Contralor General o Regional, según corresponda, y por un Ministro de la Corte de Apelaciones con asiento en la capital de la provincia respectiva, o en su defecto por el juez de letras más antiguo de la provincia, determinará qué organismos de los establecidos en el artículo 48, inciso segundo, letra a), de la presente ley, tendrán derecho a participar, a través de sus directores, en la elección de sus representantes por estamento al consejo económico y social provincial. Asimismo, la comisión determinará las normas que regularán los procesos electorales de cada estamento.

En la provincia de Santiago integrará la comisión un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, elegido por ésta de entre sus miembros.

Actuará como secretario y ministro de fe de esta comisión el Conservador de Bienes Raíces cuya sede corresponda a la comuna capital de la provincia.

Artículo 53.- Las organizaciones que correspondan a los estamentos determinados por el artículo 48, letra a), de esta ley, que realicen actividades en la provincia, podrán inscribirse por estamentos, dentro del plazo de 20 días, en un registro público que con ese objeto llevará el Conservador de Bienes Raíces que tenga a su cargo el Registro de Propiedad y cuya sede corresponda a la capital de la provincia. Dicho plazo se contará desde la fecha en que se publique, por orden de la comisión, en un periódico de los de mayor circulación en la capital provincial o, en su defecto, de la región, un aviso llamando a inscribirse.

Artículo 54.- Sólo podrán inscribirse en el registro las organizaciones que acrediten personalidad jurídica vigente, domicilio en la provincia, antigüedad de a lo menos dos años en ella y reunir un numero de miembros activos no inferior a diez personas naturales o jurídicas, o si reunieren sólo a personas jurídicas, a lo menos cuatro de ellas.

Al momento de inscribirse, cada organización deberá acompañar los antecedentes fidedignos que acrediten los requisitos señalados en el inciso anterior y un listado en el que se identifique claramente a los miembros activos de la respectiva entidad, sean personas naturales o jurídicas, el que se tendrá como registro para todos los efectos de este párrafo.

Artículo 55.- Vencido el plazo establecido en el artículo 53 y dentro de los cinco días siguientes, la comisión cerrará los registros correspondientes y confeccionará la lista de las organizaciones inscritas que hayan acreditado fehacientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos, ordenando su publicación en un periódico de los de mayor circulación en la provincia o, en su defecto, en la región.

Cualquier organismo cuya inscripción hubiere sido rechazada o que hubiere sido omitido en la lista con posterioridad a su inscripción, podrá reclamar ante el Tribunal Electoral Regional, dentro del plazo de siete días contado desde la publicación a que se refiere el inciso anterior. Igual reclamo podrán interponer, en el mismo plazo, las personas que hubieren sido excluidas del listado de afiliados a que alude el inciso final del artículo anterior.

El reclamo deberá presentarse acompañando los antecedentes necesarios y enviando simultáneamente copia de la presentación a la comisión. El Tribunal conocerá del reclamo en única instancia y deberá fallarlo en el término de quince días desde que lo reciba.

El Tribunal Electoral Regional deberá enviar copia del fallo a la comisión en el término de dos días contados desde la fecha en que dicho fallo quede ejecutoriado.

Artículo 56.- Transcurrido diez días desde la publicación a que se refiere el inciso primero del artículo anterior sin que se hubieren formulado reclamos, la comisión establecerá la lista definitiva de organizaciones con derecho a participar en el proceso electoral y el registro oficial para estos efectos. Si se formularen reclamaciones, la comisión deberá establecer dicha lista y registro dentro del plazo de tres días contado desde que se reciba copia de la totalidad de los fallos emitidos por el Tribunal Electoral Regional.

Artículo 57.- Una vez cumplida la formalidad a que se refiere el artículo precedente, la comisión publicará la lista definitiva en un periódico de alta circulación en la provincia, indicando, además, la fecha, lugar y hora en que se realizará la asamblea de cada estamento, para elegir a sus representantes titulares y suplentes al consejo económico y social provincial.

Podrán ser candidatos los directivos de cualquiera de las organizaciones consignadas en la lista oficial a que se refiere el artículo anterior, así como los representantes legales de las personas jurídicas afiliadas a tales organizaciones. Para estos efectos, deberán acreditar ante la comisión el cumplimiento de los requisitos legales para ser consejero.

Artículo 58.- En las elecciones a que se refiere este párrafo, cada elector dispondrá de un voto, el cual será secreto e informado. Cada elector deberá votar para elegir un miembro titular y otro suplente del correspondiente estamento.

Un miembro de la comisión presidirá el acto electoral en que cada estamento elija a sus representantes ante el consejo económico y social provincial.

Artículo 59.- Serán elegidos como miembros del consejo económico y social provincial los candidatos titulares y suplentes que en cada estamento hayan obtenido las más altas mayorías y que fueren declarados como tales por el Tribunal Electoral Regional.

Para estos efectos, el Tribunal Electoral Regional resolverá los reclamos que se interpongan dentro de los diez días siguientes a la fecha de recepción de la nómina de consejeros electos y de las actas correspondientes. Concluido dicho plazo o resueltas las reclamaciones, en su caso, comunicará al intendente y a los interesados, dentro de tercero día, la lista definitiva de consejeros para el cuadrienio siguiente:

CAPITULO IV

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL Y DE OTROS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LAS REGIONES

Artículo 60.- Los ministerios se desconcentrarán territorialmente mediante secretarias regionales ministeriales, de acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas y en virtud de los decretos que dicte el Presidente de la República, con excepción de los Ministerios del Interior, Secretaria General de la Presidencia, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores.

Artículo 61.- Cada secretaría regional ministerial estará a cargo de un secretario regional ministerial, quien, sin perjuicio de su condición de representante del o de los ministerios respectivos en la región, será colaborador directo del intendente, al que estará subordinado en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean de competencia del gobierno regional.

Los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el Presidente de la República de entre las personas que figuren en una terna elaborada por el intendente respectivo.

Artículo 62.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, los secretarios regionales ministeriales deberán ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los correspondientes ministerios.

Artículo 63.- A las secretarías regionales ministeriales corresponderá:

a) Elaborar y ejecutar las políticas, planes y proyectos regionales, pudiendo adoptar las medidas de coordinación necesarias para dicho fin respecto de los órganos que integren el respectivo sector;

b) Estudiar, conjuntamente con los organismos correspondientes, los planes de desarrollo sectoriales;

c) Preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, en coordinación con el ministerio respectivo;

d) Informar permanentemente al gobierno regional del cumplimiento del programa de trabajo del respectivo sector;

e) Llevar a cabo las tareas que sean propias de su respectivo ministerio, de acuerdo con las instrucciones del ministro del ramo;

f) Realizar tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización sobre todos los organismos de la Administración del Estado que integren su respectivo sector;

g) Cumplir las demás funciones que contemplen las leyes y reglamentos, y

h) Ejercer las atribuciones que se les deleguen por los ministros respectivos.

Artículo 64.- Habrá un gabinete regional, órgano auxiliar del intendente, integrado por los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales. El intendente podrá disponer que integren, además, este gabinete o que concurran a él en calidad de invitados, los jefes regionales de organismos de la Administración del Estado. Integrará también el gabinete regional, por derecho propio, el respectivo director regional del Servicio Nacional de la Mujer.

Artículo 65.- La desconcentración territorial de los servicios públicos nacionales se hará mediante direcciones regionales o provinciales a cargo del respectivo director regional o provincial, quien dependerá jerárquicamente del director nacional del servicio. No obstante, para los efectos de la ejecución de las políticas, planes y programas de desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, estarán subordinados al intendente a través del correspondiente secretario regional ministerial.

Artículo 66.- Para efectos de lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Política de la República, los gobiernos regionales podrán elaborar, de propia iniciativa, estudios que demuestren que la región se encuentra en condiciones de recibir y administrar adecuadamente funciones y recursos de aquellos servicios y organismos de la administración central o funcionalmente descentralizada cuyo traspaso se pretenda, así como, también, que dispone de la capacidad para elaborar los planes, programas y proyectos necesarios para el ejercicio de esa competencia.

Los antecedentes serán analizados por los ministerios y servicios públicos involucrados, los que deberán evacuar un informe dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la documentación respectiva.

Dicho informe y el que, a su vez, deberá expedir el Ministerio del Interior, serán entregados al Presidente de la República para su consideración sobre la materia.

CAPITULO V

DEL PATRIMONIO Y DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO REGIONALES

Artículo 67.- El patrimonio del Gobierno regional estará compuesto por:

a) Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Fisco;

b) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier titulo y los frutos de tales bienes;

c) Las donaciones, herencias y legados que reciba, de fuentes internas o externas, de acuerdo a la legislación vigente, los cuales estarán exentos del trámite de insinuación;

d) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

e) Los ingresos que perciba en conformidad al inciso final del número 20º del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

f) Los recursos que le correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional;

g) Las obligaciones que contraiga en el desarrollo de sus actividades, en conformidad a la ley;

h) Los derechos y obligaciones que adquiera por su participación en las asociaciones a que se refiere el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política de la República, e

i) Los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley.

Artículo 68.- El régimen de bienes de los gobiernos regionales estará sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Los bienes destinados a su funcionamiento y los dineros depositados a plazo o en cuenta corriente a su nombre, serán inembargables;

b) La adquisición del dominio de los bienes raíces estará sujeta a las normas generales que sobre la materia rijan para el sector público;

c) Los bienes inmuebles sólo podrán ser enajenados, gravados, entregados en comodato o arrendados, en caso de necesidad o utilidad manifiesta. El procedimiento que se seguirá para la enajenación será el remate o la licitación pública, cuyo valor mínimo no será inferior al avalúo fiscal y sólo podrá ser rebajado con acuerdo del consejo regional; todo ello en conformidad a lo dispuesto en la letra i) del artículo 36;

d) La disposición de los bienes muebles dados de baja se efectuará mediante remate público. No obstante, en casos calificados, el intendente podrá, con acuerdo de los dos tercios del consejo regional, donar tales bienes a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro que operen en la región;

e) Sus bienes podrán ser objeto de permisos y concesiones de administración, en conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1939, de 1977. Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin indemnización. Las concesiones darán derecho al uso preferente del bien concedido, en las condiciones que fije el gobierno regional. Sin embargo, éste podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público. El concesionario tendrá derecho a indemnización en caso de término anticipado de la concesión, salvo que ésta se haya producido por incumplimiento de sus obligaciones.

Las concesiones se otorgarán previa licitación pública, salvo que las prestaciones o derechos que deba pagar el concesionario sean de un valor inferior a cien unidades tributarias mensuales, en cuyo caso se podrá llamar a propuesta privada. En este último evento si no se presentan interesados se podrá proceder por contratación directa.

f) El dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades encargadas de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, en los términos del convenio respectivo, sean públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades. Esta transferencia deberá formalizarse mediante resolución del intendente, que se expedirá en un plazo no superior a noventa días, contado a partir de la fecha de adquisición o de término de construcción de tales bienes, la que deberá reducirse a escritura pública. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de copia autorizada de dicha escritura.

Tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones privadas sin fines de lucro, ella estará sujeta a la condición de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública. En caso de no cumplirse con esta condición o disolverse la entidad, tales bienes revertirán al dominio del gobierno regional;

g) El gobierno regional podrá transferir el dominio de bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública, mediante convenios directos que contemplen mecanismos de aporte reembolsable u otro sistema que implique la recuperación total o parcial de la inversión efectuada, y

h) Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras f) y g), mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio del Interior, determinados bienes se podrán mantener en el patrimonio del gobierno regional, a petición de éste, la que deberá formularse dentro del término de noventa días a que se refiere la letra f) de este artículo.

Artículo 69.- El presupuesto del gobierno regional constituirá, anualmente, la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación. Dicho presupuesto se regirá por las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, decreto ley Nº 1.263, de 1975, y por las siguientes disposiciones:

a) La Ley de Presupuestos asignará a cada gobierno regional los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento.

b) El presupuesto del gobierno regional comprenderá, además, un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región.

c) El proyecto de presupuesto del gobierno regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación. El proyecto de presupuesto así aprobado será enviado al Ministerio de Hacienda, en conformidad con los plazos y procedimientos que éste establezca de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se refiere la letra f) del artículo 36.

Artículo 70.- El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Este Fondo se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley de Presupuestos. La distribución del mismo se efectuará entre las regiones, asignándoles cuotas regionales.

La Ley de Presupuestos de cada año podrá precisar los rubros de gastos que, para estos efectos, no se entenderán comprendidos en los ámbitos de infraestructura social y económica de la región.

Artículo 71.- Los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico económica que analice su rentabilidad. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo, conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.

Artículo 72.- La distribución del noventa por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones se expresará anualmente en la Ley de Presupuestos y se efectuará teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación con el contexto nacional.

Para estos efectos, se considerarán, con igual ponderación, las variables siguientes:

a) Nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores que considerarán, a lo menos, la tasa de mortalidad infantil, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental, y

b) La condición territorial particular de cada región, medida a través de indicadores que considerarán, a lo menos, la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico, los diferenciales en el costo de obras de pavimentación y construcción y su distancia respecto a la Región Metropolitana, tomando además en cuenta la no renovabilidad de los recursos naturales que constituyan la base económica de la región.

Para el cálculo de las variables ya señaladas, se utilizarán, como fuentes de información, sólo cifras oficiales emanadas de los Ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de organismos internacionales reconocidos por el Estado de Chile.

Artículo 73.- La distribución del diez por ciento restante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se efectuará, en el transcurso del año presupuestario, de la siguiente manera:

a) Un cinco por ciento como estímulo a la eficiencia, considerando, al menos, el porcentaje de desembolsos efectivos en relación con el marco presupuestario del año anterior y con el monto de la cartera de proyectos de inversión elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Ministerio del Interior, mediante resolución fundada, establecerá dicha distribución el primer trimestre de cada año, y

b) Un cinco por ciento para gastos de emergencia, los que serán calificados por el Ministerio del Interior a solicitud de los gobiernos regionales. La parte no utilizada de este último porcentaje se distribuirá, de acuerdo con la modalidad establecida en el artículo 72, en el ejercicio presupuestario siguiente.

Artículo 74.- Los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenio se destinen a una o más regiones, no se distribuirán entre éstas conforme a los criterios enunciados en el artículo 72, pero podrán sumarse a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que corresponda a la respectiva región, para todos los efectos de esta ley.

Artículo 75.- La Ley de Presupuestos incluirá uno o más ítem de gastos correspondientes a la inversión sectorial de asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política de la República.

Se entenderá por inversión sectorial de asignación regional toda aquella que corresponda a estudios preinversionales, programas y proyectos de inversión que, siendo de responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deban materializar en una región específica y cuyos efectos económicos directos se concentren principalmente en ella. Corresponderá al gobierno regional respectivo resolver la distribución de dichos recursos entre proyectos específicos que cumplan los criterios de elegibilidad que establezca el ministerio respectivo.

Los programas, estudios preinversionales o proyectos correspondientes a inversión sectorial de asignación regional, podrán incluir financiamiento conjunto del gobierno regional y del órgano o servicio público correspondiente.

Asimismo, dichos estudios, programas y proyectos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Cuando éstos correspondan a programas financiados con créditos externos, deberán sujetarse, además, a las condiciones de elegibilidad contenidas en los respectivos convenios de crédito.

A proposición de los gobiernos regionales, se podrán traspasar recursos entre programas de inversión sectorial de asignación regional y entre éstos y proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por hasta el 5% del presupuesto asignado a los primeros.

Artículo 76.- Los convenios de programación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política de la República son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado. Estos convenios deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se apliquen, las responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Los convenios de programación deberán incluir, cuando corresponda, cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

Los convenios a que se refiere este artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, a través de alguno de los ministerios que los suscriban, el que deberá ser firmado, además, por los Ministros del Interior, de Hacienda y de Planificación y Cooperación. Los proyectos que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

CAPITULO VI

DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

PARRAFO 1º

DE LOS COLEGIOS ELECTORALES PROVINCIALES Y DE LA VOTACIÓN

Artículo 77.- El consejo regional será elegido por los concejales municipales de la región, constituidos para estos efectos en colegio electoral por cada una de las provincias de la misma.

El Presidente del Tribunal Electoral Regional confeccionará la nómina de los concejales en ejercicio y la remitirá al presidente de la mesa del colegio electoral provincial correspondiente.

Diez días antes de la fecha en que deba constituirse el colegio, el respectivo Tribunal Electoral Regional designará, por sorteo, a los miembros de la mesa que dirigirá la elección, integrada por un presidente, un secretario y un vocal, y a sus respectivos suplentes. Asimismo, determinará, dentro de la capital provincial, el local en que se instalará el colegio electoral.

Artículo 78.- Cada colegio electoral provincial se constituirá quince días después de la instalación de los concejos de la respectiva provincia, a las nueve horas, en el local determinado por el Tribunal Electoral Regional y en presencia de un notario público designado por el Director Regional del Servicio Electoral, quien levantará acta de todo lo obrado.

El presidente de la mesa pasará lista a los asistentes al tenor de la nómina a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior y declarará instalado el colegio electoral si concurriere, a lo menos, la mayoría absoluta de sus miembros, circunstancia que certificará el notario en el acta respectiva. De no reunirse el indicado quórum, la sesión se celebrará en el día siguiente, a la misma hora y en el mismo local, con los miembros que asistan.

PARRAFO 2º

DE LAS RECLAMACIONES DEL ACTO ELECTORAL

Artículo 79.- Dentro de los diez días siguientes a la celebración de la sesión del colegio electoral, cualquier persona podrá impugnar, ante el respectivo Tribunal Electoral Regional, la legalidad del acto o sus resultados. Por esta misma vía, podrá reclamarse contra eventuales incumplimientos de lo dispuesto por los artículos 31 y 32.

Artículo 80.- El Tribunal Electoral Regional respectivo se entenderá citado por el solo ministerio de la ley para reunirse a las diez de la mañana del decimoquinto día siguiente a la fecha en que se hubieren verificado las elecciones de los consejeros regionales por los colegios electorales provinciales, a fin de resolver las reclamaciones y efectuar las rectificaciones a que ellas dieren lugar.

Reunido el tribunal en la oportunidad señalada, seguirá sesionando diariamente hasta que cumpla íntegramente su cometido, el que deberá evacuar, a más tardar, en el plazo de quince días.

Artículo 81.- El Tribunal Electoral Regional procederá, de norte a sur, al estudio de las elecciones de consejeros regionales reclamadas. Conociendo de las reclamaciones de nulidad, apreciará los hechos como jurado y al tenor de la influencia que, a su juicio, ellos hayan tenido en la elección. Con el mérito de los antecedentes, declarará válida o nula la elección y sentenciará conforme a derecho.

Los hechos, efectos o irregularidades que no influyan en el resultado de la elección, sea que hayan ocurrido antes, durante o después de la votación en las mesas de los colegios electorales provinciales, no darán mérito para declarar su nulidad.

Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de las mesas de los colegios electorales provinciales que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número mínimo de miembros que señala el artículo 77 o en lugares distintos de los designados.

Declarada nula una elección por el Tribunal Electoral Regional respectivo, se procederá a repetirla.

Artículo 82.- La sentencia del Tribunal Electoral Regional será apelable para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de cinco días desde la notificación del fallo.

El Tribunal Calificador de Elecciones deberá resolver todas las apelaciones dentro del plazo de quince días.

Artículo 83.- Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que quede ejecutoriada la sentencia recaída en los reclamos, el Tribunal Electoral Regional proclamará a los candidatos electos y enviará copia autorizada de la parte pertinente del fallo al intendente.

Artículo 84.- Cuando se dispusiere la repetición de la elección, las mesas de los colegios electorales provinciales funcionarán con la misma integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que la declaración de nulidad se fundare en la circunstancia de ser nulo el nombramiento de los integrantes de la mesa, en la adulteración o falsificación del escrutinio o en el cohecho de alguno de sus miembros, caso en el cual en la propia sentencia se designará, previo sorteo, a los miembros de la nueva mesa, excluidos los objetados. La sentencia se notificará a los concejales por el secretario del Tribunal Electoral Regional mediante carta certificada.

La nueva elección se efectuará al décimo día, contado desde el momento en que quede ejecutoriada la sentencia del Tribunal Electoral Regional o del Tribunal Calificador de Elecciones, en su caso.

Artículo 85.- El consejo regional se instalará 60 días después de la fecha de elección de los consejeros, y si ésta hubiere sido anulada, dicho plazo se contará desde la fecha de la nueva elección.

TITULO FINAL

Artículo 86.- Los gobiernos regionales y los intendentes se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Artículo 87.- Las competencias atribuidas por esta ley a los gobiernos regionales no afectarán las funciones y atribuciones que correspondan a la Administración Pública nacional, en todo lo que expresamente no haya sido encomendado a los gobiernos regionales.

Artículo 88.- Cuando el traspaso de competencias a que se refiere el artículo 66 pueda operarse por la vía de un convenio, éste será celebrado entre el gobierno regional y el ministerio respectivo, debiendo suscribirlo, además, el Ministro del Interior.

Artículo 89.- El intendente, para el cumplimiento de las funciones que la presente ley le asigna, contará con la siguiente estructura administrativa, que le estará directamente adscrita:

a) Una división jurídica encargada de asesorar jurídicamente al intendente en las materias que éste requiera;

b) Una división de administración y finanzas, encargada de la gestión administrativa y financiera, de la formulación y ejecución del presupuesto y de la provisión de los servicios generales del gobierno regional, y

c) Una división de gestión y control, que colaborará en la elaboración del proyecto de presupuesto en lo relativo a la inversión del gobierno regional y en su seguimiento y control.

La organización interna de las Divisiones a que se refiere el inciso anterior y la distribución de tareas entre sus distintos Departamentos será regulada en el reglamento a que se refiere la letra b) del artículo 36 de la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los recursos que se asignen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementarán, respecto del presupuesto del año anterior, en los Presupuestos de 1993 y 1994, en una tasa no inferior al 25 por ciento por sobre el crecimiento promedio del presupuesto de la inversión pública nacional en cada uno de esos años, excluida la inversión sectorial de asignación regional.

SEGUNDA.- En los Presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional incluirá, a lo menos, los ítem de pavimentación urbana, conservación y mejoramiento de caminos secundarios y mejoramiento urbano.

En los Presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional crecerá, a lo menos, en una tasa del 25 por ciento más alta que la de crecimiento del resto de la inversión pública en los mismos periodos, excluido el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

TERCERA.- La Ley de Presupuestos de 1993 incluirá el primer presupuesto de los gobiernos regionales.

CUARTA.- Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la instalación de los gobiernos regionales, regirán plenamente las funciones, atribuciones y competencias que en esta ley se establecen para los intendentes y gobernadores. Entre tanto, los consejos regionales de desarrollo establecidos por la ley Nº 18.605 mantendrán sus actuales composición y atribuciones, de conformidad a la legislación vigente.

QUINTA.- Los bienes inventariables, muebles e inmuebles, adquiridos o construidos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, antes de la entrada en vigencia de esta ley, cuyo dominio no haya sido transferido por aplicación del artículo 16 de la ley Nº 18.267, y siempre que estén actualmente destinados a los fines para los que se construyeron, deberán entenderse transferidos a las entidades públicas que no sean fiscales a las cuales estén asignados. Los referidos bienes, que actualmente estén utilizando los servicios fiscales, deberán entenderse destinados a éstos. La transferencia del dominio de dichos bienes se perfeccionará mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá llevar, además, la firma del intendente de la región respectiva. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada del respectivo decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el que será suscrito, además, por el Ministro del Interior, determinados bienes se podrán destinar al patrimonio del gobierno regional.

SEXTA.- Para los efectos de la primera elección de los consejos regionales que se regulan en esta ley, la determinación a que se refiere el inciso final del artículo 29 será hecha por el respectivo director regional del Servicio Electoral dentro de los veinte días siguientes a la fecha de publicación de esta ley.

SEPTIMA.- Dentro de los treinta días siguientes a la instalación del consejo regional, el intendente deberá someter a dicho consejo el proyecto de reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 27 de esta ley.

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Acordado en sesiones de fecha 6 de mayo de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier, Pacheco, Palza, Ríos y Vodanovic; 12 de mayo de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier, Páez, Ríos y Ruiz De Giorgio; 13 de mayo de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Díaz, Fernández, Huerta, Lavandero, Letelier, Prat, Ríos y Vodanovic; 19 de mayo de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Díaz, Fernández, Huerta, Letelier, Pacheco, Prat, Ríos y Vodanovic; 20 de mayo de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Fernández, Huerta, Letelier, Pacheco y Ríos; 2 de junio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier, Pacheco (Díaz), Palza, Ríos y Vodanovic; 3 de junio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señora Soto (Presidente) y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier, Pacheco y Ríos; 4 de junio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señora Soto (Presidente) y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier y Ruiz De Giorgio; 9 de junio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier, Pacheco, Ríos, Ruiz De Giorgio y Vodanovic; 16 de junio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Diez, Fernández, Huerta, Mc Intyre, Pacheco, Ríos, Ruiz De Giorgio y Vodanovic; 7 de julio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei, y señores Diez, Fernández, Hormazábal, Huerta, Letelier, Ríos, Ruiz De Giorgio y Vodanovic; 8 de julio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señora Soto (Presidente) y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier, Ríos y Ruiz De Giorgio; 9 de julio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Diez, Fernández, Hormazábal, Huerta, Letelier, Ríos, Ruiz De Giorgio y Vodanovic; 14 de julio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier, Pacheco, Prat y Ruiz De Giorgio; 15 de julio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Diez, Fernández, Huerta, Letelier, Pacheco, Prat y Ruiz De Giorgio, y 16 de julio de 1992, con asistencia de los HH. Senadores señoras Soto (Presidente) y Frei y señores Fernández, Huerta, Letelier, Páez, Prat y Ruiz De Giorgio.

Sala de la Comisión, a 26 de julio de 1992.

MARIO TAPIA GUERRERO

Secretario

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL.

BOLETÍN N° 589-06.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la Cámara de Diputados, iniciado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, sobre Gobierno y Administración Regional.

A las sesiones en que se estudió esta iniciativa de ley asistió la H. Senadora señora Laura Soto.

Concurrieron, además, especialmente invitados, el Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa; el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, subrogante, don Sergio Galilea; el Asesor Jurídico del Ministerio del Interior, don Francisco Fernández, y el Jefe del Sector Interior de la Dirección de Presupuestos, don José Espinoza.

El proyecto de ley en cuestión ha sido previamente estudiado por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, de esta Corporación.

De conformidad a su competencia, la Comisión de Hacienda sólo se pronunció acerca de los siguientes artículos: 13, inciso segundo; 16, letra a), b) y c); 19, letra d); 20, letras c), h), e); 21, inciso segundo; 24, letras d), e) y f); 27, inciso tercero; 36, letras e), f) y g); 39; 43, inciso segundo; 63, letra c); 66, inciso primero; 67; 68, letras f) y g); 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 89, inciso primero, letras a), b) y c), y disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y quinta.

Las normas estudiadas en particular son las siguientes:

Artículo 13

Inciso segundo

Prescribe que para el ejercicio de sus funciones los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y estarán investidos de las atribuciones que les confiere esta ley.

- Fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas, teniéndose presente que este precepto emana del artículo 100 de la Constitución Política.

Artículo 16

Se refiere a las funciones generales del gobierno regional.

Letra a)

Entre estas funciones, la letra a) en estudio señala las de elaborar y aprobar políticas, planes y programas de desarrollo de la región y su proyecto de presupuesto, los cuales deberán ajustarse a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la Nación.

Esta norma fue aprobada unánimemente y sin enmiendas, habida consideración a que su inspiración se encuentra en el inciso segundo del Artículo 102 de la Constitución Política.

Letra b)

Este precepto establece que otra de las funciones generales del gobierno regional consiste en resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de acuerdo al 74 de esta ley (ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o convenio se destinen a una o más regiones), en conformidad con la normativa aplicable.

Fue aprobada esta norma en forma unánime y sin enmiendas, teniéndose presente que emana del artículo 102, inciso segundo, de la Constitución Política.

Letra c)

Otra de las funciones del gobierno regional recogida en esta letra consiste en decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contempla anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación.

Fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas, puesto que esta norma emana del inciso tercero del artículo 104 de la Carta Fundamental.

Artículo 19

Letra d)

Preceptúa esta disposición en su letra d) que en materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional distribuir entre las municipalidades de la región los cursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley.

El señor Subsecretario subrogante explicó que esta norma preceptiva es de carácter innovativo. En efecto, en la actualidad hay leyes que establecen subsidios, los cuales son entregados al intendente. De ahora en adelante, esos recursos serán entregados al gobierno regional.

Fue aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Artículo 20

Establece las atribuciones del gobierno regional.

Letra c)

Entre estas atribuciones, de acuerdo al precepto en estudio, está la da convenir con los ministerios e instituciones de la Administración Pública nacional, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad con el artículo 76 de la esta ley.

- Fue aprobada unánimemente, sin modificaciones, considerando que su soporte constitucional se encuentra en el inciso cuarto del artículo 104 de la Carta Fundamental.

Letra h)

Prescribe que el gobierno regional podrá proponer criterios para la distribución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas sociales, de acuerdo a la normativa nacional correspondiente.

-Fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas.

Letra i)

Señala que el gobierno regional podrá aplicar, dentro de los marcos que señale la ley respectiva, tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación regional y se destinen al financiamiento de obras de desarrollo regional.

- Fue aprobada por unanimidad sin enmiendas, por cuanto su base constitucional radica en el Artículo 19, N° 20 de la Carta Fundamental, que expresa que la ley podrá autorizar que los tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.

Artículo 21

Inciso segundo

Establece que los municipios deberán enviar a los gobiernos regionales para su conocimiento, sus proyectos de inversión, sus presupuestos y los de sus servicios traspasados. Asimismo, deberán enviarles, dentro de 30 días de aprobada, cualquier modificación que experimenten dichos presupuestos.

Fue aprobado unánimemente, sin modificaciones.

Artículo 24

Señala las atribuciones del intendente, en cuanto órgano ejecutivo del gobierno regional.

Letra d)

Expresa esta norma que el intendente debe someter al consejo regional el proyecto de presupuesto del gobierno regional ajustado a las orientaciones y limites que establezcan la Ley de Presupuestos de la Nación y las demás normas legales sobre administración financiera del Estado.

Fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas.

Letra e)

Según lo prescribe esta norma, el intendente deberá proponer al consejo regional la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, así como de las inversiones sectoriales de asignación regional, y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en aplicación de lo dispuesto por el artículo 19, N° 20, de la Constitución Política de la República.

Fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas.

Letra f)

Esta letra faculta al intendente para proponer al consejo regional la celebración de los convenios de programación a que se refiere el artículo 76.

Fue aprobada en forma unánime, sin modificaciones.

Artículo 27

Inciso tercero

Prescribe que el personal de los servicios administrativos del gobierno regional se regirá por el Estatuto Administrativo y demás normas propias de los funcionarios de la Administración Pública, aplicándoseles el decreto ley N° 249, de 1974, para los efectos de su régimen de remuneraciones. Agrega la norma que el personal que desempeñe los cargos correspondientes a los tres primeros niveles jerárquicos se regirá por las disposiciones de los artículos 51 de la ley N° 18.575 y 7° de la ley N° 18.834 (ambas normas se refieren a cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento).

Este inciso fue aprobado unánimemente, con enmiendas de redacción.

Artículo 36

Establece que corresponderá al consejo regional.

Letra e)

Aprobar el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, así como sus respectivas modificaciones, sobre la base de la proposición del intendente.

- A indicación del H. Senador señor Sebastián Piñera, la Comisión aprobó esta norma con una modificación que consiste en permitir al consejo regional aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, con el objeto de reforzar la idea contenida en el Artículo 25 y particularmente en la norma de su inciso segundo, relativa a la facultad de veto del intendente y a la insistencia eventual del consejo regional.

Letra f)

Esta norma señala que corresponderá al consejo regional resolver sobre la base de la proposición del intendente, la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional y de los recursos propios que el gobierno regional obtenga en la aplicación de lo dispuesto en el N° 20 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Durante la discusión de esta materia, el H. Senador señor Jaime Gazmuri manifestó su opinión en torno a la necesidad de que se establezca una vinculación entre la municipalidad y el Fondo de Solidaridad Social (FOSIS). Agregó que debe haber programas de ejecución municipal y, además, descentralización en la aprobación de los proyectos comunales.

El H. Senador señor Andrés Zaldívar, coincidiendo con esa idea, expresó que la asignación de recursos o la definición de los proyectos comunales debe ser de resorte municipal y que el control de la ejecución de esos proyectos también debe ser de responsabilidad de los municipios, por cuenta del FOSIS.

El señor Ministro Secretario General de Gobierno quedó de estudiar la materia en debate con el objeto de perfeccionar esta normativa legal en los términos antes señalados.

- La Comisión, por unanimidad, aprobó esta letra, sin enmiendas.

Letra g)

Prescribe que al consejo regional corresponderá aprobar los convenios de programación que celebre el gobierno regional.

- Fue aprobada, por unanimidad, con una enmienda propuesta por el H. Senador señor Andrés Zaldívar que consiste en sustituir el verbo "Aprobar" por la frase "Resolver acerca de".

Artículo 39

Señala que los consejeros regionales percibirán una asignación de dos unidades tributarias mensuales por cada sesión del consejo que asistan. Agrega esta disposición que lo percibido por cada consejero no podrá exceder de seis unidades tributarias mensuales por cada mes calendario, y que éstos tendrán también derecho a pasajes y viáticos para asistir a las sesiones del consejo, cuando ello les signifique trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual. El monto diario del viático será equivalente al que corresponda al intendente.

A requerimiento del H. Senador señor Jorge Lavandero, el señor Subsecretario subrogante manifestó que siendo 244 los consejeros regionales y percibiendo 6 UTM mensuales cada uno de ellos, el gasto anual estimado asciende a $ 263.5 millones. Este mayor gasto se producirá a contar del próximo año, salvo eventualmente en diciembre de 1992, mes en el cual podría alcanzar a $ 22 millones.

- Fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas.

Artículo 43

Inciso segundo

Preceptúa que el consejo regional designará a un secretario ejecutivo que será su ministro de fe y se regirá por la legislación laboral común y, en materia de remuneraciones, la que le fije el contrato respectivo no podrá exceder a la del grado 4º de la Escala Única de Remuneraciones.

- Fue aprobada unánimemente, con enmiendas de redacción.

Artículo 63

Letra c)

Señala esta norma que corresponderá a las secretarlas regionales ministeriales preparar el anteproyecto de presupuesto regional en la esfera de su competencia, en coordinación con el ministerio respectivo.

- Fue aprobada unánimemente, sin enmiendas.

Artículo 66

Prescribe en su inciso primero que para efectos de lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Política, “los gobiernos regionales podrán elaborar, de propia iniciativa, estudios que demuestren que la región se encuentra en condiciones de recibir y administrar adecuadamente funciones y recursos de aquellos servicios y organismos de la administración central o funcionalmente descentralizada cuyo traspaso se pretenda, así como, también, que dispone de la capacidad para elaborar los planes, programas y proyectos necesarios para el ejercicio de esa competencia.".

El precepto en estudio agrega en sus incisos segundo y tercero que esos antecedentes serán analizados por los ministerios y servicios públicos involucrados, los cuales informarán, en un plazo de 60 días. Dicho informe y el que emita el Ministerio del Interior serán entregados al Presidente de la República.

- La Comisión aprobó unánimemente el precepto en estudio, sustituyendo su inciso primero ; por otro más orgánico que dice que los gobiernos regionales, para efectos de lo previstos en el artículo 103 de la Constitución Política, podrán solicitar al Presidente de la República el traspaso de competencias y recursos que estén a cargo de organismos o servicios de la administración central o funcionalmente descentralizada, acompañando al efecto los estudios y antecedentes que demuestren su aptitud para asumir tales responsabilidades.

Artículo 67

Establece que el patrimonio del gobierno regional estará compuesto por:

a) Los bienes muebles o inmuebles que le transfiera el Fisco;

b) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera a cualquier título y los frutos de tales bienes;

c) Las donaciones, herencias y legados que reciba, de fuentes internas o externas, de acuerdo a la legislación vigente, los cuales estarán exentos del trámite de insinuación;

d) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

e) Los ingresos que perciba en conformidad al inciso final del número 20 del artículo 19 de la Constitución Política de la República;

f) Los recursos que le correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional;

g) Las obligaciones que contraiga en el desarrollo de sus actividades, en conformidad a la ley;

h) Los derechos y obligaciones que adquiera por su participación en las asociaciones a que se refiere el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política de la República, e

i) Los demás recursos que le correspondan en virtud de la ley.

La Comisión, después de debatir el precepto, lo aprobó unánimmeente. Asimismo, en su letra b) acordó -con los votos favorables de los HH. Senadores señores Jorge Lavandero y Andrés Zaldívar y la abstención del H. Senador señor Jaime Gazmuri-, intercalar entre la forma verbal "adquiera" y la expresión "a cualquier título", la palabra "legalmente".

Artículo 68

Se refiere al régimen de bienes de los gobiernos regionales.

Letra f)

Prescribe en lo fundamental que el dominio de los bienes inventariables, muebles o inmuebles, que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades encargadas de su administración o de la prestación del servicio correspondiente, en los términos del convenio respectivo, sean públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades.

Agrega esta norma que tratándose de inmuebles cuya transferencia se disponga a instituciones privadas sin fines de lucro, ella estará sujeta a la condición de destinar el bien a la atención del respectivo servicio de utilidad pública. En caso de no cumplirse con esta condición o disolverse la entidad, tales bienes revertirán al dominio del gobierno regional.

Fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas.

Letra g)

Señala esta norma que el gobierno regional podrá transferir el dominio de bienes inmuebles construidos o adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a empresas privadas que atiendan servicios de utilidad pública, mediante convenios directos que contemplen mecanismos de aporte reembolsable u otro sistema que implique la recuperación total o parcial de la inversión efectuada.

El H. Senador señor Andrés Zaldívar estimó muy amplia la facultad que se le da al gobierno regional para transferir a empresas privadas el dominio de sus inmuebles.

- Después de un largo debate, la Comisión aprobó -por unanimidad- esta letra g) en estudio con una modificación que tiende a precisar que los servicios de utilidad pública referidos en esta norma son solamente los de electrificación, rural, telefonía y obras sanitarias.

Además, también unánimemente, la Comisión agregó un inciso final a este artículo 68 que expresa que la suscripción de los convenios a que se refiere la letra g) de este precepto deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional.

A continuación, como artículo 68 bis la Comisión aprobó, por unanimidad, la letra a) del artículo 69 que dice que la Ley de Presupuestos asignará a cada gobierno regional los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento, por cuanto esta norma debe constituir un precepto aparte .

Artículo 69

Estatuye que el presupuesto del gobierno regional constituirá anualmente la expresión financiera de los planes y programas de la región ajustados a la política nacional de desarrollo y al Presupuesto de la Nación, y que se regirá por las normas de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Agrega que:

a) La Ley de Presupuestos asignará a cada gobierno regional los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamientos.

b) El presupuesto del gobierno regional comprenderá, además, un programa de inversión regional, en el que se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que le correspondan y los demás que tengan por objeto el desarrollo de la región.

c) El proyecto de presupuesto del gobierno regional será propuesto por el intendente al consejo regional para su aprobación.

El proyecto de presupuesto así aprobado será enviado al Ministerio de Hacienda, en conformidad con los plazos y procedimientos que éste establezca de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, sin perjuicio del ulterior ejercicio por el consejo regional de la atribución a que se refiere la letra f) del artículo 36.

- Vuestra Comisión, después de un exhaustivo debate, aprobó por unanimidad el precepto en estudio pero reordenándolo en los siguientes términos:

1) Su letra a) -como ya se dijo- pasó a ser artículo 68 bis, por la razón ya indicada.

2) A continuación, el inciso primero de este artículo 69 en estudio, se modificó de tal manera que quedó establecido que el presupuesto del gobierno regional se regirá por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y considerará los siguientes programas presupuestarios: a) un programa de gastos de funcionamiento y b) un programa de inversión regional.

Su letra c) primitiva se convirtió en inciso final de este mismo artículo 69.

Artículo 70

Prescribe que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un programa de inversiones públicas destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región. Este Fondo se constituirá por una proporción del total de gastos de inversión pública que establezca anualmente la Ley de Presupuestos. La distribución del mismo se efectuará entre las regiones, asignándoles cuotas regionales.

Su inciso segundo agrega que la de Ley de Presupuestos de cada año podrá precisar los rubros de gastos que, para estos efectos, no se entenderán comprendidos en los ámbitos de infraestructura social y económica de la región.

- Fue aprobado sin enmiendas, en forma unánime.

Artículo 71

Señala que los proyectos de inversión y los estudios y programas deberán contar con informe favorable del organismo de planificación nacional o regional, en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnico económica que analice su rentabilidad. En el caso de ser éstos financiados con créditos externos, deberán cumplir los requerimientos derivados de los respectivos contratos de préstamo, conforme a las instrucciones emanadas del organismo ejecutor correspondiente.

Artículo 72

- Este precepto fue -aprobado unánimemente y sin enmiendas.

Preceptúa en su inciso primero que la distribución del noventa por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre regiones expresará anualmente en la Ley de Presupuestos y efectuará teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas y territoriales de cada región en relación con el contexto nacional.

El inciso segundo expresa que para estos efectos, se considerarán, con igual ponderación, la variables siguientes:

a) Nivel socioeconómico de la región, medido en términos de indicadores que considerarán, a lo menos, la tasa de mortalidad infantil, el porcentaje de población en condiciones de pobreza, la tasa de desempleo, el producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental, y

b) La condición territorial particular de cada región, medida a través de indicaciones que consideran, alo menos, la dispersión poblacional, la ruralidad de los centros de población, el deterioro ecológico, los diferenciales en el costo de obras de pavimentación y construcción y su distancia respecto a la Región Metropolitana, tomando además en cuenta la no renovabilidad de los recursos naturales que constituyan la base económica de la región.

Su inciso final señala que para el cálculo de las variables ya señaladas, se utilizarán, como fuentes de información, sólo cifras oficiales emanadas de los Ministerios, del Instituto Nacional de Estadísticas o, en su caso, de organismos internacionales reconocidos por el Estado de Chile.

El H. Senador señor Sebastián Piñera, refiriéndose a la letra a) de este precepto en estudio, hizo presente que los indicadores ahí contemplados deberían ser más amplios. Agregó que éstos no producen igualdad de oportunidades entre las regiones. Así por ejemplo, el hecho de que esta norma se refiera a porcentaje de población en condiciones de pobreza y no a la pobreza en términos absolutos hace que esta ley no ataque este problema donde realmente existe. En efecto, no es lo mismo 50% de pobres en la región Metropolitana que ese porcentaje en una zona donde la población es muy escasa.

El señor Subsecretario subrogante precisó que éste es un Fondo de compensación territorial y que los recursos existentes para estos efectos se distribuirán de acuerdo a lo prescrito en el artículo 104 de la Constitución Política que expresa que en la distribución de ellos deberá ser equitativa según las necesidades de las regiones, de acuerdo a criterios de equidad y eficiencia.

Después de un largo debate, vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó este Artículo con enmiendas, a saber:

1) En el encabezamiento de su inciso segundo, a indicación del H. Senador señor Jaime Gazmuri, se precisó que las variables a que se refiere este precepto son dos.

2) Se modificó su letra a), en los términos del debate antes referido, simplificando su redacción en los siguientes términos:

"a) Nivel socioeconómico de la región, medido en término de indicadores de mortalidad infantil, población en condiciones de pobreza, desempleo, producto per cápita regional y otros relativos a la calidad de vida en salud, educación y saneamiento ambiental,”, y

3) En su letra b), donde dice la condición territorial particular de cada región, se sustituyó el término "territorial" por la palabra “geográfica", que se estimó más adecuada. Asimismo se suprimió la frase "y su distancia respecto a la Región Metropolitana".

Artículo 73

Manifiesta que la distribución del diez por ciento restante del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se efectuará, en el transcurso del año presupuestario, de la siguiente manera:

a) Un cinco por ciento como estímulo a la eficiencia, considerando, al menos, el porcentaje de desembolsos efectivos en relación con el marco presupuestario del año anterior y con el monto de la cartera de proyectos de inversión elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El Ministerio del Interior, mediante resolución fundada, establecerá dicha distribución el primer trimestre de cada año, y

b) Un cinco por ciento para gastos de emergencia, los que serán calificados por el Ministerio del Interior a solicitud de los gobiernos regionales. La parte no utilizada de este último porcentaje se distribuirá, de acuerdo con la modalidad establecida en el artículo 72, en el ejercicio presupuestario siguiente:

- Fue aprobado con la abstención H. Senador señor Jorge Lavandero, sin enmiendas.

Artículo 74

Preceptúa que los ingresos propios que genere el gobierno regional y los recursos que por ley o por convenio se destinen a una o más regiones, . no se distribuirán entre éstas conforme a los criterios enunciados en el Artículo 72, pero podrán sumarse a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo que corresponda a la respectiva región, para todos los efectos de esta ley.

Fue aprobado unánimemente sin modificaciones.

Artículo 75

Expresa que la Ley de Presupuestaria incluirá uno o más ítem de gastos correspondientes a la inversión sectorial de a asignación regional que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política.

Su inciso "segundo agrega que se entenderá por inversión sectorial de asignación regional toda aquella que corresponda a estudios preinversionales, programas y proyectos de inversión que, siendo de responsabilidad de un ministerio o de sus servicios centralizados o descentralizados, se deban materializar en una región específica y cuyos efectos económicos directos se concentren principalmente en ella. Corresponderá al gobierno respectivo resolver la distribución de dichos recursos entre proyectos específicos que cumplan los criterios de elegibilidad que establezca el ministerio respectivo.

El inciso tercero señala que los programas, estudios preinversionales o proyectos correspondientes a inversión sectorial de asignación regional, podrán incluir financiamiento conjunto del gobierno regional y del órgano o servicio público correspondiente.

Su inciso cuarto añade que, asimismo, dichos estudios, programas y proyectos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N º 1.263, de 1975. Cuando éstos correspondan a programas financiados con créditos externos, deberán sujetarse, además, a las condiciones de elegibilidad contenidas en los respectivos convenios de crédito.

Su inciso final prescribe que a proposición de los gobiernos regionales, se podrán traspasar recursos entre programas de inversión sectorial de asignación regional y entre éstos y proyectos correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por hasta el 5% del presupuesto asignado a los primeros.

- Este precepto fue aprobado por unanimidad, sin enmiendas.

Artículo 76

Estatuye que los convenios de programación a que se refiere el inciso cuarto del artículo 104 de la Constitución Política, son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales y uno o más ministerios, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ello concuerdan en realizar dentro de un plazo determinado. Estos convenios deberán especificar el o los proyectos sobre los cuales se apliquen, las responsabilidades y obligaciones de las partes, las metas por cumplir, los procedimientos de evaluación y las normas de revocabilidad. Los convenios de programación deberán incluir, cuando corresponda, cláusulas que permitan reasignar recursos entre proyectos.

Su inciso segundo añade que los convenios a que se refiere este Artículo deberán ser sancionados mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula establecida en el Artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, a través de alguno de los ministerios que los suscriban, el que deberá ser firmado, además, por los -Ministros del Interior, de Hacienda y de Planificación y Cooperación. Los proyectos que se incluyan en dichos convenios deberán cumplir con los establecido en el artículo 19 bis del Decreto ley Nº 1.263, de 1975.

Esta norma fue aprobada unánimemente, sin modificaciones.

Artículo 89

Se refiere a la estructura administrativa con que contará el intendente para el cumplimento de las funciones que esta ley le asigna.

Letra b)

Crea una división de administración y finanzas, encargada de la gestión administrativa y financiera, de la formulación y ejecución- del presupuesto y de la provisión de los servicios generales del gobierno regional.

Fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas.

Letra c)

Establece una división de gestión control, que colaborará en la elaboración del proyecto de presupuesto en lo relativo a la inversión del gobierno regional y en su seguimiento y control.

- Vuestra Comisión aprobó unánimemente esta norma, con una enmienda que consiste en reordenar el concepto de división de gestión y control", redactándolo de la siguiente manera: "división de análisis y control de gestión".

Disposiciones transitorias.

Primera:

Preceptúa que los recursos que se asignen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementarán, respecto del presupuesto del año anterior, en los Presupuestos de 1993 y 1994, en una tasa no inferior al 25 por ciento por sobre el crecimiento promedio del presupuesto de la inversión pública nacional en cada uno de esos años, excluida la inversión sectorial de asignación regional.

- Fue aprobada unánimemente, sin enmiendas.

Segunda:

Expresa que en, los presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional incluirá, a lo menos, los Ítem de pavimentación urbana, conservación y mejoramiento de caminos secundarios y mejoramiento urbano.

Su inciso segundo señala que en los presupuestos de los años 1993 y 1994, la inversión sectorial de asignación regional crecerá, a los menos, en una tasa del 25 por ciento más alta que la de crecimiento del resto de la inversión pública en los mismos períodos, excluido el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Esta norma fue aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Tercera:

Prescribe que la Ley de estos de 1993 incluirá el primer presupuesto los gobiernos regionales.

- Fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas.

Quinta:

Señala que los bienes inventaríales, muebles e inmuebles, adquiridos o construidos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, antes de la entrada en vigencia de esta ley, cuyo dominio no haya sido transferido por aplicación del Artículo 16 de la ley N° 18.267, y siempre que estén actualmente destinados a los fines para los que se construyeron, deberán entenderse transferidos a las entidades públicas que no sean fiscales a las cuales estén asignados. Los referidos bienes, que actualmente estén utilizando los servicios fiscales, deberán entenderse destinados a éstos. La transferencia del dominio de dichos bienes se perfeccionará mediante decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá llevar, además la firma del intendente de la región respectiva. Las inscripciones y anotaciones que procedan se efectuarán con el solo mérito de la copia autorizada del respectivo decreto.

Su inciso segundo agrega que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante decreto fundado, expedido a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el que será suscrito, además, por el Ministro del Interior, determinados bienes se podrán destinar al patrimonio del gobierno regional.

- Fue aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

A continuación, el H. Senador señor Jaime Gazmuri solicitó dejar constancia de la necesidad de aprobar un artículo transitorio que establezca el patrimonio inicial de los gobiernos regionales.

FINANCIAMIENTO

Según antecedentes emanados de la Dirección de Presupuestos, en materia de financiamiento es posible hacer las siguientes consideraciones:

1.- El mayor gasto de cargo fiscal que emana de este proyecto de ley tiene las fuentes de origen que se indican:

a) Las dietas asignadas a los miembros del Consejo Regional, establecidas en el artículo 39, y

b) El incremento de los recursos que se asignen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y a la inversión sectorial de asignación regional, de acuerdo a las disposiciones primera y segunda transitorias, respectivamente.

2.- En relación a las dietas de los miembros del Consejo Regional, puede estimarse que el máximo gasto anual por este concepto alcanzaría a 263.5 millones de pesos anuales. Estos recursos serán absorbidos por el actual presupuesto de los CODERE, por lo que no involucrará un gasto adicional para el Estado.

3.- En relación a los incrementos de recursos establecidos para el FNDR y la inversión Sectorial de asignación regional, no es posible determinar aquí su costo, por cuanto estos incrementos se encuentran vinculados a los aumentos que experimente el presupuesto de inversión en la leyes de presupuesto de 1993 y 1994, los cuales no han sido aún formulados.

El H. Senador Zaldívar, don Andrés estuvo de acuerdo con lo expresado por el H. Senador señor Gazmuri, sugiriendo al señor Ministro que el Gobierno envié la indicación correspondiente.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de ley en informe despachado por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, de esta Corporación, con las siguientes enmiendas:

Artículo 27

Inciso tercero

Reemplazar la frase "El que desempeñe" por "Los funcionarios que desempeñen", y la forma verbal "regirá" por esta otra: "regirán".

Artículo 36

letra e)

Intercalar entre el verbo “Aprobar” y la expresión “el plan”, la frase “modificar o sustituir", antecedida por una coma (,).

Suprimir la frase intercalada “así como sus respectivas modificaciones" y la coma (,) que la sigue.

letra g

Reemplazar la forma verbal "Aprobar" por la expresión "Resolver acerca de".

Artículo 43

Inciso segundo

Sustituir la frase "Esta remuneración comprenderá" por la voz "incluida", reemplazando el punto ( . ) que la antecede por una (,).

Intercalar después de la expresión "de 1974", reemplazando el punto (.) que la sigue por una coma (,), la frase "cuando procediere. " .

Artículo 66

Inciso primero

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 66.- Los gobiernos regionales, para efectos de lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Política de la República, podrán solicitar al Presidente de la República el traspaso de competencias y recursos que estén a cargo de organismos o servicios de la administración central o funcionalmente descentralizada, acompañando al efecto los estudios y antecedentes que demuestren su aptitud para asumir tales responsabilidades.".

Artículo 67

letra b)

Intercalar entre la forma verbal "adquiera" y la expresión "a cualquier título", el vocablo "legalmente".

Artículo 68

letra g)

Reemplazar la expresión "utilidad pública”, por la frase: “electrificación rural, telefonía rural y obras sanitarias”.

En seguida, intercalar como inciso final de este Artículo, el siguiente:

"La suscripción de los convenios a que se refiere la letra g) del presente Artículo deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del consejo regional.".

A continuación intercalar como Artículo 68 bis, el texto de la letra a) del Artículo 69, sin enmiendas, que es del siguiente tenor:

La Ley de Presupuestos asignará a cada gobierno regional los recursos necesarios para solventar sus gastos de funcionamiento”.

Artículo 69

En su encabezamiento, sustituir la frase “por las siguientes disposiciones" por esta otra “considerará los siguientes programas presupuestarios”.

letra a)

Como ya se dijo, pasó a ser artículo 68 bis, sin modificaciones en su texto.

Luego, intercalar como letra a), nueva, la siguiente:

letra b)

"a) Un programa de gastos de funcionamiento del gobierno regional, y".

Suprimir la frase inicial que reza “El presupuesto del gobierno regional comprenderás, además, “, colocando con mayúscula la letra inicial del Artículo indefinido "un" que sigue a la frase suprimida.

letra c)

Suprimir el literal c), pasando texto a ser inciso segundo de este Artículo 69, sin enmiendas.

Artículo 72

Inciso segundo

En su encabezamiento, intercalar entre el Artículo "las" y la palabra "variables", el vocablo "dos".

Letra a)

Reemplazar la frase "medido en términos de indicadores que considerarán, a lo menos, la tasa" por la palabra "indicadores", y suprimir las expresiones "el porcentaje de" y "la tasa de" (esta última que antecede a “desempleo”) y el artículo “el” que precede al sustantivo “producto”.

Sustituir el término territorial" por la palabra "geográfica", y suprimir la frase “y su distancia respecto a la Región Metropolitana.

Artículo 89

Letra c)

Intercalar entre los vocablos “de" y "gestión", la frase "análisis y control de", y suprimir la expresión "y control".

En consecuencia, el texto despachado por vuestra Comisión de Hacienda es del tenor siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"TITULO PRIMERO

DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN CAPITULO I, DEL INTENDENTE

Artículo 1º.- El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien será el representante natural e inmediato del presidente de la República en el territorio de su jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendré en sus funciones mientras cuente con su confianza.

El intendente será subrogado por el gobernador de la provincia asiento de la capital regional y, a falta de éste, por el funcionario de más alto grado del respectivo escalafón. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para designar un suplente, sin sujeción al requisito de tiempo establecido por el inciso tercero del artículo 4º de la ley Nº 18.834.

Artículo 2º.- Corresponderá al intendente, en su calidad de representante del Presidente de la República en la región:

a) Dirigir las tareas de gobierno interior en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le imparta presidente de la República directamente o a través del Ministerio del Interior;

b) Velar por que en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las personas y bienes;

c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

d) Mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las funciones del gobierno interior en la región, como asimismo sobre el desempeño de los gobernadores y demás jefes regionales de los públicos que funcionen en ella;

e) Conocer y resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las resoluciones adoptadas por los gobernadores en materias de su competencias;

f) Aplicar administrativamente las disposiciones de la Ley de Extranjería, pudiendo disponer la expulsión de los extranjeros del territorio nacional, en los casos y con arreglo a las formas previstas en ella;

g) Efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia, conforme a las disposiciones legales pertinentes;

h) Representar extrajudicialmente al Estado en la región para la realización de los actos y la celebración de los contratos que queden comprendidos en la esfera de su competencia;

i) Ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región;

j) Proponer al Presidente de la República una terna para la designación de los secretarios regionales ministeriales;

k) Proponer al Presidente de la República, en forma reservada, con información al ministro del ramo, la remoción de los secretarios regionales ministeriales. En la misma forma, podrá proponer al ministro respectivo o jefe superior del servicio, en su caso, la remoción de los jefes regionales de los organismos públicos que funcionen en la región.

Asimismo, el ministro del ramo o el jefe superior del servicio correspondiente informará al intendente antes de proponer al Presidente de la República la remoción de dichos funcionarios;

l) Hacer presente a la autoridad Administrativa competente del nivel central, con la debida oportunidad, las necesidades de la región;

m) Adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de los complejos fronterizos establecidos o que se establezcan en la región, en coordinación con los servicios nacionales respectivos;

n) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

ñ) Otorgar personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones, ejerciendo al efecto las facultades que señalan los artículos 546, 548, 561 y 562 del Código Civil;

o) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, y

p) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes y las atribuciones que el Presidente de la República le delegue.

CAPITULO II, DEL GOBERNADOR

Artículo 3º.- En cada provincia existirá una gobernación, que será un órgano territorialmente desconcentrado del intendente. Estará a cargo de un gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponderá al gobernador ejercer, de acuerdo con las instrucciones del intendente, la supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, existentes en la provincia.

La subrogación del gobernador se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la ley N º18.834, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para designar un suplente, sin sujeción al requisito de tiempo establecido por el inciso tercero del artículo 4º de la ley Nº 18.834.

Artículo 4º.- El gobernador ejercerá las atribuciones que menciona este Artículo informando al intendente de las acciones que ejecute en el ejercicio de ellas y ajustándose a las instrucciones que esta misma autoridad le imparta.

El gobernador tendrá todas las atribuciones que el intendente le delegue y, además, las siguientes que esta ley le confiere directamente:

a) Ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente las destinadas a mantener en la provincia el orden público y la seguridad de sus habitantes y bienes;

b) Aplicar en la provincia las disposiciones legales sobre extranjería;

c) Autorizar reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, en conformidad con las normas vigentes.

Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a Carabineros de Chile;

d) Requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley;

e) Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe;

f) Disponer o autorizar el izamiento del pabellón patrio en el territorio de su jurisdicción y permitir el uso de pabellones extranjeros, en los casos que autorice la ley;

g) Autorizar la circulación de los vehículos de los servicios públicos creados por ley fuera d e los días y horas de trabajo, para el cumplimiento de la función administrativa, así como la excepción de uso de disco fiscal, en conformidad con las normas vigentes;

h) Ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el gobernador velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda;

i) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones propias o delegadas, y

j) Cumplir las demás funciones y ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le asignen.

Artículo 5º.- Con autorización del intendente, el gobernador podrá designar delegados con atribuciones especificadas para una o más localidades, cuando presenten condiciones de aislamiento o cuando circunstancias calificadas lo hagan necesario, pudiendo poner término a en cualquier momento.

El delegado deberá ser ciudadano con derecho a sufragio y reunir los demás requisitos generales exigidos para el ingreso en la Administración Pública. En el acto de la delegación, el Gobernador determinará las facultades especificas que le delegue, el plazo de su desempeño y el ámbito territorial en que ejercerá competencia.

Si la designación como delegado recayere en algún funcionario público, éste ejercerá su cometido en comisión de servicio, sin limitación de tiempo; si se tratare de una persona ajena a la Administración del Estado, se desempeñará ad honorem. El delegado, cualquiera que sea la calidad de su designación, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que están afectos los funcionarios públicos, y no formará parte de la dotación de personal del gobierno regional respectivo.

Un extracto de la resolución mediante la cual se designe al delegado se publicará Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación en la provincia.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMUNES A INTENDENTES Y GOBERNADORES

Artículo 6º.- Para ser designado intendente o gobernador, se requerirá:

a) Ser ciudadano con derecho a sufragio;

b) Tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública;

c) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos;

d) No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada, y

e) Residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.

Artículo 7º.- los cargos de intendente, gobernador, concejal y consejero municipal, miembro del consejo económico y social provincial y consejero regional, serán incompatibles entre sí.

Artículo 8º.- Los intendentes y gobernadores cesarán en sus cargos por las siguientes causales:

a) Pérdida de cualquiera de los requisitos habilitantes establecidos para su desempeño;

b) Aceptación de un cargo incompatible;

c) Inscripción como candidato a un cargo de elección popular;

d) Aceptación de renuncia;

e) Remoción dispuesta por el Presidente de la República, y

f) Destitución por acuerdo del Senado, conforme a lo dispuesto en el artículo 49, N9 i), de la Constitución Política de la República.

Artículo 9º.- Los intendentes y gobernadores funcionarán en la capital regional o provincial, según corresponda, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones, transitoriamente, en otras localidades de sus territorios jurisdiccionales.

Artículo 10.- Los intendentes y gobernadores podrán solicitar de los jefes de los organismos de la administración del Estado sujetos a su fiscalización o supervigilancia, los informes, antecedentes o datos que requieran para dichos fines, debiendo éstos proporcionarlos oportunamente.

Artículo 11.- Los intendentes y gobernadores deberán poner en conocimiento de la Contraloría General de la República y del tribunal competente aquellos casos en que, con fundamento plausible, pueda originarse responsabilidad administrativa, civil o penal en contra de algún funcionario de las instituciones sujetas a su fiscalización o supervigilancia.

Artículo 12.- El Servicio de Gobierno Interior apoyará el ejercicio de las funciones y atribuciones que el presente Título confiere a intendentes y gobernadores.

TITULO SEGUNDO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA REGIÓN

CAPITULO I

NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 13.- La administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.

Para el ejercicio de sus funciones los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y estarán investidos de las atribuciones que esta ley les confiere.

Artículo 14.- En la administración interna de las regiones los gobiernos regionales deberán observar como principio básico el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios tanto en aspectos de desarrollo económico, como social y cultural.

A su vez, en el ejercicio de sus funciones deberán inspirarse en principios de equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos y en la prestación de servicios; en la efectiva participación de la comunidad regional y en la preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Artículo 15.- Los gobiernos regionales funcionarán en la ciudad capital de la respectiva región, sin perjuicio de que puedan ejercer sus funciones transitoriamente en otras localidades.

CAPITULO II

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

Artículo 16.- Serán funciones generales del gobierno regional:

a) Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la como su proyecto de presupuesto, los que

b) Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo adicional y de aquéllos que procedan de acuerdo al artículo 74 de esta ley, en conformidad con la normativa aplicable;

c) Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemple anualmente la ley de Presupuestos de la Nación;

d) Dictar normas de carácter general para regular los asuntos de su competencia cuando para ello lo faculte la ley de la materia, las que estarán sujetas al trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y publicarán en el Diario Oficial;

e) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus planes programas de desarrollo;

f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes;

g) Satisfacer en forma regular y continua necesidades colectivas en aquellos sectores de la actividad del Estado cuyos órganos o funciones le sean traspasados en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 66 de esta ley, y

h) Mantener relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos, a fin de armonizar el ejercicio de sus respectivas funciones.

Artículo 17.- Serán funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento territorial.

a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes;

b) Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región;

c) Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la región, estableciendo normas y adoptando medidas adecuadas a la problemática regional, con sujeción a las normas legales y a los decretos supremos reglamentarios sobre la materia.

d) Fomentar y velar por el buen funcionamiento de la prestación de los servicios en materia de transporte intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la región, aplicando las normas de los convenios internacionales respectivos, y coordinar con otros gobiernos regionales el transporte interregional, aplicando para ello las políticas nacionales en la materia, y

e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura económica y social.

Artículo 18.- En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:

a) Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral, desde el punto de vista de cada región; desarrollar y aplicar las políticas nacionales así definidas en el Ámbito regional;

b) Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda. Par tal efecto, podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con sujeción, en su caso, a lo dispuesto en el número 21º del artículo 19 de la constitución Política de la República;

c) Promover la investigación científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de la educación superior y técnica en la región, y

d) Fomentar el turismo en los niveles regional y provincial, con arreglo a las políticas nacionales.

Artículo 19.- En materia de desarrollo social y cultural, corresponderá al gobierno regional:

a) Establecer prioridades regionales para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas nacionales sobre la materia;

b) Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva en lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y asistencia judicial;

c) Determinar la pertinencia de los proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del consejo regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social que se efectúen en conformidad a la normativa aplicable;

d) Distribuir entre las municipalidades de la región los recursos para el financiamiento de beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les otorgue la ley;

e) Realizar estudios relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de la región, y

f) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, y velar por la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus funciones, el gobierno regional tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias regionales que le encomienden las leyes y las de su organización interna;

b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley;

c) Convenir, con los ministerios e instituciones de la Administración Pública nacional programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de conformidad con el artículo 76;