MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR COMO DELITO LA ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA, Y AGRAVA LAS PENAS APLICABLES, EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INDICA

BOLETÍN N° 13090-25

FUNDAMENTOS

Y ANTECEDENTES

1. Es necesario abordar los crecientes fenómenos de violencia pública, desmanes, alteración del orden público y destrucción de la propiedad tanto pública, como privada.

Es ineludible constatar que, desde hace un tiempo y en todo el mundo, se han hecho recurrentes las manifestaciones sociales cruzadas por hechos de violencia, desmanes, grave alteración del orden público y destrucción de la propiedad.

No siendo objeto analizar aquí la causa de este fenómeno social, es relevante hacerse cargo de las herramientas que permiten responder ante hechos como los que se señalan, destacando el valor del orden y de la realidad que nos demuestra que socavarlo o perderlo termina siempre por afectar a los más débiles y desprotegidos.

En Chile, hemos asistido a maneras de protestar y de representar intereses desde la ciudadanía que, casi de manera inevitable, conllevan siempre esta clase de hechos, ya que albergan a grupos organizados que prefieren la violencia y la utilizan, así como dan pie a personas que, aun sin coordinación alguna, sostienen también estas conductas. Este fenómeno no es sólo local, sino que lo hemos podido ver también en otras latitudes como las protestas por el medioambiente en Europa, la reciente revuelta social “de los chalecos amarillos” en Francia o las protestas por diferencias étnico-culturales en China y Hong-Kong.

Si es este un fenómeno que parece será persistente, abordar su aspecto de seguridad ciudadana, abogando por fortalecer la paz social y castigar efectiva y severamente a quienes prefieren delinquir por sobre manifestarse en respeto de los demás, contribuye exactamente en robustecer la democracia, proteger a los más débiles y justamente a quienes desean que su voz se escuche de manera no violenta.

2. La actual herramienta jurídica contenida en el artículo 269 del Código Penal es insuficiente y se encuentra desactualizada para permitir una efectiva persecución penal de los desmanes y desórdenes públicos.

La reacción penal ante hechos como a los que se ha aludido, trae aparejada diversas dificultades que entorpecen la aprehensión policial, la investigación y el esclarecimiento de los hechos, así como la persecución de la responsabilidad penal que entrañan, produciéndose como consecuencia final la impunidad para los malhechores y una generalizada sensación de temor y desamparo en la población.

Efectivamente, el actual artículo 269 del Código Penal presenta, como todo el cuerpo legal que lo contiene, una notoria desactualización en relación con los hechos que busca sustentar. El tipo penal plantea complejos requisitos para poder imputar responsabilidad criminal a una persona a título de desórdenes públicos.

En primer lugar, se requiere que los desmanes “turben gravemente la tranquilidad pública” y, además, que vayan encaminados a “provocar injuria a una persona particular” o lograr “cualquier otro fin reprobado” [1]

De la interpretación del tipo penal y de su contraste con la constatación empírica de los hechos que pretende abarcar, se extrae lo complejo de calificar como perturbación grave de la tranquilidad actos como los desmanes, la destrucción del mobiliario público y hasta eventualmente los saqueos, puesto que estos hechos, mirados en sí mismos, sólo afectan a un punto público o bien privado en específico. Al mismo tiempo, la complejidad, las grandes dimensiones y la interconexión de las urbes modernas, tienden a diluir la posibilidad de que un foco de violencia determinado termine por afectar de manera grave la tranquilidad común. Asimismo, el requisito de que el delito busque causar injuria a una persona determinada u otro fin reprobado, desconocen el real desvalor de la conducta, que es afectar la paz social en general. Claro está, resulta en gran medida contraproducente haberse establecido en este delito una sanción para actos que generalmente son masivos o concertados, pero que exigen una afectación particular específica, máxime si esta última pudiese subsumirse en un tipo penal distinto según la gravedad del ataque que haya sufrido dicho particular: lesiones, daños, robos u otra clase de ilícitos. En la gran generalidad de los casos, por lo demás, los hechos vulneran la propiedad y no necesariamente la integridad de personas en específico.

Por su parte, el que la conducta persiga “cualquier otro fin reprobado” coloca en la situación y en la necesidad de probar la idoneidad de la conducta para concretar un fin ilícito, lo que configura una descripción penal “en blanco” (que debe complementarse con otras normas que califiquen el fin como ilegal) y cuya utilización punitiva puede resultar cuestionable.

Estas complejidades de la norma penal sobre desórdenes públicos, produce consecuencias prácticas no deseadas y que no van en sintonía con el fin que se señaló en el punto anterior: fortalecer la democracia y la seguridad en un contexto que posibilite la expresión y canalización de las demandas ciudadanas, ya que dificulta la labor del órgano encargado de la persecución penal (el Ministerio Público) y tiende a evitar el desgaste policial en aprehender a los delincuentes en aquellos contextos en donde la situación de turba y grave desorden exige grandes esfuerzos al accionar policial. Evidentemente, si la norma que sanciona estos hechos es casi inaplicable, de nada sirve el trabajo policial y persecutor, tanto preventivo, como represivo ante los mismos.

Finalmente, la pena que el Código Penal asocia a estos hechos (reclusión menor en su grado mínimo, esto es, de 61 a 540 días) no se encuentra en proporción y en relación con la gravedad de los ilícitos de desmanes, desórdenes y/o destrucción, ya que estos, en último término, afectan bienes comunes circunscritos a la seguridad ciudadana, de manera mucho más gravosa que los daños particulares que se puedan ocasionar.

3. Contenido de la propuesta: actualizar la tipificación del delito de desórdenes públicos, aumentando la penalidad de tal conducta.

Se propone actualizar la redacción del tipo penal de desórdenes públicos, acentuando o relevando la verificación actual de esta clase de hechos. Se plantea una pena de presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años) y que la misma se aplique sin perjuicio del cúmulo de otras que también fueren aplicables.

Asimismo, se propone crear figuras especialmente calificadas de este hecho, asociadas a una pena superior de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, las que están caracterizadas por los actos de violencia o daños que engloban, tal como se describen en el nuevo tipo penal.

Para lo anterior, en una perspectiva de derecho comparado, se toma como ejemplo la legislación penal española y la evolución que respecto del mismo tema ha presentado.

IDEA MATRIZ

El presente proyecto modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de desórdenes públicos agravados.

NORMATIVA LEGAL VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

Código Penal

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Efectúense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1. Reemplácese el actual artículo 269 del Código Penal, por uno nuevo, del siguiente tenor:

“Quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo”.

2. Agréguese un nuevo artículo 269 bis al Código Penal, incluido en el Párrafo I ter y anterior al Párrafo II del Título VI, pasando el actual artículo 269 bis a ser el nuevo artículo 269 ter y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada.

2. Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

3. Cuando se llevaren a cabo actos de saqueo, ya sea previamente concertados o espontáneos y aun, en este último caso, valiéndose de la oportunidad que el tumulto o masa posibilita para actuar.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pidieran corresponder a los actos concretos de violencia, amenazas o robo que se hubieran llevado a cabo.”

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GONZALO FUENZALIDA FIGUEROA

DIPUTADO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR COMO DELITO LA ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA, Y AGRAVA LAS PENAS APLICABLES, EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INDICA.

BOLETÍN N° 13.090-25

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los diputados señores Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Fuenzalida, Gabriel Silber y Matias Walker y la diputada señora Marcela Sabat, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas, señoras y señores: el subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia, Juan Francisco Galli; el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, abogado Pablo Celedón; El Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott Charme, junto al Director de la Unidad Especializada en Delitos Violentos, Rolando Melo, y en representación del Defensor Nacional, el Defensor Regional Metropolitano Norte, Carlos Mora Jano, junto al asesor legislativo, Francisco Geisse, y el abogado del Departamento de Estudios, Eduardo Camus

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1.- IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

Las ideas centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo:

Modificar el Código Penal; con el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables, en determinadas circunstancias.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

No hay normas con ese carácter.

3.- NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.

No hay disposiciones que requieran ese trámite.

4.- EL PROYECTO FUE APROBADO EN GENERAL POR MAYORÍA DE VOTOS.

Votaron a favor las y los diputados señores Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto (Presidente), Camila Flores (en reemplazo del diputado don Mario Desbordes), Gonzalo Fuenzalida, Marcela Hernando (en reemplazo del diputado don Fernando Meza), Cristhián Moreira, Andrea Parra, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. Se abstuvieron las diputadas señoras Maite Orsini, Camila Vallejo y Gael Yoemans.

5.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

ARTÍCULOS RECHAZADOS:

ARTÍCULO ÚNICO DEL PROYECTO

“ARTÍCULO ÚNICO: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Reemplázase el artículo 269 por el siguiente:

“Artículo 269. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo".

2. Intercalase el siguiente artículo 269 bis nuevo, incluido en el Párrafo I ter y anterior al Párrafo II del Título VI, pasando el actual artículo 269 bis a ser artículo 269 ter y así sucesivamente:

“Artículo 269 bis. "Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada.

2. Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

3. Cuando se llevaren a cabo actos de saqueo, ya sea previamente concertados o espontáneos y aun, en este último caso, valiéndose de la oportunidad que el tumulto o masa posibilita para actuar.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pidieran corresponder a los actos concretos de violencia, amenazas o robo que se hubieran llevado a cabo.".

***

INDICACIONES RECHAZADAS:

No hubo.

INDICACIONES INADMISIBLES:

No hubo.

6.- SE DESIGNA DIPUTADO INFORMANTE A DON GONZALO FUENZALIDA FIGUEROA.

***

II.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

A modo de antecedentes los autores de esta iniciativa sostienen en primer lugar que es necesario abordar los crecientes fenómenos de violencia pública, desmanes, alteración del orden público y destrucción de la propiedad tanto pública, como privada.

Es ineludible constatar que, desde hace un tiempo y en todo el mundo, se han hecho recurrentes las manifestaciones sociales cruzadas por hechos de violencia, desmanes, grave alteración del orden público y destrucción de la propiedad.

Expresan que no siendo objeto analizar aquí la causa de este fenómeno social, es relevante hacerse cargo de las herramientas que permiten responder ante hechos como los que se señalan, destacando el valor del orden y de la realidad que nos demuestra que socavarlo o perderlo termina siempre por afectar a los más débiles y desprotegidos.

En Chile, añaden, que se ha asistido a maneras de protestar y de representar intereses desde la ciudadanía que, casi de manera inevitable, conllevan siempre esta clase de hechos, ya que albergan a grupos organizados que prefieren la violencia y la utilizan, así como dan pie a personas que, aun sin coordinación alguna, sostienen también estas conductas. Este fenómeno no es solo local, sino que se ha podido ver también en otras latitudes como las protestas por el medioambiente en Europa, la reciente revuelta social "de los chalecos amarillos" en Francia o las protestas por diferencias étnico-culturales en China y Hong-Kong.

Si es este un fenómeno que parece será persistente, abordar su aspecto de seguridad ciudadana, abogando por fortalecer la paz social y castigar efectiva y severamente a quienes prefieren delinquir por sobre manifestarse en respeto de los demás, contribuye exactamente en robustecer la democracia, proteger a los más débiles y justamente a quienes desean que su voz se escuche de manera no violenta.

Luego expresan que la actual herramienta jurídica contenida en el artículo 269 del Código Penal es insuficiente y se encuentra desactualizada para permitir una efectiva persecución penal de los desmanes y desórdenes públicos.

La reacción penal ante hechos como a los que se ha aludido, trae aparejada diversas dificultades que entorpecen la aprehensión policial, la investigación y el esclarecimiento de los hechos, así como la persecución de la responsabilidad penal que entrañan, produciéndose como consecuencia final la impunidad para los malhechores y una generalizada sensación de temor y desamparo en la población.

Efectivamente, argumentan que el actual artículo 269 del Código Penal presenta, como todo el cuerpo legal que lo contiene, una notoria desactualización en relación con los hechos que busca sustentar. El tipo penal plantea complejos requisitos para poder imputar responsabilidad criminal a una persona a título de desórdenes públicos.

En primer lugar, se requiere que los desmanes "turben gravemente la tranquilidad pública" y, además, que vayan encaminados a "provocar injuria a una persona particular" o lograr "cualquier otro fin reprobado". [1]

De la interpretación del tipo penal y de su contraste con la constatación empírica de los hechos que pretende abarcar, se extrae lo complejo de calificar como perturbación grave de la tranquilidad actos como los desmanes, la destrucción del mobiliario público y hasta eventualmente los saqueos, puesto que estos hechos, mirados en sí mismos, solo afectan a un punto público o bien privado en específico. Al mismo tiempo, la complejidad, las grandes dimensiones y la interconexión de las urbes modernas, tienden a diluir la posibilidad de que un foco de violencia determinado termine por afectar de manera grave la tranquilidad común. Asimismo, el requisito de que el delito busque causar injuria a una persona determinada u otro fin reprobado, desconoce el real desvalor de la conducta, que es afectar la paz social en general. Claro está, resulta en gran medida contraproducente haberse establecido en este delito una sanción para actos que generalmente son masivos o concertados, pero que exigen una afectación particular específica, máxime si esta última pudiese subsumirse en un tipo penal distinto según la gravedad del ataque que haya sufrido dicho particular: lesiones, daños, robos u otra clase de ilícitos. En la gran generalidad de los casos, por lo demás, los hechos vulneran la propiedad y no necesariamente la integridad de personas en específico.

Por su parte, el que la conducta persiga "cualquier otro fin reprobado" coloca en la situación y en la necesidad de probar la idoneidad de la conducta para concretar un fin ilícito, lo que configura una descripción penal "en blanco" (que debe complementarse con otras normas que califiquen el fin como ilegal) y cuya utilización punitiva puede resultar cuestionable.

Estas complejidades de la norma penal sobre desórdenes públicos, produce consecuencias prácticas no deseadas y que no van en sintonía con el fin que se señaló en el punto anterior: fortalecer la democracia y la seguridad en un contexto que posibilite la expresión y canalización de las demandas ciudadanas, ya que dificulta la labor del órgano encargado de la persecución penal (el Ministerio Público) y tiende a evitar el desgaste policial en aprehender a los delincuentes en aquellos contextos en donde la situación de turba y grave desorden exige grandes esfuerzos al accionar policial. Evidentemente, si la norma que sanciona estos hechos es casi inaplicable, de nada sirve el trabajo policial y persecutor, tanto preventivo, como represivo ante los mismos.

Finalmente, la pena que el Código Penal asocia a estos hechos (reclusión menor en su grado mínimo, esto es, de 61 a 540 días) no se encuentra en proporción y en relación con la gravedad de los ilícitos de desmanes, desórdenes y/o destrucción, ya que estos, en último término, afectan bienes comunes circunscritos a la seguridad ciudadana, de manera mucho más gravosa que los daños particulares que se puedan ocasionar.

Precisan que el contenido de la iniciativa parlamentaria es actualizar la tipificación del delito de desórdenes públicos, aumentando la penalidad de tal conducta.

Se propone actualizar la redacción del tipo penal de desórdenes públicos, acentuando o relevando la verificación actual de esta clase de hechos. Se plantea una pena de presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años) y que la misma se aplique sin perjuicio del cúmulo de otras que también fueren aplicables.

Asimismo, se sugiere crear figuras especialmente calificadas de este hecho, asociadas a una pena superior de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, las que están caracterizadas por los actos de violencia o daños que engloban, tal como se describen en el nuevo tipo penal.

Explican que para lo anterior, en una perspectiva de derecho comparado, se toma como ejemplo la legislación penal española y la evolución que respecto del mismo tema ha presentado.

III.- RELACIÓN DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

La moción consta de un artículo único que modifica el Código Penal, que sustituye su artículo 269 e incorpora un artículo 269 bis, tipificando como delito la alteración de la paz pública a través de actos de violencia y aumenta las penas aplicables, ante la concurrencia de determinadas circunstancias calificadas.

IV.- DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA.

La iniciativa parlamentaria en estudio introduce modificaciones en el Código Penal, reemplazando su artículo 269 y añadiendo un artículo 269 bis conforme a lo reseñado precedentemente y a las ideas matrices ya descritas.

V.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN GENERAL.

DISCUSIÓN GENERAL.

Durante el debate habido en el seno de la Comisión, referido a la discusión general de la iniciativa parlamentaria en cuestión en estudio llevado a cabo en las sesiones de 27 y 28 de noviembre de 2919, que se reproducen íntegramente de manera digital, participaron aportando ideas, sugiriendo tanto perfeccionamientos y mejoras como reparos, observaciones y modificaciones de la misma, junto a las y los señores parlamentarios, los representantes del Ejecutivo.

***

VOTACIÓN GENERAL

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y las opiniones y observaciones planteadas por el Ejecutivo e invitados, las y los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Puesta en votación general la idea de legislar, se APRUEBA por mayoría de votos, en la forma descrita en las constancias reglamentarias previas.

B.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.

El texto de la moción que se discute y vota en particular a continuación consta de un artículo único, y tuvo el siguiente tratamiento, conforme a los acuerdos adoptados por la Comisión:

ARTÍCULO ÚNICO.

ARTÍCULO ÚNICO: Efectúense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1. Reemplácese el actual artículo 269 del Código Penal, por uno nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 269. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo".

2. Agregúese un nuevo artículo 269 bis al Código Penal, incluido en el Párrafo I ter y anterior al Párrafo II del Título VI, pasando el actual artículo 269 bis a ser el nuevo artículo 269 ter y así sucesivamente, del siguiente tenor:

Artículo 269 bis. "Los hechos descritos en el artículo anterior serán castigados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un arma de fuego simulada.

2. Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.

3. Cuando se llevaren a cabo actos de saqueo, ya sea previamente concertados o espontáneos y aun, en este último caso, valiéndose de la oportunidad que el tumulto o masa posibilita para actuar.

Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pidieran corresponder a los actos concretos de violencia, amenazas o robo que se hubieran llevado a cabo.".

Luego se inicia la discusión particular de su artículo único, en que participan las y los diputados de la Comisión y exponen latamente el Fiscal Nacional del Ministerio Público y el representante de la Defensoría Penal Pública, cuyo debate se reproduce íntegramente de manera digital en las sesiones del lunes 2 y martes 3 de diciembre de 2019.

***

Acto seguido, los diputados Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto, Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Fernando Meza, Cristhian Moreira y Marcela Sabat, formulan la siguiente indicación sustitutiva del artículo único de la moción

Artículo único.- Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:

1.Sustitúyase el artículo 269 por el siguiente:

“Art. 269. Desórdenes públicos. El que en el marco de una manifestación o reunión pública tomare parte activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.

Para estos efectos constituye desorden público:

1º la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, incluidos los servicios hospitalarios, los de emergencia, electricidad, combustible, agua potable, comunicaciones y transporte afectando gravemente su funcionamiento;

2º la ejecución de actos de violencia potencialmente peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes

3º la destrucción, en todo o en parte, de una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, de una oficina pública o privada, o de uno o más vehículos motorizados; la irrogación de daño a objetos de reconocida importancia científica, histórica, artística, cultural o social; o la destrucción o inutilización, en todo o en parte, de uno o más puentes, túneles, semáforos o de otras instalaciones destinadas a la seguridad u ordenación del tránsito público;

4º el que incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos;

5º el impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas;

6° la invasión coactiva, o con vencimiento de mecanismos de resguardo, de una morada o una oficina, o de un establecimiento comercial, industrial o religioso; y

7º el impedimento mediante coacción de la realización de la manifestación o reunión pública.

Se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta en el inciso primero, en los siguientes casos:

1º Cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los hechos punibles a que se refiere el inciso anterior, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.

2º Cuando alguno de los partícipes en las conductas señaladas en el inciso anterior poseyere o portare un arma u otro instrumento peligroso en los términos del artículo 132, o exhibiere un arma de fuego simulada.

Si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena bajo alguna otra disposición de este código, se aplicará ésta última.”.

2. Incorpórase al artículo 442 el siguiente inciso final nuevo:

“Se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando el autor de las conductas señaladas en el inciso anterior las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.”.”.

Al inicio de la discusión particular de esta indicación sustitutiva del artículo único del proyecto, la mayoría de los diputados sugiere que se intercale en el párrafo II, del título VI del libro II, como nuevo artículo 268 septies, con las enmiendas que la Comisión propone como perfecciones al texto en cada caso, votando por cada inciso del artículo y por cada numeral del inciso segundo en su caso y por ende se propone intercalar un artículo 268 septies, desechando la idea de reemplazar el artículo 269 del Código Penal.

Puesto en votación el intercalar un nuevo artículo 268 septies, descartando reemplazar el art 269 se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Maite Orsini; Andrea Parra; Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. Se abstuvo la diputada Camila Vallejo. (10x0x1).

Acto seguido, se adoptan los siguientes acuerdos:

Artículo único.- Modifícase el Código Penal en el siguiente sentido:

1. Intercalase el siguiente artículo 268 septies:

“Artículo 268 septies. Desórdenes públicos. El que en el marco de una manifestación o reunión pública tomare parte activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.

Al efecto, se propone:

Eliminar la expresión “Desordenes Públicos.”.

Sustituir la expresión “en el marco” por “valiéndose”.

Intercalar entre “tomare parte” y “activamente”, la expresión “violenta y”.

Puesto en votación el inciso con las enmiendas propuestas, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Cristhian Moreira; Maite Orsini; Andrea Parra; Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia y Gael Yeomans. Se abstuvo la diputada Camila Vallejo. (11x0x1).

Inciso segundo, numeral 1°.

Para estos efectos constituye desorden público:

1º la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, incluidos los servicios hospitalarios, los de emergencia, electricidad, combustible, agua potable, comunicaciones y transporte afectando gravemente su funcionamiento;

Respecto del numeró 1° del inciso segundo se sugiere:

Sustituir la expresión “incluidos” por “entendiéndose por tales:”

Intercalar entre las palabras “servicios” y “hospitalarios” la palabra “de transportes”.

Sustituir la como que precede a “potable” por la conjunción “y”.

Eliminar la expresión “y transporte”.

Puesto en votación el inciso con las enmiendas propuestas, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Fernando Meza; Cristhian Moreira; Maite Orsini; Andrea Parra; Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia y Camila Vallejo. Se abstuvo la diputada Gael Yeomans. (12x0x1).

Numeral 2°, inciso segundo.

2º la ejecución de actos de violencia potencialmente peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes

Se propone:

Eliminar la expresión “potencialmente”.

Agregar a continuación de contundentes la siguiente frase: “, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.”

Puesto en votación con las modificaciones, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Fernando Meza; Cristhian Moreira; Andrea Parra; Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. Votan en contra las diputadas Maite Orsini, Camila Vallejo y Gael Yeomans. (10x3x0).

Numeral 3°, inciso segundo.

3º la destrucción, en todo o en parte, de una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, de una oficina pública o privada, o de uno o más vehículos motorizados; la irrogación de daño a objetos de reconocida importancia científica, histórica, artística, cultural o social; o la destrucción o inutilización, en todo o en parte, de uno o más puentes, túneles, semáforos o de otras instalaciones destinadas a la seguridad u ordenación del tránsito público;

Se sugiere reemplazarlo por el siguiente:

3º la destrucción, en todo o en parte relevante de una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, de una oficina pública o privada, de uno o más vehículos motorizados; la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social;

Puesta en votación esta modificación se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Fernando Meza; Cristhian Moreira; Andrea Parra; Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia y Gael Yeomans. Se abstiene la diputada Camila Vallejo. (12x0x1).

Numeral 4° inciso segundo.

4º el incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos;

Puesta en votación el numeral en los mismos términos se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Fernando Meza; Cristhian Moreira; Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. Votan en contra los diputados Raúl Leiva, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Vallejo y Gael Yeomans. (8x5x0).

Numeral 5 inciso segundo.

5º el impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas;

La Comisión aprueba este numeral por unanimidad. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Fernando Meza; Cristhian Moreira; Andrea Parra; Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia, Camila Vallejo y Gael Yeomans. (13x0x0).

Numeral 6°, inciso segundo.

6° la invasión coactiva, o con vencimiento de mecanismos de resguardo, de una morada o una oficina, o de un establecimiento comercial, industrial o religioso; y

Este numeral es retirado por los autores.

Numeral 7° que pasa a ser 6°, del inciso segundo.

7º el impedimento mediante coacción de la realización de la manifestación o reunión pública.

Puesto en votación el numeral en idénticos términos se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Miguel Ángel Calisto, Raúl Leiva, Fernando Meza, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Vallejo y Gael Yeomans. Votan en contra los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. Se abstiene el diputado Cristhian Moreira. (7x5x1).

Nuevo numeral 7°.

Indicación de los diputados Andrés Molina y Sebastián Alvarez para agregar el nuevo numeral del siguiente tenor:

“Cuando se ocuparen o usurparen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.”.

Puesta en votación esta indicación se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Fernando Meza, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. Votan en contra los diputados Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Vallejo y Gael Yeomans. Se abstienen los diputados Miguel Ángel Calisto y Raúl Leiva. (7x4x2).

Inciso tercero, numeral 1°.

Se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta en el inciso primero, en los siguientes casos:

1º Cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los hechos punibles a que se refiere el inciso anterior, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.

Se sugiere intercalar la palabra “habitualmente” entre las expresiones “destinada a cometer” y “los hechos punibles”.

Puesta en votación, se aprueba por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Fuenzalida, Fernando Meza, Cristhian Moreira, Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia. Votan en contra los diputados Mario Desbordes Raúl Leiva, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Vallejo y Gael Yeomans. (7x6x0).

Inciso tercero, numeral 2°.

2º Cuando alguno de los partícipes en las conductas señaladas en el inciso anterior poseyere o portare un arma u otro instrumento peligroso en los términos del artículo 132, o exhibiere un arma de fuego simulada.

Se sugiere reemplazarlo por el siguiente: “2º Cuando alguno de los partícipes en las conductas señaladas en el inciso anterior utilizare, portare o exhibiere un arma de fuego simulada.

Puesto en votación la nueva propuesta del numeral 2° de este inciso, se rechaza por mayoría de votos. Votan a favor los diputados Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva y Fernando Meza. Votan en contra los diputados Mario Desbordes, Cristhian Moreira, Maite Orsini, Andrea Parra, Osvaldo Urrutia, Camila Vallejo y Gael Yeomans. Se abstienen los diputados Jorge Alessandri, Miguel Ángel Calisto y Marcela Sabat. (3x7x3).

Inciso final.

Si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena bajo alguna otra disposición de este código, se aplicará ésta última.”.

Se propone eliminar la expresión “de este código”.

La Comisión aprueba este numeral con la enmienda por unanimidad. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Fernando Meza; Cristhian Moreira; Maite Orsini, Andrea Parra; Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia, Camila Vallejo y Gael Yeomans. (13x0x0).

***

2. Indicación del diputado Miguel Ángel Calisto, para sustituir en el inciso primero del artículo 269 del Código Penal, la palabra “Párrafo” por “artículo”.

Puesta en votación la referida indicación, se aprueba por unanimidad.

Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Fernando Meza; Cristhian Moreira; Maite Orsini, Andrea Parra; Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia, Camila Vallejo y Gael Yeomans. (13x0x0).

***

3. Incorpórase al artículo 442 el siguiente inciso final nuevo:

“Se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo cuando el autor de las conductas señaladas en el inciso anterior las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.”.”.

Se sugiere sustituir la expresión “presidio mayor en su grado mínimo) por “presidio menor en su grado máximo”.

Puesto en votación el numeral con la modificación citada, se aprueba por unanimidad. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri; Miguel Ángel Calisto; Mario Desbordes; Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva; Fernando Meza; Cristhian Moreira; Maite Orsini, Andrea Parra; Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia, Camila Vallejo y Gael Yeomans. (13x0x0).

***

Por las razones señaladas y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión, haciendo las adecuaciones contempladas en el artículo 15 del reglamento, recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO ÚNICO: Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Intercálase al inicio del Párrafo 2 del Título VI del Libro II el siguiente artículo 268 septies:

“Art. 268 septies. El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.

Para estos efectos constituye desorden público:

1º la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento;

2º la ejecución de actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.

3º la destrucción, en todo o en parte relevante de una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, de una oficina pública o privada, o de uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4º el incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos;

5º el impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas;

6° el impedimento mediante coacción de la realización de la manifestación o reunión pública, y

7º Cuando se ocuparen o usurparen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

Se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta en el inciso primero cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles a que se refiere el inciso anterior, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.

Si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará ésta última.

2. En el artículo 269, reemplázase la palabra “Párrafo por “artículo”.

3. Incorpórase al artículo 442 el siguiente inciso final:

“Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor de las conductas señaladas en el inciso anterior las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.”.”.

Sala de la Comisión, a 3 de diciembre de 2019.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 27 y 28 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de 2019, con la asistencia de las y los diputados señores Jorge Alessandri, Mario Desbordes, Miguel Angel Calisto (Presidente), Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, Fernando Meza, Cristhian Moreira, Maite Orsini, Andrea Parra, Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia, Camila Vallejo, y Gael Yeomans.

Reemplazos temporales:

.- El diputado don Mario Desbordes fue reemplazado por el diputado don Diego Schalper y por la diputada Camila Flores.

El diputado don Fernando Meza fue reemplazado por la diputada doña Marcela Hernando.

Asiste además el diputado don Marcelo Díaz.

ALVARO HALABI DIUANA

Abogado Secretario

Comisión de Seguridad Ciudadana

TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 13090-25)

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Gonzalo Fuenzalida .

Antecedentes:

-Moción, sesión 114ª de la presente legislatura, en 27 de noviembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Documentos de la Cuenta N° 14 de este boletín de sesiones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor FUENZALIDA, don Gonzalo (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los diputados señores Miguel Ángel Calisto , Gonzalo Fuenzalida , Gabriel Silber y Matías Walker , y de la diputada señora Marcela Sabat , con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica.

Por motivos de tiempo, omitiré abordar los invitados que expusieron y los antecedentes que sirven de base a esta iniciativa, haciendo presente, al efecto, que se encuentran a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados en el informe respectivo.

Constancias reglamentarias 1. Ideas matrices o fundamentales.

Las ideas centrales del proyecto se orientan a modificar el Código Penal con el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables en determinadas circunstancias.

2.Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado No hay normas con ese carácter.

3.Normas que requieren trámite de Hacienda No hay disposiciones que requieran ese trámite.

4.El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos.

Votaron a favor las siguientes señoras diputadas y los siguientes señores diputados: Jorge Alessandri , Miguel Ángel Calisto (Presidente), Camila Flores , Gonzalo Fuenzalida , Marcela Hernando , Cristhian Moreira , Andrea Parra , Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia .

Se abstuvieron las diputadas Maite Orsini , Camila Vallejo y Gael Yoemans .

Disposiciones legales que el proyecto modifica

La iniciativa parlamentaria en estudio introduce modificaciones en el Código Penal, reemplazando su artículo 269 y añadiendo un artículo 269 bis, conforme a lo reseñado precedentemente y a las ideas matrices descritas.

Discusión y votación particular

El artículo único del proyecto fue objeto de una indicación sustitutiva, formulada por los diputados Jorge Alessandri , Miguel Ángel Calisto , Mario Desbordes , Gonzalo Fuenzalida , Fernando Meza , Cristhian Moreira y Marcela Sabat , que, en síntesis, sustituye el artículo 269 del Código Penal y establece un tipo penal en desorden público, en el sentido de que las personas que, en el marco de una manifestación o reunión pública, tomaren parte activamente en un hecho constitutivo de desorden público, serán sancionadas con reclusión menor en su grado medio a máximo, es decir, de quinientos cuarenta y un días a cinco años.

Luego, se detallan siete hipótesis o circunstancias que constituyen desorden público, como la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad; la ejecución de actos de violencia potencialmente peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes; la destrucción, en todo o en parte, de una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, de una oficina pública o privada, o de uno o más vehículos motorizados; la irrogación de daño a objetos de reconocida importancia científica, histórica, artística, cultural o social; la destrucción o inutilización, en todo o en parte, de uno o más puentes, túneles, semáforos o de otras instalaciones destinadas a la seguridad u ordenación del tránsito público; el incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos, y el impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

A continuación, se señala que se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta precedentemente en el evento de que, excepcionalmente, concurran determinadas circunstancias calificadas, por ejemplo, cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los hechos punibles que se pretenden sancionar y siempre que esta o aquella no constituyan una asociación ilícita.

Se acuerda establecer que exista habitualidad en el actuar.

Luego, se consagra que si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará esta última.

Finalmente, se añade un inciso final en el artículo 442, que trata del robo en lugar no habitado, que son las normas aplicables a saqueos, y se establece que se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo -de cinco años y un día a diez años-, cuando el autor de saqueos los perpetrare actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.

Cabe consignar que al discutir en particular esta indicación sustitutiva del artículo único del proyecto, la comisión acordó intercalar, en el párrafo segundo del Título VI del Libro II del Código Penal, un nuevo artículo 268 septies, en vez de reemplazar el artículo 269 del Código Penal.

Asimismo, la referida indicación fue objeto de una serie de mejoras que la perfeccionan para delimitar de mejor forma el nuevo tipo penal que se está consagrando y preciar el alcance de las conductas que constituyen desorden público.

Respecto del tipo penal, se agrega que el sujeto activo debe tomar parte en la manifestación pública de manera violenta.

En relación con las conductas que constituyen desorden público, se hacen las siguientes adecuaciones:

1.En relación con la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, se establece de manera taxativa cuáles son esos servicios: los servicios de transportes, hospitalarios, los de emergencia, los de electricidad, los de combustible, los de agua potable y los de comunicaciones, que vean afectados gravemente su funcionamiento.

2.Sobre la conducta de la ejecución de actos de violencia potencialmente peligrosos para la vida o la integridad física de las personas, mediante el lanzamiento de elementos contundentes, se acuerda eliminar la expresión “potencialmente” y agregar “elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.”.

3.Acerca de la destrucción, en todo o en parte, de una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, de una oficina pública o privada, o de uno o más vehículos motorizados; la irrogación de daño a objetos de reconocida importancia científica, histórica, artística, cultural o social, o la destrucción o inutilización, en todo o en parte, de uno o más puentes, túneles, semáforos o de otras instalaciones destinadas a la seguridad u ordenación del tránsito público, se acuerda establecer que cuando la destrucción abarque solo una parte, esta tiene que ser relevante y limita la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

A través de una indicación presentada por el diputado Molina , se agrega un nuevo numeral como conducta constitutiva de desorden público, que se da cuando se ocupan o usurpan bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean públicos o privados.

Para concluir, respecto de la modificación al artículo 442, que trata del robo en lugar no habitado y de las normas aplicables a los saqueos, se acuerda rebajar la pena contemplada en el proyecto original de presidio mayor en su grado mínimo a presidio menor en su grado máximo, esto es de tres años y un día a cinco años.

Es todo cuanto pueda informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, en términos concretos, el proyecto de ley agrava las penas para los delitos de desorden público, lo cual es importante, porque le dará herramientas a las policías y a la Fiscalía, y será una señal potente contra la impunidad.

Me parece que hoy, cuando solo el 9 por ciento de los detenidos por Carabineros queda en prisión preventiva, la señal es que la impunidad es total. Parte de los argumentos entregados por el señor Melo ante la Comisión de Seguridad Ciudadana era que estos delitos tienen baja penalidad, por lo que resulta muy difícil dejar a los detenidos en prisión preventiva. Esperemos que el proyecto tienda a resolver esa situación.

Creo que hay que tener conciencia de que el derecho penal es la última línea de contención de los fenómenos sociales. Por lo tanto, el estallido de violencia no se va a resolver solo a través del derecho penal. En ese sentido, tenemos que ser conscientes.

Hoy, El Mostrador publica una columna muy interesante de la señora Marta Lagos , en la que señala cómo en Chile existe una sensación de desarraigo y de injusticia muy relevante. Ese hecho tiene que ver con que vastos sectores de la población no se sienten parte del desarrollo del país. En ese sentido, la expresión de eso, justificada o no, muchas veces es la violencia. Soy responsable al decir que la elite ha tenido una indolencia que no puede seguir subsistiendo.

Otra dimensión de la violencia es la ineficacia de la política, en cuanto a que hemos sido incapaces de resolver ciertos flagelos sociales que dan pie a algunas injusticias que, a su vez, le dan contexto a la violencia. En eso, hay dos fenómenos de los cuales nos tenemos que hacer cargo. El primero es la irresponsabilidad de ciertos sectores de la política en no moderar las expectativas de la ciudadanía y mantenerlos permanentemente en una situación de insatisfacción. En eso, siempre es más fácil ser presidente de la barra que ser un político moderado y ponderado. Sin embargo, creo que, especialmente en estos tiempos de crisis, si no queremos dar pie a ciertas reacciones violentas, tenemos que ser especialmente responsables en las expectativas que generamos.

Lo mismo sucede con aquellos colectivos políticos que no solo incentivan una actitud de intransigencia, sino que, además, a veces tienen tolerancia e incitan a la violencia. Me cuesta entender que una persona perteneciente a un colectivo político se permita hacer declaraciones en otro país amparando la violencia. Con mucha responsabilidad creo que en el Congreso hay partidos que tienen un acuerdo de vida en pareja con la violencia. Por lo tanto, es de esperar que tengamos una relación clara y precisa de condena a la violencia.

La diputada Hertz se ríe –por su intermedio, señor Presidente-, pero algo sucede ya que hay ciertos partidos que no manifiestan una condena decidida a la violencia. Lo mismo digo al señor Brito . Mientras eso sea así, no nos sorprendamos de que siga amparándose la violencia. Creo que la izquierda democrática tiene que hacerse una pregunta: ¿vamos a seguir amparando aquellos colectivos que tienen una actitud condescendiente con la violencia o no?

Lo que estamos viviendo también tiene que ver con la dinámica de mirar hacia el techo respecto de distintas situaciones de violencia. Lo primero, son ciertos barrios tomados por el narcotráfico. La verdad es que todos nos hemos hecho un poco los giles, porque probablemente no vivimos en esos barrios, pero en Chile aún subsisten demasiados barrios tomados por el narcotráfico.

Segundo, lo mismo sucede respecto de las barras bravas. Hace años que se viene problematizando el que las barras bravas causan violencia, pero nadie se hace responsable.

Tercero, la violencia individualista de algunos que creen que sus demandas son tan legítimas que pueden cortar caminos, tomarse colegios, impedir el tránsito y hacer que la gente baile para pasar. Esas conductas también constituyen formas de violencia paradójica y profundamente individualistas, porque creen que su demanda es tan legítima que pueden alterar los derechos de los demás. En ese aspecto, también tenemos el desafío de enfrentar esa situación desde la política.

Es necesario entender que, en el contexto que estamos viviendo, el combate a la violencia no acepta dos extremos. Un extremo es el negacionismo, no reconocer que se han cometido abusos, los que deben ser investigados y condenados. El otro extremo es la falta de rigurosidad al hacer una especie de criminalización generalizada.

Creo que si realmente nos queremos poner las pilas contra la violencia tenemos que reconocer, de una vez por todas y sin vacilaciones, que en Chile hay una manera de ejercer violencia que es intolerable, que no admite colores políticos ni condescendencia. Por eso, espero nunca más ver a una diputada del Congreso bailando para pasar, haciéndoles gárgaras a ciertos señores que impiden el tránsito libre en nuestro país. Por lo tanto, entre los negacionistas de los derechos humanos y los que criminalizan irresponsablemente, no llegaremos a ninguna parte.

Es tiempo de responsabilidad, es tiempo de moderación, es tiempo de que establezcamos las sanciones correspondientes y de que no haya impunidad para nadie en Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Solicito a los jefes de los Comités Parlamentarios que nos reunamos al término de la siguiente intervención.

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, quiero partir por agradecer al diputado informante Gonzalo Fuenzalida , quien nos invitó a firmar este proyecto transversal, junto con los diputados Gabriel Silber , Miguel Ángel Calisto y Marcela Sabat , que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas aplicables en las circunstancias que indica. Esa es la forma bajo la cual tenemos que enfrentar el fenómeno de los desórdenes públicos de quienes se valen de manifestaciones sociales legítimas para generar hechos de violencia.

Y así como destaco la actitud con altura de miras transversal del diputado Gonzalo Fuenzalida , al invitarnos a firmar este proyecto, no puedo dejar de contestar -por su intermedio, señor Presidente- la alocución que hizo recién el diputado Diego Schalper , la cual lamento mucho, porque lo peor que podemos hacer es apuntarnos con el dedo unos a otros y señalar que, en este Congreso Nacional, hay partidos políticos que conviven con la violencia, porque probablemente las diputadas y diputados que han sido aludidos podrán decir: “Bueno, ¿y qué pasa con un concejal de Renovación Nacional que aparece como líder de una banda de saqueadores en la comuna de La Calera, a treinta minutos de este Congreso Nacional?”

(Aplausos)

Entonces, no nos apuntemos con el dedo unos a otros; trabajemos en conjunto para avanzar en la agenda social y derrotar la delincuencia. No me gusta esta guerrilla de declaraciones cruzadas en la prensa entre los miembros de la coalición de gobierno y la Fiscalía Nacional, cuando los ciudadanos exigen que las autoridades trabajen en conjunto para hacerse cargo de los problemas del orden público.

Todavía no tenemos claridad de quiénes fueron los responsables de la quema de estaciones del Metro; ayer tuvimos dos formalizados, uno de ellos tiene veinte años y aparece sindicado como presunto autor de incendios en la comuna de La Granja. Todavía no sabemos quiénes quemaron el supermercado Líder de Coquimbo ni quiénes quemaron dependencias importantes del hospital de Coquimbo, como el centro de atención dental, que sirve a la gente más vulnerable de toda una región.

Entonces, el tema de la violencia, los desórdenes, las barricadas de quienes se valen y abusan de las legítimas manifestaciones sociales para producir hechos de violencia y desórdenes públicos debe ser enfrentado con unidad, y así lo hicimos en este proyecto de ley, que define taxativamente qué se entiende por desorden público, como, por ejemplo, “la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios -léase hospital de Coquimbo y hospital de Padre Hurtado-, de emergencia, de electricidad -el fin de semana quemaron una subestación eléctrica en Copiapó-, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento;”. Además, se establece el grado máximo de la pena -cinco años- cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos enumerados. Es decir, estos hechos tienen un desvalor mayor -este proyecto fue enriquecido en la Comisión de Seguridad Ciudadana- cuando hay personas que se agrupan y organizan para cometer actos de violencia.

Quiero valorar el trabajo del presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Miguel Ángel Calisto , quien entendió dos cosas: primero, que estos temas requerían un esfuerzo legislativo mayor, y segundo, que el tema de la violencia se enfrenta sobre la base de grandes acuerdos, en concordancia con distintos sectores políticos, como ha quedado de manifiesto en este proyecto de ley, en las indicaciones, y también con este texto que usted, como Presidente de la Cámara de Diputados, ha priorizado para que nosotros hoy lo podamos despachar integralmente.

Muchos de estos delitos ya son sancionados, y eso es importante decirlo, porque hay gente que puede preguntar: “¿Por qué ahora van a sancionar estos delitos?”. Aquí hablamos de delitos de incendio, que tienen una pena importante, y de robo en lugar no habitado, que tiene una sanción más importante, pero se requería una figura penal que sistematizara todos estos tipos delictuales que han afectado durante estos días a la gente más vulnerable, porque se ha abusado de las legítimas manifestaciones sociales para generar hechos de violencia.

Por eso, con mucha convicción, hoy vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cito a reunión de Comités, sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, manifiesto mi total y absoluto desacuerdo con lo que planteó el diputado Diego Schalper .

Esa acusación, esa denostación, esa descalificación no nos lleva a nada, y es justamente todo lo contrario, diputado Schalper -por su intermedio, señor Presidente-, lo que se vivió en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde gran parte de este articulado -el 80 por ciento- fue aprobado desde la UDI hasta el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, la DC, Renovación Nacional y el Partido Radical, porque este es un tema que hay que abordar con seriedad y responsabilidad.

Insisto en que la descalificación no nos lleva a nada. Los 13 integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la tramitación de este proyecto, que tiene discusión inmediata, dieron cuenta de la responsabilidad y seriedad, primero, con una condena total y absoluta a la violencia como método de acción política, y eso quedó claramente establecido cada una de las veces que se discutió este proyecto de ley.

Este proyecto no era simple; este proyecto tuvo muchas modificaciones. Gran parte del resultado del proyecto que hoy se presenta a este hemiciclo es muy distinto de lo que originalmente se planteó, y lo que se pretende es justamente distinguir y proteger la legítima manifestación por reivindicación de intereses de la gran mayoría de los chilenos y generar una frontera infranqueable con aquellos que quieren, a propósito de estas manifestaciones, delinquir, saquear y violentar.

Digo esto porque el nuevo artículo 268 septies, que propone el proyecto, establece claramente que será sancionado “El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público”. Ese epígrafe del nuevo artículo 268 septies informa a cada uno de los numerales, distinguiendo claramente a aquellos que se manifiestan de manera legítima de aquellos que saquean y violentan, y lo que hace el numeral 1º es justamente proteger, en una numeración taxativa, aprobada por 12 votos de los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, como, por ejemplo, servicios hospitalarios, de emergencia y de electricidad.

El numeral 2º establece, en una votación dividida -algunos apoyaron y otros no-, la ejecución de actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, lo que también es importante sancionar.

El numeral 3º se refiere a la destrucción, en todo o en parte relevante, de una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, o de una oficina pública o privada.

En el numeral 3° se pretende justamente castigar y sancionar a aquellos que, con ocasión de una manifestación pacífica, violentaren o destruyeren en todo o en parte establecimientos públicos y privados, y este numeral tuvo una aprobación por 12 votos a favor en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El numeral 4° fue más controvertido; se relaciona con las barricadas. Muchos estuvimos en contra de la obstaculización de las vías para impedir coactivamente la libre circulación de personas o vehículos, lo que fue aprobado con votación dividida.

Lo que sí se incorpora claramente en el artículo 442 del Código Penal es la sanción de presidio menor en su grado máximo, aplicando las reglas de asignación de la pena del artículo 449, para el saqueo. Esta herramienta permitirá al Ministerio Público perseguir con mayor eficacia y eficiencia el delito de saqueo, y, tanto o más importante, permitirá sancionar, incluso con prisión preventiva, a quienes lo hayan cometido.

Me quedo con que hubo un avance en la legislación. Necesariamente había que establecer una frontera clara, nítida y definida entre la protesta pacífica y la conducta de aquellos que se aprovechan o se valen de una protesta pacífica para violentar, para saquear, para destruir y para generar temor en la comunidad. Esa sensatez y ese sentido de Estado fue el que tuvimos todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Hay momentos en la historia en los cuales hay que pensar, razonar y dejar de descalificar. Lo digo porque lo que se hace muchas veces en este hemiciclo es un espectáculo de apuntar con el dedo y de hablarle siempre a quienes votan por uno.

Quiero reconocer el esfuerzo de los diputados, tanto de oposición como del oficialismo, de generar acuerdos. Cada una de las disposiciones y cada uno de los incisos fue discutido con el ánimo de generar consenso. Y cuando no hubo un consenso adecuado, como en la gran mayoría de los casos, se votó, pero sin descalificaciones, con altura de miras y poniendo por encima de nuestros intereses particulares, muchas veces políticos, el interés de la nación.

Hoy damos una señal clara y concreta en orden a condenar la violencia como método de acción política y a sancionar de manera dura el saqueo y el violentismo en cada una de nuestras comunas.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia Soto .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señora Presidenta, el denominado “estallido social” en nuestro país ha dado ocasión a una serie de acontecimientos que han tenido lamentablemente por protagonista a la violencia. La comisión de delitos ha sido habitual en este tiempo, lo que ha llevado a plantear seriamente medidas para enfrentarlos, ya sea por la vía de la declaración de estados de excepción constitucional, como de la configuración de nuevas hipótesis penales y del aumento de penas para determinados delitos. En este último caso, particular relevancia cobra la creación de un tipo penal nuevo, el de saqueo, por las especiales características que reviste y por la gran impunidad que se ha generado producto de los actos violentos de saqueo, incendios y destrucción de bienes inmuebles y muebles.

Las cifras revelan los niveles que esta conducta ha tomado. Un botón de muestra: el día martes 26 de noviembre, a partir del llamado a huelga de la Mesa de Unidad Social, se registró un total de 27 saqueos en distintas zonas del país y 272 personas detenidas -58 por saqueos, 174 por desorden y 15 por receptación-, a lo cual se suman 58 policías y 5 civiles lesionados. Si consideramos estas cifras en el tiempo de un mes que han durado las manifestaciones, podremos lograr dimensionar la magnitud del problema.

El saqueo cometido por aquellos que se valen de las manifestaciones sociales, que se escudan y se amparan en las manifestaciones sociales para efectuarlos, tiene una mayor connotación por los efectos del desabastecimiento de alimentos o medicamentos que genera en la población. El acaparamiento es una consecuencia inevitable del saqueo, por lo que no se trata de un simple robo en lugar no habitado como establece nuestra legislación, sino de un robo con características determinantes para el orden público y la subsistencia de la población.

Por eso, el proyecto de ley que debatimos hoy constituye un claro avance en ese sentido, porque, como he dicho, nuestro Código Penal hasta ahora no contempla el delito de saqueo, pues para esa conducta solo se aplica la figura del robo en lugar no habitado, según lo dispuesto en el artículo 442 del Código Penal, lo que tiene una connotación totalmente distinta considerando el momento actual que vivimos. En el caso del saqueo hay un elemento contextual de orden público que se debe considerar para modificar la naturaleza del delito. Por tanto, cabe distinguir entre el mero robo en lugar no habitado y el saqueo.

En el caso del robo en lugar no habitado se considera que “habitar” es vivir o morar, lo que implica algo más que estar presente de manera física. Por ejemplo, un guardia de seguridad que cubre un supermercado o un local comercial no está “habitando” para efectos de esta ley. Es decir, un lugar no habitado es aquel que no es usado como morada en el instante en que ocurre el saqueo o el robo. Es un concepto que va más allá de la sola presencia física de una persona en el lugar.

En la Comisión de Seguridad Ciudadana establecimos en el proyecto una serie de supuestos que permitirán al Ministerio Público perseguir este delito con mayor eficacia y eficiencia. Igualmente, no debe desestimarse el impacto que estas conductas tienen en el desabastecimiento de la población, particularmente de bienes de primera necesidad, lo que se agrava sustancialmente por las alteraciones que sufre la cadena de suministro de bienes.

Asimismo, los establecimientos que pueden ser afectados por estas conductas difieren también sustancialmente, lo que importa que con ocasiones se afecte una cadena de supermercados o pequeños locales comerciales, el negocio fruto de un emprendimiento familiar, que importa la inversión de los ahorros de toda una vida, como ha ocurrido fuertemente en la ciudad de Valparaíso. De cualquier manera, en ambos casos se genera un daño sustantivo al empleo, por la pérdida, en algunos casos irrecuperable, de los puestos de trabajo.

Asimismo, hay una serie de hechos que quedan impunes. La impunidad ha sido la principal característica de los hechos que hemos presenciado en este último mes, por constituir aquellos ciertos tipos penales de difícil aplicación. Sin embargo, el proyecto avanza en esta materia para evitar que esos delitos queden impunes, y para perseguirlos, tal como ha dicho el diputado Leiva , protegiendo efectivamente el bien jurídico del orden público y la paz social que, supongo, todos anhelamos.

En consideración a todo lo anterior, recomiendo votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN.-

Señora Presidenta, uno se cansa de que se esté buscando la manipulación del lenguaje, las trampas y todo tipo de trucos, inclusive con los nombres de los proyectos. Hay un proyecto que conocimos como “el bono de los 100.000 pesos”. ¡Mentira! Es un bono de 50.000 pesos, que si la persona beneficiada tiene dos hijos pasa a ser el bono de 100.000 pesos. Uno se cansa de estar buscando la realidad de la ley.

También es violencia escuchar aquí cuando tratan a sectores de la izquierda como “izquierda democrática”. Entonces, tendríamos que responder que hay una derecha dictatorial y una derecha social.

Tengo cada vez más el sentimiento de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son instituciones propias de la derecha. ¡Son de ella! ¡Y las defiende a brazo partido!

Aquí no se ve claro el derecho a manifestarse. Se ve pura represión. Además, se ve el desprecio a los pobres, el desprecio a los jóvenes, el desprecio al que protesta.

La situación con los detenidos en relación con los incendios del Metro no queda clara. Hasta la cantante Mon Laferte , desde México , lo dice: los incendios del Metro tienen como responsables a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. O sea, hasta de fuera del país se sospecha de los organismos e instituciones de la derecha.

Todo parecería ser derivado de la brutal represión ordenada como única respuesta del gobierno.

La diputada Ximena Ossandón hablaba el otro día de los jóvenes violentistas, declarándolos nuestros hijos del sistema que nacieron entre las balas y que no se proyectan más allá de los 27 años de edad. Jóvenes nacidos en esas condiciones ya no tienen miedo, y ninguna ley los va a detener.

Se dice de esta ley en proyecto que es un claro avance. ¡Pamplinas! ¡Pura represión y desprecio!

Repito lo que decía el diputado Mario Desbordes : yo no quiero apoyar ningún proyecto de ley que signifique agregar más gente a las prisiones. Estoy aburrido de estar buscando la letra chica en las iniciativas enviadas a tramitación por el Ejecutivo.

Hay muchos que defienden con mucha energía a las Fuerzas Armadas, pero que no dicen que les tienen miedo.

No, señores: esta iniciativa de ley restrictiva va directamente a los jóvenes que ya no tienen miedo, y que al parecer piensan que van a vivir solo hasta los 27 años de edad, como decía la diputada Ximena Ossandón .

En consecuencia, votaré en contra este proyecto de ley, porque no aguanto más esta cuestión.

No creo que ustedes me consideren un violentista; mi perfil es completamente el opuesto. No soporto este desprecio, esta manipulación, y que empiecen a señalar que hablo de la izquierda democrática, en circunstancias de que solamente me he referido a la derecha social, cariñosamente.

Cada uno de ustedes sabe que mi corazón es sencillo, que tengo alegría de vivir y que nadie me cae mal. Pero como grupo parecería que existen las barras bravas.

Me opongo a esta iniciativa.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida Figueroa .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señora Presidenta, este proyecto de ley trata de llegar al corazón de todas las personas, especialmente al del diputado que me antecedió, el diputado Florcita Alarcón , porque lo que busca justamente es separar algo que lamentablemente en Chile no está separado.

En otros países hay una ley que establece la manifestación pública; hay un cuerpo legal que define la manifestación pública, que establece las responsabilidades y que preceptúa cuándo esa manifestación pública se transforma en una manifestación violenta. Sin embargo, en Chile no tenemos una ley relacionada; lo que tenemos es un decreto, muy antiguo, de la década de los ochenta, a base del cual se debe solicitar permiso a la intendencia para manifestarse.

La verdad es que nos hemos ido topando siempre con el problema de separar a quienes se manifiestan pacíficamente, que es un derecho constitucional y legítimo que hay que proteger, de quienes al manifestarse transgreden y violan los derechos de terceros y ponen en jaque el orden público y el Estado.

El objetivo y misión de todo Estado es garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Cuando hay orden público se puede hacer política pública y social; pero cuando no lo hay, cuando la libertad, la propiedad y la vida de las personas se ven afectadas, independientemente de que el Estado puede transgredir derechos humanos en el uso de esa fuerza para imponer el orden público, caemos en una situación que no podemos dejar impune o desregulada, tal como ocurre hoy.

Por eso, junto con la Democracia Cristiana hicimos un esfuerzo para el establecimiento de normas que son de mucho sentido común, con el propósito de generar un proyecto que nos representara a todos.

Lo primero que hicimos fue definir qué es desorden público. En ese sentido, decidimos mantener la definición que dispone el artículo 269 del Código Penal, para no cometer un error legislativo, porque hay mucha gente que ha sido ya condenada sobre la base de lo que establece esa disposición.

Sin embargo, la definición sobre desorden público contenida en dicho artículo data del siglo XVIII. Allí se señala que aquello se produce cuando se causa injuria o mal a una persona, lo que claramente no corresponde a lo que hoy se considera como tal.

Por eso, definimos que incurre en desorden público aquel que aprovechándose de una manifestación o reunión pública pacífica adopta una forma violenta y empieza a producir desorden y a cometer conductas que son violatorias de los derechos de las personas, como paralizar o interrumpir servicios básicos de manera grave, lo cual deberá ser calificado por un juez. En todo caso, debe entenderse que interrumpir gravemente un servicio básico como el tránsito no significa paralizar un minuto o por un rato el trayecto de un bus, sino poner en jaque a todo el sistema de transporte.

En segundo lugar, se considerará desorden público poner en peligro la vida y la integridad física de las personas lanzando elementos contundentes, cortantes y punzantes. Creo que todos estaremos de acuerdo que eso también es atentatorio contra la vida de las personas, porque ese tipo de actos puede provocar lesiones y heridas que podrían causar a personas la muerte.

La destrucción de la propiedad, la destrucción de viviendas, de establecimientos comerciales, sin ninguna expresión de causa, sino solo el acto de personas que ingresan a destruir una iglesia o un establecimiento comercial, es violatorio absoluto de los derechos que tiene un ser humano respecto de su propiedad.

Hoy, de alguna manera, estamos definiendo que eso es parte de un desorden público. Por ejemplo, incendiar objetos para evitar que la gente se traslade, es decir, que haga uso de su derecho de trasladarse libremente, también es violatorio de sus derechos.

Finalmente, quisimos tratar de mejor manera el delito de saqueo. Hoy el delito de saqueo no existe. El saqueo es una figura que existe solamente en períodos de guerra. Por lo mismo, lo que ha ocupado la Fiscalía es la figura de robo en lugar no habitado. El problema que ha habido -más bien, la condescendencia que ha habido- es que algunos fiscales generalmente dejan en libertad a sus autores, debido a que la pena que se establece es baja -de 541 días a cinco años-, y a que algunos imputados tienen irreprochable conducta anterior. Los fiscales no hacen el esfuerzo de condenarlas, sino que le dan una salida alternativa; es decir, la persona sigue con la conducta irreprochable anterior, porque como no recibe condena, la próxima vez que vuelva al tribunal por un saqueo, sigue teniendo una conducta irreprochable, lo que significa que no ha cometido un delito. Así. puede volver cien veces al tribunal por saqueo, y finalmente los fiscales muchas veces van por la pega fácil: buscan la salida alternativa y no prosiguen en condenar. Es una crítica que hicimos al fiscal nacional.

Por otra parte, quiero señalar que en este proyecto de ley proponemos el aumento de la pena y el establecimiento de una excepción.

Debido a que el saqueo se produce en un período excepcional, no todos los días, sino en un período de calamidad pública, de desorden, se deberá considerar como un delito excepcionalísimo. Como no se trata del delito de robo en lugar no habitado, el cual se perpetra todos los días, propusimos fijarle una pena mayor, de tres años y un día a cinco años, con el objeto de evitar que se decrete la salida alternativa, medida de la que muchos fiscales han hecho mal uso.

Finalmente, por lo menos en los casos de reincidencia, solicitamos que se decrete la prisión preventiva, sin perjuicio de que en otros se dictaminen penas más razonables.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi Lavín .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señora Presidenta, respecto de este proyecto, si aquí pregunto si todos queremos la paz, todos me van a responder que sí, y me incluyo. Yo condeno la violencia, y me encantaría que este país alcanzara la paz.

El politólogo noruego Johan Galtung distingue entre la paz negativa, que es la ausencia de la guerra, y la paz positiva que es el fin de la violencia estructural. Según él, como violencia estructural debemos entender a aquella que corresponde a la acción sistemática de una estructura social o de una institución que impide a las personas satisfacer sus necesidades elementales o necesidades humanas básicas, como la supervivencia, el bienestar, la identidad, la salud, la libertad, en que, gracias a mecanismos de estratificación social, el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos queda resuelto sistemáticamente en favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás.

¿Les parece conocido? Se parece a Chile, ¿no? Se parece a Chile porque, claramente, nosotros tenemos un sistema basado en la violencia estructural: privilegios para muy pocos, y para el resto lo que sobra. Eso es lo que hemos construido como país.

Quiero mencionar algunos casos emblemáticos, que también tienen que ver con esta violencia estructural, en los cuales las instituciones de justicia han resuelto, a la luz de la opinión pública, con cierto trato preferencial o una solución que no es equivalente al delito cometido por el cual se le investigó. Por ejemplo, Laurence Golborne , quien logró una salida alternativa en el juicio penal seguido en su contra tras pagar 11,4 millones de pesos. Se le acusó de facilitar boletas falsas al grupo Penta, quienes pagaron 370 millones de pesos para su campaña senatorial de 2013. Esa fue toda la sanción: el pago de 11,4 millones de pesos para una persona que, claramente, no carece de esos 11 millones.

También quiero plantear el caso del hijo del ex presidente de Renovación Nacional, Martín Larraín , quien, supuestamente en estado de ebriedad, atropelló y dio muerte a Hernán Canales, en Curanipe. ¿Qué pasó con este juicio? El hijo de Hernán Larraín fue absuelto de todos los cargos, y condenaron a los amigos de Martín: Sofía Gaete y Sebastián Edwards , por obstrucción a la justicia.

Sigo con el caso Penta. Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín evadieron 1.700 millones de pesos en tributos y fueron condenados a una sanción penal que fue ir a clases de ética.

Luego del destapado caso Penta, tras indagaciones de la Fiscalía, aparecieron boletas ideológicamente falsas asociadas a la campaña de Pablo Zalaquett.

El Juzgado de Garantía de Talcahuano dejó bajo arraigo nacional y firma mensual a los seis ejecutivos de ENAP que contaminaron las regiones del Biobío y de Valparaíso, la conocida situación de Quintero-Puchuncaví. ¿Cuál fue la sanción? Arraigo nacional y firma mensual. ¡Fantástico! Esos ejecutivos envenenan a la gente, pero para la justicia en Chile no son un peligro para la sociedad. Contaminaron a 1.553 personas, con riesgos serios para su salud y su vida, pero no son un riesgo para la sociedad.

Y así, la lista es enorme. ¡Enorme!

Las últimas evaluaciones hablaban de 370 millones de dólares en pérdidas desde el estallido social, que serán de cargo fiscal. Reitero: 370 millones de dólares.

El Núcleo de Investigación en Marginabilidad Urbana de la UC muestra que las colusiones de los pollos ganaron 1.500 millones de dólares. Obtuvieron 1.500 millones de dólares por la colusión, y la multa es de solo 60 millones.

También está la colusión del papel higiénico y la de las farmacias. Esta última se encuentra avalada en 27.000 millones de pesos, y la Corte Suprema aplicó una multa de 20 millones de dólares.

En total, todo suma 1.687 millones de dólares.

También se agrega el uso extensivo de empresas zombis en paraísos fiscales para evadir impuestos. Las empresas zombis evadieron un monto de 1.453 millones de dólares.

Eso es lo que permite el Estado de Chile. El Estado de Chile no se preocupa por la violencia estructural. Esa no es violencia; el abuso no es violencia. Es más, el Estado de Chile promueve el abuso de estas empresas.

Yo encantada aprobaría proyectos de ley sancionatorios, siempre y cuando sancionemos aquellos delitos de cuello y corbata que nuestra legislación hoy no castiga duramente.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo al ministro secretario general de la Presidencia, señor Felipe Ward .

Quiero partir haciendo un llamado en positivo con respecto a lo que se informó sobre este proyecto. Asimismo, felicito y agradezco a los autores de esta iniciativa, así como también reconozco el apoyo mayoritario, e incluso unánime respecto de algunos artículos, en la Comisión de Seguridad Ciudadana para poder despacharla a la Sala.

Acá no hay nadie que dude de que nos encontramos sumidos en una crisis social aguda, una crisis que nos sorprende a todos, en la que muchas veces vemos que hay muchos tipos de diagnóstico, pero nos hacen falta soluciones.

Todo el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y el Senado, debemos también tener un actuar mucho más responsable con respecto a la búsqueda de soluciones, en el entendido de que la crisis es justamente un llamado a buscar soluciones.

Pero estoy seguro de que la solución nunca va a pasar por el uso de la violencia, por el uso de la fuerza, porque eso es renunciar a los argumentos, al diálogo, a la función del Parlamento.

Por lo tanto, creo absolutamente necesario insistir y recalcar que el uso de la violencia no es ni será el camino para la solución de un problema, sino todo lo contrario.

Por eso, señora Presidenta, me permito plantear a esta Sala e incluso hago un llamado al gobierno, representado en este caso por el ministro Felipe Ward , para que ponga urgencia a un proyecto de ley que hemos firmado de manera transversal con quienes la acompañan en la testera en este momento, el Vicepresidente Pepe Auth y el Presidente Iván Flores, además de los diputados José Pérez , Vlado Mirosevic ; la diputada Paulina Núñez , y los diputados Juan Luis Castro , Javier Macaya y Francisco Undurraga .

Presentamos dicha iniciativa para que, de la misma forma en que los partidos políticos deben defender expresamente los derechos humanos en la ley, también deban condenar expresamente el uso de la violencia de cualquier forma, porque el respeto a los derechos humanos va de la mano también con el no permitir el uso de la violencia, ya que eso atenta, insisto, contra los argumentos, las ideas, la coexistencia pacífica.

Por eso entendemos y reconocemos que muchas veces la clase política estuvo muy tardía en buscar resolver la situación que la gente demanda con justicia, con derecho, con manifestaciones. Porque en Chile expresarse es un derecho, pero no existe el derecho de atentar contra otras personas.

Entendemos y empatizamos con el cansancio, la tristeza, la frustración que sienten muchas de las personas que están dispuestas a marchar masiva, pero pacíficamente; sin embargo, no podemos aceptar el aprovechamiento del uso de la violencia como forma de validación de esas demandas. Eso bajo ningún punto de vista podemos aceptarlo, porque lo que hace no solo es provocar daño en el momento, sino que debilita la institucionalidad de nuestro país, debilita el Estado de derecho, y eso es lo peor que se puede hacer pues, finalmente, afecta la democracia.

En esa línea, hacemos un llamado a respaldar este proyecto de ley, porque es necesario y apunta en el sentido correcto. Pero con la misma fuerza y convicción con que esperamos que se apoye esta iniciativa, debemos buscar un acuerdo con urgencia para responder a las demandas de la crisis social. Esto es un trabajo en paralelo. Por lo tanto, dejemos de pensar que el Congreso o que la clase política es blanca o negra o que estamos unos a favor de un grupo de la sociedad y otros a favor de otro grupo de la sociedad. No es así y no puedo permitir esos diagnósticos que han planteado.

La violencia no solo se ejerce a través de la fuerza, de la intimidación, del saqueo, de los incendios o de las barricadas, sino también a través del abuso psicológico en contra de otras personas que se ven más debilitadas, principalmente con ese juego aterrador en el que, para que una persona pueda pasar, debe bailar al ritmo de quien está ejerciendo la fuerza. Eso es inaceptable.

También es inaceptable que nos acusemos recíprocamente entre un bloque y otro respecto de quién tiene la verdad o de quién es la responsabilidad. Todos somos responsables y todos debemos ser parte de la solución.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo al ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel , y al ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward .

Estamos debatiendo un proyecto de ley que la gente, la ciudadanía que está en sus hogares, reclama con mucha fuerza. Es una iniciativa que viene a sancionar a aquellos que han estado durante cuarenta días o más sosteniendo a la República de Chile en un hilo entre la violencia y la paz. De eso trata este proyecto de ley.

De paso, felicito a los diputados Gonzalo Fuenzalida , Calisto , Walker y a la diputada Marcela Sabat , entre otros autores del proyecto y, por cierto, al diputado Leiva , quien también ofició buscando acuerdos entre los diversos sectores para que el articulado de esta iniciativa pudiera ser aprobado.

La diferencia entre la paz y la violencia en este proyecto radica en que protege a las personas para que en las manifestaciones, sin importar lo multitudinarias que sean, puedan protestar y expresar sus reclamos con paz. Incluso, se diferencia perfectamente en el proyecto quienes están a favor de la paz y quienes están a favor de la violencia. A los que se castiga es a los violentistas, a aquellos que incendian y producen terror.

El país ha sentido terror al ver a través de la pantalla de su televisor, si es que no lo han visto directamente, que se incendia un supermercado, un establecimiento público, que se instalan barricadas, que se saquean desenfrenadamente los locales comerciales y que se deja a la gente más sencilla sin posibilidad de abastecerse. Es natural que en esas circunstancias la ciudadanía sienta terror.

Claro, nuestro Código Penal necesitaba reformas, y es por eso que estos violentistas ya no saldrán por una puerta cuando se esgriman estas absurdas -a mi modesto entender- reparaciones al daño causado con diez mil pesos o que por irreprochable conducta anterior se vayan a sus casas aquellos que ocasionen terror a través de incendios, robos u otros delitos.

Necesitamos castigar con energía a los delincuentes que queman estaciones del metro y dejan sin posibilidad de transportarse a la gente más sencilla.

Mi llamado es a los fiscales. Los fiscales ganan tanto o mucho más que lo que ganábamos los parlamentarios; sin embargo, no dan el ancho a la hora de perseguir como corresponde estos delitos que tienen aterrorizada a la ciudadanía.

Por lo tanto, espero que funcione este proyecto de ley que pretende castigar con tres a cinco años de cárcel a aquellos que están ocasionando estos tremendos daños en el país.

¡Cuidado! No nos quedemos ahí. Estamos actuando represivamente con los “ninis”, los anarquistas y los narcos, quienes se han apoderado de gran parte del país y de la paz de Chile. Al respecto, tenemos un tremendo trabajo que realizar, porque los anarquistas, los narcos y los ninis son el resultado del modelo político, económico y social que existe en Chile.

Por lo tanto, este proyecto de ley viene a solucionar un problema actual, pero debemos tener la suficiente responsabilidad para atacar los orígenes de esta cantidad de vándalos que tienen a la democracia del país pendiente de un hilo. Eso se conseguirá con medidas realistas, con medidas de protección social, con la educación y la reeducación de todas esas personas que hoy no encuentran otro camino que no sea el de la violencia.

Felicito a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Hemos conseguido la unanimidad para gran parte del articulado, desgraciadamente, en otros aspectos no la hubo, pero las razones las tendrán que explicar quienes se opusieron al castigo que estamos proponiendo para aquellos que destruyen el país.

Espero que la agenda social que está impulsando el gobierno, el aumento de las pensiones -que deberían subir más-, el aumento del salario mínimo y todas las medidas que tienen que ver con el bolsillo de la gente contribuyan a que disminuyan o desaparezcan las marchas y los justos reclamos de los sindicatos. De esa manera, dejaremos aislados a los narcos, a los anarcos, a los ninis y a los violentistas, pues las policías podrán actuar con fuerza y con rigor, castigando, reeducando y encarcelando a estas personas que no merecen convivir con aquellos que buscan la paz y la tranquilidad por encima de todo.

Aprobaremos este proyecto de ley con mucha fuerza.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señora Presidenta, para que quede claro y se consigne en la acta de la sesión, debo señalar que como bancada no solo estamos por condenar públicamente, sino también por sancionar las conductas delictivas, como saqueos e incendios que afectan, mediante la destrucción parcial o total, al pequeño comercio o a las mipymes, así como a los bienes históricos y emocionales que dan vida e identidad a una ciudad o a un barrio.

Rechazamos en forma categórica la desfachatez de algunos diputados para emplazarnos, cuando militantes de sus filas han sido imputados por liderar saqueos, como un concejal de Renovación Nacional en La Calera. Estas acciones delictivas son absolutamente ajenas a las demandas y a los contenidos de las movilizaciones que buscan mejorar las condiciones de vida de los chilenos, pues pasan a ser enemigas del movimiento social al permitir sacar el foco de atención de lo principal, que son las demandas sociales de la inmensa mayoría del movimiento.

Sin duda, los saqueos han servido a los que están en contra del movimiento social. Quienes han dirigido estos hechos de violencia -hoy conocemos al menos a dos imputados por eso- se ponen en sentido contrario a las demandas y organizaciones sociales y populares. Por ello, insisto en que si hay que castigar una conducta brutal, es la de los saqueos. Ahí debe estar el trabajo de la justicia y de los policías.

La moción que estamos debatiendo se presentó públicamente como una iniciativa para sancionar los saqueos; sin embargo, a partir de una indicación, se transformó en un proyecto destinado a vincular las manifestaciones sociales con conductas que ya están sancionadas penalmente, tipificando el delito de desorden público y vinculándolo al ejercicio de manifestaciones o reuniones públicas, sancionando al que ejecute ciertos actos que describe el tipo penal.

Este proyecto hoy, lamentablemente, tiene un objetivo diferente: criminalizar las manifestaciones, creando un régimen penal desproporcionado para castigar a las personas que salen a la calle a protestar contra el gobierno.

Nosotros no estamos disponibles para regalar al gobierno una herramienta para que se querelle indiscriminadamente contra las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y reunión. Por lo mismo, sin duda, aprobaremos la tipificación del saqueo, como asimismo algunos tipos de desorden público que se establecen en la moción.

Lo que no vamos a hacer, insisto, es facilitarle a un gobierno que ha violado los derechos humanos en forma sistemática y generalizada, un instrumento de persecución política que le permita querellarse masiva e indiscriminadamente.

Seamos serios: no estamos -hablemos de frente a la gente- por aprobar in integrum una iniciativa de ley que es antibarricada. Estamos por aprobar lo que significa antisaqueo y antidesorden público, como por ejemplo el destruir un edificio público o privado, o el lanzamiento de objetos contundentes que lesionen a personas.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señora Presidente, el Comité de Revolución Democrática pide reunión de los Comités Parlamentarios sin suspensión de la sesión de Sala.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Se cita a reunión de los Comités Parlamentarios.

Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado René Saffirio Espinoza .

El señor SAFFIRIO.-

Señora Presidenta, creo que en este proyecto estamos utilizando una muy mala técnica legislativa, no solo desde el punto de vista del fondo, sino también desde el punto de vista de la forma. Hay un acuerdo de esta Sala en el sentido de que todo proyecto de reforma constitucional y todo proyecto que reforme los códigos de la república deben ser revisados de forma previa, como comisión técnica, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

“Curiosamente”, este proyecto no pasó por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sino que fue remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Si los distinguidos diputados hacen un análisis de las mayorías y minorías en ambas comisiones, verán que es distinto el resultado. Hago un téngase presente al respecto. Los parlamentarios oficialistas son mayoría en la Comisión de Seguridad Ciudadana, no la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En segundo lugar -discúlpenme que hable con un ejemplo personal-, en La Araucanía tenemos experiencia en estos temas. Llevamos, a lo menos, para hablar de los tiempos modernos, cuarenta años en que se ha tratado de resolver por la vía judicial y policial un conflicto étnico, social y político. Lo que hoy estamos enfrentando en Chile, en sus líneas generales, en su matriz más profunda, es un conflicto social, económico y político, en que la ciudadanía ha cuestionado la naturaleza del modelo en que estamos viviendo.

En consecuencia, se quiere aplicar aquí una solución policial y judicial para resolver un conflicto político-social. La misma receta probablemente –no soy pitoniso- dará el mismo resultado.

Tercero, al inicio del Párrafo II del Título Sexto del Libro Segundo del Cógigo Penal se intercala el siguiente artículo 268 septies: “El que –cualquier persona- valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público…”, etcétera.

Quisiera que alguno de los “genios” que aprobaron esta norma me dijera si alguien pasivamente puede participar en un acto violento en el contexto de una manifestación pública. Por lo tanto, hay dos palabras que resultan contradictorias en una misma disposición.

Pero, además, en un inciso posterior se establecen de manera rigurosa las facultades del juez o del tribunal para determinar la pena, pues se dice lo siguiente: “Se aplicará siempre el grado máximo de la pena…”, es decir, desde tres años y un día a cinco años.

Nadie razonable podría sostener que los hechos de violencia que se producen como consecuencia de las manifestaciones sociales no sean repudiables; eso es algo que rechazo categóricamente. El punto es si con este tipo de normas lograremos hacer eficaz el uso del derecho.

Cuando en el artículo 268 septies se hace referencia al individuo -”El que”- , y no se hace distinción, debo entender que se está refiriendo también a aquel policía que hace uso de la fuerza legal indebidamente, rompiendo protocolos y violando estas normas.

Cuando el legislador no distingue, no cabe al intérprete distinguir.

Cuando decimos “El que”, nosotros tenemos que entender que también aquel que hace uso indebido de la fuerza legal -facultad de la que está investido como agente del Estado- está incurriendo en el mismo delito.

En el punto 7° del artículo 268 septies propuesto se usa la palabra “ocuparen”. La ocupación -no puedo sino lamentar que se maltraten así el derecho y el uso del lenguaje- es un modo de adquirir el dominio, lo que está establecido en el artículo 588 del Código Civil. Allí está definido. Es un modo de adquirir el dominio, no una “toma”, si es lo que quisieron decir.

Repito: la ocupación es un modo de adquirir el dominio. Por eso, no veo qué hace un modo de adquirir el dominio en un tipo penal.

La usurpación, a renglón seguido, está sancionada en los artículos 457 y 458 del Código Penal. Cierto, tiene una pena asociada de multa que entiendo es cercana a las 30 UTM cuando se trata de usurpación violenta; pero, evidentemente, estamos reiterando un tipo delictivo que no se subsume en el ya existente.

Por último, en el penúltimo inciso del artículo 268 septies se habla de “…cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente…”.

¿Qué es la habitualidad? No puedo entender la habitualidad sino en el sentido de la reincidencia. Eso significa que tiene que haber habido, respecto del o de los sujetos, una sentencia condenatoria previa para poder hablar de habitualidad.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ.-

Señora Presidenta, quedó claro que existe un cambio en nuestro país, cambio que hoy se refleja en la forma de manifestarse, de protestar.

En un principio, cuando comenzó el estallido social, en los medios de comunicación y en las redes sociales pudimos ver que existía una mezcla de manifestantes pacíficos y otros que, directamente, venían a ejercer la violencia.

Aquí debemos considerar que en el siglo XXI, en los tiempos de hoy, la era digital también viene a afectar la forma de las manifestaciones callejeras. No podemos dejar de considerar en este análisis que la irrupción, las actitudes, los comportamientos y conductas que han tenido muchos de estos violentistas son consecuencia de la estimulación de masas que generan las redes sociales con noticias falsas, con llamados a protestas y a manifestaciones. Es ahí donde, lamentablemente, se pierde el control. Si uno revisa la primera etapa de protestas, muchos saqueadores no tenían antecedentes previos, cosa que ha ido variando, pues ahora podemos observar que el 58 por ciento sí tiene antecedentes previos por algún tipo de delito.

En un principio se vivió una pérdida de control con esta mezcla de manifestantes pacíficos y personas que venían directamente a generar desorden, caos y malestar. Es ahí donde se genera el desorden público.

Uno piensa que las personas que organizan las marchas deberían dar respuestas o ser capaces de controlar la masa. Hoy en día, en redes sociales, es muy fácil que los grupos anarquistas, narcos o lumpen, o como los quieran llamar, se infiltren. Esos grupos, a través de las mismas redes sociales, obtienen información –la internet es un sistema público, abierto, donde la información se viraliza rápidamente-, se infiltran y activan a otras personas, muchas de las cuales tenían el propósito de marchar pacíficamente, pero en un momento se ven instigadas a ser agitadores. Finalmente se produce un descontrol y esas personas que querían manifestarse pacíficamente terminan haciendo cosas que jamás hubieran imaginado, como saquear, robar o incendiar una propiedad.

Estos delitos afectan la moral y el corazón de muchas familias que hoy claman justicia, porque quemar es denigrar; saquear un local es denigrar a su dueño. Aquí a más de alguno le han entrado a robar a su casa. Al constatar el hecho, uno encuentra su casa toda desordenada y que le han sacado todo. Entonces, uno se siente humillado, vulnerado. Es como una violación.

Transitar encapuchado es sinónimo de cobardía. Lo mismo ocurre en las redes sociales con aquellos que no ponen su nombre ni dan su cara. Son cobardes que forman parte de esta anarquía digital.

Las barricadas son intimidantes. Hemos visto que muchas personas sufren emocionalmente al ser víctimas de estos actos en las vías públicas por las cuales todos tenemos el derecho de transitar.

Como han dicho diputados de todos los sectores, todos debemos sumar: jueces, fiscales, PDI y Carabineros. Vamos a tener leyes, pero debemos hacer que esas leyes se cumplan. Si los fiscales no hacen la investigación y los jueces no dictaminan de acuerdo a lo que esas normativas señalen, finalmente esto será letra muerta.

Queremos subsanar una falencia que quizá no habíamos detectado. Nunca habíamos tenido una convulsión social en la era digital con efectos tan desastrosos a pequeños comerciantes. Esa gente hoy clama justicia.

Quiero hablar por Andrea, que perdió su peluquería en la zona cero de Temuco; por Pablo, que fue despedido el viernes, porque el hotel decidió cerrar en la Quinta Región; por Matías , un emprendedor a quien le cancelaron seis eventos; por todas aquellas personas de la calle Condell; por todos los emprendedores, personas sencillas, locatarios, comerciantes de Valparaíso, Concepción, Antofagasta , Valdivia , Talca, Temuco, etcétera, que han sido víctimas de saqueos y de delincuencia y que hoy quieren que se haga justicia. Muchos de esos emprendedores dicen: “Esto era por nosotros, no en contra de nosotros.”.

Tenemos desafíos, como regular los delitos digitales en lo que dice relación con la alteración de la paz pública a través de mensajes que inciten a la violencia, la insurrección y el vandalismo, utilizando plataformas digitales;, fortalecer las inteligencias, los protocolos y la capacitación de los policías, y mejorar la coordinación entre fiscales y policías.

Votaré a favor este proyecto de ley. Hacerlo es dar un paso adelante.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas Barrientos .

El señor ROSAS.-

Señora Presidenta, ninguna de las personas que integramos el Congreso Nacional hemos hablado en favor de la violencia. A nadie he escuchado hacer una apología de la violencia, y a ningún diputado de esta Cámara lo he visto tratar de generar violencia. Todos estamos en sintonía con lo que acaba de decir el diputado Sebastián Álvarez , particularmente con la preocupación por el daño que están recibiendo pequeños y medianos empresarios, vecinos que tenían pequeños locales en el centro de las ciudades y que se vieron afectados a consecuencia de personas que malentendieron el movimiento social, que se aprovecharon del mismo por las noches y generaron tremendos dramas en nuestras ciudades.

Uno debe valorar el sentido de ser diputado y representante de la ciudadanía. Debemos darle la importancia que tiene. Desde esta posición debemos luchar por que no haya más abusos en el sistema político económico imperante en los últimos cuarenta años. Tenemos conciencia clara acerca de cómo es un sistema que no da para más en cuanto a abusos en el sistema económico, donde se lucra en materia de pensiones, educación, salud, cuestión que jamás debió haber ocurrido.

Muchos acá hemos defendido el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente, porque esa es la forma correcta de hacerlo. Por algo estamos en una democracia donde debe existir respeto por el que piensa distinto, por las instituciones, por los derechos civiles. Para que yo exija derechos también debo respetar el derecho del otro.

Creo que estamos todos de acuerdo en que es necesario tipificar el delito de saqueo. Hay delitos que son evidentes, flagrantes, que no necesitan de una ley especial para que actúe

Carabineros. Celebro que este proyecto esté avanzando y que tengamos tanto acuerdo.

Los cuatro millones de personas que se han estado manifestando en estos últimos 46 días lo han hecho para terminar con un sistema de abusos que ya no se tolera más. Por ejemplo, la banca cobra intereses tan exorbitantes que la gente, los microempresarios, los agricultores terminan quebrando. Un sistema económico en que la salud también ha terminado siendo permeada por el lucro, de manera que hoy, si la gente no tiene ciertos recursos, no puede terminar su atención o completar su tratamiento, o si se empieza a enfermar mucho también la eliminan de ciertos seguros privados. Entonces, al final, aquí todos estamos involucrados.

¡Para qué hablar de las pensiones! Hemos dicho hasta el cansancio que ese es un sistema que tenemos que reformar.

Entonces, todos esos abusos tienen a cuatro millones de personas movilizadas, que finalmente son las que están haciendo que el Presidente Piñera caiga en las encuestas y tenga la baja valoración que tiene hoy. Creo que tenemos que apoyar las políticas sociales -necesitamos que lleguen aquí con urgencia- que de verdad resuelvan esos abusos, además de las que hoy están en discusión.

Por consiguiente, invito a que, en esta Cámara de Diputados, dejemos el discurso beligerante, porque todos estamos de acuerdo y preocupados por lo que está ocurriendo en las tardes y en las noches, más allá de la protesta pacífica; por los daños que se están ocasionando en nuestro país a los ciudadanos y a los pequeños comerciantes. Ese no es el objetivo del movimiento social.

Por lo tanto, voy a apoyar este proyecto, con todo el cariño que tengo por la comunidad de Valdivia y de toda la Región de Los Ríos, que también ha sufrido este tipo de abusos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señora Presidenta, pido que recabe la unanimidad para que pueda ingresar a la Sala el asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don Pablo Celedón .

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado Diego Paulsen ?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma Álamos .

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, saludo al ministro del Interior y Seguridad Pública, don Gonzalo Blumel , y al ministro secretario general de la Presidencia , don Felipe Ward .

Creo que la votación de hoy nos va a decir de qué lado está cada uno de nosotros: del lado de no sancionar a los violentos o del lado de cuidar el orden público.

Porque bienvenidas sean las manifestaciones pacíficas; bienvenido sea que la gente se pueda expresar. Pero esta futura ley va mucho más allá de eso, pues busca penalizar los saqueos y las barricadas, los que atentan contra servicios públicos de primera necesidad, cuando se pone en riesgo la vida de las personas, cuando se ataca a los bomberos y las ambulancias. Eso es lo que hoy busca esta futura ley. Insisto en que hoy quedará claro de qué lado está cada uno de nosotros.

Porque, ¿qué busca este proyecto de ley? Este proyecto busca sancionar a los violentitas, a aquellos que actúan en grupo o valiéndose de las multitudes para cometer hechos y delitos que son graves.

¿Cuál es el primer hecho establecido? Paralizar o interrumpir servicios públicos de primera necesidad: transportes, hospitales, agua potable, electricidad, comunicaciones. Los que interrumpan esos servicios serán duramente sancionados.

En segundo lugar, que se lancen objetos contundentes, punzantes o cortantes, y se ponga en riesgo la vida de las personas. ¿Principalmente de quiénes -hay que decirlo-? Principalmente de los carabineros. Defendamos a nuestros carabineros que hoy están siendo brutalmente atacados. Este es el momento de defenderlos.

En tercer lugar, serán sancionados los que destruyen todo o parte de una vivienda, de una casa, de un establecimiento comercial o industrial, de una oficina pública o privada, de un vehículo motorizado. Tenemos que entender que la protesta no tiene nada que ver con la destrucción.

En cuarto lugar, este proyecto establece algo fundamental: una normativa antibarricadas. Si decimos defender el orden público y el libre desplazamiento de las personas, tenemos que estar claros en que debemos condenar las barricadas, que en sí mismas son un hecho violento.

Y aquí vamos a tener una prueba de la blancura, porque no es casualidad que en la Comisión de Seguridad Ciudadana el Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista y el Frente Amplio hayan votado en contra de la norma que busca sancionar a los que hacen barricadas. Eso no es menor. ¡Veamos de qué lado está cada uno de ustedes! Nosotros vamos a defender esta norma para que se sancione a esos violentistas.

También estamos sancionando a quienes dificulten o impidan el actuar de los bomberos y las ambulancias, de aquellos que van a prestar servicios de utilidad pública.

Entonces, lo que estamos viendo hoy es un tema fundamental, que es saber de qué lado estamos: ¿miramos para el lado ante la violencia y creemos que la manifestación social también es lanzar bombas molotov, hacer saqueos y armar barricadas o creemos que la legítima manifestación social debe realizarse en paz y que hay que sancionar a aquellos que cometen actos violentos?

Durante años hemos escuchado decir que valoran las protestas y condenan la violencia.

Veamos si es verdad que condenan la violencia o simplemente es una condena de papel.

Por eso, desde la UDI, vamos a votar a favor todo el proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Estimados diputados, les recuerdo que, por acuerdo de los Comités, los parlamentarios serán llamados a intervenir en el orden que corresponde, y si no se encuentran en el Sala, seguiremos adelante, porque hay más parlamentarios inscritos que tiempo disponible.

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini por un punto de Reglamento.

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para extender hasta las 13.30 horas el tiempo de discusión del proyecto, tomando en consideración que la sesión termina a las 14.00 horas y que la iniciativa contiene solo dos artículos, por lo que no nos va a tomar demasiado tiempo su votación.

Por eso, pido que recabe el acuerdo de la Sala para extender en media hora la discusión, para que todos los diputados podamos intervenir en este proyecto de ley tan importante para el momento que vive Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señorita diputada, la reunión de Comités fue convocada para acordar un tiempo de intervención que permita a todas y todos los señores diputados hacer uso de la palabra. En ese sentido, se propuso que en vez de hablar seis minutos, como establece el Reglamento para la discusión inmediata, los diputados puedan hablar hasta cuatro minutos, y extender media hora la sesión, pero no hubo unanimidad.

Ahora, usted está pidiendo solamente la extensión del Orden del Día, sin perjuicio de la hora de término de la sesión que es a las 14.00 horas.

¿Habría unanimidad para acceder a la proposición de la diputada Maite Orsini ?

No hay unanimidad.

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro del Interior y al ministro secretario general de la Presidencia, y les agradezco el apoyo y la urgencia que han dado a este proyecto de ley, que se origina en una moción transversal de distintos partidos, tanto de la oposición como del gobierno.

Este proyecto de ley se hace cargo de un vacío legal importante respecto de conductas que son claramente antisociales y antidemocráticas, como son la instalación de barricadas, el saqueo y el uso de capuchas para ocultar la identidad por parte de quienes perpetran ese tipo de delitos.

Nada tiene que ver este proyecto de ley con la criminalización de las manifestaciones pacíficas, como torcidamente se atribuye a cualquier iniciativa que busque establecer herramientas para el control del orden público.

Ayer aprobamos en esta Sala un proyecto de ley que reajusta en forma significativa las pensiones de nuestros adultos mayores del pilar solidario. Tenemos que seguir trabajando con mucha intensidad en una agenda social que dé respuesta a las demandas que se han levantado pacíficamente desde la ciudadanía, pero si no somos capaces al mismo tiempo de controlar el orden público y establecer las mínimas condiciones para que la vida cotidiana de los chilenos pueda transcurrir con paz y con tranquilidad, ninguna de las iniciativas en materia social va a tener un buen destino.

Felicito muy sinceramente a los autores de este proyecto de ley. He tenido la oportunidad de participar muchas veces en la Comisión de Seguridad Ciudadana reemplazando a otros colegas, y he visto que esa comisión, que preside muy acertadamente el diputado Miguel Ángel Calisto , realiza un trabajo realmente notable de transversalidad y profesionalidad con los proyectos de ley que ha estado discutiendo. Como no destacar la participación de diputados como Gonzalo Fuenzalida , Matías Walker , Raúl Leiva y el mismo Miguel Ángel Calisto , que son autores de este proyecto.

Estamos ante una iniciativa bien elaborada, técnicamente bien hecha, a la cual concurren diputados de todas las coaliciones, lo que es valioso en sí mismo, pero además es valioso porque fija una posición clara frente a un tema en el cual no siempre hemos tenido acuerdo transversal, que es el tema de la violencia. Este proyecto supone un rechazo categórico e inequívoco al uso de la violencia como método de acción política. Al respecto, coincido con las palabras del diputado Diego Schalper , en el sentido de que no todas las fuerzas políticas representadas en esta Sala han sido explícitas y categóricas en rechazar la violencia. Hemos escuchado hace unos minutos intervenciones que confirman esa ambivalencia. Hemos escuchado una apología de la violencia, cuando el diputado Florcita Motuda , diputado del Frente Amplio, nos notificaba que los jóvenes de 17 años les perdieron el miedo a las balas, o cuando la diputada Hertz nos señala explícitamente que está a favor de legislar en contra del saqueo, pero en contra de legislar para castigar y sancionar la instalación de barricadas. Hemos escuchado una justificación muy elaborada por parte de la diputada Girardi : justifica de alguna manera la violencia producto de la violencia estructural que se viviría en nuestra sociedad.

Quiero señalar categóricamente que, con el mismo entusiasmo y con la misma convicción con que vamos a votar a favor este proyecto de ley que sanciona el saqueo y las barricadas, conductas antidemocráticas y antisociales como las que hemos visto en estos días, vamos a votar a favor aquellos proyectos de ley –somos coautores de algunos de ellos- que buscan sancionar con cárcel delitos como la colusión y otros delitos económicos, denominados “de cuello y corbata”, que sin lugar a dudas son impresentables y deben ser sancionados con la misma convicción.

Creo indispensable que hagamos la distinción clara entre la expresión pacífica, que todos queremos custodiar -este proyecto contribuye a salvaguardar los derechos y la protección de quienes se expresan pacíficamente-, y el uso de la violencia como un método político. En ese sentido, también me hago cargo de lo que se ha señalado aquí. Si hay algún representante de nuestras filas que ha cometido algún ilícito, debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. Pero es necesario distinguir los delitos comunes, como el robo o la apropiación de especies, del uso de la violencia como método político, porque eso está absolutamente reñido con una democracia.

Por eso, vamos a apoyar este proyecto de ley y vamos a respaldar todos aquellos que busquen restablecer y mantener el orden público, porque eso va en resguardo de la ciudadanía y de la convivencia democrática, y es la base indispensable para que la agenda social que estamos construyendo pueda sostenerse económica y socialmente en el tiempo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Hago presente a la Sala -lo hemos dicho en varias sesiones- que mientras no haya un cambio en el acuerdo de los Comités, tienen el derecho preferencial del uso de la palabra quienes se inscriban en la primera línea, porque representan a sus bancadas, independientemente del orden numérico de la inscripción. Luego, se otorgará la palabra de acuerdo con la proporción de las bancadas y con el número de inscripción. Por esa razón intervienen primero los inscritos en la primera línea y luego los demás. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet por un punto de Reglamento.

El señor MULET.-

Señor Presidente, como no hubo acuerdo para extender el horario del Orden del Día, pido que recabe la unanimidad de la Sala para que se reduzca el tiempo de intervención de seis a tres minutos por diputado, para los efectos de que podamos hacer uso de la palabra una mayor cantidad de parlamentarios en un proyecto tan complejo y tan difícil, en el que es muy importante que se exprese la mayor cantidad de opiniones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, ya hemos hecho todos los intentos. Hemos planteado la posibilidad de acortar el tiempo de cada intervención y de extender el Orden del Día, pero no ha habido acuerdo.

No obstante, la suya es una solicitud concreta.

¿Habría acuerdo para disminuir el tiempo de uso de la palabra a tres minutos?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, pido que se dé prioridad en el uso de la palabra a quienes somos integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque queremos hablar sobre el proyecto específicamente.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Diputada Parra , no es posible, porque no está reglamentado. Habrá que proceder por orden de inscripción. Para tal efecto, los parlamentarios que son miembros de una comisión deben estar preocupados de inscribirse primero. Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, el estallido social, como se le ha llamado, vino a cambiar nuestra agenda legislativa. Hasta mediados de octubre dicha agenda no era más que la profundización del modelo neoliberal en nuestro país. Ello se expresaba en que todas las iniciativas legales fortalecían al sector privado en desmedro del sector público, es decir, se proponían soluciones privadas para problemas públicos, mirada que hoy por hoy se ha demostrado abiertamente fracasada, tal como lo podemos observar en las calles. Chile despertó, no quiere más políticas neoliberales.

Hoy abordamos un aspecto de nuestra realidad que ha tenido especial tribuna en los medios de comunicación y que ha evidenciado una característica primaria de algunos sectores. No obstante, lo que debiéramos estar discutiendo en este momento es el verdadero origen de la violencia, con la finalidad de tratar de buscar una solución de fondo y real.

En nuestro país, la violencia se ha expresado de forma sistemática sobre nuestra ciudadanía, la cual hoy, gracias a las grandes movilizaciones, nuevamente ha sido llamada “pueblo”. Chile despertó y se ha manifestado en contra de la violencia que muestra el abuso, la injusticia y el sistema que nos tiene en las condiciones que conocemos.

Se ha expresado una violencia fría, que intentó ser naturalizada e invisibilizada. Para ilustrar esta violencia señalaré solo algunos aspectos. En Chile, el 15,8 por ciento de las personas tiene depresión, con alto número de suicidios: una tasa promedio de 10,3 por ciento de suicidios por cada 100.000 habitantes.

Existe violación de los derechos humanos de los niños que viven en el Sename -se registran por lo menos trescientos casos de agresiones sexuales-; el 95 por ciento de los trabajadores tiene ingresos menores a 1.500.000 pesos; existe una alta segregación en educación y salud; existe incertidumbre por el futuro, debido a que el sistema de pensiones, el sistema de AFP, lo único que nos ofrece es pobreza al momento de nuestra jubilación.

Eso es violencia estructural, pero no he visto la misma disposición de avanzar en la solución de esas problemáticas en aquellos que rasgan vestiduras por un semáforo o por un desorden.

En pleno siglo XXI creímos estar lejos de expresiones de violencia y de vulneración de derechos humanos como las que hemos visto en el último mes y medio.

Estoy convencido de que no podremos salir de esta crisis social si no abordamos su origen: la gran desigualdad en que se encuentra nuestra sociedad, una fracasada estructuración social que requiere de represión para su funcionamiento. En este caso, digámoslo con franqueza, se ha ejercido violencia unidireccional, como lo ha señalado el informe de Amnistía Internacional.

Es muy importante decir que con esos términos no estamos avalando ni justificando la violencia que hemos visto en los últimos días en las calles. Pero seamos sinceros y francos: tenemos que admitir que la violencia tiene distintos rostros y que Chile ha vivido bajo la violencia, esa violencia fría de un sistema que ha generado las condiciones que permiten que existan hechos como los que estamos viendo.

Lamento decir que en mi región, particularmente en la ciudad de La Serena, se han visto efectos devastadores en estos últimos días. Quiero solidarizar con quienes han padecido daño, con quienes han perdido su capital, su patrimonio. Hemos visto algunos sectores que han sido destrozados como por efecto de verdaderos bombardeos. Eso lo debemos condenar de manera concreta; pero también debemos entender que nuestro trabajo no se agota en el análisis de los efectos de la violencia, sino que debemos razonar y reflexionar, con profundidad, sinceridad y convicción, respecto de los orígenes de los problemas. Debemos abordar sus causas, no dedicarnos permanentemente a centrarnos en sus efectos, porque eso no resuelve ni soluciona nada, ya que no va al fondo, a la raíz de los problemas.

Además, no solo hay que entender las causas para dar soluciones reales. También hay que entender que debemos dejar de lado y erradicar aquella vieja política que se ha implementado en el país: abordar los problemas sociales con soluciones policiales. Eso ha traído muchísimos problemas.

Por lo tanto, voy a apoyar en términos generales el proyecto, pero no apoyaré todo el articulado, puesto que me merecen dudas algunos de esos artículos respecto de su verdadero y real contenido.

Sin embargo, quiero dejar clara y establecida mi posición respecto de la violencia: la condeno en todas sus formas, incluso en aquellas tan invisibles que parecen querer ocultarse en este debate.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, saludo a los ministros que nos acompañan hoy.

Quiero decir, por intermedio del señor Presidente, a la Sala y a todas las personas que nos estén viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, que no hay duda alguna en cuanto a que todos queremos terminar con los saqueos. Quienes más que los millones de personas que se han manifestado para que haya dignidad en Chile quieren que terminen los saqueos y que empecemos a hablar de dignidad.

Quiero responder al diputado Schalper -a quien no veo en la Sala-, quien increpó a viva voz e hizo una generalización al señalar supuestas responsabilidades políticas tras los saqueos, que no he escuchado a nadie de Chile Vamos referirse al involucramiento y liderazgo de uno de sus militantes precisamente en un saqueo. Me refiero al concejal Karim Chahuán , quien ocupó un celular de su municipalidad para coordinar la comisión de ese acto. No lo he escuchado en todo el día referirse a eso; pero siguen los ataques hacia sectores políticos sin ningún tipo de prueba. Quiero dejar constancia de eso.

Para ir al fondo del proyecto, analicemos de qué se trata la importancia del Código Penal como ultima ratio. Es la forma en la que el Estado limita la más básica de las libertades de las personas: la libertad de tránsito. Seamos sinceros y sinceras: la mayoría de los temas normados en este proyecto de ley ya están tipificados en el Código Penal. Por lo tanto, lo que se está tratando de hacer es una mejor redacción, respecto de la cual estamos de acuerdo en el caso de algunos tipos penales que podían ser confusos.

El problema de fondo es por qué las personas que cometen delitos hoy no están privadas de libertad o no hay justicia respecto de esos hechos. En muchos casos ni siquiera hay detenidos, pero eso no se mejora con el cambio de la pena. Sin embargo, cuando los hay, muchas veces la Fiscalía no alcanza el estándar probatorio, y eso no se mejora con el cambio de la pena. De hecho, se ha demostrado que personas privadas de libertad que han obtenido el beneficio de la libertad condicional reinciden mucho menos que aquellas que cumplen con la totalidad de sus penas.

Por lo tanto, la idea de endurecer la mano, de agravar las penas, muchas veces atenta contra el interés de alcanzar mayor seguridad y de lograr menor comisión de delitos.

También quiero llamar la atención respecto de la proporcionalidad. Al respecto, se puede dar la paradoja, sobre la base de lo que se propone en uno de los numerales o en un par de ellos, en el penúltimo inciso del artículo 1, de que dos personas con intachable conducta anterior que rayan un monumento o tres personas con intachable conducta anterior que ocupan un terreno -¡ocupan un terreno!-, tengan una pena equivalente, la misma, que una persona que haga una colusión, es decir, que el Estado y la sociedad califiquen igual de graves tales delitos.

Pareciera que no estamos dimensionando las distintas características de esos delitos. Pareciera que rayar un monumento entre dos personas es igual de grave que una colusión, como la del confort. Nos parece que eso es normal.

Entonces, pareciera que las penas son un poquito más graves para la gente que hace ruido y se manifiesta para tener dignidad que para los delitos que cometen las personas de cuello y corbata. Eso, señor Presidente -por su intermedio se lo digo a los ministros-, no puede ser tolerable. Eso es parte de la injusticia que hoy impera en nuestro Código Penal, con su excesivo carácter antimanifestaciones. En el caso de las tomas de terreno, debo decir que estas muchas veces derivan en poder alcanzar el derecho a la vivienda, aunque sea precaria.

Entonces, digamos a las personas las cosas como son.

Primero, este proyecto obviamente no sancionará los delitos que hemos visto en el último mes, porque las leyes no son retroactivas. Entonces, hay mucha gente que dice: “No. Es que vamos a cambiar esta ley para que esa persona sea sancionada.”. Eso es falso, y todas las personas lo saben. Entonces, no mintamos.

Segundo, si no se reforman los procedimientos policiales para que se detengan los saqueos en vez de reprimir a las personas que se manifiestan pacíficamente, tampoco vamos a tener resultados.

Tercero, si no tenemos las pruebas para que esto cumpla el estándar probatorio en materia penal, tampoco la gente cumplirá condena.

Y, cuarto, si no queremos que la gente reincida -ya hay mucha evidencia-, no hay que aumentar las penas, sino encontrar medidas alternativas y prevenir lo que está de base en la comisión del delito.

Quiero reconocer el trabajo que hizo la comisión, y en particular mi compañera diputada Maite Orsini , quien colaboró para que esto se modificara en aspectos claves para que no tuviera la gravedad que tenía en el texto inicial. Al respecto, llamo a las y los colegas a que en la votación en particular rechacemos con mucha fuerza el número 3°, el número 7° y el penúltimo inciso, que creo que revisten una gravedad absoluta y una desproporcionalidad sin ningún tipo de racionalidad en este proyecto de ley, ya que el remedio puede pasar a ser mucho peor que la enfermedad.

Creo que transversalmente podríamos apartar eso del proyecto para enfocarnos en que efectivamente haya una agravante para el saqueo, que es lo que está en el número 2. Pero no metamos de pasada, por interés político, cosas que no tienen que ver con los saqueos, sino con la restricción a la libertad de expresión de las personas.

Insisto: queremos terminar con los saqueos, pero este proyecto como está no lo logra.

Basta de ocupar el discurso de violencia que todos y todas queremos erradicar para referirse a la dignidad que merecen las personas.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez Cotroneo .

El señor IBÁÑEZ.-

Señora Presidenta, este proyecto no trata precisamente de quiénes están a favor o en contra de las manifestaciones violentas. Quiero salir de ese clivaje tramposo, ideológicamente intencionado precisamente para dividir a la gente que hoy se manifiesta.

Creo que tipificar un nuevo delito solamente para hacer más fácil el trabajo a las policías es peligroso desde el punto de vista de la necesidad que hoy han planteado incluso los órganos internaciones de reformar las policías, de reformar su capacidad estratégica para crear inteligencia policial, de educarlos en derechos humanos, de descentralizarlos, de darles más poder local. Avanzar en esta dimensión sin siquiera al menos cuestionar estructuralmente la labor que están haciendo es peligroso. Es peligroso, porque aquí hay más carga al procedimiento penal, más carga a los tribunales, más carga a la Fiscalía y menos carga a los policías. Habrá indicios de nuevas tipificaciones, lo que en cuanto a la actual cultura que mantienen es muy peligroso y tiende a proscribir la libertad de reunión, la libertad de expresión y la de manifestación. En este caso en particular, en el contexto que estamos viviendo, finalmente, de una u otra manera, aquello es, insisto, peligroso.

Particularmente, hay ciertos numerales que causan bastante ruido, como el número 2°, que habla solo de lanzar, sin siquiera manifestar algún tipo de resultado. Asimismo, el proyecto habla de ocupar o usurpar bienes inmuebles. Como bien lo explicó el diputado Saffirio , se utiliza una tipología que no corresponde jurídicamente al delito que se está imputando, al menos a la intención que habría detrás del delito. De hecho, ese mismo debate lo tuvimos en 2006, cuando se hablaba de que, por la ocupación, a los estudiantes se les iba a imputar un delito que era la figura como la del robo en los colegios que ellos se estaban tomando para manifestarse, una cuestión absurda.

Por lo tanto, este proyecto viene a plantear una suerte de trampa en el actual contexto y no responde a las causas estructurales de la violencia. Incluso este es un tema de concepción del ser humano. Hoy hay mucha gente que se levanta esperanzada, que se moviliza. Aquí sale lo mejor de la sociedad, pero también lo peor, esto es, esa parte muy individualista, esa parte que se quiere aprovechar, que no necesariamente tiene que ver con quienes hoy demandan un cambio estructural. Es cosa de ver lo que pasa con un concejal de RN, quien, según la Fiscalía, usaba recursos públicos para provocar saqueos.

Creo que hay una distancia, e identificarla es interesante, pero desde el punto de vista de los determinantes sociales de la violencia, porque, de una u otra manera, el comportamiento de la gente no responde a ideas en la abstracción de sus mentes provocadas por una u otra situación. De hecho, responden a todo un proceso histórico, porque, finalmente, el ser humano es un ser histórico, y en cuanto a los determinantes sociales que provocan la violencia, la labor de un gobierno es responder en su fondo, en su estructura.

Con este proyecto no se va a solucionar el problema de los saqueos ni el problema de la violencia ni lo que están haciendo los policías. Creo que hoy la única manera de abordar esto es mediante una agenda social estructural que responda a las demandas ciudadanas y que, por cierto, establezca una línea de inteligencia policial estratégica junto con las comunidades, no separada de ellas, devolviendo la legitimidad a quien se supone que es “un amigo en tu camino”, pero hoy parece ser más bien “un violador en tu camino”.

Entonces, hoy necesitamos avanzar en reformas estructurales, porque el populismo penal a nivel mundial ha fracasado. Fracasó en México, en Colombia, en Brasil, y no queremos que Chile se convierta en un Brasil, en una Colombia o en un México.

Quienes hoy proponen esto y lo establecen como la gran solución al problema de la violencia callejera están repitiendo una Colombia, y hoy al menos nosotros no estamos disponibles para convertir a Chile en un Estado de populismo penal. Eso es muy peligroso, porque lo que aquí se pone en juego son los derechos humanos de la gente, la dignidad de quienes hoy, esperanzados, ven esto como una oportunidad para construir un nuevo Chile y no para degradarlo, como bien quieren hacer ver quienes establecen una división del pueblo sobre la base de este proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra Sauterel .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señora Presidenta, como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, quiero dar algunas luces.

Fue bien complejo legislar un proyecto con “discusión inmediata”, puesto que en dos días tuvimos que terminar por aprobar un proyecto que fue muy distinto del original. Lo que se presentó en su minuto no tiene nada que ver con lo que hoy día vemos en el comparado. Eso se logró exclusivamente por la disposición y apertura de los diputados y las diputadas que integramos esa comisión, y también por el inmenso aporte que nos hicieron instituciones como la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía Nacional.

Pero para ser bien exacta, en estricto rigor y apelando al rigor legislativo que siempre coloca el diputado Saffirio , este proyecto tiene varias fallas en términos de algunos conceptos en particular, lo que esperamos que en el Senado pueda arreglarse.

Sin embargo, primero, quiero recordar al gobierno que estamos en una crisis social bastante compleja, multicausal y que requiere el abordaje integral de al menos cuatro dimensiones: el proceso constituyente, profundas transformaciones sociales, justicia tributaria y, sin duda, orden público.

Estamos conscientes de que la violencia injustificada ha intentado debilitar una movilización histórica que emerge tras décadas de injusticias, de indolencias, de abusos, de fragmentación, pero con la misma claridad que planteamos un cambio de rumbo, no tenemos dudas en expresar sin ambigüedades que sin seguridad pública no hay bienestar posible.

Por esa razón, me referiré al proyecto en particular. Dejo en claro que esta iniciativa debe ser para castigar a quienes, valiéndose cobardemente y de manera violenta de una manifestación pública, cometan destrozos a bienes públicos o privados, y para quienes paralizan o interrumpen servicios de transportes, servicios hospitalarios, de emergencia, de electricidad o de combustibles.

También desde la oposición intentamos, en extremo, no criminalizar a los ciudadanos que de manera pacífica ejercen su derecho constitucional a manifestarse públicamente.

Por eso, si bien es cierto el proyecto vuelve sobre cuestiones que ya están debidamente penalizadas en la legislación, contribuye a precisar algunos elementos, particularmente a definir algunas situaciones que no estaban tan claras en algunos aspectos.

Es así que nos propusimos definir mejor qué es lo que se debe entender como desórdenes públicos, poniendo especial preocupación en la destrucción o destrozos de establecimientos comerciales o industriales o de bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

Hay algunos temas que quisiera remarcar en particular.

Así, me parece que el número 4°, que contiene la figura de de incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación, es claramente un inciso que se colocó para penalizar la barricada. Francamente, voy a votarlo en contra, porque me parece que no hay proporcionalidad respecto de las penas que se busca establecer para esa conducta y porque, además, está debidamente cubierta en otros incisos.

Por otro lado, debo mencionar que los diputados Molina y Álvarez , de la Región de La Araucanía, presentaron una indicación al número 7°, que penaliza a aquellos que ocuparen o usurparen bienes inmuebles. Llamo a este hemiciclo a rechazar esa indicación, porque lo que pretende, de manera encubierta, es intentar resolver el conflicto social mapuche, y considero que ese no es el modo de hacerlo. Es imposible pretender seguir tratando de solucionar un problema social con la lógica de la zanahoria y el garrote.

Por otro lado, hay un inciso, el que sigue al número 7°, mediante el cual se busca aplicar siempre el grado máximo de la pena del inciso primero cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas. La verdad es que pretender colocar esa agravante para que actúe siempre en esas circunstancias, cuando la mayoría los desordenes públicos siempre los realizan dos o más personas, carece de lógica jurídica y hace que se termine aplicando una pena desproporcionada. Por tanto, también llamo a rechazar esa disposición.

Mientras el gobierno y el Ministerio Público se lanzan fuego cruzado, los delincuentes siguen saqueando y participando en actos violentos. El Congreso, en tanto, ya está haciendo su pega. Lo digo para que el gobierno y los fiscales hagan la suya. No nos sigan trasladando su incapacidad para resolver estos problemas.

Finalmente, la opinión pública debe saber que esta legislación no es retroactiva, que no resolverá los problemas ocurridos en estos días, pero queremos expresar nuestra voluntad y dar una señal en cuanto a que rechazamos la violencia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, para ser bien conciso y preciso, diré dos cosas: sin orden público no hay paz social y sin justicia tampoco hay paz social.

Por lo tanto, que estemos legislando con la urgencia que se está haciendo en este Congreso me parece positivo, porque debemos avanzar rápidamente en castigar a aquellas personas que se sienten con el derecho a poner barricadas y coartar la libertad de las personas en nuestras ciudades.

Asimismo, debemos avanzar en el castigo a aquellas personas que se aprovechan de la situación extrema por la que atraviesa el país para robar, para saquear.

Por los motivos expuestos, considero de la mayor importancia avanzar con rapidez en la creación de estos tipos penales.

Así como también es importante, señor Presidente…

-Manifestaciones en la Sala.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

¡Solicito silencio en la Sala y a la gente que está en las tribunas!

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, como es importante avanzar rápido, le pido al gobierno su colaboración para sancionar como es debido conductas como la colusión, el fraude al fisco y el cohecho, porque si no hay justicia en Chile…

(Manifestaciones en la Sala)

Señor Presidente, ¡por favor…!

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Les solicito a los señores diputados que dejen que los ministros de Estado escuchen al parlamentario que está interviniendo. Diputado Longton , por favor.

Puede continuar, diputado Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, como decía, agradezco la urgencia para estos proyectos, pero también hay necesitamos urgencia para terminar con los abusos y los delitos que aún no tienen castigo porque, como dije, sin justicia no hay paz social. Todos los delitos que tienen que ver con cohecho, fraude al fisco y colusión deben ser castigados con la misma fuerza.

El proyecto en debate es de sentido común, porque nadie tiene derecho a coartar la libertad de una persona, nadie tiene derecho a cortar el tráfico de una calle por la que transitan los chilenos comunes y corrientes, nadie tiene derecho a tomarse los espacios públicos…

-Manifestaciones en la Sala.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

¡Silencio, por favor! Les ruego a los diputados Castro y Ortiz y a la diputada Castillo que tomen asiento, por favor.

Diputado Pardo , por favor tome asiento para que pueda terminar su intervención el diputado Torrealba .

Diputado Torrealba , puede continuar.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor TORREALBA.-

Es imposible hacerlo, señor Presidente.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

¡Silencio, por favor! Puede continuar, diputado Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, decía que este proyecto es de sentido común, porque es evidente que nadie tiene derecho a coartar la libertad de un chileno o chilena para trasladarse de un lugar a otro, ni el derecho a realizar su trabajo, ni la libertad para llevar a sus niños al colegio o al jardín infantil. Lamentablemente, eso es lo que ha estado ocurriendo estos días en Santiago y en el resto del país, porque hay personas que se sienten con derecho a limitar la libertad de otros chilenos.

Por esa razón, votaré a favor este proyecto, pero espero -le mando un mensaje al ministro- que avancemos rápidamente en modificar las sanciones de aquellos delitos que, como el cohecho, el fraude al fisco y otros, no se castigan con penas de cárcel. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, hemos sabido, por las informaciones que hemos recibido, de la gran cantidad de alcaldes que han interpuesto querellas en contra del Estado por los saqueos. Hemos visto actos totalitarios en diferentes calles de nuestro país, donde se exige a las personas, a los civiles, participar en “el que baila, pasa”; también hemos visto más de 20.000 micro y pequeñas empresas y locatarios afectados por saqueos.

Este proyecto, que fue discutido intensamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, tiene el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y este elemento es muy importante señalarlo, porque no se afecta la libre expresión ni la manifestación pacífica, sino que se está tipificando como delito la alteración de la paz pública que generan aquellos que cometen actos violentos.

Este proyecto, que se inició en una moción de los diputados Gonzalo Fuenzalida , Walker , Silber , la diputada Sabat y quien habla, fue mejorado de manera sustantiva en la comisión por el diputado Raúl Leiva , del Partido Socialista. Allí se deja clara la delimitación entre aquellos que se expresan en democracia, en paz, y aquellos que usan la fuerza, a quienes condena.

Recalco lo anterior, porque el diputado René Saffirio señaló que el gobierno tiene mayoría en la Comisión de Seguridad Ciudadana. No obstante, soy enfático en señalar que, curiosamente, el proyecto fue votado a favor mayoritariamente por los integrantes de la comisión, incluyendo a los diputados del Partido Socialista, del PPD y de la Democracia Cristiana. Se abstuvieron los diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista, pero no hubo ningún voto de rechazo al proyecto, porque los integrantes de la comisión entienden el problema de seguridad que vive el país y del cual, evidentemente, no podemos mantenernos ajenos.

Lo primero que señala el proyecto es que se sanciona a “El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público…” y a continuación se señala una serie de agravantes.

Una de las agravantes -creo que nadie de los presentes estará en contra de su sanción- es la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad. ¿Qué se entiende por servicio de primera necesidad? Servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones. Reitero que se sanciona la afectación grave de su funcionamiento.

También se condenan aquellos actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas; se sanciona el daño a terceros.

Asimismo, se sanciona a quienes destruyen, en todo o en parte relevante, viviendas, establecimientos comerciales o industriales, oficinas públicas o privadas, vehículos motorizados e inmuebles de instituciones religiosas. Hemos visto lo que ha pasado con diferentes templos e iglesias en el país.

En el número 4° se sanciona “el incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o los vehículos.”.

Este es uno de los temas que generan mayor controversia en la Sala, porque tipifica como delito hacer barricadas, pero, en la práctica y a mi juicio -fue lo que sancionó la gran mayoría de la comisión-, nadie puede coartar el libre tránsito de las ambulancias, de las personas, de los bomberos, de aquellos que quieren realizar sus actividades cotidianas. Básicamente, se garantiza el derecho a protestar, a manifestarse pacíficamente, pero se condena a quienes cometan actos violentos que afecten y dañen a terceros.

También constituye desorden público el impedir o dificultar la actuación del personal de Bomberos u otros servicios de utilidad pública.

En fin, creo que es importante la incorporación en el artículo 442 del Código Penal un inciso final que tipifica el delito de saqueo, aumentando las penas a quienes roban en lugar no habitado, en grupos o individualmente, con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Por lo tanto, no solo se trata de los hechos que hemos conocido en las últimas semanas, sino también con ocasión de un terremoto; por lo tanto, queda establecido que se trata de situaciones excepcionales.

Señor Presidente, por su intermedio agradezco a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Seguridad Ciudadana que votaron a favor la incorporación de este inciso final relativo al saqueo. Fue aprobado unánimemente en la Comisión, desde el Partido Comunista y el Frente Amplio hasta la UDI. Eso demuestra el interés y la disposición de la comisión por resolver los temas delictuales en el país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel .

El señor BLUMEL (ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los honorables diputados y diputadas y, cariñosamente, a las personas que nos acompañan en las tribunas, especialmente a las alumnas y los alumnos de la escuela de Maullín, una hermosa comuna de la Región de Los Lagos.

Un tema central del debate planteado en esta Sala tiene que ver con cómo abordar este conflicto, este estallido social que ya cumple 46 días.

En ese sentido, tengo la impresión de que, a veces, se plantean contradicciones que no son tales, pues tengo la absoluta convicción de que hay objetivos necesarios que deben complementarse. ¿A qué me refiero con esa afirmación? A que avanzar en encauzar este conflicto que se ha desarrollado en los últimos 46 días no significa necesariamente optar por un camino u otro; no significa optar por el orden público o por la agenda social. Debemos abordar todos los desafíos conjuntamente y de esa manera ir resolviendo los temas que nos ha planteado la ciudadanía.

¿Cuál es la razón de fondo que nos tiene hoy en una situación tan compleja? ¿Cuál es la razón por la que vivimos una de las crisis más profundas de nuestra historia republicana? Fundamentalmente, porque nuestro pacto social, de una u otra manera, se fracturó, se trizó o tuvo un deterioro importante.

Por eso, lo que debemos hacer -es la invitación que ha hecho el Presidente de la República y en ese esfuerzo está comprometido el gobierno- es avanzar en la recomposición de nuestro pacto social. ¿Cómo lograrlo? Nuestra convicción es que debemos avanzar en, a lo menos, cuatro caminos simultáneos, que no son excluyentes, sino absolutamente complementarios.

El primer camino es el constitucional, que se trazó hace algunas semanas en el Congreso Nacional y generó mucha ilusión en la ciudadanía, lo que valoramos y agradecemos. Ese acuerdo constitucional está en curso y tenemos el compromiso y el deber de materializarlo de buena manera.

Esta es posiblemente la discusión más de fondo, más profunda, más de mediano o largo plazo, pues aborda lo que queremos como sociedad. En esa discusión hablaremos sobre las garantías fundamentales que nos permitirá, si la ciudadanía así lo estima, avanzar en la definición de nuestras reglas, a través de un método y un procedimiento absolutamente democráticos.

El segundo camino es la agenda social. Quiero distinguir y separar claramente los hechos, porque tengo la convicción de que intentar generar confusión no tiene ningún sentido.

Los más de cuatro millones de compatriotas que se han manifestado pacíficamente en las últimas cinco o seis semanas han planteado una agenda social profunda, intensa, en temas de máxima importancia para las personas, como el previsional, área en que hay que hacer una reforma profunda en materia de pensiones; en salud, fundamentalmente en acceso, derechos y calidad de la salud; en cómo rebajar el precio de los medicamentos, y en materia de ingresos y salarios de los trabajadores.

Esos tres temas concitan un amplio consenso, los que ya estamos abordando con una agenda social que ha planteado el gobierno en materia previsional, en reducción del precio de las tarifas de transporte, en rebaja de precios de los medicamentos, en materia de ingresos de los trabajadores -proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados- y en un conjunto de materias que abordaremos responsablemente en el corto plazo.

Además de eso, el gobierno ha planteado la necesidad de construir, a través del diálogo, una hoja de ruta compartida en materia social. Es lo que podemos hacer responsablemente a corto plazo.

Con esa responsabilidad, se van a disponer cinco mil millones de dólares para la agenda social en 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, también estamos conscientes de que existe la necesidad de hacer transformaciones de fondo, de reformas estructurales en esos temas y en otros que debemos discutir y abordar. Sobre ellos hay que pactar una hoja de ruta compartida para el mediano y largo plazo.

Reitero: esta es una invitación a la honorable Cámara de Diputados.

Un tercer eje, muy urgente e importante por la coyuntura, es la agenda de recuperación económica. Nuestra economía está sufriendo aceleradamente un deterioro bastante inédito, que puede causar un profundo daño no solo a los fundamentos de nuestra economía, sino, sobre todo, a los trabajos y al empleo de los más de ocho millones de trabajadores de nuestro país.

Hoy tenemos un deterioro acelerado de las cifras económicas y del mercado laboral, lo que está impactando en el ingreso de los trabajadores. La agenda de recuperación económica que se planteó hace algunos días, que representa un impulso fiscal superior a los 5.500 millones de dólares, tiene un solo gran objetivo: la protección del empleo. Debemos hacer un pacto en materia de recuperación económica para proteger los empleos de todos los trabajadores de nuestro país. Es, posiblemente, la mayor dificultad o amenaza que tenemos en el corto plazo, y debemos abordarla con mucha fuerza.

Por último, para que puedan materializarse con éxito y eficacia el acuerdo social, el acuerdo constitucional y la agenda de recuperación económica, de modo de encauzar una salida a la crisis que enfrentan nuestro país y nuestra sociedad, debemos abordar con mucha convicción una agenda por la paz social y por el orden público, con un total e irrestricto respeto por los derechos humanos.

No va a ser posible o va a ser muy complejo materializar la agenda constitucional, la agenda social, la recuperación económica y proteger el empleo de los trabajadores si no recuperamos rápidamente la paz social y el orden público.

Seré muy claro. Como gobierno suscribimos absolutamente la distinción que se hace entre quienes se manifiestan pacíficamente y los grupos que buscan vandalizar, saquear o causar temor a la población, no solo produciendo daño y amenazando las agendas tan importantes que hemos logrado construir durante la última semana con los distintos sectores, sino provocando temor, dañando y deteriorando fuertemente la calidad de vida de nuestros compatriotas.

Sin duda, el proyecto es muy importante no solo porque fortalece y trata de recuperar la paz social y el orden público, sino también porque genera las condiciones y un contexto apropiado para concretar, de buena manera, la agenda constitucional, la agenda social y la agenda de recuperación económica. Es un proyecto que va a contribuir a recuperar la paz social y, sobre esa circunstancia, avanzar de buena manera en las otras tres agendas.

Valoro el proyecto porque tiene varias particularidades que lo hacen muy interesante. La primera es que surge de una moción transversal, validada y apoyada por todos los sectores.

La segunda es que ha sido discutido con sentido de urgencia en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Al respecto, agradezco el trámite que se le ha dado y la celeridad que se le ha puesto a la tramitación del proyecto.

La tercera es que, sin ser la solución de fondo a todos los problemas que tenemos en materia de orden público y seguridad, aborda directamente los principales problemas que hemos enfrentado en las últimas semanas -saqueos, desórdenes públicos, barricadas-, los que han causado un profundo temor y una profunda preocupación en la ciudadanía, la que ve cómo los acuerdos que hemos ido construyendo en materia constitucional, social y de recuperación económica se ven amenazados y afectados por esos delitos tan graves que se causan en el contexto de manifestaciones pacíficas, impulsados por grupos que se aprovechan de esas circunstancias para provocar daño. Eso no lo podemos permitir. Por eso es valioso que el proyecto surja de una moción transversal y avance con celeridad.

El proyecto aborda fundamentalmente aquellos delitos asociados a los saqueos, a los desórdenes públicos y a las barricadas. Tiene una connotación muy importante al sancionar o establecer mayores sanciones a quienes, en el marco de manifestaciones, provocan desórdenes públicos y cometen delitos.

Por una parte, el proyecto es importante porque sanciona a grupos aislados de narcos, saqueadores, anarcos y otros, que están perpetrando delitos; busca aislarlos y separarlos de las manifestaciones pacíficas, que es parte de lo que se ha planteado en el debate.

Por otra parte, además de aislarlos, protege y ampara la manifestación pacífica, que es un derecho consagrado en la Constitución y valorado por nuestra sociedad. Por eso, el proyecto es una contribución importante a la recuperación de la paz social y del orden público, y al combate contra la violencia cometida por esos grupos que están causando tanto daño.

Desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre, según los antecedentes proporcionados por la Fiscalía, se generaron más de 25.000 detenciones, de las cuales 2.200 corresponden a personas que han sido detenidas por saqueos, delito que hoy tiene penas muy bajas, que no inhiben su comisión. Más de 1.600 personas han sido condenadas por desórdenes públicos, con penas muy bajas, que tampoco inhiben la comisión de ese delito. Los desórdenes públicos se generan precisamente en el contexto de manifestaciones legítimas. El proyecto pretende separar la manifestación pacífica de esos grupos. Lo que todos queremos es aislarlos y sancionarlos con el máximo rigor de la ley.

Por supuesto, el proyecto no es la solución definitiva a los problemas asociados a la recuperación del orden público y la paz social. Tenemos que trabajar en la reforma a Carabineros, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Tenemos que abordar, también, con mucha urgencia, la reforma al Sistema de Inteligencia, así como llevar a cabo una discusión de fondo sobre todos los instrumentos que se requieren para la seguridad ciudadana y para la recuperación del orden público.

El proyecto es, sin duda, una contribución no solo para atacar ese tipo de delitos y aislar a los grupos que están dañando nuestra democracia, sino también para cuidar acuerdos valiosos, pero todavía frágiles; acuerdos valorados por la ciudadanía, para encauzar esta crisis, superarla y avanzar juntos en la construcción de una mejor sociedad y un mejor país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, hoy la desesperanza de la gente de trabajo no es solo por los saqueos y delitos que se cometen producto de los desórdenes públicos, que afectan de manera profunda y dolorosa el esfuerzo y sacrificio de cientos de familias, sino que además tiene el componente de rabia que produce la impunidad de ver cómo las suspensiones condicionales del procedimiento dejan en libertad a quienes cometen estos graves delitos producto de su baja penalidad. Este es el corolario del descontento social que se va acumulando peligrosamente. En este caso ya no hablamos de puerta giratoria, sino que derechamente no tenemos puerta.

La figura de desórdenes públicos como delito es de larga data. Una vez más nos encontramos con figuras penales cuya descripción y pena son absolutamente insuficientes, y en que nos encontramos siempre de forma reactiva reaccionando ante situaciones como esta.

Una de las razones es, sin duda, que nos encontramos con un Código Penal que data del año 1874, por lo que urge apurar el proyecto de nuevo Código Penal, que tengo entendido el gobierno ya tiene adelantado para poder presentarlo al Congreso y así tener un código de acuerdo a nuestros tiempos.

De 61 días a 541 días se pasa a 3 años y 1 día a 5 años, cuando este se comete “actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuviere lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.”.

Por lo anterior, quien sea condenado por este delito y cuente con antecedentes penales, no podrá ni siquiera optar a la pena sustitutiva (de la privativa de libertad) de libertad vigilada. Es decir, solo podrá optar a la libertad vigilada intensiva (la más gravosa de las penas sustitutivas) en la medida en que no se cuente con antecedentes. De lo contrario, deberá cumplir pena privado de libertad.

Veinticinco mil personas han sido llevadas a control de detención, gran parte sometidas a medidas cautelares menores. Solo entre 4 y 5 por ciento han terminado en prisión preventiva. Esto se explica, entre otras cosas, por la baja penalidad de estos delitos, que eventualmente si se condenaran, sus responsables no arriesgarían privación de libertad.

Por esto es relevante entregar mayores herramientas a los tribunales para que decreten medidas cautelares más intensas, en atención a la gravedad de estos delitos.

He dicho.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, es de suma importancia para la ciudadanía el que hoy discutamos este proyecto con la urgencia legislativa de la discusión inmediata, ya que hoy la gente nos está exigiendo a todos los parlamentarios de manera transversal, una mayor premura en las iniciativas, de manera que se les permita vivir con un poco más de seguridad, que puedan transitar por las calles tranquilamente, o sin el temor constante para aquellos dueños de pymes de tener que ver su emprendimiento destruido por delincuentes que solo quieren sembrar el terror y la violencia en nuestro país.

Durante estas últimas semanas han sido miles los casos que hemos conocido a través de los medios de comunicación, en donde se han registrado diversos saqueos y largas jornadas completamente desatados y que a todas luces también demuestran un cierto nivel organizativo criminal.

Es por ello que si bien esta moción parlamentaria viene a penalizar diversas situaciones de desórdenes públicos y de saqueos, incluyendo agravantes y aumentando las penas, esto no será de utilidad alguna si es que coordinadamente no se ejecuta una inteligencia policial necesaria y efectiva para evitar estos hechos delictuales. Puedo afirmar lo anterior con completa convicción, ya que en las comunas de La Cisterna y San Ramón , que represento, llama la atención cómo estos últimos días se han incrementado sostenidamente estos casos, provocando un caos y dejando a muchas familias afectadas, sin trabajo o sin lugares para abastecerse.

Es por ello que quiero hacer un llamado a aprobar rápidamente este proyecto, pero también a focalizarnos en las otras iniciativas que otorgan más herramientas a nuestras policías, para que de una vez podamos terminar con el vandalismo y la delincuencia, que tienen capturada hoy a nuestra sociedad.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, a propósito del proyecto en discusión, que es tan relevante y que introduce modificaciones tan importantes en materia de orden penal, entiendo que hay un acuerdo de la Cámara de Diputados que obliga a que todo proyecto que modifique el Código Penal o cualquier otro tipo de leyes codificadas debe pasar por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Este proyecto no lo hizo. Quiero saber por qué ello no ocurrió, porque me parece un mal proyecto.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En primer lugar, aclaro que no hay un acuerdo explícito sobre esa referencia.

Tal como se explicó, no hubo reclamación, por lo cual la Mesa decidió enviar el proyecto a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, lamento tener que contradecirlo, pero ante una pregunta formulada respecto de un proyecto de estas mismas características, la Sala tomó el acuerdo formal -no recuerdo la fecha, pero debe haber sido tres o cuatro meses atrás- de que cuando se tratare de reformas constitucionales o de proyectos de ley que reformaren alguno de los códigos de la república, la comisión que debía verlo era la Comisión de Constitución. Eso se tomó como acuerdo formal.

Que no haya quedado constancia de eso es otra cosa, lo que no nos empece a los diputados, sino que es materia de responsabilidad de la Mesa.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Solicito que el Secretario General de la Cámara de Diputados aclare el punto, de acuerdo con lo que ustedes han informado. Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara de Diputados, vamos a revisar el planteamiento que han hecho los diputados. No obstante, el minuto de hacer la reclamación de ese derecho era aquel en que se dio cuenta del proyecto.

Ustedes comprenderán que, en el estado actual de su tramitación, hoy ese derecho ha precluido.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señores diputados, vamos a revisar el acuerdo. Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, solo hago presente que hice la observación en el momento oportuno y no hubo respuesta.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, lo vamos a revisar. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, lamento lo que está ocurriendo hoy con este proyecto, porque, efectivamente, así como que se tramita un proyecto que tiene relación con recaudación, arcas fiscales, etcétera, que va a la Comisión de Hacienda, este proyecto debería haber ido a la Comisión de Constitución. Ese fue el acuerdo que tomamos en la Sala y, además, el diputado René Saffirio en su momento también planteó la necesidad de que eso ocurriera.

Entonces, no me parece que hoy no se esté cumpliendo un acuerdo que, por lo demás, se tomó en el pleno de esta Sala.

Lamento que cada vez que debamos hacer un punto tengamos que recordar los acuerdos que se tomaron. No corresponde lo que está ocurriendo hoy en la Sala.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Estimados colegas, me sorprende que se haya planteado esto justo antes de votar, cuando pudo haber sido planteado antes de iniciar el debate.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, también se requiere un mínimo de coherencia en la oposición, porque cuando se votó, en la Comisión de Salud, un proyecto de ley que despenalizaba la muerte asistida y el suicidio asistido, yo solicité que pasara a la Comisión de Constitución, y se dijo agresivamente que no. En esa oportunidad no escuché absolutamente a nadie de la oposición decir esto mismo.

Entonces, quiero pedirles un mínimo de coherencia, cuando estamos a un minuto de votar un proyecto de ley que ha sido tramitado plenamente por la Comisión de Seguridad Ciudadana y cuyos autores están en esa misma comisión, instancia en donde, además, el proyecto fue modificado.

Entonces, pido un mínimo de coherencia para que se actúe exactamente en las mismas condiciones.

Por lo tanto, señor Presidente, ahora simplemente le pido que lo sometamos a votación.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Muy bien, están hechas las reclamaciones. Vamos a revisar el acuerdo y deberemos resolver en consecuencia, pero ahora vamos a iniciar el proceso de votación.

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables en las circunstancias que indica.

Hago presente a la Sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 127 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Espinoza Sandoval , Mellado Pino , Sabat Fernández , Sebastián Fidel Cosme Marcela Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Fernández Allende, Maya Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla , Sandra Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Garín González , Renato Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio González Torres , Rodrigo Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Hernández Hernán-dez , Javier Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Hernando Pérez , Marcela Olivera De La Fuente , Erika Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Torrealba Alvarado , Sebastián Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leiva Carvajal , Raúl Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Luck Urban , Karin Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía, Gastón

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Gutiérrez Gálvez , Hugo Labra Sepúlveda , Amaro Velásquez Núñez , Esteban González Gatica , Félix Jiles Moreno , Pamela Nuyado Ancapichún, Emilia

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Hertz Cádiz , Núñez Arancibia , Santibáñez Novoa , Jenny Carmen Daniel Marisela Barrera Moreno , Boris Mix Jiménez , Claudia Rojas Valderrama , Camila Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Mulet Martínez , Jaime Santana Castillo , Juan Vallejo Dowling , Camila Girardi Lavín, Cristina

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso primero del artículo 268 septies contenido en el numeral 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 127 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Suazo , Miguel Saffirio Espinoza , René Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Saldívar Auger , Raúl Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime García García, René Manuel Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Garín González , Renato Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernán-dez , Javier Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Brito Hasbún , Jorge Hoffmann Opazo , María José Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo , Diego Ossandón Irarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Pardo Sáinz , Luis Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jarpa Wevar , Carlos Abel Paulsen Kehr , Diego Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Olea , Joanna Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Salinas , Catalina Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Miguel Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Romero Sáez , Leonidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Macaya Danús , Javier Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa , Francisco Mellado Pino , Cosme Sabat Fernández, Marcela

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Gutiérrez Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Nuyado Ancapichún, Emilia González Gatica , Félix Jiles Moreno, Pamela

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado, Loreto

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 1° del inciso segundo del artículo 268 septies contenido en el numeral 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 115 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 20 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Espinoza Sandoval , Fidel Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Amar Mancilla , Sandra Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Cobo , Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Santana Castillo, Juan Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Bellolio Avaria , Jaime García García, René Manuel Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Berger Fett , Bernardo Garín González , Renato Naranjo Ortiz , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Schilling Rodríguez , Marcelo Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernán-dez , Javier Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Calisto Águila , Miguel Ángel Hernando Pérez , Marcela Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , LeonardoCarvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Soto Mardones, Raúl Castro Bascuñán, José Miguel Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Celis Araya , Ricardo Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Paulsen Kehr , Diego Troncoso Hellman , Virginia Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Urrutia Soto , Osvaldo Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Del Real Mihovilovic , Catalina Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Van Rysselberghe Herrera , Enrique Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos, Patricio

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Gutiérrez Gálvez , Hugo Mulet Martínez , Jaime Rojas Valderrama , Camila Barrera Moreno , Boris Jiles Moreno , Pamela Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Nuyado Ancapichún , Emilia Velásquez Núñez, Esteban

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Crispi Serrano , Labra Sepúlveda , Torres Jeldes , Víctor Jenny Miguel Amaro Boric Font , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Orsini Pascal , Maite Vallejo Dowling , Camila Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Pérez Salinas , Catalina Vidal Rojas , Pablo Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Santibáñez Novoa , Marisela Winter Etcheberry , Gonzalo Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Teillier Del Valle, Guillermo Yeomans Araya, Gael

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 2° del inciso segundo del artículo 268 septies contenido en el numeral 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Fernández Allende, Maya Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Amar Mancilla , Sandra Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo , Juan Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Moreira Barros , Schalper Sepúlveda , Sergio Cristhian Diego Bellolio Avaria , Jaime Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Hernández Hernán-dez , Javier Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Carvajal Ambiado , Loreto Jiménez Fuentes , Tucapel Ortiz Novoa, José Miguel Torrealba Alvarado , Sebastián Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Castro González, Juan Luis Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Celis Araya , Ricardo Keitel Bianchi , Sebastián Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Cicardini Milla , Daniella Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Leiva Carvajal , Raúl Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto, Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Girardi Lavín , Cristina Labra Sepúlveda , Amaro Saffirio Espinoza , René Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Boric Font , Gabriel González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Vallejo Dowling , Camila Cariola Oliva , Karol Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Vidal Rojas , Pablo Castillo Muñoz , Natalia Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Yeomans Araya , Gael Garín González , Renato Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama, Camila

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny Ilabaca Cerda , Marcos Rosas Barrientos , Patricio Soto Mardones , Raúl Díaz Díaz , Marcelo Rocafull López , Luis Saldívar Auger, Raúl Torres Jeldes, Víctor

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 3° del inciso segundo del artículo 268 septies contenido en el numeral 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 116 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 25 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Garín González , Renato Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Bellolio Avaria , Jaime Girardi Lavín , Cristina Naranjo Ortiz , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro Hernández Hernán-dez , Javier Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Núñez Urrutia , Paulina Sepúlveda Soto , Alexis Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Soto Mardones , Raúl Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Tohá González , Jaime Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Paulsen Kehr , Diego Trisotti Martínez , Renzo Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Arriagada , José Troncoso Hellman , Virginia Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Pérez Lahsen , Leopoldo Undurraga Gazitúa , Francisco Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Pérez Olea , Joanna Urrutia Bonilla , Ignacio Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Urrutia Soto , Osvaldo Del Real Mihovilovic , Catalina Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Urruticoechea Ríos , Cristóbal Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Van Rysselberghe Herrera , Enrique Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez, Hugo Velásquez Núñez , Esteban Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Verdessi Belemmi , Daniel Eguiguren Correa , Francisco Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Espinoza Sandoval , Fidel Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto, Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Gutiérrez Gálvez, Hugo Mix Jiménez , Claudia Rojas Valderrama , Camila González Gatica , Félix Jiles Moreno, Pamela

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny Crispi Serrano , Miguel Mulet Martínez , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Barrera Moreno , Boris Fernández Allende , Maya Núñez Arancibia , Daniel Teillier Del Valle, Guillermo Boric Font , Gabriel Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Vallejo Dowling , Camila Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Vidal Rojas , Pablo Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Winter Etcheberry , Gonzalo Castillo Muñoz , Natalia Labra Sepúlveda , Amaro Santibáñez Novoa , Marisela Yeomans Araya , Gael Cicardini Milla, Daniella

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 4° del inciso segundo del artículo 268 septies contenido en el numeral 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez, Hugo Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Sabag Villalobos , Jorge Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Sabat Fernández , Marcela Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Bellolio Avaria , Jaime García García , René Noman Garrido , Schalper Sepúlveda , Manuel Nicolás Diego Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Torrealba Alvarado , Sebastián Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente , Erika Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Rentería Moller, Rolando

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende, Maya Marzán Pinto , Carolina Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Barrera Moreno , Boris Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Santana Castillo , Juan Boric Font , Gabriel González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Brito Hasbún , Jorge González Torres , Rodrigo Núñez Arancibia , Daniel Schilling Rodríguez , Marcelo Cariola Oliva , Karol Gutiérrez Gálvez , Hugo Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Carvajal Ambiado , Loreto Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Celis Araya , Ricardo Jackson Drago , Giorgio Rocafull López , Luis Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Espinoza Sandoval, Fidel

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ascencio Mansilla , Gabriel Jiménez Fuentes , Tucapel Sepúlveda Soto , Alexis Soto Mardones , Raúl Bernales Maldonado , Alejandro Mellado Pino , Cosme Silber Romo , Gabriel Torres Jeldes , Víctor Hernando Pérez , Marcela Mirosevic Verdugo , Vlado Soto Ferrada, Leonardo

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 5° del inciso segundo del artículo 268 septies, contenido en el número 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 144 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Alessandri Vergara , Jorge Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mix Jiménez , Claudia Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Barrera Moreno , Boris García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Barros Montero , Ramón Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Bellolio Avaria , Jaime Girardi Lavín , Cristina Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernán-dez , Javier Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Núñez Arancibia , Silber Romo , Gabriel Marcela Daniel Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Nuyado Anca-pichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jiles Moreno , Pamela Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Leiva Carvajal , Raúl Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Eguiguren Correa , Francisco Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya, Gael

-Votó por la negativa el diputado señor:

Gutiérrez Gálvez, Hugo

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny Soto Ferrada, Leonardo

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 6° del inciso segundo del artículo 268 septies, contenido en el número 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 63 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Garín González , Renato Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Álvarez Ramírez , Sebastián Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Boric Font , Gabriel González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Brito Hasbún , Jorge Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Calisto Águila , Hertz Cádiz , Carmen Norambuena Farías , Soto Ferrada , Leonardo Miguel Ángel Iván Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Undurraga Gazitúa , Francisco Cicardini Milla , Daniella Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Crispi Serrano , Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Rocafull López , Luis Velásquez Núñez , Esteban Cruz-Coke Carvallo , Luciano Kuschel Silva , Carlos Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Labra Sepúlveda , Amaro Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Espinoza Sandoval , Fidel Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Fernández Allende, Maya Marzán Pinto, Carolina

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Vera , Jenny Eguiguren Correa , Francisco Moreira Barros , Cristhian Pérez Lahsen , Leopoldo Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Núñez Urrutia , Paulina Romero Sáez , Leonidas Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Pardo Sáinz , Luis Santibáñez Novoa , Marisela Desbordes Jiménez , Mario García García, René Manuel Paulsen Kehr , Diego Torrealba Alvarado , Sebastián Durán Espinoza , Jorge Jürgensen Rundshagen, Harry

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Santana Tirachini , Alejandro Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Sauerbaum Muñoz , Frank Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Schalper Sepúlveda , Diego Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Muñoz González , Francesca Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris Hernández Hernán-dez , Javier Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Bellolio Avaria , Jaime Hernando Pérez , Marcela Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Berger Fett , Bernardo Hoffmann Opazo , María José Ortiz Novoa, José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Bernales Maldonado , Alejandro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Bonilla , Ignacio Bobadilla Muñoz , Sergio Kort Garriga , Issa Pérez Olea , Joanna Urrutia Soto , Osvaldo Carter Fernández , Álvaro Lavín León , Joaquín Prieto Lorca , Pablo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castro Bascuñán , José Miguel Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Van Rysselberghe Herrera , Enrique Celis Montt , Andrés Lorenzini Basso , Pablo Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Cid Versalovic , Sofía Luck Urban , Karin Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Coloma Álamos, Juan Antonio Macaya Danús , Javier Sabag Villalobos , Jorge Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Del Real Mihovilovic , Catalina Melero Abaroa , Patricio Sabat Fernández , Marcela Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Sanhueza Dueñas, Gustavo

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 7° del inciso segundo del artículo 268 septies, contenido en el número 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 12 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez, Hugo Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Sabat Fernández , Marcela Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime García García, René Manuel Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Hernández Hernán-dez , Javier Norambuena Farías , Iván Torrealba Alvarado , Sebastián Bobadilla Muñoz , Sergio Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Olivera De La Fuente , Erika Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto , Osvaldo Sebastián Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cruz-Coke Carvallo , Luciano Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique Del Real Mihovilovic , Catalina Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Rentería Moller, Rolando

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Saldívar Auger , Raúl Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Santana Castillo, Juan Boric Font , Gabriel González Torres , Rodrigo Núñez Arancibia , Daniel Santibáñez Novoa , Marisela Brito Hasbún , Jorge Gutiérrez Gálvez , Hugo Nuyado Ancapichún , Emilia Schilling Rodríguez , Marcelo Cariola Oliva , Karol Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Castillo Muñoz , Natalia Ibáñez Cotroneo , Diego Parra Sauterel , Andrea Teillier Del Valle, Guillermo Castro González, Juan Luis Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Tohá González , Jaime Celis Araya , Ricardo Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Jiménez Fuentes , Rojas Valderrama , Venegas Cárdenas , Miguel Tucapel Camila Mario Díaz Díaz , Marcelo Labra Sepúlveda , Amaro Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Espinoza Sandoval , Fidel Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Marzán Pinto , Carolina Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvieron los diputados señores:

Ascencio Mansilla , Gabriel Carvajal Ambiado , Loreto Mellado Pino , Cosme Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Mirosevic Verdugo , Vlado Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Lorenzini Basso , Pablo Sepúlveda Soto , Alexis Torres Jeldes, Víctor

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso tercero del artículo 268 septies, contenido en el número 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo 1 abstención.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Sabag Villalobos , Jorge Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés Sabat Fernández , Marcela Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Noman Garrido , Nicolás Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bellolio Avaria , Jaime Hernández Hernán-dez , Javier Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Berger Fett , Bernardo Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Bobadilla Muñoz , Sergio Jürgensen Rundshagen , Harry Ortiz Novoa, José Miguel Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena Troncoso Hellman , Virginia Carter Fernández , Álvaro Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Kort Garriga, Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cruz-Coke Carvallo , Luciano Lorenzini Basso , Pablo Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez, Hugo Walker Prieto, Matías

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Garín González , Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Renato Álvarez Vera , Jenny Girardi Lavín , Cristina Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo, Juan Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Boric Font , Gabriel Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Cariola Oliva , Karol Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Carvajal Ambiado , Loreto Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Ilabaca Cerda , Marcos Parra Sauterel , Andrea Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Jarpa Wevar , Carlos Abel Rocafull López , Luis Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Labra Sepúlveda , Amaro Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Espinoza Sandoval , Fidel Leiva Carvajal , Raúl Saffirio Espinoza , René Yeomans Araya , Gael Fernández Allende, Maya Marzán Pinto, Carolina

-Se abstuvo el diputado señor:

Desbordes Jiménez, Mario

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso final del artículo 268 septies, contenido en el número 1 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 126 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Eguiguren Correa , Francisco Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Ramírez , Sebastián Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Sabat Fernández , Marcela Amar Mancilla , Sandra Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Ascencio Mansilla , Gabriel Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Bellolio Avaria , Jaime Galleguillos Castillo , Ramón Naranjo Ortiz , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel Noman Garrido , Nicolás Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro Garín González , Renato Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio González Torres , Rodrigo Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Hernández Hernán-dez , Javier Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Hernando Pérez , Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Marcela Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Ibáñez Cotroneo , Diego Ossandón Irarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Kort Garriga , Issa Pérez Salinas , Catalina Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa, Patricio

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Hertz Cádiz , Carmen Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barrera Moreno , Boris Ilabaca Cerda , Marcos Núñez Arancibia , Daniel Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Jiles Moreno , Pamela Nuyado Ancapichún , Emilia Vallejo Dowling , Camila González Gatica , Félix Labra Sepúlveda , Amaro Santibáñez Novoa , Marisela Velásquez Núñez , Esteban Gutiérrez Gálvez, Hugo Mix Jiménez, Claudia

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny Girardi Lavín , Cristina Saldívar Auger, Raúl

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 2 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 134 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Alessandri Vergara , Jorge Fernández Allende , Maya Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Mix Jiménez , Sanhueza Dueñas , Juan Claudia Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino Galleguillos Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Bellolio Avaria , Jaime Garín González , Renato Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Berger Fett , Bernardo González Gatica , Félix Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernán-dez , Javier Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Brito Hasbún , Jorge Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Torrealba Alvarado , Sebastián Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Trisotti Martínez , Renzo Castro Bascuñán , José Miguel Jiles Moreno , Pamela Paulsen Kehr , Diego Troncoso Hellman , Virginia Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Olea , Joanna Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Salinas , Catalina Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Miguel Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leiva Carvajal , Raúl Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Luck Urban , Karin Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa, Patricio

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barrera Moreno , Boris Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Labra Sepúlveda , Amaro Santibáñez Novoa , Marisela Vallejo Dowling , Camila Gutiérrez Gálvez, Hugo

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Nuyado Ancapichún, Emilia

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el número 3 del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 139 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza , René Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende , Maya Mellado Suazo , Miguel Saldívar Auger , Raúl Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime Garín González , Renato Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Girardi Lavín , Cristina Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernán-dez , Javier Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Nuyado Anca-Soto Mardones , Raúl Marcela pichún, Emilia Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Torrealba Alvarado , Sebastián Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Trisotti Martínez , Renzo Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Urrutia Bonilla , Ignacio Celis Araya , Ricardo Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cicardini Milla , Daniella Kort Garriga , Issa Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Labra Sepúlveda , Amaro Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Miguel Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leiva Carvajal , Raúl Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Romero Sáez , Leonidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Luck Urban , Karin Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa , Francisco Melero Abaroa , Patricio Sabat Fernández, Marcela

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita González Gatica , Félix Gutiérrez Gálvez, Hugo Jiles Moreno, Pamela

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Vera , Jenny Mix Jiménez , Claudia Mulet Martínez, Jaime Rojas Valderrama, Camila

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

VALPARAÍSO, 4 de diciembre de 2019

Oficio Nº 15.184

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que, con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que se adjuntan, la Cámara de Diputados ha aprobado el siguiente proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, correspondiente al boletín N° 13.090-25:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Introdúcense en el Código Penal las siguientes modificaciones:

1. Intercálase en el Párrafo II del Título Sexto del Libro Segundo el siguiente artículo 268 septies:

“Artículo 268 septies.- El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.

Para estos efectos constituye desorden público:

1) Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones.

2) Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines.

3) Destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4) Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5) Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

Se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta en el inciso primero cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles a que se refiere el inciso anterior, siempre que esta o aquella no constituya una asociación ilícita de que trata el Párrafo X de este Título.

Si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena por aplicación de alguna otra disposición, se aplicará esta última.

2. Reemplázase en el artículo 269 la palabra “Párrafo” por “artículo”.

3. Incorpórase en el artículo 442 el siguiente inciso final:

“Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor perpetre este delito con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que actúe individualmente, en grupo o amparado en este.”.”.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

?CERTIFICADO

Certifico que el día 4 de diciembre de 2019, la Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó para tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, Boletín N° 13.090-25, iniciado en Moción de los Honorables Diputados señora Marcela Sabat Fernández y señores Miguel Ángel Calisto Ávila, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Gabriel Silber Romo y Matías Walker Prieto, para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Cabe señalar que la Comisión prefirió pronunciarse solamente sobre la idea de legislar y proponer a la Sala del Senado proceder de la misma manera, con el objeto de dar espacio a un mayor estudio de las modificaciones propuestas y otorgar a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que no participaron en su análisis, la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe.

En la sesión en que se trató este proyecto, asistieron, además de los miembros de la Comisión, los Honorables Senadores señoras Yasna Provoste Campillay, Jacqueline Van Rysselberghe Herrera y Ena Von Baer Jahn y señores Alfonso De Urresti Longton y Álvaro Elizalde Soto.

Igualmente, concurrieron, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministro, señor Gonzalo Blumel; los asesores, señorita Isidora Riveros, y señores Pablo Celedón, Ilan Motles, Gonzalo Santini y Renato Gaggero, y el camarógrafo señor Francisco Rubilar.

Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia asistieron el Subsecretario, señor Juan Francisco Galli, y el asesor, señor Cristián Barrera.

Igualmente, participó el abogado penalista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Jean Pierre Matus.

En nombre de la Biblioteca del Congreso Nacional, acudió el analista, señor Guillermo Fernández.

En representación de la Fundación Jaime Guzmán, asistió la asesora, señorita Antonia Vicencio.

Asimismo, concurrieron los siguientes asesores parlamentarios: de la oficina de la Honorable Senadora señora Allende, el señor Rafael Ferrada; de la oficina del Honorable Senador señor Insulza, las señoras Lorena Escalona y Ginette Joignant, y el señor Nicolás Godoy; de la oficina del Honorable Senador señor Kast, el señor Javier de Iruarrizaga; de la oficina del Honorable Senador señor Harboe, la periodista, señora Joanna Lederer; del Comité RN, el señor Sebastián Amado; del Comité DC, el señor Gerardo Bascuñán, y del Comité PPD, los señores José Miguel Bolados, Sebastián Abarca y Robert Angelbeck.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY

Modificar el Código Penal, con el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables, en determinadas circunstancias.

- - -

IDEA DE LEGISLAR

La Comisión, por la mayoría de sus integrantes, Honorables Senadores señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez, aprobó en general este proyecto de ley. Se pronunció en contra el Honorable Senador señor Huenchumilla.

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TEXTO DEL PROYECTO APROBADO EN GENERAL

En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, la Comisión de Seguridad Pública tiene el honor proponer la aprobación, en general, del siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Introdúcense en el Código Penal las siguientes modificaciones:

1. Intercálase en el Párrafo II del Título Sexto del Libro Segundo el siguiente artículo 268 septies:

“Artículo 268 septies.- El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.

Para estos efectos constituye desorden público:

1) Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones.

2) Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines.

3) Destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4) Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5) Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

Se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta en el inciso primero cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles a que se refiere el inciso anterior, siempre que esta o aquella no constituya una asociación ilícita de que trata el Párrafo X de este Título.

Si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena por aplicación de alguna otra disposición, se aplicará esta última.

2. Reemplázase en el artículo 269 la palabra “Párrafo” por “artículo”.

3. Incorpórase en el artículo 442 el siguiente inciso final:

“Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor perpetre este delito con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que actúe individualmente, en grupo o amparado en este.”.”.

- - -

Acordado en sesión celebrada el día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Harboe Bascuñán (Presidente), Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas, Felipe Kast Sommerhoff y Víctor Pérez Varela.

Sala de la Comisión, a 4 de diciembre de 2019.

MAGDALENA PALUMBO OSSA

Secretaria Accidental de la Comisión

TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA Y AGRAVAMIENTO DE PENAS

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-

Corresponde pasar a la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en moción de los Diputados señora Marcela Sabat y señores Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Fuenzalida, Gabriel Silber y Matías Walker, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, con certificado de la Comisión de Seguridad Pública y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.090-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 80ª, en 4 de diciembre de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Seguridad Pública (certificado): sesión 81ª, en 4 de diciembre de 2019.

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Comisión de Seguridad Pública consigna en su certificado que, por la unanimidad de sus integrantes, acordó discutir la iniciativa solo en general y proponer a la Sala proceder del mismo modo.

Cabe señalar que el proyecto no contiene normas de quorum especial.

Asimismo, hago presente que esta iniciativa fue aprobada en general en el referido órgano técnico por mayoría de votos. Votaron por su aprobación los Senadores señores Kast, Harboe, Insulza y Pérez Varela, y se pronunció por su rechazo, el Senador señor Huenchumilla.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, punto de reglamento.

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, Senador Moreira.

El señor HARBOE.-

Que esté sentado.

El señor MOREIRA.-

Solo quería hacerlo más rápido, señor Senador.

Señor Presidente, me han entregado razones muy contundentes para que dé el avenimiento para abrir la votación.

Entonces, yo no quiero ser impedimento para una reunión que sostienen en este minuto los partidos de Chile Vamos con el objeto de llegar a un acuerdo en el tema constitucional.

Así que por ese motivo me voy a quedar yo solo trabajando.

Por tanto, señor Presidente, no me opongo a que se abra la votación.

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-

¿Habría acuerdo para ello?

La señora EBENSPERGER.-

Sí.

El señor PIZARRO.-

Sí, pero después del informe.

El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Conforme.

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación después de que se entregue el informe.

Acordado.

Tiene la palabra el Senador Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación, se originó en moción de los Diputados señor Fuenzalida, señora Sabat y señores Calisto, Silber y Walker.

Su objetivo es modificar el Código Penal con el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables, en determinadas circunstancias.

En los fundamentos de la moción se establece, en lo medular, que es necesario abordar los crecientes fenómenos de violencia pública, desmanes, alteración del orden público y destrucción de la propiedad, tanto pública como privada.

Asimismo, sus autores postulan que en Chile se han verificado maneras de protestar y de representar intereses desde la ciudadanía que, casi de manera inevitable, han conllevado a algunos grupos a realizar actos de violencia. Este fenómeno no es solo local, sino que se ha podido advertir también en otras latitudes, como las protestas por el medioambiente en Europa, la reciente revuelta social de los "chalecos amarillos" en Francia o las protestas por diferencias étnico-culturales en China y Hong Kong.

De consiguiente, si es este un fenómeno que será persistente, abordar su aspecto de seguridad ciudadana, abogando por fortalecer la paz social y castigar efectiva y severamente a quienes prefieren delinquir por sobre manifestarse con respeto a los demás, contribuye exactamente a robustecer la democracia y proteger a los más débiles, a quienes desean que su voz se escuche de manera no violenta.

Es decir, plantean los mocionantes, este proyecto busca proteger a aquellos que se manifiestan de manera pacífica.

En segundo lugar, la exposición de motivos de la iniciativa de los Diputados consigna que la actual herramienta jurídica contenida en el artículo 269 del Código Penal es insuficiente y se encuentra desactualizada para permitir una efectiva persecución penal de los desmanes y desórdenes públicos. En efecto, puntualizan los Diputados que el tipo penal plantea complejos requisitos para poder imputar responsabilidad penal a una persona a título de desórdenes públicos.

La iniciativa legal aprobada por la Cámara de Diputados se estructura sobre la base de las siguientes modificaciones:

I. En primer lugar, se intercala en el Código Penal un artículo 268 septies, nuevo, en relación con el delito de desórdenes públicos. Se contempla dentro de esta figura la hipótesis de quien, valiéndose de una manifestación o reunión pública, tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de este ilícito, disponiéndose una pena de reclusión menor en su grado medio a máximo (541 días a cinco años).

Asimismo, para estos efectos se establece que constituye desorden público:

1) Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones.

2) Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines.

3) Destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4) Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5) Impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública destinados a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

En el mismo orden de ideas, se establece una regla de determinación de la pena, que dispone que se aplicará siempre el grado máximo de ella cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles referidos anteriormente, siempre que esta o aquella no constituyere una asociación ilícita de la que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal.

En seguida, se establece una norma que señala que si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará esta última.

II. En segundo término, se efectúa una modificación de adecuación legislativa. Para efectos de adecuar la normativa del Código Penal con la contenida en esta iniciativa legal, se reemplaza la palabra "Párrafo" por "artículo" en el artículo 269.

III. En tercer lugar, en lo que atañe al delito de robo en lugar no habitado, previsto en el artículo 442 del Código Penal, se incorpora un inciso final que dispone una regla que prescribe que se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo (es decir, tres años y un día a cinco años) cuando el autor de las conductas señaladas en dicho artículo las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.

La Comisión, al revisar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, observó un conjunto de situaciones en virtud de las cuales prefirió pronunciarse solamente sobre la idea de legislar, no aprobando el texto en particular, y propone a la Sala del Senado proceder de la misma manera, es decir, aprobando solo en general, con el objeto de dar espacio a un mayor estudio de las modificaciones propuestas y otorgar a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que no participaron de su análisis la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe.

Así entonces, la Comisión, por la mayoría de sus integrantes, Senadores señores Insulza, Kast, Pérez y quien habla, aprobó en general este proyecto de ley. Se pronunció en contra el Senador señor Huenchumilla.

En consecuencia, la Comisión de Seguridad Pública sugiere a esta Honorable Sala la aprobación en general de esta iniciativa legal.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor PÉREZ VARELA.-

¿Va a abrir la votación?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Conforme a lo acordado hace un momento, se abrirá la votación.

En votación general.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).-

Senador Guillier, tiene la palabra.

El señor GUILLIER.-

Señor Presidente, se nos ha invitado a votar en general un proyecto contra los saqueos.

Yo quiero ser muy preciso, señor Presidente: ¡Estoy en contra de los saqueos, los incendios, la destrucción de la propiedad pública y privada!

Pero la iniciativa de ley que tenemos frente a nosotros y que acabamos de leer, porque nos llegó recién, no dice absolutamente nada contra los saqueos. Lo único que estoy viendo en este texto es que se quiere transformar en delito las legítimas movilizaciones sociales.

¡Quieren criminalizar la legítima expresión del malestar contra el abuso!

El propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott , ha dicho en la mañana de hoy que no se puede llevar a sede penal un conflicto social y político.

Por esa razón, en esta votación en general me voy a pronunciar en contra.

Mis colegas me dijeron en los minutos previos que se van a presentar indicaciones, que no me preocupe, que se va a mejorar este proyecto, para que efectivamente condene los saqueos y la destrucción de la propiedad pública y privada.

Pues bien, cuando esas indicaciones formen efectivamente parte de esta iniciativa, que hoy no es contra los saqueos, sino contra las movilizaciones sociales, entonces votaré en conciencia y de acuerdo con su mérito.

Por ahora, no voy a caer en el juego de un proyecto cuyo nombre, además, lo dice todo, y que quiere transformar en delito la alteración del orden dando la apariencia de que se defiende una falsa normalidad donde sigue imperando el abuso.

¡No estoy dispuesto a votar esto en los términos aquí presentados!

Esto es una falta de respeto al Senado de la República, al igual que la forma en que se están tramitando los proyectos de ley en esta Sala.

Voto en contra.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, hoy día se nos convoca a votar un proyecto que se llama "antisaqueos", pero de contrabando trae varias normas que no tienen nada que ver con el saqueo.

Y empiezo por la primera parte del proyecto.

Aquí se propone modificar el Título VI, Párrafo 2, del Código Penal, sobre los delitos a los que se denominan "Otros desórdenes públicos". Y esto no es menor, porque conviene detenerse un poco respecto de qué cuida este delito.

Varios penalistas han señalado que el Título VI es más bien un cajón de sastre sobre ciertas figuras penales que, no teniendo cabida en otros libros del Código, fueron llevadas por el legislador a través de este título. Y en este título se regulan una serie de capítulos que a mi juicio no guardan mucha relación.

Ahora, el problema del texto que presenta la Cámara de Diputados es que trae una serie de normas que van a generar problemas de concurso aparente de leyes penales y concurso ideal de delitos, dado que hay varias figuras que se pretende sancionar como desórdenes que no lo son en cuanto tal, o que siéndolo, pueden constituir otros delitos, como el de incendio o de lesiones.

Aquí soterradamente se quiere prohibir cualquier tipo de manifestación que acarree una alteración grave al orden público y que, producto de la violencia que se use, lleve a lo que conocemos como las tomas.

Hay que decirlo: de aprobarse este proyecto como está, se acabaron las tomas en las universidades, en los hospitales, en los predios agrícolas. Y esto no puede ser, porque sabemos que muchas veces la toma constituye una forma de presión que utilizan, por ejemplo, los estudiantes para ser escuchados.

A mi juicio, lo que hoy día estamos tipificando, a través de esta figura de desórdenes, son manifestaciones de los derechos de expresión, de reunión y de la legítima protesta social.

A partir de eso, generamos un tipo penal que es bastante confuso en la redacción respecto de qué debe entenderse por desorden público. Da la sensación de que aquí lo que se buscó al final del día era entregar una serie de tipos penales, una descripción que nada tiene que ver con las figuras de desórdenes públicos.

Y espero que en la discusión particular se pueda rechazar completamente el número 1, relativo al artículo 268 septies, porque esto justamente lo que hace es criminalizar la protesta social, criminalizar la legítima manifestación que se pueda realizar.

Considero que también confunde figuras que no atentan o que no alteran la seguridad pública. Pensemos, por ejemplo, cuando se propone que en el caso de una protesta se impida coactivamente la libre circulación, utilizando algún elemento. O sea, bastaría que alguna persona se sentara en la calle, que colocara algún tipo de elemento o que se tomara de las manos con otra -como dice el Senador Lagos- con el fin de impedir el paso de los vehículos para que esté sancionada por la figura de desorden público. Creo que esta figura está muy mal tratada y responde más bien a una medida de carácter populista que no ha sido bien estudiada por quienes presentaron esta iniciativa.

En segundo lugar, respecto del delito de saqueos, considero que no se resuelve el problema de fondo. Este se relaciona más bien con la tipificación del delito, ya que en el texto se optó por colocar una nueva figura en el delito de robo en lugar no habitado.

El gran problema que presenta hoy día la Fiscalía a mi juicio no tiene que ver con el tipo penal, porque hoy día el tipo penal se encuentra absolutamente establecido, pues existen las penas y las agravantes. Inclusive, teóricamente -si me alcanza el tiempo, lo voy a explicar-, si uno aprobara este proyecto de ley, estaría eliminando automáticamente una agravante y se podría llegar a una pena mucho más baja de la que estamos proponiendo para el saqueo.

Al final del día lo que hay aquí es un problema probatorio, porque las investigaciones se le caen al Ministerio Público producto de las malas investigaciones.

La redacción que se propone mantiene vigente que para que exista el robo en lugar no habitado debe darse alguno de los tres supuestos que establece el artículo 442, es decir, que exista escalamiento, fractura o que se usen llaves falsas. Y sabemos que eso es un tema probatorio.

Cuando uno mira qué ha pasado estos días con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, uno ve que no se ha podido probar que las personas que estaban saqueando hayan concurrido en alguno de los tres elementos del tipo penal del artículo 442.

Al establecer que la pena de presidio se aplica en su grado máximo lo que hacemos es eliminar un grado de la pena, pero no modificamos el tipo penal.

Si efectivamente quisiéramos sancionar los saqueos, mi impresión es que esto debiera ser una modificación agravada del hurto más que del robo, porque, si no, el problema va a seguir. Al final del día, vuelvo a insistir: se sigue radicando el problema de esclarecer estos hechos en un tema del tipo penal, y no se modifica lo que debiera cambiarse. El Ministerio Público, aun cuando exista esta pena, para poder llevar a las personas ante la justicia tendrá que probar alguno de los tres elementos del artículo 442, cosa que aquí no se está tocando.

Si efectivamente queremos sancionar los saqueos, me parece que sería mucho más fácil una modificación a los delitos de hurto simple, colocando algunas agravantes específicas.

Termino diciendo, señor Presidente, que mi impresión es que se puede producir un problema en la aplicación práctica de las normas de la pena de los artículos 67 y 68 del Código Penal, porque con la figura del saqueo que se está aplicando, en la práctica, lo que estamos haciendo es considerar como tipo penal la agravante 10ª del artículo 12 del Código Penal, lo que va a impedir que esto se pueda utilizar como agravante.

Todos sabemos, o quienes hemos ejercido alguna vez la profesión, que cuando la persona no posee antecedentes, si tiene una circunstancia atenuante -generalmente, la irreprochable conducta anterior, que los tribunales suelen estimar como muy calificada-, eso lleva a que se baje la pena hasta en un grado.

Entonces, como consecuencia de ello, ¿qué va a pasar? Si se aprueba el tipo de saqueo como está y se le aplica una atenuante muy calificada, podemos caer en el piso de la pena, es decir, esa persona va a recibir una pena probable efectiva de 541 días.

Si nosotros dejamos la norma tal como está en el artículo 442 y se puede hacer uso de las agravantes, de hacerlo en medio de una manifestación o calamidad pública, como lo dice la agravante penal, vamos al techo de la pena; es decir, llegamos a los cinco años.

Entonces, también hay que tener cuidado en la forma en que está redactado porque, probablemente, en la pena aplicable a la pena real, con esta figura, y producto del juego de atenuantes y agravantes, podemos estar dando una pena mucho más baja de lo que presenta la actual legislación en esta materia.

Vuelvo a insistir. Creo que esto sigue siendo un tema de prueba por parte del Ministerio Público. Y si quisiéramos efectivamente sancionarlo, debiera modificarse el delito de hurto, que es mucho más fácil de probar, con agravantes específicas en estos casos.

Dicho eso, voy a votar a favor, señor Presidente, esperando que se corrijan las deficiencias que presenta el proyecto.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, efectivamente, la idea básica del proyecto es generar las condiciones necesarias para sancionar las graves alteraciones al orden público que hemos vivido en los últimos meses.

En la línea de lo que señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, nosotros presentamos un proyecto de ley antiturbazos, que se encuentra hoy día en la Comisión de Constitución y que busca establecer una circunstancia agravante particularmente respecto del delito de hurto, posibilitando tener, por la vía probatoria, una agravante calificada. Esto se presentó tras las denuncias que en su momento se realizaron frente a las trece bandas que cometían turbazos en Valparaíso. Cerca de treinta y una personas fueron condenadas a más de quince años justamente porque conseguimos que la Fiscalía recalificara los delitos. Estos delitos consistían básicamente en que personas entraban en grupo y saqueaban los locales comerciales. Entonces, logramos que se acumularan las causas y, como ya mencioné, que se recalificaran como robo con intimidación o violencia. Y, finalmente, conseguimos condenas para esas treinta y un personas con penas que van hasta quince años.

En el mismo sentido, creemos que hay que buscar la fórmula que nos permita aminorar el peso de la prueba y asegurar una condena efectiva para quienes vulneran flagrantemente el orden público.

Particularmente, se debe mostrar en los hechos que hay que perseguir a los responsables de los saqueos con el mayor rigor de la ley, sea quien sea, no importando la posición, el nombre, el apellido. Porque tenemos que demostrar claramente que somos inflexibles para no permitir la impunidad.

Eso lo he dicho públicamente y también lo digo en este Hemiciclo.

Aquí es donde se ve finalmente la coherencia: ¡actuar con el mayor rigor de la ley, sea quien sea el delincuente que finalmente altera el orden público!

En tal sentido, este proyecto de ley establece otros elementos adicionales como hechos constitutivos de desorden público: paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento; ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines; destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industria; incendiar objetos o, como hemos visto, establecimientos de comercio; impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos de bomberos; ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados; entre otras.

Además, la normativa establece que "Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor perpetre este delito con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público".

Creemos que en estos casos hay que actuar con la mayor severidad. Y eso implica demostrar que acá no hay nadie por sobre la ley.

Se ha hecho público el caso de un concejal de La Calera. Al respecto, nosotros no solamente hemos pedido su expulsión del partido, sino que, además, el propio Partido Renovación Nacional se va a querellar, porque consideramos, sin lugar a dudas, que no hay nadie por sobre la ley.

Y eso es una señal de seriedad y de responsabilidad. No importa el apellido; lo importante es ser claros y contundentes. Vamos a establecer todas y cada una de las responsabilidades.

El combate a la impunidad debe ser claro y preciso. No importa ni el apellido, ni la posición, ni la afiliación ideológica del personaje o del delincuente que comete un delito.

Respecto de este proyecto, creo que va en la dirección correcta.

Tal como señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, podemos buscar fórmulas para aminorar el peso de la prueba y asegurar que las penas sean efectivamente contundentes, sobre todo cuando los hechos se produzcan en situación de calamidad pública o de alteración del orden público.

Acá está en juego si somos capaces o no de terminar con la impunidad y de condenar la violencia, venga de donde venga.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, los desafíos que tenemos por delante en cuanto a cómo enfrentar el desorden público y la violencia son desafíos mayores y particularmente importantes en estos tiempos, en el siglo XXI.

Lo primero que quisiera señalar es que tal vez nos falta comprender cómo se desarrollan los fenómenos que estamos viviendo. Estamos, en una transición entre un mundo que termina y otro que emerge, frente a un tema vinculado con instituciones verticales, acostumbradas a enfrentar desafíos verticales, a tener contraparte, a procesos que no son moleculares como los que estamos experimentando.

A mí me parece interesante entender un poco esto.

En primer lugar, siento que lo que hay acá es un fenómeno de transmisión memética. Existe mucha paranoia en cuanto a pensar que hay grupos organizados; pero en realidad son grupos desorganizados, que están desestructurando todo lo que conocemos. El ejemplo más notable se puede ver con las mujeres de "Lastesis", que logran transmitir unidades culturales con coreografía, con concepto, que se irradian a nivel mundial.

Creo que lo mismo sucede con los jóvenes que ejercen la violencia. En cierta manera, es una emulación parecida a la performance de "Lastesis", que es pacífica, que es maravillosa, que es artística. La otra también es una coreografía conceptual e intelectual, pero ligada a la violencia como manera única de expresión o de creer que es el único camino para resolver los problemas.

A mi entender, acá no hay grupos organizados, pero sí colectivos, y colectivos muy duros. Pero, ¿saben qué? Son consecuencia de las redes sociales, porque lo que están haciendo las redes sociales es personalizando; lo que están haciendo redes sociales como Facebook, Instagram, a través de las cuales se comunican los y las jóvenes, es justamente reuniendo a los iguales en un mundo burbuja. Y se constituyen colectivos, colectivos virtuales, que son tremendamente cerrados y que creen que esa es la realidad del mundo, lo que existe, justamente porque se establece una reunión de personas en zonas de confort.

Me parece muy importante salir de esa paranoia. Aquí no hay grupos extranjeros; lo que hay es la expresión de la era digital, que está personalizando y construyendo mundos burbuja, tremendamente cerrados, donde se comparten visiones, valores. Lamentablemente, en esos grupos también se incuba la violencia como respuesta.

Ahora, ¿qué es lo que uno quisiera decir?

Lo primero es que los instrumentos de represión no son la solución. ¡Y son muy peligrosos! Creo que la única respuesta es la respuesta política. El Gobierno, el Ministro, el Presidente, deben entender, de una vez por todas, que la respuesta tiene que ser una agenda social potente, no a gotario, no en salame, no una que nadie entienda. Hay una demanda muy profunda y transversal, y sería un error político de una envergadura gigantesca no entender aquello.

¿Por qué digo que la lógica de la represión es peligrosa? Porque, si no hay una respuesta política, si las personas insistentemente han venido planteando esto durante décadas y la política no las ha escuchado, lo que se empieza a generar, como instrumento único para ser escuchado, para hacer transformaciones, es la violencia. Pero ese síntoma, esa visión, surgen como consecuencia del fracaso de la política o de la incapacidad de esta para resolver los problemas.

Tal vez el error que cometimos fue incubar esta experiencia piloto en el Instituto Nacional. ¿Cuántas veces esos jóvenes se quisieron expresar pacíficamente? En gobiernos anteriores, en gestiones municipales anteriores, no fueron escuchados. ¿Saben cuándo fueron oídos? Cuando empezaron a tener encapuchados.

Muchas veces los canales de televisión, los matinales -lo he visto-, llamados por las personas que van a hacer una manifestación, preguntan: "¿Se van a tomar la calle o no? Porque, si no se la toman, no es interesante y no vamos a ir".

Entonces, es muy peligroso construir, desde la lógica de la represión, una solución que no tenga carácter político, porque eso lo único que hace es legitimar la violencia. Si fracasa la política, va a existir el sentimiento de que la única solución es el ejercicio de la violencia como único instrumento para llevar a cabo transformaciones. Y nosotros queremos establecer justamente lo contrario: que es la política y no la violencia, que es el diálogo y no la violencia los que tienen que resolver los problemas.

Sin embargo, no vemos que el Gobierno ni muchos de nosotros comprendan que ese es el camino.

Un último minuto y termino, señor Presidente.

Creo que hay que focalizar y no ponerlos a todos en el mismo saco. Por eso que la propuesta de combatir de la misma manera a los jóvenes que se manifiestan pacíficamente y a los violentistas fue un inmenso error, que hay que reparar. Tratar como delincuentes a los encapuchados, a los que usan pañoletas, a los que andan disfrazados es un error gigantesco, porque significa poner en el mismo estatus a los violentos y a los pacíficos.

En tal sentido, este proyecto hay que aprobarlo justamente porque es distinto, porque separa a los que cometen hechos de violencia de aquellos que no los cometen. Sin embargo, quiero alertar que hubo un intento de saqueo en este proyecto por parte del Gobierno. Yo comparto lo que plantea el Senador Pedro Araya en cuanto a que aquí hay algunas incrustaciones que se traficaron y que son tremendamente peligrosas, porque pueden criminalizar a gente que no tiene por qué ser criminalizada. ¡Hay que focalizarse en los delincuentes!

Voy a apoyar el proyecto, señor Presidente, pero con reserva de algunos de sus artículos.

El señor QUINTANA (Presidente).-

¡Bien su tesis, Senador Girardi!

Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza, miembro de la Comisión de Seguridad Pública.

El señor INSULZA.-

Señor Presidente, la verdad es que a mí me preocupa un poco la forma algo agitada en que algunos colegas enfrentan un proyecto que, mal que mal, fue aprobado en general en la Cámara de Diputados por 127 votos a favor, solo 7 votos en contra y 13 abstenciones. Yo me imagino que los parlamentarios de la otra rama, con los cuales a veces no tenemos mucho acuerdo, habrán meditado un poco esta iniciativa antes de lanzarla, lo cual no quiere decir que, a mi juicio, no tenga algunos contenidos bastante equivocados como los que se han planteado acá.

En realidad, al igual que algunos otros Senadores, no sé cómo fueron a parar las tomas en medio de este proyecto. Son un fenómeno completamente distinto. Pero hay hechos como la interrupción o la destrucción de un servicio público; la ejecución de actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas; la destrucción de un establecimiento comercial o industrial, que evidentemente merecen ser sancionados. No creo que haya discusión en eso.

Por lo tanto, mi opinión es que lo que corresponde aquí es aprobar este proyecto en general, y luego corregirlo, como lo hemos hecho muchas veces, de común acuerdo, tratando de no exagerar tampoco el tono, pero sí dando a la ciudadanía la señal de que nosotros rechazamos la violencia en todas sus formas y de que estamos disponibles para salir al paso de las cosas que están ocurriendo ahora. Porque estas son cosas que están sucediendo hoy día. Cada parte de este proyecto tiene que ver con algún fenómeno que se está manifestando en estos momentos en nuestra sociedad y que queremos rechazar.

Desde ese punto de vista, señor Presidente, llamo a presentar las indicaciones respectivas y a aprobar en general este proyecto, porque es la señal que se espera de nosotros.

Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Antes de seguir otorgando la palabra, se ha propuesto como plazo para formular indicaciones el viernes 6 de diciembre, a las 12 horas.

¿Habría acuerdo?

--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 6 de diciembre, a las 12, en la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública.

El señor QUINTANA (Presidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, lo que pasó a contar del 27 de febrero de 2010 y lo sucedido desde el 18 de octubre de este año nos llaman a reflexionar y a entender qué pasa cuando una conmoción pública puede generar desorden público.

Los fines no pueden justificar los medios. Quizás esa sea la primera reflexión general. Todo movimiento que tiene demandas y quiere expresarlas de forma pacífica no puede ser intervenido por terceros que se valen de él y, cual caballo de Troya, aparecen para destruir el entorno.

Es por ello que lo que busca este proyecto de ley es perseguir esos delitos, cuyos autores, amparándose en situaciones particulares de conmoción o desorden público, tienen por objetivo destruir, para lo cual, tal como dijo el Senador Girardi, se coordinan por redes, por sistemas que permiten concentrar su furia en cosas precisas. Pasan de lo virtual a lo físico. Y pueden actuar diferentes grupos, de distinta naturaleza.

Por eso, quizás lo más importante que nos va a permitir este proyecto es precisar qué entendemos por orden público y también por lo contrario, que es el desorden público en cuanto delito. En tal sentido, quiero citar la definición que nos entrega el profesor Larry J. Siegel en su libro : "Son los actos que interfieren con la operación de la sociedad y la capacidad de las personas de funcionar eficientemente", vale decir, cuando se desarticula la sociedad con ciertos hechos que amenazan la convivencia nacional. Esos son los efectos que producen, y en algunos casos incluso terror. Uno podría perfectamente darles ese calificativo a quienes usan medios violentos como el fuego y otros para generar terror.

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Es importante, entonces, que se haya considerado la forma de sancionar los ataques premeditados a la infraestructura crítica. De hecho, es lo primero que se menciona: la continuidad del servicio por la paralización o interrupción de los servicios esenciales y básicos de los que dependemos. Si hubiésemos tenido esta normativa desde un principio, se podría haber perseguido a los violentistas sin necesidad de tener que militarizar nada para proteger esos lugares.

Los actos violentos no son compatibles con la democracia. Tenemos otras formas para solucionar los problemas, y por eso el Estado tiene que perfeccionar los instrumentos que lo obligan a perseguir a quienes cometen delitos. ¡De eso estamos hablando: de tipificar correctamente los delitos!

Probablemente, en este caso la redacción no sea la más adecuada, razón por la cual me alegro de que tengamos plazo para formular indicaciones hasta el viernes 6 de diciembre. Pero sí hay que precisar que cada uno de los elementos que se mencionan los vemos cotidianamente. ¡Cómo se interrumpió el accionar de bomberos, evitando que ellos pudieran concurrir a combatir los incendios! ¡Cómo se dañaron ambulancias que podrían haber salvado vidas humanas!

Nadie puede estar sobre la ley. Y es muy importante que nuestro marco jurídico así lo establezca y tenga claramente tipificadas las conductas para que, con las evidencias que se puedan presentar, el Ministerio Público persiga a los responsables y logre las condenas correspondientes.

Sin condenas efectivas todo esto es letra muerta.

Por ello, invito a que seamos capaces de formular, en el plazo fijado al efecto, las indicaciones más adecuadas para precisar los actos que no queremos y así la violencia no ocupe nuestras calles y nos saque de lo más importante, que son siempre los problemas de fondo: las demandas.

Por eso, no a la violencia con instrumentos precisos; no a grupos que se coordinan para destruir y que no están preocupados de sus semejantes.

Por todo lo expresado, señor Presidente, apruebo en general el proyecto.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente, nadie puede negarse a condenar los hechos de violencia, vandalismo y saqueo que hemos presenciado en las últimas semanas.

Por lo mismo, no puedo negarme a discutir modificaciones legales a los tipos penales que sancionan dichos actos de violencia, ni a las penas respectivas, sobre todo si se concluye fundadamente que existe un vacío en las figuras que posibilita la comisión de estos delitos, o que las sanciones son extremadamente bajas y no alcanzan a inhibir a los autores de los desmanes. Cosa distinta es que a priori, con el pretexto de sancionar estas conductas violentas, se intente criminalizar la legítima protesta social.

Esta es la primera cuestión que debe quedar meridianamente clara.

Ahora bien, es evidente que la gran mayoría de quienes protestan lo hacen pacíficamente, pero hay un grupo que, de manera espontánea o planificada, protagoniza enfrentamientos con la policía y hechos violentos de diverso tipo que afectan a personas o bienes, tanto públicos como privados.

Hoy, a las personas detenidas por estos hechos se les imputa normalmente la figura de desórdenes públicos establecida en el artículo 269 del Código Penal, sin perjuicio de las figuras de lesiones o daños, en su caso, pero, por su baja penalidad, ellas no sufren penas de presidio efectivo y acceden a salidas alternativas.

Los hechos de vandalismo, entonces, tienen sanción; lo que pasa es que, por su masividad o por la baja capacidad operativa de la policía, la gran mayoría de los actos queda sin sanción.

Se suma a ello que muchas veces Carabineros no diferencia a quienes actúan pacífica o violentamente, comete excesos e incluso, como ha sido reconocido por organismos internaciones y el propio Gobierno, incurre en violaciones a los derechos humanos.

En este cuadro, ¿cambia la situación con las nuevas figuras penales? Creo que no. Subir las penas o especificar los tipos penales no se traducirá, necesariamente, en el término de los actos vandálicos.

Son muchos los factores que influyen para lograr ese objetivo, entre otros la revisión de la acción de Carabineros que muchas veces -digámoslo con franqueza- contribuye a generar o ampliar los desórdenes más que a contenerlos o disminuirlos.

En todo caso, concuerdo en que la antigua figura de los desórdenes públicos del actual artículo 269 requiere una actualización. Pero esta actualización debemos hacerla de manera sistemática, integral y proporcional.

Hace pocos días, por ejemplo, se aprobó en general incorporar la figura de los encapuchados en el marco de los desórdenes, lo que tiene evidentes contradicciones con el actual proyecto.

De la misma manera, surgen diversas dudas con respecto a la tipificación de los actos violentos que constituyan desorden público, según el nuevo artículo 268 septies.

En primer lugar, las acciones violentas son sancionadas en el marco de manifestaciones o reuniones públicas. ¿Significa eso que las barricadas y los actos violentos aislados no serán sancionados?

Sobre las paralizaciones o interrupciones del N° 1 del mismo artículo, ¿se sanciona la paralización efectuada por los trabajadores de los mismos servicios?

El N° 2 es aún más confuso: sanciona a quienes formen parte, violentamente, en la ejecución de actos violentos.

El hecho de impedir coactivamente la circulación de personas o vehículos, establecido en el N° 4, ¿incluye a quienes desplieguen un lienzo para interrumpir momentáneamente el tránsito?

La ocupación o usurpación de bienes inmuebles del N° 6, ¿comprende la toma de terrenos que ejecutan algunas personas que no cuentan con vivienda?

En varias de estas situaciones pareciera que se pretende sancionar formas de movilización tradicionales y pacíficas ejecutadas por sindicatos, organizaciones estudiantiles y sociales, lo que resulta completamente inaceptable.

Por otro lado, en cuanto a los saqueos, que constituyen, sin duda, uno de los hechos más repudiables de los que hemos visto, se establece una pena mayor para el robo en lugar no habitado cuando se ejecute con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Pero esto será intrascendente porque esa figura ya existe como agravante en el artículo 12, N° 10, del Código Penal, que se refiere al hecho de cometer el delito con ocasión de "tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia".

En resumen, señor presidente, tengo mis reservas sobre el efecto que puedan tener modificaciones a las penas en la situación de orden público que vive el país. El Código Penal no va a subsanar las debilidades evidentes que han mostrado tanto el Ejecutivo como la policía para poder preservarlo.

Pero no me niego a revisar figuras penales cuya redacción es de otra época. Solo pido que no se criminalice la protesta social y que la revisión se haga con seriedad y serenidad, como tantas veces nos pedía en esta misma Sala el ex Senador y hoy Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

¿Cuánto nos demoramos en modificar las normas relativas a delitos de cuello y corbata? ¿Qué nos decían algunos parlamentarios?

Comparto, señor Presidente, los objetivos del proyecto. Pero atendidas sus evidentes deficiencias, prefiero que la Comisión de Seguridad Pública o la de Constitución trate este proyecto con la rigurosidad que se merece.

El señor QUINTANA (Presidente).-

¿Habría acuerdo para que pueda presidir en algunos instantes más el Senador Coloma primero y el Senador Bianchi después?

Acordado.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, lamentablemente, la experiencia, y no solo en Chile, nos muestra que la solución a los problemas de violencia que estamos viviendo hoy no es el aumento indiscriminado de penas, como propone el proyecto que ahora discutimos.

Creo que su texto tiene un error esencial: mezcló dos temas diferentes, a saber, la manifestación social y los actos de saqueo y vandalismo, los cuales han afectado y destruido a muchas ciudades y barrios, en nuestra región particularmente.

¡Cómo no voy a quedar afectada cuando sé que en seis cuadras tenemos más de ciento cuarenta pequeños comercios afectados, cuyos daños se calculan en más de 3.200 millones de pesos, más el lucro cesante y los instrumentos que hasta ahora han resultado completamente insuficientes!

Y, peor aún, tenemos que reconocer que la violencia la han desatado grupos que se escudan detrás de las legítimas manifestaciones sociales. Nosotros condenamos la violencia absoluta y tajantemente, pues no solo busca destruir la democracia, sino que también daña profundamente a quienes más necesitan, a esos chilenos vulnerables que solo buscan vivir con dignidad.

¡Que quede clara nuestra total y tajante condena a la violencia!

No me gusta la forma en que este Gobierno presiona para que tramitemos las iniciativas con la mayor rapidez. No me gusta la velocidad que le quisieron imponer a este proyecto. No me parece adecuado, porque tiene graves deficiencias legislativas.

La iniciativa que ahora analizamos crea una figura agravada de desórdenes públicos, que finalmente criminaliza el movimiento social con tipos penales amplios, que pueden llevar incluso a que personas que lancen piedras en una marcha sean condenadas -escuchen bien- hasta a cinco años de presidio.

La verdad es que eso no es lo que nosotros estamos buscando.

Esa figura agravada de desórdenes que se crea incluye penas que van de los 541 días a cinco años, superior a la figura de desórdenes que tenemos hoy día en el actual artículo 269 del Código Penal. Es así como se sanciona a quienes en una manifestación o reunión pública tomaren parte de forma violenta en un desorden.

El problema es que hablamos de "manifestaciones o reunión", y no sabemos si se está refiriendo a marchas autorizadas o no. ¿Qué entendemos por "reunión pública"? ¿Podría ser incluso un concierto que derivara en algunas acciones violentas o una reunión de junta de vecinos que termine en equis circunstancias?

Francamente, eso no queda claro.

Se habla de paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad. Eso puede sonar bastante sensato, pero hay que tener cuidado. Los jóvenes que interrumpieron transitoriamente algunas líneas del Metro -por favor, no me refiero a la quema ni a la destrucción, sino al hecho de sentarse en el andén- ¿podrían ser condenados a 541 días a cinco años de cárcel?

A esas asociaciones de salud que paralizan transitoriamente el servicio cuando protestan por la falta de implementos en los hospitales, ¿también las podríamos condenar?

Quiero ponerme en un extremo. ¿Qué pasaría si hubiese un paro de Televisión Nacional que interrumpiera las comunicaciones? ¿También vamos a perseguir a esos sindicatos? Porque el proyecto habla de "comunicaciones"; no se especifica exactamente si se trata de servicios estratégicos, de telefonía, de internet, en fin.

Quiero señalar que, cuando se legisla aceleradamente, cuando se reacciona sin medir, sin reflexionar, sin tener coherencia en el propio proyecto que se presenta, francamente, señor Presidente, se hace un enorme daño.

¿Cómo vamos a aceptar, por ejemplo, que en el caso de una barricada menor -a nadie le agradan-, que momentáneamente interrumpe el tránsito, se sancione con esa misma gravedad?

Peor aún, los pobladores de Lo Hermida, que se tomaron los terrenos de la Viña Cousiño, ¿también serán sancionados con este tipo de pena agravada?

Entonces, pregunto: ¿Por qué tenemos que legislar de esta manera? ¿Por qué el Gobierno se equivoca al ponerle "discusión inmediata"? ¿Por qué queremos criminalizar los movimientos sociales?

Con eso no vamos a lograr lo que todos queremos: aislar la violencia, el vandalismo, con lo que ninguno de nosotros está de acuerdo.

Les puedo señalar con dolor lo que se ve en la comuna de Valparaíso, en seis cuadras de la calle Condell. No puedo dejar de referirme a ello, señor Presidente. Llama profundamente la atención lo ocurrido en Valparaíso, porque la violencia ha sido enorme.

Sin embargo, mientras estaban saqueando, muchos de los carabineros estaban repeliendo manifestaciones pacíficas. Esta ha sido una tremenda duda que nos ha dejado nuestra región. ¿Qué ha pasado? ¿No tiene Carabineros la capacidad operativa? Hacen un uso desproporcionado de la fuerza, masivamente, pero no logran aislar a ese grupo de violentos y de vándalos, que es lo que realmente necesitamos. Y ese es nuestro dolor, porque no hemos logrado eficacia ni un uso proporcional de la fuerza.

Sí se han generado gravísimas violaciones a los derechos humanos, muy condenables, materia que están abordando las distintas comisiones que nos han asesorado.

Señor Presidente, voto a favor de este proyecto solamente porque creo que necesitamos contar con una legislación en este ámbito, pero la iniciativa debe ser mejorada para que sea racional, proporcional, reflexionada y justa.

--Según lo acordado previamente, pasa a presidir la sesión el Senador señor Coloma, en calidad de Presidente accidental.

El señor COLOMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, la primera reflexión que puede hacerse de este proyecto, que llegó hace poco rato a la Sala, es que efectivamente pretende criminalizar las manifestaciones sociales.

Además, hace un refundido de temas, al mezclar el vandalismo, la seguridad y las legítimas marchas.

Por lo tanto, esta iniciativa, que estamos votando en general, claramente debe ser objeto de perfeccionamientos.

En primer lugar, es necesario señalar que las conductas que se encuentran descritas en el proyecto como delitos presentan graves deficiencias en su redacción.

Uno de los principios fundamentales en materia penal es el denominado "principio de legalidad", que tiene como una de sus manifestaciones el principio de tipicidad o también denominado "mandato de determinación". Es tal la importancia de este principio que se encuentra establecido en el artículo 19, número 3º, de la Constitución Política, que dispone expresamente: "Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella".

De acuerdo a este precepto, las conductas que se castigan como delito deben estar descritas con precisión, lo que no se satisface con establecer simplemente una frase general en la que se trate de resumir las conductas que se pretenden sancionar, sino que es necesario establecerlas de la forma más precisa y detallada posible.

Lo anterior, señor Presidente, por una razón fundamental: la ambigüedad es una herramienta para restringir arbitrariamente los derechos de las personas. Si permitimos definiciones amplias e imprecisas, en la práctica se le entrega a las policías, al Ministerio Público y a los tribunales la posibilidad de actuar de forma absolutamente arbitraria. Esto es lo que ocurre en el presente proyecto con las conductas que se encuentran descritas como desórdenes públicos.

Es así como se señala que constituyen desórdenes públicos el "paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad". Esta conducta, que podría parecer sumamente grave y clara para alguien poco atento a las exigencias que debe tener un proyecto de ley de esta naturaleza, si se revisa detenidamente, se advierte que se encuentra descrita en términos poco claros y rigurosos.

Hay que tener presente que el proyecto considera dentro de los servicios públicos de primera necesidad los relativos al transporte. Esto significa que quien se encuentre en la vía pública manifestándose pacíficamente, ya sea realizando bailes, por ejemplo, u organizando una batucada, y detiene la marcha de un bus de locomoción pública podría haber incurrido en el delito de desorden público, conforme a lo establecido en esta iniciativa.

Como se puede apreciar, señor Presidente, lejos de constituir un medio para prevenir y sancionar por la vía penal aquellas conductas graves que alteren de forma seria el orden público, tal como se nos presenta este proyecto, sus normas abren un espacio importante para los abusos, pudiéndose transformar en un instrumento para sancionar y perseguir manifestaciones de protestas absolutamente pacíficas.

Frente a este tipo de críticas, se nos podría decir que la norma restringe este tipo de supuestos mediante las expresiones "gravemente" o, en el encabezado del artículo 268 septies, como "violenta" o "activamente". Sin embargo, lo cierto es que el proyecto, de forma absolutamente intencional, no restringe ni establece expresamente qué debe entenderse por estos conceptos.

Insisto: lo anterior no es casualidad, ya que el proyecto se da el espacio para definir expresamente qué es un servicio público de primera necesidad, pero no hace lo mismo para definir qué se debe entender con expresiones tales como "activa", "violenta" o "gravemente".

Le pido un minuto más, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente accidental).-

Claro.

El señor BIANCHI.-

Pero, incluso, si pensáramos que estas normas merecen ese nivel de sanción, habría que señalar que son desproporcionadas respecto a otras conductas que tienen asignadas penas similares o inferiores.

Por ejemplo, el cohecho simple, que es una conducta sumamente grave y que afecta la probidad pública, es castigado con penas de 61 días a tres años de cárcel. De esta forma, si aprobamos este proyecto de ley, cometer un delito de cohecho sería menos grave, según la pena que establece nuestra legislación, que realizar una barricada.

Es más, que el dueño de un grupo económico soborne a un funcionario público podría tener también una pena inferior que la señalada en la iniciativa para castigar a quien hace una barricada.

Y eso, solo por señalar algunos ejemplos.

Ese tipo de situaciones demuestra la premura y la falta de precisión con la que se elaboró este proyecto de ley, cuya redacción actual podría dar pie a toda clase de abusos, convirtiéndose en una forma de sancionar criminalmente la protesta social hecha por medios pacíficos.

Señor Presidente, como han señalado muchas Senadoras y Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, aquí se han querido mezclar, intencionalmente, temas muy graves, como la seguridad y el vandalismo, y, además, se criminalizan las marchas pacíficas legítimas.

Por lo tanto, vamos a aprobar la idea de legislar, aunque la iniciativa requiere ser perfeccionada mediante muchas indicaciones.

Creo que debemos cambiar la intencionalidad del proyecto y transformarlo en una herramienta efectiva para enfrentar situaciones mucho más graves.

He dicho.

El señor COLOMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, a mi juicio, es tremendamente relevante el proyecto que estamos votando. Lamento que no esté presente el Ejecutivo para hacer un seguimiento de esta iniciativa y recoger las inquietudes que vamos a plantear.

No cabe duda de que estamos en presencia de situaciones graves en nuestro país, y nadie, ¡absolutamente nadie! -en esto hay que ser tajante-, avala los hechos de violencia que han acaecido principalmente en los núcleos urbanos de distintas comunas y que jurídicamente se denominan "saqueos".

En ese sentido, dado que esta es una discusión jurídica, quiero precisar lo que la Real Academia Española entiende por "saqueo". En su primera acepción señala: "Dicho de los soldados: Apoderarse violentamente de lo que hallan en un lugar.".

Ese concepto no es ajeno a su tratamiento en el derecho comparado. Por ejemplo, en España el Derecho Penal Militar contempla, entre otras descripciones de delitos contra las leyes o usos de guerra, el "saqueo a los habitantes de las poblaciones enemigas".

En nuestro sistema jurídico, la ley Nº 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, dentro de los crímenes en el caso de conflicto armado, en el inciso tercero del artículo 27, castiga con presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de cinco años y un día a diez años, el "saqueo de una ciudad o plaza".

Conforme al Derecho Penal Internacional, el saqueo se distingue de la apropiación y confiscación a través de la intención del autor de apropiarse de la cosa para su uso privado o personal.

Considero que es importante, desde el punto de vista jurídico, lo que nosotros estamos discutiendo. Al llamado para tener una legislación que sancione efectivamente ese tipo de acciones, estamos dispuestos a concurrir, porque nadie, ¡absolutamente nadie!, avala los hechos que suceden en las plazas y el centro de muchas ciudades, que han sido absolutamente vandalizadas por personas que no son parte de la protesta social y no están marchando y reivindicando derechos, sino que simplemente buscan una destrucción sistemática de la infraestructura y, principalmente, de los emprendimientos de pequeños y medianos comerciantes.

¡Eso no lo queremos!

Pero seamos precisos.

Se nos convocó a votar esta iniciativa. Hoy día en la Comisión de Seguridad Pública nos encontramos con un proyecto, derivado de la Cámara Baja, que tiene una serie de agregados que no tiene nada que ver con el saqueo, lo que claramente confunden a la opinión pública. Incluso, desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde la técnica penal, subsumen dentro del tipo las propias agravantes del uso de la violencia en este tipo de casos.

Entonces -y ahora llegó alguien del Ejecutivo-, seamos claros.

Le hago presente al Gobierno, con mucho cariño pero con fuerza, que hemos colaborado para tener una legislación acorde a los hechos que están sucediendo. Pero no estamos disponibles para la improvisación.

Ya lo vimos con la iniciativa anticapuchas, un proyecto que no apunta al fondo del asunto. La semana pasada se votó. A muchos nos acusaron por votarla en contra, pero es ineficaz, es populismo penal, es engañar a la población haciendo creer que a través de esa norma efectivamente se podrá perseguir a los autores de la violencia, cuando simplemente criminaliza a quienes usan esa vestimenta, principalmente la juventud.

Seamos responsables.

Hoy día tuvimos una extensa discusión en la Comisión de Constitución a propósito del proyecto referido a la infraestructura crítica. Lo voté en contra, porque creo que va a exponer a las fuerzas militares en lugares donde, más allá de resguardarlos, pueden estar bajo el riesgo de una eventual matanza. ¡Y eso no lo queremos!

Es mejor que actúe de mejor manera el Ministerio Público; que el Gobierno se coordine con la Fiscalía para que estén presentes los fiscales tomando declaración, haciendo el procedimiento como corresponde.

Se requiere que Carabineros mejore la técnica investigativa. Hoy día vimos que fue formalizado un coronel de Aysén por falsificar información, por esconder un video tomado en las protestas. Eso no le hace bien el objetivo que queremos conseguir.

Entonces, pido rigurosidad en el texto que está votación, rigurosidad para tener una normativa efectivamente antisaqueos. Pero no me vengan a traer de contrabando en este proyecto normas que apuntan a intereses claros y precisos, introducidos...

El señor COLOMA (Presidente accidental).-

Terminó su tiempo, señor Senador.

Le vamos a dar cuarenta segundos.

El señor DE URRESTI.-

El número 6) del nuevo artículo 268 septies fue introducido con nombre y apellido para criminalizar la lucha del pueblo mapuche.

Dice: "Para estos efectos constituye desorden público:

"6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.".

¿Qué es esto, señor Presidente? ¡Contrabando jurídico, contrabando penal! Se busca, a propósito de este movimiento, de esta tremenda demanda social, contar con un instrumento de lucha contra el pueblo mapuche.

¡Por favor, seamos serios!

Vamos a estar disponibles absolutamente para discutir y ser claros y precisos respecto del saqueo. Pero, ¡por favor!, exijo rigurosidad intelectual: no al populismo penal, claridad en lo que queremos conseguir.

He dicho, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Señor Presidente, quiero aclarar, en primer lugar, un punto: se ha interpelado aquí al Ejecutivo por este proyecto, pero no es de su autoría. Esta es una moción de la Cámara de Diputados. Entonces, ¡por favor!, qué culpa tiene el Gobierno de la iniciativas que presentan los parlamentarios.

Eso es lo primero que quiero aclarar.

Dicho eso, señor Presidente, lamento profundamente que el proyecto se vote solo en general. Me habría gustado que se votara en general y en particular, porque creo que es indispensable y urgente que dotemos al Gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales de las herramientas necesarias para resguardar nuestra democracia, institucionalidad y Estado de derecho.

No comparto lo que acá se sostiene respecto a que se quiere criminalizar a las manifestaciones pacíficas.

Lo que hemos vivido durante estos días es claro y, a mi juicio, no deja lugar a dudas. Aquí ha habido manifestaciones pacíficas por legítimas demandas sociales; pero también -y tampoco deja lugar a dudas- ha habido grupos de delincuentes, de narcotraficantes y de otros violentistas que lo único que buscan es destruir. Porque detrás de un incendio, de un saqueo, de la destrucción y la violencia no hay demanda social alguna. Solo quieren debilitar nuestro Estado de derecho, solo quieren la anarquía.

Señor Presidente, si uno lee el texto del proyecto de ley -reitero que no es de iniciativa del Ejecutivo, sino de parlamentarios-, lo que se está sancionando es la violencia que puede nacer de las manifestaciones o reuniones públicas que constituyan desorden público.

Y se establecen seis descripciones de desórdenes públicos.

Primero, lo que para mí es importante y de primer orden, la paralización o interrupción de un servicio público, como un hospital, un cuerpo de bomberos, la electricidad o el agua potable.

Eso sí que es necesario castigarlo fuertemente.

Segundo, atentar contra la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros. Esto también lo considero violencia.

Tercero, destruir total o parcialmente una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, o una oficina. Hemos visto cómo han destruido las pymes.

¡Cómo no vamos a estar dispuestos a castigar eso como violencia pública y como saqueo!

Cuarto, incendiar objetos o hacer barricadas que impidan la libre circulación, las cuales, además, destruyen las calles y alteran la tranquilidad de quienes viven alrededor de donde se instalan.

Quinto, impedir o dificultar la actuación del cuerpo de bomberos, el que ha realizado en estos más de cuarenta días una labor extremadamente relevante, sacrificada y comprometida.

Sexto, el ocupar o usurpar bienes inmuebles, cuando se hace con violencia, cuando no es legítimo. También es importante sancionarlo.

En fin, señor Presidente, en estos seis números no veo dónde se criminaliza a las manifestaciones pacíficas. Lo que aquí se criminaliza es la violencia. Eso es lo que se quiere castigar.

Se ha sostenido reiteradamente que no supimos leer a la calle y que por eso hubo este estallido social. Pues yo los llamo a no volver a equivocarnos y a leer a la calle, la que hoy día está pidiendo incansablemente el restablecimiento del orden público, la tranquilidad y la paz ciudadana. Nuestra obligación como Congreso, como Poder Legislativo, es entregar al Gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales las herramientas necesarias para ello.

Gracias.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, el conflicto social no se soluciona con más sanciones o con más militares. El conflicto social se soluciona con política social, que es un elemento básico para entender la forma de enfrentar la conflictividad social que afecta a Chile, que han superado aquellos países que también la han experimentado en su oportunidad.

Una cosa son las demandas sociales y otra muy distinta es la violencia. No son fenómenos que necesariamente deban estar unidos.

Muchas veces la violencia es producida por grupos minoritarios a los cuales les dan lo mismo las reivindicaciones, les dan lo mismo las medidas que se adopten, y usan las efemérides, las conmemoraciones, cualesquiera que estas sean, para cometer desmanes, para crear violencia, para causar destrozos. Se trata de gente a la que no le interesa cuál es la causa del movimiento social y que lo perjudica.

Por eso es tan relevante que, junto con hacer entender al Gobierno que las demandas sociales se resuelven con políticas sociales y con una agenda social potente, este tiene que ser capaz también de separar y de identificar a aquellos que causan permanentemente violencia, saqueos y destrucción.

Señor Presidente, yo no tengo idea si los comerciantes de Concepción, de Santiago, de Valparaíso, de La Serena, de Valdivia, de Iquique y de muchas otras ciudades que han sido saqueadas son de Derecha, de Centro o de Izquierda. Me da lo mismo. Mi tema es que como sociedad no podemos aceptar que la violencia se utilice como una forma de reivindicación. ¡No, señores!

Lo que tenemos que hacer nosotros es sancionar a aquellos que usan la violencia, no la protesta social, que es distinta.

Por eso concurrí con mi voto favorable en general a este proyecto. Porque, a diferencia de lo que señaló el primer Senador que intervino, quien dijo que este proyecto no tenía ninguna norma sobre los saqueadores, déjeme decirle que habría sido bueno que leyera el proyecto o al menos que se quedara a la discusión para que aprendiera que esta iniciativa de ley sí contempla normas contra el saqueo.

¿Es buena la norma? ¡No es buena!

¿Es bueno el proyecto? ¡No es bueno!

¿Es un mal proyecto? ¡Sí, es un mal proyecto que viene de la Cámara de Diputados!

Es un mal proyecto, pero bien intencionado. Mezcla un conjunto de cosas: desórdenes públicos con delitos. Mezcla aspectos relativos a manifestaciones con francos episodios de violencia.

Y lo que es peor, alguien dijo por ahí que una norma se metió de contrabando, lo cual me parece un exceso lingüístico; pero déjeme decirle, señor Presidente, que efectivamente hay una disposición que no tiene nada que hacer en esta iniciativa, la del número 6), que considera desorden público la ocupación de terrenos agrícolas.

Señor Presidente, esta norma surgió de la indicación de un Diputado de Evópoli, de la Región de La Araucanía, que pretende incorporar acá una sanción para los que se tomen un predio. ¡Oiga! ¡Ese es el delito de usurpación! ¡Es otro delito! No tiene nada que ver con desorden público. Y nos puede armar un conflicto con los pueblos originarios, ¡por favor!, y con los comités de vivienda, ¡por favor!

Para eso habrá otro momento, otra legislación.

Hay que ser serios, hay que ser responsables. No hay que tratar de pasar gato por liebre.

Los Senadores y Senadoras de esta Sala estamos discutiendo solo en general esta materia. ¿Y por qué? Porque la Comisión de Seguridad, cuando el Gobierno ingresó el proyecto para discutirlo en general y particular, luego de leer -dispusimos solo de dos horas de anticipación- el texto que había despachado la Cámara de Diputados, dijimos: "Señores, no podemos aprobar en general y particular un proyecto de esta naturaleza, porque tiene un conjunto de errores".

Y si hoy día la Sala del Senado está discutiendo solo en general esta iniciativa, es por recomendación de la Comisión que me honro en presidir. Porque todos sus integrantes consideraron que este proyecto tenía falencias y que solo había que acordarlo en general, es decir, solo aprobar la idea de legislar y no el articulado.

Por eso, luego de la aprobación en general, la iniciativa volverá a la Comisión de Seguridad, donde se eliminarán un conjunto de artículos que nada tienen que ver con materias relativas al orden público, desórdenes y saqueos.

En consecuencia, se requiere hacer modificaciones estructurales.

Por de pronto, desde ya hemos anunciado, con los Senadores Huenchumilla, Quintana y Lagos Weber, que vamos a ingresar una indicación para eliminar el numeral 6) propuesto, con el objeto de sacar de esta discusión lo relativo a la usurpación, pues no corresponde incluirlo en este proyecto.

Pero, a su vez, hago míos los argumentos que conversamos con el Senador Araya, en el sentido de que la redacción del artículo 442 del Código Penal, relativo al delito del saqueo, es completamente inútil, porque hoy día existe una agravante de responsabilidad penal que establece las mismas circunstancias. Entonces, no va a tener ningún efecto práctico.

Señor Presidente, entiendo el apuro, el entusiasmo de la Cámara de Diputados, pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí debemos ser serios y responsables. Vamos a hacer un proyecto de ley como corresponde, probablemente más pequeño, pero orientado a sancionar el saqueo para que nunca más ocurra en Chile.

Gracias.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Senador don Víctor Pérez, tiene la palabra.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente, en una democracia, en un Estado de derecho, en un orden constitucional en que las personas tienen derechos y deberes, la violencia tiene que ser claramente erradicada.

Cuando hay separación de poderes, cuando la Constitución garantiza a cada una de las personas el derecho a expresarse libremente, la violencia debe quedar absolutamente fuera de toda justificación.

A mí me llaman profundamente la atención los esfuerzos de algunos para tratar de justificar la violencia.

Las manifestaciones son absolutamente legítimas, en la medida que sean pacíficas. Estas sin duda están permitidas y no hay norma alguna que deba condenarlas, ni restringirlas; pero a los violentistas que se aprovechan de las manifestaciones pacíficas hay que sancionarlos.

Es la violencia de quien arma una barricada, prende fuego e impide que otras personas ejerzan sus derechos, la que hay que sancionar.

Es la violencia de quien destruye una vivienda o un inmueble público o privado, lo que hay que sancionar.

Es la violencia de quien saquea, entra a un local comercial y roba lo que está ahí, de una manera violenta, lo que hay que sancionar.

Eso es, en definitiva, lo que queremos que castigue esta ley en proyecto.

Por cierto, hay que mejorarla técnicamente. Pero eso es. No se está sancionando la expresión pública de las personas; no se están sancionando las manifestaciones.

En una democracia -vuelvo a decir- tenemos que erradicar absolutamente la violencia y sancionar a los violentos.

Es verdad que tenemos preocupación por las dificultades técnicas de este proyecto, y así lo discutimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por ello debemos perfeccionarlo y mejorarlo. Pero el tema de fondo (quienes ejercen la violencia, quienes alteran el orden público violentamente) debe tener sanciones. Creo que en esto no debe haber ninguna duda.

Ahora, quienes defienden la cuestión de fondo, quienes cuestionan eso, se colocan frente a la democracia, frente al Estado de derecho. Y nosotros vamos a defender la democracia y el Estado de derecho.

Sin embargo, la preocupación por un proyecto de esta naturaleza también nos debe llevar a cómo está actuando el Ministerio Público frente a situaciones similares.

Al respecto, quisiera dar aquí algunas cifras que cuestionan el rol del Ministerio Público.

Cuando existe un imputado conocido, o sea, una persona que cometió un delito y que está plenamente identificado, solo en el 23 por ciento de los casos se llega a sentencia condenatoria. Y las salidas alternativas superan el 43 por ciento; los acuerdos reparatorios, 29, y en muchas ocasiones -digamos- se archiva la causa y no se persevera.

Es decir, un delincuente que comete un hecho y que es claramente identificado no solo por la policía, sino también en el curso del proceso, la mayoría de las veces no recibe sentencia. Y, si el imputado no es conocido, las cifras respecto al archivo provisional superan el 84 por ciento.

¡Ese es un problema real!

Por eso la gente ve, presencia cómo se destruye el centro de Concepción; cómo se destruye gran parte de Valparaíso; cómo se destruyen los centros de numerosas ciudades de nuestro país, y nadie -¡nadie!- es imputado o sancionado drásticamente. Y no se visualiza siquiera una condena para quienes, por ejemplo, destruyeron las distintas estaciones del Metro.

Tenemos que mejorar este proyecto, pero sin dejar de lado una cuestión fundamental: que quienes cuentan con el monopolio de la persecución criminal tienen cifras de baja eficacia, lo que muchas veces provoca que las normas que aquí se dictan no tengan una aplicación como la ciudadanía y nosotros esperamos.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador don Ricardo Lagos Weber.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, primero, hay un tema que es bien importante aclarar: este no es un proyecto que provenga del Gobierno, tiene su origen en una moción.

Sin embargo, el Ejecutivo le puso urgencia y, por tanto, hay una responsabilidad en pedirnos a nosotros y a la Cámara de Diputados que legislemos rápidamente para aprobar esta iniciativa, que yo entiendo que el Ejecutivo avala al ponerle urgencia.

Dejemos las cosas en contexto, para que así no confundamos a la opinión pública. Pero vamos al asunto de fondo.

El proyecto en examen tiene un contexto. Hemos vivido ya seis semanas de movilizaciones intensas que han dado un tremendo, potente y contundente mensaje desde la ciudadanía a los chilenos mismos, incluidos los que tomamos decisiones.

Las manifestaciones, que son valorables, que defiendo y lo seguiré haciendo, sin las cuales no hubieran tenido lugar muchos de los cambios que hemos aprobado hoy día, como la pensión básica solidaria, han estado acompañadas de hechos grises y oscuros. Unos dicen relación con los cientos de chilenos que están lesionados con daños oculares y con los numerosos muertos. Las responsabilidades se verán en su oportunidad.

Hemos sido testigos de determinaciones de organismos internacionales de derechos humanos que hacen ver que en Chile se han violado los derechos de las personas en el actuar de la policía.

Simultáneamente, hay decenas de policías y carabineros heridos, algunos también severamente.

Todo eso va acompañado de violencia y saqueos. Cualquiera que haya estado en Valparaíso, en Santiago, en muchas capitales de provincia y en ciudades más pequeñas de Chile, ha vivido la violencia y el saqueo. Y eso no lo avala nadie, que yo sepa. ¡Nadie!

Por esa razón creemos que este proyecto es importante, porque tenemos que apuntar a eso.

Yo que defiendo la movilización, porque creo que es significativa para hacer cambios en Chile, no quiero que quede secuestrada o atrapada o manchada por la violencia que tiene lugar.

Lo que ha ocurrido en Valparaíso es muy fuerte. Condell y Bellavista no son los únicos lugares. Viña del Mar y San Antonio también han sido afectados. Se han quemado municipalidades. Y eso no tiene que ver con ninguna reivindicación social, ¡y menos los saqueos y la violencia!

Entonces, el proyecto se supone que apunta a eso. Y repito: fue realizado por parlamentarios, por Diputados. Le pusieron tal vez mucho énfasis, pero el texto tiene errores. Lo han dicho acá distintos Senadores que han revisado la iniciativa y constatado los errores. Tiene excesos, como tipos penales amplios y una gradación de penas distinta, que puede ser complicado interpretar.

Ciertamente, lo digo de entrada, como señalaba el Senador Harboe -por su intermedio, señor Presidente-, me haré cargo de eliminar el número 6), que en el fondo puede prestarse para sancionar las tomas. Esto no implica el avalarlas. Si queremos concentrarnos en la violencia y los saqueos, ¡concentrémonos en la violencia y los saqueos!, y que no pase inadvertido que la interpretación de esas normas genera consecuencias distintas.

Entonces, ¿por qué se produce esta tensión ante el proyecto? Porque yo quiero que termine la violencia del saqueo, pero sobre todo quiero sancionarla, porque no acepto la violencia como instrumento de definiciones políticas ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. No la acepté antes en dictadura y no la voy a aceptar ahora en democracia. Y eso tiene muchos determinantes. Con todo, creo que tenemos la capacidad de distinguir unas cosas de otras.

Por ejemplo, el tema de la usurpación de bienes agrícolas puede prestarse para interpretaciones muy complejas desde el punto de vista político. Y, a mi juicio, eso debemos limpiarlo de esta iniciativa.

Entonces, sí, prácticamente todos van a apoyar la idea de legislar de este proyecto, pero el texto que verá la luz al final no será tal como está hoy.

Lo digo con gran respeto, más allá de que fue aprobado por amplia mayoría de Diputados. ¡Amplia! ¡Transversalmente, de todos los colores, prácticamente!

Hay un punto que no voy a dejar pasar tampoco, y que no sé si está sancionado acá, en este proyecto: la violencia en las personas.

La práctica de "El que no baila, no pasa" para mí es gravísima. Es gravísima porque algo que parece simpático, esconde detrás que a usted, a cualquiera de nosotros, a cualquier chileno o chilena que no comulgue con la demanda que está siendo manifestada en ese momento a través de la interrupción del tránsito o la libre circulación de un chileno o una chilena, o que no le guste, sea amenazado bajo coerción a realizar una conducta impropia.

Aquello atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de conciencia.

De ahí a decir "El que no baila, no pasa" porque no quiere nueva Constitución y terminemos prohibiendo que lleguen los extranjeros a Chile; o porque pensamos que hay chilenos de primera y segunda categorías, pues establecemos consideraciones racistas o religiosas de toda naturaleza como fue en el pasado de Chile, lo encuentro ¡gravísimo!

A mí me ha tocado enfrentar esa situación.

Entonces, puede que yo comulgue con las cuestiones que se están planteando en la calle. Sin embargo, no puedo aceptar ese mecanismo.

Si admitimos lo que se genera con "El que no baila, no pasa", estaremos diciendo que cuando queramos escribir nuestra Constitución desde cero y realicemos el debate el tono va a ser: ¿Las barricadas del que quiera dos tercios? ¿Las barricadas del que desee Banco Central autónomo o no? ¿Y vamos a impedir la discusión?

Señor Presidente, esta situación -no sé si este proyecto, porque tiene por objeto abordar lo relativo a la violencia y el saqueo- que atenta contra la libertad de expresión, contra lo que yo creo porque tengo a chilenos enfrente que piensan distinto (y no los califico de buenos o malos); esta acción de fuerza que se ejerce, por ejemplo, sobre una familia o respecto de un ciudadano que va a trabajar o que vuelve de estudiar y que piensa diferente, creo que es lo más grave que nos ha ocurrido, junto con todo lo que hemos visto en materia de violencia.

Si vamos a este asunto en profundidad, entonces, aquello significa que no creemos en la democracia y que somos incapaces de aceptar que somos distintos.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, yo también considero que este proyecto no es solo antisaqueo. De hecho, solo en el número 3 de su artículo único se plantea una norma que habla del robo en lugar no habitado, pero lo hace de mala manera.

Hay penalistas, como el abogado Carlos Gajardo , que han criticado esto y han señalado que no sirve de nada esa disposición tal cual viene redactada.

Lo preocupante es que el número 1 del referido artículo único contiene una serie de conductas que se penalizan, pero confunde aspectos que no tienen nada que ver con el saqueo: mezcla elementos que claramente pueden ser faltas o problemas de orden público con delitos graves. Sin embargo, puede criminalizar, por ejemplo, una toma de terreno, un campamento.

La Región de Valparaíso tiene el mayor número de campamentos de nuestro país. Entonces, ¿vamos a criminalizar ese problema social? ¿O la reivindicación territorial de comunidades mapuches?

¡Eso es criminalizar la protesta social!

Asimismo, hay otros elementos que no necesariamente se hallan relacionados con el saqueo, y se mete todo en el mismo saco.

Ahora bien, este no es un proyecto del Gobierno, sino una moción de un conjunto de Diputados: unos de la Democracia Cristiana; otros de Derecha, de Renovación Nacional. Pero el Ejecutivo le puso "discusión inmediata".

Y en ello sí existe responsabilidad del Gobierno, porque quiere que lo discutamos a la rápida.

Entonces, valoro que acá, en el Senado, al menos se dé la posibilidad de realizar un debate; de votar en general esta iniciativa; de permitir, de aquí al viernes o a un par de días más, la presentación de indicaciones para corregir, para acotar, para redactar de manera adecuada su texto. Seguramente este asunto se votará la próxima semana, si el Ejecutivo no da más margen para la discusión, por la urgencia que presentó.

A mi juicio, detrás de esta denominación de "antisaqueo", que es muy popular, hay una estrategia de populismo penal.

Como dijo Nelly León, capellana de Gendarmería; la hermana Nelly, quien estuvo con el Papa Francisco: "En Chile se encarcela la pobreza".

Con este proyecto, si se aprueba tal cual viene redactado, vamos a seguir metiendo presa a gente pobre; continuaremos llenando nuestras cárceles de personas vulnerables, mientras que a los grandes saqueadores, quienes cometen delitos económicos de cuello y corbata, no se los llevará a ellas.

Como dijo el gran empresario Juan Pablo Swett: "Los grandes empresarios que saquean, que se coluden, que evaden impuestos no van a parar a la cárcel".

Acá estamos llenando nuestras cárceles de gente pobre, excluida y vulnerable.

Yo no estoy disponible para aquello; yo no me voy a prestar para ese populismo penal. Obviamente, empatizo con los pequeños y medianos comerciantes que han sido saqueados en nuestras ciudades tanto en esta región como en muchas otras. ¡Ese vandalismo, ese saqueo no tiene nada que ver con la protesta social!

El Presidente Piñera y muchos de sus voceros dicen: "Estamos frente a un enemigo poderoso", y han hablado de extranjeros, de cubanos, de venezolanos; se han referido al Foro de São Paulo, al Frente Amplio, etcétera; hablan de anarquistas, que ciertamente, puede haberlos. Sin embargo, esta semana nos encontramos con que un concejal de La Calera, perteneciente a Renovación Nacional, está metido en la organización de saqueos. Al respecto, está muy bien que el Senador Chahuán, su Presidente, diga que lo van a expulsar del partido y que se van a querellar. Pero creo que este es un llamado de atención a la Derecha en el sentido de que ese enemigo poderoso que está organizando saqueos lo pueden tener más cerca de sus filas de lo que piensan.

Ahora, ¿será el único caso?

En Santiago un asesor de un concejal de la Municipalidad de Santiago, vinculado también a Renovación Nacional, estuvo metido en los saqueos de La Cisterna.

¡Claramente eso está muy mal!

Por lo tanto -reitero-, ese enemigo poderoso puede estar más cerca de las filas de la Derecha de lo que creen.

Acá se necesita -y lo han dicho múltiples personas vinculadas a los Derechos Humanos- una reforma profunda a las policías; inteligencia policial; prevención; focalización del uso de la fuerza con estándares en derechos humanos.

Por último, en cuanto al conflicto social, debo señalar que una sociedad desigual, injusta, que genera exclusión es un caldo de cultivo para la violencia. Eso no se resuelve con un Estado policial, sino con un Estado social, democrático, de derecho; con políticas sociales; con bienestar social, a fin de establecer una sociedad más cohesionada y equitativa.

Eso traerá paz social, no así un Estado policial.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, no soy el defensor de Renovación Nacional en este minuto. No obstante, quiero decir que es muy fácil dar ejemplos de un partido que, por lo demás, ha tomado severas medidas y ha aplicado drásticas sanciones respecto de las personas que han sido acusadas de estar vinculadas con saqueos.

Sin embargo, a mí me habría gustado que mi colega hubiese señalado, por ejemplo, que en el Partido Comunista se encontraron una serie de elementos cuya finalidad era generar incendios y que hasta el día de hoy nada se sabe de aquello.

Pero aquí tampoco se trata de empatar. Sí estamos claros en decir algo muy importante. Acá hay una persona que tiene mucha trayectoria en la Comisión de Constitución y Justicia. Y me refiero al Senador Huenchumilla.

Yo le puedo expresar que los Senadores de la UDI presentamos un proyecto precisamente para que la colusión tuviera una penalidad alta, de cárcel. Sin embargo, tampoco puede generarse la muy mala señal de decir poco menos que la persona pobre está eximida de responsabilidad penal. Porque ello significaría un insulto para muchos chilenos y chilenas pobres, que son personas honestas, que han salido adelante, que sufren. A mi juicio, sería una bofetada plantear que por el hecho de ser pobre una persona prácticamente no tenga responsabilidad penal.

Ahora bien, yendo directamente a este proyecto de ley, debo decir que todos sabemos lo que ha pasado con los saqueos; todos tenemos claro que el drama ha continuado. Quizá esta situación ha bajado en intensidad, por cuanto en nuestro país hemos estado azotados por más de cincuenta días desde que se inició esta convulsión social. Separamos lo que es una protesta pacífica de lo que son acciones de violencia, de vandalismo y de saqueo.

Pero ya basta de marchas y de huelgas, pues me parece que ha habido demasiadas.

Creo que el Gobierno y la clase política ya escucharon lo que está pasando en nuestro país. Hoy día estamos viendo que se han aprobado algunas cuestiones, aunque faltan muchas por hacer.

Cuando se llama a una marcha, uno sabe en qué va a terminar: se infiltran sectores violentistas y producen el saqueo y la violencia. Claro, no era esa la intención de quienes llamaron a la protesta pacífica. Pero pienso que uno debe darle tregua a la sociedad, por lo que resulta muy importante no seguir en ese camino, porque finalmente Chile es el que pierde.

Entonces, la moción que estamos votando sirve de antecedente. Es verdad que a veces la prisa es enemigo de lo excelente.

Es probable que este proyecto adolezca de una serie de errores. Pero lo importante es el debate que estamos llevando a cabo acá para los efectos de mejorar su texto.

Ahora, si el Gobierno envió esta iniciativa con "discusión inmediata", si aquello lo plantearon los Diputados, bueno, el Senado es la Cámara revisora, y acá tendremos que debatirla y buscar las soluciones.

En tal sentido, todo lo que se ha dicho en esta Sala ha sido muy significativo.

El Senador Lagos abordó otro punto, la situación que genera esto de "El que baila, pasa", que es un atentado contra la libertad de las personas.

Son muchas las cuestiones que debemos examinar.

Pero también hay que ser conscientes en el sentido de que fueron los propios Senadores del órgano técnico respectivo quienes dijeron: "No, señores: hay que votar este proyecto en general, pues tiene que volver a la Comisión; debemos introducirle una serie de indicaciones, y lo vamos a discutir con seriedad, con responsabilidad".

Lo que queremos es castigar al que saquea, al violentista. Hay distintas posiciones al respecto. Y tendremos que llegar a acuerdo, porque no podemos seguir diez, quince, veinte, treinta días más con iniciativas de ley que no se aprueban y con este tipo de desmanes.

Algunos dicen que la violencia ha bajado en 60 a 70 por ciento. Pero todavía vemos que se registran hechos de violencia y saqueos.

Considero muy importante la señal política que se quiere dar con relación a estos proyectos cuya discusión se está incentivando aquí, en el Congreso.

El Parlamento debe entregar señales claras y ejemplares: ¡sí a la justicia social!; ¡sí a los derechos ciudadanos!; ¡sí a la igualdad de trato entre empresas y consumidores! ¡Pero no al saqueo!; ¡no a las barricadas!;...

El señor NAVARRO .-

¡No a las AFP!

El señor MOREIRA.-

... ¡no a las tomas!; ¡no al caos!

Ahora bien, si hay que reformar el sistema previsional, como el Senador Navarro dice "no a las AFP", bueno, para eso está el Congreso.

Señor Presidente, a quienes hablan de las AFP acá -y es lo que me molesta, porque ahora todos están contra las AFP- me gustaría preguntarles por qué no abordaron esta situación antes. ¡Durante veintitantos años tuvieron las mayorías necesarias en el Parlamento como para haber aprobado los proyectos pertinentes, pero nunca lo hicieron!

Entonces, parece que el único mohicano que va quedando en esta materia es el Senador Navarro.

Pero -reitero- acá nadie dijo nada.

Señor Presidente, aquí tiene que haber una trilogía virtuosa: justicia, policías y Fiscalía.

Sin embargo, hoy día vemos que la Fiscalía ha actuado con inoperancia. Me refiero explícitamente al señor Fiscal Nacional, ¡quien ha actuado en forma inoperante, imprecisa, irresponsable; tratando de zafar de una crítica política que le han hecho todos los sectores!

Cuando la propia Corte Suprema dice que es más fácil arrancar que perseguir, ¿qué está planteando?

Que está muy mal, entonces, el señor Fiscal Nacional. No hay una política clara de persecución criminal en la Fiscalía, y esa responsabilidad de directriz es del Fiscal Nacional.

Por eso, Fiscal Nacional: ¡renuncie!

Señor Presidente, le pido que tratemos de despachar estos proyectos lo antes posible.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador José García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, tengo convicción en el sentido de que este es un proyecto necesario, con todas las perfecciones que haya que hacerle: ¡es una iniciativa fundamental!

Cuando uno analiza y revisa las cifras de la destrucción que ha habido en nuestro país en estas últimas semanas, ve que no queda sino responder con actualización y modernización de nuestra legislación penal, porque muchas de las situaciones de violencia y de destrucción extremas que hemos observado lamentablemente no se hallan recogidas de manera suficiente en nuestra legislación penal.

Un breve recuento: 79 estaciones de Metro dañadas; 2.438 buses vandalizados; 307 cruces con semáforos estropeados; 452 supermercados atacados.

Esas son cifras al 22 de noviembre. Probablemente, al día de hoy, algunas de ellas (o tal vez todas) habrán aumentado.

Señor Presidente, el impacto que la violencia y la destrucción están generando en nuestra economía es tremendo.

Hace un par de días conocimos el dato que muestra cómo ha disminuido nuestra actividad económica: solo en el mes de octubre se registra una caída de 3,4 por ciento.

Entonces, enfrentar esta situación con mejores instrumentos penales, con una tipificación más adecuada de los delitos debería ayudarnos a hacer realidad lo que aquí muchas señoras Senadoras y muchos señores Senadores han dicho: "Una cosa son las manifestaciones pacíficas, pues las personas están en su derecho a realizarlas, y otra muy distinta, la violencia y la destrucción".

Ahora bien, a este proyecto se ha agregado una mayor penalización para la usurpación.

Al respecto, lo primero que deseo señalar es que la usurpación es un delito; así está tipificado en nuestro Código Penal. Sin embargo, ¿cómo se penaliza la usurpación? ¡Con una multa!

No es posible disuadir ese delito con una penalidad tan baja. De tal manera que, en la práctica, frente a la usurpación tenemos la más total, completa y absoluta impunidad.

No sé si la solución es la que se plantea en este proyecto. Por eso considero bueno que lo analice la Comisión de Seguridad Pública del Senado y que nos proponga algo a la Sala. Porque tengo la convicción de que el delito usurpación no puede seguir siendo penalizado única y exclusivamente con una multa.

Señor Presidente, insisto en que este proyecto es necesario y en que es indispensable aislar y separar completamente lo que son las manifestaciones ciudadanas, que buscan poner de relieve sus demandas, de la violencia, que es una cosa muy distinta, pues por ese camino no vamos a llegar a ninguna parte.

Chile necesita crecer, así como también nuestra economía; necesitamos recuperar los empleos que se han perdido; necesitamos que las pymes que han sido destruidas se pongan de pie. En pocas palabras: necesitamos que nuestro país se reencuentre con un camino de paz y de prosperidad.

¡La violencia no es la vía!

Señor Presidente, no puedo votar porque estoy pareado con el Senador Carlos Montes; pero confío en que se va a aprobar la idea de legislar respecto de esta iniciativa y que la próxima semana la veremos nuevamente en la Sala para su discusión en particular.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, en realidad, yo trato, al igual que el resto de las Senadoras y de los Senadores, de hacer bien mi trabajo, mi pega. Por lo tanto, intento escuchar los argumentos y racionalizar los procesos de discusión y de estudio de los proyectos de ley.

Pero hoy día en la Comisión de Seguridad, donde examinamos esta iniciativa -porque quienes la integramos también repetimos nuestra participación en la Comisión de Constitución, y ocurre lo mismo con muchos de sus miembros-, yo protesté por su texto en presencia del señor Ministro del Interior, quien concurrió a dicha instancia. Y lo hice porque en estos casi dos años que llevo en el Senado, a los que debo agregar la experiencia de doce años en la Cámara de Diputados y en otros tantos cargos en que he estado, dificulto haber visto una materia tan mal tratada como esta iniciativa de ley.

Desde el punto de vista del procedimiento, es un proyecto en el que uno llega a sentarse a la mesa de la Comisión y en tres o cuatro minutos tiene que enterarse de su contenido, para debatirlo en general y en particular con "discusión inmediata".

En segundo lugar, este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, originado en una moción parlamentaria -es verdad-, pero al cual el Gobierno le pone "discusión inmediata", con lo cual utiliza una facultad constitucional y lo hace suyo. Es por eso que el señor Ministro del Interior estuvo presente en la Comisión durante el debate.

Sin embargo, dadas las condiciones en que se halla este proyecto, si la votación fuera artículo por artículo, creo que uno tendría que rechazarlo, tal como lo hice en la Comisión, porque no podemos legislar así. ¿Y saben por qué? Porque debiéramos tener conciencia de que, de todas las crisis que hemos enfrentado a lo largo de los siglos XIX y XX, probablemente esta sea una de las más profundas.

Entonces, hay que hacer las cosas bien. El Gobierno tiene que tomar las medidas políticas de fondo, para las cuales estamos disponibles como Oposición, con la finalidad de llegar a los acuerdos pertinentes. Y así lo hemos demostrado.

El otro camino es el combate a la violencia mediante la ley. Entonces, hagamos una ley que sea buena, no una que no nos lleve a ninguna parte y que sea un completo error. Y estoy hablando de cosas procedimentales y de cosas sustantivas.

Por eso, le quiero decir a mi estimado colega de tantos años, con quien compartimos en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado la representación de La Araucanía, el Senador José García, que el numeral 6) al cual se refería, correspondiente al delito de usurpación, es una cosa de contrabando, es querer meternos un gol de media cancha. Porque la idea matriz de la moción no tiene nada que ver con lo que sucede en las zonas rurales. El proyecto se refiere al vandalismo y los saqueos que ocurren en las zonas urbanas.

En consecuencia, ese número 6) es absolutamente inconstitucional y el Gobierno lo avala con su declaración de "discusión inmediata".

Aquí se ha hecho un análisis de lo que pasa con el resto de los números. Señor Presidente, yo siempre trato de ser una persona bastante serena y calmada, pero protesté en la Comisión, porque no me parece que, frente a una profunda crisis, hagamos las cosas tan mal como las estamos haciendo con este proyecto.

¡No me parece!

Y ahora vamos a tener que despacharlo en dos o tres días más, por la "discusión inmediata". ¿Y quién es el dueño de la urgencia? ¡El Gobierno, pues! Y de aquí al viernes tendremos que presentar indicaciones; el lunes tendremos que analizarlo y el martes -o no sé cuándo- lo estaremos debatiendo nuevamente acá.

Entonces, yo espero que hagamos las cosas bien, porque aquí estamos, ni más ni menos, que otorgándole al Estado una herramienta jurídica para que sancione a aquellos que violan el Estado de Derecho mediante la violencia. Y por ello tenemos que darle un buen instrumento, que sea serio, válido y eficaz, como son las características que debe contener toda norma jurídica. Una norma jurídica tiene que ser justa, tiene que ser válida, pero también tiene que ser eficaz, para que consiga sus propósitos.

Ahora bien, creo que nosotros tenemos que legislar sobre esta materia. Hecha mi protesta, yo digo: "Sí, señor. Frente a lo que ha sucedido, necesitamos tener una buena legislación, acorde con la gravedad de los hechos para los cuales queremos legislar".

Yo espero que, a pesar del corto tiempo que nos queda con esta urgencia de "discusión inmediata", ojalá podamos despachar un buen proyecto. Lo vamos a cambiar completamente. Hemos conversado con los Senadores para poder hacer algo que esté a la altura de lo que siempre ha sido este Senado, para así aprobar una iniciativa adecuada por el bien de Chile, que tanto lo requiere en medio de la crisis profunda que estamos viviendo.

Gracias, señor Presidente.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Finalmente, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, vandalismo, saqueos, violencia, miedo, terror, angustia: todo eso lo han vivido los comerciantes en Concepción, en Valparaíso, en Santiago y en muchos lugares del país. Y lo dijimos y lo reiteramos: "Vamos a perseguir al vandalismo y a los saqueadores, porque le hacen mal al movimiento ciudadano y porque se aprovechan de una circunstancia histórica, sin comprender lo que está en juego".

Entonces, una legislación para combatir a los saqueadores y para establecer sanciones duras contra los vándalos es necesaria. Pero este mamarracho que nos ha enviado la Cámara de Diputados y el apoyo incomprensible, improvisado que el Gobierno le da a este pretendido proyecto de ley, la verdad es que no logro entenderlos.

El Gobierno dice que quiere resolver el problema de los saqueadores y aquí en la Sala ¡no hay un solo Ministro! ¡Ni uno solo!

El señor MOREIRA .-

¡Mire para atrás!

El señor NAVARRO.-

Está el Subsecretario General de la Presidencia, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando.

¡No les interesa este proyecto o no tuvieron la cara para venir a ponerla frente a esta situación, señor Presidente!

¡Este proyecto es un "Frankenstein"! ¡Nada más parecido a un "Frankenstein"! Es un proyecto mutante dentro de un debate en que se cree que las leyes son mágicas. Se piensa que con un proyecto de ley se va a acabar la situación de violencia que hoy día vivimos.

Entonces, este no es un proyecto ni para vándalos ni para saqueadores. Ni siquiera lo dice su título. O sea, no están incluidos. Y se nos presenta comunicacionalmente como un proyecto de ley antisaqueos.

El Gobierno abusa de su control hegemónico comunicacional.

¡Y este proyecto, entonces, es una vergüenza!

Yo no sé qué fumaron los Diputados -¡no sé qué fumaron!- cuando aprobaron este proyecto y lo enviaron al Senado. Pero quiero decirles una cosa al Gobierno, al Ministro Blumel y a los Diputados: les vamos a hacer la pega. Porque en esta Corporación hay convicción, porque le vamos a poner seriedad, porque yo quiero apoyar las movilizaciones de los jóvenes valientes que salen a la calle a reclamar derechos que nosotros no fuimos capaces de reclamar. Y a esos jóvenes, a la ciudadanía que sale a la calle, hay que protegerlos.

Señor Presidente, quiero destacar que por este proyecto de ley no se consultó a nadie. Pedí el informe. No se consultó a la Fiscalía, no se consultó a Carabineros, no se consultó a la PDI. ¡No tiene ni un informe técnico!

Además, de contrabando -y esto se los advierto a la Fenats y a los conductores de la salud-, el numeral 2) del artículo 268 septies dice que se va a sancionar a los que arrojen "elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines".

¿Y los balines? ¿Y los perdigones? ¿Quiénes han causado los daños? ¿Las 260 personas, hombres y mujeres, cuya vista ha resultado mutilada por los perdigones?

Y el punto 5), relativo a Bomberos, dice que se va a sancionar a aquel que no les brinde todas las condiciones para que cumplan su tarea de utilidad pública.

¡Entonces, va a haber que sancionar al Ministro del Interior, porque los Bomberos no tienen plata, porque no se les dan los recursos necesarios, porque las propias autoridades dificultan su trabajo!

Y el punto 6), ¡antimapuche!

Yo comparto plenamente con el Senador Huenchumilla que aquí nos quieren pasar gato por liebre.

En consecuencia, hay una cierta maldad detrás de este proyecto, porque se le pone urgencia para que lo despachemos rápidamente y nos presionan por los medios diciéndonos que, si lo rechazamos, nos van a sancionar.

Yo no le tengo temor a aquello.

¡Hemos sido claros con los vándalos y los saqueadores!

¡Y hemos sido claros también en apoyar la movilización ciudadana!

Por lo tanto, hay responsabilidades compartidas.

Aquí se culpa al Ministerio Público. ¡Palos porque bogas, palos porque no bogas! ¡Treinta mil personas han sido procesadas, veinte mil formalizadas!

Entonces, empezamos a perseguir a los persecutores, a responsabilizar a Carabineros o a la PDI, pero olvidamos a los vándalos, a las bandas, pues, como aquí se ha dicho.

El Gobierno sostenía que estábamos ante bandas organizadas. ¡La banda la dirigía un concejal de Renovación Nacional de apellido Chahuán! ¡Él la dirigía!

Por último, creo que este Gobierno, en su apresurada gestión e improvisación, se ha perdido. Vamos a exigirle que haga la pega. Nosotros haremos la nuestra.

¡Presidente Piñera, vamos a hacer la pega! Vamos a hacer una legislación seria, responsable en este Senado y no este mamarracho que usted nos envía desde la Cámara de Diputados, con la firma de los Ministros, para darle la señal al país de que está preocupado del vandalismo y no tiene ¡ni un solo Ministro! hoy día discutiendo este proyecto a las 23:39 horas de este día miércoles, lo que demuestra la absoluta despreocupación...

El señor MOREIRA.-

¡Dele diez minutos más, señor Presidente...!

El señor NAVARRO.-

Un minuto.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Continúe, señor Senador.

El señor NAVARRO.-

Decía, señor Presidente, que esto demuestra la absoluta despreocupación del Gobierno.

Nosotros hicimos una sesión de cinco horas y media, casi seis, con las Cámaras de Comercio de Santiago, de Valparaíso, de Concepción, y tuvimos una sala llenísima: Carabineros, la PDI.

Pero, ¿sabe qué? Los comerciantes piden apoyo ahora ya, no según las reglas del mercado, porque los mandan al Banco del Estado. Piden seguridad; piden plata para los arriendos y así no tener que despedir a la gente en Navidad; piden recursos para poder forrar con planchas de acero sus locales, y el Gobierno no se los ha dado.

Entonces, este Gobierno no ha cumplido con lo que le solicitan los comerciantes y nos mandan un proyecto para darles más seguridad que no satisface ningún requisito.

Yo lo he señalado: Esta iniciativa no contiene ni siquiera la idea de legislar sobre antivandalismo. Pero vamos a corregirla. Por eso voto a favor, porque la vamos a transformar en forma completa, total y absoluta para defender a los comerciantes y a la gente de bien de este país.

He dicho.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Previo al cierre, le concederé la palabra por algunos minutos al Subsecretario don Juan Francisco Galli.

El señor GALLI (Subsecretario General de la Presidencia).-

Señor Presidente, muy breve.

Solamente deseo agradecer a la Comisión de Seguridad Pública y al Senado por su disposición a apoyar la idea de legislar con urgencia en esta materia. Es una importante señal la que damos a la ciudadanía acerca de la voluntad de avanzar hacia la condena transversal de la violencia.

A mi juicio, más allá de las correcciones que se le puedan hacer al proyecto de ley, aquí existe unanimidad en la condena hacia la violencia y creo que eso es lo relevante, pues es una señal que estamos dando.

Sin duda, habrá espacio y voluntad de los Ministros Blumel y Ward, y, por supuesto, del Presidente Sebastián Piñera, que es el principal interesado en avanzar hacia la condena transversal de la violencia, para hacer los cambios que sean necesarios.

Obviamente, no podemos olvidar que esta es una de las medidas que estamos tomando como Gobierno. Hay una agenda social para avanzar en los desafíos que legítimamente nos está planteando la ciudadanía. En segundo lugar, también estamos llevando adelante un acuerdo de todos.

Por lo mismo, cuando aquí se ha planteado que el Gobierno ha dado urgencia a esta materia, puedo señalar que efectivamente estamos acá, siendo las 11:42 de la noche, apoyando en nuestro rol colegislador al Senado. Por eso, creo que habrá voluntad para concordar, para dialogar un texto que ojalá satisfaga a la mayoría de este Senado y pueda ser ley de la república, para dar una señal transversal a toda la ciudadanía.

Así que, señor Presidente, muchas gracias al Senado por el apoyo en esta materia.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

A usted, señor Subsecretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Terminada votación.

--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa los señores Guillier y Latorre.

Se abstuvieron las señoras Allende y Muñoz.

No votó, por estar pareado, el señor García.

El señor BIANCHI (Presidente accidental).-

Hago presente que el plazo de indicaciones se fijó para el día 6 de diciembre, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica.

BOLETÍN N° 13.090-25.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de presentar su segundo informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Moción de los Honorables Diputados señora Marcela Sabat Fernández y señores Miguel Ángel Calisto Águila, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Gabriel Silber Romo y Matías Walker Prieto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

A una o a más de las sesiones en que se analizó esta materia asistieron, además de los miembros de la Comisión, los Honorables Senadores señores Alfonso De Urresti Longton, Álvaro Elizalde Soto y Alejandro Navarro Brain.

Concurrieron, especialmente invitadas, las siguientes personas: El Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel, y el Abogado Penalista de la Universidad de Chile, señor Jean Pierre Matus.

También estuvieron presentes quienes se individualizan a continuación. Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: los asesores, señorita Isidora Riveros y Pablo Celedón, Gonzalo Santini, Erick Rojas e Ilan Motles. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los asesores, señorita Antonia Andreani, y los señores Cristián Barrera y Nicolás Valdés. De la Biblioteca del Congreso Nacional: el analista, señor Guillermo Fernández. De la Pontificia Universidad Católica de Chile: el abogado, señor Fabián Pacheco. Los asesores parlamentarios: de la oficina de la Honorable Senadora Ebensperger, la señorita Paola Bobadilla y el señor Patricio Cuevas; de la oficina del Honorable Senador Huenchumilla, la señorita Alejandra Leiva y el señor Felipe Barra; de la oficina de la Honorable Senadora Órdenes, la señorita Susana Figueroa; de la oficina del Honorable Senador Chahuán, el señor Marcelo Sanhueza; de la oficina del Honorable Senador Latorre, el señor Mario Pino y la señorita Javiera Tapia; de la oficina del Honorable Senador De Urresti, el señor Nicolás Facuse; de la oficina del Honorable Senador Navarro, el señor Roberto Santa Cruz; de la oficina del Honorable Senador Kast, el señor Javier de Iruarrizaga; de la oficina del Honorable Senador Insulza: las señoras Lorena Escalona y Ginette Joignant, y los señores Nicolás Godoy y Guillermo Miranda; de la oficina del Honorable Senador Quintana, el señor Sebastián Divin; de la oficina del Honorable Senador Pérez, el señor Emiliano García; de la oficina del Honorable Senador Harboe, la periodista señorita Joanna Lederer; de la oficina de la Honorable Senadora señora Provoste, la señorita Gabriela Donoso y los señores Rodrigo Vega y Luis Thayer; del Comité RN, el señor Octavio Tapia; del Comité UDI, la periodista, señora Karelyn Luttecke; del Comité PS, la señorita Evelyn Pino; del Comité PPD, la señorita María Jesús Mella, y los señores Robert Angelbeck, José Miguel Bolados, Sebastián Abarca y el periodista, señor Gabriel Muñoz; del Comité DC, los señores Gonzalo Mardones y Mauricio Burgos; del Instituto Igualdad, el señor Sergio Herrera. del Instituto Libertad y Desarrollo, la señorita María Trinidad Schleyer. 

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones: ninguno.

2.-Indicaciones aprobadas sin modificaciones: números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quáter y 69.

3.-Indicaciones aprobadas con modificaciones: números 89 y 91.

4.-Indicaciones rechazadas: números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 bis, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 bis, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 bis, 78 ter, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 90.

5.-Indicaciones retiradas: ninguna.

6.-Indicaciones declaradas inadmisibles: ninguna.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el Honorable Senado y de los acuerdos adoptados a su respecto por la Comisión de Seguridad Pública:

Junto con el estudio de las indicaciones presentadas a esta iniciativa legal, la Comisión consideró una propuesta del Honorable Senador señor Insulza, para denominar el proyecto de ley en los siguientes términos: “Proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.”.

En relación con este punto, el Honorable Senador señor Insulza hizo presente que existe un importante consenso en esta Comisión de que el objetivo de esta iniciativa legal es garantizar la libertad ambulatoria de las personas y no un carácter represivo. En efecto, la actual denominación del proyecto de ley habla de tipificar como delito la alteración de la paz pública, lo cual le impregna una severidad que no corresponde con el contenido del mismo.

Luego, recordó que existe un precedente reciente en esta materia, en el proyecto que originalmente se denominó aula segura, que pasó a denominarse de una forma diversa.

La Honorable Senadora señora Ebensperguer recordó que, al tratarse de Mensaje, es el Ejecutivo quien determina el nombre del proyecto de ley, por lo cual lo pertinente sería consultarle acerca de la posibilidad de cambiar la denominación del mismo.

Asimismo, hizo presente que esta iniciativa legal va más allá de la libertad ambulatoria, debiendo estar presente en ella el concepto de paz pública.

La Honorable Senadora señora Rincón coincidió con lo expuesto por el Honorable Senador señor Insulza, en cuanto a que existen antecedentes recientes, en la historia legislativa, relativos al cambio de denominación de una iniciativa legal durante su tramitación. Sin embargo, destacó la necesidad de recabar la opinión del Ejecutivo en esta materia.

A su turno, el señor Celedón aclaró que este proyecto de ley surge de una Moción parlamentaria, por lo tanto, sería una descortesía de su parte acceder a dicha propuesta. Sin perjuicio de lo señalado, estimó que esta cuestión es un asunto que debe resolver esta Comisión.

Por otra parte, acotó que la denominación de alteración de la paz pública no es algo tan grotesco como se hace parecer y los mocionantes trataron de seguir el camino de la legislación española en esta materia. De esta forma, se considera el desorden público como la perturbación de la paz o tranquilidad pública.

A continuación, el Presidente de la Comisión sometió a votación la propuesta del Honorable Senador señor Insulza relativo al cambio de la denominación del proyecto de ley en estudio.

Al momento de fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Pugh señaló que las mociones parlamentarias reflejan el espíritu que los autores quisieron imprimirle, por lo tanto, sería un despropósito modificar dicha denominación sin consultar a ellos. En consecuencia, anunció su voto en contra de la propuesta realizada.

En tanto, el Honorable Senador señor Insulza anunció su voto favorable respecto de la propuesta, sin perjuicio, de la petinencia de dialogar con los Honorables Diputados autores de la Moción, con el objeto de concordar un título para la iniciativa legal.

La Honorable Senadora señora Rincón previno su voto favorable a la propuesta, bajo la lógica del procedimiento de un sistema bicameral. En efecto, sería impracticable dialogar cada vez que se pretende hacer una modificacion a un proyecto de ley originado en una Cámara distinta. Además, hizo hincapié que la modificación en discusión respeta los principios y espíritu de la Moción.

- Sometida a votación la propuesta señalada ésta fue aprobada por mayoría de los miembros de la Comisión, con el voto favorable de los Honorables Senadores señora Rincón y señores Harboe e Insulza. En contra votaron los Honorables Senadores señora Ebensperguer y señor Pugh.

Artículo único

Introduce, mediante tres números, diversas modificaciones en el Código Penal.

Número 1

Intercala, en el Párrafo II del Título Sexto del Libro Segundo, el siguiente artículo 268 septies:

“Artículo 268 septies.- El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.

Para estos efectos constituye desorden público:

1) Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones.

2) Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines.

3) Destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4) Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5) Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

Se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta en el inciso primero cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles a que se refiere el inciso anterior, siempre que esta o aquella no constituya una asociación ilícita de que trata el Párrafo X de este Título.

Si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena por aplicación de alguna otra disposición, se aplicará esta última.”.

Las indicaciones números 1, de los Honorables Senadores señoras Provoste, Órdenes y Rincón y señor Latorre; 2, del Honorable Senador señor Latorre; 3, de la Honorable Senadora señora Provoste; 4, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor Latorre; 5, de la Honorable Senadora señora Rincón; 6, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Quintana; 7, del Honorable Senador señor Araya, y 8, de los Honorables Senadores señora Allende y señores De Urresti, Elizalde y Montes, 8 bis, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores De Urresti y Latorre y 8 ter, del Honorable Senador señor Quintana, son para suprimir el número 1 del artículo único.

Al iniciar el estudio de la materia en examen, la Comisión analizó una propuesta de texto sugerida por el Profesor, señor Jean Pierre Matus, del siguiente tenor:

“1. Para sustituir el artículo único, que pasa a ser 1°, por el siguiente:

“Artículo 1º. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1. Introdúcese el siguiente artículo 137 bis, nuevo:

“Art. 137 bis. El que, arbitrariamente, impidiere una reunión o manifestación pacífica y legal o intentare por cualquier medio disolverla o suspenderla sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo.”.”.”.

En relación con el texto sugerido, el Profesor, señor Matus, precisó que sigue la línea del numeral 6° del inciso segundo del artículo 268 septies, aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. En este sentido, explicó que su literalidad y pena es correspondiente con la figura ya existente del art. 158 del Código Penal (CP) que castiga similar conducta cometida por empleados públicos.

Así, hizo presente que dentro de los delitos que se trataron de regular en esta iniciativa legal se incluyó la impedición de manifestaciones autorizadas. Sin embargo, resaltó que aquella figura se encuentra abordada de buena forma en el Código, en el evento de que la acción la cometa un empleado público (artículo 158 CP). Asimismo, sostuvo que esta regulación debiese incorporarse en los atentados de los particulares en contra de derechos garantidos por la Constitución Política, esto es, en el Título Tercero “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución”, del Libro Segundo “Crímenes y simples delitos y sus penas”. Además, enfatizó que en la figura propuesta se utiliza una descripción que corresponde a la técnica del Código y las penas se encuentran en sintonía con las establecidas en él, para casos cometidos por empleados públicos.

A su turno, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel, valoró la Moción en estudio debido a que aborda de buena manera varios de los delitos que han ocurrido en el último tiempo, cuyos hechores, aprovechándose de manifestaciones pacíficas, buscan perturbar gravemente el orden público. Asimismo, resaltó que el Ejecutivo ha presentado indicaciones al texto aprobado en general con el objeto de fortalecer o mejorar el mismo, principalmente, en materia de saqueo y barricadas.

Enseguida, indicó que este proyecto de ley pretende aislar a los elementos vandálicos y violentos con el objeto de proteger el derecho a manifestación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Navarro opinó que la iniciativa en discusión es altamente conflictiva y ha causado diversas reacciones en la comunidad, por lo cual es necesario analizarla contemplando audiencias ciudadanas.

El Honorable Senador señor Insulza observó que el texto aprobado en general, en alguna de sus partes, contiene elementos que pueden ocasionar conflicto. Así, por ejemplo, la regulación de desórdenes públicos es susceptible de ser perfeccionada. Por lo tanto, sugirió que la Comisión se determine cuáles son las conductas que se mantendrán en la iniciativa legal y cuáles se eliminarán. De esta forma, propuso sancionar las figuras de saqueo, destrucción de inmuebles, agresión de personas, etc.

El Honorable Senador señor Pérez comentó que la indicación número 58, del Honorable Senador señor Harboe, va en la línea correcta en la forma que aborda la primera parte del artículo aprobado en general, puesto que mediante las acciones de barricadas u objetos que impidan el paso de personas se origina la primera fuente de delitos. Además, aclaró que la normativa no sanciona ni persigue a quienes se manifiesten en forma pacífica.

El Honorable Senador señor Harboe hizo hincapié en que el texto en examen es de mala factura debido a que contiene errores y va más allá de la idea original de sus autores. En efecto, confunde tipos penales e incluso incorpora hipótesis que no dicen relación con desórdenes públicos, como ocurre con la usurpación de terrenos agrícolas.

A continuación, el Presidente de la Comisión puso en votación las indicaciones números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que suprimen el número 1 del artículo único.

Al fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Huenchumilla aclaró que la supresión de la norma no se traduce en que se esté por no regular la materia en análisis, sino más bien, de prescindir del texto aprobado en general, para legislar adecuadamente.

A su turno, el Honorable Senador señor Insulza compartió la apreciación del Honorable Senador señor Huenchumilla, enfatizando en la necesidad de configurar de mejor manera el fondo de la norma que se suprime.

- Puestas en votación las indicaciones números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, fueron aprobadas por mayoría de los miembros de la Comisión, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Harboe, Huenchumilla e Insulza. Votaron en contra, los Honorables Senadores señores Pérez y Pugh.

A continuación, el Presidente de la Comisión puso en votación las indicaciones 8 bis y 8 ter.

Al momento de fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Rincón comentó que estas indicaciones reflejan la intención del objetivo que persiguen los legisladores en esta materia. A mayor abundamiento, este tipo de enmiendas ratifica la necesidad de cambiar el título de la iniciativa legal, por cuanto no se va a condecir con lo que se está legislando.

- Puestas en votación las indicaciones números 8 bis y 8 ter, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señoras Ebensperguer y Rincón y señores Harboe, Insulza y Pugh.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Huenchumilla precisó que lo que pretendía originalmente la Moción era tipificar el delito de saqueo, por cuanto los delitos de hurto, robo en lugar no habitado, daños e incendio se encuentran tipificados en nuestro Código. De esta forma, se pretende sancionar a quienes se apartan de los objetivos políticos y sociales de una movilización masiva y comienzan a cometer una serie de delitos, distintos a aquellos que pueden perpetrarse en forma individual.

El Honorable Senador señor Insulza hizo hincapié en que, desde su punto de vista, esta iniciativa legal va más allá de tipificar la figura de saqueo; también aborda los destrozos y daños a personas. Al mismo tiempo, agregó, es necesario que no se genere la sensación de impunidad, la cual confunde a la población. Además, se requiere contar con procedimientos más expeditos que hagan creíble la respuesta del Estado para estos casos.

El Honorable Senador señor Navarro comentó que el texto aprobado en general es imperfecto debido a que contiene severos errores en la tipificación de las figuras. De igual forma, hizo presente que la conducta de saqueo no se encuentra regulada en nuestro Código Penal. En efecto, el artículo 442 sanciona el robo en lugar no habitado, el que presenta dificultades para su aplicación.

Por otra parte, abogó para que el Gobierno aclare si este proyecto de ley busca reprimir las manifestaciones públicas o los desórdenes públicos, o bien, sancionar el delito de saqueo. En la segunda hipótesis, añadió, es necesario castigar dicha conducta separándola totalmente de las manifestaciones y, además, eliminar la figura de usurpación de terrenos agrícolas.

El señor Ministro indicó que sostener que el objetivo de esta iniciativa legal es afectar la movilización social es alejado de la realidad. Por el contrario, la finalidad está dada por la protección del derecho a la manifestación pacífica, estableciendo sanciones más altas para quienes se valen de ella para cometer delitos. Al respecto, enfatizó que la indicación número 58 constituye un buen punto de partida en la búsqueda de un texto apropiado, agregando algunos elementos que se encontraban en el texto aprobado en general, tales como los lanzamientos, daños a las personas y los destrozos. Asimismo, afirmó que sería importante establecer una agravante cuando estas conductas se den en el contexto de manifestaciones o calamidad pública.

El Honorable Senador señor Pugh opinó que se debe avanzar en un protocolo para que las protestas pacíficas tengan los más altos estándares, delimitando el lugar donde se interrumpirá el libre tránsito de las personas, con una hora de inicio y término. De esta forma, se permite el normal desarrollo de la población y un mejor cumplimiento de su labor por parte de las policías.

En el mismo orden de ideas, señaló que un buen inicio de la discusión sería comenzar desde donde se originan los problemas, esto es, cuando es imposible recuperar la condición normal de un espacio y nadie se hace cargo de la situación que se produce. Por ejemplo, destrucción del mobiliario público, de la señalética, etc.

Enseguida, el Profesor, señor Matus, sugirió el texto, del siguiente tenor:

“2. Intercálase al inicio del Párrafo 2 del Título VI del Libro II el siguiente artículo 268 septies:

“Art. 268 septies. El que, sin estar autorizado, interrumpa la libre circulación en la vía pública mediante la aposición de barricadas, vallas u otros objetos que impidan el paso de personas o vehículos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. La misma pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Si, con motivo u ocasión de la comisión del delito descrito en el inciso anterior se exige cualquier condición para el paso de personas o vehículos, la pena será de presidio menor en su grado medio, a menos que el hecho constituya el delito de amenazas, robo con intimidación u otro más grave, según la naturaleza de la condición exigida y la gravedad y actualidad de la amenaza.”.

El señor Celedón señaló que el texto sugerido recoge la idea contenida en la indicación número 58. De tal forma, se mantiene lo relacionado con oposición de barricadas u otros métodos que se utilicen para impedir la libre circulación, con la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días. Además, se dispone que si estos actos son cometidos mediando violencia o intimidación la pena será de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años. Asimismo, se establece que, en caso que estos actos constituyen delitos más graves, se aplicará la pena correspondiente a esos delitos.

En relación con el texto planteado, el Profesor, señor Matus, explicó que corresponde exactamente al caso de las barricadas y de la exigencia de condiciones para el paso, cuando no existe autorización para ello (“el que baila pasa”). Además, si se exige dinero o la amenaza es grave, las penas son mayores, según los artículos 296 y 433 del CP.

A continuación, el señor Celedón, en conjunto con el Profesor, señor Matus, sugirió el siguiente texto:

“…. Intercálase, al inicio del Párrafo 2 del Título VI del Libro II, el siguiente artículo 268 septies:

“Art. 268 septies. El que, sin estar autorizado, interrumpa la libre circulación en la vía pública mediante la aposición de barricadas, vallas u otros métodos que impidan el paso de personas o vehículos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. La misma pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Si, con motivo u ocasión de la comisión del delito descrito en el inciso anterior se empleare violencia o intimidación, la pena será de presidio menor en su grado medio, a menos que el hecho constituya el delito de amenazas, robo con violencia o intimidación u otro más grave.

Se aplicará la pena dispuesta en el inciso anterior a quien lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública, elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales de aquellas sancionadas en los artículos 395, 396 y 397, a menos que el hecho constituya un delito más grave.

Al aplicar la pena de un delito más grave en los casos de los dos incisos anteriores, éste se impondrá siempre en un grado superior al que resulte tras la determinación que se efectúe de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 a 68 bis.”.

En relación con el texto propuesto, el señor Celedón indicó que respeta la formula planteada por el Honorable Senador señor Harboe, para el delito de desórdenes públicos, penalizando las conductas de oposición de barricadas, con una pena presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días), con una agravante cuando medie violencia o intimidación, presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años) y con esta última pena se incorpora la figura del lanzamiento de objetos contundentes o cortopunzantes, con potencial peligro para la vida o de causar lesiones de gravedad, especificadas en el tipo penal, que son castración, mutilación y lesiones graves.

Lo anterior, arguyó, en la línea del Código Penal alemán y español que, a propósito del delito de desórdenes públicos, contienen estas figuras agravadas de lanzamiento o conductas violentas potencialmente peligrosas, en los mismos términos, para la vida o capaz de producir lesiones graves a las personas.

El Honorable Senador señor Harboe observó que, si se aplicara extensivamente la norma reseñada, podría ocurrir –al hablar solo de impedir el paso- que se considere como barricada una feria libre. En este sentido, advirtió que se debe ser bastante preciso y, en materia de barricadas, se debe contemplar la quema de objetos en la vía pública y no a personas que se cruza0n de brazos para interrumpir el tránsito. En consecuencia, hizo presente su preocupación acerca de que la norma propuesta termine sancionando conductas que no se pretenden perseguir.

Por otra parte, se manifestó partidario de mantener en la norma los vehículos motorizados que se cruzan en la vía pública, sin mediar desperfecto mecánico o accidente, con la intención de interrumpir el libre tránsito.

El Honorable Senador señor Kast advirtió que la norma contiene la frase “sin estar autorizado”, en tanto que afirmó entender que las ferias libres operan en lugares autorizados por el correspondiente municipio. Sin embargo, los casos en que se interrumpe la libre circulación no se encuentran lo suficientemente precisados en esta redacción, especialmente, en lo relativo a la utilización de vehículos. Asimismo, señaló que la fórmula utilizada por la indicación número 58 (barricadas, vallas u otros métodos que impidan el paso de personas o vehículos) es acertada, por cuanto es lo suficientemente amplia y precisa para impedir que alguien se sienta con libertad atentar contra la libre circulación de otra persona.

Por otra parte, acotó que, si se va a dejar afuera de la norma situaciones donde una persona es compelida a descender del vehículo para bailar o realizar otra actividad para permitirle la circulación, se estaría cometiendo un gran error.

Al respecto, el Profesor, señor Matus, propuso eliminar el término “aposición” por una cuestión de técnica legislativa. Luego, indicó que la indicación número 58 considera como delito únicamente la barricada, valla u otro método incendiario. Sin embargo, hizo hincapié en que las barricadas no son necesariamente incendiarias. En efecto, la interrupción de la libre circulación puede llevarse a cabo mediante elementos que no son incendiarios, lo cual por defecto quedaría fuera del tipo penal.

En el mismo orden de ideas, planteó utilizar la fórmula “barricadas, vallas u otros objetos”. De esta forma, se trataría de una interrupción a través de objetos y no mediante métodos, por cuanto esta última fórmula incluiría los cruces de personas, que precisamente no quiere sancionarse.

Seguidamente, expresó que, si la interposición de personas, en la forma que sea, puede ser considerada similar a las barricadas, es una discusión distinta a las amenazas o coacción para que otras personas realicen prestaciones. Por lo tanto, para cada una de las figuras que se pretende sancionar, sugirió establecer incisos o artículos separados. De esta forma, si se atiende solamente a las barricadas, la RAE señala que es “obstáculo levantado en la calle con objetos diversos para impedir el paso o parapetarse tras él, especialmente en revueltas populares”. En tanto, para la situación de los camioneros es necesario establecer una regla adicional, debido a que no se trata de obstáculos que se colocan en la calle, sino son vehículos que circulan.

El Honorable Senador señor Pérez opinó que lo medular de la norma es impedir la libre circulación, en el inciso primero, mediante barricadas, vallas y otros métodos. En tanto, en el inciso segundo se impide la libre circulación mediante violencia o intimidación.

Posteriormente, manifestó su preocupación porque se sancione un tipo de interrupción de la libre circulación y otro no, a pesar de tener una gravedad similar.

El señor Celedón hizo presente que, si en el inciso segundo se establece una figura agravada en la medida que utilice violencia o intimidación, es necesario contemplar el término “métodos” y no “objetos”, por cuanto aquellas son susceptibles de utilizar respecto de personas y no de cosas.

A continuación, el señor Celedón acompañó el texto sugerido para el artículo 268 septies, que en su inciso primero es del siguiente tenor:

“Art.268 septies.- El que, sin estar autorizado, interrumpa la libre circulación en la vía pública mediante la instalación de barricadas, vallas u otros objetos que impidan el paso de personas o vehículos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. La misma pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.”.

En lo que atañe al texto planteado, el señor Celedón señaló que el inciso primero del artículo 268 septies propuesto no sufre una modificación importante, en relación con el texto sugerido en la sesión anterior. Sin embargo, se restringe a barricas, otros elementos u objetos, para no dejar dentro de la norma a las acciones humanas. Asimismo, se sustituye la palabra “aposición” por “instalación”.

Sin perjuicio de lo anterior, el Honorable Senador señor Insulza sugirió como texto para el inciso primero el siguiente:

“Art. 268 septies.- El que, sin estar autorizado, interrumpa la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante la instalación de obstáculos levantados en la misma, con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.”.

El Honorable Senador señor Harboe hizo presente que siempre se requerirá que la instalación de obstáculos impida el paso, más no obstruya.

El Honorable Senador señor Insulza acotó que no es partidario de sancionar la obstrucción de la vía para circular, sino solamente que se impida ésta.

Por su parte, el Profesor, señor Matus, precisó que la RAE utiliza el término objeto para referirse a los obstáculos. De esta forma, si se emplea la palabra obstáculo podría entenderse que se incorpora en la hipótesis normativa situaciones como la cadena humana.

Enseguida, el señor Celedón dio a conocer a la Comisión el inciso segundo del artículo 268 septies del texto planteado, del siguiente tenor:

“El que amenazare a otro imponiéndole cualquier condición para permitirle circular en la vía pública, en los términos de los artículos 296 y 297 de este Código, será castigado con las penas allí previstas en sus respectivos casos, y el hecho se considerará siempre delito de acción penal pública, pudiendo procederse de oficio en su persecución.”.

En relación con el texto sugerido, el señor Celedón comentó que el inciso segundo que se propone intenta asimilar al delito de amenazas la conducta denominada como “el que baila pasa”, con la diferencia en que el ilícito señalado es de acción penal pública, previa instancia particular. En tanto, en la norma propuesta se establece un delito de acción pública propiamente tal, por lo cual la persecución del mismo no requiere de la voluntad previa de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, anunció que se ha sugerido un texto alternativo, relativo al inciso segundo del artículo 268 septies, del siguiente tenor:

“El que, sin estar autorizado, interrumpa la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio, a menos que el hecho constituya el delito de amenazas, robo con violencia o intimidación u otro más grave.”.

En lo relativo al texto alternativo propuesto, el señor Celedón explicó que se trata de una variante de obstaculización de la circulación realizado mediante violencia o intimidación sobre las personas.

El Honorable Senador señor Insulza opinó que existen situaciones que corresponden al derecho penal y otras que deben regularse como infracciones a la ley de tránsito.

Al respecto, el Honorable Senador señor Harboe indicó que, de acuerdo a los textos planteados, es posible observar dos situaciones. En el primero de ellos, el tipo penal se construye en relación al delito de amenazas y, en el segundo, la víctima se ve coaccionada. En este sentido, añadió que la coacción se sanciona como falta de acuerdo al artículo 494 número 16 del CP.

Por otra parte, aclaró que la ley de tránsito da origen a responsabilidad infraccional y no penal. Sin embargo, la norma lo que trata de sancionar es la coacción a la libertad de una persona para transitar libremente (libertad ambulatoria), sobre la base de una amenaza o coacción de no realizar una acción querida por quienes la inducen u obligan.

En relación con el texto alternativo del inciso segundo del artículo propuesto, el Honorable Senador señor Kast consultó si la inclusión de la frase “a menos que el hecho constituya el delito de amenazas, robo con violencia o intimidación u otro más grave.”, significa que la normativa aplicable sería otra.

Luego, precisó que la virtud de la norma es que señala en forma específica un fenómeno que, por regla general, no se persigue. Además, al reducir la pena por dicha conducta, se tendrían más posibilidades de aplicar la sanción correspondiente.

El señor Celedón explicó que, si la conducta es subsumible dentro del tipo penal de amenazas, robo con violencia o intimidación u otro más grave, se aplicaría las normas correspondientes a dichos delitos.

Por otra parte, destacó que el mérito de este proyecto es superar la actual legislación en materia de desórdenes públicos, la cual viene dada desde el origen del Código, esto es, cerca de dos siglos atrás.

El Profesor, señor Matus, hizo presente que el efecto técnico que produce la primera propuesta de inciso segundo al artículo 268 septies es que transforma un tipo de amenaza, que ya existe, en delitos de acción pública y, en consecuencia, disminuye su penalidad. Esta hipótesis se refiere a la amenaza para causar un daño en la propiedad, persona o honra de la persona o su familia, en términos tales de exigir una condición o una cantidad. Por lo tanto, el hecho que se pretende describir existe, pero ocurre que en la actualidad no se persigue penalmente.

Enseguida, señaló que el delito de amenazas, en nuestro sistema, se considera que solo es posible perseguir a instancias del particular afectado, es decir, se exige denuncia o querella. Antaño, agregó, la mayoría de los delitos sexuales respondían a esta naturaleza mixta de la acción, lo cual se ha ido modificando con el tiempo. En tanto, el texto alternativo de propuesta para el inciso segundo del artículo 268 septies, dispone que no se necesitaría perseguir el delito a instancias de la víctima.

Por otra parte, comentó que el ejercicio de la violencia o intimidación en las personas es delito, en cualquiera de sus formas. Añadió que cuando esa impedición supone que la persona no se puede mover, se denomina secuestro; cuando se exige una condición dineraria o diversa, se llama amenazas; si se realiza intimidación y se exige una cantidad pecuniaria, se denomina robo con violencia; si se exige una prestación sexual se llama violación o abuso sexual. De esta forma, la base de todos los delitos contra las personas es el ejercicio de la violencia o intimidación.

El Honorable Senador señor Harboe observó que, al otorgar el carácter de pública a la acción penal, se comienza a obviar el consentimiento de la persona. Por lo tanto, podría darse la situación en que una persona es compelida a realizar una conducta para que pueda seguir circulando y acceda sin ningún tipo de reparos a realizarla, por diversas razones.

Luego, interrogó acerca de la posibilidad de transformar el número 16 del artículo 494 del CP en un delito y no dejarlo como falta.

Al volver a hacer uso de la palabra, el Honorable Senador señor Kast hizo hincapié el texto alternativo del inciso segundo del artículo propuesto, establece la hipótesis de violencia o intimidación, por lo cual no ve un espacio en que la víctima pueda estar de acuerdo con la conducta que se ejerce en su contra.

En relación con las penas que se están proponiendo, inquirió acerca de cuál sería el escenario que observaríamos en el futuro.

El Profesor, señor Matus, explicó que la intimidación se define como la amenaza de algo y ésta depende en parte de un mal futuro, pero si la persona está de acuerdo con lo que se le exige, entonces desaparece.

Posteriormente, aseguró que por ningún motivo es posible modificar el número 16 del artículo 494 del CP para transformarlo en un delito. En efecto, aclaró que coacciones se producen todos los días, por ejemplo, no poder entrar a un baño por encontrarse ocupado, o bien, no poder subirse a un vagón de metro por encontrarse lleno. Añadió que estas limitaciones de la libertad, en un sentido determinado, permiten un espacio de libertad necesario en una sociedad más o menos abierta. Asimismo, si se transforma en delito debiese ser uno con una penalidad menor al delito de amenaza.

En relación a las penas propuestas en los textos, indicó que en la mayoría de los casos se aplicaría el principio de oportunidad, o bien, puede suspenderse condicionalmente el procedimiento. En tanto, para los adolescentes se aplicaría el procedimiento monitorio.

El señor Celedón acotó que una persona adhiera a la interrupción de la libre circulación de la que es objeto y no se sienta afectada por ello, es una contingencia. Sin embargo, no puede permitirse que existan personas que se atribuyan el derecho de obstaculizar la libre circulación o afectar la libertad ambulatoria de otros.

Por otra parte, precisó que el delito de amenazas presenta una serie de elementos adicionales como la verosimilitud, seriedad y la gravedad. En consecuencia, existe una frontera difusa que permite distinguir la conducta de quien interrumpe la libre circulación de otros de la amenaza.

El Honorable Senador señor Insulza propuso refundir las ideas de los dos incisos iniciales del artículo 268 septies propuesto, esto es, el inciso primero acordado con el inciso segundo planteado en forma alternativa.

Al respecto, el señor Celedón se mostró de acuerdo con lo planteado por el Honorable Senador señor Insulza.

De igual forma, el Profesor, señor Matus, opinó que la propuesta en comento es razonable, sin perjuicio de que debe determinarse que delito constituye en particular la hipótesis normativa.

Al momento de hacer uso de la palabra, la Honorable Senadora señora Provoste señaló que seguir profundizando en estas propuestas legislativas represivas, en nada ayuda a responder el fondo de la molestia de la ciudadanía. A su vez, la mesa correspondiente al sector público manifestó su intención de ser escuchados en esta Comisión, antes de que se votara este proyecto de ley. Asimismo, llamó la atención respecto de personas que venden sus productos en la vía pública y que, con esta legislación, serán considerados como aquellos que interrumpen la libre circulación de las personas. Por lo tanto, existiendo un amplio espacio para profundizar legislativamente en la agenda social y solo enfocarse en lo represivo amerita su voto en contra.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe señaló que la agenda social no se ve en la Comisión de Seguridad Pública. Luego, explicó que esta iniciativa legal fue aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados y tal como ingresó a esta Comisión, contemplaba situaciones como la descrita por la Honorable Senadora señora Provoste. Sin embargo, el texto que está aprobando en esta instancia parlamentaria, en ningún caso sancionará a vendedores que legítimamente realizan su actividad. Es más, cuando alguien está en la vía pública vendiendo sin autorización, constituye una falta y no un delito. Asimismo, en los ilícitos que se sancionan en esta iniciativa legal siempre debe mediar violencia o intimidación.

A continuación, el señor Celedón sugirió un inciso segundo del siguiente tenor:

“Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontrasen en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.”.

Seguidamente, sugirió un inciso tercero del siguiente tenor:

“Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituye un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimun, según los respectivos casos.”.

El Profesor, señor Matus, hizo hincapié en la necesidad de establecer explícitamente en la normativa que la interrupción de la vía pública debe ser íntegra o completa.

La Honorable Senadora señora Provoste concordó plenamente con lo señalado por el Profesor, señor Matus, con el objeto de dejar claro el objeto de la normativa que se ha aplicado y que bajo ninguna circunstancia será considerado delito los trabajadores que colocan en la vía pública sin autorización.

Una vez finalizada la discusión en materia de desórdenes públicos , la Comisión acordó reunir las ideas planteadas en ella, en la indicación que a continuación se describe.

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La indicación número 8 quáter, de los Honorables Senadores señores Kast y Pérez, que incorpora un nuevo numeral 1 del siguiente tenor:

"1. Intercálase, al inicio del Párrafo 2 del Título VI del Libro II, el siguiente artículo 268 septies:

"Art. 268 septies. El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señala a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.".".

Enseguida, el Presidente de la Comisión sometió a votación la indicación 8 quáter.

Al fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Insulza hizo presente que el texto contemplado en la enmienda en discusión establece que, para sancionar a una persona, ésta debe estar sin autorización, interrumpir completamente, mediante violencia o intimidación en las personas u obstáculos levantados en la vía pública. En efecto, estos son los requisitos que esta tipificación contiene, limitándolo para situaciones extremas.

Por su parte, el Honorable Senador señor Harboe hizo hincapié en que se está aprobando una norma que sanciona la interrupción de la libre circulación de personas o vehículos, la cual debe ser completa. Luego, para que esta interrupción completa sea parte del tipo penal requiere ser ejercida mediante violencia o intimidación. Es decir, quien interrumpe completamente la libre circulación sin mediar violencia o intimidación, no se le aplique. Adicionalmente, arguyó, que esta interrupción debe producirse mediante objetos. Por tanto, si un grupo de personas se cruza de brazos e interrumpe completamente el tránsito en una calle, dicha hipótesis no queda sancionada por esta disposición, sino mediante las normas contenidas en la ley de tránsito.

Del mismo modo, comentó que la norma también contempla a quienes, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación. En este sentido, observó que se ha visto un accionar muy violento de Carabineros con los manifestantes, pero no así con camioneros, dueños o choferes de taxibuses o colectivos, que cruzan sus vehículos en la vía pública, lo cual resulta inaceptable y vergonzoso.

El inciso segundo de esta norma, explicó, dispone una pena de 61 días a tres años para quien lance a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes. En definitiva, la norma sanciona a quien arroje este tipo de objetos y ponga en riesgo la vía o integridad física de incluso los propios manifestantes. Sin embargo, aclaró que cuando se produzca un delito de mayor pena se aplicará la que corresponde a ese delito.

Luego, recalcó que este proyecto de ley no busca criminalizar la protesta social, sino que se sanciona a quien ejerce violencia y no a quien está manifestándose. En consecuencia, anunció su voto favorable.

- Puestas en votación la indicación señalada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señoras Ebensperguer y Rincón y señores Harboe, Insulza y Pugh.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Rincón solicitó que se aclare, para efectos de la historia de la ley, si la interrupción completa debe ser con violencia o intimidación y producirse con objetos, o bien, con violencia o intimidación o producirse con objetos.

Al respecto, el Honorable Senador señor Harboe reiteró que la norma no puede sancionar a un grupo de personas que se cruza en una calle, por cuanto aquello constituiría una falta contenida en la ley de tránsito y no un delito. En efecto, al establecerse el requisito de objetos diversos se trataba de evitar sancionar la interrupción humana. Sin embargo, al exigir los elementos señalados en forma copulativa se puede dejar impune una situación de violencia o intimidación sin mediar objetos.

Por otra parte, comentó que se está legislando respecto de una norma que tendrá aplicación general y estable en el tiempo. Por lo tanto, no se legisla para un caso particular, como la situación “del que baila pasa”, sino que para cualquier exigencia, incluso pecuniaria, que se establezca como requisito para la libre circulación.

La Honorable Senadora señora Ebensperguer hizo presente que, si en la norma se establece como elementos copulativos la violencia o intimidación y que debe producirse con objetos, no podría sancionarse la conducta “del que baila pasa”, a diferencia si se consideran elementos que -por separado- pueden materializar la hipótesis normativa.

El señor Celedón indicó que en el marco de la discusión se establecieron dos hipótesis distintas. Una dice relación con la instalación de objetos, es decir, barricadas propiamente tales y la otra con violencia o intimidación en las personas, esto es, fórmulas coactivas de impedir el desplazamiento de las mismas. A contrario sensu, desde el punto de vista de la barricada, se estaría exigiendo como requisito adicional la violencia o intimidación.

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Artículo 268 septies

Inciso primero propuesto

La indicación número 9, del Honorable Senador señor Elizalde, es para suprimirlo.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 10, del Honorable Senador señor Navarro, lo reemplaza por el siguiente:

“Artículo 268 septies.- Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo el que, con ocasión de una calamidad pública o grave alteración del orden, ejecute alguna de las siguientes acciones:

1) Ataque, incendie o destruya bienes inmuebles que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos.

2) Se apropie a gran escala, robe, saquee o realice actos de vandalismo contra la propiedad pública o privada.

3) Ataque, destruya, sustraiga o inutilice los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, de todo tipo de locales comerciales.

En el caso de la comisión de dichos delitos, la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile deberá levantar una sola acta, con todos los detenidos que han sido encontrados dentro o fuera del inmueble saqueado. Con todo, la participación en estos hechos será considerada siempre en grado de consumado desde que se encuentre frustrado.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 11, del Honorable Senador señor Bianchi, lo sustituye por el siguiente:

“Artículo 268 septies.- El que realice un acto constitutivo de desorden público grave, será sancionado con reclusión menor en su grado medio.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 12, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza la frase “medio a máximo”, por “mínimo a medio”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Inciso segundo propuesto

La indicación número 13, del Honorable Senador señor Girardi, lo suprime.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Encabezado

La indicación número 14, del Honorable Senador señor Elizalde, lo elimina.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 15, del Honorable Senador señor Bianchi, lo sustituye por el siguiente:

“Para estos efectos, constituye desorden público grave:”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Numeral 1)

Las indicaciones números 16, del Honorable Senador señor Navarro; 17, del Honorable Senador señor Elizalde, y 18, del Honorable Senador señor Quinteros, lo suprimen.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 19, del Honorable Senador señor Bianchi, lo sustituye por el siguiente:

“1) Paralizar maliciosamente de forma permanente, un servicio público de primera necesidad, con peligro concreto y grave para la seguridad pública o el abastecimiento general de la población. Se entiende por servicio público de primera necesidad, los servicios hospitalarios de urgencia, electricidad, estaciones de transporte público, de combustible, agua potable y telecomunicaciones.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 20, del Honorable Senador señor Girardi, es para sustituirlo por el siguiente:

“1) Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio hospitalario, de emergencia y de agua potable.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 21, del Honorable Senador señor Insulza, es para intercalar entre “interrumpir” y “un servicio” la expresión “con violencia”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Numeral 2)

Las indicaciones números 22, del Honorable Senador señor Navarro; 23, del Honorable Senador señor Elizalde, y 24, de la Honorable Senadora señora Goic, lo suprimen.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 25, del Honorable Senador señor Bianchi, es para sustituirlo por el siguiente:

“2) Tirar piedras u otros objetos arrojadizos en parajes públicos, o arrojar escombros u objetos punzantes o cortantes en lugares públicos, con riesgo grave y concreto para la integridad física de los transeúntes, o con peligro grave para la seguridad de las personas. En caso de que no exista riesgo grave para la integridad física de transeúntes o peligro grave para la seguridad de las personas, se estará a lo dispuesto en los artículos 496 N° 21, 25 o 26, según sea el caso.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 26, de S.E. el Presidente de la República, lo sustituye por el siguiente:

“2) Lanzar elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales de aquellas sancionadas en los artículos 395, 396 y 397, número 1°.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 27, del Honorable Senador señor Girardi, reemplaza la frase “peligrosos para la vida o” por la siguiente “que perjudiquen o menoscaben”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Numeral 3)

Las indicaciones números 28, del Honorable Senador señor Navarro; 29, del Honorable Senador señor Elizalde, y 30, de la Honorable Senadora señora Goic, lo suprimen.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 31, del Honorable Senador señor Insulza, reemplaza la expresión “relevante” por “considerable y duradera”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 31 bis, de la Honorable Senadora señora Aravena, para intercalar entre las frases “una oficina pública o privada,” y “uno o más vehículos motorizados” la frase “un bien nacional de uso público,”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señoras Ebensperguer y Rincón y señores Harboe, Insulza y Pugh.

Numeral 4)

Las indicaciones números 32, del Honorable Senador señor Bianchi; 33, del Honorable Senador señor Elizalde; 34, del Honorable Senador señor Navarro; 35, del Honorable Senador señor Girardi, y 36, del Honorable Senador señor Insulza, lo suprimen.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 37, del Honorable Senador señor Moreira, lo sustituye por el siguiente:

“4) Impedir la libre circulación de personas o vehículos mediante el bloqueo de las vías destinadas a tal efecto o condicionar su ejercicio, mediante coerción o amenaza, a la realización de conductas o actos no deseados o denigrantes.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 38, de S.E. el Presidente de la República, lo sustituye por el siguiente:

“4) Utilizar barricadas o cualquier otro medio destinado a obstaculizar las vías públicas o impedir la libre circulación de personas o vehículos, mediante coacción o amenaza.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 38 bis, del Honorable Senador señor Castro, para sustituirlo por el siguiente:

“4) Incendiar objetos o fijar elementos en la vía pública, destinados a impedir la libre circulación de las personas o vehículos.”

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señoras Ebensperguer y Rincón y señores Harboe, Insulza y Pugh.

La indicación número 39, de la Honorable Senadora señora Goic, reemplaza la frase “destinados a impedir”, por “que impidan”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Numeral 5)

Las indicaciones números 40, del Honorable Senador señor Navarro, y 41, del Honorable Senador señor Elizalde, lo suprimen.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 42, del Honorable Senador señor Bianchi, lo sustituye por el siguiente:

“5) Impedir, o dificultar de forma grave y maliciosa con perjuicio a las personas, la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 43, de la Honorable Senadora señora Goic, intercala, entre las palabras “dificultar” y “la”, la palabra “coactivamente”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Numeral 6)

Las indicaciones números 44, del Honorable Senador señor Navarro; 45, del Honorable Senador señor Elizalde; 46, del Honorable Senador señor Girardi; 47, del Honorable Senador señor Harboe; 48, de los Honorables Senadores señores Harboe, Huenchumilla, Lagos y Quintana; 49, de la Honorable Senadora señora Goic; 50, del Honorable Senador señor Quinteros, y 51, del Honorable Senador señor Insulza, lo suprimen.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 52, del Honorable Senador señor Bianchi, lo sustituye por el siguiente:

“6) Usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados, cuando la usurpación sea realizada en un contexto de grave alteración del orden público o de calamidad pública, por una persona que no se desempeñe o preste funciones o servicios al interior del respectivo establecimiento industrial, comercial o agrícola.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

o o o

La indicación número 53, del Honorable Senador señor Pugh, es para agregar un nuevo numeral del siguiente tenor:

“…) Condicionar de cualquier forma la libre circulación de las personas o vehículos a la entrega de dinero o a la ejecución de acciones contrarias a la voluntad o dignidad del afectado, o impedir dicha circulación, en el caso de los vehículos, obstruyendo la visibilidad mediante el uso de pinturas u otras sustancias, o dañando cualquiera de sus partes.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

o o o

o o o

La indicación número 54, del Honorable Senador señor Pugh, propone el siguiente numeral, nuevo:

“…) Utilizar, para la realización de cualquiera de las conductas previstas en los numerales anteriores, artefactos, sustancias o componentes destinados a interferir la vista u otros sentidos mediante la emisión de rayos láser o de elementos fumígenos o tóxicos.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

o o o

o o o

La indicación número 54 bis, del Honorable Senador señor Castro, para agregar un nuevo numeral del siguiente tenor:

“…) Impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos mediante actos de intimidación o que atenten contra la dignidad de las personas.”

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señoras Ebensperguer y Rincón y señores Harboe, Insulza y Pugh.

Inciso tercero propuesto

Las indicaciones números 55, de S.E. el Presidente de la República, y 56, del Honorable Senador señor Elizalde, lo suprimen.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Inciso cuarto propuesto

La indicación número 57, del Honorable Senador señor Elizalde, lo suprime.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

o o o

La indicación número 58, del Honorable Senador señor Harboe, incorpora un nuevo número, del siguiente tenor:

“…. Intercálase, al inicio del Párrafo 2 del Título VI del Libro II, el siguiente artículo 268 septies:

“Art. 268 septies. El que, sin estar autorizado, interrumpa la libre circulación en la vía pública mediante la aposición de barricadas, vallas u otros objetos que impidan el paso de personas o vehículos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. La misma pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Si, con motivo u ocasión de la comisión del delito descrito en el inciso anterior se exige cualquier condición para el paso de personas o vehículos, la pena será de presidio menor en su grado medio, a menos que el hecho constituya el delito de amenazas, robo con intimidación u otro más grave, según la naturaleza de la condición exigida y la gravedad y actualidad de la amenaza.”.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

o o o

o o o

La indicación número 59, del Honorable Senador señor Quinteros, incorpora el siguiente nuevo número:

“…. Agrégase el siguiente artículo 268 octies:

“Artículo 268 octies.- El que ejecutare actos violentos para impedir u obstaculizar la realización de una manifestación o reunión pública será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.”.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

o o o

Número 2

Reemplaza, en el artículo 269, la palabra “Párrafo” por “artículo”.

Cabe señalar que el citado precepto, en su inciso primero, dispone que, fuera de los casos sancionados en el Párrafo anterior, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensa causados.

Las indicaciones números 60, del Honorable Senador señor Navarro; 61, de los Honorables Senadores señoras Provoste, Órdenes y Rincón y señor Latorre; 62, del Honorable Senador señor Latorre; 63, de la Honorable Senadora señora Provoste; 64, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor Latorre; 65, de la Honorable Senadora señora Rincón; 66, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Quintana; 67, del Honorable Senador señor Araya, y 68, de los Honorables Senadores señora Allende y señores De Urresti, Elizalde y Montes, son para suprimir el número 2 del artículo único.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Las indicaciones números 68 bis, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores De Urresti y Latorre, y 68 ter, del Honorable Senador señor Quintana, son para suprimir el número 2 del artículo único.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señoras Ebensperguer y Rincón y señores Harboe, Insulza y Pugh.

La indicación número 69, de S.E. el Presidente de la República, lo reemplaza por el siguiente:

“2. Intercálase en el inciso primero del artículo 269, a continuación de la frase “Párrafo anterior”, la expresión “y en el artículo precedente”.

En relación con esta indicación, el señor Celedón para que los desórdenes públicos queden como una norma residual, se debe agregar la expresión señalada.

- Sometida a votación la indicación señalada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señoras Ebensperguer y Rincón y señores Harboe, Insulza y Pugh.

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La indicación número 70, del Honorable Senador señor Moreira, incorpora un nuevo número, del siguiente tenor:

“…. Elimínase el inciso segundo del artículo 269.”.

Es preciso señalar que el aludido inciso segundo prescribe que incurrirá en la pena de presidio menor, en su grado mínimo a medio, el que impidiere o dificultare la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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o o o

La indicación número 71, del Honorable Senador señor Navarro, añade un nuevo número, del siguiente tenor:

“…. Incorpórase en el artículo 442 el siguiente numeral 4°:

“4° Con ocasión de una situación de calamidad pública, sea que actúe individualmente, en grupo o amparado por este, con intención de saquear propiedad pública o privada.”.

Es oportuno consignar que el citado artículo 442 prescribe lo siguiente:

“Artículo 442.- El robo en lugar no habitado, se castigará con presidio menor en sus grados medio a máximo, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.º A Escalamiento.

2.º Fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados.

3.º Haber hecho uso de llaves falsas, o verdadera que se hubiere sustraído, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo o abrir los muebles cerrados.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

o o o

Número 3

Incorpora, en el artículo 442 -ya transcrito-, el siguiente inciso final:

“Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor perpetre este delito con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que actúe individualmente, en grupo o amparado en este.”.”.

La indicación número 72, del Honorable Senador señor Elizalde, lo sustituye por el siguiente:

“3.- Incorpórase en el artículo 442 el siguiente inciso final:

“Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor perpetre este delito con ocasión de calamidad pública o alteración grave del orden público, sea que actúe individualmente, en grupo o amparado en este.”.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Las indicaciones números 73, de los Honorables Senadores señora Órdenes y señor Quintana; 74, de la Honorable Senadora señora Rincón; 75, de los Honorables Senadores señora Provoste y señor Latorre; 76, de los Honorables Senadores señoras Provoste, Órdenes y Rincón y señor Latorre; 77, del Honorable Senador señor Latorre, y 78, de la Honorable Senadora señora Provoste, lo reemplazan por el siguiente:

“3. Incorpórase en el artículo 442 el siguiente inciso final:

“Se podrá aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor de las conductas señaladas en el inciso anterior las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.”.”.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

Las indicaciones números 78 bis, de los Honorables Senadores señora Provoste y señores De Urresti y Latorre, y 78 ter, del Honorable Senador señor Quintana, lo reemplazan por el siguiente:

“3. Incorpórase en el artículo 442 el siguiente inciso final:

“Se podrá aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor de las conductas señaladas en el inciso anterior las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.”.”.

- Sometidas a votación las indicaciones señaladas, éstas fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señoras Ebensperguer y Rincón y señores Harboe, Insulza y Pugh.

La indicación número 79, del Honorable Senador señor Navarro, lo sustituye por el siguiente:

“3. Incorpórase en el artículo 442 el siguiente inciso final:

“Se podrá aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor de las conductas señaladas en el inciso anterior las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública.”.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 80, de los Honorables Senadores señora Allende y señores De Urresti, Elizalde y Montes, es para reemplazarlo por el siguiente:

“3. Agrégase un inciso final al artículo 442 del siguiente tenor:

“Se podrá aplicar la pena de presidio menor en su grado máximo cuando se cometa este delito con ocasión de una situación de calamidad pública, sea que actúe en grupo o individualmente, pero amparado en éste.”.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 81, de S.E. el Presidente de la República, lo sustituye por el siguiente:

“3. Incorpórase un artículo 449 ter, nuevo, del siguiente tenor:

“Art. 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título, se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.”.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 82, del Honorable Senador señor Navarro, reemplaza, en el inciso propuesto, la expresión: “Se aplicará” por “Se podrá aplicar” y elimina la expresión “o alteración del orden público”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

La indicación número 83, de la Honorable Senadora señora Goic, intercala, en el inciso propuesto, entre las palabras “o” y “alteración”, la palabra “grave”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

o o o

La indicación número 84, del Honorable Senador señor Navarro, incorpora el siguiente número, nuevo:

“…. Agrégase el siguiente artículo 445 bis:

“Artículo 445 bis.- El que aprovechándose de una calamidad o conmoción púbica, emergencia, catástrofe, turba o cualquier otro evento distractivo, sustraiga bienes de lugar no habitado, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Quien, cumpliéndose las condiciones anteriores, ingrese al recinto, se presumirá a su respecto el ánimo de lucro. Se consideran dependencias del lugar no habitado sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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La indicación número 85, del Honorable Senador señor Araya, incorpora el siguiente número, nuevo:

“…. Agrégase un nuevo numeral 5°, al artículo 447, del siguiente tenor:

“5° Cuando el hurto se hubiere llevado a cabo con ocasión de incendio, calamidad pública o alteración del orden público, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él.”.”.

Cabe señalar que el aludido precepto dispone lo que se expresa a continuación:

“Art. 447. En los casos del artículo anterior podrá aplicarse la pena inmediatamente superior en grado:

1.° Si el hurto se cometiere por dependiente, criado o sirviente asalariado, bien sea en la casa en que sirve o bien en aquella a que lo hubiere llevado su amo o patrón.

2.º Cuando se cometiere por obrero, oficial o aprendiz en la casa, taller o almacén de su maestro o de la persona para quien trabaja, o por individuo que trabaja habitualmente en la casa donde hubiere hurtado.

3.° Si se cometiere por el posadero, fondista u otra persona que hospede gentes en cosas que hubieren llevado a la posada o fonda.

4.° Cuando se cometiere por patrón o comandante de buque, lanchero, conductor o bodeguero de tren, guarda almacenes, carruajero, carretero o arriero en cosas que se hayan puesto en su buque, carro, bodega, etc.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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La indicación número 86, del Honorable Senador señor Harboe, incorpora un nuevo número, del siguiente tenor:

“…. Créase un nuevo Párrafo §4 ter, a continuación del §4 bis, titulado “Del saqueo”, dentro del Título Noveno (Crímenes y simples delitos contra la propiedad) del Libro Segundo (Crímenes y simples delitos y sus penas), el cual contendrá un artículo 448 septies, del siguiente tenor:

“Art. 448 septies.- El que cometiere alguno de los delitos contenidos en el presente título, actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, será sancionado con la pena asignada al delito correspondiente, aumentada en un grado y el delito tendrá el nombre de saqueo.”.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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La indicación número 87, del Honorable Senador señor Harboe, incorpora un nuevo número, del siguiente tenor:

“.... Reemplázase en el epígrafe del Párrafo §5 del Título Noveno (Crímenes y simples delitos contra la propiedad) del Libro Segundo (Crímenes y simples delitos y sus penas) la expresión “cuatro” por “cinco.”.

Es oportuno expresar que el aludido epígrafe es el siguiente:

“§ 5. Disposiciones comunes a los cuatro Párrafos anteriores.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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La indicación número 88, del Honorable Senador señor Harboe, incorpora un nuevo número, del siguiente tenor:

“…. Reemplázase en el artículo 449 la expresión “4 bis” por “4 ter”.”.

Cabe señalar que el citado precepto establece lo que se expresa a continuación:

“Art. 449. Para determinar la pena de los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 y se aplicarán las reglas que a continuación se señalan:

1ª. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

2ª. Tratándose de condenados reincidentes en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el tribunal deberá, para los efectos de lo señalado en la regla anterior, excluir el grado mínimo de la pena si ésta es compuesta, o el mínimum si consta de un solo grado.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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La indicación número 89, del Honorable Senador señor Harboe, incorpora un nuevo número, del siguiente tenor:

“…. Intercálase el siguiente artículo 449 bis, nuevo, pasando el actual a ser 449 ter:

“Art. 449 bis. En los delitos a que se refiere el artículo anterior se aplicará en todo caso la regla 2ª, aun cuando el responsable no sea reincidente, si ha cometido el delito en circunstancias tales que su intervención ha contribuido a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.”.

En relación con esta indicación, el Profesor, señor Matus, expresó que habitualmente el sistema político, cuando suceden hechos de conmoción pública, reacciona de dos maneras. Una de ellas es señalar de forma más específica hechos que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico-penal, o bien, imponer penas más severas para figuras contempladas en el Código, por ser consideradas especialmente graves. Sin embargo, se presentan dificultades técnicas al momento de consignar hechos considerados en el Código con penas que son discordantes. Por ejemplo, en el texto original se establecía el incendio como simple delito, con lo cual se rebajaba la calidad gravísima de esta figura. Así, al ser una nueva regulación y más favorable para el imputado, los jueces se encuentran obligados a aplicarla.

Enseguida, indicó que la figura de saqueo no está vinculada con las manifestaciones sociales. En algunas ocasiones se trató de ataques nocturnos que destruían la totalidad o gran parte de un establecimiento comercial o industrial, que de alguna forma corresponde a la definición de la Real Academia Española (RAE) de la palabra saqueo. Luego, hizo hincapié en que la tipificación de este delito debe abarcar todos los casos posibles. Asimismo, llamó la atención acerca de que una de las situaciones más graves que se produjeron fue la facilidad con que se atribuye estos hechos a un robo en lugar no habitado, situación errónea, por cuanto puede darse la hipótesis en que una turba entra a un local y expulsa a los dependientes, lo cual constituye un robo con violencia o intimidación. No obstante, una vez que la turba hace abandono del local afectado y más tarde entran otros sujetos a ver qué pueden sustraer del lugar, según la forma en que ingresen, pueden estar cometiendo un robo en lugar no habitado, si entraron por un forado, o bien, un hurto, si ingresaron por la puerta.

Al confundir el saqueo con el robo en lugar no habitado se produce la disminución de la pena, al prescindir de la figura de robo con violencia o intimidación, que tiene una mayor sanción. Asimismo, observó que la destrucción o la sustracción de todo o parte de lo que se encuentra en el lugar, constituye la pérdida total del capital para una pyme, a diferencia de la acción que se ejecuta respecto de una sucursal de una cadena de retail. Luego, aclaró que este tipo de conductas se ha desarrollado en nuestra sociedad con anterioridad a la denominada explosión social, motivo por el cual los fiscales actúan de la misma forma.

Seguidamente, el Académico advirtió que el texto aprobado en general podría provocar una inesperada atenuación respecto de hechos muy graves. Así, la destrucción de bienes fiscales que sirven a la comunidad, en algunos casos, puede constituir delitos muy graves, según aquello que se está destruyendo. En tanto, si se contempla la destrucción como una forma de desorden público, podría darse el caso de que la quema de los libros de la Biblioteca Nacional constituya solo un ilícito de este tipo.

Luego, hizo presente que en la indicación número 58 se establece el único caso de desorden público que no estaba descrito como delito independiente, esto es, la interrupción no autorizada de la circulación, mediante las denominadas barricadas. Estos son los casos que no se encuentran comprendidos en la legislación y que necesitan ser señalados como graves, o sea, no son como cualquier desorden público o coacción. Del mismo modo, se debe establecer que la sustracción con destrucción, total o parcial, de un establecimiento industrial o comercial no es exactamente un robo o hurto simple, sino una figura grave por su efecto, es decir, sustracción de todo o parte del capital. Por lo tanto, se propone la aplicación de las reglas del artículo 449, con el objeto de evitar que se pierda la gravedad en la calificación, es decir, que no se procese como un simple robo en lugar no habitado. En este sentido, afirmó que existe cierta similitud con el delito de abigeato, que no se tipifica como robo o hurto debido a que en la economía agrícola significa la destrucción potencial de buena parte del capital de una persona.

En relación con lo discutido anteriormente, el Profesor, señor Matus, sugirió el siguiente texto:

“3. Intercálase el siguiente artículo 449 bis, pasando el actual a ser 449 ter:

“Art. 449 bis. En los delitos a que se refiere el artículo anterior se aplicará en todo caso la regla 2ª, aun cuando el responsable no sea reincidente, si ha cometido el delito en circunstancias tales que su intervención ha contribuido a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.”.

En lo relativo al texto propuesto, el Académico aclaró que se refiere exactamente al caso del saqueo. Al respecto, precisó que, según la definición de la RAE, consiste en “la sustracción o destrucción de todo o parte de aquello que había o se guardaba en un lugar”. Añadió que, como el saqueo se define por el efecto, los medios determinan la clase de delito que se comete en cada caso y según las circunstancias puede ser un robo violento (tumulto que intimida a los dependientes); con fuerza (entrada a un lugar no habitado destruyendo medios de resguardo) o un hurto (aprovechamiento del forado ya existente). A su vez, se agrava de manera importante para todos los partícipes y la calidad de reincidente juega un rol adicional.

De esta forma, se contaría con una regla de determinación de pena diferente a las ordinarias para los delitos de robo y hurto, que impide disminuir las penas. Sin embargo, dado que el saqueo puede ser un robo en lugar no habitado, el cual es un simple delito, o hurto o robo con violencia, no se sabe qué sanción le puede llegar a corresponder y qué pena sustitutiva podría aplicarse. En razón de ello, se estima un hecho grave por el efecto que produce y no se aplica el mínimo de la pena. De esta forma, el juez caso a caso podrá determinar la gravedad del ilícito y la correspondiente sanción. En caso de reincidencia, arguyó, se faculta al juez para aplicar el máximo de la pena, lo cual se verá según las circunstancias.

Seguidamente, indicó que el Ejecutivo, en sus indicaciones, trata de incorporar una regla criminológica importante. En efecto, cuando se hizo la primera gran reforma de los delitos de robo o hurto, en los años treinta, se consideró un hecho básico y es que toda nuestra legislación parte de que el delito frustrado tiene una pena menor en un grado al consumado, en tanto el tentado posee una menor en dos grados respecto del mismo. Estas rebajas inciden en el efecto de las penas sustitutivas. En dicha época, se pensó que los delitos de robo con intimidación y por sorpresa se descubren en flagrancia, hecho criminológico que se mantiene hasta la actualidad. Asimismo, gran parte de los robos en lugar habitado, cuando se cometen, solo se descubren cuando son flagrantes. Por este motivo, añadió, el artículo 450 incorpora una regla que permite imponer en todos esos casos la pena del delito consumado y no frustrado o tentado.

A su turno, el señor Pablo Celedón, explicó que la indicación número 81, del Ejecutivo, guarda importantes similitudes con la indicación número 89, del Honorable Senador señor Harboe, que recoge una de las sugerencias del Profesor, señor Matus. En efecto, lo que busca esta enmienda es contemplar una figura agravada de robo con fuerza o hurto, estableciendo la regla de aumentar la pena en un grado, cuando tenga lugar con ocasión de calamidad pública, alteración del orden público, actuando en grupo o individualmente, pero amparado en éste. Además, se consagra una regla especial respecto del robo con violencia o intimidación -del artículo 436- donde la pena va desde cinco años y un día a veinte años; por motivos de proporcionalidad no se puede aumentar en un grado la pena, debido a que se puede llegar a presidio perpetuo. Asimismo, afirmó que el disvalor de la conducta queda cubierto con la agravación de la pena.

Por otra parte, hizo presente que en muchas ocasiones las personas son detenidas al interior de los establecimientos saqueados, antes de sacar las cosas del mismo, por lo cual el delito no se encuentra consumado. Esta misma situación, motivó la regla contenida en el artículo 450, relativo al robo en lugar habitado.

En relación con la propuesta de la indicación número 89, manifestó su concordancia respecto de la primera parte de ésta. Sin embargo, expresó algunas reservas acerca de la tipificación del delito de saqueo, debido a que generalmente se establece como un ilícito relativo a tiempos de guerra. Además, enfatizó en la necesidad de aplicar la regla de agravación a los delitos de hurto y robo con violencia.

En cuanto a la figura del robo en lugar habitado, el Honorable Senador señor Insulza acotó que se entendía como aquella conducta acaecida en la habitación o sus dependencias. No obstante, esta interpretación es bastante estrecha, desde su punto de vista, por cuanto muchas personas están más tiempo en sus negocios que en su domicilio.

Por otra parte, llamó la atención acerca de la necesidad de determinar quiénes son los participantes en un delito de saqueo. Por ejemplo, quien ingresa a un establecimiento que está siendo saqueado y no retira ninguna especie de valor no puede ser sancionado por robo o hurto, o bien, en otras ocasiones las cosas quedan tiradas afuera del local y las personas solamente las recogen. Al respecto, preguntó cómo se regulan estas situaciones en los textos que se plantean.

El Honorable Senador señor Harboe aclaró que los verbos rectores de la indicación número 89 son “sustraer” y “destruir”. Por lo tanto, si la turba entra a un local comercial, lo destruye y no roba nada, se tipifica el delito de saqueo. En consecuencia, se trata de un tipo penal distinto.

En este sentido, el Profesor, señor Matus, comentó que el Profesor Labatut pensaba que la expresión “habitado” significaba estar allí. Sin embargo, la inmensa mayoría de la doctrina y la jurisprudencia opina que lugar habitado significa el lugar donde la persona “echa sus huesos a dormir”, es decir, su casa. Por este motivo, el robo en lugar habitado tiene una pena de crimen, porque no constituye solamente un delito contra la propiedad, sino también contra la seguridad de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que la sociedad ha cambiado y habrá una oportunidad futura para replantearse esta distinción.

Por otra parte, destacó que en la definición de saqueo que aparece en el texto sugerido, se incluye la mera destrucción. Además, se hace una descripción respecto de quién interviene. Sin embargo, señaló que, para evitar cualquier interpretación diferente, sería importante intercalar un inciso que disponga: “La misma regla se aplicará en caso que el responsable resulte únicamente de los delitos de daño o ingreso ilegal o allanamiento de morada.”.

El Honorable Senador señor Huenchumilla expresó que la indicación número 81, del Ejecutivo, señala que en los delitos de los párrafos 3 y 4, cuando se ejecuten con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, se aumentará la pena privativa de libertad en un grado. Al respecto, consultó si existe una agravante, por ejemplo, la contenida en el numeral 10 del artículo 12, que aumenta las penas en esas mismas circunstancias.

Asimismo, sostuvo que, en la propuesta del Profesor, señor Matus, se señala que se aplicará la respectiva regla del número 2, aun cuando el responsable no sea reincidente. Al respecto, acotó que la persona que no es reincidente puede optar a determinados beneficios.

Al volver a hacer uso de la palabra, el señor Celedón precisó que la agravante contenida en el numeral 10 del artículo 12 puede recoger la hipótesis que se trata de establecer en esta nueva figura. No obstante, el problema que se produce es que, al entrar en las reglas de agravantes y atenuantes, se producen compensaciones. En cambio, el proyecto de ley busca que, en función del disvalor o reproche social de la conducta, se aplique una regla especial de determinación de la pena, aumentando en un grado la misma.

En relación con la duda del Honorable Senador señor Insulza, estimó que ésta se salva estableciendo que, si se encuentran personas al interior del inmueble, se considerará intimidación o que se ejerció violencia, lo cual acarreará una pena mayor al robo en lugar habitado.

Por su parte, el Profesor, señor Matus, aludió al decreto Nº 104, del Ministerio del Interior, de 1977, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley Nº 16.282, que establece disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes, que consagra agravaciones para delitos como los señalados.

Luego, informó que el problema con el concepto “reincidencia” es que tiene un significado legal preciso y se refiere a quien ha sido condenado por sentencia ejecutoriada. En estas situaciones, existe un gran número de personas que no son condenadas por sentencia ejecutoriada y que, por ello, no serán reincidentes. De esta forma, explicó que quienes en estos meses participaron en saqueos y fueron objeto de suspensión condicional del procedimiento, en el próximo suceso no serán reincidentes, debido a la inexistencia de sentencia ejecutoriada, por cuanto la suspensión condicional del procedimiento termina en un sobreseimiento definitivo y no en una condena. En consecuencia, el problema es cómo agravar estos hechos sin subir las penas, para lo cual se establece que el juez no debe aplicar el mínimo dentro del marco. En cuanto al reincidente, se dispone que el tribunal pueda considerar suficiente fundamento esa circunstancia para imponer la pena máxima dentro del grado. De igual forma, aclaró que el reincidente no tiene irreprochable conducta anterior, a diferencia de quien fue objeto de suspensión condicional del procedimiento, quien la tiene por defecto.

A continuación, el señor Celedón dio a conocer a la Comisión una propuesta de texto sugerida en conjunto con el Profesor, señor Jean Pierre Matus, del siguiente tenor:

“…. Intercálanse los siguientes artículos 449 ter y 449 quáter, nuevos, pasando el actual a ser 449 quinquies:

Art. 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título, se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.

Art. 449 quáter. Se aplicará en todo caso la regla 2ª del artículo 449, aun cuando el responsable no sea reincidente, si los delitos señalados en el artículo anterior se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.

El que, sin ser responsable del saqueo a título de autor o cómplice, ingrese al lugar en que se comete en los momentos en que se comete o en momentos inmediatamente posteriores, sin la debida autorización o sin el propósito de evitar el delito o sus ulteriores perniciosas consecuencias, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y se aplicará a la determinación de la pena las reglas previstas en este artículo y en los dos anteriores, a menos que su intervención constituya un delito más grave.”.

En lo que atañe al texto planteado, el señor Celedón explicó que se refiere al delito de robo en lugar no habitado, que puede adquirir la forma de robo con intimidación, dependiendo si se encuentran personas al interior del inmueble al momento de perpetrarse el delito, o bien hurto, si no se forzaron los medios de resguardos del inmueble. De esta forma, se establecen dos circunstancias agravantes, una con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público y la otra cuando se actúe en tumulto, aumentando en un grado la pena. En tanto, en el delito de robo con violencia o intimidación se excluye el grado menor.

El Profesor, señor Matus acotó que existen dos conceptos que se observan en la discusión. En primer lugar, el delito de robo o hurto cometido con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Al respecto, añadió que para los casos de catástrofes naturales se hace aplicable el decreto Nº 104, del Ministerio del Interior, de 1977, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la ley Nº 16.282, que establece disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes. Sin embargo, el saqueo –en su literalidad- se refiere a la destrucción o sustracción, total o parcial, de las cosas que se encuentran en un lugar. De esta forma, el mayor efecto en las pymes es la destrucción o sustracción del capital social.

En este mismo sentido, sostuvo que tiene sentido la propuesta del Ejecutivo de establecer una forma de agravación para los robos o hurtos que se comenten durante una calamidad o desorden público y, además, regular especialmente el delito de saqueo. En ambos, casos queda fuera una situación particular, relacionado con el ámbito probatorio, donde la mayoría de las personas se encuentran con los objetos recientemente sustraídos o saliendo del lugar, no obstante, no es posible acreditar que la persona ingresó por el forado o practicó la vulneración del medio de resguardo o participó en la destrucción del lugar. Para esta situación, agregó, se contempla el inciso final del artículo 449 quáter propuesto. Al respecto, advirtió la dificultad que se enfrentará al trata de probar el concierto, al igual que el dolo común. De esta forma, el Ministerio Público podrá perseguir por un delito que no establece una pena tan grave, pero que permite las agravaciones. Asimismo, aseveró que las personas que ingresan a un lugar, mientras se está cometiendo un delito sin el propósito de evitarlo, actúan como una suerte de apoyo moral.

El Honorable Senador señor Harboe se manifestó favorablemente respecto de la regulación propuesta para la figura de saqueo. No obstante, hizo presente sus reparos acerca del inciso que sanciona con una pena de 541 días a 5 años, a la persona que se encuentra en el lugar. En efecto, debería pensarse en una pena menor para una persona que no participa activamente en el delito, es decir, no es autor ni cómplice.

Por su parte, el Honorable Senador señor Kast señaló que, la norma en discusión, no pretende sancionar simplemente a alguien que está pasando por el lugar donde se comete el delito, sino que, en razón de la dificultad de probar quien ejecutó la acción delictual, se sancione a quien es parte de la banda y se encuentra en el lugar.

Luego consultó el motivo por el cual se desechó la redacción que establecía “el que siendo sorprendido en el lugar en que se comete el delito”, siendo que tiene la virtud de ser bastante precisa.

Al respecto, el Profesor, señor Matus, explicó que desde hace un tiempo a la fecha se han venido cometiendo los denominados turbazos, donde en algunas oportunidades el Ministerio Público ha logrado procesar a los involucrados por el delito de robo con violencia o intimidación, no obstante, cuando no tiene éxito esta acción, pero la persona es sorprendida con objetos robados, es sancionada por el delito de receptación, no obstante, encontrarse dentro del lugar. Por este motivo, la diferencia entre la palabra “sorprendido” y “que ingrese en el momento” permite eliminar de la hipótesis a las personas que se encuentran mirando en el local, de aquellas que ingresan en el momento que se está ejecutando el ilícito.

Enseguida, comentó estar de acuerdo con disminuir la pena para quien no participa activamente en la ejecución del delito, por razones proporcionalidad. Sin embargo, advirtió que se debe tener en cuenta que, el que concertado para la ejecución, facilita los medios, toma parte o presencia el hecho sin tomar parte inmediata o directa, ostenta la calidad de autor de acuerdo con el artículo 15 número 3 del CP. Sin perjuicio, de la dificultad en probar la conducta descrita. En la práctica, se producen más condenas por receptación que por robo o hurto.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Pérez advirtió que en la hipótesis que contiene la norma en discusión, nos encontramos frente a un problema de carácter probatorio. Añadió que una persona que ingresa al lugar junto a una turba y no hace nada para impedir la ejecución del delito o sus consecuencias, debe recibir alguna pena, por baja que ésta sea.

El Honorable Senador señor Harboe insistió en lo relativo a la penalidad de la conducta, por cuanto podría sostenerse que este mecanismo se utilizaría cuando no sea posible acreditar la otra conducta. Sin embargo, una se refiere a la participación activa en el delito de saqueo, robar o destruir, en tanto, la otra se refiere a quien está adentro y no ha sustraído especie alguna y no ha participado en la destrucción del local. En consecuencia, la pena para la segunda hipótesis debe ser menor, de otra forma, los jueces no aplicarán la norma, considerando que se le aplicaría la misma pena que en el robo por sorpresa.

Por otra parte, advirtió que al aplicarse una regla de determinación de la pena se estarían modificando las reglas del Código Penal. Por lo tanto, el grado de cumplimiento de la sanción será más efectiva que la existe actualmente para el robo por sorpresa u otros delitos.

En el mismo orden de ideas, hizo presente que el delito de portonazo conlleva una pena de presidio menor en su grado máximo. En tanto, para la hipótesis que se discute en esta norma se establece originalmente la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, la idea es que quede solo en el grado medio.

El Honorable Senador señor Insulza opinó que quien ingresa en un turbazo, aunque no sustraiga o destruya nada, es cómplice por definición. Sin perjuicio de lo señalado, se mostró de acuerdo con lo expresado por el Honorable Senador señor Harboe, en relación con disminuir la penalidad para la persona que no participa activamente en el delito de saqueo.

Asimismo, sostuvo que es discutible sancionar a una persona solo por el hecho de ingresar a un lugar donde se está cometiendo un delito, considerando que no tiene la calidad de autor o cómplice.

El señor Celedón destacó la necesidad de buscar un equilibrio entre la sanción y la inclusión o no de la figura. En efecto, por un lado, parece desproporcionada la sanción para quien no tiene una participación activa en el delito, pero por otro, si creamos una figura con una penalidad muy baja se puede estar generando una salida para la defensa del imputado.

Al retomar el uso de la palabra, el Profesor, señor Matus, indicó que es bastante razonable la duda expresada por el Honorable Senador señor Insulza. Al respecto, aclaró que la persona que no sabe que se está cometiendo un delito e ingresa al lugar, no está cometiendo ningún hecho punible por cuanto no existe dolo, de acuerdo a las reglas generales.

A continuación, el Presidente de la Comisión sometió a votación la propuesta del Ejecutivo, en lo concerniente a los artículo 449 ter y los incisos primero y segundo del artículo 449 quáter, relacionados con la indicación número 89, relativa a la tipificación del delito de saqueo.

- Sometida a votación esta indicación fue aprobada con la enmienda señalada, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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La indicación número 90, del Honorable Senador señor Harboe, es para incorporar un nuevo número, del siguiente tenor:

“…. Reemplázase en el artículo 449 bis, la expresión “1, 2, 3, 4 y 4 bis”, por “1, 2, 3, 4, 4 bis y 4 ter.”.

Es oportuno consignar que la norma aludida dispone lo siguiente:

“Art. 449 bis.- Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo.”.

- Sometida a votación la indicación señalada, ésta fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Provoste y señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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La indicación número 91, de S.E. el Presidente de la República, agrega el siguiente número, nuevo:

“…. Incorpórase al artículo 450 un inciso final del siguiente tenor:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero del artículo anterior.”.”.

El citado precepto prescribe que los delitos a que se refiere el Párrafo 2 y el artículo 440 del Párrafo 3 de este Título se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa.

En relación con esta enmienda, el señor Celedón, en conjunto con el Profesor, señor Matus, planearon un texto del siguiente tenor:

“…. Incorpórase al artículo 450 un inciso final del siguiente tenor:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter y quáter.”.”.

En relación con el texto propuesto, el señor Celedón hizo presente que se encuentra en sintonía con la propuesta hecha por el Honorable Senador señor Harboe, relativa a la denominación de saqueo, aplicando la regla propuesta por el Ejecutivo, de hacer extensible el artículo 450 del CP que considera consumado el delito desde que éste se encuentra en tentativa respecto del robo en lugar habitado y con violencia o intimidación, se hacen extensivas a las figuras agravadas que se crean de robo con ocasión de calamidad o alteración del orden público o actuando en tumulto. De esta forma, cuando los funcionarios policiales ingresen a los establecimientos comerciales y encuentren a las personas al interior del mismo, no se vean favorecidas con una reducción sustantiva de sus condenas, pues las conductas no se encontrarían en grado consumado, debido a que los objetos no han sido retirados desde su esfera de resguardo.

Enseguida, explicó que esta regla, tal como ocurre con el robo en lugar habitado y el robo con violencia o intimidación, busca que se considere consumado el delito desde que éste se encuentre en tentativa. Esta situación se produce cuando los funcionarios policiales ingresan a un establecimiento que está siendo saqueado y encuentran a las personas cargando los objetos que se pretenden sustraer. En tal hipótesis, los imputados solo podrían ser acusados por el correspondiente delito en grado de tentativa o en carácter de frustrado, debiendo bajarse en uno o dos grados la pena, debido a que no han sacado los objetos de la esfera de resguardo del dueño. Por lo tanto, sería de mucha utilidad aplicar esta regla que ha sido de gran ayuda para sancionar el robo en lugar habitado.

Enseguida, el Presidente de la Comisión sometió a votación la propuesta del Ejecutivo, en lo concerniente al nuevo numeral que agrega un inciso final al artículo 450.

- Sometida a votación esta indicación fue aprobada con la enmienda señalada, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señores Harboe, Insulza, Kast y Pérez.

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MODIFICACIONES

En conformidad a los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Seguridad Pública tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado:

Nombre del proyecto de ley

La Comisión acordó sustituir la denominación dada por la Cámara de Diputados por la siguiente: “Proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.”.

(Propuesta del Honorable Senador señor Insulza, aprobada 3x2).

Artículo único

Numero 1

Artículo 268 septies propuesto

- Suprimirlo.

(Aprobadas por mayoría 3x2, indicaciones números 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, y 8).

(Aprobadas por unanimidad 5x0, indicaciones 8 bis y 8 ter).

- Incorporar un nuevo número 1 del tenor siguiente:

“1. Agregar un nuevo artículo 268 septies del siguiente tenor:

“Art. 268 septies.- El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.”.”.

(Aprobada por unanimidad 5x0, indicación número 8 quáter)

Número 2

- Reemplazarlo por el siguiente número 2, nuevo:

“2. Para intercalar en el inciso primero del artículo 269, a continuación de la frase “Párrafo anterior”, la expresión “y en el artículo precedente”.

(Aprobada por unanimidad 5x0, indicación número 69)

Número 3

- Sustituirlo por el siguiente número 3, nuevo:

“3. Agregar los siguientes artículos 449 ter y 449 quáter:

“Art. 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título, se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.

Art. 449 quáter. Se aplicará en todo caso la regla 2ª del artículo 449, aun cuando el responsable no sea reincidente, si los delitos señalados en dicho artículo se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.”.

(Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0, indicación número 89)

Número 4 nuevo

- Incorporar el siguiente número 4, nuevo:

“4. Agregar un inciso final, nuevo, en el artículo 450 del siguiente tenor:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter o 449 quáter.”.”.

(Aprobada con enmiendas por unanimidad 4x0, indicación número 91)

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TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.”.

“Artículo único.- Introdúcense en el Código Penal las siguientes modificaciones:

“1. Agrégase un nuevo artículo 268 septies del siguiente tenor:

“Art. 268 septies. El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.”.”.

“2. Intercálase en el inciso primero del artículo 269, a continuación de la frase “Párrafo anterior”, la expresión “y en el artículo precedente”.

“3. Incorpóranse los siguientes artículos 449 ter y 449 quáter, nuevos:

“Art. 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título, se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.

Art. 449 quáter. Se aplicará en todo caso la regla 2ª del artículo 449, aun cuando el responsable no sea reincidente, si los delitos señalados en dicho artículo se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.”.

“4. Agrégase un inciso final, nuevo, en el artículo 450 del siguiente tenor:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter o 449 quáter.”.”.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 9, 16 y 18 de diciembre de 2019, con asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Harboe Bascuñán (Presidente), Luz Ebensperger Orrego (Víctor Pérez Varela), Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Miguel Insulza Salinas, Felipe Kast Sommerhoff, Víctor Pérez Varela, Yasna Provoste Campillay (Francisco Huenchumilla Jaramillo), Kenneth Pugh Olavarría (Felipe Kast Sommerhoff) y Ximena Rincón González (Francisco Huenchumilla Jaramillo).

Sala de la Comisión, a 7 de enero de 2020.

LUIS SEPÚLVEDA VARGAS

Secretario Accidental de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica (BOLETÍN N° 13.090-25).

I.OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: modificar el Código Penal, con el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables, en determinadas circunstancias.

II.ACUERDOS: Indicaciones:

Números:

1. Aprobada por mayoría 3x2.

2. Aprobada por mayoría 3x2.

3. Aprobada por mayoría 3x2.

4. Aprobada por mayoría 3x2.

5. Aprobada por mayoría 3x2.

6. Aprobada por mayoría 3x2.

7. Aprobada por mayoría 3x2.

8. Aprobada por mayoría 3x2.

8 bis. Aprobada por unanimidad 5x0.

8 ter. Aprobada por unanimidad 5x0.

8 quáter. Aprobada por unanimidad 5x0.

9. Rechazada por unanimidad 5x0.

10. Rechazada por unanimidad 5x0.

11. Rechazada por unanimidad 5x0.

12. Rechazada por unanimidad 5x0.

13. Rechazada por unanimidad 5x0.

14. Rechazada por unanimidad 5x0.

15. Rechazada por unanimidad 5x0.

16. Rechazada por unanimidad 5x0.

17. Rechazada por unanimidad 5x0.

18. Rechazada por unanimidad 5x0.

19. Rechazada por unanimidad 5x0.

20. Rechazada por unanimidad 5x0.

21. Rechazada por unanimidad 5x0.

22. Rechazada por unanimidad 5x0.

23. Rechazada por unanimidad 5x0.

24. Rechazada por unanimidad 5x0.

25. Rechazada por unanimidad 5x0.

26. Rechazada por unanimidad 5x0.

27. Rechazada por unanimidad 5x0.

28. Rechazada por unanimidad 5x0.

29. Rechazada por unanimidad 5x0.

30. Rechazada por unanimidad 5x0.

31. Rechazada por unanimidad 5x0.

31 bis. Rechazada por unanimidad 5x0.

32. Rechazada por unanimidad 5x0.

33. Rechazada por unanimidad 5x0.

34. Rechazada por unanimidad 5x0.

35. Rechazada por unanimidad 5x0.

36. Rechazada por unanimidad 5x0.

37. Rechazada por unanimidad 5x0.

38. Rechazada por unanimidad 5x0.

38 bis. Rechazada por unanimidad 5x0.

39. Rechazada por unanimidad 5x0.

40. Rechazada por unanimidad 5x0.

41. Rechazada por unanimidad 5x0.

42. Rechazada por unanimidad 5x0.

43. Rechazada por unanimidad 5x0.

44. Rechazada por unanimidad 5x0.

45. Rechazada por unanimidad 5x0.

46. Rechazada por unanimidad 5x0.

47. Rechazada por unanimidad 5x0.

48. Rechazada por unanimidad 5x0.

49. Rechazada por unanimidad 5x0.

50. Rechazada por unanimidad 5x0.

51. Rechazada por unanimidad 5x0.

52. Rechazada por unanimidad 5x0.

53. Rechazada por unanimidad 5x0.

54. Rechazada por unanimidad 5x0.

54 bis. Rechazada por unanimidad 5x0.

55. Rechazada por unanimidad 5x0.

56. Rechazada por unanimidad 5x0.

57. Rechazada por unanimidad 5x0.

58. Rechazada por unanimidad 5x0.

59. Rechazada por unanimidad 5x0.

60. Rechazada por unanimidad 5x0.

61. Rechazada por unanimidad 5x0.

62. Rechazada por unanimidad 5x0.

63. Rechazada por unanimidad 5x0.

64. Rechazada por unanimidad 5x0.

65. Rechazada por unanimidad 5x0.

66. Rechazada por unanimidad 5x0.

67. Rechazada por unanimidad 5x0.

68. Rechazada por unanimidad 5x0.

68 bis. Rechazada por unanimidad 5x0.

68 ter. Rechazada por unanimidad 5x0.

69. Aprobada por unanimidad 5x0.

70. Rechazada por unanimidad 5x0.

71. Rechazada por unanimidad 5x0.

72. Rechazada por unanimidad 5x0.

73. Rechazada por unanimidad 5x0.

74. Rechazada por unanimidad 5x0.

75. Rechazada por unanimidad 5x0.

76. Rechazada por unanimidad 5x0.

77. Rechazada por unanimidad 5x0.

78. Rechazada por unanimidad 5x0.

78 bis. Rechazada por unanimidad 5x0.

78 ter. Rechazada por unanimidad 5x0.

79. Rechazada por unanimidad 5x0.

80. Rechazada por unanimidad 5x0.

81. Rechazada por unanimidad 5x0.

82. Rechazada por unanimidad 5x0.

83. Rechazada por unanimidad 5x0.

84. Rechazada por unanimidad 5x0.

85. Rechazada por unanimidad 5x0.

86. Rechazada por unanimidad 5x0.

87. Rechazada por unanimidad 5x0.

88. Rechazada por unanimidad 5x0.

89. Aprobada con enmienda por unanimidad 4x0.

90. Rechazada por unanimidad 5x0.

91. Aprobada con enmienda por unanimidad 4x0.

III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único y cuatro numerales.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.

V.URGENCIA: discusión inmediata.

VI.ORIGEN E INICIATIVA: Cámara de Diputados. Moción de los Honorables Diputados señora Marcela Sabat Fernández y señores Miguel Ángel Calisto Águila, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Gabriel Silber Romo y Matías Walker Prieto.

VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII.APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: mayoría de votos (127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones).

IX.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 4 de diciembre de 2019.

X.TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Código Penal.

Valparaíso, 7 de enero de 2020.

LUIS SEPÚLVEDA VARGAS

Secretario Accidental de la Comisión

?CERTIFICADO

Certifico que el día 8 de enero de 2020, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica (Boletín N° 13.090-25), iniciado en moción de los Honorables Diputados señora Marcela Sabat Fernández y señores Miguel Ángel Calisto Águila, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Gabriel Silber Romo y Matías Walker Prieto, para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia calificada de “discusión inmediata”.

A la sesión concurrió, especialmente invitado, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel, quien fue acompañado por los asesores señor Pablo Celedón, Pablo Prieto y Pablo Gaggero.

Asimismo, estuvieron presentes en una o más de las sesiones, quienes se identifican a continuación. De la oficina del Honorable Senador Kast, el señor Javier de Iruarrizaga; de la oficina del Honorable Senador Pérez, el señor Emiliano García; de la oficina del Honorable Senador señor De Urresti, la señora Melissa Mallega; del Comité UDI, la periodista señora Karelyn Luttecke; del Comité PS, el señor José Becerra, y del Comité PPD, el asesor legislativo, señor Robert Angelbeck y el periodista, señor Gabriel Muñoz.

- - -

De conformidad con el artículo 41 del Reglamento del Senado, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento examinó el texto del proyecto aprobado previamente por la Comisión de Seguridad Pública.

Esta iniciativa está constituida por un artículo único que, en cuatro números, efectúa una serie de enmiendas al Código Penal.

Dada la brevedad del plazo establecido para informar esta iniciativa, la Comisión emite el presente certificado en que se examina cada una de las normas contenidas en la propuesta aprobada por la Comisión de Seguridad Pública y procede a pronunciarse sobre cada una de ellas, en los términos que se indican a continuación.

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

En primer lugar, la referida comisión modificó el nombre de esta iniciativa de ley, en los siguientes términos:

“Proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.”.

- Sometida a votación esta redacción, fue aprobada por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Allamand, Harboe y Pérez. Se pronunció en contra el Honorable Senador señor De Urresti.

Artículo único

Numero 1

La Comisión de Seguridad Pública incorporó un nuevo número 1 del tenor siguiente:

“1. Agregar un nuevo artículo 268 septies del siguiente tenor:

“Art. 268 septies.- El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.”.”.

- Sometido a votación este número, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Allamand, Harboe y Pérez. Se pronunció en contra el Honorable Senador señor De Urresti.

Número 2

La Comisión de Seguridad Pública aprobó el siguiente número 2, nuevo:

“2. Para intercalar en el inciso primero del artículo 269, a continuación de la frase “Párrafo anterior”, la expresión “y en el artículo precedente”.

- Sometido a votación este número, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Allamand, Harboe y Pérez. Se pronunció en contra el Honorable Senador señor De Urresti.

Número 3

La Comisión de Seguridad Pública aprobó el siguiente número 3, nuevo:

“3. Agregar los siguientes artículos 449 ter y 449 quáter:

“Art. 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título, se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.

- Sometido a votación el artículo 449 ter, contenido en el número 3, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Allamand, Harboe y Pérez. Se abstuvo el Honorable Senador señor De Urresti.

Art. 449 quáter. Se aplicará en todo caso la regla 2ª del artículo 449, aun cuando el responsable no sea reincidente, si los delitos señalados en dicho artículo se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.”.

- Sometida a votación el artículo 449 quáter, contenido en el número 3, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe y Pérez.

Número 4 nuevo

- Incorporar el siguiente número 4, nuevo:

“4. Agregar un inciso final, nuevo, en el artículo 450 del siguiente tenor:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter o 449 quáter.”.”.

- Sometida a votación este número, fue aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Comisión, con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Allamand, Harboe y Pérez. Se abstuvo el Honorable Senador señor De Urresti.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.”.

“Artículo único.- Introdúcense en el Código Penal las siguientes modificaciones:

“1. Agrégase un nuevo artículo 268 septies del siguiente tenor:

“Art. 268 septies. El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.”.”.

“2. Intercálase en el inciso primero del artículo 269, a continuación de la frase “Párrafo anterior”, la expresión “y en el artículo precedente”.

“3. Incorpóranse los siguientes artículos 449 ter y 449 quáter, nuevos:

“Art. 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título, se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.

Art. 449 quáter. Se aplicará en todo caso la regla 2ª del artículo 449, aun cuando el responsable no sea reincidente, si los delitos señalados en dicho artículo se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.”.

“4. Agrégase un inciso final, nuevo, en el artículo 450 del siguiente tenor:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter o 449 quáter.”.”.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 8 de enero de 2020, con asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Harboe Bascuñán (Presidente), Andrés Allamand Zavala, Alfonso De Urresti Longton y Víctor Pérez Varela.

Sala de la Comisión, a 8 de enero de 2020.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario Abogado de la Comisión

TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA Y AGRAVAMIENTO DE PENAS

El señor QUINTANA (Presidente).-

En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables en las circunstancias que indica, con segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública y certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (13.090-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 80ª, en 4 de diciembre de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Seguridad Pública (certificado): sesión 81ª, en 4 de diciembre de 2019.

Seguridad Pública (segundo): sesión 92ª, en 8 de enero de 2020.

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 92ª, en 8 de enero de 2020.

Discusión:

Sesión 81ª, en 4 de diciembre de 2019 (se aprueba en general)

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 4 de diciembre de 2019.

La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

El referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, esto es, las consistentes en el reemplazo de la denominación del proyecto de ley y la supresión del artículo 268 septies propuesto por el numeral 1 del artículo único, las que se acordaron solo por mayoría y que serán puestas en discusión y votación oportunamente.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas.

Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no introdujo modificaciones en el texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública y el texto que quedaría de aprobarse esas modificaciones.

Para los efectos de la discusión, Sus Señorías pueden dirigirse a la página 1 del comparado.

Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

En discusión particular el proyecto.

En primer lugar, entonces, corresponde votar sin debate las enmiendas unánimes.

El señor DE URRESTI.-

¡Cómo, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).-

Debemos votar las modificaciones unánimes, como se hace respecto de todos los proyectos que se hallan en esta instancia.

El señor NAVARRO.-

¡Que se explique de nuevo, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).-

Reitero que hay que votar primero las enmiendas unánimes sin debate, tal cual hemos procedido siempre. ¿O no las hay?

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, teniendo en consideración el debate habido en la Comisión de Constitución, donde realizamos aproximadamente seis votaciones separadas, voy a pedir que procedamos a votar de esa misma manera en la Sala. En dicha instancia, nos dimos a la tarea de revisar aspectos constitucionales y, principalmente desde el punto de vista penal, algunas figuras del proyecto original que despachó la Cámara de Diputados y que luego fue perfeccionado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

Todas esas materias se llevaron adelante.

Entonces, para los efectos de la precisión de cada una de esas normas -porque incluso votamos la modificación del título del proyecto-, yo le pediría a la Secretaría o a la Comisión técnica que se explicara esa situación, para no caer en alguna inconsistencia.

Ello, porque formalmente estoy pidiendo votación separada en la misma forma en que lo hicimos en la Comisión de Constitución, donde nos pronunciamos respecto de todas y cada una de las modificaciones planteadas.

Es importante que realicemos ese debate en la Sala.

El señor QUINTANA (Presidente).-

De todas maneras, corresponde, en primer lugar, votar sin debate las enmiendas unánimes. Al respecto, debo señalar que solo en la Comisión de Seguridad se introdujeron enmiendas que fueron aprobadas por unanimidad. En la de Constitución no hubo modificaciones unánimes. En aquel órgano técnico se formularon dos enmiendas, y a mi juicio es lo que escucharemos cuando se rinda el informe correspondiente.

Ciertamente, se halla la petición de votación separada planteada por el Senador De Urresti, cuestión que sí es pertinente. Sin embargo, ello es posterior a la votación de las enmiendas unánimes.

Por lo tanto,...

El señor DE URRESTI.-

¿Cuáles son las enmiendas unánimes?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Las que se señalaron en la relación respectiva.

Tiene la palabra el señor Secretario para reiterar el punto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Conforme al texto del informe y al comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, la única enmienda unánime figura en la página 8 de este último documento, esto es, en el numeral 3 del artículo único, relativo al artículo 449 ter, la que posteriormente fue aprobada también por la Comisión de Constitución, con una abstención.

Sería la única modificación que presenta unanimidad, sin perjuicio de la votación separada solicitada respecto de todas las demás enmiendas, incluida esta.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Entonces, hay una sola enmienda unánime.

El señor BIANCHI.-

¿Cuántas modificaciones unánimes hay, señor Presidente? No entendí lo que se planteó.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente, solo quiero clarificar el punto.

Aquí hay dos tipos de votaciones: una es la que se hizo en la Comisión de Seguridad, y otra, la que se llevó a cabo en la Comisión de Constitución.

En tal sentido, quiero proponer que trabajemos sobre el texto despachado por la Comisión de Constitución. Y quien quiera votar separadamente alguna norma para igualar lo que pudo haber pasado en determinado momento en la Comisión de Seguridad, podrá formular la petición correspondiente.

Eso esclarecerá y tornará mucho más fluido el debate. Porque si vamos a estar con los dos informes, se va a producir una confusión que será difícil de superar.

Entonces, sugiero que nos aboquemos solo al informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y -reitero- si alguien quiere que se vote separadamente una norma, podrá solicitarlo y así nos pronunciaremos.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder de esa manera, es decir, siguiendo el informe de la Comisión de Constitución, en el entendido de que ya no habría enmiendas unánimes, dada la petición hecha por el Senador De Urresti?

Acordado.

Por lo tanto, se votarían todas las modificaciones en forma separada.

El señor LETELIER.-

Todas en forma separada.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, en mi condición de titular de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar este proyecto, dado que aquella fue la última instancia a que se envió para su estudio, a petición de la Sala.

Esta iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, tiene por objeto modificar el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fijar penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.

El referido proyecto tuvo sustanciales modificaciones durante su tramitación en la Comisión de Seguridad Pública, las que posteriormente fueron refrendadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que no introdujo ninguna enmienda.

A modo de síntesis, las principales modificaciones aprobadas son las siguientes:

1.- En materia de desórdenes públicos se propone un nuevo artículo 268 septies del Código Penal, el cual sanciona la vulneración o afectación de la libertad ambulatoria o libre circulación. La disposición aprobada castiga:

a) A quien -sin estar autorizado- interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública. Al respecto, se exige que esta interrupción...

Les pediría, por favor, silencio para poder seguir informando.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Les ruego a los señores Senadores guardar silencio, para poder escuchar el informe.

El señor HARBOE.-

A quien -sin estar autorizado- interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública. Al respecto, se exige que esta interrupción, además de ser completa, se realice mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la vía pública, con objetos diversos.

En esos casos, de mediar interrupción completa con objetos que impidan totalmente la circulación de personas o vehículos, y siempre mediando violencia o intimidación, la pena asignada para tal conducta es de presidio menor en su grado mínimo. Es decir, de 61 a 540 días.

b) La misma pena (61 a 540 días) se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía pública, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta.

c) A quien lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. Asimismo, para esta acción se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años). De igual forma, se dispone que, al momento de determinar la sanción, el tribunal tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

d) En su parte final, el artículo 268 septies dispone que, si alguno de los hechos previstos en él constituyere un delito más grave, obviamente se aplicará la pena señalada a este, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.

2. En materia de delitos contra la propiedad este proyecto de ley incorpora al Código Penal los nuevos artículos 449 ter y 449 quáter, que regulan las siguientes materias:

a) En el caso de los delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto, que se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en este, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

b) Respecto del delito de robo con violencia o intimidación que se cometa con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en este, se aplicará la pena privativa de libertad, con exclusión de su grado mínimo.

Ambas situaciones suponen la existencia de calamidad pública o alteración del orden público.

c) Por otra parte, se dispone que se aplicará la regla que excluye el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o el mínimum si consta de un solo grado, aun cuando el responsable no sea reincidente, cuando los delitos de robo con fuerza en las cosas, robo con violencia o intimidación o hurto, se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento. En estos casos el hecho se denominará "saqueo".

d) En caso de reincidencia por condena en delitos que la ley señale de igual o mayor pena o por delito de la misma especie, podrá imponerse el máximo de la pena resultante.

e) Finalmente, se establece que, tratándose de los delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto que se cometieren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en este, se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa.

Señor Presidente, la iniciativa aprobada por las Comisiones de Seguridad Pública y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento mejora -a nuestro juicio- sustancialmente el texto aprobado en general; recoge una serie de proposiciones formuladas por los Honorables Senadores y Senadoras, y considera las sugerencias que presentó el profesor de Derecho Penal, don Jean Pierre Matus.

Es cuanto puedo informar.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador Harboe.

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El señor QUINTANA (Presidente).-

Hay Cuenta agregada.

Como no estamos en votación, podemos darla.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Señor Presidente, han llegado a la Mesa los siguientes documentos:

Informe

De la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación tributaria (boletín N° 12.043-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").

--Queda para tabla.

Comunicación

Del Comité Renovación Nacional, mediante la cual informa que sus nuevos representantes serán los Honorables Senadores señor Rodrigo Galilea Vial (como jefe), y la señora Carmen Gloria Aravena Acuña (como subjefa). Agrega que, no obstante lo anterior, el Honorable Senador señor Manuel José Ossandón seguirá siendo el representante de ese Comité en la Comisión de Régimen Interior.

--Se toma conocimiento.

El señor PIZARRO.-

¿A partir de cuándo, Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).-

A partir de ahora mismo, claro.

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El señor HARBOE.-

Presidente, pido la palabra para una cuestión de reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente).-

La tiene, señor Senador.

El señor HARBOE.-

Presidente, considerando que tenemos ya en el Senado la presencia de representantes de diferentes pueblos originarios, que han venido de diversas regiones del país, pido autorización para que la Comisión de Constitución pueda sesionar en paralelo a la Sala.

Están todos convocados, están acá. Hemos tenido sesión hoy día en la mañana, en la tarde también y queremos seguir trabajando.

El señor COLOMA.-

¿Para cuándo es el permiso?

El señor HARBOE.-

Perdón, señor Presidente. Las que vienen hoy día son las organizaciones de mujeres para efectos de tratar la iniciativa sobre paridad de género. Mañana recibiremos a los pueblos originarios, como bien me corrigen acá.

El señor QUINTANA (Presidente).-

¿Habría acuerdo para permitir lo que ha sido solicitado?

Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

A ver, Presidente, yo entiendo las razones, pero este es un proyecto superimportante que tiene que ver con lo que los representantes de las Comisiones de Seguridad y de Constitución nos puedan explicar. Yo, por lo menos, pediría que primero hablen los miembros de ellas.

Encuentro extraño que justamente en este proyecto funcionen paralelamente. Supongo que será por unanimidad de la Comisión lo que pide don Felipe Harboe. De lo contrario, yo al menos, pediría que los miembros de las Comisiones puedan explicar sus puntos de vista sobre este proyecto, que es crucial.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Sería bueno ver cómo avanza la discusión de esta iniciativa y podemos reiterar la solicitud en algunos minutos más.

El señor COLOMA.-

Sí.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Son cinco votaciones, según ha tomado nota la Secretaría respecto a lo que ha planteado el Senador De Urresti, fundamentalmente.

El señor COLOMA.-

Presidente, ¡no sabía que era discusión en particular! O sea, si se van, ¿cómo van a poder votar? ¡Va a ser imposible!

El señor QUINTANA (Presidente).-

Sí, es discusión particular.

¡Claro!, se irían diez Senadores.

El señor COLOMA.-

¿Cómo vamos a poder votar?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Por eso, veamos cómo transcurre esta votación y cuál es la disposición que existe.

Yo pondría en votación, en primer lugar, el nombre del proyecto, que ni siquiera está asociado a ningún numeral, a ningún artículo. Yo no sé si es posible votarlo, sin discusión.

¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?

El señor MOREIRA .-

Sí.

El señor PIZARRO.-

Sí, Presidente.

La señora VON BAER.-

¿Cómo se vota?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Se vota el nombre del proyecto, a propuesta del Honorable Senador señor Insulza. Quedaría así: "proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública, a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica".

El señor QUINTANA (Presidente).-

En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el cambio de nombre del proyecto (26 votos a favor, 3 en contra, 6 abstenciones y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Lagos, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Votaron por la negativa los señores Guillier, Latorre y Navarro.

Se abstuvieron las señoras Allende y Muñoz y los señores De Urresti, Elizalde, Letelier y Montes.

No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Correspondería pasar a la segunda votación, la del número 1, que crea el artículo 269 septies.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Sus Señorías lo pueden ver en la página 5 del boletín comparado que está a su disposición.

El señor PIZARRO.-

Es el artículo 268 septies.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Así es.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene razón, Senador Pizarro; es el 268 septies.

El señor PÉREZ VARELA.-

¡El Presidente está tratando de confundir...!

El señor QUINTANA (Presidente).-

Me ha pedido ingresar a la Sala el Subsecretario de la Segprés, señor Juan José Ossa.

¿Habría acuerdo?

El señor LETELIER.-

¡No! ¡Que publiquen la ley de los asistentes de la educación primero y después podrán entrar cuando quieran!

El señor SANDOVAL.-

¿Y qué saca con eso?

El señor LETELIER.-

No.

El señor QUINTANA (Presidente).-

No hay acuerdo.

En votación el número 1, que crea el artículo 268 septies.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la verdad es que yo quería intervenir una sola vez -uno tiene cinco votaciones y podría hablar 25 minutos...-, para dar una opinión más global.

Chile está viviendo un momento histórico lleno de potencialidades y riesgos. La sociedad, y en especial los jóvenes, han salido a cuestionar el tipo de sociedad en que vivimos.

La desigualdad y los abusos resultan cada vez más intolerables. Todos hemos sido interpelados y tratamos de procesar nuestra responsabilidad.

Valoramos lo que han desencadenado los jóvenes: han abierto condiciones para repensar y recrear el país.

Rechazamos y condenamos categóricamente el vandalismo y la violencia. Condenamos los saqueos e incendios; la destrucción de infraestructura pública y espacios como el cine Arte Alameda; la destrucción de empresas y lugares de trabajo.

Hemos quedado impactados ante tanta rabia acumulada y acción irracional. Sin embargo, pensamos que los protagonistas de las formas de acción vandálica no son todos iguales en sus trayectorias y motivaciones. Distinguimos a lo menos cuatro grupos:

-Sectores marginalizados de todo, sin identidad ni rol social.

-Sectores articulados en las redes del tráfico.

-Sectores con motivaciones de tipo anarquista y antisistémica, que piensan que destruir es crear.

-Sectores más políticos, que de alguna manera creen que estamos al borde del derrocamiento del Gobierno y de la instauración de un gobierno provisional revolucionario.

Estas cuatro realidades requieren diversas respuestas que no hemos asumido hasta ahora.

En tercer lugar, quiero decir que Chile vive una crisis social, política y cultural, que además tiende a convertirse en una crisis económica.

Hay una demanda profunda, aunque difusa, de cambios en la sociedad, expresada pacíficamente por la mayoría de los manifestantes y con algunas expresiones vandálicas y violentas.

El 15 de noviembre, los presidentes de partidos acordaron y propusieron al país un camino político y democrático para enfrentar esta situación. Un camino de nueva Constitución y de cambios sociales. Fue una respuesta con conciencia a la envergadura del problema y a la necesidad de apuntar a las causas sociales e institucionales de la desigualdad.

El proceso constituyente quedó comprometido en una reforma constitucional clara y contundente.

En los últimos días hemos visto a la mayoría de la Derecha en un viraje que cuestiona el camino que se había comprometido. La posición más extrema sostiene que no hay condiciones para el plebiscito y proceso constituyente. En esto se ha visto, incluso, a algunos ministros de Estado.

Han iniciado una campaña del terror feroz.

Otros sectores de la Derecha votarán rechazo al proceso constituyente, y esto está dentro de las opciones del acuerdo, siempre y cuando no se constituyan en voceros de la guerra sucia.

Algún sector minoritario de la Derecha apoya el proceso y respaldará la convocatoria a construir una nueva Constitución.

Nos preocupa profundamente la primera de esas posiciones.

Nos preocupa que el camino acordado y legislado para hacerse cargo de las raíces de la crisis ahora no sea válido para la Derecha más extrema. A su juicio, el camino para enfrentar tanto las demandas pacíficas como las violentas ahora no es válido porque persiste la violencia.

La argumentación es inconsistente y contradictoria. Justamente el camino propuesto el 15 de noviembre busca canalizar de manera democrática e institucional las protestas, sabiendo que habrá protestas pacíficas y no pacíficas.

La Derecha más extrema debe tener claro que su voltereta le hace el juego a los que no creen o no quieren el camino institucional planteado y aspiran a profundizar la crisis. Ellos siempre dijeron que la Derecha no aceptaría una salida democrática y les están dando la razón.

También le hacen el juego a los que sostienen que Piñera debe ser sacado de La Moneda, a fin de instaurar un gobierno provisional.

Desconociendo el acuerdo y la viabilidad del proceso constituyente, la Derecha más extrema está llamando a radicalizar y polarizar el país.

Estamos decididamente por fortalecer el orden público.

Queremos un proceso constituyente de cambios, con expresiones ciudadanas, pero rechazamos enérgicamente la violencia y el vandalismo. Sabemos que afecta la vida de nuestras ciudades, especialmente en Pudahuel Sur, Lo Hermida, Los Navíos y muchos otros barrios, además de la plaza Italia o plaza de la Dignidad.

Voy a quedar hasta acá, señor Presidente, porque están por concluir mis cinco minutos, pero en la próxima intervención espero poder terminar, dada la restricción que hay.

Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Senador Jorge Pizarro, tiene la palabra.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, estamos votando este proyecto que se inicia en una moción y que, tal como manifestó el propio Presidente de la Comisión de Constitución, luego de su debate en general acá, en la Sala, pasó a las Comisiones de Seguridad y de Constitución, donde cambió de manera bastante importante su objetivo.

Esta modificación, respecto de la redacción original, estableció una "tipificación", llamémosla así, de delitos que hoy día no están claramente establecidos.

En el artículo 268 septies, que es al que se hace referencia, se sanciona a quien, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de las personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación.

¿Y de qué manera lo hace? Lo hace instalando diversos obstáculos.

La sanción es presidio menor en su grado mínimo; es decir, de 61 a 540 días. Por consiguiente, es difícil que por esta conducta una persona quede con pena efectiva, a menos que tenga antecedentes.

Asimismo, no se sancionarán cadenas humanas que se ubiquen en las vías públicas y que puedan implicar una dificultad en el desplazamiento. Esto creo que es importante dejarlo claro.

El inciso primero también sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, "a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta".

En consecuencia, en términos concretos, tendrían sanción penal los paros de transportistas en autopistas (con el solo fin de obstaculizar completamente la vía) o los manifestantes del movimiento "No+tag", que obstaculizan las autopistas, las carreteras o los caminos, según se ha conocido.

El inciso segundo sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a tres años, al "que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave" aún. Es el caso de lanzamiento de objetos a propiedad privada ubicada en la vía pública (incluidos carabineros) o a personas. Todo lo anterior, por supuesto, salvo que se configure un delito más grave.

El inciso tercero dispone que lo anterior no tiene aplicación en caso de que se cometa un delito más grave. Por ejemplo, si debido a una barricada se termina produciendo un gran incendio que es capaz de quemar varias casas. En este caso, tendrá lugar la pena de incendio en lugar habitado (uno de los delitos más graves del Código Penal). Además, si se comete un delito más grave, se elimina el mínimo del tramo, es decir, en lugar de aplicar la pena entre 60 y tres años, se aplica el tramo medio, es decir, partiendo la pena en 541 días.

En el caso de que no tenga lugar un delito más grave o bien alguna de las conductas sancionadas en el artículo 268 septies, aplica el artículo 269, que sanciona de forma residual los desórdenes públicos: "los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo", es decir, de 61 a 540 días.

Después está la situación del artículo 449 ter, nuevo, al cual nos podremos referir más adelante, señor Presidente.

En términos concretos, sin duda que lo que se busca aquí es tipificar claramente un delito y, además, aumentar la sanción. Y también, sancionar a quienes cometen reincidencias.

Creo que, más allá de los temas de fondo que aquí se han hablado, lo importante es dar una señal de que aquí se clarifica, por un lado, el tipo de delito, y se establece una sanción más alta de la que hoy día existe, que en la práctica no es inhibitoria de conductas que nadie está dispuesto a aceptar.

Yo, al menos, voy a votar que sí, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, es importante señalar, aunque sea en particular, que el Estado de derecho claramente es una idea, un concepto que requiere la unión de voluntades de las grandes mayorías que están de acuerdo en conceptos básicos. Sin ellos, solo puede haber anarquía y atomización.

Por colocar un ejemplo, la división de la antigua Yugoslavia en los 90 y las cruentas guerras que le siguieron son un dramático ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde la idea de unidad, de pertenencia a un todo a pesar de las diferencias.

El orden público forma parte de esos conceptos básicos. El orden público, como la democracia, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para el logro de cualquier objetivo. No puede existir el Estado sin derecho y no hay derecho sin orden público.

Desde el 18 de octubre nos enfrentamos a una situación sin precedentes desde el retorno a la democracia. La violencia reiterada ha ocasionado daños inconmensurables a la economía, a la infraestructura pública y privada, y ha quedado demostrado que el Estado no se ha encontrado a la altura de las necesidades o se ha visto prácticamente desbordado en su misión de asegurar la paz y el orden público.

Pero tampoco, señor Presidente, ha ayudado la actitud de determinada Izquierda que ve la violencia con un romanticismo, a los incendios como una pira donde se quema el neoliberalismo y que es capaz de justificar bajo distintos discursos los saqueos, la violencia contra Carabineros e incluso los atentados contra la PSU.

Hemos sido categóricos en exigir la unidad para condenar y sancionar tales hechos.

Por ejemplo, a nivel regional -no todo es Santiago-, en la Región de Los Lagos los desmanes y violencia desatada por pequeños grupos han terminado en daños a instituciones públicas que sirven a todos los chilenos, ya sea en Osorno o Puerto Montt. Lo vimos la semana pasada con la toma del Liceo Rayen Mapu en Quellón, para dar ejemplos regionales de lo que ha ocurrido a nivel nacional.

Pero, claramente, los efectos más desastrosos están en la Región Metropolitana. Y ahora último, en la comisaría de Pudahuel, atacada ya por diez días consecutivos.

Será lumpen, pero lumpen que se aprovechó de la movilización, se supone pacífica, pero que fue alterada por grupos anarquistas y de una Izquierda radical.

En Chile tenemos a los "peroístas", gente de todos los ámbitos, de cierta Izquierda, que condenan la violencia y que, a continuación, siempre agregan un "pero" que deja como frase vacía y carente de contenido a la condena. Tal actitud hace mucho más daño. Nosotros esperamos que ello se pueda corregir a tiempo.

Pero también es importante señalar que en este Senado ha habido una mirada distinta y hemos visto votaciones en esta línea y el interés de corregir el proyecto que venía de la Cámara de Diputados.

La iniciativa que hoy votamos es una pieza esencial del engranaje de la sociedad que se busca articular para ese nuevo Chile, un Chile con mayor justicia social, sin privilegios y con mayor participación.

La nueva redacción propuesta por la Comisión de Seguridad del Senado corrige de buena manera el texto de la Cámara de Diputados y es un esfuerzo serio para hacernos cargo de la ausencia de sanción para aquellos que se han aprovechado del estallido para sus propios fines.

No es cierto que del fuego de la revolución nace un nuevo Chile. Después del fuego revolucionario solo quedan dolor y pobreza. Necesitamos hacer cambios reales, pero en democracia, con respeto por el otro y sin peros que debiliten lo que decimos defender.

Aquí se ha señalado que existe como una cierta campaña del terror de la Derecha. Aquí no hay ninguna campaña del terror: hay una realidad que tenemos que asumir. Y, obviamente, cuando se indica que no existen condiciones en abril para un plebiscito es en el contexto de que volvieran los mismos grados de violencia. Y para que esos grados de violencia no regresen, necesitamos aprobar este proyecto de ley.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente, el proyecto que estamos debatiendo en particular es muy diferente del que se aprobó en la Cámara de Diputados.

La primera versión contenía errores notorios, como sancionar conductas violentas solo en relación con manifestaciones o reuniones públicas, o tipificar acciones que constituyen formas de movilización tradicionales ejecutadas por sindicatos y organizaciones sociales.

Yo, señor Presidente, por el tiempo, no me voy a referir a los delitos que están contemplados acá, porque creo que en el propio Código Penal se encuentran tipificados.

¡Pero que el Gobierno no se escude en el Congreso para esconder su fracaso!

Señor Presidente, ¡nadie en este Senado apoya conductas violentas!

Nuestro marco institucional podrá ser insuficiente, y por eso una amplia mayoría está decidida a aprobar una nueva Constitución. Pero aun con todos sus problemas, la democracia está generando los caminos que permiten resolver nuestras diferencias excluyendo completamente la violencia o las respuestas autoritarias.

Rechazamos que el Gobierno, a pesar de las masivas y continuas movilizaciones, no esté impulsando una agenda social potente, con los recursos necesarios, que se haga cargo de verdad de las legítimas demandas de la gente en materia de pensiones, de salud, de ingreso mínimo, etcétera.

Rechazamos también que el Gobierno no garantice una de sus principales obligaciones, como es el control del orden público, lo que ha quedado de manifiesto la semana recién pasada con los problemas en la rendición de la PSU, en que el Ejecutivo se desentiende de sus funciones y culpa a los rectores o al Demre de su propia falta de previsión.

Rechazamos, asimismo, las prioridades del Gobierno, que requiere tiempo y más antecedentes para legislar sobre delitos de cuello y corbata, pero que se apresura a legislar cuando los eventuales imputados pertenecen a otro sector social.

Rechazamos, en fin, con energía, que el Gobierno y las policías no logren diferenciar las acciones de protesta legítima de los actos vandálicos o simplemente delictuales e incurran en violaciones flagrantes a los derechos humanos, como lo han comprobado diversas entidades internacionales.

Pero este rechazo a los oídos sordos, la inoperancia, el doble estándar y los abusos no puede llevarnos a amparar acciones violentas de grupos minoritarios que poco o nada creen en la democracia.

Cuando se tipifica y sanciona el delito de saqueo no estamos dándole un cheque en blanco al Gobierno; por el contrario, estamos defendiendo al propio movimiento social, que se debilita, desprestigia y asfixia con la acción de antisociales que buscan la oportunidad más propicia para perpetrar sus delitos.

No queremos que las justas movilizaciones se detengan. Al revés, deseamos que estas tengan éxito. Y su ejercicio debe ser compatible con el desarrollo del proceso constituyente, en especial con la realización del próximo plebiscito al que está llamada la ciudadanía.

Los partidos de Chile Vamos, después de haber firmado el acuerdo constitucional, dicen hoy que a raíz de la violencia llamarán a votar por el rechazo.

¡Qué más violencia que la que había en los 80, en plena dictadura, sin padrones electorales, sin prensa libre, sin garantías, cuando aprobaron la Constitución que nos rige, redactada por cuatro convencionales!

¡Por favor! No usemos estas artimañas para oponerse a una nueva Constitución nacida en democracia.

Sabemos que la nueva Carta Fundamental no resolverá automáticamente los problemas de la seguridad social, especialmente en materia de pensiones y de salud. Pero un nuevo orden eliminará trabas o barreras que hasta ahora y en buena parte han imposibilitado una respuesta más integral.

Chile necesita más democracia y el término definitivo de los enclaves. Así también, el país necesita más movilización de la gente y el fin definitivo de la violencia.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, el camino a la paz social se logra con una agenda social, no con más policías o más sanciones.

Por eso, nuevamente pedimos al Presidente de la República que profundice su agenda de protección social y de recuperación económica, que la ciudadanía está demandando.

Pero estas transformaciones sociales no pueden ser reclamadas por la vía de la violencia. Millones de chilenas y chilenos han salido a la calle de manera pacífica a reclamar un cambio profundo en nuestro país.

Hemos escuchado el mensaje, ¡qué duda cabe! Estamos disponibles para avanzar en ello. Pero no podemos permitir que esa gran mayoría de ciudadanos, de chilenas y chilenos que demandan cambios sociales, sea amenazada, de una u otra forma, por una minoría que ocupa la violencia como forma de acción política, por una minoría que pone en riesgo la seguridad de quienes van a manifestarse y que afecta gravemente a pequeños locatarios, que con esfuerzo han construido su pequeño patrimonio de sobrevivencia familiar y que ven cómo en unos minutos una turba entra y les rompe todo o les roba todo.

Señor Presidente, el artículo en particular que estamos discutiendo en este minuto, el 268 septies, sanciona la interrupción de la libre circulación. Pero no es cualquier barricada, como dijo alguien por ahí en un medio de comunicación. Lo que hemos dispuesto en el artículo es que la interrupción, para que sea sancionada:

Primero, debe ser completa. Es decir, las personas no pueden tener ninguna posibilidad de circular dada esta interrupción.

Segundo, dicha interrupción completa, además, debe ser necesariamente mediante violencia o intimidación. O sea, si una interrupción es completa, pero no ha mediado la violencia ni la intimidación, no se aplica esta norma.

Tercero, además de ser completa y de que medie violencia o intimidación, el tipo penal exige que adicionalmente ello sea con objetos. ¿Para qué? Para distinguirlo de aquella práctica de la protesta social -legítima, a mi entender- que muchas veces significa que un grupo de manifestantes se toman de las manos e interrumpen el tránsito. Esa acción no queda regulada ni sancionada por esta norma. Implicará una infracción a la Ley de Tránsito o, por ejemplo, si se trata de la interrupción de un servicio de salud, recibirá otra sanción, pero no queda regulada por la disposición en análisis. Nos preocupamos expresamente de que eso no fuera así.

En consecuencia, lo que establece este artículo es la sanción a la interrupción completa, violenta, intimidatoria, con objetos. ¡En esos casos!

¿Y por qué? Porque ¿en qué momento debió entenderse que la legítima reivindicación permitía interrumpir la libertad de una persona mediante violencia o intimidación? ¿En qué minuto alguien se siente con el derecho a exigirle a otro una conducta involuntaria a través de la intimidación o la violencia? ¿No es acaso eso un síntoma de la degradación, de la exacerbación de derechos? ¿No es acaso eso un síntoma también de conducta totalitaria, abusiva del derecho?

Señor Presidente, este texto, además, sanciona algo que por lo menos a mí me ha provocado mucha molestia, y lo denuncié públicamente: sanciona a quienes, no mediando desperfecto técnico, ni tampoco un accidente, interrumpen completamente el tránsito a través de la colocación de vehículos o camiones. Porque es francamente inaceptable que mientras en una manifestación ciudadana hay un accionar rápido de los carabineros en otro caso -me tocó verlo en la ruta 68- los efectivos conversen de manera muy amistosa con un grupo de camioneros que impide la circulación.

¡No, pues! Si vamos a sancionar la infracción a la libertad ambulatoria, que sea para unos y para otros. Siempre -como dije- mediando violencia o intimidación, que la interrupción sea completa y que sea con objetos o, en este caso, con vehículos.

Señor Presidente, hay que proteger la protesta social. Hoy día una minoría la está afectando.

Voto a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.-

Señor Presidente, todos esperábamos abordar el tema del saqueo, que nadie quiere y que debe ser sancionado, porque efectivamente hay un vacío legal. Y si estuviésemos discutiendo hoy específicamente una ley antisaqueos, la votaría a favor.

Pero no nos hagamos los hipócritas, ni miremos para el lado, ni usemos subterfugios. El texto que estamos discutiendo cubre muchos temas, muy complejos, y tiene bastante y numerosa letra chica, que hace pensar que la prioridad es otra. Y ello se refleja en que la cantidad de personas detenidas por desórdenes supera de largo a las que han cometido saqueos u otros incidentes de ese tipo.

Y lo que se busca fundamentalmente es sancionar con cárcel a quienes se manifiestan bajo determinadas circunstancias.

¿Cuál es el contrabando en el proyecto?

Eleva las penas para los manifestantes en la vía pública.

Transforma lo que hoy son faltas en delitos.

Habla de cárcel de hasta cinco años a quien detenga un servicio público.

Quiere meter en la cárcel a cualquier joven que evada el Metro en marzo; a quien tire piedras o interrumpa el paso de un vehículo; a quienes interrumpan el tránsito de personas o de vehículos con barricadas.

Yo creo que aquí no hay que confundirse: estas conductas son sancionables. Y, de hecho, tienen algún tipo de sanción, que nunca se aplica porque la capacidad de investigación y de sanción es nula en nuestro sistema.

Pero lo que se pretende es generar un fantasma de transformar todo en delito para inhibir las manifestaciones. Y, además, amenazar con la cárcel, acabando con toda proporcionalidad en los hechos que se van a denunciar.

Y, además, se genera como agravante la actuación en grupo. O sea, ello alcanza a organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales que convoquen a protestas o manifestaciones.

La propaganda del Gobierno dice que este es "un proyecto de ley antisaqueos", pero en verdad no es así. Ante un estallido social profundo, la respuesta del Gobierno será cárcel.

Y lo que se busca no es hacer frente al saqueo, sino llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violentos y meter a la cárcel a los que salgan a protestar o a manifestarse, suponiendo, además, que va a haber un escenario impredecible con el cual ya están asustando a la gente.

La verdad es que yo no estoy disponible para dar más facultades de represión a un Gobierno que viola los derechos humanos. Organismos internacionales ya lo han hecho presente. Y me apena que el Congreso sea capturado por la agenda de represión y de guerra que se quiere instalar en la opinión pública, en el fondo para combatir las movilizaciones sociales, más que proyectos antiabusos.

En vez de discutir sobre la agenda social, terminar con el abuso de las AFP, de las isapres, el precio de los medicamentos, lo que estamos haciendo es centrar el debate en este Senado en una legislación represiva.

Y se anuncia mucho más.

Ayer, el Ministro de Justicia, a través de El Mercurio, anunciaba un proyecto para limitar el derecho a reunión. Hoy, el Ministro Secretario General de la Presidencia anuncia la reactivación de un proyecto para sacar con más facilidad a los militares a la calle, sin necesidad de estados de excepción. ¡Más represión, menos democracia!

No nos engañemos, es la libertad de expresión, el derecho a manifestación lo que está en juego, y por esa razón voy a votar en contra, señor Presidente. Pero alguna vez seamos sinceros y francos y no busquemos subterfugios.

Por último, ¿qué van a hacer los tribunales cuando, hipotéticamente, tengan que abordar centenares de casos de detenidos por manifestaciones? ¿En qué cárcel van a caber cientos, quizás miles de manifestantes? ¿Quiénes se van a dedicar a hacer frente al narcotráfico, a la delincuencia, al crimen organizado y a los saqueos, cuando, en la evidencia de los hechos, estamos viendo que esos delitos, en estos días, prácticamente quedan en los tribunales en campo libre, sin ninguna actuación?

Terminemos con los discursos que vienen "con chanfle", como se diría en el deporte, y abordemos con seriedad el tema de los saqueos. Lo demás es un pretexto para crear un marco legal que permita, a partir de marzo, sancionar y evitar cualquier forma de manifestación social.

Voto en contra del proyecto en su conjunto.

Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto cuyo texto, que fue mejorado por la Comisión de Constitución -a la cual le agradecemos su trabajo-, nos va a permitir hacernos cargo de una situación bastante compleja, relacionada con los saqueos producidos en circunstancias o con ocasión de la alteración del orden público, y de los delitos cometidos en multitud, así como de otros tipos penales, como el de las barricadas, que de alguna manera generan una interrupción en el legítimo ejercicio de la libertad de circulación.

El día de hoy estuvimos, junto al Senador Latorre, con los comerciantes de Valparaíso, los que están completamente afectados y manifiestan, básicamente, la necesidad de restablecer el orden público en la ciudad. Estuvimos también con el Alcalde Jorge Sharp. Y finalmente logramos una declaración de todos los actores: del Intendente regional; del Alcalde; también, por supuesto, de los parlamentarios que concurrimos, y, sobre todo, de los comerciantes que convocaron para hacer un "antes y un después".

Creemos que hay que dar señales públicas en términos de condenar absolutamente las graves vulneraciones al orden público, que han golpeado, fundamentalmente, a los pequeños comercios.

Basta ver algunas calles de Valparaíso, donde, efectivamente, la alteración del orden público y la destrucción de los locales y establecimientos comerciales finalmente han dejado en la calle a múltiples emprendedores. Y esto ha afectado no solamente a aquellos que han sido golpeados por la violencia y la destrucción de sus locales, sino también a quienes, precisamente por los graves desórdenes producidos, no han podido mantener abiertas las puertas de sus comercios.

Lo anterior ha provocado un despido de trabajadores que, lamentablemente, puede ascender a más de 300 mil en el mes de marzo, si revisamos la situación de las pymes en nuestro país.

Por eso era tan importante avanzar en esta dirección.

Tal como lo planteamos en nuestra intervención del 4 de diciembre recién pasado, creemos que estos proyectos van en el camino correcto. Se ha hecho un tremendo esfuerzo para los efectos de llegar a un entendimiento entre el Oficialismo y la Oposición, tal como lo comprometimos mediante un Acuerdo por la Seguridad Pública suscrito en este mismo Congreso Nacional, esperando, finalmente, que tales iniciativas sean aprobadas.

Pensamos -repito- que van en la dirección correcta a través del establecimiento de agravantes para los efectos de que, cuando se produzcan graves alteraciones del orden público, estas nuevas tipificaciones, como la del delito de saqueo o, básicamente, la del delito especial de desorden o desórdenes públicos, terminen por resguardar el principio del libre ejercicio de los derechos, particularmente la libre circulación y la libertad y el derecho a emprender.

He dicho.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, le pido que se autorice el ingreso del Subsecretario.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Ya fue solicitado, señor Senador.

El señor MOREIRA.-

Pídalo nuevamente, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

¿Habría acuerdo para que ingresara el Subsecretario Juan José Ossa Santa Cruz?

El señor ARAYA.-

No.

El señor QUINTANA (Presidente).-

No hay acuerdo.

Por lo tanto, puede intervenir a continuación el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.-

Señor Presidente, creo que se han dicho muchas cosas sobre este proyecto. Yo hubiera querido hacer una intervención más general también, pero me parece importante referirme a él porque creo que su contenido ha sido altamente tergiversado.

Primero, este proyecto llegó de la Cámara de Diputados; no tuvo su origen ni en el Gobierno ni en este Senado, sino en un conjunto de mociones parlamentarias presentadas por Diputados que fueron trabajadas transversalmente por ellos mismos, quienes enviaron un texto que originalmente contemplaba un tipo llamado "desórdenes públicos con concurrencia de violencia" y establecía penas que iban de 541 días a 5 años de privación de libertad.

Considero importante tener en cuenta esto cuando nos referimos a esta iniciativa. Aquí llegó un proyecto aprobado por una gran mayoría en la Cámara de Diputados, más allá del hecho de que a los días siguientes algunos hayan manifestado su arrepentimiento por haberlo aprobado.

Lo que hicimos aquí, por esa razón, fue acoger la idea de legislar y enviar el texto a la Comisión de Seguridad Pública, donde se decidió volver a escribirlo de manera distinta, cambiando, fundamentalmente, los tipos contenidos en él.

El artículo que en este momento discutimos disminuye las hipótesis a sancionar, excluyendo todas aquellas acciones que puedan ser parte de pacíficas y legítimas expresiones de protesta social, y disminuyendo de manera considerable las sanciones dirigidas contra actos ilegítimos de violencia, coacción o intimidación.

Señor Presidente, me parece importante recordar algunas de las palabras expresadas aquí por el Presidente de la Comisión, el Senador Harboe, al referirse a los tipos que se están planteando.

¿Cuáles son las hipótesis ilegítimas de un proyecto que, según algunos que acabamos de escuchar, amenaza al conjunto del movimiento social?

Primero, el impedir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas. O sea, hay dos requisitos. Hace algunos días un muchacho trató de cruzar por Plaza Italia con una de estas mochilas que se usan en las bicicletas y no lo dejaron pasar, pero, si lo hubieran dejado pasar, esa no era una barricada sancionada por la ley. El problema es que le impidieron el paso y lo golpearon. Y pocos minutos después hubo una ambulancia a la que también se le impidió pasar.

Estamos hablando de interrumpir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación. Las dos cosas juntas.

¿Quiénes pueden ser dañados por esta parte del proyecto? ¡Solamente los que realmente usan la violencia para aquello!

Después se habla del que interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos. Los señores que hace pocas semanas hicieron andar sus vehículos de manera lenta por las autopistas no habrían quedado sancionados por las normas de este proyecto; tendrían que haber atravesado completamente sus vehículos en la vía pública y no dejar pasar a nadie.

Enseguida, se habla del que interponga su vehículo en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta. Ocurre lo mismo que en el caso anterior.

Y luego el texto se refiere al que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales. O sea, no estamos hablando de los que tiran fruta, ni de los que tiran pinturas, algo bastante usual en este tiempo. Se está hablando de actos que causan mucho daño.

Entonces, reduzcamos las cosas al punto en que están.

Yo, ciertamente, al igual que muchos aquí, critico la política de seguridad pública del Gobierno. Por cierto, tengo grandes críticas respecto de ella. Pero este es un proyecto mínimo; es casi una señal. Y quiero decir por qué es casi una señal. Porque el que cometa estos actos, por ejemplo el que interrumpa la libre circulación de personas o de vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas, recibirá una pena de presidio menor en su grado mínimo; o sea, de 61 a 540 días. Y todos sabemos perfectamente que esa persona no va a pasar en la cárcel ni un día. ¡Ni uno solo!

Es casi una señal que se da a las personas. Y les tenemos que decir que es una señal que se les está dando.

Por tal motivo, me pronunciaré a favor del artículo en cuestión, así como también de los que vienen después.

Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.-

Señor Presidente, la moción que votamos hoy no puede ser analizada sino en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas en el país el 18 de octubre del año recién pasado.

A pesar de ser esta una moción parlamentaria, fue recogida por el Gobierno y puesta en discusión con urgencia. ¡Fue este Gobierno el que le puso urgencia! Es solo el Gobierno el que puede definir las urgencias de los proyectos. Ello, creemos, no responde a otra cosa que a la necesidad del Ejecutivo de mantener una agenda pública centrada en la represión, en el orden público, única dimensión que pareciera serle cómoda.

Tenemos un Gobierno que, desde que se inició el estallido social, se ha dedicado a la queja permanente en lugar de hacer su trabajo. Se queja de la Oposición; se queja de los organismos internacionales de derechos humanos; se queja, también, de los organismos nacionales de derechos humanos; se queja de no tener herramientas suficientes de represión, y se queja de que no se le aprueben nuevos instrumentos represivos.

Se queja de demandas supuestamente imposibles de satisfacer a sus ojos. Se queja de no poder controlar el orden público al tiempo de respetar los derechos humanos.

La verdad, señor Presidente, es que tenemos un Gobierno incapaz. Y cuando se es incapaz, la única posibilidad que queda es quejarse de los demás. La culpa es siempre del otro.

Por ello, avanzamos poco en la agenda social; hay pocas ideas nuevas, y nos concentramos absurdamente en falsos dilemas, como "orden público o derechos humanos".

Estas discusiones traen al debate lo peor de quienes gobiernan en el día de hoy. Esa lógica, tan perversa, de colocar chilenos contra chilenos; de reducir debates complejos a simplificaciones absurdas, básicas; eso que tanto le gusta al Gobierno, de estar a favor de los delincuentes o a favor de la gente de trabajo.

Por lo mismo, pedimos votación separada de los cuatro numerales del proyecto.

Los dos primeros se refieren a la llamada "ley antibarricadas", más allá de que se le haya cambiado el nombre.

Votaremos en contra el numeral 1, ya que no respeta el principio de proporcionalidad, el cual responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que se aplican en determinados tipos penales. Este numeral no cumple con los estándares de proporcionalidad de la legislación chilena, pues, ante tipos penales que ponen en riesgo o vulneran el delito de propiedad, se aplicarían sanciones reservadas en nuestra legislación para delitos que atentan contra el bien jurídico de la vida y la familia, como lo son el parricidio o el femicidio.

El artículo 268 septies -que estamos discutiendo en este momento- tiene como propósito sancionar la conducta realizada en esta crisis social denominada como "el que baila, pasa", aplicando una pena de hasta 3 años, lo que, en términos prácticos, no es una vulneración a ningún bien jurídico sino una limitación al ejercicio de un derecho.

El numeral 2 es una adecuación formal para el caso de que se apruebe el numeral 1, por lo que pensamos que se deben votar ambos de manera conjunta, señor Presidente.

En el numeral 3 se incluyen dos nuevos artículos en el Código Penal.

Respecto del nuevo artículo 449 ter, creemos que hay posibilidades de aprobación, porque efectivamente se debe establecer una sanción agravada en situaciones de calamidad y que hoy no contempla nuestro ordenamiento jurídico.

En definitiva, señor Presidente, iniciativas como esta dejan claramente en evidencia la incapacidad que ha tenido el Gobierno para escuchar y acoger las demandas sociales, que se expresan con fuerza a lo largo de todo el país, por reformas estructurales que garanticen una educación de calidad y gratuita, una atención de salud de calidad y, por supuesto, reformas a las pensiones.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.-

Señor Presidente, he escuchado atentamente a varios de los colegas y no sé si algunos no leyeron el proyecto o simplemente creen que vale la pena justificar y validar algo que es muy delicado. En efecto, habiendo mucha gente que se manifiesta pacíficamente, habiendo demandas sociales profundas que tenemos que abordar, hay algunos pocos que se sienten con el derecho de utilizar la violencia como método legítimo para imponer sus términos.

Y la verdad es que resulta lamentable ver que en este Senado no exista unanimidad alrededor de un proyecto tan sencillo como este, el cual, de hecho, como bien lo señaló el Senador Insulza, es bastante mínimo. Me habría encantado que hubiese sido más ejemplificador y que, efectivamente, hubiese terminado con la impunidad en muchos casos.

Aquí se hablaba recientemente de la proporcionalidad. Perdón, pero claramente, con las penas que se están imputando, y de hecho, probablemente, con el sistema actual, como bien lo expresó también el Senador Insulza, esta proporcionalidad resulta bastante baja.

Por lo tanto, yo les pediría a todos, particularmente a los de Oposición, tal vez inclinados a rechazar este proyecto, que entiendan la importancia de que estas normas también son muy relevantes para darle garantías al proceso constitucional, y que, quizás al caer en la lógica de oponerse a cualquier tipo de reforma que busque garantizar el orden público, le están haciendo campaña al rechazo.

¡Eso es lo que están haciendo!

En la práctica, significa mostrar una falta de seriedad tremenda. De hecho, a muchos de los que están acá no los vi en la Comisión de Seguridad cuando discutimos este proyecto. Si este es tan malo y se manifiesta tanta vehemencia en su contra, al menos me hubiese gustado que sus opositores fueran responsables y hubiesen asistido a escuchar a los expertos.

Entonces, les pido que la seguridad ciudadana no sea un tema que solamente aúne a un sector político. Agradezco a muchos que entiendo que van a apoyar este proyecto. Creo que lo hacen porque, efectivamente, no podemos caer en la lógica de pensar que la seguridad ciudadana es un tema que únicamente le importa a un sector.

Y, perdónenme que les diga, pero aquí en ningún caso el Gobierno ha pensado que la seguridad ciudadana es la solución a los problemas. Hay una agenda social que esperamos impulsar de forma transversal. Espero que el mismo espíritu que vimos la noche del 15 de noviembre, cuando se firmó el acuerdo, lo veamos también hoy día.

Algunos, con un clima polarizante, buscan tirar por la borda cualquier tipo de entendimiento, cualquier tipo de iniciativa positiva, simplemente porque la presenta el Ejecutivo o porque este le ha puesto urgencia. Pareciera que cualquier buena intención del Gobierno, por el solo hecho de provenir de él, no tuviese validez.

Por favor, ¡cuidemos Chile!

De hecho, así como es importante la agenda social, así como es importante que podamos tener reformas estructurales en salud, en educación, así como es importante que tengamos reformas significativas en Fonasa, en pensiones, también es importante que cuidemos el clima.

Por eso, de verdad pido un poco más de seriedad. Este es un proyecto que, al igual que como señaló el Senador Insulza, a mí me habría encantado que fuese más lejos. Se logró buscar un acuerdo; fue aprobado por amplia mayoría en la Comisión y, por lo tanto, dejemos hasta aquí los discursos que simplemente le hablan a una trinchera, y tratemos de mejorar la institucionalidad que tenemos. A las Comisiones asistieron expertos penalistas, de distintos colores políticos, y se buscó el mejor texto.

Entonces, si no vamos a fomentar que las Comisiones hagan bien su trabajo y lleguen a acuerdos transversales, si vamos a llegar a la Sala a terminar votando, por la presión de las redes sociales, en la forma que ellas indican, créanme, eso no va a ayudar.

Agradezco a quienes van a aprobar este proyecto, el cual -insisto- ayuda a demostrar que tener una vocación genuina por los cambios estructurales sociales sí es compatible con, al mismo tiempo, garantizar el orden público. Es completamente fascista pensar que uno puede utilizar la fuerza para imponer sus términos. Y esta iniciativa de ley no hace otra cosa que terminar con ese fascismo.

Así que espero que este Senado, hoy día, apruebe el proyecto por una amplia mayoría.

Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor Presidente, es como si estuviéramos hablando de dos proyectos distintos. Por una parte, algunos Senadores de Oposición dicen que esto es solo una señal y que no es muy proporcional con el daño que se le hace al derecho de otras personas a desplazarse, y por otra parte, otros señalan que es totalmente desproporcionado.

Creo que la pregunta en el día de hoy es si estamos de acuerdo con que haya personas que puedan interrumpir completamente la libre circulación de otras.

Yo quiero recordar que la libre circulación es un derecho humano comprendido no solamente en nuestra Constitución, sino también en todos los tratados internacionales. Y, por lo tanto, cuando una persona no deja a otra circular libremente, se le está impidiendo el ejercicio de un derecho humano.

¿Esto quiere decir que a los Senadores que hoy están votando en contra de este proyecto, eso no les parece tan grave?

Acá se afirmaba: "No es grave si solamente se está interrumpiendo el desplazamiento". Sin embargo, muchas veces se interrumpe de una manera muy violenta, o incluso, no físicamente violenta, pero sí psicológicamente.

Por su intermedio, señor Presidente, una Senadora que me antecedía en el uso de la palabra minimizó el tema de "El que baila pasa". No obstante, creo que eso no se puede hacer históricamente ¡para nada! Es una situación con una carga histórica muy fuertemente autoritaria.

Señor Presidente, cuando a través de un acto violento, que puede no ser físico, se obliga a otra persona a hacer algo que no quiere, eso va en contra de la democracia, va en contra de un derecho humano. No es posible que porque yo esté interrumpiendo el paso, pueda obligar a una mamá, que va con sus hijos en el auto, a bajarse y a hacer algo en contra de su voluntad para que no la agredan físicamente. ¿Alguien me puede decir que eso no tiene que ser sancionado? ¡A mí me parece grave! Me parece grave que en una democracia se diga: "Sabe, esto es desproporcionado con respecto a la sanción que aquí se establece".

Señor Presidente, en los dos minutos que me quedan, quisiera hacerme cargo de un planteamiento del Senador Montes, que espero haber entendido mal.

El Senador Montes decía que acá se está desconociendo el acuerdo del 15 de noviembre. Este tiene varias partes, pero en su primera etapa establece que habrá un plebiscito en abril. Y ahí la ciudadanía decidirá si sigue con el proceso constituyente o no.

Cuando uno le pregunta a la ciudadanía, se parte de la base de que su respuesta, cualquiera que sea el resultado, será legítima. Yo supongo, señor Presidente, que el Senador Montes no está diciendo que es ilegítimo votar que no, porque, de otra manera, ¿para qué hacer un plebiscito?

E imagino que tampoco es ilegítimo argumentar que se va a votar que no, porque, a contrario sensu, ¿por qué sería, entonces, legítimo argumentar que se va a votar que sí?

Pienso que no se puede establecer que si es uno el resultado, entonces, es legítimo, y si es otro, no lo es y no lo acepto. Por algo estamos preguntando. No son los políticos los que van a decidir, es la ciudadanía. Y esa es la esencia del acuerdo.

Pero creo que hay otras ideas esenciales en el acuerdo del 15 de noviembre: el respeto por el otro y el ser capaces de llegar a acuerdo y de respetarlo. Y el acuerdo comienza con el plebiscito. Y yo espero, por el bien de nuestra democracia, que respetemos el resultado, cualquiera que sea.

Y, por último, señor Presidente, quiero señalar que no se puede argumentar que la violencia se puede tomar...

El señor QUINTANA (Presidente).-

No hemos dado tiempo adicional; pero podemos conceder un tiempo breve, como el del Senador Insulza.

La señora VON BAER.-

Decía que no se puede argumentar que la violencia se puede tomar el proceso constituyente. Precisamente, esta ley en proyecto ayudará a que la violencia no siga imperando en nuestro país y, por lo tanto, ayudará en el proceso constituyente.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Señores Senadores, entiendo que no se dio el asentimiento de la Sala para que ingresara el Subsecretario señor Juan José Ossa. Pido, sí, que se autorice el ingreso del asesor del Ministerio del Interior don Pablo Celedón.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, quiero partir señalando que este proyecto, que se somete a votación, tiene a lo menos tres graves problemas.

En primer lugar, no incorpora ninguna figura que actualmente no sea delito conforme a nuestra legislación vigente.

Basta revisar el inciso primero del artículo 268 septies, introducido por la iniciativa, que castiga a quienes actúan con violencia o intimidación, interrumpiendo la libre circulación de personas o vehículos. Pues bien, el empleo de la violencia para impedir una acción como esta ya se encuentra contemplado en nuestra legislación tanto en el artículo 494, número 16°, del Código Penal, que se refiere a la coacción violenta, como en los artículos 395 y siguientes, relativos al delito de lesiones.

Por su parte, quien intimida a otra persona para impedir la libre circulación ya comete un delito, conforme al tipo penal de amenaza contemplado en los artículos 296 y 297 del Código Penal.

Además, el inciso segundo del artículo 268 septies del proyecto se refiere a quienes lanzan en la vía pública objetos peligrosos a personas o vehículos. Y cabe señalar que esta figura ya se encuentra regulada en nuestra legislación en los artículos 496, números 21° y 26°, del Código Penal.

En cuanto al denominado "delito de saqueo", este se sanciona en nuestra legislación vigente, ya sea como un delito de robo con fuerza en las cosas o como un delito de hurto.

Asimismo, se afirma que el proyecto supuestamente crearía un nuevo delito, haciendo referencia a la calamidad pública o alteración del orden público. Pero esa circunstancia ya se encuentra castigada en nuestra legislación, como una agravante, en el artículo 12, número 10°, del Código Penal.

Por otro lado, más que ser una iniciativa de ley que busca regular y sancionar conductas que no eran delitos previamente, se trata de una suerte de refrito de delitos ya existentes, que buscan además aumentar penas para dar una aparente sensación de seguridad a la población. Esto nos lleva a un segundo problema, que es de proporcionalidad.

Cuando hablamos de proporcionalidad en materia penal, nos referimos a la necesidad de que las personas reciban una pena similar por actos semejantes que merezcan un reproche equivalente. Para esto se deben considerar la gravedad de las distintas conductas que se sancionan como delitos y las penas que se les asignan.

Claramente, este proyecto no cumple con este principio tan básico, lo que se constata revisando las penas que establece el proyecto.

Se pretende castigar el lanzamiento de objetos en la vía pública con una pena que puede llegar a los tres años de privación de libertad, que es la misma que se dispone para quien soborna a un Ministro de Estado, un Senador o cualquier funcionario público en razón de su cargo.

En el caso de los denominados "saqueos", el proyecto obliga a elevar en un grado la pena, lo que significa que en el caso del robo con fuerza en las cosas, que actualmente tiene una pena alta que puede llegar a los diez años, tendrá una que alcanzará a los quince años en caso de ser realizado mediante un saqueo.

Esto implica que un saqueo tendrá mayor pena que el delito de tortura, e igual pena que el homicidio simple. ¿De verdad estamos dispuestos a aprobar una ley que establezca que un delito en contra de la propiedad es igual o más grave que matar o torturar a una persona?

No bastando lo anterior, señor Presidente, hay que considerar el cambio de los efectos de esta iniciativa con el llamado "proyecto antiencapuchados". Este eleva en un grado la pena para quienes usen pañuelos, capuchas y otros elementos análogos en una manifestación pública. De esta forma, si se participa en un saqueo con el rostro cubierto, tendremos que este delito en contra de la propiedad no solo será más grave que el homicidio, sino también que el tráfico de migrantes y la sustracción de menores.

Todo lo anterior, señor Presidente -si me da un minuto más, por favor-, nos lleva al tercer problema, quizás más grave, de este proyecto.

El Gobierno intenta solucionar un problema social, como lo es la grave crisis política institucional que estalló el 18 de octubre, llenando la agenda legislativa y comunicacional, colocándole urgencia a proyectos que solo se enfocan en medidas inútiles para enfrentar temas de orden público, a partir de aumentar indiscriminadamente las penas a conductas que hoy ya están sancionadas, pero que se pretende presentar como nuevos delitos.

Resulta evidente que, a pesar de su fracaso en recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, el Gobierno ha elegido porfiadamente el camino de insistir en una agenda que no se vincula en nada con los urgentes requerimientos ciudadanos...

Estoy por terminar, señor Presidente, le pido un minuto adicional.

Cuando el Gobierno se decida a enfrentar verdaderamente este problema social, reformando de verdad nuestra institucionalidad y asegurando derechos sociales mínimos, comenzaremos a ver el fin de esta crisis. Si, en cambio, se quiere seguir reprimiendo a los ciudadanos, sin escuchar a las legítimas demandas sociales, el Gobierno seguirá siendo rechazado por nuestros compatriotas y por la comunidad internacional.

En este contexto, no me voy a prestar para ser funcional a una política de Gobierno fracasada, la cual no se enfoca en los problemas reales que nuestra comunidad nos exige y nos demanda atender de manera inmediata.

Acá estamos para representar a la ciudadanía y no para dar contención a toda costa a quienes desde el Gobierno sencillamente no entienden, o no quieren entender, la grave y profunda crisis social que vive nuestro país, ni tiene la voluntad real de hacer lo necesario para hacerse cargo de sus causas, colocando de una buena vez el interés general por sobre el de ciertos grupos que han capturado la gestión del Estado desde hace décadas para su propio beneficio.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Senador señor De Urresti, don Alfonso.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, Honorable Sala, es importante precisar lo que estamos votando.

Se ha puesto en votación el numeral 1, que agrega un nuevo artículo 268, septies, al Código Penal, que señala textualmente:

"El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

"Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

"Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.".

Señor Presidente, Honorable Sala, lo que se está tratando de construir a través de este nuevo artículo es buscar un instrumento para subsidiar claramente la incapacidad de controlar el orden público en nuestro país.

Aquí, en definitiva, lo que se está consagrando es que aquellas personas que se crucen en la calle y no dejen un espacio para pasar, en una legítima demanda, en una marcha estudiantil, en una movilización de estudiantes, sean formalizadas por este delito. Y creo que nuevamente caemos en una figura equivocada.

Y el Gobierno, tratando de recuperar la iniciativa, solo apela a ese sector más riguroso que le pide mano dura, que quiere subsidiar la ineficiencia absoluta en el control del orden público, ante la incapacidad de Carabineros de anticipar este tipo de situaciones y de levantar pruebas, y también ante la incapacidad del Ministerio Público de constituirse en determinados lugares para generar un adecuado levantamiento de pruebas.

No estamos disponibles para este tipo de sanciones en que, a través de la construcción de figuras penales, se pretenda disminuir la movilización social o la capacidad de los estudiantes, de la ciudadanía, de marchar y desplazarse por la vía pública. ¿Que eso genera alteración? ¡Genera alteración!

Algunos creen que, a través de esta figura, aquella disminución se podrá conseguir. Están equivocados.

Y esto nuevamente, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- sigue sin estar en la agenda, en el compromiso del Gobierno de avanzar en cambios estructurales en materia de seguridad social, en materia de salud, en materias previsionales.

Llevamos más de setenta, ochenta días de movilización y no vemos ninguna, absolutamente ninguna iniciativa en eso.

Sin embargo, el Presidente consignaba en una entrevista: "Creo que lo más grave ya pasó". Esto significa no querer ver que este país cambió y que no se va a controlar a través de estas medidas. Aquí tiene que haber un profundo cambio de la institución de Carabineros.

Hemos visto situaciones dantescas y risibles.

Me imagino que el Ministro habrá visto al teniente Cavieres y toda esa escena que claramente ya no solo debilita, sino que pone en absoluta contradicción y en una situación deteriorada a Carabineros, además de las causas de derechos humanos que hemos visto y situaciones que están en manos de la justicia.

Aquí tenemos una institución que fue descabezada. Se dio de baja a más de 45 generales para que corriera la fila. Claramente hay una falta de ascendiente dentro de la tropa, pero no vemos nada sobre Carabineros en este proyecto. Y nos lo quieren presentar como la solución, la panacea.

Quisiera leer una enumeración, si me permite un minuto adicional, señor Presidente.

Ley antisaqueo, infraestructura crítica; en otros tiempos, detención por sospecha, control de identidad.

Díganme si alguna de estas figuras cambia efectivamente el comportamiento de la ciudadanía o baja los delitos.

Entonces, señor Presidente, cuando a nosotros se nos plantea la necesidad de contemplar la figura del saqueo estamos a favor, ya que no hay un tipo penal que efectivamente permita que no se arrase una cuadra entera de establecimientos comerciales o pequeños establecimientos de comercio.

Pero seamos claros: aquí no hay ninguna autocrítica, aquí no hay ninguna muestra que nos diga que efectivamente esta legislación va a avanzar en esa línea.

Entonces, ¡por favor!

Yo sé que el Gobierno trata de ganar tiempo, trata de hablarle a su electorado, al 10,8 o al 8 por ciento que aún lo respalda. Pero claramente esta no es la vía.

Hablábamos de seriedad: seamos responsables. Digamos no al populismo penal, y sí a instrumentos que efectivamente permitan defender a la ciudadanía y hacer justicia, pero no castiguemos el legítimo derecho a la protesta social.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Quedan diez Senadores inscritos. Y, después de esta, hay otras tres votaciones.

La votación siguiente es relativamente sencilla porque simplemente implica intercalar una frase.

¿Habría acuerdo para que los diez Senadores que están inscritos pasen a la siguiente discusión, que es sobre saqueo? Igual es un tema controvertido.

El señor COLOMA.-

No, señor Presidente.

El señor ARAYA.-

No, porque son figuras penales distintas.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Bien.

Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, yo creo que este debate, que tiene que ver directamente con un artículo específico, es sorprendente pero muy esclarecedor. Es sorprendente, porque parte de una especie de regla común, en que todos achacan al Gobierno ineficacia y en que también le representan casi con dureza la reposición del orden público.

Todos han dicho "hay que reponer el orden público". Algunos lo hacen con más poesía y otros con menos poesía, pero todos con el mismo concepto. Acto seguido, se van deshilando exactamente para votar en contra de lo que el Gobierno está pidiendo para mantener el orden público.

Entonces, para la galería, el Gobierno necesita y es su deber instalar el orden público. Pero cuando la autoridad solicita reflexivamente y después de un fuerte estudio que se le den a conocer qué medidas concretas se requieren, en ese caso ya hay un montón de explicaciones para tratar de escabullirse de algo que para mí es muy importante en materia penal.

Algunos dicen que esto ya está resuelto. Por favor, no confundamos la legislación penal de 1870, donde se hablaba respecto de los desórdenes públicos como las acciones que "turbaren la tranquilidad pública". No pidamos que esos sean los estándares de la modernidad.

Una expresión de ese tipo no guarda relación con la nueva realidad que estamos enfrentando hoy día en defensa de muchos ciudadanos, quienes nada tienen que reprocharle a quien legítimamente quiera manifestarse, pero sí tienen todo el derecho a exigir que sean respetados sus derechos.

Hay quienes han planteado que van a votar en contra de esta enmienda. Quiero entender qué supondría eso: que están de acuerdo en que aquellos que no están autorizados interrumpan completamente la circulación de las personas, o sea, de uno mismo.

Es el famoso "el que baila pasa", en sus distintas formas. Es decir, si alguien no hace algo que otros quieren, no pasa. ¡Eso es fascismo del peor tipo!

Yo no puedo creer que, de alguna manera, se esté permitiendo que hoy se instale una lógica que -estoy seguro- es reprobada conceptualmente. ¿Dónde queda la libertad de una persona?

¿Puede alguien, sin mi autorización, impedir que yo transite libremente porque así esa persona lo estima o exigirme tomar decisiones o hacer algo que yo no comparto?

¿Esa es la sociedad moderna que estamos viviendo?

Incluso, ¿puede ser restringido el paso de vehículos en la vía pública mediante violencia -¡violencia!- o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos en la calle para el mismo efecto?

Señor Presidente, quiero hacer reflexionar al respecto: si hay oposición a dicha enmienda, no sé cómo puede pedirse simultáneamente que exista orden público. Al mismo tiempo se dice: "Mire, tiene que respetar el derecho de las personas, de los ciudadanos a manifestarse, y también debe respetarse el orden público".

Por eso pedí, señor Presidente, hablar en este punto específico. Saqueo es otra materia.

A mí me inquieta profundamente el hecho de que haya una negativa en este aspecto, porque, en el fondo, negarse es favorecer. Es como decir que está bien hacer aquello. Incluso, en una intervención anterior alguien dijo que era el ejercicio de un derecho.

Pero el derecho a la manifestación pública ¿es suficiente como concepto para impedir que una persona pueda circular o para que alguien sea atacado en su honra, obligándolo a hacer lo que a otros les parezca y, a contrario sensu, ser sancionado con el impedimento o la violencia, como dice el mismo inciso en estudio?

Para ser muy franco, ese planteamiento me resulta sorprendente pero esclarecedor. Afortunadamente, yo creo que son pocos los que lo sustentan. Creo que va a haber una mayoría importante apoyando este articulado. Comprendamos, más allá de las diferencias políticas, que esto puede pasarle al Gobierno actual, pero también a los que vengan el día de mañana.

¡Cómo no vamos a tener un acuerdo, a lo menos, para decir que hay conductas, expresiones, marchas que son legítimas, y otras acciones que no son legítimas, que es necesario identificar!

Quiero decirlo con claridad: no es legítimo afectar, mediante la violencia, a un ciudadano en la vía pública, además sin autorización (es difícil que la dé). No cabe permitir que se coloque un obstáculo en la calle para impedir la libre circulación, sin permiso de la autoridad, ni nada.

Señor Presidente, entonces, ¿cuál es la sociedad que estamos creando? ¿Una en la que cada uno hace lo que quiere?

¿Qué le estamos pidiendo a ese ciudadano que es violentado en el ejercicio de sus derechos y que no violenta a los otros? Me refiero a esa persona que simplemente desea ejercer su derecho. ¿Cómo tendrá que hacerlo si le estamos diciendo que no es delito que alguien interrumpa la circulación de la persona? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que reaccione por la vía de los hechos? ¿Que reprima tales actos personalmente? ¿Que ande armado para esos efectos?

Esa no es una sociedad normal.

Por eso, señor Presidente, creo que -y lo digo con un espíritu reflexivo- no estar de acuerdo en esto es ir validando la conducta contraria, y me parece que eso es muy negativo desde una perspectiva penal, moral y social.

Voto a favor de la enmienda.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, creo que este debate es bastante interesante, en el cual obviamente no existe el blanco y negro. Pero uno se puede restar del contexto en el que se está dando.

Primero, hay que precisar que este proyecto parte de la Cámara de Diputados, cuya redacción original era bastante mala, pues confundía tipos penales y mezclaba sanciones que no tenían nada que ver entre sí. Incluso, los propios Diputados que en su oportunidad votaron a favor en forma casi unánime terminaron reconociendo que se habían equivocado.

Ese texto fue corregido en parte en el Senado durante la discusión en general y también en la propuesta que analizamos hoy día.

Ahora bien, uno tampoco puede abstraerse de que probablemente la respuesta más fácil frente a la comisión de ciertos hechos es modificar los tipos penales.

Al respecto, me hago cargo de lo que han dicho algunos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.

¿Por qué se le exige al Gobierno, especialmente al Ministerio del Interior, reponer el orden público? Porque es el que tiene las atribuciones para ello. No le compete al Congreso dictar instrucciones a las policías o reunirse con ellas a fin de planificar cómo se enfrentan determinadas situaciones de violencia.

Yo lo he dicho hasta el cansancio, por lo menos respecto de la región que represento: una cosa es la legítima protesta -ha habido varias en Antofagasta, con marchas multitudinarias, que han terminado pacíficamente- y otra distinta es lo que ocurre a ciertas horas de la noche, donde uno ve delincuencia pura y dura. Ahí uno les reclama a las autoridades, tanto policiales como políticas, que no ha habido suficiente planificación para abordar estos fenómenos.

En eso claramente el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad en la materia.

Dicho eso, creo que la figura penal que se propone es bastante compleja por la redacción que le dio la Comisión.

Igual valoro el esfuerzo que hicieron los Senadores y las Senadoras que participaron en dicha instancia, así como el de los distintos profesores invitados, quienes aportaron con sus conocimientos.

Pero si uno se detiene a mirar las modificaciones con calma, se da cuenta de que todos los tipos penales propuestos ya se encuentran en el actual Código Penal y en nuestra legislación.

Prueba de ello es que, cuando uno termina de leer el nuevo artículo 268 septies que se propone, advierte que trae una regla particular para resolver lo que se denomina el "concurso ideal de delitos". ¿Qué es esto? Cuando una misma figura puede ser sancionada por dos tipos penales. Nuestro Código Penal, en el artículo 75, da una clara fórmula respecto de cómo se resuelve dicho concurso. Pero en el artículo 268 septies se introduce una regla que, a mi juicio, es un poco extraña y confusa en cuanto a cómo debieran aplicarse las penas.

La sola introducción de ese inciso, a mi juicio, da cuenta de que lo que quiere regular ya está en otros tipos penales; si no, no habría necesidad alguna de señalar expresamente una norma de resolución del concurso ideal.

Al leer con calma y detención el tipo penal que se está pretendiendo consagrar, se observa que es bastante complejo. Yo dudo de que vaya a ser aplicado en algún minuto por algún tribunal. Por ejemplo, se plantea sancionar al que interrumpa completamente la libre circulación de las personas. ¿Qué vamos a entender por "interrumpir completamente la libre circulación de las personas"? ¿Es tomarse una calle, la mitad de una calle, una ciudad completa, un barrio?

He ahí, a mi juicio, un primer problema de contexto respecto de cómo debiera aplicarse el tipo penal.

Claramente se ha dicho: "Mire, aquí no queremos criminalizar o sancionar a las personas que quieren protestar". Pero eso termina sucediendo con el concepto de "intimidación". Según lo que se lee en la RAE y en la jurisprudencia, se entiende que el efecto de intimidar es el miedo que le provoca a una persona una situación que genera un tercero. Y, obviamente, una marcha de por sí puede causar intimidación en una persona que se ve enfrentada a ella, por muy pacífica que sea la manifestación.

Entonces, se requiere precisar los conceptos. Por ejemplo, ¿qué se va a entender por "interrumpir completamente la libre circulación" o por "intimidación"? A mi juicio, tales figuras conllevan problemas para la aplicación del tipo penal propuesto.

En mi opinión, las figuras que se recogen en la iniciativa ya están sancionadas en el Código Penal. Y en esto me remito un poco a lo que dijo el Senador Bianchi en su minuto, quien detalló bastante bien qué otros tipos penales están regulados en esta materia.

En consecuencia, señor Presidente, voy a votar en contra de esta enmienda. Creo que no es la respuesta correcta para recuperar el orden público; más aún, cuando se está introduciendo un tipo penal que, en mi opinión -puedo estar equivocado en esto-, genera enormes complejidades respecto de los actos típicos que se describen o los requisitos copulativos que deben concurrir para poder sancionar la conducta en cuestión.

Asimismo, se incluye en el artículo 268 septies una norma que no tiene que ver con interrumpir la libre circulación, que es lanzar objetos a los vehículos. ¡Esa figura no tiene nada que ver! Una persona que arroja una piedra a un vehículo desde una pasarela va a ser sancionada por este tipo penal.

Termino, señor Presidente, refiriéndome a otra cosa.

A mi juicio, hay una suerte de confusión respecto a cuál es el bien jurídico tutelado al legislar contra este delito. En el proyecto, curiosamente, se incluyen modificaciones al Título Sexto del Código Penal, que tiene que ver con normas que regulan y controlan el orden público. Dicho título básicamente discurre respecto de la protección que se les da a ciertas autoridades para el buen funcionamiento de la administración (por ejemplo, Congreso, Gobierno, Ministerio Público).

Si uno mira con detención las enmiendas, a mi juicio, no tienen que ver tanto con orden público, sino -así han discurrido varios de los discursos de los colegas que me han precedido en el uso de la palabra- más bien con el atentado a las libertades personales, a la libre circulación, que es otro bien jurídico, el cual está tratado en otros títulos del Código Penal.

Entonces, aquí se produce una suerte de confusión respecto de qué queremos efectivamente sancionar y castigar.

De hecho, la modificación se agrega como artículo 268 septies, que va a continuación de las normas que sancionan a quienes atenten contra los fiscales del Ministerio Público o los defensores. No veo la relación entre tales disposiciones y la enmienda que estamos analizando.

Voto en contra, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, a continuación, el Senador Durana.

El señor DURANA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley busca dotar a los organismos encargados de la seguridad pública y a los tribunales de justicia de una herramienta eficaz para investigar y perseguir delitos que tienen relación directa con la alteración violenta del orden público y que limitan la libre circulación de las personas y vehículos, acciones que se han hecho comunes por estos días, como las barricadas, "El que baila pasa" u otras limitaciones a la circulación y los denominados "saqueos".

Se busca tipificar la conducta de los delitos anteriormente mencionados, porque estos se han hecho frecuentes en todas las ciudades de Chile, destruyendo todo a su paso y perjudicando a emprendedores, a comerciantes, a pequeños empresarios -muchos no han podido volver a trabajar con normalidad- y, en especial, a los ciudadanos, por parte de grupos que todos los días interrumpen completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública.

Los chilenos nos exigen acoger las demandas ciudadanas, pero también, con la misma fuerza, la necesidad de devolver la tranquilidad pública al país y dotar a nuestras instituciones de instrumentos eficaces para ello.

Constituye un hecho positivo que el tribunal a cargo de estos procesos tenga efectivos instrumentos al momento de determinar la pena a aplicar a quienes, en la vía pública, lancen a personas o vehículos utensilios u objetos punzocortantes o cualquier elemento capaz de causar la muerte o producir lesiones corporales. ¡Causar la muerte o producir lesiones corporales!

La legislación nacional hasta ahora tampoco consideraba el delito de saqueo. Solo aplica la figura del robo en lugar no habitado, que tiene una connotación totalmente distinta. Considerando el contexto del momento actual que vivimos, el proyecto de ley recoge el saqueo en una figura agravada como delito de robo con violencia, tanto por la connotación de desorden público como, fundamentalmente, por los efectos de desabastecimiento de alimentos o medicamentos que pueda generar en la población.

Ese es el punto más grave, que obviamente altera la vida normal de los ciudadanos.

Todos esos elementos llevan a concluir que estas normas son absolutamente indispensables para que se puedan ejercer las acciones legales pertinentes que restituyan la tranquilidad del país.

Luego nos preocuparemos efectivamente de acoger las demandas sociales de las que tanto hablamos, aunque muchas veces cada uno defiende un punto de interés distinto, que hace imposible lograr los acuerdos que hoy día nos exige la población.

Manifiesto mi aprobación al proyecto de ley.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, considero que este proyecto es innecesario, porque ya existe la figura de desórdenes públicos, que castiga con pena de 61 a 540 días a quien altera el orden, no deja pasar una ambulancia o interrumpe el trabajo de bomberos, por ejemplo.

Esta iniciativa expone a sanción a todo aquel que interrumpa circulación de vehículos o personas. Ejemplos: "El que baila pasa" o, incluso, una performance de "Las Tesis" en alguna vía transitada, como ha ocurrido el último tiempo y, probablemente, continúe más fuerte a partir del 8 de marzo. Quienes participen en tales situaciones pueden llegar a recibir un castigo de hasta 540 días de cárcel.

Aunque el proyecto indica que debe haber violencia o intimidación para que esos ejemplos sean considerados delitos, ya hay jurisprudencia de tribunales en la que se ha estimado que existe intimidación cuando se actúa en grupo. Así de genérico, así de amplio.

Estoy en total desacuerdo en añadir una nueva figura de desórdenes públicos. Creo que deberíamos estar mejorando la redacción del actual delito y agravante, en vez de estar creando un nuevo tipo, que, por lo demás, tienen peor técnica legislativa, lo que redunda en una peor efectividad para combatir ese tipo de situaciones.

La figura patrocinada por el Gobierno considera como saqueo -paso al otro tipo penal- las distintas clases de hurto y de robo que se dan en momento de calamidad o tragedia (un terremoto, por ejemplo) y que se cometen en grupo o amparado en él.

Esos delitos ya están establecidos en la ley, como han dicho varios Senadores y Senadoras en la Sala. La posibilidad de que se castiguen tales delitos o comportamientos de manera más dura ya existe. Un ejemplo lo hallamos a propósito del terremoto de Concepción: las personas que cometieron robo en lugar no habitado tuvieron un aumento en la condena por actuar en ese contexto.

Por esto sostengo que esta iniciativa es innecesaria.

Además de ello, considero que es ineficaz, porque propone reglas excepcionales que solo relativizan normas propias de un derecho penal liberal, característico de un Estado democrático de derecho.

Para graficar lo anterior, tomemos el caso de los sujetos que, luego de efectuar el robo a un supermercado, tiran cosas por la calle y que alguien se las encuentra. La persona que recoge ese objeto y se lo lleva a su casa se expone, con la legislación actual, a ser castigado por hurto por hallazgo con 540 días de prisión. En cambio, esa misma persona, con la nueva ley antisaqueos, podría obtener una sanción máxima de tres años de privación de libertad.

Quisiera manifestar que rechazo y condeno los robos y delitos que se han cometido aprovechando el contexto de la protesta social. Lo he dicho desde el primer día. Una cosa es la manifestación social, donde la gran mayoría de la gente está por un cambio por la vía pacífica, y otra distinta son los grupos minoritarios que se aprovechan de esa manifestación pública para cometer delitos.

Yo presenté un conjunto de indicaciones en dos oportunidades durante la tramitación de esta materia para eliminar la parte del proyecto que criminaliza la protesta social. Propuse que fuera una facultad del juez aumentar en un grado la pena del robo en lugar no habitado en caso de que este se cometiera en momento de conmoción pública.

Creo que esta iniciativa es ineficiente. ¿Por qué lo digo? Porque desde la llegada de la democracia, desde los noventa hasta la fecha, se han aprobado veinte reformas al capítulo de delitos contra la propiedad, lo que solo ha servido para castigar y tener más personas privadas de libertad, en vez de prevenir o reducir la comisión de esta clase de delitos o la inseguridad de la población.

¿No nos deberíamos preocupar más de prevenir que de castigar?

Basta que nos fijemos en el contingente policial que se ha utilizado para prevenir los delitos en el Costanera Center o en el Portal La Dehesa, a raíz de una alarma de protesta social que puede derivar en saqueos o robos, versus la cantidad de policías ubicados en la calle Condell o en el sector de Aníbal Pinto de Valparaíso para proteger al pequeño comercio.

Las injusticias y desigualdades de Chile también existen en materia de seguridad. La dotación de policías es desigual a nivel país. Hemos visto cómo las policías muchas veces han tendido a resguardar más el gran comercio y no el pequeño o mediano.

Yo solidarizo con los locatarios, comerciantes y emprendedores que se han visto dañados. El Gobierno debería apoyarlos con mucha más fuerza en términos económicos.

Por su parte, el Ministerio del Interior y los gobernadores, en conjunto con las policías, deberían diseñar un plan de seguridad integral, escuchando a los vecinos, locatarios, trabajadores y municipios para prevenir y sancionar delitos adecuadamente, usando proporcionalmente la fuerza, con un estricto apego a los derechos humanos, con inteligencia y de manera focalizada en quienes se organizan para cometer delitos y no en la ciudadanía que se manifiesta contra un Chile injusto y desigual.

Sinceramente, creo que esta no es la forma de resolver los problemas complejos de seguridad pública ni pienso que este sea un buen proyecto de ley. Más bien, va en la línea del populismo penal. Y lo único que genera es lo que dijo la hermana Nelly León al papa Francisco en su visita a la cárcel de mujeres hace un par de años: "En Chile se encarcela solo la pobreza". Los delincuentes de cuello y corbata se las arreglan para no pisar la cárcel.

Eso es injusto, señor Presidente.

Voto en contra.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, a continuación, la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente, escuchando con atención el debate que se ha dado en la Sala, en verdad llaman muchísimo la atención los distintos planteamientos. Pareciera que hay dos países distintos.

Acá no es el Gobierno el que se está quejando, como se dijo en un comienzo, sino la ciudadanía, porque es ella la que quiere vivir en paz.

En todos los sondeos y encuestas de opinión la gente ha señalado que desea vivir en paz.

¿Las personas quieren tener mejor pensión? ¡Evidente! ¿Quieren acceder a una mejor salud? ¡Evidente! ¿Quieren que haya mayor calidad en la educación? ¡Evidente! Pero también desean paz; desean desplazarse por nuestro país de manera libre, sin que las intimiden; desean caminar sin que las amenacen; desean trabajar sin miedo a que las saqueen y les roben el esfuerzo de toda su vida.

Entonces, en verdad, llama la atención parte de la argumentación que hemos escuchado durante esta tarde. Y ello, porque, al final del día, la legislación de un país, aquello que sanciona, que promueve tiene que ver con sus intereses.

Al respecto, yo recuerdo lo ocurrido hace años, cuando un par de chicos chilenos rayaron con grafitis un monumento nacional de Perú. ¿Cuál fue el resultado de dicha acción? Cárcel. Y hubo que realizar una serie de gestiones diplomáticas para lograr que ellos volvieran a Chile. ¿Por qué? Porque dicha nación protege su patrimonio cultural.

Qué habría pasado si acá hubiésemos tenido una normativa como esa, después de ver que algunos no solo han rayado, sino que además han quemado y destruido completamente parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Pero eso no es algo que hoy se encuentre expresamente establecido en la ley.

En segundo lugar, deseo plantear con claridad que acá el derecho a manifestarse, a reunirse, a juntarse -si quieren ponerlo de alguna manera- existe y se halla resguardado. Pero los derechos de los demás terminan donde parten los de los otros. Aquí también la gente tiene derecho a desplazarse, a poder trabajar, a contar con la seguridad de que aquello que ha ganado con esfuerzo, honestidad y trabajo no le será arrebatado por un grupo de vándalos que se tapan la cara y usan la violencia para avanzar.

Llama la atención, pues acá no se está hablando de cuando hay una manifestación autorizada, sino de cuando se obstruye el tránsito deliberadamente para los efectos de manifestar una disconformidad que puede ser completamente legítima, pero sin ningún tipo de autorización. Ello, para que no siempre les toque a los mismos no poder trabajar y tener que cerrar las cortinas de sus negocios producto de que las manifestaciones se realicen permanentemente en el mismo lugar.

Ahora bien, esto de defender megaderechos que pasan por sobre los derechos de los otros, es la actitud propia -como lo señaló el Senador Coloma- de un fascismo de Izquierda que a mi juicio hay que combatir. Acá no puede ser que los derechos de unos valgan mucho más que los de otros.

Señor presidente, el orden público es completamente indispensable. No existe democracia posible sin orden público, donde solo valen los derechos de unos pocos que tienen la fuerza y la capacidad de gritar y levantar la voz.

¿Por qué por pensar distinto, por no sumarse a las manifestaciones van a agredir, a insultar a alguien; le van a tratar de imponer una idea por la violencia?

Por último, no quiero dejar pasar lo que de alguna manera ya se ha dicho.

Primero, este proyecto de ley no pretende subsidiar a ningún sector: está planteado justamente para ayudar a la gran mayoría de los chilenos que quiere paz. La mayoría de los ciudadanos quiere orden público, que no haya más barricadas, porque no hay ninguna razón para que, mediante la violencia, le impidan a una persona transitar libremente por las calles. ¡Para eso existe el Estado de derecho! La gente podrá manifestarse, pero sin hacer daño ni obligar al resto a pensar igual.

En cuanto al plebiscito, quiero rescatar lo que dijo la Senadora Von Baer. Hemos escuchado en algunas partes que acá no todos reconocerían los resultados de la misma manera. Creo que ello es inaceptable; es decir, aquí no importa cómo la ciudadanía se pronuncie, sino que todos tenemos que ser capaces de aceptarlo.

Pero también es cierto -y quiero dejarlo planteado- que los niveles de violencia que se están registrando ponen en riesgo la legitimidad de un plebiscito o de un proceso constituyente. Acá no es posible que haya niveles de violencia que coloquen en peligro aquello. Si somos conscientes de que el proceso constituyente, cuyo acuerdo firmamos todos, es lo que debemos llevar adelante, entonces también todos tenemos que cumplir la segunda parte de ese acuerdo, que es por una nueva Constitución y por la paz social.

En verdad, creo que esa segunda parte no se ha cumplido, porque si bien ha habido declaraciones de buenas intenciones, en la práctica estas no se traducen en hechos ni en una voluntad política real de sacar adelante esta materia.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, la primera votación que realizamos en esta Sala fue para cambiar la denominación de esta iniciativa, pues en algo coincidimos: ¡el que tenía era un pésimo nombre!

Pero no solo se trata del nombre: ¡este es un mal proyecto de ley!

Todos hemos dicho que condenamos los saqueos, la violencia, y esta era una oportunidad extraordinaria para centrarnos en aquello: en los saqueos. Pero el saqueo es la última palabra de esta iniciativa, que se halla arrinconada al final de su texto: allí se señala que la consecuencia de tales hechos se entenderá como "saqueo".

Es decir, la posibilidad cierta de tener en el Código Penal una figura respecto del saqueo se ha dilapidado. La Comisión que analizó esta materia no fue capaz de tipificar el delito de saqueo. Y dispuso al final, casi cayéndose del proyecto, en la última parte: "se denominará saqueo".

Este mamarracho de iniciativa, que el Gobierno reniega, es un niño sin paternidad, pues nadie en la Sala reconoce su autoría. El Ministro Blumel dice que no es un proyecto del Gobierno, pero viene a defenderlo. Y expresa que se trata de una buena iniciativa.

Pero, claramente, los problemas de Chile hoy no son sino relativos a una agenda social a la que el Gobierno se niega. El asunto no es penal, policial, militar, sino social, de política pública.

El Ejecutivo parece no entender nada. El 18 de octubre partió este proceso. Y el día anterior, el 17, el Presidente Piñera decía: "Este es un oasis de paz y tranquilidad; un ejemplo en América Latina".

¡No entendía nada el 17 de octubre! ¡No entendió nada el 18 de octubre! Y hoy día, 13 de enero del 2020, ¡Piñera sigue sin entender nada! ¡No sabe lo que pasa en Chile! Y cree que con este proyecto represivo va a poder reponer la APEC, la COP25, todo aquello que tenía en las manos y que se le diluyó.

Señor Presidente, este proyecto es inútil. Se dice que permitirá establecer que no haya detención arbitraria y sin autorización del tránsito de los vehículos y las personas.

El 12 de agosto del 2002, en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, Marinakis paralizó Santiago. ¡Y Lagos lo metió a la cárcel! ¡Todos los dirigentes microbuseros fueron a la cárcel el 2002, hace dieciocho años! Eso estaba prohibido, y existían las herramientas para posibilitar que a quien interrumpiera el tránsito con vehículos o con cualquier cosa lo metieran a la cárcel.

Hace dieciocho años Ricardo Lagos Escobar tuvo los pantalones para realizar aquello. Hubo algunos aspectos que yo critiqué en esa oportunidad, pero lo hizo. No obstante, hoy día se nos dice que necesitamos más herramientas.

Lagos era un Presidente con pantalones: metió a la cárcel a quienes interrumpieron el tránsito. Pero aquí ¿qué ocurre con el Ejecutivo? Negocia: los amenazan los camioneros y corren a negociar el IVA al combustible.

Eso es lo que hace el Gobierno del Presidente Piñera: ¡no tiene ni la voluntad ni los pantalones para enfrenarse a eso!

Por lo tanto, aquí la proporcionalidad de las penas es impresionante. Acá la propiedad privada parece serlo todo para un grupo que yo no llamaría "fascistas de Izquierda", pero que efectivamente defiende la propiedad privada más que la vida. ¡Qué más identidad del fascismo que aquellos que creen que la propiedad privada vale más que la vida; que el agua es de ellos y no de todos los chilenos!

Así lo dije en esta Sala: que los Senadores que tenían derechos de agua debían inhabilitarse; y ahora lo vuelvo a reiterar, porque el agua es parte de la propiedad de todos los chilenos.

A quienes quieran combatir la corrupción los invito a aprobar un proyecto de ley de mi autoría cuyo objeto es hacer que el delito de cohecho sea imprescriptible: o sea, ¡que lo persigamos siempre!

Ahora, señor Presidente, ¿quién quiere acabar con la violencia? Algunos dicen que eso no es tan evidente.

Terminemos con las AFP, con las listas de espera en la salud.

Terminen con el agua en manos de unos pocos privados; con las clases de ética para quienes cometen delitos como en los casos de Penta y Soquimich; con la represión en las calles, que ha costado que más de 370 jóvenes perdieran la vista.

¡Terminen con esa violencia!

La violencia también se halla relacionada con morirse, pues el ser pobre, el que no tiene plata en Chile se muere. En nuestro país quien trabaja cincuenta años recibe una pensión miserable que no le alcanza para llegar a fin de mes.

Violencia es pagar el IVA por el pan y tener un sistema tributario que no les impone impuestos a las transacciones financieras.

Por eso, señor Presidente, los entonces coroneles Coloma y Moreira han dicho que van a aprobar este proyecto.

Pero yo quiero decirles que violencia es violar a mujeres con perros amaestrados; violencia es arrojar a gente en el mar; violencia es encarcelar, torturar, asesinar; violencia es cómo instalaron la Constitución del 80.

¡Esa es violencia!

Y nosotros rechazamos la violencia contra las personas, y queremos que ustedes lo reconozcan.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, a ratos resulta sorprendente escuchar las intervenciones de algunos Senadores de la Oposición, porque llevan esta discusión hacia lados realmente inconcebibles.

¡Qué duda cabe de que la ley en proyecto, en parte, es respuesta a lo que ha ocurrido en Chile en los últimos tres meses! No hay ninguna duda de ello.

De lo que se trata -porque las leyes van evolucionando- es de que ciertas tipologías, determinadas conductas, que resultan contrarias a lo que parece ser la lógica manera de manifestarse, puedan ser modificadas.

En Chile muchas veces en su historia alguien interrumpió el tránsito: ¡es verdad!; en Chile muchas veces alguien tiró piedras: ¡es verdad! Pero nunca se había llegado, probablemente, a los niveles que hemos observado en los últimos noventa días.

Las barricadas empezaron a ser casi normales. En la televisión se empezó a producir una cuestión media ya psicótica, en que se llegó a decir que si a la barricada no le habían prendido fuego, la manifestación era pacífica; pero si ocurría lo contrario se trataba de una protesta violenta.

El apedrear a carabineros y a las propiedades empezó a ser algo casi normalizado; el paralizar el tránsito de la ciudad durante una manifestación también comenzó a verse como algo prácticamente normal para la gente que no entiende cómo se tiene que convivir en sociedad.

Por lo tanto, el que se presentara esta iniciativa de ley, iniciada en moción; el que después fuera patrocinada por el Ejecutivo; el que posteriormente se haya aceptado en la Comisión de Constitución modificar los tipos penales para los efectos de que no hubiese ningún problema legal y que, además, se entendiera que ello no significaba constreñir en ninguna forma las manifestaciones ciudadanas pacíficas, que constituyen un derecho que todos pueden ejercer, hizo que el debate se llevara a tal punto que aquí nos dividimos entre quienes consideramos que la manifestación ciudadana debe tener límites y aquellos que estiman ella puede pasar por encima de cualquier cosa.

A mí me sorprendió mucho escuchar hace algunos minutos a una Senadora decir que "El que baila, pasa" era parte de las manifestaciones normales que podía aceptar la ciudadanía.

Aquello, como lo expresó el Senador Coloma, es entrar a actitudes completamente fascistas que debiéramos extirpar de nuestra convivencia cívica.

La tipología de cada uno de los delitos que aquí se establece (el caso de las barricadas; la interrupción del tránsito, con el requisito de que para cometerlos se utilicen violencia e intimidación; la sustracción de objetos de algún establecimiento, que se denomina "saqueo") forma parte absolutamente ineludible de lo que había que mejorar en nuestra legislación penal para los efectos de que la policía aborde correctamente la pacificación de nuestras ciudades.

No puedo terminar estas palabras sin mencionar también que resulta completamente extraño que algunos parlamentarios digan que el Gobierno solo se preocupa de una agenda que llaman "represiva" y no se ocupe de la verdadera agenda que les importa a los chilenos: la social.

¡Eso es aún más sorprendente de lo que se decía anteriormente!

En estos días llegamos a un acuerdo y votamos una iniciativa que mejora el sistema de pensiones solidarias; en estos días se presentó -e inexplicablemente parte de la Oposición ha retrasado su tratamiento- el proyecto que establece ingreso mínimo garantizado.

Asimismo, se envió y despachamos el proyecto de ley que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, lo que va a incidir notablemente en la reducción del precio de los medicamentos. También hemos presentado y aprobado iniciativas que tienen que ver con la situación que viven las pymes en estos momentos, que les permite postergar parte del pago del IVA y recuperar anticipadamente el PPM.

Esperamos -ojalá esta semana- llegar a un acuerdo en materia de pensiones, en la parte relacionada con las AFP.

Por lo tanto, señor Presidente, acá no se ha descuidado nada. Hemos intentado dar una respuesta al control de la delincuencia y de la violencia en nuestras ciudades, y además el Ejecutivo ha presentado una agenda sólida vinculada con las mejoras sociales, que son las más demandadas por nuestro país.

Si todos entendemos aquello; si todos ponemos nuestra mejor voluntad, seguro que esta crisis terminará en la conformación de un Chile mejor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente, aquí ha habido un esfuerzo permanente tanto en el debate en general como ahora, en la discusión particular en cuanto a hacer creer que esta puede ser una normativa que enfrente manifestaciones, expresiones públicas de la ciudadanía.

¡Nada más ajeno a eso!

Quien se manifiesta o se reúne pacíficamente no tiene absolutamente ninguna vinculación, ni la más remota, con las normas que se establecen en este proyecto de ley.

Las disposiciones de esta iniciativa se relacionan con los que usan la violencia, con los que intimidan, con los que saquean, con los que cruzan camiones en las carreteras o en las calles, con los que golpean a los demás.

¿Eso hace un manifestante? ¡Por supuesto que no!

El manifestante se expresa públicamente (a través de gritos, cánticos, etcétera), pero no usa la violencia, no intimida, no golpea, no agrede, no impide el ejercicio de los derechos de terceros.

Por lo tanto, el primer elemento que debemos tener presente es que aquí hay una línea divisoria extraordinariamente clara entre quien es un manifestante en una protesta y aquel que usa la violencia y la agresión como método de expresión.

No hay duda de que toda sociedad democrática tiene que sancionar drásticamente a quien usa la violencia, porque eso lo aleja de los principios democráticos, de la cotidianeidad o del estilo de vida democrático. Porque el que una persona o un grupo quiera imponer sus ideas por la violencia es la antítesis de la democracia. Y nosotros debemos defenderla.

Por eso el acuerdo del 15 de noviembre era por una nueva Constitución y por la paz social. Porque todos los sectores se dieron cuenta de que la espiral, el estallido de violencia que se estaba produciendo en nuestro país ponía en riesgo la democracia, el Estado de derecho, el sistema democrático de gobierno.

Las manifestaciones, por muy masivas que sean, no ponen en peligro el Estado de derecho ni la democracia. Podrán colocar en jaque a un gobierno o a una autoridad, pero no a la democracia ni al Estado de derecho.

¡La violencia, la destrucción, el vandalismo ponen en riesgo la democracia!

A mi juicio, aquí todos debemos tener la voluntad clara, evidente para respaldar la democracia e impedir que quienes actúan en su contra puedan salir impunes.

Eso es lo que nos lleva a este proyecto de ley, para poder establecer sanciones claras. No es -como dijo un Senador- una defensa solo de la propiedad y de las cosas: ¡también es una defensa de la vida!

El que intimida y violenta a una persona o a un grupo de personas está poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.

¡Estamos defendiendo a quienes quieren ir a su lugar de trabajo sin que nadie los agreda, sin que nadie les impida hacerlo!

¡Queremos proteger a quienes van en una ambulancia y necesitan llegar a un centro asistencial para ser atendidos!

¡Eso es defender a las personas y a su dignidad!

¡Queremos defender a las personas para que no les lleguen piedras, ni elementos contundentes lanzados por los vándalos!

¡Estamos protegiendo a las personas!

Ahora bien, también se ha usado acá mucha argumentación para tratar de justificar el rechazo a esta iniciativa: por ejemplo, decir que quien recoja en una calle algo de un supermercado que fue saqueado puede llegar a tener una pena de tres años de cárcel.

¡Por favor, seamos serios! ¡Hay que leer la norma con estrictez para darse cuenta de que eso es imposible; que ello está fuera de toda lógica, no solo de la letra, sino también del espíritu de la disposición que se propuso!

Y, por lo tanto, quien saquea un lugar -y la disposición lo dice con especial énfasis- es el que, utilizando la violencia, la intimidación, los grupos, destruye y saca todo lo que en determinado momento hay en él. Quien pasa por la calle y ve una caja de alimentos botada y la recoge no tiene ninguna penalidad producto de esta normativa.

Presidente, creo que aquí hay un esfuerzo muy denodado para tratar de justificar el rechazo. Pero quiero decirle que eso no queda claro, no queda nítido. Lo que sí queda nítido y claro es qué hay detrás de esa intención: una justificación a hechos violentos. Hay un respaldo a una actitud de intolerancia, hay un respaldo a una actitud de amedrentar.

La gran mayoría de los chilenos -¡la gran mayoría de los chilenos!- no quiere ser ni violentada, ni amedrentada, ni asustada y está reclamando de sus instituciones respuestas claras y firmes para que quien ocupe la violencia, quien intimide, quien agrede, quien saquee sea sancionado. Y esa es una tarea que nos corresponde a nosotros aquí, en el Senado. Tenemos que tipificar esas acciones con claridad para que el Ministerio Público y los tribunales puedan actuar en consecuencia.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene, por último, la palabra el Senador Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, nada justifica la violencia, venga de donde venga; nada justifica la violación a los derechos humanos. Tenemos que construir una forma de convivencia que se sustente en el respeto al otro, en el respeto a la diversidad. En eso consiste, precisamente, la democracia.

Y, en ese contexto, por cierto, se pueden revisar las leyes y se pueden perfeccionar. Pero, lamentablemente, genera confusión, y a veces también indignación, el nivel de improvisación con el cual el Gobierno ha actuado en esta materia.

Recordemos: un día miércoles en la tarde llegó aprobado, entre gallos y medianoche, por la Cámara de Diputados un proyecto de ley llamado "antisaqueos", y el Gobierno le puso "discusión inmediata" y pretendía que se votara esa misma tarde, ¡esa misma tarde! Se apuntaba con el dedo a todos quienes dijimos algo básico: "Demos un debate técnico y riguroso para revisar el contenido del proyecto". Y la Comisión de Constitución, a mi entender sabiamente, estableció que se iba a votar por separado, en general primero, y después en particular. Y luego tuvo que rehacer completamente el articulado.

La pregunta que tenemos que hacernos es qué es lo que ha cambiado, por qué en la actualidad estamos viviendo una coyuntura tan compleja y el Gobierno, con los mismos instrumentos que han tenido otros gobiernos democráticos, no ha podido, efectivamente, restablecer el control pleno del orden público.

¿Son los instrumentos o es la gestión gubernamental o es el tema de fondo?

Y el tema de fondo es que en Chile el 18 de octubre hubo un estallido social ante un malestar acumulado por mucho tiempo y que el Gobierno no ha estado a la altura para los efectos de dar respuesta a ese estallido social y poder, efectivamente, dar una señal para restablecer el orden público, con los mismos instrumentos de que han dispuesto otros gobiernos.

Por cierto, se pueden discutir los instrumentos, pero aquí hay ciertos principios conceptuales básicos que es necesario preservar.

En el caso del saqueo propiamente tal, obviamente se requiere una norma que evite aquello de lo que hemos sido testigos durante todos estos meses y que, sin duda, genera un enorme daño.

Pero criminalizar la protesta social y transformar en delito las formas en las cuales se manifiestan la sociedad, los gremios, sin duda que no es la señal correcta.

Y voy a dar un ejemplo. Aquí el Gobierno plantea que es necesaria una legislación de emergencia, urgente. Sin embargo, cuando los camioneros cortan la ruta, ¿qué es lo que hace el Ministerio del Interior? Los escolta. Literalmente, los escolta.

El señor OSSANDÓN .-

¡No es así!

El señor ELIZALDE.-

Hay un trato diferenciado respecto de otros tipos de manifestaciones que se realizan a lo largo del país.

Y lamento que el tema de la violencia, del cual todos estamos preocupados, se haya transformado en la excusa de algunos sectores para hoy día oponerse a la Nueva Constitución.

Al respecto, una reflexión muy simple y dos comparaciones.

Primero, ¿hay hoy en Chile más violencia que la que había el 15 de noviembre cuando se suscribió el acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución? La respuesta es categórica: ¡No! No hay más violencia. Sin embargo, había disposición plena a firmar ese acuerdo el 15 de noviembre y hoy día se cuestiona el proceso constituyente. Y hay un Ministro, el Secretario General de la Presidencia, que incluso ha cuestionado el proceso en su conjunto, en declaraciones que son especialmente graves.

Es una mala excusa; yo esperaba una mejor. Cuando se dijo "va a haber un punto de prensa de la bancada del principal partido oficialista anunciando su voto en contra", yo esperaba argumentos contundentes, porque sé de las capacidades intelectuales que tienen los Senadores que representan a esa bancada. Y les quiero decir con mucha honestidad, por su intermedio, señor Presidente, y sin ánimo de ofender, que encontré que la excusa era, por decir lo mínimo, débil.

Y la pregunta de fondo: ¿hay hoy más violencia que la que hubo el año 80? Formalmente, había más orden público, pero se impuso la Constitución con detenidos desaparecidos, con torturados, con exiliados. Esas fueron las condiciones que nadie de los sectores conservadores cuestionó, que hasta el día de hoy no cuestionan para plantear siquiera la legitimidad de la Constitución actual.

Sin embargo, lo plantean hoy día como un tema de fondo para llamar a votar rechazo ante un proceso democrático sin precedentes en nuestra historia y que permite que tengamos por fin una Constitución que nos represente a todos.

En ese contexto, creo que la norma antisaqueos tiene sentido, pero las demás disposiciones que criminalizan la protesta social no van a ser una señal que tienda a pacificar los espíritus. Por el contrario, pueden ser una herramienta que, mal utilizada, termine con sanciones contra las manifestaciones legítimas que van a realizar los ciudadanos cuando están molestos ante una determinada decisión de la autoridad o cuando plantean cualquier demanda que debe ser considerada por el sistema político.

Creo que no es la señal para generar un mejor clima en el país ni para superar la crisis que estamos enfrentando.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Señor Presidente, muy breve. Yo creo que acá se han dado ya la mayoría de los argumentos, pero me parece importante señalar claramente que en esta modificación al Código Penal no se están penalizando -valga la redundancia- las manifestaciones sociales; se está penalizando la delincuencia. Nadie puede argumentar que cuando, vía la violencia, se impide la libre circulación, o cuando se tiran obstáculos u objetos que pueden causar heridas graves, lesiones o, incluso, la muerte, se está en presencia de una manifestación pacífica. Acá lo que se está tratando de hacer es entregarles al Gobierno, que tiene la obligación de llevar adelante el orden público, y al Poder Judicial, que es el encargado de aplicar la ley, las herramientas necesarias para que nuestro Estado de derecho funcione de la mejor manera.

Decir que a través de estos artículos lo que se hace es penalizar las manifestaciones sociales refleja que, de verdad, o no han leído correctamente esta modificación o, simplemente, están a favor de la violencia.

Creo que aprobar proyectos como este es lo que de verdad demuestra quiénes están en contra de la violencia y quiénes muy fácilmente la rechazan de palabra, pero cuando hay que hacer o dictar normas que van a rechazarla de verdad, no las aprueban.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el número 1, que agrega un nuevo artículo 268 septies (24 votos a favor, 14 en contra y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.

Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Letelier, Montes, Navarro y Quinteros.

No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Pérez Varela.

¿Es para un punto de reglamento?

El señor PÉREZ VARELA.-

No, señor Presidente. Deseo proponer cómo continuar la votación.

Tenemos un número 2, que es formal. Podemos aprobarlo sin discusión, para pasar después al número 3, que incorpora los artículos 449 ter y 449 quáter, y ahí volver al debate.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Senador, eso lo vamos a plantear en unos instantes más.

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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Señor Presidente, en este momento ha llegado a la Sala el informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11), con urgencia calificada de "suma".

--Queda para tabla.

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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Pasamos al siguiente numeral, que es adecuatorio, como lo planteaba el Senador Pérez Varela.

La señora PROVOSTE.-

¿Lo aprobamos con la misma votación anterior, Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Ello no es posible, porque no están presentes todos los señores Senadores y señoras Senadoras. Votaremos nominalmente.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En esta tercera votación nos corresponde pronunciarnos sobre el número 2 (se encuentra en la página 7 del boletín comparado), que consiste simplemente en incorporar a continuación de la frase "Párrafo anterior" la expresión "y en el artículo precedente".

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

En votación el número 2.

--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Senador Montes, ¿ha pedido la palabra?

El señor MONTES.-

Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Le hago una sugerencia: si usted va a realizar una intervención de fondo, yo le recomendaría que la dejara para la norma siguiente, que dice relación con la ley antisaqueos, para que podamos despachar este número sin debate.

El señor MONTES.-

Como usted diga, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Gracias.

Senadora Provoste, ¿en la misma línea?

La señora PROVOSTE.-

Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Gracias.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el número 2 (17 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Goic y los señores Araya, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.

Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Letelier, Montes, Navarro y Quinteros.

Se abstuvo la señora Provoste.

No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La siguiente votación corresponde al número 3 (se encuentra en la página 8 del boletín comparado), que agrega los artículos 449 ter y 449 quáter.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Señor Secretario, se había solicitado separarlos. Así fue como se votó en la Comisión de Constitución.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde, entonces, pronunciarse primero sobre el artículo 449 ter.

El señor ARAYA.-

Abra la votación, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Eso vamos a hacer.

En votación el artículo 449 ter.

--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, oigo las intervenciones de distintos Senadores y la verdad es que me preocupan. Parece que se nos olvida lo que estamos viviendo, como que no entendiéramos la profundidad de la crisis.

Y yo estoy convencido de que el Senado tiene que estar a la altura. El Gobierno no está bien; todos lo sabemos, y nos enredamos en un debate parcial y lateral sin asumir el problema que enfrentamos hoy día como sociedad.

Tenemos que asumir la responsabilidad como generación política en esta crisis. ¡No está escrito el desenlace! Y si algunos creen que esto va a bajar y va a cambiar, ¡no está escrito el desenlace! ¡Cuidado!

Yo veo tres aproximaciones de la Derecha (aclarándole a la Senadora que llegó ahora): los que están por una nueva Constitución, por trabajar en ella; los que quieren que gane el rechazo en un proceso constituyente, lo cual es legítimo (la cuestión es que no terminen en voceros de otras cosas); y los sectores de extrema Derecha, que señalan que no están las garantías para darle legitimidad a este proceso. Y dicen: "No puedes hacer una Constitución con una pistola arriba de la mesa. No será una casa de todos, sino de los que tienen pistola".

Estas frases son de la Senadora Jacqueline van Rysselberghe al terminar su discurso en el encuentro de la UDI de estos días.

¡Esto exacerba las rabias! ¡Esto polariza! ¡Esto genera violencia! Y creo que hay un sector de extrema Derecha en este país que está en esa perspectiva.

A mi juicio, hay que recentrar el debate. El debate real es cómo fortalecemos el orden público y qué hace cada uno para fortalecerlo.

El Gobierno inicialmente nos planteó un escenario de guerra, con más represión, con balines, con más chilenos lesionados, mutilados, con presencia de Fuerzas Armadas en las calles, con toque de queda. Hay que fortalecer el orden público, porque ese camino no funciona y se requiere un camino inteligente, eficaz para las condiciones que se viven y que respete los derechos humanos. El responsable de esto es el Gobierno y las policías, eso es indiscutible.

Y yo le digo al Ministro del Interior acá: ¿cuál es el diagnóstico del Gobierno de los problemas del orden público? ¿Cuál es el plan de fortalecimiento del orden público que tiene el Gobierno? ¿Cuál es la organización que se está pensando para ello?

Sería muy importante que nos lo clarificaran.

Vemos dos líneas de acción. Una es legislativa, señala dificultades y busca endosar responsabilidades a otros, y la verdad es que hay un conjunto de proyectos que no dan cuenta del problema ni son respuestas.

Yo les quiero decir una cosa: ¡el modelo europeo de la época de las Brigadas Rojas no sirve! Y aquí estamos repitiendo cuestiones exactas a las que se plantearon en Italia en su momento.

Hoy día, ¿qué se discute en el mundo? Se discute cómo se convive de otra manera en las ciudades y se buscan diseños de convivencia. ¡Nosotros estamos muy atrasados!

Se discute de la policía. ¿Qué dijeron los alemanes que vinieron a hablar con el Ministro del Interior? Le dijeron: "En Alemania hay que pensar la policía en democracia". "¡Aquí no hay enemigos!", afirmaron, ¡no hay enemigos! ¿Y qué nos dicen los franceses, que también han estado acá? ¡Lo mismo!

Necesitamos, por un lado, normalizar la eficiencia de la policía, que está baja, y, por otro lado, hacer una transformación mucho más profunda, de acuerdo a la trayectoria histórica.

¿Y cuál es la otra línea del Gobierno? El fin de semana hablaba el Ministro de un nuevo modelo de control del orden público, así lo señaló. ¿Qué significa? ¡No sabemos! Decía: "Más logística, nuevas tecnologías, drones, cámaras de vigilancia. Otros disuasivos: acústicos, tinta, gas pimienta".

La verdad es que no sabemos cuál es el plan, cuál es la perspectiva del orden público en Santiago y en todas partes.

Creo que el Congreso debiera conocer esto.

Y nosotros tenemos que pedirle dignidad a la política, y lo menos es exigirle al Gobierno que nos diga cuál es su plan, para dialogar respecto a ese plan y no meternos en una discusión de que los buenos están aquí y los malos allá, respecto a distintas alzas o no de penas, aumento o no de penas, agravantes o no agravantes.

Yo creo que el Parlamento debe asumir y aportar a un plan consistente de fortalecer el orden público. No es razonable que nos presenten proyectos débiles, inconexos y que no aportan nada. El Parlamento debe replantear la relación con el Ejecutivo en estas materias. Mientras el Parlamento no se fortalezca, difícilmente vamos a salir mejor.

¡Las cosas no están bien, estimados colegas! Y yo lamento que la extrema Derecha acá no tenga la profundidad para darse cuenta de lo que estamos viviendo.

Y vamos a terminar mal. Aquí lo que se está sembrando es un futuro complejo. A nivel urbano van a generarse fenómenos que no hemos previsto, distintos a los de otras épocas. Tenemos que enfrentar los temas constitucionales. El camino que acordaron los jefes de partidos hay que llevarlo adelante, el camino constitucional, con toda la diversidad de posiciones, y no descalificarlo a priori.

Yo también encuentro que el Ministro Secretario General de la Presidencia se pasó. En verdad, no fue correcto lo que dijo. Él induce a pensar mal las cosas.

Debemos preocuparnos de un camino de orden público; de un proceso de discusión de una nueva Constitución; de reformas sociales en serio, y del respeto a los derechos humanos.

Creo que en eso podemos tener una base de entendimiento.

Y yo lamento el lenguaje de Jacqueline van Rysselberghe, a lo que nos lleva, a hablar de las pistolas. Solamente quiero decirle que para el plebiscito del 80 a nosotros no nos amenazaban con pistolas: ¡a nosotros nos detenían, nos torturaban! ¡No podíamos opinar siquiera: el que opinaba tenía un alto riesgo de vida!

En verdad, pienso que ella está mal. Ella está desubicada. Y lo único que hace es exacerbar conductas inadecuadas.

Tenemos que discutir a fondo, con el Gobierno y entre nosotros, cómo fortalecer el sistema de orden público, junto con realizar las transformaciones de fondo y generar una nueva Constitución para una nueva convivencia en este país.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

No hay más inscritos.

Cerrado el debate.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 449 ter, contenido en el número 3 del artículo único del proyecto (20 votos a favor, 9 en contra y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Provoste y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pugh y Sandoval.

Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Montes, Navarro y Quinteros.

No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Pasamos al siguiente artículo.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Corresponde someter a votación el artículo 449 quáter.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Senador Pérez Varela, tiene la palabra.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente, es extraordinariamente complejo cuando alguien señala que lo que dice otro le genera un rechazo tan visceral como lo que ha planteado el Senador Montes.

Lo que ha hecho la Senadora Van Rysselberghe es reclamar que debemos tener paz, tranquilidad, orden público, para que en el proceso constituyente realmente puedan participar todos, y que los violentos sean los que verdaderamente no tengan una participación en el sistema.

Descalificar cualquier posición porque va en ese sentido me parece de una profunda intolerancia.

Al Senador Montes puede que no le guste la declaración, pero descalificarla de la manera en que lo hace demuestra que estamos frente a una actitud de intolerancia, de no aceptar que alguien piense distinto. Cuando alguien ve que se impide a alumnos rendir la Prueba de Selección Universitaria, que se atacan comisarías y carreteras, que hay violencia, y ante ello plantea que si esa violencia persiste se va a generar un problema, creo que está dando un juicio político de valor correcto. Porque, en definitiva, lo que quieren la Senadora Van Rysselberghe y la UDI es que esto se desarrolle en paz, tranquilidad y tolerancia, y no que porque se manifiesta determinada opinión, determinada conclusión, la persona respectiva va a ser funada, atacada o no podrá caminar por la calle.

Eso es lo que está en la decisión de la UDI en esta materia.

Lo que queremos es que esa violencia no esté encima de la mesa, que podamos enfrentarla de verdad. Pero cuando uno escucha argumento tras argumento para no enfrentar la violencia, para no condenarla con la energía que se merece, uno pone en tela de juicio los verdaderos propósitos de varios.

Por eso, lo primero que tiene que pasar, particularmente en este Senado, es dejar de ser intolerantes y comprender y poder acercarse a los argumentos del otro.

¡Podrán no gustarme! A nosotros muchas veces no nos gustan los argumentos que ustedes expresan, pero jamás diríamos que son inaceptables, jamás diríamos que se encuentran en una situación de extremismo y que se alejan de la democracia.

Fueron dirigentes del Partido Socialista los que señalaron que estaba en riesgo el Estado de derecho. Fueron los primeros, entre los grupos políticos, que lo manifestaron públicamente. Y me parece que esa es una línea correcta de argumentación, porque nos pone frente a la realidad, que no son las manifestaciones. El Estado de derecho, la democracia no se quiebran por manifestaciones públicas, sino por la violencia, por la intolerancia, por el vandalismo. ¡Eso es lo que pone en riesgo la democracia!

Pero no se puede condenar la expresión de un discurso político que busca que a todos los chilenos se les garantice que la tranquilidad estará presente, no solo en todo el proceso, sino también el día de la votación, y que no porque una persona vaya a votar de una manera se le fune, se le golpee, se le apedree. Creo que eso es algo que no debe ser rechazado de la manera en que el Senador Montes lo ha hecho respecto de las expresiones de la Senadora Van Rysselberghe.

Yendo a este artículo, creo que también es absolutamente claro y tiene coherencia con lo que planteábamos en la disposición anterior: nadie -¡nadie!- que se manifieste públicamente será sancionado por este artículo. Solo van a ser sancionados los que, aprovechándose de la calamidad pública o la alteración del orden público, se actúe en grupo o individualmente, ocupen esa situación para generar robo, para generar violencia.

Eso, a mi juicio, es fundamental, porque cuando se está en un momento de tensión, de manifestaciones, y se ocupa eso para saquear, pegarle, amedrentar a personas, creo que implica necesariamente una agravante.

Y eso es lo que establece este artículo.

Ningún manifestante será sancionado. No veo a nadie acusando a un manifestante producto de esta norma. No veo a ningún fiscal imputando a alguien por esta norma. No veo a ningún juez sancionando o formalizando a alguien a raíz de esta norma.

Por lo tanto, nuevamente hay una separación nítida y clara entre la manifestación y la violencia y la actitud de robar y destruir, que es lo que este artículo contempla.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Hago presente que el Orden del Día concluye a las 19:30. Resta por votar este artículo, además de otro de carácter adecuatorio. Entonces, les pido consideración en cuanto a los tiempos.

Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, lamento no haber participado plenamente en el debate, pero estábamos en la Comisión que discute la paridad de género para el proceso constituyente, que también es tremendamente importante.

En primer término, si bien se le hicieron mejoras a este proyecto, en verdad partió mal.

Se trata de una iniciativa que combinó dos temas diferentes.

Estamos ante algo bien dramático. Porque evidentemente nos provoca rechazo el saqueo, que ha afectado a muchos, y sobre todo a pequeños comerciantes. Obviamente, se requieren penas mayores, que agraven las sanciones a estos delincuentes. Pero esto no lo deberíamos haber mezclado, como ocurrió en un principio, con otras normas que están buscando de alguna manera criminalizar un movimiento social, a personas que se han manifestado muy masivamente protestando contra la enorme injusticia existente en nuestro país.

Y no se trata solo de inequidades, sino de abusos, de soberbia. Los calificativos sobran para explicar lo que a la gente le toca vivir.

Eso es lo que ha provocado esta situación de tanta indignación.

Yo comprendo, al escuchar al Senador Montes, la angustia que nos produce ver que pareciera que este Gobierno no ha entendido desde el comienzo hasta el final lo que exactamente ha estado ocurriendo a partir del 18 de octubre.

Y no lo ha entendido porque su lenguaje desde el inicio fue el lenguaje de la guerra, de la intervención foránea, que no logra entender lo que realmente nos estamos jugando.

Y lo que nosotros queremos es que haya un camino como el que se abrió con el acuerdo que se alcanzó con participación de prácticamente todas las bancadas, porque ese es un camino institucional que nos permitirá canalizar y lograr que la gente participe en un proceso tan democrático como sería tener una nueva Constitución originada en democracia. Y ese es el camino que queremos y estamos llamados a seguir.

Pero es lamentable ver que ya surgieron los discursos del terror, del miedo, del "Chilezuela" que nos tocó vivir en la campaña presidencial, y que evidentemente tuvo efecto. Pero ustedes saben perfectamente, en las bancadas de enfrente, en las bancadas oficialistas, que han iniciado este discurso del miedo.

Es más, ahora vienen a decir que les preocupa que no haya un ambiente de seguridad, que no haya un ambiente de orden. No tuvieron ningún inconveniente el año 80 en apoyar un plebiscito fraudulento y mucho menos una Constitución impuesta en plena dictadura, con desaparecidos, con ejecutados, con detenidos, con las peores y más graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país. En ese momento no levantaron la voz, por supuesto; pero ahora sí.

Me parece muy bien la carta que mandó el reconocido profesor Agustín Squella , en que hace ese pequeño recordatorio. No son necesariamente sus palabras textuales, pero hace exactamente ese recordatorio.

Ahí no hubo ninguna preocupación. Hoy sí la tienen.

Sí queremos decir que nos preocupa y es necesario que un gobierno sea capaz de mantener el orden público. Pero si hay algo que no ha demostrado este Gobierno es esa capacidad. Y, lamentablemente, hemos visto algunos hechos de violencia, que condenamos completamente. Nadie de nosotros en esta Sala va a estar por el saqueo, y ninguno de nosotros lo justifica.

Y yo lo tengo que decir personalmente, porque represento a la Región de Valparaíso, donde hemos sufrido el saqueo de pequeños comerciantes, que son los más afectados. Hemos constatado la incapacidad desde el gobierno regional para mantener el orden público. Hemos visto muchas veces que se están manifestando en la calle, pero al mismo tiempo, una cuadra más allá, hay un saqueo, y los carabineros van contra los manifestantes y no contra los saqueadores. Es algo que ha quedado grabado en videos.

Eso es lo que duele, porque no ha habido ninguna efectividad. Desde el gobierno regional ha existido la más completa ineptitud. Y nos duele porque esto ha afectado tremendamente a una región que ya venía con problemas. Y quiero decir más: ha disminuido el turismo. Cada vez tenemos menos cifras positivas.

Todo eso responde a la enorme incapacidad que ha tenido el gobierno nacional, y para qué decir este gobierno regional.

Y por eso señalamos con claridad que nosotros vamos a apoyar el agravar las penas para el saqueo, porque no estamos dispuestos a aceptar que esos hechos ocurran, porque lo único que están consiguiendo es perjudicar a los más pequeños y a los medianos, y no hay ninguna justificación para aquello.

Pero nos hemos opuesto a otras normas porque no solo no queremos criminalizar, sino que creemos que aquí se mezclaron cosas. Es más, se está tratando de proyectar que se dictan cosas nuevas que ya están incluso sancionadas. Y por eso no tiene justificación.

Digo con toda claridad que vamos a aprobar la norma antisaqueo. Pero me parece lamentable que se use el lenguaje que se ha utilizado. Lo he dicho y criticado de este Gobierno, especialmente de su Presidente, que desde el primer día no entendió y ha usado el lenguaje de la guerra, un lenguaje que es muy inapropiado para contener situaciones como las que estamos viviendo.

Y tampoco han entendido que nada de esto generará una mayor contención si la ciudadanía ni siquiera siente que hemos avanzado en esa agenda social. ¿O creen que la ciudadanía, después de casi tres meses, ha visto que hemos cambiado las pensiones? ¿Ha visto que existe realmente un avance en otros temas? ¡Por supuesto que no! Sí se ha progresado en las pensiones solidarias, materia en la que el Gobierno había propuesto un aumento de 10 por ciento y en que gracias a la presión de la calle se logró un incremento de 50 por ciento en forma gradual.

Para no extenderme, termino diciendo que vamos a votar a favor del artículo antisaqueos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, tengo en mis manos el informe de la Comisión de Seguridad Pública y constato que solo dos personas ajenas a este Parlamento asistieron a la Comisión para la construcción de lo que el Gobierno llama "una importantísima ley para combatir la violencia". ¡Nadie! No se consultó a la Corte Suprema, no participó Carabineros, no asistió la PDI, no participó la sociedad civil. Solo concurrieron don Gonzalo Blumel, Ministro del Interior, y el abogado penalista de la Universidad de Chile señor Jean Pierre Matus.

Es decir, a la construcción de esta ley que va combatir la violencia, que va a terminar con los problemas del Gobierno, porque a este solo le interesa terminar con la violencia que hace caer en las encuestas al Presidente Piñera -el peor Presidente de la historia de Chile, con diez puntos-, ¡no invitan a nadie!, ¡la construyen solos! No se invitó a nadie.

Y, ¡por favor!, ¿nos piden seriedad? ¿Nos piden rigurosidad? ¿Y hacen la ley solos? ¿Creen poseer la verdad?

¡Nadie en este Senado tiene la verdad! ¡Nos hemos equivocado todos! Lo dije el primer día: no hemos leído lo que está pasando; no hemos entendido el mensaje de la ciudadanía. El Gobierno, la Oposición no lo hemos comprendido hasta la fecha. Y aquí estamos enfrascados en un debate cuando lo que está pidiendo la ciudadanía es solución a sus problemas sin egoísmos, sin mezquindad, sin poner por delante los intereses personales.

Votamos el proyecto de reforma sobre el agua ¡y la Derecha lo rechaza!

Decimos que vamos a ir a un plebiscito por la Nueva Constitución. Cuando la inmensa mayoría de Chile quiere una nueva Constitución, Allamand nos amenaza -extraño en Andrés Allamand- con que vamos a vivir lo mismo que el 72 y el 73, y casi parecido a lo del 88 y del 89.

Yo viví lo del 88 y del 89, y esto no es nada parecido. ¡Y mucho menos con lo del 72 y del 73! Pero se quiere instalar el discurso de que porque hay violencia, entonces no hay nueva Constitución, como si la Constitución del 80 garantizara per se que no va a existir violencia, ¡cuando es la causa fundamental de la violencia en Chile: una Constitución que no representa a todos los chilenos, impuesta a sangre y fuego!

Me interesaba discutir los tipos penales del saqueo. Los experimentamos el 2010 en la Región del Biobío, y la Senadora Van Rysselberghe lo sabe. La gente saqueó, algunos por necesidad, otros por el mero robo, cuando efectivamente no existía comunicación con Santiago y se había producido el quinto terremoto más grande del mundo, en la Región del Biobío, son tsunami incluido.

Por tanto, teníamos que abordar la figura del saqueo. Pero no, se ha privilegiado el debate sobre la violencia. Y todos hemos incurrido en aquello.

Y cuando debíamos construir el tipo penal del saqueo, no le preguntamos a la Corte Suprema; no les consultamos a los fiscales que están investigando los saqueos. ¡Hay más de tres mil personas detenidas! Pregúntenles a los fiscales qué figura necesitan para meter a los malos a la cárcel, para meter a los que sí saquearon y no a los que agarraron los pacos porque iban pasando. Porque hay que ver el tema de la prueba, del debido proceso. Muchos de ellos no saquearon. ¿O hay alguna confianza en la institución de Carabineros en cuanto a que detienen al que cometió el delito? ¿Existe alguna confianza en aquello? ¿Se ha ganado Carabineros la confianza en el sentido de que cuando presenta a los detenidos ante los fiscales ellos sean, efectivamente, los que saquearon, los que cometieron el delito? ¡No hay confianza! ¡Porque ha habido fraude; porque ha habido montaje; porque Carabineros ha perdido prestigio!

Y esto último es malo para todos.

Por tanto, esta era la oportunidad de establecer la figura del saqueo preguntándoles a las fiscales y a los fiscales que están a cargo de meter a la cárcel a los saqueadores. ¡Porque hay que meterlos a la cárcel! Hemos denunciado el saqueo, hemos denunciado la violencia, particularmente contra los pequeños comerciantes en Coronel, en Concepción, en Valparaíso y en muchos lugares de Chile.

¡Y perdimos esta posibilidad! Decidimos legislar solitos, metiéndonos en la burbuja del Congreso, en esta disputa de que el que es más violento puede ganar posiciones y el que es menos violento puede ganar una nueva Constitución. Es un dilema inexistente en el inconsciente colectivo nacional.

Hemos perdido una gran oportunidad. Este tipo penal de saqueo, sin consulta a los especialistas, particularmente a las fiscales y a los fiscales, y menos a la Corte Suprema -en la modificación del Código Penal-, es absolutamente insuficiente, de mal calibre y pésimamente implementado.

Voto en contra, señor Presidente.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Castro.

El señor CASTRO.-

Señor Presidente, la verdad es que he escuchado varias intervenciones, y me toca meditar y pienso: ¿Qué está pasando con nosotros, como Senadores? ¿Qué queremos del país que tenemos? ¿Estamos trabajando para nuestro querido Chile? ¿Estamos haciendo las cosas bien, me pregunto?

Y resulta que hoy día veo que este pequeño proyecto, que no me cabe ninguna duda de que le serviría a mucha gente, se cuestiona. Y se cuestiona sabiendo que en nuestro país no tenemos actualmente Estado de derecho. No se puede caminar libremente por las calles. Vemos que siguen los saqueos, los destrozos. Se critica al Gobierno.

Yo les digo a los amigos de enfrente: el Gobierno es pasajero. Al actual le están quedando dos años y después puede venir uno de Izquierda, que también necesita Estado de derecho, paz social.

Creo que nosotros debemos ser capaces de entender los momentos que estamos viviendo. Este no es un proyecto que solamente se lo vamos a hacer notar al Presidente. ¡Va a quedar para el futuro!

Creo que aquí nosotros debemos entender que el país que tenemos lo debemos querer. Y lo debemos querer, obviamente, como Senadores, trabajando para entregar esa paz social que tanto hoy día necesitamos.

Y también debemos entender lo siguiente.

Carabineros de Chile, esa tremenda institución que tenemos, la verdad es que hoy día se ve sobrepasada. Nadie la respeta. Y pienso que nosotros debemos ver cómo somos capaces de recuperar la confianza en Carabineros, de que la ciudadanía entienda que Carabineros es un pilar fundamental para el desarrollo de la paz social.

Hoy día, nosotros nos estamos negando, en esta Corporación, a cooperar, a ayudar, como Senadores, que es nuestra responsabilidad, a cuidar, a querer a este país.

Por eso, los invito a que todo proyecto que venga para restablecer el Estado de derecho, la paz social, lo apoyemos con cariño y con respeto por todas las personas que nos tienen sentados en este lugar.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, yo quiero pedir que le demos dignidad a la política. Creo que, claramente, no es franco el Senador Víctor Pérez cuando distorsiona la argumentación que se planteó aquí mismo, hace pocos minutos.

Nosotros rechazamos la violencia, rechazamos el vandalismo, pero creemos que hay que asumir algo en serio frente a esta realidad, y no pretender sacar pequeñas ventajas, de enrostrarles a otros cosas que no tienen que ver con los argumentos reales.

Usted sabe que estamos en contra de eso. Lo sabe perfectamente.

Yo estoy claro que está en riesgo la profundización del deterioro de la democracia. Esto no está ocurriendo solo en Chile. Son decenas de países los que están pasando por lo mismo. Por lo menos una decena y media. Y esto tiene que ver con el tipo de sociedad, con la desigualdad que se observa; este riesgo tiene que ver, también, con sectores extremos, de los dos lados, que tienden a exacerbar, polarizar y llevar las cosas a un punto que puede terminar mal.

Yo creo que hay una incomprensión de lo que está ocurriendo.

A mi juicio, el 15 de noviembre hubo un gesto republicano, profundo, maduro. Se dijo: aquí tenemos que abrir un camino democrático hacia una nueva Constitución -los que quieren eso, y otros, otra cosa-, y tenemos que hacer reformas de fondo, significativas. Pero se produce un retroceso, un viraje, un lenguaje de la UDI que polariza; aunque no lo quieran creer, polariza y genera bronca y rabia en distintos sectores. Y ese lenguaje igualmente genera violencia.

Lo que se dijo de Jacqueline van Rysselberghe no lo afirmé yo. Leí lo que ella señaló en la reunión de su partido. Expresó: "No están las garantías para darle legitimidad a este proceso, por hechos de violencia en el país. Tú no puedes hacer una nueva Constitución con una pistola arriba de la mesa". "No será una casa de todos, sino de los que tienen pistola".

La verdad es que esa es una manera de polarizar, de generar situaciones. Y fue bien ovacionada, según lo que a mí me contaron.

Creo -y es lo que pido- que hay que reponer el tema central, que no es otro que cómo fortalecer el orden público en el marco nacional para poder llevar adelante bien el proceso constituyente y la consecuente reforma. Pero eso es tarea de todos.

Pienso que ahí el Gobierno está al debe. Y podría haber mencionado nuestras tareas porque incluso las tenía escritas dentro de los desafíos de la Oposición. Porque la Oposición también tiene desafíos en esta materia. No es solo ser el coro del Gobierno, sino ayudar realmente a enfrentar con seriedad los problemas. Porque tenemos problemas, estamos en riesgo. O sea, no está asegurado lo que va a ocurrir. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y nos dimos un tiempo de casi dos años para esto. Mantengamos el espíritu del 15 de noviembre y creo que puede salir algo muy potente para el país.

Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Vamos a prorrogar el Orden del Día por quince minutos para que todos puedan hacer uso de la palabra.

Queda solo un artículo más, que es adecuatorio.

Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, este ha sido un debate muy intenso, pero que ha ido mucho más allá del proyecto que hoy día estamos viendo. Sin embargo, considero importante que quede en Acta lo siguiente.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero indicarle al Senador Montes que él habla de dignidad, pero dignidad no es maltratar a una mujer. Lo señalo porque las formas de decir las cosas a veces constituyen un claro maltrato. Si alguno de nosotros se hubiese expresado de la misma manera en que lo hizo el Senador Montes contra una Senadora de su colectividad o de la Oposición, se hubiese armado un escándalo tremendamente grande. Pero, cuando se trata de la Derecha, hay que pegarle duro y en el suelo.

Se ha afirmado que este proyecto es inútil; se acusa al Gobierno por este proyecto y resulta que él fue presentado mayoritariamente por Diputados de la Democracia Cristiana.

Algunos hablan a favor y votan en contra.

Otros traen a la discusión a Pinochet, la Constitución del 80, ¡pero eso ya es pasado! Y creo que no se puede ejemplificar el presente con lo que pasó hace más de cuarenta años. Son momentos distintos.

Yo no le tengo miedo a la democracia, porque me he sometido a sus reglas desde el año 89 en adelante. ¡Tengo mis pecados y lo he reconocido! Pero eso no significa que no tenga derecho a pensar distinto y a votar distinto por convicción. Y eso es lo que ustedes están impidiendo, con un grado de conducta totalitaria al tratar de imponer lo que ustedes piensan por sobre lo que nosotros creemos.

Y que quede absolutamente claro: cuando se habla de que no existen las condiciones de orden público para el plebiscito, se está apuntando al contexto -entendámoslo- de que vuelva la misma violencia del 18 o 19 de octubre. Pero, para que eso no suceda y el plebiscito se lleve a cabo de la manera más correcta posible, como siempre ha ocurrido en nuestro país, lo importante es que aprobemos leyes como esta.

Creo que la mayor demostración de totalitarismo es la forma en que se expresa y se expresó recién el señor Montes : con un grado de matonaje, con la mano. ¡Qué le importa lo que hable el otro! Eso es totalitario. Es una falta de respeto. Es no tener dignidad.

Usted, Senador Montes -por su intermedio, señor Presidente-, es viejo en política, y creo que su conducta dejó de ser la de la persona que uno siempre respetaba en el pasado.

Señor Presidente...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Senador, por favor, le pido...

El señor MOREIRA.-

Está bien.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Le pido que se dirija a la Mesa...

El señor MOREIRA.-

¡Me estoy dirigiendo a través de la Mesa!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Y le pido que mantengamos el debate...

El señor MOREIRA.-

No porque él sea más viejo que nosotros, o sea una persona que tenga más experiencia en algunas cosas, tiene derecho a atacar en la forma en que lo ha hecho. Porque, cuando no hay argumentos, hay excusas.

Ahora estamos viendo un proyecto de ley. Si no les gusta, voten en contra; si les parece bien, voten a favor. Es un derecho que tenemos.

Y quienes polarizan al país no somos nosotros. Los que polarizan al país son los que están preocupados de no perder la violencia en la calle. Eso es verdad. En privado le dicen a uno: "¿Cómo contenemos la violencia en las calles? Hay que actuar. El Gobierno debe actuar". Y cuando el Gobierno actúa, acusan constitucionalmente a los Ministros, que es lo único que quieren.

Miren, si este país está polarizado, es responsabilidad de la Izquierda. Y cuando uno ve el matonaje, los manotazos, el descalificar al otro, especialmente a las mujeres -porque tienen una obsesión y un complejo con las mujeres-, tenemos aún más la convicción de que nosotros estamos defendiendo lo correcto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, me sumo a lo manifestado por el Senador Montes en cuanto a que hay algunos actores, incluso en el Hemiciclo, que no entienden lo que pasa en nuestro país.

El Presidente Piñera fue el que habló de "guerra". Algunos Ministros decían "Esto no va a prender", o "Esto es un tema menor". Algunos Ministros, o ex Ministros, exacerbaron las molestias con su actitud. Uno que aún lo es en el área de la salud genera, con ciertas afirmaciones -quizás algunos en este recinto no se dan cuenta-, situaciones que agravian. Y nos preocupa el nivel de violencia que se observa en la sociedad.

Nosotros compartimos esta normativa, que tipifica y precisa el tipo penal de los saqueos; pero nos preocupa más que algunos colegas no entiendan lo que está en juego. La violencia está instalada en nuestra sociedad. Algunos no entendemos -y qué bueno que esté acá el Ministro del Interior- cómo se dejó que ocurriera lo que ocurrió con la PSU, lo cual jugó como anillo al dedo para el libreto y el discurso que enarboló la Presidenta de la UDI en su actividad del fin de semana. Quieren dar a entender que la violencia es la que no va a permitir que se lleve a cabo un proceso constituyente legítimo.

¡Es muy preocupante!

Yo entiendo que la UDI quiera defender el modelo económico; está en todo su derecho. Algunos tenemos la interpretación de que la violación de los derechos humanos que hubo en nuestro país fue la condición que permitió realizar las siete modernizaciones de la dictadura, plasmadas después en el orden político y económico de la Constitución. Esa es nuestra lectura. Entendemos que otros tengan una distinta, también legítima. Pero lo importante es que seamos capaces de mantener un clima adecuado en el país para que el proceso constituyente pueda desarrollarse en paz para que las chilenas y los chilenos se pronuncien.

Decir que unos están a favor de la violencia parece un mal consejero, señor Presidente. Algunos estamos seriamente preocupados de lo que está pasando en las democracias, no solo en la de nuestro país, sino en la de muchos otros. Y vemos que ciertas actitudes, a nuestro juicio, no las ayudan en nada.

Yo no quiero encontrarles la razón a ciertos jóvenes y me duele escucharlos cuando dicen: "Si no hubiese sido por el estallido de octubre y el nivel de violencia que hubo, la Derecha jamás habría aceptado el acuerdo de llevar adelante un proceso constituyente".

¡Qué dramático! ¡Qué dramático! Nos preocupa.

Nosotros queremos buscar cauces institucionales, señor Presidente, para generar un proceso constituyente legítimo, participativo. Nos gustaría que las bancas de enfrente colaboraran con ese proceso, independiente de que hoy haya algunos que antes afirmaban que querían una nueva Constitución y que luego se replegaron para decir que hoy no la quieren. Cambiar de opinión es parte de la democracia, sin duda; pero cuestionar las condiciones para la legitimidad de ese proceso nos preocupa.

Nosotros, señor Presidente, vamos a apoyar esta normativa antisaqueo, porque creemos que existe un vacío en la tipificación de esta clase de comportamiento. No compartimos otra parte del proceso, porque sentimos que constituye un accionar que en nada ayuda. Es más, algunos de nosotros sentimos que es como echarle bencina al fuego, sentimos que es una interpretación errónea de lo que estamos viviendo. ¡No ayuda!

Por lo mismo, creo que el colega que me antecedió en el uso de la palabra a veces se excede en sus juicios pensando que esto es un ataque a las personas. Hubo una crítica política a la Presidenta de la UDI, algo legítimo en este espacio. No tiene que ver con que sea mujer: es por el rol que cumple esa persona. Y la crítica política se tiene que poder hacer, al menos aquí, en el Senado, abiertamente y de frente, ante algo que consideramos que no es bueno para los procesos democráticos y, en particular, el proceso constituyente que estamos viviendo.

En eso la bancada socialista respalda plenamente lo que ha señalado el Senador Montes.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 449 quáter (25 votos a favor, 5 en contra y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic y Von Baer y los señores Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.

Votaron por la negativa la señora Provoste y los señores Bianchi, Guillier, Latorre y Navarro.

No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora Muñoz.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El último número del artículo único es el 4 (página 11 del comparado), que agrega un inciso final, nuevo, al artículo 450, referido al de los delitos que se sancionan, estableciendo un adelantamiento de la punibilidad.

iter criminis

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión.

Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor KAST.-

¿Va a abrir la votación, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Sí, se abre la votación.

--(Durante la votación).

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, la verdad es que llaman la atención ciertas afirmaciones que se han realizado en la Sala el día de hoy y respecto de las cuales resulta necesario efectuar algunas precisiones.

En primer lugar, quiero señalar que me siento interpretado en un cien por ciento por lo que ha expresado el Senador Montes. Y, por su intermedio, señor Presidente, quiero aclararle al Senador Moreira que lo que hizo mi colega de bancada fue una crítica política, cuando lo que se requiere en Chile es una actitud distinta para enfrentar un cuadro de cuestionamiento del sistema político y una brecha entre la ciudadanía y las instituciones representativas.

Y la forma de resolver esa brecha es, precisamente, que el sistema político se haga cargo de las demandas ciudadanas (en materia social -está pendiente- y también en materia política), a través de un plebiscito donde la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución y el mecanismo para llevarla adelante.

Ahora, llama la atención el cambio de actitud y de postura entre lo que ocurrió la madrugada del 15 de noviembre y lo que se observa hoy: el argumento de la violencia, cuando es evidente que ahora existe menos violencia que la que había ese día.

La verdad, señor Presidente, es que yo creo que lo que sucede es algo distinto. El 15 de noviembre, con la ciudadanía movilizada en la calle, muchos no se atrevieron a decir lo que realmente pensaban. Y hoy día, cuando las movilizaciones han disminuido en su convocatoria, entonces señalan lo que realmente piensan: ¡no quieren una Constitución nacida en democracia!

Y, en materia de contextos, es evidente que el de hoy es distinto del que había en 1980, pero -por su intermedio, señor Presidente- le quiero aclarar al Senador Moreira, tan admirador del dictador Pinochet,...

El señor MOREIRA .-

¡Así es!

El señor ELIZALDE.-

... que ese año, Carlos Montes, hoy Senador de la República, colega nuestro, ex Presidente del Senado, no solo fue detenido, sino también torturado. ¡Torturado!

¡Esa es la diferencia!

Y hoy día, porque un grupo de estudiantes secundarios, en una acción que no comparto, realiza, no diría un boicot -porque boicot hubiera significado que los propios estudiantes se negaran a realizar la PSU-, sino un sabotaje respecto de los demás alumnos que querían, legítimamente, rendir la prueba, entonces se tiene el descaro de afirmar que no existen condiciones para llevar a cabo un plebiscito y para iniciar un proceso constituyente.

La diferencia que hay entre la dictadura y la democracia es como la diferencia entre la noche y el día, entre la muerte y la vida.

Esa es la diferencia.

Y, por tanto, resulta lamentable cómo se abusa del lenguaje para producir un argumento que es propio de los sectores conservadores cuando se niegan a los cambios. Es el argumento del temor: "Generemos temor al cambio". Es preferible mantener el , aunque este genere insatisfacción y malestar generalizado, porque a través del temor impedimos dar un avance que, en este caso, es un salto democrático y democratizador imprescindible para que tengamos la Constitución de todas y de todos.

statu quo

Yo lo he señalado. Solo he votado a favor en particular de la norma antisaqueos y en contra de todas las demás disposiciones. En las que no tienen sentido o no generan cambios sustantivos me he abstenido. Pero en las que significan la criminalización de la protesta social, he votado en contra; porque me parece que no es la señal que se requiere hoy día para generar un nuevo clima y para, efectivamente, restablecer el orden público que, sin duda, es un bien preciado en la democracia.

Reitero que el Gobierno tiene una cuota importante de responsabilidad en la forma como se ha administrado esta crisis.

El Presidente habló de "guerra", ya se ha dicho. Los ministros hicieron declaraciones desafortunadas, también ya se ha dicho. Pero la semana pasada, en una interpelación, el Ministro de Salud señaló que los libros de las Compín estaban llenos de felicitaciones. ¡Llenos de felicitaciones!

Yo no sé en qué país vive. Son esas declaraciones las que no contribuyen a que, sin duda, la ciudadanía sienta que hay un Gobierno que escucha sus demandas y da respuestas, y que hay un sistema político que está a la altura de lo que nos piden los ciudadanos: soluciones a sus problemas en su vida inmediata. Y la nueva Constitución nos va a permitir al menos superar esta camisa de fuerza, que es una verdadera guardiana del abuso y que ha impedido transformaciones que los chilenos hoy demandan en las calles de todo nuestro país.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Bueno, hemos escuchado al Presidente del Partido Socialista. Y lo que demuestra es la típica actitud soberbia de calificar y descalificar al resto.

Él considera que los que cambiaron de opinión son cobardes, porque cuando existían movilizaciones tenían miedo de expresarse, y ahora que no las hay, se expresan.

Ese argumento, sin duda, utilizando el lenguaje de ustedes, sí que genera violencia. Porque no puede ser más descalificatorio. Es mirar a los demás de una manera despectiva, es mirar a los demás de una manera odiosa.

Pero no solamente utiliza ese argumento el Presidente del Partido Socialista. Dice que los demás no entienden el problema. Y varios Senadores socialistas han expresado que el Gobierno no entiende, que los oficialistas no entienden.

Es una reminiscencia de los regímenes que a ustedes les gustan, en que se decía que había que detener a las personas porque debían elevar el nivel de entendimiento.

El decir que el otro no entiende, tampoco es un lenguaje democrático: es un lenguaje soberbio, es un lenguaje descalificatorio, es un lenguaje de mirar al otro con desdén.

Uno podrá estar en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con ustedes; pero jamás se me ocurriría decir que es inaceptable lo que piensan; jamás se me ocurriría decir que es cobarde lo que piensan; jamás se me ocurriría decir que no entienden.

Y por eso yo critico duramente lo que ustedes plantean al votar en contra de normas que son esenciales en este proyecto para garantizarles a la gran mayoría de los chilenos paz y tranquilidad.

Ustedes no quieren aprobar. Por lo tanto, no condenan cuando los que utilizan la violencia e intimidan a las personas impiden la libre circulación.

Ustedes no quieren aprobar esa norma, no condenan esa actitud. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia fundamental.

Nosotros queremos generar las condiciones para que la ciudadanía se pueda expresar en paz y tranquilidad. Y la única manera en que las personas se puedan expresar en paz y tranquilidad es evitar que los violentos intimiden, amenacen, golpeen, impidan la libre circulación de las personas. Esa es una diferencia fundamental.

Nosotros no estamos criminalizando el movimiento social porque creemos que este no tiene necesidad de intimidar, no tiene necesidad de violentar, no tiene necesidad de golpear, no tiene necesidad de impedir. Porque si el movimiento social requiere eso, claramente estaremos ante un quiebre democrático y nosotros queremos impedirlo. No queremos un quiebre en la democracia.

Yo los llamo a ustedes, que se sienten en la superioridad moral de hablar del lenguaje de los otros, a que también cuiden vuestro lenguaje, a que también cuiden el lenguaje con que se refieren a los demás.

Porque si yo opino de determinada manera y el Presidente del Partido Socialista dice que yo soy un cobarde por eso, no hay duda de que estamos muy lejos de la tolerancia; no hay duda de que estamos muy lejos del respeto y estamos muy lejos de los principios democráticos.

Este debate, señor Presidente, que se ha transformado en un debate político -y es bueno y sano que así sea-, no nos debe llevar a ocultar, en definitiva, que aquí no se quiere condenar la violencia; no se quiere condenar a quien, utilizando la violencia, impide que otro pueda circular por las calles; no se quiere condenar a quien, con violencia, golpea a otro; no se quiere condenar a quien, con violencia, destruye la propiedad, el vehículo o la persona de otro.

Esas son las normas que están en este artículo, que, gracias a Dios, tuvo el apoyo mayoritario de este Senado, salvo de la bancada Socialista, porque no quieren condenar la violencia, en definitiva.

La violencia no es algo que se rechace. Y creo que todos, en democracia, y vuelvo a argumentar a través del documento de los socialistas históricos, debemos rechazar la violencia no solamente de una manera retórica, sino también con hechos y acciones prácticas, como la de aprobar una norma como la actual.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, si de algo tengo convicción, después de estar en la Cámara de Diputados y el Senado, es de que la trayectoria del Senador Montes, más allá de diferencias políticas legítimas, es intachable. Él es de la máxima capacidad intelectual, y sobre todo ética, que en política hace demasiada falta.

¡Jamás pensé que podían acusar a Montes de ser más violento que Navarro!

Eso solo indica que se ha extremado el debate, y tiene que ser corregido.

Creo que estamos llegando tarde al debate de fondo porque lo hemos eludido de alguna manera y, al final, lo que hacemos es enfrentar situaciones personales. Eso los griegos lo llamaban "argumento ad hominem". Este implica no combatir una idea, sino denostar a la persona que la expresa. Es decir, se trata de un enfrentamiento sobre las características personales, no sobre las ideas.

Y yo llamo a que en este Senado discutamos las ideas. Aquí tenemos dos posiciones legítimas, por cierto. Pero también hay un juego inaceptable.

Lo señalé. Se ha dicho que hoy día vivimos como en 1970 o 1973. Y yo quiero recordarles a los Senadores de Derecha que hubo un golpe de Estado, que ellos avalaron las condiciones existentes para dar un golpe de Estado sangriento.

Cuando se afirma que existen las mismas condiciones, hay gente que se asusta legítimamente en Chile. Yo estuve con muchos el fin de semana. Y si Allamand dice que la situación es igual que entre 1970 y 1973, lo que hay es una intimidación a gente que sufrió demasiado.

Por tanto, señor Presidente, pido que retomemos la búsqueda de las causas. Las causas de esta situación tienen una profunda raíz económica: el modelo neoliberal.

¡Eso fue lo que denunció Chile!

Chile se cabreó. ¡La gente se agotó del abuso!, y lo que quiere es que terminemos con él. ¡Y no estamos discutiendo el abuso!

Aquí no se pone el tema de las AFP.

¿Quieren terminar con la violencia? Terminemos con las AFP.

¿Quieren terminar con la violencia? Terminemos con las listas de espera.

¡Terminemos con un debate que a nada nos lleva!

Yo, señor Presidente, solo quiero decirle: si de esto se trata el tema del saqueo, yo exijo al Gobierno que los comerciantes afectados de manera indirecta por una situación política sean apoyados y ayudados; que un bono de estabilización del pequeño comercio sea entregado por el Gobierno para salvar miles de empleos, que es lo que está pidiendo Concepción, Coronel y el resto del país; que el Gobierno vaya en apoyo de los pequeños comerciantes, y que no nos aboquemos solo a debatir si efectivamente al final el apéndice del saqueo es lo que este proyecto aporta, porque no es así. Y lo digo reiteradamente.

Yo solo apelo, señor Presidente, a que reflexionemos más profundamente en los temas de fondo. ¡Hay que hacerlo!

Lo que viene en marzo es preocupante. ¡Y no nos vengan a decir a los que señalamos anticipadamente que marzo va a ser un mes complejo que estamos propiciando la violencia! ¡El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, va a ser un tema complejo! Y si Carabineros quiere ponerle CS nuevamente al agua de los guanacos y quiere usar armas sonoras, auditivas, de ruido, lo que va a hacer es provocar. Y si allí hay incidentes graves, lo que habrá, por cierto, será una respuesta a esa violencia y estará en juego la viabilidad del plebiscito de abril.

Eso va a ser cierto. Pero no puede ser una profecía autocumplida que el Gobierno diga que va a haber violencia. ¡El Gobierno va a aplicar violencia! Y, entonces, el resultado será la paralización del plebiscito, que no quieren porque lo van a perder. ¡Chile va a votar por una nueva Constitución!, porque mayoritariamente así la ciudadanía lo ha señalado.

Y, por tanto, señor Presidente, yo digo que esta ley no va a resolver los problemas, porque el populismo penal no los ha resuelto. Aumentar en uno o dos grados la pena, llevar a entre diez y veinte años la tipificación de delito por robo parece absolutamente desproporcionado.

¡La propiedad privada sigue teniendo un valor más alto que la vida en esta Constitución de 1980, y la desproporción que existe es brutal, es inaceptable!

Hay que castigar a los saqueadores y la violencia, pero esta ley no lo va a hacer. Por eso que he votado en contra, señor Presidente.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Por último, está inscrita la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, la verdad es que no puedo dejar de decir que, lamentablemente, en esta Sala se ha faltado a la verdad.

Y lamento muchísimo -lo digo por su intermedio, señor Presidente- lo que señaló el Senador Víctor Pérez: que los socialistas avalamos la violencia o que estamos de acuerdo en lo que hemos visto, como son los saqueos, como son los incendios, como son las destrucciones de estaciones de Metro, es una falsedad, es faltar a la verdad. Y me duele enormemente que lo diga. ¿Y saben por qué? Justamente por lo que aquí se ha recordado: hemos sufrido en carne propia esa violencia desmedida, esa violencia que no tiene nombre, esas violaciones a los derechos humanos como jamás se habían conocido en la historia de nuestro país. Y las hemos vivido en carne propia.

Entonces, decirnos a nosotros que avalamos la violencia, o que porque hemos levantado la voz en relación con los derechos humanos, porque no nos parece que en este país tengamos los trescientos y tantos casos de personas que han tenido lesiones oculares, con pérdida total en dos casos, o parcial, lo que ha sido dramático, nos lleva a levantar la voz.

Por supuesto que condenamos lo que pasó con la PSU. Porque, compartiendo la crítica de fondo a lo que es ese tipo de selección o a la forma de ese instrumento, que merece ser corregido o cambiado completamente, otra cosa es lo que ocurrió.

Sin embargo, también hay que considerar el uso del lenguaje de la violencia.

Primero vimos la ausencia de la Ministra de Educación, porque no apareció en nada, y cuando lo hizo fue para decir: "Por supuesto, hay que aplicar la Ley de Seguridad del Estado" a personas que incluso son menores. Y la propia Defensora de la Niñez tuvo que decir que el derecho constitucional se garantiza y, por lo tanto, si está garantizado, no puede venir a decir que simplemente no van a entrar al sistema educacional y que quedan excluidos, y se les aplica la Ley de Seguridad del Estado.

En consecuencia, no somos nosotros los que estamos confundiendo.

¿Sabe lo que me duele? Que la situación del país era extrema, y costó bastante, y creo que fue un acto de gran madurez y conciencia haber abierto el espacio -repito- a un proceso constitucional, que es una forma de canalizar las profundas inquietudes que tiene esta sociedad, que rechaza una Constitución impuesta en dictadura que, por mucho que se haya reformado, mantiene supra quorum, mantiene una visión de sociedad que, evidentemente, muchos no compartimos.

Y, por lo tanto, la invitación que nosotros hacemos es a seguir este proceso institucional democrático.

Es legítimo, es legítimo que aquí haya bancadas que no están por hacer una nueva Constitución. Lo entiendo: defienden la Constitución de Pinochet, de Jaime Guzmán. A mi juicio, es el modelo perfecto y calcado de un modelo neoliberal que tanto los ha beneficiado. Puedo entender que lo defiendan, pero otra cosa es usar argumentos para atemorizar a la población, para generar temor, para generar dudas, para impedir entonces democráticamente lo que significa el poder participar en un plebiscito. ¡Qué más democrático que la ciudadanía nos diga: "Quiero o no quiero una nueva Constitución"!

Yo creo que hay bastante desesperación porque hasta ahora, si uno revisa las estadísticas, la gente la quiere mayoritariamente. No sabemos que mecanismo se utilizará. Esperamos que sea uno con un cien por ciento de electores.

Pero aquí lo que nosotros no queremos es que se siga con una suerte de campaña del terror como una forma, ¡como una forma! de generar temor y, así, hacer que la gente o se abstenga de participar o simplemente tenga miedo de lo que pueda ocurrir después.

Creemos que eso le hace daño al país. Creemos que significa no entender la profundidad de un proceso social. Creemos que no se han hecho cargo de eso.

De ahí que decimos que, en lugar de usar un lenguaje de guerra, hagámonos cargo de las profundas necesidades sociales que tiene este país, de las profundas inequidades que nos acompañan, de cómo se sienten las familias que están endeudadas en más de un 70 por ciento, a las que evidentemente no les alcanza su ingreso; qué es lo que pasa con nuestros estudiantes que están endeudados con el CAE; cuánto sufre cada una de estas familias que todavía no pueden salir adelante y que experimentan toda su vulnerabilidad apenas se les enferma alguien, porque no tenemos ni siquiera un sistema de protección social, que es a lo que nosotros queremos llegar: a un verdadero sistema de protección social.

Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en esta Sala, señor Presidente, es que no se falte a la verdad. Lo que estamos diciendo, sí, es que no queremos criminalizar. Por ejemplo, muchos hemos visto videos en redes sociales en que se observa que el saqueo está en un lugar, y varias cuadras más allá están los manifestantes; sin embargo, se reprime a estos y no a los saqueadores. Y eso no puede ser.

Por eso hemos votado que sí a estas normas, pero por las distintas razones que ya hemos expuesto: en algunos casos porque es necesario, en otros porque ya estaban, o porque no tenían ninguna razón de ser. No obstante, venir a decirnos que por esta forma en que votamos estamos avalando la violencia o el saqueo, nuevamente -y lo reitero, señor Presidente; con esto termino- es faltar a la verdad.

Y lo digo en nombre de la bancada socialista: es una falta de respeto a sus colegas Senadores, en este caso a nuestra bancada.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

No hay más oradores inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso final, nuevo, del artículo 450 (17 votos a favor, 4 en contra, 7 abstenciones y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Kast, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.

Votaron por la negativa la señora Provoste y los señores Guillier, Latorre y Navarro.

Se abstuvieron las señoras Allende y Muñoz y los señores De Urresti, Elizalde, Letelier, Montes y Quinteros.

No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Señor Presidente, atendido el despacho de las normas precedentes, conforme al certificado emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, queda aprobada también la eliminación del número 1 del texto aprobado en general, que fue suprimido por la Comisión de Seguridad Pública.

Lo señalo para efectos de la comunicación que se debe enviar a la Cámara de Diputados.

Es todo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Secretario.

Señor Ministro, tiene la palabra.

El señor BLUMEL (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Gracias, señor Presidente.

Ha sido muy importante poder escuchar el debate completo, porque este tema es muy relevante. Creo que en este tipo de discusiones se confrontan las visiones respecto de algunos aspectos fundamentales de nuestra vida en común. Me quiero referir especialmente a este punto, señor Presidente.

Antes deseo agradecer a los Senadores por haber aprobado esta iniciativa, que nació de una moción parlamentaria.

El Gobierno presentó un proyecto de ley antisaqueos, mediante mensaje en la Cámara de Diputados, pero, con el propósito de lograr un acuerdo, al final acogimos una moción que abordaba esta misma materia y otras. Se trata de una propuesta transversal, nacida de parlamentarios de Gobierno y también de Oposición.

A mi juicio, ello tiene un valor en sí mismo, porque recoge el trabajo de los Diputados en un tema tan fundamental como el resguardo del orden público. Y en este Senado se hizo un buen trabajo, corrigiendo y perfeccionando el proyecto en varios aspectos.

Pienso que la aprobación y el despacho de esta iniciativa constituyen una señal importante. ¿Por qué? Porque refleja que el orden público, la seguridad pública, la tranquilidad pública son un valor fundamental en democracia, todo lo cual, de una u otra manera, en los últimos tres meses se ha puesto en tela de juicio.

Por cierto, esta no es una reforma estructural, señor Presidente. Aquí no se plantea la solución a todos los problemas de seguridad y orden público, como lo señaló el Senador Carlos Montes.

Hay temas que son mucho más de fondo, evidentemente.

En este proyecto no estamos resolviendo los aspectos fundamentales en materia policial o de inteligencia. Ello sí se aborda en las reformas más estructurales que estamos discutiendo en este Congreso.

De hecho, en este Senado se está analizando una iniciativa que modifica la ley de inteligencia: mañana se va a ver en la Comisión de Hacienda y ojalá pase a la Sala la próxima semana.

Además, esta Corporación aprobó hace algunos meses, previo al inicio de la crisis y el estallido social ocurrido a partir del 18 de octubre, un proyecto para modernizar a Carabineros, que forma parte de uno de los aspectos de la reforma de fondo que se está llevando a cabo en materia policial, lo que surgió del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública de 2018, donde se plantearon 71 medidas.

Entonces, señor Presidente, sí estamos avanzando en reformas estructurales en este ámbito. Yo gustoso de participar si hay que discutir más en profundidad qué vamos a hacer en materia de modernización policial o del sistema de inteligencia.

Yo no quiero minimizar el debate del presente proyecto, porque me parece que es central en función de lo que ha pasado en los últimos meses en nuestro país.

¿Por qué creo que es central? Porque sin orden público la convivencia democrática simplemente es imposible. ¡Sin orden público la convivencia democrática es imposible!

Si no hay convivencia, no hay vida en comunidad. La posibilidad de compartir bajo ciertas reglas comunes pacíficamente -¡pacíficamente!- y entregar el monopolio de la fuerza a la autoridad que tiene la legitimidad para ello es la esencia del ordenamiento y funcionamiento de nuestro Estado de derecho y de nuestra democracia.

Por lo mismo, esta iniciativa, más que una ley antisaqueos, antibarricadas, anti "el que baila pasa", antilanzamiento de objetos, es una medida para fortalecer la paz pública.

Ese es el valor fundamental de esta futura ley. Da una señal: el orden público, la tranquilidad social, la seguridad en los espacios públicos son un valor fundamental en democracia.

Eso yo lo quiero recoger; lo quiero valorar, señor Presidente. ¡Yo lo quiero valorar!

¿Qué hace la violencia en los espacios públicos? Aleja al Estado de derecho y priva a las personas del ejercicio de sus garantías y libertades en esos lugares. En definitiva, hace más complejo, más difícil o -por qué no decirlo- imposible el buen funcionamiento de nuestra democracia.

Eso es precisamente lo que generan las alteraciones graves al orden público, a lo cual este proyecto busca establecer mayores sanciones. Poner barricadas, interrumpir el libre tránsito, afectar los derechos fundamentales de las personas, efectuar saqueos, lanzar objetos son alteraciones graves del orden público, que hacen más difícil la convivencia democrática.

Por eso este proyecto tiene valor.

De repente, siento que se instala una suerte de falsa disyuntiva entre fortalecer el orden público y hacer las reformas sociales, políticas e institucionales que necesita el país.

Como Gobierno, nosotros tomamos el compromiso de hacernos cargo de todas esas materias. Pero, para avanzar en las reformas sociales de fondo, ser eficaces en los cambios institucionales y abordar de buena manera el proceso constitucional, necesitamos tener orden público, necesitamos tener tranquilidad pública.

Eso la gente lo entiende, señor Presidente. ¡La gente lo entiende!

De hecho, los delitos que se sancionan o a los que se les aumentan las penas con este proyecto cuentan con un amplio respaldo ciudadano, por ejemplo, en materia de saqueos, de barricadas, de alteraciones al orden público, pues las personas comprenden que eso es incompatible con la vida en democracia.

La violencia debilita las posibilidades de nuestro país de hacer reformas efectivas de fondo que se hagan cargo de las necesidades que ha planteado la ciudadanía. Nosotros compartimos, en lo fundamental, el objetivo de abordar esas reformas, pero también entendemos que es deber del Estado y del Gobierno resguardar la paz, la seguridad y el orden público.

Y este proyecto contribuye en esa dirección.

Por algo, señor Presidente, el acuerdo alcanzado hace dos meses se llama "por la paz social y la nueva Constitución". En la madrugada del 15 de noviembre se avanzó precisamente en un consenso por la paz y la nueva Constitución.

¿Qué decía el punto 1 de dicho acuerdo? Que quienes lo suscriben se comprometen con "el restablecimiento de la paz y el orden público" en nuestro país, con pleno respeto por los derechos humanos.

Esa fue una declaración muy valiosa, porque implica que iniciar un proceso para una nueva Constitución y avanzar en una agenda social requiere asegurar el pleno respeto por la paz, el orden público y los derechos de las personas.

Además, este proyecto tiene otra virtud, señor Presidente. ¿Cuál? Que establece mayores sanciones para quienes alteren el orden público, con lo cual se resguarda de mejor forma el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a reunión, que está consagrado en nuestra Constitución.

Por lo tanto, con la presente iniciativa se avanza en aislar a las minorías violentistas para proteger a las mayorías pacíficas, que necesitan tranquilidad y resguardo del orden público para poder expresarse.

Por cierto, este proyecto no es la solución a todos los problemas de seguridad y mucho menos a los de orden público.

Por otra parte, señor Presidente, hemos avanzado, y vamos a seguir avanzando, en la agenda social.

Ya se aprobó la reforma que sube las pensiones del pilar solidario; ya se aprobaron los proyectos que bajan el precio de los medicamentos; ya se aprobó la iniciativa para bajar el precio del transporte público para los adultos mayores; estamos a punto de aprobar -está en este Senado- el proyecto que establece el ingreso mínimo garantizado; estamos ya avanzando con la reforma al Fonasa.

Sin embargo, creo que no hay que perder de vista que es muy importante hacerse cargo de la demanda de fortalecer el orden público y la tranquilidad de la ciudadanía.

Termino señalando algunas cosas que se comentaron durante el debate, señor Presidente.

Esta iniciativa es necesaria, porque desde el 18 de octubre hemos tenido un aumento muy significativo de los delitos asociados al orden público.

Quiero entregar algunos datos: los saqueos aumentaron en un 156 por ciento; el maltrato a carabineros creció un 52 por ciento; los desórdenes públicos se incrementaron en un 5.600 por ciento.

Por eso tenemos que hacernos cargo del cambio en ese patrón delictual, del hecho de que esos delitos hoy día tienen una mayor prevalencia y están generando un mayor disvalor; más aún, considerando que se producen en un contexto de alteraciones al orden público.

Por lo mismo, agradecemos que se haya aprobado este proyecto en el Senado. Espero que se ratifique muy pronto en la Cámara de Diputados y sea ley a la brevedad, para seguir avanzando con las iniciativas de fondo en materia de seguridad ciudadana y orden público, como las reformas a Carabineros y al sistema de inteligencia, que están en este Congreso. Hay otros proyectos importantes en este ámbito, pero esos son los dos más estructurales.

Entendemos que avanzar en materia de modernización policial, como planteó el Senador Montes, implica analizar varios aspectos sustantivos, lo que hemos venimos abordando.

Carabineros ha sufrido cuatro grandes golpes en los últimos tres años, varios de ellos antes de que asumiera esta Administración. Y el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se está haciendo cargo de ello.

Recordemos el caso del fraude descubierto a inicios de 2017; la operación Huracán, con toda la gravedad que significó en materia de alteración del sistema de inteligencia -el Ministerio Público lleva esa investigación); el caso Catrillanca, y ahora los hechos ocurridos en materia de orden público y resguardo de los derechos de las personas a partir del 18 de octubre.

Para cada una de esas situaciones hay una agenda, la que incluso se venía desarrollando antes del 18 de octubre, y que hoy día se está fortaleciendo fundamentalmente a partir de un nuevo modelo de resguardo del orden público: con más tecnología, con más capacidades, con más inteligencia policial.

Además, hoy contamos con un consejo para la reforma de Carabineros, que va a emitir un informe a fines de este mes. Y hay una instancia de este Senado que también ha propuesto modificaciones en esta materia, lo que nosotros valoramos.

Este es un tema central.

Necesitamos policías modernas y hacernos cargo de los problemas que se han evidenciado en los últimos años. Se trata de instituciones fundamentales de la república.

Todas las iniciativas que aporten a resguardar la tranquilidad de las personas, el orden público, la seguridad ciudadana y las instituciones que tienen esas responsabilidades son un compromiso fundamental.

Termino, señor Presidente, recogiendo el llamado a cuidar el tono y el lenguaje. Me parece que es muy importante y espero que, en adelante, entendamos que la tolerancia es un valor esencial de la democracia. Todos los planteamientos tienen que expresarse en un marco de respeto por las distintas posiciones que naturalmente surgen en una sociedad democrática.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

A usted, señor Ministro.

Valparaíso, 13 de enero de 2020.

Nº 22 /SEC/20

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, correspondiente al Boletín Nº 13.090-25, con las siguientes enmiendas:

Nombre del proyecto de ley

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.”.

Artículo único

Numero 1

Lo ha suprimido.

°°°

Ha incorporado el siguiente número 1, nuevo:

“1. Agrégase un nuevo artículo 268 septies del siguiente tenor:

“Artículo 268 septies.- El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.”.”.

°°°

Número 2

- Lo ha reemplazado por el siguiente:

“2. Intercálase en el inciso primero del artículo 269, a continuación de la expresión “Párrafo anterior”, la frase “y en el artículo precedente”.

Número 3

- Lo ha sustituido por el siguiente:

“3. Incorpóranse los siguientes artículos 449 ter y 449 quáter:

“Artículo 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.

Artículo 449 quáter. Se aplicará en todo caso la regla 2ª del artículo 449, aun cuando el responsable no sea reincidente, si los delitos señalados en dicho artículo se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.”.

°°°

- Ha incorporado el siguiente número 4, nuevo:

“4. Agrégase en el artículo 450, el siguiente inciso final, nuevo:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter o 449 quáter.”.”.

°°°

- - -

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 15.184, de 4 de diciembre de 2019.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ALFONSO DE URRESTI LONGTON

Vicepresidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR COMO DELITO LA ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA, Y AGRAVA LAS PENAS APLICABLES, EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INDICA.

BOLETÍN N° 13.090-25

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Seguridad Ciudadana informa, en tercer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los diputados señores Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Fuenzalida, Gabriel Silber y Matias Walker y la diputada señora Marcela Sabat, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

I.- CONSTANCIAS PREVIAS:

Por acuerdo de los comités parlamentarios, de 14 de enero de 2020 (oficio N° 15284), y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 120 del Reglamento, corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar aprobar o desechar las propuestas.

Durante la realización de este trámite, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas: la subsecretaria de Prevención del Delito, doña Katherine Martorell: el subsecretario de la Secretaria General de la Presidencia, Juan José Ossa y el asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, abogado, don Pablo Celedón

II.- ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO:

MODIFICACIONES PROPUESTAS POR EL SENADO.

Nombre del proyecto de ley

Lo ha sustituido por el siguiente:

“Proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.”.

El sentido de esta modificación es cambiar el nombre del proyecto, eliminado la referencia a “la paz pública”, añade el concepto de “saqueo” y tipifica acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública.

ARTÍCULO ÚNICO.

(Introduce modificaciones en el Código Penal)

Número 1.

Lo ha suprimido.

El sentido de esta eliminación es replantear un nuevo artículo 268 septies, como se detalla a continuación.

***

Número 1, nuevo.

Ha incorporado el siguiente número 1, nuevo:

“1. Agrégase un nuevo artículo 268 septies del siguiente tenor:

“Artículo 268 septies.- El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.

Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.”.”.

Así, en el inciso primero de la norma propuesta, se sanciona a quienes, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la vía, interrumpan la libre circulación, con una pena de 61 a 540 días de presidio. La misma pena se aplica a quienes interpongan vehículos en la vía (sin mediar desperfectos mecánicos) para hacer imposible el tránsito.

Por el inciso segundo se castiga la hipótesis de lanzar a personas o vehículos en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, con una pena de 61 días a 3 años.

Luego, en el inciso final se establece una regla de determinación de la pena, en virtud de la cual si hay concurso se excluye el grado mínimo o el mínimum.

***

Número 2.

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“2. Intercálase en el inciso primero del artículo 269, a continuación de la expresión “Párrafo anterior”, la frase “y en el artículo precedente”.

Es un cambio de adecuación meramente referencial.

***

Número 3.

- Lo ha sustituido por el siguiente:

“3. Incorpóranse los siguientes artículos 449 ter y 449 quáter:

“Artículo 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.

Artículo 449 quáter. Se aplicará en todo caso la regla 2ª del artículo 449, aun cuando el responsable no sea reincidente, si los delitos señalados en dicho artículo se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.”.

Respecto del artículo 449 ter nuevo, el sentido de su incorporación es que para efectos de los delitos de robo y hurto, que se cometan con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

En el caso del artículo 436, que trata de los robos ejecutados con violencia o intimidación en las personas y “portonazo”, y dándose las mismas circunstancias anteriores, se excluye de aplicar el grado mínimo de la sanción, pues de lo contrario se incurre en una desproporción ya que se alcanza el presidio perpetuo.

Acerca del nuevo artículo 449 quáter propuesto, se establece la imposibilidad de aplicar el mínimo de la sanción, con independencia de ser los imputados reincidentes o no, cuando concurra la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento, para los delitos comprendidos en los Párrafos 1 a 4 bis [1], con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero [2], y 448 quinquies [3], y del artículo 456 bis A [4]. Cuando concurren estos elementos, el hecho delictual se denominará “saqueo”.

***

Número 4, nuevo.

- Ha incorporado el siguiente número 4, nuevo:

“4. Agrégase en el artículo 450, el siguiente inciso final, nuevo:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter o 449 quáter.”.”.

El sentido de estas enmienda es hacer extensiva la regla ya prevista en el artículo 450 al hurto y al robo con fuerza en las cosas, esto es, considerar como consumados los delitos, aunque se encuentren tentados o frustrados, cuando se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste o se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba.

III.- DISCUSIÓN ACERCA DE LA ENMIENDAS INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO.

El señor Pablo Celedón, jefe de asesores del Ministerio del Interior explica que el texto despachado por el Senado igualmente guarda similitudes con lo que esta Comisión aprobó en su momento, especialmente en sus ideas centrales que es sancionar tipos penales que dicen relación con limitar o restringir totalmente la circulación libre de las personas y el lanzamiento de objetos y se omitieron figuras que se establecieron como daños calificados vinculados a destrucción u ocupación de inmuebles y en lo cual hay, aparentemente acuerdo, especialmente con lo que dice relación con la ocupación de inmuebles.

Además, se abordó la figura del saqueo donde se avanzó para no quedarse solo con la aplicación del grado máximo del robo en lugar no habitado, dándose un tratamiento más amplio de lo que se conoce como delitos de saqueo.

Explica que se mantiene el artículo 268 septies dedicado a los desórdenes públicos y se crea un figura agravada de desórdenes, que dice relación con perturbaciones o limitaciones a la libre circulación de las personas, sea por medio de la violencia o de intimidación o por la instalación de objetos, que debe ser cometido por una persona que no cuenta con autorización para ello, siendo una limitación total de la libertad de circulación. Se asimila a estos casos, aquellos que, sin ser un desperfecto mecánico, ponen vehículos motorizados para impedir la circulación vehicular. Esto tiene una pena de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días de presidio.

Luego se regla la situación del lanzamiento de objetos que responden al concepto de armas que entrega el artículo 132 del Código Penal, que se refiere a armas como elementos contundentes o corto punzantes, tratándose de que los objetos que se lancen deben ser susceptibles de producir daños corporales o la muerte de las personas.

En esto se siguió figuras calificadas como las que existen en España y Alemania, donde las figuras de peligro que se enuncian deben ser capaces de provocar lesiones o muerte. En este caso la pena va de los 61 días a los 3 años y se establece la regla que en la determinación de la pena el juez puede abarcar todo el rango de la pena, dependiendo de la peligrosidad del objeto que se utilice.

A continuación, señala que se establece una regla adecuatoria, relativo a lo que hoy señala el artículo 269.

Luego se refiere a las figuras de saqueo.

En lo despachado por la Cámara de Diputados había una figura agravada de robo en lugar no habitado y si el robo se comete con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, mediante pluralidad de sujetos o amparándose en la multitud, se aplicaba la pena en su grado máximo. Con esta regla se penaba de 3 años y un día hasta 5 años.

El Senado modificó lo aprobado por la Cámara de Diputados, aplicando no solo al robo en lugar no habitado, sino también al robo con fuerza y al hurto, se aumenta la pena en un grado cuando concurre alteración del orden público o calamidad pública o existiendo multitud o una persona que actúe amparada en ella.

Se establece una regla especial respecto del robo con violencia o intimidación, que tiene pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, de 5 años y un día a los 20 años, de manera que aumentar la pena en un grado producía una desproporción que eleva la pena a presidio perpetuo. En este caso respecto del inciso primero del artículo 436, robo con violencia o intimidación, se excluye el grado mínimo de la pena, de manera que se aplica de grado medio a máximo.

Añade que el senador Harboe recogió la propuesta del profesor Jean Pierre Matus, por la cual se agrega un nuevo artículo 449 quáter. Aquí se señala que se aplicará la regla del numeral 2 del artículo 449, regla especial de determinación de las penas que surgió en la discusión de la agenda corta anti delincuencia que supone que a los reincidentes no se les aplica el grado mínimo de la pena y aun cuando no sean reincidentes a quienes cometan los delitos señalados en dicho artículo, es decir, hurto y robos, si los delitos se comete en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción del todo o de la mayor parte de lo que había o se guardaba en el establecimiento de comercio, industrial o del propio establecimiento, sin necesidad de conocimiento o concierto previo..

A continuación se establece una regla relativa al artículo 450, que establece que los delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto se castigarán como consumados desde el grado de tentativa.

Esta regla que afecta el grado de ejecución del delito, tiene como origen el recoger una respuesta a la realidad de quienes entraban a cometer el robo y lograban rebajar la pena por no estar consumado el delito.

De esta manera los delitos referidos se consideran consumados desde que principia su ejecución, desde el grado de tentativa.

Por su parte, el diputado señor Raúl Leiva destaca la importancia del proyecto de ley, que se discutió con rapidez y urgencia, pero que al llegar al Senado lo que se hace es criticar a la Cámara de diputados, diciendo que no sabe hacer su trabajo y que ellos están para corregirlo.

Es por eso que el Senado modifica incluso el título de la moción, presentado por diputados, que daba cuenta de la necesidad de legislar para sancionar el saqueo y proteger la manifestación pacífica, aislando a quienes cometen delitos en una manifestación de esta naturaleza, por ello se sancionaba al que de manera violenta o coactiva y valiéndose de una manifestación pública…. Y en base a ello se discutió en esta Comisión, de manera de sancionar los desórdenes públicos y proteger la manifestación pacífica.

Señala que el Senado devolvió un proyecto distinto, que no dice relación con la paz pública, sino que tipifica el delito que atente contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública, por medios violentos o intimidatorios y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.

En su opinión se cambia la intencionalidad del proyecto de ley, porque se trataba de distinguir a quienes valiéndose de una manifestación pacífica, cometían desmanes y delitos, especialmente el saqueo.

Estima que está absolutamente desnaturalizado con las modificaciones que ha remitido el Senado y la Comisión debe tener esto presente, teniendo en cuenta los costos asumidos en su momento por los diputados al despachar este proyecto de ley.

Precisa que por ello no es baladí la discusión y la decisión que se tome respecto de este proyecto de ley y por lo mismo expone la necesidad que este proyecto de ley sea visto por una Comisión Mixta, que es la instancia para resolver estas diferencias, en que el Senado devuelve un proyecto totalmente distinto.

Plantea que en esto hay un tema de principios de esta Cámara, en que se tramitó el proyecto con la rapidez y celeridad que se le exigió y terminó con enmienda de plana.

Añade además que el Senado eliminó varios aspectos que esta Comisión estimaba importantes en el proyecto de ley como la referencia a “el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta o activamente en alguna forma de desorden público…”, lo que afecta el sentido original de la moción

Asimismo, agrega un artículo 268 septies, estableciendo que “el que sin estar autorizado”, lo que da pie para la preparación de otro proyecto de ley que tiene por objeto regular las manifestaciones públicas para lo que se necesitará una autorización, que hoy no existe en los cuerpos normativos y que es el ejercicio de una garantía constitucional, como lo es el derecho de reunión, sin permiso y sin armas. De esta manera el exigir una autorización para el ejercicio de una garantía constitucional no le parece adecuado.

Se señala además que el que sin estar autorizado, interrumpa la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación, conjunción disyuntiva, o en la instalación de objetos levantados por la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, lo que a su juicio tiene problemas de redacción por establecer hipótesis disyuntivas, sea ejerciendo violencia o intimidación en las personas o la instalación de objetos u obstáculos levantados en la misma vía con objetos diversos.

Esta hipótesis, con la disyuntiva, no dice relación con el ejercicio de violencia o la intimidación ni con una manifestación pública, más la exacerbación de las penas, que podrían ser aplicables a los casos que plantea la circunstancia agravada del 449 ter, podría originar el despropósito de sancionar desde los 10 años y un día el robo con violencia en el contexto de una protesta y con ello tendrá la misma pena de un homicidio, siendo que ambos son disvalores que no son en ningún caso homologables.

Por estas razones propone que este proyecto de ley sea conocido por una Comisión Mixta, por lo cual lo rechazará.

En el mismo sentido se pronuncia la diputada señora Andrea Parra.

El diputado señor Gonzalo Fuenzalida señala que votará a favor este proyecto de ley, le parece un buen proyecto que recoge de una manera más simple, clara y con mayor proporcionalidad en las penas, lo que fue la intención de esta Comisión al legislar la materia.

Opina que legislar en esta materia se debe dar en base al interés general del país en cuanto a legislación. Señala que se debe tener altura de miras y estar por sobre las declaraciones del Senado y tener la grandeza de ver el proyecto de ley como algo que es para el beneficio del país.

Indica que son aspectos de sentido común las que se plantean en el proyecto de ley y que el derecho de unos no puede valer más que el derecho de otros, que es lo que ha pasado hasta ahora, como es el de la libre circulación que sin ninguna razón legitima es alterado o se ve afectado, lo que se vulnera en definitiva son derechos garantizados en la Constitución.

El derecho a la vida y la integridad física es otro derecho garantizado en la Constitución y es básico en la sociedad y cuando se lanzan objetos contundentes que ponen peligro la vida de las personas y se recomienda al juez tomar en consideración la peligrosidad de esos elementos, es la protección de esos derechos lo que se busca.

En esta situación está también el derecho de propiedad, que es saqueada sin razón, amparándose en la calamidad o el desorden público para cometer delitos de robo o de hurto, lo que parece resuelto de mejor manera por el Senado que consideró todas las hipótesis de delitos contra la propiedad.

Estima que este es lo que debe hacerse en estos proyectos de ley, que quienes realizan conductas peligrosas que amenazan la vida, la propiedad o la libre circulación tienen el reproche que corresponde al ser catalogados como delito.

Comenta que el proyecto despachado por el Senado resuelve de mejor manera lo planteado por los diputados en su momento, con penas que son más proporcionales, donde estima había un error y protege bienes jurídicos afectados por las protestas.

El diputado Osvaldo Urrutia comparte algunos de los planteamientos enunciados por el diputado Raúl Leiva, especialmente en relación con los dichos extra legislativos, pero por sobre ello está el bien común del país.

De la revisión del proyecto de ley se observa que es mejor que lo que despachó esta Camara. Se hacen definiciones del saqueo, se aborda el problema de las barricadas y sobre la violencia, mejora la proporcionalidad de las penas y el agravante de una calamidad pública en que se cometan estos delitos.

Es posible perfeccionar el proyecto de ley, si bien hay puntos por los cuales se puede ir a Comisión Mixta, como la protección de los Carabineros, pero ello corresponde a otro proyecto de ley que será discutido en su oportunidad.

Agrega que en el proyecto de ley se contempla la mayoría de las circunstancias o acciones sobre las que se estimó necesario legislar en esta materia y está dispuesto a conversar sobre ello.

En el mismo sentido se pronuncia el diputado señor Jorge Alessandri.

Es preciso destacar que la discusión íntegra del debate se reproduce digitalmente.

IV.- ACUERDOS.

La Comisión acuerda, por mayoría de votos, lo siguiente:

1.- Dejar constancia que tomó conocimiento de las modificaciones introducidas por el Senado y sus alcances.

2.- Proponer que sea la sala de la Corporación la que se pronuncie respecto de la aprobación o rechazo de las referidas enmiendas efectuadas por el Senado.

Votan a favor de esta propuesta los diputados señores Jorge Alessandri, Nino Baltolu (reemplaza al diputado señor Cristhian Moreira), Miguel Angel Calisto (Presidente), Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Osvaldo Urrutia y la diputada señora Marcela Sabat.

En contra el diputado señor Raúl Leiva y las diputadas señoras Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Vallejo y Gael Yeomans

Se abstiene el diputado señor Fernando Meza

VII.- DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó como Diputado informante al señor GONZALO FUENZALIDA FIGUEROA.

Tratado y acordado en sesión de fecha 14 de enero de 2020, con la asistencia de las y los diputados señores Jorge Alessandri, Nino Baltolu (reemplaza al diputado señor Cristhian Moreira), Miguel Angel Calisto (Presidente), Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Raúl Leiva, Fernando Meza, Maite Orsini, Andrea Parra, Marcela Sabat, Osvaldo Urrutia, Camila Vallejo y Gael Yeomans.

Asisten además los diputados señores Leonardo Soto, Jorge Rathgeb y Matías Walker.

Sala de la Comisión, a 14 de enero de 2020.

ALVARO HALABI DIUANA

Abogado Secretario de la Comisión

TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 13090-25)

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Gonzalo Fuenzalida .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 140ª de la presente legislatura, en miércoles 15 de enero de 2020. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Documentos de la Cuenta N° 1 de este boletín de sesiones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor FUENZALIDA, don Gonzalo (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana paso a informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Miguel Ángel Calisto , Gonzalo Fuenzalida , Gabriel Silber , Matías Walker , y de la diputada señora Marcela Sabat , que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica (boletín N° 13090-25), con urgencia calificada de discusión inmediata.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y se despachó al Senado, el cual, después de una serie de declaraciones y aseveraciones por parte de algunos senadores -que al parecer legislan mejor que nosotros-, le introdujo modificaciones y fue enviado de regresó a la Cámara de Diputados.

Se ha suprimido el número 1 del proyecto original y se ha incorporado un número 1 nuevo, que es el que añade un nuevo artículo 268 septies, y la explicación es la siguiente: Por el inciso primero de esta norma propuesta, se sanciona a quienes, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la vía, interrumpan la libre circulación de las personas, con una pena de 61 a 540 días de presidio. La misma pena se aplica a quienes interpongan vehículos en la vía, sin mediar desperfectos mecánicos, para hacer imposible el tránsito.

Por el inciso segundo se castiga la hipótesis de lanzar a personas o vehículos en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, con una pena de 61 días a 3 años.

Luego, en el inciso final, se establece una regla de determinación de la pena, en virtud de la cual si hay concurso se excluye el grado mínimo o el mínimum, es decir, delitos que sean más graves, por lo cual se aplicará siempre la pena de los delitos más graves que concurran.

El número 2 es una adecuación referencial, así que no me referiré a ella.

El número 3 incorpora los artículos 449 ter y 449 quater, que más que nada se refiere al tema del saqueo, y la explicación es la siguiente: Respecto del artículo 449 ter nuevo, el sentido de su incorporación es que para efectos de los delitos de robo y hurto que se cometan con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente, pero amparado en este, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado. Es decir, concurriendo la pena del delito de robo y hurto, aquí se agrava en un grado cuando se aprovecha de la calamidad o de la alteración del orden público.

En el caso del artículo 436, que trata de los robos ejecutados con violencia o intimidación en las personas y de los “portonazos”, dándose las mismas circunstancias anteriores, se excluye aplicar el grado mínimo de la sanción, pues de lo contrario se incurre en una desproporción ya que se alcanza el presidio perpetuo.

En la explicación acerca del nuevo artículo 449 quater propuesto, se establece la imposibilidad de aplicar el mínimo de la sanción, con independencia de ser los imputados reincidentes o no, cuando concurra la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento, para los delitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis, con excepción de aquellos contemplados en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies, y del artículo 456 bis A, cuando concurran los elementos del hecho delictual denominado “saqueo”. En otras palabras, que el delito siempre sea consumado, no frustrado.

Finalmente, se agrega un inciso final, nuevo, en el artículo 450. El sentido de esta enmienda es hacer extensiva la regla ya prevista en el artículo 450 al hurto y al robo con fuerza en las cosas, esto es, considerar como consumados los delitos, aunque se encuentren tentados o frustrados, cuando se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.

Finalmente, esto se puso en conocimiento de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que dirige en forma notable el diputado Miguel Ángel Calisto , y el acuerdo que se tomó fue dejar constancia, valga la redundancia, de que se tomó conocimiento de esto, y se propone que la Sala de la Corporación se pronuncie respecto de la aprobación o rechazo de las referidas enmiendas efectuadas por el Senado, cosa que es bastante obvia.

Votaron a favor de esta propuesta los diputados señores Jorge Alessandri , Nino Baltolu , Miguel Ángel Calisto (Presidente), Mario Desbordes , Gonzalo Fuenzalida , Osvaldo Urrutia y la diputada señora Marcela Sabat ; en contra lo hicieron el diputado señor Raúl Leiva y las diputadas señoras Maite Orsini , Andrea Parra , Camila Vallejo y Gael Yeomans . Se abstuvo el diputado señor Fernando Meza .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, quiero referirme a lo que acaba de expresar el diputado informante, en cuanto a que el Senado legisla mejor que la Cámara. No sé en qué tono lo habrá dicho, pero no corresponde que eso sea parte del informe que a él le toca rendir y que lo haga, además, en ese lugar. Si él tiene alguna apreciación personal al respecto, lo puede hacer desde su escaño, pero no desde el podio, como diputado informante.

Por lo tanto, señor Presidente, le pido que analice esta situación, porque no corresponde esa aseveración por parte de un diputado informante.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Primero, quiero plantear una apreciación personal sobre el punto: yo lo entendí más bien como un comentario con un dejo sarcástico, y no como una afirmación.

Por otra parte, y esto es en términos generales, queremos pedir a las señoras diputadas y a los señores diputados que cuando la Secretaría de la comisión prepare un informe se atengan estrictamente a su lectura, con el objeto de evitar comentarios -como ha ocurrido en este caso-, ya que pueden ser descontextualizados y generar ruido innecesario.

Por último, quiero señalar que este tipo de comentarios -si lo tienen a bien-, tal como lo planteó la diputada Sepúlveda , tienen todo el derecho de hacerlos desde su escaño, pero no desde el podio donde se rinde un informe oficial.

En todo caso, pido que se saque del acta el comentario que se incluyó en el informe. Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que cuando ingrese el ministro del Interior y Seguridad Pública se autorice la presencia en la Sala del asesor que lo acompaña.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a lo planteado por el diputado Diego Paulsen .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, antes que corra el tiempo, quiero consultar cuántos minutos tenemos para intervenir.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Se mantuvo el tiempo de seis minutos para intervenir respecto de este proyecto calificado con discusión inmediata.

El señor SAFFIRIO.-

Muchas gracias.

Señor Presidente, voy a plantear una decisión, dos declaraciones, siete argumentos y una conclusión.

Mi decisión es no entrar al análisis exegético del texto del proyecto de ley propuesto por el Senado, sino entrar más bien al análisis del contexto en que este proyecto se debate.

Dos declaraciones: mi más profundo y absoluto rechazo al uso de la violencia como método de acción política y mi más profundo y absoluto rechazo a cualquier intento o acción que implique violaciones a derechos humanos cometidas por cualquier agente del Estado.

Paso a los argumentos.

El contexto nos dice que estamos frente a un gobierno cuestionado, nacional e internacionalmente, por su compromiso en violaciones a derechos humanos cometidas precisamente por agentes del Estado. Nos dice ese contexto que hay un Ministerio del Interior que respalda a los agentes del Estado que cometen violaciones a los derechos humanos, que cometen acciones ilegales; que permite que civiles practiquen detenciones sin identificación, sin hacer presente los derechos de los detenidos, que son secuestrados incluso en automóviles o vehículos privados.

El contexto nos dice que tenemos un Ministerio Público, el encargado de la persecución criminal, que es absolutamente obsecuente e ineficaz en la persecución de los delitos, quienquiera que sea el que los cometa.

Ese mismo contexto nos dice que estamos en presencia de una policía de Carabineros absoluta y completamente fuera de control, sin mando institucional, dividida internamente después del descabezamiento sistemático durante a lo menos los últimos tres años, con mandos informales de generales en retiro, pero, además, con su inteligencia institucional fuertemente comprometida con el crimen organizado; con un alto mando que avala, que normaliza que sus subalternos cometan delitos, a los que además se les garantiza por el jefe institucional que no obstante lo hagan, ninguno de ellos va a ser sancionado por esas infracciones.

El último argumento es que los delitos que se proponen, todos, sin excepción, se encuentran tipificados en el Código Penal. En consecuencia, si los delitos se encuentran tipificados en el Código Penal, lo que se busca es incrementar las penas por vía indirecta, haciendo más específicos aquellos que tienen que ver con la crisis social, económica, política e institucional que estamos viviendo. No se puede legislar en materia penal bajo estas circunstancias.

Quiero plantear una conclusión. Yo estoy disponible para crear nuevos tipos delictivos, para aumentar penas si fuera necesario; pero lo estoy inmediatamente después de que aprobemos el proyecto de ley, con las modificaciones que haya que formular, que reestructura la institución de Carabineros, que es la más cuestionada en este proceso que se ha denominado “estallido social”, que, desde mi punto de vista, ya no puede llamarse así. Un estallido es un acto que comienza y concluye, es el símil de un fuego artificial, que se enciende, estalla, ilumina, se apaga y se transforma en humo. El estado de cosas que estamos viviendo hoy día es un estado más bien permanente de convulsión social, de confrontación, de violencia, que no necesita incremento de penas ni delitos nuevos para ser resuelto.

Ya lo dije en alguna ocasión con motivo de otro proyecto: están cometiendo -¡por favor! el mismo error que se ha cometido durante cincuenta años en La Araucanía, tratando de resolver por la vía judicial y policial un problema que es político, cual es la falta de reconocimiento a nuestros pueblos originarios. La misma receta que han aplicado en La Araucanía, y que ha fracasado, la quieren aplicar hoy día a través de estas normas a lo largo del país para criminalizar el movimiento social.

Entonces, cuando exista una policía de Carabineros que sea profesional, que actúe conforme a los requerimientos de la democracia y los derechos humanos yo estaré disponible para aprobar este proyecto. Ello no ocurre hoy día, por eso hablo del contexto. Como no ocurre hoy día, lo voy a rechazar, señor Presidente.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, solo quiero hacer un comentario a la diputada que me interpeló, y es que las personas con buen sentido del humor también tienen un muy buen sentido de la vida.

Ahora bien, yendo a lo importante, esta iniciativa trata de derechos, y el análisis que tenemos que hacer en esta Cámara es que en nuestra democracia nadie tiene un mejor derecho sobre el derecho que tiene otro chileno o chilena.

Esa es la reflexión que creo que debemos hacer sobre este proyecto de ley, porque finalmente establece que el derecho que un individuo tiene a manifestarse, a reunirse no está sobre el derecho de otros, también ciudadanos de este país, como el derecho al libre tránsito, o sea, a que puedan transitar libremente, que hoy no se garantiza. ¿Por qué? Porque ese derecho es impedido por algunos que, ejerciendo el derecho a manifestarse y a reunirse, aplican violencia, aplican intimidación peligrosamente e impiden que esa persona pueda ejercer su derecho a transitar libremente.

Eso es lo que sanciona este proyecto. Cuando eso se hace de manera peligrosa, de manera violenta, sanciona y cataloga eso como un delito, lo reprocha y le establece una pena, porque afecta el derecho de otros al libre tránsito.

Algunos dirán que esto incluiría, por ejemplo, el famoso “el que baila, pasa”. Sí, lo incluye, porque la intimidación está sancionada en nuestro código y porque es violencia psicológica. ¿Quién puede decir acá que bajar del auto de manera obligada a una persona y hacer que baile o haga otro tipo de cosas no es ejercer violencia psicológica en su contra, que no es intimidarla para que contra su voluntad, contra su autonomía haga eso? Bueno, eso sí se sanciona en este proyecto, porque establece que el derecho al libre tránsito se ve afectado cuando peligrosamente, de manera violenta e intimidante, se impide su ejercicio.

También el derecho a manifestarse, a reunirse transgrede el derecho a la vida y a la integridad física de las personas cuando alguien en una manifestación empieza a lanzar elementos contundentes, que ponen en riesgo la vida y la integridad física de quienes los están recibiendo.

Entonces, sin duda alguna, el derecho a la vida es importante, está garantizado en nuestra Constitución, y tiene que poder convivir con el derecho de aquellos que se están manifestando, que también es un derecho.

Pero, por lo mismo, cuando ese derecho a manifestación está sobre el derecho de otros y pone en peligro su vida, este proyecto establece que también tendrá una sanción.

Finalmente, lo último que señala esta iniciativa es que quien, de nuevo ejerciendo su derecho a manifestarse y aprovechándose del estado de desórdenes o de alteración del orden público o incluso poniéndose en el caso de una calamidad, coloca su derecho por sobre el derecho de propiedad de otros, por lo que siente que tiene más derecho de entrar a un establecimiento para robar, hurtar o saquear, como incluso lo denomina el proyecto, porque su derecho es superior al de la persona propietaria de ese establecimiento.

Una vieja frase que aprendemos los abogados cuando estudiamos derecho es que los derechos de uno terminan donde parten los derechos del otro. Este proyecto establece eso. ¿Uno tiene derecho a manifestarse? Sí. ¿Tiene derecho a reunirse? Sí, legítimamente, con los permisos y las autorizaciones correspondientes; pero eso no da derecho para afectar derechos de otros, como el derecho al libre tránsito, a la vida y a la integridad física, y a la propiedad, tres derechos que están garantizados en la Constitución.

Supongo que la mayoría de los parlamentarios que forman parte de este Congreso -ojalá todos, porque creo que todos son buenos estén de acuerdo en que se trata de derechos que deben cautelarse y protegerse en toda democracia.

Por ello, este proyecto establece que la transgresión de esos derechos por quienes no tengan un supraderecho para ello, que no tengan un derecho superior, constituirá un delito, porque delito es la acción u omisión que causa daño a otro, conforme a lo que establece el derecho penal.

Frente a esas conductas se establece un reproche y se fija una pena, la cual, en mi opinión, era bastante más proporcional en el proyecto original, por lo que, obviamente, recurriré en contra de esta modificación. Espero que todos concurran a apoyarme, para establecer estas conductas como delito, y respetar los derechos de unos y otros, porque esa es la única forma en que se puede convivir y entendernos en una sociedad democrática.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, lo primero que quiero plantear es que si este proyecto, que busca establecer como norma la criminalización de la protesta y la manifestación social, no lo aprobamos en el primer trámite constitucional, como parlamentaria del Partido Comunes, tampoco lo aprobaremos en esta etapa de su tramitación. Quiero que eso quede claro desde ya.

El relato del orden público que busca instalar el gobierno es un camino totalmente equivocado. A través de este proyecto de ley, el gobierno pretende legalizar los abusos que las policías han llevado a cabo durante estos casi tres meses de movilizaciones sociales y protestas.

La apuesta del gobierno no ha sido buscar soluciones concretas a las demandas sociales, con una agenda que responda de verdad a la gente, sino que ha cuidado los bolsillos de las y los superricos.

La apuesta de La Moneda ha estado vinculada a la represión permanente y al alza sistemática de los niveles de violencia de los agentes del Estado, cosa que ha quedado refrendada en los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como por una larga lista de testimonios orales, verbales, audiovisuales, reportajes, microdocumentales; testimonios que hemos podido constatar en cada una de las comisiones investigadoras. Está documentado que este gobierno ha violentado a parte importante del pueblo chileno, y lo sigue haciendo.

Eso es lo que nos motivó a acusar constitucionalmente al exministro Chadwick y al Presidente Sebastián Piñera , y a interpelar, hasta ahora, a cuatro ministros y ministras de Estado.

La vía legislativa y administrativa no ha provocado cambio alguno en la acción del gobierno, por lo cual, como Frente Amplio, hemos tomado la decisión de querellarnos criminalmente contra el Presidente Piñera .

Le pido al ministro del Interior que me preste atención si es posible. Ministro Blumel .

Nos hemos encontrado con una muralla. De hecho, ayer el ministro de Justicia calificó esta acción judicial como una fantasía, demostrando que estos casi noventa días de movilizaciones no le han bajado ni un punto la soberbia que caracteriza al gobierno de Sebastián Piñera, que nos tiene sumergido en una de las crisis políticas y sociales más importantes de nuestra historia.

Ministro Blumel . ¡Ministro Blumel ! Espero que tome nota de estas intervenciones…

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Por intermedio de la Mesa, señora diputada. La señora MIX ( doña Claudia) .-

¡Por favor!, para que esté atento para la próxima semana, porque se nos vienen más acciones fiscalizadoras y legislativas.

Antes que sostener el relato del orden público, el gobierno debiera dedicarse a escuchar a la gente, a dar respuestas concretas y a gobernar, de una vez por todas. Además, debe dejar de ver como un enemigo peligroso y muy poderoso a la ciudanía y entender que la gente se moviliza por una vida digna. Ese es el primer paso para recuperar el orden público, que no consiste en dotar a la policía de herramientas represivas.

Dejen de escuchar a los pregoneros del caos y a empresas recopiladoras de datos de internet, empleadas de las grandes fortunas de este país. Y, por supuesto, dejen de prestar oídos a personajes como el exministro Rodrigo Hinzpeter , quien, por cierto, sabe de enemigos internos, montajes y conspiraciones.

Nuestro voto no estará disponible para criminalizar la protesta y la movilización social, como tampoco estará disponible para dotar a los agentes del Estado de más herramientas para que sigan reprimiendo a nuestra gente. Incluso más, como Frente Amplio estamos dispuestos, si es necesario, a dar la pelea en el Tribunal Constitucional si este proyecto sale del Congreso con el garrote que ha preparado La Moneda. Nuestro voto no estará disponible para seguir fomentando el populismo penal en el país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, la verdad es que no me sorprende que la diputada Mix anuncie el rechazo a esta iniciativa. Lo que me habría sorprendido es que estuviera por aprobar una iniciativa como esta, que tiene como objetivo entregar una herramienta eficaz para reprimir a los violentistas que atentan día a día contra los ciudadanos honestos, de trabajo y de esfuerzo de nuestro país, para que puedan desarrollar sus funciones en forma normal.

Por lo tanto, como digo, no me sorprende que anuncien el voto de rechazo, porque esa ha sido la línea que han mantenido el Frente Amplio y el resto de la izquierda de nuestro país: la de poner énfasis en los derechos que tienen los violentistas que atentan contra la estabilidad democrática, en vez de poner el acento en la inmensa mayoría de los chilenos de esfuerzo y de trabajo que se la juegan día a día por llevar el sustento a sus familias, y que se ven impedidos de transitar por nuestro país, impedidos de ejercer su trabajo libremente e impedidos de concurrir a las universidades o a los colegios.

La verdad es que no me sorprende que estén del lado de los violentistas.

También quiero decir, señor Presidente, que la izquierda quiere rechazar este proyecto y llevarlo a comisión mixta. Creo que la única intención de eso es dilatar y dejar en la impunidad el mayor tiempo posible a todos los violentistas, para que sigan haciendo uso y abuso de sus derechos, en desmedro de los derechos que tiene la inmensa mayoría de los chilenos a ejercer su vida de manera libre, soberana, en paz y con tranquilidad en nuestro querido país.

No me sorprende que quieran ir a comisión mixta, porque, reitero, lo único que pretenden es prolongar la impunidad en la que han actuado los violentistas durante estos últimos meses.

En ese sentido, los motivos del rechazo que nos anuncia la izquierda, particularmente el Frente Amplio, no son de carácter jurídico; solo se explican por el temor reverencial que le tienen al Twitter, a las funas, al desprecio de los ultrones de izquierda que les representaron el haber aprobado esta iniciativa en el primer trámite constitucional.

Señor Presidente, todos somos testigos de cómo los diputados Boric y Jackson pidieron disculpas por haber traicionado la protesta social. Estoy convencido de que van a tener que volver a pedir disculpas o van a tener que volver a pedir perdón, pero ya no solo a la extrema izquierda, sino a toda la sociedad chilena, ya que ella condena la violencia, condena los saqueos, condena el fascismo del “si bailo, paso”.

Señor Presidente, les pido a todos aquellos diputados que estemos por el orden, por la dignidad de las personas, por sancionar al lumpen, que tanto daño le ha hecho a la democracia, que aprobemos las modificaciones del Senado y despachemos este proyecto, para que entre en vigencia a la brevedad posible, de manera que los extremistas de izquierda que han capturado las calles de nuestro país no sigan actuando en la impunidad.

Por eso, voy a votar a favor, y pido a la mayoría que apliquemos el sentido común en esta Sala y entreguemos las herramientas necesarias para que nuestra sociedad se sienta protegida.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, la verdad es que sorprende un poco escuchar el discurso del diputado Bobadilla , porque separar al país entre los buenos y los malos es, precisamente, lo que nos ha hecho tanto daño como país; esas miradas radicales que pretenden capturar al otro y que unos tienen la verdad y los otros no, francamente, sorprenden.

Quiero contarle al diputado, por si no se ha enterado, que varios parlamentarios de oposición, que somos miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, estuvimos disponibles a legislar en torno a los saqueos, porque si bien es cierto está tipificado en el Código Penal, era necesario realizar algunas precisiones respecto de este tipo de delitos, que todos debemos condenar y, por lo tanto, debemos estar disponibles para mejorar. Sin duda, quisiéramos ver a quienes cometen este tipo de delito en la cárcel, donde corresponde que estén.

Sin embargo, fue particularmente difícil la tramitación de este proyecto. En su minuto, en la Comisión de Seguridad Ciudadana se impuso una especie de fast track, porque prácticamente nos dieron algunas horas para tramitar el proyecto y por ello se produjeron todas las imperfecciones y las dificultades con las que el proyecto fue despachado de la Cámara al Senado. Sin embargo, en el Senado se tomaron todo el tiempo del mundo -el Ejecutivo no tuvo ningún problema en demorar la urgencia para revisar la iniciativa, tras lo cual volvió a nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana.

Lo que pasó ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana -quiero decirlo con toda franquezame pareció no solo irresponsable, sino que, en mis casi dos años de parlamentaria, no había visto nunca un Presidente de una comisión que impidiera el diálogo y que no permitiera que quienes tenemos una posición divergente pudiésemos conversar.

Nosotros creíamos que era necesario que el proyecto fuera a Comisión Mixta, porque tiene problemas.

Una mención especial merece el robo en el contexto de calamidad pública. La nueva redacción del articulado es más gravosa, pues contempla una pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, cinco años y un día a diez años, pero si se hace en contexto de calamidad pública, la pena aumenta en un grado, o sea, de diez años y un día a 15 años. Esta es la misma pena que actualmente se establece para el homicidio simple consumado en el artículo 391, N° 2, del Código Penal. ¡De eso estamos hablando!

Ir a Comisión Mixta significaba solo cuatro días más para hacer un buen proyecto. Creo que hay que legislar respecto de la materia, pero hay que hacerlo bien, para no hacer el loco con proyectos mal hechos que después son cuestionados.

Sin embargo, hubo una resistencia rotunda de parte de la derecha y de dos parlamentarios de oposición, entre ellos el Presidente de la Comisión, que sencillamente no nos dejó esa opción, lo cual me parece que es lo peor que puede suceder en democracia.

Cuando se terminan radicalizando las posiciones y se pronuncian discursos que dividen entre buenos y malos, como el que acabamos de escuchar de parte del diputado Bobadilla , se le hace un mal a la Cámara.

Voy a votar en contra del proyecto, porque sencillamente no se me permitió dialogar.

Quiero legislar sobre la materia, pero no estoy disponible a poner la cara y decir a la gente que estará 15 años presa por un delito como este. El proyecto, además, tiene otras fallas.

Si hay parlamentarios que no quieren conversar, que no quieren establecer un diálogo, que solo lo plantean frente a los micrófonos, de manera pública, pero aquí se niegan a perfeccionar un proyecto, tendremos que adoptar posiciones más radicales.

No estamos disponibles para que un mal proyecto meta presa a la gente por años y años, incluso con penas más gravosas que las establecidas para un homicidio simple.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER .-

Señor Presidente, se hace necesario aclarar varios aspectos.

Primero, hoy estamos llamados a pronunciarnos respecto de los cambios introducidos por el Senado al proyecto de ley, más conocido como “ley antisaqueos”, que sanciona la alteración de la paz pública en el contexto de las manifestaciones sociales.

Segundo, no es un proyecto del gobierno, como han dicho erróneamente algunos, sino que se inició en una moción. Es bueno que lo digamos, porque no siempre se resaltan los proyectos que son de iniciativa de los diputados. Este es un proyecto trasversal que presentamos diputados de la Democracia Cristiana y de Renovación nacional, liderados por el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Calisto , entre los cuales vale mencionar a Gonzalo Fuenzalida , Gabriel Silber y Marcela Sabat , y que yo, con mucha convicción, concurrí a suscribir.

Lo normal es que los proyectos en tercer trámite constitucional -es bueno que lo sepan los nuevos diputadosno vayan a las comisiones, sino que pasen directamente a la Sala; solo excepcionalmente van a las comisiones, cuando se trata de proyectos muy complejos.

No quiero entrar en la dinámica de las declaraciones cruzadas entre la Cámara de Diputados y el Senado, que a la ciudadanía le importan bien poco. Lo que le interesa a la ciudadanía es que demos una respuesta clara y contundente para fijar un límite infranqueable entre la legítima protesta social pacífica y quien es el principal enemigo de ella, aquellas minorías que se valen y abusan de la protesta pacífica con el objeto de generar desórdenes públicos y hechos de violencia, que terminan invisibilizando las legítimas causas de la protesta social.

Puedo asegurar que en todos los artículos contemplados en el proyecto de ley y también en las modificaciones del Senado no hay ni un solo hecho de protesta pacífica sancionado penalmente. Todos los hechos que se sancionan en este proyecto, incluyendo las modificaciones del Senado, se refieren a hechos de violencia, a hechos de fuerza, a hechos de intimidación.

Si algunos están de acuerdo en que esa práctica horrible de “el que baila, pasa” no debe tener una sanción penal, que lo digan. Nosotros creemos que eso afecta la dignidad de las personas, denigra a las personas. Si una mujer, madre de familia, es obligada a bajarse de un auto para bailar cuando está con sus hijos, ¿acaso no debe tener una sanción? Por supuesto que la debe tener.

Tenemos que fijar un principio. ¿Estamos o no de acuerdo en que abusar de la protesta social para generar hechos de violencia es un desvalor o no? ¡Claro que debe ser un desvalor! Por eso lo habíamos establecido como elemento del tipo penal, mientras el Senado lo estableció como agravante de responsabilidad penal.

Al final, los cambios que introdujo el Senado -digamos también que no fue una hoja en blanco, como dijeron algunos son muy similares a los de la Cámara. La única diferencia es que el saqueo, en vez de ser una agravante del robo en lugar no habitado, será un delito autónomo y tipificado como tal. Está bien, la pena es la misma, y puede llegar hasta cinco años, lo que me parece absolutamente razonable.

Algunos dicen: “Es que estamos sancionando el sitting a personas que pacíficamente están en una calle para hacer una manifestación”. No es así; lo que se está sancionando son los hechos de violencia.

Algunos me dijeron ayer: “Lo que pasa es que estamos sancionando el tirar una piedra, aunque no le achunte a alguien”. ¡Por Dios! ¡Cómo no va a tener una sanción alguien que, valiéndose y abusando de una protesta social legítima, pacífica, lance elementos contundentes o cortopunzantes!

Por lo tanto, apoyaré los cambios del Senado. No voy a entrar en esta guerrilla de celos cruzados entre el Senado y la Cámara de Diputados que solo le interesa a dos medios de comunicación. Aprobaré este proyecto porque es importante para la ciudadanía. Los adultos mayores del club de adultos mayores 18 de Septiembre, de la parte alta de Coquimbo, me dijeron: “Diputado, qué bueno que nos suban las pensiones, pero a nosotros nos quemaron nuestro supermercado, que era parte de nuestro barrio”. Avancemos en la agenda social y en esta agenda antisaqueos.

Por eso, hoy estamos presentando un proyecto de ley para sancionar también los saqueos de los grandes grupos económicos, con una agenda que sanciona los delitos económicos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a los ministros presentes en la Sala.

Claramente, y a pesar de que hemos trabajado arduamente en aprobar proyectos de ley con miras a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y a acceder a la demanda social de la cual nos hemos hecho cargo, los desmanes, destrozos, quemas y atentados vandálicos no se han detenido.

Hoy, atendido el hecho de que esos actos no se han detenido, me parece que no es pertinente sentarse a analizar la causa de este fenómeno social, sino que llegó la hora de hacerse cargo de las herramientas que permitan responder ante hechos como los que hemos vivido en los últimos meses y proteger, antes que cualquiera otra situación, el derecho de los chilenos a vivir en paz, resguardando siempre el orden público, la seguridad de las personas y los bienes, tanto públicos como privados.

Por ello, valoro el origen de esta moción, ya que es capaz de abordar de buena manera varios de los delitos que hemos visto los últimos meses y cuyos hechores, lejos de propender hacia la demanda de derechos sociales, no han hecho más que aprovecharse de manifestaciones pacíficas, perturbando gravemente el orden público.

Es urgente y prioritario aislar totalmente a todo elemento vandálico y violento del derecho a manifestación pacífica que asiste a nuestros compatriotas. Ya es hora de detener urgentemente la sensación generalizada de temor y desamparo que existe hoy en la población de nuestro país.

De la lectura del texto del proyecto aprobado en la Comisión de Seguridad del Senado, es valorable el hecho de que se establecieron penas de presidio menor en su grado mínimo, que van de 61 a 540 días, para quienes levanten barricadas y los que pretendan seguir con la modalidad de tránsito de “el que baila, pasa”, o cualquiera otra conducta que impida la libre circulación en caso de conmoción o manifestaciones públicas.

Felicito a aquellos senadores de oposición que, mediante un acto reflexivo, de cordura y responsabilidad, aprobaron las disposiciones que lo hicieron posible.

Me parece que el texto emanado del Senado es un proyecto más acotado y con una redacción bastante más acorde a la realidad y a los hechos que se han vivido en los últimos meses.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, por su intermedio, hace unos instantes se nos acusó de que aprobamos el proyecto en primer trámite constitucional. En verdad, lo que hicimos fue aprobar la idea de discutir el proyecto, pero rechazamos todo el articulado que dice relación con la criminalización de la protesta social. Ese fue un error que reconocimos desde un principio, es decir, haber permitido abrir esta discusión, la cual consideramos ridícula.

Quiero recordar a los parlamentarios, en especial a los de Evópoli, de Renovación Nacional y de la UDI, que más o menos una vez al mes nos presentaban un proyecto para condenar lo que estaba ocurriendo en las calles de un país latinoamericano como Venezuela y el comportamiento del gobierno de ese país en relación a cómo enfrentaba la situación. Citaban a organismos internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y a la alta comisionada de Naciones Unidas, a tal punto que incluso el 30 de diciembre de 2019, hace pocos días, la nueva derecha -así se autodenominan-, Evópoli , seguía metiendo proyectos para condenar lo que estaba ocurriendo en Venezuela.

A dos meses del estallido social, uno se pregunta en qué país han estado viviendo algunos durante todo este tiempo, porque la verdad es que a pesar de las graves vulneraciones a los derechos humanos que estaba llevando a cabo este gobierno mediante agentes del Estado, escondiéndose detrás de policías e, incluso, detrás de militares para no dar respuesta a las demandas sociales que el país estaba exigiendo, seguían emocionados y preocupados por Venezuela, pero no de las chilenas y chilenos mutilados ocularmente. Las 10.000 personas que han sido detenidas por protestar en contra de este pésimo gobierno no les importaron. Distintas instituciones que han defendido a las personas de este Estado les han presentado datos una y otra vez, pero ellos no los consideran. Ellos siguen pensando en Venezuela, y pareciera que las chilenas y los chilenos no les importaran.

¿Cuál es el país que tiene más mutilaciones oculares en el mundo por parte de agentes del Estado? ¿Cuál es el país con la peor aprobación del Presidente de la República en el continente americano? ¿Cuál es la población civil que más expuesta está hoy a la violencia policial en nuestro continente? ¿De qué país es la policía que ha jugado a atropellar a los ciudadanos que han intentado asistir a una manifestación en contra del mal gobierno? ¿De qué país es el gobierno que, habiendo sido acusado de vulnerar gravemente los derechos humanos por todos los organismos internacionales, no ha hecho otra cosa que respaldar el actuar criminal de una policía que incluso ha llegado a matar a palos, como ocurrió con Álex, un mecánico de un barrio de Maipú? ¿De qué país es la policía que ha tirado un líquido amarillo contra manifestantes, habiéndoles provocado quemaduras en segundo grado, acreditadas por el Colegio Médico? ¿De qué país son las 3.000 personas que han caído heridas en hospitales a consecuencia del actuar de la policía? Son de nuestro país, del que les paga el sueldo a ustedes también. Es del país que hoy ve con temor la posibilidad de que la policía que los iba a defender los esté atacando. Entiendo que en los barrios que ustedes habitan no pasan estas situaciones, pero en los barrios en los cuales vive el 90 por ciento del país sí están ocurriendo.

Para enfrentar los saqueos, hay que apoyar el comercio local, a los comerciantes, a los locatarios con la billetera, esa que ustedes no quieren abrir. Para poder resguardar el orden público, hay que dar respuesta a esas mayorías sociales. Puedo entender que una autoridad como el Presidente Piñera no haya dado las órdenes para vulnerar gravemente los derechos humanos de la población, pero él está en la obligación legal, habiéndose acreditado graves vulneraciones a los derechos humanos -lo mismo sucede con intendentes y ministros-, de tomar todas las medidas para que esos hechos no se repitan. Pero, ¿qué ha ocurrido? Se han repetido.

Entonces, cuando ahora ustedes nos proponen sancionar con 61 a 540 días de prisión a quien obligue a otro a la práctica de “el que baila, pasa”, les pregunto: ¿cuántos días de cárcel tienen los responsables del financiamiento irregular de la política en el caso Penta y de SQM, o por la colusión de las cadenas de farmacias? ¿Cuántos días de cárcel tienen los parlamentarios que recibieron financiamiento irregular de las pesqueras para aprobar una ley de pesca corrupta y completamente vigente? ¡Ninguno! Muy por el contrario, ustedes los han postulado al Congreso Nacional, les han dado cargos en los ministerios, les han hecho apologías.

Por eso, vamos a rechazar de inicio a fin este proyecto.

Espero que ustedes recapaciten, porque si el gobierno y la derecha no recapacitan sobre el país en que están viviendo, marzo vendrá difícil para todo el país, y no solo para este gobierno, que no ha querido escuchar a nadie. Y viene difícil porque lo único que han ofrecido es violencia y mantener las injusticias. Han prometido atender las demandas sociales, pero la verdad es que lo único que estamos haciendo es proponer más facultades a la policía, que ha abusado reiteradamente para meter a los manifestantes a la cárcel. Para eso no estamos disponibles.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Celis .

El señor CELIS (don Andrés).-

Señor Presidente, a nadie debiese sorprender la idea que hay detrás del proyecto original, y mucho menos desconocer la importancia de este, no solo porque llevamos casi dos meses de estallido social y de marchas pacíficas, que se han manifestado de diversas formas y que ha llamado al gobierno y a la oposición a impulsar cambios relevantes y una agenda social nunca antes vista, sino también porque durante este mismo tiempo han reinado la violencia, los saqueos, los actos vandálicos en distintos sectores del país, siendo Valparaíso , ciudad a la que represento, una de las más afectadas y, por cierto, con uno de los peores alcaldes de nuestro país: el alcalde Jorge Sharp .

Los esfuerzos realizados por los actores políticos han sido históricos y los acuerdos adoptados han llevado a importantes reformas que benefician a millones de chilenos y chilenas; pero hay algo en lo que estamos al debe: restaurar la paz social a los chilenos y a las chilenas, ya que son ellos los que necesitan certeza, levantarse en paz, ir a sus trabajos sin riesgos, sentirse protegidos. Es ahí donde apunta este proyecto.

A partir del estallido social, iniciado el 18 de octubre de 2019, todas y todos quienes estamos aquí sentados hemos constatado el real sentido del artículo 5º de la Constitución Política de la República, que señala que la soberanía reside esencialmente en la nación. Sin embargo, esa misma disposición no aclara algo que hemos olvidado, y es que ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

De esta forma, los violentistas no pueden gobernar el país, y eso es lo que muchos ciudadanos sienten. Debemos revertir aquello. Es tarea de todos los parlamentarios modificar aquella norma del Código Penal, que ha quedado corta frente a los actos de violencia que hemos observado en el último tiempo.

Tal como indica el proyecto, la tipificación del delito de desórdenes públicos es insuficiente para los hechos que hoy se han normalizado. Así, los saqueos se encuentran a la orden del día; los violentistas se infiltran en las marchas pacíficas, logrando un escudo de protección. Ellos llevan armas y objetos explosivos, atacan servicios de primera necesidad, impiden la libre circulación, etcétera.

Debemos actuar ahora. A la luz de los hechos acontecidos en el país, es urgente incorporar un nuevo delito de desórdenes públicos, ajustándolo a la realidad actual, y con ello permitir que la justicia penal pueda castigar a los responsables, y no que estos crean que los hechos por ellos realizados se encuentran en la total impunidad.apart

No queremos que se repitan casos como los acontecidos en Santiago, en donde los 26 detenidos flagrantes por saqueos a un supermercado en Conchalí fueron todos dejados en libertad. No es posible ese nivel de impunidad.

Hechos como estos, que afectan gravemente la paz social, son los que debemos ubicar como uno de los fines más esenciales de cualquier gobierno, independientemente de su color político. Relevar la paz social a ese lugar implica actuar en consecuencia y, por cierto, aprobar proyectos como este, por el bien de todos los chilenos y chilenas.

Respecto de los otros delitos que introduce el Senado en sus modificaciones, me parecen adecuados, pues mantienen el saqueo con una sanción ejemplar.

En la sanción a las barricadas y a los robos en situación de calamidad, puedo estar de acuerdo; a continuación señalaré las razones con la precisión correspondiente.

En cuanto a lo que aprobó el Senado, quienes corten el tránsito mediante violencia o intimidación en las personas, arriesgan penas de entre 61 y 541 días, pero para aquello tiene que haber violencia o intimidación. Además, tiene que haber sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

En todos los actos de saqueo, como también de vandalismo y de obstrucción a que las personas circulen, queda absolutamente tipificado que en el hecho ilícito tiene que haber violencia o intimidación. Si no existe violencia o intimidación, nadie va a ser juzgado ni condenado penalmente.

Aquí se está protegiendo a las personas que quieren protestar en paz. Aquellos que quieren generar violencia, aquellos que quieren intimidar, aquellos que quieren atentar contra la paz social, tendrán que ser condenados por la justicia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos discutiendo no es más que una solapada y muy manipulada forma de criminalizar el ejercicio de todo el repertorio de las protestas sociales, que, por cierto, están reconocidas en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado.

Desde su origen, este proyecto es una herramienta para sancionar -reiteropenalmente la protesta social y es la respuesta política que el gobierno del Presidente Piñera da para sofocar las protestas y criminalizar el derecho de reunión y de expresión.

En un contexto de elevado descontento, de crisis social y política, en donde las demandas del pueblo que se ha movilizado en las calles no han encontrado solución alguna, resulta incomprensible que el Congreso Nacional apruebe una agenda de seguridad para que el gobierno continúe castigando a la población y pretenda manipular en el sentido de que las protestas sociales son un problema de orden público.

¿No es suficiente para los parlamentarios que el gobierno del Presidente Piñera haya aplicado una política de violación generalizada de los derechos fundamentales de las personas, es decir, del derecho a la vida, a la integridad psíquica y a la libertad personal? ¿Les da confianza a los parlamentarios una administración cuyas fuerzas de seguridad han torturado y mutilado a decenas de compatriotas?

Incluso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad “simplemente no alcanzan ni para una fantasía“. Así lo señaló.

Este gobierno llega al extremo de negar lo que han informado organizaciones internacionales de derechos humanos y los organismos nacionales autónomos.

Quienes concurran a aprobar esta iniciativa le están regalando al gobierno una herramienta para que se querelle indiscriminadamente contra las personas que ejercen la libertad de expresión y de reunión. Esto es irresponsable; es poco serio, sobre todo en el caso de algunos parlamentarios de oposición, aprobar este instrumento de persecución política.

¿Qué posibilidad tienen las personas que no tienen casa, que no tienen calle, más que cortar una calle para llamar la atención? ¿Acaso pueden comprar un canal de televisión para plantear sus necesidades?

La protesta social es un derecho cuyo ejercicio ayuda a equilibrar, aunque sea en parte, la desigual visibilidad de las demandas de los excluidos.

No cabe duda de que este proyecto criminaliza todas las formas y el repertorio de protesta social, y crea un régimen penal desproporcionado, imponiendo penas altísimas a formas de protesta, lo que es tan grotesco como criminalizar “el que baila, pasa”. Francamente, ha habido diputados que han intervenido con el pretexto de sacarnos lágrimas acerca de lo tremendo que es “el que baila, pasa”.

De aprobarse este proyecto, se pondrá a cualquier persona detenida en el marco de una protesta social en una desventaja desde el inicio, pues la gravedad de las penas asociadas a los delitos imputados implica la imposición de medidas cautelares muy gravosas, como por ejemplo prisión preventiva prolongada.

Hoy, con la legislación actual, en ochenta días se han registrado 21.686 personas detenidas, de las cuales los tribunales decretaron prisión preventiva para 1.615. Aprobar esta iniciativa significa que estas cifras se disparan.

Por lo demás, hay que hacer presente que todas las conductas que presenta este proyecto de ley están hoy tipificadas en el Código Penal. Incluso, en el caso del robo en lugar no habitado esta iniciativa establece una circunstancia agravante.

Por lo tanto, pretender que estas conductas no existen en nuestra legislación es otra mentira y otra falacia.

Como bancada rechazaremos esta moción y advertimos al Congreso que su eventual aprobación implica seguir con una espiral de leyes represivas cuyas consecuencias serán juzgadas por la historia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, ¿por qué tanto interés en meter gente a la cárcel y en subir las penas de cárcel? ¿Creen que así construimos un mejor país?

Como dijo clara y pedagógicamente nuestro amigo René Saffirio , ¿en qué está este gobierno, que ejecuta la mayoría de la violencia física, económica y sexual por medio de sus organismos represivos?

Se habla de delitos ya tipificados a los cuales se les suben las penas.

¿Se quiere resolver el conflicto del agotamiento de los chilenos abusados, endeudados, despreciados y estafados, con más violencia?

Además, ¿un carabinero te puede denunciar falsamente? Todo Chile grita que Carabineros no es confiable, ¡es peligroso! Recuerdo la impresión que me dio mi amigo excarabinero Mario Desbordes , cuando dijo: “No quiero votar más un proyecto de ley que signifique meter a otra persona a la cárcel”. Mario, ¿cómo votarás en este proyecto?

El gobierno dice defender a los ciudadanos. ¿A quiénes realmente quiere defender? Defiende el modelo neoliberal, aquel que genera riqueza sin importar el sufrimiento de la gente. Solo salva a las personas que pueden generar dinero, y deja morir a las que no generan dinero: ancianos, jóvenes, mujeres y niños.

El principal enemigo de la protesta social es el gobierno, porque no sabe cómo resolverla sin abandonar el modelo. Este gobierno, de 14 millones y tanto de personas, obtuvo una votación de 3 millones y medio. ¿Cómo es posible que este gobierno pueda legislar sanamente con una votación así? En el futuro, esta situación debería ser motivo para hacer de nuevo las elecciones. No podemos tener gobiernos con tan poco respaldo y con tanta autoridad legislativa.

Matías Walker -por su intermedio, señor Presidente-, tu apoyo al gobierno no es cristiano. No. Propongo que en vez de que ustedes se llamen Democracia Cristiana, se llamen “Democracia defensora del poder de la derecha”. Ya está casi clarísimo. La democracia conveniente para la Democracia Cristiana es sacar el nombre de “Cristiana”.

También le digo a la derecha: ustedes se denominan cristianos, defensores cristianos. ¿Un dios bondadoso votaría por esta ley? Pregúntense, amigos cristianos, ¿por qué van a votar algo que un dios bondadoso no votaría? ¿Existirá un dios bondadoso? Creo que sí, aunque no me ha tocado todavía.

Entonces, es totalmente absurdo que un gobierno, que de 14 millones y medio habitantes logró alrededor de 3 millones de votos, haga estos absurdos y defienda un modelo neoliberal que produce muerte y que produce mucha violencia.

Le pido a la derecha que no vote por órdenes de partido y que vote con el corazón. Creo en el corazón de mucha gente de derecha -de todos-. Quiero que le pregunten a su corazón -si es que creen en algún dios cómo votarían ustedes. Les digo, bondadosamente, que esta ley es terriblemente desagradable, terriblemente violenta, y es muy terrible que la apoye alguien de la Democracia Cristiana. Democracia “Cristiana”.

Eso es todo lo que quiero decir. Ojalá que lo que digo a través de las palabras refleje lo que mi corazón dice, porque a veces no logro expresar en palabras lo que quisiera hacer con mucha fuerza.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, el proyecto tiene su origen en una moción parlamentaria, cuya amplitud de ideas matrices permite incorporar diversas materias que requieren atención y componen parte de la agenda de seguridad pública: saqueos, desordenes públicos y barricadas.

La iniciativa busca dar una respuesta a los hechos delictuales ocurridos desde el 18 de octubre pasado, e intenta sancionar más gravosamente delitos de alta ocurrencia. No busca gravar ni atacar las manifestaciones sociales legítimas. Por el contrario.

Tales conductas son las siguientes:

a) La comisión de hechos delictuales que atenten contra el orden público -delitos especiales de “desórdenes públicos”, particularmente hipótesis de barricadas u otras limitaciones a la libre circulación, y lanzamiento de objetos-.

b) La comisión de los delitos contra la propiedad que se cometen en multitud y con ocasión de la alteración del orden público, conocidos comúnmente como “saqueos”.

Es importante aquí poner por delante que nadie está buscando penalizar la protesta legítima o la manifestación; pero sí se busca distinguir lo anterior del uso de la violencia o de conductas que afecten los derechos de otras personas a circular libremente y la intangibilidad de su seguridad y de sus bienes personales o de aquellos que les sirven para trabajar y salir adelante en la vida.

Quiero preguntar a muchos de los que están presentes si han consultado en particular a quienes viven en la llamada “zona cero”, alrededor de la plaza Italia -es parte del distrito que represento-, en el eje Alameda, al sur de Providencia, cuál es su opinión acerca de este proyecto; a personas que prácticamente no pueden salir de sus casas sin que sus vidas estén alteradas no solamente por los saqueos a casi el ciento por ciento -no creo exagerardel pequeño comercio diario que los abastece, sino también por el peligro de ser afectadas en su integridad física y su salud. Hablo de personas impedidas de moverse y de circular, que están atrapadas prácticamente en sus viviendas, en sus edificios, y que están aterradas, porque hay personas a las que les importa un comino qué sucede con esos vecinos. Garantizar el orden público, como hemos visto, ante la masividad del lumpen, es una tarea muy complicada de llevar adelante por las policías.

Uno de los diputados que votó favorablemente este proyecto, antes de que lo funaran en las redes sociales, habla de la soberbia del gobierno, pero nada dice de la soberbia de los que se toman las calles, de los que cobran peaje, de los que obligan a que si no se paga peaje no se pasa. Y hablo de los que cobran plata; no estoy hablando siquiera de los que dicen “el que baila, pasa”, o de los que dicen “o bailas o te rompo el auto”, aunque lleve niños adentro. Hablo de gente que cobra plata, que cobra un peaje por pasar, por circular; de lo contrario, para el conductor no hay otra forma de hacerlo. Recuerdo la escena de un anciano que tenía hora al médico y que le pidió por favor a uno de estos nuevos censores que estaba envuelto en una capucha y que tenía tomado un puente con una barricada hecha con los restos de un pequeño quiosco que había en las cercanías, que le permitiera pasar. Estaba pidiéndole permiso a este nuevo dueño de la calle, quien le respondió: “No, tío. No va a poder pasar nomás. Se tiene que devolver”.

Esta iniciativa va precisamente contra los que cortan las calles, contra los que cobran peaje, contra ese grupo pequeño que se junta y quema iglesias, quema centros culturales, destruye monumentos nacionales, saquea supermercados y decide cortar totalmente las carreteras, es decir, gente a la que finalmente no le importa si la persona va con algún atraso, si tiene que llegar a alguna pega, si tiene que ir a cuidar a un niño o una persona enferma.

En este proyecto no hay ningún acto de protesta pacífica que esté sancionado.

La iniciativa fue aprobada en general por 127 votos a favor, con votos por la afirmativa de muchos de los que hoy la critican: de buena parte del Frente Amplio, por más que algunos de sus diputados hayan pedido disculpas, quienes hoy se ven en la paradoja y en la contradicción más evidente y absoluta. En su desesperación por hacerle gestos a aquellos que validan la violencia, están amenazando, incluso, con llevar este proyecto -que votaron a favor, no se abstuvieron al Tribunal Constitucional, organismo que han denominado permanentemente como una “tercera cámara”. ¿Cómo no va a ser absurdo y poco coherente?

Marzo va a venir difícil, nos amenaza el señor Brito , soterrando que ellos controlan de alguna forma la protesta social y que controlan las amenazas de incendios. Dice: “Se va a venir difícil, compadre; cuidado”. Se trata de una amenaza vacía, por lo demás, porque él no es vocero ni representante del movimiento social. Es más, el movimiento social los repudia.

¿Cómo puede no saber eso, si cuando sale su candidata presidencial a la calle, la funan? Por ejemplo, la funa al señor Chanfreau , a quien le rinden pleitesía y a quien finalmente le tienen pánico, como una forma de “síndrome de Estocolmo”, en el cual el secuestrador violento ha logrado enamorar a su víctima. En todo caso, me admira el acto de valentía que tuvieron en su momento de votar a favor este proyecto antes de que en Twitter o Facebook los funaran.

Nos dicen a nosotros que somos de cartón, pero la verdad es que somos lo que somos: no ocultamos nuestra condena a la violencia, a los frescos, a los saqueadores, a los que no permiten circular, y no vamos a cejar en este intento de tratar de que la gente pueda circular y pueda protestar legítimamente sin estar secuestrada por los violentistas y por los saqueadores.

En consecuencia, votaremos a favor las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, es un poco patética la discusión sobre este proyecto de ley.

Creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando enjuicia un proyecto de ley es cuán eficaz resultará ser en el cumplimiento de los propósitos que lo animan.

Este proyecto se presenta como una contribución a la paz y al resguardo de la seguridad del orden público, todo ello en un contexto de extrema sensibilidad social frente al tema de la criminalización de la protesta.

Yo creo que tanto este gobierno como algunos parlamentarios que lo apoyan se equivocan profundamente si creen que con el llamado que ellos hacen la gente los va a seguir. Pero también se equivocan los de la oposición que viven pidiendo disculpas, que viven tratando de hacer buena letra para caer simpáticos en un movimiento que no tiene nada que ver con nadie de los que están representados acá.

Basta que una autoridad diga: “Vamos a hacer una ley antiencapuchados”, para que se convoque al “viernes de la manifestación de los encapuchados”, al que llegan miles, no necesariamente todos delincuentes.

Basta que un intendente diga: “Voy a copar la plaza Italia, para que no llegue nadie”, y llegan miles, y los copadores terminan expulsados. No hablo por boca de ganso, señor Presidente, ya que usted sabe perfectamente que vivo en la dichosa llamada “zona cero”. Llego allí sin capucha, sin lentes oscuros, sin sombrero, sin ninguna “hueá”, a pecho descubierto. Así que no me van a venir a dar lecciones.

Si ustedes quieren que las cosas amainen, ¡háganlas al contrario, por favor! ¿Dónde está el ministro, para que me escuche?

¡No llamen a apoyar el voto obligatorio, porque no va a ir a votar nadie si lo hace gobierno! Manténganse en el voto voluntario, para que la gente les lleve la contraria y llegue el ciento por ciento a votar, porque van a hacer todo lo contrario que el gobierno que abominan desea que hagan.

A mí no se me escapa que mis vecinos viven en la angustia: la librería Qué Leo, los peruanos que tienen un pequeño comercio más allá, otro señor al que se le ocurrió llegar ahora, después de que la cosa estaba instalada como “zona cero”, y que vende sánguches, y también mis vecinos que simplemente viven allí, algunos de mucha edad. Que la cosa es difícil, es difícil, pero es peor cuando el gobierno, creyendo que la hace de oro, logra el efecto exactamente contrario.

El gobierno -sus analistas, sus expertos, sus big data y todas esas leseras; los Quiñenco, los Hinzpeterno se da cuenta de que la sociedad, su piel, está en estado vivo, y que cualquier cosa que se le aproxime, la hace estallar.

Las leyes son buenas según la capacidad que tengan de resolver el problema que pretenden resolver, y esta no resuelve nada: exacerbará más los ánimos y la pretendida contribución al orden público, a la seguridad y a la famosa paz será igual a cero.

Además, yo no voy a apoyar un proyecto que es devuelto desde la Cámara Alta, donde lo único que falta es que pidan pelucas para parecerse a la cámara de los lores de Gran Bretaña, y por eso les dicen “los empolvados”, no precisamente en relación con el dulce de La Ligua, sino porque se echan polvo en la peluca para que les brille.

No se puede aprobar una tontera que dice que se castigarán como consumados estos delitos desde que se encuentren en estado de tratativa. O sea, yo me puedo juntar con alguien en mi casa y decirle: “¡Vamos a darle un portonazo al de la librería Qué Leo y le sacamos los libros de Bolaño!”. Basta que yo lo haya pensado y conversado con alguien en mi casa tentativapara que se dé por consumado. ¡No, pues! Esto es una tontera, una aberración jurídica, que incluso daría para pedir el cierre del Senado.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, en honor a la verdad, y para contestar, por su intermedio, a algunos parlamentarios que ya han hecho uso de la palabra, quiero recordar que este no es un proyecto del gobierno. Ustedes lo saben: no es un proyecto del actual gobierno, sino que fue presentado por diputados en forma transversal, de izquierda, de centro y de derecha, que fue aprobado -tal como aquí se dijo por 127 votos a favor, con solo 7 votos en contra y 13 abstenciones; es decir, fue ampliamente aprobado.

Este proyecto lo que hace es establecer una frontera, tratar de dibujar una frontera, que hoy es poco clara para muchos de ustedes, entre la legítima protesta social -que todos defendemos y aquellos que se amparan en estas protestas sociales para ejercer la violencia, el abuso, el vandalismo.

Este proyecto no tiene ningún artículo que criminalice las protestas pacíficas. ¡Ninguno! Por favor, léanlo, sobre todo si son diputados que han participado en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Las protestas pacíficas -lo hemos dicho reiteradamente son protestas legítimas. Este proyecto sanciona el saqueo, la violencia, el vandalismo y el fascismo que practican algunos integrantes de la extrema izquierda.

El llamado estallido de violencia en nuestro país ha dado ocasión a una serie de acontecimientos, como ya he dicho, en que la principal protagonista ha sido la violencia. La comisión de delitos ha sido habitual en este tiempo, lo que a muchos de nosotros nos ha llevado a plantear medidas para enfrentarlos, ya sea por la vía de la declaración de un estado de excepción constitucional, como lo hizo el gobierno, así como de la configuración de nuevas hipótesis penales y del aumento de penas para determinados delitos. En este último caso, toma particular relevancia la creación de un tipo penal: el saqueo, que hoy día está impune, que no se sanciona, por las principales características que reviste este delito.

El proyecto, como he dicho, tipifica conductas que se han hecho comunes en estos días, como las barricadas, el saqueo, la limitación a la libre circulación, la destrucción y el vandalismo de que han sido objeto muchas familias. A modo de ejemplo, el martes 26 de noviembre, a partir del llamado a huelga de la Mesa de Unidad Social, solo ese día se registró un total de 27 saqueos. En Valparaíso, la ciudad que yo represento, llevamos más de 150 locales destruidos y saqueados.

Por su intermedio, pregunto al diputado Alarcón , ya que su corazón le dice muchas cosas, ¿qué le diría al corazón de los porteños, de esas familias que viven y trabajan en Valparaíso, cuya principal fuente de ingresos, su negocio o el lugar donde trabajan hoy día no existe y no tienen qué comer? ¿Qué le dice su corazón a esa gente, diputado? ¡Vaya a dar una vuelta por las calles de Valparaíso y dese cuenta de lo que ha ocurrido! ¡No lo ignore, no lo empequeñezca, porque es grave! Es grave: hay muchas familias que hoy día no tienen qué comer porque quedaron sin empleo.

La legislación nacional hasta ahora no considera el delito de saqueo, pues solo se aplica la figura del robo en lugar no habitado, que tiene una connotación totalmente distinta, considerando el momento actual que vivimos. En el caso del saqueo hay un elemento contextual de orden público que se debe tomar en cuenta para modificar la naturaleza de este delito, distinguiéndolo del mero robo en lugar no habitado.

El robo en lugar no habitado considera que habitar es vivir o morar, que implica algo más que estar presente de manera física. Por ejemplo, ustedes saben que un guardia de seguridad, aunque esté presente en el lugar, no está habitando. Es decir, un lugar no habitado es aquel que no es usado como morada en el instante del robo, en un contexto que va más allá de la sola presencia física de una persona en el lugar.

En este proyecto se establece la aplicación de una regla para determinar la pena en virtud del delito cuando el robo se cometa en circunstancias que permitan que se sustraiga o se destruya todo o parte de aquello que estaba o se guardaba en un establecimiento comercial o industrial.

El saqueo, en definitiva, es una figura agravada del delito de robo con violencia en las cosas. Por ello, se aumenta la pena en un grado, por la connotación del desorden público o de los delitos base de los párrafos que menciona el Código Penal, como el robo con violencia en las cosas, en las personas, hurtos u otros.

Por eso, entre otras cosas, aprobaré los cambios efectuados por el Senado, porque es fundamental para la convivencia nacional y para respetar los derechos de todos los chilenos.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la Mesa, a las señoras y señoritas diputadas y a los señores diputados.

Ya van varias semanas de manifestaciones y cabe preguntarse -no tan solo yo, sino el común de la gente que uno ve cuando va a distintas reuniones hasta qué punto va a llegar la violencia y cuánto más van a tolerar los chilenos este nuevo estado, que, aparentemente, es casi normal.

En mi ciudad se quemó completamente un supermercado y en su interior falleció una persona calcinada, y después fue saqueada parte del hospital nuevo y su mobiliario resultó destruido completamente. En Antofagasta se quemó un tren. En La Serena hay más de cuatro servicios públicos destruidos prácticamente en su totalidad. Y al parecer esto es casi normal.

Me preocupa que no exista por parte de los grupos más radicales una especie de autocrítica de decir cuáles son las razones. No basta decir que en este país las pensiones son bajísimas y que sus abuelos ganan poco; no basta decir que aquí existe un monopolio y que todo Chile está concentrado en siete o diez familias. Eso es verdad. Lo sabemos, y por eso tenemos que cambiar la Constitución, y hay que hacerlo con fuerza para que esto pueda cambiar. Pero eso no justifica la violencia excesiva que ha estado ocurriendo y que en muchos de estos casos sobrepasa a distintas autoridades.

Es tan sencillo como darse una vuelta por la calle contigua a la plaza que está al lado de este edificio -no recuerdo bien el nombre-, donde hay un local -no sé si arrendaban autos o era un estacionamiento en que hay alrededor de catorce autos quemados completamente. Valparaíso parece una ciudad bombardeada de la Segunda Guerra Mundial.

No le puedo pedir al alcalde que vaya a sofocar todo lo que está ocurriendo. Aquí tiene que haber una autocrítica de parte del gobierno, que ha actuado tardíamente. En ese sentido, si bien estas normas pueden ayudar en parte, también debe haber soluciones importantes.

¿Por qué me preocupa esto? Me preocupa como chileno que tuvo la fortuna de combatir de alguna manera la dictadura militar. Veo que hay ciertas similitudes con los grupos que van mucho más allá de una protesta y transforman esto en un verdadero caos. Además, no creo que esto genere aceptación en la población, como alguien pretendió decir.

Lo que me preocupa es que, si esto continúa, se transforme en una tentación para los grandes grupos económicos en el sentido de que se genere un levantamiento o una toma de poder, por mucho que algunos de ustedes se puedan reír.

Todas las crisis políticas empiezan de la forma como está ocurriendo en Chile. Empiezan, pero no sabemos cómo van a continuar. De lo contrario, díganme qué pasó en 1973, con un gobierno democrático, pero al cual muchos dejaron abandonado. En ese caso, vuelvo a destacar la labor del Partido Comunista -no se trata de tirarle flores-, porque estuvo hasta el final. En cambio, los otros partidos que participaron en el gobierno, incluso su propio partido, lo abandonaron. ¿Y qué generó eso? Que el Presidente Salvador Allende tuviera que llamar a militares para que ocuparan ministerios. Finalmente, ¿qué ocurrió?

Muchas veces los parlamentarios, los que hoy estamos aquí y los que estuvieron ayer, tratamos de ser buena onda con todo el mundo, pero, siendo más negativo, como que la gente no acepta más. Pienso que no es así.

En definitiva, anuncio que votaré a favor este proyecto; pero hay un artículo con el que no estoy de acuerdo, el de las barricadas. Muchas veces las barricadas han sido esenciales para generar el despertar de un gobierno frente a problemas o demandas que no escucha. Eliminar las barricadas o pedir permiso para hacer una manifestación no va en el camino correcto. Lo demás, como el saqueo, la destrucción, etcétera, para mí está bien que se sancione; pero en el caso de las barricadas, considero que son de la esencia de una manifestación. ¡Quién de nosotros no ha participado en una de ellas!

En consecuencia, pediré votación separada para ese artículo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora.-

Señor Presidente, represento a una de las regiones que ha sido más golpeada durante estos casi noventa días, la Región de Antofagasta. No podemos normalizar una situación que, a juicio de algunos, es normal. Saquear, destruir, quemar, impedir el tránsito de personas y de vehículos parece que para algunos es normal y, peor aún, lo legitiman como si fuera una forma válida de manifestarse para lograr respuestas a demandas sociales muy legítimas, algunas de ellas históricas, a las que por fin hemos empezado a responder.

Si digo “por fin”, señor Presidente, es porque si un mea culpa podemos hacer es que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y hemos defendido posturas extremas sin entender que nuestra principal labor como políticos es conducir el sentir, las peticiones y las esperanzas de la ciudadanía.

En este caso, no tengo ninguna duda en cuanto a que, para los antofagastinos, los calameños, los loínos, para las personas a las que represento, el mayor anhelo es recuperar el orden público.

Muchas personas que nos escriben a quienes representamos a la Región de Antofagasta nos piden recuperar el orden público y volver a la normalidad, pero con sentido común, el que a veces falta en el Senado o en esta Cámara. No nos piden volver a la normalidad social que teníamos antes del 18 de octubre; al contrario, quieren un nuevo trato, que nuestro país tenga mejores pensiones, mejor calidad en la salud, que la educación sea más equitativa en su ingreso y en su permanencia.

No obstante, señor Presidente, todo eso no se logrará a través del desorden, de quemas, de saqueos, y menos si nosotros mismos, que tenemos que tomar una decisión respecto de ese actuar, lo validamos y no somos capaces de legislar adecuadamente en esta materia.

Para dejar de lado los discursos más ideologizados o politizados, señalaré expresamente lo que busca este proyecto.

Esta iniciativa tiene por finalidad entregar más herramientas al Estado para garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía, incrementando las penas para quienes, en contexto de manifestaciones o movilizaciones, violenta y activamente realicen desórdenes públicos.

Entonces, esto no pretende criminalizar a aquellas personas que se manifiestan pacíficamente ni detener a quienes han marchado y siguen marchando pacíficamente, sino –insisto dejar las cosas claras respecto de aquellos que han producido desórdenes públicos y que impiden a terceras personas ejercer sus derechos, como el de tránsito, la libertad de expresión y de aquellos que derechamente se sienten atemorizados.

Además, el proyecto busca incorporar, dentro de los delitos de desorden, la interrupción total a la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública; el lanzamiento contra personas o vehículos de objetos cortantes, punzantes o contundentes que puedan provocar daño. Asimismo, busca aumentar las penas cuando se trate de robos o hurtos cometidos en situaciones de calamidad o de alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o en forma individual.

La iniciativa consagra el delito de saqueo como todo hurto, robo o apropiación indebida cometida en circunstancias tales, que conlleven la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de establecimientos donde se encontrasen las cosas objeto del hurto, robo o apropiación indebida.

Señor Presidente, en la Región de Antofagasta, para poner algunos ejemplos, se ha saqueado una veintena de supermercados, el mall, farmacias, ópticas y otros lugares en donde se ejerce el comercio, principalmente establecimientos en los que funcionan pymes.

Por lo tanto, algunos, por legitimar el saqueo, porque por décadas se ha venido saqueando o ejerciendo otro tipo de violencia contra los grandes empresarios, van empatar. Pero están muy equivocados, porque hoy precisamente a los que les están pegando es a aquellas personas que con su esfuerzo se han levantado, a aquellas personas que están en el centro de nuestras ciudades y regiones y que, lamentablemente, no han podido retornar a su trabajo y viven atemorizadas, sin poder ejercer sus derechos.

Señor Presidente, además de todo eso, ha habido destrozos varios. Hace poco hubo uno que fue noticia a nivel nacional, porque el centralismo vaya que se asienta. Es el caso de El Mercurio de Antofagasta o de colegios emblemáticos de esa comuna. En el primer ejemplo que pongo se atenta, ni más ni menos, directamente contra la libertad de expresión y contra la libertad de informar.

También señalo y me hago cargo de algunas críticas falsas de aquellos que están en contra de este proyecto. Por ejemplo, se ha dicho que esto ya está legislado. Perdóneme, Presidente, pero hay que considerar que la norma actual data del siglo XIX, y que en algunos casos no contempla la tipificación del delito o no está establecido acorde a la gravedad de lo que significa. Un ejemplo es el saqueo, cuyo tipo impide penalizar en forma justa y oportuna delitos cometidos con ocasión de desórdenes públicos.

En la actualidad, de un total de 22.584 casos tras el 18 de octubre, solo en 2.490 se dictó prisión preventiva, es decir, 11 por ciento, y un grupo de los que quedaron en libertad se debe a que la acción no estaba debidamente tipificada.

También algunos han dicho, para criticar este proyecto, que estamos dejando la agenda social. De nosotros depende que avancemos en la agenda social y que le pongamos urgencia a estos proyectos. Asimismo, de nosotros depende que entendamos que para salir de esta crisis se requieren tres vías: recuperar el orden público, dar respuesta a la demanda social y por qué no decirlo llevar de forma prudente y responsable un nuevo proceso constituyente.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, por todo lo que escucho, me parece que estamos en un punto de gran desencuentro en esta Cámara.

Así como la diputada Núñez representa a la Región de Antofagasta, que es una de las zonas que más ha sufrido con los últimos actos de violencia, yo represento a una de las zonas que más ha sido violentada desde siempre a causa de la denominada “violencia estructural”.

Un filósofo señala que cuando una persona inflige daño físico a otra y le ocasiona la muerte, el acto es denominado homicidio sin premeditación; cuando el agresor conoce de antemano que el daño será fatal, llamamos a su acto asesinato. Pero cuando la sociedad sitúa a miles de trabajadores en una posición en que, de forma inevitable, se encontrarán con una muerte prematura; cuando priva a miles de personas de la satisfacción de las necesidades vitales básicas, situándolas en circunstancias en las que no es posible vivir, obligándolas a través de la fuerza de la ley a permanecer en esas condiciones hasta que la muerte sea la consecuencia inevitable, esto es, cuando esa sociedad sabe que esos miles de víctimas perecerán, pero aun así permite que esas condiciones se mantengan, ese acto es un asesinato con tanta rotundidad como lo es el acto individual. Es un asesinato disfrazado e intencionado contra el que no puede defenderse por sí mismo, porque nadie ve al asesino, porque la muerte de la víctima parece natural, dado que el delito es más por omisión que por acción. Pero, al fin y al cabo, es un asesinato. Lo dijo Federico Engels .

No les gusta, pero es una gran verdad. Porque aquí hay violencia estructural. ¡Hay violencia estructural!

Aquí no estamos tipificando el delito “el que baila, pasa” que tiene penas de cárcel. Sin embargo, todos sabemos que Lavín y Délano, que cometieron fraude al fisco, tienen una pena que consiste en asistir a clases de ética. Eso es violencia estructural.

Ahora, ¿cómo se define la violencia estructural? Es el resultado de un conflicto, entre dos o más partes, en que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los bienes sociales -educación, salud, justicia es resuelto sistemáticamente de manera tal, que una de las partes gana, y la otra, pierde. ¡Esos son privilegios!

¿Cuál es la igualdad en el acceso a la justicia en Chile? ¿Cuando “el que baila, pasa” tiene penas de cárcel y el que comete fraude al fisco recibe clases de ética? ¡Eso es repartir mal la justicia! Es decir que hay algunos que tienen privilegios y otros que no los tienen, por lo que deben pagar consecuencias muchísimo más duras que aquellos que tienen recursos. ¡Ese es el país que tenemos! ¡Eso es lo que ustedes no han entendido y este gobierno tampoco!

No estoy de acuerdo con el saqueo, ni tampoco estoy de acuerdo con “el que baila, pasa”.

¡No me gustaría que me sometieran a eso! Pero ¿por qué tengo que legislar sobre eso y no sobre lo otro? ¿Por qué decidimos penalizar una conducta y no resolvemos el problema de justicia social que tenemos en el país?

En Chile, la violencia estructural se manifiesta en el acceso a los recursos vitales. No todos pueden cubrir de la misma manera sus necesidades básicas. Ayer, a propósito de la interpelación de la ministra del Medio Ambiente, hablamos del tema del agua. ¿Cómo se penaliza el saqueo del agua en Chile? ¿Cómo se penaliza el hecho de que en la zona de Petorca la gente no tenga agua en los alcantarillados y tenga que cagar en bolsas plásticas, mientras otros tienen vergeles para exportar sus paltas? ¿Cómo se califica eso? ¿Acaso no es violencia? ¿Cómo la vamos a penalizar en el Congreso? ¿Cómo vamos a terminar con esa violencia?

Aquí hay una ceguera absoluta, porque aparentemente el problema de las barricadas, de “el que baila, pasa” o los saqueos son como un electrón dando vueltas sin que tuviera ninguna raigambre, sin ninguna conexión. Lo que tenemos que hacer es lograr esa conexión; es entender que lo que está pasando en Chile tiene una base estructural de inequidad y de desigualdad.

Esa violencia estructural es la que debemos ser capaces de modificar. Antes de condenar actos de violencia, como el saqueo y otros, hay que condenar aquello que hemos producido como sociedad desigual.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

En razón del alto número de inscritos, pido la unanimidad para rebajar a cinco minutos las intervenciones.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, entender este estallido social como un problema policial y no como un problema social no solo es un error, sino que demuestra indolencia, porque la explaza Italia no fue rebautizada como plaza de la violencia, sino como “plaza de la dignidad”.

Las ciudades nos hablan y Chile nos habla, y cuando escuchamos hablar de “dignidad” nuestra respuesta no puede ser “represión”.

Adelantándome al rumoreo de los colegas de derecha, ¿significa esto que no debemos abordar el problema de la seguridad ciudadana? ¡Por supuesto que no! De hecho, debe ser visto también buscando sacudirla de tanta desigualdad.

No hace mucho, varios parlamentarios y alcaldes acuñamos el concepto de “derecho a la seguridad” para proponer medidas en el presupuesto y acusar que también hay desigualdad brutal en el acceso a la seguridad ciudadana entre Las Condes y Cerro Navia . Hablar en serio de seguridad ciudadana es también hablar de desigualdad. ¿Aborda el tema este proyecto? Lamentablemente, no.

Todos y todas estamos de acuerdo en que la actividad delictual no es parte de la protesta legítima; pero lo que no es un acuerdo y me duele -pero le duele más a quienes les faltan sus ojoses que no podemos seguir aumentando atribuciones a instituciones que no solo están cuestionadas por la ciudadanía por violar derechos humanos, sino también están siendo cuestionadas por el mundo entero.

¿Cómo es posible pensar que esas violaciones a los derechos humanos no han ocurrido ni están ocurriendo? ¿Cómo actuar como si no estuviera ocurriendo nada? ¿Cómo es posible que hoy no estemos hablando de la refundación de Carabineros?

Espero que no haya nadie que decida saltarse estas preguntas. De todos modos, mirando este proyecto, que vuelve modificado desde el Senado, la vía no es seguir aumentando ineficientemente y sin ninguna proporcionalidad las penas para cada uno de los delitos contra la propiedad.

Señor Presidente, por su intermedio le pido al ministro del Interior que no siga cometiendo los errores que cometieron todos los ministros del Interior que lo precedieron, sin excepción.

Como tantas otras veces ha ocurrido, el aumento de penas de manera desproporcionada a los delitos contra la propiedad y la criminalización de la protesta no van a resolver los problemas. Esta estrategia lleva décadas de fracaso, décadas en que se sigue acumulando pobreza en las cárceles, y, en los últimos meses, muchas personas han perdido su vida o sus ojos en las calles.

Transcurridos casi noventa días desde el 18 de octubre lo que más indigna a la gente es que esta sea la señal que le estamos dando a la ciudadanía. Mientras tanto, las AFP siguen intactas; las isapres, incluso, aumentaron en 3,4 por ciento los planes de las mujeres. Tenemos nuevas denuncias de colusión en las farmacias, pero los delitos de cuello y corbata pareciera que no los toca nadie. Cuando en la Cámara tenemos que discutir proyectos sobre derecho penal para la gente común, el gobierno califica la iniciativa con discusión inmediata, pero cuando hay que hacerlo para los delitos de cuello y corbata, el gobierno arma mesas técnicas, le consulta a medio mundo y reflexiona mucho antes de criminalizar.

Lo que se nos pide votar hoy es una aberración, es un golpe al corazón de la libertad de expresión y al derecho a reunión. Sin ir más lejos, la celebrada performance de Las Tesis, de impacto mundial por su postura en contra de la violencia machista, bien podría ser calificada como un caso de interrupción de la libre circulación de las personas con intimidación, dado que se realiza siempre en una multitud. ¿Qué le dirán a sus hermanas, a sus madres, a sus parejas e hijas, y a todas las mujeres de Chile cuando las lleven detenidas por manifestarse contra el abuso y la violencia machista?

Ya voté en contra de la criminalización de la protesta y la penalización sin proporcionalidad; planteé que debemos cuidar mucho mejor los gestos simbólicos o concretos que hacemos a la ciudadanía en estos días. Hoy volveré a rechazar esa criminalización, porque no podemos meter a las cavernas a la democracia que tanto luchó y lucha por ganar un espacio público.

No podemos permitirnos que, bajo la legítima necesidad de combatir los saqueos, el Congreso criminalice la protesta social. ¡Para eso no están nuestros votos! Tampoco están para hacer como si la policía no hubiese violado los derechos humanos. Puedo parecer majadera, pero quiero decirle al ministro del Interior, por su intermedio, señor Presidente, que si el gobierno quiere volver con un proyecto que termine con la realidad que hace que Lo Barnechea tenga una seguridad ciudadana de primer orden y Renca tenga una de cuarto orden; si el gobierno quiere salir de su estrategia comunicacional, hacerse cargo de las violaciones cometidas y hablar también del derecho a la seguridad ciudadana, ahí sí estarán todos nuestros votos.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, ¿qué duda cabe de que esta iniciativa surge como una demanda frente a los hechos que hemos estado viviendo desde el 18 de octubre? La sociedad ha sido testigo de una expresión de violencia de una magnitud, de una intensidad y de una forma que no había conocido antes. De ahí surge, por parte de una moción parlamentaria, no del gobierno, la necesidad de tipificar mejor esos delitos y aumentar las sanciones, porque es lo que la inmensa mayoría de la sociedad chilena reclama a este Parlamento.

Es una iniciativa de ley de pleno y absoluto sentido común, porque no hay nada más común que aquella expresión ciudadana que dice: “Estoy de acuerdo con la legitimidad de la protesta social, pero rechazo categóricamente la vía violenta para expresarla”. Eso es lo que le ha ido pasando al movimiento social. ¿Por qué las marchas gigantescas, de un millón doscientos mil personas, no han vuelto a ocurrir? Porque la violencia las espantó y las conminó a retirarse, porque logró amedrentar al que quería expresarse pacíficamente.

Muchos que inicialmente rescataban la legitimidad de esas demandas se quedaron en sus casas, porque sintieron la fuerza y el peso de la funa, de la acción violenta, del saqueo y de la barricada que les impedía llegar a sus casas. Muchos vieron saqueados sus pequeños locales o los de parientes, así como tantos y tantos otros ejemplos que hemos conocido en estos días.

Honorable Cámara, este es un proyecto de ley de sentido común, de buscar un equilibrio entre el legítimo derecho a manifestarse, pero aislando a quienes usa la violencia extrema como forma de expresión y de presión. De eso se trata. Buscar la quinta pata al gato a esto es, como he escuchado en algunas intervenciones, que son comunes en sectores de la izquierda, contextualizar siempre la violencia para justificarla.

Escuché a la diputada Girardi decir que es un problema de la violencia de la sociedad y que es necesario enfrentar este tema. Ella dijo: “No estoy de acuerdo con las barricadas, no estoy de acuerdo con el saqueo, pero hay tanta violencia en la sociedad”. Con ese pensamiento siempre vamos a legitimar la violencia de esas acciones.

El tema es cómo preservamos el orden público y, legítimamente, hacemos que la democracia funcione, los derechos ciudadanos se expresen sin que nadie saquee un local, sin que nadie encuentre una barricada al llegar a su casa y sin que nadie corra el riesgo de que incendien un bus del Transantiago. ¿O no quieren ver la violencia? Hay sectores que efectivamente no quieren ver la violencia, a los que les conviene mirar para el lado, pero eso es ser obsecuente con ella. Me temo que hay parlamentarios que justifican la violencia como forma de expresión ciudadana o que en un momento tuvieron la voluntad de no justificarla y les fue mal, como sucedió con la voltereta de Jackson y Boric , que votaron a favor este proyecto de ley, pero cuando volvieron a sus redes sociales les dijeron: “Pero Gabriel , Giorgio , ¿cómo nos van a sancionar si somos nosotros los que hacemos barricadas, si somos nosotros los que ejercemos la violencia? ¿Cómo se les ocurre sancionarnos por esto?”. También he escuchado a algunos diputados que dicen: “Es que en mi zona tengo mucho pescador artesanal que hace barricada, y si apruebo, esto me van a criticar”. Es decir, justificamos la violencia como contexto y forma de lucha.

¡Son intrínsecamente cobardes! Son incapaces de enfrentar el amedrentamiento del que son objeto con el fin de preservar la legítima expresión democrática. Lo que vamos a votar es eso.

Las modificaciones introducidas por el Senado a este proyecto de ley buscan establecer y tipificar en forma acotada y en casos determinados este tipo de delitos. No hay ni una palabra, ni una frase -como han mencionado varios acá que vaya a inhibir o a debilitar la libre expresión social de manifestarse; no hay ningún elemento que sancione una conducta de expresión democrática de protesta. Lo que pasa es que quieren contextualizar y justificar siempre la violencia.

Escucho encendidos discursos contra Carabineros y sus excesos -obviamente, los ha habido-, pero cero palabras para los excesos de los violentistas, para el que saqueó, para los que incendiaron y destruyeron decenas de estaciones del metro y cero palabras de condena para quienes ejercen un acto que no puede ser más fascista, pues tuvo su origen en el fascismo nazi, como es el hacer bailar a alguien para que pueda pasar. ¡Eso hacían los nazis! Amedrentaban a las personas y las hacían bailar antes de matarlas, pero aquí parece casi natural: “Bailas o no pasas”. ¡Y ojo con las consecuencias si alguien no baila! Lo más probable es que le destruyan…

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Señores diputados, no hay una resolución de los Comités Parlamentarios respecto de votar hoy este proyecto de ley. La urgencia de este vence mañana, por lo que, salvo que esta Sala decida lo contrario, mientras haya personas para intervenir, el proyecto se traslada al primer lugar de la tabla de la sesión de mañana.

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, lo primero que debo decir es que no se pasen de listos, porque votamos a favor la idea de legislar, pero en contra todas las normas que criminalizan la protesta social. De hecho, la norma que aprobamos, que tenía que ver con el accionar de las ambulancias, ya no está en este proyecto, porque se eliminó en el Senado. ¡No hay nada de lo que nos tengamos que hacer cargo!

Segundo, repitamos después de décadas que el derecho penal no resolverá los problemas sociales ni los problemas políticos. El derecho penal y el aumento de penas no disminuirán los delitos comunes, no resolverán problemas entre naciones, como el que tiene Chile con el pueblo mapuche, y no resolverán la tremenda grieta social que existe en nuestro país y que se expresa en las calles, en este Congreso, en las sobremesas y en todas partes.

Quiero preguntar a los diputados que han intervenido a favor de este proyecto, como los señores Walker , Cruz-Coke o Calisto , si a las personas que legítimamente están sufriendo por los saqueos les han dicho la verdad de este proyecto, cual es que no entregará ninguna facultad nueva a las policías. ¡Ninguna! El que diga eso está mintiendo. ¿Por qué no agrega ninguna facultad a las policías? Porque no crea ningún tipo penal nuevo, aunque con complejas y malas redacciones lo intenta, pero todo lo que propone ya existe.

Aquí el proyecto se saca la careta, saca a los bomberos, a las ambulancias y dice que lo que quiere sancionar es la práctica de “el que baila, pasa”. Noticia: cortar el tránsito ya es delito y las amenazas ya son delito. Además, está tan mal redactado que les hago el siguiente vaticinio: nunca se va a aplicar.

Si todo eso ya es delito, ¿por qué el Congreso sigue creyendo que hay un problema? Quizás no porque a las policías les falten facultades, sino capacidad y eficiencia para actuar sin violar gravemente los derechos humanos, como hemos visto esta semana. ¿Eso se soluciona aumentando las penas? ¡Por supuesto que no!

Es tan absurdo lo que vamos a hacer que, si se amenaza de muerte, pero en privado, habrá una pena menor que el que aplica “el que baila, pasa” en las calles.

Respecto del saqueo, por favor, colegas, dejemos de mentirle a la gente. El saqueo obviamente ya es delito. ¿Ustedes creen que si saqueo no hay pena, que si aprobamos este proyecto ya no se podrá saquear? A los que creen, como los diputados de centro que creen que la pregunta que hay que responder respecto del último artículo es si se está a favor o en contra de los saqueos, les informo que nuestro trabajo es leer el proyecto de ley. Lo que está planteando esta iniciativa solo es un aumento de penas absurdo que va a permitir que el que se robe una tele vaya diez años a la cárcel. Ese es el caso más claro de lo absurdo de cómo estamos legislando. ¿Por qué? Porque en Chile los delitos contra la propiedad tienen penas altísimas, pero también tienen una muy baja tasa de esclarecimiento. ¿Por qué? Porque nuestras policías y nuestra inteligencia policial son incapaces de resolverlos.

¿Y qué hace el Congreso Nacional año a año para hacer el punto de prensa? Aumenta las penas para los delitos contra la propiedad, pero no aumenta en nada el nivel de esclarecimiento de esos delitos.

Y déjenme darles una sorpresa: para poder aplicar penas altas deben tener esclarecido el hecho y tener claro a quién le van a aplicar la pena.

Todo eso hace que la discusión de este proyecto de ley se convierta en un montaje. No vamos a cambiar absolutamente nada de lo que está pasando en las calles ni vamos a entregar facultad alguna a las policías. De hecho, ninguno de estos artículos se va a poder aplicar por lo mal redactados que están.

Para lo único que está este proyecto es para hacer un punto de prensa afuera y decir que hemos resuelto el problema porque hemos puesto mano dura a la violencia, y la derecha pueda llevarnos a esta situación en que el único problema que tiene que conversar el país es violencia sí O violencia no, y nunca se hacen cargo de las causas de la violencia.

¿Y por qué no quieren hacerse cargo? En el punto de prensa que van a hacer afuera van a declarar que no están interesados en hacerse cargo del problema, porque la respuesta está escrita en todas las paredes de Chile: hay que repartirse el queso, y el gobierno no quiere repartir el queso, justamente porque la promesa con que llegó este gobierno, y lo que hizo con más fuerza durante los dos años antes del estallido, fue impulsar un proyecto de ley en que se trataba de bajar los impuestos a los ricos, la famosa reforma tributaria.

Y hay mucho queso que repartir, pero también -y esto se lo quiero plantear a los ministros hay una crisis moral y de legitimidad con respecto a cómo se hicieron las fortunas, porque la mayoría de los chilenos cuando hablan de saqueos, ¿saben en qué piensan? Déjenme enumerarles un poco: elusión de empresas zombis, colusión de los pollos, colusión del papel higiénico, evasión Wallmart , perdonazo Johnson , “Pacogate”, colusión de farmacias, evasión de Penta, Banmédica , SQM y Caval .

¿Cuántos presos hay por esos casos? ¡Cero! La suma de esos casos da para 33.000 pensiones básicas solidarias y 126.000 viviendas sociales; es decir, se robaron toda una capital regional de puras viviendas sociales.

Pero, ¿quién tiene que solucionar esto? El Presidente de la República. ¿El Presidente de la República tiene la legitimidad para solucionar estos problemas políticos sin acudir al tema de la violencia? ¡No! ¿Por qué? Porque está involucrado en el caso SQM, a través de la arista de Santiago Valdés; por el Banco de Talca, por el caso LAN Cargo, por la triangulación de Chilevisión con SQM, por los forwards con Bancorp, porque tiene sociedades en Panamá, por el caso coimas de LAN y también porque la gente sabe que el mayor saqueo que ha habido en la historia de este país fue cuando en la dictadura, que incondicionalmente apoyaron los mismos líderes actuales de Chile Vamos -los Larraín, Coloma , Allamand y Melero -, se robaron todo a través de las privatizaciones. Ese es el saqueo más grande en la historia de Chile.

Quiero terminar con una frase de un cantautor chileno -voy a evitar una expresión-, que dice: “…los pacos, los ratis, también el Congreso, han robado más que mis compadres presos, (…) repártanse el queso”.

Ahí tiene la agenda, ministro.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que llegó del Senado es total, completa y estructuralmente distinto al que aprobó la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y también esta Sala, por 127 votos a favor.

Es tan distinto porque la idea de legislar a este respecto, que fue aprobada por mayoría -no en particular dice relación con proteger a las manifestaciones públicas, con distinguir y aislar a aquellos que legítimamente se manifiestan y protestan, es decir, contra aquellos delincuentes que se aprovechan de tales situaciones para delinquir.

Tan precisa era esta distinción que el propio artículo aprobado por esta Cámara de Diputados señalaba: “El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público…”, y luego se numeraban los casos de desorden público. Vale decir, el texto aprobado por la Cámara de Diputados tenía por objeto proteger la legítima y pacífica manifestación, y separarla de aquellos delincuentes y del lumpen que asolan en muchas de ellas y se aprovechan de estas circunstancias.

Pues bien, el texto que llegó del Senado es total y completamente distinto, porque se limita a regular la libre circulación, no distinguiendo entre una manifestación pacífica y una que no lo es.

Hay que decir que la sanción a este tipo de conductas hoy está regulada y debidamente tipificada como desorden público, pero hay que ser claro en que esta norma, que es parte de la estrategia del gobierno para dar a conocer comunicacionalmente un hito en materia de seguridad, no es tal.

Efectivamente, nos demoraríamos tres o cuatro días más en perfeccionar y aprobar esta norma, que se pretende aprobar de manera exprés -porque muchos, aunque entienden que esta norma es perfectible, ni siquiera quieren ir a una comisión mixta-, porque insisto en que el proyecto que llegó del Senado es completamente distinto. Me refiero al proyecto que nos llegó de aquellos que dijeron, no solo en los medios de comunicación, sino también en la propia comisión de Senado, que iban a enmendar, que iban a corregir, que iban a hacer el trabajo que la Cámara de Diputados no hace. Eso dijo el Senado.

Pues bien, nos encontramos frente a un proyecto de ley que es absolutamente inverosímil, porque no contiene normas que eran fundamentales en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, como, por ejemplo, la vandalización de locales comerciales. Lo que hace este proyecto de ley es remitirse única y exclusivamente a los delitos contra la propiedad, como si la regulación del robo y del hurto fuera lo único que puede ser capaz de generar materias o tipificar conductas.

La vandalización no está contenida. A lo que se limitan es a sancionar al “que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública”, y a continuación se señalan las conductas, con conjunciones disyuntivas -no copulativas-, de quienes realizan esta interrupción completa “mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos…”. Esas conductas se sancionan con la pena de presidio menor en su grado mínimo, vale decir, de 60 a 541 días.

Las conductas descritas llegan a la inverosimilitud, pues, por ejemplo, muchos conjuntos habitacionales pueden recibir una sanción por instalar inflables para celebrar un cumpleaños o cerrar un pasaje para celebrar las Fiestas Patrias.

Se critica la antijuridicidad de esta norma o que no cumple con el requisito. Pues bien, a renglón seguido, ese mismo artículo que despachó el Senado regula aquella circunstancia cuando haya un vehículo en pana sin la intención de obstaculizar. Omite el tema.

Es de tal magnitud la deficiencia del artículo redactado por el Senado que hay que rechazarlo como corresponde, porque lo primero que hace -a lo mejor a eso apunta la estrategia del gobiernoes regular el derecho a la manifestación, porque el epígrafe del artículo señala: “El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación…”, como si efectivamente alguna manifestación pública en Chile requiriera una autorización, y eso no es tal.

El decreto supremo N° 1.086, de 1983, que establece el derecho a reunión, es infraconstitucional, porque no respeta los tratados internacionales, porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la misma Convención Americana de Derechos Humanos establecen que el derecho a reunión es de reserva legal y tiene que ser regulado por el legislador y no por la manifestación de un intendente o un gobernador.

Este es un mal proyecto, que llegó mal redactado desde el Senado y que no se hace cargo de los problemas estructurales que tiene el gobierno en materia de orden público. Son buenos para generar una campaña de terror, para generar miedo en la población, pero no para hacerse cargo, por ejemplo, de que en doce meses se descabezó a Carabineros de Chile, pues se llamó a retiro a 51 generales -¡en doce meses!-, en circunstancias de que el alto mando de Carabineros tiene 41 generales.

Ese es el problema, esa es la responsabilidad que tiene este gobierno, porque no se hace cargo de los problemas de verdad de nuestra comunidad: las pensiones, las AFP, la salud, los bancos, etcétera.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, frente a este proyecto, que es opinable, más bien existía la tentación de no pronunciarse. Pero he seguido con atención las argumentaciones que se han dado estos días en la Sala, y lo primero que uno debiera decir, a propósito de lo que se ha señalado, es que un bien jurídico que debemos tratar de respetar y ojalá concretar es el orden público y la seguridad ciudadana. Obvio, siempre. Siempre he condenado la violencia en cualquiera de sus formas para alcanzar un determinado fin, por muy legítimo que este sea. Y el otro bien jurídico que colisiona es el derecho a manifestarse de manera pacífica. Ambos derechos son importantes.

Pido que miremos este proyecto -este quisiera que fuera mi aporte en términos de dos elementos: primero, ¿es pertinente? Esta pregunta tiene que ver con la oportunidad con que se presenta un proyecto de esta naturaleza. Y segundo, ¿es eficaz, en términos de alcanzar los objetivos que los autores declaran? Lo pregunto porque esta iniciativa se da en el marco del estallido social, en el marco de la movilización de miles y millones de chilenos y chilenas que, con justicia, protestan y alzan su voz frente a un modelo que hoy declaran ilegítimo, que quieren cambios políticos, que quieren terminar con la injusticia, terminar con los abusos y terminar con un modelo económico social que tiene a la gran mayoría en circunstancias tremendas.

Las preguntas que deberíamos hacernos -ese es nuestro deber como parlamentarios son:

¿Sirve a este propósito, como algunos han declarado? ¿Va a evitar la ocurrencia de hechos de violencia en las futuras manifestaciones que probablemente se van a seguir dando en el país?

¿Y por qué digo que se van a seguir dando? Porque todavía el gobierno no ha enviado a este Parlamento aquellos proyectos de ley que la mayoría de los chilenos de todos los niveles -de derecha, de centro y de izquierda está demandando.

Las encuestas dicen que la primera prioridad de las demandas es la previsión, las AFP; la segunda prioridad, la salud; la tercera prioridad, la educación, y en paralelo, y tan importante como lo anterior, redactar una nueva Constitución, a lo que hoy los diputados de gobierno se oponen. Lo han dicho públicamente.

Otra cosa importante: más del 80 por ciento de los chilenos dice que se debe volver al voto obligatorio. Pero hoy, con la presión del gobierno, los diputados de gobierno lo están rechazando, en circunstancias de que ayer manifestaban su intención.

Eso es no resolver políticamente un problema. No hacer eso significa que la violencia nos va a estallar una vez más en la cara. No estamos resolviendo políticamente un tema que es político. Un problema de esta naturaleza se resuelve con más y mejor política, no con más represión.

Este proyecto no es pertinente; es malo el momento para presentarlo. Tampoco es eficaz, porque ¿quién me garantiza que se van a terminar los hechos de violencia que yo condeno? Los condeno siempre. No me vengan a decir que estoy a favor de los violentistas ¡No! No lo acepto. Eso es demagogia pura y es un reduccionismo inaceptable. El tema es más complejo para tratarlo de una manera tan simplota y ramplona. Es el pueblo el que nos está demandando cambios.

Señor ministro, con todo respeto: háganse cargo. Este es un problema mayor, que no se resuelve con esto, que es un proyectito. No va a resolver el problema. Por el contrario, como dicen en mi zona, esto es tratar de apagar el fuego con bencina, y yo no quiero ser cómplice de una mala decisión, de una mala política, de un mal proyecto.

Creo que nos tienen legislando cosas banales. La agenda de ayer era de una pobreza enorme, y hoy este es un mal y pobre proyecto para la envergadura del problema político que enfrentamos. Por eso están equivocados. Además, el Senado, en vez de mejorar el proyecto, como vociferó, lo empeoró, como bien decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.

Por esas razones, no puedo sino votar en contra este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, quiero compartir las palabras del diputado Venegas y reafirmarlas con lo que dice la encuesta de la OCDE respecto del grado de confianza que tiene el pueblo chileno en relación con el sistema de justicia. Somos uno de los países donde la desconfianza hacia el sistema de justicia es uno de los mayores. Estamos al nivel de Ucrania, con el 15 por ciento, en circunstancias de que el promedio de la OCDE es de 55 por ciento. ¿Y esto por qué? Porque existe un sistema de justicia para pobres y otro para ricos. Hace poco un sujeto fue condenado a 541 días de cárcel efectiva por pagar con un billete falso de 5.000 pesos, pero resulta que en los casos de corrupción millonarios, como los fraudes tributarios en Penta, SQM y Corpesca, no hay ningún imputado condenado a una pena efectiva.

¿Qué pasa con la rabia desatada en las calles? ¿Qué pasa con esta desconfianza? Justamente se debe a que estamos en una burbuja que es producto de una situación de clase. Aquí todos los proyectos anticorrupción y anticolusión se demoran años. Se hacen comisiones técnicas, hay que revisarlos, hay que ver el detalle, hay que tener más audiencias, hay que escuchar a más expertos. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho a los señores parlamentarios fijar penas efectivas y altas a sus primos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes. Eso es lo que pasa en este Congreso, lamentablemente. Porque aquí se legisla pensando principalmente en cómo proteger a los amigos y en cómo poner mano dura y penas brutales a la mayoría de Chile, que sí, efectivamente, comete delitos, pero que a todas luces se le castiga con penas totalmente desproporcionadas.

Además, este proyecto criminaliza. No solo aumenta penas de manera desproporcionada a delitos que ya existen, sino que criminaliza protestas como -lo dijo la diputadaOrsinila de Las Tesis, porque esa es una manifestación organizada, donde participa más de una persona y que se considera como intimidatoria. Y para qué decir “el que baila, pasa”.

Tenemos un proyecto que criminaliza la protesta social, que aumenta de manera desproporcionada delitos que ya existen -reitero, que ya existen y que además es totalmente inútil. Lo decía el diputado Venegas : este proyecto, en este contexto, es como prender una fogata en una bencinera. No va a solucionar el problema del orden público, sino que puede aumentar la situación de crisis social que vive el país.

Por eso, nuestra bancada va a rechazar nuevamente este proyecto antibarricadas, anti el que baila, pasa; anti-Las Tesis y antisaqueo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, seguramente en este proyecto ya están los votos cocinados con algunos partidos de centro, pero no puedo dejar de reparar en este montaje.

Estoy absoluta y tajantemente en contra de la violencia, pero aquí a la gente se le está mintiendo. Se le da un sentido grandilocuente a una agenda social en los diarios, pero lo que se está abordando realmente es una agenda penal. ¿Qué es primero? ¿La solución al problema o la violencia?

Sumado a esto existe en el país una gran desconfianza y una falta de sentido de justicia. La gente ni siquiera quiere ir a denunciar nada, no cree en la justicia. Entonces, aquí no se está solucionando el problema de fondo, como sería, por ejemplo, el mejoramiento a las policías.

Lo que realmente detendrá el desorden público es responder al pueblo. La gente quiere cambios, y eso debemos dar, no estos mamarrachos jurídicos que meten en una licuadora delitos que ya están tipificados para sacar un supuesto licuado de seguridad que es solo una sensación, nada de realidad.

¿Alguien cree que este proyecto detendrá la violencia? Este es un montaje del gobierno para dividirnos mediante la represión, anticipándose a lo que puede venir en marzo.

No hay tipificación alguna de un nuevo delito; todo está en nuestra legislación. Acá solo se agravan determinadas penas, transgrediéndose, incluso, el principio de proporcionalidad.

Cuando hablamos de este principio en materia penal nos referimos a la necesidad de que las personas reciban una pena similar por actos semejantes que merezcan un reproche equivalente.

Para esto se debe considerar la gravedad de las distintas conductas que se sancionan como delitos y las penas que se le asignan. Se pretende castigar el lanzamiento de objetos en la vía pública con una pena que puede llegar a los tres años de privación de libertad, homologando dicha conducta, por ejemplo, a la de un soborno a un ministro de Estado.

En el caso de los denominados “saqueos”, el proyecto obliga a elevar en un grado la pena, lo que significa que en este caso el robo con fuerza de las cosas, que actualmente ya tiene una pena alta, la cual puede llegar a los diez años, en el caso de que se realice mediante saqueo, tendrá una pena que alcanzará a quince años, lo mismo que un homicidio.

¿En verdad creen que un delito contra la propiedad es igual o más grave que matar o torturar a una persona?

Mientras en Chile un profesor vaya a la cárcel por romper un torniquete y un político pague con una suspensión condicional de procedimiento su impunidad, yo no votaré a favor este tipo de proyectos de ley.

Ahora bien, si las conductas ya están descritas, ¿qué justificaría el aumento de las penas? Es aquí donde se muestra realmente el espíritu de esta iniciativa represora: el gobierno repudia las demandas sociales, le molesta ver carteles que señalan: “Los impulsores del modelo desigual, segregador y humillante”.

Es fácil darnos cuenta del verdadero interés del gobierno: no quiere cambiar nada, absolutamente nada, de este modelo; solo dividir para gobernar mediante la fuerza, previendo lo que puede venir. Se trata de la llamada “teoría del choque”, que es muy vieja en política. Quieren más violencia, que el país reviente, y llegar como salvadores, casi como unos superhéroes, mediante una fuerza legitimada. El modelo les gusta y los beneficia.

Esta es la verdadera razón detrás de un gobierno con menos de 10 por ciento de aprobación: estar en contra de las demandas sociales, criminalizarlas y luego decir que no existe paz social, para realizar los cambios, cambios que no han hecho y que no tienen la intención de hacer.

¿Qué proyectos realmente se han aprobado en el Congreso Nacional que vayan en respuesta de las demandas sociales, como pensión, salud, educación, vivienda? Ninguno.

El primero consistió solamente en subir una miseria las pensiones a los mayores de 85 años de edad. El segundo es un proyecto que habilita un plebiscito para una nueva Constitución. Sobre este último, ahora surge la teoría de Allamand, que ya se alineó para rechazarlo.

Debemos centrar las energías en resolver los problemas sociales y no en encontrar las excusas para evitar el fondo del asunto.

La única reacción al movimiento social no puede ser reprimir y otorgar bonos de miseria. Tengan presente que el verdadero estallido puede que esté incubándose justamente gracias a este tipo de leyes.

Hagámonos cargo de una vez por todas, escuchemos a la gente, elaboremos una Constitución legítima, ya que si no lo hacemos hoy, lo que pagaremos mañana puede ser muy caro. La soberanía popular nos pasará la cuenta y a esa altura será demasiado tarde para cualquier reacción.

Estamos ante una política absolutamente fracasada. Pretenden dividirnos usando el miedo.

Ya lo decía Maquiavelo : “Más vale ser temido que amado”.

La paz social solo se logrará si devuelven algo de lo que se han apropiado, no reprimiendo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha concluido el Orden del Día.

La discusión de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto continuará en la sesión ordinaria de mañana, al final de la cual deberá votarse.

Solicito el asentimiento de la Sala para que las intervenciones de mañana sean de solo cinco minutos en lugar de seis minutos.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En consecuencia, se respetará lo que determina la urgencia: intervenciones de seis minutos.

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 13090-25) [Continuación]

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Corresponde continuar la discusión sobre las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en circunstancias que indica.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana se rindió en la sesión 142ª de la presente legislatura, en miércoles 15 de enero de 2020.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Antes de continuar con el debate del proyecto, recabo la unanimidad de la sala para reducir a cinco minutos las intervenciones, debido al alto número de diputados y diputadas inscritos.

¿Habría acuerdo?

Aprobado.

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, después de casi noventa días en que Chile despertó y se movilizó, un tiempo en el que millones de personas hemos marchado pacíficamente por las calles exigiendo justicia, equidad, dignidad, resulta que el gobierno solo responde dictando leyes represivas que criminalizan la protesta social y buscan encarcelar a ciudadanos comunes y corrientes que, cansados de tanto abuso, salen a protestar por las calles de nuestro país.

Hablemos con franqueza. Actualmente, el Código Penal permite encarcelar a quien incendie o robe un negocio, ya sea un quiosco o un gran supermercado. Para que se entienda bien, ahora y sin necesidad de esta ley, quien incendie o robe un negocio ya tiene pena de cárcel. Nada de lo contenido en este proyecto requiere de una nueva ley.

Todo lo que debe ser considerado delito, ya es delito. Entonces es falsa, es una mentira muy grande, toda esta vergonzosa discusión, porque lo que se encubre mañosamente es la criminalización de la protesta social, que es legítima. Esto es lo que se llama populismo penal.

El gobierno presenta este proyecto de ley solo para ver si logra subir un par de puntos en el mísero apoyo que tiene hoy, lo que por cierto no va a suceder.

La marcha más grande de Chile, la del 25 de octubre, con 2 millones de personas, fue tan pacífica que hasta el propio presidente Piñera dijo que la marcha lo había llenado de alegría e, incluso, insinuó que él estaba presente.

Pues bien, con este proyecto de ley, estos 2 millones de personas se van a transformar en delincuentes porque se penalizará la ocupación de las calles sin permiso previo, se castigará con cárcel la interrupción de la circulación de locomoción colectiva, que fue exactamente lo que sucedió en esa histórica marcha. Así, se pretende criminalizar la legítima protesta civil y la marcha pacífica.

Aquí hace falta regular los verdaderos saqueos, no la protesta social. Hay algunos saqueos que no tienen penas de cárcel y que quedan en la total impunidad. A los que han saqueado este país y han coimeado parlamentarios se los manda a tomar clases de ética; hubo un exministro del actual presidente que saqueó todo un país con la colusión de papel higiénico, y tres cadenas de farmacia, las más grandes del país, nos saquearon coludiéndose con los precios de los remedios.

Por todos esos saqueos a millones de chilenos, ¿hay algún responsable preso? ¿Alguien con arresto domiciliario o con firma mensual? ¿Al menos una persona? ¿Solo una persona? Ninguno de esos criminales que han saqueado al país está donde debería estar: en la cárcel.

Pero sigamos. ¿A cuánto alcanzó el saqueo en el “pacogate”? 28.000 millones de pesos.

¿Cuánto fue el saqueo del perdonazo a Johnson? 70.000 millones. ¿Los millones robados en el “milicogate”? 140.000 millones. ¿Y la elusión de las empresas zombis, en las que hay considerar varias propiedades, incluso, del Presidente Piñera?

Las cifras que se dan de saqueos son impresionantes; sin embargo, no hay nadie preso.

¿Algún director de esas empresas? ¿Algún gerente? Nadie ha pagado con cárcel, y resulta que el gobierno está preocupado de meter preso a quienes aplican “el que baila, pasa”.

Estos abusos son los que tienen indignados a todo Chile. El gobierno no puede seguir presentando estos absurdos proyectos que aumentan la represión.

Si queremos que las cosas cambien y que este sea un mejor país, no va a ser con jóvenes presos o mutilados. De una vez por todas, el gobierno debe presentar proyectos para recuperar el agua, para anular la corrupta ley de pesca, para terminar con las AFP, para condonar el CAE, para aumentar el sueldo mínimo. Esos son los verdaderos saqueos que han afectado y siguen afectando a millones de chilenos y chilenas.

Por cierto, vamos a rechazar este intento de penalizar la legítima protesta y la legítima movilización ciudadana.

Vamos a rechazar este proyecto. He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, yo me dirigiría al señor Piñera y le diría que colocar la fuerza en la agenda, en esta materia, indica, una vez más, que está completamente equivocado. Pretender colocar en la agenda mayor fuerza represiva, en este caso apuntando fundamentalmente a la criminalización de la protesta, sin duda es un grave error, como el que cometió anoche en cadena nacional. Después de una serie de diálogos que había, incluso, en parte importante de la oposición para proponer un cambio sustantivo en materia previsional, el Presidente Piñera anoche se dio el lujo de decirnos, por cadena nacional, que las AFP van a seguir haciendo su gran negocio. Esa es una de las demandas principales que ha manifestado la ciudadanía en nuestro país durante los últimos meses e, incluso, durante los últimos años, pero ni siquiera eso escucha.

¿Y qué se hace? Se pone énfasis a este tipo de proyectos de ley, que, además de no tener ninguna razón de orden práctico, porque no prestará ninguna utilidad, evidencia lo que está de fondo. Ahí es donde la ciudadanía debe tener el tema claro, porque vamos a enfrentar un proceso en el mes de abril, que nos abre la posibilidad, si aprobamos, de cambiar la Constitución. Lo que hoy propone el gobierno refleja precisamente la seguidilla de acciones por parte del Presidente Piñera y de la derecha en orden a ir endureciendo la mano.

Ya la derecha casi completa, o buena parte, se alista para rechazar la posibilidad de abrirnos a discutir una Constitución a través de un mecanismo de participación, como corresponde hacer en cualquier país decente y civilizado. Ya se están formando los grupos para ir a rechazar la posibilidad de tener una nueva Constitución.

En la prensa he leído la información de que el Presidente ha llamado a Chadwick para que él se encargue de la propuesta de nueva Constitución de Chile Vamos. El hecho de que sea Chadwick no es menor, pues él fue ayudante y profesor junto a Jaime Guzmán . ¡Eso refleja lo que está pasando hoy! Este proyecto de ley va encaminado exactamente hacia lo mismo, y eso me preocupa.

Por eso, los regionalistas no nos equivocamos cuando lo rechazamos desde el principio algunos de nosotros con mucha claridady no lo aprobamos ni siquiera en su primer trámite constitucional, porque lo que está detrás, una y otra vez, es esa lógica.

Si el gobierno, la derecha y Piñera quieren efectivamente terminar con actos que pueden ser constitutivos de delitos, están todos los instrumentos en el Código Penal, que tiene más de cien años. Por ejemplo, está el delito de alteración pública en el artículo 269 y siguientes. Hay una serie de instrumentos jurídicos que tienen hoy para perseguir los delitos que han señalado. Está la Ley de Seguridad Interior del Estado, que han aplicado.

Entonces, este no es precisamente el camino.

Yo creo que se equivoca porque no entiende o no quiere entender el problema de fondo, que es la profunda desigualdad que hay en la sociedad chilena, como han dicho muchos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Pero es importante recordar, particularmente hoy, algunas de las causas de esa desigualdad que tiene Chile, de esa concentración de la riqueza, de ese 1 por ciento que ostenta más del 33 por ciento de la concentración de los ingresos, de esa brutalidad que ocurre en Chile, de esa carga tributaria tan aliviada de no más del 20 por ciento, la más baja del conjunto de países con el que nos gusta compararnos.

Una de esas causas precisamente es el saqueo. Pero el saqueo que los grupos económicos hicieron al Estado de Chile. Aquí hay un libro de la gran periodista María Olivia Mönckeberg , de fines de los 90 o principio de los 2000, donde ya relataba esto.

(Aplausos)

Una gran periodista que después obtuvo el Premio Nacional. Nunca desmentida respecto de su seria investigación.

Por eso vamos a rechazar este proyecto de ley, porque no va por el camino correcto, porque no tiene sentido, porque no usa la misma vara, porque es exactamente lo contrario de lo que se tiene que hacer.

Lo que hay que hacer es profundizar la democracia, abrirse a la posibilidad de cambiar la Constitución por un Chile digno en el mes de abril y no retroceder.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, originalmente yo no iba a intervenir en la discusión de este proyecto, porque estaba más bien centrado en la discusión constitucional o sobre seguridad pública. Sin embargo, me es imposible no hacer una reflexión sobre el hecho de que algo debe pasar al interior de esta Sala -quizá hay un ambiente tóxico-, porque los diputados dicen una cosa en los pasillos, pero cuando entran a esta Sala cambian de opinión. Por ejemplo, dicen que condenan la violencia. Sin embargo, aquí hacen una apología al saqueo y a la violencia.

Si realmente quieren que no se confunda la protesta social con la violencia y que, por lo tanto, no se criminalice, entonces condenen los saqueos, las barricadas violentas y las acciones que no son legítimas en una democracia. Es exactamente lo contrario del discurso sostenido aquí respecto de que este proyecto criminaliza la protesta, porque es ese discurso el que criminaliza la protesta, porque es ese discurso el que está sosteniendo que poner una barricada, incendiar la propiedad de otra persona, quemar una sede de un partido, saquear un supermercado, incendiar las pymes es parte de la protesta social. ¿Entonces ese es un derecho?

¿Eso es lo que están sosteniendo? De hecho, no se escuchó, pero el diputado Alarcón dijo que sí.

Es importante que la ciudadanía conozca ese tipo de cosas. Algunos han dicho que este proyecto de ley es malo, pero lo votaron a favor antes; les hicieron ¡bu! en redes sociales y cambiaron de opinión. Venían por los pasillos, les dijeron algo y se asustaron porque algunas juventudes de algunos partidos antidemocráticos les ponen tuits y se vuelven locos; por eso, cambian de opinión.

¿Hasta cuándo la falta de convicciones democráticas? Esto es muy sencillo: estamos de acuerdo en que hay violencia legítima para hacer política o no. Estar en desacuerdo con la violencia como forma legítima de la política es una cuestión que uno esperaría que fuera un avance “civilizatorio”, como dicen ustedes. Yo esperaría que en ese avance “civilizatorio” no vayamos a una involución. Porque las sociedades antes de los Estados modernos resolvían sus problemas a punta de violencia. Al parecer, algunos quieren volver a esa involución, y entonces sostienen que la violencia física, fascista, de ultraizquierda, que impide que una persona pueda cuestionar a otra o pensar diferente, es parte de la protesta social. ¿En verdad creen eso?

Entonces, algunos dicen que hay gente de derecha que hace campaña del terror por el apruebo o rechazo; perdón, la campaña del terror la hacen precisamente aquellos que quieren causar el terror, y, lamentablemente, ustedes se suman al coro cuando sostienen que la violencia que hemos visto es la protesta social. Eso es completamente contradictorio con todos los discursos que dijeron en todas partes respecto de que la protesta social era pacífica, legítima, buena, con aspiraciones, y que todos podemos estar o no convocados a ellas, pero a continuación, cuando se dice que se quiere penalizar que algunos saqueen, que hagan pedazos las pymes, dicen que no, que eso es parte de la protesta social. ¡Vaya contradicción! Y para tratar de buscar a un enemigo común, entonces dicen que es un proyecto del gobierno.

Pero les tengo una mala noticia: no es un proyecto del gobierno. Y después dicen que el gobierno no ha mandado los proyectos de ley que son importantes. ¡Perdón!, los ha mandado todos. Otra cosa diferente es que a ustedes no les gusten, y, de hecho, los han bloqueado casi todos.

Entonces, de verdad creo que después vamos a tener que enviar un oficio para ver si el aire acondicionado que está en la Sala tiene alguna toxina que hace que sea imposible que nos pongamos de acuerdo en cuestiones básicas y mínimas, y que los discursos en los pasillos, en privado, cambien hacia lo público cuando hay una cámara.

La debilidad de las convicciones democráticas es lo que hace que tambaleen las democracias y las instituciones.

Esperaría muchísimo más, especialmente de aquellos que tienen esa larga trayectoria de lucha por la democracia, ya sea en la dictadura u hoy.

De una vez por todas, digamos bien claro, por un avance civilizatorio: la violencia nunca se justifica.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el último discurso, y quiero ser superclaro: a nadie, y en esto hay que ser justo, a ningún parlamentario, a ningún partido político legalizado en nuestro país le he escuchado estar a favor de la violencia. A ninguno. ¡A ninguno!

Entonces, no tratemos de separar a Chile entre partidos políticos que fomentan la violencia y partidos que no la fomentan. Ningún partido político en Chile la fomenta. Si no, estaría proscrito y no se podría haber legalizado. No digamos cosas que no se ajustan a la verdad, porque aquello no contribuye ni al diálogo ni a buscar soluciones al profundo problema que hoy tenemos en nuestro país.

Por consiguiente, quienes luchamos por la democracia, quienes jugamos un rol importante y arriesgamos nuestras vidas por recuperarla, no la recuperamos para que después, en democracia, se quiera restringir la libertad de los chilenos. Si luchamos por recuperar la democracia era para que existiera libertad en Chile.

Y, claro, hay distintas maneras de ver la libertad. Hay algunos que solo ven la libertad de la paz de los cementerios. Para ellos eso es la paz. Para otros existe otra paz, que tiene tres caminos: el camino de la justicia, el camino de la verdad y el camino de la libertad. Para nosotros esa es la paz social y no la paz de los cementerios, que pretenden, de una u otra manera, implementar con este tipo de medidas y de acciones.

Fíjense que el mismo diputado que se está retirando de la Sala en este momento habla con mucha fuerza cuando se reprime en Hong Kong y habla con mucha fuerza cuando se reprime en Venezuela; sin embargo, hoy es cómplice cuando se reprime a sus propios compatriotas.

¡Ahí sí que no tiene voz!

(Manifestaciones en la Sala)

¡Ahí se olvida de que sus propios compatriotas son seres humanos que requieren respeto y dignidad! Para defender a otros países sí tiene voz, pero aquí en Chile se hace cómplice de la represión, de la agresión y del Estado policial que se quiere establecer en nuestro país.

Hay gente que no quiere entender que Chile cambió. El otro día en una comisión escuchaba a una persona decir que el único sexo seguro era la abstinencia. Ayer, salió un parlamentario a señalar que el matrimonio igualitario era el fin de la humanidad. ¡El fin de la humanidad! ¿Se dan cuenta de las cosas que estamos escuchando en estos días? ¡Eso es no entender nada!

Quiero ser claro: el Partido Socialista y todos los partidos que conozco en esta Sala han tenido una actitud de condena absoluta a la violencia. Por eso rechazamos el proyecto que viene del Senado, porque cambió. No tengo vergüenza de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados en el primer trámite. Pero el proyecto de la Cámara era bien claro, porque establecía que en una manifestación pacífica, el que se saliera de ella para hacer actos de delincuencia, de saqueos, de robo, podía ser sancionado. Esa persona podía ser sancionada.

Aun más, aquí los juristas lo han recordado: en Chile esto ya está penalizado. ¿Por qué seguir penalizando aún más las manifestaciones que ocurren en nuestro país?

Por eso -reitero-, este proyecto es como tirar una bomba molotov a las manifestaciones sociales en nuestro país; esto es responder a la violencia con más violencia. Y jamás, en ningún lugar del mundo, se construye la paz aplicando más medidas represivas y violentas para traer la supuesta paz social, que no existe cuando hay represión...

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, en 2013 se inició una investigación en contra del entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner , quien fue acusado de haber suscrito un documento que habilitaba a Soquimich a participar nada menos que del concurso público para la concesión del litio, ocasión en que él habría incurrido en una eventual falsificación de instrumento público.

Luego de ello y antes de ser formalizado, el 2015-2016, se conoció un correo electrónico en que Pablo Wagner , en 2012, habría escrito al entonces subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn , el siguiente texto que quiero leer, porque me parece bastante importante. Es un mail de agradecimiento por las gestiones que habría realizado el subsecretario. Dice: “Gracias, hermano, por el constante apoyo. No era fácil, pero salió, y le van a caer sus milloncitos.”. Este correo electrónico fue parte de la investigación en contra del subsecretario Wagner , pues obviamente habría un delito de cohecho entre Soquimich y el subsecretario Pablo Wagner , ya que esta empresa no cumplía con los requisitos para postular, pero la hicieron postular igual y ganar la concesión.

En febrero de 2017, Pablo Wagner logró un acuerdo con la fiscalía para la suspensión condicional de la investigación en su contra. Adivinen qué tuvo que pagar. Solo tuvo que donar 1.000.000 de pesos al cuerpo de Bomberos de Santiago y a Techo Chile.

Cuando uno ve este tipo de casos en que el cohecho era evidente, porque un funcionario público intervino a favor de una empresa para nada más ni nada menos que la explotación del litio, uno dice: “Aquí está el gran saqueo”.

Reitero: aquí está el gran saqueo. Y por más que haya logrado un acuerdo de suspensión condicional con la Fiscalía, la verdad es que es cosa de ver los medios de comunicación y la investigación para darse cuenta de que no hay ninguna duda de la responsabilidad de estos funcionarios. Al punto de que eran capaces de poner en un correo electrónico: “Muchas gracias, hermano; te van a caer unos milloncitos.”.

Entonces, cuando vemos de parte del gobierno un proyecto de ley que tiene por objeto criminalizar la protesta social y el saqueo, uno se hace la pregunta sobre la complicidad no solo con la impunidad de este tipo de delitos de casos de corrupción y de cohecho evidentes, sino que, además, sobre la complicidad con el gran saqueo. Porque el gobierno comprometió una agenda antiabusos en contra de las colusiones, en la que se aumentan las penas para el cohecho, y la verdad es que hasta el momento esos proyectos no tienen la urgencia que se requiere. Y hoy estamos discutiendo un proyecto para criminalizar la protesta social y no un proyecto sobre los grandes saqueos que ha habido en Chile.

Por lo demás, los señores como Pablo Wagner son, en gran medida, responsables del estallido social, porque es evidente que ha habido impunidad.

No tengo problema alguno en condenar la violencia, y nunca lo he tenido, pero no la protesta social legítima y pacífica, sino cuando se realizan actos de saqueos a supermercados o a lo que sea. En esos casos, por supuesto que la condeno. No tengo ningún complejo en eso, y nunca lo he tenido. Pero otra cosa es la protesta social legítima. Quien intente confundir las cosas está equivocado.

Reitero que no tengo problema con eso, pero quiero recordar al gobierno su compromiso y su anuncio al país de que iba a terminar con los delitos de cuello y corbata. ¿Dónde están los proyectos de ley para terminar con las grandes colusiones? ¿Dónde están las urgencias para esos proyectos? ¡Eso lo necesitamos!

Problemas con que se persiga el saqueo a supermercados, a farmacias, a pymes, no tengo ninguno, pero realmente vayamos por los señores como Pablo Wagner , por los señores que han comprometido los recursos naturales de todo el país, como el litio. Hasta el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de ellos, pero al final, a través de un acuerdo con la fiscalía, se resolvió que salieran impunes y que solo pagaran un millón de pesos a Bomberos y un millón de pesos a la fundación Un Techo para Chile. ¡Eso no es justicia!

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, tengo sentimientos encontrados. Estoy contento -por qué no decir felizpor la forma en que el Senado votó el proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, pero estoy triste porque parlamentarios de la oposición hoy quieren justificar lo injustificable en sus discursos. Dicen estar en contra de la violencia y argumentan que están a favor de las protestas pacíficas. Bueno, quiero decir que yo también lo estoy. Todos estamos a favor de las protestas pacíficas, pero nadie en su sano juicio puede estar a favor del saqueo, de las quemas, de los ataques o del famoso “el que baila, pasa”. Eso no lo entiendo.

He escuchado a algunos preguntar en qué país estamos viviendo. Pues bien, estamos viviendo en un país donde un grupo de parlamentarios aprueba la violencia, aprueba que quemen las micro, pequeñas y medianas empresas, aprueba que destruyan las iglesias y aprueba que quemen las sedes parlamentarias. Hace algunos días quemaron mi sede y un parlamentario de oposición, no sé si en broma o en serio, me dijo: “Lamentablemente, Leonidas , tú no estabas adentro”. Eso lo aprueban, y lo dicen con un descaro total. Creo que estamos equivocando el camino.

En verdad, espero que esta iniciativa se apruebe por amplia mayoría, porque no es posible que se continúe con este tremendo nivel de violencia. Cuando uno se desplaza por las carreteras hacia su ciudad, no sabe si llegará a su casa; no sabe si lo reconocerán. Afortunadamente, muy poca gente en Santiago y en Valparaíso me conoce. Por eso no he sufrido ataques. Pero, ¿cuántos parlamentarios ya los han sufrido, por ejemplo, en los aeropuertos? En verdad creo que estamos cometiendo graves errores.

El 18 de octubre, Chile despertó, efectivamente. Pero también despertó el lumpen, el terrorismo y la delincuencia. Hoy vemos que están siendo atacadas las comisarías, los regimientos, y las policías están con los brazos amarrados, porque tenemos un gobierno que no se las ha jugado y no se ha puesto los pantalones para impulsar proyectos de ley que apoyen a las policías. Por si eso fuera poco, existen parlamentarios que aparecieron en las manifestaciones violentas con el objeto de agredir verbalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden, pero como tienen fuero, nadie les dijo nada.

Conozco casos de pequeños comerciantes que estuvieron día y noche cuidando sus boliches, porque lo único que les quedaba era ese capital. Fueron amenazados de muerte y agredidos, pero no verbalmente, sino físicamente, a quienes les robaron absolutamente todo lo que les ha costado años de sacrificio.

Yo soy un microemprendedor; vengo de una familia muy humilde. Sé lo que es dar trabajo y lo que cuesta llegar a fin de mes y pagar impuestos y sueldos, pero hay personas que no lo saben, que con mucha facilidad dicen que están a favor de las manifestaciones y que el que delinque, que hace barricadas, que quema y que roba, no es delincuente.

Señalan que no están en contra de aquello, parece que para ser más populares. Yo no quiero ser popular, sino decir lo que pienso y defender a los miles de ciudadanos que quedaron en la calle sin trabajo.

He escuchado también a mis colegas referirse a los derechos humanos. Bueno, ese pequeño comerciante, su familia y sus hijos también tienen derechos humanos, y no los he visto ni he escuchado defenderlos. ¡Qué triste!

Espero que hoy, mayoritariamente, los parlamentarios que somos hombres y mujeres de bien apoyemos este proyecto de ley, porque es necesario para dar tranquilidad a miles de chilenos que están esperando que hagamos bien las cosas.

Derechos humanos tenemos todos; todos somos humanos. Yo soy malo para bailar. Hasta aquí no me ha tocado, pero espero que no me toque vivir “el que baila, pasa”, porque lo más probable es que me destruyan el auto y me agredan, porque no voy a bailar. ¡Yo bailo cuando quiero y donde quiero; no cuando me obligan! ¡Mis derechos también deben ser respetados!

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, dejaré de lado mi discurso con el que pretendía dejar claro que los que claman por la paz, hablan en contra de la violencia de cualquier tipo e instan a otros a que se pronuncien sobre los saqueos o las barricadas, son los mismos que generaron esta institucionalidad que nos rige y que se basa en la más brutal de las violencias: surgida en un golpe de Estado, con el exterminio de miles y miles de personas, con personas desaparecidas que hasta hoy buscamos en todo el territorio de la república y que aún no encontramos.

Cuando predican en contra de la violencia, parece que olvidan que la Constitución del 80 surgió en una dictadura. Pero ellos nos dicen ahora: “Ustedes son los violentos”. ¿Quiénes son los violentos?

Pero bueno, tal como dije, dejaré mi discurso a un lado, porque quiero abocarme a leer algo que creo que es sumamente pertinente para el día de hoy.

Todos sabemos que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos es la principal entidad de Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó justamente a ese Alto Comisionado la misión de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Esa es su misión.

Y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con fecha 15 de enero de 2020 -es decir, ayer-, nos mandó una carta a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias presentes en este hemiciclo. ¿Qué nos dijo?

“Honorables diputadas y diputados:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi calidad de Representante Regional para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el marco del acuerdo de sede suscrito entre el gobierno de la República de Chile y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 23 de septiembre de 2009.

A través de la presente comunicación, me permito expresar la preocupación del ACNUDH por la serie de proyectos de ley enmarcados en la “agenda de seguridad”, los que se encuentran en proceso de discusión parlamentaria.

La ACNUDH reconoce la necesidad de adoptar estrategias y medidas de distinta índole para prevenir actos de violencia y saqueos. Sin embargo, la oficina coincide con los diagnósticos que señalan que la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo, y que la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre de ultima ratio.”.

¿Qué agrega? “En particular, preocupa el proyecto de ley Boletín N° 13.090-25, que supone modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava penas aplicables. El artículo único número 1 de este proyecto, que agrega un nuevo artículo 268 septies al Código Penal estipula que será sancionado “El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos.”.

Luego, el proyecto sanciona con igual pena “a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.”.

Desde la perspectiva de los estándares internacionales, la formulación del artículo podría ser problemática, por lo siguiente: la posibilidad de sancionar penalmente la interrupción de la libre circulación de las personas sin autorización da a entender que se pueden hacer barricadas con autorización y sin autorización.

Cuando el Senado recibió este proyecto dijo que este era un engendro jurídico. ¿A qué se dedican los parlamentarios que nos mandan este proyecto-aberración? Bueno, ahora el mismo proyecto que viene del Senado comete las mismas aberraciones jurídicas.

En consecuencia, hoy nos quieren hacer sancionar la protesta social, la movilización social. Y acá el representante nos insta a que, en buenas cuentas, rechacemos esta legislación, porque es una agenda represiva que no conduce a solucionar los problemas que la gente demanda en la calle. Si algo tenemos que respetar, sin duda, es el estándar internacional de los derechos humanos, y se nos insta hoy a rechazar esta legislación. Y eso es lo que el Partido Comunista de Chile va hacer.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, en este proyecto de ley de la agenda de seguridad veremos la hora de la verdad de los que están dispuestos a amparar la violencia o no, y punto. Esa es la discusión que hay hoy.

Decir aquí que se votará en contra porque no se han presentado otros proyectos es un profundo error. Aquí, efectivamente, llamo al gobierno y le pido al ministro secretario general de la Presidencia que presente el proyecto anticolusión, que presente proyectos que defiendan a los consumidores, pero que no sea esa la excusa para rechazar un proyecto de ley que lo que busca es sancionar el saqueo.

Parece increíble, pero la excusa que dan es: “Como no se ha presentado el proyecto de ley anticolusión, rechazo el del saqueo”.

Aprobemos los dos, apuremos los dos y avancemos en los dos.

Pero lo que hemos visto aquí en forma reiterada por parte, ya no solo del Partido Comunista, ya no solo de algunos sectores del Frente Amplio, sino de parte importante de la izquierda es el miedo a aprobar un proyecto de ley que sanciona el saqueo.

¿Qué más sanciona el proyecto de ley? Las barricadas.

Pero aquí se dan unas volteretas olímpicas para intentar explicar por qué esto criminaliza la protesta social. Aquí no se está criminalizando la protesta social, sino sancionando a los violentistas, a aquellas personas que se aprovechan del caos social para saquear, no solo supermercados, sino locales comerciales, pymes. Eso es lo que está en el fondo.

Todos conocemos en nuestras zonas pequeñas y medianas empresas que han sido destruidas. Imagino que todos han solidarizado con ellas. Pero cuando toca sancionar a los violentistas, prefieren mirar para el lado, y les siguen temiendo a las redes sociales, al bullying de los sectores más de izquierda.

¿Qué más busca este proyecto? No solo sancionar el saqueo más duramente, no solo sancionar las barricadas, sino también, por ejemplo, al que lanza objetos cortantes, contundentes, que pueden causar lesiones y hasta la muerte a una persona. Eso también se está sancionando acá. Porque cuando se tiran piedras que pesan 10 kilos y se intenta achuntarle a la cabeza de una persona, lo que ahí se está haciendo es intentar matarla o causarle lesiones graves. Eso también tiene que ser sancionado.

Pero no, para ellos esto es legítima protesta social.

¿Por qué el miedo a no ser capaces de diferenciar al legítimo manifestante, que legítimamente marcha pidiendo o exigiendo derechos, de aquellos violentistas que se aprovechan de eso para causar temor y violencia?

Recuerdo las marchas de 2011. Algunos de los dirigentes estudiantiles, hoy parlamentarios, salían después de las marchas a condenar la violencia de los encapuchados. Bueno, ¡este es el momento de sancionarlos! Este es el momento de sancionar las barricadas, a los que atacan a carabineros, los actos violentos. Dejemos el discurso fácil de la condena al aire y pongámoslo sobre una normativa que permita sancionar de verdad a estos violentistas.

¿Qué más se quiere sancionar? La práctica “el que baila, pasa”. Obvio que con una pena mucho menor. Pero, ¿por qué tener miedo a que haya una sanción a aquel que amenaza y humilla a una persona porque no hace lo que le está exigiendo? ¿Por qué ese miedo a enfrentar a los violentistas y decirles “nosotros no”?

Nosotros valoramos la protesta social; nosotros escuchamos, y para nadie es un misterio. A unos les podrán gustar más o menos los proyectos que ha anunciado el gobierno, pero se está haciendo un esfuerzo potente; se está escuchando. Pero aquí hay algunos que prefieren escuchar las redes sociales, que votan un proyecto de ley y al día siguiente piden perdón, porque les hicieron bullying. Ese miedo hay que dejarlo de lado y empezar de una vez por todas a sancionar a los violentistas.

¡Bienvenidas la legítima protesta y las legítimas demandas! ¡Condena a los violentistas! Esto es lo que estamos haciendo. No les tengan miedo a las redes sociales, y actuemos con coherencia para avanzar en esta legislación.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, estimados colegas, honorable Sala, creo que hay que revisar un poco la historia de este proyecto, que hoy estamos discutiendo en tercer trámite constitucional.

Este proyecto fue abordado e intensamente discutido en la Comisión de Seguridad Ciudadana y luego pasó a la Sala, donde fue aprobado por 127 parlamentarios, 127 diputados no solo de los partidos oficialistas, sino también de los partidos de la centroizquierda democrática, de los partidos de la ex-Concertación, quienes estamos absolutamente decididos a avanzar en reformas estructurales para el país, por ejemplo, a través de la creación de la nueva Constitución, en una profunda reforma a las pensiones para terminar con el negocio de las AFP, para terminar con la colusión de las grandes empresas.

Eso lo queremos hacer, pero en el marco de la institucionalidad, en el marco democrático y no con comportamientos fascistas, que se han ido expresando a lo largo de estos meses, pues no solo se están planteando demandas justas, sino que los que con justa demanda están planteando demandas hoy día se están confundiendo con aquellos que están cometiendo delitos.

Tenemos ya cerca de 30.000 locales afectados por saqueos en todo Chile. De ellos, 13.000 a 15.000 son pequeños comerciantes, son micro y pequeños emprendedores que están directamente afectados por los saqueos. 1.400 millones de dólares en pérdidas, según datos de la Cámara de Comercio. El robo en lugar no habitado creció en 213 por ciento, y según datos de la Dirección del Trabajo, 101.000 personas perdieron su empleo.

Considero que cuando la discusión de ese proyecto llegó al Senado, de manera injusta y desproporcionada consideraron que debían hacer el proyecto de nuevo. Como consecuencia de ello, ¿qué tenemos de vuelta en este tercer trámite constitucional? Un proyecto muy similar al original, que mantiene el espíritu del proyecto inicial, pues establece claramente la sanción del saqueo y la condena a quienes violen derechos de terceros, como el derecho a expresarse libremente, el derecho a transitar por las calles y el derecho a la integridad física.

Esta iniciativa no criminaliza la manifestación legítima, sino que sanciona a quienes cometan delitos en el marco de manifestaciones.

Lo primero que hace -quiero precisarlo, porque en los últimos días hemos escuchado muchos mitos al respectoes establecer penas para quienes lancen utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes que puedan causar la muerte. ¿Quién podría estar a favor de ese delito? Creo que nadie, por lo cual espero que la honorable Cámara de Diputados sancione a aquellos que, ocupando elementos cortantes, punzantes o potencialmente contundentes, puedan causar la muerte de terceros.

En segundo lugar, aumenta las penas a quienes saquean con ocasión de alguna calamidad. Evidentemente, ese es un delito, y ha afectado no solo a los grandes empresarios, aunque algunos dicen que si le roban al retail no afecta tanto. Hagamos oídos sordos, y perfecto. Pero lo cierto es que también se han visto afectadas entre 10.000 y 13.000 pequeñas y medianas empresas, pequeños comerciantes. Vengo de una familia de pequeños comerciantes; sé lo que significa cada peso para esos pequeños emprendedores.

En tercer lugar, se sanciona a aquellos que interrumpan completamente la libre circulación, no a aquellos que protesten legítimamente; se sanciona a aquellos que corten e interrumpan la libre circulación mediante violencia o intimidación, a aquellos que usen violencia o intimidación. Si usted va pasando con su familia y una turba lo agrede, ese es un delito.

Llamo a la honorable Cámara de Diputados a aprobar este proyecto, porque aísla a los delincuentes de quienes…

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señora Presidenta, debido a varios emplazamientos de algunos parlamentarios de Chile Vamos, es pertinente y necesario señalar con fuerza y convicción que condeno todo tipo de violencia como método de acción política. Creo que la única manera legítima para exigir cambios en democracia es la manifestación pacífica.

No obstante, debemos analizar este proyecto en su contexto, y lo que busca -lo dijeron con claridad los senadores de gobierno y de oposiciónes que demos una señal política. Esta iniciativa es una cáscara sin contenido, es una excusa del gobierno para salir a decirle a la gente que está preocupado y que está haciendo algo por el orden público, y una excusa para que la clase política pueda decirle al país que estamos tratando de ordenar la casa. Sin embargo, es mentira, pues no soluciona el problema de fondo.

Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si condenamos la violencia en el marco de las movilizaciones sociales, si apoyamos las marchas en cuanto forma de movilización pacífica y si pensamos que hay que aislar la violencia y la delincuencia. Y a todo eso por supuesto que respondemos que sí.

Pero ¿cuál es la manera de solucionar ese problema? ¿Por qué se realizan esas marchas, esas movilizaciones, ese estallido social? ¿Se deben simplemente a un problema penal? Y la respuesta es ¡no! Este es un problema político y social, no es un problema penal, y los problemas políticos y sociales no se resuelven a través de la represión penal ni por vía del populismo penal.

Todos los delitos que aquí se están discutiendo y los tipos en los que se está tratando de innovar ya existen; tenemos una regulación penal que permite perseguir esas acciones delictivas. Lo que hay que asegurar es que haya la debida investigación, que las policías hagan su pega, que los jueces hagan su pega, que las fiscalías del Ministerio Público hagan la pega, y que la ciudadanía también haga la pega de diferenciar y establecer una clara muralla china entre el manifestante pacífico y el violentista y el delincuente.

Por lo tanto, no demos señales equivocas a la ciudadanía; abordemos los problemas de fondo, que hoy se están tapando y que se están metiendo, una vez más, debajo de la alfombra.

Lo único que ha hecho el gobierno es centrar todo el foco, toda su preocupación en los efectos de esta crisis social, de este estallido social; en cómo recuperamos la paz social, cómo recuperamos el orden público, cómo estabilizamos nuevamente la economía, cómo reconstruimos aquello que se ha dañado, pero aún no vamos a la causa de esos problemas.

Por ello, espero que, de una vez por todas, tengamos una agenda social robusta en la que seamos capaces de ponernos de acuerdo para responder a los grandes temas que están pendientes, que son los que ha salido a exigir la ciudadanía.

No estoy de acuerdo con los populismos penales; no creo que el derecho penal esté para responder a una determinada contingencia en un momento determinado de una sociedad. Esto debe enfrentarse de manera seria, pensando en el largo plazo, con una redacción y una técnica legislativa adecuadas, ya que esta, evidentemente, es insuficiente y no supera ningún estándar de rigurosidad en materia de leyes penales.

Hagamos las cosas en serio, no nos dediquemos a hacer políticas de señales, políticas de humo; hagamos política pública en serio. Avancemos en las demandas de fondo, respondamos las demandas sociales, veamos cómo podemos regular y entregar más eficiencia a nuestro sistema para mantener el orden público y, al mismo tiempo, recuperemos nuestro mercado laboral y nuestra economía.

Son tres patas de una misma mesa, que hay que abordar en conjunto; de lo contrario, la mesa queda coja.

No obstante que la vez anterior estuvimos de acuerdo en aprobar en general y rechazar algunos de los temas que pensábamos que criminalizaban el movimiento social, hoy vamos a votar derechamente en contra todo el proyecto, ya que no aporta absolutamente en nada a solucionar el problema de fondo. Hay que buscar otras soluciones.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señora Presidenta, ha habido varias confusiones respecto de este proyecto de ley, las que me gustaría aclarar en esta intervención.

Se señala que se trataría de un proyecto que sanciona las capuchas, es decir, que se trataría del proyecto antiencapuchados, o que algunos habríamos votado a favor de establecer penas para “el que baila, pasa”, una forma de manifestación de estos últimos meses. Ambas cosas son falsas.

Lo cierto es que hay algunos que aprobamos la idea de legislar para mejorar la norma que sanciona los saqueos, cuya realización -todos compartimosno es algo deseable para la sociedad. En esa línea, tanto en la Cámara como en el Senado, insistimos en dar facultades al juez para que, según el contexto, pudiera aumentar la pena en ese delito, pero que no necesariamente se le forzara a hacerlo.

Lamentablemente, este proyecto no tiene por objeto dar más atribuciones a los jueces para perseguir el delito de los saqueos, sino que es una forma encubierta de criminalizar la protesta social. Por eso, vamos a rechazar el proyecto que proviene del Senado, tal como rechazamos aquellas normas que buscaban criminalizar la protesta social, en el primer trámite constitucional, que, insisto, no contaron con nuestro voto favorable.

Según antecedentes del Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (Sigdp), en la Región del Biobío, al 17 de junio de 2010, hubo 324 personas en prisión preventiva por hechos vinculados a los sucesos posterremoto del 27 de febrero. De esta cifra, 166 personas habían sido formalizadas por el delito de receptación; otras 14 por el delito de hurto simple; 66 por el delito de robo con fuerza de cosas que se encontraban en un lugar habitado o destinado a la habitación, y 78 personas formalizadas y sometidas a prisión preventiva por el delito de robo con fuerza de cosas en lugar no habitado. Por lo tanto, existe legislación para abordar el problema de los saqueos.

Sobre el robo en lugar no habitado, quiero poner dos ejemplos. En la causa RUC 1010006270-K, los hechos que constan en el acta de formalización son: el 16 de marzo de 2010, siendo la 11:20 horas de la mañana, el imputado de iniciales MAMZ tenía en su poder, al interior de su domicilio, distintas especies de propiedad del supermercado Alvi: 3 cajas de cereal Nestum , 8 paquetes de fideos tipo corbatas marca Aconcagua , un paquete de fideos tipo espirales marca Carozzi , 8 cajas de café marca Nescafé , contenedoras de 100 sobres cada una; 2 cajas de café marca Gold y 30 cajas de Té Club etiqueta roja. Dichas especies habían sido robadas y la persona cumplió pena efectiva.

Por lo tanto, quienes cometen este tipo de delito tienen penas efectivas, a diferencia de los delitos de cuello y corbata, que, hasta ahora, a pesar de que se han establecido penas, nadie ha cumplido pena efectiva por delitos más graves que robar un par de cajas de café y de té para parar la olla.

Respecto de la receptación de especies, también ha habido personas condenadas, gente que está cumpliendo penas por dichos delitos, porque ya están tipificados.

Por lo tanto, nadie podría decir en esta Sala que con este proyecto de ley vamos a entregar más facultades ni tampoco que estamos inventando la tipificación del delito de saqueo, porque ya existe.

Quiero señalar tres paradojas de este proyecto:

1. La sanción al ya conocido “el que baila, pasa”, en un contexto de movilización, va a ser más grande que la amenaza de muerte en lugar privado; es decir, la persona que amenace de muerte, sin conmoción pública y sin movilización social, recibiría una sanción menor que quien realice esta característica movilización. Todos podemos tener nuestra opinión respecto de ella y creo que a nadie le gustaría estar en esa situación, pero, desde el punto de vista de la proporcionalidad, no puede ser que esa situación reciba una pena mayor que la amenaza de muerte.

2. Lanzar un objeto sin dañar a nadie, sin que le llegue a nadie, ni a una cosa ni a una persona, en un contexto de movilización social, podría recibir una pena mayor que si se lesionara a alguien.

3. El saqueo de un televisor avaluado en 200.000 pesos, en un contexto de calamidad, podría ser penado con diez años de cárcel. ¡Imagínese lo que significa eso en términos de persecución penal!

En síntesis, además de las recomendaciones que hace la relatoría por los derechos humanos, este proyecto no busca lo que expresa, no entrega más facultades a Carabineros, establece penas desproporcionadas y busca ocupar la herramienta más poderosa de la persecución del Estado para intentar resolver un problema que es político.

Este proyecto es lo que por libro se define como populismo penal. Por eso, no contará con nuestros votos, e invitamos a la mayoría de los parlamentarios a votar en contra.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Andrés Longton Herrera .

El señor LONGTON.-

Señora Presidenta, este proyecto busca clarificar en el Código Penal delitos como desórdenes o alteración del orden público, que no estaban notoriamente tipificados. El Código Penal tiene resabios garantistas propios de nuestra legislación penal.

El proyecto sobre el delito de saqueo contempla varios elementos que van a permitir que efectivamente una persona quede en prisión preventiva o bien sea condenada. Se elimina el grado mínimo de la pena, se establece que el delito estará en grado de consumado, se elimina la reincidencia, todos elementos que han hecho que solamente el 4 por ciento de personas detenidas permanezca en prisión preventiva. Sin este proyecto, las mismas personas que estaban delinquiendo un día, al otro día estaban saqueando, robando y ultrajando a las personas -esto es lo contradictorio que más necesidades tienen.

Las personas que legítimamente han marchado de manera pacífica han sido objeto de violencia exacerbada que, en definitiva, ha dejado a muchas familias sin empleo y en la calle. Eso es injusto.

Por otro lado, uno escucha algunos discursos y siente que hay una justificación del uso de las barricadas; o sea, en un contexto de protesta social, hay que permitir la violencia y la intimidación contra las personas. Desde ese punto de vista, podemos vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la honra, a la libertad y a la seguridad individual; pero no así el derecho a reunión, el que hay que proteger de manera muy fuerte, incluso, recurriendo a los tribunales de justicia. No sucede lo mismo -reiterocuando hablamos de la honra de las personas.

Esa es la incongruencia de algunas posiciones, porque no solamente es “el que baila, pasa”, es apedrear un auto, es eventualmente golpear a una persona y es crear un clima de efervescencia que, en definitiva, violenta a las personas. ¿Por qué deberíamos permitir eso si no corresponde a una protesta social? Protesta social es la que vimos en plaza Italia; protesta social es la que se desencadenó en todas las regiones de Chile durante estos últimos meses. La violencia no puede ser un medio legítimo utilizado en democracia para hacer valer posiciones sociales.

Los grandes cambios en el mundo no se lograron a través de la violencia, sino a través de la paz, utilizando legítimos argumentos y visualizando las injusticias. Las personas que lograron sensibilizar al país y a las autoridades son quienes produjeron grandes cambios. No fue la violencia, porque esta trae más violencia, polarización y temor a la ciudadanía.

Mucho se ha dicho en la agenda antiabusos respecto de los delitos de colusión. Renovación Nacional ha presentado varios proyectos en ese sentido, y prontamente el Presidente Piñera va a ingresar un proyecto destinado a elevar las penas y multas en los delitos de colusión que se cometen en el mercado bursátil.

Pero ¿cómo va a ser esa la excusa para no aprobar un proyecto como el que hoy discutimos? ¿Por qué no alegaron en los gobiernos anteriores? ¿Por qué muchos de la oposición cuando fueron gobierno no avanzaron en esa línea? ¿Por qué no exigieron lo mismo? Por cierto, hay que sancionar con fuerza los delitos de cuello y corbata, pero no podemos dar chipe libre para que la violencia se desencadene, como ha ocurrido en las calles. Si no hay orden público, no hay paz social y terminan destruyéndose las instituciones que nosotros mismos representamos.

¿Cómo vamos a permitir que las funas sean algo normal en la calle? ¿Cómo vamos a permitir que a un diputado lo enfrenten y lo agredan, aunque sea en el contexto de una protesta social? Eso se contagia. Las personas que ejercen la violencia con ese grado de libertad podrían el día de mañana atentar, por ejemplo, contra el derecho a la vida. ¿Qué diferencia habría si hoy estamos permitiendo, bajo el objeto de la “protesta social”, restringir la libertad de las personas y atentar contra su vida, contra la honra, contra la intimidad de las personas, contra la seguridad individual? ¿Por qué el día de mañana un homicidio no podría caer en el mismo contexto?

No entiendo cuando se pretende justificar este tipo de situaciones bajo el lema de la protesta social. No es protesta social; eso es, lisa y llanamente, violencia pura y dura. Por eso hay que sancionar con penas acordes, sobre todo cuando se afecta a los que más lo necesitan.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Colegas, tenemos alrededor de 25 o 26 inscritos. De acuerdo con el tiempo que estamos utilizando requeriríamos dos horas y media para que pudieran intervenir todos, pero solo disponemos de poco más de una hora.

Solicito la unanimidad de la Sala para disminuir a tres minutos cada discurso, a fin de que puedan intervenir la mayoría de los diputados.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, la creciente movilización de la ciudadanía, desde el 18 de octubre del año pasado, no solo vino a cambiar el escenario político del país, sino también a remover los cimientos de un modelo que desde su imposición violenta en dictadura contribuyó a agudizar las diferencias sociales de manera brutal.

Para la mayoría de los habitantes de Chile, el acceso a la salud, a la educación y a una pensión digna se han convertido en una verdadera pesadilla frente a una clase dominante, política y económica, que solo pensó -algunos lo siguen haciendoen sus privilegios.

Son estos chilenos y chilenas los que veían cómo se paseaban por tribunales aquellos sectores que amasaban millones mediante negocios oscuros, como los casos Penta , Cascada , SQM; las colusiones de farmacias, pollos y papel higiénico; los perdonazos del Servicio de Impuestos Internos y la compra de políticos para impulsar leyes como la corrupta “ley Longueira”. Es el saqueo de Chile por parte de los grandes grupos económicos. Sin embargo, las cientos de manifestaciones por mejores condiciones de vida jamás fueron consideradas, hasta que el pueblo se cansó, despertó y explotó. Para esto la respuesta de este mal gobierno ha sido siempre la violencia.

El otro día leía que la persona acusada por su supuesta participación en el incendio a la iglesia de Carabineros quedó en prisión preventiva. En cambio, el carabinero que atropelló a una persona embistiendo su vehículo contra otro, aplastando a un joven y dejándolo gravemente herido, solo fue sancionado con firma mensual. Es decir, los bienes se cuidan; la vida de un joven gravemente lesionado, no. Esa es la regla de convivencia en el Chile actual. Este proyecto de ley profundizará esa concepción, porque esa es la mirada de este mal gobierno, la mirada de la derecha chilena.

Lo que hace este proyecto, que nosotros como bancada no aprobamos en su primer trámite, a todas luces es criminalizar la protesta. Criminalizar la protesta es hacer caso omiso de las demandas sociales, es echarse al bolsillo los bajos salarios, las miserables pensiones, las largas filas para “felicitar” a la Compin, las largas listas de espera y precariedad en el hospital San José y demás hospitales públicos, la deuda del CAE, etcétera.

La carta que mencionó mi compañero de bancada y que nos envío el día de ayer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -la reenvié a todos los diputados señala: “algunas de las referidas iniciativas legislativas arriesgan perjudicar el ejercicio de una serie de derechos humanos, particularmente el derecho a la manifestación pacífica y los derechos que en este contexto convergen,…”. Frente a eso, indica que le “preocupa el proyecto de ley, boletín N° 13090-25…”, o sea, este proyecto de ley.

Dice también que “Según los mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, la mera obstrucción de circulación de las personas o vehículos no debe ser motivo para la dispersión de una protesta, ni tampoco para la criminalización de los participantes”, que es lo que en el fondo pretende hacer este proyecto.

Señala también que “el derecho a la reunión pacífica no debe estar regulado por un régimen de autorización; la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia y que incluso debe tolerarse.”.

Finalmente, dice algo muy importante: “permítanme, por favor, instarles a legislar teniendo en consideración el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos para la plena vigencia de derechos humanos de todas las personas en el país y los estándares internacionales que regulan el derecho a la manifestación pacífica.”.

Para terminar, señor Presidente, quiero decir que este proyecto es hijo de la matanza de la escuela Santa María de Iquique, de 1907. Es también hijo de la “ley maldita” y es hijo de la dictadura. Es la continuidad de una línea histórica y represiva del Estado chileno en contra de quienes protestan, que siempre son los mismos: pobres, trabajadores y estudiantes.

Rechazo este proyecto y repudio a quienes usan la violencia de Estado para acallar la protesta legítima: legítima en contra del abuso y el verdadero saqueo, que es el de las AFP, el saqueo del agua, el saqueo del mar y de todos nuestros recursos naturales.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, esta es, como se sabe, una moción transversal de diputados y diputadas de gobierno y de oposición, que quiso dar una señal y que fue por lo demás respaldada por amplia mayoría en esta Cámara.

El Senado, en su actitud habitual, dijo que había eliminado este proyecto y que había escrito una hoja en blanco, pero la verdad es que, en un ejercicio de gatopardismo inconfesable, escribió básicamente lo mismo que había sido escrito en esta Cámara.

Leo y releo el proyecto que viene del Senado y francamente no descubro las diferencias casi epistemológicas que se plantean en este debate.

Se dice que estaríamos criminalizando la protesta social, pero al mismo tiempo se dice que todas las acciones están ya penadas por la ley, es decir, estaría criminalizada la protesta social. Pero la pregunta verdadera es por qué aquí se ha dicho que estamos afectando el repertorio de la protesta social. Preguntémonos cuál es el repertorio de la protesta social en democracia. ¿Alguien diría aquí que el saqueo es parte del repertorio de la protesta social democrática? Yo diría categóricamente que no. ¿Es parte del repertorio de la protesta social el lanzamiento de objetos que puedan causar la muerte o lesiones graves a otras personas? Por lo menos para mí no puede ser parte del repertorio democrático de la protesta social el lanzamiento de objetos que puedan causar la muerte de una persona.

La barricada, cuando está acompañada de la quema de objetos y de violencia contra las personas, tampoco forma parte de ese repertorio.

Leo y releo este proyecto de ley y no logro ver, aunque aquí de pronto se diga lo contrario, que toque ni un solo pelo del derecho a manifestarse con o sin autorización previa, ni siquiera la legítima interrupción temporal del tráfico por una multitud que está expresando legítimamente su reivindicación y haciéndola ver ante la sociedad.

Quiero decir que no coincido con penalizar como delito lo que se ha bautizado como “el que baila, pasa”. Es un exceso la transferencia mecánica desde otros contextos históricos y políticos a esta práctica para convertirla en delito. Creo que ridiculiza un proyecto serio y, por lo tanto, votaré en contra eso para que en la Comisión Mixta se elimine, pero votaré a favor, por supuesto, lo referido al saqueo y la agresión con objetos que puedan causar la muerte o lesiones graves y la interrupción del tránsito con violencia asociada.

No me gusta la contraposición entre las clases de ética para la elite empresarial o política y las sanciones que se están estableciendo aquí para quienes usan violencia y se amparan en las manifestaciones.

Pero no nos ninguneemos. Este Congreso puso cárcel para la colusión y endureció las penas para quienes, en la política, falten a las leyes de financiamiento y de probidad.

Por supuesto, vamos a apoyar y votar favorablemente todo aquello que endurezca estas penas, como lo sugiere el proyecto transversal de los parlamentarios que se ha presentado hace muy pocos días, pero esa no es excusa para dejar de sancionar con claridad a quienes desnaturalizan la protesta social democrática ejerciendo violencia, porque esa violencia daña las legítimas reivindicaciones de la protesta social y no hace otra cosa que generar incertidumbre y temor. La consecuencia de eso es el conservadurismo y la mantención de las condiciones. Como ejemplo de ello, basta la excusa que ha ocupado parte de la derecha para boicotear el proceso de elaboración democrática de una nueva Carta Magna, porque es la violencia lo que la justifica y, por lo tanto, debemos condenarla con toda claridad y sin ningún titubeo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, hoy nuestra Sala está llamada a aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, como bien dijo el diputado Pepe Auth , antibarricadas, antisaqueos y antilanzamiento de objetos contundentes.

En diversos foros se nos pide hacer la separación entre manifestación legítima y manifestación violenta, y justamente esta es una oportunidad para hacer esa diferencia, no solo con las palabras, sino también con los votos.

Ayer, la diputada Cristina Girardi demostraba preocupación porque este Congreso estaba avanzando solo en aquellas leyes punitivas dirigidas a restablecer el orden público y nos estábamos quedando atrás en lo que pedía la gente, que era sancionar con dureza también los delitos llamados de cuello y corbata. Quiero contarle a la diputada Cristina Girardi que también se está avanzando en las peticiones y demandas sociales; que el día de ayer la Comisión de Constitución, a instancias del diputado Matías Walker , empezó a estudiar un proyecto con diversos abogados, de distintas universidades, para sancionar duramente los delitos de colusión, de evasión de impuestos, de concentración, estableciendo multas que sean disuasivas, multas que vayan en relación no solo con el perjuicio fiscal, sino también con el patrimonio y la ganancia de la persona que ha cometido esos delitos.

El diputado Marcelo Schilling ayer hizo alusión a este proyecto y dijo que una persona que está en su departamento, poniéndose de acuerdo para atacar la librería del barrio, quedaría también con pena de cárcel, porque se pena la tratativa. Debo contarle al diputado Schilling que el proyecto dice “tentativa” -no tiene por qué saberlo, porque no es abogado-, y que para caer dentro de este proyecto tiene que haber iniciado o principiado el delito. No basta con que esté conversando en su departamento sobre atacar la librería. Ojalá nunca conversara de esas cosas en su departamento, pero uno es libre de pensar y conversar lo que quiera en su departamento.

Este proyecto de ley busca penar a la persona que entró a la librería, rompió la puerta, ubicó la caja fuerte, la está sacando y, antes de salir, la pillan. Insisto en que se sanciona la tentativa del delito y no la tratativa. A pesar de la leve diferencia fonética, es una tremenda diferencia jurídica.

¿Está trabajando el Congreso en las peticiones sociales? Evidentemente, sí. Se ha aprobado y acordado una reforma tributaria que recauda diez veces más que la reforma tributaria de la que estábamos hablando antes del 18 de octubre.

Ayer se anunció una reforma a las pensiones, que es la más grande de los últimos cuarenta años, en que nadie va a recibir como pensión menos del sueldo mínimo, o sea, nadie va a recibir menos de 301.000 pesos.

Ahora hago un llamado a la localidad. Yo comparto distrito con diputados destacados de este hemiciclo. Quizás para ustedes, que son de regiones, hablar de la zona cero o de la plaza Italia es hablar de un lugar lejano. Para los que representamos ese lugar, es el lugar donde viven más de 55.000 vecinos.

Hago un llamado especial a la diputada Maya Fernández , al diputado Giorgio Jackson , al diputado Gonzalo Winter y a la diputada Natalia Castillo , que representan a esos vecinos, y les pregunto, cuando el proyecto dice que va a sancionar a aquellas personas que tiran o lanzan objetos contundentes que pueden causar la muerte, ¿están de acuerdo en sancionar eso o no? Cuando el proyecto sanciona con cárcel el saqueo, la violencia y el fuego, para entrar a un local comercial pequeño, un supermercado, ¿van a decir a esos vecinos que representan que no los van a sancionar?

No solamente hay que poner la cara en este hemiciclo con el voto, sino también buscarlo en aquellos vecinos que representamos. La zona cero no es una serie de televisión; la zona cero existe y allí viven 55.000 personas, y por ahí transitan 2,5 millones de personas.

Hacemos un llamado a aprobar el proyecto de ley y a dar una señal contundente contra la violencia y el desorden público.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, en la distribución de los tiempos no ha habido proporcionalidad, de acuerdo al número de parlamentarios que tiene cada bancada. Por lo tanto, como esta discusión será hasta las 12:30 horas, pido que recabe el acuerdo para que hoy no tratemos los proyectos de resolución, excepto el que está sobre tabla, y podamos seguir discutiendo este proyecto de ley para que, hasta el término de la sesión, puedan intervenir todos los diputados que están inscritos.

No sé si habrá acuerdo para eso.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Respecto de la proporcionalidad, es un poco distinto a lo que plantea el diputado Espinoza , aunque tiene razón, porque han hablado casi todos los parlamentarios de oposición y nos está quedando sin hablar alrededor de un tercio de los parlamentarios del oficialismo.

Por lo tanto, estamos tratando de recuperar algo de la proporcionalidad, porque, claramente, no la ha habido. Por eso pedí reducir las intervenciones a tres minutos, pero no hubo unanimidad.

Entonces, lo que está pidiendo el diputado Espinoza es suspender el tiempo para el tratamiento de Proyectos de Acuerdo y de Resolución y dejar ese tiempo para seguir debatiendo este proyecto.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Vuelvo a preguntar si es posible bajar el tiempo de las intervenciones a tres minutos.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, trataré de ser breve para que, ojalá, la mayor cantidad de colegas pueda intervenir en la discusión de este proyecto, que es muy relevante.

Este proyecto aborda tres áreas que son fundamentales y que francamente fueron la tónica -y desgraciadamente siguen siendo la tónicaen hechos de violencia terribles que hemos vivido estos últimos meses en nuestro país.

La ley antisaqueo evidentemente es necesaria y urgente. ¿Qué está pasando hoy en los tribunales de justicia? Los tribunales, en muchos casos, están teniendo que aplicar penas, a propósito del delito de hurto, porque la tipificación específica del delito de saqueo no existe, y claramente, desde el punto de vista punitivo, son muy distintas las circunstancias que generan la comisión de un delito de hurto y la comisión del delito que estamos tipificando de saqueo, que son personas agrupadas que se concitan para romper, para generar que otros vayan a robar, a sustraer especies, en fin. Es un tema evidente y es de todo sentido para las personas que han sido víctimas de delitos como esos que exista una pena acorde al delito efectivo y no a figuras penales que hay que tratar de acomodar de acuerdo con la circunstancia.

Por otro lado, está la situación de instalar barricadas y de coartar el derecho constitucional de libre tránsito, de libre desplazamiento, que tenemos todos los chilenos. No puede ser que se pretenda decir que saquear o que instalar una barricada es parte de las demandas sociales y que es la legítima manera de hacerse sentir para hacer valer esas demandas. Hay que ser muy claro: los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos de un tercero. Ese es un marco mínimo de respeto en una democracia donde se aplica el orden público, porque uno no puede afectar los derechos de otros para tratar de imponer una fórmula o, en este caso, un mecanismo que –insisto algunos dicen que es legítimo.

Por otro lado, qué más vejatorio, qué más terrible y qué más de un fascismo absoluto es este famoso “el que baila, pasa”, que consiste en ridiculizar u obligar a una persona a tener que bailar y hacer el ridículo para que pueda seguir desplazándose. Eso no tiene nada de simpático, ni de agradable ni de protesta social. Eso fue absolutamente humillante para aquellas personas que tuvieron que vivir esa circunstancia. No hubo respeto hacia familias que quizá iban en sus vehículos con niños, ni hacia adultos mayores. A todo el mundo trataron de humillar de esa manera, que francamente nos trae los peores recuerdos de la historia mundial.

Es por eso que este proyecto es tan relevante. Como parlamentarios no podemos hacer oídos sordos ante circunstancias que -insistono están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Hablo de conductas que no tienen nada de legítimas, que no tienen nada de simpáticas, y que mucho menos se pueden justificar a propósito de las demandas sociales, que pueden ser muy legítimas. Esto no. Se trata de delitos, y las personas que cometan estos delitos tienen que ser sancionadas como corresponde: como delincuentes.

Llamo a dar una señal importante y potente de aprobar este proyecto, que contempla las tres aristas señaladas, no solamente para hacer justicia en los futuros casos que se puedan generar en torno a los tipos penales considerados, sino, también, para dar una señal a los que ya han sido víctimas de que al menos a futuro estas cosas no van a quedar prácticamente en la impunidad.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, en Chile el derecho a reunión y el derecho a la protesta social están regulados, y es legítimo reivindicar distintas demandas sociales en la vía pública o en espacios públicos. Es parte de lo que está en discusión hoy.

Hasta hace tres meses era absolutamente normal que incluso parlamentarios solicitaran al intendente de la región respectiva autorización para la realización de festivales, como el Festival por las 40 Horas. Incluso, en ese momento se generó una polémica en nuestro país respecto de la autorización o no de un evento determinado que se tenía que hacer en la vía pública.

El derecho a reunión -está la libertad establecida en nuestra Constitución Política de la República hacía que hasta hace pocos meses esto fuera normal. De hecho, la normalidad hacía que uno pidiera autorización a un intendente para reunirse en un determinado lugar. Pero esa normalidad cambió hace tres meses. El legítimo derecho a la protesta social se fue vinculando nítidamente a hechos de violencia, a barricadas y a saqueos, que son situaciones respecto de las cuales obviamente es importante regular y legislar, porque no están tipificadas como delito en nuestro ordenamiento jurídico.

Algo cambió en Chile en estos últimos tres meses que hizo necesario aplicar, proporcionalmente, en un proyecto de ley una tipificación especial para esos delitos. Chile lo entendió así: no es legítimo ni es justo que una persona, por muy legítimo que sea su derecho a reunirse o a reivindicar una demanda social, pase por encima de las libertades que otras personas tienen para llegar a su lugar de trabajo o para desplazarse libremente por las ciudades. La libertad de desplazamiento está seriamente vulnerada por la libertad de protestar o de reunirse. Creo que ese es el centro de la discusión que estamos llevando a cabo.

Ahora, ¿qué cambió en estas dos semanas para que la gran mayoría de la Cámara de Diputados que votó favorablemente este proyecto, hoy se haya dado una vuelta de carnero? Para mí es francamente inentendible.

Se habla de que con esta iniciativa se va a criminalizar la legítima protesta social, las legítimas demandas sociales, pero en la práctica se hace todo lo contrario. Quienes legítimamente creemos que las demandas sociales son asuntos que hay que atender, que debemos ser capaces de legislar, que debemos tener la capacidad de empatizar con mejores pensiones y mejor salud y mejorar un montón de condiciones en que nuestro país está al debe, debemos poner un muro divisorio gigantesco entre la violencia, los saqueos y los incendios, y las legítimas demandas sociales. ¿Qué pasó en estas dos semanas con este muro divisorio para el cual tuvimos el consenso generalizado?

Yo tampoco he visto, como señaló recién un diputado, a alguien justificando, ni avalando ni aplaudiendo la violencia, pero sí -hay que decirlo relativizándola. Lo que ocurre hoy es que se relativizan los hechos de violencia que deben tener una sanción específica y tipificada en nuestro Código Penal.

¿Qué cambió en estas dos semanas? Cambió que la presión de las redes sociales, de los grupos de ultraizquierda y de las personas que obviamente validan la violencia y las barricadas como forma de protesta, volvió a derribar este muro que tiene que existir entre las legítimas demandas sociales y la violencia, los saqueos y las barricadas. Es algo que debe tener una separación. Demandas sociales, mejores pensiones y mejor salud no pueden ser sinónimos de barricadas, saqueos y quemas. Es por eso que esta legislación es necesaria.

Decimos que la democracia representativa está en crisis, porque unos pocos, una minoría, termina imponiéndose, a través de la presión en redes sociales, sobre la mayoría.

La última encuesta CEP señala que el 59 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la participación en las marchas para poner en relieve las demandas sociales. La gran mayoría de los chilenos está de acuerdo con eso. Pero solamente el 25 por ciento de los chilenos está de acuerdo con saltarse un torniquete de metro o evadir el transporte público como forma de protestar; solamente el 8 por ciento está de acuerdo con las barricadas como forma de protesta social; solo el 4 por ciento está de acuerdo con los saqueos; solo el 2 por ciento está de acuerdo con los incendios como forma de protesta social. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los chilenos repudia la violencia y no está de acuerdo con los saqueos, los incendios y las barricadas como forma de protesta social. Reitero, solamente el 25 por ciento está de acuerdo con evadir el metro como forma de protesta social, y una mayoría, el 59 por ciento, está de acuerdo con participar en marchas.

Es sentido común. Si no somos capaces de entender que relativizar la violencia es lo que está haciendo la izquierda, que se dio una vuelta de carnero, es porque no hemos aprendido nada en estos tres meses.

Vamos a aprobar las modificaciones del Senado al proyecto. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, el gobierno nos propone un proyecto que busca resolver, como decía el diputado Gonzalo Winter ayer , con herramientas mal utilizadas del derecho penal, un problema que es eminentemente social y político.

Se pretende, entre otras cosas, enviar a la cárcel hasta por 540 días a quien participe de cortes de tránsito. Una de las modificaciones del Senado al proyecto dice: “El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación...”.

Pero tenemos que preguntarnos qué es la violencia para este gobierno en este caso.

¿Cómo van a distinguir, por ejemplo, en la marcha más grande de que se tenga recuerdo el 25 de octubre de 2019? ¿Fuimos violentos acaso quienes sin autorización ocupamos masivamente las calles del país para exigir una Constitución democrática y una vida digna? ¿Son violentas acaso las familias que cacerolean en la calle e interrumpen el tránsito porque sus adultos mayores reciben pensiones de miseria, porque ganan un sueldo indigno por un trabajo extenuante, porque están en interminables listas de espera en la salud pública o porque no pueden pagar el costo de los medicamentos que necesitan?

Pero dejemos de pensar solo en Santiago.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ruego a la Sala guardar silencio.

El señor BORIC.-

¿Fueron violentos acaso los magallánicos que, ante el anuncio del alza del gas, a principios del 2011, se movilizaron y paralizaron masivamente la región, logrando revertir de esa manera la decisión centralista del gobierno? ¿Lo fueron acaso los habitantes de Aysén que expresaron su rabia y frustración por el abandono del Estado y la violencia policial, en el verano del 2012, y cortaron el tránsito del puente de la ciudad? ¿Fueron violentos los habitantes de Freirina que cortaron el tránsito de la carretera, cansados de los abusos y de la nula respuesta de una empresa que los contaminaba, o los habitantes de zonas de sacrificio, como Quintero y Puchuncaví , que han hecho barricadas por el dolor que les provoca ver a sus niños y niñas enfermos por la contaminación? Las respuestas a estas preguntas seguramente variarán según quién la dé.

Desde el Frente Amplio, rechazando claramente los saqueos y las agresiones, y, principalmente, las violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, decimos que no; los casos antes mencionados son ejemplos de legítima protesta social, que la historia nos ha enseñado es la forma de organización que tiene un pueblo para construir colectivamente una vida digna.

El problema no está principalmente en las consecuencias de la protesta social, sino en sus causas. Son a esas causas a las que nos debiéramos abocar a resolver, con toda nuestra energía.

Pero ¿qué pasará si se aprueba este proyecto de ley? ¿Saben cuál es el problema? Que la política chilena, por un lado, y la policía chilena, por otro, han demostrado una pasmosa ineficacia en identificar y detener a quienes generan la violencia. La política, porque cuando se coluden las farmacias y las industrias de los pollos y del papel higiénico; cuando se financian irregularmente las campañas políticas con raspados de olla o las empresas dictan leyes a domicilio a los parlamentarios y no pasa nada, eso es violencia. Pero si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? En Chile se le persigue hasta las últimas consecuencias. Es el caso de Bastián Arriagada, que murió asfixiado en el incendio de la cárcel de San Miguel por vender CD piratas.

Y es un problema de la policía, a la que no estamos disponibles a entregarles más facultades en medio del grave cuestionamiento nacional e internacional.

Dicen que esta ley en proyecto es para perseguir a los violentos, pero todavía no sabemos con certeza quién quemó el metro. La inteligencia del Estado pareciera reducirse a un informe “charcha”, ordenado por un empresario millonario que después “contactó” a la empresa que lo hizo con la Agencia Nacional de Inteligencia.

De aprobarse este proyecto de ley con esta policía y estos niveles de “inteligencia” del Estado, podría haber muchos más Jorges Mateluna presos, quien se encuentra preso en la cárcel por un delito que no cometió, a quien aprovecho de enviar un mensaje de ánimo y de fuerza, para él y su familia.

No queremos más Jorges Mateluna en las cárceles, porque la represión es indiscriminada y la policía ha dado muestras de no saber distinguir. En vez de más leyes para reprimir, el Estado debiera estar preocupado de cómo reparar las consecuencias de su represión indiscriminada a las mujeres abusadas; a los ojos de Gustavo Gatica o de Fabiola Campillay.

¿Quiere decir lo anterior que avalamos hechos de violencia como los saqueos? Decimos fuerte y claro que no lo hacemos; pero estos delitos ya están sancionados en el Código Penal y pueden ser castigados como tales. Lo que corresponde es abordar una profunda reforma a las policías más que, en este contexto, entregarles nuevas facultades.

No estoy disponible para seguir profundizando el patrón de violencia estatal contra quienes exigen dignidad; no estoy disponible para seguir alejando la política de la ciudadanía; pero sí estamos disponibles, como Frente Amplio, para escuchar las demandas sociales y trabajar en este Congreso con toda la energía necesaria para buscar las soluciones que logren un consenso social. Esa es nuestra tarea.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, en verdad ayer escuché con estupor a la diputada Mix decir que iba a recurrir ante el Tribunal Constitucional para que este proyecto no viera la luz, porque no estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban.

¿Cómo es la cosa? ¡Quieren al Tribunal Constitucional cuando en algunos casos está a favor de ellos, pero no lo quieren, porque es un tribunal que está en la Constitución de Pinochet, que es la de Ricardo Lagos!

Quiero que este Congreso dé señales claras a la comunidad sobre aspectos que son extremadamente importantes. Por ejemplo, a quienes aún no la han visto, les quiero dar a conocer las respuestas a algunas de las preguntas de la última encuesta CEP -recién salida y aún calientita-: “¿Usted participó en alguna manifestación?”. El 68 por ciento de los entrevistados señaló que participó en “cacerolazos”; el 70 por ciento dijo que asistió a marchas.

Fíjese en otra pregunta. Leo textual: “¿Con qué frecuencia usted justificaría o no justificaría las siguientes acciones?: Participar de barricadas o destrozos como forma de protesta. El 80 por ciento la rechaza, no la justifica; Participar en saqueos como forma de protesta. El 90 por ciento no la justifica; provocar incendios en edificios, locales comerciales como forma de protestar. El 92 por ciento no la justifica”.

Entonces, en relación con lo planteado recién por algunos conspicuos de la oposición, están completamente desorientados respecto de lo que quiere la gente. La gente quiere orden. Nos pregunta, “¿cuándo van a parar esto?”. Le han dicho al Ejecutivo que ponga mano dura, pero eso es otro de los especie de flyers que aparecen en la encuesta.

Quieren mano dura contra esta gente, pero no quieren que se detenga a nadie que interrumpa la libre circulación de una persona que conduce su auto por Santiago o por cualquier ciudad, con su familia en su interior, para cobrarle peaje, en plata, o para hacerlo bajar de su vehículo a bailar. Eso es violencia extrema.

Por ejemplo, si uno no quiere bailar, decía un diputado, por qué lo van a hacer bailar. Es que es algo jocoso, señalan algunos. Entonces, si es jocoso, anda a una discoteca y saca a bailar a alguien que no quiere hacerlo. En ese caso, ¿qué haces tú? ¿Lo empujas a bailar? No. Pero eso es lo que están haciendo: están sacando a alguien a la fuerza de su vehículo para hacerlo bailar y cobrándole peaje.

Ahora, las calles no son públicas, son privadas. ¿Saben de quiénes son? De esos ciclistas que andan cortando el camino o de las personas que hacen barricadas y hacen privada la calle, porque es de ellos. ¿Tenemos que justificarlos? No, pues. La gran mayoría, el 80 por ciento de los chilenos, no los justifica.

Por lo tanto, ambas ramas del Congreso Nacional deben votar a favor esta iniciativa, no solo para ayudar al gobierno a combatir al lumpen, a los narcotraficantes y a los vándalos, sino también para decir a todas las personas de Chile que estamos en sintonía con ellos, que estamos solucionando el principal problema que los afecta: el desorden. La mayoría, en especial los adultos mayores, se pregunta hasta cuándo este desorden, porque nadie quiere que se vandalice a la gente. Eso se puede evitar si nadie sale a hacer una protesta pacífica en la calle con su familia. Eso lo vivimos, lo vimos y lo aplaudimos.

Por eso hemos hecho cambios sociales en este Parlamento. Al respecto, el gobierno ha enviado a tramitación legislativa una serie de proyectos que integran una agenda social importante, que espero que sea tramitada y despachada con prontitud. Lo digo, porque hay algunas iniciativas que están durmiendo en el Senado.

El proyecto en debate, modificado por el Senado, tiene por objeto agravar las penas aplicables en los casos que indica. Se propone el establecimiento de penas más altas para que los jueces puedan dejar en prisión preventiva a las personas que Carabineros toma detenidas. El propósito es que no haya una especie de “silla musical”, es decir, que los detenidos concurran a constatar lesiones y que después los jueces los dejen libres. ¡No, señor! Se disponen penas más altas para dejar en prisión preventiva a quienes cometan actos violentos contra la propiedad pública y privada, en definitiva, contra la gente.

En consecuencia, este proyecto apunta en la dirección correcta, de manera que solicitamos a la oposición que vote a favor las modificaciones del Senado. No obstante, antes de hacerlo, les pido que lean la última encuesta CEP -tenemos plazo hasta las 13:00 horas para hacerlo-, para que de una vez por todas podamos legislar mirando a la gente y diciéndole: estamos junto al gobierno resolviendo los problemas de Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, el colega Javier Macaya señaló en su intervención que algo cambió en Chile. Por supuesto que algo cambió en Chile; es cosa de que veamos lo que dicen las encuestas.

Ellas señalan que el Congreso Nacional tiene 3 por ciento de credibilidad en la ciudadanía; el gobierno -el Presidente Piñera-, 6 por ciento, lo cual ratifica claramente que el gobierno no ha dado respuestas a las demandas ciudadanas, que sus mensajes ya no llegaron a la gente y que, lamentablemente, porque es lamentable para un país cuando eso pasa, no hay un liderazgo presidencial de ningún tipo.

Sobre este proyecto de ley algunos han dicho que nos hemos dado una vuelta de carnero. Nosotros desde el primer día -en su primer trámitevotamos en contra de todos aquellos aspectos que considerábamos que eran una criminalización de la protesta social. Pero los señores senadores, que dijeron que lo iban a mejorar, lo empeoraron. Nosotros jamás vamos a apoyar un proyecto que criminalice las protestas en Chile.

Le doy un ejemplo, señor ministro, si es tan amable de escuchar. Mientras hoy discutimos este proyecto, habitantes de Chaitén, en la Región de Los Lagos, ministro Blumel , se tomaron parte del acceso a la ruta 7. Protestan por soluciones de este gobierno para Chaitén sur.

Esa gente tendría condenas mucho más duras de aprobarse este proyecto en la Cámara de Diputados.

Acá hay parlamentarios que dicen que nosotros, los de la oposición, relativizamos la violencia. Y yo quiero decir con todas sus letras, señor Presidente, que nosotros no somos los que hemos relativizado la violencia. Es la derecha en este país la que ha relativizado por años la violencia. Seamos claros: ¿qué dijo la derecha en los casos de corrupción, los pagos? Aquí habló hasta el diputado -con fuerzael diputado Coloma , que era el jefe de gabinete del subsecretario Wagner, acusado de cohecho y una serie de otros hechos que logró después zafar en la justicia, a pesar de que recibió millonarios recursos mientras era subsecretario.

Nosotros no somos los que tenemos a un concejal en este período de ebullición social preso en la justicia, como el concejal de Renovación Nacional, el señor Karim Chahuán , que encabezaba una banda de saqueadores y hoy día está siendo investigado también por narcotráfico. Digamos las cosas por su nombre.

El caso Corpesca. En todos esos casos ellos no dicen que eso también es violencia y que eso también cansó a la gente, porque callaron por largos años la corrupción en el sistema público. La derecha, que dice que nosotros relativizamos la violencia, no reconoce que es violencia el delito de cuello y corbata y que salgan libres, que lleguen a acuerdos con la fiscalía y no les pase nada, mientras condenaban por no sé cuánto tiempo de cárcel a una persona porque había pagado con un billete falsificado de 5.000 pesos.

Es violencia, señor Presidente, el actual sistema de pensiones que tenemos en Chile; es violencia que las AFP tengan el derecho de la propiedad de los fondos previsionales de nuestros trabajadores; es violencia la mala calidad de la educación que tenemos en el país, y por cierto que es violencia que muchos de nuestros compatriotas mueran esperando una hora para ser operados en el sistema de salud, a pesar de que el ministro de Salud dice que tenemos el mejor sistema de salud del mundo.

¡Esas cosas tienen indignada a la gente!

Por eso nosotros creemos que es tremendamente peligroso lo que está pasando, que hoy el Parlamento tenga 3 por ciento de credibilidad, porque significa, entre otras cosas, que hoy día la ciudadanía no cree ni siquiera en los que estamos legislando acá adentro, y este proyecto en nada contribuye a bajar la indignación ciudadana, porque la indignación ciudadana tiene otros caracteres. La indignación ciudadana tiene que ver con muchas de las cosas que he planteado en esta intervención.

Y es cierto que, como país, estamos en un escenario complejo, pero meter más condenas, más cárcel a los ciudadanos por, como alguien decía por aquí, “el que baila, pasa” o cosas de ese tipo, cuando han sido incapaces de condenar los actos de corrupción que han dañado la credibilidad de las instituciones, cuando han sido incapaces de condenar lo que ha pasado en el Ejército, en Carabineros y en tantas instituciones donde se robaron miles de millones de pesos de todos los chilenos que podían haber sido destinados al gasto social.

Por eso no le creo a esta derecha cuando nos apunta con el dedo, porque esta no es una derecha que pueda dar al país signos de credibilidad cuando ellos han sido defensores y promotores de muchos de los corruptos que han sido condenados por la sociedad, pero no por la justicia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, por lo que hemos escuchado en los diferentes relatos, vemos dos realidades o dos países absolutamente diferentes. Por un lado, escuchábamos al diputado Schilling , que dice vivir en el sector de plaza Italia, quien vive una realidad absolutamente diferente a los 55.000 vecinos que reclaman y claman por el término de esas manifestaciones que, finalmente, les han truncado su vida, les han hecho pasar difíciles momentos, porque han sido amenazados, vulnerados, violados en todos sus derechos. Pero no sé por qué el diputado Schilling puede llegar tranquilamente. No sé si no lo conocen o tiene otra participación en estos hechos.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

¡Silencio, por favor, en la Sala!

El señor SANHUEZA.-

Creo que cuando se habla de “el que baila, pasa” es relativizar una práctica que, por mucho tiempo y por muchos años, ha vivido con dolor el pueblo judío.

Estuve ayer en la Comisión de Derechos Humanos. Se estaba hablando del recurso que había presentado el Ejército respecto de los cuadros que había en algunas de sus dependencias con la imagen de Manuel Contreras , condenado por violaciones a los derechos humanos. Ellos decían que había que respetar el dolor de las personas que habían sufrido producto de sus actos. Yo les pregunto: ¿no es revivir el dolor para el pueblo judío ver esta práctica en las calles de hacer bailar a la gente para poder pasar solamente porque a alguien se le ocurrió? No creo que esto sea antojadizo. Yo creo que aquí finalmente se está avalando que el nazismo se instale en nuestro país, y no podemos permitir eso, aunque quiera hacerlo la izquierda en estos momentos.

¿Cómo se avala la violencia? Normalmente, la violencia se avala relativizándola, tratando de empatarla hoy día con los delitos de cuello y corbata, delitos que normalmente realizan las empresas, de muchas de las cuales el Partido Socialista es socio.

También mucho se ha hablado aquí de lo que hizo Soquimich, pero resulta que Soquimich también era militante de un partido político, el PPD, o de las acciones que ha tenido el Partido Comunista en la Universidad Arcis, y todos los escándalos que ha tenido, o cómo vendieron en forma mañosa todas las propiedades que recuperaron a través de los tribunales.

Entonces, cuando uno dice “que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado”, parece que aquí todos tienen techo de vidrio.

Pero yo quiero analizar este proyecto no a la luz de la coyuntura de hoy. Remontémonos a hace algunos años, al terremoto de 2010. ¿Qué pasó en ese terremoto? Muchas de estas prácticas también se instalaron en la calle. La exintendenta y hoy senadora Jacqueline van Rysselberghe clamaba para que la Presidenta Bachelet , en su minuto, sacara a las Fuerzas Armadas a las calles para defender a la población. Ese es el Chile real, no este Chile politizado, en que podemos analizar la coyuntura de lo que está pasando en estos últimos 90 días, sino también cómo ocurren estos fenómenos sociales producto de algo que tuvo que ver con la naturaleza.

Con el terremoto de 2010 no estaba determinado que se realizaran saqueos, pero sí se saquearon muchos supermercados y sí se hicieron barricadas para violentar a la ciudadanía.

Lo que busca este proyecto de ley es proteger a todos y a cada uno de los chilenos que queremos paz, que queremos avanzar en construir un Chile que incluya a todos. Queremos construir un Chile más justo, un Chile sin abusos de ningún tipo, ni de aquellos que se coluden ni de aquellos que violentan. Tenemos que avanzar, y para eso necesitamos que haya realismo por parte de esta Cámara de Diputados para poder defender a la inmensa mayoría de los chilenos, que es lo que clama hoy día.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El señor ministrodel Interior y Seguridad Pública ha pedido hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor BLUMEL (ministro del Interior y Seguridad Pública).-

Muchas gracias, señor Presidente.

Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Cámara y a los parlamentarios mocionantes de esta iniciativa, por haberla impulsado y haberla tramitado con celeridad.

Este proyecto nace de una moción transversal que se tramitó en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Agradecemos la disposición y la voluntad para hacerse cargo de un tema muy importante, en términos de cómo resguardar y avanzar en la recuperación del orden público.

Voy a entregar solo algunos datos.

Desde el 18 de octubre a la fecha, los principales delitos que han aumentado están asociados fundamentalmente al orden público. Los saqueos aumentaron en 156 por ciento, el maltrato a carabineros, en 52 por ciento, y los desórdenes públicos, en 5.600 por ciento.

¿Por qué importa el orden público? Fundamentalmente, porque es una garantía democrática. El orden público y la seguridad de las personas es la garantía fundamental para que todos podamos ejercer nuestros derechos y el Estado pueda actuar con eficacia. Sin orden público la convivencia se hace imposible, sin convivencia no hay vida en comunidad y sin vida en comunidad no funciona la democracia.

Por eso es importante este proyecto, porque lo que siempre debemos procurar es asegurarles a las personas sus derechos y que puedan ejercer sus libertades y vivir en paz. Ese es el valor fundamental de esta iniciativa.

En segundo lugar, fruto del debate que se ha dado en la Cámara, hay dos disyuntivas que me parecen incorrectas. La primera es que, por una parte, se plantea que tuviésemos que escoger entre avanzar en una agenda para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público y, por otra, escoger una agenda que priorice las reformas sociales.

En nombre del gobierno y del Presidente de la República, quiero plantear que debemos compatibilizar ambas ideas y ambos objetivos.

Como gobierno, estamos comprometidos con una agenda social, con hacer una reforma previsional profunda, como ayer lo planteó el Presidente, para que mejoren las pensiones cuanto antes. Ese es un compromiso del gobierno para hacer, por una parte, una reforma a la salud y mejorar los sueldos o ingresos de los trabajadores y, por otra, cumplir con nuestro deber como representantes del Estado, que es asegurar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las personas.

Insisto en que esa es la base del funcionamiento de una sociedad democrática y no podemos renunciar a ello. No solo no podemos renunciar, sino que debemos ejercerlo con mucho vigor, porque la violencia -este es un tema fundamentalprivatiza los espacios públicos. Cuando hay violencia y no hay orden público, el espacio público se privatiza y las minorías violentas se apropian de esos espacios públicos, en desmedro de las mayorías pacíficas que quieren vivir en paz.

Por eso, lo importante de este proyecto es que se hace cargo del desafío de resguardar la seguridad y los derechos de las personas.

También quiero hacer un llamado a que no banalicemos ni simplifiquemos ni minimicemos el grave daño que significan los delitos que se busca sancionar con este proyecto. No es menor ni trivial interrumpir el libre tránsito en las carreteras y de las personas, puesto que es una garantía constitucional. Por cierto, valoramos y amparamos el derecho a reunión y a manifestación, pero se debe armonizar con el resto de las garantías constitucionales y de las libertades fundamentales que los ciudadanos quieren y tienen que ejercer. No es menor poner barricadas ni atacar con objetos contundentes a las personas que transitan por la vía pública. Obviamente, los saqueos son delitos muy graves, en especial cuando se cometen en contexto de calamidad pública o de alteración del orden público.

Por eso -insisto-, este proyecto busca entregar más herramientas a la institucionalidad democrática para cautelar el orden público, que es una garantía democrática. Es decir, se deben fortalecer los instrumentos del estado de derecho para proteger los derechos de las personas.

Esta iniciativa es importante porque se hace cargo de algo que estuvo muy presente en el Acuerdo por la Nueva Constitución y por la Paz. Dicho acuerdo, suscrito por la gran mayoría de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, en su número 1, plantea garantizar el compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público. Ese es el punto fundamental y con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Este proyecto se hace cargo del número 1 de ese acuerdo y, en segundo lugar, poner en marcha un proceso constituyente, que ya está en curso.

Con ello, buscamos aislar a las minorías que están ejerciendo la violencia, para proteger a las mayorías pacíficas que quieren vivir tranquilas y en paz y que, por cierto, quieren cambios sociales. Si queremos profundizar dichos cambios y hacer una verdadera reforma al sistema de pensiones y que estas mejoren sustantivamente; si queremos verdaderamente hacer una reforma a la salud, y si queremos que suban los ingresos de los trabajadores, entonces debemos asegurar la tranquilidad, la seguridad y el orden público.

Así que agradezco que se esté revisando el proyecto y que haya surgido como resultado de un trabajo transversal de diputados y diputadas que fueron parte de ese esfuerzo, que nos permitirá avanzar en la recuperación de la paz y la seguridad en los espacios públicos.

¿Es esta una reforma estructural para recuperar o avanzar en la recuperación de la seguridad ciudadana y del orden público? Por supuesto que esta no es una reforma estructural y nadie pretende que lo sea.

Por eso estamos trabajando en reformas estructurales en materia de seguridad, como la reforma al sistema de inteligencia, que se encuentra en tramitación en el Senado, y la reforma a Carabineros, en trámite en la Cámara de Diputados. Esas son las reformas estructurales.

Insisto: no minimicemos la importancia de las señales y los instrumentos que necesita el Estado de derecho para proteger la seguridad, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, porque de eso se trata el orden público. Se trata precisamente de defender los derechos de las personas, el derecho a ejercer sus libertades a vivir con tranquilidad la vida que merecen.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las palabras del diputado Fidel Espinoza , de Puerto Montt. Él señaló que la Cámara de Diputados tiene una credibilidad de 3 por ciento. Estoy realmente impresionado de que tenga tanta credibilidad, porque al escuchar los discursos que hoy se han pronunciado, encontramos la razón por la que tenemos dicho porcentaje a aprobación: se dice una cosa, pero se hace otra.

Voy a dar un ejemplo. Todos han condenado la violencia -no he escuchado a alguien que no la condene-, pero curiosamente todos votan en contra de reprimirla. ¡Es una cosa que verdaderamente nadie entiende!

Si alguno está sacando cuentas alegres, a excepción de los comunistas, que lógicamente son los que manifiestan esto, les digo que solo tendrán los votos de los fundamentalistas que están haciendo desórdenes. Indudablemente, a ninguno de ellos les interesa el orden, la paz y la seguridad. Ellos son absolutamente anarquistas.

Si intentamos proteger a los anarquistas, no tendremos ninguna posibilidad de sacar adelante a este país. ¡Y eso lo saben todos ustedes!

Aunque griten, pifien, pataleen y hagan lo que quieran, todo el mundo sabe que detrás de esto está el Partido Comunista. En verdad, tenemos pocas esperanzas de llegar a entendimiento con diputados que defienden la violencia.

Señor Presidente, por su intermedio, le digo a la diputada Cariola , quien se ríe tanto de estas cosas, que la única comuna que no ha sufrido daños en Santiago es justamente aquella en que está gobernando el Partido Comunista, la comuna del señor Jadue . Evidentemente, las cosas se caen de maduras. Lo digo aunque grite y patalee.

Acuérdese de la discusión de la rebaja del sueldo que tuvimos, en la que usted decía que no ganaba nueve millones de pesos, pero al final sí los percibía. Entonces, no sigamos en estas cosas, porque no nos conducirán a nada.

Ha llegado el momento de que la gente sepa quiénes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo con la violencia. Todo el mundo condena la violencia, pero con los actos se van viendo las cosas que uno hace y obviamente serán juzgados al momento en que la gente emita sus votos.

Como ustedes conocen las cifras mejor que todos, quiero preguntarles cuántos son los violentistas que producen incendios. ¿Serán 3.000, 5.000 o quizá 10.000? No lo sé. Pero sí sé que son 20.000 o más las pymes dañadas por los saqueos.

En consecuencia, si preguntan quiénes han sufrido más, puedo decirles que son precisamente las pequeñas empresas.

Pueden ver lo que pasó en las calles de Valparaíso. Ayer el alcalde estaba llorando para que le dieran las platas para reconstruir, porque se trataba del patrimonio de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que Valparaíso está desintegrado, sigue habiendo saqueos. No hay respeto por nada de lo que está pasando en el país.

Si seguimos haciendo las cosas así, el país se seguirá desintegrando y cayendo a pedazos. Además, los únicos discursos que han quedado son discursos del pasado. ¡Por favor, me gustaría que analizaran, que leyeran los discursos de las personas de enfrente! Todos han caído en citar el pasado. Citan el caso Soquimich y otros del pasado.

¿Quiénes de los que estamos aquí podemos cambiar el pasado? Claramente, ninguno; pero sí podemos cambiar todos juntos el futuro, porque el futuro nos pertenece, por lo que debemos aunar fuerzas para llegar a un entendimiento que permita sacar a Chile de la crisis profunda en que se encuentra. En esa tarea no debiera haber colores políticos, sino un solo norte: ayudar a las personas, ayudar a los chilenos.

Cuando el Presidente de la República envía los proyectos al Congreso, ya se sabe que no quieren que haya arreglo. Me gustaría que el ministro Blumel y el ministro Ward hicieran un catastro de cuántos proyectos que apuntan directamente a la agenda social ha mandado el gobierno al Congreso Nacional.

¡No basta con decir que estamos comprometidos con la agenda social! ¿Por qué no se vocean, por qué no se dice cuáles son los proyectos enviados? Como la maquinaria que tiene la izquierda es tan potente, la gente tiene la sensación de que el gobierno no ha hecho nada al respecto.

Reitero: me gustaría saber cuáles son los proyectos enviados. La gente cree que no se ha hecho nada; todo lo que hace el Presidente Piñera lo boicotean. El propio vocero del movimiento “No+AFP” ya está diciendo que el proyecto que reforma el sistema previsional no sirve, que todo está mal. Pero esto tiene una simple razón: ¡No les interesa que se arregle el país! Lo que les interesa es llegar al norte que ellos quieren: que caiga el gobierno. Pero les quiero decir que aunque tengamos un cero por ciento de apoyo, el Presidente Piñera tiene el temple necesario para seguir haciendo las cosas lo mejor posible, y creo que lo va a seguir haciendo.

Por lo tanto, hay que votar a favor este proyecto, porque es la primera señal que vamos a dar para detener a los violentistas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, los tiempos que estamos viviendo son complejos, pero no solo desde el 18 de octubre, a raíz del denominado “estallido social”, sino desde hace mucho tiempo.

Lamentablemente, esto ocurre porque desde la dictadura nos rige una Constitución que no acoge toda la realidad del país, pues muchas personas se han sentido marginadas, por ejemplo, los pueblos originarios, las familias que hoy viven en campamentos, todos los cuales sufren una situación compleja a raíz de la desigualdad.

La violencia ha existido desde siempre y se ha ido acrecentando últimamente, porque los grandes empresarios siguen lucrando y saqueando al país con el agua, con las empresas forestales y las compañías mineras. La ciudadanía está cansada.

¿De qué manera responde el gobierno a su baja aprobación? Con proyectos que no permiten a los ciudadanos manifestarse cuando exigen dignidad.

El ministro señaló que están haciendo reformas de verdad, pero no es cierto. Eso se logrará cuando tengamos una nueva Constitución, en la que todos seamos parte, donde se hagan cambios estructurales, no cambios a medias, en los que no se quiere tocar al gran empresariado del país.

Por lo tanto, hoy no podemos hablar de reformas de verdad, ni tampoco de que hay grupos que solo quieren destruir este país. Eso no es así. Lo que la ciudadanía está exigiendo en la calle es dignidad, participación, ser escuchada e incorporada.

La verdad es que hay sectores muy marginados. Todavía hay familias viviendo en campamentos en este país; hay adultos y adultas mayores que no tienen la posibilidad de ser atendidos como corresponde en el sistema de salud. ¡Eso es violencia! Se ataca a quienes salen con fuerza a decir “¡basta ya del abuso!”. A ellos hoy les tenemos que decir que no pueden hacer barricadas, que no pueden salir a protestar, porque se está criminalizando la protesta social, el derecho a manifestarse.

Se ha relativizado el respeto a los derechos humanos, no se ha respetado el derecho de las personas a expresarse. ¡Y nada estamos diciendo respecto de aquellas personas que han fallecido! ¡Nada estamos diciendo respecto de aquellos hombres y mujeres que han perdido la vista! ¡Nada estamos diciendo respecto de aquellos hombres y mujeres que han sido torturados, y quizás cuántos más lo van a ser! ¿Estamos haciendo reformas de verdad? ¿Estamos respetando los derechos humanos o los estamos relativizando?

Creo que estas reformas no se van a producir si no se respetan los derechos humanos y no se garantiza el derecho de las personas a manifestarse.

Voté en contra el proyecto en su primer trámite constitucional, lo votaré en contra hoy y lo seguiré votando en contra, aunque muchos digan que queremos destruir este país. ¡No es así! Queremos avanzar hacia una nueva Constitución donde se hagan los cambios estructurales. Hoy la derecha está intimidando a la gente para que no avancemos hacia una nueva Constitución. Es importante hacerlo, porque los pueblos indígenas y las familias campesinas no pueden seguir marginados; tampoco aquellos hombres, mujeres y adultas mayores que hoy día viven con sueldos y pensiones indignas. Tampoco deben olvidarse los derechos de las mujeres.

Por lo tanto, ello debiera haber sido uno de los primeros proyectos a desarrollar. Quiero convocar a todos los diputados a votar en contra este proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señor Presidente, durante muchos años, durante décadas, el pueblo de Chile viene exigiendo pensiones dignas. Durante muchos años, Chile y su pueblo reclaman porque existe un sistema de salud para los ricos y otro para los pobres, que se refleja en que la esperanza de vida es más alta en las comunas del barrio alto de Santiago que en las comunas de la periferia de la misma ciudad. La gente también reclama que no haya más una educación para ricos y una educación para pobres.

¿Cuántas comunidades, en distintas regiones del país -algunas han sido nombradas en intervenciones anteriores-, han reclamado durante años que querían dejar de ser zonas de sacrificio? La gente quiere dejar de enfermar y morir debido a que vive en condiciones indignas.

¿Cuántos cientos o miles de marchas y de movilizaciones durante años no fueron escuchadas por el gobierno del Presidente Piñera ni por los gobiernos anteriores?

Entonces, el pueblo se cansó y Chile despertó. Es mucho más que un cliché, es una verdad. Hay una frase que algunos quieren escuchar, y la voy a decir, para que se sientan tranqui-

los: “Condeno los saqueos y condeno la violencia; no la comparto como medio legítimo para

la acción política”. Esa es mi opinión. Pero este proyecto ya dejó de ser una ley antisaqueos y se transformó derechamente en una ley antiprotestas, y eso no lo vamos a respaldar.

Señor Presidente, por su intermedio quiero preguntar a los parlamentarios oficialistas:

¿Qué pasó con ese entusiasmo que en algún momento mostraron respecto de las movilizaciones? Cuando se trató de los camioneros, el ministro Briones negoció con ellos; cuando se trató del movimiento “No+TAG”, el ministro Moreno negoció con ellos; y cuando el 25 de octubre se reunió más de un millón de personas en la Alameda, salieron todos a tuitear atribuyéndose esa movilización maravillosa, pacífica, que nos exigía cambios.

¡Qué poco les duró el entusiasmo! ¡Qué cínico fue el respaldo a esa movilización! Les recuerdo que ese día 25 de octubre no había autorización de la Intendencia, no obstante lo cual se cortaron las calles y se cortó el tránsito. Todos salieron a tuitear y a decir “¡qué lindo que ocurrió esta movilización!”. ¡Pero estaban en contra de ella!

Las modificaciones del Senado criminalizan la protesta de una manera bastante burda. La Cámara Alta dijo que la iniciativa había salido mal redactada de la Cámara de Diputados, y hoy nos devuelve un proyecto completamente distinto, y además ineficaz. En efecto, sabemos que no va a ser por la letra de esta ley en proyecto que ahora la policía va a actuar de buena manera y va a dejar de violar los derechos humanos.

Hago una pausa para referirme a una carta, que está en los correos electrónicos de todas y de todos los que estamos en esta Sala, que nos envió el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que señala tres cosas. Primero, que el derecho a la reunión pacífica no debe estar regulado por un régimen de autorización. Segundo, que la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia y que incluso debe tolerarse. Tercero, que la solución del problema del uso de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe buscar en la mejora de la capacidad de las policías de identificar y apartar a los elementos violentos y no en la criminalización de otras conductas.

Les recuerdo que hasta hace poco menos de un año la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas era para ustedes prácticamente la biblia cuando se refería a Venezuela. Bueno, ahora ese organismo habla sobre Chile, de cómo la policía de Chile ha violado los derechos humanos y de cómo esta agenda de seguridad, impulsada por este gobierno, atenta contra los derechos humanos.

Por lo tanto, hago un llamado a que rechacemos este proyecto. Ojalá que en comisión mixta se pueda arreglar para que de verdad se centre en lo importante, que son las conductas violentas y delictuales, no en la criminalización de la protesta social.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, tenemos una responsabilidad importante respecto de la señal que le vamos a enviar al país. Miro con preocupación una dictadura que se ha venido instalando en nuestro país. Me refiero a la dictadura de la violencia que determina qué temas podemos tocar y cuáles no; que determina qué posturas son defendibles públicamente y cuáles no; que tiene limitada nuestra libertad de expresión y que tiene limitada nuestra libertad de movilización.

Más grave que eso, en momentos cuando el país nos quiere discutiendo de reformas a la salud, de un mejor Fonasa , de reformas a las pensiones, esa dictadura nos tiene discutiendo acerca de cómo asegurar que chicos y chicas puedan rendir la PSU; eso nos tiene discutiendo. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos tenido el coraje de decirle a la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios y a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios que no pueden impedir el ejercicio de la PSU. ¡Nos han tenido discutiendo ese tema desde las 9 de la mañana! Además, una dirigente de la Cones se permite decirnos acá en el Congreso Nacional que van a seguir adelante con sus movilizaciones.

Debemos hacernos cargo de esta dictadura de la violencia. Con toda franqueza, le quiero pedir a los sectores democráticos del Congreso que entiendan que la democracia es incompatible con la violencia; que entiendan que cualquier reforma social que podamos emprender es imposible sin orden público y que hay que tener claridad absoluta de que hay que enviar una señal y herramientas para el orden público en Chile.

Este proyecto otorga herramientas a la Fiscalía para pedir las medidas precautorias que se necesitan y establece la penalidad que necesitamos para que realmente podamos aplicar las sanciones que merecen los delitos de que trata el proyecto.

El orden público no se resuelve solo con declaraciones bonitas y tuits donde condenamos la violencia: también se necesita de herramientas concretas para que Carabineros y la Fiscalía las utilicen para resguardar el orden público.

Finalizo mi intervención con la siguiente reflexión.

No podemos seguir pensando que si Carabineros no actúa, es ineficaz, y que si actúa, es abusador. Si seguimos moviéndonos en esos blancos y negros no vamos a resolver el problema del orden público.

En este momento debemos ser capaces de entender que si no tenemos una reflexión mesurada y moderada en temas de orden público, finalmente los que más sufrirán serán los más pobres de Chile, quienes hoy no solo no pueden rendir la PSU, sino que muchas veces tienen sus barrios tomados por el narcotráfico y no se pueden movilizar con tranquilidad por el centro de Santiago.

Votemos a favor del orden público. Hagámoslo en especial por los más pobres de Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, los graves hechos de violencia sucedidos desde el 18 de octubre han significado que miles de locales a lo largo del país, sin distinción de si estos son microempresarios, pequeños empresarios o grandes cadenas, han resultado con daños de diferente magnitud producto de los saqueos, incendios y destrucción, que han provocado muchas consecuencias negativas en nuestra sociedad, tales como la pérdida masiva de puestos laborales, inseguridad y caída de ingresos familiares y de la productividad en general.

En ese sentido, el gobierno impulsó propuestas que apuntan a superar esta crisis. Una de ellas es la denominada “agenda de seguridad”, que básicamente constituye un paquete de herramientas jurídicas que viene a hacerse cargo de los hechos de violencia descritos, y la cual también hace valer el acuerdo por la paz, aprobado transversalmente por todos los sectores políticos.

En este contexto, a este proyecto, ingresado un mes después de desatada la crisis, le otorgamos la premura máxima en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la que impulsamos una serie de modificaciones que buscaban aumentar las penas a los delitos de saqueo, barricadas y en el caso del impedimento de la libre circulación de las personas, derecho consagrado constitucionalmente.

Posteriormente, en el Senado se planteó la necesidad de poder revisarlo en profundidad con el fin de hacer las adecuaciones que permitan darle una viabilidad penal efectiva y eficaz. En ese contexto, se hicieron algunas modificaciones, que hoy nos encontramos discutiendo en este tercer trámite constitucional.

En lo medular, la moción sanciona con presidio menor en su grado mínimo, esto es, de 61 a 540 días, a quienes interrumpan completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación, o la instalación de obstáculos o vehículos. Esta modificación no es poco importante en tiempos donde el denominado canto de “el que baila, pasa” ha tomado fuerza en quienes piensan que esta es una forma legítima de protesta, perjudicando a quienes son sometidos a esta humillante práctica.

También los cambios respecto a quienes lancen cualquier objeto potencialmente apto para causar la muerte o producir lesiones corporales a las personas o a vehículos que se encuentren en la vía pública son una medida eficiente.

Específicamente, quiero destacar el aumento de penas en un grado, lo que puede llegar a cinco años de presidio efectivo en el caso del saqueo, Así también, valorar el estudio que permitió definirlo de manera específica en el Código Punitivo, lo que en definitiva viene a robustecer la norma y dar más herramientas legales a los jueces para sancionar este tipo de conductas.

Por lo anterior, y además entendiendo que este proyecto resulta clave para sancionar con mayor fuerza las alteraciones del orden público, votaré a favor.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, tengo en mi poder la minuta de votación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, y claramente hay un error, que no es de la Cámara de Diputados, sino del Senado, porque en los puntos 2 y 3 nos impone la obligación de votar separadamente el número 1 del artículo único. En la primera votación, que corresponde al punto 2, se suprime una norma y en la segunda la votación, que es el punto 3, se incorpora una norma.

¿Qué puede ocurrir? Que dependiendo de la votación se aprueben ambas normas y quedemos con un proyecto de ley en que se aprueban dos normas contradictorias.

Por lo tanto, quiero saber de qué modo vamos a operar para que ese error se pueda corregir.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Informo, con toda claridad, que este error lo cometió el Senado; nosotros estamos con algunas dificultades respecto de la minuta de votación y de cómo proceder.

Para dar una explicación, tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara de Diputados, el diputado René Saffirio tiene toda la razón.

Lo que puede pasar es lo siguiente: si se rechaza la supresión del Senado del artículo 268 septies, eso iría a comisión mixta. Pero si se aprobara en la comisión mixta insisto en que el diputado René Saffirio tiene toda la razón-, el proyecto de ley quedaría con dos artículos con el mismo número y con distinto contenido sobre una misma materia.

Yo no puedo sugerir a la Cámara cómo votar, pero la fórmula es: si se aprueba la primera modificación y se rechaza la segunda, entonces no habría problema, pues la supresión se mantiene. De lo contario, el proyecto tendrá que ir a comisión mixta para resolver la dificultad.

-o-

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, quiero recordar que el 25 de enero la protesta social cumple cien días.

-Con posterioridad, la Sala se pronuncio sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 20.422 para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas en situación de discapacidad.

Corresponde votar el artículo único en los términos propuestos por la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación en su segundo informe.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 148 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita , Eguiguren Correa , Francisco , Marzán Pinto , Carolina , Romero Sáez , Leonidas , Alessandri Vergara , Jorge , Espinoza Sandoval , Fidel , Matta Aragay , Manuel , Saavedra Chandía , Gastón , Alinco Bustos , René , Fernández Allende, Maya , Melero Abaroa , Patricio , Sabag Villalobos , Jorge , Álvarez Ramírez , Sebastián , Flores García, Iván , Mellado Pino , Cosme , Sabat Fernández , Marcela , Álvarez Vera , Jenny , Flores Oporto , Camila , Mellado Suazo , Miguel , Saffirio Espinoza , René , Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo , Fuenzalida Cobo, Juan , Meza Moncada , Fernando , Saldívar Auger, Raúl , Amar Mancilla , Sandra , Fuenzalida Figueroa , Gonzalo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Sanhueza Dueñas , Gustavo , Auth Stewart , Pepe , Gahona Salazar , Sergio , Mix Jiménez , Claudia , Santana Castillo, Juan , Baltolu Rasera, Nino , Galleguillos Castillo , Ramón , Molina Magofke , Andrés , Santana Tirachini , Alejandro , Barrera Moreno , Boris , García García, René Manuel , Monsalve Benavides , Manuel , Santibáñez Novoa , Marisela , Barros Montero , Ramón , Garín González , Renato , Morales Muñoz , Celso , Schalper Sepúlveda , Diego , Bellolio Avaria , Jaime , Girardi Lavín , Cristina , Moreira Barros , Cristhian , Schilling Rodríguez , Marcelo , Berger Fett , Bernardo , González Gatica , Félix , Mulet Martínez , Jaime , Sepúlveda Orbenes , Alejandra , Bernales Maldonado , Alejandro , González Torres , Rodrigo , Muñoz González , Francesca , Sepúlveda Soto , Alexis , Bianchi Retamales , Karim , Gutiérrez Gálvez, Hugo , Naranjo Ortiz , Jaime , Silber Romo , Gabriel , Bobadilla Muñoz , Sergio , Hernández Hernández , Javier , Noman Garrido , Nicolás , Soto Ferrada , Leonardo , Boric Font , Gabriel , Hernando Pérez , Marcela , Núñez Arancibia , Daniel , Soto Mardones, Raúl , Brito Hasbún , Jorge , Hertz Cádiz , Carmen , Núñez Urrutia , Paulina , Tohá González , Jaime , Calisto Águila , Miguel Ángel , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Nuyado Ancapichún , Emilia , Torrealba Alvarado , Sebastián , Cariola Oliva , Karol , Hoffmann Opazo , María José , Olivera De La Fuente , Erika , Torres Jeldes , Víctor , Carter Fernández , Álvaro , Ibáñez Cotroneo , Diego , Orsini Pascal , Maite , Trisotti Martínez , Renzo , Carvajal Ambiado , Loreto , Ilabaca Cerda , Marcos, Ortiz Novoa, José Miguel , Troncoso Hellman , Virginia , Castillo Muñoz , Natalia , Jackson Drago , Giorgio , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Undurraga Gazitúa , Francisco , Castro Bascuñán , José Miguel , Jarpa Wevar , Carlos Abel , Pardo Sáinz , Luis , Urrutia Bonilla , Ignacio , Castro González, Juan Luis , Jiles Moreno , Pamela , Parra Sauterel , Andrea , Urrutia Soto , Osvaldo , Celis Araya , Ricardo , Jiménez Fuentes , Tucapel , Paulsen Kehr , Diego , Urruticoechea Ríos , Cristóbal , Celis Montt , Andrés , Jürgensen Rundshagen , Harry , Pérez Arriagada , José , Vallejo Dowling , Camila , Cicardini Milla , Daniella , Kast Sommerhoff , Pablo , Pérez Lahsen , Leopoldo , Van Rysselberghe Herrera , Enrique , Cid Versalovic , Sofía , Keitel Bianchi , Sebastián , Pérez Olea , Joanna , Velásquez Núñez , Esteban , Coloma Álamos, Juan Antonio , Kort Garriga , Issa , Pérez Salinas , Catalina , Velásquez Seguel , Pedro , Crispi Serrano , Miguel , Kuschel Silva , Carlos , Prieto Lorca , Pablo , Venegas Cárdenas , Mario , Cruz-Coke Carvallo , Luciano , Lavín León , Joaquín , Ramírez Diez , Guillermo , Verdessi Belemmi , Daniel , Del Real Mihovilovic , Catalina , Leiva Carvajal, Raúl , Rathgeb Schifferli , Jorge , Vidal Rojas , Pablo , Desbordes Jiménez , Mario , Longton Herrera , Andrés , Rentería Moller , Rolando , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Díaz Díaz , Marcelo , Lorenzini Basso , Pablo , Rey Martínez, Hugo , Walker Prieto , Matías , Durán Espinoza , Jorge , Luck Urban , Karin , Rocafull López , Luis , Winter Etcheberry , Gonzalo , Durán Salinas , Eduardo , Macaya Danús , Javier , Rojas Valderrama , Camila , Yeomans Araya, Gael

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

-Aplausos.

VALPARAÍSO, 16 de enero de 2020

Oficio Nº 15.305

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que la Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha aprobado las enmiendas propuestas por ese H. Senado al proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica, correspondiente al boletín N° 13.090-25.

Lo que pongo en conocimiento de V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 22/SEC/20, de 13 de enero de 2020.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

VALPARAÍSO, 16 de enero de 2020

Oficio Nº 15.306

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Miguel Ángel Calisto Águila, Gabriel Silber Romo y Matías Walker Prieto, y de la diputada doña Marcela Sabat Fernández, que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica, correspondiente al boletín N° 13.090-25, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Introdúcense en el Código Penal las siguientes modificaciones:

1. Intercálase en el Párrafo II del Título Sexto del Libro Segundo el siguiente artículo 268 septies:

“Artículo 268 septies.- El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieren sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta.

Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.

Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a este, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 269, a continuación de la expresión “Párrafo anterior”, la frase “y en el artículo 268 septies”.

3. Incorpóranse los siguientes artículos 449 ter y 449 quáter:

“Artículo 449 ter. Cuando los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en este, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.

Tratándose de la conducta sancionada en el inciso primero del artículo 436, y concurriendo las circunstancias descritas en el inciso anterior, se aplicará la pena privativa de libertad respectiva, con exclusión de su grado mínimo.

Artículo 449 quáter. Se aplicará en todo caso la regla 2ª del artículo 449, aun cuando el responsable no sea reincidente, si los delitos señalados en dicho artículo se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo.

Si el responsable fuere reincidente en los términos de las circunstancias agravantes de los numerales 15 y 16 del artículo 12, el juez podrá considerar suficiente fundamento esta circunstancia para la imposición del máximo de la pena resultante.”.

4. Agrégase en el artículo 450 el siguiente inciso final, nuevo:

“La misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los Párrafos 3 y 4 de este Título cuando se cometieren con las circunstancias señaladas en el inciso primero de los artículos 449 ter o 449 quáter.”.”.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados