PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS, EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE REBAJA EL COBRO POR EL RECARGO DE LA TARIFA ELÉCTRICA DE HORARIO PUNTA Y LÍMITE DE INVIERNO, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES.

I. FUNDAMENTOS.

Los servicios sanitarios rurales (SSR) se encuentran regulados en la Ley N° 20.998. Según lo establecido en el artículo 2º letra n) de dicha ley, servicio sanitario rural es “aquel que consiste en la provisión de agua potable y, o saneamiento sin fines de lucro, conforme lo dispuesto en esta ley, con el debido aporte de inversión y capacitación del Estado”.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º de la misma ley, dicho servicio podrá ser operado por un comité o una cooperativa a los que se les haya otorgado una licencia por el Ministerio de Obras Públicas, definiéndose comité y cooperativa de servicio sanitario rural en los literales b) y e) del artículo 2º antes referido, respectivamente.

Las entidades que operan el SSR, ya sea un comité o cooperativa, desde el punto de vista del consumo de energía de energía eléctrica, constituyen normalmente un cliente que está sujeto a la regulación de precios, teniendo a la vista lo señalado en el artículo 147 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE). Es decir, los operadores de SSR son “clientes regulados” que deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, de aquellas que son fijadas por el Ministerio de Energía en el decreto tarifario correspondiente, en base a lo que informe la Comisión.

En términos generales, los operadores de SSR utilizan la energía eléctrica en los procesos relativos a la provisión de los servicios que prestan (agua potable y saneamiento).

II. RECARGO POR HORARIO PUNTA Y LÍMITE DE INVIERNO EN LAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD.[1]

Las tarifas para los clientes de empresas distribuidoras del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) según los niveles de demanda, consideran dos períodos de consumo durante el año: meses con menores exigencias para el sistema eléctrico (entre 1 octubre y 31 de marzo) y meses con mayor demanda y costos (entre 1 abril y 30 de septiembre). En este último periodo, como señal de racionalización del consumo eléctrico, se aplican recargos en la tarifa eléctrica por “horario punta” y “límite de invierno”.

Actualmente, el horario punta corresponde al período comprendido entre las 18 a 22 horas. El cargo de energía adicional de invierno corresponde a una medida aplicada para regular el aumento del consumo eléctrico de los clientes residenciales, a quienes se les aplica un recargo por sobrepasar el denominado el “límite de invierno”. El cálculo del límite de invierno es el mayor valor entre el promedio de consumo de energía durante los meses de octubre del año anterior a marzo del año en curso (periodo de verano), incrementado en 20% y 350 kWh. El sobrecargo se aplica para los clientes que en su consumo mensual superen el límite calculado.

Las tarifas para los clientes de empresas distribuidoras del Sistema eléctrico Nacional (SEN), según los niveles de demanda, consideran dos períodos de consumo durante el año: a) Meses con menores exigencias para el sistema eléctrico, entre 1 octubre y 31 de marzo; b) Meses con mayor demanda y costos, entre 1 abril y 30 de septiembre.

En este último periodo, como señal de racionalización del consumo eléctrico, se aplica el denominado “control de punta”. Esto implica sobrecargos en las tarifas de los clientes.

En los periodos de mayor demanda y costos (meses de abril y septiembre), se aplican recargos en la tarifa eléctrica1 por “horario punta” y “límite de invierno”. Esto son instrumentos de control de demanda, que tienen tiene como propósito entregar una señal de precios para que los clientes racionalicen su consumo eléctrico. Según la normativa vigente, las horas punta son aquellas en las que el sistema eléctrico presenta sus mayores niveles de consumo. Actualmente, corresponden al período comprendido entre las 18 a 22 horas, entre abril y septiembre.

El cargo de energía adicional de invierno o “límite de invierno” corresponde a una medida aplicada para regular el aumento del consumo eléctrico de los clientes residenciales sujetos a tarifas BT1 y TRAT1 durante los meses de abril y septiembre. Se aplica un recargo a todos los clientes que sobrepasen el límite definido. Para el cálculo del límite de invierno, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) señala que se debe considerar el mayor valor entre: a) El promedio de consumos de energía durante los meses de octubre del año anterior a marzo del año en curso (periodo de verano), incrementado en 20%, b) 350 kWh.

Por último, se establece un “Umbral de invierno” igual a 430 kWh/mes. Esto implica que todo consumo que supere el límite de invierno y, además sea supere a dicho umbral, tendrá un sobrecargo por todo el consumo mensual, no tan sólo por el que superé el límite de invierno.

III. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES.

La medida está perjudicando gravemente a los sectores rurales del país, los que muchas veces son los más vulnerables. Pues esta alza implica un aumento considerable en el costo de operación de los Comités y cooperativas de agua potable rural existentes (SSR) que operan en nuestro país, afectando directamente en su patrimonio, y situación financiera, pero también el presupuesto de los usuarios finales, pues finalmente estas alzas y costos fijos son finalmente traspasados a los usuarios finales siendo las familias campesinas de sectores rurales afectadas en su presupuesto familiar.

Que es importante destacar que estas organizaciones comunitarias rurales no tienen fines de lucro, y por tanto, los eventuales saldos a favor son destinados al objeto social de éstas, como mejoras en los equipos, remuneraciones del personal, pago de insumos, entre otros. Sin embargo, no siempre se generan estos saldos a favor, pues queda dependiente de eventuales contingencias que pueda sufrir la organización, los cuales en su gran mayoría dependen exclusivamente de los aportes o “cuotas” que paga cada socio(a) integrante del comité o cooperativa.

IV. IDEA MATRIZ:

Modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para rebajar el cobro por recargo de la tarifa Eléctrica de Horario Punta y Límite de Invierno, para los Servicios Sanitarios Rurales.

POR TANTO,

En virtud de las consideraciones expuestas, de lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Chile y lo establecido en el artículo 12 de le ley N°18.918 en concordancia con el Reglamento Interno de la H. Cámara de diputadas y diputados venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Incorpórese, a continuación del artículo 191, el siguiente artículo 191 bis, nuevo, a la Ley General de Servicios Eléctricos, cuyo texto se encuentra refundido, coordinado y sistematizado en el Decreto con Fuerza de Ley número 4/20.018, de 12 de mayo de 2006:

“Artículo 191 bis: En el caso de los costos de operación y mantención de los servicios sanitarios rurales en sus diversas etapas regulados por la ley N°20.998, se les aplicará un descuento respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia de punta al que hace referencia el artículo 155 de esta ley. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198”.

Artículo transitorio: El artículo 191 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos cuyo texto se encuentra refundido, coordinado y sistematizado en el decreto con fuerza de ley N°4/20.018, de 2006, comenzará a regir a contar del 1° de enero de 2023.

NATHALIE CASTILLO ROJAS DIPUTADA DE LA REPÚBLICA

DISTRITO 5

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, EN MATERIA DE COBRO DE TARIFA ELÉCTRICA PARA SERVICIOS SANITARIOS RURALES (BOLETÍN N°16051-08).

_________________________________

Santiago, 11 de diciembre de 2023.

Nº 254-371/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H.CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Honorable Cámara de Diputadas y Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO ÚNICO

1) Para modificar el artículo 191 bis propuesto, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “los costos de operación y mantención de los servicios sanitarios rurales en sus diversas etapas regulados por la ley N°20.998” por “los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998”.

b) Reemplázase la frase “respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia punta” por la frase “equivalente al monto a facturar por concepto de precio de nudo de la potencia de punta”.

c) Intercálase la frase “numeral 1 del” entre la frase “al que hace referencia el” y “artículo 155 de esta ley”.

d) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso único a ser inciso primero:

“Los referidos descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios a que se refiere el artículo 158 de esta ley, los que luego serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución. La Comisión, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso.”.

AL ARTÍCULO TRANSITORIO

2) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo transitorio.- Los descuentos a que se refiere el artículo único de la presente ley deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución, en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024.”.

Dios guarde a V.E.

GABRIEL BORIC FONT

Presidente de la República

JESSICA LÓPEZ SAFFIE

Ministra de Obras Públicas

DIEGO PARDOW LORENZO

Ministro de Energía

VER INFORME FINANCIERO

INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE QUE MODIFICA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS, EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE REBAJA EL COBRO POR EL RECARGO DE LA TARIFA ELÉCTRICA DE HORARIO PUNTA Y LÍMITE DE INVIERNO, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES.

BOLETÍN N° 16.051-08

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación pasa a informar el proyecto de ley del epígrafe, de origen en una moción de las diputadas y de los diputados María Candelaria Acevedo Sáez, Héctor Barría Angulo, María Francisca Bello Campos, Alejandro Bernales Maldonado, Nathalie Castillo Rojas (A), Carolina Marzán Pinto, Emilia Nuyado Ancapichún, Matías Ramírez Pascal, Marisela Santibáñez Novoa y Nelson Venegas Salazar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “simple”.

La moción fue, originalmente, radicada en la comisión de Minería y Energía, para posteriormente a solicitud de la diputada Nathalie Castillo, en sesión de 66ª, de fecha 21 de agosto de 2023, fue remitida a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz o fundamental de la moción es modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para rebajar el cobro por recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límite de invierno, para los Servicios Sanitarios Rurales, ex APR.

2) Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

No tiene.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda.

No hay

4) Aprobación del proyecto.

Sometida a votación en general, la moción fue aprobada por unanimidad (9-0-0). Votaron a favor las diputadas señoras Yovana Ahumada en reemplazo de Víctor Pino, Chiara Barchiesi, María Francisca Bello, Nathalie Castillo y Marta González, y los diputados señores Héctor Barría, Cristóbal Martínez, Benjamín Moreno y Nelson Venegas.

5) Diputado informante.

Se designó como Diputada Informante a Nathalie Castillo.

II. ANTECEDENTES.

a) Antecedentes:

Expresa la autora de la moción que los servicios sanitarios rurales (SSR) se encuentran regulados en la Ley N° 20.998 y definidos en el artículo 2º letra n) como “aquel que consiste en la provisión de agua potable y, o saneamiento sin fines de lucro, conforme lo dispuesto en esta ley, con el debido aporte de inversión y capacitación del Estado”.

Agrega que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º de la misma ley, dicho servicio podrá ser operado por un comité o una cooperativa a los que se les haya otorgado una licencia por el Ministerio de Obras Públicas, definiéndose comité y cooperativa de servicio sanitario rural en los literales b) y e) del artículo 2º antes referido, respectivamente.

Se continúa señalando que las entidades que operan el SSR, ya sea un comité o cooperativa, desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica, constituyen normalmente un cliente que está sujeto a la regulación de precios, teniendo a la vista lo señalado en el artículo 147 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE). Es decir, los operadores de SSR son “clientes regulados” que deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, de aquellas que son fijadas por el Ministerio de Energía en el decreto tarifario correspondiente, en base a lo que informe la Comisión Nacional de Energía.

En términos generales, los operadores de SSR utilizan la energía eléctrica en los procesos relativos a la provisión de los servicios que prestan esto es agua potable y saneamiento.

Recargo por horario punta y límite de invierno en las tarifas de electricidad. [1]

Explica la autora de la moción que las tarifas para los clientes de empresas distribuidoras del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) según los niveles de demanda, consideran dos períodos de consumo durante el año: meses con menores exigencias para el sistema eléctrico (entre 1 octubre y 31 de marzo) y meses con mayor demanda y costos (entre 1 abril y 30 de septiembre). En este último periodo, como señal de racionalización del consumo eléctrico, se aplican recargos en la tarifa eléctrica por “horario punta” y “límite de invierno”.

Actualmente, el horario punta corresponde al período comprendido entre las 18 a 22 horas. El cargo de energía adicional de invierno corresponde a una medida aplicada para regular el aumento del consumo eléctrico de los clientes residenciales, a quienes se les aplica un recargo por sobrepasar el denominado el “límite de invierno”. El cálculo del límite de invierno es el mayor valor entre el promedio de consumo de energía durante los meses de octubre del año anterior a marzo del año en curso (periodo de verano), incrementado en 20% y 350 kWh. El sobrecargo se aplica para los clientes que en su consumo mensual superen el límite calculado.

Las tarifas para los clientes de empresas distribuidoras del Sistema eléctrico Nacional (SEN), según los niveles de demanda, consideran dos períodos de consumo durante el año: a) Meses con menores exigencias para el sistema eléctrico, entre 1 octubre y 31 de marzo; b) Meses con mayor demanda y costos, entre 1 abril y 30 de septiembre.

En este último periodo, como señal de racionalización del consumo eléctrico, se aplica el denominado “control de punta”. Esto implica sobrecargos en las tarifas de los clientes.

En los periodos de mayor demanda y costos (meses de abril y septiembre), se aplican recargos en la tarifa eléctrica por “horario punta” y “límite de invierno”. Esto son instrumentos de control de demanda, que tienen tiene como propósito entregar una señal de precios para que los clientes racionalicen su consumo eléctrico. Según la normativa vigente, las horas punta son aquellas en las que el sistema eléctrico presenta sus mayores niveles de consumo. Actualmente, corresponden al período comprendido entre las 18 a 22 horas, entre abril y septiembre.

El cargo de energía adicional de invierno o “límite de invierno” corresponde a una medida aplicada para regular el aumento del consumo eléctrico de los clientes residenciales sujetos a tarifas BT1 y TRAT1 durante los meses de abril y septiembre. Se aplica un recargo a todos los clientes que sobrepasen el límite definido. Para el cálculo del límite de invierno, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) señala que se debe considerar el mayor valor entre el promedio de consumos de energía durante los meses de octubre del año anterior a marzo del año en curso (periodo de verano), incrementado en 20%, b) 350 kWh.

Por último, se establece un “umbral de invierno” igual a 430 kWh/mes. Esto implica que todo consumo que supere el límite de invierno y, además sea supere a dicho umbral, tendrá un sobrecargo por todo el consumo mensual, no tan sólo por el que superé el límite de invierno.

Situación de los servicios sanitarios rurales.

Hace presente que la medida está perjudicando gravemente a los sectores rurales del país, los que muchas veces son los más vulnerables. Pues esta alza implica un aumento considerable en el costo de operación de los comités y cooperativas de agua potable rural existentes (SSR) que operan en nuestro país, afectando directamente en su patrimonio, y situación financiera, pero también el presupuesto de los usuarios finales, pues finalmente estas alzas y costos fijos son finalmente traspasados a los usuarios finales siendo las familias campesinas de sectores rurales afectadas en su presupuesto familiar.

Agrega que es importante destacar que estas organizaciones comunitarias rurales no tienen fines de lucro, y por tanto, los eventuales saldos a favor son destinados al objeto social de éstas, como mejoras en los equipos, remuneraciones del personal, pago de insumos, entre otros. Sin embargo, no siempre se generan estos saldos a favor, pues queda dependiente de eventuales contingencias que pueda sufrir la organización, los cuales en su gran mayoría dependen exclusivamente de los aportes o “cuotas” que paga cada socio(a) integrante del comité o cooperativa.

b) Leyes que se relacionan con la materia.

Las normas legales que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal, es la siguiente:

Ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales.

Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 12 de mayo de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto consta de un artículo único por el cual se agrega un artículo 191 bis, en la Ley General de Servicios Eléctricos, que dispone que en el caso de los costos de operación y mantención de los servicios sanitarios rurales en sus diversas etapas regulados por la ley N° 20.998, se les aplicará un descuento respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia de punta al que hace referencia el artículo 155 de esta ley. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198.

Además, contempla una disposición transitoria que establece que este proyecto de ley comenzará a regir a contar del 1° de enero de 2023.

IV. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY.

a) Discusión en general.

La diputada Nathalie Castillo, autora de la moción, [2] destacó, en primer lugar, la transversalidad del proyecto, cuyo objeto es la modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales, rebajando el cobro por el recargo de la tarifa en horario punta y límite de invierno para los servicios sanitarios rurales.

Fundamentó su propuesta en el gran trabajo que realizan los servicios sanitarios rurales y en el hecho de que ya sea un comité o cooperativa, desde el punto de vista del consumo de energía de energía eléctrica, constituyen normalmente un cliente que está sujeto a la regulación de precios, teniendo a la vista lo señalado en el artículo 147 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE). Es decir, los operadores de SSR son “clientes regulados” que deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, de aquellas que son fijadas por el Ministerio de Energía en el decreto tarifario correspondiente, en base a lo que informe la Comisión, lo que implica costos que en ocasiones no pueden cumplir.

En términos generales, los operadores de SSR utilizan la energía eléctrica en los procesos relativos a la provisión de los servicios que prestan (agua potable y saneamiento).

Por su parte, también se fundamenta en el recargo por horario punta y las altas tarifas de invierno que les afecta de modo directo perjudicando principalmente a los sectores rurales del país por lo que los operadores de servicios sanitarios rurales necesitan mantenerse con algún tipo de beneficio para dar cumplimiento a la misión que tienen, esto es, el saneamiento básico y el agua potable, el derecho humano al agua.

Agregó que el traspaso de costos fijos a usuarios implica un aumento considerable en el costo de los comités de agua potable y afectan su patrimonio, su situación financiera siendo las familias campesinas las más afectadas.

Recalcó que el Ejecutivo ha entregado su patrocinio al proyecto otorgándole urgencia simple puesto que estima importante hacer este ejercicio de equidad territorial ya que el decreto de congelamiento por vía administrativa de la tarifa de invierno dictado hace poco, dejó por lo menos a 40% de clientes APR fuera.

La diputada Bello, coautora de la moción, destacó que se trata de más de 2000 comités de APR a lo largo del país, que alcanzan cada uno a miles de usuarios de la población rural, por ende, ello constituye otro fundamento más del proyecto puesto que alcanza a una gran cantidad de población, unido al hecho de que las APR son instituciones sin fines de lucro, no son empresas, así, cada vez que se sobrepasa la tarifa fijada se pone en desmedro el patrimonio de cada APR afectando no solo a la organización y sus dirigentes, sino a todos sus usuarios.

Agregó que son los APR los que hacen efectivo el derecho humano al agua, así, cuando se afecta su patrimonio, se afecta de modo indirecto este derecho humano.

Invitó a los miembros de la Comisión a revisar el proyecto y hacer todas las sugerencias que estimen convenientes.

El diputado Moreno preguntó por qué se optó por una fijación de precios en lugar de un subsidio a la demanda o un bono a los mismos APR.

La diputada Weisse planteó la necesidad de conocer el alcance efectivo de este proyecto en términos de montos involucrados.

La diputada Castillo explicó que esta es una de las fórmulas que conversaron con las agrupaciones y con el Ejecutivo, además de tratarse de una fórmula admisible que, por lo demás, cuenta con el patrocinio del gobierno mediante la urgencia simple.

El diputado Moreno instó a poner atención en la forma y en el procedimiento legislativo porque, a simple vista, si el proyecto no viene patrocinado por el Ejecutivo, resulta inadmisible porque fija precios y modifica el panel de expertos. Precisó que estando de acuerdo con el fondo del proyecto, no deben omitirse las formalidades. Sugirió invitar al presidente del panel de expertos.

El señor Diego Pardow, Ministro de Energía [3], a modo de contexto, se refirió a los Servicios Sanitarios Rurales como consumidores de energía eléctrica, señalando que, en general, los Servicios Sanitarios Rurales, en adelante SSR, utilizan la energía eléctrica en los procesos relativos a la provisión de los servicios que prestan (agua potable y saneamiento), y que, desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica, los SSR ya sea un comité o cooperativa, constituyen normalmente un cliente que está sujeto a la regulación de precios (“clientes regulados”).

Explicó que los clientes regulados deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, que son fijadas por el Ministerio de Energía en el decreto tarifario correspondiente, en base a lo que informe la Comisión Nacional de Energía, y así, se observa que los operadores de SSR han optado y están sujetos a distintas tarifas (BT1A, BT1B, AT2, AT3, BT2, BT3, BT4.1, BT4.3, AT4.1, AT4.3, TRAT1), lo que permite concluir que son diversos en tanto consumidores de energía eléctrica, existe mucha heterogeneidad en ellos.

Añadió que, lo anterior, se debe principalmente a tres factores:

- Comportamiento de los propios consumidores a los que les proveen los servicios sanitarios. Es decir, dependiendo del consumo de agua potable de quienes son suministrados por el operador de SSR, el consumo de energía de este último variará.

- Su propia su capacidad de almacenamiento ya sea de energía o de agua.

- Disponibilidad del recurso hídrico cuyo tratamiento requiere de energía eléctrica.

En cuanto a la eliminación administrativa de la “tarifa de invierno”, comentó que en la Cuenta Pública 2023 el Presidente de la República Gabriel Boric anunció la eliminación del cargo de energía adicional de invierno o “tarifa de invierno”, medida que fue implementada administrativamente, comenzando a regir a partir de julio de este año, tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Energía y Empresas Eléctricas A.G.

La eliminación de la tarifa de invierno beneficia a todos aquellos clientes regulados que cuentan con una tarifa BT1 y TRAT1, así, la eliminación de la tarifa invierno beneficia a todos los SSR que cuenten con dichas tarifas, esto es, el 55% de aquellos, sin embargo, gran parte de los SSR (45%) cuentan con tarifas distintas, que, a diferencia de las tarifas BT1 y TRAT1 no contemplan explícitamente una “tarifa de invierno”, sino otros cobros asociados a pagos por potencia.

El detalle se encuentra en el siguiente cuadro cuya fuente es la Respuesta a Oficio Ordinario CNE N° 239 de 06 de abril de 2021, en el que se indica la información que las empresas concesionarias de servicio público deben entregar en forma periódica respecto a la facturación de sus clientes regulados y peajes de distribución, para efectos de implementar los mecanismos de equidad tarifaria establecidos en la Ley N° 20.298.

Respecto del proyecto de ley, comentó que se hace cargo de aquellos Servicios Sanitarios Rurales que, al no tener una tarifa BT1 o TRAT1, no se ven beneficiadas por la eliminación de la tarifa de invierno. Para ello, la moción propone que se aplique un descuento respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia de punta del artículo 155 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Hizo presente que es importante tener en cuenta ciertas prevenciones. En primer lugar, señaló la necesidad de definir una metodología para la implementación y operación de este descuento, respecto de lo cual menciono que la manera en que tradicionalmente se ha hecho esto en la regulación eléctrica es mediante una delegación a la Comisión Nacional de Energía para que determine la metodología y la implemente.

En segundo lugar, señaló que es necesario que quede mandatada en el articulado una coordinación interinstitucional entre la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Dirección de Obras Hidráulicas, a cargo de llevar el Registro de operadores de servicios sanitarios rurales (artículo 69 ley N°20.998). Así la SEC podrá contar con información actualizada de los SSR a los que se les aplicará este descuento.

Agregó que, dado que el proyecto de ley no señala el monto de descuento generaron en el cuadro una aproximación de éste en base a boletas tipo para poder apreciar el efecto real en pesos del descuento en los cargos que se indica, según distintos porcentajes, en comparación con el descuento de aquellos a los que alcanza la eliminación de la tarifa de invierno que tiene un efecto de 15,8%, en el ejemplo, para lo que acompañó el siguiente cuadro explicativo:

Así, luego de observados los datos, señaló que para obtener un descuento final similar al de aquellos alcanzados por la medida administrativa de eliminación de la tarifa de invierno sería necesario un descuento del orden del 75% de descuento cargo, sin perjuicio que, dada la heterogeneidad de los distintos APR esto cambia según los distintos tipos de consumo.

Concluyó que como Ministerio entienden la finalidad del proyecto y la consideran atendible, pero es necesario hacer la referencia específica a una delegación administrativa al organismo que le corresponde definir la metodología, y también perfeccionar aquello que dice relación con la coordinación interministerial.

Finalmente, hizo notar que el artículo transitorio señala que la nueva disposición debe comenzar a regir a contar del 1° de enero de 2023, por lo que sugirió que se establezca que comienza a regir a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel de la publicación, atendiendo a que es una buena idea que corra por año completo para evitar descalces.

La diputada Weisse planteó la necesidad de contar con más información, en el sentido de poder conocer a cabalidad el alcance del proyecto en montos reales, es decir, sobre cuál es el monto que hoy pagan los APR para poder conocer el costo del descuento al nivel país.

El diputado Moreno preguntó al señor Ministro si consideraba que el proyecto era constitucional siendo una moción parlamentaria, y si no resultaba más eficiente un subsidio a la demanda que la fijación de precios que plantea la moción.

El señor Pardow explicó que el ejemplo que prepararon era para un consumo tipo y para apreciar el alcance del descuento en él, considerando que cada APR tiene una realidad distinta atendiendo a la demanda de potencia que tenga en horario punta y de cuándo hace uso de esa potencia. Propuso aportar el mismo ejercicio según otros perfiles de APR según las distintas tarifas asociadas, considerando aquellas que abarcan un mayor porcentaje como la AT4.

En cuanto a la constitucionalidad del proyecto, precisó que se trata de una moción que apunta a cargos específicos de potencia punta, respecto de lo cual entiende que no hay atribución exclusiva del poder Ejecutivo, ahora, para hacer una delegación administrativa a la Comisión Nacional de Energía o a la Superintendencia de electricidad y combustible, si la habría por lo que el Ejecutivo tendría que patrocinar dicha medida y proponer las indicaciones del caso, para lo cual están disponibles.

Respecto de la efectivada de la medida propuesto versus un subsidio con cargo a impuestos generales, señaló que era difícil evaluarlo y que, en todo caso, un subsidio con cargo a impuestos generales tendría que tener un mecanismo de recaudación asociado, y si es esa la voluntad de la Comisión se puede buscar un mecanismo para ello también, sin perjuicio de que instó a tener presente que se trata de un sector relativamente pequeño dentro del volumen total de consumidores, por lo que tiene un efecto muy pequeño en las tarifas del resto de los consumidores, así como también lo tuvo el cargo de la tarifa de invierno, y en este caso sería aún menor.

El diputado Moreno preguntó quién paga el descuento o cómo se costea.

El señor Pardow explicó que lo que se propone es un cargo que deja de hacerse, o efectivamente un descuento que elimina total o parcialmente un cargo, lo que se reparte entre esos mismos y los demás clientes sujetos a fijación tarifaria porque el principio al que está sujeto todo nuestro sistema tarifario es que la remuneración de los activos de distribución y de transmisión y el pago de la energía, todo de alguna manera está reflejado en la tarifa.

Precisó que, en todo caso, el efecto es muy pequeño porque se trata de un número de clientes bastante acotado.

El diputado Moreno sugirió que el Ejecutivo, en conjunto con la DOH, hiciera algún tipo de estimación para ver de qué monto se trata porque si es más bien marginal no debiese haber problema, y pedirle que patrocinen el proyecto ya que de otro modo sería inconstitucional.

La diputada Bello, Presidenta accidental, acotó que los mecanismos de filtro de la Secretaría de la Corporación operaron, existe un procedimiento que llevan a cabo funcionarios de la Cámara que revisan estos asuntos, por lo que preguntó al diputado Moreno a que se refería.

El diputado Moreno sostuvo que planteaba que se defina correctamente cuál es la población objetivo que pretende alcanzar el proyecto con todos sus detalles y, dado que se está ejerciendo un descuento o fijación de precio máximo, independiente de los funcionarios de la Cámara es algo que excede las atribuciones de los parlamentarios a su parecer.

Consultada la Abogada Secretaria de la Comisión, manifestó no considerar inadmisible la moción parlamentaria.

El señor Pardow precisó que, respecto de la incorporación de nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Energía, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la Dirección de Obras Hidráulicas, a estas dos últimas que se coordinen y a la primera que desarrolle la metodología, considera que es atribución exclusiva del Ejecutivo y lo que harán es presentar una indicación.

En cuanto a la determinación de impacto se manifestó disponible, pero es necesario converger en un monto de descuento al menos aproximativo para poder ubicar el impacto, de modo que si se busca replicar el efecto que tuvo la tarifa de invierno debería tratarse del orden de un 75% de descuento.

El diputado Barría consideró que el proyecto va en la línea correcta sobre todo si se entiende lo que está pasando en los sectores rurales, todas estas medidas pueden colaborar en apoyar a estas organizaciones que no son pymes, no son empresas, sino que se trata de dirigentes sociales que administran el agua potable. Instó a avanzar lo más rápido posible.

La diputada Bello, Presidenta accidental, coincidió con su predecesor y enfatizó que son los APR los que hacen efectivo el derecho humano al agua.

La señora Denisse Charpentier, Subdirectora de Servicios de Sanitarios Rurales [4], presentó su perspectiva sobre los proyectos de ley orientados a reducir los costos de los gastos fijos y variables de los servicios sanitarios rurales y destacó que, para la Subdirección, todo lo relacionado con estos proyectos es considerado relevante y con un impacto positivo, expresando además la disposición de apoyar y colaborar en esta iniciativa.

Enfatizó que los servicios sanitarios rurales, sujetos a la regulación de la ley 20.998, operan sin fines de lucro e informó que a nivel nacional existen más de 2000 comités y cooperativas, regidos por la ley 19.418 y el DFL N° 5, reiterando que estas entidades prestan servicios sin fines de lucro, y la ley establece que los costos recaudados a través de cobros por consumo o tarifa deben destinarse a la mantención, operación y reposición de la infraestructura. Señaló que, en el caso de los servicios mayores, se incluye la reposición de materiales, equipos y terrenos.

Explicó que los sistemas más pequeños, aquellos que podrían ser más impactados por el proyecto de ley, son servicios que con sus tarifas costean solamente los gastos de mantención y operación, lo que implica pagar los sueldos de trabajadores, costos de insumos como cloro y otros químicos utilizados en los procesos, siendo la tarifa eléctrica el gasto principal, que durante la hora punta, especialmente en horario de invierno, representa aproximadamente el 60 por ciento de los costos variables de comités y cooperativas, especialmente de los sistemas más pequeños.

Sostuvo que lo ideal sería que el proyecto contemplara un acápite especifico, no solo en términos generales como descuentos, sino posiblemente con un porcentaje incorporado de descuento específico para sistemas más pequeños, con menos de 1000 arranques, o según se estime.

Añadió que, desde el punto de vista de la ley 20.998, que contempla tres segmentos: menores, medianos y mayores, es el segmento menor el que tiene un impacto significativo en el costo del gasto variable de la energía eléctrica, entendiendo por sistemas menores aquellos con menos de 300 viviendas.

Por su parte, comentó que más del 90% de las fuentes de abastecimiento de comités y cooperativas provienen de fuentes subterráneas, lo que implica la necesidad de sistemas de bombeo. Esto contribuye al aumento del costo de extracción de agua, especialmente con la escasez hídrica y la sequía, obligando a profundizar las fuentes, lo que implica un costo de energía aun mayor para los comités, lo que está impactando fuertemente la sustentabilidad y sostenibilidad de las organizaciones y la prestación del servicio a largo plazo.

La diputada Castillo agradeció a la señora Charpentier por su valiosa intervención pues se reconoce la importancia que estas medidas que permiten avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad de los servicios sanitarios rurales. Aprovechó además de saludar a los dirigentes que acompañan de manera constante en la comisión, lo cual refleja positivamente el trabajo continuo de la misma.

Subrayó que el Ministerio de Energía, se comprometió a tomar todas las medidas necesarias, ya sea para modificar o sustituir el proyecto, en caso de ser necesario después de la votación en general. Este compromiso se establece en el marco de una colaboración conjunta con el gobierno, reconociendo que esta política debe ir de la mano con otras iniciativas.

La diputada Bello recordó que están comprometidas mesas técnicas tanto para este proyecto como para el segundo de la tabla, por ende, todas las dudas y consultas que pudiesen existir pueden ser planteadas y resueltas en dicha instancia, de la mano del Ministerio de Energía con el objeto que este proyecto pueda beneficiar a las APR y no se omita ninguna regla.

El diputado Martínez pidió más información numérica, en términos de si se pueden aportar datos como el promedio de gasto de energía de un APR pequeño, o uno mediano, si existe alguna estimación.

La señora Charpentier explicó que existen dos temas que son relevantes, uno es el impacto directo en la tarifa del mes en el que el comité o cooperativa entra en horario punta según el uso de la energía eléctrica porque no es todo el año sino que durante los meses del horario punta en invierno, pero además después se genera el castigo por haber entrado en horario punta, entonces, al final de cuentas, terminan pagando todo el año el consumo al precio de hora punta, y dicho impacto es muy sensible a la tarifa, de hecho se estima que es el 50% de la tarifa en los sistemas de menos de 300 viviendas, por lo tanto, es bastante grande el impacto en el bolsillo directo del socio y del usuario.

En cuanto a números, precisó que, como Subdirección, a partir de este año están haciendo los estudios tarifarios de los comités, por lo que no tienen un estudio durante el tiempo para mostrar hoy, sin embargo, ofreció hacer llegar los cerca de 500 estudios tarifarios que han hecho durante el año y en esa muestra se puede hacer llegar el dato del impacto del porcentaje de la tarifa que se paga que solo es por concepto de consumo eléctrico.

El diputado Venegas recordó que, en su participación en reuniones, primero como candidato y luego como diputado, los dirigentes de los comités de agua potable rural siempre resaltaron la problemática de los horarios punta, a quienes aprovechó de saludar, destacando su compromiso con el tema.

Respecto a la tarifa, precisó que aún no existen cifras concretas debido a que la ley es muy reciente, sin embargo, el proyecto se originó para abordar la problemática de los horarios punta, reconociendo y felicitando a quienes lo impulsaron, así como al gobierno, especialmente al Ministerio de Energía, recalcando que el indicador más relevante es el requerimiento de la gente, evidenciando que este proyecto atiende una necesidad real de la población.

El diputado Martínez mencionó un caso en la región de Ñuble donde Indap apoyó a pequeños agricultores con paneles fotovoltaicos para reducir su gasto energético. Instó a trabajar en la auto sustentabilidad energética para los comités de agua potable.

En línea con su predecesor, la diputada Bello resaltó que la generación de energía para los comités de agua potable también debería ser una aspiración. Ejemplificó con cooperativas en Salamanca o Illapel que han avanzado en este aspecto y destacó la importancia de la creación y acceso igualitario a la energía, reconociendo que este tema es poco conocido para muchos y que es necesario proporcionar mejores recursos y herramientas a los comités para lograr autonomía. Además, mencionó la relevancia de las cooperativas que garantizan el derecho humano al agua, sugiriendo que la dirección a seguir debería ser hacia la autonomía en este aspecto.

El diputado Barría, Presidente accidental, recordó que la comisión ha trabajado para abordar el tema del IVA sobre el agua potable rural, lo que se implementó el año pasado y ahora, se presenta un proyecto para aliviar la carga de los comités, especialmente de los dirigentes, mayoritariamente mujeres. Agradeció a APR Chile y otras organizaciones por su colaboración en estas iniciativas y destacó el respaldo del Ministerio de Energía y la participación de la diputada Castillo y otros coautores.

b) Votación en general:

Sometido a votación en general el proyecto fue aprobado en general, por la unanimidad (9-0-0) de los presentes. Votaron a favor las diputadas señoras Yovana Ahumada en reemplazo de Víctor Pino, Chiara Barchiesi, María Francisca Bello, Nathalie Castillo y Marta González, y los diputados señores Héctor Barría, Cristóbal Martínez, Benjamín Moreno y Nelson Venegas.

c) Discusión y votación particular.

Con fecha 12 de diciembre de 2023, S.E. el Presidente de la República, formuló indicaciones al proyecto de ley.

El Ministro de Energía, señor Diego Pardow, asistió a explicar la indicación.

Recordó que los Servicios Sanitarios Rurales utilizan la energía eléctrica en los procesos relativos a la provisión de los servicios que prestan y, desde el punto de vista del consumo de energía de energía eléctrica, ya sea un comité o cooperativa, constituyen normalmente un cliente que está sujeto a la regulación de precios (“clientes regulados”).

Seguidamente, precisó que los clientes regulados deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, que son fijadas por el Ministerio de Energía en el decreto tarifario correspondiente, en base a lo que informe la Comisión Nacional de Energía.

Observó que los operadores de SSR han optado y están sujetos a distintas tarifas (BT1A, BT1B, AT2, AT3, BT2, BT3, BT4.1, BT4.3, AT4.1, AT4.3, TRAT1), lo que permite concluir que son diversos en tanto consumidores de energía eléctrica. Lo anterior se debe principalmente a tres factores:

- Comportamiento de los propios consumidores a los que les proveen los servicios sanitarios. Es decir, dependiendo del consumo de agua potable de quienes son suministrados por el operador de SSR, el consumo de energía de este último variará;

- Su propia su capacidad de almacenamiento ya sea de energía o de agua; y

- Disponibilidad del recurso hídrico cuyo tratamiento requiere de energía eléctrica.

Respecto del proyecto de ley, recordó que se trata de una moción parlamentaria que propone aplicar un descuento respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia de punta del artículo 155 de la Ley General de Servicios Eléctricos, con un artículo transitorio, estableciendo que descuentos deben comenzar a regir a contar del 1 de enero de 2023.

Dicha moción fue aprobada en general, de manera unánime, por la Comisión el pasado 8 de noviembre y el Ejecutivo valora positivamente la presente iniciativa legislativa, en virtud del importante rol que cumplen los SSR en nuestro país, actualmente más de 2 millones de habitantes en zonas rurales son beneficiados a diario con la provisión de agua potable a través de SSR, donde el uso de energía eléctrica es de vital importancia para la entrega de este servicio básico.

En cuanto a la indicación del Ejecutivo, precisó los siguientes aspectos:

- Se precisan ciertos aspectos de redacción para efectos de proponer que estos descuentos sean por el total del monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia.

- SSR deberán cumplir con los requisitos para ser licenciatarios conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998 a efectos de ser beneficiarios del descuento.

- Comisión Nacional de Energía deberá contabilizar los descuentos, a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios de nudo promedio (artículo 158 LGSE). La Comisión, deberá, además, establecer mediante resolución exenta las reglas necesarias para la implementación de los descuentos.

- Artículo transitorio: Los descuentos deberán efectuarse por parte de las empresas concesionarias de distribución desde la publicación de la ley. La Comisión deberá contabilizar los descuentos en la primera fijación de precios de nudo promedio de 2024, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias.

Finalmente, tal como había sido requerido por la Comisión con anterioridad, acompañó una lámina con ejemplos del efecto del descuento propuesto en distintos Servicios Sanitarios Rurales del país.

La diputada Castillo agradeció la indicación del Ejecutivo y su explicación, la que le entrega más robustez el propósito y la idea matriz del proyecto. Instó a la Comisión a respaldarla.

La diputada Bello coincidió con su predecesora destacando que la indicación propuesta se refiere principalmente a aspectos formales que precisan la forma en que se llevará a cabo el descuento, un punto que generaba ciertas dudas en la comisión.

Además, compartió su experiencia durante la visita inspectiva del día 19 de diciembre en la que dos APR (sistemas de Agua Potable Rural) expresaron que están pagando un sobreprecio por la electricidad. Resaltó la urgencia de abordar esta cuestión, especialmente para las APR que cumplen un papel crucial en beneficio de aproximadamente dos millones de personas en el distrito 6.

Enfatizó que el proyecto de ley no solo beneficia a los dirigentes, sino a todos los usuarios del agua en el ámbito rural. Expresó la importancia de considerar que las APR, y no las sanitarias, son quienes garantizan el derecho humano al agua en las áreas más apartadas y rurales, donde el Estado a menudo tiene limitaciones para llegar.

Finalmente, invitó a los miembros de la Comisión a leer con entusiasmo el proyecto y a votar a favor de él, subrayando que la iniciativa tiene un impacto positivo en las familias chilenas, especialmente en las del campo, que en ocasiones han sentido que el Parlamento no les brinda el apoyo necesario.

El diputado Barría reconoció la buena disposición del Ministro de Energía con diversos proyectos en la región de Los Lagos, incluyendo la propuesta actual que está siendo discutida. Destacó la importancia de incentivar la vida en el campo y la necesidad de llegar a quienes viven y trabajan en el mundo rural, especialmente aquellos que enfrentan dificultades y carecen de apoyo del Estado como deberían.

Resaltó la capacidad de aquellos en el campo para lidiar con desafíos, haciendo referencia a la labor de administrar el agua y el alcantarillado de manera gratuita, algo que en el entorno urbano sería difícil de imaginar. Mencionó la importancia de propuestas e incentivos que mejoren la calidad de vida en el campo y alivien la carga financiera de quienes residen allí.

Concluyó expresando su deseo de que la propuesta sea aprobada en la Cámara y reciba la urgencia necesaria por parte del Gobierno.

El diputado Pino, Presidente, expresó la importancia de apoyar al mundo rural, reconociendo el papel fundamental que desempeñan los sistemas de Agua Potable Rural (APR). Destacó el compromiso de la Comisión en abordar esta cuestión desde diversas perspectivas políticas, evidenciando un enfoque transversal en el apoyo a los APR.

Manifestó la intención de continuar respaldando iniciativas en beneficio del mundo rural durante los próximos dos años del periodo legislativo. Agradeció a los diputados presentes en la sala y a los miembros de la comisión por su apoyo, destacando la mente abierta, buena disposición y el deseo de construir juntos. Resaltó la ausencia de obstruccionismo en la comisión, a diferencia de lo que se observa en otras instancias, lo cual es agradecido por todos.

El Ejecutivo, formuló la siguiente indicación:

1) Para modificar el artículo 191 bis propuesto, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la frase “los costos de operación y mantención de los servicios sanitarios rurales en sus diversas etapas regulados por la ley N°20.998” por “los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998”.

b) Reemplázase la frase “respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia punta” por la frase “equivalente al monto a facturar por concepto de precio de nudo de la potencia de punta”.

c) Intercálase la frase “numeral 1 del” entre la frase “al que hace referencia el” y “artículo 155 de esta ley”.

d) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso único a ser inciso primero:

“Los referidos descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios a que se refiere el artículo 158 de esta ley, los que luego serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución. La Comisión, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso.”.

2) Para reemplazar el artículo transitorio, por el siguiente:

“Artículo transitorio.- Los descuentos a que se refiere el artículo único de la presente ley deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución, en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024.”.

El señor Pardow, Ministro de Energía, precisó que mediante resolución se establecerán las reglas necesarias para la administración y operación, y tal como mostraron en la presentación, hay bastante heterogeneidad en el tipo de pliego tarifario que se le aplica a cada servicio sanitario rural. Eso significa que la determinación específica del descuento para cada uno, y cómo se materializa, es un universo de alguna manera para cada tipo de pliego tarifario y ello requiere un desarrollo, un detalle, que corresponde hacerlo a la Comisión Nacional de Energía, que es el servicio descentralizado el cual se relaciona con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Energía.

Agregó que esto, tradicionalmente, se ha hecho mediante resoluciones exentas. Es una delegación reglamentaria a la institución técnica competente para que determine el detalle de cómo se materializa este descuento.

La diputada Weisse preguntó por el plazo para dicha resolución.

El señor Pardow, Ministro de Energía, explicó que las resoluciones exentas normalmente no tienen plazo, a diferencia de los reglamentos que suelen tenerlo, sin embargo, aseguró que el ministerio está trabajando en paralelo en este aspecto. Además, el Ministro se manifestó dispuesto para asistir posteriormente, una vez que el proyecto sea aprobado, para presentar la resolución exenta y el calendario de implementación.

Puesto en votación, el artículo único con la indicación del Ejecutivo, fue aprobado por unanimidad (11-0-0). Votaron a favor las diputadas señoras Chiara Barchiesi, María Francisca Bello, Ana María Bravo en reemplazo de Nelson Venegas, Nathalie Castillo, Marta González y Flor Weisse, y los diputados señores Héctor Barría, Benjamín Moreno, Víctor Pino, Alexis Sepúlveda, Marco Antonio Sulantay.

Por la misma votación se aprobó la indicación del Ejecutivo, que proponía sustituir el artículo transitorio.

VI. ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS.

a) Artículos rechazados.

No hay.

b) Indicaciones rechazadas.

No hay

c) Indicaciones inadmisibles.

No hay

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Por las consideraciones expuestas y por las que dará a conocer el diputado informante, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación

recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Incorpórase, en la Ley General de Servicios Eléctricos, cuyo texto se encuentra refundido, coordinado y sistematizado en el Decreto con Fuerza de Ley número 4/20.018, de 12 de mayo de 2006, el siguiente artículo 191 bis:

“Artículo 191 bis: En el caso de los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998, se les aplicará un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta al que hace referencia el numeral 1 del artículo 155 de esta ley. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198.

Los referidos descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios a que se refiere el artículo 158 de esta ley, los que luego serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución. La Comisión, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso.”.

Artículo transitorio.- Los descuentos a que se refiere el artículo único de la presente ley deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución, en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024.”.

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Se designó Diputada Informante a la señora Nathalie Castillo Rojas.

SALA DE LA COMISIÓN, a 19 de diciembre de 2024.

Tratado y acordado, según consta en las actas de la sesiones de fecha 27 de septiembre, 4 de octubre, 8 de noviembre y 19 de diciembre de 2023, con la asistencia de las diputadas Chiara Barchiesi Chávez, María Francisca Bello Campos, Marta González Olea, Nathalie Castillo Rojas y Flor Weisse Novoa, y los diputados, Héctor Barría Angulo, Cristóbal Martínez Ramírez, Benjamín Moreno Bascur, Víctor Pino Fuentes (Presidente), Alexis Sepúlveda Soto, Marco Antonio Sulantay Olivares, Nelson Venegas Salazar.

Asistieron, además, las diputadas Carolina Marzán Pinto, Yovana Ahumada Palma, y los diputados Andrés Jouannet Valderrama y Gustavo Benavente Vergara.

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS

Abogada Secretaria de Comisiones

MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS EN MATERIA DE COBRO DE TARIFA ELÉCTRICA PARA SERVICIOS SANITARIOS RURALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 16051-08)

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Iniciando el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es la señorita Nathalie Castillo .

Antecedentes:

-Moción, sesión 50ª de la presente legislatura, en martes 4 de julio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. Documentos de la Cuenta N° 26 de este boletín de sesiones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En las tribunas se encuentra una delegación de dirigentes de APR Chile, invitados por la diputada María Francisca Bello . Les damos una calurosa bienvenida.

(Aplausos)

En reemplazo de la diputada Nathalie Castillo , rinde el informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación la diputada María Francisca Bello .

Tiene la palabra, su señoría.

La señorita BELLO, doña María Francisca (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, paso a informar sobre el proyecto de ley ya individualizado, iniciado en una moción de los siguientes diputados y diputadas: María Candelaria Acevedo , Héctor Barría , Alejandro Bernales , Carolina Marzán , Emilia Nuyado , Matías Ramírez , Marisela Santibáñez , Nelson Venegas y quien habla, María Francisca Bello , de autoría de la diputada Nathalie Castillo , en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de simple.

La idea matriz o fundamental de la moción es modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para rebajar el cobro por recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límite de invierno a los servicios sanitarios rurales, ex-APR.

La moción fue aprobada en general con el voto favorable de las diputadas Yovana Ahumada , en reemplazo del diputado Víctor Pino ; Chiara Barchiesi , Nathalie Castillo , Marta González y quien habla, María Francisca Bello , y de los diputados Héctor Barría , Cristóbal Martínez , Benjamín Moreno y Nelson Venegas .

Los antecedentes que se tuvieron presentes para elaborar esta iniciativa legislativa dicen relación con la situación que enfrenta un número de servicios sanitarios rurales, ex-APR, que son entidades encargadas de la provisión de agua potable o saneamiento, sin fines de lucro, con el debido aporte de inversión y capacitación del Estado.

Este servicio puede ser operado por un comité o una cooperativa al que se le haya otorgado una licencia por el Ministerio de Obras Públicas.

Estas entidades que operan el servicio sanitario rural, desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica, constituyen normalmente un cliente que está sujeto a la regulación de precios, teniendo a la vista lo señalado en el artículo 147 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Es decir, los operadores de servicios sanitarios rurales son “clientes regulados” que deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, de aquellas que son fijadas por el Ministerio de Energía en el decreto tarifario correspondiente, sobre la base de lo que informe la Comisión Nacional de Energía.

En términos generales, los operadores de servicios sanitarios rurales utilizan la energía eléctrica en los procesos relativos a la provisión de los servicios que prestan, esto es, agua potable y saneamiento.

Por su parte, las tarifas para los clientes de empresas distribuidoras del Sistema Eléctrico Nacional, según los niveles de demanda, consideran dos períodos de consumo durante el año: meses con menores exigencias para el sistema eléctrico, entre el 1 octubre y el 31 de marzo, y meses con mayor demanda y costos, entre el 1 abril y el 30 de septiembre.

En este último período, como señal de racionalización del consumo eléctrico, se aplican recargos en la tarifa eléctrica por horario punta y límite de invierno. Actualmente, el horario punta corresponde al período comprendido entre las 18 y las 22 horas.

Por último, se establece un umbral de invierno igual a 430 kWh/mes. Esto implica que todo consumo que supere el límite de invierno y que, además, sea superior a dicho umbral, tendrá un sobrecargo por todo el consumo mensual, no tan solo por el que supere el límite de invierno.

Esta medida está perjudicando gravemente a los sectores rurales del país que son beneficiarios de los programas de agua potable rural (APR), actualmente servicios sanitarios rurales (SSR), los que muchas veces son los más vulnerables, pues esta alza implica un aumento considerable en el costo de operación de los comités y cooperativas de agua potable rural, afectando directamente su patrimonio y situación financiera, pero también el presupuesto de los usuarios finales, pues, finalmente, estas alzas y costos fijos son traspasados a los usuarios finales, siendo las familias campesinas de sectores rurales las más afectadas en su presupuesto familiar.

Es importante destacar que estas organizaciones comunitarias rurales no tienen fines de lucro y, por tanto, los eventuales saldos a favor son destinados al objeto social de estas, como mejoras en los equipos, remuneraciones del personal y pago de insumos, entre otros. Sin embargo, no siempre se generan estos saldos a favor, pues además se deben cubrir eventuales contingencias que pueda sufrir la organización, los cuales en su gran mayoría dependen exclusivamente de aportes o cuotas que paga cada socio o integrante del comité o cooperativa.

El proyecto consta de un artículo único por el cual se agrega un artículo 191 bis en la Ley General de Servicios Eléctricos, que dispone que, en el caso de los costos de operación y mantención de los servicios sanitarios rurales, regulados por la ley Nº 20.998, se les aplicará en sus diversas etapas un descuento respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia de punta al que hace referencia el artículo 155 de esta ley. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198.

Además, contempla una disposición transitoria que establece que este proyecto de ley comienza a regir a contar del 1 de enero de 2023.

Discusión y votación del proyecto de ley

Durante la discusión en general se destacó la transversalidad del proyecto, cuyo objeto es rebajar el cobro por el recargo de la tarifa en horario punta y límite de invierno para los servicios sanitarios rurales.

Lo anterior, puesto que los servicios sanitarios rurales, como consumidores de energía eléctrica, utilizan la energía en procesos relativos a la provisión de los servicios que prestan -agua potable y saneamiento-, y, desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica, dichos servicios, ya sea un comité o una cooperativa, constituyen un cliente que está sujeto a la regulación de precios, es decir, son clientes regulados.

Los clientes regulados deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, que es fijada por el Ministerio de Energía en el decreto tarifario correspondiente, con base en lo que informe la Comisión Nacional de Energía. Así, se observa que los operadores de los servicios sanitarios rurales han optado y están sujetos a distintas tarifas, lo que permite concluir que son diversos en tanto consumidores de energía eléctrica y que existe mucha heterogeneidad en ellos, lo que se debe principalmente a los siguientes tres factores.

Comportamiento de los propios consumidores a los que se les proveen los servicios sanitarios, es decir, dependiendo del consumo de agua potable de quienes son suministrados por el operador de los servicios sanitarios rurales, el consumo de energía de este último variará.

Su propia capacidad de almacenamiento, ya sea de energía o de agua.

Disponibilidad del recurso hídrico cuyo tratamiento requiera de energía eléctrica.

En cuanto a la eliminación administrativa de la tarifa de invierno, el Presidente de la República anunció en la cuenta pública 2023 la eliminación del cargo de energía adicional de invierno o tarifa de invierno, medida que fue implementada administrativamente y que comenzó a regir a partir de julio de este año. Se informó que la eliminación de la tarifa de invierno benefició a todos aquellos clientes regulados que cuentan con una tarifa BT1 y TRAT1. Así, la eliminación de la tarifa de invierno benefició a todos los servicios sanitarios rurales que cuentan con dichas tarifas, esto es, el 55 por ciento de aquellos. Sin embargo, gran parte de los servicios sanitarios rurales -el 45 por ciento- cuenta con tarifas distintas que no contemplan explícitamente una tarifa de invierno, sino otros cobros asociados a pagos por potencia.

El proyecto de ley se hace cargo de aquellos servicios sanitarios rurales que, al no tener una tarifa BT1 o TRAT1, no se ven beneficiados por la eliminación de la tarifa de invierno. Para ello, la moción propone que se aplique un descuento respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia de punta del artículo 155 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

En su oportunidad, el Ministerio de Energía hizo presente que es importante tener en cuenta ciertas prevenciones, como la necesidad de definir una metodología para la implementación y operación de este descuento, respecto de lo cual mencionó que la manera en que tradicionalmente se ha hecho en la regulación eléctrica es mediante una delegación a la Comisión Nacional de Energía, para que determine la metodología y la implemente.

En segundo lugar, señaló que es necesario que quede mandatada en el articulado una coordinación interinstitucional entre la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Dirección de Obras Hidráulicas, a cargo de llevar el registro de operadores de servicios sanitarios rurales (artículo 69 de la ley N° 20.998). De este modo, la SEC podrá contar con información actualizada de los servicios sanitarios rurales a los que se aplicará este descuento.

Agregó que, dado que el proyecto de ley no señala el monto de descuento, han realizado algunos estudios sobre la base de boletas tipo para poder apreciar el efecto real en pesos del descuento en los cargos que se indican, según distintos porcentajes y en comparación con el descuento de aquellos a los que alcanza la eliminación de la tarifa de invierno, que tiene un efecto de 15,8 por ciento.

Asimismo, el ministerio señaló que entiende la finalidad del proyecto y que la considera atendible, pero que es necesario hacer referencia específica a una delegación administrativa al organismo que le corresponda definir la metodología, y también perfeccionar aquello que dice relación con la coordinación interministerial.

Finalmente, hizo notar que el artículo transitorio señala que la nueva disposición debe comenzar a regir a contar del 1 de enero de 2023, por lo que sugirió que se establezca que comience a regir a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel de la publicación, atendiendo a que es una buena idea que corra por año completo para evitar descalces.

Por su parte, la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas, señaló que todo lo relacionado con estos proyectos es considerado relevante y tiene un impacto positivo.

Además, expresó la disposición para apoyar y colaborar en esta iniciativa, ya que son entidades que prestan servicios sin fines de lucro, y la ley establece que los costos recaudados a través de cobros por consumo o tarifas se deben destinar a la mantención, operación y reposición de la infraestructura. Añadió que, en el caso de los servicios mayores, se incluye la reposición de materiales, equipos y terrenos.

Explicó que los sistemas más pequeños, es decir, aquellos que podrían ser impactados por el proyecto de ley, son servicios que con sus tarifas costean solamente los gastos de mantención y operación, lo que implica pagar los sueldos de trabajadores, costos de insumos, como cloro y otros químicos utilizados en los procesos, siendo la tarifa eléctrica el gasto principal, que durante la hora punta, especialmente en horario de invierno, representa aproximadamente el 60 por ciento de los costos variables de comités y cooperativas, especialmente en los sistemas más pequeños.

Sostuvo que lo ideal sería que el proyecto contemplara un acápite específico, no solo en términos generales, como descuentos, sino posiblemente con un porcentaje incorporado de descuento específico para sistemas más pequeños, con menos de 1.000 arranques o según se estime.

Durante la discusión, se hizo presente la necesidad de que el Ejecutivo apoyara la iniciativa, asumiendo que se debían hacer algunas precisiones que no eran de iniciativa parlamentaria, por lo que, con fecha 12 de diciembre de 2023, el señor Presidente de la República formuló una indicación al proyecto.

La indicación del Ejecutivo tiene por objeto precisar aspectos de redacción para proponer que estos descuentos sean por el total del monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia; establecer que los servicios sanitarios rurales deberán cumplir con los requisitos para ser licenciatarios, conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998, a efectos de ser beneficiarios del descuento, y disponer que la Comisión Nacional de Energía deberá contabilizar los descuentos, con el fin de incorporar dichos montos en la fijación de precios de nudo promedio. La comisión deberá, además, establecer, mediante resolución exenta, las reglas necesarias para la implementación de los descuentos.

Asimismo, reemplaza el artículo transitorio de la moción en proyecto para establecer que los descuentos deberán efectuarse por parte de las empresas concesionarias de distribución desde la publicación de la ley, y que la comisión deberá contabilizar los descuentos en la primera fijación de precios de nudo promedio de 2024, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias.

El proyecto de ley, con la indicación señalada, fue aprobado unánimemente por las diputadas presentes, señoras Chiara Barchiesi , María Francisca Bello, Ana María Bravo , en reemplazo del diputado Nelson Venegas ; Nathalie Castillo , Marta González y Flor Weisse , y por los diputados Héctor Barría , Benjamín Moreno , Víctor Pino , Alexis Sepúlveda y Marco Antonio Sulantay .

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación recomienda la aprobación del proyecto.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar .

El señor PULGAR.-

Señor Presidente, comenzamos el 2024. Si bien este proyecto viene, entre comillas, a favorecer a los sistemas de APR, no es de toda justicia, sobre todo para la región de la cual vengo, la del Maule, porque en esta iniciativa se está apelando, entre comillas, a una rebaja en la tarifa.

Como región somos una potencia generadora eléctrica y somos una región de sacrificio; por lo mismo, para muchos de nuestros sistemas de APR la conectividad eléctrica debería ser gratuita. Aportamos más del 30 por ciento de la energía de este país. ¿Gracias a qué? Gracias a la intervención de las grandes hidroeléctricas en los cursos de los caudales de nuestros ríos.

Por lo tanto, nuevamente, este proyecto es una migaja para nuestra clase rural, para la gente campesina. No es -digamos- un gran premio; es un pequeño paso ante tanta injusticia que existe con la gente del campo, con la gente campesina.

Hoy en la Región del Maule vivimos el drama de los bajos precios que se pagan a los trigueros, además del bajo precio que se paga por la uva: se viene a 50 pesos el kilo.

Por eso, creo que esta iniciativa es un pequeño grano de arena, muy pequeño, para mi región, donde somos potencia en generación eléctrica.

Tenemos una problemática en los campos, donde necesitamos los sistemas de APR. Nuestros campesinos que tienen APR -hay algunos que no la tienen- no solo deben pagar altos costos de luz, sino, además, cargar con el alto valor de los insumos agrícolas.

(Hablan varios diputados a la vez)

Señor Presidente, una vez más, es una pena que, comenzando el año, tenga que dejar hasta aquí mi intervención, porque no hay ningún respeto en esta Sala por las intervenciones que hacemos los diputados en las que exponemos las problemáticas que tenemos en nuestros distritos. Es una pena que partamos el año así.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Por favor, pido a las diputadas y a los diputados que mantengan un cierto nivel de silencio y de orden en la Sala.

Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señora BRAVO (doña Marta).-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto modificar la Ley General de Servicios Eléctricos con el fin de rebajar el cobro por recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límite de invierno de forma exclusiva para los servicios sanitarios rurales.

Todos sabemos la importancia que tienen estos servicios en los sectores rurales de las distintas regiones de nuestro país, pues su trabajo permite cumplir con la provisión de agua potable y saneamiento. Lo digo especialmente por mi Región de Ñuble, la más rural del país.

Por ello, debemos ser capaces de facilitar su funcionamiento, lo cual se hace mediante la eliminación de trabas para que operen de manera adecuada. Eso es precisamente lo que busca este proyecto.

Las alzas en las tarifas eléctricas no solo complican a los comités y cooperativas que operan los servicios, sino también a los usuarios de los mismos.

Es por eso que voy a votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Undurraga .

El señor UNDURRAGA (don Alberto).-

Señor Presidente, en primer lugar, lo saludo a usted y, por su intermedio, a todos nuestros colegas y a los funcionarios de la Cámara en este año 2024. Que todos y todas tengamos un muy buen año 2024, y que también sea muy bueno para el país.

Los sistemas de agua potable rural, o APR, como los conocemos en todo Chile, son vitales para dos millones de personas, pero también son vitales para hacer realidad el derecho al agua potable, que es algo que impulsamos como país y que estoy seguro de que en esta Cámara todos compartimos.

Hace algunos años aprobamos la ley de APR. Me tocó participar directamente en impulsar dicha legislación. Después, el año pasado, eliminamos de los servicios de agua potable rural el pago del IVA, que por error había quedado incorporado en ellos en una reforma tributaria anterior, y que provocaba un alza en las cuentas de APR. Y hoy este proyecto busca que se haga el descuento respectivo para los APR en la tarifa eléctrica de horario punta. Todo esto va en la línea de apoyar los sistemas de APR.

Nuestra bancada va a votar a favor este proyecto, por cierto, así como todas aquellas iniciativas que beneficien a los servicios sanitarios rurales, porque nos parece justo, porque nos parece que se necesita y porque nos parece que tiene que ver con algo esencial: el derecho al agua potable. En eso vamos a estar. Por lo tanto, aprobaremos este proyecto. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, por su intermedio, deseo que este año 2024 sea próspero para la Mesa y para todos quienes conforman este hemiciclo.

En Chile existen alrededor de 3.000 servicios sanitarios rurales. Este proyecto beneficiará a cerca de dos millones de personas que viven y habitan en las zonas rurales de nuestro país, otorgándoles el derecho humano del acceso al agua potable.

Los operadores del servicio sanitario rural utilizan la energía eléctrica en los procesos para la provisión de agua potable y para el saneamiento de sus comunidades. El alza de precios por sobre los consumos habituales, como la que se establece en horario punta y límite de invierno, significan un aumento considerable en el costo de operación de los servicios, costo que es traspasado a los usuarios, lo que afecta, sin duda, el presupuesto de las familias campesinas.

Por eso, es muy importante apoyar este proyecto y permitir que se aplique a los sistemas de APR una rebaja en el costo total de los cargos señalados, porque de esta forma estaremos dando una mano a todas las comunidades que se organizan mediante los servicios sanitarios rurales.

Tengo un trabajo estrecho con los dirigentes y dirigentas de los comités de APR de mi distrito y de nuestra región. Agradezco a la diputada Nathalie Castillo por haberme invitado a ser parte de este proyecto. También agradezco la voluntad que existe de apoyar una iniciativa que en este momento se encuentra en tramitación en la Comisión de Recursos Hídricos, que establece un permiso para los dirigentes y dirigentas de APR para que puedan ausentarse de sus trabajos para atender casos de emergencias y eventualidades en el funcionamiento del APR, de modo que puedan realizar las acciones requeridas y no sean amedrentados en sus puestos laborales con que serán despedidos o sufrirán rebajas en sus ingresos mensuales. Creo que es fundamental otorgarles garantías y protección, porque la labor que ellos cumplen es fundamental. Sin duda, es un respaldo que debemos darles desde el Congreso; debemos protegerlos en todos los espacios donde necesitan ser amparados -insisto-, a fin de que pueda otorgarse el derecho humano al agua potable a las comunidades rurales de nuestro país.

Quiero mencionar, y es muy importante relevarlo, el compromiso del vicepresidente de APR Chile, señor Raúl Vera ; de María Laura León , dirigenta del comité de APR Santa Rosa de Colmo; de Rufino Hevia, coordinador nacional de APR Chile, entre muchos otros dirigentes y dirigentas, pues son ellos quienes se hacen cargo de garantizar el servicios de agua potable a las comunidades que viven en zonas rurales, aliviando de esta forma una tremenda carga que en realidad debería ser un deber del Estado.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Nathalie Castillo .

La señora CASTILLO (doña Nathalie).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a todas y a todos los colegas y les deseo un excelente año 2024.

Este proyecto es muy relevante. Me alegra que comencemos esta discusión, en este año que se inicia, con una muy buena noticia para el sector rural.

Esta moción nace de un trabajo territorial en profundidad, de conversación con las dirigencias ante una demanda histórica de los comités de APR. Sin ese impulso no podríamos estar discutiendo este proyecto, que esperamos que pase pronto a su segundo trámite.

Saludo a todos quienes participaron en la elaboración de este proyecto y también a quienes lo apoyaron de manera consciente, empática, transversal y unánime en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

Asimismo, agradezco al Ejecutivo, principalmente al Ministerio de Energía, por haber patrocinado esta moción que presta una ayuda concreta a los sistemas de agua potable rural (APR) o servicios sanitarios rurales de nuestro país, entendiendo que estos sistemas abastecen, como bien lo dijeron diputadas y diputados, a los cerca de dos millones de personas que habitan las localidades rurales, según los datos del Ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo con lo que dispone la ley N° 20.998, que Regula los Servicios Sanitarios Rurales, estos podrían ser operados por un comité o por una cooperativa, utilizando los operadores de energía eléctrica en los procesos relativos a la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dos cuestiones superelementales en el marco de la sequía y megasequía que afecta a gran parte de nuestro territorio nacional. Aprovecho de decir que está en una constante discusión la prórroga para la implementación completa de la mencionada ley, lo que también es importante relevar.

Por eso, ya sea un comité o una cooperativa, desde el punto de vista del consumo de la energía eléctrica, los APR constituyen normalmente un cliente que está sujeto a la regulación de los precios, teniendo a la vista lo señalado en la Ley General de Servicios Eléctricos. Es decir, estos operadores son clientes regulados que deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, lo que es una carga extra considerable a lo que implica administrar este tipo de servicios.

Por eso, en el período de mayor demanda y costos, que corresponde principalmente a los meses de abril y septiembre, se aplican recargos en horario punta y límite de invierno, medida que los afecta directamente, perjudicando gravemente los servicios rurales del país, que, muchas veces, son los más vulnerables. Esta alza implica un aumento considerable en el costo de la operación de los comités de APR y, por ende, aumenta la tarifa a quienes gozan del derecho de acceso al agua potable rural a través de los servicios sanitarios, afectando, por una parte, el patrimonio y la situación financiera y, por otra, el presupuesto de los usuarios finales, como acabo de señalar, que son las familias campesinas con reducidos presupuestos familiares. Esa es una realidad, pues hoy la ruralidad también es pobreza. Eso hay que tenerlo claro en este hemiciclo.

También es importante destacar que las organizaciones comunitarias no tienen fines de lucro. En los servicios sanitarios rurales trabajan miembros de la propia comunidad y sus saldos son destinados, cuando tienen algún tipo de trabajo o remuneración, a objetivos sociales. Por lo tanto, creemos que el proyecto de ley va a beneficiar el funcionamiento y gestión propia del servicio sanitario rural.

Por último, aprovecho de saludar a todas las dirigencias sociales y comunitarias a cargo de los sistemas sanitarios rurales o APR, las cuales plantean que son APR, no servicios sanitarios rurales, quienes no reciben remuneración por el desarrollo de su actividad. Por eso, en la comisión estamos tramitando proyectos, como el de la diputada Marzán , para poder entregar protección y garantizar los derechos de quienes realizan esta tremenda labor, que garantiza un derecho humano como es el acceso al agua potable.

Así que llamamos a aprobar la iniciativa, que establece la reducción de las tarifas que pagan los servicios sanitarios rurales, los APR, por el uso de la energía eléctrica, que constituye una ayuda efectiva y concreta para los usuarios.

Aprovecho de saludar a Rufino Hevia y a Katy, que siempre nos han acompañado en la comisión, porque en la elaboración de los proyectos de ley tiene que participar la comunidad.

No se puede hacer ningún tipo de política entre cuatro paredes.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Flor Weisse .

La señora WEISSE (doña Flor).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, sin duda, beneficia o entrega justicia a los servicios sanitarios rurales y aliviana en gran parte el estrés de sus dirigentes, que todos los meses tienen que ver cómo resuelven los gastos y, en este caso, el consumo básico de energía eléctrica, en lo que está enfocado el proyecto.

Sin embargo, nos referimos a energía eléctrica pensando en el abastecimiento de agua potable y en el saneamiento. Es decir, estos dos millones de personas que se abastecen hoy en Chile a través de este sistema, que son las comunas y localidades rurales, sin duda, tienen que ser el foco de atención en esta legislación, y lo son. No solo el distrito N° 21, que represento, que incluye las comunas de las provincias de Arauco y de Biobío, y la comuna de Lota, sino el ciento por ciento de las comunas tienen servicios sanitarios rurales o APR, con los cuales hemos convivido por años de años. Digo APR porque ese nombre está instalado; incluso se está evaluando si se mantiene o no, porque la identificación de las comunidades es con los APR, con los que tenemos una relación de trabajo desde hace mucho tiempo.

Por eso, cuando se habla de proyectos transversales, sin duda, la iniciativa en discusión es uno de ellos, el cual fue aprobado por unanimidad en la comisión, pues se trata de rebajar las tarifas eléctricas en los horarios punta, como la tarifa de invierno, respecto de la que ya existe alguna regulación. Pero quedaba todavía un 45 por ciento de servicios de APR que no estaban adheridos a esta normativa, y el proyecto les permitirá tener un cierto alivio en materia de gastos de consumo y de administración a los comités.

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor Hevia y a Katy, que han participado permanentemente en nuestra comisión y con quienes hemos sostenido conversaciones no solo a propósito del proyecto, sino de todas las dificultades en relación con los proyectos enfocados en resolver, de una buena vez, los sistemas de APR, que tienen que ampliarse y fortalecerse, para no seguir con los camiones aljibe. Aún son muchas las comunas de nuestro país que esperan la llegada del camión con el agua que les permite mantener su vida en la cotidianeidad, viendo si tienen que dejar esa agua para bañarse, para lavar los alimentos o para preparar sus comidas diarias. En consecuencia, esta necesidad y política pública en materia de abastecimiento de agua en las localidades rurales tiene que seguir avanzando en muchas otras áreas.

Si bien esta es una iniciativa que resuelve y aliviana la carga a los comités de agua potable rural, sin duda también tenemos que hacer que sean muchos más y que siga aumentando la inversión pública en esta materia, para instalar un sistema que dé tranquilidad a los habitantes de las comunas rurales, sobre todo en el caso de las de mi distrito. En consecuencia, el proyecto de ley representa el sentir de la población en un ciento por ciento.

Saludo el trabajo participativo que se ha hecho con nuestros dirigentes, no solo con aquellos que estuvieron en la comisión, sino también con otros con lo que hemos conversado en cada uno de nuestros distritos para conocer esta realidad, para pedir opinión, siempre con el objeto de favorecer el proyecto.

En el caso de la Región del Biobío y de mi distrito, saludo el trabajo y la opinión de María Cruz Viveros , representante de los APR, donde hay un trabajo muy colaborativo y con mucha dedicación desde hace mucho tiempo, porque los dirigentes entregan su tiempo. Por ejemplo, hoy están acá, una vez más, dedicando su tiempo al servicio a la comunidad, para fortalecer y a mejorar el abastecimiento de agua potable para nuestros vecinos de las comunas rurales, en donde no pueden continuar con la angustia de si van a tener o no la posibilidad de costear los consumos básicos. Ya no tendrán que estar sujetos a lo que podría llegar a ser un corte de este suministro, el cual debemos fortalecer y entregarlo a todos los vecinos.

Así que saludo el proyecto de ley en discusión. Creo que tiene que darse, a la brevedad, el debate en su segundo trámite, para que esto sea una realidad y no nos quedemos solo con el titular. Desde la Comisión de Recursos Hídricos hicimos este esfuerzo, que recibió el apoyo unánime para que el proyecto pudiese tratarse y pasarse a tabla de manera bastante pronta, desde que el proyecto ingresó. Ahora esperamos que se tenga el mismo compromiso y convicción en los trámites siguientes, de que esto debe ser una realidad y que debe hacerse efectiva la rebaja en las tarifas. Es decir, el proyecto finalmente debe traducirse en una realidad para los vecinos de nuestras comunidades rurales que se abastecen a través de los APR.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Consuelo Veloso .

La señora VELOSO (doña Consuelo).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo este tremendo avance que es rebajar la tarifa eléctrica de los sistemas de APR en horario punta. Qué duda cabe de la tremenda deuda que tenemos con los sectores rurales. Por cierto, también sufren el encarecimiento de la vida, incluso para transportarse a votar, porque para quienes viven en sectores rurales es doblemente dificultoso.

Es una deuda que tenemos con Chile. No pierdo la esperanza de que, en algún momento, la protección de este derecho humano básico, el acceso al agua, sea constitucional, para garantizar el acceso a un insumo que permite la vida. Todavía falta más acceso.

Hace unos días, Alejandro Bustos , presidente de la junta de vecinos del sector Cardón de Mingre, de la comuna de San Javier, se me acercó para decirme que tenía constituido un comité de APR, y que ahora necesita ayuda en los pasos siguientes.

Sabemos que muchos comités, muchas juntas de vecinos y muchos sectores rurales pasan años batallando para tener un APR. Ese es un desafío muy grande que aún está pendiente. Tal como ya señalé, la precarización en los sectores rurales es vergonzosa y queda de manifiesto en la falta de acceso a viviendas. Recordemos que tras las inundaciones fue un tremendo lío otorgar los subsidios rurales. Eso habla de una deuda tremenda que tienen el Estado y la clase política, que no logra ponerse de acuerdo.

Aprovechando que empieza el año 2024 y que esta es mi primera intervención de este año, espero que partamos con el pie derecho -o izquierdo, en este caso, pero un buen pie- y nos pongamos de acuerdo.

Aprovecho de saludar a todas y todos mis colegas. Espero que este año, 2024, sea bendecido e iluminado, y que podamos generar acuerdos y saldar las deudas que tenemos con nuestra gente del mundo rural.

Yo soy de la Región del Maule, específicamente del Maule sur, cuyas comunas son esencialmente rurales. Allí, en plena pandemia, los niños y niñas tenían que ir a conectarse, literalmente, a la punta del cerro, para tener sus clases online.

Desde la centralidad, de pronto, se toman muchas decisiones sin considerar que las realidades que viven los sectores alejados son completamente distintas a las de las grandes ciudades.

No obstante, en los sectores rurales hay educación, hay tecnología; hay avances sustentables en obras de riego y en la agricultura familiar campesina, hay cultura. Por ejemplo, en Cauquenes, tenemos a las loceras de Pilén, en el cajón del río Achibueno se produce artesanía; en Colbún se fabrican productos hermosos, como aros de crin -pelo de caballo, para quienes no lo saben-; tenemos un sinfín de bondades y tesoros. Lamentablemente, el poder político no ha sido capaz de acoger las demandas de este sector del país y darles las herramientas básicas que sí se tienen en las zonas urbanas, a pesar de que sabemos que ahí también faltan.

Espero que el 2024 tanto el gobierno como el Poder Legislativo nos pongamos de acuerdo en ese tema y no perdamos de vista el bien más importante que debemos proteger: las personas. Nuestro trabajo, por el cual se nos remunera y se nos otorgan muchas facilidades, está justificado cuando somos capaces de decirle a la gente que el lugar en el que nos pusieron sirve para que el día de mañana su vida sea mejor.

Si este proyecto se aprueba vamos a celebrar, y algunas como yo -como lo hacemos habitualmente- nos vamos a emocionar. Espero que el día de mañana podamos seguir construyendo grandes acuerdos y aprobando proyectos de ley que sean fruto de aquellos. Este es el año de los acuerdos -lo decreto- y de generar condiciones materiales que hagan posible que, el día de mañana, todos los chilenos y chilenas, independiente de su religión y de su posición política, puedan vivir en un Chile mejor, un Chile que abre puertas y no las cierra, un Chile que a las chilenas y a los chilenos, a los trabajadores, a los campesinos, a las cuidadoras, a los adultos mayores, a los niños y niñas, les dice que no importa el lugar en el que nacieron, no importa si son de la ciudad o del campo, no importa si tienen capacidades diferentes, no importa cuál es su forma de ver la vida ni qué es lo que esperan para Chile.

En una cosa nos unimos todos: queremos que la gente viva mejor; porque la gente quiere vivir mejor, y se lo merece. Eso es justicia, no es un regalo, y es lo que tenemos que darle este año 2024.

Un abrazo y muchos cariños para todos los presentes y para la gente que nos va a escuchar después.

He dicho.

-Aplausos.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María Francisca Bello .

La señorita BELLO (doña María Francisca) .-

Señor Presidente, primero que todo, quiero saludarlos y desearles a todos los colegas y a sus familias que tengan un muy buen año.

Parece que vamos a empezar este año con buenas noticias para el mundo rural si se aprueba este proyecto de ley.

Quiero hacer un poquito de historia de cómo surge este proyecto. Aproximadamente en mayo del año pasado, junto con la diputada Nathalie Castillo , solicitamos una reunión al ministro Diego Pardow , para plantearle los problemas que había con las horas punta en los APR. Afortunadamente, tuvimos esa reunión y pudimos conversar sobre la problemática con gente de distintos APR a lo largo de Chile. Este proyecto de ley surge tras escuchar a los territorios, porque en cada salida a terreno los representantes de APR nos decían que por sus altos costos no podían pagar la luz.

Es bueno aclarar que este proyecto de ley no surge a partir de un grupo de iluminados o iluminadas, sino más bien tiene que ver con un trabajo realizado en los territorios, con los usuarios de agua del mundo rural, que, en este caso, están colegislando con nosotros.

Si nos va bien con este proyecto, haremos justicia social en relación con el mundo rural, que se ha visto bastante ausente y muchas veces ignorado en las discusiones.

Es importante que contextualicemos el problema, más allá de las tarifas de la luz. Hay personas en el mundo rural que, lamentablemente, no tienen agua, pero no solamente por falta del recurso hídrico, sino porque las organizaciones de agua potable rural -vale recordar que son sin fines de lucro- no pueden pagar la cuenta de la energía eléctrica para hacer funcionar sus bombas y mantener el suministro continuo. Esta situación deja sin agua a personas de los sectores más vulnerables de la ruralidad.

Nos parece que hay una urgencia importante que resolver. Si nos va bien con este proyecto de ley, la gente verá una rebaja concreta en las cuentas de la luz, lo que constituye, por supuesto, un acto de justicia territorial.

Históricamente, los usuarios de los APR han estado en una situación económica desventajosa si los comparamos con los usuarios de servicios sanitarios rurales-urbanos, básicamente, porque el costo de la inversión que deben hacer se divide entre menos usuarios. Por lo mismo, la mayoría de los APR no cuenta con la tecnología necesaria para almacenar la energía o hacer más eficiente su consumo.

Y para rematar la situación, la precariedad de los APR ha quedado en evidencia, porque las zonas rurales son las más afectadas por el cambio climático. Estos últimos años han tenido que enfrentar graves pérdidas en su infraestructura producto de los incendios e inundaciones.

Este proyecto de ley no tendría sentido sin las personas que están en las graderías y que nos acompañan todos los miércoles, como don Rufino Hevia y Katherine Galdámez , de APR Chile, quienes han estado incansablemente junto a nosotros para decirnos dónde hay que colocar los acentos y hacia dónde debiésemos avanzar para enfrentar con éxito la grave crisis hídrica que afecta a Chile.

Por supuesto, darles mejores condiciones a los APR es hacer carne el derecho humano al agua. Son ellos y ellas quienes le entregan el derecho humano al agua a quienes viven en los sectores rurales; no son las empresas sanitarias ni es el Estado, sino que son comunidades organizadas en torno a las últimas aguas públicas que nos quedan en Chile.

Cuando beneficiamos a más de dos millones de personas, estamos haciendo buenas leyes, estamos legislando con sentido y con razón.

Quiero agradecer al Ejecutivo y, en particular, al ministro Diego Pardow por escucharnos a mí y a la diputada Nathalie Castillo , y por hacer esto realidad. Espero que el Congreso Nacional tenga a bien aprobar este proyecto que brinda mejores condiciones a quienes hoy garantizan el derecho humano al agua.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Henry Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, vamos a concurrir con mucho agrado a votar a favor este proyecto de ley.

¡Cuánto les ha costado a los sistemas de agua potable rural llegar donde están! Ha sido duro el camino; han tenido que enfrentar una ley, hoy vigente, que tiene deficiencias y que afecta a muchos APR.

El cobro de luz en horas punta perjudica a muchos APR. En mi Región de La Araucanía, de aprobarse la iniciativa, al menos el 20 por ciento de los APR va a ser beneficiada, porque hasta ahora no recibían este beneficio. Necesitamos que esto se traduzca en la rebaja de cuentas para los usuarios. ¡Todo les ha costado tanto! En su momento serían gravados con el pago del IVA. Afortunadamente, una normativa aprobada por este Congreso rebajó el pago del IVA. Eso es importante.

A los sistemas de agua potable rural hay que darles beneficios, no perjudicarlos. También hay que hacer un llamado a las autoridades, en este caso, al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección de Obras Hidráulicas, para que tengan más empatía y acojan los planteamientos del movimiento APR Chile.

En mi Región de La Araucanía, la presidenta regional de los sistemas APR es la señora Yorki Riquelme , a quien envío un saludo cariñoso desde este hemiciclo. Ella ha estado trabajando con los demás dirigentes, pero muchas veces no son escuchados, en circunstancias de que lo único que ellos quieren es trabajar para brindar un mejor servicio a sus socios. Necesitamos la empatía de las autoridades.

Por eso, vamos a concurrir con nuestro voto favorable, porque es una rebaja y un beneficio importante. En el caso de mi región, existen más de 320 sistemas de agua potable rural, que, por supuesto, serán beneficiados.

Vaya todo nuestro respaldo y nuestro reconocimiento a los cientos de dirigentes de APR, que luchan cada día por entregar un mejor servicio. Ellos requieren ayuda del Ejecutivo y del Legislativo, no piedras en el camino.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (don Leonidas).-

Señor Presidente, me inscribí en este proyecto, porque, obviamente, lo vamos a apoyar. Es un buen proyecto.

“Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales”. Me suena demasiado bueno al nombre. Cuando uno piensa en servicios sanitarios imagina alcantarillado y agua potable, pero este proyecto se refiere solo a agua potable. No por eso vamos a dejar de apoyar la iniciativa.

En este primer día de sesión de 2024, quiero hacer un llamado a combatir la corrupción. Hoy, muchos sectores rurales no tienen agua potable ni tampoco tienen instalado un sistema de agua potable rural, porque no hay recursos. Los gobiernos regionales -hablaré específicamente de la Región del Biobío- gastan millones de pesos al mes en entregar agua potable rural que nadie controla en cuanto a cantidad y calidad.

En la Región del Biobío existe un señor conocido como el zar del agua, el que sigue operando a pesar de que han transcurrido varios gobiernos de distintos colores políticos. Hace poco, el Servicio de Impuestos Internos descubrió que el zar del agua había recibido, desde 2019 hasta 2022, 1.350 millones de pesos por concepto de facturas falsas. Repito: 1.350 millones de pesos. ¿Cuántos APR podríamos haber instalado con esos 1.350 millones de pesos, no solo en la Región del Biobío? Pues bien, el Servicio de Impuestos Internos lo demandó ante la justicia por alrededor de 2.000 millones de pesos, lo que incluye multas e intereses. Además, pidió once años de cárcel. ¿Sabe qué ocurrió? Lo condenaron a tres años de cárcel -condena remitida- y a pagar 300 millones de pesos. Así, se fue tranquilo a su casa.

En los sectores rurales hay muchas familias que necesitan agua potable. Escuché a una colega decir que el agua es vida. Por Dios que es cierto. Así como hay autoridades que entregan dinero sin ningún control, alguien se está avivando con la salud y el agua de las personas. Obviamente, me hago responsable de mis palabras. Hay un dicho popular muy cierto que señala que hay que aceitar la carreta. ¿Cuánto aceite le estamos entregando a esa carreta?

Para terminar, quiero señalar que se trata de un bonito proyecto, un buen proyecto y lo vamos a apoyar, pero ojalá que los recursos vayan a donde se necesitan y no se los roben algunos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, quiero comenzar señalando que, efectivamente, este es un gran proyecto. Felicito a los mocionantes. Su idea matriz corresponde a una inquietud que recogí cuando visité distintos comités de agua potable rural durante la época de campaña, pero que todavía recojo, pues continúo relacionándome con ellos. Por lo tanto, esta inquietud nace de la propia gente, la que se ve afectada por el alto costo del agua.

Aprovecho de saludar a los representantes de APRS por Chile que se encuentran en la tribuna, como Rufino Hevia , Katherine Galdámez , Humberto González y tantos otros dirigentes que día a día luchan por este derecho fundamental.

Votaremos favorablemente esta iniciativa; sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones.

El 50 por ciento de las comunas que represento se abastecen de agua potable rural y viven una situación compleja. Muchas veces, quienes participan en este hemiciclo y gran parte de los chilenos y chilenas no la conocen. En las grandes ciudades es muy simple abrir la llave, porque siempre hay agua, pero en las comunas que represento, en las comunas rurales, la realidad no es esa. Cuando hay años malos -sequía-, lisa y llanamente no hay agua o bien es cara. Las personas tienen que pagar por los litros que sacan o bien se dan cuotas de agua para sacar por día. Hay sectores por los que, lamentablemente, pasan temporales, como ocurrió el año pasado. Sube el río y se lleva todos esos sectores.

Es muy complejo cuando hablamos de los comités de agua potable rural y del agua, porque, seamos honestos, esta es una gran solución que va a beneficiar a mucha gente, pero hace mucho rato que no estamos hablando del tema de fondo, que tiene que ver con el derecho humano al agua. En este tema nuestro país está más mercantilizado que ningún otro del mundo.

No hay ningún país del mundo donde el agua esté más mercantilizada y privatizada que en el nuestro. Estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho humano.

Seamos honestos: en este país, en los sectores rurales, como gran solución, todavía se sigue repartiendo agua a través de camiones aljibe. Tal como señaló recién un colega, los gobiernos regionales dan prioridad a la compra de camiones aljibe, pero con ello no solucionan el tema de fondo, que tiene que ver, insisto, con algo que trae mucha más controversia y que se manifiesta en este hemiciclo a través de intereses. Me refiero a la propiedad privada sobre el derecho de aprovechamiento de agua y el saneamiento. Hay sectores en mi distrito donde los cerros están cultivados hasta la punta con paltos o hacia el sur con pinos, pero en los alrededores y en los sectores bajos, lisa y llanamente no hay agua.

Votaré favorablemente el proyecto, pero ya es necesario que este país se vaya tomando en serio esta cuestión que -insisto- tiene que ver con un derecho fundamental. Ningún país pasa a llevar tanto el derecho humano al agua como el nuestro. Los camiones aljibe son una solución parche. Es necesario que abordemos como corresponde este problema, porque en los sectores rurales todavía estamos como en la prehistoria, dependiendo de la naturaleza y no teniendo una política estructural que defina una estrategia real respecto de este bien fundamental, que, insisto, es un derecho humano.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Camila Musante .

La señorita MUSANTE .-

Señora Presidenta, para comenzar, quiero agradecer a la diputada Nathalie Castillo por invitarme a participar en este proyecto, tan necesario para la buena administración de los recursos hídricos.

Hoy, en la situación de crisis hídrica que vivimos a nivel nacional, apoyar la administración de los APR es fundamental. Si con este proyecto podemos alivianar costos, tanto mejor para quienes dirigen los APR como para las comunidades que dependen del suministro de agua potable.

En ese sentido, me gustaría hacer mención del contexto en el que se enmarca un proyecto de estas características.

En mi distrito se encuentra la provincia de Melipilla, la segunda provincia, después de Petorca, con mayor crisis hídrica. Hay sobreexplotación de la agroindustria, como la que llevan a cabo Agrosuper y Ariztía; hay subsidios que se otorgan a través de la Comisión Nacional de Riego. Pero ¿cómo los APR pueden cumplir con su labor de suministrar agua potable a la comunidad si ese es el entorno que deben enfrentar quienes integran y administran las aguas a nivel comunitario? Los APR deben arreglárselas como puedan frente a una situación de escasez brutal que no pueden controlar, por la sobreexplotación que lleva a cabo la agroindustria. No pueden controlar los subsidios que mencioné, que se otorgan a través de la Comisión Nacional de Riego; no pueden controlar la sobreexplotación a través del otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. La situación de escasez depende de la administración de esa fuente de vida. Entonces, es una tarea tremendamente importante la que tienen quienes están a la cabeza de los APR. Nuestra labor es colaborar en lo que más se pueda para una buena administración de las aguas.

Alguien dijo algo relacionado con la calidad de las aguas. De acuerdo con la nueva normativa, la competencia estará en manos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Pero ¿cómo apoyamos a los directores, a los presidentes de los APR para que se capaciten técnicamente para cumplir esta labor tan importante y sean ellos los responsables de la calidad del agua que otorgan a las comunidades?

En la provincia de Melipilla, a propósito de la situación de crisis hídrica, en las comunas de Curacaví, María Pinto y Melipilla , cada vez hay más denuncias por la mala calidad de las aguas. ¿Quiénes se sienten responsables? Los presidentes de los APR, quienes hacen lo que pueden con los pocos recursos que se les otorgan para administrar la distribución del agua potable rural.

Entonces, aprovecho esta instancia para felicitar a los dirigentes de los comités de agua potable rural (APR) por la labor que realizan, en particular a la señora Carolina Carrasco , quien además preside los comités de agua potable rural dentro de la provincia. Hace poco tiempo, ella estuvo inaugurando para su gente un proyecto de mejoramiento del APR de Curacaví.

Esos dirigentes son fundamentales en una cuestión que hoy no sabemos dimensionar. Básicamente, de ellos depende la vida en los sectores rurales de nuestro país.

Nuevamente, me alegro por este proyecto.

Por supuesto, votaré a favor.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a quienes integran la Mesa, a mis colegas y a los funcionarios de la Corporación. Les deseo un feliz año 2024. Espero que este año sea de unión y de paz entre nosotros, y que, sobre todo, trabajemos por la comunidad y no por nosotros.

Nuestro país posee una enorme extensión territorial que muchas veces ni siquiera dimensionamos. Lo anterior impacta no solo en la geografía y en el paisaje de nuestro territorio, sino que también impacta sustancialmente en la realidad de cientos de miles o de millones de chilenos que, a diferencia de la mayoría, viven en lugares apartados, en sectores rurales extremos y muy alejados de las grandes ciudades.

En pleno desierto, en la cordillera o en campos que se ubican a horas de la urbe, encontramos personas poblando nuestro país que luchan diariamente por un derecho como es el agua potable. En muchas de esas localidades existen miles de chilenos que realmente hacen patria.

La única forma de proveerse de agua potable o de servicios sanitarios es a través de la comunidad. Es así como existen los proveedores de servicios sanitarios rurales, que nacen de la organización y del trabajo mancomunado de la ciudadanía.

Por su parte, esta iniciativa de ley propone un beneficio directo para esos proveedores, permitiéndoles acceder a un sistema especial de tarifa cuando esta esté sobrecargada por tratarse de una hora punta de consumo o por sobrepasar el límite máximo en época invernal.

Recordemos que muchos comités de agua potable rural, desde las 18:00 a las 22:00 horas, no pueden hacer funcionar sus bombas por los altos costos. Por consiguiente, cientos de familias quedan sin agua potable rural. Los dirigentes de los comités de agua potable rural que hoy nos acompañan entienden perfectamente lo que estoy diciendo.

A su vez, la disminución en el cobro eléctrico de los servicios sanitarios rurales impactará positivamente en la tarifa que pagan los ciudadanos por dicho servicio sanitario, el cual mantienen y proyectan con su esfuerzo cotidiano.

De manera que tenemos aquí un proyecto pensado para los chilenos, para los trabajadores y las familias más vulnerables que viven eso que muchas veces llamamos Chile profundo y que conocemos en nuestros recorridos diarios. A ellos los escuchamos, porque permanentemente nos comunicamos.

En el caso de la Región de La Araucanía, que tengo el alto honor de representar, son más de trescientos ochenta los comités de agua potable rural que, con grandes esfuerzos y sacrificios, llevan el agua potable hasta los hogares. En este punto, quiero saludar muy sinceramente a Yorki Riquelme y, a través de ella, a muchos dirigentes rurales de la Región de La Araucanía.

Por último, no puedo dejar de mencionar la grave situación que ocurre en el comité de agua potable rural de Selva Oscura, representado por don Fernando Valenzuela . Selva Oscura es una localidad de dos mil habitantes, de la comuna de Victoria, que está sin agua potable por más de siete días. Esa localidad hoy se está abasteciendo con camiones aljibe. La gran preocupación es por los eventuales incendios forestales.

Debemos sensibilizarnos ante este tipo de situaciones. Estos son los reales problemas de la gente. Debemos agilizar los procesos. En ese sentido, informo que aprobaré este proyecto de ley.

Por último, me permito hacer un urgente llamado de auxilio a la ministra de Obras Públicas para apoyar y solucionar el grave problema que afecta a los vecinos de la localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada María Candelaria Acevedo .

La señora ACEVEDO (doña María Candelaria).-

Señora Presidenta, efectivamente, la idea matriz de este proyecto es modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para rebajar el cobro por recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límites de invierno a los servicios sanitarios rurales.

Se sabe que los sistemas de agua potable rural (APR) atienden a más o menos dos millones de habitantes en las zonas rurales. Por ende, conforman un sostén de vida para un sector relevante de nuestro país, en sus diversas regiones, especialmente para los territorios y sus habitantes.

En la Región del Biobío, en donde se ubica el distrito N° 20, que me honro en representar, existen 185 sistemas que benefician a más de ciento treinta mil personas.

Este proyecto de ley, iniciado en moción parlamentaria, tiene el potencial de generar un ahorro significativo en las cuentas eléctricas de los hogares rurales, incrementando la calidad de vida de la población, además de potenciar la capacidad de los sistemas de salud en esas áreas para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático.

Específicamente, de acuerdo con los datos del propio Ministerio de Energía, a nivel nacional se daría una reducción en promedio de un 16,8 por ciento en los gastos energéticos que enfrentan los dirigentes de esos servicios.

A propósito de este tema, de las obligaciones de cumplimiento del Estado chileno y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas, se debe universalizar el acceso a la electricidad y reducir la pobreza energética sin dejar a nadie atrás, así como también mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos de todos los sectores económicos.

Lo anterior es primordial si tomamos en cuenta la importancia de una gestión comunitaria ante la falta de interés de los sectores privados que manejan el sector energético, que permita el acceso a comunidades precarizadas, como las que se encuentran en zonas rurales.

Este proyecto de ley posibilitará una reducción de las tarifas que pagan por el uso de la energía eléctrica, lo que significará una ayuda efectiva y concreta para esos servicios y, a través de ellos, para dichas comunidades.

Quiero agradecer a la diputada Nathalie Castillo por haber presentado este proyecto de ley. Por supuesto, llamo a aprobarlo.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Héctor Barría .

El señor BARRÍA.-

Señora Presidenta, quiero iniciar mi intervención saludando a toda la comunidad de diputadas, diputados, asesores y trabajadores de la Cámara de Diputados. Les deseo un gran año 2024.

Qué mejor manera de partir este año que hacerlo con una ley superpositiva que tiene un impacto real en miles de familias, sobre todo del sector rural, del sector campesino.

Represento a la Región de Los Lagos, en la cual tenemos una gran cantidad de APR o de sistemas agua potable rural, como se llaman hoy, que representan una fiel expresión de la organización comunitaria, de esa comunidad que a veces no está tan presente en las grandes urbes.

El hecho de llevar agua potable a los hogares requiere cumplir muchos desafíos: organización, apoyo estatal, que aún está al debe, y compromiso de sus dirigentes. Muchas veces ellos mismos tienen que ser capaces de buscar fondos, a través de bingos, rifas, carreras a la chilena y un sinnúmero de otras tareas para pagar la cuenta de la luz, que significa llevar agua potable a los hogares, porque se deben hacer funcionar las motobombas y los respectivos tableros. Eso significa una serie de gastos.

Por lo tanto, en esa línea, quiero destacar el trabajo que se ha realizado en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, y, por supuesto, la invitación que nos hizo la diputada Nathalie Castillo para generar esta moción.

Que los comités de agua potable rural paguen menos luz eléctrica es un apoyo real y consistente. Pagarán entre un 15 y un 20 por ciento menos en sus cuentas mensuales, sobre todo en los meses de invierno.

Reitero que es una buena manera de comenzar este año, pero también señalo con mucha fuerza que el Estado, el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades siguen al debe en materia de agua.

Esto es un aporte para los comités que ya existen, pero todavía tenemos muchos comités en espera, muchas familias que esperan desde hace 5, 8, 10 y hasta 12 años para tener agua potable rural.

Por lo tanto, queda de manifiesto nuestra voluntad como diputados y diputadas para apoyar a los comités de agua potable rural a través de una moción.

Se destaca también, por supuesto, el apoyo del Ministerio de Energía, a través de su ministro, pero creo que ya es tiempo de que esto se transforme en una política pública. Hay muchos compromisos y promesas, pero, cuando recorremos nuestro territorio, la gente nos dice: “Pero si aquí ya vinieron políticos, ya vinieron políticas, vinieron intendentes, vinieron encargados regionales a prometernos el agua, y aún no llega”.

Por lo tanto, espero que esta energía de comienzos de año la tengamos también durante los próximos meses, para seguir enfatizando la necesidad de llegar con agua a diversos sectores campesinos y rurales.

Los vecinos de Riachuelo y de Hueyusca, en las comunas de Río Negro y de Purranque, respectivamente, tuvieron problemas de agua durante las fiestas, y necesitamos que la Dirección de Obras Hidráulicas colabore con más fuerza.

Los dirigentes hacen todo lo posible, pero sienten que no están siendo apoyados como corresponde por la entidad que debe hacer dicha tarea.

Destaco también el trabajo de los dirigentes de APR Chile, que son la voz de muchos dirigentes que, a veces, no se sienten escuchados en relación con estas tareas.

Por otra parte, reitero que es importante asignarles más fuerza a estos proyectos de agua potable, porque tenemos un plan de emergencia habitacional que, lamentablemente, a veces tropieza porque localidades como Tegualda, en la comuna de Fresia, y la villa de Puerto Octay, en Puerto Octay, no cuentan con suficiente capacidad para entregar agua potable de calidad y, por lo tanto, no pueden obtener subsidios habitacionales y construir al mismo tiempo esa vivienda que tanto se añora.

¡Qué bueno comenzar bien este año! Esperemos que este tipo de proyectos cuente -reitero- con la fuerza suficiente.

Me permito una licencia, señora Presidenta, porque hoy en Purranque tenemos rating, de modo que quiero saludar a mis tres hijos, quienes están de vacaciones y nos están mirando.

Envío un saludo y un abrazo a Elena, a Gaspar y a Bastián.

Aprobaremos este proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señora Presidenta, quiero destacar esta iniciativa, que permite rebajar las tarifas eléctricas para los APR en todas las regiones de nuestro país. Creo que eso es importante, porque el agua es un derecho humano fundamental y tenemos que avanzar no solo en rebajar el costo de la energía eléctrica, sino también el del agua potable en muchas localidades y sectores rurales donde aplican esos sistemas, que en su mayoría son muy eficientes.

También debemos hacer votos para que el Ministerio de Desarrollo Social y el gobierno cumplan su rol respecto de agilizar los procesos tendientes a que los proyectos de APR sean evaluados y salgan rápido con sus observaciones desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Hay una cantidad infinita de proyectos de APR, particularmente en este gobierno, que están detenidos en el Ministerio de Desarrollo Social. Le doy el caso del comité de APR de Río Los Palos y de Lago Pollux, en la Región de Aysén, como también de otros proyectos, para los cuales estamos solicitando revisión respecto de la calidad del agua potable rural.

Le quiero contar, señora Presidenta, y por su intermedio a las autoridades de gobierno, que existe una situación grave en el litoral de la Región de Aysén; por ejemplo, en Melinka, en Guaitecas, todos ponemos en duda la calidad del agua que se les está entregando a las familias. Ahí se requiere urgentemente una fiscalización por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas y de las entidades del Estado.

Así se lo hemos hecho saber al Ministerio de Salud, para que llegue con la fiscalización, y además al gobierno, para que asigne los recursos para el mejoramiento del sistema de agua potable rural de Melinka. Lo mismo pasa en el sector de Islas Huichas, que por su condición insular tienen mayores complicaciones con la calidad del agua potable.

Quiero hacer una observación respecto de este proyecto, que me parece bien y que vamos a respaldar. Imagino que va a ser objeto de algunas modificaciones e indicaciones, que se incorporarán en su segundo trámite legislativo en el Senado, con el fin de mejorar y precisar la iniciativa en relación con los diferentes tipos de APR, porque debemos recordar que tenemos sistemas de APR en todo Chile, pero distintos sistemas eléctricos.

Algunos de ellos están incorporados en el sistema interconectado central, que es estable y tiene una regulación tarifaria definida, pero también tenemos sistemas eléctricos medianos, como es el caso en las regiones de Aysén y de Magallanes, y sistemas aislados, que son distintos. Por lo tanto, se requiere precisar si los beneficios considerados en el proyecto van a llegar también a esos comités.

Tengo la impresión de que el proyecto, que fue formulado con muy buena intención, carece de la precisión respecto de si esto va a beneficiar a todos los sistemas de APR del país.

Quiero poner el acento en que este beneficio llegue a todos los sectores, y que considere a los sistemas eléctricos medianos, aislados y autónomos.

Tenemos un sistema autónomo, como el de Melinka, que es municipal, en que el municipio determina el precio de la electricidad. Por lo tanto, hay que abarcar los diferentes tipos de sistemas eléctricos que existen en el país.

Sin embargo, más allá de las observaciones que hemos planteado, que seguramente se abordarán en su segundo trámite legislativo, vamos a respaldar esta importante iniciativa.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme .

La señora RIQUELME (doña Marcela).-

Señora Presidenta, al igual que mis colegas, parto mi intervención deseándoles un feliz año 2024 a todos los compañeros diputados y diputadas que se encuentran presentes en el hemiciclo; a usted, por supuesto, y a todos los funcionarios de la Corporación que nos acompañan día a día.

Quiero felicitar a quienes patrocinaron esta moción, y especialmente a su autora, la diputada Nathalie Castillo . Sin duda, este proyecto va a satisfacer una necesidad muy sentida por parte de los servicios sanitarios rurales.

Desde ya anuncio mi voto a favor de este proyecto, que busca establecer una rebaja en el precio de la potencia de punta de los servicios sanitarios rurales.

La realidad que enfrentan estos servicios para proveer a sus usuarios de algo tan elemental, como es el agua potable, se hace cada vez más insostenible debido a los cargos de consumo eléctrico.

Sin ir más lejos, quiero poner un ejemplo de mi región. En el caso del servicio sanitario rural de La Chimba, en la comuna de Rengo, que cuenta con 312 socios y abastece a más de 600 personas, deben pagar mensualmente cuentas que oscilan entre 700.000 y 1 millón de pesos. Estos cobros, a juicio de sus representantes, son excesivos para un servicio pequeño y que cuenta con pocos recursos.

Enviamos saludos a su presidenta, Marisol Vargas , quien ha sacado adelante este servicio sanitario rural a través de los años. Esto es solo un ejemplo de la realidad que enfrentan los servicios sanitarios rurales.

Respecto de este proyecto, hemos hablado muchos parlamentarios que somos de comunas rurales, porque estos servicios sanitarios deben administrar su funcionamiento con recursos muy limitados, como ya se dijo.

Por ello, este proyecto es un tremendo beneficio. Va a la par con la ley N° 21.581, publicada el 17 de julio recién pasado, que exime del pago de IVA, lo que fue posible a través de un mensaje presidencial. Por consiguiente, este es un avance en la mejora continua que deben experimentar los servicios sanitarios rurales.

Quiero señalar que solo en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins existen 223 servicios sanitarios rurales, que en total abastecen a 500.000 personas, es decir, un 30 por ciento de mi región es abastecida por servicios sanitarios rurales. Por eso, un proyecto como este -nuevamente agradezco a los mocionantes- es tan relevante.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señora Presidenta, le deseo un feliz 2024, y también a todos y a todas quienes están presentes en la Sala.

Respecto de este proyecto, primero, celebro a su autora, nuestra querida compañera Nathalie Castillo , siempre muy preocupada de todo el tema medioambiental. Es un tremendo cuadro para nuestro partido, una tremenda mujer que está en esta Sala representando a Coquimbo. Quiero relevarla, porque efectivamente, cuando me invitó a ser parte de este proyecto, lo hizo con absoluta convicción y con el conocimiento de que en la Región Metropolitana existe también la realidad de los APR. A los diputados que no están enterados, a aquellos que dicen y creen que en la Región Metropolitana es cuestión de abrir la llave y tener agua, les digo que eso es falso, absolutamente falso y de una ignorancia supina. Melipilla, como bien dijo la diputada Musante , es una de las comunas más afectadas por el problema del abastecimiento de agua. Y no solo esta comuna; también podría hablarles de Paine, de Curacaví y de San Pedro de Melipilla.

Destaco, por supuesto, a nuestras dirigentas de los comités de APR, a quienes hemos ayudado en todos los sentidos, con cada una de las colaboraciones que hemos podido realizar, desde renovar la bomba hasta arreglar el lugar donde esta se sitúa. Todo lo que vaya en beneficio de los sistemas de APR en Chile se tiene que tomar de buena manera.

Bien decía el diputado Calisto , quien me antecedió, que seguramente deberá considerarse en el proyecto la diferencia de tarifas y de tamaño de las empresas que cobran por la electricidad en nuestro país. En ese asunto hay que poner un especial énfasis o un especial ojo en el trámite del proyecto en el Senado.

Seré una de las más orgullosas de haber firmado este proyecto, porque efectivamente en el distrito N° 14, que abarca tres provincias de la Región Metropolitana, los APR son una realidad. El que crea que Alhué, San Pedro de Melipilla e Isla de Maipo están fuera de la Región Metropolitana, no conoce su país ni su territorio. Somos seis los representantes del distrito N° 14; cuatro de ellos pertenecen al sector que me corresponde representar, con quienes hemos trabajado arduamente. No vamos a dejar que digan que Santiago no es Chile cuando el agua es escasa a pocos metros de sus propias comunas. Sepan ustedes que en la Región Metropolitana los APR también son parte de una lucha impactante de sus representantes, de sus trabajadores y trabajadoras, de los agricultores y de la gente que hoy trabaja y vive de la fruta, en particular de las frutillas en San Pedro de Melipilla. Sepan ustedes que en San Pedro de Melipilla, el APR provee el agua a Bomberos, a Carabineros y a casi toda la comuna. Por lo tanto, considerarlos como si fueran parte de las regiones no es así. Por eso mismo, votaré a favor este proyecto, lo relevaré y seguiré apoyándolo. El hecho de que todos estemos de acuerdo en esto significa que conocemos nuestro país y la realidad que tenemos.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señorita GONZÁLEZ (doña Marta) .-

Señora Presidenta, sin duda, es un buen pie comenzar este año con proyectos tan significativos como el que estamos discutiendo. Los APR cumplen un rol fundamental en los sectores rurales; pero también son significativos por su forma de trabajar por el bien común y por garantizar que un bien esencial como el agua esté a disposición de la población y del consumo humano como primera prioridad.

Este es un debate que hemos dado en nuestro país. Un servicio esencial y vital como el agua potable no solo debería ser un bien de uso público, por la forma en que se administra para las comunidades, sino además un bien que no tenga el lucro de por medio, que es otro problema radical que tenemos en nuestro país. El lucro desmedido está presente en todos los servicios vitales que hoy requerimos.

Por otro lado, el costo de la vida en nuestro país se ha incrementado altísimamente, lo que tiene a las poblaciones y a muchos de nuestros compatriotas demasiado complicados para sobrevivir y llegar a fin de mes. Por eso nos hace tanto sentido y es de toda justicia que los APR puedan tener una rebaja en los cobros del servicio eléctrico, para que puedan seguir cumpliendo con su misión y ser un ejemplo de cómo anteponer el bien común y la provisión de un servicio básico para la comunidad, sin tener de por medio a esas megaempresas que se desbordan en los cobros, que son abusivas con sus clientes, etcétera.

Creo que los APR generan una visión de cómo el cooperativismo puede suplir servicios básicos por el bien común en todas las comunidades.

Saludo a todos los dirigentes y dirigentas de los APR que se esfuerzan día a día por mantener este servicio y mejorarlo, a efectos de que opere en mejores condiciones. Este proyecto va en ayuda de ellos; todas las medidas que podamos legislar tienen que ir en favor de la gente que se esfuerza y que hace el trabajo correcta y desinteresadamente por el bien común.

Envío mi saludo a las y los dirigentes de los APR de la Región de O'Higgins, que son muchos en las comunas rurales, y por supuesto también a las mocionantes: las diputadas Nathalie Castillo y María Francisca Bello , entre otros. Cuando llegó este proyecto a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, lo recibimos con mucha alegría y lo tramitamos muy rápidamente. Esperamos que también en el Senado se dé rápidamente su discusión, para que este año los APR puedan estar un poco más aliviados.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señora Presidenta, es un gusto comenzar este año tramitando proyectos que van en beneficio directo de la gente trabajadora y, en particular, de más de un millón y medio de chilenas y chilenos que, de Arica a Punta Arenas, se abastecen de agua gracias a los comités o a las cooperativas de agua potable rural.

Este proyecto, que busca establecer la rebaja de la tarifa eléctrica para los servicios sanitarios rurales en horario punta, es del todo necesario, pues convergen dos necesidades respecto de las cuales hay abuso en Chile: la disponibilidad del agua potable, que en nuestra Región de Valparaíso tiene a comunidades desde hace diez años defecando en bolsas plásticas en Petorca, producto de la falta de agua, mientras los monocultivos de palto crecen por las laderas; y, además, el abuso de las compañías eléctricas en la fijación de las tarifas y en los cobros que realizan a nuestras familias trabajadoras.

Existen 263 sistemas de agua potable rural en nuestra Región de Valparaíso. En todo Chile -ya lo señalé-, más de un millón y medio de chilenas y chilenos se abastecen, de Arica a Magallanes, de esta forma comunitaria de adquirir agua potable.

Este proyecto viene a remediar un abuso que, lamentablemente, sigue siendo ley para la inmensa mayoría de los usuarios de electricidad, cual es que entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, es decir, durante seis meses al año, las empresas de distribución eléctrica aplican cargos a las cuentas de la luz, ya sea por haber consumido en horario punta, entre las 18:00 y las 22:00 horas, o por haber superado el límite de invierno.

Cabe señalar que las medidas que se propusieron en su momento para desincentivar el uso de electricidad cuando hay mayor demanda no aplicarán a las asociaciones de agua potable rural cuando aprobemos este proyecto, porque son asociaciones que no tienen fines de lucro y porque el agua es una necesidad. No podemos estar esperando que la necesidad de la gente se suspenda por unas horas porque las empresas de distribución eléctrica están aplicando cargos en horario punta.

Ahora bien, el problema que tiene el proyecto de ley -lo señalo, porque la iniciativa original de la diputada Nathalie Castillo , que era del todo buena, fue modificada en la tramitación- es que fue objeto de una indicación que plantea que los montos rebajados al agua potable rural serán considerados por la Comisión Nacional de Energía para la fijación de la tarifa del resto de los usuarios; es decir, todos los usuarios vamos a subsidiar no el agua potable rural, sino las ganancias de las empresas eléctricas, porque en Chile las empresas de distribución eléctrica tienen utilidades garantizadas por ley. Este Congreso así lo decidió. En el período anterior logramos bajarla desde un 10 por ciento de utilidades garantizadas por ley, y queríamos llevarlas a cero. No obstante, el gobierno del Presidente Piñera, junto con los parlamentarios de su sector, dejó fijo ese porcentaje de las utilidades entre un 6 y un 8 por ciento.

Con el agua que consumen las familias trabajadoras de las poblaciones, donde ganan el sueldo mínimo, les estamos garantizando entre 6 y 8 por ciento de utilidades a las empresas eléctricas, las que además ahora van a considerar lo que le van a rebajar al agua potable rural para la fijación de las tarifas.

Eso hace que en nuestro país, a pesar de que es inmensamente bendito en materia de recursos naturales, con ríos, con fuentes de energías renovables no convencionales, tengamos las tarifas eléctricas más caras. En nuestra Región de Valparaíso, la luz que en estos momentos está encendida en la Sala le está financiando los programas sociales a la República Popular China. Por su parte, las luces que están encendidas en la Región Metropolitana le están financiando la educación superior gratuita al Estado de Italia. Eso habla muy bien de los chinos y de los italianos, pero habla pésimo de nosotros como país, que no somos capaces de reapropiar socialmente los bienes naturales comunes y las empresas estratégicas, porque estas abusan y estrangulan el bolsillo de nuestro pueblo trabajador.

Aprobaremos este proyecto, pero hacemos un llamado al Ejecutivo, por su intermedio, señora Presidenta, que está ausente en este debate, a comprometerse aún más en erradicar el abuso en pilares fundamentales de nuestra sociedad, que son agua, electricidad y transporte, pues ahí nace la libertad mínima que deben tener las chilenas y los chilenos para desarrollarse en el transcurso de sus vidas.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señora Presidenta, le comento que hoy, muy temprano, aprobamos en la Comisión Mixta conformada para tal efecto las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso sobre el proyecto de ley sobre protección ambiental de las turberas.

En esa comisión tenemos relacionado el tema de la restricción de extracción de turbas, especialmente para conservar el agua en el archipiélago de Chiloé. Muchos creen que porque llueve todo el año y el invierno es crudo en nuestro territorio, especialmente en la Región de Los Lagos, no tenemos problemas de agua potable. Todo lo contrario; hoy tenemos déficit de agua potable en los sectores rurales y en los sectores más apartados de nuestro territorio.

Estimada Presidenta, además, quiero contarle que muchas veces en los sectores rurales nuestros campesinos postulan a programas de riego interprediales para el riego de sus huertas o para dar de beber a sus animales, pero terminan por utilizar el agua destinada para esos fines para el consumo humano de agua potable.

Eso, en estos tiempos, no podemos permitirlo. Por ello, tenemos que dar muchas más herramientas a la Dirección General de Aguas y a la Dirección de Obras Hidráulicas para que apoyen de buena manera a los APR en los sectores rurales más apartados.

Por su intermedio, señora Presidenta, quiero saludar al presidente de los APR de Chile, que sé que se encuentra presente en las tribunas. Quiero decirle que en Chiloé hay una mesa de APR liderada por el dirigente señor Jonathan Farah , quien, franciscanamente, ha tenido que buscar recursos para poder encontrar herramientas para la mantención de estos APR.

Lo que permitirá esta futura ley es ayudar al bolsillo de la gente más necesitada, de la gente más humilde. Por ello, quiero decir que Chiloé cuenta con numerosos servicios sanitarios rurales, que luchan día a día para cumplir con su objetivo, el que desempeña un rol especial en el lugar del cual provengo.

Por una cosa muy sencilla, y, aunque suene raro, en Chiloé casi no tenemos agua.

Además, en el último tiempo las condiciones de vida han decaído considerablemente.

Las cosas no están fáciles. No podemos pretender que, además de la compleja situación económica, se les dificulte el funcionamiento a los comités de APR o cooperativas de servicios sanitarios rurales, por la sencilla razón de que el servicio que prestan es fundamental para la subsistencia humana.

Al parecer, existe unanimidad para votar esta iniciativa, lo que me llena de orgullo y me da fe de que este año 2024 podremos lograr grandes cambios en beneficio de los chilenos, especialmente para quienes la tienen muy difícil por vivir en sectores alejados.

Al igual que en todas las iniciativas que discutimos, espero que una vez que este beneficio se concrete sea posible su aplicación de manera eficiente en mi querido archipiélago de Chiloé, distrito N° 26, Región de Los Lagos.

Voy a votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señora Presidenta, aprovecho de saludarla por este año nuevo, lo mismo que a la Mesa y a todos los colegas y todas las colegas.

Voy a aprobar este proyecto de ley, porque creo que es una buena iniciativa.

Los patrocinantes de este proyecto, que aparecen consignados en el informe, las diputadas y diputados María Candelaria Acevedo , Héctor Barría , María Francisca Bello , Alejandro Bernales , Nathalie Castillo , que es su autora, según entiendo; Carolina Marzán , Emilia Nuyado , Matías Ramírez , Marisela Santibáñez y Nelson Venegas , dan en el clavo en un tema que es muy justo.

Estamos hablando del acceso a un derecho humano, como es el derecho al agua. El derecho al agua potable hoy se considera y es, indudablemente, un derecho humano.

Estamos viendo de qué manera se sobrecargan al acceso a ese derecho humano dos elementos que son muy importantes en la tarifa eléctrica, dos elementos que alzan el valor de esa tarifa: el horario punta y el límite de invierno, como se los denomina. Estos tienen un objeto económico, que es desincentivar, tal como se ha dicho acá, el uso de la energía eléctrica en esos períodos, cuando se dan determinadas circunstancias o determinados horarios.

Algunos ya no tienen sentido y se están discutiendo en otros proyectos de ley, particularmente la tarifa de invierno. No obstante, más allá de ello, hoy se están cobrando. ¿Qué sentido tiene subir el precio al suministro, a la extracción o a la distribución que hagan los APR o los servicios sanitarios rurales, en circunstancias de que están haciendo uso de la energía eléctrica para sacar agua y llevarla a distintos hogares a través de los APR, de los servicios sanitarios rurales?

Obviamente, se trata de una tremenda contradicción, porque tiene que ver con el cumplimiento y la satisfacción del acceso al agua, de ese derecho humano, particularmente en las zonas rurales. Estamos hablando de servicios de carácter rural, como son los APR, como las conocemos todos, que están presentes prácticamente en todo Chile, incluso en la Región de Atacama, que muchas veces se le ve como el desierto de Atacama, pero que tiene valles transversales y mucha ruralidad.

Pienso especialmente en la gente de Incahuasi, de Domeyko, de Cachiyuyo, de la localidad de La Hacienda, del valle del río Huasco completo, del valle de Copiapó, de distintos lugares de la comuna de Tierra Amarilla, de San Pedro, en fin, donde hay permanentes luchas de las comunidades para acceder al agua potable rural, con toda la complejidad que ello implica a propósito del cambio climático, a raíz del cual el agua va desapareciendo y las napas se encuentran cada vez a mayor profundidad, lo que hace necesario cavar pozos más profundos para acceder al agua, entre otros problemas.

Este proyecto establece algo lógico, algo que es justo: por qué se debe cargar con un sobreprecio cuando las personas usan la energía eléctrica para extraer agua y satisfacer un derecho humano.

Desde ese punto de vista, el proyecto debe aprobarse, sobre todo porque estamos hablando de situaciones excepcionales, además de situaciones relacionadas con la ruralidad.

Por eso, insisto, vamos a aprobar este proyecto de ley, que nos parece una muy buena iniciativa, y felicitamos a sus autores.

He dicho.

-Aplausos.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales.

Cabe hacer presente que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 134 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria Coloma Álamos, Juan Antonio Manouchehri Lobos , Daniel Raphael Mora , Marcia Aedo Jeldres , Eric Concha Smith , Sara Martínez Ramírez , Cristóbal Rathgeb Schifferli , Jorge Ahumada Palma , Yovana Cornejo Lagos , Eduardo Matheson Villán , Christian Rey Martínez , Hugo Alessandri Vergara , Jorge Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto Medina Vásquez , Karen Riquelme Aliaga , Marcela Alinco Bustos , René De Rementería Venegas , Tomás Mellado Pino , Cosme Rojas Valderrama , Camila Araya Guerrero , Jaime Del Real Mihovilovic , Catalina Mellado Suazo , Miguel Romero Leiva , Agustín Araya Lerdo de Tejada, Cristián Delgado Riquelme , Viviana Meza Pereira , José Carlos Romero Sáez , Leonidas Arce Castro , Mónica Donoso Castro , Felipe Mirosevic Verdugo , Vlado Romero Talguia , Natalia Astudillo Peiretti , Danisa Durán Espinoza , Jorge Mix Jiménez , Claudia Rosas Barrientos , Patricio Barchiesi Chávez , Chiara Durán Salinas , Eduardo Molina Milman , Helia Sáez Quiroz , Jaime Barrera Moreno , Boris Fries Monleón , Lorena Morales Maldonado , Carla Saffirio Espinoza , Jorge Barría Angulo , Héctor Fuenzalida Cobo , Juan Moreira Barros , Cristhian Sagardía Cabezas, Clara Becker Alvear, Miguel Ángel Gazmuri Vieira, Ana María Moreno Bascur , Benjamín Sánchez Ossa, Luis Bello Campos, María Francisca Giordano Salazar , Andrés Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Beltrán Silva, Juan Carlos González Gatica , Félix Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Benavente Vergara , Gustavo González Olea , Marta Musante Müller , Camila Schneider Videla , Emilia Berger Fett , Bernardo González Villarroel , Mauro Naranjo Ortiz , Jaime Schubert Rubio , Stephan Bernales Maldonado , Alejandro Guzmán Zepeda , Jorge Naveillan Arriagada , Gloria Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Chelech , Carlos Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Serrano Salazar , Daniela Bobadilla Muñoz , Sergio Hirsch Goldschmidt , Tomás Ñanco Vásquez , Ericka Soto Mardones , Raúl Bórquez Montecinos , Fernando Ibáñez Cotroneo , Diego Ojeda Rebolledo , Mauricio Sulantay Olivares, Marco Antonio Bravo Castro, Ana María Ilabaca Cerda , Marcos Olivera De La Fuente , Erika Tapia Ramos , Cristián Bravo Salinas , Marta Irarrázaval Rossel , Juan Ossandón Irarrázabal , Ximena Teao Drago , Hotuiti Brito Hasbún , Jorge Jiles Moreno , Pamela Oyarzo Figueroa , Rubén Darío Ulloa Aguilera , Héctor Bugueño Sotelo , Félix Jouannet Valderrama , Andrés Palma Pérez , Hernán Undurraga Gazitúa , Francisco Bulnes Núñez , Mercedes Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Cartes , Marlene Undurraga Vicuña , Alberto Calisto Águila , Miguel Ángel Labbé Martínez , Cristian Pérez Olea , Joanna Veloso Ávila , Consuelo Camaño Cárdenas , Felipe Labra Besserer , Paula Pérez Salinas , Catalina Venegas Salazar , Nelson Cariola Oliva , Karol Lagomarsino Guzmán , Tomás Pino Fuentes , Víctor Alejandro Videla Castillo , Sebastián Carter Fernández , Álvaro Lavín León , Joaquín Pizarro Sierra , Lorena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Castillo Rojas , Nathalie Leal Bizama , Henry Placencia Cabello , Alejandra Weisse Novoa, Flor Castro Bascuñán, José Miguel Lee Flores , Enrique Pulgar Castillo , Francisco Winter Etcheberry , Gonzalo Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Ramírez Diez , Guillermo Yeomans Araya , Gael Cifuentes Lillo , Ricardo Longton Herrera, Andrés

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación.

Despachado el proyecto al Senado.

VALPARAÍSO, 3 de enero de 2024

Oficio Nº 19.131

AA S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el siguiente proyecto de ley, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales, correspondiente al boletín Nº 16.051-08:

PROYECTO DE LEY

“ Artículo único.- Incorpórase en el decreto con fuerza de ley N° 4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, a continuación del artículo 191, el siguiente artículo 191 bis:

“Artículo 191 bis.- En el caso de los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, se les aplicará un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta al que hace referencia el numeral 1 del artículo 155. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198.

Los referidos descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios a que se refiere el artículo 158, los que luego serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución. La Comisión, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso.”.

Artículo transitorio.- Los descuentos a que se refiere el artículo 191 bis, incorporado en la Ley General de Servicios Eléctricos por el artículo único de esta ley, deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde su publicación en el Diario Oficial.

Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución, en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024.”.

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Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados

INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales. BOLETÍN Nº 16.051-08.

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Objetivo / Constancias / Normas de Quórum Especial: No tiene / Consulta Excma. Corte Suprema: No hubo / Asistencia / Antecedentes de Hecho / Aspectos Centrales del Debate / Discusión en General y en Particular / Votación en General y en Particular / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en Moción de las Honorables Diputadas señoras María Candelaria Acevedo, María Francisca Bello, Nathalie Castillo, Carolina Marzán, Emilia Nuyado y Marisela Santibáñez, y de los Honorables Diputados señores Héctor Barría, Alejandro Bernales, Matías Ramírez y Nelson Venegas, con urgencia calificada de “simple”.

Se hace presente que, en conformidad a lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, por tratarse de un proyecto de artículo único, y acordó, unánimemente, proponer al señor Presidente que sea considerada del mismo modo por la Sala. Se deja constancia, asimismo, de que la propuesta legal resultó aprobada, en general y en particular, por la unanimidad de sus miembros presentes (4x0).

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OBJETIVO DEL PROYECTO

Modificar la Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de aplicar a los operadores de servicios sanitarios rurales un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta.

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CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: No tiene.

- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

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ASISTENCIA

- Senadores y Diputados no integrantes de la Comisión: Honorable Diputada señora Nathalie Castillo.

- Representantes del Ejecutivo e invitados: Del Ministerio de Energía: el Ministro, señor Diego Pardow, y los asesores, señoras Belén Tomic e Ignacia García y señores Andrés Muñoz y Fernando Monsalve. Del Ministerio de Obras Públicas: la Ministra, señora Jessica López; la Subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, señora Denisse Charpentier, y los asesores, señores Tomás Mendoza, Cristián Rojas, Raúl Oviedo y Rodrigo Sáenz. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el asesor, señor Cristian Abarca. De la Asociación Gremial de APR de la Provincia de Melipilla: la Presidenta, señora Carolina Carrasco, y el Tesorero, señor Patricio Riquelme. De APR Valparaíso: el Presidente Regional, señor Humberto González. De APR Chile: el Coordinador Nacional, señor Rufino Hevia.

- Otros: De la Biblioteca del Congreso Nacional: el investigador, señor Eduardo Baeza. Asesores parlamentarios: de la Senadora señora Allende, doña Bernardita Cancino y don Javier Bravo; de la Senadora señora Aravena, don Gerónimo Matheson; del Senador señor Durana, doña Pamela Cousins y don César Quiroga; del Senador señor Gahona, don Benjamín Rug; del Senador señor Pugh, don Michael Heavey, y de la Diputada señora Castillo, don Pablo Vásquez.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se ha tenido en consideración la Moción de las Honorables Diputadas señoras María Candelaria Acevedo, María Francisca Bello, Nathalie Castillo, Carolina Marzán, Emilia Nuyado y Marisela Santibáñez, y de los Honorables Diputados señores Héctor Barría, Alejandro Bernales, Matías Ramírez y Nelson Venegas.

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ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

El debate en la Comisión se concentró en el relevante rol que desarrollan los Servicios Sanitarios Rurales y sus dirigentes y en las complicaciones que genera para su funcionamiento el costo de la electricidad, en general, y el sobrecargo por horario de invierno, en particular, lo que pone en riesgo su sustentabilidad financiera y les impide acometer inversiones destinadas a asegurar la continuidad del abastecimiento.

Se evidenció, en detalle, el alcance de la medida propuesta, que permitirá eliminar el mencionado sobrecosto para aquellos SSR cuyo pliego tarifario no les permitió beneficiarse de medidas similares aplicadas previamente. Se ahondó, además, en el impacto diferenciado que tendrá este beneficio en las diversas regiones y se aclaró que sus efectos concretos serán condicionados por otras normativas y modificaciones legales en curso.

Por último, hubo un especial consenso en la necesidad de seguir apoyando a los Servicios Sanitarios Rurales de todo el país, mediante diversos mecanismos de ayuda financiera y capacitación, con el objeto de asegurar que continúen ejerciendo su importante función social para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento, especialmente, en la situación de escasez hídrica que enfrenta parte importante del territorio nacional.

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DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR[1]

Es menester señalar que el proyecto consta de un artículo único y una disposición transitoria.

Artículo único

Incorpora en el decreto con fuerza de ley N° 4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, a continuación del artículo 191, el siguiente artículo 191 bis:

“Artículo 191 bis.- En el caso de los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, se les aplicará un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta al que hace referencia el numeral 1 del artículo 155. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198.

Los referidos descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios a que se refiere el artículo 158, los que luego serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución. La Comisión, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso.”.

Artículo transitorio

Es del siguiente tenor:

“Artículo transitorio.- Los descuentos a que se refiere el artículo 191 bis, incorporado en la Ley General de Servicios Eléctricos por el artículo único de esta ley, deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde su publicación en el Diario Oficial.

Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución, en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024.”.

A.- Presentación del proyecto de ley por parte del Ejecutivo, exposiciones de los invitados y debate en la Comisión.

Al comenzar el estudio de la iniciativa legal, el Ministro de Energía, señor Diego Pardow, indicó que ésta nace de una moción parlamentaria, originada en la Cámara de Diputados, que el Ejecutivo respaldó, sin perjuicio de formularle algunas correcciones.

Reveló que, con ocasión de los incendios que afectaron a las Regiones de O´Higgins y Ñuble, pudo apreciar los efectos que dichos siniestros provocaron en las instalaciones y equipamiento de muchos sistemas de Agua Potable Rural (APR), la precaria situación financiera de ellos, atendido que procuran minimizar los costos a sus usuarios, y, también, su funcionamiento como consumidores de energía eléctrica. 

Sostuvo, por otra parte, que el Ministerio de Energía está reevaluando diversas políticas públicas a fin de orientarlas a la carbono neutralidad, lo que ha redundado en algunos cambios, el más conocido de los cuales es la eliminación de la tarifa de invierno, sobrecosto que pretendía desestimular el consumo, lo que era inconsistente con el objetivo de promover la calefacción a través de este insumo en lugar de otros más contaminantes.

Explicó, luego, a través de la siguiente tabla, con la que empezó su presentación -la que también compartieron los representantes del Ministerio de Obras Públicas-, que los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) tienen tarifas muy heterogéneas:

Expresó que la eliminación de la tarifa de invierno impactó positivamente en aquellos servicios (más del 50%) a los que se les trata como clientes residenciales, pero no tuvo efectos en los restantes, que mantuvieron un recargo similar a dicha tarifa entre los meses de abril a septiembre.

Remarcó que, pese a que muchos sectores productivos pretenden favorecerse de una medida similar, en el caso de los APR resulta más justificado, pues las zonas rurales están mayormente expuestas al cambio climático, además, carecen de capacidad financiera para acometer inversiones alternativas como mecanismos de almacenamiento, tienen escaso margen de maniobra para reorganizar su estructura productiva y se encuentran imposibilitados de variar su situación tarifaria transformándose en clientes libres, pues su consumo es elevado comparado con el ámbito residencial, pero bajo en relación a usuarios industriales.

Señaló que lo anterior refleja la necesidad de que el Estado acompañe la labor de estos servicios, mejorando su equipamiento para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y energía, si bien subrayó que ello debe hacerse mediante políticas públicas distintas a la tarifaria.

Agregó que, en base a lo consignado, el Ejecutivo estimó necesario respaldar la Moción y perfeccionarla en los siguientes aspectos:

- Fijar algunos requisitos para que los SSR puedan beneficiarse de la eliminación de este recargo.

- Delegar en forma más precisa facultades a la Comisión Nacional de Energía para implementar esta medida.

- Establecer un artículo transitorio para mejorar la técnica legislativa en torno a la manera de aplicar la iniciativa en el tiempo.

Destacó, finalmente, que el proyecto de ley fue aprobado en forma unánime en la Cámara de Diputados y se inserta en la política del Ejecutivo respecto de los Servicios Sanitarios Rurales.

A su turno, la Ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, comenzó su exposición enfatizando que en 2024 se cumplen 60 años desde el inicio del Programa Nacional de Agua Potable Rural, política pública que estimó visionaria por su impacto en materia sanitaria.

Resaltó que, actualmente, el país cuenta con dos modelos de operación en estos ámbitos: uno orientado a las ciudades, de asociación público-privada, cuyos resultados son, a su juicio, muy satisfactorios y de estándar mundial, y otro que involucra al 85% del territorio, que opera mediante los APR, que son asociaciones comunitarias destinadas a resolver la necesidad de agua potable y saneamiento.

Consideró que este último es un modelo mucho más desafiante y con mayores complejidades, pero constituye, también, un ejemplo a nivel global. Recordó, en ese sentido, que, en 1961, los ministros de Salud de América Latina suscribieron el compromiso de alcanzar un abastecimiento de agua potable de, al menos, el 50% de la población rural concentrada en la década del setenta y resaltó que nuestro país hoy presenta una cobertura, de 100% en ese aspecto y una cercana al 50% en las áreas semi concentradas.

Reconoció, sin embargo, que en materia de saneamiento el avance es más acotado, lo que demuestra la necesidad de fortalecer el modelo con el apoyo del Estado, especialmente con miras a declarar garantizado el derecho humano al agua y el saneamiento.

Exhibió la siguiente lámina que identifica el número de Servicios Sanitarios Rurales y la población beneficiaria en cada región del país, lo que alcanza a 2.368 SSR y 2.186.706 personas, pero advirtió que unos 800 sistemas adicionales, generados al amparo de municipios y gobiernos regionales, no están en el registro, por lo que no son objeto de los planes de inversión del MOP, cuestión que, según aseguró, debe corregirse:

Recalcó que, aproximadamente, el 80% de los 2.368 SSR aludidos, tiene hasta 300 arranques y son de pequeño tamaño, lo que implica un desafío mayor en términos de la sostenibilidad financiera, pues no pueden favorecerse de las economías de escala y presentan más dificultades para cumplir las exigencias de la ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales. Afirmó que, en este punto, el Ministerio de Obras Públicas está avanzando en aspectos tales como la capacitación de los dirigentes y el establecimiento de sistemas de financiamiento para la reinversión, reposición y mantención de equipamiento.

Anticipó que, al finalizar el actual Gobierno, se espera llegar al 63% de cobertura en áreas semi concentradas, tras concretar 100 nuevos sistemas que abastecerán a unos 46.000 habitantes. Aseveró que ésta es una política de Estado respecto de la cual, en los últimos años, se ha aumentado significativamente los recursos, producto de la convicción acerca de la importancia de la provisión de agua para la población y del carácter garante de aquél en la materia.

Enfatizó, posteriormente, que la electricidad constituye uno de los principales costos que enfrentan los SSR, siendo el recargo por horario punta particularmente significativo; incluso, con el fin de ahorrarlo, puede motivarse la suspensión del servicio, lo que es contradictorio con promover la cantidad, calidad y continuidad del abastecimiento. Por lo anterior, concordó en que avanzar en esta materia es un aporte para todos los APR y, especialmente, para aquel 80% de menor tamaño.

Reveló su satisfacción por el impulso que el Ministerio de Energía dio a esta iniciativa, ya que favorece fundamentalmente la sustentabilidad financiera de los SSR, para lo cual consideró indispensable una gestión adecuada, el cumplimiento oportuno de los socios y el aporte del Estado, tanto en materia de inversión, capacitación y aprovisionamiento de agua, como en políticas públicas como ésta, que se orientan a reducir sus costos.

Por su parte, la señora Denisse Charpentier, Subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, destacó que esta eliminación es un largo anhelo de los dirigentes, atendido el impacto en las tarifas y las multas asociadas.

Hizo presente que, según la ley, actualmente es la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSSR) la que calcula las tarifas de estos servicios, incluyendo los cargo fijos y variables, y, también, los cobros por sobreconsumo, a lo que se agrega que, en el ámbito tributario, los SSR cuentan con iniciación de actividades, boletas, facturas, contabilidad completa y presentación de balances, lo que permite garantizar que los ingresos que reciben se utilicen efectivamente para la mantención y operación.

Ilustró, mediante la siguiente tabla, a vía ejemplar, el impacto del proyecto de ley en un APR ubicado en Lagunillas, Región de Coquimbo, aunque insistió en que dicha simulación no incluye la eventualidad de aplicación de multas:

Postuló, en consecuencia, que el ahorro que significará reducir este cargo permitirá aliviar la situación de las familias y acometer inversiones en mantención, reposición o en sistemas de respaldo frente a cortes de energía eléctrica. Anticipó que, una vez que este proyecto se transforme en ley, la SSSR, en uso de sus facultades, podría imponer la utilización del ahorro en ese último aspecto para garantizar la continuidad del servicio.

Valoró, igualmente, que una glosa incluida en el Programa de la SSSR en el Presupuesto para el Sector Público correspondiente al año 2024, facilitará la entrega de equipamiento que, con anterioridad, no podía justificarse por la vía de inversión en conservación. Anotó que ello posibilitará la incorporación de sistemas de respaldo mediante paneles solares u otras soluciones, dependiendo de la ubicación geográfica y el tamaño del comité o cooperativa. Añadió que, adicionalmente, la SSSR está implementando planes de capacitación y, en este marco, entre las materias contempladas se encuentran el reúso y el uso de energías renovables para la operación, aspecto, este último, en el que, además, se elaborarán manuales diferenciados, según las opciones técnicas existentes.

El Ministro señor Pardow retomó su exposición con el objeto de ilustrar los efectos concretos de esta iniciativa. Advirtió que la heterogeneidad de pliegos tarifarios a la que están sujetos los SSR dificulta disponer de un análisis general, pese a lo cual, a través de la siguiente tabla, dio cuenta de algunos ejemplos paradigmáticos para diversas zonas del país:

Remarcó que las reducciones referenciales aludidas en el cuadro obedecen a los efectos de este proyecto de ley, pero descartó que la rebaja que los SSR verán reflejada en sus facturaciones corresponda exactamente a aquéllas, pues, al mismo tiempo, otras normativas implicarán algunas alzas.

Para ilustrar el asunto, refirió la situación de un SSR ubicado en la comuna de Vicuña, que paga actualmente $600.000 por concepto de electricidad, indicando que, aplicándose la ley vigente y sin considerar los efectos del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, en materia de estabilización tarifaria (Boletín N° 16.576-08), ingresado a tramitación legislativa el 16 de enero de 2024, su cuenta mensual se incrementaría a $1.200.000. Sin embargo, ello se vería reducido a $750.000 a causa de esa última propuesta y, más aún, llegaría a $530.000 en caso de aprobarse el proyecto en estudio.

En torno al financiamiento de la iniciativa legal en examen, sostuvo que, como sucede habitualmente cuando se remueve un recargo, el mismo es absorbido por el resto de los consumidores. Acotó que, en este caso, se favorece a un universo menor de usuarios, unos 1.200 en todo el país, pues, como se explicó, los restantes SSR ya fueron beneficiados por la eliminación de la hora punta. Aseveró que, en concreto, la reducción impactará imperceptiblemente en los demás clientes.

El Honorable Senador señor Gahona apuntó que el mecanismo se asemeja a un subsidio cruzado, en que los clientes urbanos verán recargadas mínimamente sus tarifas para financiar la disminución de la hora punta de los APR.

El Ministro señor Pardow asintió, agregando que ello viene a corregir la injusticia territorial que el principio de autofinanciamiento, contenido en la legislación eléctrica y sanitaria, genera por la aplicación del funcionamiento de las economías de escala, lo que, de alguna forma, origina que los SSR no tengan margen financiero para acometer inversiones destinadas a almacenamiento.

La Honorable Senadora señora Allende aludió a la diversidad de planes tarifarios aplicados a los SSR, lo que dificulta la comprensión de algunos cuadros y solicitó aclarar las causas de la diferente magnitud de las rebajas en las distintas regiones y detallar eventuales diferencias al interior de cada una de ellas.

Adhirió al reconocimiento realizado al sistema de agua potable rural, que se aproxima a cumplir seis décadas desde su creación, e hizo presente que la ley N° 20.998 obligó a los SSR a asegurar continuidad y calidad en el servicio prestado, junto con diversas otras exigencias, que resultaron una pesada carga y motivaron la dictación de sucesivos cuerpos legales para flexibilizar su aplicación. Estimó útil, en ese plano, que los dirigentes presentes informen si tales enmiendas han sido efectivas y, asimismo, si la creación de la SSSR ha significado un mayor apoyo en el ámbito local.

Juzgó relevante lo señalado en torno a la posibilidad de financiar la adquisición de equipamiento mediante una glosa presupuestaria, pues expresó que ha conocido casos, como uno sucedido en Llay Llay, en que el MOP hizo inversiones en pozos para la obtención de agua, pero éstos quedaron largo tiempo sin utilizar por carecer, dicha cartera, de atribuciones para solventar el consumo eléctrico y la adquisición de la bomba impulsora que permitiera su funcionamiento, por lo que, en definitiva, ello terminó siendo financiado por ESVAL S.A. como compensación por el uso de agua del embalse Los Aromos.

Pidió esclarecer si la citada glosa permite resolver casos como el relatado y si se han dispuesto medidas que hagan posible abordar este tipo de asuntos, especialmente en zonas que enfrentan situaciones tan agudas como la de Petorca y, ante lo cual, algunos APR han debido interconectarse con la empresa sanitaria, lo que no estuvo entre los propósitos de la ley N° 20.998.

El Honorable Senador señor Durana consideró que, en cada zona del país, los APR tienen características distintivas, aunque un rasgo común está constituido por su sistema de administración que, a su juicio, no cuenta con acompañamiento suficiente.

Valoró el proyecto de ley, especialmente por su oportunidad, pues aseguró que la transición y el mecanismo de estabilización energética requerirán, inicialmente, esfuerzos económicos, aunque auguró que, en el futuro, podrían producirse holguras. En este mismo ámbito, planteó la necesidad de considerar el acceso de estos servicios a las energías alternativas, como sucede con algunos SSR de la zona norte del país.

Solicitó precisar el universo de beneficiarios de la iniciativa y, asimismo, atendida la gran dispersión en las estimaciones presentadas, determinar un promedio que los APR o una zona geográfica puedan tener como referencia para prever la rebaja que les favorecerá. Sugirió aportar, posteriormente, alguna minuta o simulación de carácter regional o macro zonal, y pidió esclarecer si los SSR fueron o no afectados por las leyes de estabilización de los precios de la energía eléctrica, conocidas como PEC I y PEC II.

El Honorable Senador señor Gahona evidenció que medidas como las horas punta persiguen reducir la demanda en ciertos lapsos para evitar tener que incurrir en inversiones que no se justifican en los períodos de bajo uso. Consultó si hay estudios acerca de los comportamientos de consumo que tuvieron los APR cuando se realizó la rebaja de la tarifa de invierno, al tiempo que propuso hacer un análisis de ello una vez que esta propuesta legislativa se encuentre vigente, pues si se incrementa el gasto en energía podrían verse anulados sus efectos.

A continuación, la señora Carolina Carrasco, Presidenta de la Asociación Gremial de APR de la Provincia de Melipilla, recordó que el proyecto es un largo anhelo de los SSR y sus dirigentes, atendidas las dificultades generadas por estos cargos.

Expresó que, en su caso, al asumir labores de dirigente, se encontró con que para evitar incurrir en el horario punta se utilizaba un generador y el petróleo para su funcionamiento había que comprarlo en una estación de servicio ubicada a unos 30 kms. de distancia, para lo cual debía utilizar su vehículo particular, pues el APR no contaba con uno institucional. Además, el mencionado equipamiento debía ser activado y desconectado por un operador a las 18 y 22 horas y había que hacerle las correspondientes mantenciones. 

Relató que, ante la eventualidad de incurrir en mayores gastos, los inconvenientes que ello ocasionaba y el riesgo y mayor carga laboral para el operador, la asamblea de socios acordó prescindir del generador y absorber el mayor costo eléctrico del horario punta, que alcanza, aproximadamente a unos $366.000 mensuales.

Descartó, desde ya, la posibilidad de que esta nueva normativa genere un cambio de comportamiento, pues, de acuerdo a la actual legislación, los SSR deben garantizar la continuidad del servicio.

Remarcó la magnitud del gasto en electricidad en que incurren los APR, señalando que, en el servicio que dirige, que dispone de sobre 600 arranques, la facturación eléctrica excede de los $2.000.000, obligando a destinar a su pago el 44% de los ingresos recaudados, situación que es aún más crítica en los APR de menor tamaño.

Enfatizó que la alta incidencia de la electricidad en los costos de los APR genera el riesgo de cortes del servicio en caso de incumplimiento en los pagos a la distribuidora, en circunstancias de que los SSR no pueden proceder del mismo modo con sus socios, pese a estar facultados para ello, por constituir una organización de carácter comunitario. Resaltó, además, los continuos problemas que registra el abastecimiento eléctrico, caracterizados por alzas y bajas de voltaje, de las que las empresas eléctricas no se hacen cargo, y reveló que los APR de mayor tamaño tampoco tienen la posibilidad de instalar sistemas alternativos, por falta de espacio físico.

Subrayó que, pese a la diversidad existente entre los APR del país, tanto en tamaño como en cuanto a la realidad geográfica que deben enfrentar, la problemática relatada es común para todos y resulta especialmente grave para muchos servicios pequeños, algunos de los cuales se ven expuestos a sanciones por interrumpir el servicio al evitar hacerse cargo del horario punta.

Solicitó, por tanto, el apoyo a la normativa en estudio, estimando que representa un respaldo al rol que los SSR y sus dirigentes cumplen para asegurar la provisión de este derecho humano que sirve para las necesidades cotidianas y para sostener las actividades productivas que desarrollan los vecinos.

Por su lado, don Humberto González, Presidente Regional de APR Valparaíso, destacó, también, el nuevo aniversario que este sistema se encuentra próximo a conmemorar, resaltando su principal característica, esto es, ser un modelo de gestión colectiva de amplia cobertura y extensión en el país y, especialmente, en la Región de Valparaíso.

Estimó que la falta de soluciones alternativas, como acumuladores de agua, imponen a los dirigentes de los APR la necesidad de decidir entre suspender el suministro a los vecinos o costear los sobrecostos por horas punta. Observó que, en caso de optar por esto último, al SSR no le es posible rebajar el IVA pagado ni obtener devoluciones de impuestos.

En su concepto, la eliminación de este sobrecargo facilitará el cumplimiento de la exigencia normativa de asegurar la calidad, cantidad y continuidad en la prestación de agua potable a un importante número de compatriotas y pidió a las autoridades proteger a estos servicios de futuras alzas.

El señor Rufino Hevia, Coordinador Nacional de APR Chile, coincidió con quienes le antecedieron en el uso de la palabra y valoró este avance, en cuanto se trata de un largo anhelo de los SSR del país.

La Ministra señora López confirmó que la ley estableció la conformación de oficinas locales de la SSSR en todas las regiones, proceso que está en implementación, debiendo realizarse el nombramiento del director respectivo a través del sistema de Alta Dirección Pública. Recordó, de igual modo, que la ley N° 20.998 traspasó al MOP y, particularmente, a la SSSR, algunas labores que antes realizaban las empresas sanitarias, por lo que ahora compete a estas reparticiones públicas otorgar apoyo y asesoría técnica, lo que ha motivado la paulatina contratación del personal pertinente.

En torno a las medidas de apoyo, anticipó, como criterio general, que la diversidad de situaciones existentes obliga a analizar soluciones particulares, tanto para el sector sanitario como para los APR, en cada una de las regiones, según las características de las cuencas. 

Informó que, en los últimos meses, por instrucción del Presidente de la República, ha habido avances en algunos aspectos, como decidir la construcción de tres desaladoras de menor tamaño para abastecer a APR de las localidades costeras de la Región de Coquimbo, que se sumarán a las existentes en Tarapacá y Bío-Bío. Postuló que, en otros casos, las soluciones serán diversas, como en la Región de Valparaíso, en que se está construyendo una obra que sigue el curso del río Ligua y que en su trayecto permitirá conducir agua para abastecer a diecinueve SSR del sector. En otros territorios, la solución implicará requerir a las empresas sanitarias que pongan a disposición del Estado una conexión que posibilite obtener agua para el abastecimiento de los APR.

Reafirmó, además, que el Código de Aguas obliga a generar en cada cuenca del país un Plan Estratégico de Recursos Hídricos y el MOP ha adoptado la decisión de que eso se haga mediante mesas regionales. Acotó que el reglamento en cuestión ya fue visado por la Contraloría General de la República, por lo que se iniciará la instalación de dichas instancias, las que permitirán definir colectivamente las acciones de largo plazo que se requieren en cada cuenca.

Resaltó, del mismo modo, la aprobación de la ley N° 21.639, que modifica normas para el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y desalinización, con el fin de destinar agua al cumplimiento de la función de subsistencia y de riego, que permite habilitar al MOP para la construcción de infraestructura hídrica multipropósito, otorgando a la cartera la posibilidad de acometer diversas opciones.

En relación a la V Región, subrayó que cuenta con el embalse Los Aromos, único en el país que fue construido para abastecer el consumo humano, el que actualmente se encuentra lleno y permite asegurar, a través de ESVAL, el abastecimiento de las ciudades de la zona y, también, de diversos SSR. Reconoció que, en el caso de La Ligua y Petorca, la situación es más compleja, existiendo proyectos de desaladoras en estudio.

El Ministro señor Pardow recalcó que, en forma adicional a esta iniciativa, junto a la Ministra de Obras Públicas, han asumido un compromiso institucional de implementar programas de financiamiento para equipamiento que haga más eficiente el uso de la energía en los SSR, tales como paneles fotovoltaicos, baterías, etc. Apuntó que ello se torna imprescindible en tanto el modelo de autofinanciamiento referido no les permitirá hacerlo por sí solos y se expresa en la disyuntiva planteada de interrumpir el servicio sanitario o, bien, proveerse de electricidad mediante un generador riesgoso y poco eficiente, nada de lo cual resulta aconsejable, por lo que deben buscarse otras alternativas a través de políticas públicas. Advirtió, sin embargo, que su implementación tomará algún tiempo, pues implica allegar recursos presupuestarios y realizar las licitaciones y otros trámites administrativos.

Reseñó que, en el ámbito eléctrico, los consumidores se dividen en dos grandes grupos, esto es, los libres y los regulados, y, dentro de estos últimos, se distinguen los residenciales (uso doméstico) e industriales (actividades comerciales). Planteó, a vía ejemplar, que la empresa sanitaria Aguas Andinas es un cliente libre, lo que le permite disponer de un esquema tarifario con un precio razonable durante todo el día, de acuerdo a lo que su actividad requiere. Aclaró que puede acceder a esta categoría atendida la magnitud de consumo que necesita, pero ello no es posible para los aproximadamente 2.500 APR existentes, cada uno de los cuales abastece a un número variable de usuarios, que suman, en total, más de dos millones y que son, en definitiva, los beneficiarios de esta iniciativa.

Sobre la relación de esto con otras políticas o normativas en materia eléctrica, anotó que, a partir del 2019, se han sucedido diversas normas con el objeto de, en primer término, contener los precios y, posteriormente, efectuar un “desescalamiento”. Aseguró que, en ese escenario, los APR quedaron en una situación muy compleja, pues no fueron protegidos en razón del volumen de energía que consumen, pero, al mismo tiempo, se hallan muy lejos del umbral que les permitiría ser clientes libres. Eso es lo que explica que, en el ejemplo aludido, de no haber cambios, el APR de Vicuña vería duplicada su facturación.

Denotó que aplicar esa normativa no resulta una política pública razonable, pues solo ocasionará trasladar una deuda con las empresas de generación a morosidad, sin resolver el problema. En su lugar, el ya mencionado Boletín N° 16.576-08 persigue reorganizar estos segmentos de consumo y, adicionalmente, el proyecto en examen les reduce el horario punta, redistribuyéndolo entre los restantes usuarios.

Refrendó, finalmente, que todo lo anterior, además de significar un alivio financiero para los APR, se enmarca mejor en las políticas de largo plazo de justicia territorial y descarbonización.

B.- Votación en general y en particular, y fundamento de voto.

- Puesto en votación el proyecto de ley, en general y en particular, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señoras Allende y Aravena y señores Durana y Gahona, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

Al fundamentar su voto afirmativo, la Honorable Senadora señora Aravena destacó la labor social voluntaria de los dirigentes en la administración de los servicios sanitarios rurales, particularmente atendidas las permanentes dificultades de financiamiento que enfrentan. Observó la necesidad de cuantificar este tipo de roles como un verdadero activo para el país.

Valoró, asimismo, la implementación de oficinas regionales de la SSSR y postuló la conveniencia de perseverar en el apoyo del Estado para conservar y fortalecer el modelo de trabajo comunitario de los APR, evitando que éste derive en una problemática para sus administradores, considerando, especialmente, que su objetivo último es la provisión de un servicio de primera necesidad.

Por su parte, el Honorable Senador señor Durana, al votar positivamente, expresó su interés en que los 32 sistemas de APR de la Región de Arica y Parinacota y sus 16.000 usuarios se beneficien efectivamente con este proyecto de ley.

A su turno, la Honorable Senadora señora Allende, fundando su voto positivo, manifestó su satisfacción por el contenido de este proyecto y remarcó los testimonios de los dirigentes. Insistió en que las últimas modificaciones legislativas han supuesto aumentar la carga para ellos, por lo que esta medida es muy positiva.

Relevó, asimismo, la iniciativa que apunta a que los ahorros que pudieran obtenerse por esta vía sean invertidos en acciones para respaldar el servicio. Sostuvo que ello resulta especialmente significativo, atendidas las dificultades que en los últimos años hubo para el financiamiento de obras urgentes de conservación, a raíz de la exigencia de visación por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que se impuso en el marco de la normativa presupuestaria.

Enfatizó que la Moción es un paso importante y recordó que algunos integrantes de esta Comisión también tuvieron la intención de promover un proyecto en la materia. Llamó, finalmente, a perseverar en otras acciones, tales como la capacitación y acompañamiento a cargo de las oficinas regionales de la SSSR, considerando la amplia cobertura de este sistema.

El Honorable Senador señor Gahona, al fundar su voto favorable, reconoció tanto la iniciativa de la Diputada señora Nathalie Castillo, como el respaldo otorgado por el Ejecutivo, y evidenció que aquélla alivia la situación financiera de 216 SSR que abastecen a 170.000 habitantes de la Región de Coquimbo, por lo que ha tenido un amplio y transversal apoyo en el Congreso Nacional.

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Tras la votación, la Honorable Diputada señora Nathalie Castillo agradeció el apoyo de la Comisión y del Ejecutivo. Señaló que en la Cámara de Diputados se cuenta con la participación permanente de los dirigentes de los APR y anticipó que existen otras iniciativas legales en estudio para favorecer a estos servicios, particularmente en el marco de la crisis hídrica que se aprecia en muchas zonas del territorio nacional, para las que pidió disponer, oportunamente, una tramitación expedita.

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TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, y en mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, y que la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía propone aprobar en general y en particular:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Incorpórase en el decreto con fuerza de ley N° 4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, a continuación del artículo 191, el siguiente artículo 191 bis:

“Artículo 191 bis.- En el caso de los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, se les aplicará un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta al que hace referencia el numeral 1 del artículo 155. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198.

Los referidos descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios a que se refiere el artículo 158, los que luego serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución. La Comisión, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso.”.

Artículo transitorio.- Los descuentos a que se refiere el artículo 191 bis, incorporado en la Ley General de Servicios Eléctricos por el artículo único de esta ley, deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde su publicación en el Diario Oficial.

Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución, en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 17 de enero de 2024, con asistencia de los Honorables Senadores señor Sergio Gahona Salazar (Presidente), señoras Isabel Allende Bussi y Carmen Gloria Aravena Acuña y señor José Miguel Durana Semir (en reemplazo del Honorable Senador señor Juan Castro Prieto).

Sala de la Comisión, a 19 de enero de 2024.

JORGE JENSCHKE SMITH

Abogado Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, EN MATERIA DE COBRO DE TARIFA ELÉCTRICA PARA SERVICIOS SANITARIOS RURALES (BOLETÍN N° 16.051-08).

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I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: modificar la Ley General de Servicios Eléctricos, con el objeto de aplicar a los operadores de servicios sanitarios rurales un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta.

II. ACUERDOS: aprobado en general y en particular, por unanimidad (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo único y una disposición transitoria.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.

V. URGENCIA: “simple”.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Cámara de Diputados. Moción de las Honorables Diputadas señoras María Candelaria Acevedo, María Francisca Bello, Nathalie Castillo, Carolina Marzán, Emilia Nuyado y Marisela Santibáñez, y de los Honorables Diputados señores Héctor Barría, Alejandro Bernales, Matías Ramírez y Nelson Venegas.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: unanimidad (134 votos a favor).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 3 de enero de 2024.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general y en particular.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1) ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales; 2) decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2006, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica; 3) decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; 4) ley N° 21.185, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, y 5) ley N° 21.472, que crea un fondo de estabilización de tarifas y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios.

Valparaíso, a 19 de enero de 2024.

JORGE JENSCHKE SMITH

Abogado Secretario de la Comisión

REBAJA EN COBRO POR RECARGA DE TARIFA ELÉCTRICA DE HORARIO PUNTA Y LÍMITE DE INVIERNO PARA SERVICIOS SANITARIOS RURALES

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales, iniciativa que corresponde al boletín N° 16.051-08.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletín 16.051-08) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Esta iniciativa legal propone modificar la Ley General de Servicios Eléctricos con el objetivo de aplicar a los operadores de servicios sanitarios rurales un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia punta.

La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía hace presente que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de un proyecto de artículo único, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley y acordó unánimemente proponer al señor Presidente que sea considerada del mismo modo por la Sala.

La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó el proyecto de ley en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Allende y Aravena y señores Durana y Gahona, en los mismos términos en que fuera despachado por la Cámara de Diputados.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 16 y 17 del informe de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Secretario.

Ofrezco la palabra al Senador Gahona para que dé cuenta del informe respectivo.

El señor GAHONA.-

Gracias, Presidente.

Procedo a leer el informe del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales (boletín N° 16.051-08).

La iniciativa legal en comento tiene su origen en una en moción de las Diputadas señoras María Candelaria Acevedo , María Francisca Bello , Nathalie Castillo , Carolina Marzán , Emilia Nuyado y Marisela Santibáñez y de los Diputados señores Héctor Barría , Alejandro Bernales , Matías Ramírez y Nelson Venegas . Fue aprobada unánimemente por la Cámara de Diputados e ingresó al Senado, para su segundo trámite constitucional, el 3 de enero recién pasado, con urgencia calificada de "simple".

Si bien la Sala acordó inicialmente que fuera abordado por la Comisión de Minería y Energía, la citada urgencia y la necesidad de permitir a dicha instancia avanzar también en otras iniciativas legales motivó que se revocara esa decisión y en su lugar se derivara el proyecto para su análisis a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, la que se destinó a su estudio en sesión del 17 del presente y aprobó su contenido en general y en particular en forma unánime, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

A la mencionada sesión asistieron el señor Ministro de Energía , la señora Ministra de Obras Públicas , la señora Subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales y diversos dirigentes de distintas zonas, todos los cuales ilustraron en detalle a la Comisión sobre la temática en examen y acerca de la pertinencia de acoger la iniciativa.

Cabe recordar que el abastecimiento de agua potable y saneamiento en los sectores rurales es provisto por los comités o cooperativas de agua potable rural (APR), sistema de carácter comunitario, cuya cobertura alcanza hoy a dos millones de personas, aproximadamente.

Uno de los principales costos que deben enfrentar es la electricidad y, especialmente, el recargo por horas punta. La tarifa de invierno ya fue eliminada para los APR que disponían de pliegos tarifarios residenciales; pero sigue aplicándose un recargo a la mitad de los servicios sanitarios rurales afectos a otros planes tarifarios por concepto de cargo por potencia de punta, por lo que el Ejecutivo decidió respaldar esta iniciativa, sin perjuicio de formularle correcciones.

El texto persigue, entonces, incorporar a la Ley General de Servicios Eléctricos un artículo 191 bis, que aplica a los operadores de servicios sanitarios rurales un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de potencia en punta. Se contempla, asimismo, un artículo transitorio para regular la forma de implementar esta rebaja, la que será aplicada por las empresas desde la publicación de esta ley, quedando en manos de la Comisión Nacional de Energía su posterior traspaso a las tarifas, lo que se realizará distribuyéndola entre todos los usuarios, quienes tendrán, según se explicó, un recargo imperceptible.

El debate en la Comisión se concentró en el relevante rol que desarrollan los APR y sus dirigentes y en las complicaciones que genera este sobrecargo.

Se evidenció, además, el alcance de la medida propuesta, el impacto diverso que tendrá en las distintas regiones y se advirtió que sus efectos concretos estarán condicionados por la aplicación de otras normas y modificaciones en curso.

Por las consideraciones precedentes, vuestra Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía recomienda la aprobación de este proyecto de ley tanto en general como en particular.

Es todo lo que puedo informar a esta Honorable Sala, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Ha solicitado la palabra, y tiene preferencia para hablar, el Ministro Pardow.

El señor PARDOW (Ministro de Energía).-

Señor Presidente, muchas gracias.

Quisiera empezar recordando una situación que a mi parecer ilustra la posición en la que se encuentran muchos servicios sanitarios rurales el día de hoy.

Me tocó coordinar la respuesta de emergencia del Gobierno en la Región de Ñuble durante el verano y, como está recordando la Senadora Carvajal, observar muy vívidamente cómo los servicios sanitarios rurales habían visto quemadas sus mangueras, sus motobombas, su equipamiento y la posición delicada en la que estaban en términos financieros.

Los APR son instituciones que prestan un servicio público muy importante, el agua potable, a cerca de dos millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en zonas rurales. Pero se encuentran expuestas a las consecuencias adversas del cambio climático con mucha mayor intensidad que lo que ocurre en las ciudades.

Es importante entender que, mientras los servicios sanitarios de zonas urbanas pueden distribuir sus costos en un número relevante de consumidores y, por lo tanto, aprovechar las economías de escala -entre otras cosas, gran parte de los servicios sanitarios de zonas urbanas son clientes libres y, por lo tanto, pueden llegar a acuerdos privados respecto del suministro de electricidad, que es necesario para que puedan proveer el servicio de agua potable-, los servicios sanitarios rurales no están en esa posición.

Frente a ello, a comienzos de esta legislatura, empezamos a trabajar para encontrar la manera de avanzar lo más rápido posible en la tramitación de un proyecto de ley que entregara un alivio tarifario a los servicios sanitarios rurales.

En conjunto con la Ministra de Obras Públicas, decidimos patrocinar esta iniciativa, que es una moción de un conjunto de Diputadas y Diputados. Y lo que hicimos fue perfeccionar su redacción. Y, sobre esa base, comenzamos a impulsar esta propuesta legislativa, que ha contado con el respaldo prácticamente unánime de todos los parlamentarios de ambas Cámaras .

Desde una perspectiva de cómo funciona el sistema eléctrico, es importante entender que son cerca de 2.500 APR en total, los que entregan un servicio, a su vez, a cerca de dos millones de ciudadanos. De esos 2.500, cerca de 1.300 ya se habían beneficiados por la reducción de la hora punta con la eliminación administrativa de la tarifa de invierno que se hizo durante julio. Eso significa que solamente hay 1.200 APR que quedaron fuera de la cobertura porque tienen otro tipo de pliego tarifario. Los que quedaron sujetos a la cobertura por la eliminación de la tarifa de invierno son aquellos que tenían un pliego tarifario residencial: BT1, BT1b y TRAT. Por lo tanto, todos aquellos que tienen alguna de las otras decenas de pliegos tarifarios, todavía están sujetos al recargo por hora punta.

¿Qué es lo que ocurre en particular con los servicios sanitarios rurales y que no se ve en otros ámbitos? Uno escucha a lo largo del territorio nacional distintas peticiones de eliminar el cobro de hora punta en el caso de los molinos, en el caso de distintas industrias. ¿Por qué en este caso sí y en otros casos no hemos decidido avanzar? Es importante mencionarlo.

Lo primero es que, precisamente, los servicios sanitarios rurales cumplen un fin social fundamental a la hora de llevar este bien, que es un derecho humano, a los ciudadanos y las ciudadanas de sectores rurales.

Y, en segundo lugar, porque, los recargos buscan modificar el comportamiento. Y lo que ocurre en este caso es que este recargo lleva cerca de una década siendo implementado, y no ha existido inversión en equipamiento de almacenamiento por los servicios sanitarios rurales, pero no porque no quieran, sino porque su estructura financiera no se lo permite; y como su estructura financiera no se lo permite, lo que vemos hoy día es que toman decisiones que no son consistentes con nuestras políticas climáticas. Por lo tanto, lo que muchas veces termina ocurriendo es que, para evitar los recargos de hora punta, conectan un pequeño generador diésel durante esas horas, el cual es costoso, contaminante y, además, está sujeto a numerosos fallos, porque son equipamientos muy pequeños. Entonces, ese es el tipo de decisiones que están adoptando.

En consecuencia, después de una década de haber sido aplicado el recargo, este no ha permitido cambiar el comportamiento desde esa perspectiva.

Y, por otro lado, ¿podríamos pedirles a los servicios sanitarios rurales que dejen de utilizar electricidad en determinadas horas del día? ¡Por supuesto que no! Porque ellos están sujetos a una obligación de suministrar agua potable 24/7. Por lo tanto, no es posible pedirles que dejen de consumir electricidad en horas determinadas.

Por esa razón fue que decidimos, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, avanzar en esta iniciativa, que en todo caso es muy breve, que consta únicamente de un artículo, el que va a ser desarrollado reglamentariamente, y un artículo transitorio, que se hace cargo de su aplicación en el tiempo.

Este proyecto fue aprobado de manera unánime por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, también en la Sala de la Cámara de Diputados y, finalmente, aprobado unánimemente también en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado.

Quiero agradecer la buena disposición que hemos tenido durante todo este tiempo por parte de los distintos parlamentarios para darle la celeridad que requiere este proyecto de ley, que es muy sentido en las zonas rurales de nuestro país, y que nos va a permitir llegar con un alivio financiero significativo para este segmento de la población.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Ministro.

Tiene la palabra la Ministra de Obras Públicas, Jessica López.

La señora LÓPEZ (Ministra de Obras Públicas).-

Gracias, Presidente.

Este año se cumplen sesenta años desde que se creó el Programa Nacional de Agua Potable Rural en Chile. Este surge a partir de dos resoluciones que es bueno recordar: la primera, la Asamblea Mundial de la Salud del año 1959; y la segunda, la Carta firmada por los Ministros de Salud de América Latina en el año 61. Todas orientadas a una mejora significativa en lo que dice relación con la salud pública de la población.

Chile avanzó bastante bien en su tarea. Y actualmente, además del desarrollo que han tenido los sistemas sanitarios rurales, estamos enfocados en el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento.

En paralelo hemos estado trabajando en la implementación de la nueva ley de servicios sanitarios rurales, en conjunto con todas las dirigencias de más de dos mil trescientos servicios sanitarios rurales registrados en el Ministerio de Obras Públicas, en la búsqueda de mejorar la regulación, porque lo que debemos asegurar es la sostenibilidad de este sistema, el cual abastece de agua potable y saneamiento a dos millones de personas en el 85 por ciento de nuestro territorio.

Nuestro país ha avanzado significativamente en lo que dice relación con la infraestructura y el abastecimiento de agua potable, sin perjuicio de lo cual hay zonas en donde todavía es demasiado el abastecimiento que se provee a través de camiones aljibes. Y también reconocemos que el avance respecto al saneamiento es todavía muy bajo y un desafío grande para nuestro país.

Pero uno de los elementos esenciales es buscar la sostenibilidad financiera de estas organizaciones comunitarias. En este sentido, recordemos que más del 80 por ciento de ellas son entidades de menor tamaño, es decir, tienen trescientos o menos arranques o conexiones o medidores. Por lo tanto, asegurar la sostenibilidad técnica para lograr una continuidad, calidad y cobertura en el servicio y, además, la sostenibilidad financiera es crucial.

En ese sentido, el proyecto de ley va directo a la vena en términos de hacerse cargo de un elemento muy determinante en los resultados y en los gastos que tienen los servicios sanitarios rurales -como ya se ha mencionado, son organizaciones sin fines de lucro-: el costo de la energía, cuando corresponde, en el periodo tarifario de punta,

En suma, es un proyecto de ley que nos parece de la mayor importancia, que hemos recomendado, y así lo hemos declarado en las Comisiones en que se ha tramitado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Así que expresamos nuestro agradecimiento por la rápida tramitación que se ha dado a este proyecto de ley y por su aprobación bastante transversal.

Eso nomás, Presidente.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted.

Ofrezco la palabra.

Voy a seguir el orden de las intervenciones, porque hay muchos inscritos, debo decirlo. Casi estoy por proponer limitar los tiempos, ya que, de lo contrario, no vamos a poder aprobar nada más.

¿Les parece cuatro minutos cada uno?

La señora ALLENDE.-

Tres minutos.

El señor COLOMA ( Presidente ).-

¿Tres minutos cada uno? Si no, no podremos terminar. ¿Les parece?

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo).

Senador De Urresti, tiene la palabra.

El señor DE URRESTI.-

Gracias, Presidente.

En primer lugar, saludo al Ministro Pardow y a la Ministra López .

Quienes conocen el sistema de APR se darán cuenta de que este proyecto es tremendamente efectivo. El hecho de que se pueda contar con una tarifa diferenciada, el ahorrar, en definitiva, en la tarifa eléctrica es de un impacto enorme. Esto podría reducir por lo menos entre un 15 y un 20 por ciento los gastos fijos de cualquier APR.

Por eso, yo quiero agradecer tanto a la Ministra López , quien permanentemente ha estado trabajando a través de la DOH (hay mucho que hacer, pero esta es una ayuda concreta), como al Ministro Pardow , quien hace un par de semanas anunciaba el éxito de este primer trámite en la localidad de Malalhue, comuna de Lanco, en la cooperativa de agua potable rural de esta localidad, una de las más grandes de la región y en sistema cooperativo.

¿Y qué le decían los vecinos o el presidente de la cooperativa de agua potable rural? "Esto nos ayudará a reducir en un 15, 16 por ciento los gastos fijos".

Estos son, a mi juicio, Presidente, los proyectos que debemos impulsar. Acá transversalmente conocemos, visitamos, frecuentamos esas organizaciones en los territorios. Y todo lo que sea avanzar en mejorar su gestión, en implementar la ley, en hacer modificaciones, que nos han señalado en muchas asambleas, es importante.

En la Ley de Presupuestos, transversalmente (ahí estaban el Senador Gahona, la Senadora Sepúlveda, la Comisión de Obras Públicas), presentamos una indicación para evitar un trámite burocrático en el mantenimiento de las RS, y lo logramos, con lo cual los proyectos, especialmente de mantención, aquellos más chiquititos de una bomba, salen de manera más rápida.

Yo creo que, si a algo nos tendría que llevar este proyecto, que no me cabe duda de que será aprobado en forma unánime, sería a buscar algunos otros instrumentos en esta línea, que nos permitieran fortalecer los APR, bajar sus costos, como podría ser, Ministro , la energía fotovoltaica, buscar algunos acumuladores. Usted bien lo decía: el APR funciona todo el día, no se puede hacer funcionar a una hora determinada, sobre todo en el verano, en las zonas turísticas, en fin.

Entonces, me parece que este proyecto debiera ayudarnos, aprovechando la presencia acá del Ministro de Energía y de la Ministra de Obras Públicas, a buscar algunas mejoras, alguna capacidad de instalar una mesa de trabajo que nos permita, no con tantos recursos, sino que a veces con adaptaciones legales, puntuales, darles mayor holgura económica, fortalecer su organización, que es fundamental, y también seguir extendiendo este sistema de agua potable rural, que es un orgullo de Chile. Lo decía la Ministra : sesenta años han pasado desde su creación. Y también constituye una ayuda concreta en el territorio.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias.

Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.-

Presidente , también quiero partir saludando tanto a la Ministra de Obras Públicas , Jessica López , como al Ministro de Energía , Diego Pardow .

Este proyecto es tremendamente importante. Y me alegro mucho de su tramitación rápida y de que en nuestra Comisión de Recursos Hídricos se aprobara por unanimidad.

¿Por qué? Porque esta es una de las demandas más sentidas de los sistemas sanitarios rurales, más conocidos como "APR" en nuestro mundo, en que realmente necesitamos eliminar el sobrecargo de las tarifas de invierno y de las horas punta, porque este es un costo tremendamente oneroso para esos comités (en algunos casos puede llegar hasta el 33 por ciento) y ellos tienen la obligación de dar un servicio continuo y de calidad.

Estamos hablando del mundo rural, normalmente invisibilizado, con menos oportunidades, que constantemente sufre de bastante discriminación.

Este tipo de organización, que nos deja un tremendo orgullo (ahora va a cumplir sesenta años, ni más ni menos, de existencia), es la respuesta que hemos dado para que el mundo rural acceda al agua, a ese derecho humano fundamental que ni siquiera tenemos garantizado en pleno 2024, en que muchas localidades se ven obligadas a recurrir a camiones aljibes.

Por lo tanto, esto es muy necesario.

La eliminación de la sobrecarga de tarifas al límite de invierno y de horas punta significará a lo menos beneficiar a dos millones de usuarios de nuestro sistema de APR hoy día, lo cual será un enorme alivio.

Pero no es solamente eso, como aquí se ha dicho, porque como no pueden interrumpir su funcionamiento, lo que sí puede ocurrir en otras esferas (en el mundo urbano, por ejemplo), por el necesario acceso al agua, se ven incluso obligados a usar petróleo a través de generadores para garantizar, en un cierto momento, la continuidad de ese servicio, lo que es un completo absurdo. Y, por lo tanto, nunca van a poder decir: "Para ahorrar, vamos a bajar las horas de uso". Eso es imposible.

Por consiguiente, es fundamental dar estas posibilidades, lo que implicará un ahorro entre el 9 y el 18 por ciento.

Esto es muy importante para la sobrevivencia del sistema. Y no solo eso, sino que buscamos a futuro, Ministra , a través de la Subdirección de Obras Hidráulicas -yo sé que ustedes están preocupados de ello-, que podamos capacitarlos más, acompañarlos más, e incluso, que puedan hacer otras obras, como estanques de almacenamiento.

Porque uno podría decir: "Pero ¿por qué no usan paneles solares?". Bueno, porque muchas veces en los lugares donde están ubicados son tan estrechos, son quebradas, que les es imposible.

Por eso tenemos que ir de la mano con otras medidas que signifiquen acompañamiento, mayor capacitación, respuestas más efectivas, porque -digamos lo que son- estas son organizaciones sin fines de lucro, que acompañan y dan la respuesta, como decía, para que nuestro mundo rural pueda acceder al agua.

Por tanto, felicito el que se haya presentado esta moción, pero además la rápida respuesta del Ejecutivo , y nos alegramos mucho como Comisión de Recursos Hídricos de haberla aprobado unánimemente, porque lo que dispone es muy necesario y va a ser un alivio .

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Gahona.

El señor GAHONA.-

Gracias, Presidente.

Estamos frente a un proyecto de ley de vital importancia, uno que tiene un impacto directo en la calidad de vida de nuestras comunidades rurales y en la sostenibilidad de los servicios sanitarios rurales.

Estos servicios, a menudo pasados por alto, son absolutamente esenciales: proveen agua potable y saneamiento en áreas remotas y rurales de nuestra nación, asegurando que miles de ciudadanos tengan acceso a uno de los derechos fundamentales, es decir, el acceso al agua limpia y segura.

En regiones donde los servicios centralizados no llegan, los "APR" -como se llaman- son la columna vertebral que garantiza el acceso a recursos hídricos seguros y confiables. Además, desempeñan un papel vital en el desarrollo sostenible de estas comunidades, apoyando actividades agrícolas y económicas locales y contribuyendo a la disminución de la desigualdad en el acceso a los servicios básicos.

Sin embargo, detrás de esta admirable labor, los servicios sanitarios rurales enfrentan desafíos considerables, especialmente en el ámbito financiero.

Estas organizaciones operan con ingresos limitados, ya que no tienen fines de lucro, y deben mantener las tarifas accesibles para las comunidades rurales. Además, sus costos operativos y de mantenimiento son elevados, a menudo aumentados por la necesidad de gestionar infraestructuras envejecidas o inadecuadas.

La falta de economías de escala y las dificultades para acceder al financiamiento externo agravan aún más su situación, limitando su capacidad para realizar mejoras esenciales y expandir sus servicios.

Estos desafíos financieros, sumados a la aplicación del recargo por horario punta y límite de invierno en las tarifas eléctricas, ponen en riesgo la sostenibilidad y eficacia de estas entidades vitales para el bienestar de las comunidades rurales.

La electricidad constituye uno de los principales costos que enfrentan los APR, siendo el recargo por horario punta excesivamente oneroso. Algunos servicios sanitarios rurales han considerado incluso la suspensión de sus servicios durante estos horarios, lo cual va en contra del objetivo fundamental de brindar un servicio continuo y de calidad a las comunidades.

Es por todo esto, Presidente, que se hace necesaria la aprobación de esta iniciativa legal.

El proyecto de ley tiene como objetivo principal modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para beneficiar a los operadores de servicios sanitarios, es decir, a los APR, con una rebaja en el cobro por recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límite de invierno.

¿Quién paga esto, Presidente ? Estos son subsidios cruzados; esto es mutualización. Y es lo que tenemos que hacer en muchas áreas de nuestra economía.

He dicho, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Saludo a los señores Ministros de Obras Públicas y de Energía.

El proyecto busca modificar la Ley General de Servicios Eléctricos y, lo más importante, rebajar el cobro por recargo de la tarifa eléctrica de horario punta y límite de invierno para los servicios sanitarios rurales, más conocidos como "agua potable rural" (APR).

El costo de la energía eléctrica y su incremento son una materia que preocupa a los sectores rurales de nuestro país, y esto se traduce en que trae mayores dificultades a los sectores más vulnerables.

Los servicios sanitarios rurales, que no tienen fines de lucro históricamente, desde la creación de los comités APR, son una herramienta fundamental para dotar de agua potable a amplios sectores de nuestra geografía que antes no contaban con este vital recurso.

Son estos servicios sanitarios rurales los que se ven patrimonialmente afectados por las alzas de tarifas eléctricas, y los usuarios finales reciben las consecuencias de estas alzas. En general, se trata de familias que se consagran al trabajo de la tierra y que forman parte de la soberanía alimentaria de nuestro país, que debemos cuidar y proteger.

El proyecto en cuestión busca rebajar las tarifas eléctricas, el cobro por recargo, fundamentalmente en horario punta y límite de invierno, fundándose en la importancia del trabajo que realizan estos en los procesos relativos a la provisión de agua potable y saneamiento y la dificultad que tienen para pagar estas tarifas.

Arica y Parinacota es una región que cuenta con el mayor número de servicios sanitarios rurales en el norte grande de nuestro país, totalizando 32, con un número directo de beneficiarios que asciende a 16.889 personas y con un número indirecto considerable.

Ellos se van a ver directamente beneficiados con este proyecto de ley, y fundamentalmente una región que, en función de su microclima, es muy importante como zona agrícola.

Es por ello que este proyecto de ley es de gran trascendencia, al rebajar el recargo de la tarifa eléctrica de horario punta.

Y, por lo tanto, voto a favor, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Senador Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Gracias, Presidente.

Los sistemas de agua potable rural de mi región funcionan muy bien y están a cargo de gente muy responsable. Y, a mi juicio, son un lujo.

¿Cuál es el problema? Que cada vez tenemos menos sistemas funcionando, no tanto porque no haya energía eléctrica, sino porque no hay agua, y cada vez aumentan más los sectores a los que se debe abastecer con camiones aljibe.

Aquí se habla, a mi juicio, en forma ingenua y cándida de los subsidios cruzados, de la mutualización, pero las tarifas son los precios.

No podemos esconder el valor de los precios. Y si la tarifa dice "por favor, a esta hora ahorren electricidad; esta es la hora peak", y no tenemos inversiones importantes en electricidad, vamos a tener cortes de luz.

Entonces, mi pregunta a la señora Ministra y al señor Ministro aquí presentes, a quienes agradezco su presencia, es cuáles son los números de los subsidios cruzados y de la mutualización.

Porque me interesa la sustentabilidad en el largo plazo, la factibilidad de nuevos servicios de agua potable rural. No vaya a ser que se transformen en "servicios cacho" para la provisión de electricidad.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra la Senadora Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA.-

Muchas gracias, Presidente.

Los servicios de agua potable rural son la organización más importante que tenemos en los sectores rurales, por lejos desde el punto de vista de la cobertura, pero también desde el punto de vista de la organización, de la toma de decisiones y de su conexión con otros servicios o Ministerios tan importantes como el Ministerio de la Vivienda. O sea, si hoy día no tenemos factibilidad de agua, no podemos hacer absolutamente nada en Vivienda.

Por eso, saludo a los dos Ministros que hoy día están en la Sala, les agradezco su gestión a ambos, porque una cosa es una moción parlamentaria y otra la disposición del Ejecutivo para tomar esto como una iniciativa que hay que enriquecer.

La Región de O'Higgins, que yo represento en esta Sala, tiene 222 APR -no 220-, y solo nos gana el Maule. Pero además casi la mitad de su población tiene agua potable rural.

Y dentro de sus costos, aparte de la cloración y de la contratación de personal, la tercera fuente de gasto es precisamente la electricidad. Y esta será en la región alrededor de un 12 por ciento menos, cosa que es muy importante frente a las complicaciones financieras que estamos pasando.

Entonces, solo coloco un punto a partir de las experiencias que hemos tenido con los eventos climáticos de junio y de agosto.

Ministra -por su intermedio, señor Presidente -, los servicios sanitarios tuvieron que financiar toda la emergencia. ¡Toda la emergencia!

¿Por qué ocurrió esto? Porque el Ministerio del Interior, cuando tuvo que hacer las fichas alfa, dijo que el agua potable rural era privada, que no tenía un fin público, sino más bien uno privado que tenía que financiarse, y que para eso estaba el Ministerio de Obras Públicas. Pero el Ministerio de Obras Públicas no cuenta con una vía para tratar la emergencia.

Entonces, yo creo que es muy importante, frente al aprendizaje que tuvimos en esta emergencia, que fue brutal para las Regiones de Ñuble, del Maule y de O'Higgins, ver la posibilidad, Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, de crear un fondo de emergencia para estas situaciones, a fin de evitar el desfinanciamiento que hoy día tienen los APR.

Muchos APR se están quedando sin poder entregar el servicio por estar absolutamente desfinanciados. Y no pueden, por ejemplo, pagar las cuentas de la luz, y son tratados como cualquier otro cliente, ¡como cualquier otro cliente!

Entonces, creo que aquí tenemos que explicar a las distribuidoras de energía que este es un sistema en el cual... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo).

¿Me da treinta segundos, Presidente?

El señor COLOMA (Presidente).-

Le vamos a dar un minuto más.

La señora SEPÚLVEDA .-

Decía que es un sistema en el cual se entrega no solo la luz al sector, sino también el agua.

Entonces, Ministra -por su intermedio, Presidente-, espero que en el próximo presupuesto se busque la forma de incorporar este ítem de emergencia en Obras Públicas, en la DOH.

Muchas gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidente.

Sin duda, todos conocemos el sacrificio que hacen muchos dirigentes que encabezan los APR en nuestras regiones. Sin duda, como lo manifestaba la Senadora Sepúlveda, los eventos climáticos que hemos tenido en el último tiempo, relacionados con los incendios que dañaron grandemente la infraestructura de muchos de nuestros APR y las lluvias, nos han causado una afectación importante.

Por eso, uno agradece la rapidez con que se tramitó este proyecto en la Comisión de Recursos Hídricos, que preside el Senador Gahona, porque demuestra que hay una conciencia de la situación que viven muchos de nuestros APR a nivel nacional.

Hay algunos que son grandes, que cuentan con una administración que les permite ir haciendo las inversiones necesarias. En este sentido, existe un proyecto, que tiene que ver con la DOH, que va haciendo una normalización, en que hay una inversión importante del Estado para que exista un estándar bien definido. Porque hoy día tenemos tres tipos de APR: los que fueron hechos con el estándar de la DOH; aquellos financiados a través de los gobiernos regionales, con otro estándar; y otros que no tienen ningún estándar, sino que solamente satisfacen una necesidad, como es el agua potable, que se construyeron en base a fondos Presidente de la República , que obviamente ayudaron en su minuto.

Pero debemos trabajar en subir el estándar, en ponerles patines a todos los APR, a fin de que finalmente podamos tener una sociedad y un país donde todas las personas tengan derecho a hacer uso de agua potable. Esto es muy simple para los que vivimos en la ciudad, pero también conocemos la realidad en nuestros campos, donde se tiene que recurrir a este tipo de implementación para poder abastecerse de agua potable.

Así que creo que este proyecto va en la línea correcta.

Agradezco al Senador Gahona -reitero-, por el trabajo que hizo en la Comisión para poder avanzar en la disposición del Gobierno a fin de hacer suyo este proyecto. Porque hay que reconocer que esto nace como una moción parlamentaria. Hubo vicios de inconstitucionalidad. Pero finalmente el Gobierno toma el guante, se hace cargo, y podemos avanzar en dar este beneficio, que no sé si es un beneficio, porque finalmente contribuye a dar un mejor capital de trabajo a todos nuestros APR a lo largo y ancho de nuestro país.

Así que voto a favor, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Presidente , en un día que considero triste para el país por el proyecto de ley que vamos a ver en un momento más, porque no debiésemos estar discutiendo siquiera los temas referidos a violadores de derechos humanos, sino los que afectan a nuestros compatriotas, este proyecto de los APR es una buena noticia.

Como aquí se ha dicho, los APR constituyen un elemento fundamental en los sectores rurales de nuestro país. En estos lugares generan las condiciones fundamentales para sacar adelante las iniciativas destinadas a dotar de un vital elemento a las familias de nuestro país.

En ese sentido, quiero valorar el esfuerzo del Gobierno, en particular del Ministro Pardow y de la Ministra López , por este proyecto, que viene a aliviar en parte las complicaciones que se generan con los cobros eléctricos para los APR, sobre todo en los últimos años y en el período pospandemia.

A la vez, quisiera también, señora Ministra , darle las gracias porque, como Presidente de la Comisión de Vivienda del Senado , hemos trabajado muy de la mano con usted para sacar adelante la famosa glosa 13, que ya está permitiendo que a través de las direcciones de obras hidráulicas se estén solucionando problemas atingentes a dar las factibilidades para cumplir el compromiso presidencial del Presidente Boric , en el marco del Plan de Emergencia Habitacional.

No obstante, señora Ministra, queremos pedirles apoyo a ambos, porque aún tenemos problemas.

Soy de una región del sur donde llueve harto, pero tenemos escasez hídrica.

Cuando el Ministerio del Interior no otorga el decreto de escasez hídrica, tenemos los problemas que están viviendo miles de familias hoy día. En Puerto Montt, La Vara , Metrenquén, Maullín , Calbuco , Chiloé hay familias a las que no les está llegando el agua porque no tenemos el famoso decreto, y los municipios no pueden contratar los famosos camiones aljibe. Yo soy enemigo de los camiones aljibe porque sus dueños se han hecho millonarios; debiésemos ir por las soluciones concretas para llevar el agua. Pero sabemos que es un proceso muy largo, que va a significarnos varios años de trabajo.

Pero les quiero pedir a ambos Ministros que nos ayuden a hacer comprender al Gobierno, a nuestro Gobierno, que hay familias que están sufriendo sin agua; que esto no solo es de la zona central, sino también de las regiones del sur de Chile.

Esta semana hubo dos manifestaciones producto de esta situación, por la que las familias simplemente no están recibiendo el vital elemento.

Eso nos preocupa sobremanera, porque claramente el agua es una necesidad insustituible en el día a día. Uno puede estar algunos días, como ha ocurrido, sin luz, y ya es un problema. Pero estar sin agua tiene que ver también con aspectos sanitarios, con la salud, y tiene que ver, señora Ministra Jessica López , con los derechos humanos.

He dicho, Presidente .

Por cierto, vamos a votar a favor de este proyecto.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senador.

Senadora Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.-

Presidente , parto anunciando mi voto favorable a este proyecto.

Agradezco el patrocinio del Ejecutivo , porque, si no, habría sido inadmisible y no lo hubiera podido votar favorablemente.

Creo que es un proyecto necesario y justo.

Insisto: voy a votar favorablemente.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con los llamados "subsidios cruzados", porque estos, a los que últimamente llama el Gobierno, son pagados por todos los consumidores y no por el Estado.

Entonces, hay que decir que lo que en justicia se les rebaja a todas los APR lo va a pagar el resto de los consumidores de las zonas urbanas, en que también hay gente muy vulnerable.

Y asociado a eso, estamos discutiendo en la Comisión de Energía el proyecto de estabilización.

Recuerdo que desde el año 2019 las tarifas eléctricas están congeladas, primero, por el estallido; luego, por la pandemia. Pero en un momento hay que volverlas a la normalidad.

La propuesta del Ejecutivo en eso, también para ayudar a las personas más vulnerables, es el llamado "subsidio cruzado", en que el 80 por ciento lo vamos a pagar todos y solo el 20 por ciento lo va a aportar el Gobierno.

Entonces, ojo en cómo les estamos cargando la mano a los consumidores finales, donde también hay gente vulnerable.

Me hubiese gustado que el patrocinio incluyera hacerse cargo también de lo que estos costos significaban, y no que se traspasaran a todos los consumidores finales.

Dicho lo anterior, estaba leyendo el informe de la Comisión, en que se destaca el anuncio del Ejecutivo de seguir construyendo desaladoras de menor tamaño para abastecer APR. Mi región ya tiene una en Tarapacá, que fue construida el año 2010 o 2012, por ahí. Me tocó ser intendenta cuando se construyó esa desaladora, que está en Chanavayita, y la idea era no solamente abastecer a esta, sino a todas las caletas rurales.

Pero, Ministra , aprovecho de decirle que hay un problema de descoordinación entre la DOH, el MOP y la Delegación Presidencial. Desde el sábado pasado todas las caletas al sur de Iquique están sin agua, porque las desaladoras no están funcionando, hay problemas.

Entonces, no vale la pena hacer las inversiones si después no le enseñamos a la gente cómo deben funcionar, y se las entregamos para que ellos las administren sin los conocimientos adecuados.

¿Cuál es el resultado? Que una tremenda inversión se queda sin producir el gran efecto que se busca, que es entregar el agua potable.

Se lo solicito encarecidamente, Ministra .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

¿Necesita más tiempo?

La señora EBENSPERGER.-

No, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ya.

Tiene la palabra la Senadora Loreto Carvajal.

La señora CARVAJAL.-

Gracias, Presidente.

La verdad es que mis primeras palabras son de reconocimiento y de profunda gratitud tanto a la Ministra de Obras Públicas, Jessica López, como al Ministro de Energía, Diego Pardow.

Para nadie es un misterio que la gran mayoría de la población de la Región de Ñuble, a excepción de Chillán, es rural. Las veinte comunas restantes subsisten hoy día tratando de mejorar su calidad de vida y su dignidad gracias a estos propósitos y a estas respuestas que les hacen mucho sentido, más todavía cuando hemos sido muy golpeados no solo por lo que significó la pandemia, sino también por lo que fueron los incendios forestales y las inundaciones.

Y ahí han estado presentes los dos Ministros que tenemos aquí enfrente, en representación de nuestro Presidente Boric, lo cual me parece muy meritorio.

Lo mismo en el avance de este proyecto, donde se tomó una moción de varios parlamentarios para darle una suerte de fast track o de rápida tramitación y poder brindarles un desahogo a todas las comunidades rurales que ven en el pago de lo que significa la operatividad de los sistemas de APR una alta injerencia del consumo de electricidad.

Por cierto, se trata de clientes regulados que están bajo las normas de la libre competencia, pero muchas veces la falta de solidaridad, sobre todo de las empresas más grandes, no genera un buen servicio, a lo que no solo se suman las catástrofes, sino también los cortes permanentes que implican una subsistencia -y perdónenme la expresión- demasiado jodida o demasiado dura.

Acceder a la disminución de las tarifas cuando hay una supernecesidad aminora lo que en Ñuble sabemos muy bien, porque además somos la región que tiene la más alta vulnerabilidad.

Hoy día, solo para señalarlo, existen 237 sistemas de APR, más de 3 mil arranques que les dan subsistencia a casi 140 mil habitantes de nuestra Región de Ñuble.

Por lo tanto, creemos que este proyecto no solo va en el sentido correcto, sino que hace total eco de lo que son la justicia social y la dignidad, porque cuando una persona accede al agua no solo ve mejorada su vida. El ver las caras emocionadas por tener agua en un baño dentro de su casa no tiene precio y conlleva el valor profundo de ser una respuesta eficaz a su dignidad.

Por tanto, valoro este proyecto.

Ojalá le demos una tramitación más ágil a muchas iniciativas que van en beneficio directo de nuestras comunidades rurales y que generan, con total certeza, esa justicia y esa dignidad que tanto echa de menos nuestra gente del campo.

Así que, por supuesto, anuncio mi voto a favor.

Muchas gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Tiene la palabra el Senador García.

El señor GARCÍA.-

Muchas gracias, Presidente.

Saludo a la Ministra de Obras Públicas y al Ministro de Energía.

Como bien han explicado todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, este es un proyecto muy necesario y que hace mucha justicia con el tremendo esfuerzo que realizan los dirigentes por mantener vigentes y al día sus proyectos de agua potable rural.

Pero, además, señor Presidente , quiero aprovechar la presencia del Ministro de Energía y de la Ministra de Obras Públicas para señalar que hoy día tenemos los proyectos de electrificación rural completamente detenidos, por lo menos en la Región de La Araucanía.

Y hay dos razones por las que no se están financiando este tipo de proyectos.

En primer lugar, el monto límite del subsidio por familia, que está fijado en algo más de 500 UF, muy poquito más de 500 UF, está completamente superado por los altos costos actuales.

Ese valor fue fijado hace catorce años y, si bien está en unidades de fomento, los costos de construcción de los nuevos proyectos de electrificación rural han superado con creces el valor de la respectiva unidad de fomento.

Eso, por un lado.

El monto límite de subsidio por familia debemos modificarlo, corregirlo y subirlo significativamente.

Lo segundo es que se obliga a las empresas que participan de la construcción de proyectos de electrificación rural a aplicar descuentos al cálculo de los componentes del valor agregado de distribución, según el artículo 183 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Esto hace que no haya empresas eléctricas interesadas en construir proyectos de electrificación rural.

Señor Presidente, sé que este es un problema que todos los gobernadores regionales están tratando de resolver, porque todos ellos le enviaron una carta a la Directora de Presupuestos hace ya un par de meses.

Y quiero dirigirme particularmente al Ministro de Energía . Ministro , necesitamos su personal preocupación para que esto salga luego y podamos recuperar la inversión en electrificación rural y darles a aquellas familias, que normalmente son las que están más lejos, este vital servicio.

Quise señalar esto porque no podemos tener una política social tan tan importante, como la electrificación rural, completamente detenida por los factores que he indicado.

Gracias, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Tiene la palabra el Senador Daniel Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Gracias, Presidente.

Lo primero que quiero destacar es que este proyecto de ley se originó en una moción de la Diputada Nathalie Castillo, del Partido Comunista, de la Región de Coquimbo. Y eso es importante porque quiere decir que tenemos que estar en terreno, escuchar los problemas que nos plantea la gente y ser capaces de llevarlos al Parlamento.

Y agradezco también que haya sido tramitado en forma muy ágil en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado.

Esto permite que el proyecto, que contó además con la urgencia que decretó el Ejecutivo , tanto el Ministro de Energía como la Ministra de Obras Públicas , pase a ser ley. Es decir, me imagino que podría estar en vigencia con su respectivo reglamento, aunque es un proyecto de ley sencillo, en el mes de marzo de este año, lo cual es un tremendo avance porque los comités de agua potable rural, hoy llamados de acuerdo a la nueva ley "servicios sanitarios rurales", al final son organizaciones comunitarias. Es decir, organizaciones en las que la gente gestiona la administración del agua y que en muchos casos tienen que pagar los costos derivados de la operación de estos sistemas.

Entonces, disminuir el costo permanente del gasto de energía es tremendamente relevante.

En este sentido, la reducción de costos por el uso de energías, si se aprueba la iniciativa, sería de un 16 por ciento, una cantidad que es muy importante porque tenemos APR que están en zonas rurales, donde los ingresos económicos de las familias son bajos, precarios y, por lo tanto, el pago del agua potable es una carga muy importante que se siente en el peso del presupuesto familiar a fin de mes.

Por último, Presidente -y no es menor mencionarlo también-, esto es una ayuda para la Región de Coquimbo, que hoy día está enfrentando una dura sequía en las provincias del Limarí y del Elqui, pero especialmente en Limarí.

Entonces, en comunas como Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado es tremendamente necesario tener apoyos para enfrentar esta situación de emergencia, por lo que este proyecto de ley constituye en sí mismo un apoyo, dado que va a hacer que disminuya el costo de la energía, que en las horas punta lamentablemente es bastante alto.

Por lo tanto, destaco el avance que significa este proyecto de ley. Ojalá sea aprobado en forma unánime en el Senado.

Sería una muy buena señal de preocupación por el mundo rural y por territorios que muchas veces no están presentes en el debate público, como ocurre con los problemas que azotan a las grandes ciudades.

Y es una señal muy importante, Presidente, para las regiones porque los APR o los nuevos servicios sanitarios rurales eminentemente están presentes en ellas.

En ese sentido, me parece que es muy muy relevante la aprobación de este proyecto.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

La señora EBENSPERGER.-

¿Puede abrir la votación, Presidente?

El señor COLOMA (Presidente).-

Vamos a abrirla.

Quedan algunos inscritos, pero son pocos.

La señora ALLENDE.-

Abramos la votación, Presidente .

El señor INSULZA.-

Eso. Ábrala.

El señor COLOMA (Presidente).-

Es lo que voy a hacer.

La idea es siempre oír la argumentación, luego de lo cual se abre la votación.

Solicito abrir la votación.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación general y particular el proyecto.

(Durante la votación)

Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

Gracias, Presidente.

Como soy parte de la Comisión de Recursos Hídricos, celebro la aprobación, creo que unánime, de este proyecto en el Senado.

Básicamente, quiero hacer solo una reflexión porque todos hemos felicitado la iniciativa.

Estos 2.368 sistemas a nivel nacional, que informaba la Ministra -buenas tardes, Ministra de Obras Públicas y Ministro de Energía -, para el caso de la Región de La Araucanía no son un tema menor.

Tenemos prácticamente el 10 por ciento de los sistemas de agua potable (cerca de 285) y alrededor de 200 mil personas que dependen de esta agua.

Uno podría decir: "El APR tiene falencias". Sí, pero también tiene un voluntariado extraordinario.

Y a eso me quiero referir.

La precariedad -también lo dijeron otros Senadores- en la que trabajan los APR, con excepciones obviamente, es muy grande. Al menos en la Región de La Araucanía, son horas por concepto de administración, preocupación, sobre todo en tiempos de verano, pues los pozos de muchas familias son pequeños y en esta época ya comienzan a fallar.

Y en ese contexto, creo que la incorporación de personal especializado -no sé si se ha mencionado-, que ya está en concurso para hacerse cargo en regiones de oficinas que van a atender a los dirigentes, es algo provechoso. Y probablemente, a partir de eso, se podrá levantar la información necesaria para ver cómo desde el Estado apoyamos este trabajo, que no tiene costo fiscal, pero que a fin de cuentas, si tuviéramos que dimensionarlo en recursos, es muchísimo tiempo, muchas horas hombre que se dedican a esto, sobre todo cuando fallan los sistemas por lo que todos hemos señalado. El tener motores diésel para reemplazar la energía eléctrica, tan costosa en horas punta, hace que hoy día sean muy complejos el financiamiento y la mantención.

Me quedan pocos segundos.

Solo quiero felicitar esta iniciativa, pero hay mucho más por hacer para profesionalizar y apoyar lo que se hace hoy día en APR. Es un tremendo esfuerzo de los dirigentes y debiera ser premiado por el enorme sacrificio que realizan por toda su comunidad.

Voy a votar a favor, obviamente, y espero que podamos ver más iniciativas como esta en el futuro.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senadora.

Tiene la palabra el Senador Gastón Saavedra.

El señor SAAVEDRA.-

Gracias, Presidente.

No cabe duda de que este es un desafío país.

Si uno hace un resumen y una síntesis de lo que ocurre en todas nuestras regiones, nos vamos a encontrar con que tenemos grandes dificultades en cuanto a la gestión en la distribución del agua potable, tanto para el consumo humano como para los regadíos de la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina.

De ahí que se deben tomar medidas.

Por un lado, este proyecto va a contribuir siendo un paliativo frente a las cargas en los consumos eléctricos y también ante la incapacidad de quienes administran el agua potable rural vigente, que sufren cortes, mejorando la distribución de agua de aquellos que sí tienen el APR funcionando.

Entonces, en buena hora llega este proyecto, que espero sea aprobado por unanimidad.

Pero también está el otro desafío, como lo que ocurre en nuestra región, en la provincia de Biobío particularmente, una provincia esencialmente agrícola, cuyas trece de sus catorce comunas sufren una crisis hídrica producto de las dificultades que genera el cambio climático.

Allí hay ideas que esperamos se aceleren, que es lo que está pidiendo la Asociación de Municipios Cordilleranos, encabezada por el Alcalde de Mulchén, don Jorge Rivas.

¿De qué se trata? De avanzar en proyectos donde se han instalado paneles fotovoltaicos para generar electricidad y, con ello, el movimiento de la bomba impulsora para poder cubrir los regadíos.

¿Qué se pide allí, señora Ministra ? Que se acelere el proceso, que se incorporen asistencias técnicas, porque además son municipios débiles -y lo digo con todo el respeto que esto significa- en cuanto a la capacidad técnica que se necesita para sacar adelante estos proyectos.

En suma, se requiere un trabajo mucho más coordinado, mucho más afiatado, que apunte a superar las condiciones de crisis hídrica en que viven estas trece comunas de la provincia de Biobío, al igual que otras tantas, en menor cantidad pero no en más bajo número de familias, en las provincias de Biobío y de Concepción.

Por lo tanto, se trata de un proyecto que contribuye a la mantención del agua potable rural como servicio esencial para la vida de las personas.

Y, en segundo lugar, debemos optimizar todos los esfuerzos para complementar recursos y asistencia técnica, que permitan sacar adelante las tareas relacionadas con la innovación tecnológica al servicio del agua potable para el consumo de las personas.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Esperemos. Vienen dos Senadores.

La señora ALLENDE.-

¿Hay problemas con la votación, Presidente?

El señor INSULZA.-

¡No queda nadie ya!

El señor COLOMA (Presidente).-

No. No hay problemas con la votación.

Vamos a esperar treinta segundos.

(Pausa).

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Cerrada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (39 votos a favor y 1 pareo), y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Campillai, Carvajal, Ebensperger, Gatica, Núñez, Órdenes, Pascual, Provoste, Sepúlveda y Vodanovic y los señores Castro González, Chahuán, Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Espinoza, Flores, Gahona, Galilea, García, Insulza, Kusanovic, Kuschel, Lagos, Latorre, Macaya, Moreira, Núñez, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Soria y Van Rysselberghe.

No votó, por estar pareado, el señor Araya.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Además, en la Mesa se encuentran registrado dos pareos.

El señor COLOMA ( Presidente ).-

Aprobado, por tanto, en segundo trámite constitucional, el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales.

Va a la Cámara de Diputados.

Valparaíso, 23 de enero de 2024.

Nº 61/SEC/24

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales, correspondiente al Boletín Nº 16.051-08.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 19.131, de 3 de enero de 2024.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

VALPARAÍSO, 24 de enero de 2024

Oficio Nº 19.208

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales, correspondiente al boletín Nº 16.051-08, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY

“ Artículo único.- Incorpórase en el decreto con fuerza de ley N° 4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, a continuación del artículo 191, el siguiente artículo 191 bis:

“Artículo 191 bis.- En el caso de los operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos para ser licenciatarios conforme al artículo 13 de la ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, se les aplicará un descuento equivalente al monto a facturar por concepto de precio nudo de la potencia de punta al que hace referencia el numeral 1 del artículo 155. Dicho descuento se verá reflejado en la respectiva facturación, de acuerdo con el artículo 198.

Los referidos descuentos deberán ser contabilizados por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de incorporar dichos montos en la fijación de precios a que se refiere el artículo 158, los que luego serán traspasados a las empresas concesionarias de distribución. La Comisión, mediante resolución exenta, establecerá las reglas necesarias para la implementación y operación de lo dispuesto en este inciso.”.

Artículo transitorio.- Los descuentos a que se refiere el artículo 191 bis, incorporado en la Ley General de Servicios Eléctricos por el artículo único de esta ley, deberán efectuarse por las respectivas empresas concesionarias desde su publicación en el Diario Oficial.

Por su parte, la contabilización de dichos descuentos será efectuada por la Comisión Nacional de Energía, a efectos de su traspaso a las referidas concesionarias de distribución, en la primera fijación de precios de nudo promedio correspondiente al año 2024.”.

*****

Hago presente a V.E. que esta iniciativa de ley tuvo su origen en una moción de las diputadas Nathalie Castillo Rojas, María Candelaria Acevedo Sáez, María Francisca Bello Campos, Carolina Marzán Pinto, Emilia Nuyado Ancapichún y Marisela Santibáñez Novoa, y de los diputados Héctor Barría Angulo, Alejandro Bernales Maldonado, Matías Ramírez Pascal y Nelson Venegas Salazar.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ

Secretario General de la Cámara de Diputados