Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III. LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- INDICACIÓN
- Narciso Irureta Aburto
- Luis Papic Ramos
- INDICACIÓN
- RECURSOS PARA OBRAS PUBLICAS EN LAS PROVINCIAS DE CAUTIN, VALDIVIA, OSORNO Y LLANQUIHUE. REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR NO PROMULGACION DE LA LEY.
- INTERVENCIÓN : Narciso Irureta Aburto
- INTERVENCIÓN
- Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Narciso Irureta Aburto
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Luis Fernando Luengo Escalona
- INTERVENCIÓN : Hugo Miranda Ramirez
- INTERVENCIÓN : Julio Ernesto Von Muhlenbrock Lira
- INTERVENCIÓN : Narciso Irureta Aburto
- DESPEDIDA DE SENADORES QUE CESAN EN SUS CARGOS.
- INTERVENCIÓN : Ricardo Ferrando Keun
- INTERVENCIÓN : Luis Fernando Luengo Escalona
- CREACION DEL DEPARTAMENTO DE PERALILLO.
- INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
- MODIFICACION A LA LEY QUE CREO EL PEQUEÑO DERECHO DE AUTOR.
- INTERVENCIÓN : Tulio Renan Fuentealba Moena
- LECTURA DE LA CUENTA
- IV. ORDEN DEL DIA.
- CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y CAPACITACION PENITENCIARIA.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Luis Fernando Luengo Escalona
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Luis Fernando Luengo Escalona
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Tomas Chadwick Valdes
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Foncea Aedo
- INTERVENCIÓN : Jorge Insunza Becker
- INTERVENCIÓN : Tulio Renan Fuentealba Moena
- MODIFICACION DE LEY 17.386, QUE BENEFICIA A DETERMINADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y TALLERES ARTESANALES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Tulio Renan Fuentealba Moena
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Alberto Jorge Jerez Horta
- INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Pedro Ibanez Ojeda
- INTERVENCIÓN : Tomas Chadwick Valdes
- INTERVENCIÓN : Tulio Renan Fuentealba Moena
- INTERVENCIÓN : Julio Ernesto Von Muhlenbrock Lira
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Ricardo Ferrando Keun
- CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y CAPACITACION PENITENCIARIA.
- V.- TIEMPO DE VOTACIONES.
- PUBLICACION DE DEBATE.
- MODIFICACION DE LEY SOBRE EL PEQUEÑO DERECHO DE AUTOR. TRAMITE A COMISION.
- VI.- INCIDENTES.
- PETICIONES DE OFICIOS.
- Del señor Hamilton: CONSTRUCCION Y REPARACION DE CUARTELES DE BOMBEROS EN LOCALIDADES DE CHILOE.
- COLOCACION DE LAMPARAS EN EDIFICIO DE CORREOS DE ANCUD (CHILOE).
- FALTA DE VUELOS LAN A CHILE CHICO (AISEN).
- NO PAGO DE ASIGNACION DE ZONA A JUBILADOS DE ACHAO (CHILOE).
- Del señor Moreno:POSTA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MOLINEROS, SANTA CRUZ (COLCHAGUA).
- Del señor Ochagavía: IMPORTACION DE MAIZ.
- ACTUACION DEL AGENTE DEL BANCO CENTRAL EN LA SUCURSAL DE CASTRO (CHILOE).
- PROBLEMA OCASIONADO POR MANIPULADORAS CONTRATADAS POR LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DE ANCUD (CHILOE).
- REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LOCOMOCION COLECTIVA DE PUERTO NATALES (MAGALLANES).
- Del señor Silva Ulloa: PAGO DE REEMPLAZOS HECHOS POR DOÑA MARIA CIFUENTES ROJAS.
- Del señor Valente: MAYOR ABASTECIMIENTO PARA ECA Y CREACION DE AGENCIA DE DINAC EN CALAMA (ANTOFAGASTA).
- BUSTO DE ARTURO PRAT PARA PLAZA HOMONIMA DE CALAMA (ANTOFAGASTA).
- PROBLEMAS DE LOCOMOCION COLECTIVA EN ARICA (TARAPACA).
- DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE EN TARAPACA.
- OBRAS PUBLICAS Y OTRAS EN POBLACION PRAT DE CALAMA (ANTOFAGASTA).
- CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 3º DE LA LEY Nº 17.663.
- Del señor Valenzuela: AMBULANCIA PARA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALCANTARA (COLCHAGUA).
- VIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA CEPAL.
- HOMENAJE : Pedro Ibanez Ojeda
- PETICIONES DE OFICIOS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA.
Sesión 103ª, en miércoles 16 de mayo de 1973.
Ordinaria.
(De 16.14 a 19.24).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE ,
Y TOMAS REYES VICUÑA Y ALEJANDRO NOEMI HUERTA, PRESIDENTES ACCIDENTALES.
SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO , Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA .
INDICE.
Versión taquigráfica.
Pág.
I.- ASISTENCIA 4233
II.- APERTURA DE LA SESION 4233
III.- LECTURA DE LA CUENTA 4233
Recursos para obras públicas en las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue. Requerimiento al Tribunal Constitucional por no promulgación de la ley 4233
Despedida de Senadores que cesan en sus cargos 4238
Creación del departamento de Peralillo 4241
Modificación de ley que creó el Pequeño Derecho de Autor 4242
IV.- ORDEN DEL DIA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que crea el Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria (se aprueba en general) .. 4242
Proyecto de ley, en segundo trámite, modificatorio de la ley Nº 17.386, que beneficia a empresas industriales y artesanales (se aprueba) .. 4254
V.- TIEMPO DE VOTACIONES:
Publicación de debate 4265
Modificación de ley sobre Pequeño Derecho de Autor. Trámite a Comisión 4265
VI.- INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncian) 4265
Vigésimoquinto aniversario de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (Observaciones del señor Ibáñez) 4270
VERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Ballesteros Reyes, Eugenio Bossay Leiva, Luis Bulnes Sanfuentes, Francisco Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Chadwick Valdés, Tomás Duran Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Gormaz Molina, Raúl Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Montes Moraga, Jorge Moreno Rojas, Rafael Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Palma Vicuña, Ignacio Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Silva Ulloa, Ramón Tarud Siwady, Rafael Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo, y
Von Mühlenbrock Lira, Julio.
Concurrió, además, el señor Ministro de Justicia, don Sergio Insunza Barrios.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamata.
II.-APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la, sesión a las 16.14; en presencia de 12 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.LECTURA DE LA CUENTA.
El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Indicaciones.
Una de los Honorables Senadores señores Irureta y Papic, con la que solicitan que el Senado formule requerimiento ante el Tribunal Constitucional, a fin de que disponga la promulgación del proyecto de ley que otorga recursos para la realización de diversas obras públicas en las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue, comunicado al Ejecutivo por la Honorable Cámara de Diputados el 18 de julio de 1972.
RECURSOS PARA OBRAS PUBLICAS EN LAS PROVINCIAS DE CAUTIN, VALDIVIA, OSORNO Y LLANQUIHUE. REQUERIMIENTO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR NO PROMULGACION DE LA LEY.
Pido la palabra sobre la Cuenta.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra Su Señoría.
Señor Presidente, la iniciativa que no ha sido promulgada concede a las municipalidades de las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue el producto de la retención del 5% de todos los impuestos que se perciban en las jurisdicciones de esos municipios, con excepción de los tributos provenientes de la ley N° 12.120. Con ello se responde a una aspiración muy sentida y sostenida por mucho tiempo por aquellas corporaciones edilicias.
Además, la iniciativa destina 20% de los fondos de la ley de Fomento, para las municipalidades de las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, con el objeto de que impulsen en sus respectivas comunas obras de desarrollo para las cuales se carece de financiamiento.
Se trata de un proyecto de ley totalmente despachado por la Cámara y el Senado, comunicado al Ejecutivo, como lo dice la indicación, por la Cámara de Diputados el 18 de julio de 1972. No fue vetado dentro del plazo constitucional, y hasta la fecha no ha sido promulgado por el Ejecutivo, faltando gravemente a su obligación constitucional, como también ha ocurrido anteriormente con numerosas otras iniciativas.
Por estos motivos, con el Honorable señor Papic formulamos indicación para que el Tribunal Constitucional disponga la promulgación del proyecto, porque no hay ningún obstáculo constitucional para que rija plenamente como ley de la República.
Por eso me permito solicitar que la Sala por unanimidad acoja esta petición, que no tiene otro objeto que hacer cumplir una obligación constitucional que compete al Ejecutivo.
En verdad, hace casi exactamente 9 meses que el Ejecutivo no cumple con su obligación constitucional de promulgar en 30 días un proyecto despachado por el Congreso, o en ese lapso hacer uso de su derecho a vetarlo.
La iniciativa en referencia interesa enormemente a las provincias del sur de Chile.
Los Senadores nacionales adherimos con todo agrado a la indicación presentada por los Honorables señores Papic e Irureta.
Hay una proposición muy específica del Honorable señor
Irureta, quien ha solicitado unanimidad para acogerla.
A mi vez, yo pido a los Senadores firmantes de la indicación que me permitan informarme acerca de esta materia en las propias esferas de Gobierno.
En verdad, no puedo dudar de lo señalado por el señor Senador en cuanto a que ese proyecto no se promulgó. Naturalmente no es lo correcto y natural no hacerlo, pero por lo menos debemos informarnos de lo que ocurre con el objeto de actuar a plena conciencia.
Sólo esta circunstancia nos priva de dalla unanimidad que pide el señor Senador.
El texto íntegro del proyecto está agregado a la indicación a que dio lectura el señor Secretario durante la Cuenta.
Si el Honorable señor Montes lo desea, puede imponerse de inmediato del contenido de la iniciativa, que me permití resumir.
Por supuesto tendría mucho valor que el Honorable colega, como Senador de Gobierno, se preocupara de que el Ejecutivo cumpliera su obligación constitucional sin necesidad de este requerimiento. Pero una cosa no se opone a la otra, y sin perjuicio de que Su Señoría haga lo que señala, creo que sería útil, para fines prácticos, que el Senado acordare de inmediato formular el requerimiento al Tribunal Constitucional.
En votación la indicación de los Honorables señores Irureta y Papic.
(Durante la votación).
Señor Presidente, yo pensaba inclusive recurrir a un arbitrio reglamentario para posponer el pronunciamiento del Senado sobre el particular. Me parecía que era posible, pero ya en este instante no procede hacerlo. Iba a pedir segunda discusión o aplazamiento de la votación, a fin de darme el tiempo necesario para consultar y conocer la materia.
Desgraciadamente, no tengo aquí en la mesa los fundamentos del proyecto, aunque el señor Irureta dijo que estaban junto con la indicación.
Deseaba tener conocimiento del asunto para fundar nuestra opinión frente al requerimiento solicitado al Tribunal, y personalmente realizaré una gestión directa para conocer la situación, ya que me parece realmente inoficioso adoptar el acuerdo de inmediato.
Por esa razón, voto que no.
No se trata de saber qué iniciativa no se ha promulgado. Basta con saber que se trata de un proyecto de ley que ha cumplido todos los trámites Constitucionales y que ha vencido el plazo que estipula la Constitución Política del Estado para que el Gobierno lo promulgue, y que éste no ha procedido a cumplir con esa obligación. Por lo demás, no es la primera vez que ocurre.
El Senado recordará que en oportunidades anteriores he planteado situaciones similares a la señalada por el Honorable señor Irureta, a fin de que se requiera al Tribunal Constitucional, y nos hemos encontrado con una situación muy curiosa.
No se trata de que el Gobierno no quiera promulgar un proyecto o se niegue a hacerlo. Muchas veces hay sólo negligencia para cumplir algo que nos parece tan solemne, fundamental y sagrado en la formación de la ley, como es el trámite constitucional de promulgarla.
Además, no es un caso aislado, ya que hay muchos más, y la Secretaría del Senado puede dar fe de ello. Por ejemplo, el proyecto que da recursos para la extensión y financiamiento de la educación superior en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes fue vetado por el Gobierno. Posteriormente éste reconsideró su actitud y retiró el veto; pero pasaron 30, 40 ó 50 días antes de que se promulgara la ley respectiva, porque se le había traspapelado, se le había perdido la documentación, y la Secretaría tuvo que entregarle copia autorizada de los documentos para que se procediera a la promulgación.
Cómo no va a contrastar esto con lo que han hecho ayer el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Justicia, que frente a una reforma constitucional han promulgado sólo una parte adjetiva, en abierta violación de claras disposiciones constitucionales. En efecto, no han promulgado la esencia, lo fundamental de la reforma constitucional y han recurrido al Tribunal Constitucional, frente al cual el Congreso hará valer oportunamente la incompetencia de aquél para conocer de esa materia.
De manera que para el Gobierno las normas constitucionales sirven, son buenas y legales cuando lo benefician y le convienen. En cambio, cuando no le convienen, las considera malas, las rechaza, las elude o le son indiferentes.
Por esta razón, salvo que queramos desconocer la naturaleza de las funciones que cumple esta Corporación y la responsabilidad que ha jurado asumir durante los próximos ocho años la mayor parte de los que están aquí, no podemos negarnos a este requerimiento, quienquiera que lo haga y cualquiera que sea el proyecto en el cual incida, nos guste o no nos guste el contenido del mismo.
En consecuencia, voto favorablemente la indicación para requerir en esta materia la intervención del Tribunal Constitucional.
Señor Presidente, es obvio que la petición formulada por los Honorables señores Irureta y Papic debe ser acogida por el Senado, porque se trata de un proyecto de ley que está en situación de promulgarse; o sea, no hay nada más que hacer. Y si la iniciativa se halla en esas condiciones, es lógico que el Ejecutivo cumpla con su deber de promulgar la ley.
Por eso, no entiendo por qué no votan todos los señores Senadores a favor de la indicación. Oponerse a ella significaría desconocer validez al Parlamento. Porque respecto de una iniciativa por él aprobada y en condiciones de promulgarse como ley, bastaría la simple decisión del Presidente de la República para no cumplir este último trámite.
En consecuencia, me parece que si el proyecto está en condiciones de promulgarse y el acto de promulgación no se ha efectuado, sólo procede formular el requerimiento pertinente ante el Tribunal Constitucional.
Voto que sí.
Señor Presidente, deploro la actitud del Honorable señor Montes, que en el hecho no digo que sea ésa su intención viene a confirmar y reiterar una actitud inconstitucional del Ejecutivo.
Para destacar más aún la gravedad de la situación, quiero insistir en que se trata de un proyecto que destina 5% de los impuestos recaudados en la zona de su jurisdicción a las municipalidades de Cautín, Valdivia y Llanquihue, y 20% de los fondos que señala el artículo 43 de la ley 17.282, de Fomento Regional, a las municipalidades de las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue para obras de desarrollo.
La ley pertinente debió promulgarse no después del mes de agosto del año pasado. De suerte que a lo largo de todo este año se está privando a esos municipios de ingresos que legalmente les corresponden.
Para que el Senado se forme idea sobre el perjuicio que se causa a las referidas municipalidades con esta situación, sólo deseo señalar que la ley de Fomento significa este año una entrada de 200 millones de escudos en la provincia de Valdivia y de igual cantidad en las de Osorno y Llanquihue, en términos globales. De modo que esta treta del Gobierno, o esta negligencia, o este olvido, o este desorden, o lo que resulte ser en definitiva, está significando a cada una de esas provincias un menor ingreso de 40 millones de escudos para sus municipios, sólo en este año. Y no me refiero a los meses del año pasado, en que la ley debió estar vigente.
Por eso, urge que el Tribunal Constitucional ordene promulgar la ley correspondiente, pues también tenemos el deber, como se ha señalado aquí, de velar por que el Gobierno dé cumplimiento a una obligación constitucional.
Voto que sí.
Señor Presidente, no me explico por qué no se ha promulgado esta ley, y quisiera disponer de más antecedentes. Si el proyecto se halla en estado de promulgarse, está dentro de las atribuciones del Parlamento, consagradas en la Carta Fundamental, formular un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
No tengo más antecedentes que los proporcionados por el Honorable señor Irureta, en cuyas palabras hago fe. Pero como deseo saber qué sucede en realidad, no puedo aprobar la indicación, y por eso me abstengo.
Señor Presidente, el artículo 78 b) de la Constitución, en la letra e), dentro de las facultades del Tribunal Constitucional, establece la de Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la República no promulgue una ley cuando debe hacerlo, o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Aquí estamos ante el primer caso. Y el mismo artículo dice: En los casos de la letra e), la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las Cámaras, y si se trata de la promulgación de un texto diverso del que constitucionalmente corresponda, el reclamo deberá formularse dentro de los 30 días siguientes a su publicación.
No dudó de la afirmación de los Honorables colegas Irureta y Papic; estoy convencido de que es exacta. Pero como esto puede volver a ocurrir en otra oportunidad por cualquier descuido, opino que el Senado, para resolver, debe acompañar una certificación de la Cámara de origen donde se establezca la fecha de comunicación del proyecto aprobado por el Congreso y que al momento de presentar el requerimiento los parlamentarios no se ha publicado. Esa sería una manera correcta de...
El proyecto está agregado a la indicación.
El proyecto puede estar agregado...
¿Sugiere el señor Senador que esos antecedentes se adjunten al requerimiento?
Exactamente. Porque recuerdo que en una oportunidad hubo un problema similar, y tenían razón los Honorables colegas que protestaban por la no publicación como ley de un proyecto aprobado en el Parlamento. Pero sucede que la Carta Fundamental habla de la promulgación de una ley. Y entre la promulgación y la publicación puede haber un plazo que exceda como ocurrió en esa ocasión el día en que se formule el reclamo. Creo que Sus Señorías recuerdan perfectamente el caso.
Por eso, opino que debe haber una certificación, y de todo. Porque puede suceder que la omisión no sea de responsabilidad del Presidente de la República, sino del Diario Oficial. Y tengo alguna experiencia al respecto: en algunas oportunidades, cumpliendo un encargo de provincia, uno tramita la publicación, por ejemplo, de un decreto que otorga personalidad jurídica a cierto organismo; se cancela la publicación, y a veces transcurren meses sin que el Diario Oficial la efectúe, por carencia de espacio.
Por lo tanto, para evitar incurrir en error, votaría favorablemente, pero con la condición de que la Mesa se hiciera responsable de efectuar todas las verificaciones del caso. Porque, como expresé, la promulgación de una ley, que es lo exigido por la disposición constitucional, no quiere decir forzosamente publicación en el Diario Oficial.
El Tribunal Constitucional pedirá los antecedentes y las certificaciones que correspondan.
Pero el Honorable señor Irureta...
Ese Tribunal resolverá lo atinente a la promulgación y publicación, que dan origen a un grave problema jurídico.
Exacto.
No estoy en contra de la proposición del Honorable señor Irureta. Por el contrario, estoy complementando su indicación, para evitar que se cometan errores. Y, como no deseo postergar el asunto, me he limitado a solicitar a la Mesa hacerse responsable de certificar los hechos, para que luego de ello, si corresponde hacerlo, oficie al Tribunal Constitucional.
Porque imagine, Honorable colega, que la ley estuviera retenida en el Diario Oficial.
No es así.
Puede ocurrir. Todos somos humanos, y la gente que trabaja en el Diario Oficial puede incurrir en los errores que nosotros cometemos constantemente.
Por considerar que debe salvarse esa situación, he propuesto algo que me parece lógico.
Creo que los antecedentes no se hallan claros en la indicación. Estoy de acuerdo en que las disposiciones constitucionales son precisas a este respecto. Pero estimo que si la Sala se va a hacer responsable de formular un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, al menos debe tener claridad sobre los hechos; y esto no sucede, según lo dejó establecido el Honorable señor Silva Ulloa.
Por eso, me abstengo.
En verdad, resulta difícil pronunciarse sobre una indicación como la que se vota. A mi juicio, es necesario examinar sus fundamentos.
Teóricamente, es indudable que los señores Senadores que la presentaron están en la razón cuando sostienen que el Ejecutivo no ha promulgado la ley dentro de los plazos que establece la Carta Fundamental. Pero como se trata de algo que no está acreditado, me abstendré de votar.
Señor Presidente, en el número 8 de la tabla de hoy figura un veto del Ejecutivo al proyecto que otorga nuevos recursos para la realización de obras públicas en la provincia de Osorno. Mediante la iniciativa del Congreso se prorroga por diez años la vigencia del artículo 56 transitorio de la ley 12.084, que otorga fondos extraordinarios a la Municipalidad de Osorno, y se amplía a todas las comunas de la provincia del mismo nombre la aplicación del impuesto establecido en ese precepto.
Pues bien, en los considerandos del veto el Presidente de la República hace valer dos razones: una, que no debe realizarse esa ampliación; y otra, que el Gobierno necesita el producto de este gravamen para realizar otras inversiones y, especialmente, para tonificar las arcas fiscales.
Se ve, entonces, con claridad que el espíritu del Ejecutivo es oponerse a esta iniciativa y a todo tipo de proyecto que consigne ingresos extraordinarios para las municipalidades.
Como acaba de manifestar el Honorable señor Irureta, mediante, la ley que no se ha promulgado se destina 20% de los recursos en beneficio de las municipalidades de las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno y Llanquihue, cuya situación financiera es desesperada.
Ha habido, en consecuencia, una filosofía y el propósito de aplicar determinada política.
Dentro de dos días se cumplirán exactamente diez meses desde que, la Cámara comunicó al Ejecutivo la aprobación del proyecto. Como el Gobierno dispone de un mes para ejercer su derecho a veto, hace nueve meses que está remiso al cumplimiento de una de sus obligaciones.
En consecuencia, no caben prolegómenos de especie alguna. Lisa y llanamente, procede hacer uso de nuestras facultades y pedir al Tribunal Constitucional disponer la promulgación de esa ley.
Voto que sí.
El Honorable señor Ferrando ha pedido autorización para referirse a un tema ajeno a la Cuenta.
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de Su Señoría.
DESPEDIDA DE SENADORES QUE CESAN EN SUS CARGOS.
Señor Presidente, Honorable Senado:
Es ésta la última sesión ordinaria a la que asistimos cuatro Senadores de las bancas democratacristianas elegidos el año 1965: los Honorables señores Palma Su Señoría desempeña en este instante su función de Presidente del Senado, Reyes y Gormaz, y el Senador que habla.
Nos pareció indispensable decir algunas palabras, ya que los cuatro, voluntariamente, no postulamos a la reelección. Y hemos convivido durante ocho años con muchas personas: tanto con los colegas Senadores como con aquellos que de alguna manera trabajan en esta Corporación. En 1969 algunos dejaron su cargo por finalizar su período y se alejaron, y otros se fueron porque su vida llegó a su término, como los ex Senadores señores Salomón Corbalán, José García y José Isla, compañeros cuyo desaparecimiento nos conmovió en estos ocho años. Llegaron llenos de vida y partieron.
Hoy nos toca a nosotros.
Convivir estos ocho años en esta Corporación, en el Senado de la República, representa un alto honor al que gracias a nuestro régimen democrático puede aspirar un ciudadano común en Chile. Y hemos llegado a convivir y a responsabilizarnos de una de las más difíciles y delicadas misiones, como es la de actuar no en nuestro propio nombre, sino tratando de interpretar voluntades ciudadanas que depositaron en nosotros su confianza, ya fuera por coincidencias ideológicas, ya fuera porque tuvieron confianza personal. De modo que nuestra actuación, en la condición de Senadores, nuestra palabra o nuestra voz, aquí o en las Comisiones, dentro o fuera del recinto de esta Corporación, significaba una responsabilidad y constituía una respuesta a quienes un día nos entregaron el alto honor de representarlos y de legislar, en su nombre, desde el Senado de la República. Alta responsabilidad, que hemos compartido con compañeros de jornada y empleo el término compañeros en un sentido amplio, no en el significado político actual de distintas corrientes y opiniones, defendiendo a veces con dureza, con violencia y con pasión nuestros legítimos puntos de vista. Espero que no se hayan tronchado, por esa razón, los vínculos que significan las buenas relaciones humanas, pues en la misma medida en que es posible convivir expresando con calor y viveza nuestros pensamientos, uno siente más grande la democracia chilena compartida de esta manera y desea su continuidad por largo tiempo, mientras el hombre no encuentre una fórmula superior para defender este pluralismo en el pensamiento, que permite que cada cual exprese con amplia libertad su criterio, sus opiniones, su filosofía de vida, interpretando, al mismo tiempo, la filosofía de vida y el pensamiento del pueblo chileno, en cuyo nombre actúa esta Corporación.
Al terminar estos años como parlamentarios, quiero decir a todos los Senadores, en nombre de mis colegas democratacristianos, que quienes no militan ni comulgan con nuestras particulares ideas políticas pueden tener la certeza, desde luego, de que no los consideramos enemigos, sino adversarios leales de ideas legítimas que cada cual tiene derecho a defender, chilenos y amigos con quienes hemos hecho una jornada en la vida de ocho años en el Senado al servicio de nuestra patria.
Pueden tener la certeza de que cuando se nos tienda una mano para saludarnos, encontrarán siempre una mano leal y de que guardaremos un recuerdo muy afectuoso y especial de todos nuestros compañeros.
Pero, por otra parte, por lo que he vivido en estos años en esta Corporación, pienso que habría sido imposible llevar a cabo nuestra labor sin el esfuerzo mancomunado de todo esto que se llama Senado de la República, y que está compuesto desde su Presidente hasta el más modesto servidor de esta institución, los funcionarios de Secretaría, de la Redacción de Sesiones, de la Oficina de Informaciones y el personal administrativo. Todos son igualmente necesarios para que esta máquina marche, y creo que puedo decirles también a todos, en representación de mis compañeros, una palabra de despedida, de gratitud por la forma atenta, pronta y eficiente, en el desempeño de sus cargos, con que nos ayudaron a hacer más fructífera nuestra tarea.
Señor Presidente, Honorable Senado: es tal vez la última ocasión en que levanto mi voz en esta Sala, y lo hago para decirles a todos que los esfuerzos que podamos hacer, tanto adentro de esta Corporación como fuera de ella, por mantener en toda su integridad moral el valor cívico de las instituciones fundamentales de la república, de nuestro Poder Legislativo y el respeto a los ciudadanos, contribuirán a establecer la paz civil que el país necesita y, de esta manera, día a día, a construir el destino que cada uno desea para el bienestar de todos los chilenos.
Muchas gracias.
(Aplausos).
Pido la palabra para referirme a la misma materia.
Con la venia de la Sala, puede usar de la palabra el Honorable señor Luengo.
Señor Presidente, Honorable Senado:
Las palabras pronunciadas por el Honorable señor Ferrando me invitan también a decir por mi parte, algunas frases de despedida en esta sesión, que es la última a la que asistimos quienes no continuaremos en el Senado, algunos porque no postularon, como lo señalaba el Honorable señor Ferrando, y otros porque, habiendo postulado, como es el caso mío, sin embargo no logramos reunir los votos suficientes como para ser reelegidos para un nuevo período.
Quiero señalar que estos ocho años que he vivido en el Senado son para mí, sin ninguna duda, el período más importante de mi vida. He desempeñado mis funciones con mucho entusiasmo y con verdadera pasión. He puesto en cada una de mis intervenciones mucha sinceridad y autenticidad, y creo haber defendido en ellas mi ideario político de siempre, que no lo he variado. Puede ser que muchas veces me haya equivocado y haya cometido errores; pero quiero expresar que si así sucedió, lo hice siempre de buena fe y nunca procediendo en forma torcida.
Es posible que deje más de algún rencor en muchos de mis colegas del Senado, pero ello es inevitable. Actuar en política no es participar en un corso de flores. La política es dura, y cada día se torna más dura. Y hay personeros entre los que no me cuento que tienen especial interés en endurecerla cada vez más.
En este instante de despedida de doce Senadores que dejamos esta Corporación, creo que es bueno que los que quedan, junto a los que llegan, reflexionen un poco, una vez más, sobre la necesidad de establecer un diálogo más abierto y cordial, buscando soluciones a nuestros problemas políticos que guarden relación directa al bienestar de la ciudadanía en general, a la tranquilidad pública y al perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas, a las cuales, sin excepción, hemos dicho en esta Sala que les rendimos pleitesía.
He tenido muchas satisfacciones durante estos ocho años. Destaco, especialmente, el que una mayoría del Senado no podría pretender, por supuesto, la unanimidad, me haya concedido el alto honor que significó para mí desempeñar durante casi dos años y medio, la Vicepresidencia del Senado; dignidad que a cualquier ciudadano tiene que hacerlo sentir muy feliz por participar en una democracia como la nuestra, que yo pretendo que cada día se vaya perfeccionando y encontrando las soluciones pacíficas de que hablaba hace un instante.
Agradezco a todos mis colegas las deferencias que ellos siempre tuvieron para conmigo, y, a los que son mis adversarios políticos les señalo que no les guardo rencor, por duro que haya sido el diálogo en la Sala o en las Comisiones. Sólo deseo dejar formulada, una vez más, la insinuación de que ojalá algunos colegas que yo considero demasiado duros en sus expresiones, pudieran morigerarlas, a fin de que el nuevo período parlamentario que se inicia en pocos días más sea mucho más fructífero que el que nosotros estamos finalizando.
En el día de ayer tuve ocasión de enviar al señor Secretario del Senado un oficio en el cual le expreso que, con motivo del término de mi mandato parlamentario, quiero hacerle llegar a él y, por su intermedio a todos los funcionarios del Senado, sin excepción alguna, mis agradecimientos por las deferencias de todo orden que tuvieron para conmigo en estos ocho años. En ese oficio le solicité al señor Secretario que tuviera la infinita gentileza de dar a conocer esta comunicación, a todos los funcionarios desde el más alto rango, que es, desde luego, el señor Secretario, a quien dirigí el oficio, hasta el último funcionario del personal administrativo. Hoy he comprobado que el señor Secretario ha sido eficiente una vez más, pues ha satisfecho mi petición con oportunidad, ya que todos los funcionarios están conociendo el oficio mencionado. Considero innecesario leerlo, pero quiero solicitar a la Mesa que recabe el acuerdo correspondiente a fin de incorporar una copia de ese oficio a la versión de esta sesión, como manera de dejar testimonio expreso de mi agradecimiento para con el personal que tan eficientemente me colaboró en el tiempo que estuve cumpliendo con un mandato popular.
Abandono el Senado profundamente agradecido del período que en él viví. Creo que esta experiencia me permitirá desempeñarme en mejores condiciones durante el resto de mi vida. Me voy con pena, porque no era mi deseo irme. Postulé a la reelección porque deseaba regresar y porque me gusta el trabajo parlamentario, en el cual espero poder dejar más de algún recuerdo, pues lo cumplí con mucho entusiasmo, con mucho interés y con la mayor buena fe.
Muchas gracias a todos.
(Aplausos).
Si le parece a la Sala, se insertará el documento a que hizo referencia el Honorable señor Luengo.
Acordado.
El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente:
Santiago, 16 de mayo de 1973.
Tengo el agrado de transcribir a Ud. la siguiente comunicación recibida por esta Secretaría:
Santiago, 15 de mayo de 1973.
Con motivo del término de mi mandato parlamentario deseo hacer llegar a Ud. y por su digno intermedio a todos los funcionarios del Senado, sin excepción alguna y comprendido el personal administrativo, mis agradecimientos muy sinceros por las atenciones de todo orden que recibí durante el período en que ejercí las funciones de Senador, las que se me facilitaron apreciablemente con la cooperación que recibí siempre sin reticencia de ninguna naturaleza cada vez que la requerí para el mejor desempeño de mi mandato. Guardaré por ello los mejores recuerdo de este importante período de mi vida, especialmente durante el tiempo en que tuve el honor de desempeñar la Vicepresidencia de la Corporación.
Le agradeceré infinitamente quiera Ud. hacer conocer esta comunicación a los señores funcionarios ya señalados, y despedirme de ellos con mi mayor consideración y afecto.
Me es grato saludar a Ud. muy atte. y suscribirme su afmo. amigo y S. S.
Pido la palabra, para formular una petición previa.
Solicito el acuerdo de la Sala para que el Honorable señor Valente pueda hacer uso de la palabra.
Acordado.
CREACION DEL DEPARTAMENTO DE PERALILLO.
En el séptimo lugar de la tabla de hoy figura el proyecto de la Cámara de Diputados, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, que crea el departamento que ahora se llamaría Cardenal Caro y cuya capital sería Marchigüe.
El informe fue aprobado por unanimidad, y entiendo que hay consenso entre los Comités parlamentarios para despachar este asunto en los últimos diez minutos de la sesión de hoy, de manera que sugiero requerir de los Comités el acuerdo respectivo.
Ya se hizo la consulta a los Comités para el trámite a que se refiere Su Señoría, y no hubo acuerdo.
Pido la palabra, señor Presidente.
Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Fuentealba pueda usar de la palabra.
Deseo referirme a un asunto de la tabla, señor Presidente.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
MODIFICACION A LA LEY QUE CREO EL PEQUEÑO DERECHO DE AUTOR.
En el décimo lugar de la tabla figura un proyecto que fue aprobado por la Honorable Cámara sin ningún reparo y despachado por la Comisión de Educación del Senado con algunas enmiendas que no varían sustancialmente su sentido.
Yo, y seguramente algunos otros señores Senadores, recibí una comunicación de la Corporación de Autores y Compositores de Chile (CODAYCO).
Esta iniciativa que, aparentemente, no tendría mayor trascendencia, según la opinión de esa corporación, afectaría a sus miembros de manera importante.
Dados los términos muy sencillos en que venía redactada esta disposición, que prácticamente constaba de un artículo único, fue despachada por la Cámara y también por la Comisión de Educación, habiéndose cometido involuntariamente estoy absolutamente seguro de que así ha sido la omisión de no escuchar a las personas que son afectadas por este proyecto, entre quienes precisamente están los autores y compositores nacionales.
En una ocasión anterior no recuerdo si hace dos años o menos discutimos un proyecto de ley sobre el derecho de autor, y aprobamos todo un verdadero código sobre la materia.
Como los interesados, que son los autores y compositores, nos hacen presente que este proyecto es dañino para los intereses de aquellas personas a quienes precisamente hemos tratado de favorecer con la ley sobre derechos de autor, quiero solicitar el asentimiento del Honorable Senado para que tal iniciativa vuelva a la Comisión de Educación Pública, con el objeto de que sea reestudiada y se escuche en ella a las personas que se sienten afectadas, vale decir los autores y compositores, de modo que podamos legislar en forma a lo mejor más justa.
Tanto en el Senado como en la Cámara es costumbre escuchar la opinión de las personas afectadas en cada oportunidad a los gremios, sindicatos, confederaciones federaciones, etcétera.
Por lo tanto, me parece justo que si en este momento hay una voz de los autores y compositores que nos advierte que se consideran lesionados por el proyecto que le entrega facultades a la Universidad de Chile en forma especial, escuchemos a los interesados antes de despacharlo.
Por estas consideraciones, pido al señor Presidente recabar el asentimiento del Senado para que el proyecto vuelva a la Comisión de Educación Pública, con el objeto de que podamos escuchar en ella a las organizaciones que representan a los autores y compositores nacionales.
En el Tiempo de Votaciones se solicitará el acuerdo pedido por Su Señoría.
IV.ORDEN DEL DIA.
CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y CAPACITACION PENITENCIARIA.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, que crea el Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 20ª, en 18 de octubre de 1972.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 99ª, en 9 de mayo de 1973.
Legislación, sesión 99ª, en 9 de mayo de 1973.
Discusión:
Sesión 100ª, en 15 de mayo de 1973.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en informe suscrito por los Honorables señores Aylwin (Presidente), Bulnes, Luengo, Ballesteros y Juliet, recomienda a la Sala aprobar el proyecto consignado en el boletín 26.830.
En la sesión de ayer, quedó con el uso de la palabra el Honorable señor Luengo.
Puede continuar Su Señoría.
Pido la palabra después del Honorable señor Luengo.
Seré muy breve.
En el día de ayer, y a propósito de algunas observaciones formuladas por el Honorable señor Foncea, tuve oportunidad de explicar este proyecto en forma más o menos lata.
En todo caso, quiero resumir dichas observaciones, porque es importante repetir lo que dije ayer.
El proyecto, primitivamente elaborado por el Ministerio de Justicia, fue objeto de algunos reparos y objeciones de la Comisión, dada la amplitud del Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria que se creaba. Fue así como, acogiendo las observaciones hechas en la Comisión, el Ministerio elaboró una nueva iniciativa, que convirtió lo que se pretendía llamar Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria en un Departamento de Trabajo y Capacitación Penitenciaria, modificando para esos efectos la ley orgánica del Servicio de Prisiones, la número 14.867, cuerpo legal al que se agregó un párrafo con él epígrafe de Departamento de Trabajo y Capacitación Penitenciaria.
En los actuales términos, las proporciones de aquel organismo son mucho más limitadas y están regidas por las normas propuestas en el proyecto y que fueron elaboradas por los funcionarios del Ministerio y del Servicio de Prisiones, conforme a las insinuaciones hechas en la Comisión.
Quiero señalar la importancia de que en estas unidades productivas que se van a crear por medio del Departamento de Trabajo y Capacitación Penitenciaria, vayan a trabajar los recluidos en los establecimientos del Servicio de Prisiones y quienes se encuentren en libertad provisional o condicional. Además, por insinuación del Senador que habla, se deja establecido también que las personas que cumplieren su condena o que fueren indultadas o sobreseídas, podrán continuar trabajando hasta por tres meses más en las unidades productivas que puedan crearse a lo largo del país, con el objeto de que durante ese período tales individuos puedan tener una obligación en la vida civil y entrar a trabajar en lo que han aprendido en tales unidades.
Se crea un consejo, bastante más reducido que el sugerido anteriormente, muy vinculado al Servicio de Prisiones, agregándose solamente uno o dos Consejeros representantes de otros organismos que se estima indispensable que lo integren, con el objeto que asesoren a ese Departamento para los efectos de señalar en mejores condiciones cuál es el trabajo que deben desarrollar las unidades productivas.
En general, el proyecto fue elaborado con la participación activa de todos los miembros de la Comisión. Por eso se señala que se aprobó por la unanimidad de ellos todo su articulado, con la sola excepción de una norma que establece la exención de impuesto para los contratos que deban celebrar las unidades productivas, aprobada por cuatro votos a favor y la abstención del Honorable señor Ballesteros. Esta fue la única votación no unánime dentro del articulado propuesto, que, como dije, ha modificado bastante lo que era el proyecto primitivo.
Como expresé en la sesión de ayer, creo innecesario dar mayores explicaciones, porque en el informe está perfectamente claro todo lo que estoy señalando aquí verbalmente. Me parece, además, que la iniciativa es buena. No podemos decir anticipadamente que será perfecta; pero que, en todo caso, ella permitirá que estas unidades productivas trabajen en mejores condiciones, con mayor agilidad y puedan inclusive tener la posibilidad de entregar alguna parte de financiamiento al Servicio de Prisiones, que escasamente ha dispuesto de fondos durante toda su larga vida.
Mis informaciones del día de ayer más las de hoy, a mi juicio, deben satisfacer las inquietudes del Honorable señor Foncea, quien planteó algunas interrogantes.
Por último, solicito que aprobemos el proyecto en los mismos términos en que lo hicimos en la Comisión, porque trabajamos en él con mucha acuciosidad.
El Honorable señor Bulnes participó en la Comisión, y no obstante tener algunas dudas, votó favorablemente el proyecto. Diré que, en parte, contribuyó a tal aprobación la actitud del señor Ministro de Justicia, quien, frente a las observaciones y objeciones hechas en la Comisión, ha presentado otras indicaciones, e incluso hizo otro proyecto, a petición de la misma Comisión. De manera que hasta resultaba un poco violento votar contra la iniciativa, después de la actitud del señor Ministro.
Pero yo, aprovechando la cordialidad nacida de las palabras de los señores Senadores que terminan su mandato, quiero decir cuál es el fondo de mi pensamiento sobre esta materia.
Cuando aquí no hay posibilidad de hacer algo por carencia de los medios necesarios o porque faltan la organización y los ejecutores, se dicta una ley. Y esto es lo que ha provocado el desprestigio de las leyes: creer que todo se soluciona por medio de ellas.
Hay cientos de personas que llegan todos los días lo acabamos de oír en relación con el Pequeño Derecho de Autor para cuya recaudación no existen los medios necesarios a solicitar la dictación de una ley. Para demostrar la veracidad de lo que estoy señalando, quiero dar lectura a una parte de un decreto ley del 18 de agosto de 1932, del cual se desprende que no sólo existe el trabajo a que se refieren las disposiciones que estamos discutiendo, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, dispone que en todas las prisiones, tanto de hombres como de mujeres, se destinará un departamento separado de la población carcelaria para que sirva de locutorio y comedor a todos los egresados de las prisiones, en cualquier época que hayan cumplido su condena, que lo soliciten del Jefe de la respectiva prisión, por carecer de recursos.
Aquí en Chile existe una institución en virtud de la cual toda persona que en el momento de cumplir su condena no tiene dónde trabajar y carece de un lugar donde irse, simplemente debe pedir al Jefe de la prisión que le dé casa y comida. Si no hubiera comodidades para actuar de esa manera, el artículo 7º de ese decreto ley establece que, el Presidente de la República podrá disponer que la Municipalidad respectiva lo proporcione y lo habilite a sus expensas, en las condiciones y con los efectos que él mismo señale. Del mismo modo, podrá obligar a estas corporaciones a que habiliten por su cuenta los locales que funcionen en las prisiones.
La alimentación para esos individuos será la misma que se proporcione a los recluidos.
El artículo 8º dispone que los individuos que reciban los beneficios a que se refiere el artículo anterior estarán obligados a trabajar gratuitamente durante 4 horas diarias en labores del establecimiento o en obras municipales o fiscales.
¿Qué quiero decir con esto? Que se quiso dictar una ley para corregir un problema que viene desde muy atrás. No fueron capaces de resolverlo, y entonces se dictó otra ley, la Nº 11.625, sobre Estados Antisociales, en la cual se crean las colonias a que se refirió mi Honorable colega, y con muchísimo más reglamentación que la que estamos viendo ahora. El artículo 9º de la ley que estoy citando establece lo siguiente:
La internación en caso de trabajo o colonia agrícola impone, a los sujetos a dicha medida, la obligación de someterse a los trabajos prescritos en los reglamentos, ya sea dentro del propio establecimiento o fuera de él.
El trabajo de los afectados será remunerado y su producto se destinará: un 50%, a formarles un fondo de reserva que se les entregará a su salida del establecimiento, etcétera.
En seguida viene una reglamentación relativa a los dineros, y se establece que no sólo ingresan a dichas colonias penales los que estén cumpliendo delitos, sino que las personas afectadas por la ley de Estados Antisociales, entre los cuales están los drogadictos. Es decir, dicha legislación se adelantó a todas las disposiciones dictadas recientemente sobre consumo de drogas, y fue promulgada el 4 de octubre de 1954.
Si tomamos la ley 14.867, que fijó las categorías, grados y sueldos del personal dependiente del Servicio de Prisiones, comprobamos que su artículo 23 es la misma disposición que el Honorable señor Luengo considera tan ágil, pues dice: Autorízase al Servicio de Prisiones para que mantenga, en el Banco del Estado de Chile, una cuenta especial a la que ingresarán los fondos provenientes de la explotación de los Talleres Fiscales dependientes del Departamento Industrial y los que éstos perciban por cualquier otro concepto. De modo que el manejo de esos
dineros también está establecido en el artículo 23 de la ley a que me he referido.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Con todo agrado.
El cuerpo legal citado por Su Señoría es la ley orgánica del Servicio de Prisiones, y la disposición que ha señalado está dentro del párrafo relativo al Departamento Industrial, o algo así no lo recuerdo exactamente, en el cual se habla de una cuenta que manejará el Servicio de Prisiones. Pero resulta que las colonias están ubicadas en provincias alejadas de Santiago ya señalé ayer que hay una colonia pesquera en Pisagua, una colonia avícola en Vicuña y una colonia agrícola en Vilcún, y para poder girar deben hacerlo en Santiago, para lo cual tienen que oficiar desde esos lugares al Servicio de Prisiones de la capital, lo que resulta demoroso. Por eso, mediante este proyecto se concede personalidad jurídica a cada unidad productora, a fin de que puedan girar directamente sus propios fondos, sin la tramitación engorrosa que significa el manejo por la administración central.
Las observaciones que acabamos de oír confirman lo que estaba manifestando. Es tal la cantidad de legislación existente, que lo mismo que ha dicho el Honorable señor Luengo referente a la inconveniencia de manejar una cuenta corriente desde Santiago está previsto en el artículo 35 de la ley a que me referí anteriormente, y que dice: Autorízase al Servicio de Prisiones para que mantenga, en el Banco del Estado de Chile, una cuenta especial a la que ingresarán los valores correspondientes al ganado entregado para rancho de las prisiones o vendido a particulares. Contra esta cuenta girará el Jefe de la Colonia, para atender en mejor forma las necesidades del Establecimiento. En la disposición siguiente se habla del ganado mayor o menor de la Colonia Isla Santa María, la que no estará sujeta a la obligación de inventario. A continuación, el artículo 37 dice que se aplicarán, asimismo, a los demás productos de la explotación agropecuaria e industrial de la Colonia Penal de Readaptación Isla Santa María. De modo que hemos vivido dictando disposiciones para afrontar un grave problema. Se trata en cierto modo de una cuestión de principio. Soy partidario de una labor ordenada, y estoy cierto de que si se colocan hombres capaces, todas esas pequeñas dificultades de tipo legal podrían ser subsanadas. La verdad es que como los jefes no afrontan los problemas, se refugian en que no hay disposiciones legales al respecto. En el fondo, es el burocratismo, que es lo que mata todas las iniciativas. Un funcionario no hace nada ni ejecuta cosa alguna porque no tiene una disposición legal. Se han dictado todas las normas posibles, pero siempre habrá alguna razón para que las cosas no se ejecuten. Me gustaría ver funcionando la ley de Estados Antisociales, y cuando ello suceda, estaré dispuesto a concurrir con mi voto a corregir sus defectos. No me gusta legislar por legislar. En el fondo, tal vez la única disposición de todo el proyecto a la cual prestaría mi aprobación sería aquella que concede personalidad jurídica a todos los centros de readaptación. Las demás ya figuran en otras legislaciones. No es que haga caudal de la gravedad de estas disposiciones, sino que por cierto sentido de responsabilidad y de principios estoy en desacuerdo con el proyecto.
El señor INSUNZA (Ministro de Justicia).-
Considero necesario manifestar unas cuantas palabras acerca de las razones por las cuales se ha presentado a la consideración del Congreso este proyecto de ley.
La experiencia que nos ha aportado el conocimiento directo de los establecimientos carcelarios de nuestro país es francamente dramática. En Chile existen actualmente entre 12 mil y 14 mil personas recluidas en ellos, ya sea en calidad de procesados o de rematados. Las condiciones imperantes en esos establecimientos son en su inmensa mayoría casi podríamos decir que en la totalidad, verdaderamente vergonzantes para un país corno el nuestro, que se precia de ser avanzado y de que estas situaciones sociales se comprenden y se tratan de paliar.
Precisamente, a cinco cuadras del lugar en que estamos, se encuentra la Cárcel de Santiago, un establecimiento construido durante la Administración del PresidenteBalmaceda, con capacidad para trescientos o trescientos cincuenta personas. Sin embargo, en la actualidad hay allí hacinados cerca de mil reclusos. Los reos habitan en galerías donde hay celdas de dos metros de ancho por dos y medio de largo más o menos, y que fueron construidas para una persona. En la actualidad, hay entre cuatro o cinco en cada una de ellas. A las seis de la tarde los reos son encerrados en esas celdas, y como no hay personal para vigilarlos durante la noche, permanecen allí hasta las ocho de la mañana del día siguiente o sea, durante catorce horas, sin servicios higiénicos, de modo que deben satisfacer sus necesidades orgánicas en la misma celda. No existe ninguna clase de vigilancia dentro de la galería, y lo que allí ocurre durante la noche constituye un verdadero drama. El homosexualismo y las violaciones entre los propios reos son hechos diarios. Estas cosas no se denuncian y siguen sucediendo, porque lo que impera dentro del establecimiento es simplemente la vendetta, y nadie puede decir nada.
En la Penitenciaría de Santiago sucede más o menos lo mismo. El estado sanitario de ese lugar es también horroroso. Considero conveniente visitarlos, a fin de conocer tales problemas y preocuparse de ellos con un interés real. En la Cárcel de Santiago hay galerías a las cuales simplemente no se puede entrar por el mal olor y por las condiciones allí existentes. En el Ministerio hemos tratado de solucionar en parte esas deficiencias, pero la verdad de las cosas es que ello es prácticamente imposible por la falta de recursos económicos. Por eso, creo que ha llegado el momento de hacer presente esta situación al Congreso, a fin de contar con una ley general que proporcione recursos para resolver los problemas mencionados.
Como una manera indirecta de llevar un poco de bienestar a quienes, por una razón u otra, se encuentran en esos recintos, hemos considerado útil y necesario crear condiciones de trabajo dentro de los establecimientos penales. Es efectivo lo que acaba de recordar el Honorable señor García en el sentido de que en nuestra legislación existen disposiciones que se refieren a estos problemas. Pero la cuestión es otra, señor Senador. Por medio del proyecto en debate pretendemos, en realidad, conceder autonomía económica a cierta clase de establecimientos que se crearían dentro del régimen de las prisiones. En los últimos años se han hecho algunas experiencias que se encuentran en pleno desarrollo en nuestro país. A mi juicio, la más interesante la conozco, pues la he visitado es la Colonia de Vilcún, ubicada más o menos a 60 kilómetros hacia el oriente de la ciudad de Temuco. En ese lugar se expropió hace alrededor de tres años un fundo, con el consentimiento de su propietario, para destinarlo precisamente a una colonia penal. Con gran esfuerzo se ha organizado allí una colonia agrícola en la cual laboran 40 reos rematados de la región, porque casi todos ellos son agricultores. Estas personas viven en completa libertad en esa colonia, lo que constituye algo extraordinario. Ellos cumplen su pena por propia voluntad, pues no existe vigilancia alguna, la cual por lo demás es prácticamente imposible en un fundo de mil doscientas hectáreas. Se trata de personas clasificadas por sicólogos. No se ha producido ningún caso de fuga, a pesar de que el sistema se encuentra en práctica desde hace más de un año. Las condiciones de trabajo allí existentes son las propias de un fundo, de una propiedad agrícola cualquiera. Pero, a pesar de esos esfuerzos y de la cooperación de quienes están a cargo del establecimiento, hay trabas de carácter económico y administrativo que hacen casi imposible que la colonia pueda prosperar. Por ejemplo, para adquirir semillas y animales no hablo de adquirir un tractor es necesario tramitar el asunto en Santiago, por medio de la respectiva oficina de la Dirección de Prisiones, por lo cual la operación demora bastante en materializarse.
El proyecto pretende dotar a esas unidades de trabajo de la Independencia necesaria. Por mi parte, estoy muy agradecido de la colaboración prestada a la iniciativa por los señores Senadores de la Comisión, pues el proyecto que trajimos era mucho más general, porque creaba un Consejo con muchas atribuciones, circunscribiéndonos simplemente a crear el Departamento de Trabajo y Capacitación Penitenciaria dentro de la organización de la Dirección de Prisiones. En el proyecto no existe, por consiguiente, otro propósito que el de dar cierta libertad y posibilidad de ejecución a esos organismos. En este momento existe en la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia el deseo de crear otros dos establecimientos similares: una colonia pesquera en Pisagua y una granja avícola en la ciudad de Vicuña.
Las disposiciones de la ley 14.867, que recordaba el señor Senador, en realidad se refieren todas ellas a la colonia de la isla Santa María. Son normas específicas, no generales. Lamentablemente, la colonia de dicha isla dio mal resultado porque se convirtió en isla-prisión, en la que las personas vivían absolutamente desvinculadas del medio y se producía en los recluidos que allí laboraban un sentimiento de angustia y de rechazo hacia el lugar, pues se consideraban todavía más aislados que en la forma ordinaria de estar en presidio. Esa colonia fracasó incluso, hubo problemas graves en ella, y por eso no siguió funcionando.
La verdadera forma de vincular al individuo preso con la sociedad no puede ser otra que tratar de no aislarlo y lograr que se incorpore a ella a través del trabajo y de la relación. Eso sucede en la colonia de Vilcún, porque allí las personas que desempeñan una actividad ganan el salario de la zona, tienen imposiciones en el Servicio de Seguro Social y, cuando reciben sus remuneraciones y acumulan tres o cuatro mensualidades, van incluso a sus casas con permiso y llevan el dinero, no habiéndose producido nunca una fuga. Esta situación revela una absoluta incorporación del individuo a la sociedad. Existe una responsabilidad, y eso es lo que debemos conseguir.
Por desgracia, en nuestro país hay un terrible problema carcelario, agravado por las circunstancias que inducen al individuo a delinquir. Entre paréntesis, estamos preparando un censo para dentro de pocos días a fin de determinar cuál es la realidad penitenciaria en Chile, lo que nunca se ha hecho. Analizando la situación, estamos convencidos de que, por lo menos en los delitos de sangre, lesiones y homicidio, la inmensa mayoría se comete por sujetos que obran bajo la influencia del alcohol. El problema de la ebriedad con relación al delito es tan grave en Chile, señores Senadores, que también algún día lo tendremos que abordar.
Las personas, en su mayoría campesinos, que laboran en las circunstancias descritas, son perfectamente readaptables al medio social, y éste, a nuestro juicio, debe proporcionarles posibilidades adecuadas mediante el trabajo. Las actuales condiciones de las cárceles, en las que ahora no se trabaja y el preso permanece casi todo el día sin hacer absolutamente nada, están reñidos con las finalidades perseguidas.
Sin perjuicio, señores Senadores, de que pudiésemos volver a considerar este proyecto en segundo informe en Comisión, por si algunas de sus disposiciones no con cuerdan con la manera como los señores Senadores quieren legislar, ofrezco retirar la urgencia, que vence pasado mañana, porque el propósito no es otro que el de sacar adelante algo positivo. Pido a Sus Señorías que mediten en los objetivos de la iniciativa, a fin de mejorarla. En la Comisión se llegó a ese acuerdo. Hemos elaborado un proyecto discutido palabra por palabra, de manera de poder llegar con algo completo.
Es cuanto quería decir respecto de esta materia, en términos generales.
Antes que otros señores Senadores continúen con el uso de la palabra, el señor Ministro ha sugerido la posibilidad de retirar la urgencia del proyecto que nos ocupa. Se han presentado dos indicaciones, que obligarían a un segundo informe, sin perjuicio de la urgencia, que vence el día 13. Como pareciera existir en el Ejecutivo la voluntad de retirar la urgencia, creo interpretar a la Sala, antes de proseguir con el debate, al acoger este ofrecimiento, a fin de que a la brevedad posible estamos todos conscientes de ello se despache la iniciativa en la próxima legislatura.
Sin perjuicio de aprobarla en general hoy día, señor Presidente.
Exacto, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
Quiero referirme más directamente al problema planteado por el señor Presidente en este instante.
Yo quería exponer algunas de las ideas expresadas por el señor Ministro, entre otras, ésta.
Ayer escuché las observaciones que formuló el Honorable señor Foncea a propósito de esta iniciativa, y creí entenderle que le parecía preferible discutir más a fondo algunas de las materias que contiene. Y como personalmente, a lo menos, considero que un proyecto de esta naturaleza, a pesar del dramático problema que enfrenta, viene a ser algo así como la pausa que refresca respecto de la discusión de problemas de otra naturaleza, ya que por su propia índole permite unificar opiniones y adoptar resoluciones unánimemente con el objeto de encontrar las mejores soluciones, y a propósito de las observaciones del Honorable señor Foncea, iba a plantear precisamente la posibilidad de que el proyecto volviera a Comisión para que se estudiara mejor. De manera que el ofrecimiento del señor Ministro de retirar la urgencia con esa misma finalidad, me parece que calza perfectamente con la idea que quería expresar hoy día y, por tanto, concuerdo con ello.
A mi juicio, si hoy aprobamos en general la iniciativa y decidimos que vuelva a Comisión señalándole plazo o no, pero sobre la base del retiro de la urgencia, se resolverían de mejor manera los problemas que pudieran ser conflictivos, pues creo que no habrá una sola opinión disonante en cuanto a la necesidad no digo de solucionarlos, porque son de demasiada envergadura como para pretender hacerlo mediante un proyecto de esta naturaleza de buscar los caminos que permitan, mediante la ley, materializar determinadas iniciativas muy importantes.
Incluso yo diría más: en un futuro no lejano no mediante este proyecto, podríamos resolver adecuadamente el problema de dar a esta gente, dentro de la cual hay especialistas en determinado tipo de trabajo hablo en el buen sentido de la palabra, pues supongo que hay mecánicos, cerrajeros, albañiles, campesinos, etcétera, y en relación a una política carcelaria, la posibilidad de tener trabajo; no sólo en establecimientos especiales, como los talleres de las penitenciarías, colonias penales, etcétera, sino en empresas normales. Porque la realidad es que una vez cumplida la condena, a estas personas les resulta extraordinariamente difícil encontrar trabajo y hacer realidad la sentencia bíblica de que el hombre debe ganar el pan con el sudor de su frente.
Creo que la idea central, la rehabilitación mediante el trabajo, que debe iniciarse y desarrollarse de manera prudente yo lo entiendo, exige una unificación de criterios en la que se aporte el juicio común al conocimiento técnico, con el objeto de obtener lo mejor para estas personas; porque si bien ellas están en deuda con la sociedad, creo que también la sociedad lo está con ellas. Además, nadie sabe si mañana, quienes estamos opinando hoy día sobre esta materia, podemos estar junto a otros cuatro o cinco individuos, en una celda de dos metros cuadrados, porque en la vida todo es imprevisible.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Con todo gusto.
Quiero confirmar lo dicho por el señor Ministro sobre el estado de la Cárcel de Santiago, la que no sólo he visitado, sino que la conozco perfectamente, pues estuve recluido en ella y sé que es totalmente cierto lo que se ha expresado. Pero lo que quiero señalar frente a la idea que tienen todos...
¡Su Señoría estuvo en el pensionado...!
No, señor Senador, no estuve en el pensionado, ni tampoco me llevaron a un recinto para la gente más importante, como el de Capuchinos.
Lamento mucho que en este día de cordialidad tenga que hacer estos recuerdos.
El hecho concreto es que este problema se arrastra desde hace muchos años, y que nunca se le ha dado prioridad suficiente.
Señor , usted debe combatir para que no gastemos miles y miles de millones en construir edificios como el de la UNCTAD; en vez de él pudimos haber edificado unas diez cárceles en el país. Hay otro proyecto en el que también desembolsaremos ingentes sumas, para un evento olímpico internacional. Debemos aprovechar el dinero, en vez de hacer lagunas para regatas, en construir mejores cárceles, que se necesitan.
En el ánimo de solucionar estos problemas, uno no se niega a colaborar, pero vamos amontonando disposiciones que al final no se cumplen por falta de medios. Sin embargo, concuerdo con lo que se resuelva ahora, y aprovecho la oportunidad para decir que, después de lo manifestado por el señor Ministro, no puedo resistirme a votar favorablemente el proyecto.
Agradezco la interrupción al Honorable señor Montes.
Termino acogiendo la proposición del señor Presidente, que acepta, a su vez, la del señor Ministro, en el sentido de aprobar en general la iniciativa y enviarla nuevamente a Comisión.
Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.
Creo que uno de los problemas importantes que debe abordar un cuerpo legislativo responsable en un país como Chile, es el del tratamiento penal de las personas que sufren condenas judiciales. En el mundo moderno se ha llegado, incluso, a estructurar toda una disciplina llamada ciencia penitenciaria. No se trata sólo de los problemas materiales que aquí se han mencionado que tienen las cárceles, los metros cuadrados construidos, de las disposiciones puramente complementarias, de servicios higiénicos, etcétera. Hay que tener una filosofía para proporcionar una vida a quienes están condenados a pasar años, a veces, en ciertos establecimientos de reclusión.
Hoy día nadie pone en duda, por los estudios practicados, que él mejor tratamiento que puede dársele a un recluso es el del trabajo, lo que los sicólogos llaman la sicoterapia del trabajo. Eso lo podemos aceptar sin gran resistencia, porque, concuerda con nuestro sentimiento íntimo. Tal vez no pueda haber castigo más duro ni más insoportable para un ser humano que aquel que lo condena a no hacer nada. Antiguamente se pensaba que una manera de tratar al delincuente era encerrarlo en una celda y aislarlo del resto de la sociedad. El hombre que más desarrolló estas ideas fue el filósofo inglés Bentham, que incluso llegó, a dibujar lo que podría ser el plano de una cárcel modelo. Y si los señores parlamentarios tienen cierta idea de lo que es la cárcel de Santiago, podrán comprobar que el esquema que siguieron los arquitectos coincide exactamente con el propiciado por ese filósofo inglés. En realidad, éste es un problema humano de tal trascendencia, que incluso ha atraído la atención de las personas de mayor jerarquía en el pensamiento universal: el tratamiento del delincuente tiene que hacerse sobre la base de una sicoterapia del trabajo. Para esto, es preciso contar con algunas disposiciones legales que permitan crear y mantener talleres industriales, colonias agrícolas, etcétera.
¿Cuál es la idea central del proyecto en debate? Ella no es otra que crear una persona jurídica de derecho público; autónoma, para que se haga cargo del complejo global que significa llevar adelante esta empresa que comprende no solamente repito los problemas materiales, que pueden abordarse con dinero, sino todo un dominio científico que sistematice los conocimientos y dicte normas que sean valederas. Por ejemplo, el señor Ministro de Justicia nos ha hablado de la experiencia que se realiza en el Sur por intermedio de las colonias agrícolas que están abiertas y que permiten a los recluidos, por llamarlos así, poder salir cuando tienen que abordar alguna necesidad de orden personal. El sistema está perfectamente estudiado e incluso tiene un nombre. Como he anticipado, se llama sistema de los establecimientos abiertos.
Antiguamente se pensaba que lo primero que había que hacer en materia de una cárcel era levantar un muro muy alto que significara que nadie podría pasarlo. Con este criterio se han construido todas nuestras cárceles. Ninguno de estos establecimientos, aunque se dotara del mayor número de ellos al país y se les equipara con las más grandes comodidades, responde a lo que son los requerimientos de la época contemporánea en lo que se llama la ciencia penitenciaria. Yo, durante años y años, he trabajado en materia penal y he mantenido contacto con aquellas personas que han tenido la desgracia de sufrir la pena como reacción social. Durante 26 años fui Jefe de la Sección Criminal del Colegio de Abogados, que mantenía una oficina en la Cárcel Pública, y allá iban los egresados de la Escuela de Derecho a hacer su práctica. Por consiguiente, estoy cabalmente impuesto de una realidad que es vergonzosa e incompatible por entero con el estado de cultura que creemos haber alcanzado.
No es posible condenar a una persona a quedar encerrada indefinidamente, aunque se la tenga en un salón y con las comodidades más extraordinarias, si al mismo tiempo esa persona ha de saber que pasarán años y años en los que no podrá trabajar en nada.
Creo que la idea central de este proyecto es absolutamente indiscutible y que se puede mejorar volviendo la iniciativa a la Comisión; pero que por el momento el sentido de responsabilidad que caracteriza a todos los señores Senadores, sin excepción, habrá de manifestarse en esta oportunidad votando en general positivamente el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Pido la palabra.
¿A qué hora termina esta sesión, señor Presidente?
En la tabla de la presente sesión figuran cinco proyectos cuya urgencia vence el próximo día 18. Respecto del asunto que aparece ubicado en el cuarto lugar, ha sido retirada la urgencia; en cuanto a la iniciativa en debate, el señor Ministro de Justicia ha prometido retirar también su urgencia sobre la base de que aquélla se apruebe en general en esta oportunidad, y en lo referente a los asuntos signados con los números dos, tres y cinco, éstos deben ser votados en la presente sesión, pues en caso contrario debería obtenerse el retiro de la urgencia o citarse al Senado para el día viernes próximo con el fin de despacharlos.
Tiene la palabra el Honorable señor Foncea.
Señor Presidente, yo me siento satisfecho de haber formulado algunas observaciones en torno de la iniciativa en que esta tarde nos ocupamos, ya que ellas han dado lugar a un debate. Ayer planteé el problema carcelario en general, de acuerdo con mi conocimiento personal, y manifesté que la iniciativa en debate, aun cuando es muy interesante y cuyos resultados podemos apreciar en el ejemplo citado por el Ministro de Justicia, a mi juicio, sin embargo, resulta absolutamente parcial para enfrentar el problema; y que, como los Poderes Públicos manifesté desde tiempo inmemorial han sido remisos para abocarse a la situación carcelaria en toda su magnitud y en todas sus funestas consecuencias, yo esperaba que el proyecto fuera una solución, si no total, por lo menos que constituyera un paso mayor que el que por él se da. Esperaba, por ejemplo, una iniciativa que consignara, ante todo, un plan de construcciones carcelarias o que, por lo menos, tuviera por objeto destinar fondos para reparar aquellas cárceles que son absolutamente insalubres.
En mi intervención de ayer señalé algo que es manifiesto, señor Ministro: la injusticia que involucra el hecho de que de varias personas que están sufriendo una sanción penal por igual delito, algunas, de acuerdo con el lugar donde les corresponda cumplir la condena, lo hagan en una cárcel que reúne condiciones mínimas, mientras otras de ese mismo grupo permanecen en un establecimiento carcelario totalmente insalubre. Esa diferencia no tiene explicación alguna, como tampoco la tiene el hecho de que, estando nosotros a cuatro o cinco cuadras de la Cárcel Pública de Santiago, no nos hayamos abocado jamás al problema que señala el informe, según el cual dicho establecimiento, que tendría capacidad para 300 personas, normalmente alberga a 800, 900 ó 1.000.
Me parece, pues, que deberíamos aprovechar la oportunidad para llegar más a fondo en el problema carcelario y crear los recursos que permitan de una vez por todas abocarnos a resolverlo. Porque hay absurdos tan grandes como el que se me señaló hace algún tiempo: existe un Reglamento que rige, me parece, desde 1920 y que establece que los reos pueden mantener relaciones con sus cónyuges, o sea, pueden cohabitar, de acuerdo con dicho reglamento, con sus respectivas mujeres. Esto, teóricamente, se cumple en Arica, porque allí, seguramente, mediante los fondos de la Junta de Adelanto de esa ciudad, se puede ejercitar ese derecho. Y ello significa, entonces, que el que delinque en Arica tiene una ventaja muy grande respecto del que lo hace en Iquique o en el resto del país. ¿Cómo es posible que haya aberraciones de esta naturaleza? La verdad es que ellas no tienen justificación alguna.
Al Honorable señor Montes, que preguntaba cuál era el alcance de mis observaciones, le digo que no es otro, como lo he expresado, que el de aprovechar esta oportunidad, máxime teniendo en cuenta que se retirará la urgencia del proyecto, para abocarnos de una vez por todas al problema de fondo, creando recursos para que desde luego se construyan o reconstruyan las cárceles.
Yo entiendo que esta iniciativa se cristaliza o concreta me agradaría que el señor Ministro de Justicia, que es su autor, me lo confirmara mediante la creación de talleres artesanales o de pequeña o mediana industria. Así lo entiendo yo. Sin embargo, cabe hacer notar que existen cárceles que son tan estrechas que en ellas no sólo no caben todos los reos, sino que incluso ofrecen dificultades para instalar los servicios más indispensables. Y en estos penales, entonces, con la ley en discusión, tampoco se podrán crear esos talleres tan indispensables. Esto podrá ser factible únicamente en las grandes cárceles, y con ello estableceremos una discriminación y una injusticia más.
Por eso, si queremos sinceramente enfrentar la situación y sacar de nuestras conciencias el cargo que en ellas pesa al menos, éste es mi caso por no haber resuelto el problema, yo sería partidario de enviar nuevamente el proyecto a la Comisión respectiva, a fin de que allí no sólo se precise el estudio de esta iniciativa, sino también lo que he señalado y que se refiere a una política de conjunto, con un plan general de construcciones o reparaciones carcelarias.
Ese era el alcance de las palabras que pronuncié ayer.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
Señor Presidente, me parece que las ideas expuestas por el Honorable señor Foncea son muy atendibles, ya que ellas plantean la necesidad de abocarnos al estudio de una iniciativa legal que vaya mucho más allá de lo que representa la que ahora debatimos. Yo considero que ello es absolutamente necesario, imprescindible e inmediato. Nosotros, en el Ministerio, hemos hecho un estudio que se relaciona precisamente con las necesidades más urgentes y que, de acuerdo con lo que hemos podido apreciar, representan un gasto de más o menos cuatrocientos millones de escudos. Digo esto porque el presupuesto que tiene el Ministerio de Justicia para todo lo que es menester alcanza a 86 millones de escudos, o sea, se trataría de una suma que lo excedería casi en cinco veces.
Ahora, si a propósito del proyecto que en este instante discutimos pretendiéramos legislar sobre la materia planteada por el Honorable señor Foncea, creo que posiblemente nos saldríamos de la idea matriz del mismo. Por eso, ofrezco presentar un proyecto aparte, en el cual se aborde definitivamente el problema, cuya solución repito es indispensable. Me parece que en esta forma se podría salir adelante con la otra proposición que significa, como es natural, una pequeña parte de lo que involucra el problema en general: la posibilidad de dar cierta autonomía, dentro de los establecimientos carcelarios o fuera de ellos, a algunas pequeñas comunidades de trabajo.
Repito: si pretendiéramos legislar en este mismo proyecto sobre esa materia, me parece que no obtendríamos un sistema muy eficaz para abocarnos al problema. De ahí que ofrezca presentar una iniciativa aparte, dentro de breve plazo.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
¿Me permite, señor Presidente?
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
Señor Presidente, junto con el Senador señor Valenzuela presenté una indicación que deseo fundar en esta oportunidad. Desde luego, compartimos absolutamente todas las finalidades que el proyecto persigue y que hoy día han sido expuestas y defendidas aquí en forma muy lata por el señor Ministro y por el señor Luengo, en representación del Gobierno. Sin embargo, yo me permito observar que en la composición del consejo que asesorará al Departamento de Trabajo y Capacitación Penitenciaria, señalada en el artículo 52, no se considera en ninguna de las letras de éste, los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones, ANFUP. A mi juicio, esto constituye una verdadera aberración, porque si hay personas que realmente conviven con los procesados y los presos, y que conocen los problemas humanos, síquicos y materiales que a éstos se les pueden presentar, son precisamente esos funcionarios, que día a día conviven con ellos, que muchas veces comparten sus inquietudes, y, que, en otras oportunidades, en cumplimiento de sus obligaciones, deben imponer su autoridad en el servicio.
Creo que dentro de ese Consejo así lo ha estimado también el Honorable señor Valenzuela deberían participar por lo menos dos representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones. Ellos tienen cabal conocimiento sobre la materia y, en definitiva, por ser solamente dos, no influirán de manera alguna en las decisiones del Consejo, ya que no constituirán mayoría, y en cambio la opinión que puedan expresar dentro de ese organismo será realmente útil.
Por lo anterior, deseo solicitar al señor Ministro de Justicia y a los parlamentarios de Gobierno que acojan la indicación que hemos presentado, consistente en agregar una letra j) al artículo 52 del proyecto, en virtud de la cual se incluya en el Consejo mencionado a dos representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones. Me parece una medida útil.
En este momento nuestro partido tiene un predominio de orden político en esa Asociación. Conocemos a esas personas y sabemos que las guía el mejor espíritu y ánimo de comprensión hacia los presos y los reos. Sin embargo, creemos que, aunque mañana se operaran algunos cambios en la directiva de la Asociación, seguiría siendo útil que estuviera representada en el Consejo Nacional.
He querido fundar la indicación que hemos presentado, porque la considero enteramente razonable. Estoy seguro de que todo el Honorable Senado compartirá la opinión que los democratacristianos, por medio del señor Valenzuela y del que habla, hemos hecho presente en la indicación a que me he referido.
Podría fijarse cuando se califique la urgencia.
Exacto.
Eso será después del 21 de mayo.
En ese entendido, se aprobaría en general el proyecto. La calificación de la urgencia y el plazo para presentar indicaciones se decidirían en la próxima legislatura ordinaria.
Acordado.
El señor REYES (Presidente accidental).-
Entiendo que sigue vigente el ofrecimiento hecho por el señor Ministro en el sentido de retirar la urgencia del proyecto. Para que esto sea efectivo, el oficio correspondiente debe llegar a esta Corporación antes del día de mañana. En ese entendido, las indicaciones ya existentes no se votarían en esta sesión. En cuanto a plazo para presentar otras, entiendo que lo más lógico sería que se pronunciaran sobre el particular los Senadores que iniciarán sus funciones después del 21 de mayo, ya que no podríamos nosotros adoptar acuerdos que los obligaran a ellos.
Sugiero que, puesto que se retira la urgencia, el plazo para la presentación de indicaciones se fije en la primera sesión en que el Senado que asumirá sus funciones después del 21 de mayo adopte resoluciones.
MODIFICACION DE LEY 17.386, QUE BENEFICIA A DETERMINADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y TALLERES ARTESANALES.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde ocuparse en un proyecto de la Cámara de Diputados que establece un nuevo régimen tributario y dicta normas de fomento aplicables a los pequeños industriales y artesanos.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 59ª, en 3 de enero de 1973.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 97ª, en 3 de mayo de 1973.
Discusión:
Sesión 98ª, en 8 de mayo de 1973 (se aprueba en general).
Este proyecto pasó en segundo informe a la Comisión de Hacienda, la cual, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Acuña, García, Silva Ulloa y Valenzuela, hace presente a la Sala que fueron retiradas dos de las tres indicaciones presentadas. La Comisión consideró una indicación para agregar la frase tales como las tintorerías, lavanderías, etcétera en el inciso penúltimo del artículo 1º, entre la palabra industriales y la preposición o. La Comisión aprobó esta indicación y recomienda a la Sala adoptar igual acuerdo.
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Entiendo que reglamentariamente se encuentran aprobados todos los artículos restantes, es decir que sólo está pendiente aquel en que incide la indicación aprobada por la Comisión. Ella fue presentada por el Senador señor García con el propósito de convertir en realidad un acuerdo o conversación que sostuvimos en la Comisión de Hacienda en cuanto a considerar incluidas esas actividades dentro del artículo respectivo.
Estoy de acuerdo con el señor Senador no se encuentra en la Sala en este momento quien podrá, con mayor conocimiento de causa, por ser el autor de ella, explicar en qué se funda la indicación. En todo caso, su sentido es el que he indicado.
Propongo que se apruebe sin enmiendas el segundo informe de la Comisión de Hacienda.
El proyecto en debate sustituye el texto de la ley Nº 17.386, promulgada y publicada al término del período presidencial de don Eduardo Frei. Dicha ley adolecía de numerosos errores, de modo que no pudo aplicarse y el Ejecutivo se vio obligado a postergar hasta esta fecha el pago de los impuestos que afectarán a los empresarios industriales pequeños y medianos y a los talleres artesanales.
El texto del proyecto aprobado se ajusta casi exactamente a los acuerdos logrados en reuniones sostenidas por representantes del Gobierno, de la Confederación Nacional Unica de la Pequeña Industria y Artesanado, y de la Asociación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile, organizaciones éstas que representan, precisamente, a estos contribuyentes.
En la Comisión de Hacienda elaboramos un informe que, a nuestro juicio, contiene un error. Dada la urgencia vigente no podemos ahora subsanarlo. Es preferible, entonces, que por la vía de la observación el Ejecutivo elimine una de las dos disposiciones que están repetidas. Por lo demás, como no hay indicaciones renovadas y en este segundo informe sólo se aprobó la propuesta por el colega señor Víctor García, me parece que sólo corresponde en este instante aprobar el informe, con lo cual quedará despachado el proyecto.
Pido la palabra.
Pido la palabra.
Advierto a los señores Senadores que a las seis y cuarto termina el Orden del Día, y que aún quedan dos proyectos por tratar.
Los Senadores de estas bancas daremos nuestros votos favorables a este proyecto, pues beneficia a más de 35 mil pequeños industriales y artesanos dándoles un tratamiento tributario excepcional muy favorable y complementando tales franquicias con otros beneficios que permitirán a esos sectores desarrollar con más eficiencia y seguridad sus actividades.
En seguida, quisiera hacer presente que en el primer informe de la Comisión se deslizaron dos errores que, por desgracia, no fueron reparados en el segundo. En efecto, en la página 26 puede observarse que el último inciso del artículo 2º es exactamente igual al artículo 3º, repetición que no tiene objeto alguno. Sobre el particular, formularía indicación para que, al votarse el proyecto, se eliminara el último inciso del artículo 2°.
Por otra parte, en la página 30 del informe, al final del artículo 14, después de la relación de la escala de impuestos que deben pagar los trabajadores que mantengan talleres o negocios de peluquería, salones de belleza y similares, se establece que el impuesto que se aplique por las disposiciones de esta escala no podrá ser inferior a dos sueldos vitales anuales. La verdad es que la disposición debería hacer referencia a dos sueldos vitales mensuales, porque de otra manera los sectores que se trata de favorecer terminarían pagando más impuestos que los que pagan en estos instantes. En este caso, se trataría en el fondo de una expropiación de los capitales de estos pequeños industriales.
Me parece que, con estas dos rectificaciones, el proyecto podría aprobarse.
Son simplemente un error.
Podríamos eliminar el último inciso y hacer la rectificación del caso, con lo cual el proyecto quedaría bien.
En el entendido de que el último inciso del artículo segundo es idéntico al artículo tercero, se suprimiría dicha disposición.
En cuanto al error en que se habría incurrido en el artículo 14, que se refiere a sueldos vitales anuales....
En el artículo 3º se habla de sueldos vitales mensuales.
Parece que se trata de un simple error de transcripción, porque el artículo 15 del proyecto remitido por la Cámara, que contiene la escala de impuestos, señala: El impuesto de este artículo no podrá ser inferior a dos sueldos vitales mensuales.
No me referí denantes a este particular, pues pensé que no había posibilidad de subsanar este error por no haber indicaciones renovadas. Claro está que si hay acuerdo en la Sala, podemos resolver de inmediato el asunto.
Si le parece a la Sala, se suprimirá el último inciso del artículo 2º, y se reemplazará en el penúltimo inciso del artículo 14 la mención a sueldos vitales anuales por sueldos vitales mensuales.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
Señor Presidente, soy partidario de la aprobación de este proyecto, pues, según leo, establece diversos beneficios a favor de determinadas empresas industriales y talleres artesanales. Según me he impuesto por la rápida lectura del proyecto, se trata de favorecer, en general, a pequeños o medianos empresarios artesanales o industriales.
A este respecto, quiero decir que todas estas franquicias tributarias están muy bien, son aceptables y debemos apoyarlas, pero que, en definitiva, el aspecto fundamental y básico no consiste en otorgar estas garantías de orden tributario, sino, principalmente, en dar a los pequeños propietarios o empresarios agrícolas o industriales, y a los comerciantes en general, una garantía plena de que podrán desarrollar sus actividades sin peligro alguno para su existencia futura.
Está en el proyecto.
Me agradaría mucho poder ver ese artículo. Ojalá me lo señalara Su Señoría. La verdad es que prácticamente me estoy incorporando a las sesiones del Senado, desde hace pocos días.
Creo y sostengo que de nada vale otorgar franquicias tributarias sí estos pequeños propietarios no gozan de inviolabilidad acerca de la existencia de sus empresas. Porque si ellos viven en permanente intranquilidad, en la inseguridad, si cualquier día pueden ser despojados, como les sucede a los pequeños agricultores de las provincias que represento, de nada sirven como estímulo las franquicias tributarias, cualesquiera que sean su orden y su monto. Lo importante es que ellos puedan contar con la seguridad de que el Gobierno éste o cualquier otro les respetará su derecho de propiedad y les dará protección para que realmente puedan producir con tranquilidad a favor del país.
Yo no defiendo a los latifundistas ni al gran propietario, ni al oligarca ni al monopolista, y creo que uno de los grandes errores que ha cometido la actual Administración estoy dándole un consejo a este Gobierno, y si yo quisiera que cayera no se lo daría es precisamente el de no haber dado seguridad al pequeño propietario en general, en nuestro país, para que pueda trabajar con absoluta seguridad, producir con tranquilidad y allegar para Chile un patrimonio agrícola, industrial, minero y comercial que en este momento nos hace falta.
Yo no quiero que este proyecto sea aprobado, por lo menos con el consentimiento del Senador que habla, sin dejar constancia de esta advertencia, y me parece que la invulnerabilidad a que me refiero debe establecerse, no en una ley, sino en la Constitución Política del Estado.
Y lo digo, señor Presidente, apoyado no en opiniones simplemente personales o de la Democracia Cristiana, que siempre hemos sostenido, sino en argumentos dados en los países socialistas por tratadistas marxistas tan modernos, como el caso, muchas veces citado por mí, del que fue Vicepresidente de Polonia y gran economista, Oscar Lange, que afirma que el proceso de socialización puede ser muy drástico, puede ser muy rápido, pero debe garantizar al pequeño propietario la seguridad absoluta de su derecho a la propiedad privada sobre los medios que posee, a fin de que pueda trabajar y contribuir a la producción nacional en el caso de los agricultores, al aumento de algo tan esencial como son los alimentos, con absoluta seguridad y tranquilidad.
De ahí que, por lo menos, al aprobar este proyecto, quiera dejar constancia de mi criterio personal al respecto, y, presentándole mis excusas al Honorable Senado por no estar debidamente interiorizado de todo el detalle de este proyecto, hacer presente que considero inútiles todas estas franquicias tributarias, las considero un engaño, si ellas no van acompañadas, ante todo, de una verdadera garantía, establecida en el texto de la Constitución Política del Estado, que asegure a los pequeños y medianos propietarios agrícolas, industriales, comerciantes y mineros, la propiedad de sus empresas y la certidumbre de que no han de sufrir ni tomas, ni expropiaciones, arbitrariedades o discriminaciones de ninguna clase.
Estos alicientes tributarios son simplemente ilusiones si no van acompañados de esa garantía constitucional; más que de la garantía constitucional: del deseo del Gobierno de respetar realmente esas franquicias, porque a tales propietarios debe dárseles garantías, no solamente en los textos, constitucionales o legales, sino también en los hechos, de manera que cuando los atropellen elementos extremistas o ultristas, el Gobierno ponga a su disposición el auxilio de la fuerza pública para protegerlos en el desarrollo legítimo de una actividad que, por lo general, ejercen en una industria familiar. Porque estos medianos y pequeños propietarios no son explotadores ni capitalistas, ni monopolistas ni oligarcas, sino hombres de trabajo que por lo común laboran por cuenta propia, sin explotar el trabajo ajeno. Tal es el caso de los camioneros y de otros, que trabajan ellos mismos su medio de vida o por intermedio de algún familiar.
Por lo anterior, insisto: creo que toda esta ley en debate terminará, en el fondo, en una farsa, si no la respalda la inviolabilidad de la pequeña propiedad industrial, agrícola, comercial y minera.
En votación las modificaciones del segundo informe de la Comisión de Hacienda. El resto de las disposiciones, que no han sido enmendadas, se dan por aprobadas.
(Durante la votación).
Señor Presidente, me voy a referir exclusivamente a la intervención del señor Fuentealba.
Entiendo que en la materia pueden proceder muchos criterios, especialmente cuando se trata de establecer una sociedad en que los valores que motiven a los seres humanos, aparte sus legítimos derechos y aspiraciones personales, no sean sólo los propios, los del egoísmo. Pero, en fin, creo que esto daría pie a otro tipo de discusión.
En todo caso, si tuviera que pronunciarme en líneas generales, decir sí o no simplemente, diría que concuerdo con el señor Fuentealba. Coincido con sus expresiones y me alegro de ellas, porque las considero valederas en un aspecto de mucha importancia; pero carecen de razón de ser sus aprensiones, pues en el artículo 25 de este proyecto se establece precisamente que ninguna de las empresas favorecidas por las disposiciones de la ley en debate puede ser objeto de expropiación, requisición o intervención, de manera que su propiedad está absolutamente garantizada.
Yo quería decir estas palabras a pesar de que estoy pareado con el señor Papic y no podré votar.
A mi juicio, las expresiones del Senador señor Fuentealba deben entenderse como una crítica a algunos sectores, a algunos grupos que han creado conflictos, especialmente con pequeños agricultores. Pero si pretende hacérsela al Gobierno, ésa es una crítica injusta.
El Gobierno ha sido claro y preciso en adoptar una posición frente a las tres áreas de la economía. Reiteradamente ha dicho que respetará, y lo ha respetado, el derecho de los pequeños propietarios, de los pequeños industriales, de los pequeños comerciantes y de los pequeños agricultores a explotar sin ningún problema sus pertenencias, sus industrias; les ha entregado recursos en forma bastante amplia, mediante el crédito, a fin de ayudarlos, de manera que en este aspecto concordamos con la posición del señor Fuentealba, en cuanto a la defensa de esos trabajadores. La duda del señor Senador respecto de la efectividad de las medidas tributarias que este proyecto entrega a esos sectores productivos, está salvada con precisión en el artículo 25, que establece lo siguiente: Las empresas industriales, talleres artesanales o establecimientos que se acojan al régimen tributario establecido en los Títulos I y III de esta ley no podrán ser objeto de expropiación, requisición o intervención.
De modo que la garantía que tanto preocupa al señor Fuentealba figura en esta norma que entrega a esos empresarios la seguridad de un desarrollo prácticamente integral de sus actividades sin mayores preocupaciones de tipo coercitivo.
Desde el Gobierno y en el propio Programa de la Unidad Popular hemos fijado con exactitud cuáles son las empresas que nos interesa expropiar. Y lo hemos planteado no sólo a través de declaraciones, sino en proyectos de ley que se han sometido a la consideración del Congreso Nacional y que éste ha rechazado por mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, o, en otros casos, ha desvirtuado sus ideas. Así ocurre precisamente con el proyecto sobre las tres áreas de la economía presentado por los señores Hamilton y Fuentealba, que no salva la situación de los pequeños industriales, sino la de los grupos monopólicos y de otros sectores de los más pudientes, a quienes se pretende, por la vía de la interpretación constitucional, o derechamente por la modificación de la Carta Fundamental, devolver, incluso, las empresas que han sido expropiadas, que están intervenidas o en transición para pasar al área social.
Como digo, en este aspecto el Gobierno ha sido explícito, claro, terminante, para reafirmar, muchas veces, su respeto, su apoyo y su ayuda al pequeño empresario, al pequeño agricultor, al pequeño industrial; y el proyecto que ahora tratamos cumple estas finalidades, por lo cual votamos afirmativamente y entendemos que lo aprobará la unanimidad del Senado.
Lo que ha expresado el señor Fuentealba interpreta el sentir de todos los Senadores democratacristianos, desde luego, y también el de una cantidad enorme de personas que tienen un actuar mediano en sus actividades, porque si bien es cierto que el artículo 25 del proyecto otorga garantías, ¿qué vemos que ocurre en la práctica?
Creo que es conveniente hablar con absoluta claridad sobre estas cosas, porque de lo contrario pareciera que no nos desempeñáramos de acuerdo con lo que debemos ser los Senadores.
Claro, aquí está el artículo 25. Pero debemos atenernos a la realidad. Durante mucho tiempo he estado denunciando aquí la situación de un pequeño propietario campesino, de un obrero agrícola que, trabajando en forma extraordinaria, había logrado obtener dinero suficiente para comprar una carretela y un caballo. Con ellos hizo otros negocios y adquirió media hectárea ¡media hectárea! de tierra en San Vicente de Tagua Tagua, en un lugar denominado Rastrojos. Pues bien, este hombre, que tenía seis hijos, había edificado su casita a suelo pelado, ni siquiera con ladrillo, con el ladrillo colorado que vemos en el campo: a suelo pelado. El día menos pensado llegaron hasta su propiedad unos señores del Partido Socialista y otra gente, le ocuparon su media hectárea, le dijeron que lo iban a echar de la casa, lo amenazaron, le talaron los arbolitos que había plantado, etcétera. En resumen, después de grandes dificultades a mí personalmente sólo me faltó hablar con el Presidente de la República para pedir la restitución del terreno logró, después de año y medio mediante la justicia, que lo devolvieran su media hectárea.
¡A esto se refería el Honorable señor Fuentealba! Porque una cosa es lo que dice el Gobierno, y otra, lo que se hace. Y esto, en realidad, es lo que está colmando la paciencia de todos los chilenos.
Por eso, al fundar mi voto, quería expresar mi sentimiento, que es común al de la inmensa mayoría de nuestros connacionales.
Voto que sí.
Señor Presidente, mis apreciaciones sobre este proyecto están contenidas en el primer informe de la Comisión de Hacienda. Por esto no las voy a repetir, pero sí resumirlas.
Este es un país en que se está tratando de ayudar a un grupo de personas, dándoles franquicias, créditos, toda clase de facilidades para que crezcan, extiendan su actividad, mejoren su situación económica, en otras palabras: para que salgan de su pequeñez, pero que, en el mismo instante en que esto consiguen, desaparecen como industriales.
Es algo muy similar a lo que hacen algunos criadores de pavos esto es muy a propósito, porque estamos próximos al mes de junio que realizan esfuerzos increíbles por engordar a esas aves y después se las comen. Mediante esta iniciativa se trata de engordar a los pequeños empresarios para en su oportunidad comérselos.
Tan ciertas son las prevenciones del Honorable señor Fuentealba, que quiero hacerles un alcance.
Se ha dicho aquí que el artículo 25 da garantías al pequeño propietario. Pero no se ha dicho que ese precepto lo aprobó la Oposición, con el voto negativo del Gobierno. Esto demuestra que no quieren establecer la inexpropiabilidad para el pequeño comerciante. ¡De modo que en todo lo que ha manifestado, el Honorable señor Valente se ha tomado del carro de la Oposición!
El artículo fue propuesto por el Honorable señor Aguirre Doolan, quien lo redactó; la Oposición lo aprobó, y el Honorable señor Silva Ulloa, después de consultar al Ejecutivo, lo votó negativamente. ¡No contamos con el apoyo del Gobierno para la aprobación de ese precepto!
Ahora, si después de lo expresado por el Honorable señor Valente pudieran ellos cambiar de opinión, seríamos los primeros en...
No es cambio de opinión, sino una actitud permanente.
Entonces quiere decir que no habrá veto. Es muy grato para nosotros este compromiso contraído en el Senado, y quiere decir que han sido muy útiles las prevenciones expresadas por el Honorable señor Fuentealba.
Voto que sí.
Voto a favor de esta iniciativa, y aprovecho la oportunidad para subrayar en pocas palabras la importancia de las prevenciones manifestadas en la Sala.
No pueden los pequeños empresarios ser inducidos a error en cuanto a los propósitos últimos del Gobierno. Este tiene dispuesto lo preciso para que a cada uno le llegue su hora en el momento oportuno. De modo que aquéllos no deben sentirse garantidos por estas disposiciones, porque si en este instante el Ejecutivo las deja pasar, no las objeta, se retracta y cambia de posición, es con la única finalidad de no levantar más resistencias que las necesarias.
Apoyamos el proyecto. Sin embargo, nos interesa referirnos a este punto, aunque ello resulte redundante después de las espléndidas intervenciones que aquí hemos escuchado, porque insisto toda precaución que se tome al respecto es insuficiente, por la forma como se comportan los marxistas, particularmente cuando se trata de la clase media o de los sectores que, no obstante disponer de menores recursos, tienen cierta independencia que les permite sustentar su libertad política.
Reitero mi voto afirmativo.
Séame permitida, al fundar mi voto, una observación.
Opino que la intervención del Honorable señor Fuentealba no puede dar lugar a un debate en esta Sala, porque en la práctica sus ideas son representativas del sentir unánime del Senado.
Los socialistas creemos que el pequeño industrial, el pequeño empresario debe ser protegido y amparado, no sólo por el compromiso político que se contrajo al concebirse el programa de la Unidad Popular que llevó al Poder al actual Gobierno, sino también por una razón filosófica, una razón de principio: creemos que el socialismo no es más que la protección del trabajo. Y, por lo tanto, cuando nos encontramos frente a un pequeño empresario, sea industrial, agrícola o comercial, tenemos que reconocer la realidad de que él aporta a la economía un esfuerzo creador muy importante. Porque es prácticamente inconcebible que el pequeño empresario pueda ser sustituido por una organización estatal o por cualquier otro tipo de organización impersonal.
Advertimos la diferencia de fondo que existe entre el pequeño empresario, en cuanto a la justicia que le asiste en la propiedad de sus medios de producción, y el gran empresario. Vemos que éste realiza una labor parasitaria, fundada substancialmente en el monopolio que ejerce sobre los medios de producción; en cambio, aquél está aportando su trabajo, su preocupación, sus desvelos...
Y si tiene obreros y empleados, ¿los explota o no?
No los explota, señor Senador.
Es lo único que deseaba saber. Aunque tenga dos, los explota.
Está equivocado, señor Senador. Porque el que trabaja en común con otro para tomar parte del beneficio que de ello provenga no explota a nadie, sino que está recogiendo lo que le corresponde por su esfuerzo, por su sacrificio personal.
Veo que sé más de marxismo que Su Señoría.
No vengo a discutir con el señor Senador los grados de erudición de cada cual, ni respecto del marxismo ni de ninguna otra materia.
El que he señalado es el sentimiento común. Y el Honorable señor Fuentealba citó incluso a un marxista: al señor Lange. De modo que no se trata de novedades ni de cosas originales que se me estén ocurriendo en este instante. Estoy haciendo la diferencia, reconocida y proclamada por nosotros, que existe entre el pequeño empresario y el grande. Para nosotros, son categorías que difieren no sólo desde el punto de vista cuantitativo. Consideramos que son distingos que nacen de la naturaleza misma de su actividad social. Por eso, estamos a favor del proyecto.
En cuanto a las seguridades que reclama el Honorable señor Fuentealba, debo decir con tranquilidad que pienso que finalmente las tensiones sociales del momento son producto, no de la mente afiebrada de algunos, sino de condiciones objetivas predominantes en la vida social. En la medida en que se vayan solucionando los problemas sociales, en Chile habrá paz, habrá condiciones para la convivencia pacífica.
Pienso en ello. Y creo que para alcanzar esa meta, que es un ideal común, todos tenemos el deber de poner algo que a veces resulta muy difícil pedir: la buena fe, la confianza en que las ideas se van a llevar a la práctica. Porque gobernar un país es una empresa bastante compleja, y todos los que han estado cerca del Poder pueden dar testimonio de que muchas veces las medidas prácticas resultan muy distintas de lo que se concibió, porque en ellas intervienen personas que tienen en sí algo que las diferencia de quienes se encuentran en el Gobierno.
Esta Administración ha contraído el compromiso serio, hecho público, puesto por escrito y difundido por todos los medios, de respetar al pequeño empresario. La iniciativa en estudio es una demostración de que el Gobierno está en esa línea, y por eso la voto favorablemente.
He expresado algunas inquietudes acerca de esta iniciativa. Se me ha contestado diciendo que está la disposición del artículo 25, que de alguna manera interpretaría esas inquietudes. Se ha hecho presente que ese precepto se aprobó a sugerencia de la Oposición y con la negativa del Gobierno, hecho que yo desconocía.
De todas maneras, quiero manifestar que el artículo 25 es muy restrictivo, porqué sólo se refiere a las empresas industriales, talleres artesanales o establecimientos que se acojan al régimen tributario tal o cual. No creo que aquí se encuentren incorporadas realmente todas las actividades a que me referí; como es el caso especialísimo de las agrícolas.
Me alegro mucho de que los señores Senadores de Gobierno compartan mi opinión en el sentido de que el pequeño propietario debe gozar de protección en el ejercicio de su actividad. Pero en los hechos, sobre todo quienes representamos a zonas agrícolas, hemos visto que tal protección al pequeño propietario no existe. El Honorable señor Valenzuela citó un ejemplo, y yo podría señalar ciento o doscientos más casos iguales a ése, o peores.
Por lo tanto, opino que el pequeño propietario agrícola, que es el que me interesa en particular, por el hecho de representar a una zona eminentemente agrícola, no va a encontrar protección alguna en la ley en proyecto.
Y a esta falta de resguardo se debe en gran parte el hecho de que la producción agrícola haya bajado de manera tan notable en nuestro país. Citaré un solo ejemplo: en los tiempos de Gobiernos anteriores, en la provincia de Cautín se producían dos millones doscientos mil quintales métricos de trigo, y hoy día no se producen ni setecientos mil, o sea ni siquiera la tercera parte. Esto puede explicar de algún modo la carencia de harina y, consecuencialmente, de pan y otros productos indispensables para la subsistencia de nuestros conciudadanos.
Estoy de acuerdo con las franquicias tributarias que aquí se desean otorgar. Pero no quiero engañarme a mí mismo, ni tampoco que mañana las personas que represento en este Senado me puedan decir: Señor, usted, junto con engañarse a sí mismo, nos quiere engañar a nosotros.
Que se den las franquicias tributarias. Pero, para mí, esto no es suficiente. Lo importante es que el Gobierno preste toda la protección que debe prestar, con todos los elementos de que dispone.
Concuerdo con las observaciones del Honorable señor Chadwick sobre la evolución social, las transformaciones y los cambios. Sin embargo, estimo que a esos sectores debe el Gobierno prestarles una protección integral, incluso con el apoyo de la fuerza pública cuando sea necesario, para que se les respete en sus legítimos derechos y puedan, mediante su actividad, esos hombres modestos, que por lo general no viven del trabajo ajeno, que no son capitalistas y a quienes no se puede tachar de oligarcas ni de monopolistas, contribuir al abastecimiento en nuestro país de algo tan esencial como son los alimentos y de los que en estos días carecemos en forma casi absoluta.
Estamos de acuerdo.
Señor Presidente, me correspondió actuar en la Comisión de Hacienda cuando se votó este proyecto. Y voté todas sus disposiciones, especialmente el artículo 25. Pero hice presente durante la discusión general que se trataba de una iniciativa muy reducida y pequeña, porque, frente al vértigo de la inflación chilena, bastaría que un pequeño industrial o artesano tuviera una casa, un torno o dos motores para que su capital efectivo excediera los 130 sueldos vitales anuales.
Mientras el Honorable señor Chadwick, al despedirse, nos hablaba en forma tan promisoria de la defensa del pequeño empresario, yo recordaba, a propósito de los conceptos que vertió el Honorable señor Fuentealba, las indicaciones que llegaron a las Comisiones Unidas de Constitución y de Agricultura cuando discutíamos el proyecto de reforma constitucional que garantiza la inexpropiabilidad de los predios de 40 hectáreas de riego básicas. Creía estar viviendo una pesadilla cuando observaba las indicaciones del Gobierno que rechazaban totalmente las normas que asignan en propiedad las tierras a los asentados; y aún más, cuando leí una indicación que establecía la expropiación violenta de toda la tierra chilena, incluyendo el inventario; ¡una aberración tal, después de haberse expropiado en nuestro país ocho millones de hectáreas de terreno arable, y luego de declarar el Presidente de la República terminado el latifundio en Chile!
Por eso, estimo que los conceptos del Honorable señor Fuentealba pesan sobre toda la República; pesan en el destino de Chile. Y la solución tendremos que verla en el proceso que el 11 de junio se realizará en el Congreso Pleno, cuando ratifiquemos el proyecto de reforma constitucional relativo a las 40 hectáreas de riego básicas, y durante el desarrollo del plebiscito a que irá Chile con motivo del proyecto que establece definitivamente las áreas de la economía. Ahí surgirá, Honorable colega señor Fuentealba, la ratificación de toda la ciudadanía sobre una materia que esta tarde hemos tratado tan de soslayo.
Voto que sí, pero dejando constancia de que considero el proyecto, y especialmente su artículo 25, algo netamente declamatorio frente a nuestra inflación.
Pido la palabra, señor Presidente.
Puede fundar su votó el señor Senador.
Señor Presidente, no iba a intervenir en este debate, pero quiero expresar que, a mi juicio, constituye un ejemplo típico de la política del Partido Nacional la actitud que ha adoptado durante el debate, en el sentido de no dejar pasar una al Gobierno. En efecto, todos los que han hablado han expresado estar de acuerdo con la iniciativa, han señalado que es buena a pesar de que faltaba una indicación, pero la estimaron insuficiente y que es necesario consignarla en la Constitución. Sin embargo, todos han votado que sí, aunque durante la fundación del voto señalaron que todo era malo y que el Gobierno es más malo que nadie. Es el arte del birlibirloque: presentar las cosas en la forma como alguien lo desea.
Sobre todo, me ha llamado bastante la atención el hecho de que, por ejemplo, el Honorable señor Ibáñez insista en aparecer como una especie de arcángel protector de lo que denomina clase media. Nosotros tenemos muy claro, y en nuestras ideas programáticas siempre lo hemos expresado, que los sectores privilegiados que representa el señor Senador, por ejemplo, van a ser afectados...
EL señor IBAÑEZ.- Yo no represento a ningún sector privilegiado, señor Senador.
Se sabe positivamente que Su Señoría es privilegiado desde el punto de vista material. De eso no hay duda, como tampoco la hay de que también representa a esos sectores. Sin embargo, es conveniente que se sepa que, en cuanto a lo intelectual, el señor Senador es indigente. También es oportuno...
Usted sabe que obtuve la más alta mayoría popular de Valparaíso. Examine las cifras de la última elección.
Eso es harina de otro costal, señor Senador. Se ha equivocado buena parte de esa gente.
Precisamente, el otro día, el Senador Ibáñez, refiriéndose a los marxistas, expresó a un diario que a todos ellos, que eran unos criminales, debían tomárseles las huellas genitales, dando con ello una demostración muy alta de su nivel intelectual.
No, señor Senador. No he dicho nunca eso.
Bueno, como es natural, eso me llamó mucho la atención.
A mi juicio, la gente de Derecha siempre recoge la bolita para sembrar, por intermedio de alguno de sus típicos exponentes como el Senador señor Ibáñez, este tipo de duda, de cosa mezquina con relación a las actividades del Gobierno.
Cada cual tiene derecho a dudar, a no confiar. Todo depende de su posición, de las ideas políticas que haya adoptado, etcétera. Pero no puede dejar de reconocerse que estamos ante un proyecto que otorga determinados beneficios a un sector muy importante de nuestra ciudadanía, y, como en la Comisión se propuso una norma, el artículo 25, para poner a cubierto a ese sector de los posibles peligros a que pudiera estar expuesto, fue aprobado no conozco los detalles con la oposición de un Senador de Gobierno por estimarla innecesaria, posiblemente debido a lo que el Honorable señor García, quien se sonríe de lo que estoy diciendo, expresó denantes que estas disposiciones estaban contenidas en esta ley o en esta otra, ¡y para qué más! Entonces, ¡para qué más, si aun cuando que den consignadas en la ley en proyecto, no tienen confianza! ¡Si ni siquiera se tiene confianza, aunque determinada norma esté establecida en la Constitución!
Por lo tanto, como decía un señor Senador, sólo los hechos demostrarán si tal cuestión es así o no lo es, respecto de la posición del Gobierno. A nuestro parecer, ése es el quid de la cuestión, y los hechos lo demostrarán.
Pero hacemos presente que vivimos una situación difícil y un proceso real de cambios. Nosotros lo llamamos proceso revolucionario. Durante estos dos años han ocurrido muchas cosas en nuestro país.
También se producen problemas desagradables, hay notas discordantes, hay situaciones complicadas y, en verdad, eso ocurre en los hechos. Pero nosotros distinguimos el detalle de la marcha general del proceso. Por eso, en algunas oportunidades hemos hablado aquí como doliéndonos un poco o expresando nuestra sorpresa ante la opinión de algunos señores Senadores democratacristianos que, a nuestro juicio, estando de acuerdo con el proceso de cambios, a veces se niegan a reconocer que es consustancial con las transformaciones un período, yo diría, crítico, muy difícil, que provoca errores, equívocos y problemas extraordinariamente graves. El propio Gobierno democratacristiano vivió esa experiencia, sobre todo durante la puesta en práctica de la reforma agraria. En el trayecto general de ése proceso, enteramente positivo, pueden haber surgido problemas e, incluso, pueden haberse cometido errores y encarado dificultades Ello, por ser una experiencia nueva y por haber tenido que enfrentar a fuerzas que pretendían mantener el status y que se oponían, precisamente, al avance y desarrollo de ese sistema. Si se dice que hoy día falta trigo en el país, efectivamente así es, y debe adquirirse en el extranjero; pero ello no sólo es culpa del Gobierno: también es de responsabilidad de determinados sectores que no siembran, que siembran poco o que crean problemas de alguna naturaleza para provocar dificultades.
Le aseguro que los pequeños agricultores no.
Probablemente es así. Yo tampoco creo que los pequeños agricultores procedan en esa forma.
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
Finalizo mi intervención, señor Presidente.
Comprendo que no es posible referirse a todos los problemas en el poco tiempo de que disponemos, pero debo decir que también debe guardarse cierto sentido de las proporciones frente a ellos.
Así como todos han estado de acuerdo con el proyecto en debate, yo también lo considero bueno.
Voto que sí.
Lástima que sea tan pequeño.
A mi juicio, las responsabilidades que adquiere en un momento dado quien tiene la obligación de gobernar son pesadas; producen satisfacciones, pero también implican deberes apreciables, porque la persona que ejerce ese cargo debe cumplir la función de imponer autoridad y hacer respetar las normas que permiten la convivencia entre los ciudadanos.
Sin lugar a dudas, el proyecto en debate es útil, beneficioso y conveniente. Tiene una serie de garantías y ventajas. Pero lo que importa es que efectivamente se pueda cumplir.
Yo les habría rogado a los Senadores de los partidos de Oposición, especialmente a los Honorables señores Valente y Montes, miembros del Partido Comunista, que han planteado su opinión, que por lo menos reconozcan el derecho a discrepar y a tener dudas, porque cuando uno ve que la autoridad ha dicho esto, ha sostenido aquello, ha publicado, planteado, señalado o criticado algo y, en la práctica, actúa de otra manera, uno llega a pensar que existe el propósito de que mientras algunos digan lo que se debe hacer, quienes deben realizarlo proceden en forma distinta. Eso es lo que engendra la duda.
Hace algunos días estuve en la provincia de Cautín, en la zona de Loncoche y de Pitrufquén, habitada por pequeños propietarios, y puedo decir a mis Honorables colegas, en especial a los del Partido Comunista, que en esos lugares no hay deseo de trabajar, pues el pequeño productor no siente seguridad al ver lo que está ocurriendo en esa región, ya que en estos días han recrudecido las tomas de terrenos. El Intendente afirma que se impondrá la autoridad, porque el Gobierno no desea que se repitan estos actos. Bien, primero se conversa y se ruega a los ocupantes ilegales que se retiren; pero permanecen allí y empiezan a destruir los trabajos, a robarse los animales y desaparecen los bienes de trabajo. Finalmente, al cabo de uno o dos meses, si el propietario logra que le devuelvan su tierra, la encuentra arrasada, sin animales, sin herramientas, y su casa destruida. ¿Quién responde por todo eso? Nadie. La única respuesta que a lo mejor puede recibir es, como dice alguien, una insolencia.
Esa es la sensación que existe en muchas actividades pequeñas: en el pequeño agricultor, en el hombre que tiene 70 u 80 hectáreas físicas de terreno, que en aquella zona ni siquiera alcanzan a ser 12 hectáreas básicas; en pequeños industriales y en los dueños de pequeños talleres artesanales; en general, en quienes trabajan en esas actividades de pequeña envergadura y en que labora el propio dueño. No habría querido poner ejemplos personales, pero es el caso que los fines de semana yo mismo trabajo con mis propias manos y transpiro en un predio chico de mi hijo, y lo hago con un temor tremendo. ¿Por qué? Porque a él le han dicho posee 76 hectáreas físicas de tierra, que equivalen a 10,5 hectáreas básicas categóricamente que antes de fin de año sus terrenos estarán incorporados al vecino Asentamiento Michimalonco. Entonces, ¿cómo puede existir ánimo para trabajar?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Señor Presidente, le sugiero prorrogar la hora al señor Senador.
Termino expresando que mi mayor deseo es que se realice un esfuerzo extraordinario a fin de cumplir los objetivos del proyecto.
Si el actual Gobierno cumpliera efectivamente lo que manifiesta por intermedio de sus autoridades, estaríamos en Jauja y muy tranquilos. Asimismo, existiría seguridad en todo orden de cosas, pues, debido a que se hace lo contrario, hay tanta duda.
Se aprueba el proyecto (20 votos por la afirmativa y dos pareos).
V.-TIEMPO DE VOTACIONES.
PUBLICACION DE DEBATE.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación de los Honorables señores Ferrando y Von Mühlenbrock para publicar in extenso el debate habido en la sesión especial de hoy en la mañana.
Se aprueba.
MODIFICACION DE LEY SOBRE EL PEQUEÑO DERECHO DE AUTOR. TRAMITE A COMISION.
Indicación del Honorable señor Fuentealba para volver a Comisión el proyecto de la Cámara que modifica el artículo 91 de la ley 17.336, sobre pequeño derecho de autor.
Se aprueba.
Quedan pendientes algunas peticiones formuladas en la sesión de esta mañana para insertar documentos a que se hizo referencia en diversas intervenciones.
Se aprobaron a medida que se iban solicitando.
Me permito advertir a los señores Senadores que el Senado será citado para mañana a las cuatro de la tarde a fin de tratar los proyectos cuyas urgencias están por vencer.
Se suspende la sesión por veinte minutos.
Se suspendió a las 18.54.
Se reanudó a las 19.15.
VI.-INCIDENTES.
PETICIONES DE OFICIOS.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Continúa la sesión.
El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Se les dará el curso reglamentario.
Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Hamilton: CONSTRUCCION Y REPARACION DE CUARTELES DE BOMBEROS EN LOCALIDADES DE CHILOE.
Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, pidiéndole considerar a la brevedad posible la nota que en abril pasado le dirigiera el Consejo Provincial de Cuerpos de Bomberos de Chiloé, en la cual expone la urgencia de proceder a la construcción y reparación de cuarteles en Ancud, Castro y otras localidades de la provincia de Chiloé.
COLOCACION DE LAMPARAS EN EDIFICIO DE CORREOS DE ANCUD (CHILOE).
A la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pidiéndole disponer los fondos necesarios para el suministro y colocación de lámparas en el nuevo edificio de Correos y Telégrafos de Ancud, conforme lo está solicitando la APTCHE de esa ciudad.
FALTA DE VUELOS LAN A CHILE CHICO (AISEN).
Al señor Presidente de LAN-Chile, solicitándole solucionar un problema de la zona de Chile Chico, provincia de Aisén, que desde hace más de un mes se encuentra sin el servicio de vuelos LAN, lo que agrava el aislamiento de la región.
NO PAGO DE ASIGNACION DE ZONA A JUBILADOS DE ACHAO (CHILOE).
A la Contraloría General de la República y a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Departamento de Pensiones, pidiéndole atender un reclamo de los jubilados del departamento de Achao, provincia de Chiloé, pues aún no reciben el 40 % de asignación de zona desde el mes de octubre de 1972.
Del señor Moreno:POSTA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA MOLINEROS, SANTA CRUZ (COLCHAGUA).
Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole lo siguiente:
Dotar de una Posta de Primeros Auxilios a la localidad de Molineros, de la comuna de Peralillo, departamento de Santa Cruz, provincia de Colchagua, beneficiando con ello a un amplio sector poblacional que se encuentra carente de atención médica.
Incluir en dicha Posta, la construcción de una casa habitación para el practicante que la atienda en forma permanente.
Del señor Ochagavía: IMPORTACION DE MAIZ.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señalándole que, de no importarse maíz de inmediato la producción avícola quedará totalmente destruida por falta de alimento para aves, ya que se estima que la producción interna sólo alcanzará hasta mayo.
Dado el serio problema de alimentos que vive el país, la liquidación de centros productores de huevos y pollos lesionará gravemente la alimentación popular.
ACTUACION DEL AGENTE DEL BANCO CENTRAL EN LA SUCURSAL DE CASTRO (CHILOE).
Al señor Ministro de Hacienda, en cuanto a la actuación del Agente del Banco Central en la Sucursal de Castro en Chiloé, quien habría presionado para exigir que el señor Lionel Santibáñez Henríquez, que importó, una camioneta, la transfiera al Gerente del Instituto CORFO-Chiloé, señor Werter Marcoleta.
Como estaríamos ante una grave extorsión, solicito a Ud. la investigación respectiva.
PROBLEMA OCASIONADO POR MANIPULADORAS CONTRATADAS POR LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DE ANCUD (CHILOE).
Al señor Ministro de Educación Pública, dándole a conocer el problema suscitado por no darse la orden de asumir sus funciones a las manipuladoras contratadas por la Junta de Auxilio Escolar y Becas de Ancud, provincia de Chiloé, lo que ha significado que miles de estudiantes no reciban desayuno ni almuerzo escolar.
REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LOCOMOCION COLECTIVA DE PUERTO NATALES (MAGALLANES).
A los señores Ministros de Economía, Fomentó y Reconstrucción y de Hacienda, representándoles la grave situación de desabastecimiento de repuestos para vehículos de locomoción colectiva que circulan en la zona austral, especialmente en Puerto Natales, donde, por razones de trabajo, más de mil quinientos trabajadores chilenos deben viajar diariamente al yacimiento carbonífero argentino de Río Turbio, regresando después de su faena a sus hogares en Puerto Natales.
La falta de repuestos y neumáticos dejaría a los mineros chilenos sin poder volver a sus casas y se crearía un grave problema social.
Es indispensable disponer de los repuestos, neumáticos y buses para atender esta necesidad.
Del señor Silva Ulloa: PAGO DE REEMPLAZOS HECHOS POR DOÑA MARIA CIFUENTES ROJAS.
Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole que se sirva informar las razones que han existido para no cancelar hasta la fecha los reemplazos cumplidos por doña María Cifuentes Rojas de las personas y en los establecimientos que a continuación se indican y por los períodos que se señalan:
a) De doña Leda Cuellar Gallardo, en la Escuela Nº 19 del departamento de El Loa, desde el 19 de agosto hasta el 20 de septiembre de 1968;
b) De doña Irma Cerda Cuellar, reemplazo pre y postnatal en la Escuela Nº 19 del departamento de El Loa, desde el 20 de septiembre de 1968 hasta el 20 de enero de 1969;
c) De doña Norma Alfaro, reemplazo postnatal en la Escuela Nº 21 del departamento de El Loa, desde el 1º de abril hasta el 9 de mayo de 1970, y
d) De doña Elena Caroca, reemplazo pre y postnatal en la Escuela Nº 15 del departamento de El Loa, desde el 10 de mayo hasta el 23 de agosto de 1970.
Del señor Valente: MAYOR ABASTECIMIENTO PARA ECA Y CREACION DE AGENCIA DE DINAC EN CALAMA (ANTOFAGASTA).
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en los siguientes términos:
En Calama, la Empresa de Comercio Agrícola ha establecido una Agencia que distribuye los productos esenciales para la población. Sin embargo, las existencias de ECA han disminuido en los últimos tiempos y las mercaderías y alimentos que distribuye son insuficientes.
Asimismo, es conveniente crear en Calama una Agencia de DINAC, para asegurar un mejor abastecimiento e impedir que otros organismos distribuidores no estatales desvíen la venta de productos alimenticios, especialmente, al mercado negro y a la especulación, con grave daño para la economía de los trabajadores.
Agradeceré al señor Ministro disponer, si lo tiene a bien, que se proporcione a ECA de Calama una mayor cantidad de productos esenciales para la venta a la población, y la creación de la agencia de DINAC.
BUSTO DE ARTURO PRAT PARA PLAZA HOMONIMA DE CALAMA (ANTOFAGASTA).
Al señor Ministro de Defensa Nacional, en los siguientes términos:
La Junta de Vecinos de la Población Arturo Prat, de Calama ha desarrollado una intensa y fructífera labor para obtener la urbanización y la solución de los problemas más urgentes. El Supremo Gobierno ha atendido las peticiones de la Junta y ha resuelto esos problemas, quedando aún algunos en vías de solución.
Entre las realizaciones se encuentra la plaza de la Población denominada Plaza Prat.
La Junta de Vecinos me ha solicitado obtener del Ministerio de Defensa Nacional la destinación de un busto del Capitán Arturo Prat, para ser colocado en un lugar de honor en dicha plaza.
Agradeceré al señor Ministro que se sirva acoger esta petición, que contiene un alto significado patriótico al enaltecer los vecinos de la Población citada a uno de los más preclaros valores de nuestra patria.
PROBLEMAS DE LOCOMOCION COLECTIVA EN ARICA (TARAPACA).
Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos:
La ampliación del radio urbano de Arica, por la creación de nuevas poblaciones y nuevos loteos, hace necesario extender hacia esas nuevas zonas habitacionales diversos servicios esenciales, entre los cuales uno de los más importantes es él de la locomoción colectiva.
Es el caso, entre otros, por ejemplo, de las Poblaciones Pampa Nueva, Cerro de la Cruz, Parque Industrial, Población Venceremos, Chinchorro Norte, etcétera, cuyos pobladores cuentan con insuficientes medios de transporte colectivo.
Procedería, en consecuencia, crear por parte de la Subsecretaría de Transportes nuevas líneas de recorridos hacia las nuevas y populosas poblaciones, y dotar a la ciudad de un mayor número de máquinas para el transporte de los pasajeros.
Estimo necesario que ese Ministerio designe a un funcionario especializado para que resuelva en la misma ciudad de Arica los nuevos recorridos y se imponga de la necesidad de nuevas máquinas para los efectos de la fijación del número de buses para atender en buenas condiciones el servicio de pasajeros.
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE EN TARAPACA.
Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos:
La creciente actividad relacionada con los transportes que se advierte en la provincia de Tarapacá aconseja resolver un problema de descentralización administrativa que permita resolver con mayor prontitud y agilidad los diversos problemas relacionados con estas actividades.
En la provincia existen más de 2.000 taxis; sobre los 300 camiones de transportes; una permanente e incesante actividad de buses interprovinciales; alrededor de 300 vehículos destinados a la locomoción colectiva; numerosas líneas de taxis, taxibuses y otros del servicio internacional.
Todo esto configura un movimiento intenso, que no puede ser atendido por una Junta Reguladora del Tránsito restringida, integrada por autoridades que tienen otras obligaciones y que no obstante su interés en resolver los problemas de tránsito y de transporte, se ven constreñidos por falta de tiempo y de asesoría técnica.
Es necesario resolver el problema creando una oficina dependiente de la Subsecretaría de Transportes, con la necesaria autonomía, con un funcionario solamente, pero con una comisión en que participen por ejemplo, el Jefe de Tránsito de la Municipalidad, un representante de Carabineros, representantes de los diversos sindicatos u organismos de ellos. Esta comisión, que presidirá el funcionario de la Subsecretaría, puede resolver en buena forma los múltiples problemas que a diario se presentan, con la participación directa de los propios organismos afectados.
Necesariamente, deberá tener representación en esa comisión la Central Unica de Trabajadores y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
Estimo que esta comisión debe resolver los problemas que se presenten a nivel provincial. El señor Ministro determinaría la sede de esta comisión, aunque mi opinión es la de que el funcionario cubra la provincia asesorado por una comisión en Arica y otra en Iquique.
Agradeceré al señor Ministro acoger esta petición que tiende a solucionar problemas diarios y de gravedad.
OBRAS PUBLICAS Y OTRAS EN POBLACION PRAT DE CALAMA (ANTOFAGASTA).
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en los siguientes términos:
Por Oficio Nº 2.049, de 30 de noviembre de 1972, el señor Ministro, contestando una petición del suscrito, informó que se había dispuesto la destinación de 1.200 mts. lineales de construcción de alcantarillado en la Población Prat de Calama.
Debo manifestarle con satisfacción, en mi nombre y en el de los vecinos de dicha población, que esos trabajos se cumplieron satisfactoriamente.
Otros puntos incluidos en mi petición anterior se referían a:
a) La pavimentación de ese conjunto habitacional, una vez terminada la construcción del alcantarillado;
b) La construcción de áreas verdes y terminación de la plaza de la población, en cumplimiento del convenio suscrito entre la CORMU y la Municipalidad, y
c) La construcción de la sede social para la Junta de Vecinos y otras organizaciones de la población, como Centro de Madres, Club Deportivo, etcétera.
Agradeceré al señor Ministro se sirva disponer que se apresure el cumplimiento de esta nueva etapa de urbanización y hermoseamiento de la Población Prat de Calama.
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 3º DE LA LEY Nº 17.663.
A los señores Ministros de Defensa Nacional y del Interior, en los siguientes términos:
La ley Nº 17.663 dispuso, en su artículo 3º, que las viviendas ocupadas por el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros debían ser vendidas a sus ocupantes en la medida en que las instituciones armadas y policiales recibieran viviendas construidas en sustitución de las que se venderían.
Esta disposición supone que aquellas personas que a la promulgación de la ley estaban ocupando las viviendas, siempre que no estuvieran ubicadas dentro de los recintos militares o policiales o adyacentes, adquirían el derecho a ser propietarios de esas viviendas y en consecuencia, debían esperar solamente que los institutos armados y el Cuerpo de Carabineros recibieran nuevas viviendas en sustitución.
El espíritu del legislador de asegurar el derecho a Casa del funcionario que ocupa una casa de propiedad de las instituciones mencionadas es evitar que se produzcan desalojos y se prive a las familias ocupantes de ser propietarias de las viviendas, máxime cuando ellas han introducido importantes mejoras y han realizado obras con cargo a su propio peculio.
Sin embargo, esta intención del legislador se ha visto sobrepasada a raíz de notificaciones que se han cursado a los ocupantes de las viviendas para que, en un plazo perentorio, las desalojen. El cuadro cobra mayor significación tratándose de personal que ha estado en servicio activo al momento de promulgación de la ley pero que se ha acogido a retiro, perdiendo, al parecer, todos sus derechos.
Esta situación ha creado inquietud y malestar entre las familias afectadas, pues el funcionario, después de años de ocupación de la vivienda, se encuentra sin poder ocuparla y sin tener donde vivir; también les es difícil postular a viviendas CORVI u otras, pues al haber estado ocupando una casa de los institutos armados no ha podido reunir las cuotas de ahorro ni la antigüedad necesaria para obtener la asignación de una casa.
Agradeceré a los señores Ministros que se sirvan disponer, si lo tienen a bien, que los institutos armados y el Cuerpo de Carabineros no cursen órdenes de desalojo de las viviendas del personal que las ocupan y, al contrario, se reconozca el derecho a dichas familias de postular a la adquisición de las viviendas en la medida en que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º de la ley. Nº 17.663.
Del señor Valenzuela: AMBULANCIA PARA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ALCANTARA (COLCHAGUA).
Al señor Director General del Servicio Nacional de Salud, haciéndole presente la urgente necesidad de dotar de una ambulancia nueva a la localidad de San Pedro de Alcántara, comuna de Paredones, provincia de Colchagua, ya que la actual se encuentra en pésimo estado y no tiene arreglo. Además, debe considerarse que este poblado está muy distante de los centros asistenciales más cercanos.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano, que le ha cedido parte de su tiempo al Honorable señor Ibáñez.
Tiene la palabra Su Señoría.
VIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA CEPAL.
Señor Presidente: Tengo la certeza de que ninguno de mis Honorables colegas dudará si afirmo que nunca había tenido el propósito de participar en un homenaje a la CEPAL; pero habiéndose aludido en esta sesión al 25º aniversario de esta institución, deseo expresar el juicio que ella nos merece.
Al observar sus actuaciones en este cuarto de siglo, es necesario reflexionar en alta voz sobre la lamentable trascendencia que han tenido para nuestra patria las actividades de este organismo que, contraviniendo su propio estatuto ha realizado labores ilícitas, profundamente dañinas para nuestros pueblos.
Poco o nada tienen que ver los propósitos que dieron vida oficial a este organismo de las Naciones Unidas, con la acción política marxista que la CEPAL ha desarrollado en el continente y, particularmente, en Chile. Desde sus comienzos la Comisión Económica para América Latina se transformó en un bastión desde el cual se programó la estrategia comunista que debía ser infiltrada a todos los ámbitos de la vida nacional.
Los estudios tendenciosos que ha realizado, las doctrinas falaces, el entrenamiento de profesores, activistas y funcionarios a fin de abrir los caminos para la instauración del comunismo fueron los propósitos reales, aunque disimulados, de gran número de funcionarios de este organismo cubiertos ampulosamente con el ropaje de expertos de una agencia de las Naciones Unidas.
La CEPAL ha sido, pues, en lo referente a Chile, el semillero de las fuerzas más disolventes que han actuado en nuestra patria en el curso de los últimos veinticinco años.
Desde el creador de la CEPAL con sus mal intencionadas y ridículas teorías económicas, el doctor Prebisch entre comillas, ciudadano argentino que fracasó rotundamente cuando fue Ministro de Economía de su país, hasta Bruno von Ehrenberg, fundador de la secta SILO, pasando por Jacques Chonchol, que después de destruir la agricultura cubana fue contratado en Chile para destruir la de nuestro país y esclavizar a los campesinos, la lista incluye a los hombres que han contribuido con mayor eficacia a desplomar la economía chilena, como etapa previa para destruir su orden institucional y el estado de derecho.
Basta señalar los nombres de destacados cepalinos que utilizaron este organismo internacional como sede de sus conjuras y centro planificador de la acción marxista, para confirmar este aserto.
Señalamos a la cabeza de ellos a Pedro Vuskovic y Carlos Matus, Ministros de Economía de Allende y activos destructores del patrimonio nacional; a Oscar Garretón, ex Subsecretario de Economía; a Gonzalo Martner, actual Director de ODEPLAN, y a Alfonso Inostroza, Presidente del Banco Central; a David Baytelmann, que como Vicepresidente de CORA ha sumido en el hambre a los chilenos; a Vladimir Arellano, Director del Presupuesto en el Gobierno de Salvador Allende; a Raimundo Beca, el Interventor de MA-DEMSA, de irritante recuerdo; a Kurt Dreckmann, actual Presidente del Banco del Estado; a Patricio Palma, Director de DIRINCO. Son éstos algunos de los nombres estelares de la clase dorada, como la llamó Jaime Valdés, el periodista democrático salvajemente agredido días atrás por los esbirros, seguidores o discípulos de esos personajes sin patria que ha sabido incubar la CEPAL.
Por cierto que no sería justo referirse a ellos sin dejar testimonio de que también existen en la CEPAL personas serias y correctas que constituyen honorables excepciones, y hasta puede que su número sea considerable, aunque poco o nada compensen ellos el daño inmenso que han hecho los que están al servicio del comunismo. Hay sin duda funcionarios de ese organismo que jamás han sido marxistas. Hay otros que lo fueron, y que en un rasgo de honestidad que los honra, abjuraron de esa sumisión política o renunciaron a ella.
Su actual Director de muy reciente designación pareciera haber sido contratado expresamente de fuera de las filas de ese organismo, en un intento de restablecer su prestigio o de tratar de enmendar o hacer olvidar las tenebrosas actuaciones que he señalado.
Pero esa clase dorada, al servicio de los comunistas y pagada paradójicamente con las erogaciones que hacen los norteamericanos a las Naciones Unidas; esa clase dorada que displicentemente pontifica y arregla el mundo, mientras bebe whisky en sus frívolas e intrascendentes reuniones sociales; esa clase dorada constituida en sociedad de socorros mutuos para el autobombo y la creación de prestigios falsos, ha sido en definitiva el instrumento eficaz para inyectar la doctrina y las mentiras marxistas en las universidades, en la prensa, en los foros internacionales, en la Iglesia, en la Administración Pública y en las mentes de toda una generación.
Esos sibaritas que compran obras de arte en los remates de las personas que arruinan, pagándolas a vil precio con sus ingresos en dólares libres de todo impuesto, esos playboys de las reformas sociales, son los inspiradores o los autores directos de las desgracias que vive Chile, de las penurias de sus trabajadores, de la destrucción de su pujante y progresista clase media.
Si los que así han procedido no fuesen tan serviles, esto es tan dependientes de la aprobación comunista, como ávidos de su paga en dólares, deberían tener el coraje de sostener Sus ideas, presentándose en las reuniones de los padres de familia para confesar que, junto a sus cofrades de la UNESCO, son los autores intelectuales de la ENU; para apersonarse en las colas de las JAP y responsabilizarse, junto con sus cofrades de la FAO, por la escasez y el hambre que asuelan a Chile, y para presentarse ante los campesinos de las haciendas estatales y ante los obreros de las industrias intervenidas, y aceptar su responsabilidad como autores de la esclavitud de los trabajadores chilenos.
Pero es inútil pedir peras al olmo. Cumplida su traicionera misión dentro de Chile, algunos de esos funcionarios se han dirigido a otros países de América a continuar su labor de zapa. Muchos otros permanecen todavía aquí, en altos cargos del Gobierno de Allende, como el señor Vuskovic, para consumar la instauración de la dictadura comunista o bien retornar al dorado alero de la CEPAL en el caso no improbable de que su situación se les torne insostenible.
A todos ellos los tenemos presentes en este aniversario, ocasión propicia para recordarles los daños inmensos que han inferido a nuestra patria.
Como todos los seres humanos, los miembros de la clase dorada habrán de responder un día ante la justicia eterna. Pero mucho antes de ello, en el transcurso de sus vidas en este mundo, llegará el momento en que tendrán que hacer frente a la indignada reacción de los pueblos que han sido víctimas de su frivolidad, su opresión, sus despojos y sus traiciones.
Es inútil que se oculten o refugien en su plácido retiro de Vitacura o que aparezcan ostensiblemente en ese templo de la mediocridad en ese monumento a nuestra decadencia, el edificio de la UNCTAD.
Porque donde quiera que vayan, actuarán movidos por las mismas consignas y al servicio del mismo imperialismo. Pero ahora se les conoce y, por lo mismo, estarán condenados a sentir en torno suyo sólo desconfianza, instintivo repudio y el incontenible anhelo de un pueblo de ajustar las cuentas pendientes con ellos.
Formulo indicación para publicar in extenso la intervención del señor Ibáñez.
Quedará para el Tiempo de Votaciones.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra dentro del tiempo del Comité Comunista.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Izquierda Radical, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19.24.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.