Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- TRAMITACION DE ACTAS.
- IV.- LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- PETICION DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ANTECEDENTES SOBRE INHABILIDAD DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
- INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- PETICION DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ANTECEDENTES SOBRE INHABILIDAD DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
- LECTURA DE LA CUENTA
- V.- ORDEN DEL DIA.
- LLAMADO A SERVICIO ACTIVO DE LAS RESERVAS DE LA DEFENSA NACIONAL.
- ANTECEDENTE
- NUEVO SISTEMA DE RENTAS MUNICIPALES.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Foncea Aedo
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Foncea Aedo
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- LLAMADO A SERVICIO ACTIVO DE LAS RESERVAS DE LA DEFENSA NACIONAL.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS.
- 1.- INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, EN EL QUE PROPONE EL ARCHIVO DE DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.
- 2.- INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, EN EL QUE SOLICITA SE PONGA EN CONOCIMIENTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS EL ARCHIVO DEL PROYECTO QUE INDICA.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA.
Sesión 104ª, en jueves 17 de mayo de 1973.
Especial.
(De 16.14 a 17.57).
PRESIDENCIA DEL SEÑOR IGNACIO PALMA VICUÑA.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica.
Pág.
I.- ASISTENCIA 4275
II.- APERTURA DE LA SESION 4275
III.- TRAMITACION DE ACTAS 4275
IV.- LECTURA DE LA CUENTA 4275
Petición del Colegio de Abogados de antecedentes sobre inhabilidad del Presidente del Tribunal Constitucional 4276
V.- ORDEN DEL DIA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que autoriza el llamado al servicio activo de las reservas de la Defensa Nacional (se aprueba) 4278 Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece un nuevo sistema de rentas municipales (se aprueba) 4279
Anexos.
1.- Informe de la Comisión de Hacienda con el que propone el archivo de diversas iniciativas de ley 4295
2.- Informe de la Comisión de Hacienda con el que propone solicitar el asentimiento de la Cámara de Diputados para enviar al Archivo un proyecto sobre exención de impuestos a las armadurías de vehículos motorizados 4296
VERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Aylwin Azocar, Patricio Ballesteros Reyes, Eugenio Carmona Peralta, Juan de Dios Durán Neumann, Julio Foncea Aedo, José García Garzena, Víctor Hamilton Depassier, Juan Irureta Aburto, Narciso Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Palma Vicuña, Ignacio Prado Casas, Benjamín Silva Ulloa, Ramón Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo, y
Von Mühlenbrock Lira, Julio.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.
II.-APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 15 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-TRAMITACION DE ACTAS.
Las actas de las sesiones Preparatoria, 100ª, 101ª, 102ª y 103ª quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV.-LECTURA DE LA CUENTA.
El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes.
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República, con los cuales retira la urgencia hecha presente para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea el Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria, y
2) El que autoriza a los profesionales y técnicos chilenos que indica para internar determinadas especies.
Quedan retiradas las urgencias.
Oficio.
Uno del señor Vicepresidente del Consejo General del Colegio de Abogados, con el cual solicita de esta Corporación el envío de los antecedentes que dicen relación con una prestación de servicios remunerada que habría hecho al Banco Central de Chile el señor Enrique Silva Cimma, en su calidad de abogado.
Se accede.
Informes.
Dos de la Comisión de Hacienda.
Con el primero, propone el archivo de las siguientes iniciativas de ley:
1) Mensaje del Ejecutivo que modifica el artículo 1º de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, con el objeto de hacer público el movimiento de la cuenta corriente y de sus saldos;
2) Moción del Honorable señor Baltra, que dispone que la CORFO y otros organismos prorrogarán por seis meses los créditos que vencieron entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 1972, y
3) Moción de los Honorables señores Fuentealba y Pablo, que faculta al Contralor General de la República para requerir del Banco del Estado o bancos comerciales todos los datos relacionados con las cuentas corrientes bancarias del Presidente de la República, Parlamentarios, Regidores y funcionarios públicos de nombramiento y exclusiva confianza del Jefe de Estado (véase en los Anexos, documento 1).
Con el segundo, propone recabar el asentimiento de la Cámara de Diputados para archivar el proyecto de ley que concede nuevo plazo de vigencia a la exención del impuesto que grava las armadurías de vehículos motorizados (véase en los Anexos, documento 2).
Quedan para Tabla.
Moción.
Una del Honorable señor Musalem Se manda comunicarla a Su Excelencia el Presidente de la República para los afectos del patrocinio constitucional necesario.
PETICION DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ANTECEDENTES SOBRE INHABILIDAD DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
El señor HAMILTON.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
Solicito el asentimiento de la Sala para que el señor Senador pueda usar de la palabra.
No hay acuerdo.
Su Señoría no tiene por qué pedir el acuerdo de la tabla, pues sólo deseo referirme a la Cuenta. El señor Presidente ha propuesto algunos acuerdos y yo deseo referirme a ellos. Tengo derecho a hacerlo, y no aceptaré que en esta oportunidad me sea negado. Quiero saber quién se opuso.
Yo me opuse.
Ningún señor Senador tiene derecho a oponerse.
Hubo oposición por parte de un señor Senador y se requiere el acuerdo de la Sala.
Es que Su Señoría estaba proponiendo un acuerdo.
De acuerdo con el Reglamento, lo único que es posible hacer, sin el acuerdo de la Sala, es proponer un cambio de trámite.
Solicito, entonces, que se cambie el trámite a propósito del oficio que ha llegado de parte del Consejo General del Colegio de Abogados, cuya lectura solicito en primer lugar. Tengo derecho a formular esta petición, aunque se oponga cualquier señor Senador.
Solicito el acuerdo de la Sala para dar lectura al oficio en referencia.
No hay acuerdo.
Que se vote. Por lo demás, siempre se han leído los documentos.
La lectura de los documentos no requiere Unanimidad.
En votación la indicación del Honorable señor Hamilton para leer el documento mencionado por Su Señoría.
(Durante la votación).
Estamos todos de acuerdo, señor Presidente. Acaba de decírmelo el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor HAMILTON.-
Cuando se trató en la sesión de ayer la recepción por parte del Presidente del Tribunal Constitucional de remuneraciones pagadas con dineros que administra el Estado a través del Banco Central, no tuve oportunidad de referirme porque no hubo acuerdo de la Sala al respecto a las expresiones vertidas por el Honorable señor Montes, por lo cual quiero aprovechar esta fundamentación de voto para hacerlo.
Considero que el Congreso Nacional tiene una extraordinaria autoridad moral frente al Tribunal Constitucional, porque hasta ahora la generalidad de las decisiones y fallos de la mayoría de este Tribunal han sido contrarios a las posiciones de la Cámara de Diputados y del Senado, no obstante lo cual el Parlamento les ha dado fiel y leal cumplimiento y acatamiento, pues son decisiones que, las compartamos o no, nos gusten 6 nos duelan, han sido emanadas de esa alta autoridad constitucional dentro de la esfera de sus atribuciones o competencia, y por eso hemos respetado y respetaremos los fallos del Tribunal Constitucional. No ocurre lo mismo con algunos acuerdos que pudiere adoptar en el futuro, como el que pudiere emanar del requerimiento de que ha sido objeto en estos mismos días y que excediere del marco de sus atribuciones y competencia. A propósito del proyecto de reforma de la Constitución que establece las áreas de la economía y la necesidad de que se definan por ley al igual que la participación de los trabajadores en las distintas empresas de las diferentes áreas, el Gobierno ha requerido la intervención de este Tribunal. Como organismo de derecho público regulado en la Constitución, el Tribunal no tiene otras atribuciones que las que expresamente le confiere la Carta Fundamental. Entre ellas está la de resolver las diferencias o discrepancias que surjan entre el Gobierno y el Congreso Nacional en materia de leyes, de decretos con fuerza de ley y de tratados. Salvo casos excepcionales, no está facultado para intervenir en ninguna materia relacionada con proyectos de reforma constitucional. Ahí es donde el Tribunal es incompetente al ser requerido por el Ejecutivo.
Con la misma autoridad moral y honestidad con que nos hemos sometido y hemos acatado aquellas decisiones del Tribunal que inciden en asuntos de su exclusiva competencia, no podríamos aceptar, por no tener validez, por ser nula y por no obligar a nadie, cualquiera decisión del Tribunal Constitucional que sobrepase la esfera de su competencia y de sus atribuciones. Esta es la sana doctrina constitucional. Nadie se margina de la Constitución por este motivo, sino el Tribunal o el Gobierno. El primero, en el caso de que ejerciese atribuciones que no le han sido conferidas por la Constitución o las leyes, y el Gobierno, al pedirle al Tribunal que resuelva sobre materias ajenas a su competencia.
En lo referente a la petición concreta del Colegio de Abogados, soy partidario de que se le envíen todos los antecedentes de hecho pedidos y que obren en poder del Senado, los que le permitirán, desde su particular punto de vista y dentro de la competencia que le entrega su ley orgánica, juzgar las actuaciones del señor Silva Cimma.
Voto que sí.
El señor SILVA ULLOA.-
Deseo rectificar mi voto.
La verdad es que yo no soy el más autorizado para opinar sobre problemas de índole constitucional. Pero con el criterio del hombre común, que es para quien se hace la ley, quiero expresar que en esta materia se ha estado prejuzgando, y ya en forma reiterada, por el Honorable señor Hamilton. En realidad, no hay ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional ni de nadie respecto de lo que ocurrirá con el proyecto que enmienda la Constitución Política y del cual son autores los Honorables señores Hamilton y Fuentealba. De modo que parece poco serio que una Corporación de la responsabilidad que tiene el Senado esté siguiendo las aguas de nuestro distinguido colega, en un afán de hablar, única y exclusivamente, sobre supuestos que desconocemos. En el momento en que se determinen las cosas, yo le encontraría razón a Su Señoría de que protestara. Pero sucede que el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la historia fidedigna de la constitución de ese organismo, es precisamente obra de los colegas de la Democracia Cristiana.
Por eso sabemos lo que estamos opinando.
A lo mejor sabe tanto o menos que yo, pues en ese entonces Su Señoría no era Senador.
Sí lo era, y voté favorablemente su creación.
El señor
SILVA ULLOA.-
Lo votó favorablemente, entiendo, pero sin hacer ninguna de las reservas que está haciendo ahora,...
Están hechas en el artículo 82 b) de la Constitución.
El señor SILVA ULLOA
.-
... en el momento en que se trata de dirimir una competencia de Poderes entre el Ejecutivo y la mayoría del Congreso Nacional. De manera que, si Su Señoría tiene un criterio, también la minoría del Parlamento que es más de la tercera parte de sus miembros ha tenido uno diferente. Yo, como respeto la opinión del Honorable señor Hamilton, le exijo igual actitud respecto de la que sostuve conjuntamente con 16 Senadores y más de un tercio de la Cámara joven.
Por consiguiente, me parece que, incluso planteadas las cosas en los términos en que lo hace el señor Senador, incurre en una falta de respeto y deferencia para los colegas que no pensamos igual que él. Creo que nunca, en los veinte años que llevo en el Congreso, he dado pruebas de intolerancia frente al pensamiento de otros colegas, aunque no lo comparta.
Alguien debe dirimir esta discrepancia de pareceres, en la cual no sólo es parte el Ejecutivo, sino también el Parlamento. A nuestro juicio, está bien haber recurrido al Tribunal Constitucional, y esperamos su pronunciamiento a fin de saber si tiene competencia para conocer del asunto, porque en el oficio que ha enviado sólo comunica que recibió un requerimiento del Presidente de la República, y nada más. Lo pone en conocimiento de los Presidentes del Senado y de la Cámara y, por intermedio de tan altos mandatarios del cuerpo legislativo, de todos los parlamentarios. Pero nada opina respecto de la procedencia o improcedencia de dicho requerimiento. Después podrán darse los fundamentos pertinentes, sobre los cuales también podemos discrepar, en los que la mayoría y el Honorable señor Hamilton, en particular tendrá un criterio y nosotros tendremos otro. Ese es el juego de la democracia. No porque trate de imponerse un pensamiento a través de intervenciones que a veces resultan majaderas, se tiene la razón.
Por los motivos expuestos, pedí rectificar mi voto, que había sido contrario, a fin de poder expresar estas ideas. Me abstengo, señor Presidente.
Se aprueba la indicación (12 votos contra 2 y una abstención).
La comunicación dice lo siguiente:
Santiago, 16 de mayo de 1973.
Por resolución de 15 de mayo del presente año, este Consejo General ordenó oficiar a S. S. para que, si lo tiene a bien, se sirva enviar a este Consejo los antecedentes que digan relación con prestaciones de servicios remunerados al Banco Central que habría hecho en calidad de abogado particular, don Enrique Silva Cimma.
Dios guarde a S. S.
Julio Salas Romo, Vicepresidente.
Julio Tapia Fallk, Secretario.
V.-ORDEN DEL DIA.
LLAMADO A SERVICIO ACTIVO DE LAS RESERVAS DE LA DEFENSA NACIONAL.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la República para llamar a servicio activo a determinado personal de la reserva de las instituciones de la defensa nacional.
La Comisión de Defensa Nacional, en informe suscrito por los Honorables señores Carmona (Presidente), Aguirre Doolan, García, Gormaz y Jerez, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa con las modificaciones contenidas en el boletín Nº 26.815.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Acuña, García, Silva Ulloa y Valenzuela, sugiere a la Sala aprobar el proyecto en los términos que indica.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley.
En segundo trámite, sesión 55ª, en 27 de diciembre de 1972.
Discusión:
Sesión 89ª, en 18 de abril de 1973.
Informes de Comisiones:
Defensa Nacional, sesión 100ª, en 15 de mayo de 1973.
Hacienda, sesión 100ª, en 15 de mayo de 1973.
Se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
NUEVO SISTEMA DE RENTAS MUNICIPALES.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Proyecto de la Cámara de Diputados que establece un nuevo sistema de rentas municipales.
Debo informar que la Comisión de Hacienda concluyó la deliberación sobre esta iniciativa, pero se están sacando copias del informe en la imprenta que deben llegar a poder de los señores Senadores de un momento a otro.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 69ª, en 16 de enero de 1973.
Discusión:
Sesión 77ª, en 6 de febrero de 1973.
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que ha sido citada la Corporación.
Acordado.
El señor PALMA (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Señor Presidente, como se trata del primer informe, ¿se nos podría informar de su contenido?
Le hará un señor Senador que haya estado en la Comisión.
Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela.
Señor Presidente, lo que ha ocurrido con esta iniciativa es algo verdaderamente incomprensible.
Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados. Anteayer, cuando le estábamos estudiando en la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo envió una iniciativa nueva completa, como indicación sustitutiva, con más de cien artículos. Naturalmente, es una materia compleja y delicada. Por ello, el Honorable señor Ballesteros, Presidente de la Comisión que transitoriamente no se encuentra en la Sala, hizo todas las gestiones del caso para obtener el retiro de la urgencia, porque no era posible estudiar el proyecto en esas condiciones.
La indicación viene firmada por el Ministro de Economía, señor Orlando Millas este proyecto es de Hacienda, quien manifestó, conjuntamente con el Subsecretario, que no concurriría a la Comisión. En vista de lo anterior, esta última se reunió hoy en la mañana y evacuó el informe correspondiente.
Es comprensible que el Secretario y los funcionarios administrativos de la Comisión no pudieran ponerlo a nuestra disposición a esta hora, pues terminamos la discusión del proyecto después de la 1.
Acaba de volver a la Sala el señor Presidente de la Comisión.
Quiero dar esta explicación, porque el atraso no se debe a lenidad de nuestra parte, sino que repito al hecho insólito e incomprensible que señalé. Es imposible despachar en un día una materia de tal envergadura y que reviste tanta trascendencia, pues todos conocemos lo que ocurre con las municipalidades del país.
Aquí hay un problema que, indudablemente, tiene otro carácter: un carácter político que nosotros rechazamos, pues no estamos en esa posición. Por eso, pese a todo lo ocurrido, estudiamos el proyecto y elaboramos el informe correspondiente.
El Presidente de la Comisión, Honorable señor Ballesteros, podrá dar más informaciones al respecto.
El señor PALMA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
No sé si el Honorable señor Ballesteros querrá proporcionar algunos antecedentes.
Con la venia de Su Señoría tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros.
Después hablaré yo, señor Presidente.
No me cabe sino ratificar las expresiones del Honorable señor Valenzuela. Creo que no ha dejado de sorprender a ninguno de los miembros de la Comisión de Hacienda la actitud adoptada por el Ejecutivo en esta materia.
El Gobierno envió el martes un verdadero anteproyecto que reemplaza las disposiciones del mensaje primitivo aprobado por la Cámara. Lo hizo por intermedio de una persona que se decía asesor del Ministro de Economía, y que ni siquiera tenía el carácter de funcionario de la Administración Pública. Requerido el señor Subsecretario para concurrir a la Comisión, se excusó de hacerlo por razones que no explicó. Hoy en la mañana se le reiteró la invitación, y tampoco ha venido.
En la Comisión estuvieron presentes tanto los representantes del Registro Nacional de Comerciantes como los de la Confederación de Municipalidades. Extrañaba ver el interés con que la Confederación de Municipalidades quería que se tratara y conociera el proyecto y la urgencia, que no provenía de los propios interesados, es decir de las municipalidades, que tenía el Gobierno por despacharlo, no obstante, como dije, que sólo el martes había enviado un cuerpo de indicaciones.
Por esa razón, dejamos constancia en el informe como podrán apreciarlo los señores Senadores cuando se les distribuya de esta circunstancia, que, como digo, rompe una tradición de respeto y armonía que ha existido siempre entre ambos Poderes colegisladores. Creo que habría sido justificable la actitud del Gobierno al menos, explicable si el proyecto hubiera estado largo tiempo en la Comisión, ésta no lo hubiera tratado, o no se hubieran enviado indicaciones que, como digo, sustituyen su texto completo. Advierto, además como lo sabe el Senado, que la Comisión de Hacienda ha estado ocupada en despachar iniciativas, de extraordinaria importancia para el país. Por ejemplo, funcionó unida a la de Gobierno para informar el proyecto de anticipo de reajustes. La Sala conoció ayer su informe sobre la iniciativa que legisla respecto de la mediana y pequeña industria y artesanado. Por ello digo que hemos tenido mucho trabajo, de manera que estamos al margen de toda sospecha de lenidad o despreocupación en el conocimiento de las materias que se someten a nuestro estudio. En consecuencia, no me cabe sino unirme, no sólo a la sorpresa, sino que a la molestia y protesta del Honorable señor Valenzuela y de la mayoría de la Comisión.
A nuestro juicio, en el proyecto remitido por el Gobierno y en las indicaciones que llegaron el martes por intermedio de un asesor del Ministro, que ni siquiera es un funcionario, hay algunas ideas de interés. Pero creemos que por el respeto que se debe a esta Corporación y por el respeto que tenemos por las decisiones de la Comisión de Hacienda, no podíamos estudiar en tan breve lapso un cuerpo de materias que comprende la modificación completa, por ejemplo, del régimen de patentes municipales. Con eso podrán darse cuenta los señores Senadores de la naturaleza de los asuntos de que debíamos ocuparnos.
Preferimos optar por el camino que nos pareció más lógico: esperar que el Ejecutivo, con mayor paciencia, tolerancia y comprensión hacia el trabajo legislativo, envíe una iniciativa separada. Por esa razón, nos limitamos a aprobar el proyecto en sus líneas generales y a aceptar algunas indicaciones formuladas por la Confederación de Municipalidades, que tienden a otorgar financiamientos adicionales, lo que nos pareció importante. Pero nuestro pronunciamiento no toca materias que estaban al margen, por consideraciones de tiempo, de un estudio exhaustivo y cabal.
Quiero pedirle que nos informe cuándo llegó esta iniciativa a la Cámara de Diputados, señor Senador.
Al Senado.
No, a la Cámara. Se originó en un mensaje, según se dijo aquí, y se trata por lo tanto, de una iniciativa del Ejecutivo.
Tengo a mano el mensaje del Ejecutivo, y puedo decirle que la Cámara lo recibió el 27 de diciembre de 1972, prácticamente al expirar el año.
En todo caso, y ampliando la información aunque el señor Senador no me lo ha solicitado en forma explícita, debo advertir que en el Senado, una vez retirada la urgencia, ella se hizo presente de nuevo precisamente en la época en que la Comisión de Hacienda repito, conjuntamente con la de Gobierno, estudiaba el proyecto de anticipo de reajustes por mandato de la Sala y la legislación sobre la pequeña industria y el artesanado.
Agradezco la gentileza del Honorable señor Silva Ulloa, que me ha permitido intervenir previamente a él. Y quiero aprovechar la oportunidad para anticipar que, una vez que el informe de la Comisión de Hacienda llegue a poder de los señores Senadores, pediré nuevamente la palabra con el objeto de señalar cuáles son las ideas fundamentales del proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
Señor Presidente, la verdad es que las corporaciones edilicias atraviesan por una situación extraordinariamente angustiosa. Con motivo de la dictación de la ley 17.828, que reajustó las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado y de las municipalidades, el Ejecutivo se hizo cargo de la cancelación del reajuste, en virtud de disposiciones de esa ley, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1972, en el entendido de que en una iniciativa legal sobre rentas municipales que aquél enviaría se le entregaría el financiamiento. El 27 de diciembre del año pasado, tal como aquí se ha dicho, el Gobierno cumplió el compromiso. De ahí que este proyecto que establece normas sobre rentas municipales, en su línea gruesa, pretenda exclusivamente entregar a los municipios un financiamiento del orden de los seis mil millones de escudos, lo que permitiría a aquéllos cumplir sus finalidades, pagar las remuneraciones de sus personales y, en virtud de una disposición que a nosotros nos parece justa y que, con modificaciones, ha sido aceptada por la mayoría de la Comisión de Hacienda, destinar el 60% de los ingresos municipales provenientes de las modificaciones a la ley de Rentas al pago de remuneraciones de los trabajadores municipales, quedando 40 % de los ingresos para la realización de obras nuevas.
En la exposición de motivos que hace el Gobierno en el mensaje que contiene el proyecto de ley que nos ocupa, se expresa:
En vista de la aflictiva situación financiera municipal anteriormente descrita, el Gobierno Popular se fijó como primer objetivo aumentar sustancialmente los ingresos municipales, de tal modo que el conjunto de las Municipalidades, en lugar de gastar más de 100% de sus ingresos ordinarios en remuneraciones de todo tipo, como ha sido tradicional en los últimos años, no dediquen a este concepto un porcentaje superior al 60%. En 1972, las 286 Municipalidades del país percibieron por concepto de ingresos ordinarios una suma cercana a los 2.000 millones de escudos. En 1973, por su parte, las municipalidades gastarán Eº 3.500 millones aproximadamente en remuneraciones. Por lo tanto, sólo por concepto de remuneraciones, se gastará en 1973 el 175% de los ingresos percibidos en 1972.
Es decir, si no se aprueba una ley que establezca nuevas normas sobre rentas municipales, se producirá un desfinanciamiento efectivo, real, de más de 75%; con relación a los ingresos de las municipalidades.
Sin modificar la Ley de Rentas Municipales, agrega el Ejecutivo los ingresos municipales en 1973, trabajando con una hipótesis optimista, llegarían a los 4.000 millones de escudos, es decir, apenas alcanzarían para pagar sueldos, salarios, aportes previsionales, etcétera.
Esta realidad nos demuestra que necesitamos 6.000 millones de escudos para financiar a las municipalidades en las condiciones planteadas por el actual Gobierno. Pues bien, este proyecto de ley que vamos a someter a vuestra consideración significará para las 286 municipalidades del país una entrada anual notoriamente superior a los 6.000 millones.
Por otra parte, el Gobierno está consciente de que hay que modificar significativamente la distribución del ingreso municipal, en favor de las comunas populares. De no hacerlo así, aun cuando los ingresos municipales totales se tripliquen respecto al año anterior, más de la mitad de las Municipalidades del país mantendrían su actual condición de Municipalidades deficitarias.
Es indudable que estos antecedentes tienen que ser actualizados, porque, cualquiera que sea la conducta del Ejecutivo a través de las observaciones, ya tenemos prácticamente aprobado un proyecto de anticipo de reajuste que alcanza a 60,2%. En estas condiciones, si no se aprueba una ley que resuelva bien el problema, el desfinanciamiento de las corporaciones edilicias superará los 8 mil millones ó 9 mil millones de escudos. De consiguiente, nos encontramos frente a un problema extraordinariamente serio.
¿Y qué ha ocurrido? El proyecto contenido en el mensaje del Presidente de la República llegó a la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 1972, y esa rama del Congreso lo aprobó, prácticamente sin enmiendas no tengo por qué criticarlo en este instante, según deduzco debido precisamente a las necesidades angustiosas que afectan a los municipios del país.
Por eso, habiendo recibido la Cámara el proyecto el 27 de diciembre del año pasado, lo transcribió al Senado, como deja constancia el boletín 27.468, el 4 de enero de 1973. Como las sesiones estaban suspendidas en el curso de esos días el proyecto fue despachado por la Sala de la Cámara el 3 de enero y transcrito a esta Corporación, repito, el 4 de enero, en el Senado se dio cuenta del proyecto en la sesión del 16 de enero de 1973, y el 6 de febrero, consciente la Corporación de la necesidad de resolver el problema, acordó tramitar la iniciativa sólo a la Comisión de Hacienda en vez de enviarla a dos Comisiones, a la de Hacienda y a la de Gobierno como debería haber sido, o a ambas unidas. Y ello porque la Sala estimó al acuerdo respectivo concurrió la unanimidad de los señores Senadores que el problema era de urgente solución, y la Comisión de Hacienda permitía cumplir este propósito que animaba a todos los Senadores.
A pesar de que transcurrió todo el mes de febrero y más de 15 días del de marzo, la Comisión de Hacienda, por razones que nos parece ocioso enfatizar en este instante, no se pronunció sobre la materia. En honor a la verdad, debo reconocer que la de Hacienda es una de las Comisiones que más permanentemente está recargada de trabajo, y siempre con carácter de urgencia, porque debe estudiar todos aquellos problemas que implican gastos y cuya obligación de buscarles financiamiento resulta extraordinariamente difícil cumplir en el medio en que actuamos. En todo caso, como ya había transcurrido casi un mes y medio desde la fecha en que la Sala del Senado acordó un tratamiento rápido del proyecto, y no se había avanzado absolutamente nada, el 20 de marzo, en la sesión 80 de esta legislatura, el Ejecutivo hizo presente la urgencia, y la Sala la calificó de simple.
En las condiciones señaladas, transcurrió prácticamente todo el plazo que el Reglamento consigna para despachar un proyecto con urgencia. No obstante, y en razón del exceso de trabajo que hemos tenido como integrante de la Comisión de Hacienda, debo decirlo, no hubo informe ni pronunciamiento. El 18 de abril, el Ejecutivo retiró la urgencia y la hizo presente de nuevo, y la Sala, a su vez, acordó calificarla de simple, cuyo plazo vence precisamente mañana.
Dentro de una apreciación correcta y circunstanciada de los hechos, como trato de demostrarlo, resulta que mientras la Cámara de Diputados despachó el proyecto prácticamente en 6 días, sin contar los días festivos del lapso, que lo tuvo en su poder, el Senado lo tiene en el suyo desde el día 4 de enero del año en curso.
Los datos relacionados con la tramitación del proyecto que he dado a conocer los he tomado de un informe que me proporcionó la Oficina de Partes del Senado.
¿Me permite una interrupción, Honorable Senador?
Con todo gusto, con la venia de la Mesa.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Ballesteros.
Señor Presidente, creo que la relación hecha por el Honorable señor Silva Ulloa es, por cierto, fidedigna. Y la verdad es que, aun sin tener a la vista los documentos oficiales, a mí me basta que él lo haya afirmado para creerlo. En todo caso, me parece importante señalar algunos hechos, en la medida en que ellos modifican la apreciación que nosotros podemos tener sobre el caso. Porque pareciera que la Cámara hubiera sido extraordinariamente diligente y el Senado extraordinariamente remiso.
Me parece que no es así. En primer lugar, porque es un poco apresurado no usaré otro calificativo que la Cámara haya recibido un proyecto el 27 de diciembre se justificaría el hecho si lo hubiera recibido el 28 de ese mes... y lo despache el 3 de enero, en circunstancias de que la iniciativa de que se trata, como lo hemos dicho en esta Corporación, es un verdadero código. En efecto, consta de ciento y tantos artículos que modifican todo el régimen de patentes municipales. Además, es necesario recordar que la otra rama del Parlamento tenía un interés muy explicable en despachar todos los proyectos pendientes, ya que se iniciaba el período preeleccionario y los Diputados, con toda razón, querían tener tiempo disponible para dedicarse a sus campañas. Eso explica la celeridad con que se tramitó la iniciativa en debate. Por otra parte, debo decir, sin que ello signifique empañar la actuación de la Cámara de Diputados, que el propio Ejecutivo se vio obligado, el día martes, a cambiar totalmente el proyecto de ley aprobado en forma tan rápida por aquélla; lo que hace suponer hecho reconocido por el Gobierno, ya que de otra manera no habría presentado indicaciones que no era una iniciativa tan perfecta.
He querido expresar lo anterior, porque no deseo que quede la impresión de que nos encontramos, repito, ante una diligente Cámara de Diputados y un Senado remiso. No creo que haya sido ésa la intención del Honorable señor Silva Ulloa al expresar su posición en esta Sala. En todo caso, he querido subrayar este aspecto para evitar malas interpretaciones.
Agradezco al Honorable señor Silva Ulloa la interrupción que me concedió.
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Silva Ulloa?
Con todo gusto.
Con la venia de la Mesa, puede usar de la palabra Su Señoría.
Deseo dejar establecido que la Mesa envió este proyecto primero a la Comisión de Gobierno y luego a la de Hacienda. Al comenzar a estudiar el problema en la de Gobierno de la cual normalmente formo parte nos dimos cuenta de que la materia no correspondía a esa Comisión, sino que exclusivamente a la de Hacienda, porque abordaba asuntos de su competencia. En atención a lo anterior, solicité de la Sala no recuerdo exactamente el día que modificara el destino de la iniciativa y la enviara a la Comisión de Hacienda. Debido a eso, ésta no lo conoció en forma oportuna.
En homenaje a la Comisión de Hacienda, quiero dejar establecidos estos hechos, porque ésa es la realidad. Además, según me han informado, esa Comisión tuvo simultáneamente cuatro proyectos con urgencia, de manera que no le fue posible despachar la iniciativa que nos ocupa en la forma como se había establecido.
Sin embargo, lo importantes es y con esto termino mis observaciones el hecho de que, aunque se hubiera tenido mucha diligencia para despachar la iniciativa, ello no habría sido posible, porque el Ejecutivo, a última hora, tres días antes del término del plazo de la urgencia, envió un proyecto total y absolutamente nuevo. Los señores Senadores comprenderán que es imposible legislar en esta forma. Aunque los integrantes de la Comisión hubieran trasnochado todos los días, aunque ésta hubiera trabajado día y noche para emitir el informe respectivo, el esfuerzo habría sido absolutamente inoficioso, pues igualmente nos habríamos encontrado con que el Ejecutivo tenía un criterio distinto y con que a última hora cambiaría todo el proyecto.
Mis afirmaciones están perfectamente documentadas, pues me las proporcionaron tanto en la Oficina de Partes de la Cámara como del Senado. Siempre he tratado de intervenir en estos debates lo menos posible. Y cuando intervengo, lo hago con algún fundamento, como en esta tarde.
Ahora bien, es cierto que el Ejecutivo hizo llegar anteayer a la Comisión un legajo de indicaciones que en la mañana de hoy estuvimos tratando de despachar, y que la Comisión seguía considerando después que me retiré de la sesión. La verdad es que no se pueden hacer cargos ni al Ejecutivo ni a nosotros. Si yo los hiciera, me haría reo a mí mismo de las culpas que pueden imputarse a la Comisión de Hacienda. Me di el tiempo necesario para estudiar las indicaciones del Ejecutivo respecto del mensaje y el proyecto aprobado por la Cámara, y lo cierto es que un alto porcentaje de ellas se limitan únicamente a adecuar el despacho del proyecto a los nuevos requerimientos a que tendrán que hacer frente las municipalidades en virtud de la aprobación ya inminente del proyecto de anticipo de reajustes, y a la situación que se crea a estas corporaciones ya que ese proyecto se financia en parte para 1973, con nuevas tasas para la contribución de bienes raíces, o sea, los impuestos territoriales. Si nosotros hubiéramos actuado pragmáticamente y hubiéramos dispuesto siquiera de una hora más, podríamos haber llegado a esta conclusión, y el informe se habría evacuado en otros términos, más completo. Lo digo porque tengo gran respeto por la Comisión de Hacienda, en la cual he participado prácticamente en forma ininterrumpida, durante muchos años, tanto en la Cámara como en el Senado. También tengo respeto por la eficiencia de los funcionarios que trabajan con nosotros. Sé que en este tipo de proyectos, sin renunciar a nuestros legítimos puntos de vista de orden doctrinario, tratamos de poner lo mejor de nosotros mismos para cumplir con el cometido que el Reglamento nos entrega. Por eso, me parece que este proyecto de ley, cualesquiera que sean las condiciones que se determinen en esta sesión entiendo que no habrá segundo informe, toda vez que el Ejecutivo no retiró la urgencia y tendrá que ser despachado ahora, y cualquiera que sea la forma como se despache, todavía puede ser perfeccionado en los siguientes trámites constitucionales. La Cámara de Diputados, por ejemplo, podrá insistir en algunos preceptos, como el que se refiere a las tasas de contribuciones de bienes raíces o el relativo a un aspecto que yo siempre he defendido y que, por desgracia, no pude hacer prosperar en la Comisión de Hacienda: que en el porcentaje que las municipalidades deben destinar al pago de remuneraciones, no se haga ninguna distinción entre obreros, empleados, profesionales y técnicos. Porque, tal como dije en la Comisión y lo sostengo ahora, la sana doctrina, que tendrá que imponerse y ya se está imponiendo, es que haya igualdad por este concepto, ya que todos son trabajadores. Pueden estar sujetos a diferentes regímenes previsionales, puede ser distinto el monto de sus remuneraciones, pero el hecho cierto es que todos son trabajadores, y esta división del porcentaje entre lo que una corporación debe gastar en las remuneraciones de obreros, empleados y profesionales, sólo crea complicaciones.
Y para terminar con otra observación, que sé que la responderá el Honorable señor Ballesteros estoy dispuesto a darle la interrupción que me está pidiendo, y que le concederé dentro de este fair play, debo señalar que tengo serias reservas respecto de una disposición que aprobamos, no recuerdo si con el carácter de condición adicional o condición única. Las municipalidades están sujetas, de acuerdo con la Carta Fundamental, al control de las asambleas provinciales. Mientras no se legisle sobre el particular y se creen dichas asambleas, según lo establece la misma Constitución, en cuanto a la administración regional, ellas son subrogadas por el intendente de la provincia respectiva. Según esto, los presupuestos de las municipalidades, las modificaciones de planta y todos aquellos problemas que tienen que ver con su organización y el estricto cumplimiento de la ley, deben ser aprobados por el intendente de la provincia de que se trate.
Sin embargo no estoy seguro sobre este punto, pero haré las consultas del caso, y por eso no había querido conceder todavía la interrupción al Honorable señor Ballesteros, resulta que aquí la intervención de la asamblea provincial, subrogada por el intendente respectivo, acerca de los presupuestos municipales, se reemplaza por la intervención de la Contraloría General de la República. Por lo menos, ésa fue la idea primitiva. No estoy seguro de si se trata de una intervención complementaria, o sea, que los presupuestos municipales deben ser aprobados por el intendente, en subrogación de la asamblea provincial, junto con la Contraloría. Si la primera es la solución no soy autoridad para decirlo, pero en todo caso, creo mi deber hacerlo presente, estimo que estaríamos faltando a lo establecido en la Carta Fundamental. Si la solución es la segunda, o sea, que adicionalmente la Contraloría General de la República deberá pronunciarse sobre los presupuestos municipales, estamos creando un trámite más, engorroso, que va a venir a magnificar la burocracia, la cual estamos dispuestos a combatir en cualquier sector en que se practique.
Concedo una interrupción al Honorable señor Ballesteros.
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
Considero de interés referirme por lo menos a dos afirmaciones del Honorable señor Silva Ulloa.
Nosotros compartimos no es una actitud de ahora, sino de siempre la idea de no establecer ningún tipo de distingo o discriminación entre los trabajadores, clasificándolos como empleados u obreros. Pero dentro de las normas de esta iniciativa, que fija márgenes para el pago de remuneraciones, tanto para obreros como para empleados y profesionales, hemos tenido que mantener las distintas denominaciones; porque mientras la legislación no suprima estas diferencias y uniforme la designación, por más que tengamos la intención doctrinaria de que esto se produzca, tenemos que mantener el distingo.
Por lo tanto, compartiendo la argumentación y el criterio de fondo expuestos por el señor Silva Ulloa, en cuanto a que no deberían existir esos distingos o discriminaciones, nos hemos tenido que someter repito a lo que dispone y establece la actual legislación.
En segundo lugar, también debo referirme al problema constitucional, que a juicio del Senador Silva Ulloa también estaría implicado en uno de los preceptos aprobados por la Comisión.
Es cierto que en la Comisión nosotros admitimos una norma que estipula que la Contraloría General de la República será la que vigile y fiscalice el respeto de los márgenes para gastos en remuneraciones de las municipalidades. Pero, sin entrar en un análisis exhaustivo de las disposiciones constitucionales, entiendo que de ningún modo la ley, como el Senado está en condiciones de apreciarlo, puede modificar normas de la Carta Fundamental.
Si las disposiciones constitucionales a que se ha referido el señor Silva Ulloa tienen el alcance que él les da yo no comparto ese criterio, creo que no es así, tendría que cumplirse la obligación constitucional. Por lo tanto, el control quedaría bajo la tutela del intendente, como subrogante de la asamblea provincial; y, además, se contaría con este nuevo mecanismo de fiscalización, a cargo de la Contraloría General de la República.
De manera que no creo que se presente ningún problema de orden constitucional. Esto fue debatido en la Comisión, e incluso los representantes de la Confederación de Municipalidades estuvieron por mantener la tesis que en este momento vengo sosteniendo, aunque de manera sumaria, sin entrar, como he dicho, al análisis de fondo de las disposiciones constitucionales.
Quería formular estas dos observaciones, como respuesta al juicio expresado por el Senador señor Silva Ulloa, a quien agradezco la interrupción.
No se encuentra en la Sala el señor Silva Ulloa.
Ofrezco la palabra.
Pido la palabra.
Pido la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, en primer término, yo quisiera dar sólo un argumento.
Se dice que el Senado ha demorado la tramitación de este proyecto. A ello, únicamente contesto que el Ejecutivo sólo anteayer reparó que debía elaborar un nuevo proyecto, porque no le satisfacía el que aprobó la Cámara y que estaba en conocimiento del Senado. Aquí se ha dicho que se trataba de adecuar ese texto a la nueva ley de Reajuste. En ese punto yo quisiera, señor Presidente, que figuraran en el Diario de esta sesión que estoy mostrándole al Senado las 58 páginas, tamaño oficio, que contienen las indicaciones del Ejecutivo al proyecto en debate. ¡Cincuenta y ocho páginas llegadas anteayer, que conforman un proyecto completo de rentas municipales! ¡Y el Gobierno pretende que en el día de hoy las haya estudiado la Comisión y las despache la Sala!
Casi yo diría que este nuevo proyecto se ha presentado con el objeto exclusivo de que se rechace, porque en la alternativa que enfrenta el Senado de estudiar mal un asunto o de rechazarlo, tal vez se incline por esto último, porque su responsabilidad es muy grave si aprueba sin el debido análisis una nueva legislación sobre rentas municipales.
Yo quisiera saber qué señor Senador ha podido leer las cincuenta y ocho páginas, teniendo sesiones,...
Don Ramón Silva Ulloa
Yo.
El señor GARCIA.-
... como hemos tenido, permanentemente, el martes y el miércoles todo el día; quisiera saber cómo la Comisión de Hacienda citada a reunión para las 11 de la mañana de hoy ha podido con algún detenimiento leer el texto de las cincuenta y ocho páginas.
Y aquí de nuevo están delante del Honorable señor Silva Ulloa, que parece que se ha olvidado de los dos legajos completos de indicaciones...
He leído el texto y tratado de estudiarlo, de acuerdo con mis limitados alcances.
El señor GARCIA.-
Quiere decir que Su Señoría ha tomado clases de lectura rápida, que seguramente los demás Senadores no han tenido.
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
Por cierto, pero con la venia de la Mesa.
Puede usar de una interrupción Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-
Me parece que el Honorable señor García, en forma indirecta, trata de hacer un cargo a la Secretaría de la Comisión de Hacienda, y por eso le he pedido la interrupción.
La Secretaría de la Comisión de Hacienda nos envió las indicaciones, no hoy en la mañana, sino ayer. Yo las recibí ayer en la mañana, y durante gran parte del día tuve momentos disponibles para estudiarlas. Incluso anoche, después de las diez, tuve oportunidad de continuar haciéndolo; y esta mañana, antes de que empezara la sesión de la Comisión, me reuní con el Secretario de ésta, señor Pedro Correa, y con algunos representantes de la CONAM, antes de que llegara Su Señoría, para repasar el proyecto.
De tal manera que dentro de las limitaciones de tiempo, personalmente y no me gusta hablar en primera persona he hecho un esfuerzo para conocer los alcances de esta iniciativa, y por eso he sostenido que en su línea gruesa, adecuándola a las nuevas condiciones, sigue el curso del proyecto contenido en el mensaje que el Presidente de la República envió el 27 de diciembre a la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, colega.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, evidentemente, de la lectura de estas cincuenta y ocho páginas, uno descubre algo, que es la línea gruesa. Pero, ¿cuál es la línea gruesa? Restituir las indicaciones que se presentaron en el proyecto de ley de reajuste, subiendo los porcentajes a límites increíbles, como se desprende de un cuadro que tuvimos en la mesa de la Comisión de Hacienda, en virtud del cual, por ejemplo, las nuevas casas, las pequeñas, compradas por los empleados, quedan sujetas al pago de una suma aproximada a los 13 mil escudos mensuales por impuesto. ¡Trece mil escudos mensuales de tributación para cualquier empleado que, obtenido un préstamo de una asociación de ahorro, adquiere una casa en 900 mil escudos! Porque ése es el precio que tiene hoy día una casa de no más de 70 metros, recién terminada, hecha por una asociación. Repito: en virtud de esas indicaciones, que nos han dado dos días para estudiar, por una propiedad de esta índole se deberá pagar un impuesto de 13 mil escudos mensuales, unos 150 mil ó 160 mil escudos anuales.
Una disposición similar se presentó en la Cámara de Diputados en el proyecto de reajuste, se insistió en ella de nuevo en el Senado, pero la inmensa mayoría de estos tributos se rechazó. Sin embargo, el Gobierno, al parecer, creyó que no íbamos a leer esa parte, que es la línea gruesa, en las 58 páginas que nos envió. Pero me ha bastado leer este punto para poder decir que no es posible hacer una ley completa de rentas municipales completa en dos días, que el Senado pueda estudiarla y despacharla en ese lapso.
Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Las municipalidades tienen un déficit ascendente en total a 6 mil ó 7 mil millones de escudos.
Son 9 mil millones.
El señor GARCIA.-
Con el anticipo, podríamos llegar a los 9 mil millones de escudos.
Yo les preguntaría a los señores Senadores si les causa alguna admiración que las municipalidades tengan un déficit de 9 mil millones de escudos. ¿Por qué no preguntamos cuál es el déficit de las empresas estatales? Nos encontraremos, no ya con 9 mil millones, sino que parece que ya excede los 100 mil millones de escudos. ¿Y por qué no preguntamos cuál es el déficit del Estado chileno, de su Presupuesto? Tal vez llegue a los 60 mil ó 70 mil millones... De mañera que, en un país que está quebrado, en que todas las empresas están liquidadas por una inflación de cerca de 200% ha sido de más de 195% en los últimos doce meses, ¿qué de raro tiene que las municipalidades sigan la suerte de todo el país?
Y hemos de tener conciencia de que lo único que hacemos al legislar sobre rentas municipales es disminuir en parte el déficit que existe en el conjunto de nuestro organismo económico, pero aumentándolo, evidentemente, en alguna otra parte. No hay ninguna posibilidad ya de obtener algún resultado por medio de impuestos: el sistema está, prácticamente agotado. Cuando se me habla de impuestos a la renta, pienso que es bien difícil algún financiamiento por este lado, pues he estado mirando los balances de los últimos tiempos, que aparecen en los periódicos, y he visto que todas las empresas tienen pérdidas.
Y si seguimos aumentando el impuesto a la compraventa, pues ya lo tenemos en 30% y tal vez más en muchísimas especies, resultará que Chile será el país más gravado de la Tierra, sin que ello implique ningún beneficio estatal, porque todo esto se disuelve, difunde y desaparece en virtud de un muy mal manejo económico.
En verdad, aquí estamos tratando de arreglar el problema de las municipalidades, a sabiendas de que ellas siguen la suerte de lo principal, y lo principal está prácticamente liquidado.
Agrava el problema de las municipalidades y esto lo sabe muy bien el Honorable señor Silva Ulloa el hecho de que ahora no perciban lo que a algunas correspondía de parte de las utilidades del cobre.
Sólo en 1970 la Municipalidad de Rancagua recibió por este concepto 2 millones 500 mil escudos pido que, si me equivoco en la cantidad, algún señor Senador me corrija, cifra que hoy habría de multiplicarse por 8 ó por 10. Pues bien, como las empresas del cobre no han dejado ni un centavo de utilidad, la municipalidad de Rancagua no ha recibido nada y, por consiguiente, tampoco han obtenido nada las 16 ó 17 otras comunas de la provincia de O'Higgins que tienen derecho a esos aportes, y mucho menos posibilidad de que se les entreguen recursos han tenido las corporaciones edilicias de la provincia de Colchagua, a las que no asiste ese derecho.
Y si me preguntan por qué las municipalidades atraviesan por el estado calamitoso que ha señalado el señor Silva Ulloa, debo decir lo siguiente. Primero, por un hecho de orden general: que está destruida la economía del país; y segundo, porque las importantes entradas que percibían para su progreso ciertas municipalidades han desaparecido totalmente, porque las compañías chilenas del cobre no han sido capaces de dar ni un centavo de utilidad.
El señor SILVA ULLOA
.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor GARCIA
.-
Por cierto, con la venía de la Mesa.
El señor PALMA
(Presidente
).-
La tiene Su Señoría.
Con todo agrado oiremos a Su Señoría, porque nos interesa saber cuánto han recibido las municipalidades por aplicación de la ley del Cobre.
El señor SILVA ULLOA.-
La verdad es que satisfaré en parte la inquietud del colega señor García, y creo que él y yo vamos a convenir en algunas cosas.
Es cierto que los municipios de las provincias productoras de metal rojo no han percibido en los años 1972 y 1973 aportes por participación en las utilidades o excedentes de la gran minería del cobre. Pero decir exclusivamente esto significa guardarse en la manga parte del argumento, porque la situación no es tal como la ve Su Señoría.
Tengo críticas que hacer las he formulado en el Senado y en otras tribunas sobre lo que puede producir el cobre. Pero no es ésta la oportunidad de insistir en esta materia, porque deberíamos emplear, no cinco minutos de una interrupción, sino muchos más. Tal vez necesitaríamos sesiones completas para ello.
Quiero intervenir sólo para hacer un alcance...
Su Señoría puede usar todo el tiempo que desee hoy. Tiene derecho a pedir la palabra después.
Muchas gracias, señor Presidente.
Todos tenemos mucho interés en oírlo.
¡No todos!
Señores Senadores, esta reunión podrá ser muy familiar, pero no tanto.
Está con la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
Están dialogando dos personas. Tengo interés en conocer el proyecto, pero no en escuchar estas discusiones entre miembros de la Comisión que no han ido al grano.
Está con el uso de la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-
Ojalá no se compute el tiempo que ha durado este pequeño debate a los minutos de que dispongo por la vía de la interrupción.
Sólo quiero decir que, efectivamente, en la Gran Minería del Cobre existen problemas de administración, por ejemplo que, desde luego, inciden en los resultados de las empresas de ese sector. Pero hay algo mucho más serio todavía.
Hoy día tales empresas no tributan ni dejan excedentes; sin embargo, están subvencionando el consumo de toda la población de Chile, por lo menos 70% de los artículos que importamos, ya sean artículos de consumo o materias primas. Porque ocurre que la Gran Minería del Cobre, como todos los exportadores del país, liquida a un precio ficticio los dólares que retorna: a 20 escudos cada uno. Y por eso podemos importar azúcar, carne y otros artículos de primera necesidad con dólar de Eº 15,30; podemos importar maquinarias y repuestos con dólar de Eº 25; y podemos importar partes y piezas con dólar de Eº 40. Podría seguir con toda la relación de los acuerdos del Banco Central, pero la estrechez del tiempo de que dispongo me impide hacerlo.
Por lo tanto, las provincias productoras de cobre y las municipalidades existentes en sus territorios son las que permiten que los artículos que importamos tengan un precio absoluta y totalmente irreal.
A mi juicio, no es ésta una política adecuada. Pero no estamos ahora enjuiciando determinada política económica. Creo que habrá oportunidad de hacerlo. Y tengo antecedentes que me permiten expresar un pensamiento en esta materia.
En todo caso, no se puede sostener así como así que esas empresas originan pérdidas. Porque, indudablemente, si hoy día, cuando el dólar de corredores tiene un precio de 536 escudos, si no me equivoco, aquéllas gozaran de un tipo de cambio de 500 escudos no digo de 536, arrojarían las utilidades más espectaculares de la historia de Chile y los ingresos por concepto de excedentes serían extraordinariamente considerables, como nunca lo fueron.
Tal situación está, pues, encajada en todo el desarrollo de la política económica.
Muchas gracias, colega.
Puede continuar Su Señoría.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, quiero dar una breve respuesta al Honorable señor Silva Ulloa; pero antes satisfaré la inquietud del Honorable señor Foncea.
Cuando Su Señoría no se hallaba en la Sala, expliqué por qué la ley en proyecto no tendría efecto alguno. Ahora lo repetiré.
Se trata de una legislación de parche, que permitirá a las municipalidades, subsistir tal vez durante este año. Se modifican algunos aspectos de la ley de Rentas Municipales, para otorgar mayores ingresos a los municipios; pero, en el fondo, el gran proyecto de rentas municipales que se necesita debe venir del Gobierno o nacer en moción de algunos parlamentarios. Creo que lo podemos hacer nosotros ahora: presentar una iniciativa de ley de rentas municipales más flexible, a fin de que pueda durar en medio de las dificultades en que nos estamos debatiendo.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Con el mayor agrado.
El señor FONCEA.-
Señor Presidente, las dudas que me merece el proyecto sin haberlo leído totalmente, porque se acaba de distribuir el boletín respectivo se refieren al monto de algunos nuevos gravámenes que se establecen.
Es evidente que las municipalidades se hallan desfinanciadas en la suma que se indicó: 7 mil millones, 8 mil millones o 9 mil millones de escudos. Pero no sé si la Comisión consideró, por ejemplo, los mayores recursos que percibirán los municipios durante el año en curso como consecuencia del alza inusitada y escandalosa de las patentes de los automóviles. Las municipalidades reciben un porcentaje del valor de esas patentes, el que ha subido a cifras siderales. Por eso, deseo saber si la Comisión, dentro de la premura con que despachó el proyecto, tomó en cuenta dicha mayor entrada, que es muy importante.
Además, estimo que éste no es un proyecto, como se ha querido señalar así interpreto las palabras del Honorable señor García, carente de mayor trascendencia.
Quiero referirme únicamente al artículo 1º, que dice:
Las Municipalidades podrán cobrar por el servicio de aseo domiciliario las siguientes tasas anuales:
a) Casas de habitación y departamentos, un 15% de la contribución de bienes raíces que corresponde pagar por el inmueble al año.
Deseo que se preste atención a esto, señor Presidente.
¿Cuánto se paga actualmente por este servicio de aseo, que en algunos barrios o ciertos sectores se presta tarde, mal y nunca, en forma muy deficiente? No podría afirmarlo categóricamente, pero creo que son 400 ó 450 escudos al año. Mediante ese precepto, señor García y señores miembros de la Comisión, el valor del referido servicio aumenta entre cinco y diez veces. Y me pongo en el caso de una contribución territorial como las que se están pagando en la actualidad en virtud de los reavalúos. Sé que en el primer semestre se han pagado cerca de 10 mil escudos de contribución territorial por una casa adquirida no hace muchos años en 110 mil escudos; o sea, en cifras redondas, 20 mil escudos al año; y el 15% de 20 mil escudos son 3 mil escudos. De modo que un servicio que costaba 400 ó 450 escudos al año sube a 3 mil escudos.
Lo anterior me parece inusitado, desproporcionado, tanto más cuanto que en estos momentos se está efectuando la retasación de los bienes raíces, que entiendo regirá desde el 1º de enero del próximo año; y ya se ha notificado que esa retasación hará llegar las contribuciones a cifras siderales. Se me ha dicho que la pauta para ello la dará cierto tipo de construcción, que no es la mejor sino buena, simplemente, que estaría afecta a un pago ascendente a cerca de 20 mil escudos el metro cuadrado, lo cual significa que las contribuciones van a subir 10, 15, 20 ó 30 veces. De manera que el valor del servicio de aseo insisto en que es muy deficiente llegará a una cifra sumamente alzada.
Y en la letra b) se dispone que, entre otras, las patentes de los clubes deportivos se aumentarán en 10%. Todos sabemos cómo se desenvuelve el deporte en nuestro país: únicamente por el entusiasmo de algunas personas.
Diré algo más y con esto termino, para que se vea que el proyecto no es tan simple como lo quieren pintar los señores miembros de la Comisión.
En el artículo 9º se establece que Las municipalidades tendrán anualmente una participación del 7% en el rendimiento total de la Ley sobre Impuesto a la Renta en el mismo año. No me opongo a esta disposición. Pero entiendo que ese 7% significa ya un financiamiento total para las municipalidades.
Pues bien: el Presupuesto de la Nación, con la última ley de reajustes aprobada aquí, es del orden de los 180 mil millones de escudos. Si sumamos lo que están succionando las municipalidades a lo largo del país no sé a cuánto ascienden los presupuestos totales de los municipios, se exceden fácilmente los 220 mil millones de escudos.
Entonces yo pregunto: ¿quién va a ahorrar un solo centavo? Se habla de falta de inversiones. Pero ¿quién va a invertir cuando el Estado o corporaciones como las municipalidades están absorbiendo prácticamente toda la riqueza nacional?
Y ahora se somete a nuestra consideración un proyecto que la Comisión estudió esta mañana y que, por lo tanto, no hemos tenido oportunidad de analizar.
Como no se ha retirado la urgencia, opino que si legislamos seriamente, debemos rechazar esta iniciativa y esperar otra que podamos estudiar en forma seria y responsable. Me parece que no se puede seguir con este sistema, en que el contribuyente no está representado en parte alguna, mientras aquí doce parlamentarios estamos aprobando disposiciones que significan gravarlo en una proporción que, según entiendo, no existe en ningún otro país.
Puede continuar, Honorable señor García.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Con mucho gusto.
Advierto a la Sala que quedan cinco minutos para el término del Orden del Día. O sea, concluido éste habrá que, votar inmediatamente, porque la urgencia del proyecto vence mañana.
Puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS.-
Muy brevemente, deseo referirme a dos observaciones del Senador señor Foncea.
Me parece justificable la preocupación y la inquietud del señor Senador por conocer las disposiciones que han de aumentar aún más los impuestos que deben pagar los ciudadanos de la República. En realidad, hubiéramos deseado disponer del tiempo suficiente para contestarle con más autoridad y conocimiento sobre la materia. Precisamente hemos venido criticando el hecho de que el Gobierno no haya querido retirar la urgencia de la iniciativa en debate, lo que nos impide dar una respuesta más completa que la que esbozaré en pocos minutos.
En primer lugar, respecto de la contribución por concepto de aseo debo señalarle que, según se me informa, en la actualidad ella es de una suma fija de 450 escudos, cualquiera que sea el avalúo de la propiedad y la contribución de bienes raíces que se pague. Ahora, el proyecto en debate establece un sistema que nos parece más justo: que por las propiedades de muy bajo avalúo el aseo domiciliario no cueste lo mismo que por una mansión.
Ahora ya no se paga por ellas. Están liberadas.
Sí se paga, señor Senador, pues las exenciones establecidas en sucesivas leyes no afectan los derechos municipales. Por lo demás, Su Señoría nos ha acompañado siempre en resguardar la percepción de fondos por falta de los municipios. Por lo tanto, no es exacto que las propiedades de bajos avalúos estén liberadas de impuesto por el servicio de aseo.
¿Qué se pretende ahora? Que ese tributo por extracción de basura se cobre en proporción de los avalúos, pues si lee bien el señor se podrá percatar de que así es aquél se fijará con relación al monto de la contribución que se pague. Esto nos lleva a concluir en el siguiente ejemplo: aquellas propiedades actualmente avaluadas en 150 mil escudos pagan aproximadamente tres mil escudos por contribución de bienes raíces; el 15% de esta última cantidad son 450 escudos, suma que les corresponderá por derechos de aseo. Es decir, en este caso se pagará por este concepto exactamente lo mismo que ahora. Las propiedades avaluadas en menos de esa cantidad estarán afectas a un derecho, por aseo domiciliario, menor que el de la actualidad, y para las propiedades avaluadas en más de 150 mil escudos, el derecho mencionado aumentará proporcionalmente.
Esta es la gran innovación que se introduce en esta materia y que no implica una fuente considerable de financiamiento para las municipalidades.
Luego, el señor Senador dice que bastaría con el 7% del impuesto a la renta, que es la participación en éste que hoy día corresponde a los municipios.
Esto no es una novedad. El señor Senador sabe muy bien que esa participación del 7% está en vigencia, figura en la ley actual. De modo que la nueva norma no hace sino repetir la que está vigente, con una innovación: que establece un sistema que hace más expedita para los municipios la percepción de esos fondos, pues les permite obtenerlos directamente, y no por medio del Ejecutivo. No hay otra modificación. Se mantiene, repito, la actual participación municipal del 7%, de lo recaudado por impuesto a la renta.
En el corto lapso de que dispongo, debo señalar algo que sí me preocupa: el hecho de que, mientras el Ejecutivo ha manifestado un tremendo interés y gran apuro en el despacho de este proyecto, no vemos en esta Sala prácticamente a ningún Senador de Gobierno, salvo al señor Jerez. Deberían estar aquí presentes los: camaradas y correligionarios del Ministro de Hacienda, y del de Economía, quien tenía mucho interés en la aprobación de esta iniciativa. Sin embargo, repito, no ha concurrido a esta sesión ningún Senador del partido del Ministro de Economía, como tampoco ninguno del Partido Socialista. Sólo un Senador de Gobierno está presente: el señor Jerez, y los demás somos todos Senadores de Oposición. ¡Así demuestra su interés el Gobierno en proporcionar recursos a las municipalidades! ¡Así se manifiesta la preocupación del Ejecutivo por el pronto despacho del proyecto en debate! Como conclusión, de esta actitud cabe deducir que con ella el Gobierno ha querido no puedo pensar de otra manera que los parlamentarios cayésemos en la trampita: que rechacemos el proyecto, para poder decir él después al país que nosotros no quisimos dar recursos a las municipalidades. Pero que sepan el señor Ministro de Economía, su partido y los otros partidos de Gobierno que en el Senado no hay bodoques que sigan su juego. Por el contrario, hemos despachado lo que hemos creído oportuno y prudente.
Debo agregar que estamos llanos a estudiar también, si contamos con el tiempo necesario, nuevas fuentes de recursos que permitan fortalecer más la vida de las municipalidades, pues sabemos que estos organismos, que son organizaciones intermedias entre los ciudadanos y la comunidad, resultan indispensables no sólo para el desarrollo del país, sino para la supervivencia del régimen democrático.
Por lo expuesto, aprobaremos el proyecto en debate.
Cerrado el debate.
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
En votación.
Pido votación nominal, señor Presidente.
En votación nominal el proyecto.
(Durante la votación).
Pido la palabra, señor Presidente.
Puede fundar el voto Su Señoría.
Sólo me referiré a uno de los aspectos que quiso rebatirme el Honorable colega señor Ballesteros.
El señor Senador formuló sus observaciones sobre la base de propiedades cuyos avalúos fluctúan entre 100 mil y 150 mil escudos. Quiero recordar una vez más a mi Honorable colega que en estos últimos años los avalúos territoriales han experimentado alzas sumamente apreciables. Desde luego, aumentan en el mismo porcentaje en que varía el índice de precios al consumidor, o sea, están sujetos a reajustes permanentes. Y en la actualidad se anuncia la retasación de los inmuebles, trabajo que se está efectuando con un criterio que significará lo que manifesté hace un momento.
Por lo tanto, hacer cálculos sobre la base de propiedades con avalúos entre 100 mil y 150 mil escudos es, sencillamente, inducir a error a quienes estamos escuchando el debate. Entiendo que hoy día los avalúos son los que señalé, o sea, muy superiores, y esta alza significa un porcentaje de ingresos sumamente importante, de acuerdo con los antecedentes que proporcioné denantes.
Me abstengo de votar, señor Presidente.
Señor , al votarla favorablemente, comprendo que esta iniciativa implica un sacrificio para los contribuyentes, pero estoy consciente también de que nosotros debemos mantener las municipalidades, que están en grave situación. Sé que estamos trasladando dinero de una parte a otra, pero considero que nuestro deber es procurar que el régimen comunal, antiguo y de tradición democrática en Chile, siga subsistiendo.
Por eso, voto afirmativamente.
En cuanto a las expresiones del Honorable señor Silva Ulloa respecto de lo manifestado por el Senado que habla, en el sentido de que los Gobiernos comunales no reciben nada por concepto de utilidades del cobre, Su Señoría expresó que esas utilidades no existen porque está en aplicación un régimen económico en virtud del cual nosotros recibimos bienes a precios baratos, gracias a esta buena política económica. En realidad, usando una expresión común, se me reventó la hiel cuando el Honorable señor Silva Ulloa señaló que recibíamos carne, azúcar, aceite, repuestos para automóviles, etcétera, ¡y pensé que a lo mejor los dos vivíamos en un país distinto!
La verdad es que el cobre no da utilidades, que la actual política económica es nefasta y que las municipalidades están tan destruidas económicamente como el resto del país.
Pero, a pesar de todo eso, voto que sí.
Estoy pareado, pero, autorizado por el Comité Demócrata Cristiano, voto que sí.
Ya expresé mi pensamiento respecto del proyecto en debate y, las necesidades de los municipios, que no son inferiores a unos 9 mil millones de escudos: que el proyecto despachado por la Cámara de Diputados el 8 de enero, cuando eran otras las circunstancias, permitía a las municipalidades, de acuerdo con las nuevas normas, percibir una suma redonda de unos 6 mil millones de escudos; pero que ahora, cuando tengan que hacer frente al pago del anticipo de reajuste a obreros, empleados y profesionales, el mayor gasto municipal significará un desfinanciamiento de aproximadamente 9 mil millones de escudos; y que esto había sido resuelto por el Ejecutivo en las indicaciones que conoció la Comisión de Hacienda, que sólo trató parcialmente, pues desestimó la mayor parte de ellas.
En consecuencia, no hay causa alguna para hacer cargos al Gobierno, pues esos cargos también pueden volverse como un bumerán contra el Senado, que recibió el proyecto con urgencia el 3 de enero, urgencia que posteriormente se retiró y volvió a hacerse presente, y, por último, en este momento lo estamos despachando dentro del plazo de la segunda urgencia. Esta es la verdad.
Probablemente, si hubiéramos dedicado más tiempo al estudio de esta iniciativa, habríamos entregado un informe más completo que abordara sustancialmente el problema de las municipalidades. Tal es la situación.
En cuanto al cobre, insisto: el gran problema es que las divisas provenientes de la venta de ese metal, como sucede con todas las exportaciones, deben liquidarse a 20 escudos el dólar, y el Banco Central destina las divisas obtenidas a ese precio a las diferentes áreas de importación. Si, por ejemplo, se estableciera para los exportadores un valor de 500 escudos el dólar, es indudable que los artículos que se importan deberían pagarse con un dólar de valor similar.
Por otra parte, no hay que confundir las importaciones con el abastecimiento. Es posible que aquéllas sean deficitarias, pero, en el hecho, se adquieren productos en el extranjero, como es el caso del té, para señalar sólo un artículo, dada la limitación del tiempo de que disponemos para fundar el voto. No lo producimos en el país, pero lo consumimos, porque lo importamos. Por lo tanto, no hay que retorcer los argumentos.
Estoy dispuesto a participar en un debate de carácter económico. Me merece algunos reparos la política económica del Gobierno. Los he hecho presentes en algunas ocasiones, y puedo expresarlos con mayor amplitud en su oportunidad; pero ahora, frente a este proyecto concreto, con todas las alternativas, favorables o desfavorables, que ha significado su estudio, estimo que, como lo reconoció el Honorable señor García, está en juego un hecho superior: el evidente desfinanciamiento de las municipalidades, y, para contribuir a paliarlo, aunque sea en parte, voto favorablemente.
A mi juicio, lo que acabamos de escuchar al Honorable señor Silva Ulloa no encierra en sí mismo una actitud injusta hacia la Comisión. Tampoco creo que ése haya sido el espíritu del señor Senador al dar su opinión.
En realidad, como lo dejamos establecido al comienzo de este debate, el procedimiento empleado por el Ejecutivo en esta ocasión no ha sido deferente ni constructivo, pues nos ha creado un problema: cuarenta y ocho horas antes de vencer el plazo de la urgencia, nos envía un nuevo proyecto, de más de cien artículos, en circunstancias de que el Senado ha celebrado sesiones mañana y tarde, lo que implica, como todos sabemos, que no puedan reunirse las Comisiones.
Por otra parte, como miembro de la Comisión de Gobierno, destaqué que la de Hacienda, durante algún tiempo creo que unos quince días, no tuvo conocimiento del proyecto, porque éste se había tramitado a la Comisión de Gobierno. Nosotros estimamos que este proyecto debía estudiarlo la de Hacienda. Así lo consideró la Sala, al retirar a la de Gobierno su competencia en la materia y entregársela a aquélla.
Quiero dejar establecido aquí, pues el Honorable señor Ballesteros, en el debate que ha suscitado el proyecto, hizo presente que de los Senadores de Gobierno sólo estaba en la Sala el Honorable señor Jerez, que me alegro de que en el momento de votar hayan llegado dos Senadores comunistas, ya que el que estamos tratando es un problema que afecta a todas las municipalidades del país. Pero habría sido interesante escuchar en el debate las opiniones de esos colegas en lo referente a estas materias vitales para el funcionamiento de los municipios.
Sin lugar a dudas debemos dejarlo establecido se observa en este caso una acción política predeterminada, como lo expresó en su última intervención el señor Ballesteros.
Quería puntualizar estos conceptos, con el objeto de que quedara claramente indicada en esta sesión la forma en que han actuado la mayoría de la Comisión de Hacienda y, en especial, los Senadores de la Democracia Cristiana.
Voto que sí.
-Se aprueba en general el proyecto por 14 votos y 1 abstención, y, por no haber Sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 17.57.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.
ANEXOS.
1.- INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, EN EL QUE PROPONE EL ARCHIVO DE DIVERSOS PROYECTOS DE LEY.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda, por unanimidad, tiene a honra proponeros el archivo de las iniciativas de ley que más adelante se indican, en razón de haber perdido oportunidad o por existir legislación sobre el particular:
a) Mensaje.
Mensaje del Ejecutivo, con el que inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 1º de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, con el objeto de hacer público el movimiento de la cuenta corriente y de sus saldos.
18 de julio de 1972. Boletín Nº 26.129.
b) Mociones.
a) Moción del Honorable Senador señor Baltra, con la que inicia un proyecto de ley que dispone que la CORFO y los organismos que indica, prorrogarán por seis meses los créditos que vencieren entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 1972.
23 de octubre de 1972. Boletín Nº 26.400.
b) Moción de los Honorables Senadores señores Fuentealba y Pablo, con la que inician un proyecto de ley que faculta al Contralor General de la República para requerir del Banco del Estado o bancos comerciales todos los datos relacionados con las cuentas corrientes bancarias del Presidente de la República, parlamentarios, regidores y funcionarios públicos de nombramiento y exclusiva confianza del Jefe del Estado.
24 de julio de 1972. Boletín Nº 26.141.
Sala de la Comisión, a 10 de mayo de 1973.
Acordado en sesión de esta fecha, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Acuña, García y Silva Ulloa.
(Fdo.): Pedro Correa, Opaso, Secretario.
2.- INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, EN EL QUE SOLICITA SE PONGA EN CONOCIMIENTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS EL ARCHIVO DEL PROYECTO QUE INDICA.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Hacienda, por la unanimidad de sus miembros, os propone el archivo del siguiente proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados y solicita le sea comunicado a esa Honorable Corporación:
Proyecto de ley de la, Honorable Cámara de Diputados:
Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que concede nuevo plazo de vigencia a la exención del impuesto que grava las armadurías de vehículos motorizados.
14 de noviembre de 1972. Boletín Nº 26.410.
Sala de la Comisión, a 10 de mayo de 1973.
Acordado en sesión de esta fecha, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Acuña, García y Silva Ulloa.
(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.