Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- TRAMITACION DE ACTAS.
- IV. -LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Tulio Renan Fuentealba Moena
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- AUTORIZACION A JUNTA DE ADELANTO DE ARICA PARA CONSTITUIR E INTEGRAR SOCIEDADES. PRORROGA DE PLAZO A COMISION.
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- V.- ORDEN DEL DIA.
- ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCAMBIADAS ENTRE JEFES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
- INTERVENCIÓN : Juan De Dios Carmona Peralta
- INTERVENCIÓN : Benjamin Prado Casas
- INTERVENCIÓN
- Fernando Ochagavia Valdes
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Sergio Onofre Jarpa Reyes
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCAMBIADAS ENTRE JEFES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO.
- 1. MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMIL-TON CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DICTA NORMAS SOBRE FIJACION DE TARIFAS PARA EL TRANSPORTE QUE EFECTUE LINEA AEREA NACIONAL DESDE O HACIA LAS PROVINCIAS DE AISEN Y MAGALLANES.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Valdes Rodriguez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 1. MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMIL-TON CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DICTA NORMAS SOBRE FIJACION DE TARIFAS PARA EL TRANSPORTE QUE EFECTUE LINEA AEREA NACIONAL DESDE O HACIA LAS PROVINCIAS DE AISEN Y MAGALLANES.
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILEDIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 318ª, ORDINARIA.
Sesión 13ª, en jueves 14 de junio de 1973.
Especial. (De 11.14 a 13.30).
PRESIDENCIA DEL SEÑOR HUMBERTO AGUIRRE DOOLAN, VICEPRESIDENTE .
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 543
II.- APERTURA DE LA SESION 543
III.- TRAMITACION DE ACTAS '. 543
IV.- LECTURA DE LA CUENTA 543
Proyecto sobre autorización a la Junta de Adelanto de Arica para constituir e integrar sociedades. Prórroga de plazo a Comisión. . . 544
V.- ORDEN DEL DIA:
Análisis de las comunicaciones intercambiadas entre jefes en retiro de la Defensa Nacional y el Presidente de la República 544
Anexos.
1.-Moción del señor Hamilton con la que inicia un proyecto de ley sobre fijación de tarifas para el transporte que efectúe Línea Aérea Nacional desde o hacia las provincias de Aisén y Magallanes 574
VERSION TAQUIGRAFICA.
I.- ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Aguirre Doolan, Humberto Aylwin Azócar, Patricio Ballesteros Reyes, Eugenio Bossay Leiva, Luis Bulnes Sanfuentes, Francisco Carmona Peralta, Juan de Dios Diez Urzúa, Sergio Foncea Aedo, José Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Irureta Aburto, Narciso Jarpa Reyes, Sergio Onofre Lavandero Illanes, Jorge Lorca Valencia, Alfredo Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Olguín Zapata, Osvaldo Prado Casas, Benjamín Silva Ulloa, Ramón Valenzuela Sáez, Ricardo Von Mühlenbrock Lira Julio, y
Zaldívar Larraín, Andrés.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.
II.- APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a tos 11.14, en presencia de 12 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.- TRAMITACION DE ACTAS.
Se da por aprobada el acta de la sesión 11ª que no ha sido observada.
El acta de la sesión 12ª queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en el Boletín el acta aprobada).
IV. -LECTURA DE LA CUENTA.
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).-Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Moción.
Una del Honorable Senador señor Hamilton con la cual inicia un proyecto de ley que dicta normas sobre fijación de tarifas para el transporte que efectúe Línea Aérea Nacional desde o hacia las provincias de Aisén y Magallanes. (Véase en los Anexos, documento 1).
Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Permiso Constitucional.
El Honorable Senador señor Fuentealba solicita el permiso constitucional necesario para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del lunes 18 de junio en curso.
Se accede a lo solicitado.
Acusación Constitucional.
El señor Ignacio García Reyes, en representación de Fábrica de Enlozados S. A., FENSA, presenta acusación constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 42, atribución 2ª, de la Carta Fundamental, en contra de los Ministros de Estado que suscribieron el decreto de insistencia Nº 206, de 16 de abril de 1973, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
AUTORIZACION A JUNTA DE ADELANTO DE ARICA PARA CONSTITUIR E INTEGRAR SOCIEDADES. PRORROGA DE PLAZO A COMISION.
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
Solicito el asentimiento de la Sala para otorgar la palabra sobre la Cuenta al Honorable señor García.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
Únicamente deseo hacer presente al Senado que está próximo a vencer el plazo reglamentario de que dispone la Comisión de Economía y Comercio para informar el proyecto que faculta a la Junta de Adelanto de Arica para constituir e integrar sociedades. Por esta razón, me permito solicitar a Su Señoría que recabe el asentimiento de la Sala a fin de autorizar a la Comisión para que despache esta iniciativa la próxima semana, siempre dentro del plazo constitucional de la urgencia.
Sobre el particular, debo informar al señor Senador que por ser ésta una sesión especial, no se pueden adoptar acuerdos ajenos al motivo de su citación. En todo caso, para resolver el problema planteado por Su Señoría, se tramitará un acuerdo de Comités en tal sentido.
Con eso me basta, señor Presidente, y le quedo muy agradecido.
V.- ORDEN DEL DIA.
ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCAMBIADAS ENTRE JEFES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
La presente sesión se ha convocado para ocuparse en las comunicaciones intercambiadas entre el Presidente de la República y jefes en retiro de la Defensa Nacional sobre políticas del Gobierno que inciden en materias de seguridad nacional.
En primer lugar, está inscrito el Honorable señor Carmona.
Tiene la palabra Su Señoría.
Señor Presidente, el 28 de mayo recién pasado, el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro remitió una carta al Presidente de la República para hacerle llegar sus temores ciudadanos por el clima de inquietudes y violencia que vive el país, tanto como por el desequilibrio evidente de su desarrollo, lo que atenta contra la seguridad nacional.
El Primer Mandatario dio respuesta a esta carta el 4 del mes en curso, y el martes de la presente semana el Cuerpo de Generales y Almirantes retirados ha replicado a Su Excelencia.
La especial trascendencia de las consideraciones contenidas en esos documentos, el descarnado realismo con que están formuladas, la gravedad de las conclusiones que de ellos se desprenden, unidos a la calidad de sus iniciadores, todos miembros de un cuerpo de oficiales que alcanzaron el más alto grado de su carrera profesional, han hecho que la Directiva del Partido Demócrata Cristiano me haya encomendado dar a conocer en esta tribuna su apreciación sobre la materia. Muchos han sido en nuestro país los que han venido señalando la gravedad de los hechos que los generales y almirantes en retiro analizan en los párrafos de su carta pública, que denominan La convivencia social, la vigencia de la ley y la economía nacional.
No hay chileno que ignore -como lo dicen los generales y almirantes en retiro- que las ciudades y el campo se han convertido, paulatinamente, en una guerrilla en que prima la calumnia, la injuria y hasta el crimen que es insólito contemplar cómo la Fuerza Pública ha perdido su autoridad para imponer el orden en la confusión reinante, permaneciendo en una actitud inexplicable ante los hechos, y que es decepcionante observar el escaso resultado que ha dado la aplicación de la ley sobre la tenencia de armas y explosivos y la forma notoriamente parcial con que se ha usado.
Asimismo, son por desgracia ya incontables las denuncias que han debido hacerse y que se están haciendo contra la acción de un Gobierno que sistemáticamente ha venido deteriorando el ordenamiento jurídico nacional, soslayando o infringiendo la ley y la propia Constitución, y creando, en fin, como lo afirma la carta de los generales y almirantes en retiro, tantas interrogantes sobre la validez del estado de derecho vigente.
Al referirse a la situación de la economía nacional, los generales y almirantes en retiro manifiestan su intranquilidad ante los informes oficiales o especializados, agregando que no quieren creer que por incapacidad o sectarismo, el deterioro se haya vuelto incontrolable.
¿Me permite, señor Senador?
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que se ha convocado a la Corporación.
Acordado.
En todo caso, hacen presente que los resultados que conducen a una ruptura del sistema económico están a la vista y son inobjetables. Chile entero los sufre.
Les preocupa que la producción en todos los campos de la actividad nacional se encuentre seriamente alterada por la in-certidumbre o el temor; por la fuga de técnicos y capitales; por la indisciplina laboral; por el proselitismo político sin sentido de bien público; por incapacidad funcionaría y, en fin, por una serie de errores que no se corrigen a pesar de las declaraciones.
Y culminan este párrafo haciendo constar su estupor ante la imprevisión demostrada por los organismos estatales que manejan el cobre y el petróleo, hecho que, unido al desabastecimiento de alimentos que agobia a la población obligará a comprometer más y más préstamos en el extranjero, aumentando la dependencia política y económica limitante de nuestra soberanía.
Ha correspondido, en consecuencia, a los generales y almirantes retirados, a los que -como lo dicen en su carta- llevaron el uniforme de la patria, hacer presente ante el país, dirigiéndose directamente al Jefe del Estado, su aprensión frente a hechos que influyen en forma manifiesta en la Seguridad Nacional y sobre los cuales -anotan- su silencio sería atentatorio contra el destino de Chile.
Y si claras y precisas son las consideraciones que hacen los generales y almirantes en retiro al referirse a la convivencia social, a la vigencia de la ley y a la situación económica nacional, más graves aún son las conclusiones a que llegan en cada uno de esos factores. Ellas merecen, a nuestro juicio, el análisis y la reflexión más profundos por parte de cada chileno por lo que se refiere a la seguridad nacional, amagada seriamente por la crisis institucional, social y económica provocada por el Gobierno de la Unidad Popular.
Queremos destacar y resumir el planteamiento de los generales y almirantes en retiro:
1°-La seguridad nacional requiere que haya solidaridad humana. Pero no puede haber unión en un pueblo en el que se han introducido o estimulado factores de aversión, atropello o separación.
La convivencia social no se recuperará si no se restablece el pleno ejercicio de la autoridad y se devuelven a la fuerza pública la confianza y el apoyo superior.
2º-La violación de la Constitución o de la ley pone en peligro la seguridad nacional.
3º-La seguridad nacional es directamente dependiente de la situación económica de la nación. Por eso, todo cuanto vulnere los índices de su crecimiento, ya sea impidiendo el desarrollo o haciéndolo disminuir, atenta contra su consistencia potencial.
Una respuesta que no es tal.
No sin razón -así lo estima el Partido Demócrata Cristiano-, los generales y almirantes en retiro pudieron afirmar que esperaban ser escuchados por el Presidente de la República, no sólo por la fuerza espiritual que representan, sino por el convencimiento de que en su carta reflejan el sentir de la mayor parte de la comunidad.
¿Y los oyó el Primer Mandatario? Dados la calidad y carácter de los autores del documento, la seriedad de sus argumentos y la trascendencia del tema en discusión, cabía alentar la esperanza de que, contradiciendo la actitud mantenida en los dos años y medio de Gobierno, esta vez el Presidente se hiciera cargo responsablemente de la representación que le hacían los generales y almirantes en retiro y formulara un principio de reacción frente a los problemas que le planteaban.
¡Vana esperanza! La respuesta del 4 de junio último del Presidente de la República no es sino la repetición de lo que el país ha debido soportar en los últimos meses en lo que se refiere a respuestas gubernativas sobre la ilegalidad, sobre la violencia, sobre el desastre económico.
El señor Allende no funda su tesis sobre la seguridad nacional sin riesgos en ningún tipo de antecedentes concretos, ni siquiera en el uso de un raciocinio político. Se limita a insistir en el carácter de la agresión contra Chile, en la mayor independencia nacional que aseguran las nacionalizaciones y en la eficiencia que alcanza su Gobierno para remediar situaciones de dependencia e inseguridad, producto de la incapacidad de Gobiernos anteriores.
En la medida en que el señor Allende no puede desconocer la relación lógica entre desarrollo económico y seguridad nacional, se ve en la obligación de sostener la prosperidad del país como un dogma de fe. De esa manera, termina por convertir su respuesta en algo que no es tal. No contesta ningún cargo, no desarrolla ningún pensamiento serio en torno de la seguridad nacional y termina por enrostrar a los generales y almirantes en retiro falta de objetividad en su juicio y los sindica como formando parte de una maniobra político-partidista.
Así se explica que el cuerpo que reúne a todos esos oficiales generales, se haya limitado, en su réplica, a manifestar al Presidente de la República que lamentablemente entre S. E. y el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro existe diferente apreciación de la situación que vive el país. El juicio de S. E., apoyado en informes y estadísticas oficiales, es de que la Seguridad Nacional está firmemente asentada porque hay orden social y laboral, legalidad, laboriosidad, eficacia, aumento de la producción y progreso. Nosotros -dicen ellos- basados en la simple realidad cotidiana, pensamos otra cosa. En todo caso, será la opinión pública quien juzgue para reconocer el lado de la verdad.
Lapidaria réplica, sin duda. Bien comprendieron los señores generales y almirantes en retiro, al tenor de los hechos que han vivido, de la simple realidad cotidiana, a la que se atienen, y del contenido de la respuesta que obtuvieron, que continuar el diálogo con quien considera que todo lo actual está bien hecho, era - por ahora y por desgracia para Chile y los chilenos- simplemente perder el tiempo.
El diálogo, base de la, solidaridad nacional.
Lo más grave de todo esto es que una vez más queda demostrado la absoluta incapacidad para un diálogo verdadero, que caracterizan al señor Allende y a su Gobierno.
Podríamos admitir que las discrepancias insalvables pueden presentarse entre contendores políticos, entre conceptos filosóficos o simplemente entre intereses contrapuestos. Pueden producirse cuando las necesidades vitales de un bando resultan definitivamente inconciliables con las del otro.
¡ Pero qué diferente debería ser la situación cuando quienes hacen presente sus inquietudes ante una realidad crítica, son nada menos que hombres que han dedicado sus vidas al cuidado de Chile como nación soberana, para proteger sus fronteras y si es necesario su paz interna; hombres que han terminado una carrera y no afincan sus ideas en pretensiones políticas!
Se podría pensar que cuando esto ocurre, la semilla del diálogo está echada y sólo depende de que la tierra no sea estéril para que fructifique. Pero, por desgracia, en Chile el diálogo ha sido desterrado por el Gobierno, quizás por considerarlo como uno de los más funestos y peligrosos elementos de lo que algunos llaman la sociedad y la convivencia burguesas. Un sordo, al parecer sin remedio, ha sido el destinatario de una comunicación llamada a abrir los cauces de la reflexión y posiblemente hasta marcar el comienzo de una gran reconciliación nacional.
He aquí, señor Presidente, el punto más dramático de la imposibilidad de diálogo democrático como base para intentar la reconstrucción de la unidad básica del pueblo chileno.
Pero la falta de diálogo o sordera democrática, al parecer incurable del señor
Allende, no se delata solamente en este intercambio de comunicaciones con los generales y almirantes en retiro.
El último Mensaje leído ante el Parlamento constituye otra demostración de lo anterior. El Presidente vive en un mundo de fantasía. No existen problemas. Las actuales dificultades son parte de un proceso esencialmente transitorio en que todos los síntomas deben ser superados bajo el fluido mágico de un socialismo que sólo se ha traducido hasta ahora en anarquía, tensiones sociales insostenibles, hiperinflación y producción en alarmante decadencia.
Así ha quedado también desahuciado el diálogo con el Poder Judicial. El señor Allende -justamente observado por la más alta magistratura en vista del incumplimiento de sus fallos y de su consecuente desconocimiento como Poder soberano del Estado-, les envía una altiva respuesta enjuiciándolos, a su vez, por mantener un esquema de acuerdo con su obligación y la tradición democrática del país, y reprochándoles, del mismo modo que a los generales y almirantes en retiro, una serie de procedimientos y resoluciones que no han sido de su agrado, aunque prescindiendo cuidadosamente, como es su costumbre, de referirse a los puntos concretos que constituían la base del alegato de los magistrados judiciales.
No existe diálogo en un país cuando el Gobierno y, especialmente, el exponente máximo del Poder Ejecutivo prescinden sistemáticamente de los fallos y resoluciones que interpretan y circunscriben los alcances de la legalidad vigente, insistiendo en forma permanente en atropellar o desconocer a la Contraloría General de la República.
No existe posibilidad de diálogo cuando el Ejecutivo desconoce incluso actos soberanos tan importantes como una reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo, que ciertamente ha cumplido con todos sus trámites y requisitos.
No existe diálogo cuando el sectarismo y el proselitismo políticos alcanzan al extremo de aplicar como sanción la privación de alimentos a quienes no se someten a la vigencia de organizaciones creadas al margen de toda legalidad, como son las JAP. El hambre impuesta como inhumano castigo a un ciudadano o ciudadana chilenos, sólo puede conducir, y de hecho ha conducido ya, a la exacerbación de un odio incontenible, porque la sobrevivencia constituye no sólo un derecho elemental, sino también un instinto primario.
No existe diálogo cuando no se da solución al más prolongado y absurdo conflicto minero que ha conocido el país, pese a que los trabajadores no están solicitando mejoramiento ni nuevos beneficios, sino el liso y llano cumplimiento de la ley.
No existe diálogo, en fin, cuando se pretende someter a los medios de comunicación a los dictados gubernativos, sobrepasando la ley y compromisos contraídos ante la faz del país.
Cuando en una nación no existe diálogo verdadero, se cierran todos los caminos y sólo se abre el abismo de la fuerza. Existen derechos irrenunciables que, si no se respetan, pueden producir un estallido social incontenible. Por eso es tan grave que, además de los hechos que de paso he señalado como demostrativos de lo que afirmo, tengamos que comprobar, con los generales y almirantes en retiro, que la ausencia de un concepto de solidaridad humana y de convivencia social en los hombres de Gobierno quiebra las bases de la seguridad nacional.
La falta de diálogo lleva a la imposición y la ilegalidad.
Creemos firmemente que el diálogo, base de un sistema democrático, supone confianza; es decir, la convicción de que el interlocutor extraerá las consecuencias que se pueden producir en la controversia democrática. Si no es así, el gobernante que cree dialogar y no reconoce nada, cae simplemente en la imposición. Y de la imposición a la ilegalidad, sólo hay un paso.
Todo lo que se dice en la carta de los generales y almirantes en retiro referente a la quiebra de la constitucionalidad y de la legalidad es cierto; pero el gobernante no quiere verla. El sólo quiere imponer lo que estima su verdad, sus conceptos de Gobierno. Ese derrotero lo lleva a no reconocer otro criterio en la aplicación de la Constitución y de la ley que no sea el que él mismo sustenta.
Que los tribunales, que la Contraloría, que el Congreso Nacional piensen de modo distinto, ellos son los equivocados. Ellos son los sediciosos. El único que tiene la razón es el Ejecutivo, en su propia interpretación.
Este modo de proceder lleva, necesariamente, a la quiebra no sólo de la convivencia y de la solidaridad nacional, sino que crea un estado de inseguridad que atenta a las bases mismas de la seguridad interna del país. Por eso es justo cuando se anota que la violación de la Constitución y de la ley atenta contra la seguridad nacional.
Cuando los generales y almirantes en retiro señalan que la infracción a la Constitución por parte del Gobierno puede acarrear la autonomía de las funciones de las Fuerzas Armadas, están advirtiendo leal y democráticamente ante la faz del país -y sin otras intenciones que ésas-, que por encima de los gobernantes, de los legisladores, de los jueces y de los militares, está el sometimiento a la ley, que no puede interpretarse por cada cual como sea su gusto, sino ajustándose a las normas que la Constitución establece para que sea posible la convivencia nacional.
El desarrollo y la seguridad.
En su réplica, el cuerpo de generales y almirantes retirados de la Defensa Nacional expresan que piensan distinto del Jefe del Estado en cuanto a la situación del país, basados en la simple realidad cotidiana.
Creo que los chilenos han sido bien interpretados por esta réplica, pues comprueban en el acontecer diario la dura realidad de la vida, y estiman que el Presidente de la República, su Gobierno y los hombres de la Unidad Popular desean amoldar la vida del país a un ideologismo extremo y prefieren evadirse en abstracciones de este tipo. No otra cosa es la respuesta que el PresidenteAllende dio a los generales y almirantes retirados.
Pero la vida y la realidad son más fuertes que los ideologismos. El país verdadero, los hombres y mujeres de carne y hueso, el pueblo real, comprueban esta realidad. No quieren convertirse en conejillos de Indias. Y la realidad termina por imponerse. Y es bueno que de una vez por todas se entienda: no puede haber Gobiernos contra natura.
Cuando los generales y almirantes retirados demuestran su preocupación por el deterioro económico en función de la seguridad nacional, es la realidad, más allá de todos los argumentos y de los malabarismos ideológicos, la que señala que los generales y almirantes tienen la razón. Dos hechos o dos opiniones sirven para demostrarlo, y lo confirman con gran dramatismo. Esas opiniones no hay que buscarlas entre los políticos de la Oposición ni entre los medios de información contrarios al Gobierno. Provienen de los más altos personeros de esta misma Administración.
Nadie puede discutir que en un país como el nuestro, la circulación de los bienes y de las personas, la comunicación entre los diversos puntos del territorio nacional, son vitales. Basta ver la configuración geográfica de Chile para comprobarlo. Es como la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Los transportes no pueden fallar en este país. Es un asunto de vida o muerte. Es, entonces, uno de los principales problemas de segundad.
El señor Ministro de Agricultura, Pedro Hidalgo, ha declarado reiteradamente en los últimos días que no puede traer salitre del norte del país y entregarlo a los agricultores y campesinos del Sur para sus siembras, porque no tiene transportes.
Carecemos de vagones de ferrocarril y de fletes marítimos para cumplir esta tarea primordial. ¡Chile, el único país productor de salitre natural del mundo, no puede hacer llegar este abono a sus propios campos! ¿Qué mejor confesión?
Pero hay un hecho más grave. El país aún no sale del estupor que le provocó la gestión del propio. Presidente de la República ante un Jefe de Estado foráneo, para que fueran extranjeros, con sus medios de transporte, los que nos trajeran el ganado que en esta temporada debe ser trasladado del sur al centro del país. ¿No es ésta la confesión más dramática y vergonzosa del desamparo en que se encuentra Chile? ¿No es ésta una petición y una medida que mira a nuestra seguridad y a nuestra subsistencia como país? ¿No debió pedirse opinión a las instituciones de la Defensa Nacional antes de dar un paso de esta naturaleza? Ninguna razón de orden económico aconsejaba esta medida. Porque salvo que aceptemos convertirnos en un país mendicante, suponemos que ese transporte y esos medios tendremos que pagarlos con una moneda que no es la nuestra. Y Chile tiene el derecho de preguntar si no es más conveniente endeudarse en el exterior para importar camiones, repuestos, neumáticos y combustible y entregarlos a nuestros transportistas, que pagar el servicio que prestarán extranjeros para hacer el transporte de ganado chileno.
Pero aquí está el enfrentamiento entre el ideologismo y la realidad. Aquí está la falta de apelación a la solidaridad nacional. Aquí está el afán de imponer el enfrentamiento entre los sectores nacionales. Se prefiere dar este paso antes que favorecer a los transportistas, que se les supone no adictos al Gobierno. Esta es la cruda y triste verdad.
En pocos días más habrá un gran cabildo abierto en Arica para discutir y dilucidar la suerte y el destino de ese departamento.
Este Senado tiene conciencia de que todo lo que hizo el país por Arica mediante la acción de los Gobiernos anteriores al de la Unidad Popular fue básicamente en función de la seguridad nacional. Toda esta acción se está destruyendo de manera paulatina por obra del actual Gobierno. La situación de las industrias automotriz y electrónica es desesperada. La producción no alcanza a la tercera parte de la producción normal de esas industrias y los interventores obligan a gastos desmesurados, que tienen como único objeto la quiebra de las industrias o su traspaso al área social. Una de ellas, cuyo capital inicial es inferior a 14 millones de escudos, ha sido endeudada en 300 millones. En la empresa Mellafe y Salas, el interventor Nathan Martínez, ante un pliego de peticiones presentado por los trabajadores, quienes solicitaban 240% de aumento, les concedió, por sí y ante sí, 340%, aparte una cláusula de reajuste automático mensual, acumulativo, a contar del 1º de junio de 1973, de acuerdo con el alza del costo de la vida.
Cuando uno señala actuaciones como las que describo, piensa en la huelga de los trabajadores de El Teniente, que se sostiene para obtener el cumplimiento de una disposición legal dictada bajo este régimen y que el Ejecutivo se empeña en no cumplir. Se comprueba también que no hay cuestión de principios en la defensa que está haciendo el Gobierno de su actitud, sino el afán político de destruir a los sindicatos que no le son adictos.
El puerto y el ferrocarril de Arica están semiparalizados por la decisión de Bolivia de trasladar su carga a los puertos peruanos. Las entradas de la Junta de Adelanto de Arica disminuyen en forma alarmante, y es casi seguro que si sigue esta situación, la extraordinaria experiencia de un organismo económica y administrativamente descentralizado, tocará a su fin. El desabastecimiento es cada día mayor; el comercio languidece; las leyes 13.039 y 14.828 no se cumplen, y el Banco Central no entrega las divisas a que tienen derecho las actividades industrial, comercial e importadora. La depresión económica de la zona es grave, y la situación de deterioro de nuestra moneda puede medirse como en ninguna otra parte en ese punto del territorio nacional, donde el sol peruano se está cotizando a 16 escudos, y el peso boliviano, a 50 escudos. Esta es la triste y clara realidad en nuestra puerta de entrada al territorio nacional. Y ella se debe al afán del Gobierno de la Unidad Popular de imponer una política que pretende centralizarlo todo, que no tiene consideración alguna por la situación estratégica de una zona o por una política verdadera de defensa nacional, y que desea desconocer esta realidad para poder desarrollar una ideología aplicada por fanáticos.
Mientras se lleva a cabo fríamente esa política de destrucción de las bases económicas de Arica, que provocará irremediablemente la paulatina despoblación de dicho departamento, sin considerar que nuestra mejor defensa en estos momentos son los 150 mil habitantes que tenemos viviendo en la ciudad del mismo nombre, el principal partido de Gobierno hace denuncias espectaculares con relación a la seguridad del Norte.
Ya el Ministro de Defensa Nacional, copropietario del diario Las Noticias de Última Hora, debió venir a la Comisión de Defensa Nacional del Senado para hacer malabarismos explicativos sobre las informaciones alarmistas que daba ese periódico, cuya propiedad comparte con otros dos Ministros de Estado. Dicho periódico anunciaba invasiones a granel de nuestro territorio nacional, y llegó a decir que en Bolivia había 3 mil hombres dispuestos a cumplir con esa invasión a Chile. Hasta hoy no sabemos si el Jefe de la Zona de Emergencia que había en ese momento en Santiago aplicó a ese diario la sanción correspondiente, ni si le impidió seguir dando noticias alarmistas sobre la defensa nacional.
Ahora es el propio jefe del socialismo, Senador Altamirano, quien denuncia públicamente estos hechos. En su última intervención radial, y hablando precisamente de que en Chile existe una guerra no declarada, denuncia a los sectores de nuestro país que él estima de Derecha y manifiesta:
Para ello se encubren hasta en la sombra protectora del régimen totalitario de Bolivia que -por su parte- (lo afirma el jefe responsable del principal partido de Gobierno) alberga propósitos bélicos en contra de Chile.
Para ello apelan a la prensa y radio de los sectores reaccionarios de Perú que -al margen de ese Gobierno nacionalista- también alientan pretensiones revanchistas.
Señor Presidente, estamos en presencia de hechos como los señalados. Y cuando analizamos la carta de los señores generales y almirantes en retiro, y cuando desarrollamos principalmente el tema del deterioro económico del país, creemos que es ése uno de los puntos primordiales que debe tener en cuenta la opinión ciudadana en estos momentos para medir hasta qué punto se está atentando contra nuestra seguridad nacional.
Ante las realidades que he mencionado y en conocimiento de las denuncias que he expuesto, preguntamos: ¿tienen razón o no los generales y almirantes en retiro para expresar su inquietud, su tremenda inquietud por la seguridad nacional?
Hemos traído al debate estas opiniones y la comunicación enviada al Presidente de la República por los señores generales y almirantes en retiro, con el propósito de que el país tome real conciencia de la importancia de estos asuntos en los instantes que vive nuestra nación.
Estos aspectos, y muchos otros que podríamos examinar -la seguridad interna del país, la aplicación incorrecta de la ley sobre control de armas, la inseguridad que, por consiguiente, está viviendo la ciudadanía y, sobre todo, la falta de un concepto de solidaridad nacional-, nos hacen expresar nuestro deseo de que el Senado siga ocupándose en estos temas. Y ojalá que -es nuestra proposición al terminar estas palabras-, muy principalmente con relación a los puntos que hemos tratado, podamos tener nuevas sesiones, con la concurrencia de los señores Ministro de Defensa Nacional y Comandantes en Jefe del Ejército, la Aviación y la Armada, para poder penetrar a fondo en estos problemas reales que está viviendo el país y, especialmente, para examinar el tema de la falta de desarrollo de Chile en lo atinente a la seguridad nacional.
Cuando tuve el honor de ser designado Ministro de Defensa Nacional por el Presidentedon Eduardo Frei a fines de 1964, me permití plantear públicamente una posición que el Gobierno de la época quería señalar ante el país como política de defensa nacional: la de ligar estrechamente el concepto de desarrollo al de seguridad. Y sostuvimos -como lo estaban haciendo muchos pueblos, gobernantes, políticos y militares, sobre todo en las naciones en desarrollo- la tesis de que no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo. Son conceptos que pueden parecer muy esquemáticos; pero la verdad es ésa.
Nosotros comprobamos que todo está ligado a esos conceptos, que hemos querido traer hoy día a conocimiento del Honorable Senado. Y creemos que los brotes de violencia están vinculados precisamente a la falta de desarrollo. Lo han reconocido quienes tratan estos temas y aquellos que están aplicando políticas sobre defensa y seguridad nacionales en casi todos los países en vías de desarrollo.
Por eso, reiteramos nuestra solicitud al Senado de seguir ocupándose en estos temas, a fin de que, tomando los resguardos necesarios, en sesión pública o secreta, podamos examinar cuestiones que revisten tanta importancia en estos instantes. Creemos que la presencia de los altos jefes militares de nuestra nación permitirá a la ciudadanía tomar conocimiento de situaciones que consideramos tan vigentes e, insisto, importantes.
Al terminar mis palabras, reitero que podríamos señalar sobre la materia muchos otros aspectos. No lo hacemos, precisamente, para llamar la atención sobre el señalado, y porque creemos que ha llegado el instante en que el país debe entrar al conocimiento de estos temas.
Las informaciones que se entregan; las noticias propaladas por diarios del propio Ejecutivo y ligados a la persona del Ministro de Defensa Nacional; las declaraciones que ha formulado el jefe del principal partido de Gobierno, y la necesidad de que el país se forme real conciencia de este problema, nos reafirman en el deseo de que, dentro de lo posible, esas materias se discutan públicamente, tomando por supuesto los resguardos del caso. Pero, de todas maneras, sea cual fuere la resolución de nuestros gobernantes y jefes militares adopten acerca de la forma de realizar el debate pertinente, que es del todo necesario en el momento que vive Chile, acataremos esa decisión y trataremos de aportar todos los antecedentes para posibilitar que el país, sus gobernantes, sus parlamentarios y la opinión pública en general coloquen este problema entre los más importantes que Chile debe resolver en este momento.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Honorable señor Prado.
Señor Presidente, tal como lo ha expresado el Senador Carmona, el país empieza a preocuparse de un debate que ha alcanzado especial interés después de la publicación de una carta abierta dirigida por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro a Su Excelencia el Presidente de la República.
Durante una conversación sostenida después de una sesión de la Comisión de Defensa Nacional, un prestigioso jefe de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, expresó un concepto que considero interesante mencionar. Dijo: Cuando en un país hace crisis la seguridad es cuando se hace necesaria la defensa armada.
Este concepto tiene alcance no sólo respecto de la seguridad exterior del país, de un cuadro bélico, sino también en el plano interno. Cuando hacen crisis las instituciones, suele sustituirse la autoridad por las armas.
Como lo manifestó el Honorable señor Carmona, no podemos entrar en sesión pública a un debate que tenga todo el alcance necesario en materia de seguridad nacional. Y por eso será indispensable que después de esta sesión -así lo vamos a solicitar - el Senado se aboque a un debate en sesión secreta acerca de esta materia. Creemos que en esa oportunidad va a ser conveniente y necesaria la concurrencia a esta Sala del señor Ministro de Defensa Nacional y, probablemente, de los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, a fin de que informen al Senado sobre muchos problemas que surgen del análisis que estamos realizando y el cual se inició, como he dicho, a raíz de la primera comunicación enviada por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, a la cual el Presidente de la República dio una respuesta que nos vamos a permitir calificar en esta sesión.
El Honorable señor Carmona analizó en lo político dicha comunicación y, por lo tanto, no abundaré en mayores consideraciones. Pero, por lo menos, deseo subrayar dos conceptos contenidos en ese documento.
El primero figura en el párrafo penúltimo de esa comunicación, y dice textualmente:
Comprendemos que el Gobierno de S. E. aspire a realizar el programa que se profuso. Como ciudadanos estamos convencidos de que son necesarias transformaciones sociales y económicas en beneficio de todos los chilenos y, en el mismo carácter, pensamos que deben hacerse con el más irrestricto respeto al ordenamiento jurídico vigente, lo que significa relaciones armónicas entre los Poderes del Estado y acatamiento recíproco de la potestad que tienen.
Dicho párrafo, señor Presidente y Honorables colegas, da, a mi juicio, su verdadero sentido a esa comunicación, y hace innecesarias ciertas expresiones irónicas mediante las cuales el Presidente de la República pretende dar una interpretación o un alcance distinto a ese documento de quienes fueron altos jefes de las tres ramas de nuestras Fuerzas Armadas.
No dudo de que este primer concepto puede ser suscrito por todos los sectores democráticos de Chile, que hoy día estamos participando activamente en una lucha política e ideológica que, por desgracia, se hace cada día más crítica. Y lo estamos haciendo por la misma razón, con el mismo espíritu, sentido y propósito manifestados por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Armadas. No para oponernos a un proceso de cambios necesarios y que un pueblo tiene derecho a darse, con la condición, como ellos lo expresan, de que se sujete en su desarrollo y en su aprobación a los cauces que permitan, en definitiva, garantizar que realmente es el pueblo quien está sancionando dicho cambio, que es el pueblo el que está pesando y ponderando las consecuencias de tales transformaciones. Que no son pequeños grupos de minorías políticas, que no son pequeños sectores de burócratas o tecnócratas de un Gobierno determinado, cualquiera que sea su color, quienes se arroguen el derecho, a través de vías ilegítimas, a decretar en un país en desarrollo los cambios que habrán de afectar a la vida cotidiana del pueblo, su derecho a la alimentación, su libertad y las restricciones que el proceso exija.
Todo eso está implícito en un proceso de cambio. La condición es ésa. En consecuencia, no hay propósito político objetable, ni mucho menos, como expresa el Gobierno, intención sediciosa, cuando se entra a un análisis tan de fondo como el que se hace en ese documento suscrito por el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Armadas.
El segundo concepto es el relativo a la economía nacional.
En un análisis acerca de la seguridad nacional, sabemos que hay distintos campos, en los cuales se podría entrar. La seguridad nacional depende, por de pronto, de factores como la geopolítica, las situaciones derivadas de las relaciones internacionales de un país, su condición limítrofe y los posibles riesgos bélicos. Pero hay un frente interno, político y económico que está inevitablemente ligado al problema.
Los aspectos que abordaré y, en general, los datos que proporcionaré se refieren sólo a una materia: a la económica, porque ya el Honorable señor Carmona hizo los necesarios alcances políticos. Por mi parte, mencionaré un párrafo de la comunicación del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, porque, después de la respuesta que le dio el Primer Mandatario, deseamos reafirmar que tienen razón los generales y almirantes retirados en el sentido de que la situación económica del país y el desarrollo insuficiente de la economía constituyen antecedentes extremadamente críticos vinculados con la seguridad nacional. El documento expresa al respecto:
La Seguridad Nacional es, directamente, dependiente de la situación económica de la Nación. Por eso, todo cuanto vulnere los índices de su crecimiento, ya sea impidiendo el desarrollo o haciéndolo disminuir, atenta contra su consistencia potencial. Por este motivo, nos intranquilizan los informes de organismos oficiales o especializados sobre la situación que vive el país. No queremos creer que por incapacidad o sectarismo el deterioro se haya vuelto incontrolable. No queremos creer que la toma del poder económico se haya proyectado para destruir una estructura, sin considerar los efectos deprimentes, hasta la anulación, que tendría sobre la producción.
Señor Presidente, me veo forzosamente en la necesidad, y lo haré del modo más sintético posible, de proporcionar algunas cifras relacionadas con el funcionamiento de nuestra economía, del que tan estrechamente depende la vida del país.
La economía, como ya ha sido analizado en esta Corporación hace algunos días por el Honorable señor Zaldívar, se encuentra estancada. El país está sufriendo la inflación más alta de su historia; la redistribución alcanzada durante 1971 se ha diluido en la espiral inflacionaria; la ineficiencia con que se utilizan los recursos de la economía ha aumentado notoriamente, y los altos niveles de ocupación alcanzados durante 1971 y principios de 1972 comienzan a ceder paso a un aumento en la desocupación abierta y disfrazada.
La grave situación de la balanza de pagos no permite satisfacer las necesidades internas mediante importaciones, por lo cual es imposible equilibrar oferta y demanda global a los precios existentes. Esta demanda insatisfecha originada por la nuevamente inusitada expansión en 1972 de la cantidad de dinero, que, acompañada de un control generalizado de precios, tiene como consecuencia la escasez y el desabastecimiento y da origen al mercado negro.
Estos juicios corresponden a la Publicación Nº 4 del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Sede Occidente.
El crecimiento económico.
En la hipótesis más optimista -estoy tratando de ser muy breve y conciso-, en
1972 se podrá alcanzar un crecimiento del producto de 0,8% con relación a 1971; o sea, habrá una disminución neta en la producción de bienes y servicios por persona equivalente al 1,5%.
La gran minería experimentó un incremento del 1,7% pero la pequeña y mediana minería disminuyó en 34,7%. Con relación a lo programado, la gran minería disminuyó, en 1972, en alrededor de 12%. El carbón bajó, hasta octubre, en 9%. El salitre, hasta el mismo mes, disminuyó en 10,3%. El hierro descendió a 18,3%. Las metas de ODEPLAN en estos rubros para 1972 eran crecer en 12%.
La tendencia que se registra en algunos rubros estratégicos de la producción minera para el primer trimestre de 1973 que se han podido captar, señalan una situación aún más angustiosa: la producción de petróleo disminuye en 4,7%; el gas natural, en 8%, y el cobre, en 0,7%.
Con relación a la agricultura, de acuerdo con un trabajo de investigación elaborado por el Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica de Chile, la producción agropecuaria presenta, en el período 1972-1973, una baja del 13,7% con relación al período 1971-1972.
Las importaciones agropecuarias en 1973 serán superiores a los 520 millones de dólares, sin contabilizar las importaciones de abonos y fertilizantes, lo que significará un incremento de las importaciones en este rubro de 17,3% respecto de
1972.
La inversión en la construcción disminuyó en 1972 en 6.3% respecto de la de 1971. El sector público disminuyó la construcción, en metros cuadrados, en 70% con relación a 1971.
Según el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, las cifras de inversión negativas para el bienio 1971-1972 son cercanas al 20%.
Comercio exterior.
En cuanto al comercio exterior, y tomando como base los datos sobre embarques efectuados entre enero y octubre de 1971 y 1972, según las estadísticas del Banco Central, las exportaciones han disminuido, aproximadamente, en 125 millones de dólares.
Se ha aumentado considerablemente el endeudamiento a corto plazo con los países de América Latina, Europa occidental y el área socialista. Gran parte de estos créditos se han debido utilizar en la importación de alimentos. Deben restringirse drásticamente las importaciones, lo que se hará notar en forma cada vez más acentuada en el abastecimiento de bienes de consumo y de materias primas.
Nuestra crisis de divisas se debe principalmente a que nuestras importaciones han crecido en más de 400 millones de dólares, y nuestras exportaciones han decrecido en más de 129 millones de dólares.
Por otra parte, es preciso señalar que el manejo político de las empresas nacionalizadas de la minería del cobre ha significado que la producción, en lugar de alcanzar las 972 mil toneladas previstas, sólo llegará a 600 mil. Esta mayor producción habría compensado el menor ingreso percibido por la baja en el precio del metal.
Los precios internacionales de los alimentos han subido en algunos rubros, pero parte importante de esos mayores precios se debe especialmente a que se han suprimido las propuestas internacionales, utilizándose la compra directa, financiada con préstamos de los propios países vendedores, lo cual ha significado, en muchos casos, recargos en los precios de más de 20% o 30%.
Las mayores importaciones físicas de alimentos se deben principalmente a la caída de la producción agrícola interna en más del 20%.
De los 385 millones de dólares en divisas que el Banco Central tenía en septiembre de 1970, sólo quedaban 121 millones en 1971. En el año 1972 desapareció la totalidad de las divisas.
Las nuevas negociaciones de créditos realizadas por el Gobierno de la Unidad Popular han generado disponibilidad de divisas cercanas a los 800 millones de dólares, recursos provenientes principalmente de países de la esfera socialista y latinoamericana. En lo que dice relación a los créditos contratados por el actual Gobierno, prácticamente la casi totalidad lo han sido con ciento por ciento de atadura. Esto significa, a su vez, que nuestro país se ha visto en la obligación de someterse al imperio económico del socialismo para adquirir maquinarias, herramientas y otros elementos industriales. Las contrataciones de créditos totalmente atados con países del área socialista han contribuido significativamente al desabastecimiento de repuestos para el normal desarrollo, no tan sólo de los medios de locomoción y transporte, sino que, además, del sector industrial, fenómeno este último que hará sentir sus efectos negativos a corto plazo.
El Gobierno de la Unidad Popular ha señalado que las líneas de créditos de los bancos norteamericanos han disminuido drásticamente. Sin embargo, no menciona el hecho de que hoy día las mismas operaciones son financiadas por los mismos bancos norteamericanos, utilizando como puente a sus corresponsales en Latinoamérica, pero a mayor costo para Chile, Esta es la explicación del aumento de ese tipo de deudas desde los 50 millones de dólares, a fines de 1970, a más de 300 millones al término de 1972.
La nefasta política económica del Gobierno lo ha llevado a importar, con créditos externos, una serie de mercaderías que antes se pagaban al contado, por ser bienes de consumo, tales como repuestos, materias primas, alimentos, productos farmacéuticos, etcétera.
El cambio de países como fuente de financiamiento, en vez de producir una liberación y mayor independencia externa, ha conducido a una mayor dependencia externa y a un retroceso en nuestro desarrollo económico e industrial.
Para dar término a esta visión muy general, me referiré a las perspectivas para 1973.
La disminución de la producción agropecuaria traerá como consecuencia la necesidad de aumentar aún más la importación de alimentos. El propio Gobierno ha reconocido que deberán importarse productos de origen agropecuario por una suma de 477 millones de dólares. De acuerdo con las estimaciones del Departamento Técnico de nuestro partido, esas importaciones subirán de los 680 millones de dólares. El país no tiene recursos en moneda extranjera para enfrentar tal volumen de importaciones, pero aun cuando los tuviera tampoco podría realizarlas, porque la infraestructura nacional puertos, bodegas, transportes no está adecuada para enfrentar semejante catástrofe.
El déficit fiscal para 1973 bordeará los 100 mil millones de escudos, que, sumados al déficit de las empresas del área social, ascenderá a 200 mil millones de escudos, lo cual se traduce, de acuerdo con informaciones proporcionadas por nuestro Departamento Técnico, en una presión inflacionaria equivalente a 400%.
Señor Presidente, he querido hacer este resumen muy sintético, en términos generales, antes de dar algunas cifras de carácter particular relativas a ciertos sectores de la economía, que explicarán poiqué se considera muy crítica la situación de nuestra economía y está empezando a constituir un problema íntimamente vinculado a la seguridad nacional.
Me referiré estrictamente a determinados rubros, porque en una exposición de esta índole es imposible abarcarlo todo.
En todo caso, las citas que haré, con algunos antecedentes absolutamente comprobables, reflejarán la gravedad de la situación que estamos exponiendo.
Intercambio comercial.
Según las estadísticas de la Secretaría Ejecutiva de ALALC, la situación de la balanza nos permite indicar las siguientes cifras con relación a los países latinoamericanos próximos al nuestro: con Bolivia, año 1970, negativa para Chile en 141 mil dólares; en 1971, 3.066.000 dólares. Con Perú, año 1970, positiva para Chile en 1.892.000 dólares; desciende en 1971 a sólo 1.699.000 dólares. Con la Sub-región Andina, en el total del año 1970, para no referirnos sólo a 1971, 23.343, cifra negativa.
¿23 millones de dólares?
No, estoy dando las cifras en miles de dólares. Es decir, son 23 millones 343 mil dólares.
En 1971 -seguiré señalando las cifras en millones de dólares para mayor claridad-, la balanza negativa aumentó para Chile en 30 millones de dólares. Con Argentina -daré las cifras correspondientes a los años 1970 y 1971, a sabiendas de que la de 1972 es mucho mayor-, la balanza es negativa y es de menos 14 millones de dólares; en 1971 aumenta en perjuicio de Chile en menos 51 millones; en 1972, aun cuando no tengo la cifra oficial, estoy cierto de que es una cifra cercana o superior, a los 150 millones de dólares.
Son 200 millones.
¿Ustedes dicen que son 200? Bien.
Respecto de Brasil existe una cifra positiva para Chile equivalente a 2 millones de dólares.
Transporte marítimo. Puertos.
En lo tocante al transporte marítimo y a los puertos, se presentan graves problemas de repuestos, piezas y partes. Al efecto, existe una declaración emitida por el Ministro de Agricultura, señor Pedro Hidalgo, del 24 de mayo del año en curso, en la cual se expresa que en el puerto de Valparaíso se encuentra paralizada la mitad de las grúas del muelle Barón. El cabotaje ha descendido casi a cero. Sólo se ha comprado un barco para los canales del Sur, y la falta de coordinación del problema mar-puerto ha constituido uno de los principales problemas que se han hecho presentes al actual Gobierno cada vez que se ha anunciado una política de importaciones. Es decir, aun cuando se dispusiera de las divisas necesarias para traer al país 600 millones de dólares en alimentos; aun cuando se contara con los puertos adecuados y los fletes, la falta de repuestos y de coordinación no permitiría la distribución adecuada de aquéllos. Esto normalmente se traduce, cuando ocurre, en destrucción de mercaderías en los mismos puertos, porque, tratándose de productos alimenticios, muchos de éstos son perecibles.
Transporte ferroviario.
En materia de transporte ferroviario, el Ministro de Agricultura, en declaraciones de prensa aparecidas el 24 de mayo pasado, ha dicho que la mitad de las locomotoras están, paralizadas por falta de re-puestos. No se ha cumplido ni el 20% de las metas fijadas en construcción de carros. Durante la Administración pasada, la del señor Frei, en el lapso de cinco años se construyeron 550 kilómetros de vías nuevas. En cambio, bajo el Gobierno actual, el de la Unidad Popular, en dos años se han construido 60 kilómetros de vía férrea.
Por otra parte, en 1970 el Fisco aportaba el 29 % del presupuesto de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Hoy día ese aporte fiscal, a pesar de la disminución del material rodante, ha aumentado al 52%. Es decir, existe un déficit total en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado del orden de los 2 mil millones de escudos.
Transporte aéreo.
En lo tocante al transporte aéreo, el Gobierno anterior incrementó el potencial de la flota de la Línea Aérea Nacional en 300%, modernizando la empresa con 30% más de personal. Bajo la actual Administración, en cambio sólo se ha comprado un Boeing, que incrementó el potencial de la flota en 10%, mientras el personal ha aumentado en 20%.
No necesito recordar a los señores Senadores la falta de organización que existe en LAN; la falta de eficacia, eficiencia y experiencia que han demostrado sus directivos, y las situaciones delictivas que en dicha empresa se han producido, incluyendo el contrabando de armas por medio de aviones de esa compañía y en el cual han participado personeros de la misma, lo que dio origen a sumarios y querellas que el país conoce.
Transporte caminero.
En cuanto al transporte caminero, otro factor fundamental, cabe hacer notar que en el período 1964-1970 el parque global de camiones se incrementó en 40%, y se puso en práctica una política tarifaria que controló el Estado. En el período 1971-1973, bajo la actual Administración, no hay incremento de especie alguna. Sólo hay reemplazo de material deteriorado y una política tarifaria que el país conoce y que constituyó uno de los elementos explosivos del paro de octubre del año pasado.
El parque real, en materia de transporte caminero, se calcula actualmente en 50 mil camiones, y debería funcionar en 85 %; en cambio, los informes más optimistas señalan que está funcionando el 50%, la realidad parece indicar un promedio de 35% a 40%.
Los problemas que afectan a este rubro son conocidos: falta de repuestos, piezas, partes, neumáticos y baterías. Al respecto, y en mi caso particular, puedo decir que hace ya quince días que estoy tratando de obtener, entre Viña del Mar, Valparaíso y Santiago, una pieza tan pequeña y barata como es un buje, y la verdad es que he llegado a la conclusión de que no existe. Del mismo modo, quiero citar también la experiencia que me ha significado buscar 25 varillas de fierro de media. No las he podido encontrar ni en Viña del Mar ni en Valparaíso y, desde luego, tampoco las tiene la sociedad distribuidora de materiales de construcción. Recuerdo esto a propósito de las cifras que suelen darse, según las cuales aumenta la producción de la Compañía de Acero del Pacífico.
La CAP va a importar fierro.
¡Ah!, lo importará.
Respecto de la disponibilidad de buses interprovinciales, conviene destacar que durante el Gobierno de la Democracia Cristiana se crearon 220 nuevos servicios y el parque correspondiente aumentó en 300%. Se dejaron mil buses en funcionamiento y hoy no trabajan más de 400. El Gobierno de la Unidad Popular, según ha anunciado, traerá 200 buses -100 este año y 100 el próximo- desde Argentina y España, que se carrozarán en el país vecino, pues en el nuestro no existe la eficiencia tecnológica suficiente para hacerlo.
En lo tocante a la situación existente en las líneas de buses interprovinciales, puedo decir que se encuentran intervenidas Vía Sur y LIT, empresas que, al mismo tiempo, están enfrentadas a tremendos problemas internos, a déficit y a dificultades de administración que han provocado situaciones verdaderamente críticas.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Sí, con mucho gusto.
Tiene la venia de la Mesa Su Señoría para hacer uso de la palabra.
Señor Presidente, junto con agradecer la interrupción que me ha concedido el Honorable señor Prado, quiero aprovechar su planteamiento para referirme a una situación que es indispensable que el Senado conozca y que está íntimamente relacionada con la forma como se está deteriorando el material y perjudicando la eficiencia de los transportes colectivos. Precisamente, quiero señalar a la Sala y a la opinión pública cómo se utilizan algunos de los medios que componen la locomoción colectiva.
En efecto, el domingo 3 del mes en curso la Unidad Popular realizó un acto público y se produjo una movilización masiva de los personemos afectos al Gobierno por medio de vehículos de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. En vista de esto, hice la consulta pertinente al Ministro del ramo, por intermedio de la Oficina de Informaciones del Senado, y ésta me ha transcrito la respuesta que se le dio y que ahora deseo poner en conocimiento de la Sala y de la opinión pública, a fin de que se sepa en qué forma se están usando los vehículos destinados a la locomoción colectiva particular.
Dice el documento en referencia:
En respuesta a la consulta formulada por Su Señoría, relacionada con antecedentes acerca del traslado de pasajeras efectuado por buses de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado desde Valparaíso a Santiago, me permito informarle que, requeridos dichos datos al Director General de la referida institución, éste ha expresado que el domingo 3 del actual viajaron 10 buses de esta empresa desde Valparaíso a Santiago.
Manifiesta, asimismo, que fueron contratados en conjunto por don Jore Escalante, quien pagó la suma de 30.000 escudos por el viaje, -o sea que se pagaron 30 mil escudos por el viaje, de 10 micros, de ida y vuelta: Valparaíso-Santiago-Valparaíso- cuyo objetivo fue concurrir a una concentración partidaria.
Finalmente, dice el mencionado funcionario, debo agregar que nuestras Zonales constantemente contratan servicios especiales los días domingo, en que bajan los requerimientos generales de transporte colectivo en las ciudades en las cuales funcionan. En estos casos no se consultan las condiciones de estos viajes especiales a esta Dirección.
Muchas gracias, Honorable colega.
Puede continuar el Honorable señor Prado.
En materia de buses urbanos y rurales, problema que afecta diariamente a toda nuestra población, entre 1964 y 1970 se incorporaron 5.500 nuevos vehículos; de manera que a fines de 1970 existía una flota de 10 mil vehículos funcionando. Hasta la fecha, el Gobierno de la Unidad Popular ha traído dos mil buses -mil para el sector privado y mil para la E.T.C.- desde Argentina y Brasil. De los 10 mil vehículos que funcionaban en 1970, hoy funcionan sólo unos cuatro mil.
En cuanto a obras públicas, la ciudadanía sabe cuál es el estado en que se encuentran, y se impone a diario de cómo están los caminos. La falta de divisas impide la reparación, reposición y, obviamente, el incremento de equipos, caminos, aeropuertos, etcétera. Eso nos obliga a aceptar créditos del área socialista, donde la calidad es deficiente.
Los señores Senadores deben de recordar lo ocurrido recientemente: han tenido que devolverse cientos de máquinas traídas de la Unión Soviética, por su pésima calidad, según informes evacuados por los propios servicios técnicos chilenos.
El desabastecimiento de cemento, hierro y transportes hace que el país, frente a una emergencia como la de un terremoto, no sea capaz de habilitar vías provisionales. No existe inversión de especie alguna y se ha producido un aumento de los gastos de administración en todo el sector público, porque uno de los grandes instrumentos para disfrazar la cesantía en el país está radicado en los sectores de la vivienda y de obras públicas. Miles de trabajadores han ingresado a los Ministerios respectivos, en circunstancias de que éstos no disponen de recursos para realizar obras. En consecuencia, se han convertido en elementos absolutamente pasivos, negativos, que recargan los gastos.
Situación de INSA.
Quiero dar a conocer, en seguida, ciertas cifras que considero de mucha importancia, relacionadas con los productos de INSA. Desde luego, no se trata sólo de neumáticos. El déficit de abastecimiento del mercado en los distintos productos que esa industria fabrica señala las siguientes cifras: en 1973, en neumáticos, 180 mil, o sea, 17%; para el año 1974 se calcula un déficit de 220 mil, es decir, 20%. En cámaras, en 1973, el déficit llega a 150 mil, o sea, 20%; para 1974, el déficit será de 200 mil, es decir, 24%. En baterías, en 1973, el déficit es de 70 mil, o sea, 25%, y se calcula que en 1974 será de 85 mil, déficit de 30%.
En seguida, en un rubro que reviste extraordinaria importancia: las correas transportadoras. En 1973 hubo un déficit de 25 mil, con un índice de 50%; en cuanto a lo que alcanzará en 1974, la verdad es que no me atrevo a dar la cifra, porque más de 25% ha de representar una verdadera calamidad, particularmente para el cobre, actividad donde se usan correas transportadoras y donde ya se están produciendo problemas de paralización de maquinarias por falta de ese elemento.
En tevinil, el déficit también es de 50%.
La menor producción de INSA respecto de lo programado es de enero a abril de 1973: en neumáticos, 40 mil unidades; en baterías, 35 mil unidades; en cámaras, 35 mil unidades. Las pérdidas acumuladas en esa industria por el ejercicio julio de 1972 a junio de 1973, ascienden aproximadamente a 350 millones de escudos.
Su actual situación en abastecimiento de materias primas insustituibles es la siguiente: el único que está bien es el de caucho natural; el de sintético, pésimo, al borde de la paralización; el de plomo y otras materias primas para las baterías, pésimo, y lo mismo sucede con las telas de algodón y sintéticas, así como con la caprolactama, que es de nylon.
El ausentismo promedio en INSA, que debería ser de 5%, en 1973 fluctúa, en realidad, entre 8% y 12%.
Pese a todos estos datos negativos, en los últimos dos años esa industria ha incrementado su personal en 400 trabajadores, sin aumento alguno de producción, como hemos visto.
Por otra parte, prácticamente no existen stocks de productos INSA terminados, son los más bajos conocidos en la historia del país.
En materia de dependencia tecnológica de esta industria tan vital para el transporte en nuestro país, fuera de las licencias norteamericanas que no pueden ser sustituidas en manera alguna, existe dependencia de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México. Según una información confidencial que me han proporcionado, el orden de dependencia respecto de los países señalados es el siguiente: primero, de Estados Unidos; segundo, de Argentina; tercero, de Brasil; cuarto, de Perú y México, y quinto, de Europa occidental, Alemania e Italia. Repito, ése es el orden de dependencia.
Petróleo y sus derivados.
Los combustibles derivados del petróleo alcanzan a algo más del 50% de la demanda nacional de energía. La relación entre el petróleo nacional y el que ha debido importarse en los diversos años traza una curva que, de por sí, es suficientemente elocuente: en 1969 se producía en el país 46% del petróleo necesario para abastecer el consumo nacional y se importaba 54%; en 1970, se mantuvieron estas cifras; en 1971, sólo se produjo en Chile 36% del petróleo necesario y se importó 64%. En 1972, esta relación resulta todavía más negativa para el país, puesto que sólo se produjo internamente 32% de ese combustible y debió importarse 68%. Según mis informaciones, estas últimas cifras se mantienen para el presente año.
Las soluciones para disminuir este problema, que es realmente grave y sí está vinculado a la seguridad nacional, son tremendamente caras y muchas, absolutamente aleatorias. Una fue mencionada por Su Excelencia el Presidente de la República en su carta-respuesta al Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro: la exploración del Estrecho de Magallanes, para lo que debería destinarse una cifra aproximada de 20 millones de dólares, incluyendo la posterior explotación, y para ello no existe crédito de ninguna especie. Otra solución sería la de explotar el gas natural licuado, cuya reserva alcanza a 10 mil millones de metros cúbicos en la provincia de Magallanes. Este gas reemplazaría combustibles como el petróleo Diesel y el petróleo combustible Fuel Oil para la gran minería, y para todos los sectores industriales de la zona central. Explotarlo requeriría una inversión total de 160 millones de dólares. De todo esto, se desprende que las soluciones no se encuentran todavía al alcance del país. Los únicos créditos que se han vislumbrado son los japoneses, pero condicionados, a lo menos hasta ahora, a que se exporte al Japón dicho gas natural. Sin tal condición no parecen existir posibilidades de crédito desde ese país. En todo caso, la tecnología actual para proyectos de este tipo sólo se ha encontrado en el área occidental.
Otro factor fundamental es la distribución del petróleo y sus derivados, labor que se realiza por barcos, o bien por oleoductos. Como se sabe, de la Refinería de Concepción sale un oleoducto hasta Maipú, Santiago, pasando por los terminales de Linares y de San Fernando. De Concón sale otro, también a Maipú. Por oleoductos se transportan los productos denominados limpios, o sea gas licuado, gasolina, kerosene y petróleo Diesel. El petróleo combustible propiamente tal se transporta por camiones o en barcos.
Debe destacarse una fuerte limitación que sufre la infraestructura; es decir, los buques que hoy se dedican al transporte de este tipo de combustible. Esos barcos cada vez son de mayor tamaño, y en Chile sólo hay un puerto, el de Quintero, condicionado para recibir y descargar naves de gran tamaño, que tienen una capacidad de 150 mil a 200 mil toneladas.
El abastecimiento de los diversos productos se encuentra programado de modo tal que continuamente exista combustible en cantidades correspondientes a unos 25 días de consumo en el país. Dicha existencia se encontraba distribuida entre diversas compañías, COPEC, ESSO, SHELL y ENAP. Este nivel de existencia permitía que el país no se viera afectado en el caso de una huelga, de un siniestro o de un accidente serio que afectara, por ejemplo, a las refinerías, a los oleoductos, a barcos o instalaciones portuarias, disponiéndose así del tiempo suficiente para traer combustible del extranjero.
Por la crisis mundial del momento, en la que el mercado del petróleo y sus derivados -combustibles- ha pasado a ser un mercado de productores -antes lo era de compradores-, se requeriría, estrictamente, elevar esos almacenamientos de seguridad, para evitar en lo futuro situaciones como la producida en estos momentos, en que el país ha llegado a disponer de stocks para sólo dos o tres días de consumo en algunos productos y en que ha habido carencia absoluta de gas licuado. El país sabe que para obtener esos combustibles el propio Presidente de la República ha debido realizar gestiones con México para obtener un embarque de los mismos, en cantidad absolutamente insuficiente. Todos están en conocimiento también de que la urgencia de ese pedido llegó a términos tales que ni siquiera se alcanzaron a discutir las condiciones de pago ni los precios a que se importaban esos productos desde México. Adicionalmente, el buque nacional que realizaba el cabotaje a través del territorio fue vendido por haber cumplido su vida útil. Y otro factor extremadamente interesantes es el de que no se ha reemplazado ese buque, por lo que se chartean naves extranjeras.
El Honorable señor Zaldívar me ha solicitado una interrupción.
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
En esta materia del transporte, sólo deseo dejar constancia de un hecho que ocurrió al final de la Administración del Presidente Frei.
En esa época se tenía finiquitada la compra de un transporte granelero y petrolero, que significaba una inversión aproximadamente de 27 millones de dólares, adquisición que se había concretado con el Gobierno de España por intermedio de la empresa Astillero Estatal Español. Ese contrato, que, repito, fue finiquitado por nuestro Gobierno, fue desahuciado por el de la Unidad Popular, y se aprovechó esta circunstancia para iniciar toda una campaña de injurias y calumnias en contra del Ministro de Hacienda de aquel tiempo, que era el Senador que habla, y del propio Presidente de la República.
El hecho de no haber finiquitado esa compra es, precisamente, la causa de que el país no cuente hoy con un medio de transporte tan vital como lo habría sido aquel barco, que tenía una capacidad de alrededor de 160 mil toneladas. Ese mismo barco, que, como dije, costaba unos 27 millones de dólares y cuyo pago estaba plenamente financiado con créditos a largo plazo, fue vendido por el Gobierno español, por intermedio de su empresa estatal, en Una suma superior a 35 millones de dólares. Además, al parecer -no tengo la información concreta-, el Gobierno de Chile ha debido afrontar el pago de multas por incumplimiento del mencionado contrato.
Dejo esta constancia por el hecho de haberse querido hacer aprovechamiento político de una situación que en nada podía criticarse. Muy por el contrario, debería haber sido avalada plenamente por cualquier Gobierno. Con ello, se ha perjudicado al país, el que hoy debe afrontar la falta de un medio de transporte tan vital como lo es el petróleo.
Puede continuar el Honorable señor Prado.
Dentro de algunos minutos terminaré mi intervención, señor Presidente, pero me restan todavía algunos antecedentes importantes que dar.
Refiriéndome siempre al abastecimiento en materia de combustibles, debo manifestar que en el reemplazo de materiales y equipos de origen occidental -Estados Unidos y Europa-, se ha intensificado mucho el comercio con Argentina; inclusive, se informa del estado de inventario de combustibles, lo que aumenta nuestra dependencia exterior. En Magallanes ocurre algo bastante elocuente al respecto, pues debe recurrirse a Y. P. F. para obtener toda clase de elementos que faltan en cualquier momento (bentonita, cables de equipos de perforación, repuestos de vehículos, etcétera).
Energía eléctrica.
El último factor importante que analizaré es el referente a la energía eléctrica.
Para no extenderme demasiado, omitiré algunos detalles, pero debo manifestar que en esta materia existe un total atraso en los planes de obras que permitirían el aumento necesario de la energía, en prevención de las necesidades crecientes.
La Central Termoeléctrica Ventanas Segunda, cuya terminación estaba programada originalmente para 1976, ya se ha atrasado para 1978; la Central Teno, de Chimbarongo, que se pensaba terminar en el presente año, se ha postergado hasta 1975; la Central Hidroeléctrica de Antuco, programada para 1977, se prevé terminarla en .1980; la captación de Alto Polcura, obra que debía concluir en 1973, ha quedado pospuesta hasta 1975; y se habla de finalizar en 1975-1976, en vez de 1974-1975, la ampliación de la Central y del Sistema de Huasco.
Es curioso, y resulta un poco irónico pensarlo, que la única esperanza de que el déficit de energía eléctrica que se producirá no sea grave para Chile, derivaría de la circunstancia de que, por ser tan grande la crisis económica que sufre el país, en lo sucesivo no aumente la demanda de energía eléctrica. Sólo en ese caso podríamos estar a salvo de los problemas que se crearían por el déficit de energía eléctrica. En consecuencia, si se toman en cuenta los racionamientos mínimos en esta materia, se llega a la conclusión de que en 1976-1977 habrá un déficit tal del suministro, que se producirán pérdidas en la economía nacional, por fallas en la producción, de más o menos 15 millones a 20 millones de dólares anuales.
Terminaré aquí el examen de estos rubros particulares, para facilitar la intervención de otros señores Senadores.
No obstante, quiero agregar que el análisis que he hecho se basa en cifras públicas. Por eso, aun cuando tienen relación bastante inmediata con el tema en debate, la seguridad nacional, son, sin embargo, datos publicados en los boletines de los organismos correspondientes y, por lo tanto, no constituyen antecedentes de tipo confidencial. Por supuesto, me reservo otras informaciones que sí entregaré cuando esta materia se trate en sesión secreta en el Senado.
Frente a las cifras y antecedentes que he dado, me pregunto cómo es posible que la respuesta de Su Excelencia el Presidente de la República al Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro tienda a imputar a éstos una intencionalidad meramente política.
A mi juicio, era conveniente que en este Senado se realizara un debate, basado en antecedentes objetivos, sobre la creciente, grave y profunda crisis económica que en estos momentos sufre el país. Si no hay una rectificación económica urgente, yo diría inmediata, no se ve de qué modo podrá superarse esta crisis, como tampoco en qué forma vamos a poder enfrentar los problemas que de ella derivan para el país.
En su respuesta al Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, el Presidente de la República expresó que el actual Gobierno está tratando de realizar un proceso de cambios y que, en materia de dependencia económica, ha realizado lo que no había hecho ningún otro Gobierno: ha tratado de no depender, en lo que resulta más esencial, de los grandes países imperialistas. Concretamente, se refirió a la reforma constitucional para nacionalizar el cobre, proceso que esta Administración efectivamente ha terminado, y que se inició durante el Gobierno pasado. A mi juicio, un mínimo de ponderación en las palabras del Primer Mandatario debió llevarlo, en su respuesta, que es muy política, por lo menos a una reflexión, también política, y a expresarla en esa carta: la de que en ese proceso, que en realidad constituye un paso cuyo resultado debería ser una menor dependencia del exterior de nuestra economía, lo acompañó todo el país; debió haber reconocido que ninguna actitud antipatriótica estuvo presente cuando Su Excelencia pidió al Congreso Nacional que completara la nacionalización del cobre, para lo cual se requería una reforma constitucional, la que contó con la unanimidad del Parlamento.
Y cuando desde el exterior hubo determinados intentos de agresión contra el país, intentos de desconocimiento de derechos soberanos, también en este Senado, y desde las bancas del Partido Demócrata Cristiano particularmente -por lo menos me corresponde decirlo en su nombre-, se alzaron claras voces responsables de dirigentes de nuestra colectividad, quienes manifestaron una opinión concordante con el pleno derecho soberano que asiste a Chile, desde el punto de vista de nuestra Constitución y de nuestra ley, en tan importante materia. En resumen, en esa oportunidad afirmamos la plena vigencia de nuestra soberanía en la explotación del metal rojo.
Nada de eso reconoció el Primer Mandatario en la respuesta a la carta que le dirigió el Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro.
Por eso, término expresando nuestra opinión sobre el particular: la respuesta del Jefe del Estado no es la que necesita el país. Nosotros creemos, al igual que estos ex jefes máximos de nuestras Fuerzas Armadas, que Chile debe saber enfrentar el proceso de cambios. Pensamos todas las directivas y todos los presidentes de nuestro partido lo han reiterado que el país en todas sus estructuras económica, jurídica, política, institucional, necesita remozarse. Pero estimamos que el camino por el cual se está conduciendo a la nación, de fracaso creciente, de desplome, es peligroso y lleva a los pueblos, no a una mayor liberación ni al término de su dependencia, sino exactamente a lo contrario.
En este momento, nuestra palabra ha tenido por objeto reafirmar la necesidad de formar conciencia real acerca de tan importante problema. Y en una segunda sesión abordaremos con mayor profundidad este debate, imprescindible para el país.
Nada más.
A continuación, está inscrito el Honorable señor Jarpa.
Tiene la palabra Su Señoría.
Señor Presidente, como lo han expresado aquí los Honorables Senadores que me han precedido en este debate, el tema que estamos tratando en esta sesión deberá ser abordado, con mayor detención y antecedentes, en próximas sesiones secretas, donde se puedan entregar y discutir todas las informaciones de que disponemos. Por eso, en esta oportunidad sólo quiero referirme de manera sucinta a la situación planteada al país y a nosotros mismos por la carta dirigida al Presidente de la República por un grupo de generales y almirantes en retiro de las Fuerzas Armadas.
Esa comunicación evidencia, a nuestro juicio, una doble preocupación: preocupación ante la crisis generalizada que afecta a la nacionalidad, e inquietud por el debilitamiento de la seguridad nacional y por la situación de las Fuerzas Armadas.
La ruptura de la comunidad nacional.
Hacen presente los generales y almirantes cómo la convivencia social, es decir la unidad interna de la nación chilena, ha sido quebrada por el Gobierno marxista. Se refieren a los grupos y métodos violentistas que han dejado más de cincuenta muertos y que imponen su voluntad por el terror y el crimen, con el amparo o la complicidad de las autoridades del Gobierno. Mencionan las vergonzosas campañas de odios, injurias y calumnias organizadas por la publicidad oficialista. Señalan su honda preocupación por la falta de autoridad de la fuerza pública para imponer y mantener el orden ante la anarquía imperante.
El panorama de desintegración social descrito en la comunicación a que nos referimos tiene, a nuestro entender, dos causas fundamentales. Primero, el propósito manifiesto y reiterado por los grupos marxistas de impulsar por todos los medios la lucha de clases y el enfrentamiento armado como método de acción para alcanzar el poder, en vista de su posición electoral minoritaria. Y, en segundo lugar, la actitud del señor Allende, que, según sus propias palabras, se considera Presidente sólo del sector de la ciudadanía que le otorgó su apoyo. En esta forma, se ha pretendido establecer dos clases de chilenos: los partidarios del Presidente de la República, que gozan de todas las ventajas, privilegios, impunidades e indultos para sus delitos o crímenes; y la mayoría del pueblo chileno, que no apoyó al señor Allende, que no comparte sus propósitos marxistas y que está hoy sujeta a los abusos, arbitrariedades, vejámenes, atropellos y, en muchos casos, a la negación de su libertad y de sus derechos.
Se ha roto, así, la norma fundamental de la igualdad ante la ley.
La quiebra del Estado de derecho.
Los generales y almirantes se refieren más adelante a la quiebra del Estado de derecho, como consecuencia de los atropellos reiterados del Gobierno a las normas constitucionales y legales, y advierten al señor Allende que el uso ilegítimo de la autoridad importaría interrumpir la conexión existente entibe el Gobierno y la Fuerzas Armadas, es decir, las Fuerzas Armadas no estarían obligadas a obedecer a una autoridad que se ha puesto al margen de la Constitución y de la ley.
El Presidente de la República tiene derecho a mandar sólo dentro de ciertas normas y mientras él se mantenga dentro de ellas. Las Fuerzas Armadas no pueden estar a disposición de los caprichos, venganzas, pasiones o desvarios de un gobernante.
El sentido de la obediencia tiene que ser racional. La obediencia ciega a un gobernante resta a las Fuerzas Armadas su carácter nacional y popular y transforma a sus integrantes en servidores obsecuentes de ambiciones o propósitos personalistas.
La destrucción de la economía.
En seguida, los generales y almirantes señalan que la grave crisis económica poique atraviesa el país -la baja de la producción agrícola, minera e industrial, y la anarquía que existe en las actividades productivas- es consecuencia del propósito del Gobierno de apoderarse de todos los medios de producción y distribución.
Señalan la falta de estabilidad para trabajar y la emigración de técnicos y profesionales en busca de posibilidades que su país les niega.
Se refieren a la incapacidad de la burocracia política y al sectarismo imperante en todos los niveles.
Mencionan la gravedad que envuelve la escasez de productos estratégicos, esenciales para la seguridad nacional, y expresan que se niegan a creer que todo este desastre haya sido planificado y organizado con fines políticos.
Lamentamos no coincidir en este punto con la opinión de los generales y almirantes. Es inconcebible que una crisis de esta magnitud no haya sido prevista y oportunamente corregida por los economistas del Gobierno. Durante estos últimos años, hasta el más lego en materias económicas podía prever lo que ocurriría desorganizando la producción y los servicios, fomentando los conflictos, dilapidando los recursos del Estado, persiguiendo a los empresarios, profesionales y técnicos eficientes para reemplazarlos por comisarios políticos. No es difícil prever el desenlace cuando se emite papel moneda sin tasa ni medida para cubrir el despilfarro gubernativo y las pérdidas de las empresas estatificadas y cuando el país dilapida sus recursos en moneda extranjera, rompe el equilibrio de su comercio externo, se endeuda en dos años en más de mil quinientos millones de dólares, como consecuencia de la baja de las exportaciones y del incremento de las importaciones para cubrir las más premiosas necesidades.
La seguridad nacional ha sido afectada.
Según el documento de los generales y almirantes, tanto la crisis económica como la quiebra de la convivencia social y del Estado de derecho ponen en peligro la seguridad de Chile.
Indudablemente, un país dividido, anarquizado y arruinado, que vive con la mano extendida esperando el préstamo o la donación del extranjero, no está en situación de hacer valer y defender su soberanía y sus derechos.
La seguridad de un Estado no sólo emana de la capacidad de sus Fuerzas Armadas, sino que ella está directamente relacionada con la unidad de propósitos del pueblo que lo habita, con los recursos económicos de que disponga para afrontar una emergencia y con la conducción política, que debe ser realista y eficiente.
Un balance de la situación actual de Chile nos indica que, si bien tenemos Fuerzas Armadas, carecemos de unidad interna, de conducción política adecuada y de recursos económicos esenciales.
Las presiones geopolíticas.
Por otra parte, es necesario tener presente la situación geográfica de Chile. El dominio de las rutas de acceso -terrestres, marítimas y aéreas-, más importantes hacia el Pacífico Sur dan a Chile una posición geopolítica de primera importancia, al iniciarse en nuestra época la era del Pacífico, sucesora de la del Atlántico y de la antigua era del Mediterráneo.
En el ámbito Indico-Pacífico viven hoy más de dos mil millones de personas, que se incorporan aceleradamente a la tecnología moderna y a niveles de consumo cada vez más altos, dando origen al mayor intercambio de productos, de experiencias, de iniciativas y de culturas.
Por eso cada posición, cada ruta de acceso y cada enclave geopolítico que se proyecte hacia el Pacífico es motivo hoy de ambiciones, de tensiones y aun de conflictos.
Todas las naciones importantes quieren estar presentes y tener acceso a los nuevos mercados. También este interés se evidencia en las naciones sudamericanas, que antes volcaron su expansión comercial hacia el Atlántico y que hoy extienden su interés hacia el Pacífico.
Preocupación preferente.
Si a estos factores geo-históricos sumamos los problemas que se vienen arrastrando como consecuencia del afán revisionista o expansionista de algunos países vecinos, debemos convenir en la necesidad de preocuparnos, como asunto vital y preferente, de la seguridad nacional y de los factores que hoy la perturban.
El armamentismo inexplicable de algunos países vecinos, el debilitamiento de los tradicionales lazos de amistad que ligaban a Chile con otras naciones sudamericanas y el fracaso de nuestra participación en el mercado regional, como ha señalado aquí el Senador señor Prado, son antecedentes que también debemos tener en cuenta cuando analicemos con más detención, en futuras sesiones, la situación de nuestro país en este aspecto.
Pero sobre todo debemos tener ahora la voluntad de rectificar nuestros errores y detener la desintegración antes de que sea tarde.
Los sacrificios que ello nos signifique estarán bien empleados, si en definitiva salvamos los valores esenciales de la nacionalidad, que los generales y almirantes señalaron en su comunicación, patriota y oportuna, al Presidente de la República.
He dicho.
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).-
A continuación está inscrito el Honorable señor Schnake. Como no está presente en la Sala, ofrezco la palabra al Honorable señor García, que está inscrito en seguida.
¿Me concede una interrupción, Honorable señor García, con la venia de la Mesa?
Con mucho gusto.
Tiene la venia de la Mesa Su Señoría.
Deseo aprovechar que hay en este momento el quórum necesario, para pedirle, señor Presidente, que nos pronunciemos sobre algunas indicaciones.
Perfectamente. El señor Secretario dará lectura a las indicaciones llegadas a la Mesa.
Indicación para publicar in extenso los discursos de la presente sesión.
Se aprueba.
Indicación de los Comités Demócrata Cristiano, Nacional y Partido Izquierda Radical para enviar un oficio al Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, en el que se le manifieste la adhesión de los Comités mencionados a las expresiones contenidas en su carta abierta al Presidente de la República.
-Se aprueba.
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).-
Puede usar de la palabra el Honorable señor García.
Señor Presidente, ante esta carta abierta de tanta importancia y trascendencia enviada por los almirantes y generales en retiro a Su Excelencia el Presidente de la República, y a la contestación que se le dio, yo diría que el eje de la discusión nacional es saber si este Gobierno está o no está dentro de la legalidad; si es cierto o no lo que sostienen los almirantes y generales en retiro: que está quebrada la estructura jurídica del país.
Al respecto, deseo recordar los motivos por los cuales hemos sostenido, primero, que el Gobierno se apartó de la legalidad; segundo, que ha infringido la Constitución Política del Estado y, tercero, que estas transgresiones han sido de tal magnitud y tan reiteradas que hacen perder al Gobierno su legitimidad en el ejercicio de sus funciones.
El Gobierno fue legítimo en su nacimiento porque se cumplieron todas las prescripciones legales y constitucionales necesarias para que asumiera el actual Presidente de la República. Pero si éste se coloca fuera de la ley y de la Constitución, su mandato deja de ser legítimo porque su ejercicio es ilegítimo.
Expondré, a modo de ejemplo, para informar a la opinión pública, las razones en que me fundo para sostener estas aseveraciones tan serias y tan graves.
En primer lugar, me fundo en que el Primer Mandatario gobierna este país sin respetar a las mayorías que están en el Congreso Nacional, que representan a la mayoría del país y que, últimamente, se han renovado manteniendo una mayoría opositora; y en que el artículo 1º de nuestra Constitución Política expresa: El Estado de Chile es unitario. Su Gobierno es republicano y democrático representativo.
¿Qué significa que su Gobierno es democrático? Que lo manda la mayoría del país. Por lo tanto, cuando esta mayoría no tiene cómo gobernar porque la minoría, mediante las facultades de administración del Presidente de la República -facultades exclusivamente de administración, no de gobierno, no de transformaciones políticas, no de vías al socialismo o a cualquier otro sistema-, ignora y viola las opiniones y los deseos claramente manifestados por la mayoría, el Gobierno infringe la Constitución Política, y tal infracción reviste mucho mayor gravedad -y esto es en el fondo lo que están diciendo los generales y almirantes en retiro- porque nuestra Carta Fundamental, en su artículo 9, inciso segundo, dice que los chilenos pueden agruparse libremente en partidos políticos, a los que se les reconoce la calidad de personas jurídicas de derecho público y cuyos objetivos son concurrir de manera democrática a determinar la política nacional.
Yo pregunto a mis Honorables colegas de los partidos políticos de Oposición si consideran que estamos concurriendo a orientar y a determinar la política nacional o si ocurre todo lo contrario. Cuantas medidas hemos solicitado adoptar, todos los proyectos que hemos enviado y otros respecto de los cuales hemos insistido tantas veces -y a vía de ejemplo recuerdo la iniciativa del Honorable señor Carmona que otorgaba financiamiento a las radioemisoras, tres veces reiterada por el Parlamento y tres veces objetada por el Ejecutivo-, no han surtido efecto alguno, lo que demuestra que los partidos políticos no orientan hoy día la política nacional. Es decir, se infringe la Constitución Política del Estado que dice claramente que los partidos políticos, en forma democrática, esto es, por mayorías, orientan y determinan la política nacional.
Siguiendo el hilo de mis observaciones, citaré nueve graves infracciones a la Constitución y a las leyes.
¿De dónde emana todo el conflicto en que nos encontramos y que no sé qué consecuencias pueda tener? Como lo dije al empezar mis palabras, emana fundamentalmente de la necesidad de saber si estamos viviendo en un Estado de derecho o si éste se quebró.
La segunda falta cometida en contra del sistema de garantías individuales es la indefensión en que se encuentran las personas que han solicitado protección al Estado de Chile, a sus fuerzas de orden y a sus funcionarios públicos. Ya se han producido alrededor de 60 muertes por la falta de orden público y por el incumplimiento del Gobierno de la República de mantener lo más esencial: la protección de las personas. Se ha atropellado a la gente, se ha asesinado a muchas personas, incluso por delincuentes que fueron indultados por el Gobierno.
Esta inseguridad es algo que, a veces sin explicársela, hace que los ciudadanos chilenos sientan que este Gobierno está fuera de la ley.
Si a lo anterior agregamos las ocupaciones de predios, de viviendas y de fábricas, comprendemos la sensación increíble de frustración, de miedo, de inseguridad y de desconfianza en que se trabaja, especialmente en las labores agrícolas. Al respecto, me viene a la memoria el recuerdo de que hace más o menos un año o año y medio, el Honorable señor Moreno trajo aquí una lista confeccionada por Carabineros que registraba la ocupación de dos mil predios. Esas ocupaciones de predios agrícolas pueden ascender hoy, fácilmente, a cuatro mil.
Deseo reiterar una vez más, ante el Honorable Senado y la opinión pública, lo que ha de sentir el propietario, a veces pequeño propietario, que tiene entre 10, 15 o 20 hectáreas, cuando, estando en su casa, ve a ésta rodeada de trabajadores, que a menudo no pertenecen a ese predio, o inclusive, de personas que no son trabajadores y así permanece días y noches, aislado por el corte del teléfono y de las comunicaciones soportando la presión ejercida por individuos que pretenden que entregue su predio a la reforma agraria.
¡Ese es el clima de inseguridad, ésa es la quiebra del Estado de derecho!
Puede que en todos los países ocurran uno, tres, cuatro o cinco casos como el que he señalado, pero distinto es cuando son miles las viviendas y sitios ocupados -hasta el año pasado eran más de cinco mil-, a tal punto que numerosas empresas ya no construyen viviendas porque antes de que las terminen son ocupadas.
Debo recordar otro hecho muy grave, para que se tenga presente en qué consiste la quiebra del Estado de derecho: el uso de medios ilícitos para presionar a las personas.
Por ejemplo, cuando se desea transferir una empresa al área social y se quieren comprar sus acciones, se llama a los dueños de las mismas a fin de llegar a convenios con ellos.
Recordarán los señores Senadores que hace un tiempo se denunció un convenio de traspaso de acciones por un valor de 30 millones de escudos. No recuerdo el nombre del afectado, pero sí que él entregó todas sus acciones correspondientes a un grupo muy grande de empresas a cambio de que una de ellas quedara en su poder para explotarla. Pero, no sólo no le pagaron el valor de sus acciones sino que, al poco tiempo, le quitaron esa empresa, que constituía una seguridad para él.
¡No vale la pena agacharse, inclinarse ni arrodillarse ante un Gobierno, para después ser pisoteado por él! De ahí que mi consejo sea no ceder nunca, porque el que cede queda tan pobre como si no lo hubiera hecho y, además, pierde algo bastante más importante: la dignidad.
(Toses en tribunas o galerías).
El público no debe hacer manifestaciones cuando habla un Senador, señor Presidente.
Advierto a las galerías que está prohibido hacer manifestaciones.
Puede continuar con el uso de la palabra el Honorable señor García.
¡Seguramente, la absoluta falta de remedios en el mercado hace que los resfriados no puedan curarse. . .!
Voy a referirme a la situación de los agricultores.
Cuando a los agricultores les ocupan sus predios, la CORA interviene diciéndoles que se los expropiará; y cuando el agricultor exige su reserva se la discuten advirtiéndole que si acepta una reserva de 20 o 30 hectáreas expropiarán el predio por exceso de extensión, pero que si desea 80 hectáreas de reserva lo expropiarán por mala explotación y no podrá conservar nada. Presiones de esta índole llegan, a veces, a situaciones inauditas.
He visto, sin embargo, pagar 9 millones de escudos por un predio que no valía más de 2 millones de escudos. ¡Su dueño era un prominente miembro de la Unidad Popular!
Es decir, no sólo se pisotea a algunos y se ejercen sobre ellos presiones ilícitas de fuerza, sino que a los amigos se les premia.
No tengo a mano en este momento -pero los traeré a una próxima sesión- los acuerdos de la Corporación de la Reforma Agraria en que consta que un predio tasado originalmente en 260 mil escudos fue expropiado en la suma de 1 millones de escudos. Relato este hecho para que los agricultores sepan que al parecer existen mecanismos muy eficientes para que la gente recupere sus valores. ¡Claro que no sé cuánto dinero habrá queda-do por el camino. . .!
También se ejerce el mecanismo ilícito de presión por medio de los precios. Si desean liquidar a una empresa, sencillamente no le otorgan precios para sus producidos -la Papelera pierde alrededor de 100 millones de escudos mensuales por esta razón-, y la conducen a la quiebra para que el Gobierno se apodere de ella, sea por cesación en el pago de sus obligaciones, sea porque hay huelga o porque no hay dinero para pagar salarios.
Toda esta estrategia nació de una política de fijación de precios cuya finalidad es la de regular un mercado y que se ha convertido en un sistema de destrucción de los empresarios para apoderarse de sus bienes.
Respecto de otra actividad, podemos citar el caso de la Escuela Nacional Unificada. Aunque el Gobierno afirma que no la ha creado, continúa vigente el decreto llamado de democratización de la enseñanza, y que es, a mi juicio, la JAP correspondiente a la educación.
Hemos observado cómo a esos organismos denominados Juntas de Abastecimientos y Precios se les ha otorgado todo poder para que discriminen entre los chilenos quiénes pueden comer y quiénes no pueden comer; quiénes tienen derecho a algo y quiénes no tienen derecho a nada, situación que ha sublevado a la opinión pública y que ha motivado que los generales y almirantes en retiro se hayan hecho eco del clamor de la ciudadanía.
Hemos conocido las reiteradas declaraciones de zonas de emergencia, por las que se estira la ley en cuanto al concepto de calamidad pública. Es cierto que hemos dicho que actualmente existe calamidad pública en todo el país. Esto es evidente, pero la ley no apela a ese tipo de calamidades para el establecimiento de zonas de emergencia, sino a las de orden climático, geológico, a incendios, etcétera. Es indudable que no puede referirse a la catástrofe que significa para la población un mal Gobierno. Si así fuera, habría razones más que suficientes para declarar zona de emergencia al país entero.
El abuso en la declaración de zonas de emergencia ha provocado ya muchas muertes. Al proceder como si se tratase de estado de sitio, se impide a la gente transitar a determinadas horas. Esta es otra de las razones por las cuales la ciudadanía vive en un clima de inseguridad.
Otro factor importante lo constituyen los abusos en las órdenes de detención y de allanamiento decretadas por los intendentes. La ciudadanía debe saber que los intendentes no tienen facultad para ordenar allanamientos sino en casos muy precisos, que me permitiré recordar.
Pueden allanar para cumplir órdenes de detención en ciertas condiciones, o sea, cuando no se encuentra a una persona y se sabe que se ha refugiado en determinado lugar; pero si el detenido se entrega por su propia voluntad, los intendentes no pueden ordenar ni allanamientos ni registros, pues su facultad se limita simplemente a ordenar la detención. Además, pueden ordenar allanamientos para extraer a delincuentes sorprendidos infraganti, cuando, como es lógico, todavía no hay orden judicial de detención. En este caso, la fuerza pública puede entrar al lugar en que se halla el delincuente, pero sólo para sacarlo, y no para efectuar lo que nosotros denominamos allanamiento con registro. En seguida, los intendentes pueden ordenar allanamientos para extraer a extranjeros en contra de los cuales se hubiere decretado la expulsión del país. Del mismo modo, pueden hacerlo para cumplir los decretos dictados por autoridades sanitarias en tiempos de epidemia, para impedir la propagación de incendios, inundaciones y otros estragos, y, finalmente, para extraer un contrabando.
Estos son los únicos casos en que procede la orden de allanamiento por parte de los intendentes. En consecuencia, los cientos de allanamientos realizados últimamente en todas partes, en especial en domicilios de gente de Oposición con el pretexto de buscar armas, son ilegales y constituyen la causa fundamental de la inseguridad producida por las infracciones al Estado de derecho a que me he venido refiriendo en el curso de mi intervención.
Quisiera formular algunas observaciones sobre la creación del área social. Esta área se ha venido formando usando métodos ilícitos que ya he señalado: por medio de la presión y del uso de leyes y disposiciones de emergencia o transitorias, como son las que autorizan las intervenciones y requisiciones, cuyo objeto original era el de permitir la solución provisional de ciertos problemas económicos. Mediante este mecanismo se ha creado en Chile una inmensa área social.
A quienes dicen estar aplicando disposiciones vigentes desde hace cuarenta años; a quienes afirman que ésa es su legalidad, yo les preguntaría si han olvidado que por sobre todas las leyes existe algo que se llama Constitución Política del Estado, la que en el Nº 10 de su artículo 10 asegura a todos los habitantes de la República el derecho de propiedad en sus diversas especies. Este precepto asegura a todos los habitantes de la República, no sólo a los chilenos, que su propiedad no será violada. Ello significa que les garantiza ese derecho, que les dice que deben estar sin cuidado, porque hay algo por sobre las leyes y las instituciones que les asegura la inviolabilidad de su propiedad y que si bien por ley se puede establecer el modo de adquirir, de usar, de gozar y de disponer de ella, con sus limitaciones y obligaciones, no podrán ser privados arbitrariamente de su dominio. Es cierto que el mismo precepto señala algunas excepciones en que no se garantiza este derecho. ¿Cuándo sucede esto? La propia Constitución lo especifica: Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de bienes de producción y otros de trascendental importancia para la economía nacional. En tales casos, esos bienes pueden reservarse para el dominio absoluto y exclusivo del Estado. Sucede esto, por ejemplo, con la gran minería del cobre, con el empleo de las aguas, con los derechos que emanan de contratos con el Estado. Estas son algunas de las seis excepciones a esta garantía que, concretamente, se plantea en los siguientes términos en nuestra Constitución: Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social. . .
No puede, entonces, privarse a una persona de su propiedad mediante requisiciones o intervenciones. Sólo puede hacerse en virtud de una ley expresa basada en causas de utilidad pública o de interés social. En todo caso, agrega la Constitución, el expropiado tendrá siempre derecho a indemnización.
Repito una vez más el concepto: salvo que se trate de un fallo judicial que prive a una persona de su dominio, nadie puede ser privado de él sino en virtud de una ley expresa que se funde en alguna de las excepciones señaladas.
Pero este Gobierno ha dicho que el área social es definitiva, no obstante que está utilizando un mecanismo legal transitorio.
Como los problemas de esta naturaleza se han llevado a los tribunales, los que brindan protección a quienes han sido ilícitamente privados de su derecho de propiedad, el Gobierno, al defenderse, trata de probar que ha actuado legalmente. Para ello la Corporación de Fomento editó un documento oficial. Cabe destacar que a este organismo lo dirige una persona a la que el Presidente de la República dio el rango de Secretario de Estado. Esta es otra demostración del criterio del Gobierno, pues nuestra Constitución Política señala expresamente que el número de Ministros de Estado y sus respectivos, departamentos serán fijados por ley, y no por decreto. Pues bien, digo que quien dirige la Corporación de Fomento tiene rango de Ministro por disposición del Jefe del Estado. El hizo imprimir el folleto a que me refiero para contestar las críticas que se han formulado al área social.
La publicación, que empieza por poner la figura representativa de la Justicia con la cabeza para abajo, se titula La Justicia pierde el juicio. La introducción comienza con una frase que no puede ser más representativa del modo de pensar de los comunistas: Nadie tiene derecho a dudar que la constitución del área de propiedad social es y ha sido perfectamente legal. ¡Qué podría retratar mejor a un comunista que lo que se desprende de esta aseveración! ¡Nadie puede dudar! El problema ya no está en si el área social es legal o ilegal; nadie puede dudarlo. En estos momentos, según el folleto, yo no tendría derecho siquiera a tener reservas respecto de este punto, y mucho menos a opinar que es ilegal. El Partido Comunista no admite que la gente dude. Todos tienen que creer a pie juntillas, hincados ante la majestad del Estado comunista, que la constitución del área social es legal.
¿En qué consiste el folleto? Uno podría pensar que en el curso de su texto se darán argumentos para afirmar esa premisa, pero sus autores se limitan a señalar que hay incomunicación con las masas obreras acerca del problema jurídico, y que lo que corresponde es movilizarlas, a fin de presionar al Poder Judicial y ganar los pleitos pendientes.
Resulta monstruoso que, en un folleto editado por abogados de la Corporación de Fomento, se diga como argumento decisivo que es necesario doblar la mano a los tribunales de justicia. Uno de los abogados afirma que ello es difícil, porque ninguna propina es capaz de inducirlos a hacer justicia. Eso opina el Gobierno de la República de nuestros órganos jurisdiccionales. Eso escribe de la justicia un organismo como la Corporación de Fomento y lo edita en las prensas de Quimantú, otra empresa del Gobierno chileno. Estos nuevos ejemplos explican la sensación de quiebra del Estado de derecho. Cuando las entidades públicas se sienten autorizadas para dirigirse a los tribunales y les dicen que ninguna propina es capaz de inducirlos a hacer justicia, es porque en el fondo está quebrado el Estado de derecho.
El folleto, en una parte, se desarrolla en forma de diálogos. Un periodista dice: Estimo que no se ha sabido utilizar a las masas en esto. Y el abogado José Rodríguez responde:
En eso estamos. Si no hubiera habido conmoción pública con ocasión del fallo de la Corte Marcial, en el caso Viaux, se habría facilitado la impunidad.
¡De manera que el fallo en el caso Viaux se debe a la conmoción pública!
Agrega el abogado Rodríguez:
Entonces, ahí tenemos, por la vía del caso más representativo, cómo opera la vigilancia de masas.
Esto aparece en la página 28 del folleto, en un título dedicado a las medidas precautorias. Agrega el señor Rodríguez:
Aquí nos ha ido mal, precisamente porque no se ha alertado a la opinión pública.
A lo que el periodista a que me refería denantes agrega:
Estimo que no se ha sabido utilizar a las masas en esto, y quiero ser más claro en este punto. El otro día los trabajadores de la E.T.C. hicieron una manifestación frente al Congreso, y por esta presión lograron el despacho de un proyecto que dormía meses en la Cámara.
Parece necesario recordar a los Honorables colegas que el proyecto relativo a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado no se trató de inmediato porque faltaban unas indicaciones del Ejecutivo. Con el acuerdo de todos, se suspendió por un tiempo su tramitación, aun cuando había interés general en despacharlo con la mayor brevedad. Sin embargo, el folleto de la CORFO sostiene que, por la presión de las masas, se logró despachar el proyecto que dormía desde hace meses en la Cámara de Diputados.
Más adelante se reitera el leitmotiv: hay que activar a las masas. A este respecto, dice el abogado Rodríguez:
Se puede decir que con las actuaciones del Poder Judicial estamos tocando los límites del estado de derecho. De seguir así, puede no estar tan lejano el día en que nos veamos forzados a recurrir a la querella contra los jueces.
Pero si queremos, o más bien si nos vemos obligados a adoptar una medida de esta índole, es absolutamente necesario que los medios de comunicación de masas hayan explicado toda la verdad. Sólo así nos podremos apoyar con fuerza en la convicción de las masas.
¡La fuerza legal, según los autores de este folleto, es la convicción de las masas, la violencia que éstas puedan ejercer!
Dice un periodista:
Durante todo el intercambio de opiniones se ha visto que estamos discutiendo sobre la legalidad o ilegalidad del área de propiedad social. . .
Responde el señor Pavez:
No compañero, no está en juego el si es legal o ilegal. Estamos conscientes de que se está actuando dentro de la legalidad.
El señor Enrique Testa responde: El área social ha existido siempre, desde que se crearon los Ferrocarriles del Estado.
¡Qué bueno sería que el señor Testa supiera cómo se crearon los Ferrocarriles del Estado! En verdad, para llevar adelante esa empresa se dictaron leyes sobre propuestas públicas, sobre expropiaciones y otras en que el Congreso Nacional otorgó los fondos respectivos. En virtud de otras se llamó a cooperar a otras personas.
Por eso, es lamentable que ahora exista una ignorancia tan monstruosa, que permita a una persona decir que con la misma legislación que se usa para estatificar se creó el área social de los Ferrocarriles del Estado.
Podría haber dicho que esos Gobiernos eran pragmáticos y que un día podían crear los Ferrocarriles porque era necesario hacerlo, y otro, hace 120 años, concebir la Caja Nacional de Ahorros como único banco popular, o la Caja de Crédito Hipotecario, que tiene la misma antigüedad que la anterior, fundada para conceder créditos a largo plazo. Además tiene el mérito de haber sido el único banco que otorgaba ese tipo de beneficios, aparte que era estatal. Porque en Chile no se pensaba en la ideología que tenía quien realizaba una operación, sino en lo que era más conveniente para el país. ¡Esa es la lección que nos dan nuestros antepasados!
Para terminar, en los últimos minutos que me restan, con toda esta lista de incitación a la presión de masas, leeré lo que figura en la página 52 de este folleto, referente a cómo se lucha contra las medidas precautorias dictadas por los tribunales.
Aquí aparece el mecanismo, para derogarlas. Y se empieza por preguntar: ¿Ha surgido de entre los trabajadores alguna inquietud para movilizarse, por denunciar públicamente esto? Y se contesta: Bueno, se hizo una reunión de los trabajadores de las aceiteras. Hoy mismo nos juntamos de nuevo para ver hasta cuándo vamos a discutir con estos caballeros. Se espera que en un tiempo no muy lejano se junten todos los trabajadores del aceite de Chile y protesten por estas precautorias que no nos dejan tranquilos. Estamos viendo una marcha en la que van a participar todos los compañeros del área social que estén en esta parada.
Reflejando en su rostro algo de escepticismo, Héctor Delba da su opinión:
Yo creo que más que el movimiento de masas se trata de la defensa llamémosla dentro de los tribunales, la de los abogados que puede tener el Gobierno o la CORFO..., pero para mí, el movimiento de masas no arregla los problemas.
No arregla pero presiona, replica Flavio Fuenzalida.
Yo creo más en lo que pueden hacer los abogados dentro de la Justicia. Para mí lo esencial es la defensa de los abogados, insiste Héctor Delba.
¡En este caso yo creo que vale mucho la movilización de los trabajadores -replica Fuenzalida-, porque la misma ley donde el abogado defiende el asunto tiene varios puntos a favor o en contra; entonces el abogado tiene que buscar el que sea más efectivo, y si hay una presión de masas, el juez tiene que ceder ante esta defensa, ya sea que se movilicen los trabajadores o que paren las industrias.
Sí, -contesta otro- pero con la ¡movilización que hicieron los de Andina no sacaron nada! Otro expresa que en ese movimiento sólo participó un 20 por ciento de los trabajadores.
Y con un 20 por ciento no vale la pena hacer nada. O van todos o no va ninguno. Y si no van a la pelea quiere decir que están de acuerdo con que llegue el patrón; si van todos es porque están defendiendo a la empresa.
Señor Presidente, ésta es la forma como ellos actúan, y luego dicen y sostienen ante la faz pública que éste es un Gobierno de derecho.
Cuando el cuerpo de abogados del Gobierno no tiene otro camino, frente a nuestras denuncias de que están fuera de la ley, que llamar a las masas para presionar a la justicia y obtener por la vía de la violencia lo que no pueden conseguir por la vía de la ley, estamos frente a algo claro y preciso de lo que llamamos la quiebra del Estado de derecho.
Señor Presidente, Senadores de Oposición nos hemos reunido para demostrar nuestra adhesión a los conceptos que emitieron los almirantes y generales en retiro, y hemos señalado los fundamentos en que se basa su inmensa preocupación porque el Estado de derecho en nuestro país está quebrado y roto. Y nosotros vamos a tratar, por todos los medios, de restituir la vigencia de la ley y el amparo a los derechos de los ciudadanos.
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13.30.
Dr. Raúl Valenzuela Garcia Jefe de la Redacción.
ANEXO.
1. MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMIL-TON CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DICTA NORMAS SOBRE FIJACION DE TARIFAS PARA EL TRANSPORTE QUE EFECTUE LINEA AEREA NACIONAL DESDE O HACIA LAS PROVINCIAS DE AISEN Y MAGALLANES.
Honorable Senado:
El transporte aéreo es de vital trascendencia para el desarrollo de la zona austral y para la vida misma de su población.
Sin embargo, sabido es que las provincias de Aisén y de Magallanes no cuentan actualmente con otro medio regular para el transporte aéreo de pasajeros, carga y correspondencia que el que proporciona Línea Aérea Nacional. Por eso, dicho transporte constituye un servicio público esencial y cualquier aumento desproporcionado de sus tarifas se convierte en una pesada carga para los usuarios, especialmente para los residentes en esas provincias.
Por otra parte, toda política que eleve exageradamente el valor de las tarifas aéreas sólo contribuye al aislamiento de esa región.
Resulta imprescindible, pues, adoptar con urgencia alguna medida eficaz que impida este estado de cosas.
Basado en lo expuesto, tengo a honra someter a vuestra aprobación el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.-La Línea Aérea Nacional no podrá aumentar el valor de las tarifas correspondientes al transporte aéreo de pasajeros, carga o correspondencia que efectúe desde o hacia las provincias de Aisén y de Magallanes sino una vez en cada año calendario y, en tal caso, el mayor valor no podrá exceder del 50% del aumento experimentado por el índice de precios al consumidor durante el año calendario anterior..
(Fdo.) : Juan Hamilton Depassier, Senador,