Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- ORDEN DEL DIA.
- PETICION DE ESTADO DE SITIO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Alberto Jorge Jerez Horta
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Ernesto Segundo Araneda Briones
- INTERVENCIÓN : Americo Arturo Acuna Rosas
- INTERVENCIÓN : Sergio Onofre Jarpa Reyes
- INTERVENCIÓN : Aniceto Rodriguez Arenas
- INTERVENCIÓN : Sergio Onofre Jarpa Reyes
- INTERVENCIÓN : Alberto Jorge Jerez Horta
- INTERVENCIÓN : Sergio Insunza Barrios
- INTERVENCIÓN
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Tomas Pablo Elorza
- INTERVENCIÓN : Jorge Tapia Valdés
- INTERVENCIÓN : Sergio Insunza Barrios
- DEBATE
- PETICION DE ESTADO DE SITIO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE.
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 318ª, ORDINARIA.
Sesión 28ª, en, martes 3 de julio de 1973.
Especial.
De 19.3 a 21.55).
PRESIDENCIA DEL SEÑOR EDUARDO FREI MONTALVA.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 1116
II.- APERTURA DE LA SESION 1116
III.- ORDEN DEL DIA:
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que declara en estado de sitio todo el territorio nacional por el término de noventa días (se rechaza) 1116 VERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Acuña Rosas, Américo Aguilera Báez, Luis Aguirre Doolan, Humberto Araneda Briones, Ernesto Aylwin Azocar, Patricio Ballesteros Reyes, Eugenio Bossay Leiva, Luis Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios Contreras Tapia, Víctor Diez Urzúa, Sergio Foncea Aedo, José Frei Montalva, Eduardo García Garzena, Víctor Godoy Gómez, Luis Hamilton Depassier, Juan Irureta Aburto, Narciso Jarpa Reyes, Sergio Onofre Jerez Horta, Alberto Lavandero Illanes, Jorge Lorca Valencia, Alfredo Miranda Ramírez, Hugo Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Pablo Elorza, Tomás Papic Ramos, Luis Rodríguez Arenas, Aniceto Silva Ulloa, Ramón Suárez Bastidas, Jaime Sule Candia, Anselmo Toro Herrera, Alejandro Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo Von Mühlenbrock Lira, Julio, y
Zaldívar Larraín, Andrés.
Concurrieron, además, los señores Ministros de Relaciones Exteriores, don Orlando Letelier del Solar; de Educación Pública, don Jorge Tapia Valdés; de Justicia, don Sergio Insunza Barrios; de Obras Públicas y Transportes, don Humberto Mar. tones Morales; de Tierras y Colonización, don Roberto Cuéllar Bermal; de Salud Pública, don Arturo Jirón Vargas, y de la Vivienda y Urbanismo, don Luis Matte Valdés.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro.
II.-APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 19.3, en presencia de 22 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-ORDEN DEL DIA.
PETICION DE ESTADO DE SITIO.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde ocuparse, en el proyecto de acuerdo, originado en mensaje del Ejecutivo, que dispone la declaración de estado de sitio para todo el territorio nacional por el término de noventa días.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 3 de julio de 1973.
Señor Presidente, nosotros entendimos que los señores Ministros intervendrían en esta sesión para explicar las razones por las cuales el Gobierno solicita la declaración de estado de sitio. En consecuencia, nos parece, de acuerdo con el orden lógico, que dichos Secretarios de Estado deben hacer usó de la palabra primeramente y en seguida exponer nosotros nuestro pensamiento.
Por lo menos, así quedó claramente establecido en la reunión de los Comités.
Señor Senador, no puedo ofrecer la palabra a los señores Ministros, porque no se encuentran en la Sala.
Entonces, reservamos nuestro derecho para después que ellos hablen.
Perdón, señor Presidente, ¿les avisaron oportunamente a los señores Ministros?
Se les envió un oficio y, además, se les avisó por teléfono.
No pueden venir, porque renunciaron.
Tal como dijo el Honorable señor Ballesteros, los Comités adoptaron el acuerdo de usar de la palabra en un orden determinado: primero, una hora para los señores Ministros, igual lapso para los Comités más un minuto por Senador. Para resolver quién empezaría a usar de la palabra, se iba a realizar un sorteo. Sin embargo, considerando que los señores Ministros hablarían primero, nos otros solucionamos el problema proponiendo que la Democracia Cristiana interviniera a continuación. Pero como eso no ha ocurrido, me parece que debería comenzar a hablar algún representante de la Unidad Popular.
Acaban de avisar a los Ministros.
Nos reservamos el tiempo, señor Presidente.
También podemos suspender la sesión.
Sólo quiero ratificar el acuerdo que adoptamos en la mañana de hoy.
Felizmente, en este momento llega el señor Ministro de Justicia, quien, estoy seguro, iniciará su intervención de inmediato.
El señor FREI (Presidente).-
En primer lugar, está inscrito el Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Señor Presidente, en realidad debió concurrir el señor Ministro del Interior; pero como en este momento la Cámara de Diputados está estudiando la acusación deducida en contra de él y, según las informaciones proporcionadas hace poco rato, aquélla estaría por votarse, el señor Espinoza creyó conveniente no asistir a esta reunión, pues podía darse el caso de que fuera suspendido de sus funciones mientras intervenía en el Senado.
Lamento la inasistencia de mi colega, por cuanto él tenía, naturalmente, los últimos antecedentes de la situación por la que atraviesa nuestro país y podía haber proporcionado más informaciones a los señores Senadores sobre los acontecimientos producidos.
Considerando que la opinión pública ha ido conociendo las vinculaciones, de algunos elementos civiles con los militares que tomaron parte en los sucesos del viernes último, creemos casi innecesario hacer un análisis más profundo de ellos. El conocimiento del delito mismo está entregado a la Justicia Militar, y es obvio, por la investigación que se practica, que el secreto del sumario impediría de todos modos dar a conocer mayores antecedentes. Pero el alzamiento producido ese día y la participación que les cupo a algunos civiles que han buscado refugio en la Embajada de un país amigo con el objeto de eludir la acción de la justicia, demuestran hasta qué punto los acontecimientos tuvieron relaciones y vinculaciones que hacen necesario un acuerdo del Congreso que le permita al Gobierno disponer de las atribuciones que le concede la declaración de estado de sitio.
Ayer la Corte de Apelaciones de Concepción dejó en libertad a algunos civiles que la policía había detenido con motivo de la subversión y conspiración. Ello demuestra hasta dónde la acción judicial es insuficiente para esta clase de hechos cuando se trata de impedir la subversión, la conspiración y que determinados elementos sediciosos traten de derrocar al Gobierno, pues, por su naturaleza misma, la acción de la justicia tiene un enfoque distinto, que impide al Ejecutivo adoptar medidas de prevención, trasladar de un lugar a otro a ciertos individuos que, aunque fueran puestos a disposición de los tribunales, seguramente obtendrían su libertad mediante, él recurso de amparo u otras medidas.
El estado de sitio, que se declara, según la Constitución, en virtud de un acuerdo del Congreso, concede al Gobierno una facultad que va en contra de la garantía constitucional consignada en el Nº 15 del artículo 10 de la Carta Fundamental, que permite a las personas residir en el lugar que deseen dentro del territorio de la república. Sólo se trata de desvincularlas de aquellos sitios donde en forma habitual ejercen su actividad y tienen sus relaciones. Además, el estado de sitio permite detener a un individuo en su domicilio o en recintos que no sean cárceles ni lugares de detención. Esas son todas las atribuciones que otorga; la declaración de estado de sitio.
Reitero que la necesidad de tales medidas se relaciona íntimamente con el impedimento que existe en la actualidad para actuar en forma rápida en contra de los culpables mediante la acción judicial. Las acciones judiciales que ha entablado el Gobierno en numerosas ocasiones, con anterioridad a los acontecimientos ocurridos, en contra de determinados elementos facciosos, demuestra la ineficacia del Poder Judicial en la mayoría de esos casos. Durante esta Administración se han presentado, sólo en Santiago, más de 160 denuncias por infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado, ante delitos cometidos en contra del Presidente de la República y de Ministros de Estado. Hasta ahora, sólo se ha obtenido la condena de un periodista, quien logró después de mucho tiempo, y luego, incluso, de ser condenado, que se le remitiera condicionalmente la pena. Nosotros no hemos conseguido amparo de parte de los tribunales de justicia en este sentido;
Los señores Senadores conocen del proceso que se instruyó con motivo del asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General señor René Schneider, en que la sentencia de primera instancia, que condenó al autor principal del delito a 20 años de presidio, fue rebajada a dos años por la Corte Marcial, resolución confirmada recientemente al rechazarse el recurso de queja interpuesto en su contra.
¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
Sólo dispongo de sesenta minutos, señor Senador.
No tengo inconveniente en usar de la palabra con cargo al tiempo de mi partido, señor Ministro.
Depende del señor Ministro el otorgar interrupciones. Si no desea hacerlo, puede continuar Su Señoría.
Deseo proseguir con la relación y reservarme algunos minutos de mi tiempo para usar de la palabra con posterioridad, si ello es posible.
Sí, señor Ministro.
Como decía, dicho fallo demostró que las personas que cometen tan graves delitos pueden quedar en absoluta impunidad. De esta forma se produce un relajamiento en quienes se encuentran en la posibilidad mental de intervenir, a través de su acción, en un proceso contra un Gobierno legalmente constituido.
Debemos considerar que, dentro de un conglomerado social como el nuestro, existen personas que, naturalmente, en un proceso democrático, están dispuestas a aceptar las situaciones derivadas de una solución buscada mediante elecciones. Pero hay otras que no participan del mismo predicamento y que, mediante la sedición, el golpe o la asonada, esperan cambiar nuestro sistema y estructuras.
Chile se enorgullece de su consistencia democrática, ya más que centenaria. Somos, en este sentido, un país excepcional en América Latina. En nuestra nación no se ha producido esta clase de asonadas y de intentos de derrocar al Gobierno, desde el año 1932. Llevamos 41 años durante los cuales se han sucedido los Gobiernos en forma democrática. Sin embargo, comienzan ahora a asomar indicios de que ello podría variar.
Con el instrumento que estamos solicitando del Congreso Nacional y que, lamentablemente, fue rechazado ayer por la Cámara de Diputados, queremos disponer de un elemento que nos permita, no con el propósito de hacer persecuciones políticas, impedir que esos brotes, esas demostraciones y atentados, puedan producirse.
El ejercicio de esta acción por parte del Gobierno está garantizado, porque las medidas que se tomen, de acuerdo con las facultades que otorga el estado de sitio, deben ser resueltas mediante decreto supremo. No se trata de actuaciones aisladas y que puedan ser llevadas a cabo simplemente por las autoridades administrativas. Esta es la mejor garantía que se puede tener al otorgar dichas facultades, y significa, depositar la confianza en quien obviamente debe merecerla, como es el Presidente de la República.
Hemos presentado al Congreso un proyecto de acuerdo ajustado a disposiciones consignadas en el acuerdo de la Comisión Mixta de la Cámara y del Senado del año 1954, a fin de obtener las facultades respectivas.
En un comienzo consideramos la posibilidad de solicitar facultades más amplias en un proyecto que, en un primer momento, se presentó a la Cámara de Diputados; pero como incluía las atribuciones a que se refiere el número 13 del artículo 44 de la Constitución Política, que naturalmente requieren un proyecto de ley, estimamos preferible dividir la petición, limitándonos al estado de sitio.
Los detalles de la situación, que no se han dado en esta ocasión y que debió proporcionar el señor Ministro del Interior, a mi juicio no. son indispensables para que el Honorable Senado otorgue esta tarde las facultades solicitadas. Considero innecesario que los señores Senadores conozcan el detalle mismo de los antecedentes que, por conducto de la policía, el Gobierno conoce en estos momentos respecto de las ramificaciones del atentado y de las posibilidades que en estos mismos instantes habría de que se produzcan rebrotes de aquella asonada, para entregar las facultades que solicita el Gobierno.
Los acontecimientos que motivaron la dictación de la ley 8.837, de 1947, mediante la cual el Congreso otorgó estas atribuciones al Gobierno de la época, fueron indiscutiblemente mucho menos graves que los de ahora. Nuestro país no ha vivido un momento tan crítico desde hace muchos años, quizás desde la revolución del año 1891. Desde entonces no se había presenciado a un grupo del Ejército avanzar contra la Casa de Gobierno, en cuyo edificio existen demostraciones palpables de que se disparó a matar. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran acribilladas a balazos las principales oficinas, inclusive la del Ministro, y lo mismo es posible apreciar en las oficinas de la Casa de Gobierno ubicadas frente a la calle Moneda.
Todos esos hechos pudieron conducir a una situación mucho más grave, si no hubiese sido por la entereza de algunos altos jefes militares que impidieron el atentado. Pero de ahí a pensar que tal acción ha terminado y que no tiene ramificaciones, sería simplemente ingenuidad.
Por tales razones, el Gobierno estimó necesario requerir estas facultades al Congreso.
Deseo reservar algunos minutos de mi tiempo para intervenir en el curso del debate.
El señor FREI (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
En conformidad a los acuerdos adoptados por los Comités, tiene la palabra el Comité de la Democracia Cristiana.
Señor Presidente, en esta oportunidad hablo, en nombre y en representación del Partido Demócrata Cristiano.
Como es de conocimiento del Senado, el Ejecutivo ha pedido la aprobación de un proyecto de acuerdo que declare en estado de sitio la totalidad del territorio nacional, confiriéndose por ello las facultades contenidas en el número 17 del artículo 72 de la Constitución Política.
El Gobierno aduce como fundamento que se precisan las mencionadas facultades para poder preservar las instituciones democráticas, en atención a que el día 29 de junio del año en curso el país se vio conmovido por hechos de extraordinaria pravedad, atentatorios de la estabilidad del régimen institucional, de la seguridad de la nación y de los ciudadanos.
Por su parte el Presidente de la República dijo el día de los hechos, en declaración por radio y televisión, que solicitaría el estado dé sitio para escudriñar, investigar y sancionar a los responsables de los mencionados hechos.
En declaraciones posteriores, tanto de la Jefatura del Estado de Emergencia como del propio Ministro de Defensa, por cadena nacional, se ha señalado que la situación que estamos comentando ha sido completamente controlada y que en todo el territorio nacional reina absoluta normalidad.
Hasta la fecha, la opinión pública conoce un comunicado oficial de la Jefatura de Emergencia en el cual se fija con precisión el alcance de los acontecimientos ocurridos el día 29 de junio, y en el que se informa que a causa de ellos habría 22 víctimas fatales, de las cuales 7 pertenecerían a miembros del Ejército.
Por otra parte, según publicaciones aparecidas en la prensa de hoy, al ser interrogados el Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, y el Ministro de Defensa Nacional sobre el número de víctimas correspondientes al Ejército, no precisaron su número. Aun más: de ellas podría desprenderse que serían más que las que se detectaron en el primer informe al cual me he referido.
En la breve exposición hecha por el señor Ministro aquí en al Sala, como también en la que hizo en la Cámara de Diputados, no se profundiza más en los hechos para precisarlos en su verdadera dimensión ni se aportan antecedentes que hagan posible a esta rama del Congreso concluir que se necesita, patrióticamente, otorgar al actual Gobierno una facultad tan amplia y tan delicada como la que permite restringir una de las garantías individuales más preciadas: la libertad individual.
El Partido Demócrata Cristiano ha analizado en profundidad los antecedentes que le han sido entregados, como también los graves hechos ocurridos el 29 de junio. Su Presidente Nacional concurrió en la misma tarde a una sesión de este Senado, y planteó la posición de nuestra colectividad de permanente adhesión al sistema institucional chileno, porque realmente para eso nacimos a la vida política.
Analizados los antecedentes y fundamentos que aduce el Gobierno, la Democracia Cristiana acordó en su Consejo Nacional no acceder a la solicitud de declaración de estado de sitio. Dicho acuerdo está contenido en una declaración pública, que solicito que se inserte en la versión de mi discurso.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del señor Senador.
Acordado.
El documento cuya, inserción se acuerda es el siguiente:
Estado de Sitio y Zona de Emergencia
Con la dictación de la Zona de Emergencia en todo el país, el Gobierno tiene ahora las siguientes atribuciones legales:
1) Prohibir la divulgación de noticias de carácter militar.
2) Controlar las armas y explosivos en manos de civiles.
3) Controlar la entrada y salida de personas de la Zona de Emergencia.
4) Someter a vigilancia a las personas que se consideren peligrosas.
5) Proteger los servicios de utilidad pública.
6) Prohibir la divulgación de noticias verdaderas o falsas que puedan producir pánico en la población o desmoralizar a las FF. AA.
7) Impartir todas las órdenes o instrucciones que se estimen necesarias para el mantenimiento del orden interno.
8) Además, cuenta con todas las atribuciones legales para investigar, detener y entregar a la Justicia a los sospechosos y culpables del 29 de junio.
Ahora el Gobierno pide el Estado de Sitio para tener más poder todavía.
1) Entregar la aplicación de las medidas de seguridad a los funcionarios UP del Gobierno, en vez de las FF. AA.
2) Permitir que estos funcionarios arresten sin explicación a cualquier persona (dirigentes sindicales, periodistas, dirigentes políticos y cualquier otro chileno) sin pasarla a los Tribunales de Justicia para que prueben su inocencia y se defiendan. Esta detención puede durar tres meses.
3) Relegar, sin explicación, a cualquier chileno con exclusión de los 200 parlamentarios del lugar donde vive a cualquier punto del país, obligándola a vivir, forzadamente, alejada de su familia y de su lugar de trabajo, en lugares distantes del territorio nacional.
Por eso, la Democracia Cristiana no aprobará el Estado de Sitio, mientras si Gobierno:
1) No le entregue al país en forma seria y documentada los antecedentes que lo impulsan a solicitar poderes tan amplios y extremos. Eso hasta ahora no ha ocurrido.
2) Mientras no se garantice de que esas atribuciones serán manejadas por sectores que le den confianza al país y no por funcionarios políticos que los utilicen para obtener ventajas partidistas, perseguir a sus adversarios y jugar a su amaño con la libertad de los diez millones de chilenos.
¿Por qué adoptó nuestra colectividad tal posición? Primero, porque estimamos innecesario otorgar la facultad que emana de la declaración del estado de sitio, cual es la de restringir en términos graves la libertad individual de los chilenos.
Estimamos, de acuerdo con los antecedentes con que contamos y que la opinión pública conoce, y por las propias afirmaciones hechas por el Gobierno, que la declaración de zona de emergencia que rige en la actualidad para todo el territorio es suficiente para controlar los hechos producidos el día 29 de junio. Las facultades contenidas en el artículo 34 de la ley 12.927, que sería largo enumerar y leer creo que en esto concuerda el señor Ministro da al Gobierno toda clase de facultades para poder mantener el orden público y la estabilidad institucional. Esa disposición legal únicamente no otorga las atribuciones consignadas en el número 17 del artículo 72 de la Constitución Política, que permiten al Gobierno detener a las personas sin juicio previo, en lugares no destinados ordinariamente para detenciones, y trasladarlo de un punto a otro de la república, con excepción de los Diputados y Senadores.
Si se trata de investigar y sancionar, nosotros creemos que para ello son suficientes el procedimiento judicial existente, los tribunales militares, las normas legales que los rigen y las facultades contenidas en la legislación normal. Asimismo, estimamos que no es posible acceder a la petición del Ejecutivo de otorgar la declaración del estado de sitio, porque el actual Gobierno no nos da garantías, en las actuales condiciones y composición, de la forma como aplicará esta facultad tan amplia, como es la de restringir la libertad individual de los chilenos.
Afirmamos esto, en primer lugar, porque, durante sus dos años y ocho meses de gestión, ha sido conducta reiterada de este Gobierno la de discriminar entre los chilenos; la represión, la arbitrariedad y el abuso han sido el precio que han debido pagar quienes no piensan como él, en tanto que, por otro lado, han existido la manga ancha, el indulto y la gracia para los violentistas, para los delincuentes políticos, para los injuriadores y los sembradores de odio.
En segundo término, porque el actual Gobierno no ha respetado ni respeta a los otros Poderes del Estado y de la Administración. Largo sería enumerar todas y cada una de las circunstancias en las cuales este Gobierno no los ha respetado; más aún, ha amparado las campañas más viles en contra del Poder Judicial, de la Contrataría General de la República y del propio Congreso Nacional.
En tercer lugar, porque este Gobierno se ha caracterizado por su ilegalidad y por pretender marginarse de la Constitución en materias tan importantes como son las garantías contenidas en nuestra Carta Fundamental. Asimismo, ha procedido en forma reiterada a clausuras arbitrarias de radioemisoras. Nuestro partido ha debido sufrirlas en uno de sus órganos de expresión, Radio Balmaceda. Lo mismo ha sucedido con otras radios que también han sido clausuradas en forma ilegal y arbitraria, y que sólo han podido recuperar su derecho a informar libremente a los chilenos a través de ese medio por la sola circunstancia de que aún rige en Chile la justicia y tiene vigencia nuestro Poder Judicial. Otras actuaciones que han caracterizado al actual Gobierno son las detenciones arbitrarias. < Intendentes y Gobernadores se han distinguido por detener a ciudadanos sin tener facultades para ello, como en los, casos de Valparaíso, Talca y Ñuble. Se ha detenido a los campesinos, como lo hizo el Intendente Codelia cuando ellos pretendieron llegar a Santiago a manifestar su repudio al actual Gobierno. Se ha denigrado, se han desconocido los derechos de nuestros dirigentes sindicales, como en el caso de los del cobre, de Sumar, de Helvetia y tantos otros.
Porque ha abusado del deber de obediencia de la fuerza pública, Carabineros, para proteger a los violentistas e impedir las protestas pacíficas de estudiantes, mujeres, trabajadores y pobladores; porque ha sobrepasado la ley y la Constitución por intermedio de sus Ministros, a los que ha debido acusarse; porque no ha respetado la decisión de uno de los Poderes del Estado; por estas consideraciones y muchas más, el actual Gobierno no da garantías a los chilenos; y, en representación de ellos y en su defensa, la Democracia Cristiana levanta su voz para rechazar una nueva intentona del Poder Ejecutivo de aprovecharse de estos hechos. ¿Quién puede asegurar que este Gobierno, con sus actuales Ministros, Intendentes, Gobernadores y Director General de Investigaciones, vaya a aplicar las facultades que solicita para fines, realmente democráticos, en circunstancias de que, no teniéndolas, ha cometido todo tipo de abusos y arbitrariedades en condiciones normales? Para afirmar esto, señor Ministro, me basta citar dos documentos.
En el día de hoy, en la carátula de una revista que Su Señoría conoce, Plinto Final, se señala lo siguiente: Y ahora a una dictadura popular. Y en un apartado de ella se señala lo que propicia esa revista, escrita después del día 29 de junio, en la cual participan asesores muy directos del Presidente de la República que, inclusive, según informaciones, han estado acompañando al Primer Mandatario en estos días tan difíciles, como el señor Augusto Olivares; el señor Jaime Faivovich, recientemente nombrado Subsecretario de Transportes; el abogado Alejandro Pérez y Héctor Suárez Bastidas, que tiene algún parentesco con un representante de la Unidad Popular. ¿Qué se dice en esa edición? Lo siguiente:
Si algún saldo positivo puede sacarse de los sucesos del 29 de junio, ése debería ser no cabe duda el estímulo para dar un viraje definitivo que permita al gobierno y a las masas populares quebrar definitivamente la resistencia adversaria. Esto lleva a lo que PF ha estado planteando en sus dos últimas ediciones: la instauración de una dictadura popular que permita romper el cascarón de la institucionalidad burguesa y alcanzar, cuando menos, el cumplimiento integral del programa de la Unidad Popular.
Más adelante continúa diciendo: Para ello hace falta una dosis importante de audacia y una decisión revolucionaria que no vacile en acudir al poder de la clase trabajadora y escúchese bien esto de los sectores patrióticos y progresistas de las Fuerzas Armadas. De los sectores...; o sea, de algunos. A continuación, se expresa lo siguiente: Apoyándose en las organizaciones de masas y en los importantes sectores de las Fuerzas Armadas y Carabineros que están dispuestos a permitir el curso del desarrollo histórico del país,...
A lo mejor, esto podría...
El señor ZALDIVAR.-
El señor JEREZ.-
Señor Senador ¿me permite una interrupción, con cargo a mi tiempo?
Con mucho gusto.
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Jerez.
Como es natural, deberíamos esperar el contexto de la intervención del Honorable señor Zaldívar; pero también se pierde la oportunidad de replicar derechamente a las imputaciones que el señor Senador sostiene. Por eso, prefiero contestarle de inmediato.
En realidad, no doy importancia alguna al hecho de que algunos funcionarios de Gobierno escriban en determinadas publicaciones que no tienen la misma línea política de la Unidad Popular, porque hay otras personas que lo hacen en otros impresos. Concretamente, en la revista Qué Pasa escriben también militantes de la Unidad Popular, y ello no significa que estén adscritos a la línea política de esa publicación, que no es la del Gobierno, como es el caso, por ejemplo, de la Diputada Carmen Lazo o de don Jaime Castillo, quien, según entiendo, tampoco suscribe del todo el fondo de aquella publicación.
El señor JEREZ.-
Pero escriben bajo su firma, señor Senador.
Perdón, estoy hablando.
En segundo lugar, quiero decir que para referirse a la conducta o a la responsabilidad del Gobierno es indispensable acogerse a los documentos de la Unidad Popular o basarse en las actuaciones del Gobierno, pero no atenerse a los de organizaciones que tienen discrepancias de carácter táctico con la Unidad Popular, que sustentan distintas concepciones respecto del camino a través del Cual se puede llegar al socialismo y divergencias que han sido públicas y que, por lo tanto, niegan todo valor al hecho de atribuirnos a nosotros lo que otros escriben libremente.
Por lo demás, señor Presidente, a mi juicio ésta es una demostración, como se ha señalado en otras oportunidades, de que en Chile, a pesar de todo lo que se diga en contrario, hay libertad para expresarse y escribir. Felizmente, aunque otros no lo quisieran así, nosotros vemos que en ello hay una demostración de tolerancia intelectual, de capacidad para razonar aunque se esté en tribunas distintas y de voluntad, por último, de no argumentar como sordos y, no obstante discrepar, poder plantear las posiciones con libertad en una u otra trinchera.
Termino señalando agradezco al Honorable señor Zaldívar la interrupción que me concedió que hay otras entidades, como Patria y Libertad, que se han referido a las Fuerzas Armadas en términos que se contradicen absolutamente con la posición sostenida por la Democracia Cristiana y que, sin embargo, seguramente, no figura en el texto del discurso del señor Senador aclarar esas posiciones y condenarlas, salvo que lo haga ahora.
Señor Presidente, aceptando las explicaciones que pretende dar el Honorable señor Jerez, sólo quiero reiterarle lo siguiente: de las personas que colaboran en esa revista, por lo menos dos de ellas, que he señalado, son asesores directos del Presidente de la República. Inclusive, uno es un funcionario de tan alta jerarquía como el Subsecretario de Transportes, y el otro es Gerente General de Televisión Nacional, uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Para fundar, además, los asertos que he formulado, en el sentido de que no nos da garantías la conducta del Gobierno, ni menos la de los personeros que actualmente lo representan en los cargos de Ministros, Intendentes, Gobernadores y otros, repetiré las palabras del Diputado Barberis, quien sí habló ayer en la noche en nombre del Partido Socialista, según creo, delante de todos los Ministros, sin ser rectificado por ellos. Expresó lo siguiente:
No, nosotros no queremos un estado de sitio otorgado por perdonavidas que tratan de aliviarse con agüitas democráticas de pecados sediciosos.
Tenemos un parlamento y un poder mucho más fuerte que el que ustedes puedan otorgarnos. El gobierno popular ha hecho de cada fábrica un parlamento, mucho más democrático, libre y auténtico y legítimo que éste desprestigiado. Tenemos un poder más fuerte aún que aquel que la Constitución puede otorgar al gobierno popular. Tenemos un proletariado urbano organizado en cordones industriales, y ese poder popular va a actuar desde mañana, en la medida en que ustedes nos han negado hoy día este poder. Las fábricas, y el país lo sabe, y los latifundios tomados por los obreros, por los campesinos, no vamos a devolverlos, en respuesta al rechazo que han hecho ustedes hoy día.
Nosotros los socialistas hemos adherido lealmente a la promesa que el PresidenteAllende hiciera al país, en el sentido de conducir a Chile al socialismo en democracia.
Esas son palabras del Diputado señor Barberis.
Todas estas razones, señor Presidente: el hecho de que, en primer lugar, el estado de sitio no es necesario, porque el Gobierno, según declaraciones de sus propias autoridades, tiene suficientes facultades para controlar la situación y, en segundo término, de qué el Gobierno no nos da garantías, por esta relación sucinta de hechos, que demuestra que él actúa en forma arbitraria, ilegítima y discriminada cada vez que aplica la ley, hoy nosotros rechazamos la petición del Ejecutivo para declarar el estado de sitio. Repito que, a nuestro juicio, y como se ha demostrado, que tal medida no es necesaria, ya que el Ejecutivo en las actuales condiciones no da garantías por su conducta arbitraría y por el abuso de poder que ha cometido en estos dos años y ocho meses de su gestión. En efecto, ni siquiera ha respetado a los Poderes del Estado y, menos aún, a los más modestos ciudadanos, que están expuestos a sus vejámenes y abusos. El odio y la división entre los chilenos no se terminan con el estado de sitio, que puede ser usado con fines antidemocráticos, como creo haberlo demostrado con las publicaciones y discursos que he citado.
La convivencia y la paz social de los chilenos se logran en la medida en que el Gobierno entienda que es preciso respetar la ley y la Constitución y ejercer verdadero control sobre sus subordinados, sus partidos políticos, su prensa, su radio y su televisión, para impedir las campañas de odio e injurias.
El Presidente Allende tiene la palabra, ya que de su decisión pende, en gran parte, el destino de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor ZALDIVAR.-
Está inscrito, a continuación, el Comité Comunista.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Araneda.
Señor Presidente, señores Senadores, compañeros Ministros:
La Unidad Popular ha decidido salir con toda energía al paso de quienes buscan la guerra civil. Impedirla es el primer y principal deber patriótico y revolucionario de hoy. La guerra fratricida le irrogaría al país cuantiosos daños materiales y la pérdida de decenas o cientos de miles de vidas humanas. Va en interés de la patria y en primer lugar de los trabajadores, evitar tamaña desgracia nacional.
Así se inicia el artículo publicado por el diario El Siglo el 11 de mayo del año en curso escrito por el Secretario General del Partido Comunista, camarada SenadorLuis Corvalán, y que fuera titulado No a la guerra civil.
Lo que importa y ante todo está de por medio, es Chile, su pueblo, su juventud, sus niños, el presente y el futuro del país. Partiendo de estos valores, se trata, a nuestro juicio, de hacer todo lo posible para librar a la nación del baño de sangre a que algunos quieren arrastrarla.
En seguida, en el mismo artículo se expresa:
Queremos ser muy francos. En la lucha contra el peligro de la guerra civil, los comunistas pensamos que hay que unir a todos cuantos estén contra ella. Creyentes y ateos, marxistas y racionalistas, civiles y militares pueden coincidir en la necesidad de garantizar que la lucha de clases, por aguda e intensa que sea, no se salga del cauce que ha seguido hasta hoy.
Por sobre todo, creemos que ha llegado la hora de volver a la racionalidad como factor determinante en la discusión política. El Partido Comunista considera de su deber mantener y desarrollar el debate político en el plano de la confrontación de principios y de ideas, en relación a los problemas concretos que interesan al pueblo. Estamos seguros de que en esto coincidimos con el Presidente de la República y que ello corresponde al espíritu que anima a la Unidad Popular. Observamos también que en el campo de la oposición hay gente que está por discutir con altura. Esto es lo razonable. Lo otro es la locura y la irresponsabilidad.
En resumen, observamos preocupados el hecho de que en el país se abra camino a una división que no corresponde a los verdaderos intereses de clase que están en juego y por eso, consideramos útil cualquiera contribución dirigida a desarrollar el diálogo que permita el debate político creador, se subentiende que entre los chilenos que no quieran el derramamiento de sangre, y sin perjuicio de que unos estén firmes con el Gobierno y otros en la Oposición.
La posición planteada no es patrimonio exclusivo de los comunistas, de la Unidad Popular ,o de los poderosos sectores de la opinión pública que apoyan el actual proceso de cambios económicos, sociales y políticos que se desarrolla en nuestra patria, tras el cumplimiento del programa antiimperialista y antifeudal del Gobierno del doctor Salvador Allende. En la misma dirección se manifiestan diversas personalidades del país:
Mujeres con el Cardenal. El Departamento de Opinión Pública del Arzobispado esto fue publicado en El Mercurio del 25 de mayo entregó la siguiente información: Bendeciré el esfuerzo de cualquier chileno que haga algo por la paz. El Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Henríquez, recibió esta mañana a una delegación de mujeres. El motivo de la visita fue apóyalas palabras de pacificación del Cardenal y manifestar su inquietud y su decisión de aportar su esfuerzo para impedir un enfrentamiento cada día más evidente.
El Cardenal les manifestó el verdadero sentido de la paz que se construye todos los días en el propio hogar, y les dijo que la Iglesia estaba consciente de que al producirse una guerra civil, gane quien gane, el que pierda será Chile.
Tengo a la mano, asimismo, una publicación aparecida en el diario El Siglo el 29 de mayó, en la que se reproduce un discurso pronunciado en televisión por el Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, que dice:
En una intervención transmitida por cadena de televisión, el poeta Pablo Neruda se refirió a los peligros de enfrentamiento en Chile y dijo que derrotar esta acción reaccionaria que pretende enlutar a todos los hogares de Chile es un deber de la inteligencia que debemos asumir de inmediato.
Tengo igualmente en mi poder el texto de una publicación relacionada con un discurso pronunciado por el Rector de la Universidad Católica, don Fernando Castillo Velasco, que dice:
Guerra entre chilenos: gran peligro que no tenemos derecho a ocultar. Transformación social no justifica afanes de guerra y los impulsos hacia la división. Pienso que la guerra entre chilenos puede transformarse de riesgo en aventura sin destino. La unidad del pueblo es una fuerza incontenible de construcción histórica. Promover y expresar esa unidad es tarea que compromete a todos los políticos con vocación progresista. Todo lo que favorece la unidad del pueblo evita la guerra y fortalece la paz.
En el diario Tribuna del miércoles 6 de junio se inserta la Carta Pastoral de los Obispos de la Zona Central de Chile, con el título Sólo con amor se es capaz de construir un país. El documento en referencia dice luego:
Partimos de un hecho fundamental: Chile es un país que está en un fuerte proceso de cambios. Nuestra reflexión y nuestra palabra la situamos y expresamos en la perspectiva de nuestra fe cristiana y no en el nivel de las ciencias humanas.
Cambios habrá siempre. Es nuestra condición humana buscar la meta definitiva, prometida ya por Cristo: la resurrección final, cuando El venga. El hombre siempre buscará un modelo de sociedad más justo y verdadero, porque lleva en su corazón la inquietud del Dios creador: poseerás la tierra; y, creyente o no. sentirá el mandato de Cristo a hacerla más fraternal; porque este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como Yo los he amado.
En el diario La Nación de 30 de mayo de 1973 aparecen declaraciones hechas en Roma por el General en Jefe de nuestro Ejército, señor Carlos Prats, bajo el título: Corresponde a las Fuerzas Armadas dar respaldo al Gobierno constitucional.
Dice el artículo: Una vez que el Ministro de Interior y ex Vicepresidente de Chile dejó en claro lo concerniente a su viaje de carácter militar, aceptó referirse a la situación política chilena.
Es incuestionable dijo que Chile vive un momento difícil debido a que la situación económica se ha complicado por diversos factores internos y externos que naturalmente se traduce en una gran pugna política; pero también debe tenerse en cuenta prosiguió que la inmensa mayoría de los chilenos desea un modo de vida democrático, de manera que yo estimo que la pugna entre el gobierno y la oposición se ha de resolver mediante el diálogo democrático, sin llegar al enfrentamiento, fatal para el destino de la patria.
Siempre en Roma, Italia: Fuentealba denunció maniobra de los fascistas. El texto del cable es el siguiente:
Roma 28 de junio: La oposición debe depurarse de los sectores reaccionarios y golpistas que buscan el derrocamiento y no la derrota democrática del Gobierno actual, manifestó ayer en Roma ante periodistas el senador democratacristiano y ex presidente de la colectividad en Chile, Renán Fuentealba Moena.
Haciendo declaraciones ante la prensa italiana, el parlamentario chileno se refirió a la situación política actual de su país, a la vez que emitió una serie de juicios en torno a soluciones y actitudes que proponen y efectúan los grupos políticos de Chile.
En parte de sus declaraciones, Fuentealba señaló la necesidad del diálogo entre los sectores opositores con el Gobierno, haciendo hincapié que la democracia cristiana y el Gobierno deben buscar caminos conjuntos para resolver problemas actuales.
En el diario La Prensa de 17 de junio de 1973 aparece una publicación titulada Entendimiento o enfrentamiento, escrita por Ignacio Palma, cuyo texto dice:
En el país existe hoy un clima político que se parece mucho a los que se vivieron al término del primer gobierno de Arturo Alessandri y antes de la caída del primer gobierno de Ibáñez. La principal diferencia está en que hoy parecen sumarse los factores que produjeron las dos crisis.
Los primeros gobiernos de ambos presidentes constituyen histórica y dialécticamente un solo período. Se inicia el 23 de diciembre de 1920, cuando Alessandri asume la presidencia, después de haberse proclamado como una amenaza para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria y que son los verdaderos propagandistas del desconcierto y del trastorno..., permaneciendo ciegos, sordos y mudos ante la evolución del momento histórico presente.
Y La Nación del domingo 24 de junio publica la Declaración del Comité Directivo de la Universidad Técnica del Estado, que en el fondo dice:
...declara que la Universidad Técnica del Estado, como es consubstancial a su trayectoria y a sus principios, está con el pueblo de Chile y contra quienes quieren reemplazar el diálogo por violencia; está con la mayoría inmensa del país, que ha dicho No al enfrentamiento armado y Sí a los cambios y a su derecho a una vida mejor.
Por último, quiero citar el manifiesto de la CUT contra el fascismo. La organización máxima de los trabajadores chilenos, de empleados y campesinos, dice:
Le desespera el Gobierno Popular: Quieren derrocarlo. Los grupos oligárquicos, que siempre dirigieron al país, no pueden soportar que el Gobierno Popular encare con decisión patriótica la histórica tarea de sacar a Chile del atraso y la miseria y que se empiecen a echar las bases de una nueva organización económica y social.
Esos señores han empleado todas las artimañas posibles para impedir las realizaciones de este Gobierno. Derrotados en esos intentos, recurren hoy a la quiebra del orden institucional; tratan de romper la unidad en las filas de la clase trabajadora; de alterar la tradición profesionalista de nuestras Fuerzas Armadas; de producir tal distorsión en la producción y distribución de alimentos que traiga el hambre y la desesperación a los hogares chilenos, con el fin de arrastrar a una parte del pueblo contra el Gobierno.
¡Qué distinta es la posición de algunos sectores de la Oposición, como lo denunció oportunamente el Comité Político de la Unidad Popular en un llamamiento que el 8 de mayo dirigió al pueblo de Chile!:
La Patria está en peligro; se quiere llevar a Chile a la Guerra Civil. Junto con hacer esta denuncia a la faz del país, la Unidad Popular expresa que el Gobierno y los trabajadores no se dejarán arrastrar a una política criminal de esta naturaleza.
Destaca el llamamiento que citamos:
Los enemigos del Gobierno de la Unidad Popular, de dentro y de fuera del país, están llevando al máximo nivel su ofensiva subversiva para reconquistar el poder que perdieron en septiembre de 1970, y para cumplir su objetivo no trepidan en preparar consciente y siniestramente las condiciones para arrastrar al país a una guerra civil.
El 10 de mayo, en una entrevista de televisión, el Führer de pacotilla, Pablo Rodríguez, señaló que, si hay elecciones en 1976, el marxismo obtendrá el 80%. Por eso hay que actuar antes de 1976.
Dos días más tarde se publica en toda la prensa de Derecha una carta enviada por dirigentes comunales a los señores Frei, Jarpa, Rodríguez y otros, en la que se señala que la guerra civil constituye una perspectiva que para muchos es menos aterradora que la esclavitud a perpetuidad.
Ese mismo día El Mercurio destaca en su editorial que Parece inevitable la guerra civil o al menos el enfrentamiento.
A las 21.25 del 15 de mayo, la radio Agricultura transmite un manifiesto de 17 puntos emitidos en su asilo de Buenos Aires por el fascista Roberto Thieme el resucitado, que en el punto 14 dice:
La libertad se defiende con hechos, no con palabras. El enemigo está asesinando para imponer un sistema ajeno a Chile. Ha llegado la hora de empuñar el fusil para defender a la patria. Si el precio de la liberación es la guerra civil, tendremos que pagarlo.
¿Por qué están tan envalentonados los fascistas chilenos y sus socios, que en uno u otro grado les avivan la cueca y participan de los planes para desencadenar la guerra civil?
Es indudable que un solo hilo conductor mueve las acciones de los enemigos de nuestro pueblo.
Hay una concordancia evidente entre las declaraciones del ex Embajador yanqui Korry, del capo de la I.T.T. William Me rriam, del agente de la CIA William Broe, del Presidente de la I.T.T., Harold Geneen ante el Subcomité de Corporaciones Multinacionales del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en él sentido de dar confianza a los agentes del imperialismo que operan en nuestro país, acerca del respaldo del imperialismo a sus acciones.
Ese mismo hilo siniestro es el que mueve la Operación Bandeirantes, puesta en acción por Arturo Marshall, y las andanzas de Thieme.
Nadie puede dudar de las estrechas y muy concretas vinculaciones de los fascistas de Patria, y Libertad. Sólo recordemos la carta enviada el 30 de enero a Pablo Rodríguez Grez por Arturo Javier Orlando Marshall Marchesse en la que ésta le anuncia: De acuerdo a lo convenido el 10 del corriente, le enviamos por intermedio de una persona de confianza la suma de US$ 15.000 con objeto de cubrir los gastos que exige la realización del plan establecido previamente.
Hay, pues, una conexión directa entre los confabulados, tanto los de dentro como los que operan fuera del país, todos ellos dirigidos, orientados y financiados por el imperialismo y por los sectores reaccionarios de la burguesía que han visto afectados sus privilegios.
Chile está, pues, en el centro de una gran conjura internacional. Los tentáculos de la CIA se extienden hacia nuestro país. Como en 1984 y en 1970, también en 1973 el imperialismo mueve sus peones para derrotarnos, para ahogar a nuestro pueblo en un baño de sangre.
En el mes de junio recién pasado han seguido con su escalada sediciosa.
El SenadorOnofre Jarpa, comentando el Consejo General del Partido Nacional, en declaraciones al diario El Mercurio del 8 de junio expresa:
El Gobierno no cede ante las leyes. De lo que hay que deducir que sólo cederá ante la fuerza. ¿Qué camino queda a una oposición a la cual se ha cerrado el camino del diálogo? Triste es reconocerlo: sólo la fuerza.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Acuña.
Señor Presidente, deseo referirme con la mayor serenidad a los hechos que se produjeron últimamente en el país, y que han motivado el debate que en estos instantes estamos celebrando, relativo a la petición del Gobierno, para declarar en estado de sitio el territorio nacional. Como categóricamente lo requiere la Constitución Política en el Nº 17 del artículo 72, se funda la petición del Gobierno en el estado de conmoción interna que afecta al país, en el clima de anormalidad que vive Chile.
En primer término, haciendo una breve relación de los hechos que se han producido, quisiera expresar que, en nuestro concepto, como se desprende de las declaraciones del propio Gobierno y de sus principales personeros, los hechos que se produjeron en la mañana del viernes de la semana recién pasada se encontrarían absolutamente superados, conjurados y el país en la absoluta normalidad.
Estas expresiones no son mías, sino que las han entregado el Secretario General de Gobierno, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa Nacional y el propio Presidente de la República. La Oficina de Relaciones Públicas del Ejército ha entregado comunicados oficiales que ha publicado la prensa de todas las tendencias. En ellos se da a conocer escuetamente pero no tan escuetamente como lo ha hecho el Ministro de Justicia, que, en verdad, no nos ha entregado antecedentes en esta sesión los hechos producidos en relación con el levantamiento leo textualmente de un grupo de militares de la unidad blindada Regimiento Nº 2, de la Guarnición de Santiago, y que fue sofocado posteriormente por el propio General en Jefe del Ejército, señor Carlos Prats.
Deseo recordar aquí cómo sucedieron los hechos cronológicamente el viernes último, según las versiones que se han publicado al respecto.
La primera noticia la recibió el Presidente de la República, según lo señaló en el discurso pronunciado en la concentración pública efectuada el mismo viernes en la tarde, a las 9.5 de la mañana, mediante un llamado telefónico del Subsecretario del Interior, señor Daniel Vergara, quien le expresó que había tanques frente al Ministerio de Defensa y frente al Palacio de La Moneda.
A las 9.20 Su Excelencia habló por cadena nacional de radio emisoras, que muchos chilenos tuvimos oportunidad de escuchar. En ese momento el Presidente de la República dirigió un nervioso mensaje a la ciudadanía dando cuenta de la situación. Informó que se había levantado en armas una unidad del Regimiento Blindado Nº 2, e hizo un llamado al pueblo para acudir en defensa del Gobierno provisto de palos, armas y elementos contundentes. Igualmente, lo invitó a tomarse las fábricas, industrias y lugares de producción.
Luego, a las 10, en un segundo mensaje al país, el Presidente pide a sus partidarios que esperen órdenes y que se mantengan alertas. Da cuenta de que los Regimientos Tacna y Buin se dirigen hacia el centro, y que en espera de órdenes suyas una unidad de la Brigada de Paracaidistas del Ejército se halla estacionada en un parque, a seis cuadras de La Moneda. Agregó en ese momento el Presidente Allende: Estoy en contacto constante con los jefes de las Fuerzas Armadas, y reconoció que los partidos políticos no han intervenido para nada en el motín. Dijo estar informado de que la gente de Derecha está haciendo llamados a la tranquilidad y a permanecer en las casas, y manifestó su reconocimiento por esta circunstancia. Dijo: Esto me parece bien y no quiero vincular ningún grupo de Oposición con el movimiento subversivo.
Tengo también a mano el informe oficial, que ha leído toda la ciudadanía, entregado por él Jefe de la Zona de Emergencia, General de Brigada don Mario Sepúlveda Squella, que se publicó el sábado 30 de junio y cuyo texto es el siguiente:
El propio Comandante en Jefe del Ejército, que no se encontraba en el Ministerio, concurrió a una unidad, y con ella marchó al lugar de los hechos, donde conminó a los efectivos del Regimiento Blindado a deponer su actitud.
Paralelamente, el Regimiento Tacna cerró el área del cuartel del Regimiento Blindado y lo ocupó. Alrededor de las 11.30, el personal del Regimiento Blindado Nº 2, comenzó a abandonar los sectores ocupados, entregándose a los mandos de las unidades que los rodeaban.
Las unidades que sofocaron este movimiento, demostraron la más irrestricta lealtad, obediencia y respeto al mando de la institución.
La situación en todas las guarniciones del país es de completa tranquilidad y normalidad.
La prensa de Gobierno publicó en sus ediciones del sábado y del domingo una serie de informaciones expresando que el país estaba en calma. Así, por ejemplo, La Nación del sábado 30 publica una información titulada Absoluta calma reina en Concepción, en la cual se transcriben expresiones del Intendente de la provincia señor Fernando Alvarez Castillo, quien señaló que los trabajadores han hecho suya la orden entregada por la Central Única y en estos instantes todos los laborales tanto del sector urbano como rural se encuentran ocupando sus centros de producción, pero a la vez están produciendo. O sea, manifiesta que Concepción está totalmente normal.
Por su parte, don Daniel Vergara reitera el 1º de julio, según un artículo del diario Puro Chile titulado Normalidad en el país, que la situación sería de absoluta tranquilidad. Declara el señor Vergara:
Los Intendentes han recibido orden del Gobierno de aplicar drásticamente la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley de Control de Armas contra los detenidos que hayan provocado alteraciones del orden público o que hayan participado en cualquier tipo de atentados.
Por su parte, en su discurso del viernes, el Presidente de la República también plantea que toda la situación estaba normalizada. En efecto, al hacer la relación de los hechos, expresó que, se trataba de Un grupo del Regimiento Blindado Nº 2, al mando del ex comandante Souper, que debía ser removido hoy día de su cargo, y que está encarcelado y definitivamente removido de las filas del Ejército. La Justicia Militar determinará la sanción que a él y a sus cómplices habrá que aplicarles. Repito: Ese Regimiento rodeó a La Moneda.
De modo, señor Presidente y Honorable Senado, que, según se desprende de las propias versiones del Gobierno, el problema afectaría estrictamente a sectores militares. Al parecer, se trataría de un sector de un regimiento que había intentado ir en rescate de un oficial detenido el día anterior. Por otra parte, los hechos que se produjeron, que evidentemente alteraron el pulso de la vida chilena, estarían superados y la situación se habría normalizado.
Ahora entramos a un debate en que el Gobierno nos viene a solicitar la declaración de estado de sitio para imponer al país restricciones a las libertades públicas mediante las cuales las autoridades políticas podrían ordenar la detención de ciudadanos, o su traslado o relegación a los lugares que estimen convenientes. Y esto se plantea juntamente con ciertas proclamas que, en las palabras, suenan muy bien, pero que en los duros hechos, como dicen algunos, resultan totalmente distintas.
Se habla de normalizar la vida institucional. Se invoca el respeto a la Constitución, a las leyes y al sentimiento democrático. Se habla de civilidad, pese a que en este mismo recinto, hace sólo algunas días, parlamentarios de la Unidad Popular hacían la apología del golpe militar del año 1932 y expresaban que este hecho significó algo positivo en contra de los que preconizan el respeto permanente a la trasnochada civilidad.
En los instantes en que los hombres de Gobierno invocan el respeto a las instituciones democráticas, a la civilidad, a la Constitución y a la legalidad, y su propósito de evitar la guerra civil, para obtener la aprobación del estado de sitio, conviene traer al tapete de la discusión algunas declaraciones. En efecto, lamentablemente la prensa adicta al Gobierno sigue empeñada durante estos días en una campaña violenta contra todos los que discrepan del Gobierno, acusándolos a todos de fascistas, de elementos conspirativos, de servidores del imperialismo y de la Reacción y de cuanta cosa se inventa en Chile para seguir apostrofando a quienes están de acuerdo con los cambios y las transformaciones sociales, pero con respeto a la libertad, a la ley, al derecho, a la Constitución y a los sentimientos de convivencia democrática.
A propósito de algunas palabras expresadas aquí por el Honorable señor Jerez en una interrupción en la cual pedía traer las expresiones de elementos de la Unidad Popular, quiero expresar que tenemos a mano la declaración oficial de la Unidad Popular en relación con los hechos que está viviendo Chile. Esta decía ración, publicada en los diarios del día 30 de junio bajo el título de Castigo ejemplar para los culpables pide el Partido Federado de la Unidad Popular...
Desgraciadamente, ha terminado el tiempo de Su Señoría.
¡Pero son catorce minutos!
Así me lo indica el señor Secretario.
Son sólo trece minutos, señor Senador.
Pido la palabra, por haber sido aludido. Invoco el artículo 97 del Reglamento para contestar al Honorable señor Araneda.
Tiene la palabra Su Señoría.
Pero conforme al artículo 97 del Reglamento, y no dentro del tiempo de que nosotros disponemos en esta sesión, ya que el señor Senador fue aludido.
El Honorable señor Araneda leyó una declaración que yo jamás he formulado
En El Mercurio del día 8 de junio, al cual el señor Senador hizo referencia, dije en una entrevista que el análisis de la real situación política, económica y social del país y la experiencia de estos últimos años nos ha llevado a la conclusión de que sin un cambio de Gobierno no hay ninguna posibilidad de detener el proceso acelerado de ruina y desintegración de Chile. Y agregué:
Nuestra línea de conducta se orienta hacia la utilización de todos los medios legales y constitucionales para impedir la destrucción de nuestra nacionalidad junto a la decisión de enfrentar al marxismo en cualquier plano en que se plantee esta lucha.
Los partidos opositores al Gobierno han estado, generalmente, defendiendo posiciones institucionales que son diariamente desbordadas por la escalada totalitaria del marxismo. Pero, además de la defensa de las instituciones y valores fundamentales, se hace necesario pasar a la ofensiva organizando a los sectores populares engañados y traicionados, impulsando un movimiento nacionalista renovador que interprete genuinamente la rebeldía del pueblo chileno contra la decadencia, la injusticia y la miseria, y encauce hacia soluciones constructivas y eficientes su legítimo anhelo de bienestar y progreso.
Esto es lo que dije en la entrevista publicada por El Mercurio y no lo que ha venido a sostener aquí el Honorable señor Araneda.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
Señor Presidente, en nombre del Comité Socialista deseo expresar breves ideas en el debate de la solicitud del Gobierno sobre declaración de estado de sitio. Pero yo diría, recogiendo las últimas palabras del Honorable colega señor Acuña, que era deseable esperar que en estos minutos dramáticos de la vida chilena, los sectores democráticos de la Oposición eligieran un camino claro, definido, tajante: que se ubicaran a favor o en contra de los núcleos fascistas conspirativos que han originado los últimos sucesos penosos que vive el país y que han justificado el deseo del Gobierno de la Unidad Popular de disponer de un instrumento legal para hostigar, vigilar y aprehender, si fuera necesario, no a los militantes de la Democracia Cristiana, ni siquiera a los militantes democráticos del Partido Nacional, sino orientado y dirigido a arrinconar a los facciosos, a los núcleos fascistas, los cuales se matriculan fundamentalmente en el Movimiento Patria y Libertad.
Pero como lo expresábamos con motivo de otros hechos importantes en la vida nacional de los últimos meses, por desgracia la Oposición ha caído más de una vez en la irracionalidad política; y ahora vuelve a caer en ella al dar argumentos febles, a mi juicio, para negar esta legislación especial al Gobierno de la Unidad Popular.
Si hacemos un recuento de lo que ha ocurrido en el último año, comprobaremos que se ha ido preparando una escalada siniestra con el objeto de justificar en definitiva la caída del Gobierno y el derrocamiento del compañero Presidente de la República. Por ejemplo, todo fue ridiculizado, deformado o minimizado cuando, reafirmando su soberanía, Chile quiso defender su derecho a comerciar libremente el cobre. Y cuándo se desataban los embargos en los principales puertos europeos, la Oposición ridiculizaba la actitud del Ejecutivo en vez de afirmar realmente los derechos soberanos de Chile.
Y cuando un organismo foráneo, el propio Congreso de los Estados Unidos, y un periodista norteamericano descubren y denuncian las tenebrosas maquinaciones de una supraempresa la International Telegraph and Telephone, también eso fue considerado una minucia por parte de la Oposición. ¡No es efectivo que la I.T.T. haya conspirado contra Chile! ¡Es una mentira que haya intervenido en los asuntos chilenos y que haya comprometido a la propia CIA para que, en forma conjunta, alterasen el libre y soberano juego de las tendencias políticas chilenas!
Cuando el Gobierno aplica disposiciones jurídicas olvidadas o no aplicadas en el contexto histórico pasado por los Gobiernos de turno, les da vida y las hace renacer, entonces tratan de ubicar en la ilegitimidad al Gobierno y dicen que éste atropella la Constitución al aplicar a diario la teoría de los resquicios legales. Pero van más allá: cuando un soldado ejemplar de la República, el General Schneider, replantea la buena doctrina de un Ejército no deliberante y profesional, ese militar ya ni siquiera es vilipendiado, sino que, con el pretexto de un rapto, se le asesina impunemente. ¡Y la justicia chilena deja prácticamente libres a sus autores materiales e intelectuales...!
Cuando el continuador del General Schneider, el General Prats, recoge esa doctrina, que es una buena bandera para todos los chilenos, también se acarrea los odios de la oligarquía y de los grupos fascistas y es atacado de una u otra forma, cada vez que se puede, en las publicaciones fascistas, totalitarias. Y cuando inclusive una dama de la oligarquía, como anzuelo prematuro de lo que vendría después, lo provoca en plena vía pública y el General Prats defiende su honor y dignidad, se desata la jauría publicitaria en su contra, y publicaciones como PEC hablan del origen de la pataleta de Prats. El General murió al atardecer. Otros lo tratan de cobarde. Sin embargo, el General Prats da demostración de su virilidad y de hombría cuando personalmente somete a un grupo de facciosos en plena Alameda Bernardo O’Higgins. Pero ya el General Prats está en la mira de los sediciosos y opositores. Es un soldado que no sirve. Es un General que compromete a las Fuerzas Armadas por su absoluta lealtad al régimen legítimamente constituido.
El día jueves nada había pasado para los opositores, y seguían en su escalada. Ya lo recordaba el colega Araneda, del Partido Comunista. Aquí está la declaración del Partido Nacional, que ha merecido una querella del Gobierno y cuyos resultados ya todos sabemos. Después de sus considerandos, de todos muy conocidos, el 20 de junio, pocos días antes del golpe faccioso, dice muy claramente que a la luz del derecho y la moral, nadie está obligado a respetar ni obedecer a un Gobierno que deja de ser legítimo. Más adelante agrega: Todos estos antecedentes deberán llevar al Congreso Nacional a considerar la ilegitimidad de ejercicio en que, a nuestro juicio, ha incurrido el Gobierno de la Unidad Popular.
Pero un extraviado llega más lejos: el señor Rafael Otero presenta nada menos que un proyecto de ley para declarar, según agrega en declaración de prensa, que hay una salida mucho más piadosa para Allende que una destitución. Y por eso tenemos que prepararle el camino.
Y este señor Otero, que bien merece un examen siquiátrico, presenta un proyecto de ley para destituir al Presidente de la República.
Claro que todo ha sido precedido de numerosas acusaciones en las cuales el Parlamento chileno se transforma en una chacota, al aprobar una seguidilla de acusaciones contra Ministros de Estado, gobernadores e intendentes. Vale le pena recordar los Ministros ya acusados por este Congreso, cuyas sesiones han dejado de ser provechosas al dedicarse exclusivamente a ver esta clase de asuntos: Pedro Vuskovic, dos veces acusado; Aníbal Palma; José Oyarce; Lisandro Cruz Ponce; José Tohá; Orlando Millas, tres veces acusado; Luis Figueroa; Sergio Bitar; Gerardo Espinoza; Jaime Suárez, y Hernán del Canto. No están en orden cronológico. ¡Y como el apetito se despierta comiendo, ahora hay un particular que acusa a todo el Gabinete de la Unidad Popular!
Yo me pregunto: ¿esto es serio? ¿Realmente el Parlamento está cumpliendo con seriedad los preceptos constitucionales? ¿Acaso no está siendo empujado para dar la impresión interna e internacional de que el Gobierno del señor Allende está cayendo cada vez más en la ilegitimidad?
Se hace mucho aspaviento sobre las pugnas que hay entre la mayoría del Congreso y el Gobierno; entre el Gobierno y la Corte Suprema. ¡Muchos rasgan vestiduras por este organismo tan sacrosanto! Ya los socialista hicimos un enjuiciamiento público, hace algunos años, sobre el papel histórico jugado por la Corte Suprema, lo que me evita repetir todos los cargos que tenemos en contra de ese alto tribunal. Y se plantean también las pugnas entre el Gobierno y la Contralo ría.
Pero lo que no entienden no pocos colegas es que en los últimos años inclusive bajo la Administración pasada, que dirigía el colega que ahora preside el Senado todo el sistema chileno estaba cuestionado; todas las viejas estructuras estaban temblando ante el reclamo de los cambios sociales, económicos y políticos.
Y por eso, señor Presidente, no pueden dejar de producirse continuadas pugnas entre el Poder Ejecutivo, que representa un proceso de cambios revolucionarios, y toda la superestructura institucional, que sostiene el viejo y caduco régimen en el orden social, económico y político.
Sin embargo, algunos no comprenden que todos quisiéramos que este proceso de cambio se desarrollase en lo que no pocos mandatarios y dirigentes del movimiento popular hemos llamado la vía chilena de la revolución, respetando los derechos humanos y dando un contenido humanista al socialismo que buscamos, aunque, en verdad, desde diversas trincheras se quiere deformar el proceso.
Pero los que están conspirando contra este Gobierno saben lo que buscan. Me refiero a los grupos más fascistas y totalitarios de la Oposición.
No hay más que reproducir, por ejemplo, lo que se dijo ayer en la Cámara de Diputados cuando se trataba esta materia, y que recordaba Jorge Insunza, Diputado de Gobierno.
Los fascistas están arrancando como ratas, dice Insunza. Pero yo estoy aquí, responde uno de los afectados, el señor Mario Amello. Sí, ¿pero hasta cuándo estarán aquí?, pregunta entonces Mireya Baltra. Hasta que se produzca el Yakarta, responde Domingo Godoy Matte.
Entonces el señor Domingo Godoy Matte anda buscando 300 mil muertos en Chile; anda buscando la guerra civil. Yo no sé si los Senadores del Partido Nacional comparten el pensamiento del señor Domingo Godoy Matte; si ellos también quieren un Yakarta para Chile.
Eso no es serio, señor Senador.
Fue una broma, Honorable colega.
¡Cómo no va a ser serio, si lo dijo en la Cámara de Diputados! ¿Y cómo no va a serlo, si se nos quiere conducir al abismo tremendo que significa una guerra civil, con las dimensiones que proclama el Diputado del Partido Nacional recordando la horrible masacre de Indonesia?
Pienso que es bueno hacer un llamado a la Oposición democrática de este país.
Creo que a los que están eligiendo el camino del golpismo no les importa la pérdida de vidas, como quedó demostrado en la mañana del viernes hecho que algunos subestiman, cuando no por casualidad quedaron 22 muertos, muchos de ellos soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas y no pocos civiles. ¡Para algunos no importan 22 muertos!
Pero yo diría que ése no es sino el prólogo de una enorme matanza que podría haber en nuestro país, y que es deber de los partidos de Gobierno y de Oposición evitar semejante desastre.
Para los que piensan en el revanchismo político y que hacen cábalas presidenciales a la espera de recuperar el poder político parcial en 1976, les digo que no vaya a ser cosa que sólo recojan un montón de ruinas, escombros y muertos, debido al camino que ha elegido la Oposición, que no sabe separar su camino de los totalitarios y los fascistas. Y lo están demostrando al negar este mecanismo legal que con urgencia requiere el Gobierno, como es la declaratoria del estado de sitio.
Ha hecho bien quien ha señalado que esta herramienta legal quería supeditarse a que la Oposición lograse determinado Gabinete. Me parece que ello significa alterar las reglas del juego e invadir las atribuciones del Poder Ejecutivo, particularmente del Presidente de la República aunque muchos reclaman el respeto mutuo entre los Poderes del Estado.
Sin embargo, no es un misterio que el proyecto de estado de sitio ha querido negociarse con el Gobierno en términos inaceptables. Bien pudieron sugerirse algunos cambios personalmente, lo estimo así; pudo haberse reducido su plazo de vigencia; pudo haberse limitado; pudo haberse conversado en términos políticos acerca de sus alcances reales; pero nada de eso se ha logrado. Y lo peor de todo es que la negativa de la mayoría opositora en el Parlamento chileno va a alentar de nuevo las maniobras fascistas; va a alentar nuevamente el desconocimiento del carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas; va a alentar a muchos golpistas desde el exterior. Y yo señalo y recuerdo la gravedad que tiene que un mal chileno, que un traidor a la patria, como el señor Marshall, conspire desde un país agresivamente ubicado contra Chile, como es Bolivia.
De nada valen las vinculaciones de Marshall con Patria y Libertad, que son evidentes. Pero qué pasa cuando el Gobierno atrapa a uno de estos conspiradores. Rápidamente las Cortes de Apelaciones, como ocurrió en Valparaíso, Chillán y Antofagasta, ponen en libertad a los miembros de ese movimiento, y más encima, los intendentes son acusados por la Cámara de Diputados y este Senado por defender el asedio de estos grupos totalitarios.
Por eso, sin vehemencias ni odios para nadie, yo planteo una posición: por desgracia, la mayoría opositora del Parlamento ha perdido el camino de la racionalidad política al negar este instrumento al Gobierno de la Unidad Popular.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
En el tiempo del Partido Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.
Los Senadores nacionales compartimos los juicios elogiosos emitidos por el señor Ministro de Justicia, respecto del funcionamiento de nuestro régimen democrático en los últimos decenios.
Desde 1932, cuando fue derrocado el Presidente radicaldon Juan Esteban Montero por un golpe de Estado que organizó el Comodoro del Aire don Mar maduke Grove, la democracia chilena ha venido desenvolviéndose en forma normal.
Y a nosotros los nacionales nos interesa fundamentalmente que la normalidad institucional se restablezca en Chile, y estamos dispuestos a colaborar en esta tarea.
Naturalmente, para poder entablar un debate positivo, es mucho mejor el tono usado aquí que el lleno de amenazas que se utilizó ayer en la Cámara, aunque no se diga toda la verdad o se mienta en forma tal vez inadvertida. Porque palabras sacan palabras; amenazas sacan amenazas; ataques son respondidos con ataques, y la verdad es que éste es el temperamento de nosotros los chilenos.
Aquí no van a asustar ni atemorizar a nadie, de manera que nos podemos entender mucho mejor usando argumentos, hablando con claridad, y eliminando estas actitudes matonescas que no sirven en el Congreso chileno.
Ha dicho el señor Ministro de Justicia que el Gobierno requiere del estado de sitio para investigar las actividades de elementos civiles vinculados a los hechos ocurridos el viernes de la semana pasada.
Yo estaba esperando que se diera a conocer una lista de los elementos civiles que aparecían vinculados a estos acontecimientos. Me parecía también que el Gobierno debe investigar quiénes hicieron llamados por radio la mañana de ese día, porque estos medios de comunicación estuvieron haciendo algunos llamados al pueblo a organizarse, a movilizarse e, inclusive, a actuar en contra de las Fuerzas Armadas. También habría sido interesante que esta investigación hubiese estado orientada a establecer quiénes dispararon desde las oficinas y terrazas de los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Obras Públicas, sobre las tropas que estaban alrededor de La Moneda.
Pero el señor Ministro de Justicia nos dice que se va a hacer una investigación respecto de los dirigentes del Movimiento Patria y Libertad que están refugiados o asilados en una Embajada extranjera.
Sobre este punto quisiera hacer una observación. En una declaración oficial del Gobierno se dijo lo siguiente: Agregó el Embajador Correa que estos individuos le expresaron que en virtud de su activa participación en los actos subversivos destinados a derrocar el Gobierno, que tuvieron su expresión más elocuente en las primeras horas de ayer, concurrían a la Embajada de Ecuador para solicitar asilo político. Reitero: ésta es una declaración oficial hecha por el Gobierno. Pero ocurre que esta afirmación es falsa. Inventaron estas palabras al Embajador de Ecuador.
Cuando se dice que el país está viviendo horas tan graves y circunstancias tan serias, el Gobierno no tiene derecho a inventar al representante de una nación amiga una afirmación que jamás ha formulado. Y de tal manera es falsa, que la propia Cancillería ha tenido que publicar hoy una comunicación diciendo que en relación con este asunto, el Embajador Correa ha cumplido estrictamente con las normas diplomáticas.
En verdad, el citado Embajador negó oficialmente haber emitido juicios sobre la vinculación de las personas que se refugiaron en su residencia a raíz de los hechos del viernes último.
De manera que partimos muy mal, ya que cuando un Gobierno viene a pedir confianza o respaldo, por lo menos debería decir la verdad y no tergiversar los hechos.
En segundo lugar, se ha expresado aquí que se necesita el estado de sitio para impedir las actividades que estarían desarrollando dos personas que se encuentran en el extranjero, una en Argentina y otra en Bolivia, y numerosos ciudadanos norteamericanos. Yo no veo cómo se va a aplicar el estado de sitio a todas estas personas: a los que están refugiados o asilados en una Embajada; a los que se encuentran en Argentina; a los que están en Bolivia y a los ciudadanos norteamericanos que viven en Estados Unidos.
Es evidente que el estado de sitio no es para contrarrestar las actividades de esas personas, sino para imponer algunas restricciones en su libertad, en sus movimientos, en su manera de vivir o de trabajar, a muchas personas que están en Chile y que son opositores y legítimos opositores al actual Gobierno.
Quiero dejar establecido que en estos últimos días han sido encarcelados, sin ningún motivo, numerosos miembros de la Juventud Nacional, a quienes se les ha tratado de vincular a actividades conspirativas, que existen sólo en la imaginación de algunos intendentes, que inclusive han atropellado las facultades de los jefes de plaza para actuar de esta manera.
Por lo tanto, a nuestro juicio, no corresponde que el Gobierno venga a pedir estas facultades especiales, porque con la declaración de zona de emergencia tiene facultades y atribuciones suficientes para mantener el orden público.
Yo quisiera decirle al señor Ministro de Justicia que no es posible seguir tergiversando la verdad e injuriando a la Corte Suprema y a los tribunales de justicia.
El señor Ministro ha dicho aquí, que el asesino del General Schneider ha sido condenado a dos años. Debería saber que al asesino se lo condenó a 20 años, y al General Viaux, a penas menores, como instigador de un secuestro. Y el Ministro de Justicia, que es abogado, debe de saber cuál es la diferencia.
Tengo a mano algunos juicios emitidos por el señor Allende actual Presidente de la República siendo miembro de este Senado, cuando en 1954 debió enfrentar una querella. Dijo en esa ocasión, durante una sesión de la Sala: Destaco, desde luego, que tengo plena y absoluta confianza en la independencia e integridad de nuestro Poder Judicial. Y añadió: Yo quiero destacar lo peligroso que es para la convivencia democrática el hecho de que los propios parlamentarios estén constantemente amenazados con querellas sin fundamentos, estén amenazados de ser llevados a los estrados de Justicia sin ninguna base seria. Esto es para hacer creer, inclusive, que el Poder Judicial está coaligado con la Oposición, pues, hasta ahora, todos los acusados han sido absueltos.
El señor Allende, en buenas cuentas, se estaba refiriendo a lo que iban a afirmar aquí algunos miembros de su propio partido al atacar a los tribunales de justicia precisamente, por lo que él destacaba.
Porque el Gobierno puede inventar todos los días un nuevo complot todo los días puede haber un complot del Puelche, uno del Estadio Chile, etcétera; .y, sobre la base de esas invenciones, cada día puede llegar una querella a los tribunales de justicia, que éstos deberán rechazar, por carecer absolutamente de fundamento, como carecen de base las acusaciones formuladas en estos días contra dirigentes de la juventud del Partido Nacional.
Por otra parte, se ha traído a colación un documento que emitió nuestro partido para afirmar que el Gobierno del señor Allende es ilegítimo porque ha viciado su mandato. Lo hemos dicho, lo sostenemos y lo vamos a demostrar en los tribunales de justicia.
Pero recordemos otras opiniones del señor Allende.
Durante un discurso que pronunció en el Senado el 5 de abril de 1957, refiriéndose al Gobierno del señor Ibáñez, dijo: Ha sido convertido en ilegítimo el Gobierno del General Ibáñez. De manera que en esto de dar opinión sobre la legitimidad o ilegitimidad de un Gobierno, el señor Allende nos ha demostrado que se puede decir, en el Senado o en cualquier parte, que una Administración es ilegítima.
Deseo leer algunas expresiones que serán muy útiles para nuestra resolución sobre las facultades que está pidiendo el Ejecutivo.
Votamos en contra, porque la exposición hecha por el Ejecutivo no justifica que se prive a la democracia chilena de los fundamentos que la caracterizan.
Votamos en contra, porque un deber superior de responsabilidad nos impide contribuir a dar estas armas a gobernantes ineptos.
Votamos en contra, porque el Poder sustentado en la fuerza y orientado con deficiencia mental sólo puede conducir al caos y la tiranía.
Votamos en contra, porque no podemos premiar con prerrogativas de excepción a un Presidente de la República que ha ilegitimado el ejercicio del Poder.
Votamos en contra, porque la esperanza frustrada, la promesa incumplida y la traición consumada, legitiman la rebeldía de un pueblo y quitan toda solvencia a los asesinos de su fe.
Votamos en contra, porque el desgobierno, el peculado y el nepotismo merecen el desprecio de todos los hombres libres y honestos.
Votamos en contra, porque ni la relegación ni el allanamiento lograrán premunir los bolsillos de los humildes del dinero suficiente para enfrentar las alzas decretadas y las futuras.
Votamos en contra, porque con leyes de excepción no se secan las lágrimas de las madres, no se mitiga el dolor de los estudiantes por el compañero caído en la juvenil barricada de la dignidad, ni se aplaca la congoja de toda una Nación.
Votamos en contra, porque debemos nuestra investidura de Senadores a la voluntad soberana de quienes gritaron su rebeldía, dé .quienes lucharon heroicamente y cayeron en viril actitud de protesta.
Votamos en contra, expresando nuestra responsable solidaridad con los jóvenes y las muchachas que rompieron los diques de contención de la paciencia.
Votamos en contra, porque, para perseguir al hampón y al saqueador, no se requiere de estas medidas, sino terminar con lo solidaridad profesional entre el que ejerce la autoridad y el que abiertamente vive del delito.
Votamos en contra, porque la sangre derramada debe regar el surco en que germina la semilla de un mejor porvenir para la Patria y no servir de abono al árbol de la tiranía.
Esas palabras, señor Presidente, las pronunció el señor Salvador Allende el 6 de abril de 1957.
Quiero terminar mis observaciones recogiendo una acusación.
No fuimos nosotros quienes llamamos a las Fuerzas Armadas a participar en un proceso revolucionario: fue el Partido Socialista, hace algunos días. Y si esta colectividad llama a las Fuerzas Armadas, no a incorporarse al Gobierno lo que es muy distinto, sino a participar en un proceso revolucionario de contenido marxista, naturalmente, las está llamando a deliberar, a estudiar, a discutir y a resolver si se incorporan a este proceso revolucionario o, tal vez, a otro.
Por lo tanto, no hagamos aquí de puritanos ni de vestales. Los que han llamado a las Fuerzas Armadas a intervenir en procesos revolucionarios podrán cosechar el día de mañana el producto de la rebeldía que ellos mismos están sembrando.
No queremos que los institutos armados se incorporen a la posición de ningún partido ni de combinación de partidos. Estimamos que tienen una tarea mucho más importante que la de participar en Tas luchas partidistas o la de incorporarse a los Gobiernos partidistas. Nos parece qua ha llegado el momento en que todos debemos hacer una contribución seria al restablecimiento de la normalidad institucional. Dejemos de lado la mala fe, los ataques, las injurias, la calumnia y, sobre todo, las amenazas, y pongámonos de acuerdo para consultar de una vez por todas al pueblo. Hace algunos días tuvieron la oportunidad de hacerlo y la dejaron pasar. Dentro de poco habrá seguramente otra ocasión para que el pueblo chileno pueda, mediante un plebiscito, decir si está de acuerdo con una reforma constitucional apoyada por la Oposición o si, por el contrario, respalda al Gobierno del señor Allende.
A mi juicio, es lo procedente. Por ningún motivo deseamos la guerra civil, la que, por lo demás, no puede existir mientras las Fuerzas Armadas se hallen unidas, como se dice que lo están ahora. No queremos la violencia ni el enfrentamiento. Anhelamos que se consulte al pueblo y que sea la mayoría de éste la que, por medio de un plebiscito, resuelva en definitiva la profunda crisis que vive nuestro país. Y emplazamos a los Senadores de otras bancas a posibilitar una solución democrática y a que todos contraigamos el compromiso de honor y de chilenos de aceptar lo que la mayoría del pueblo quiera darse como Gobierno, como solución a sus problemas y como orientación hacia el futuro.
En A tiempo del Comité Unido, tiene la palabra el Honorable señor Jerez.
Señor Presidente, con modestia, y sin un ápice de espíritu de conciliación oportunista, sino más bien tratando de ser racional, diré algunas palabras a propósito de la solicitud del Gobierno de decretar estado de sitio.
Digo que apelaré a la lógica, porque el viernes pasado, cuando ocurrió el pronunciamiento militar, ningún dirigente responsable de partido alguno brindó apoyo a los sublevados ni negó su, legítima autoridad al Presidente de la República. Pero, a la vez, nadie desconoció la gravedad de la situación, pese a que sólo el día anterior la Oposición había expresado que la denuncia del Ejecutivo sobre el peligra de una crisis era un fantasma, una mentira o un show. Y sucede que no era lo uno ni lo otro, sino un cuartelazo, que sólo el repudio del pueblo y de la inmensa masa ciudadana, y la actitud de las Fuerzas Armadas, bajo la viril dirección de su Comandante en Jefe, General Carlos Prats, lograron sofocar.
Todos afirman que la mayoría de los chilenos está contra la guerra civil. Y si ahora el Presidente de la República pide declarar el estado de sitio, ¿no sería mejor meditar y hacer fe en quien ayer tan sólo sacó a la Oposición de su error?
El Senador señor Jarpa, al final de su intervención y por eso sostengo la conveniencia de que realicemos un esfuerzo por superar la natural pasión que provocan estos debates, formuló un llamado frente al cual, evidentemente, cada partido tiene la obligación de ser consecuente.
En lo que a nosotros respecta, estimamos que ésta no es la oportunidad de plantear argumentos de carácter legal para pronunciarse a favor o en contra de la solicitud del Ejecutivo. Creemos que éste es un tema político, ya que el país, por la acción del Gobierno, en razón del cumplimiento de un programa que ha herido intereses, e inclusive por problemas de conducción existentes en nuestros propios partidos de la Unidad Popular es justo reconocerlos, se halla viviendo una situación crítica. Pero no desearíamos que, ante ella, ocurriera lo acaecido el viernes último: cuando los hechos suceden realmente, nadie resulta cómplice de los sublevados; sin embargo, hay muchos que, sin ser cómplices con la cara descubierta, no asumen una actitud consecuente en defensa de la democracia.
En ese sentido, nos parece que los fenómenos no pueden aislarse. Lo ocurrido el viernes, o cualquier hecho que pudiera acontecer, es producto en definitiva de una situación que se agrava respecto de los sectores de Oposición o de sus grupos más calificados, porque en la práctica no han llegado a entender que no pueden oponerse a los cambios, aunque nadie niega en las palabras que las transformaciones son inevitables. Creemos que es inadmisible confundir la defensa de ciertos intereses económicos con la defensa de la libertad y la democracia; que no puede guardarse silencio cuando hay personas que fuera de nuestro país, realizan actividades contra el Gobierno de Chile, asilados en naciones que constituyen una amenaza para la seguridad y soberanía nacionales; que si se desean realmente el orden legal y la convivencia política, no es aceptable mantener al país bajo la constante negación de la legalidad del Gobierno y de la legitimidad del mando del Presidenta de la República.
Sin embargo por disponer de muy pocos minutos, deberé abreviar en extremo mi exposición, no sería leal conmigo mismo ni con el pueblo si dejara dé reconocer que la Unidad Popular no puede continuar sin hacer un esfuerzo honrado por corregir algunos de los errores en que ha incurrido. El sectarismo, la incapacidad de ciertos mandos, el cuoteo y la falta de rigor para eliminar actuaciones carentes de honestidad de algunos funcionarios, nada tienen que ver con el socialismo. Por lo demás, éstas no son fallas producidas únicamente en el actual régimen. De las mismas se han acusado en forma recíproca, nuestros actuales adversarios, bajo otras Administraciones, cuando eran opositores unos y gobiernistas los otros.
Pero no me cabe duda de que nosotros tenemos la obligación de ser cuidadosos de nuestra conducta, pues quienes eligieron a Salvador Allende son, en su inmensa mayoría, personas humildes que aguardan con fe que cada Gobierno, especialmente el actual, sea en todo sentido mejor que los anteriores.
Opino que a todos nos falta mayor sentido nacional para el desarrollo de nuestra acción política. El programa de la Unidad Popular no se contradice con eso. Por el contrario, el defender los intereses de Chile da al Gobierno un carácter de eminentemente patriótico.
Es verdad lo que en cierta oportunidad expresó Fidel Castro: que la revolución es el arte de sumar fuerzas. Y es evidente que nosotros hemos fallado al no ser capaces de allegar a muchos sectores sociales o personas que, sin militar en la Unidad Popular, se hallan dispuestas a trabajar por Chile y por sus intereses históricos y sociales básicos. No nos cabe duda y éste es un elemento importante que deseamos incorporar al debate de que no todos los adversarios del Gobierno son fascistas o proimperialistas. Si se afirma que todos los que estamos aquí somos contrarios a la guerra civil, debemos fortalecer la acción del Gobierno y entregarle las herramientas necesarias para salvar la situación de crisis por que atraviesa el país. La verdad es que no tenemos mayores esperanzas respecto del resultado de esta votación, pero queremos ser muy claros sobre nuestra posición Sabemos que la declaración de estado de sitio no se votará en conciencia, así como tampoco se han votado en conciencia muchas veces las acusaciones constitucionales que ya ni siquiera se invoca cuando se tratan estas materias, porque yo diría que la tónica de los Senadores de Oposición ha sido utilizar la mayoría de que disponen para entrabar la acción del Gobierno y crear dificultades que, a la larga, saben que conducirán a situaciones como la que pasamos hace unos días.
No desconocemos que la Unidad Popular, así como cualquier Gobierno, incurre en fallas; pero, al mismo tiempo, estamos conscientes de que la Administración del Presidente Allende es la que dejará el mayor rastro en la historia de Chile por haberse atrevido a romper con los intereses nacionales y extranjeros que impedían la liberación y el desarrollo del país. ¡Alguien tenía que hacerlo! Y, a pesar de las dificultades por las que pasemos, las crisis que sobrevengan y los problemas que tengamos que enfrentar, partiendo de la base de que debemos ser consecuentes y reconocer nuestros propios errores y debilidades, sabemos que el Presidente Allende ha sido capaz de demostrar que en Chile no sólo era necesario sino que posible la nacionalización de nuestras riquezas básicas. Demostró, en la práctica, que era factible terminar con esa lacra, desde el punto de vista económico y humano, que representaba el. latifundio, y que, también, hay fuerzas suficientes en este país, al margen de discrepancias ocasiónales para hacerlo avanzar e impedir que por luchas intestinas, que tienen su razón de ser muchas veces en la defensa de intereses económicos, Chile no sólo sea capaz de sobreponerse al peligro de una guerra civil, sino que, al mismo tiempo, pueda desarrollarse, de acuerdo con las características propias nuestras, un proceso hacia el socialismo, lo que no es de ninguna manera contradictorio con el concepto de una nación moderna que debe enfrentar un desafío que la ciencia y la tecnología imponen a los pueblos. Y si no nos abocamos a él, estoy seguro de que pasaremos a ser una nación mucho más dependiente, en América Latina, que otras que hoy día están subordinadas a algunas potencias.
Pero sucede que, como chilenos, no nos estamos preocupando por esas contingencias. No me refiero al Gobierno de la Unidad Popular, el cual ni siquiera tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante muchas de sus iniciativas. Al Ejecutivo lo han imposibilitado, incluso, de crear el Ministerio del Mar, destinado a lograr un desarrollo con sentido nacional y visión del futuro, a sabiendas de que cualquier país pequeño o gran potencia marítima del mundo quisiera tener siquiera la quinta parte de la riqueza de nuestras costas, la que permitiría configurar un gran país pesquero. Pero no lo podemos hacer. En el fondo, reclamamos en vano colaboración para muchas de estas tareas, porque no hay afán patriótico para prestarla cuando no se es capaz de exceder del marco de los partidos.
Creemos que ahora es la oportunidad para que la Oposición defina su carácter, y se pronuncien derechamente quiénes están de acuerdo con el golpe, con que se rompa el sistema democrático y la convivencia y con la guerra civil. Ya no basta guardar silencio frente a tentativas como la del viernes, sino que hay que ser consecuente con las palabras. Me parece que a aquellos que han hecho afirmaciones categóricas y consecuentes con su tradición, como es el caso del Partido Demócrata Cristiano, les incumbe una responsabilidad muy grande, ante situaciones como la que enfrentamos. Hace tres o cuatro días, en una sesión del Senado, observé en mis ex camaradas una actitud totalmente desaprensiva frente a lo que ocurría y una desconfianza injuriosa hacia el Gobierno, que motivó el retiro del Ministro de Defensa Nacional de la Sala; pero los hechos acaecidos con posterioridad dieron la razón al Ejecutivo.
Lo último que quiero decir es que quienes no tienen el coraje, no sólo de definirse por la democracia en el papel y en las palabras, sino de formar parte de la inmensa legión de chilenos que no quiere la guerra civil, demuestren su oposición a ella con sus actos. Porque hay una sola cosa que tengo absolutamente clara: si se quiebra la institucionalidad y de una u otra manera el PresidenteAllende, elegido democráticamente por el pueblo, no puede seguir ejerciendo su mandato, yo diría que nadie podría, de hecho, pretender ejercer el mando después, porque no se juega con un pueblo que tiene cincuenta años o más de tradición democrática y sindical vigorosa y cuenta con partidos que lo han defendido permanentemente y que hoy día son la vanguardia de la democracia y el progreso chileno.
Ha terminado el tiempo asignado a los Comités. Restan algunos minutos al señor Ministro y al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
Antes de comenzar mis observaciones, debo excusar la inasistencia del señor Ministro de Defensa Nacional, quien me comunicó telefónicamente que no podrá concurrir a esta sesión porque se encuentra abocado a resoluciones vinculadas, precisamente, con los graves momentos que vivimos.
El señor Tohá hizo una exposición ayer en la Cámara de Diputados relativa a los hechos acaecidos, y expresó que no podía entrar en detalles para revelar las implicaciones de los graves acontecimientos ligados a los sucesos que presenció la ciudadanía el viernes pasado, pero invocó la necesidad de dotar al Gobierno de las facultades que solicitaba, por cuanto eran absolutamente indispensables para eliminar algunas proyecciones del intento de golpe de Estado que escapaban al proceso que se había incoado.
Quiero referirme a algunas expresiones vertidas esta tarde con relación al Gobierno, aunque no con la esperanza de que se conceda la declaración de estado de sitio que solicitamos, pues, por las intervenciones de los señores Senadores, puede apreciarse que sus votos serán adversos. Sin embargo, no es posible dejar sin respuesta ciertos cargos graves que se han formulado.
El Honorable señor Zaldívar dijo que esta Administración no da garantías respecto de la aplicación de las facultades que pide, porque no respeta a los otros Poderes del Estado. En verdad, es fácil hacer una afirmación de esa naturaleza, pero es difícil probarla. ¿Qué antecedentes existen para decir que el Gobierno no ha respetado al Parlamento?
¿El señor Ministro no lee los diarios?
Sí, señor Senador. Igual que usted. Pero quisiera...
Podríamos debatir esa materia durante más de dos horas.
Le concedo la interrupción que necesita, señor Senador, para que me lo diga inmediatamente.
Quiero saber en qué funda el cargo de que el Gobierno no respeta al Congreso Nacional.
En cuanto al Poder Judicial, me basta pedirle que lea la carta enviada por los Ministros de la Corte Suprema al Primer Mandatario.
Tocante al Congreso Nacional, puedo decirle que el área social no se ha formado en virtud de una iniciativa tramitada en el Parlamento y que el sistema de requisiciones e intervenciones opera al margen de la ley. El Gobierno no ha respetado la reforma constitucional despachada por el Congreso, y debió decirle la Contraloría, en un dictamen que hoy día hemos conocido, la forma como debía promulgar tal reforma. El Ejecutivo tampoco ha querido reconocer ni respetar la facultad que tenemos para acusar constitucionalmente, suspender y destituir a los Ministros de Estado, quienes ejercen sus cargos en la actualidad a pesar del pronunciamiento desfavorable del Parlamento.
Eso no es respetar a otro Poder Público. Y sólo he mencionado algunos casos.
Le responderé en seguida, señor Senador.
Su Señoría afirma que el Gobierno no respeta al Congreso porque actuamos ilegalmente en el proceso de la reforma constitucional de las tres áreas de la economía. Esa es la manifestación de un criterio diferente. Nosotros estimamos que hemos actuado total y absolutamente dentro del marco de la ley y de la Carta Fundamental.
Por nuestra parte, podríamos reprocharles a ustedes la tergiversación del espíritu y la historia de la Constitución al prescindir de un trámite indispensable como es la votación de la insistencia en el criterio del Congreso ante las observaciones supresivas y sustitutivas que presentó el Ejecutivo. Ustedes han querido imponernos, mediante la interpretación que da la mayoría de que disponen, normas que no pueden incluirse en un proyecto de enmienda constitucional, pues ambas ramas del Parlamento no se pronunciaron respecto de la insistencia.
Ustedes han interpretado la Constitución de una manera; nosotros la interpretamos de otra. El único organismo jurisdiccional que podría haber resuelto el conflicto, el Tribunal Constitucional...
¡El pueblo!
Ya hablaremos del pueblo, señor Senador. Ruego a Sus Señorías tener un poco de tranquilidad, pues, como queda bastante tiempo, podemos hablar de todo. Además, les concederé interrupciones.
Ustedes le negaron competencia el Tribunal Constitucional y dijeron que...
El propio Tribunal se declaró incompetente.
Pero ustedes sostuvieron esa tesis.
Si el Tribunal Constitucional se declaró incompetente para conocer de la materia, ello demuestra que teníamos razón al negarle la facultad de pronunciarse.
Cuando se trata de interpretaciones legales, señor Jarpa, el problema de quién tiene la razón reviste una u otra...
¿A quién dio la razón el Tribunal Constitucional?
No le dio la razón a nadie, señor Senador, porque ustedes le negaron competencia para resolver el problema.
La actitud del Gobierno no implica faltar el respeto ni desconocer las facultades del Congreso Nacional. Frente a esa discrepancia tuvimos una posición muy clara desde el comienzo, y recurrimos al Tribunal Constitucional a fin de que resolviera el problema. Por desgracia, ello no ocurrió. Sin embargo, la Contrataría General de la República, que reconoce en su dictamen que no es un tribunal de conflictos y que la materia no es de su competencia, entra a resolver el problema en forma indirecta, pues expresa que el Parlamento rechazó las observaciones, con lo cual, naturalmente, afirma que no era necesaria la insistencia de los dos tercios de cada una de las ramas del Congreso. Es decir, emite un pronunciamiento el mismo organismo que declara no tener competencia para hacerlo por no ser tribunal de conflictos.
Entonces, ¿qué quieren que hagamos? Sus Señorías creen que tenemos que aceptar su interpretación de la Carta Fundamental, en circunstancias de que al Ejecutivo, como Poder del Estado, le asiste el mismo derecho. El Presidente de la República es colegislador y, si no hay conformidad para interpretar las normas constitucionales entre Ejecutivo y Congreso ni existe quien pueda solucionar la controversia, ésta queda sin solución. Al respecto, invoco la misma dificultad que tuvo el actual Presidente del Senado, cuando fue Primer Mandatario, frente a una materia semejante, en la que hubo desacuerdo entre el Poder Legislativo y el Gobierno. En esa oportunidad no pudo recurrir al Tribunal Constitucional, pues éste aún no existía.
Nosotros habríamos acatado el fallo lo dijo el Presidente de la República desde el comienzo cualquiera que hubiese sido la resolución del Tribunal Constitucional acerca del fondo de esta materia. Lamento profundamente que la situación no se haya resuelto.
¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
No ocuparé más de cuatro minutos.
¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
Si es con cargo a su tiempo.
Es que ya se acabaron los tiempos de los Comités.
Entonces, no podré concederle la interrupción.
En cuanto a las afirmaciones de que no se respetan los fallos de la Corte Suprema, debo manifestar que, en una extensa carta enviada al Presidente de ese alto tribunal, el Jefe del Estado expuso latamente el problema referente al modo como un Gobierno tenía que cumplir determinadas órdenes o resoluciones judiciales cuando se trataba del empleo de la fuerza pública. Porque esencialmente esta materia se ha constituido en el punto de conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Entiendo que la Corte Suprema no devolvió dicha comunicación, y sí lo hizo el Gobierno con la respuesta de la Corte.
La carta estaba redactada en términos respetuosos. Nuestra comunicación no tenía por qué ser devuelta, y si Su Señoría la lee, podrá comprobar que estaba concebida en un tono de respeto.
En esa declaración del Gobierno se expuso ampliamente que la autoridad administrativa, en ciertas ocasiones, no podía cumplir las resoluciones judiciales en forma ciega y sin discriminar sobre sus efectos, los cuales podrían recaer en sectores a los que jamás se pretendió involucrar en dichas resoluciones.
Tal problema no sólo ha debido afrontarlo el actual Gobierno, sino que también se ha presentado en pasadas Administraciones. Durante el Gobierno anterior se acusó por tal motivo a diversos intendentes y gobernadores. Inclusive, el actual Diputado señor Sergio Saavedra, cuando fue Intendente de la provincia de Santiago, fue acusado por negarse a conceder la fuerza pública. En esa época, cuando los abogados las solicitaban para llevar a cabo lanzamientos o desalojos, debían recurrir a un verdadero tribunal administrativo que se creó en la Intendencia de esta capital. Este criterio lo considero respetable y comprensible por cuanto, por espíritu social, una orden de tal naturaleza no puede cumplirse de manera indiscriminada, sin evaluar los efectos que puede producir.
Los ataques sufridos últimamente por la Corte Suprema por no haber reintegrado al Fondo del Servicio de Seguro Social los excedentes percibidos, por concepto de jubilación de algunos magistrados, no incumben al Gobierno. La única declaración que se ha emitido al respecto es una que me correspondió formular, a raíz de que el señor Presidente de la Corte Suprema, al hacerse pública la situación, manifestó que se había producido un cambio de criterio por parte del Ejecutivo en esta materia respecto de la tesis sustentada en la época en que el señor Jorge Tapia desempeñó la cartera de Justicia. Como tal afirmación era inexacta, me vi en la necesidad de hacer pública la carta que, con fecha 9 de abril, el señor Jorge Tapia remitió al Presidente de la República comunicándole todos los antecedentes. De esa manera fue posible comprobar que, desde un comienzo, la actitud del Gobierno con relación al problema mencionado ha sido absoluta y totalmente idéntica.
No hemos atacado a la Corte Suprema ni al Poder Judicial, sino que, utilizando un tono respetuoso, en aquella carta dirigida al Primer Mandatario, hemos analizado la actitud de los tribunales de justicia respecto de acciones interpuestas por el actual Gobierno, y a las cuales me referí en mi primera intervención.
En esa oportunidad recordamos algunos casos dramáticos en los cuales era totalmente evidente la falta de amparo de ciertos sectores modestos, como sucedió en Chesque, lugar donde los mapuches ocuparon una gran extensión de terreno. Los latifundistas intentaron desalojarlos y asesinaron a uno de ellos. Sin embargo, las resoluciones judiciales ampararon a los autores del homicidio, los cuales se encuentran en libertad y en absoluta impunidad, y en cambio, los campesinos permanecieron encarcelados por más de ocho meses, sin que fuera posible obtener su libertad, pese a todos los recursos interpuestos.
También recordamos el caso de Roberto Viaux, por constituir uno de los ejemplos más claros y evidentes de tal situación, y 1º petición de desafuero del ex Senador Morales Adriasola.
Aclare lo referente a Roberto Viaux.
Podemos hacerlo de inmediato.
El Honorable señor Jarpa replicó y el señor Ministro no ha contestado.
Me referiré a las aclaraciones hechas por dicho señor Senador.
En realidad, estimo que su intervención adolece de un desconocimiento respecto de la autoría en un hecho criminal. No sólo se considera autor a quien aprieta el gatillo, sino también al autor intelectual. Y esta participación del señor Viaux fue evidente no sólo para quienes actuaron como querellantes y denunciantes, sino también para un juez de primera instancia y dos Ministros de la Corte Marcial. Es indiscutible que la previsión del resultado era total y absolutamente evidente, pues Roberto Viaux fue el creador y gran instigador de la acción en que le cupo participar. Por eso, debió prever que el secuestro podría terminar con la muerte del afectado por cuanto estaba en pleno conocimiento del plan y las medidas que se llevarían a cabo.
Su Señoría está abocándose a causas pendientes.
No existe causa pendiente, porque el fallo está afinado.
Deseo referirme a algunas intervenciones de los señores Senadores en las cuales han denunciado presuntos actos de ilegalidad.
Hemos sido atacados por haber utilizado las cadenas radiales durante la crisis vivida por el Gobierno en el mes de octubre del año pasado, sobre la base de un reglamento que se encuentra en plena vigencia.
Según la Contraloría, está derogado.
El hecho de que la Contraloría tenga un determinado criterio respecto de una materia, no significa que sea la verdad absoluta.
El único criterio válido es el de ustedes.
Ruego al señor Presidente hacer respetar mi derecho.
Está en el uso de la palabra el señor Ministro.
Según determinados sectores, el reglamento de radioemisoras estaría derogado.
Los tribunales lo determinaron.
Nuevamente llegamos al caso de los tribunales.
Dicho reglamento es un decreto con fuerza de ley, que ha sido utilizado no sólo por el actual Gobierno, sino que por todos los anteriores. Sin embargo, ahora se pretende que, a raíz de la reforma constitucional, se encuentra derogado. Esta es una interpretación totalmente ilegítima que ni siquiera se ajusta a la lógica, pues, naturalmente, la enmienda se refiere a que, por la vía de la ley, podrán reformarse las existentes, pero ello no significa la derogación de las normas existentes.
En cuanto a la televisión, se ha pretendido que cualquiera universidad puede contar con un canal en el momento y el lugar que lo desee, sin considerar las disposiciones de una ley que se encuentra en plena vigencia, como lo es la referente a los Servicios Eléctricos.
¿Qué es, en realidad, lo que se pretende? ¿Se desea que el país llegue al caos, y que cada cual haga lo que se le antoje, lo cual no es posible? Nosotros queremos regirnos por un sistema de legalidad. Hemos procurado por todos los medios llegar a un entendimiento con todas las universidades sobre la base de establecer en Chile un canal universitario de televisión, dando posibilidades a esos establecimientos de que tengan su propia estación dentro de la zona en que ellos actúan.
No es así.
Ruego a los señores Senadores no interrumpir al señor Ministro.
La Universidad Católica sacó al aire un canal de televisión en Concepción, sin pedir autorización a los organismos pertinentes, provocando los hechos que todos conocen y que culminaron con el homicidio de una persona. En la capital trataron de que la Universidad de Chile iniciara las transmisiones del Canal 6, en una actitud totalmente reñida con la legitimidad.
Lo que está reñido con la legitimidad es la usurpación, que el Gobierno ampara, del Canal 9.
Ruego a los señores Senadores respetar el derecho del señor Ministro.
¡No han pedido autorización a nadie para instalar y operar el Canal 6!
Por consiguiente, la ilegalidad si de ello se trata habría que examinarla en muchos otros sectores. Hay un afán de hacer aparecer al Gobierno y ésta es la tendencia actual marginado de la Constitución y las leyes, con el objeto de proporcionar una imagen totalmente falsa. A mi juicio, allí radica el origen de muchos de los problemas políticos y de los actos subversivos que estamos presenciando emerger en estos momentos. Ciertos sectores, que no tienen la serenidad ni el conocimiento suficientes para analizar el hecho de que en cierta prensa, día tras día, se afirme que el actual Gobierno no respeta la ley, llegan a la conclusión de que es necesario derrocarlo, por tratarse de un Gobierno ilegítimo, que no respeta la legalidad, como ahora se ha planteado.
Al escuchar ciertos pasajes de la intervención del Honorable señor Jarpa, me daba cuenta de que, en realidad, podía existir el diálogo. Eso sería lo lógico, que pudiéramos conversar con serenidad sobre estas materias. En este sentido, tenemos el más absoluto y total convencimiento de que hay muchas cosas de parte nuestra que, con espíritu sereno, podrían ser evaluadas y sería posible encontrar una solución, para no caminar hacia el precipicio hacia el cual estamos avanzando.
Señor Presidente, no quiero volver a dirigirme a Sus Señorías en la esperanza de que nos concedan la facultad que les estamos solicitando, porque Sus Señorías han planteado, o muchos de ustedes lo han hecho, que nosotros, los Ministros y el Presidente de la República, no les damos confianza. Naturalmente, ésa es una opinión subjetiva que no pretenderemos cambiar en esta oportunidad.
Pero quiero terminar mi intervención invitándolos a reflexionar, cualquiera que sea la forma en que los señores Senadores voten hoy día, acerca de la inmensa responsabilidad que adquieren respecto de ustedes mismos, de sus familiares y de todos los chilenos.
Podría ser que en horas futuras, en los días próximos, los problemas que hoy estamos analizando se agravaran. Ello podría evitarse con esta arma que hoy les estamos pidiendo, pues ella nos permitiría eliminar el foco sedicioso y, si fuera necesario, trasladar a ciertas personas para impedir su actuación en determinados lugares. La facultad para proceder en esta forma no la da la zona de emergencia, porque ella no permite adoptar resoluciones concretas respecto de una persona, por mucho que se sepa y se vea que ésta asume actitudes sospechosas en forma tan sutil que no alcanzan los ribetes de un delito que corresponde investigar a la justicia, y que ni siquiera está dentro de los márgenes de la ley de Seguridad Interior del Estado. El estado de sitio es, precisamente, un arma que se concede al Ejecutivo no con desconocimiento de las atribuciones del Poder Judicial, sino para que actúe dentro del ámbito en que casi coincide la acción no delictual con la delictual, y ello, porque el Gobierno necesita proceder en forma rápida y por la necesidad de que ciertos hechos sean investigados, no por la gravedad que puedan revestir como delito, sino por la importancia que ellos puedan tener, repito, aunque no lleguen a constituir delito.
Seguramente, con las atribuciones que otorga el estado de sitio nosotros podríamos eliminar algunas de las manifestaciones que, según evidencias de que disponemos, ya existen en la actualidad en nuestro país. Sus Señorías nos negarán esta posibilidad y, al proceder así, cada uno deberá afrontar la responsabilidad en el futuro. Ojalá que ello no suceda, pero quizás, dentro de poco, podríamos vernos abocados a la imposibilidad de impedir que se produzcan situaciones graves por la intervención de personas que escapan, repito, a la posibilidad de ser llevadas a los tribunales de justicia. Por lo demás, aunque así procediéramos, muchas veces encuentran el amparo de los tribunales y son dejadas en libertad. La confirmación al respecto la hemos tenido ayer en Concepción, donde se ha puesto en libertad a algunas personas que, según antecedentes que obran en nuestro poder, puede considerarse que estaban dentro del plan conspirativo.
Eso es todo, señor Presidente.
Restan 11 minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Pablo.
En realidad, señor Presidente, al término de este debate me siento un tanto decepcionado. Creía que él iba a versar en torno de las causas, razones y necesidades por las cuales se solicita el estado de sitio. Sin embargo, he visto que ha desembocado en tratar de justificar la legalidad de algunas medidas del Gobierno.
La única razón que se ha invocado para pedir el estado de sitio, y que no puedo dejar pasar sin replicar, es la que expresó el señor Ministro de Justicia al comienzo de su intervención. Reitero que la señaló, precisamente, el Ministro de Justicia, quien dijo que se solicitaba el estado de sitio porque no tienen confianza en la justicia chilena. Evidentemente, aquí está el meollo de la discusión.
En cuanto a los hechos mismos, no se nos ha dado argumento alguno, aun cuando tal vez podría haberse hecho en sesión secreta. Sólo se nos ha dicho que hubo hechos por todos conocidos, contra los cuales nosotros estamos y estaremos; pero, en nuestra opinión, la investigación de sus causas y alcances pueden enfrentarse sin necesidad de dictar la ley de estado de sitio.
De la intervención del señor Ministro se desprendería que, en definitiva, el problema en alguna medida se traduce en saber si podemos o no podemos confiar en los tribunales del país, en estimar si los jueces prevarican, son venales o, tal vez, no guardan la imparcialidad debida.
Tengo un alto respeto por los tribunales de mi patria, y debo expresar en esta Sala que creo en la frase del Talmud que dice: ¡Ay de los pueblos cuyos jueces son venales! Y como sé que los nuestros no lo son, tengo confianza en el pueblo de Chile y sé que, al respecto, existe un distanciamiento profundo que nos separa del señor Ministro de Justicia.
Dicho Secretario de Estado, para justificar su punto de vista, señala que muchas iniciativas de carácter judicial de parte del Gobierno chocan con la negativa de los tribunales, como las peticiones para detener ciudadanos o los allanamientos de casas, sin facultad legal, que no gozan de la protección de la justicia chilena.
Al respecto, quiero informar al señor Ministro que, en Concepción, a una hermana y a un cuñado del Senador que habla, de quienes respondo y que nunca han estado en Patria y Libertad, les fue allanada su casa y les registraron hasta el último cajón, tratando, por ese medio, de implicarlos en determinados hechos, no por lo que ellos son, sino, en alguna medida, por ser parientes míos. Por otra parte, el viernes, en Aconcagua, específicamente en Los Andes, se detuvo al suegro del Senador Olguín, hombre de 65 años, por quien responde el señor Senador, siendo llevado a Carabineros. ¿Por qué creen que se le detuvo? Por ser suegro del SenadorOlguín. Además, esa misma noche, señor Ministro, se detuvo en Constitución al yerno del Honorable señor Prado, a quien nadie puede imputar posiciones ultras frente al Gobierno. En todos estos casos, que nos constan por afectar a seres ligados a nosotros por vínculos familiares muy estrechos y en los cuales confiamos plenamente, no era el Gobierno quien tenía la razón, sino los tribunales de justicia que los pusieron en libertad. En el caso concreto de Concepción, denunciados hoy por el señor Ministro, averigüé por teléfono los detalles y me informaron que, en realidad, ni siquiera tuvieron antecedentes suficientes para probar las presunciones que existían para efectuar las detenciones y allanamientos. No basta decir que un hombre pertenece a Patria y Libertad para detenerlo. Para proceder así, hay que contar con los antecedentes necesarios. Aquello es lo que deseamos evitar en este instante, y por eso no nos da garantías establecer en estos momentos el estado de sitio. Nosotros debemos velar por nuestras familias, por nuestros dirigentes sindicales, de poblaciones y políticos, y por todos aquellos que en un momento determinado demuestran una actitud de rebeldía contra el Gobierno, pues basta que alguien levante la voz contra éste para que se le acuse de faccioso y de fascista. Esto lo sostiene el diario del Partido Socialista, del cual, según entiendo, también es propietario el señor Matte, que está ahí al lado suyo, señor Ministro. Ese periódico estima que los del Partido Demócrata Cristiano somos un grupo de facciosos y fascistas. Si así se va a actuar con las facultades que se nos solicitan, realmente creo yo que, si las otorgáramos en forma ~tan liviana, no podríamos justificarnos ante la historia ni ante los hombres y mujeres por los cuales debemos velar.
Señor Ministro, por ser partidario del diálogo, yo quiero preguntar: ¿es bueno pensar que nuestro país se encuentra dividido por una fosa que separa, a un lado, los buenos y, al otro, los malos? Invito a los presentes a reflexionar esta tarde en el Senado y a concluir que no estamos separados en esa forma. Muchas veces, de ambos lados caemos en la tentación.
Mi pregunta continúa: ¿acaso el Gobierno no mide en este instante lo hondo y grave que es el proceso inflacionario en Chile, qué repercusiones tiene y cuánta angustia lleva a tantos hogares? ¿Es que no hay escasez ni colas en el país? ¿Acaso el mercado negro no prolifera por todos lados? No deseo entrar en detalles de quiénes son sus responsables, pero el mercado negro es una realidad en Chile. Por otra parte, ¿acaso la moneda no se ha envilecido en términos tales que ya en el extranjero no tiene aceptación en parte alguna? ¿Acaso no hay violencia en las calles, en sectores de distintas tendencias? La violencia se alimenta de la violencia: el MIR se alimenta de Patria y Libertad, y viceversa. Estas realidades no las podemos negar. Desde Puerto Montt vienen desfilando personas para protestar contra la guerra civil. ¿Quiénes les saldrán al encuentro? Los mismos que el día anterior cercaron la Corte de Apelaciones, en Chillán, debiendo los jueces permanecer allí detenidos por tres horas; los mismos que en plena Plaza de Armas de esa ciudad asaltaron, a vista y paciencia de todo el mundo, el local de un movimiento cuyas ideas no comparto, Patria y Libertad; y los mismos que después entraron a saquear la radio de propiedad de hombres de Oposición.
Señor Ministro, estos son los que después salen a recibir en andas a las palomas de la paz que vienen desfilando por los caminos de Chile.
No podemos obviar estos problemas. ¡Hay tantas cosas que se podrían arreglar! ¿Cómo no va a ser posible encontrar una solución a lo sucedido en el Canal 6 de Televisión, problema mencionado por Su Señoría? ¿Encuentra lícito, señor Ministro, que el Canal 9 de la Universidad de Chile esté ocupado por grupos que no corresponden a esa casa de estudios? ¿Encuentra lógico que no podamos encontrar alguna fórmula de solución para esto? Si lo lográramos, podría la Universidad de Chile contar con el canal que le autoriza la ley, no habría problemas de este tipo, y así podríamos resolver muchos otros asuntos.
Escuché con mucho agrado al Honorable señor Araneda en su intervención anterior, cuando nos hizo un llamado a evitar la guerra civil. Citando, según creo, al Honorable señor Luis Corvalán, expresó que lo razonable era evitarla, y que había que contribuir al desarrollo del diálogo. También recordó la frase del Cardenal, en cuanto a que bendeciría a quien hiciera algo por la paz, y lo expresado por Pablo Neruda, respecto de que debía actuarse con inteligencia.
¿Me permite una interrupción?
Lamentablemente, dispongo de poco tiempo, señor Senador.
En lo que respecta al señor Neruda, a juzgar por lo que leí de él últimamente, el Nixonicidio, donde pretende salir, como expresa el poeta, como un simple cachafaz de regimiento a dar bofetadas por todas partes, hasta por las orejas,.no lo considero con la calma ni la inteligencia del caso para el momento que está viviendo Chile.
¡Guarde las distancias, siquiera!
Sí, señora Senadora. A Neruda le rendí merecido homenaje en el Senado, pasando por encima de cualquiera diferencia. Puedo afirmarlo aquí y en cualquier tribuna de mi país. Una cosa es el poeta y otra las actitudes políticas de un hombre que no está a la altura de ellas.
En cuanto al caso concreto del estado de sitio, debo hacer notar que ni siquiera el Gobierno ha hecho un llamado a las fuerzas de Oposición para conversar. La institucionalidad nos interesa a todos, tanto al Gobierno como a la Oposición.; en general, a todos. Si se formulara una invitación seria a los partidos políticos para conversar y ver en qué parte es posible que exista coincidencia para impedir el enfrentamiento, tal vez podríamos encontrar alguna salida al diferendo que tenemos en este instante. Pero el problema hondo de Chile no lo resuelve el estado de sitio. A lo mejor, lo empeora. Por ejemplo, el día de mañana no podré permanecer indiferente si trasladan arbitrariamente a mi hermana, a mi cuñado, a un pariente, a un amigo o a un camarada de lucha. Yo vi cómo se trasladaba a los comunistas en la zona del Carbón. Muchas veces me tocó defenderlos.
Las razones que se daban para adoptar esas medidas eran que la Policía Política había dicho que eran comunistas y agitadores, y salimos en su defensa porque nos constaba que ello no era verdad. También, en el caso ocurrido en Concepción, que mencioné, hablé directamente con el Ministro a cargo del asunto, quien me informó que Investigaciones había dicho que poseía antecedentes para actuar en esa forma. Nosotros rechazamos eso, pues no existen ni siquiera antecedentes que revistan un mínimo de seriedad.
Deseo recoger las últimas palabras del señor Ministro de Justicia, quien hace pocos momentos, después de escuchar las frases finales del Honorable señor Jarpa, reconoció que existía la posibilidad de realizar un diálogo. Invoco a todos los chilenos y hago un llamado a lo más hondo de todos nosotros, expresándoles que, unidos, estamos en condiciones de salir al encuentro de las dificultades y de solucionarlas.
¿A quiénes se aplicará la ley de estado de sitio que se solicita? ¿A los facciosos civiles, a los que integran un movimiento descabezado, por estar sus dirigentes asilados en embajadas de países amigos? ¿O tal vez a un grupo de militares entre los cuales se supone que hay algunos que buscan el golpe? ¿A quién se aplicará, señor Ministro?
A mi modo de ver, el proyecto de acuerdo que discutimos carece de sentido.
Se trata de que estamos frente a un Gobierno que debe reconocer que es minoría, como lo ratificaron las urnas recientemente, y que no puede decir que la Oposición no tiene derecho a imponer determinadas condiciones en este instante. ¡Tenemos el derecho y la obligación moral de hacerlo! Y el ex Senador Allende, hoy Presidente de la República, seguramente habría hablado sobre la materia en los mismos términos en que lo hacemos nosotros, de encontrarse en nuestras circunstancias.
Invoco, pues, el deseo de los chilenos de buena voluntad sé que hay muchos en todos los sectores, pues estoy convencido de que es posible avanzar para buscar una salida constitucional. En ese camino encontrarán al Partido Demócrata Cristiano, en la medida en que nosotros podamos hacer fe en que no se pretenderá burlarnos si se nos invita a buscar una salida institucional para la vida de la República.
Termino expresando que los democratacristianos rechazaremos la proposición de declarar en estado de sitio al país.
Al señor Ministro le restan aún 14 minutos. ¿Va usar de su tiempo?
Pido la palabra.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
Señor Presidente, el carácter público que tiene el debate impide, en términos absolutos, hacerse cargo de parte de las afirmaciones hechas por el Honorable señor Jarpa respecto de declaraciones emitidas por la Cancillería. Es obvio que el Gobierno no desea mezclar o inmiscuir en esta discusión de tipo interno, nacional, a la persona del Embajador de un país amigo. Por lo mismo, no nos parece apropiado entrar en mayores detalles sobre la materia por una elemental consideración de respeto hacia ese agente diplomático y a la nación que representa. Sin embargo, debemos declarar que la lectura atenta...
Pero el Ejecutivo emitió una declaración y después se retractó.
¡Su Señoría es muy diplomático...!
Señor Presidente, agradecería que la Mesa hiciera respetar mi derecho a usar de la palabra.
He procurado hacer respetar tanto el derecho de los señores Ministros como el de los señores Senadores. Por desgracia, en uno y otro caso se obedece poco a la Mesa.
Puede continuar el señor Ministro.
Espero que en lo sucesivo le hagan más caso.
Sólo quiero agregar que, si se leen las declaraciones de la Cancillería referentes al asunto de los asilados espero que se haga en su oportunidad por quienes han formulado las afirmaciones, podrá apreciarse que entre ellas hay absoluta concordancia.
¿Queda todavía algo de tiempo?
Pero si no hay obligación de que los señores Ministros ocupen todo el tiempo que les corresponde. ¡No se martiricen...!
Es muy poco lo que diré.
Tiene la palabra el señor Ministro.
¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
Seré muy breve.
Quiero formularle una pregunta, señor Ministro.
El Senador señor Pablo se ha referido a ciertas circunstancias que afectan a familiares suyos y de algunos señores Senadores de la Democracia Cristiana. Yo lamentaría que las causas que pudieran haber llevado a ejercitar determinada acción de tipo policial en contra de esas personas fueran injustas, porque nadie puede ser partidario de que se incurra en tales acciones. En todo caso, si los hechos han ocurrido en la forma señalada por el señor Senador, nosotros podemos manifestar que ello seguramente se ha debido a error, porque en momento alguno ha existido, de parte del Gobierno, un espíritu de persecución, que no me atrevo siquiera a calificar, tendiente a perseguir a parientes de parlamentarios de Oposición con el objeto de infligirles un agravio de semejante naturaleza.
No le echo la culpa al Presidente ni a los señores Ministros. ¡Pero los afanes de los sacristanes matan al señor cura con mucha facilidad...!
Si se trata de funcionarios que han procedido en esa forma, es naturalmente posible que se tomen algunas medidas, si es que existe, por cierto, alguna posibilidad de que ellos hubieran incurrido en abuso.
Existía también en mi ánimo el deseo de aclarar en forma muy breve, porque el señor Pablo también se refirió a ello, mi posición respecto de los tribunales de justicia. Comprendo perfectamente que mis palabras en torno de este tema deben ser muy precisas y mu meditadas.
Pienso que el análisis de las actuaciones del Poder Judicial, con relación a ciertas causas que le ha correspondido conocer durante el actual Gobierno, es algo objetivo. No constituye una solución de tipo anticipado, sin que se base en situaciones concretas, la que nos ha llevado a hacer las afirmaciones que están contenidas en la carta que el Presidente de la República remitió al Presidente de la Corte Suprema. En este documento se consignan hechos concretos que sería conveniente revisar, a fin de determinar si existe o no existe razón para que ellas hayan sido formuladas.
Creo que la posibilidad de diálogo que el Honorable señor Pablo ha planteado me alegro inmensamente de que lo haya hecho y estoy seguro de que es el espíritu que reina en muchos de los parlamentarios de Oposición podría ser la base para adecuar una fórmula de solución a la grave crisis que estamos viviendo. Y es al Poder Judicial a quien corresponde, frente a la situación que está viviendo el país, guardar una actitud en armonía con las posibilidades de que Chile continúe su desarrollo democrático en la forma como lo ha hecho hasta ahora.
En votación.
En votación económica,
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 21.55.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.
O|T. 1448 Instituto Geográfico Militar de Chile 1973