Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- ASISTENCIA.
- APERTURA DE LA SESION.
- TRAMITACION DE ACTAS.
- LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- ORDEN DEL DIA.
- VALIDACION DE ACTOS EJECUTADOS EN VIRTUD DE ARTICULOS 16 Y 17 DE LA LEY 17.590.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN
- Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Victor Benito Contreras Tapia
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN
- Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN
- SESION SECRETA.
- FIJACION DE JORNADA Y REMUNERACIONES A CHOFERES DE LOCOMOCION COLECTIVA PARTICULAR. OFICIO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Sergio Onofre Jarpa Reyes
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Victor Benito Contreras Tapia
- RECURSOS PARA CIRCULO DEL PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS SARGENTO 1º SINECIO JARA MUÑOZ.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- INTERVENCIÓN : Juan De Dios Carmona Peralta
- INTERVENCIÓN
- Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Humberto Aguirre Doolan
- PRORROGA DE PLAZO FIJADO POR LEY Nº 17.6185, SOBRE FORMA DE EXPENDER EL VINO.OFICIO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Humberto Aguirre Doolan
- INTERVENCIÓN : Tomas Pablo Elorza
- INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alfredo Macario Lorca Valencia
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- USO DE LA PALABRA DURANTE LA CUENTA INFORME DE COMISION.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
- INTERVENCIÓN
- Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- PLAN DE DESARROLLO FRONTERIZO DE BIO-BIO, MALLECO Y CAUTIN.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- CONSULTA SOBRE INTERPRETACION DE NORMAS DE LA LEY 17.713 EN RELACION CON EL CONFLICTO LABORAL DEL MINERAL EL TENIENTE.- OFICIO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- SESION SECRETA
- PROPOSICIONES DE ARCHIVO
- VALIDACION DE ACTOS EJECUTADOS EN VIRTUD DE ARTICULOS 16 Y 17 DE LA LEY 17.590.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 318ª, ORDINARIA.
Sesión 33ª, en martes 10 de julio de 1973.
Especial.
(De 11.31 a 13.28).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI MONTALVA, PRESIDENTE, Y HUMBERTO AGUIRRE DOOLAN, VICEPRESIDENTE.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica.
Pág.
I.- ASISTENCIA 1249
II.- APERTURA DE LA SESION 1249
III.- TRAMITACION DE ACTAS 1249
IV.- LECTURA DE LA CUENTA 1249
V.- ORDEN DEL DIA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que valida actos ejecutados en virtud de artículos 16 y 17 de la ley Nº 17.590 (se aprueba) 1249
Sesión secreta 1252 Pág.
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre jornada y remuneraciones de los choferes de la locomoción colectiva particular. Oficio
(Se aprueba) 1252
Proyecto de ley, en primer trámite, que otorga recursos al Círculo del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas Sargento 1º Sinecio Jara Muñoz, de Talca (se aprueba) 1254
Proyecto de ley, en primer trámite, que prorroga el plazo fijado por ley Nº 17.685, sobre la forma de expender el vino. Oficio (se aprueba) 1255
Informe de la Comisión de Legislación sobre el uso de la palabra durante la Cuenta (queda para segunda discusión) 1261
Proyecto de ley, en primer trámite, sobre plan de desarrollo fronterizo de Bío-Bío, Malleco y Cautín (se rechaza) 1268
Consulta sobre interpretación de normas de la ley Nº 17.713 en relación con el conflicto laboral del mineral El Teniente. Oficio (queda aplazada la votación) 1269
Sesión secreta 1274
Proposiciones de archivo 1274
VERSION TAQUIGRAFICA.
ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Aguirre Doolan, Humberto Ballesteros Reyes, Eugenio Bossay Leiva, Luis Bulnes Sanfuentes, Francisco Carmona Peralta, Juan de Dios Contreras Tapia, Víctor Diez Urzúa, Sergio Frei Montalva, Eduardo García Garzena, Víctor Hamilton Depassier, Juan Jarpa Reyes, Sergio Onofre Lavandero Illanes, Jorge Lorca Valencia, Alfredo Moreno Rojas, Rafael Noemi Huerta, Alejandro Pablo Elorza, Tomás Silva Ulloa, Ramón Valenzuela Sáez, Ricardo, y
Zaldívar Larraín, Andrés.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamala.
APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 11.31, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor FREI (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
TRAMITACION DE ACTAS.
Se da por aprobada el acta de la sesión 30ª, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 31ª queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en el Boletín el acta aprobada).
LECTURA DE LA CUENTA.
El señor FREI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios.
Dos, de los señores Ministros de Minería y Jefe de la División de Desarrollo Regional de CORFO, con los cuales dan respuesta a las siguientes peticiones formuladas por el Honorable Senador señor Valente:
Reiteración de diversos oficios dirigidos al Ministerio de Minería, e Información sobre planes industriales en Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Quedan, a disposición de los señores Senadores.
Cuentas de Tesorería.
El señor Prosecretario y Tesorero del Senado presenta la Cuentas de Tesorería de esta Corporación, correspondientes al primer semestre de 1973.
Pasan a la Comisión de Policía Interior.
ORDEN DEL DIA.
VALIDACION DE ACTOS EJECUTADOS EN VIRTUD DE ARTICULOS 16 Y 17 DE LA LEY 17.590.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
En esta sesión especial, corresponde en primer término ocuparse en un proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que valida los actos ejecutados en ejercicio de los derechos que habrían conferido los preceptos que, consignados como artículos 16 y 17, figuraron en la publicación de la ley Nº 17.590.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguilera, Contreras, Jarpa y Lavandero, recomienda, por unanimidad, que el Senado apruebe el proyecto sin enmiendas, como lo indica en el boletín Nº 26.879.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 100ª, en 15 de mayo de 1973.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social, sesión 31ª, en 9 de julio de 1973.
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela.
Señor Presidente, en forma muy breve me referiré en especial al artículo 2º de este proyecto de ley, es decir al que beneficia a los personales sujetos a la ley Nº 15.076, denominada comúnmente el Estatuto del Médico Funcionario. Se trata de otorgar para todos los efectos, incluso los previsionales, a los médico-cirujanos, químico-farmacéuticos, bioquímicos y todos los demás funcionarios del Servicio Nacional de Salud que trabajen en servicios de asistencia pública y maternidades y deban someterse al sistema de guardias nocturnas, una bonificación de un año por cada cinco de servicios.
De más está hacer presente que tal beneficio es muy justificado, pues recae en un personal que debe realizar labores extraordinarias en las noches, a favor de la comunidad social cuando ésta requiere atención de emergencia, como es el caso de los servicios de asistencia pública y de las maternidades.
Eso es cuanto deseaba expresar.
Tiene, la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
Señor Presidente, comparto el criterio del Senador señor Valenzuela.
Pero he querido intervenir para dejar constancia de que, por lo menos a juicio del Senador que habla, y entiendo que al de todos los componentes de esta Corporación, el sistema de abono de un año por cada cinco de servicios a favor del personal sujeto a la ley Nº 15.076 y de los demás funcionarios que realicen guardias nocturnas no obliga a que ese trabajo que se realiza de noche tenga carácter permanente. Conozco algunas interpretaciones de la Contraloría y de otras reparticiones, según las cuales dicho abono debe otorgarse exclusivamente en los casos en que invariablemente se trabaje en guardias nocturnas. Esto no puede ser. El propio sistema de trabajo en las noches es rotativo. De ahí que sería muy conveniente aclarar el precepto.
En todo caso, dejo constancia repito, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, de que el hecho de trabajar en guardias nocturnas, aunque, sea en forma rotativa, convierte al funcionario en acreedor a este abono de un año por cinco de servicios.
Tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros.
Señor Presidente, esta iniciativa, aprobada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, consta de dos materias.
La primera consiste en validar las actuaciones cumplidas por acatamiento a los artículos 16 y 17 que figuraban en el texto publicado de la ley Nº 17.590. Por un error fueron incluidos en dicha, ley esos artículos, en circunstancias de que con posterioridad pudo comprobarse que no se habían reunido los requisitos procedentes para su aprobación; pero como fueron publicados en la ley, numerosos funcionarios se acogieron a los respectivos presuntos beneficios y, cuando se constató el error, se les ordenó devolver las sumas que habían percibido por concepto de los mismos. Por medio del proyecto en debate se trata de legitimar, de validar esos derechos y, por ende, de evitar que el personal que resultó favorecido por ellos esté obligado a devolver el dinero que por tal concepto recibió.
La segunda materia comprendida en el proyecto ya la explicó el Senador señor Valenzuela. Se trata de los pagos que se realicen por horas extraordinarias en servicio nocturno del Servicio Nacional de Salud. La Comisión estimó también absolutamente justo otorgar este beneficio y, por unanimidad, le prestó su acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Contreras.
Señor Presidente, como lo ha explicado el señor Ballesteros, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto, en consideración a que hubo manifiesto error en la publicación de la ley Nº 17.590.
Me parece útil recalcar las observaciones que hacía nuestro colega el señor Ramón Silva Ulloa, en el sentido de que el beneficio a que se refiere el artículo 2º se otorga a los funcionarios que realicen guardias nocturnas, aunque no trabajen todas las noches. Es cierto que tal servicio se cumple en forma alternada, pero en una jornada bastante larga: de doce horas. Y así como se dan beneficios especiales a otros trabajadores que ejecutan labores pesadas, considero justo premiar también a los de la Salud que presten servicio nocturno, sea éste permanente o alternado.
Por tales consideraciones, y conforme a la conducta observada por el que habla en la Comisión, nosotros aprobaremos en general y en particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
Señor Presidente, me asalta una duda frente a este curioso caso de personas que se han acogido a una ley inexistente, pero publicada en el Diario Oficial. Me imagino que debe de ser uno de los pocos casos que hayan ocurrido en Chile…
Totalmente inusitado.
Totalmente inusitado.
Me parece curioso decía que no se restablezca la disposición, sino que simplemente se valide el acto ejecutado de conformidad con la que se publicó erróneamente; de modo que los que se acogieron al artículo 16 tendrán el beneficio, y no así los que deseen acogerse a él más adelante, pues no habrá ley al respecto. Yo quisiera que el señor Ballesteros me confirmara si es así. Si no habrá ley, por consiguiente…
Los artículos 16 y 17 fueron derogados por decreto.
Fueron derogados por decreto.
Me agradaría que me lo aclarara el señor Ballesteros, para que la respuesta sea completa.
Decía ése artículo 16: Renuévase para los abogados acogidos al régimen de Previsión de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, el derecho que les confirió el artículo 116 de la ley N° 16.840. Este derecho deberá ejercerse dentro del plazo de 60 días,... Plazo que, por consiguiente, ya venció. O sea, queda establecido el beneficio sólo para esas personas.
Y en el artículo 17 se da la bonificación nuevamente por ley. En otras palabras, hay una nueva ley al respecto. ¿Queda perfecto en esta forma?
Eso es lo que deseaba preguntar.
La primera conclusión a que llega el señor García es exacta. Se trata simplemente de hacer bueno, de validar el beneficio percibido por quienes se acogieron a ese presunto derecho, conferido por una disposición legal para cuya aprobación, según se constató posteriormente, no concurrieron los requisitos procedentes. De tal manera que no tendrán oportunidad de acogerse a esa norma quienes deseen hacerlo en adelante, pues carecerán de todo derecho para ello. Ahora sólo se validan los derechos de quienes, en conocimiento de la existencia de los mismos, los impetraron oportunamente ante el respectivo organismo.
Por consiguiente, es correcta la conclusión a que llegó Su Señoría al comienzo de sus palabras.
Se aprueba en general el proyecto y, por no habérsele formulado indicaciones, queda también aprobado en particular.
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con la siguiente a que ha sido citada la Corporación.
Acordado.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESION SECRETA.
Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 11.42 y adoptó resolución sobre el proyecto de ley que beneficia, por gracia, a don Rubén Palma Miranda.
Se reanudó la sesión pública a las 11.46.
Continúa la sesión pública.
FIJACION DE JORNADA Y REMUNERACIONES A CHOFERES DE LOCOMOCION COLECTIVA PARTICULAR. OFICIO.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que fija duración máxima de la jornada y remuneración mínima a los choferes de la locomoción colectiva particular.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en segundo informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente),Aguilera, Foncea y Jarpa, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa con las modificaciones contenidas en el boletín Nº 26.875.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 14 de octubre de 1969.
Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social (segundo), sesión 20º, en 27 de junio de 1973.
Discusión:
Sesiones 66ª, en 10 de enero de 1973 (se aprueba en general).
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Señor Presidente, en forma muy breve, quiero destacar tan sólo que las enmiendas que la Comisión aprobó fueron producto de un estudio conjunto realizado por las Subsecretarías de Transportes y de Previsión Social y la Superintendencia de Seguridad Social, y todas ellas contaron con el acuerdo del gremio de choferes de la locomoción colectiva particular y del sector empresarial de la misma. De manera que el articulado del proyecto en debate traduce tal convenio y configura, como digo, una iniciativa aceptable para ambas partes.
Señor Presidente, la iniciativa legal que nos ocupa constituye parte del acuerdo a que llegaron el Ejecutivo, los empresarios y los choferes e inspectores de la locomoción colectiva particular. Junto con la tramitación del proyecto se inició el estudio de un acta de avenimiento que resolvía un conflicto laboral, y en ella se estableció un reajuste de 60,8% para las remuneraciones que dicho gremio recibía antes de la vigencia de la ley en proyecto. Para financiar tal gasto, el Gobierno debía entregar a esos empresarios sumas equivalentes a las bonificaciones que les estaba adeudando, las que hasta el día de ayer aquéllos no han recibido. Por lo tanto, y a pesar de que el plazo que el Ejecutivo tenía para cumplir el compromiso venció el 15 de junio, el reajuste no ha sido pagado a los choferes ni a los inspectores.
El acta en que el Gobierno adquirió el compromiso está firmado por don Humberto Mariones Morales, por don Luis Figueroa Mazuela, ambos Ministros de Estado en ese momento, y por el General Herman Brady Roche.
Los trabajadores de la locomoción colectiva particular estuvieron en el Senado y nos señalaron que no sólo se ha faltado al compromiso a que me referí, sino también a otros puntos del acta de avenimiento. Por ejemplo, hasta este instante no se ha constituido la comisión bipartita que deberá estudiar la creación de un fondo de indemnización por años de servicio para el sector de los choferes. Tampoco a éstos se les han entregado los uniformes ni se ha reglamentado la situación de los escolares, aparte una serie de otros puntos que, como digo, no se han cumplido.
Junto con votar favorablemente el proyecto en los términos en que lo propuso la Comisión de Trabajo, quiero dejar establecido que por parte del Gobierno no se están cumpliendo los compromisos que éste contrajo y que guardan relación con la actividad de ese importante sector laboral del país.
En relación con el último aspecto a que se refirió el Honorable señor Jarpa, que realmente no incide en la materia propiamente legislativa que tratamos, aun cuando, por cierto, está íntimamente vinculada con ella, nosotros también queremos hacer presente nuestro interés en que se cumplan los compromisos convenidos entre el Gobierno y ese gremio. Para tal efecto, si es procedente, pedimos oficiar al Gobierno, en nombre del Senado, comunicándole el deseo de esta Corporación de ver cumplido íntegramente el convenio pactado con los trabajadores de la locomoción colectiva particular.
En nombre de los Comités del Senado.
Estamos de acuerdo.
En nombre del Comité de Izquierda Radical.
El Senado ha escuchado la proposición del Honorable señor Ballesteros. Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por el Senador señor Ballesteros, en nombre de los Comités Nacional, Demócrata Cristiano y de Izquierda Radical.
Acordado.
Pido la palabra, señor Presidente.
En algunos párrafos del artículo 1º del proyecto en debate se menciona al Banco del Estado, y en otros al Banco del Estado de Chile. El nombre correcto de la institución es este último. Pido introducir esta corrección, porque siempre incurrimos en el error de reducir el nombre de algunas instituciones.
Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición del Honorable señor Silva Ulloa.
Aprobada.
¿Me permite, señor Presidente?
Entiendo que los acuerdos suscritos entre Ministros de Estado y el gremio de choferes de la locomoción colectiva particular se cumplirán, ya que durante un tiempo más o menos largo se ha venido entregando una subvención para resolver el problema económico de los dueños de microbuses. Pero, en definitiva, creo que este asunto se solucionará con la publicación de esta ley, que durante bastante tiempo se ha estado discutiendo en el Congreso Nacional, principalmente, por falta de entendimiento entre el gremio de choferes y la Subsecretaría de Transportes.
A comienzos del año en curso la Comisión de Trabajo estudió la materia y se resolvió que la Superintendencia de Seguridad Social, la Subsecretaría de Transportes y los interesados, en conjunto, trataran de encontrar una solución al problema, el cual, al principio, no era suficientemente claro. Después de suscrito el acuerdo en referencia, estimo que no hay divergencias ni de parte de los empresarios ni tampoco de los trabajadores, pues todas ellas se superan con la creación, por el artículo 1° del proyecto, del Fondo General de Recursos Impositivos de los choferes e inspectores de la locomoción colectiva particular urbana y suburbana.
Reitero: con la publicación de la ley en proyecto se subsanarán las dificultades sufridas por el gremio, y las autoridades correspondientes cumplirán los puntos convenidos en el acta de avenimiento.
-Se aprueba en general el proyecto y, por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
RECURSOS PARA CIRCULO DEL PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS SARGENTO 1º SINECIO JARA MUÑOZ.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Foncea y Schnake; que otorga recursos al Círculo del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas Sargento 1º Sinecio Jara Muñoz , de Talca, y otras instituciones.
La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Bossay (Presidente), Godoy, Musalem y Phillips, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa, que consta de un artículo único, contenida en el boletín Nº 26.871.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los señores Foncea y Schnake):
En primer trámite, sesión 16ª, en 20 de junio de 1973.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 20ª, en 27 de junio de 1973.
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Señor Presidente, en ausencia de los autores de la moción, Senadores señores Foncea y Schnake, pido al Senado que la apruebe, a fin de que estas instituciones de Talca, Parral y Cauquenes, que pertenecen a personal en retiro de las Fuerzas Armadas, logren terminar sus sedes sociales, cuya construcción han iniciado sin poder proseguirla por la natural escasez de recursos que afecta a ese tipo de asociaciones.
Por encargo del Honorable señor Foncea, quien no ha podido concurrir a primera hora de esta sesión, deseo anunciar, muy brevemente, que nosotros también aprobaremos el proyecto de ley en debate, por las razones ya señaladas.
Señor Presidente, junto con manifestar que concuerdo con la idea de aprobar la iniciativa que discutimos, quiero señalar que el Honorable señor Silva Ulloa y el Senador que habla formulamos indicación para subvencionar a dos instituciones que están a punto de cerrar en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, porque los recursos que reciben por tal concepto son en absoluto insuficientes. Una de ellas es la Casa del Buen Pastor, que alberga a las mujeres procesadas por la justicia; y la otra, el Asilo de Ancianos de Iquique.
Por la razón expuesta, esas instituciones no podrán seguir desarrollando sus actividades en el resto del año, y ello nos indujo a presentar la indicación a que me referí.
Creemos que la fuente de financiamiento aprobada produce mayores recursos que los que el informe indica. Es decir, el 80% del remanente que en este momento rinde la cuenta F-48, Fondo Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas y Servicios, equivale a una cifra superior a los 6 millones de escudos calculados por la Comisión. Por lo demás, si el financiamiento así obtenido fuera insuficiente, se pueden utilizar los recursos del 20% restante de esa cuenta.
¿Quiénes firman la indicación?
El Honorable señor Silva Ulloa y el Senador que habla, y con mucho gusto aceptaríamos que Su Señoría también la patrocinara. .
En realidad, los recursos aprobados por la Comisión exceden la suma de 6 millones de escudos, de manera que nuestra indicación está plenamente financiada.
Al Honorable señor Carmona y al Senador que habla nos complacería que el Honorable señor Contreras también la suscribiera.
Por mi parte, tengo especial encargo del Honorable señor Olguín, quien tiene viva preocupación por la buena marcha de las instituciones respectivas, para pedir que se agregue su nombre a la indicación en referencia.
-Se aprueba la, indicación formulada por los señores Carmona, Silva Ulloa, Contreras y Olguín,
-Se aprueba en general y en particular el proyecto.
PRORROGA DE PLAZO FIJADO POR LEY Nº 17.6185, SOBRE FORMA DE EXPENDER EL VINO.OFICIO.
Proyecto iniciado en moción de los Honorables señores Acuña y Aguirre Doolan, que prorroga el plazo de vigencia de los beneficios establecidos en el artículo 5º de la ley Nº 17.685, con el objeto de expender el vino en la forma que dicha disposición indica.
La Comisión de Agricultura y Colonización, en informe suscrito por los Honorables señores Moreno (Presidente), Acuña y Von Mühlenbrock, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de un artículo único.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los señores Acuña y Aguirre Doolan):
En primer trámite, sesión 7ª, en 5 de junio de 1973.
Informe de Comisión:
Agricultura y Colonización, sesión 20ª, en 21 de junio de 1973.
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Señor Presidente, como se ha anunciado, el proyecto que estamos tratando, del que somos autores el Honorable señor Acuña y el Senador que habla, tiende a prorrogar hasta 1976 la vigencia de los beneficios establecidos en el artículo 5º de la ley Nº 17.685, de 2 de agosto de 1972.
La citada norma legal estatuyó una excepción a la obligación de expender el vino en envases sellados, la que favorece a aquellos productores que explotan viñas cuyas superficies en conjunto no excedan de 5 hectáreas, es decir, pequeños vitivinicultores, o que explotando viñas de una superficie mayor, produzcan menos de 20.000 litros al año, y siempre que tales viñas estén ubicadas en las comunas al sur de las provincias de Maule y Linares, ambas inclusive. Por cierto, el precepto en referencia favorece también a las provincias de Ñuble y Concepción.
Para acogerse a esta excepción es preciso que el vino originario de esos productores se venda a depósitos de bebidas alcohólicas solamente para ser consumido fuera del local de expendio o sus dependencias y que estén situados en la misma zona, los cuales también gozan de la misma franquicia respecto de ese vino.
Dado que el inciso tercero de la disposición comentada señaló que esos beneficios regirán hasta fines de 1973, el proyecto de ley en informe propone la ampliación de su vigencia por tres años más. Tal prórroga tiene por objeto lograr que en la zona a que se ha hecho mención se instalen cooperativas para vendimiar la producción de los pequeños viticultores y se provea a la dotación de las bodegas fraccionadoras necesarias.
Por estas razones, guiados por nuestro permanente afán de ayudar en forma eficaz a los vitivinicultores, hemos presentado este proyecto, que esperamos sea aprobado por la Sala.
El señor PABLO.-
Señor Presidente, el proyecto presentado por mis Honorables colegas Humberto Aguirre Doolan y Américo Acuña es extremadamente justo, toda vez que se aboca a solucionar un grave problema que se plantea en la zona que tenemos el honor de representar ante el Senado.
Desde hace dos años, existe la obligación de vender el vino producido en la zona envasado en botellas, medida que, antes de entrar en vigor debería comenzar a regir a fines del año en curso, fue suspendida con algunas limitaciones.
Las disposiciones en referencia entrañan mucha gravedad, en primer término porque no hay botellas y, en seguida, porque no se han creado las cooperativas necesarias para la elaboración del vino, de modo que su aplicación implicaría un costo extraordinario para los pequeños vitivinicultores.
Había redactado un proyecto que consideraba las medidas propuestas en la iniciativa de que nos ocupamos, el que también abarcaba otros problemas de la zona vitivinícola. Pensaba presentar esta iniciativa la semana próxima, pero como los Honorables colegas entregaron a la consideración del Senado esta otra con anterioridad, me parece que deberíamos aprobarla, porque es una sentida necesidad de la zona que no entre a regir a fin de año una obligación que será imposible llevar a la práctica.
Por estas razones, solicito que se apruebe el proyecto en los términos señalados por el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Señor Presidente, en forma breve quiero expresar mi apoyo a esta iniciativa que viene a solucionar una situación muy crítica que se había presentado a los pequeños productores de vino de la zona que represento en el Senado.
Varias comunas de las provincias de Concepción y de Ñuble, prácticamente, viven de esta pequeña producción de vino; de manera que de no remediarse la situación en que se encuentran ahora quedarían abocados a enfrentar una paralización económica de graves caracteres. El proyecto en debate, por lo tanto, constituye una solución para una apremiante necesidad, y por eso, con especial agrado, concurriremos con nuestros votos a aprobarlo.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, deseo anunciar que votaré favorablemente el proyecto, pues soluciona un grave problema que afecta, en particular, a la pequeña vitivinicultura de secano, como es la de la totalidad de la provincia de Maule, cuyo destino agrícola parece estar unido a la forestación y a la plantación de viñas.
Por desgracia, de acuerdo con nuestras facultades constitucionales, no tenemos iniciativa para otorgar granjerías tributarias para la producción vitivinícola, no obstante ser indispensables, dado que la aplicación de impuestos a la producción de vino desalienta a muchas de estas pequeñas empresas individuales, que deben esperar varios años para conseguir una cosecha magra y que, en realidad, es la única fuente de financiamiento y de vida de un vasto sector de la zona de rulo de la provincia de Maule y de la de Linares, especialmente en la zona de Melozal y Huerta de Maule.
Por esas razones, votaremos favorablemente el proyecto en la esperanza de que el Ejecutivo lo sancione o de que, en caso de vetarlo, plantee alguna modificación al impuesto actualmente vigente para los vinos, que resulta bastante pesado para los pequeños productores.
El señor LORCA.-
Señor Presidente, consideramos muy importante el proyecto en debate y todos los Senadores de estas bancas lo votaremos a favor con mucho agrado, máxime por ser sus autores los Honorables señores Humberto Aguirre, Vicepresidente del Senado, y Américo Acuña, aparte el hecho de que también le prestará su importante apoyo el Honorable señor Pablo.
Pero, a la ligera, porque no he estudiado en profundidad el problema de la producción de vinos, quiero señalar que ninguna legislación de esta naturaleza surtirá efecto.
Con la iniciativa que nos ocupa se pretende resolver un problema concreto, relativo a la venta de vino, permitiendo a los productores expender el producto en otros envases en lugar de hacerlo exclusivamente en botellas.
Pero resulta que el problema no sólo es de carencia de vino y de botellas, sino que es más grave. Hemos venido escuchando en radios y viendo en la televisión y en los diarios que el Gobierno tiende a una política estatificadora en la actividad vitivinícola. El Gobierno del señor Allende ya no sólo se conforma con estatificar el cobre, el salitre, las industrias textiles, etcétera, sino que ahora quiere hacer lo mismo con todas las viñas y con las industrias elaboradoras de vino que existen en Chile. En consecuencia, en un tiempo más no habrá ni viñas ni elaboradoras de vinos, porque a raíz de la política estatificadora todo irá desapareciendo en el país.
Aún más, el Ejecutivo no cumple los compromisos que ha adoptado con los vitivinicultores, como tampoco cumple con los trabajadores en los conflictos legales, ni con las leyes. En efecto, éste es el Gobierno que ha tenido más Ministros de Agricultura, de Defensa, del Trabajo, etcétera. En todas las Carteras cambia, cada cierto tiempo, el Ministro respectivo, que es destituido por no cumplir sus deberes, o, lisa y llanamente, es reemplazado por el señor Presidente de la República para dar en el gusto no sé a qué combinación política.
Hemos visto que el señor Allende, hace algún tiempo, tuvo como Ministro de Agricultura a un señor Chonchol. Ese señor, a pesar de ser ingeniero agrónomo, entendía muy poco sobre la tierra; pero los viñateros reconocieron que sí entendía en cuanto a política de vitivinicultura. Pues bien, el señor Chonchol suscribió un compromiso con todos los viñateros y elaboradores de vinos a fin de seguir una política determinada. Luego vino don Pedro Hidalgo, hombre revolucionario que cree que las revoluciones consisten en destruir todo, quien desconoció el compromiso contraído por el Ministro de Agricultura anterior y dejó en el aire todo lo relaciona do con la política de vitivinicultura reseñada por aquél.
Votaré a favor del proyecto con mucho agrado por ser autores de él, como dije al principio, el Vicepresidente de la Corporación y el Honorable señor Acuña, y por participar también de estas ideas el Honorable señor Pablo, a quien sólo le faltó la firma para aparecer como coautor de la iniciativa. Pero insisto en que estas disposiciones no tendrán resultado alguno si al mismo tiempo no se plantea, por lo menos, la exigencia del Senado al Presidente de la República de que cumpla los compromisos suscritos por sus Ministros, pues de otro modo, sobre todo en problemas como éste, se seguirá destruyendo al país.
A pesar de que el problema consiste en determinar cómo se va a vender el vino, creo que en realidad deberíamos pensar si en el futuro habrá vino en Chile.
Votaré a favor del proyecto, pero me permito proponer, aunque sea éste un tema ajeno a la iniciativa, que se envíe un oficio al Presidente de la República pidiéndole cumplir los compromisos suscritos por el señor Chonchol con todos los sectores de esta rama de la producción.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, en forma muy breve quiero sumar también mi opinión en relación con este proyecto, tal como lo hicimos en la Comisión de Agricultura.
Como ya se ha explicado en la Sala del Senado, la iniciativa que nos ocupa, desde el punto de vista de su procedimiento, es muy simple, porque únicamente prorroga por tres años un beneficio concedido a los pequeños productores de vino de las provincias ubicadas al sur de Maule y Linares. Sin embargo, a raíz de las palabras pronunciadas por el Honorable señor Lorca, quiero dar algunos juicios sobre lo que está ocurriendo en la vitivinicultura chilena.
Desde luego, para nadie es un secreto la crisis productiva que estamos enfrentando en el sector agropecuario. Pero hasta este momento, una de las actividades que se mantenía al margen de las acciones directas del Gobierno en materia de expropiaciones y de intervenciones, eran los complejos vinícolas. Y esta actitud se tomó no porque el Gobierno tuviera especial simpatía por los propietarios de las viñas o por quienes tienen la responsabilidad de; su manejo desde el punto de vista técnico, sino porque -y esto, lo sabe cualquiera persona que conozca mínimamente el sector rural chileno- para la producción, elaboración y almacenamiento de los vinos se requiere de una tecnología absolutamente distinta y mucho más compleja que la de las materias extractivas en forma primaria, o de otros rubros de la agricultura.
Por eso el Gobierno, no obstante haber expropiado sobre 4.000 predios agrícolas, se había abstenido de intervenir en las viñas, aun cuando varias de ellas superan las 200 ó 300 hectáreas de riego básicas. Y lo había hecho repito porque su propósito era transferir la propiedad de estas viñas a manos del Estado por una vía que le impidiera reconocer los derechos que los campesinos vivientes en esos predios podían ejercer en caso de aplicarse la ley 16.640 en forma directa.
A raíz de esa situación surgió lo que se denominó la creación del área mixta en el sector vitivinícola, proposición formulada por el Ministro de Agricultura de aquella época, señor Jacques Chonchol, que establecía que los propietarios de las viñas integradas y definidas en la ley de Reforma Agraria deberían transferir a una entidad filial de la Corporación de Fomento a lo menos el 51% de las acciones que ellos tuvieran, fijándose una forma de administración en la cual quedaría representada la parte empresarial, pero en la que, desde el punto de vista de la posesión misma de la empresa, su participación seguiría siendo minoritaria.
El propósito de aplicar el área mixta se ha visto sensiblemente demorado por un elemento que el Ejecutivo no pensó que podría presentarse: la oposición rotunda de los campesinos que viven en los predios que están constituidos como viñas integradas. Desde el comienzo de la formulación de esa línea de trabajo del Gobierno, los campesinos han pedido que, en caso de formarse, el área mixta, ésta sea integrada por tres partes. Es decir, las sociedades que se formen por la transferencia de las acciones deberían estar integradas por el Estado, por los antiguos propietarios y por los campesinos vivientes y trabajadores de las viñas. El Gobierno ha objetado de plano esa proposición y ha dicho, a quien lo quiera escuchar, que prefiere no intervenir ni crear el área mixta en este rubro, a fin de evitar que los campesinos tengan derecho a participación real en la propiedad de estas empresas; y esto ha llevado, incluso a sindicatos manejados por militantes de la Unidad Popular, como el de la Viña Concha y Toro, complejo vitivinícola bastante conocido, a pronunciarse pública y abiertamente en contra de la política del Gobierno, y hoy día están pidiendo que no se expropie ninguna de esas viñas. O sea, los campesinos se niegan a aceptar la intervención del Estado en cualquiera forma, porque se han dado cuenta de que han sido engañados por más de un año y medio y de que, de concretarse empresas mixtas de tipo estatal en la forma propuesta por el Ejecutivo, con prescindencia de la participación de los trabajadores del agro, el daño para quienes laboran allí sería irreparable.
Por eso, la Confederación Triunfo Campesino, que representa mayoritariamente a los asalariados del campo afiliados a sindicatos comunales y provinciales, emitió hace cuatro días una declaración en la cual rechazan la expropiación de esos predios, y manifiestan que si se actúa en esa forma, previamente debe consultarse a los campesinos que viven en esas viñas y no proceder en forma unilateral a la expropiación por parte de la CORA.
Doy excusas al señor Presidente por haber traído a colación esta materia en el debate del proyecto que nos ocupa; pero creo que las palabras vertidas por el Honorable señor Lorca a raíz de la trascendencia del tema, obligan a hacer claridad sobre el particular.
Yo me pronuncio a favor de la iniciativa en debate, porque me parece que ella beneficia en forma real a los pequeños agricultores. En efecto, debido a la escasez de materia prima, de envases, de corchos y de otros elementos, embotellar los vinos resulta para ellos casi una exigencia imposible de cumplir.
En verdad, los pequeños productores no han contado con ayuda estatal, con asistencia técnica, ni crediticia alguna para montar centrales de embotellamiento y distribución de los vinos elaborados en la zona central-sur del país.
Por eso, la unanimidad de la Comisión, con mucho agrado, aprobó el proyecto, y yo también me sumo a este criterio.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, a las palabras pronunciadas por los señores Senadores que me han precedido, quiero agregar otras.
No podemos permanecer en la indiferencia cuando se está destruyendo todo en Chile. ¡Si ésta es una realidad! Por ejemplo, la producción de trigo equivale a menos de un tercio de la que teníamos; la de remolacha ha bajado a la mitad. En verdad, están destruyendo el campo chileno, y ahora el Estado pretende tomar en sus manos no cultivos relativamente sencillos como son el trigo y la remolacha, sino el más delicado que hay en el país: la vid; siendo mucho más delicada aún la exportación del vino.
No sé si los señores Senadores tienen conocimiento de que Chile exporta vino en pequeñas cantidades a cerca de 40 países. Tenemos en la materia un producto muy fino, ampliamente acreditado en el mundo y que es considerado como lo más exquisito que puede ofrecerse. Y esto gracias a un trabajo de 80, 90 y 100 años. Se trajeron cepas especiales desde Francia; se contrataron vitivinicultores, técnicos y enólogos que han mejorado extraordinariamente la producción; hemos guardado vinos en el país por 5, 8 y 10 años para poder tener un producto de primera categoría, y todos estos logros se van a destruir en menos de seis meses.
No hay ningún país que pueda exportar productos refinados y de alto precio que no sean obra de pequeños grupos que realizan la labor correspondiente. Nunca los productos masivos pueden alcanzar las características que han dado fama, por ejemplo, al vino chileno. Por eso repito lo que ha costado tantos años, esfuerzos y sacrificios, lo veremos destruido a corto plazo.
Si Chile no lo quiere; si no lo desean los obreros; si no lo quiere la mayoría del país representada por la Oposición; si no lo desean los empleados que trabajan en las viñas; si no lo quieren los propietarios; si no lo desean los exportadores; si no lo quieren los que compran los vinos en el exterior, ¿cómo es posible que se pueda llevar adelanté esta política por un pequeño grupo que persiste en la tarea de destruir con fines mesiánicos? A mi juicio, sencillamente, se trata de dementes. No puedo creer que gente en condiciones normales pretenda inferir un daño tan grande al país. Sin duda, se trata de personas que piensan que destruyéndolo todo, absolutamente todo, en 50 ó 60 años más Chile va a llegar al Paraíso Terrenal. Es la única explicación que encuentro a esta actitud.
Por eso, frente a este proyecto que todos aprobaremos, que plantea dar algunas facilidades a los pequeños productores de vino, expreso mi anhelo de que alguien se conmueva por la forma como se está destruyendo al país. Y como no tenemos más armas que las palabras para tratar de convencer, usémoslas para llamar la atención sobre este problema.
Era cuanto quería decir.
El señor DIEZ.-
Habiéndose desviado el debate del texto mismo del proyecto al problema general de la vitivinicultura, no quiero que falte la voz del Partido Nacional en defensa de esta actividad y de toda la campaña que se lleva a cabo para poder seguir trabajando en el país en labores que tienen características industriales y al mismo tiempo agrícolas, y en contra de la tentativa del Gobierno de estatificar las viñas.
Al pretender el Ejecutivo imponer dicha política, creemos que está faltando gravemente no sólo a sus compromisos, sino también a la Constitución. Y sería bueno recordarle que ya fue aprobada una reforma constitucional que delimita las áreas de la economía y que señala al Presidente de la República la conducta que debe seguir en esa materia.
Como los plazos para sancionar o promulgar la enmienda constitucional aprobada por el Congreso Pleno están vencidos la reforma no ha sido promulgada por el Presidente de la República, desobedeciendo el imperio del Congreso Pleno y también el criterio que la Contraloría ha tomado, dentro de sus facultades, sobre el texto del decreto promulgatorio de la reforma, el Gobierno no sólo está siguiendo una política absolutamente equivocada, ajena a la realidad de nuestros campos en materia de la industria vitivinícola, sino que también está tomando una actitud abiertamente inconstitucional. En verdad, es un acto más en la carrera de ilegalidad permanente en que aquél incurre y en la cual, según parece, le faltaran horas al día para cometer más atropellos.
Quiero dejar constancia de que el Ejecutivo también está atropellando el pensamiento de los campesinos, que en el caso de nuestra zona conocemos directamente, pues los sindicatos agrícolas de las viñas de cierto tamaño, que rechazan la expropiación y la estatificación, quieren constituir, entre los actuales dueños y las familias que trabajan en los predios, asociaciones y formas, de participación que les permitan trabajar juntos en una industria que requiere fundamentalmente mucho cuidado y cariño.
Por ejemplo, en Molina, en la provincia de Talca, se encuentra en esa situación la Viña La Fortuna. Allí, y por el lapso de un año, se hizo una sociedad entre los campesinos que laboran la viña y los antiguos propietarios, la cual ha funcionado en forma espléndida. Primitivamente -repito-, el convenio se firmó por un año, pero de común acuerdo fue prorrogado por cinco años. Y ese mismo trato están reclamando la mayoría de los obreros de la Viña San Pedro y de la Viña Peñaflor, en la comuna de Río Claro.
En el fondo, los campesinos de las viñas grandes están pidiendo que haya participación y que se excluya la intervención del Estado, porque conocen los resultados de ésta no sólo en el aspecto industrial, sino también en el agrícola.
De ahí que nuestra voz va en defensa de los viñateros, de los bodegueros, de los industriales y de todos los que han contribuido en el país a levantar una industria que no sólo prestigia a Chile, sino que da trabajo a miles de personas que se verán afectadas en su forma de vida por esta acción inconsulta, inconstitucional e irracional que pretende imponer el Gobierno de la Unidad Popular.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
Acordado.
-Si le parece al Senado, se enviará el oficio solicitado por el Honorable señor Lorca, al cual también adhirieron otros Honorables colegas.
Acordado.
Pido que se agregue mi nombre al oficio.
Ya se acordó su envío.
Ya se resolvió enviarlo, señor Senador.
El oficio debe mandarse en nombre de los Comités que lo suscriben.
Exactamente. Se remitirá en nombre de los Comités Demócrata Cristiano, Nacional y del PIR.
USO DE LA PALABRA DURANTE LA CUENTA INFORME DE COMISION.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
En seguida, corresponde ocuparse en la consulta formulada por el Senado acerca del sentido del artículo 66 del Reglamento de la Corporación, respecto del uso de la palabra por parte de los señores Senadores para debatir las materias de que se ha dado cuenta.
La Comisión de Legislación absolvió la consulta y recomienda aprobar el informe Nº 26.880, suscrito por los Honorables señores Bulnes Sanfuentes (Presidente), Ballesteros, Hamilton y Miranda.
A propósito de esta materia, el Comité Comunista solicitó segunda discusión.
Informe de Comisión:
Legislación, sesión 27ª, en 3 de julio de 1973.
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Pido la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Señor Presidente, a la Comisión de Legislación se la consultó sobre el derecho que tendrían los señores Senadores a hacer uso de la palabra a propósito de la Cuenta.
A mi juicio, la cuestión está resuelta en forma muy clara en los artículos 65 y 66 del Reglamento del Senado.
El primero de ellos dice lo siguiente:
Se dará cuenta de las comunicaciones dirigidas al Senado enunciando solamente su origen y la materia sobre que versen, en el orden siguiente, y aparece el orden en que deben ser comunicadas.
Por su parte, el artículo 66 expresa: El Presidente dará, en el mismo acto de la cuenta, la tramitación que corresponda a estos negocios; pero si algún Comité pide que sobre el trámite dispuesto se tome el parecer a la Sala, así se hará y ésta resolverá sin discusión.
Como se ve, en estos artículos no existe la posibilidad de que un Senador haga uso de la palabra sobre la Cuenta, salvo que lo haga un Comité para el solo efecto de solicitar que se tome parecer a la Sala acerca del trámite que a juicio del Presidente, corresponde dar al asunto; y aun en este caso, cuando un Comité solicita el cambio de trámite, el Reglamento dispone expresamente que la Sala resolverá sin discusión.
De esta manera, la Comisión ha informado a la Sala que el derecho a hacer uso de la palabra sólo existiría si por unanimidad se autorizara a algún Senador a ejercerlo. Sin acuerdo unánime del Senado, ningún Senador puede reclamar ese derecho.
La única excepción que habría es la proveniente del artículo 97 del Reglamento de la Corporación, en virtud de la cual el Senador que considerara afectado su buen nombre por algún documento mencionado en la Cuenta, pueda usar de diez minutos para vindicarse.
Pero, aun cuando firmé el informe, tengo dudas sobre una de las materias que trata: la lectura de los documentos.
La Comisión establece en el punto 2) de sus conclusiones que cualquier señor Senador puede demandar que se lea un documento de que se ha dado cuenta, sea para que un Comité pida el cambio de trámite o, una vez pedido éste, para poder votar. De esta manera, cualquier Senador podría hacer leer cualquier documento. Y si alguno se propusiera que el Senado no funcionara nunca o deseara embarazar hasta el extremo su funcionamiento, no tendría más que presentar todos los días un proyecto de Código Civil, por ejemplo, cambiando tres artículos con respecto al que tenemos actualmente, y hacerlo leer todas las tardes, en forma indefinida: llegarían las 12 de la noche, se levantaría la sesión y todas las reuniones serían interminables.
El ejemplo del Código Civil puede ser un tanto exagerado. Pero, sin llegar a los mismos extremos, estaría en la mano de cualquier Senador perturbar en la forma que quisiera el trabajo del Senado.
Hago presente que el Reglamento de la Corporación no consigna la lectura de documentos. Y, a mi modo de ver, la conclusión debe ser que el documento sólo pueda leerse cuando algún Comité haya pedido el cambio de trámite. Porque si se solicita el cambio de trámite de un documento y hay que pronunciarse sobre él, la lógica dice que los Senadores que van a votar sobre la materia deben conocer el documento de que se trata. En el caso de un proyecto atinente a muy distintos asuntos y que el Presidente propone enviar a determinada Comisión, los Senadores que van a establecer a qué Comisión debe remitirse, una vez pedido el cambio de trámite, lógicamente tendrán que conocer la iniciativa de que se trata.
Pero no creo que, tocante a la lectura de documentos, se pueda llegar más allá del límite que estoy señalando: sólo cuando un Comité haya pedido el cambio de trámite la petición tendrá que formularse en forma concreta cualquier Senador podría solicitar la lectura del documento respectivo.
No me parece admisible estimo que podría traer toda clase de perturbaciones en el trabajo del Senado que cualquier Senador, sin mediar petición alguna, pueda hacer leer cualquier documento incluido en la Cuenta.
Por lo tanto, junto con declarar que, pese a haber sustentado en la Comisión la misma opinión que estoy expresando, concurrí a la aprobación del informe impelido por la necesidad de terminar luego el debate para tratar otros proyectos, pero reservándome el derecho a plantear mis puntos de vista en la Sala, propongo modificar la conclusión pertinente de esa Comisión en el sentido de que cualquier Senador podrá solicitar la, lectura de un documento de que se haya dado cuenta sólo una vez que un Comité haya pedido el cambio de trámite. No creo que se pueda llegar más lejos. Y, en mi concepto, si aplicáramos el Reglamento con criterio realmente estricto, tendríamos que excluir toda posibilidad de leer documentos, salvo mediación de acuerdo unánime.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
Señor Presidente, en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se hace referencia al artículo 97 del Reglamento, en el que se establece que si el buen nombre de algún Senador es dañado por determinada referencia de un orador, aquél tendrá la posibilidad de usar diez minutos, a continuación de la Cuenta, para vindicarse.
Entiendo que en el informe se hace una apreciación restrictiva al hablarse de algún orador de los que concurren al Senado, sea a las Comisiones o a la Sala, como es el caso de los Ministros y otras personas.
Creo que el artículo 97, al usar la palabra orador, se refiere a cualquier persona que, interviene dentro del recinto del Congreso en las sesiones oficiales de Comisiones o de Salas o mediante la prensa, la radio o la televisión. Así ocurre en la Cámara: cuando se daña el prestigio de un Diputado con mayor razón cuando ello ocurre fuera del Parlamento, aquél tiene derecho a vindicarse durante una sesión y, por lo tanto, a que sus palabras se publiquen por lo menos en la versión oficial.
En consecuencia, imagino que, en cierto modo, el artículo 97 del Reglamento del Senado es concordante con la norma respectiva del de la Cámara, por lo que, a mi juicio, un Senador podrá vindicarse en la Cuenta, al final del Orden del Día, en la hora de Incidentes, o en el momento que estime conveniente cuando su honra haya sido dañada por un orador durante una sesión del Senado o fuera de este recinto, mediante la prensa, la radio o la televisión.
Quiero dejar sentada esa interpretación frente al informe que emitió la. Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Pido la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
Señor Presidente, el artículo 97 del Reglamento se refiere exclusivamente al caso de que un orador, en una sesión del Senado, haga una referencia que dañe el buen nombre de alguna de las personas señaladas en el artículo 92...
¿Me permite, señor Senador?
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
Creo que el señor Senador está equivocado. El artículo 97 no dice dentro del Senado. Expresa:
La referencia que un orador haga a un Senador o a cualquier individuo deberá ser en tercera persona, y sólo cuando la claridad lo exija, lo designará por su nombre.
Cuando la referencia dañe el buen nombre de alguna de las personas señaladas en el artículo 92, ésta tendrá derecho a usar de la palabra con preferencia…,
En ningún caso habla ese precepto de un orador que intervenga dentro del Senado.
Permítame desarrollar mi argumento, señor Senador.
A mi juicio, lo dice con toda claridad. Porque el sujeto del inciso primero es: La referencia que un orador haga a un Senador o a cualquier individuo. Y el inciso segundo expresa: Cuando la referencia dañe el buen nombre de alguna de las personas señaladas en el artículo 92. ¿De qué referencia se trata en el inciso segundo? De la que se está definiendo en el primero; o sea, la referencia que un orador haga a un Senador o a cualquier individuo.
En cualquier parte.
No. Evidentemente, cuando se habla de un orador en las disposiciones referentes a las sesiones del Senado, se está hablando de quienes asumen la calidad de oradores en la sesión misma y no de aquellas personas que puedan haber hecho determinada referencia en cualquier parte. Eso se desprende de todo el contexto del Reglamento: que cuando se habla de orador, se está haciendo referencia al que hace uso de la palabra durante una sesión.
Entonces, aplicando estrictamente dicho precepto, sólo procedería hacer uso del derecho de vindicarse, de refutar, cuando un orador se haya referido a un Senador, o a un Ministro de Estado, o a un Diputado, o al Secretario del Senado, en forma que dañe su buen nombre.
La Comisión estimó que esa norma debe aplicarse por analogía al caso en que un Senador, un Ministro de Estado, el Secretario del Senado, o un Diputado sea objeto de una alusión que dañe su buen nombre contenida en algún documento incluido en la Cuenta.
Se trata, como digo, de una interpretación por analogía, si bien discutible, a mi juicio muy legítima. Estimo que el precepto se puede aplicar por analogía porque no hay por qué considerar que la del artículo 97 es una norma de excepción. En realidad, no hace excepción a ninguna regla general; simplemente, consagra un derecho.
En la Comisión nos pareció evidente que si los Senadores y las demás personas señaladas en el artículo 92 del Reglamento tienen derecho a defenderse de determinada alusión hecha por un orador durante la sesión, igual derecho debe asistir cuando documentos incorporados a la Cuenta contienen imputaciones que dañan su buen nombre.
Eso en lo que respecta al artículo 97, que no me merece dudas.
Sin embargo, vuelvo a señalar que el verdadero problema no está en la determinación de los casos en que se puede usar de la palabra a propósito de la Cuenta, situación que resuelven claramente los artículos 65 y 66 del Reglamento, complementados por el artículo 97. El real problema estriba en si se puede solicitar la lectura de documentos.
Desde luego, me parece indudable que no basta el requerimiento de un Senador para que se lea cierto documento, salvo el caso en que un Comité haya pedido antes el cambio de trámite. Y todavía dudo de si, aun solicitado el cambio de trámite por un Comité, podría leerse un documento sin mediar acuerdo unánime para ello.
Todo esto puede conducir a que un Senador o un Comité, en su caso, embaracen toda la labor del Senado.
La verdad es que intervengo en este debate por un aspecto incidental, que no es aquel a que ha hecho referencia en el fondo el Honorable señor Bulnes, sino el atinente al derecho que asiste a cada Senador para vindicarse cuando es denigrado o atropellado, sea dentro del Senado o fuera de él, en este último caso mediante la prensa, la radio o la televisión.
En la Cámara cualquier Diputado puede exigir la aplicación de la norma del Reglamento que le permite no alcancé a buscar dicho precepto, cuando se le formulan cargos falsos o se lo hace víctima de imputaciones que atentan contra su dignidad u honra, contestar durante la Cuenta, o dentro del Orden del Día, o...
Al final de la sesión.
... al término de la sesión; ésta es la referencia exacta que hace dicho precepto reglamentario.
Pero sucede que los Senadores, de acuerdo con la explicación restrictiva que da el Honorable señor Bulnes, quedan inermes ante el ataque que cualquier persona.
¿Me permite, señor Senador?
Si no es que yo dé una interpretación restrictiva. Simplemente, sucede que el artículo del Reglamento de la Cámara que invoca Su Señoría no existe en el Reglamento del Senado. Este permite únicamente defenderse de la imputación que hace un orador durante una sesión. Podría establecer otra cosa, y para ello bastaría que el señor Senador presentara un proyecto de reforma del Reglamento. Porque, evidentemente, ese derecho podría existir. Y sería útil, sobre todo en estos momentos, en que nos difaman a diario. Pero debo hacer presente que nos difaman tanto, que si nos ocupáramos todos los días de vindicarnos contra los bandidos que están manejando cierta prensa, las sesiones deberían dedicarse a ese solo objeto. Porque creo que todos los días hay cinco, seis o más Senadores que reciben toda clase de injurias o calumnias de Puro Chile , El Siglo , Las Noticias de Última Hora , y de todos los pasquines del mismo jaez.
Hago presente también que en el Senado existe una hora de Incidentes, que está cayendo en desuso, porque se emplea normalmente para hablar de puentes y caminos, sin utilidad alguna. Es la hora de Incidentes la parte de la sesión en que puede plantearse cualquier clase de temas.
Nuestra Corporación celebra numerosas sesiones especiales que perturban el trabajo de las Comisiones y que tienen relación con asuntos que en verdad deben ser tratados durante la hora de Incidentes.
La vindicación de un Senador aludido fuera del Senado puede hacerse en esa parte de la sesión, lo que, por cierto, no significa que yo vaya a negar mi aprobación a un proyecto de reforma del Reglamento que otorgue este derecho al término de la sesión, para no limitar el tiempo de que disponen los señores Senadores en la hora de Incidentes. Pero actualmente no existe en nuestro Reglamento una disposición similar a la de la Cámara.
Por lo demás, a la Comisión le correspondió emitir un pronunciamiento sobre lo que establece el Reglamento y no sobre lo que sería bueno que dijera.
Puede continuar con el uso de la palabra el Honorable señor Lavandero.
Según la interpretación del Honorable señor Bulnes, los Senadores podrían vindicarse durante la hora de Incidentes. Pero sucede que la Cámara de Diputados también la tiene, y, además, no todos los Comités Parlamentarios disponen de tiempo los mismos días, lo cual a veces impide que se pueda responder a cargos que afectan a la honra de cada Senador. A mi juicio, dañar la honra de un parlamentario es razón suficiente como para otorgarle prioridad, según la establecida en el artículo 18 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que dice: El Diputado, cuya reputación o corrección de procedimientos se dañe por cargos en la prensa o por observaciones formulada por algún otro Diputado, podrá, para vindicarse, usar de la palabra durante cinco minutos, como máximo, al término de la sesión. Esta disposición fue modificada, agregándose que también podría usar de la palabra al término de la Cuenta.
Creo que esa misma intención está contenida en el artículo 97 del Reglamento del Senado. Si ello no fuera así porque la Sala diera una interpretación distinta, estimo necesario modificar el Reglamento.
En todo caso, este precepto indica claramente: La referencia que un orador haga a un Senador o a cualquier individuo deberá ser... No dice que esta inferencia deba formularse en una Comisión o en la Sala. Repito, dice: que un orador… y un orador puede ser quien se expresa de palabra o por escrito, dentro del Senado o fuera de él, en la televisión, en la radio o en la prensa.
Esta es la interpretación extensiva que hago del artículo 97, y que se diferencia de la interpretación restrictiva que hace el Senador señor Bulnes. De modo que esto es cuestión de interpretación.
En el artículo 97...
¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
¡Por favor! ¿Me permite terminar la idea, señor Senador?
Ya le di una interrupción, y le ruego que por lo menos me deje terminar de expresar mis ideas antes de darle una nueva. De lo contrario, vamos a entablar un diálogo que no aclarará nada.
¿Cómo puede considerar orador al que escribe en un diario?
El Honorable señor Lavandero no desea ser interrumpido, señor Senador.
El inciso primero del artículo 97 del Reglamento del Senado dice: La referencia que un orador haga a un Senador o a cualquier individuo deberá ser en tercera persona, Es decir, no se establece que la referencia se haga durante el desarrollo de la sesión de la Sala o de una Comisión del Senado.
El inciso segundo del mismo precepto alude a otra cosa: Cuando la referencia o sea, la que haga el orador; tampoco dice que tiene que ser en el Senado dañe el buen nombre de alguna de las personas, etcétera repito que no dice que la referencia deba hacerse en la Sala o en Comisiones, sino en cualquier parte, éste tendrá derecho a usar de la palabra con preferencia a fin de vindicarse, para lo cual dispondrá hasta de diez minutos,...
He escuchado atentamente los antecedentes expuestos por el Honorable señor Bulnes, quien aplica una interpretación restrictiva. No es necesario que aclare más su pensamiento, porque entiendo lo que quiere decir. Pero, a mi juicio, el Reglamento no puede interpretarse en forma restrictiva en este caso, sobre todo si no existe otra disposición que permita a los Senadores vindicar su nombre, quedando inermes, y se considera que el Reglamento de la Cámara de Diputados otorga ese derecho a sus miembros.
Al igual que en la Cámara de Diputados, el tiempo de Incidentes del Senado no siempre alcanza para ello, y no todos los Comités tienen tiempo el mismo día durante las sesiones ordinarias, martes y miércoles, o en una sesión especial para que sus Senadores puedan vindicar su nombre, de modo que quizás tendrían que esperar una semana o hasta quince días, quedando su nombre gravemente manchado durante este tiempo y, posiblemente, sin tener jamás la oportunidad de vindicarlo.
Reitero que si el Senado no lo interpreta de la manera como lo he señalado, trataré de introducir la reforma correspondiente al Reglamento.
Nada más.
Pido la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
¿Me permite una pequeña aclaración, señor Senador?
Con todo gusto.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Bulnes.
El señor BULNES SANFUENTES.-
El artículo 97 no es un ente aislado en el Reglamento. Forma parte de un contexto. Figura en el Título VI, llamado Discusiones. ¿A qué se refiere este título? ¿A las discusiones callejeras? No. A las discusiones que se producen en las sesiones del Senado. Además, está en el párrafo primero, titulado Discursos. ¿A qué discursos se refiere? ¿A los que se pronuncian en la Academia Literaria o en la televisión? No, a los discursos que se pronuncian en el Senado.
El artículo 94, inciso tercero, expresa: Cuando dos o más oradores solicitan la palabra al mismo tiempo, el Presidente deberá otorgarla procurando, en lo posible, que se respete lo preceptuado en la última parte del inciso anterior. ¿A qué oradores se refiere? A los que hablan en la Sala.
El inciso siguiente dice: El orador terminará su discurso con la fórmula He dicho. ¿A qué orador se refiere? ¿A los que hablan en la televisión o en las asambleas políticas? No. a los que hablan en el Senado.
Más adelante, el artículo 97, cuando habla de oradores, se refiere a los oradores que pronuncian discursos al participar en los debates que se promueven en las sesiones del Senado, y que es la materia a que dicen relación todos estos preceptos.
En consecuencia, por muy flexible que se quiera ser en la aplicación del Reglamento, no se puede llegar a sostener que estas normas se refieren a la alusión que cualquier orador, en cualquier parte del país o del mundo, haya hecho a algún Senador.
Y mucho menos podrían referirse a lo que se haya dicho en la prensa, porque ésta es escrita y la palabra orador deriva de oral. El orador es el que habla. Por lo tanto, insisto, por muy buena voluntad que hubiera tenido la Comisión, le habría sido imposible admitir la interpretación del Honorable señor Lavandero.
Ahora podría ser útil establecer dicho criterio en el Reglamento; pero habría que consignarlo, disponiendo un tiempo al final de la sesión para que los señores Senadores pudieran defenderse de las incriminaciones que hayan recibido fuera de la Sala del Senado. Insisto en que sería necesario establecerlo.
Por lo demás, señor Presidente, en general, cuando los señores Senadores han querido hacer esta clase de vindicaciones, han encontrado la oportunidad para hacerlo. Se les ha concedido tiempo, por acuerdo unánime, después de la Cuenta o en cualquiera otra parte de la sesión. Nunca he observado que haya habido obstáculos para ello.
Ahora personalmente, yo soy partidario de lo que decía don Quijote: Deja que los perros ladren. Es signo de que vamos avanzando. Y, francamente, aunque tuviera derecho para hacerlo, no perdería mi tiempo en defenderme de los ataques de Clarín, Puro Chile, y de toda la canalla periodística del país.
El señor SILVA ULLOA.-
Los acuerdos propuestos por la Comisión de Legislación, a mi juicio, resuelven un problema que nos ha estado preocupando, cual es la extensión de la Cuenta, con la cual se inician las sesiones de la Sala. En este aspecto, me parecen positivos.
El acuerdo número 2 es el que ha inquietado al Honorable señor Bulnes, por las interpretaciones que se le puede dar, pues aquel dice que cualquier Senador puede demandar la lectura de un documento de la Cuenta, sin exigirse que la Sala se pronuncie al respecto. Sin perjuicio de lo señalado por nuestro Honorable colega en el sentido de que tal petición pueda ser formulada cuando se ha solicitado el cambio de trámite para algún proyecto, sugiero establecer un quórum especial para resolver sobre la lectura de un documento de la Cuenta, que podría ser el de los dos tercios de los Senadores presentes en la sesión. No podemos exigir unanimidad para todo, pues bastaría que un solo Senador se opusiera a la lectura de un documento de la Cuenta para que no se leyera, y a veces, es conveniente leerlo; pero pienso que un quórum significativo, como el de los dos tercios de los Senadores presentes en la sesión, resolvería este problema y no se producirían los abusos que ha señalado el Honorable señor Bulnes y que, a mi juicio, se pueden producir en el hecho, debido a la guerrilla, que en estos instantes existe en el campo político chileno.
Por eso propongo concretamente modificar el acuerdo número 2, en el sentido señalado.
Por último, el asunto planteado por el Honorable señor Lavandero es ajeno al cometido que le correspondió cumplir a la Comisión de Legislación, porque, como se ha señalado, la consulta se refiere sólo a los documentos de la Cuenta que conozca el Senado en sus sesiones. La materia a que hizo referencia el señor Senador no está tratada en nuestro Reglamento, sino en el de la Cámara de Diputados. En consecuencia, para aprobar su idea sería necesario modificar el Reglamento en ese sentido.
Nada más.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate en la primera discusión.
A solicitud de un Comité, queda para segunda discusión el informe,
PLAN DE DESARROLLO FRONTERIZO DE BIO-BIO, MALLECO Y CAUTIN.
Corresponde ocuparse en un proyecto, iniciado en moción del ex Senador señor Luengo, que financia el Plan de Desarrollo Fronterizo de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín, e incentiva las actividades turísticas de la región.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Luengo):
En primer trámite, sesión 60ª, en 30 de agosto de 1972.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 98ª, en 14 de septiembre de 1972.
Discusión:
Sesiones 11ª en 12 de junio de 1973 y 18?, en 26 de junio de 1973.
La primera discusión de esta iniciativa se inició el 12 de junio, quedando pendiente. El 26 del mismo mes se solicitó segunda discusión, quedando terminada la primera.
En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
Pido la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA.-
En la última sesión en que se discutió esta iniciativa, prácticamente se formalizó un acuerdo para rechazar este proyecto, y la razón que hubo para ello fue que no produciría ningún efecto. ¿De qué se trata? Mediante la creación de un establecimiento de diversión y entretención se pretende financiar una serie de obras. Según los antecedentes que conoció la Comisión, se trata de crear un casino de juego en Pucón. Pero como no se derogan simultáneamente las leyes penales que castigan el juego de azar en nuestro país, al no poder practicarse el juego, la fuente de financiamiento se reduce simplemente a cero. Por esta razón, el proyecto no produce efectos. Además, aquí no había ambiente ya es otra parte para crear nuevos casinos de juego en el país. Porque se podría haber aprobado en general el proyecto y haberlo enviado a Comisión, para crear un nuevo casino en el que se permitiera jugar, sin aplicarse las leyes penales que prohíben el juego. Sin embargo, repito, tampoco había, ambiente en la Sala para ello, ya que no se desea que haya más centros de juego en Chile.
De modo que, a mi juicio, agotada ya la discusión al respecto, procedería sólo rechazar la iniciativa.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
(Durante, la votación)-.
Sólo deseo anunciar mi voto favorable a la iniciativa presentada por el ex Senador señor Luengo, principalmente porque es necesario entregar recursos a esa región, a fin de mejorar el sistema de vida de sus habitantes, que está realmente retrasado en comparación al progreso experimentado por otras regiones del país.
No hay otros recursos, no hay industrias en esa zona ni otras formas de llevar el progreso a esa región.
Hay muchos turistas que viajan hasta allá desde todos los puntos del país y que debían contribuir también, de una u otra manera, a resolver tal situación. Es indudable que no es ésta la única forma como podrían colaborar. Por mi parte, he pensado que debería cobrarse peaje, para lo cual presentaré una indicación seguramente en otro proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados y que aborda este mismo problema. Como votaré favorablemente dicha iniciativa, debo proceder en igual forma respecto del proyecto del cual es autor el ex Senador señor Luengo.
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CONSULTA SOBRE INTERPRETACION DE NORMAS DE LA LEY 17.713 EN RELACION CON EL CONFLICTO LABORAL DEL MINERAL EL TENIENTE.- OFICIO.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Consulta de la Sala acerca del verdadero sentido y alcance del artículo P) contenido en el artículo 1º transitorio de la ley 17.713 en relación con el conflicto laboral de los trabajadores de la mina El Teniente. La consulta, que fue absuelta por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se debatió en primera discusión en la sesión celebrada el 26 de julio, y quedó para segunda discusión.
Hago presente que el Comité Comunista ha pedido aplazamiento de la votación.
Discusión:
Sesión 18, en 28 de junio de 1973.
Informe de Comisión:
Legislación, sesión 1ª, en 23 de mayo de 1973.
En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, con motivo del prolongado conflicto que afectó a los trabajadores del mineral El Teniente hecho inusitado en el país por solicitar el cumplimiento de una disposición legal; el artículo P) contenido en el artículo 1º transitorio de la ley 17.713, el Honorable señor Moreno y el Senador que habla, en una sesión especial celebrada en esta Corporación para analizar la huelga, pedimos que la Comisión de Legislación y Justicia emitiera un informe ante la Sala del Senado respecto de la forma como debiera interpretarse dicho precepto. El informe, en su parte pertinente, señala lo siguiente: El texto del artículo P) contenido en el artículo 1º transitorio de la ley Nº 17.713 es claro en el sentido de que el reajuste se otorga sobre lo percibido en dinero al 30 de septiembre de 1972, por lo que claramente no autoriza la imputación dé los aumentos provenientes de la llamada Escala Móvil al reajuste legal.
Por lo tanto, la conclusión del informe de dicha Comisión coincide con la tesis sustentada al respecto por los trabajadores del mineral de El Teniente.
Hace algunos días se suscribió un acta de avenimiento que puso fin a la huelga, reanudándose las labores en el yacimiento. En el acta se estipula que se designará una Comisión encargada de resolver los problemas derivados del despido de trabajadores por parte de la empresa. El número de los mineros afectados por esta medida era de 25, y sobre esta base, dicha comisión, integrada por un representante de la empresa, uno de los trabajadores en este caso, lo sería el señor Guillermo Medina, presidente de la zonal de trabajadores de El Teniente, y por una persona imparcial, cuya designación recayó en el señor Carlos Briones, quien en ese entonces se desempeñaba como Superintendente de Seguridad Social y en la actualidad es Ministro del Interior del Gobierno del Presidente Allende, iniciaría las conversaciones sobre el problema de los despidos. Sin embargo, hemos comprobado con sorpresa que el número de trabajadores que se encuentra en tal situación ha aumentado considerablemente en la actualidad. El problema a que me refiero debe quedar resuelto definitivamente el jueves de la semana en curso, pues se pidió que la decisión se aplazara en otros cinco días, a fin de lograr una solución que signifique el cumplimiento de la promesa hecha por el Gobierno en el sentido de que no habría represalias en contra de los trabajadores, quienes habían luchado por algo tan justo como lo es el cumplimiento de una ley. Tal situación ha provocado enorme inquietud en los trabajadores del mineral.
Por otra parte, los mineros han hecho presente la necesidad de que se informe al país sobre la forma como se trabajó en el yacimiento durante los 75 ó 76 días que duró el conflicto, por cuanto hay serias denuncias de que se emplearon personas inexpertas que habrían deteriorado algunos elementos fundamentales en el trabajo de la mina. También se dice que se habría producido un comienzo de floreamiento de ese importante mineral de cobre, cuyas consecuencias son extraordinariamente graves para la industria extractiva.
Los trabajadores se han encontrado también con situaciones sumamente delicadas, como el hecho de que los cargos que desempeñaban están ocupados por quienes trabajaron en el mineral durante el tiempo que duró la huelga y a los que los trabajadores han bautizado como patos blancos. Estos se desempeñaron en faenas que requerían de conocimientos adecuados y que durante muchos años realizaron eficientemente los obreros en huelga.
Todo ello ha causado gran molestia en los trabajadores de ese mineral. Por eso, en mi calidad de representante de las provincias de O’Higgins y Colchagua, he considerado de mí deber exponer ante el Senado lo que está sucediendo en estos instantes por el incumplimiento de los puntos del acta de avenimiento que puso fin al conflicto por parte de la empresa, la cual, por ser estatal, representa el criterio del Ejecutivo.
El hecho de que la persona que debe decidir en esa comisión a que he hecho referencia sea don Carlos Briones, a quien conocemos y respetamos, nos permite confiar en que se llegará a una solución justa para los trabajadores.
Considero conveniente oficiar al actual Ministro del Interior, en nombre de los Comités que deseen adherir, solicitándole que se dé cumplimiento a las promesas hechas por el Gobierno en el momento de suscribir el acta de avenimiento en el sentido de que no habría represalias en contra de los trabajadores.
La inquietud existente contribuye al agravamiento de los problemas. El último fin de semana estuve en Rancagua y conversé con diversos dirigentes del mineral de El Teniente. Pude percatarme de que existe desaliento en ellos al comprobar que de parte del Ejecutivo no hay la debida correspondencia con la actitud asumida por los trabajadores para lograr el término del conflicto. Cuando se firma un compromiso y se dice que no se tomarán represalias, se supone que se está actuando de buena fe y no con un cuchillo debajo del poncho. Y ésta es la perspectiva con que los mineros analizan la situación. Ellos no pueden justificar que el Ejecutivo, representado en este caso por la Sociedad Minera El Teniente, actúe de tal manera, defraudando las inquietudes y aspiraciones de los trabajadores, quienes procedieron en forma limpia durante su lucha social. No se les puede reprochar ni un solo acto que hayan cometido durante el transcurso de la huelga, que llevaron a cabo en pro de una conquista que siempre consideraron justa, como lo ratifica ahora el informe de la Comisión de Legislación que estamos discutiendo.
Es de conocimiento público que, debido a la política desarrollada por el Gobierno del señor Allende, el país está sufriendo el éxodo de personas capacitadas. En la visita a la ciudad de Rancagua pude comprobar, además del desaliento que reina entre los trabajadores, que muchos obreros calificados no se trata sólo ahora, señores Senadores, de supervisores, técnicos y profesionales, han recibido ofertas del exterior. Y al ver que en su propia patria se conculcan sus derechos y no se respeta lo mínimo que debe respetarse en las personas, su dignidad como trabajadores y como chilenos, piensan que es justo aceptar dichos ofrecimientos.
Todos podemos comprobar que en nuestro país se está actuando en todos los niveles sin las personas calificadas, sean obreros, empleados, técnicos y profesionales. Sin embargo, con ceguera increíble, quienes representan al Gobierno del señor Allende parecen no querer ver nada de lo que está sucediendo en Chile, y siguen adelante con una política que está destruyendo los avances tecnológicos, científicos y profesionales de nuestro país.
Hace un instante, otros Senadores se refirieron a los problemas que afronta otra de las industrias importantes, como lo es la vitivinícola. Ahora, a propósito del informe que discutimos, debo referirme a las proyecciones derivadas de la actitud del Gobierno y de la empresa frente a los trabajadores del cobre, quienes necesitan años de especialización, pues el capataz de una, sección del mineral y de los socavones de la mina no se forma en dos o tres días. En esta Corporación hay señores Senadores que representan a otras zonas mineras del país, los cuales deben concordar conmigo en la importancia del perfeccionamiento profesional de quienes laboran en los yacimientos cupríferos.
Por eso, he querido levantar mi voz en defensa de Chile. No podemos seguir en esas condiciones, pues, de lo contrario, un desaliento profundo se irá extendiendo, día tras día, a lo largo del territorio, en perjuicio de nuestra patria. Como Senadores tendríamos una inmensa responsabilidad si, por omisión, calláramos estos problemas tan graves que está viviendo Chile.
Reitero mi petición de que se oficie al señor Ministro del Interior transcribiéndole mis observaciones y las que formulen otros Honorables colegas, con el objeto de que se dé pronta solución al conflicto y de que, por lo menos en este aspecto, se produzca una sensación de alivio y de que en Chile hay respeto hacia las personas que están trabajando y laborando por su progreso.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio en nombre de los Comités Demócrata Cristiano, Nacional e Izquierda Radical.
Acordado.
Pido la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.-
En nombre del Honorable señor García, que ha debido ausentarse por algunos momentos de la Sala, quiero manifestar brevemente su conformidad con las expresiones del Honorable señor Valenzuela.
El señor, Senador me ha pedido agregar, además, que, según su información personal, el hecho de que los trabajadores y técnicos de El Teniente estén abandonando el territorio nacional se debe no sólo a las razones dadas por el Honorable señor Valenzuela, sino a la actitud del Comité de Vigilancia que está funcionando dentro del mineral. Dicho Comité de Vigilancia, que no sólo existe en la industria del cobre, sino que también en muchas otras empresas del país, está creando una verdadera dictadura laboral o dictadura sindical, que hace imposible que la gente permanezca en el trabajo. A eso se debe, principalmente, la fuga de nuestros talentos y técnicos hacia el exterior, lo que deja al país en una deficiencia tecnológica realmente grave, dadas las circunstancias por que atraviesa la economía nacional.
Es cuanto deseaba manifestar en nombre del Honorable señor García, solidarizando con las expresiones vertidas en la Sala por el Honorable señor Valenzuela.
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, me siento plenamente interpretado por las palabras pronunciadas en esta Sala por el Senador, camarada y amigo Ricardo Valenzuela, quien ha dado a conocer con mucha exactitud lo que está ocurriendo en la actualidad en el mineral de El Teniente, después de haberse puesto, término al conflicto que mantuvieron los trabajadores durante 76 días; conflicto que no se originó en reivindicaciones contenidas en los pliegos de peticiones propiamente tales y que, cómo muy bien se ha señalado en la Sala, probablemente es uno de los que quedarán escritos en la historia de los movimientos sindicales chilenos como estigma para quienes, habiendo sido elegidos bajo la carátula de representar a los trabajadores, una vez que se encontraron instalados en el Gobierno y con poder se volvieron contra los propios trabajadores.
Los mineros de El Teniente iniciaron una huelga para pedir que se diera cumplimiento al artículo P) de la ley 17.713, que les dio el derecho a percibir el reajuste de 41% por el lapso que mediaba entre octubre de 1972 y marzo del presente año. Por desgracia, como se demuestra, en el informe elaborado por la Comisión de Legislación, la interpretación que dio el Ejecutivo y, en particular, los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Minería a la, ley referida, ha sido arbitraria y claramente atentatoria contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, que garantizó a los trabajadores de la gran minería del cobre el derecho a mantener las conquistas salariales o previsionales logradas en el pasado, principio que fue reforzado mediante la dictación de ese estatuto constitucional que se denominó la nacionalización de la minería del cobre.
Me explico que los representantes del Partido Comunista hayan hecho en el Senado todo lo posible para evitar que ese informe de la Comisión fuera aprobado en su oportunidad. Solicitaron segunda discusión, y hoy su Comité ha pedido aplazamiento de la votación. ¿Qué significa esto? Significa que no desean que se despache con prontitud el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que, con acopio de materiales, antecedentes y declaraciones de quienes, en ella participaron, deja claramente establecidas las transgresiones legales que se cometieron en contra de los propios trabajadores.
Por eso, si alguien en el país aún tuviera algún problema de conciencia o dudas sobre los fundamentos que motivaron la acusación constitucional contra los ex Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Minería, señores Figueroa y Bitar, respectivamente, al leer ese informe comprobará que, en realidad, esos ex Secretarios de Estado no tenían justificación alguna para haber procedido en la forma como actuaron.
Igual como lo hizo el Honorable señor Valenzuela, quiero denunciar que, no obstante haberse logrado el término del conflicto de los trabajadores de El Teniente y a pesar de haber aceptado éstos una fórmula intermedia en la percepción de .derechos que la ley les concede, hoy se está incubando en ese -mineral, al igual como en el de Chuquicamata, ubicado en la provincia de Antofagasta, una nueva situación de conflicto extremadamente crítica, a raíz de la violación que se está haciendo hasta este instante del acta que puso término al conflicto. Dicha acta estableció que no se tomarían represalias contra los trabajadores, salvo contra quienes hubieran cometidos delitos comunes en el lapso de la huelga. Hasta este momento, 174 trabajadores de El Teniente no han sido reincorporados a sus faenas, sin que exista denuncia a tribunal alguno por la comisión de aquellos delitos, sin que se estén realizando investigaciones y sin que exista constancia en Carabineros ni en ninguna otra instancia donde se formulan estas denuncias, que permitan mantener a ese grupo de asalariados fuera de sus faenas o de sus lugares habituales de trabajo.
Hace 40 días los empleados y obreros de Chuquicamata iniciaron una huelga en solidaridad con los trabajadores de El Teniente. En aquel mineral hay 71 personas despedidas, que no han sido reincorporadas a sus labores y, por eso, la huelga en Chuquicamata continúa, ya no en solidaridad con el personal de El Teniente, sino para exigir que se ponga término al atropello que se está cometiendo contra esos trabajadores.
Lo expresado por el Honorable señor Valenzuela en esta Sala es realmente dramático. Ayer estuve en Rancagua conversando con trabajadores, técnicos y obreros del mineral y, según me han informado, existe una verdadera situación de anarquía; la gente no está trabajando, se están desmantelando oficinas completas y hay más de 100 personas que se aprestan en estos momentos a irse del país en los próximos veinte días. Y muchos parlamentarios estamos siendo requeridos no para resolver problemas de la zona o de bienestar para los habitantes de esa provincia, sino para que hagamos gestiones en Embajadas y Consulados a fin de allanar el camino a quienes se les niegan posibilidades de seguir laborando en su propia patria y buscan trabajo en minas de Brasil, Venezuela o de países africanos, lugares adonde se están dirigiendo muchos de estos trabajadores especializados.
Lo más condenatorio es que quienes administran la minería en Chile, los miembros del Poder Ejecutivo, son absolutamente impermeables a lo que ocurre. Al parecer, su slogan de tomar el control del poder total, no sólo pasa por la destrucción de nuestras riquezas, sino que también creen que la forma de conquistarlo es haciendo que abandonen nuestro país personas a quienes se niega el derecho a vivir. Ayer conversé también con técnicos y funcionarios que viven en Coya o en campamentos del mineral, y pude comprobar que existe un verdadero clima de terror desatado por parte de los ejecutivos marxistas de la empresa, con amenazas y presiones físicas, tratando de acelerar el éxodo de la gente. Ante esto no podemos permanecer en silencio, porque, en realidad, el cobre es un patrimonio que nos pertenece a todos los chilenos, y no se puede seguir aceptando que por la estupidez, la ignorancia, el sectarismo y la prepotencia que hoy están mostrando los que detentan el control de la minería, se esté destruyendo en nuestro país lo que durante generaciones se logró preparar en las universidades, en los institutos técnicos o mediante la experiencia cotidiana de quienes han hecho del trabajo en esos minerales su forma de vida.
Por lo anterior, yo protesto por la actitud del Partido Comunista, que, no contento de haber tratado de dividir al movimiento sindical, de haber traicionado a los trabajadores y de haberse hecho acreedor al título de traidor del movimiento gremial chileno, hoy viene al Senado a tratar de dilatar la aprobación de este proyecto de acuerdo y el informe de la Comisión, con el objeto, quizás, de impedir que sus huellas digitales queden en las actas del Senado y sean conocidas en lo futuro por quienes deberán analizar lo ocurrido durante estos años respecto del manejo de la política sindical chilena.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Queda aplazada la votación del proyecto.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESION SECRETA
Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 13.25, y prestó su aprobación al proyecto que favorece a don Clodomiro Bravo Michell.
Se reanudó la sesión pública a las 13.27.
PROPOSICIONES DE ARCHIVO
En seguida, figuran tres proposiciones de archivo.
La primera, de la Comisión de Obras Públicas, es para remitir al Archivo el proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Pablo, que establece que los sindicatos que hayan obtenido préstamos del Ministerio de la Vivienda para los efectos que indica, los pagarán sin reajustabilidad.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión 18ª, en 26 de juntó de 1973.
Se aprueba.
Asimismo, las Comisiones de Gobierno y de Obras Públicas proponen remitir al Archivo las materias contenidas en los Boletines Nºs 26.868 y 26.860, respectivamente.
Los antecedentes respectivos figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Informes de las Comisiones de Gobierno y de Obras Públicas, sesión 20ª, en 27 de junio de 1973.
Se aprueban.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 18.28.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción del Senado.