Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- ASISTENCIA.
- APERTURA DE LA SESION.
- ORDEN DEL DIA.
- MODIFICACION DE NUMEROS 10º Y 16º DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCION POLITICA. VETO. OFICIOS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Americo Arturo Acuna Rosas
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Jaime Leon Suarez Bastidas
- INTERVENCIÓN : Jaime Leon Suarez Bastidas
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN
- Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- MODIFICACION DE NUMEROS 10º Y 16º DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCION POLITICA. VETO. OFICIOS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA 318ª, ORDINARIA
Sesión 43ª, en martes 17 de julio de 1973
Especial
(De 19.25 a 21.40)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI MONTALVA, PRESIDENTE, Y
ALEJANDRO NOEMI HUERTA, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y
EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA.
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 1506
II.- APERTURA DE LA SESION 1506
III.- ORDEN DEL DIA 1506
Observaciones, en primer trámite, al proyecto de reforma constitucional que modifica los Nºs 10º y 16º del artículo 10 de la Carta Fundamental (queda pendiente el debate) 1506
VERSION TAQUIGRAFICA.
ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Acuña Rosas, AméricoAguilera Báez, LuisAltamirano Orrego, CarlosAraneda Briones, ErnestoBallesteros Reyes, EugenioBossay Leiva, LuisCampusano Chávez, JulietaCarmona Peralta, Juan de DiosCarrera Villavicencio, María ElenaDiez Urzúa, SergioFoncea Aedo, JoséFrei Montalva, EduardoGarcía Garzena, VíctorGodoy Gómez, LuisHamilton Depassier, JuanIrureta Aburto, NarcisoJarpa Reyes, Sergio OnofreJerez Horta, AlbertoLavandero Illanes, JorgeMiranda Ramírez, HugoMontes Moraga, JorgeMoreno Rojas, RafaelMusalem Safíie, JoséNoemi Huerta, AlejandroOchagavía Valdés, FernandoPrado Casas, BenjamínRodríguez Arenas, AnicetoSchnake Silva, ErichSepúlveda Acuña, AdonisSilva Ulloa, RamónSuárez Bastidas, JaimeSule Candía, AnselmoToro Herrera, AlejandroValente Rossi, LuisValenzuela Sáez, Ricardo, y
Von Mühlenbrock Lira, Julio.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamata.
APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 19.25, en presencia de 22 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA.
MODIFICACION DE NUMEROS 10º Y 16º DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCION POLITICA. VETO. OFICIOS.
Corresponde ocuparse en las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, recaídas en el proyecto que modifica los números 10º y 16º del artículo 10 de la Carta Fundamental, informadas por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Agricultura y Colonización, unidas.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
- Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic):
En primer trámite, sesión 17ª, en 20 de junio de 1972.
Observaciones:
En primer trámite, sesión 37ª, en 12 de julio de 1973.
Informes de Comisión:
Legislación, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.
Legislación (segundo), sesión 31ª, 7 de noviembre de 1972.
Legislación y Agricultura (unidas), sesión 44ª, en 29 de noviembre de 1972.
Legislación y Agricultura (unidas), sesión 41ª, en 17 de julio de 1973.
Discusión:
Sesiones 97ª, en 14 de septiembre de 1972; 99ª, en 15 de septiembre de 1972 (se aprueba en general); 32ª, en 8 de noviembre de 1972; 33ª, en 8 de noviembre de 1972; 34ª, en 14 de noviembre de 1972; 45ª en 29 de noviembre de 1972; 46ª, en 30 de noviembre de 1972 (se aprueba en particular), y sesión del Congreso Pleno, en 11 de junio de 1973.
La unanimidad de los Comités llegó a los siguientes acuerdos.
En el debate, cada Comité dispondrá de 15 minutos, más dos minutos por cada Senador; o sea, habrá hora y media por concepto de tiempo concedido a los Comités. Además, se otorgará una hora cuarenta minutos a los diferentes partidos, tiempo que se distribuirá en función del número de Senadores que tenga cada uno de ellos. De modo que, en total, se requieren tres horas y diez minutos.
Por lo tanto, como esta sesión terminará a las 10 de la noche y para que llegue ese momento faltan dos horas y media, la votación comenzaría mañana a las 11.45, pues la sesión, no obstante estar citada a las 11, puede comenzar a las 11.15, en virtud de la espera reglamentaria.
No antes de las 11.45.
A las 11.45.
¿Se podría entender empalmada la sesión de hoy con la de mañana?
El señor FREI (Presidente).- No se puede empalmar una sesión con otra del día siguiente, señor Senador.
La sesión de mañana puede comenzar a las 11.15. Y como, según la distribución de tiempo que señalé, faltaría media hora para cumplir con el acuerdo de los Comités relativo al debate, la votación comenzaría a las 11.45.
Acordado.
Ruego a los señores Senadores que no se han inscrito hacerlo a la mayor brevedad, a fin de posibilitar a la Mesa tener el cuadro completo de los señores Senadores y así poder alternar en el uso de la palabra a los representantes de los distintos sectores políticos.
En discusión general y particular las observaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno, que se halla inscrito en primer lugar.
El señor OCHAGAVIA.-
Señor Presidente, en esta sesión corresponde conocer el informe emitido por las Comisiones unidas de Constitución y de Agricultura del Senado referente a las observaciones que el Ejecutivo formuló al proyecto de reforma constitucional que modifica los Nºs 10º y 16º del artículo 10 de la Carta Fundamental, despachado por el Parlamento.
A raíz de que los fundamentos del veto contienen juicios y conceptos errados que se apartan de la veracidad de los hechos, es necesario que, tal como lo hicimos en las Comisiones, expongamos nuestros puntos de vista. A ello obedecen las palabras que, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, pronunciaremos esta tarde.
Por qué fue necesaria esta reforma constitucional.
En primer término, es preciso volver a explicar ante el Senado por qué fue necesario presentar esta iniciativa de reforma constitucional.
En nuestro país existe desde el año 1967 una ley de Reforma Agraria que, apoyada en diversas normas legales y constitucionales, permitió poner en marcha un proceso de vastas proporciones que perseguía objetivos muy precisos: dar acceso a la propiedad de la tierra a miles de campesinos, aumentar la producción y la productividad agropecuaria e incorporar efectivamente a la vida económica, social y política de nuestra patria al sector más postergado, cuál era el campesino.
La reforma agraria democratacristiana fue realizada dentro de la ley.
La reforma agraria aplicada durante el Gobierno de la Democracia Cristiana, entre los años 1967 y 1970, se ajustó estrictamente a lo dispuesto en la legislación vigente y en la Constitución Política del Estado. Al producirse el cambio de régimen y asumir el señor Salvador Allende laPrimera Magistratura de la nación, muchos campesinos, pequeños agricultores y habitantes de nuestro país pensaron que el proceso de reforma agraria iba a profundizarse dentro de los marcos establecidos en las leyes vigentes. Y quienes no compartíamos el criterio político ni la orientación ideológica del actual Gobierno, creímos que si se pretendía adoptar otro criterio para llevar adelante la transformación en el agro chileno, la combinación gubernativa sometería a la consideración del Parlamento las modificaciones necesarias para, de contar con las mayo, rías exigidas, implantar la fórmula económica y social por ella postulada.
La Unidad Popular traicionó a los campesinos.
Desgraciadamente, transcurridos dos años y ocho meses de gestión, hemos podido constatar de modo permanente y reiterado que la ley Nº 16.640 se ha violado, dejado sin cumplimiento, provocándose con ello la frustración en miles de campesinos que tenían la esperanza de ver satisfechos sus anhelos; la desesperación de pequeños y medianos propietarios agrícolas, quienes creían que la ley era su defensa, y, en la generalidad del país, la quiebra del sistema productivo agropecuario, con las consecuencias que hoy día todos estamos evidenciando.
La agricultura chilena está quebrada.
Actualmente, la agricultura chilena vive un proceso de profunda crisis no sólo de confianza por parte de quienes trabajan la tierra y viven en ella, que, de continuar la tendencia evidenciada por este Gobierno en lo atinente a las medidas prácticas de aplicación de la reforma agraria, a la creación de estancos o a la política de precios, culminará inexorablemente en un colapso definitivo antes de 1974.
Importaciones de alimentos desorbitadas.
Según estimaciones del Ejecutivo dadas a conocer oficialmente, las importaciones de productos agropecuarios para el año 1973 ascenderán por lo menos a 500 millones de dólares. De acuerdo con las estimaciones del Departamento Técnico del Partido Demócrata Cristiano, las importaciones de productos agropecuarios rara el año en curso alcanzarán a 750 millones de dólares. Esto, que significa prácticamente utilizar más del 70% del total de divisas que origina toda la economía chilena, acarrea consecuencias absolutamente imprevisibles en cuanto a la alimentación, consumo y mantenimiento de los niveles biológicos de nuestra población.
La reforma agraria bien hecha no produce caída de la producción.
Estimo innecesario dar en esta oportunidad cifras adicionales. Tan sólo, a modo de ilustración y porque creo que vale la pena dejar constancia de ello, quiero destacar que el proceso de reforma agraria no significa necesariamente la caída y destrucción de la producción agropecuaria de este país. Quienes tradicionalmente se han opuesto a la aplicación de ese tipo de medida siempre han sostenido, a nivel académico o en los organismos internacionales, el argumento de que la reforma agraria es necesariamente sinónimo de caída de la producción agropecuaria de un país.
En nuestra patria, podemos mostrar responsablemente transcurridos ya más de dos años desde que dejamos la gestión de dirigir la Corporación de la Reforma Agraria que debimos realizar durante el Gobierno del Presidente Frei las cifras que hoy día conoce todo el país y que son irrebatibles.
Hasta 1965 la producción agropecuaria no crecía adecuadamente.
La producción agropecuaria chilena se había mantenido estancada durante los últimos 35 años, contados de 1965 hacia atrás. Chile había sido país exportador de productos agropecuarios, y hasta 1939 había tenido en el sector agrario una balanza de pagos favorable. A partir de ese período, se inició un cambio del sistema agrícola chileno, caracterizado principalmente por una creciente importación de productos agropecuarios y de alimentos, y por un estancamiento de los índices de aumento en los distintos rubros de nuestra producción agrícola. Esta situación se mantuvo hasta el año 1965, cuando las importaciones agropecuarias alcanzaban a 150 millones de dólares y las exportaciones agrícolas tenían un nivel de sólo 28 millones a 29 millones de dólares en el período.
1965-1970, gran aumento de la producción agropecuaria.
Entre 1965 y 1970 se pone en marcha el .proceso de organización campesina, de reforma agraria y de transformación de los mecanismos institucionales del sector agropecuario. Y, no obstante las resistencias que ese proceso encontraba en determinados grupos de nuestro país, se produce lo que para muchas personas era un hecho milagroso e inesperado: la producción agropecuaria aumenta en el sexenio 1965-1970 en un ritmo de 4,1%, tasa acumulativa anual, en cada año del período, lo que arroja al final del sexenio un crecimiento de 25%, cuando además había disminuido el ritmo de crecimiento demográfico de la población, que bajó, de 2,5% tasa acumulativa anual registraba en el decenio anterior, a 1,9% entre los años 1960 y 1970.
¿Qué quiere decir esto, más allá de las cifras que estamos dando? Que durante 35 años el crecimiento de la población había sido mayor anualmente que la cantidad de alimentos o de productos agropecuarios que se generaban en la tierra chilena, y que a partir de 1965, hasta el año 1970, no obstante la realización del proceso de reforma agraria, la creación de los sindicatos campesinos y la multiplicación de las cooperativas y de los organismos de base en la agricultura chilena, se cambia radicalmente el ritmo de crecimiento, convirtiéndose la que antes había sido negativa en una tasa de aumento sin precedentes en la historia que registran las estadísticas chilenas, diferencia que deja un saldo positivo no sólo en la agricultura como tal, sino también en todos los niveles de alimentación de nuestra población.
Los democratacristianos estamos orgullosos de lo que hicimos.
Por eso, los democratacristianos podernos hablar con tranquilidad y propiedad sobre la reforma agraria no sólo por lo que hicimos o por las intenciones que tuvimos, sino por los resultados que generamos, Y es por ello por lo que no podemos dejar de reiterar las que fueron las bases del proceso de reforma agraria, el cual continúa planteado, en su legislación y objetivos, en los mismos términos en que lo formuló el entonces Primer Mandatario señor Eduardo Frei, actual Presidente del Senado.
Los objetivos de la reforma agraria democratacristiana.
La ley Nº 16.640 dispuso que la reforma del agro debía lograr simultáneamente tres propósitos: primero, difundir la propiedad de la tierra entre quienes la trabajaban personal y directamente; segundo, aumentar la producción y la productividad del sector agropecuario; y, tercero, incorporar a las masas campesinas a la gestión y decisiones que les corresponden en la vida económica, política y social de nuestra patria. Estas finalidades están traducidas en todo el articulado de la ley y constan en la discusión que se desarrolló durante casi dos años en el Parlamento. Invoco ese testimonio porque los vetos enviados por el Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional en estudio ignoran la historia, el texto y los objetivos que pretendía la ley y que hoy desgraciadamente ha desconocido totalmente el Gobierno.
La base jurídica de la reforma agraria democratacristiana.
Es necesario dejar establecido que en 1965, para llevar adelante el proceso de reforma agraria, fue preciso enmendar, en primer término, el texto de la Constitución Política que regía hasta esa fecha y que, mediante un proyecto enviado para tal efecto el 30 de noviembre de 1964 o sea, a pocos días de que la Democracia Cristiana asumió el Gobierno, finalmente se logró aprobar, en 1967, la modificación al Nº 10 del artículo 10 de la Carta Fundamental que permitió llevar adelante el proceso. Dicha reforma constitucional está contenida en la ley Nº 16.615, que, para la historia de la aplicación de la reforma agraria, es la base esencial que puso en marcha el mecanismo de expropiación con pago diferido. Simultáneamente a la mencionada reforma constitucional fue preciso dictar la ley Nº 16.640, de la Reforma Agraria, y la ley Nº 16.465, que dispuso como requisito previo y obligatorio para parcelar los predios de superficie superior a 80 hectáreas de riego básicas que se vendiera a los campesinos el 40%, por lo menos, de la totalidad del predio cuya subdivisión se solicitaba. Esos textos legales y las modificaciones mencionadas culminaron en 1970 con la ley Nº 17.280, que modificó el mecanismo de consignación, a fin de hacer más expedita la realización de la reforma agraria dentro del marco legal.
Las leyes democratacristianos a favor de los campesinos.
No podemos dejar de reseñar en esta oportunidad cuatro leyes adicionales, que marchan muy unidas a la de Reforma Agraria. Una fue la 16.250, de 21 de abril de 1965, que igualó el salario mínimo campesino con el salario mínimo industrial, y dispuso el pago de ocho horas diarias de trabajo al campesino, creándose con ello una condición de justicia, igualdad y respeto para quienes trabajan la tierra. y que, hasta ese momento, estaban , acostumbrados a recibir su salario por la jornada de sol a col. Con posterioridad, se dictó la ley Nª 16.455, de 6 de abril de 1966, que estableció la inamovilidad de los trabajadores campesinos y las causales de desahucio y de término del contrato, que debían ajustarse a las claras condiciones que aquélla señalaba. Luego se dictó la ley Nº 16.611, de 1° de febrero de 1967, que señaló la obligatoriedad del 50% del pago en dinero efectivo y la cancelación de los días de lluvia y del mes corrido cuando los campesinos se hubieran presentado a sus lugares de trabajo en aquellos predios de malas condiciones climáticas; campesinos que antiguamente no recibían remuneración completa por ese hecho. Finalmente, en materia de organización y legislación social campesina, se dictó la ley Nº 16.625, de 29 de abril de 1967, que creó el derecho a formar sindicatos comunales y provinciales y las confederaciones nacionales de campesinos, lo que ha permitido la existencia de entidades laborales libres, ajenas al manejo político o a gestiones interesadas; y, quién sabe, tal vez ello es uno de los motivos de mayor orgullo para la organización social campesina chilena.
Siempre respetamos la legalidad y los fallos judiciales.
Al detallar la base legal, sobre la que ha descansado el proceso de reforma agraria, queremos insistir en que todo el proceso realizado entre 1965 y 1970 se ajustó estrictamente a lo dispuesto en las leyes y sin sobrepasar, ni siquiera en los casos de resistencia o de conflicto, los fallos de los tribunales de justicia.
Para hacer notar hasta dónde llegó el acatamiento del Gobierno anterior a los fallos judiciales, debo señalar que, con motivo de la expropiación de Santa Marta de Longotoma que los señores Senadores recuerdan, fue necesario incluso restituir un predio que, a juicio de quienes manejábamos la Corporación de Reforma Agraria, se encontraba en evidentes condiciones de mala explotación. Debimos aceptar la decisión de los tribunales y esperar la sentencia definitiva, que permitiría realizar el proceso dentro del marco estrictamente constitucional y legal.
Tenemos autoridad moral para hablar.
Por eso, con la misma fuerza con que denunciamos la resistencia a la reforma del agro en el pasado, hoy levantamos nuestra voz para denunciar el quebrantamiento de la ley vigente y la traición que se ha cometido en contra de los campesinos. Y voy a detallar las razones de esta aseveración.
Al comenzar su gestión, el actual Gobierno se encontró con todos los textos legales vigentes, que permitían profundizar el proceso de las expropiaciones. De tal modo lo hizo, que en el período comprendido entre el 4 de noviembre de 1970 y el 22 de marzo de 1973, según se Consigna en el Mensaje enviado al Congreso Nacional el 21 de mayo último por el Presidente de la República, se expropiaron 3.628 predios agrícolas, con 33.948 familias vivientes. Durante la Administración anterior, en el lapso que medió entre 1965 y 1970 se expropiaron 1.408 predios, con 20.976 familias vivientes, las que, con posterioridad, se incrementaron en nueve mil familias más, ascendiendo a 29.800 el número de familias incorporadas directamente al proceso de reforma agraria en ese período.
El Gobierno se ha burlado de los campesinos.
Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? La ley vigente dispone que, producida la expropiación, debe instalarse obligatoriamente la organización transitoria denominada asentamiento. La Administración actual tiene otro criterio, evidenciado en los fundamentos de las observaciones que envió al Congreso: no es partidaria de respetar la legislación agraria, porque ella no se ajusta al propósito ideológico y a los objetivos políticos que desea alcanzar. El Gobierno de la Unidad Popular es partidario, de acuerdo con su filosofía marxista, de que el Estado maneje los medios básicos de producción; y, persiguiendo osa finalidad que no ha declarado en ningún texto legal anterior a los vetos presentados al proyecto de reforma constitucional, optó por quebrantar la ley de Reforma Agraria, porque ésta le impedía llevar a cabo su finalidad de socializar la producción, la propiedad y el manejo de la tierra chilena. Las normas videntes no dejan resquicio alguno en esta materia, y obligan a que todos los predios expropiados, según reza el artículo 66, se constituyan en asentamientos campesinos. Aún más, para ser más exacto, la ley define lo que entiende por aquél, y dice que es la etapa transitoria que media entre la expropiación y la toma de posesión material y la asignación definitiva, en propiedad, de la tierra expropiada. Las disposiciones siguientes precisan claramente el destino de la tierra, cual es la de ser asignada en propiedad a los campesinos de acuerdo con las tres formas que la propia ley de Reforma Agraria prevé en los artículos 67 y siguientes: la asignación familiar; la asignación en forma mixta, que es la combinación de la propiedad cooperativa o comunitaria y la familiar, y la asignación cooperativa, que es asignar la totalidad del predio a la comunidad de campesinos vivientes en él.
La ley vigente no considera otra etapa transitoria que no sea la incorporación de la tierra a un asentamiento y su posterior asignación en propiedad a los campesinos.
La farsa de los CERA.
Pues bien, el Gobierno actual no fue partidario de ello, y estimó que la ley podía tener algunos resquicios, por lo que se dedicó a investigarla para encontrarlos. Y de tanto hojearla, quizás cometió el error de creer que el artículo 224, que regula el Estatuto Orgánico de la Corporación de Reforma Agraria, daba la posibilidad del manejo estatificado y centralizado de todas las tierras expropiadas. De esa manera surgió la teoría de constituir los CERA, centros de reforma agraria, que son organismos no definidos por la ley en parte alguna y que sólo se mencionan al fijar las atribuciones de la CORA, dentro de las cuales se considera la posibilidad de crear colonias agrícolas o centros de reforma agraria.
La verdad sobre esta frase.
Como en el país se ha hecho mucho caudal de que los centros de reforma agraria serían legales, quiero contar la verdad acerca de la razón por la que figura esa expresión en el texto vigente. El Senador que habla es su autor. Se estimó necesario introducir en el Estatuto Orgánico de la CORA la facultad de crear y administrar las colonias agrícolas, en virtud de la ley Nº 15.020, dictada durante la Administración del señor Alessandri. La expresión centro de reforma agraria se utilizó para denominar lo que es el casco agrícola, la infraestructura central o las casas patronales de las haciendas que pertenecían a la Beneficencia Pública, o al Servicio de Seguro Social; para denominar las casas de la Hacienda Hospital, hoy Colonia Kennedy; para denominar las casas de la Hacienda Mariposas, en la provincia de Talca; para denominar las casas patronales de la Hacienda Santa Fe, en la provincia de Biobío.
¿Y por qué se llegó a esta conclusión? Como en este mismo texto legal se creaban las cooperativas de reforma agraria, las cuales obligatoriamente surgen en las asignaciones familiares o mixtas que se realizan en conformidad al artículo 67 de la ley, se estimó redundante y una complicación que induciría a confusiones denominar también cooperativas de reforma agraria a las casas patronales de parcelaciones de predios que habían sido adquiridos, de acuerdo con la ley Nº 15.020, por la Caja de Colonización Agrícola.
Esa es la verdad de las cosas y la razón de por qué en la página 137 de la ley, en el artículo 224, sólo se menciona, y en esta parte del texto legal, la expresión Centros de Reforma Agraria.
Reconozco la paternidad de tal denominación, la cual se utilizó para designar lo que en otros países, como en el caso de la reforma agraria italiana, se denominan los Borgos que es el casquete, la infraestructura central de las parcelaciones, donde se efectúan asignaciones de tipo individual y surge, necesariamente, junto con ello, una cooperativa formada por los propios asignatarios.
El Gobierno les miente al país y a los campesinos.
Por eso, es necesario dar a conocer definitivamente ante el país la campaña de tergiversaciones y de falsedades para atropellar la ley, porque el propósito del Gobierno no ha sido crear los CERA para corregir defectos que hubiera en los asentamientos, sino impedir la constitución de éstos, pues sabe que la ley manda asignar ineludiblemente el asentamiento, en el plazo de tres años, en propiedad definitiva a los campesinos. Y lo que el Gobierno no quiere es la asignación en propiedad. Por eso, busca el resquicio de usar una terminología diferente.
Al Gobierno le ha ido muy mal con los campesinos.
Pero le fue mal en tal objetivo, porque los campesinos no aceptaron la creación de los centros de reforma agraria. Y la prueba está en el propio mensaje leído por el Presidente de la República ante el Congreso Pleno el 21 de mayo recién pasado. Según el Gobierno, se han expropiado 3.628 predios, y sólo ha podido constituir en ellos 263 centros de reforma agraria, en circunstancias de que ese sistema representa su criterio central de gobierno en la agricultura chilena.
Comités campesinos: derrota ignominiosa del Gobierno.
¿Qué sé ha hecho con la mayoría de los predios? Ellos han debido organizarse, en forma ignominiosa para la dignidad del Gobierno, en una fórmula que ni siquiera está mencionada como resquicio en la ley. Me refiero a los que hoy día se llaman comités campesinos. ¿Y saben los señores Senadores qué se entiende por tal denominación en los propios formularios impresos por la CORA? Es la organización transitoria que existirá desde el día de la toma de posesión, cuando, según dicho formulario, nos pongamos de acuerdo con los campesinos de cuál sea la organización definitiva que logremos. Es decir, el propio Gobierno ha debido reconocer ante los campesinos y ante la opinión pública que su propósito de crear los CERA es ilegal y que los propios campesinos no lo aceptaron, y por eso tuvo que transar en dejar les predios expropiados en estos pseudo-comités campesinos.
Emplazamiento a la Unidad Popular.
Al respecto, emplazo directamente a los Senadores de la Unidad Popular que harán uso de la palabra a continuación, a que me muestren un texto legal vigente en el cual se mencione la expresión comité campesino. Pido una mención, una sola cita que demuestre en virtud de qué se funda tal organización, cuáles son sus fundamentos, qué pretenden y hacia dónde van. Si no hay respuesta a estas preguntas y estaré presente durante esta sesión y la de mañana, esperándola, no sólo se confirmará lo que estoy diciendo, sino que quedará en evidencia en el Senado la magnitud del fracaso de la política campesina del actual Gobierno.
Los campesinos han constituido solos los asentamientos.
¿Qué ha ocurrido adicionalmente? Uno de los puntos que deseaba destacar es el atropello cometido en contra de la voluntad de los trabajadores de la tierra. Estos desean los asentamientos, porque los llevan a la propiedad de la tierra. El Gobierno, por medio de los ejecutivos comunistas de la CORA, no desea que los haya, pero no se atreve a enfrentarse con los campesinos que aspiran a la propiedad de la tierra.
Por eso, hoy día los campesinos han hecho algo práctico: ellos mismos han constituido los asentamientos. Se han reunido, han firmado el acta de asentamiento, la han inscrito en notaría, a fin de que corran los plazos para la asignación definitiva, en conformidad a la ley vigente. En la actualidad, probablemente ningún campesino, ni siquiera los que militan en los partidos de la Unidad Popular y aceptan su criterio, es contrario a dicha asignación. Los trabajadores del agro esperan y piden el cumplimiento de sus anhelos, lo que fue su bandera de lucha y generó todo el proceso de reforma agraria.
El Gobierno se ha colocado en la ilegalidad al no asignar las tierras.
Pero la ilegalidad del Gobierno no sólo reside en el incumplimiento de las normas prescritas en los artículos 66 y 67 de la ley 16.640, sino que también en su negativa a asignar los predios, que han cumplido los plazos establecidos por la ley. Al respecto, deseo que se incorpore en la versión del Senado la respuesta que, por intermedio de la Oficina de Informaciones, he recibido de la Corporación de la Reforma Agraria. Hoy día hay más de 1.200 predios que han cumplido más de cinco años organizados como asentamientos. O sea, ha vencido el plazo de tres años, y el Gobierno se ha negado a dictar los decretos supremos fundados que, de acuerdo con la propia ley, pueden eventualmente prorrogar el período de asentamiento, o bien no ha querido hacerlo, o ha sido incapaz de dictarlos. Y aquí está la confesión de la CORA donde declara que hasta la fecha no se ha dictado ningún decreto de prórroga de plazo para asignar algunos predios.
¿Cuántos predios asignó Su Señoría?
Se asignaron 116 predios, señora Senadora, que beneficiaron a seis mil familias.
Solicito la inserción del documento a que me he referido y, simultáneamente, pido .oficiar a la Cámara de Diputados, en mi nombre, a fin de que se designe una Comisión Investigadora que se constituya en la Corporación de la Reforma Agraria y establezca las infracciones cometidas en contra de los campesinos en virtud de la aplicación de la ley 16.640.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
No puedo, señora Senadora.
Con cargo a mi tiempo.
En ese caso, se la concedo.
Antes de conceder la palabra a la señora Senadora, debo solicitar el asentimiento de la Sala respecto de las dos peticiones formuladas por el Honorable señor Moreno, consistentes en insertar en la versión de su discurso el documento a que ha hecho referencia, y en oficiar, en su nombre, a la Cámara de Diputados.
¿Qué documento?
La contestación en que la CORA informa que no se ha dictado ningún decreto de prórroga de los asentamientos.
No hay acuerdo.
No hay acuerdo.
Que se vote.
En votación la solicitud de insertar dicho documentó.
- Se aprueba la indicación (12 votos por la afirmativa, 1 por la negativa, 10 abstenciones y 2 pareos).
El documento cuya inserción se acuerda es el siguiente:
Santiago, 2 de julio de 1973.
Honorable Senador:
Me permito complementarle nuestra respuesta anterior Nº 4.234, de 11 de junio ppdo relacionada con diversos antecedentes sobre decretos fundados dictados para prorrogar el funcionamiento de los asentamientos que hubieren cumplido tres años de existencia poniendo en su conocimiento que, el Vicepresidente Ejecutivo Subrogante de la Corporación de la
Reforma Agraria (CORA) ha expresado acerca de la materia, lo siguiente:
1.- El inciso tercero del artículo 67 de la ley de Reforma Agraria Nº 16.640, prescribe que las asignaciones de las tierras por la Corporación deberán efectuarse, dentro del plazo de tres años, contados desde la fecha de la toma de posesión material del predio por parte de la Corporación. No obstante, en casos calificados, el Presidente de la República, por decreto fundado, podrá prorrogar el término señalado hasta por dos años.
2.- Hasta la fecha no ha sido dictado ningún decreto dé prórroga de plazo para asignar algún predio.
3.- La Corporación de la Reforma Agraria, se encuentra redactando en la actualidad, los decretos necesarios para prorrogar el plazo para asignar tierras, respecto de aquellos predios en que ha transcurrido tres o más años, desde su toma de posesión material, los que serán remitidos al Ministerio de Agricultura, para su trámite legal.
Dios guarde a US.
Al II.- Senador señor don Rafael Moreno Presente.
Sergio Guilisasti Tagle, Jefe de la Oficina de Informaciones del Senado.
En cuanto a la segunda indicación, creo que no vale la pena votar, pues fue hecha en nombre del señor Senador y no en el del Senado.
Si es en nombre del señor Senador, no hay inconveniente.
El señor FREI (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio en nombre del señor Senador.
Acordado.
Tiene la palabra, con cargo al tiempo del Comité Socialista, la Honorable señora Carrera.
Deseo que se oficie a la CORA solicitándole que nos informe cuántos predios fueron asignados durante la Vicepresidencia del señor Moreno, y cuántos habían cumplido en esa época el plazo para ser asignados.
También quiero que nos comunique cuántos funcionarios se necesitarán para proceder a la asignación de los 3.628 predios que están en la actualidad en manos de los campesinos y cuánto tiempo les llevará esa tarea. Además, si ellos deberán dejar de lado algunas de sus funciones productivas para abocarse a la asignación de tierras.
Formulo tal petición en nombre de los Comités de la Unidad Popular.
No sé si el Honorable señor Moreno desea que le aclare algo.
Adhiero a tal solicitud, por considerarla muy interesante.
Que se agregue el nombre de nuestro Comité.
No tenemos nada que ocultar.
Se accede al envío del oficio, en nombre de los Comités de la Unidad Popular y del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MORENO.-
En materia de asignaciones, deseo reiterar el quebrantamiento de la ley, porque la Honorable señora Carrera pretende revivir una afirmación que no tiene solidez alguna: que durante el Gobierno pasado no se realizaron las asignaciones que la ley establecía.
La ley de la Reforma Agraria se dictó el 28 de julio de 1967.
Ya explicamos este punto en la Comisión y lo vamos a reiterar ahora: el 28 de julio de 1967 se publicó la ley de Reforma Agraria, la cual estableció que los asentamientos durarían sólo tres años; o sea, el 28 de julio de 1970 se habría cumplido el plazo para la asignación de la tierra. Entre los años 1967 y 1970 en realidad no era necesario que la señora Senadora pidiera el envío de un oficio, pues habría bastado con que leyera el último Mensaje presidencial, se asignaron 116 predios, con 6.029 familias campesinas, todas los cuales habían cumplido el plazo de tres años, e incluso algunos de ellos con anterioridad.
La Democracia Cristiana siempre ha sido partidaria de la propiedad de la tierra.
Por eso me sumé con agrado a la petición de oficio de la señora Senadora. Creo que nadie en esta Sala o en el país podrá formular a la Democracia Cristiana el cargo de no ser partidaria de entregar en propiedad la tierra, cuando precisamente la ley ordena hacer la asignación. Sin embargo, como lo hemos visto, el Gobierno pretende, por medio del veto, eliminar la obligatoriedad de la asignación de la propiedad de la tierra.
¡Exactamente!
Los funcionarios UP engañan a los campesinos en forma inmoral.
No la critico por abrigar ese propósito, Honorable señora Carrera; pero es necesario que los funcionarios vayan al campo y les digan a los campesinos: Sí, señor, la ley vigente establece que usted puede ser propietario. Sin embargo, les afirman lo contrario, a sabiendas de que mienten, engañan y tergiversan la verdad. Eso es lo que ha descompuesto moralmente el campo chileno. Por eso hay crisis en la producción, por eso en los asentamientos, en los comités campesinos, en los CERA e incluso en los centros de producción hay desesperación entre la gente, porque no sabe cuántos días más podrán seguir dentro del predio. ¡Si hasta hay funcionarios que en algunas provincias los han desalojado de las casas que habitan!
Fundamentos falsos en el veto.
Por ello, atendiendo a estos antecedentes, en estos momentos quiero referirme a los fundamentos mismos del veto, los cuales rechazamos en su integridad por estar mal concebidos y por tergiversar la verdad.
¿Qué dicen básicamente? Que el proyecto de reforma constitucional pretende defender y reconstituir el latifundio. Esto se plantea en varios párrafos del veto. En segundo lugar, que las modificaciones propuestas impiden realizar a cabalidad los objetivos de la ley de Reforma Agraria. En tercer término, que los campesinos no estarían de acuerdo con el proyecto de reforma constitucional despachado por el Congreso.
Si ya expropiaron los latifundios, ¿a quién quieren expropiar ahora?
En primer término, sostengo que cae por su propio peso la afirmación de que el proyecto de reforma constitucional impide realizar el proceso de reforma agraria. Hoy, según declara el Presidente de la República al comienzo del Mensaje, está terminada la expropiación de los latifundios. Y los funcionarios nos dicen en privado que sólo quedarían lo ha reiterado el nuevo Ministro de Agricultura en la tarde de hoy doscientos predios superiores a 80 hectáreas de riego básicas en el país, de los cuales un número importante son viñas, en las cuales el Gobierno enfrenta un problema bastante grave con los campesinos, porque hasta este instante no ha clarificado su política y lo que antes creyó que tendría la aceptación de todos los trabajadores del agro, hoy día prácticamente encuentra el rechazo de la unanimidad de los que viven en las viñas. En consecuencia, decir que el proyecto impide erradicar el latifundio, es hacer una afirmación sin fundamento. ¡Si el latifundio ya no existe, salvo que el Gobierno quiera venir a sentar cátedra y pretenda decirnos lo que no se aceptaría ni en el primer año de la universidad que un predio de menos de 80 hectáreas es latifundio! ¡No lo es en ninguna parte del país ni del mundo! ¡Es mediana y pequeña propiedad!
Argumentos de ignorantes.
El segundo argumento dado por el Gobierno es que se impediría erradicar el minifundio si se declarara la inexpropiabilidad de las 40 hectáreas de riego básicas. Quiero que se mencione un sólo minifundio que haya sido expropiado por el actual Gobierno, ya que cualquiera persona que conoce el manejo agrícola y la reconcentración parcelaria sabe que el minifundio no se expropia, sino que se compra al contado. En consecuencia, no se requieren normas de expropiación, sino que se necesita comprar la tierra al que no tiene cómo vivir de ella; y esa medida permite la reubicación en buenas condiciones de las familias y la reconcentración parcelaria. Es el sistema que se ha aplicado en otros países, incluso en aquellos que han tenido experiencias de tipo socialista en materia de reconcentración parcelaria: nunca han expropiado los predios chicos. Basta mirar la situación de Polonia e inclusive la de Cuba, donde hasta el día de hoy no los expropian. En consecuencia, venir a argumentar que la inexpropiabilidad de 40 hectáreas de riego básicas defiende el latifundio que ya terminó y no permite la eliminación del minifundio, constituye una demostración de ignorancia, y yo, por lo menos, como profesor universitario, no sólo como Senador, no la puedo dejar pasar.
Ahora tendrán que asignar las tierras, aunque el Gobierno no quiera.
¿Cuál es la otra afirmación que se hace? Que, de aprobarse el proyecto despachado por el Parlamento en materia de reforma constitucional, se obligaría a la Corporación de Reforma Agraria a asignar toda la propiedad expropiada. Esto se esgrime como argumento en contrario; pero, precisamente, ésta es la razón de la reforma constitucional: obligarlos a asignar toda la tierra expropiada. ¿Por qué? Porque hasta hoy día hay predios que llevan seis años con asentamientos, y los funcionarios no cumplen la ley, se sientan en ella y no dan ninguna explicación, ni siquiera una excusa, a los campesinos. Por eso la reforma constitucional establece que la CORA, obligatoriamente, dispondrá de un plazo de dos años para entregar los títulos de propiedad.
Que trabajen los funcionarios UP, y no sigan de activistas.
Si la Honorable señora Carrera analiza la respuesta que le enviará la CORA, se dará cuenta de que los funcionarios de la Corporación de Reforma Agraria que hoy día ascienden a 5.000, en vez de los 1.400 que quedaron en 1970, terminada la expropiación, tendrían tiempo de sobra para entregar los títulos de propiedad si se dedicaran realmente a trabajar, porque para asignar los estudios de los títulos ya están listos. Se sabe la capacidad potencial de los predios y se conoce el número de campesinos que viven en ellos, porque se estudió previamente a la expropiación. En consecuencia, un funcionario no demoraría más de veinte días en formalizar la asignación definitiva de la tierra, pasándola por el Consejo de la CORA e inscribiendo la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces. Pero hay que saber cómo se hace esto, y no venir con un argumento tendiente a hacernos aparecer como que, mediante este proyecto de reforma constitucional, estamos poniendo en pie forzado al Gobierno, porque éste no podría efectuar en ese plazo la asignación.
La reforma constitucional reafirma los derechos de los campesinos y pequeños agricultores.
El otro argumento dado por el Gobierno es que con esta reforma constitucional se cambia el sentido de la reforma agraria, lo que equivale al ladrón detrás del juez, ya que dicha reforma es absolutamente coincidente con el texto de la reforma constitucional despachada por el Congreso. Lo decimos los democratacristianos y quienes fuimos los redactores y ejecutores del proceso: no hay contradicciones ni en materia de expropiación, de inexpropiabilidad, de criterio usado en el destino de las tierras, de la forma de protección a los pequeños y medianos propietarios, entre la iniciativa que nos ocupa y el texto de la ley 16.640, de Reforma Agraria.
El Gobierno pretende cambiar el sentido de la reforma agraria.
Quien quiere cambiar el sentido y criterio de la aplicación de la ley es precisamente el Ejecutivo, porque basta leer las observaciones para descubrir como muy bien lo dijo la Honorable señora Carrera que lo que el Gobierno pretende no es la asignación en propiedad de las tierras, sino la creación de todo un mecanismo que permita la existencia del área social y del área mixta de la agricultura. Ya sabemos que el área social es la estatal. No sabemos lo que es el área mixta, porque el Gobierno, que la iba a constituir en las viñas, hasta hoy día no sabe de qué lado ponerse, porque se da cuenta de que los campesinos le piden el área mixta con participación en la propiedad de ellos, criterio que el Gobierno rechaza. Por esta razón no ha podido precisar hasta el día de hoy en qué consiste la famosa área mixta.
Quieren estatificar de contrabando la agricultura chilena.
¿Qué dice uno de los vetos enviados por el Gobierno al Parlamento? Que es partidario de que los predios ya no sólo sean asignados en propiedad, sino que sean destinados, lo que indudablemente cambia el sentido de la legislación vigente. Si alguien tuviera dudas acerca de lo que con la palabra destino se quiere significar, para disiparla le bastaría leer la parte final del primer inciso que se propone en el veto y que sustituye el inciso 1° del número 1° del artículo único del proyecto de reforma constitucional. ¿Qué dice? Que tratándose de unidades productivas de importancia preeminente para el desarrollo de la agricultura, de la economía o de la seguridad nacional por su incidencia en el comercio exterior, por requerir una fuerte concentración de capitales o utilización de tecnología avanzada,... o por sus condiciones ecológicas o sus características geopolíticas, las tierras que las constituyen podrán pasar a formar parte de las áreas social o mixta de la economía.
No hay que ser un aparecido en la agricultura para darse cuenta de que en nuestro país no hay ningún predio que no pueda ser englobado en esas definiciones. ¿Qué es la ecología? Es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y el medio en que viven. Indudablemente, eso se puede aplicar a cualquier predio de cualquier lugar de Chile o del mundo. Y ése es, precisamente, el propósito que busca el veto.
Por estas consideraciones, rechazamos los fundamentos del veto por errados, como asimismo no aceptamos el criterio con el cual ha sido aplicada la reforma agraria, por, el actual Gobierno.
Traicionaron las esperanzas de Chile.
El Gobierno tenía en sus manos la posibilidad de profundizar el proceso; en ello cifraban sus esperanzas los campesinos; incluso contaba con la aceptación de grupos políticos no afectos a la Unidad Popular que habrían profundizado, dentro de la ley, la transformación de la agricultura chilena.
Sin embargo, prevaleció en el Gobierno lo que en otras áreas de la economía del país también ha prevalecido: el propósito de centralizar la totalidad del poder y posibilitar la existencia de un modelo ideológico y político más allá de lo que las leyes permiten y de lo que los campesinos aceptaban. Por eso la agricultura chilena está quebrada. Por eso los campesinos se sienten traicionados. Por eso hemos presentado esta reforma constitucional, para dar seguridad al campesino, al pequeño agricultor, al hombre que hace su comercio, al que tiene su camión, porque creemos que por medio de estas disposiciones y sólo así se podrá restituir, aunque sea en proporción mínima, la confianza que permita hacer producir nuevamente a nuestro campo los alimentos que hoy día prácticamente faltan en todo el territorio nacional.
Dejaré hasta aquí mis observaciones, reservándonos el resto del tiempo.
Tiene la palabra el Honorable señor Acuña.
Esta reforma constitucional tiene por objeto establecer, por una parte, la obligación de los organismos agrarios del Estado de constituir asentamientos y asignar las tierras a los campesinos del área reformada dentro de un plazo perentorio que se establece para superar el proceso actual de larga tramitación en que no se entrega el dominio a los campesinos, como asimismo garantizar la inexpropiabilidad de los pequeños agricultores de Chile, frente a la aplicación, yo diría lamentable y desafortunada, de una reforma agraria que, en gran parte, por desgracia para el país más que para la Unidad Popular, se ha aplicado con orientación fundamentalmente partidista, sin respeto por las normas de la ley de Reforma Agraria ni por el compromiso asumido en el programa de la Unidad Popular, en cuanto a que en Chile se respetaría el derecho al trabajo de centenares de miles de pequeños y medianos agricultores que laboran en nuestra patria como trabajadores independientes.
De ahí que nosotros hayamos apoyado desde un comienzo esta reforma constitucional y contribuido con diversas ideas a su texto definitivo, con el fin de establecer categóricamente la garantía de la inexpropiabilidad, a fin de que se respete el derecho al trabajo del hombre independiente que vive en el campo.
El veto que hoy nos ocupa se ha planteado en momentos en que, por desgracia, como consecuencia de la aplicación torcida, sectaria y partidista de la ley de Reforma Agraria, y de todo el proceso de violencia, de tomas y de ocupaciones que han amenazado a gran parte del agro chileno, nuestra patria está viviendo la crisis más grave de toda su historia nacional. Las cifras de producción agropecuaria nos retrotraen al siglo pasado e implican que, contrariamente a lo prometido por este Gobierno, Chile se ha convertido en una nación mucho más dependiente del extranjero, mucho más supeditada a los intereses de otros países en sus relaciones comerciales, y, lo que es más grave todavía, ha caído a la lamentable situación de tener que vivir en estos momentos de dádivas y donaciones que nos envían de diversas partes del mundo. Toneladas de azúcar de Cuba, harina de Alemania, leche y trigo de Estados Unidos. Diversos países nos mandan donaciones, nos envían regalos para suplir el tremendo déficit de productos alimenticios que nos afecta y que repercute en forma gravísima en la economía, fundamentalmente en la de quienes se dijo que se iba a defender: los más pobres de nuestro país, los más modestos de nuestra patria, que, como es natural, sufren en forma más impactante las consecuencias de la grave crisis de alimentos que debemos soportar en la actualidad.
Ya en su discurso del 1º de mayo, el Presidente de la República nos recordaba que en 1972 nuestra patria había tenido que importar 445 millones de dólares en productos agropecuarios, y el mismo señor Allende nos anunciaba que, en, 1973, seguramente esa cifra aumentaría, estimándose que podía llegar a los 600 millones o 700 millones de dólares, cantidad que, sin duda, implica para el país deshacerse de casi la integridad de sus ingresos en moneda extranjera provenientes de nuestra principal exportación: el cobre.
¡Qué lamentable es este proceso, este espectáculo y el actual estado de Chile cuando recordamos la forma como han aumentado las importaciones!
En 1970, Chile gastó 178 millones de dólares en importar productos agropecuarios; en 1971, 314 millones; en 1972, 445 millones, y para 1973, pese a todos los cálculos optimistas que trazan en el aire quienes han tenido a su cargo la dirección de la política agropecuaria chilena, se calcula que deberemos importar productos por alrededor de 600 millones o 700 millones de dólares, salvo que nos decidamos a aumentar el déficit en el suministro de abastecimientos y, prácticamente, a establecer un drástico estado de emergencia en la entrega de los productos básicos a nuestra población.
Al comienzo de mi intervención decía que esta reforma constitucional tiende fundamentalmente a algo que es inherente a la dignidad de todo ser humano: a respetar el derecho del trabajador independiente. Así cómo en múltiples leyes hemos consagrado el respeto al personal dependiente, obrero o empleado privado, obrero o empleado público, así también queremos que el trabajador independiente de nuestra patria, ése que el programa de la Unidad Popular calificaba de pequeño o mediano productor que nada tenía que temer del Gobierno de la Unidad Popular, tenga derecho a trabajar y a percibir con su esfuerzo, que es de riesgos y de in certidumbres, un ingreso que le permita subsistir, muchas veces de manera más modesta que miles de personas que se jactan de ser revolucionarias y que obtienen ingresos millonarios, de alto poder adquisitivo, que no tienen comparación con los de aquéllos a quienes muchas veces hacen sus víctimas al despojarlos de pequeñas o medianas propiedades. En realidad, esta afirmación no carece de fundamentos. El país ha conocido centenares de casos de pequeñas o medianas propiedades que nunca debieron ser expropiadas. Sin embargo, bastó la toma auspiciada por elementos de Gobierno para que, acto seguido, en un plazo prudente, la Corporación de la Reforma Agraria acordara expropiar el predio, con el solo mérito de la toma o de la ocupación, pese a todas las declaraciones entregadas desde el año 1971 por el Presidente de la República en múltiples discursos en que ha analizado el tema, por Ministros y por funcionarios que han tenido a su cargo la dirección de la política de la Corporación de la Reforma Agraria.
Ante este veto, que implica la contradicción más categórica con lo que se prometió a Chile, y ante lo que en él se sostiene demagógicamente, en el sentido de que con el proyecto de reforma constitucional se está amparando el latifundio, quiero recordar, una vez más, lo que dice el programa de la Unidad Popular. Este libro verde que contiene el programa básico, hablaba de respeto a los pequeños y medianos agricultores, los cuales nada tenían que temar, expresiones que fueron ratificadas en una de las 40 medidas, la 24, en que se afirma lo siguiente: Profundizaremos la Reforma Agraria exterminando el latifundio que beneficiará también a medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos. Extenderemos el crédito agrario. Aseguraremos mercado para la totalidad de los productos agropecuarios.
En seguida, viene a mis manos la declaración de El Arrayán, cónclave, como otros, que recuerdo con pena por el proceso de contradicción y de engaño que implican para el pueblo de Chile. Dicha declaración fue comentada por uno de los hombres que con más brillo luce la Unidad Popular en todos sus foros, el DiputadoLuis Maira, quien, haciendo un análisis de los acuerdos de esa reunión, sostiene categóricamente lo siguiente:
Los aspectos positivos de la declaración de El Arrayán.
El análisis económico incluido en la Declaración de El Arrayán apunta con claridad al que ya se considera por los especialistas como el problema número uno de la experiencia chilena: la ausencia de una efectiva planificación económica centralizada. Más adelante dice: En el marco de esta nueva orientación se define la tarea central de los diferentes sectores: para el sector industrial la consolidación del área social de la economía; para el sector agrícola la liquidación definitiva del latifundio (equiparado con la propiedad de cabida superior a 80 hectáreas de riego básico de acuerdo a la tabla de equivalencia de la ley de Reforma Agraria) ; para el sector minero extractivo la consolidación de la organización productiva de las empresas nacionalizadas.
Ha sido superado.
Ustedes superan todos los días sus promesas y declaraciones y van frustrando a miles de chilenos.
¡El programa de la Unidad Popular está superado!
En la página 13 del comentario sobre la declaración de El Arrayán, refiriéndose a la política hacia los pequeños y medianos empresarios, se consigna lo siguiente: En las tareas que se anuncian, la dirección política de la Unidad Popular reconoce un lugar legítimo de permanencia y desarrollo a las amplias capas de pequeños y medianos empresarios. Se ha reiterado una y otra vez que el Programa no es contradictorio con los intereses del sector privado no monopólico, cuyas contradicciones efectivas se han dado históricamente y siguen dándose con las grandes empresas monopólicas de la producción y la distribución. Y en la parte relativa al agro, se expresa: Igual ocurre con los pequeños y medianos agricultores, sector que representa cerca del 40% de la población agraria del país. Para ellos, las líneas fundamentales de la política del Gobierno Popular se reiteran asegurando la inexpropiabilidad de sus predios.
¡Documentos y más documentos!
El 13 de febrero de 1971 la prensa publicó el discurso que por cadena nacional había entregado al país el Ministro del Interior, don José Tohá, quien expresó que los cambios se encauzarían en Chile por la vía democrática legal. En una de las partes más importantes de su discurso, se refirió al problema de la reforma agraria y dijo que ese proceso se llevaría a cabo ajustado a la ley vigente y de acuerdo a sus disposiciones. El Gobierno expropiará decía en esa ocasión el Ministro señor Tohá en breve plazo todos, absolutamente todos los fundos que excedan la cabida máxima de 80 hectáreas básicas. Más adelante, a propósito de las usurpaciones de tierras, señaló que la ocupación de un predio no va a significar que éste se expropie, si no es expropiable en conformidad a la ley. Y si es expropiable agregaba la expropiación se verá obligadamente retardada por la ocupación.
Esta condenación declamatoria de las tomas y ocupaciones, la ha repetido el Presidente de la República en cuanto discurso ha lanzado al país.
El 1º de mayo de 1971, durante la conmemoración del Día del Trabajo, la intervención del Primer Mandatario contenía un largo capítulo relativo al problema de la reforma agraria y de las ocupaciones. El señor Allende decía en esa ocasión que había que respetar la ley, que no podemos aceptar las ocupaciones indebidas, no podemos aceptar que se atropelle al propietario que tiene derecho frente a la ley. No podemos crear el caos en la producción. En seguida, añadía: No podemos apropiamos de tierras y dejarlas sin producir; el Gobierno tiene que responder y los trabajadores de la tierra tienen que respetar la determinación y la planificación del Gobierno.
El 12 de julio de 1972, condenando también las tomas, el Jefe del Estado exhortó a los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular a una disciplina revolucionaria, instándolos a que no pueden prestarse a participar en tomas de edificios, oficinas, caminos, casas o predios agrícolas. Y añadió: No puede aceptarse la interrupción del trabajo, ni realizar tareas políticas en las horas de labor.
El día 3 de abril de 1973 el Presidente de la República denunció en los términos más enérgicos otra escalada de tomas, señalando que ellas eran un sabotaje, un boicot al país lo que se pretendía llevar a cabo.
En suma, hay una frondosa literatura de declamaciones, promesas y engaños a la buena fe del pueblo chileno en todas estas exhortaciones, cuando se dice que se va a hacer algo que nunca se cumplió y que nunca se respetó.
Por eso, señor Presidente, Chile está viviendo hoy la trágica etapa que todos conocemos, en que, por ejemplo, su producción de trigo de la cosecha 1972-1973 ha llegado a la sombría cifra de prácticamente cuatro millones de quintales métricos de trigo, en circunstancias de que en 1970 ascendía a 13 millones. Esto es lo que está convirtiendo a Chile en un país mendicante que en este momento ni siquiera dispone de pan para su población. Y se da el caso paradójico de que los campesinos de las provincias agrarias del sur de Chile, los mismos que han sembrado y cosechado el trigo, la avena y el maíz, en la actualidad ni siquiera tengan la seguridad de que se les entregue el quintal de harina para elaborar el pan digno que se les prometió, lo que demuestra que se los engañó.
De ahí que esta reforma tenga una trascendencia extraordinaria y que sea inadmisible que se venga a plantear, con extremada impavidez, a propósito de ella, toda una estrategia demagógica, porque la demagogia no va a alimentar al pueblo chileno. Tampoco es lícito seguir montando campañas de mistificación diciendo que esta enmienda constitucional tiene por objeto defender al latifundio, este latifundo que, según se nos viene anunciando desde el año pasado, se terminó o se liquidó en Chile. Así lo expresaron el Presidente de la República y todos sus Ministros. Los días 12 y 13 de agosto del año pasado el Partido Comunista realizó un importante pleno para analizar el problema agrario. En esa ocasión, su jefe máximo, SenadorLuis Corvalán, anunció la extinción del latifundio y denunció que tenemos a la vista un montón de anormalidades que ocurrían en el campo, porque, según afirmó, la reforma agraria se había llevado adelante fundamentalmente desde las oficinas públicas.
Lamento profundamente no disponer del tiempo necesario para entregar mayores antecedentes respecto de la conveniencia de la reforma constitucional en debata. Sin embargo, quiero expresar que ella, cuyo veto vamos a rechazar, constituye una defensa ineludible del derecho a trabajar de centenares de miles de pequeños propietarios agrícolas y la esperanza, consolidación y estabilidad para miles de campesinos del área reformada que de una vez por todas desean tener la seguridad de laborar para entregar su esfuerzo al país y también para su progreso personal y el de su familia.
Por eso, los Senadores del Partido Izquierda Radical rechazaremos el veto. Sabemos que esta actitud, que da la posibilidad de llevar adelante esta reforma constitucional, responde al anhelo de una enorme cantidad de chilenos que con sus familias representan a varios millones de la población. Chile requiere de esta enmienda constitucional para superar, por lo menos en forma parcial, la tremenda crisis que vive y para que sus gobernantes pongan los pies en la tierra y no continúen implantando un esquema foráneo destinado a centralizar en manos del Estado las herramientas de trabajo de quienes también tienen derecho a la vida, al esfuerzo, al bienestar y al progreso.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
Su Señoría ocupó todo el tiempo correspondiente a su Comité.
Señores Senadores, a fin de que el debate se desarrolle en forma alternada y pese a no estar inscritos en los lugares siguientes, ofrezco la palabra a algunos Senadores de la Unidad Popular, si es que desean hablar ahora.
Mañana intervendremos.
A continuación, están inscritos los Senadores Ochagavía y Diez, del Partido Nacional.
Somos partidarios de alternar las opiniones en el debate; ya hablaron algunos Senadores contrarios al veto del Ejecutivo. A la Mesa únicamente le cabe seguir ofreciendo la palabra y, si nadie la usa, se cierra el debate y mañana nos limitamos a votar las observaciones.
¡No tienen nada que decir...! ¿Para qué van a hablar?
Voy a ofrecer la palabra y, si nadie interviene, levantaré la sesión. Mañana corresponde, votar las observaciones.
A la Mesa sólo le cabe ofrecer la palabra y, si nadie habla, poner en votación los vetos.
Sí los señores Senadores no usan de la palabra, se levantará la sesión, y mañana, según lo acordado, las observaciones se votarán a partir de las 11.45.
Señor Presidente, siga ofreciendo la palabra conforme al orden de inscripción.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
Si nadie quiere hablar, levantaré la sesión.
Ofrezco la palabra.
Entiendo que hay un orden de inscripción que se ha estado respetando.
Señor Presidente, en realidad estaba inscrito el Senador señor Rodríguez que en este momento se encuentra ausente de la Sala, pero con todo gusto recogemos algunas observaciones que se han hecho en la Sala.
En las intervenciones de los Honorables señores Moreno y Acuña, ha habido una especie de antología histórica sobre la ley de Reforma Agraria, y en ella se ha querido insertar los problemas inmediatos de la agricultura chilena, considerando que el proyecto vetado por el Ejecutivo es poco menos que la varita mágica que resolverá las cuestiones fundamentales que preocupan al país, desde los puntos de vista económico y político, en materia agrícola.
Sin embargo, creemos que lo fundamental consiste en tener presente lo que ha significado desatar un proceso de reforma agraria en Chile. La ley de Reforma Agraria, si bien correspondió a la iniciativa de la Administración pasada, contó con la participación activa, real y, diría yo, perfeccionadora, de los parlamentarios socialistas, comunistas y radicales, salvo...
Para eso están en el Congreso.
Pido al señor Hamilton que, si desea una interrupción, la solicite.
Muy amable, muchas gracias.
Sí, señor Senador. Pero la Mesa tiene la facultad así lo han solicitado representantes de su partido de ofrecer la palabra alternadamente a Senadores quo sostengan puntos de vista diversos.
Por eso, en este momento estoy ofreciendo la palabra a los Senadores inscritos de la Unidad Popular.
Ofrezco la palabra.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
Yo represento a una parte de ellos.
El señor Diez se arroga hoy día la representación del campesinado,...
De una parte de él, señor Senador.
o a una parte de ellos: seguramente, de aquellos campesinos que pertenecían a la Sociedad Nacional de Agricultura cuyo presidente hoy está acogido a asilo político.
¿Pero qué entendemos por masa campesina?
El problema lo dijo uno de los Senadores opositores en la Comisión radica concretamente en la decisión de los trabajadores del campo. Aquí se habla de la representación de sindicatos. Sin embargo, ¿cuál es la opinión sobre el proyecto de los comandos comunales campesinos?
¿Dónde está el proyecto para verlo?
El proyecto es de ustedes; aquí está.
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
Muy bien.
Pero con cargo a su tiempo.
El señor Moreno le dio una interrupción con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
Fue con cargo a nuestro tiempo.
Sí.
Pero no a mí.
Si usted desea que no lo interrumpan, no tiene importancia. Muchas gracias.
Yo se la estoy dando, pero con cargo a su tiempo.
No tenemos tiempo.
El Comité Demócrata Cristiano tiene reservado algún tiempo.
¿Cuántos minutos restan a mi Comité?
Tres, señor Senador.
Entonces, que ocupen ese tiempo.
No importa. ¡Alguna vez Su Señoría me pedirá una interrupción...!
El señor Senador lo hace mucho mejor bailando que en el Senado.
¡Encantado! Lo haré con cargo a mi tiempo en esa oportunidad. ¿Cuál es el pensamiento de los consejos provinciales campesinos, de los consejos comunales campesinos? ¿Es éste el pensamiento que representan en esta Corporación los Senadores Diez y Moreno?
Así es.
Nosotros creemos que el señor Diez, que conoce los consejos comunales campesinos y los consejos provinciales campesinos, no piensa...
¡Nosotros obtuvimos más votos que ustedes! ¡No lo olvide!
¡Ustedes lograron una votación de cuarta categoría! ¡Son un partido de cuarta clase!
Ruego a los señores Senadores no promover diálogos.
¿Quiénes votaron por el señor Moreno en O’Higgins y Colchagua?
Los campesinos.
A quienes usted engañó bastante aquí.
Los mismos campesinos que seguramente votaron por Radomiro Tomic en las elecciones presidenciales.
Exactamente, los mismos.
Los mismos campesinos que se sintieron traicionados con el asesinato de Hernán Mery.
Los mismos.
Los mismos campesinos que hoy día se sienten absolutamente traicionados...
Por la Unidad Popular,
No, por el contubernio permanente de quienes fueron activistas del campo y que ahora se confunden con los terratenientes en el mismo propósito de atajar la historia.
¿Pero cómo? ¿No terminó ya el latifundio?
Así lo han dicho ustedes.
Los Senadores Moreno y Hamilton se parecen a la pareja de Chip y Dale, no por lo ardilla, sino por otra cosa.
¡No interrumpa, Senador chiflota!
¡Está prohibido hablar en inglés...!
El señor Moreno ha formulado esas críticas al veto en un desesperado intento dé reafirmar la defensa de la propiedad individual.
Quisiera repetir las expresiones del Senador señor Aylwin, pronunciadas al discutirse la ley de Reforma Agraria en vigencia, oportunidad en que dijo:
Cuando presentamos el contraproyecto de reforma agraria, allá por 1961, dijimos que por propiedad comunitaria se entiende la que pertenece en común a los que la trabajan, de manera que entre todos ellos se forma una comunidad humana y económica.
Sin embargo, los mismos defensores de la propiedad comunitaria, ante el asombro de los propios Senadores del Partido Nacional, se negaron a incluir en la ley de Reforma Agraria la definición de propiedad comunitaria a que tendía una indicación formulada en Comisiones y posterior mente defendida en la Sala por el ex Senador señor Salomón Corbalán.
¿Me permite una breve interrupción, señor Senador?
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de una interrupción el señor Senador.
El señor LAVANDERO.-
Sólo deseo preguntar al colega señor Suárez cuál es el objeto de una reforma agraria. Indudablemente, sus finalidades son dos: distribuir mejor la tierra y producir más.
Honesta y limpiamente pregunto al señor Senador si él está satisfecho de la mañera en que se ha conducido el problema agrícola desde estos dos puntos de vista: si se ha producido más, y si los campesinos, los asentados, los pequeños propietarios están satisfechos con lo realizado. A este respecto, podría citar una cifra que bastaría para Contestar en parte la interrogante. Leeré sólo algunos datos, para no quitarle más tiempo al Honorable colega.
Tengo en mis manos un informe de ICI RA que señala que el sector reformado, en cuyo poder está el 36% de la tierra cultivable del país y que está fundamentalmente compuesto por los llamados CERA, asentamientos, comités, etcétera, aporta el 26% de la producción agrícola bruta; que la pequeña propiedad los minifundios constituida por sólo el 22% de la tierra cultivable, produce casi tanto como el sector reformado : 28% del total; y que, por su parte, la propiedad agrícola mediana y grande entre 20 y 80 hectáreas básicas, es decir el 42% de la superficie cultivable, produce el 43% del total.
Esto demuestra claramente que quienes tienen la propiedad de la tierra producen más. No estamos defendiendo a los latifundistas, máxime si, como muy bien lo sabe el señor Senador, pues así lo ha dicho, como lo ha expresado el Gobierno, se acabó el latifundio. Estamos defendiendo a los pequeños y medianos propietarios y la posibilidad de que el asentado sea dueño de la tierra que trabaja. Esto significará aumentar la producción, que es lo que interesa al país y a los campesinos.
Las cifras están a la vista. Incluso el sector minifundista produce casi más que el reformado, que posee el 36% de la tierra cultivable. Esto se debe a que ustedes no han dado a los asentados la seguridad del uso y goce de la tierra que trabajan.
Muchas gracias, Honorable colega.
¿Me permite una interrupción, señor Suárez?
Puede hacer uso de una interrupción la señora Senadora.
No conozco el informe de ICIRA que tiene en sus manos el Honorable señor Lavandero...
Puedo proporcionarle una copia, señora Senadora.
Se lo agradezco mucho, y ruego a un guardia que la vaya a buscar.
Digo que no conozco ese informe, pero, en todo caso, me parece que el análisis hecho por el señor Senador es superficial y, naturalmente, enfocado desde un punto de vista reaccionario.
Todas las reformas agrarias del mundo han significado, en los primeros años de aplicarse, una baja en la producción.
No todas, señora Senadora.
Tiene razón el señor Senador, porque la reforma agraria china no implicó disminución.
Me refería al caso de Chile, en que la producción aumentó...
No es así, y usted lo sabe, señor Senador. También leo los informes de ICIRA, y en uno de ellos he visto que en el valle del Choapa, por ejemplo, donde el señor Moreno sea esto dicho entre paréntesis fue repudiado a tambor batiente en la última elección complementaria.
No he sido candidato nunca por la zona.
La señora CARRERA.-
En todo caso, le tiraron piedras.
Digo que en el valle del Choápa, en el primer año de reforma agraria hubo efectivamente mayor producción; pero en el segundo y en el tercero hubo una baja sustancial.
Me está diciendo que sí el señor Senador.
Insisto en que en el primer año subió la producción pero que en los dos siguientes bajó, y esto lo sabe muy bien el señor Moreno.
Y a propósito de ICIRA, conviene recordar que muchos de sus informes no han podido llegar a conocimiento de los ávidos lectores, porque en los tiempos en que el señor Moreno estaba al mando de CORA se ordenó incinerar algunos de esos informes en los que se advertía el fracaso de la reforma agraria encabezada por nuestro actual colega.
En seguida, respecto del problema planteado por el señor Lavandero, debo señalar que, por un lado, la baja en la producción agrícola chilena se debe a la razón expuesta: que todo o casi todo proceso de reforma agraria implica al principio disminuir la producción. Además, hay otro problema que aquí no se ha tocado: gran cantidad de fundos expropiados no se han podido sembrar porque la justicia de clases de este país ha dictado medidas, precautorias que lo han impedido. Este es otro de los sistemas o políticas seguidos por esta justicia que, naturalmente, está en connivencia con el resto de la Reacción del país, y que procede en el campo tal como lo hace en las industrias. De los fundos expropiados de la provincia de Santiago, gran cantidad estaban sin sembrar hasta hace pocos meses, debido a la dictación de esas medidas precautorias, que constituyen otro factor bastante importante en la baja de la producción.
Además, aquí se ha dicho que no habría latifundistas. No estoy de acuerdo con ello.
¡Pero si lo declararon ustedes mismos!
Sí, creo que se dice en un informe, pero yo no estoy de acuerdo con esa opinión, como lo he sostenido aquí permanentemente.
En la reforma agraria que se aplicó durante el Gobierno Demócrata Cristiano la conversión de la tierra estaba hecha mañosamente. En efecto, un predio equivalente a 80 hectáreas de riego básicas, en la provincia de Cautín, por ejemplo, que representa el señor Lavandero, puede ser de tres mil o mil quinientas hectáreas de tierra ganadera. Un predio de esta naturaleza, lógicamente, es un latifundio, y no es de los que sólo sirven para alimentar a una familia o a unos pocos trabajadores.
Ruego a los señores Senadores no interrumpir.
Sí, es conveniente que el señor Senador no interrumpa, menos para referirse a lo que no conoce.
La tabla de conversión significa que presuntos medianos propietarios pasen a ser grandes latifundistas, que en muchas zonas tienen cantidades inauditas de tierra, en especial en las zonas montañosas, y en las regiones cordilleranas y limítrofes, de mucha importancia estratégica. Seguramente por allí los reaccionarios amigos de esos propietarios internan armas al país.
Además de estos problemas derivados de una errada tabla de conversión,...
Han terminado los cinco minutos de la, interrupción, señora Senadora.
Sólo dos palabras más y termino, señor Presidente.
Si bien no hay muchos grandes latifundistas en la zona central, hay ex latifundistas, que están también metidos en estas cosas.
Ha terminado su tiempo, señora Senadora.
¿Me permite formularle una pregunta, señor Suárez?
Quisiera continuar mi intervención.
El orador no desea ser interrumpido.
El señor SUAREZ.-
Respecto del problema, planteado por el Senador señor Lavandero, es efectivo que un proceso de reforma agraria constituye un cambio en la tenencia de la tierra y la generación de una nueva forma de poder a nivel del campo.
Desde luego, no sólo se busca una mejor distribución de la tierra, sino también una mayor producción. El señor Senador señaló algunos antecedentes que demostrarían lo contrario, o sea que la producción habría bajado. No tengo en estos instantes a mano ciertos datos que conozco y que contrarían fundamentalmente lo aseverado por el señor Lavandero, pero podría solicitar que se incorporen en la versión de mi discurso. Estos datos no emanan de organismos fiscales chilenos, sino que son proporcionados por la OEA. Con ellos se aclara que la baja en la producción agraria se debe a dos factores. En primer término, a los cambios reales habidos en las estructuras. No basta con dictar una ley de reforma agraria. Nada sacamos con tener esa ley si ella no se aplica, si no se profundiza, si no se masifica la reforma del agro. Durante la Administración del señor Frei se promulgó la ley de Reforma Agraria; pero nadie puede desconocer que el cambio cualitativo y profundo en el campo se ha realizado durante este Gobierno.
El otro factor que explica la baja de la producción y no lo decimos nosotros, ni nuestra prensa, ni los organismos fiscales, sino la OEA, fue el paro de octubre, que significó un gran daño no sólo para la producción agrícola, sino para toda nuestra actividad económica.
En la misma forma en que otros señores Senadores invocan ciertos antecedentes, nosotros exigimos que se tengan en consideración lo que aportamos.
Tráigalos.
No estoy consultando a los señores Senadores. He dicho que pediremos que se incluyan esos datos en la versión.
El documento que posteriormente se acuerda insertar a, petición del señor Senador, es el siguiente:
9. De acuerdo a las estimaciones provisionales oficiales, el PIB de Chile habría crecido un 3.5 por ciento durante 1972. Una estimación, provisional también, de esta Secretaría, registra un crecimiento algo menor, del 2.9 por ciento. El desglose por sectores señala un crecimiento bajo o caídas en aquéllos dedicados a la producción de bienes. El comportamiento del sector agropecuario (entre 0.8 y 1.5 por ciento) estuvo influido por la disminución ocurrida en la producción de trigo (12.6 por ciento), papas (12.3 por ciento), diversos productos agroindustriales y hortalizas. En el sector minero, el crecimiento correspondiente a la minería del cobre (1.6 por ciento), ha sido contrarrestado en parte por una fuerte caída en la producción de hierro (22.1 por ciento) y disminuciones en carbón y salitre. La producción industrial se mantuvo en 1972 a un nivel poco superior al alcanzado en 1971, en tanto se estima que no hubo crecimiento de la construcción en el último año.
10. La actividad económica se vio afectada en octubre de 1972 por una prolongada huelga en la que participaron principalmente el comercio y los servicios de transporte. Sus efectos indirectos se reflejaron en los problemas de embarque que tuvo la exportación de cobre, en el menor nivel de la actividad industrial en ese mes, en los inconvenientes en la distribución de insumos agrícolas necesarios para la época de siembra y las mermas provocadas en la recaudación fiscal.
11. La dificultad de crecimiento del sector agropecuario es uno de los principales problemas estructurales que han afectado el desarrollo chileno en los últimos cincuenta años. El proceso de reforma agraria encuentra justamente en este fenómeno una de sus mayores justificaciones. No era factible esperar sin embargo una aceleración en el corto plazo de las tasas de crecimiento de la producción para las tierras afectadas por la reforma. De todos modos si es previsible una baja de producción en el área reformada, el problema se plantea en término de los rangos de decrecimiento que el resto del sistema económico pueda absorber y durante qué plazo. Sin embargo, es importante notar que queda aún en Chile, una elevada proporción de tierras bajo el régimen de propiedad privada (66. por ciento) lo cual indicaría la presencia de otros factores (como las expectativas suscitadas por la aceleración de la reforma agraria) influyendo en la disminución observada en los niveles de productividad. Esta característica de la evolución agropecuaria reciente constituye un aspecto crítico de la situación económica del país dadas las metas de redistribución que se ha fijado el Gobierno y las consecuentes exigencias que la menor producción del sector plantea al sector externo de la economía. Sería conveniente por lo tanto que las políticas, para recuperar y superar los niveles de producción agropecuaria en el corto plazo incluyeran tanto la necesidad de avanzar efectivamente en materia de planificación del área reformada, elevando la eficacia y difusión de la asistencia técnica, como el diseño de estímulos y mecanismos de apoyo que orienten las expectativas y comportamiento del sector en general y de la extensa área de propiedad privada en particular.
Por último, deseamos reafirmar que el proyecto en que incide el veto del Ejecutivo veto que compartimos integralmente tiende a traicionar la reforma agraria.
Es cierto que ha desaparecido el latifundio, pero no han desaparecido los terratenientes.
¿Qué pasó en El Teniente?
Estoy hablando de los terratenientes, señor Senador. Parece que la intervención del señor Acuña lo dejó sordo.
¿Y cómo puede haber terratenientes sin latifundio?
Hubo un campesino asesinado en el fundo Los Cristales, de Curicó, cuando el señor Hamilton era Subsecretario del Interior, donde los campesinos por primera vez en Chile fundaron un asentamiento,...
Ese fundo era de un socialista, que estafó a los campesinos.
Ese campesino, de apellido Cereceda, asesinado por la represión cuando el señor Hamilton era Subsecretario del Interior, hoy está presente, tal como lo están Hernán Mery, todas las organizaciones campesinas, los pequeños agricultores organizados y las comunidades y reducciones mapuches. Son esas fuerzas las que lograrán en definitiva la liberación del campo. Que no se venga aquí mediante interrupciones y pullas a tratar de desvirtuar la historia. La historia avanzará con esta iniciativa o sin ella. Tenemos la certeza de que, aparte algunas bravuconadas, lo fundamental es el proceso que se ha desatado en el campo por el impulso, por la organización, por la fuerza de los propios campesinos.
¡Que están en contra de ustedes, porque los engañaron: les prometieron la tierra y ahora se la quieren quitar!
El señor SUAREZ.-
Estamos acostumbrados al espectáculo que da el Senador
Hamilton de creerse poco menos que una verdadera chiflota que sale cuando menos se espera.
Decía que hay una inspiración de tipo doctrinal respecto de la reforma agraria, porque el argumento central del Senador señor Moreno radica en que esa ley señala la asignación de la propiedad, pero Su Señoría se queda en el término propiedad y no lo enriquece con los conceptos que usaba la Democracia Cristiana en este mismo Parlamento. Pongo un ejemplo. El concepto de propiedad comunitaria no estaba limitado exclusivamente a la noción de asentamiento, que la ley define sólo como un proceso, una etapa. Y el Senador Moreno así lo dijo también en la Comisión ha venido a hacer un alegato respecto del término destino consignado en el veto, en cuanto a que estaría implicando mala fe de parte del Ejecutivo, porque se reservaría el derecho a no cumplir con las asignaciones, en circunstancias de que hoy día la propia ley de Reforma Agraria denomina uno de sus títulos con el término destino, y habla de asignación y destino. De manera que la acotación sobre el término antedicho carece de toda validez.
La ley de Reforma Agraria nació en correspondencia con una necesidad e inspiración doctrinal monopolizada no sólo por los partidos marxistas, sino también polla Democracia Cristiana que la impulsó, pese a los reclamos y a las molestias de la Reacción.
¿Qué ocurre ahora? Que mediante este proyecto de reforma constitucional se trata de traicionar, utilizando el término empleado por el Senador señor Moreno, a los campesinos. Porque ¿quién representa a los campesinos?
Quedan cuatro minutos al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Pido la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
Nosotros vamos a votar en contra de la observación del Ejecutivo
¡No...! ¡Qué raro...!
No es raro, porque estamos en contra de este Gobierno.
Decía que rechazaremos el veto, basados en una serie de consideraciones que quiero dar a conocer al Senado con la mayor seriedad posible.
En primer lugar, el veto contraría las ideas fundamentales del proyecto de reforma constitucional que aprobó el Congreso Pleno.
Propiedad de la tierra para los campesinos
¿Cuáles fueron esas ideas fundamentales? La primera de todas consistía en asegurar al campesino que la ley de Reforma Agraria lo transformaría en propietario de la tierra que trabaja. En efecto, la iniciativa aprobada por el Congreso deja a los campesinos en condiciones de optar por la propiedad individual, por la propiedad cooperativa o por la copropiedad, de manera que ellos, voluntariamente, como corresponde en un país democrático, puedan optar por la clase de propiedad que deseen, y obliga al Estado a transferirles los predios que adquiera para los fines de la reforma agraria.
¿Cuál es la idea del veto sustitutivo enviado por el Gobierno? En primer término, la de ampliar el plazo de dos años consignado en el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso, prácticamente a los cinco años vigentes en la actual ley de Reforma Agraria.
En segundo lugar, usa una terminología que evidentemente ha de permitir mañana a cualquier maestro de los resquicios legales sostener que aquí no se habla de propiedad, porque precisamente se trata de reemplazar, en el proyecto del Congreso, los conceptos de dominio individual de la propiedad: o en dominio exclusivo a cooperativas campesinas o de reforma agraria, o en copropiedad a campesinos o a cooperativas campesinas o de reforma agraria, por la expresión serán asignados o destinados definitivamente.
De modo que en esto se puede usar un resquicio legal para decir que el cambio del concepto de propiedad por el de asignación o destino no es una modificación formal, porque el de propiedad es un concepto definido en nuestro derecho y tiene alcances absolutamente precisos.
Y no bastándole con posibilitar ese resquicio, en seguida el Ejecutivo coloca en el mismo veto la excepción al señalar que No obstante, tratándose de unidades productivas de importancia preeminente para el desarrollo de la agricultura, de la economía o de la seguridad nacional, por su incidencia en el comercio exterior, por requerir una fuerte concentración de capitales o utilización de tecnología avanzada, su vinculación con la producción agro-industrial, su significativa aptitud forestal, sus condiciones ecológicas o sus características geopolíticas, es decir, toda la tierra chilena, todo el agro de nuestro país cabe dentro de la excepción que el Gobierno de la Unidad Popular se reserva para no hacer propietarios a los campesinos. Esta es la primera razón por la cual nos pronunciaremos en contra del veto.
Y aunque le parezca extraño al señor Suárez, esta propiedad individual es querida por la gran mayoría de los campesinos, por lo menos de mi zona, que yo conozco.
No me gusta generalizar, porque al hacerlo se puede caer en el error. Pero quiero que no le quepa duda al señor Senador de que la mayoría de los campesinos que represento en esta Corporación, hayan ellos votado por el Senador que habla, por los parlamentarios de la Democracia Cristiana o por los candidatos de la Unidad Popular, son partidarios de la propiedad de la tierra. Bástele recordar y lamento no tenerla a mano la propaganda que la Unidad Popular repartió en los campos, en que se decía que no había que votar por los momios y que había que hacerlo por los comunistas para que les den la propiedad de la tierra a los campesinos.
¿Dónde fue eso?
En la zona central.
De manera que este reconocimiento de la voluntad real de los campesinos se tradujo incluso en la propaganda de la Unidad Popular, que así trató de ganárselos para sus candidatos.
Durante la campaña nosotros nos encontramos muchas veces con gente que manifestaba su deseo de votar por la Unidad Popular porque ésta les había asegurado que ellos iban a ser los propietarios de la tierra.
Este veto, no en su parte expositiva, sino en la dispositiva, permite al Gobierno, a su entera voluntad, convertir o no convertir en propietarios a los campesinos.
El proyecto del Congreso da seguridad a los campesinos de que la tierra será para ellos. Nosotros preferimos el texto del Parlamento, porque la propiedad tiene para el campesino chileno una significación distinta de lo que nosotros podríamos llamar el sentido clásico de la propiedad. Para el campesino chileno, la propiedad significa fundamentalmente la seguridad; la seguridad de la permanencia en la tierra, la seguridad de su inversión; esa seguridad primitiva y verdadera de saber que el árbol que se plantó, va a dar frutos para quien lo plantó o para sus hijos, o que su mujer, en caso de enviudar no podrá ser expulsada del asentamiento o del dominio colectivo. La propiedad individual no significa hoy para nuestros campesinos el deseo de trabajar individualmente la tierra, sino, fundamentalmente, la seguridad mínima de poder trabajar tranquilos.
Por eso, no es incompatible el trabajo en común con la propiedad individual, y es perfectamente posible que una vez cumplida la reforma constitucional no nos encontremos con cientos de miles de minifundios, sino con algunos miles de cooperativas en las que los campesinos se asocien para explotar los predios, pero con libertad, eligiendo ellos sus asociados y no imponiéndoselos el Estado, como sucede en los asentamientos; pudiendo cambiarse de cooperativa para que sea verdad aquello de que cada uno es dueño, de la tierra que trabaja, y no suceda que haya gente la que, por desgracia, aumenta día a día que, sin ganarlo, reciba salario de subsistencia de la CORA, mientras otros laboran por el triple o el cuádruple del salario de subsistencia que reciben.
Nuestros campesinos quieren la propiedad, por la seguridad y la justicia, la justicia que importa que cada uno reciba según su esfuerzo, su tesón y sus propios valores y virtudes.
Por eso, prefiero el proyecto del Congreso.
Incorporación a los predios de trabajadores ajenos.
Otra razón por la cual estamos contra el predicamento del Ejecutivo en esta primera parte del veto, es la de que dispone que se podrá incorporar a la propiedad de la tierra, en calidad de asignatarios, a personas a las que no se exija el requisito de ser trabajadores permanentes del predio en el momento de la toma de posesión material.
Prefiero el criterio del Congreso porque también otorga seguridad al campesino al estatuir que se podrán admitir en el predio otras familias siempre que las acepte la mayoría de quienes laboran en él.
Conocemos a los campesinos de Chile y sabemos que, si el predio admite la cabida de otra familia, ellos tendrán la generosidad suficiente para consentir en su ingreso, para que así la propiedad de uno no impida ejercer a otro el derecho a ser propietario.
Pero el criterio del Gobierno puede conducir a abusos tan grandes como los que se ha pretendido cometer. Me refiero de nuevo a la zona que represento, que es la que más conozco. En el departamento de Loncomilla, cerca de San Javier, cuando se expropió la Viña La Obra, el Gobernador ofreció llevar a ese predio a cierta cantidad de cesantes que inscribió en la Gobernación, en circunstancias de que ya vivían allí 102 familias y existía, sin duda, un problema de exceso de mano de obra y no de falta de ella.
Por eso me quedo con el predicamento del Congreso, porque da al campesino la certeza de que no se impedirá el ejercicio de su derecho de propiedad incorporando al predio a individuos que no pertenecen al mismo y que tienen otros hábitos, otra forma de vivir; y porque sé que, en los casos en que la índole del predio admita a otras familias conozco la generosidad del hombre de la tierra, no se les negará su ingreso.
Inexpropiabilidad de las pequeñas propiedades.
También rechazaremos el veto en lo relativo a la pequeña propiedad agrícola, pues ¿qué nos dice al respecto el Gobierno? En un solo veto sustitutivo, expresa que los predios rústicos que tengan una cabida igual o inferior a 40 hectáreas básicas no podrán ser expropiados para los fines de reforma agraria, pero se guarda nuevamente el gran resquicio que esta inexpropiabilidad no rige cuando los predios sean ofrecidos por sus propietarios bien sabemos de la voluntariedad, entre comillas, que existe para entregar ciertas cosas al Estado o cuando se encuentren manifiestamente abandonados.
Y para que no quepan dudas de cuál es el criterio que sobre el particular tiene el Ejecutivo y para que nadie toque las campanas a escándalo, basta leer el Diario Oficial del día de ayer para darnos cuenta de que se han expropiado una gran cantidad de propiedades menores de 80 y de 40 hectáreas básicas. Es decir, no existe concordancia entre lo que hace hoy el Gobierno y lo que manifiesta en su exposición de motivos.
En consecuencia, otra vez preferimos el criterio del Congreso, a fin de construir la seguridad para nuestra gente del campo, seguridad indispensable para la inversión, para trabajar y para levantar nuestra agricultura.
Puede que, amparadas en el predicamento del Parlamento, queden transitoria, mente pequeñas propiedades mal explotadas, pero preferimos correr ese riesgo, que es mínimo económicamente, y transitorio, repito, a la gran inseguridad y enorme riesgo a que se verían enfrentados los pequeños agricultores chilenos de subsistir el serio resquicio que el Gobierno puede aprovechar para dejar sin cumplir la garantía de inexpropiabilidad.
Tampoco aceptamos la excepción del Gobierno de no aplicar la garantía de inexpropiabilidad en áreas de ñadi o de riego según la ley, básicamente porque la declaración de zona de ñadi o de riego corresponde a la Administración, y mañana puede alguien aparecer diciendo que, como la ley se puede interpretar para hacer cosas distintas de las que quiso el legislador, se puede declarar todo el territorio nacional área de ñadi o de riego, precisamente para dejar sin efecto la inexpropiabilidad que se trata de asegurar para la gente de nuestra tierra.
Libertad de trabajo en abastecimiento y transporte.
Rechazaremos también el veto del Ejecutivo en cuanto suprime la garantía constitucional establecida en el proyecto aprobado por el Congreso Pleno, que tiende fundamentalmente a restablecer en el país la libertad de trabajo y de igualdad ante la ley, al disponer que el Estado debe velar por el libre abastecimiento y libre transporte de todos los bienes necesarios para el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades comerciales en forma, de permitir el acceso no condicionado a las fuentes de producción o de distribución. Esto, el restablecimiento de la garantía de igualdad ante la ley, lo veta el Ejecutivo ¡en la segunda mitad del siglo XX! Es cierto que muchas veces no se ha cumplido. Pero el hombre debe caminar hacia la construcción de una sociedad más justa, sin destruir lo que ayer él mismo construyó.
Por eso, creemos que el Ejecutivo, al vetar la norma que establece el acceso no condicionado a las fuentes de producción o de distribución, reconoce indiscutiblemente que desea la existencia en el país de clases privilegiadas con respecto a la producción o a la distribución de los bienes.
Se queja el Gobierno de que la nueva garantía incorporada mediante el proyecto que ratificó el Congreso Pleno impide el funcionamiento del Estado, pero no es así: no imposibilita Su funcionamiento.
Dice el precepto que aprobó el Parlamento: Sólo en virtud de una ley podrán establecerse normas que regulen el ejercicio de esta garantía, como asimismo autorizar al Estado o a los organismos o entidades que de él dependan a intervenir en la adquisición y transporte de bienes... Y agrega: Sin autorización de ley, el control de transporte de mercaderías no podrá significar la reserva de la comercialización o el transporte de determinados productos al Estado, a los organismos o entidades que de él dependan o en los que éstos tengan participación o control.
A mi juicio, lo que molesta al Ejecutivo es que la Constitución le impida reservar al Estado sin mediación de ley la comercialización o el transporte de determinados productos. Con ley puede hacerlo; sin ella, no. Y es lógico que así sea, porque si bien es cierto que, por las necesidades que imponen los tiempos actuales y en la medida en que aumenta la población, las funciones del Estado van creciendo, no lo es menos que también aumenta la influencia de la misma población que nosotros representamos debidamente. Y, en consecuencia, es necesario que el Ejecutivo, que desea imponer nuevas restricciones a las libertades individuales, venga al Congreso Nacional, representante genuino de la ciudadanía hoy con título más fresco que el del Gobierno, a consultar si aquélla acepta o no esas restricciones.
Por eso, rechazaremos el veto del Ejecutivo que tiende a establecer, contrario sensu, la discriminación como norma general de vigencia en nuestro país.
Seguridad y confianza para el trabajo y la inversión en el agro.
También vamos a votar en contra de la observación tendiente a suprimir el artículo transitorio. El Gobierno nos dice que esa norma significa producir una verdadera revolución en el campo, porque dejaría sin efecto las expropiaciones de los latifundios. No es así.
La inexpropiabilidad establecida en el Nº 10 del artículo 10 de la Constitución regirá a contar del 15 de junio de 1972. Se aplica exclusivamente a los predios inferiores a 40 hectáreas de riego básicas, a los pequeños propietarios a quienes el Gobierno tantas veces ha prometido respeto, garantía, protección y ayuda.
Aunque se den todo tipo de datos estadísticos, es un hecho público y notorio tan evidente, que no necesita pruebas; porque se podrían traer inclusive declaraciones de personeros o de funcionarios de la Unidad Popular que la agricultura chilena está en crisis. A menudo los campos se ven abandonados. En muchas tierras de riego del valle central, desde hace años, no se limpian los canales ni se mejoran las bocatomas; la zarzamora recubre lo que muchas veces e] trabajo del hombre transformó en tierra útil. Y vemos cómo la producción agrícola en todos los rubros decae por la situación actual de la agricultura.
No creemos que todo resida en la propiedad o en la garantía de posesión de la tierra. Pero nos parece que si devolvemos a nuestra gente del campo la confianza, la seguridad, la tranquilidad para su trabajo e inversiones, habremos dado un paso adelante trascendental para reconstruir la agricultura, mejorar la alimentación y, sin duda alguna, influir decisivamente en la recuperación económica general del país.
Se pueden tomar medidas económicas para mejorar con cierta rapidez muchos rubros de la producción. Pero es indudable que, desde hace tiempo, la agricultura necesita más tiempo, más inversiones, por el mismo ciclo vital con que produce. Y, debido a ello, es necesario hoy día, más que nunca, dar seguridades para realizar dicha actividad.
Por eso, también rechazaremos el veto del Ejecutivo atinente a las expropiaciones a puerta cerrada. Y procederemos así no sólo por no confiar en la tasación que se hará de los bienes, causando injusticias, sino, además, porque sabemos que la demora en los pagos, con la inflación que sufre el país aunque la tasación inicial sea equitativa, implicará cometer un despojo y una injusticia.
Y no olvidemos debemos decirlo con mucha franqueza que los afectados por las expropiaciones son personas que, en la mayoría de los casos, tienen vocación por el trabajo de la tierra y cuyo único capital es el fundo, las mejoras o los bienes incorporados a él, por lo cual, si se las priva de esto, se las deja sin medios para subsistir ellas y sus familiares.
Sobre el particular, recuerdo que el actual Presidente de la República, señor Allende, dijo: No hay necesidad de hacer una reforma agraria deshumanizada cuando, con motivo de una inepcia, cayó muerto Jorge Barahona mientras se intentaba tomar posesión de la casa en que habitó durante toda su vida.
Sin embargo, ese veto, por la forma como está redactado, trae la inhumanidad, además de envolver injusticia y provocar inseguridad en los campesinos. Por este motivo, también lo rechazaremos.
Concedo una interrupción al Honorable señor García.
Señor Presidente, quería confirmar las palabras del Honorable señor Diez cuando expresaba que la Unidad Popular y su Gobierno habían reiterado muchas veces su propósito de respetar a los propietarios agrícolas que no tuvieran más de 40 hectáreas de riego básicas.
El Presidente de la República, desde el 21 de mayo último hasta el día en que envió las observaciones en estudio, ha cambiado totalmente de parecer. Porque el Mensaje último dice lo siguiente: El cumplimiento del Programa de Gobierno exige el término rápido del proceso de constitución del Área de Propiedad Social de la economía. Y agrega: Por ejemplo, en la agricultura elaborar una nueva ley de Reforma Agraria, que debe ser producto de una amplia discusión de los propios campesinos que, asegure no sólo la inexpropiabilidad de todo predio menor de 40 hectáreas básicas no sólo eso; no se contenta simplemente con la inexpropiabilidad que ha aprobado el Congreso. Quiere más sino que, sobre todo, garantice condiciones mínimas para la reorganización del sector.
En otras palabras, el Primer Mandatario fue, por decirlo así, el autor mental de la disposición pertinente, porque quiso la inexpropiabilidad de los predios de menos de 40 hectáreas de riego básicas.
Ahora no sé qué poderes hay por sobre el presidencial; ignoro qué novedades tenemos. Porque el Jefe del Estado ha cambiado totalmente de parecer, y ya no desea que los predios de esa cabida sean inexpropiables.
Por último, se ha debatido mucho si el Gobierno sostuvo o no que se había terminado el latifundio. Debo señalar que el propio Mensaje del 21 de mayo último contiene un verdadero leit motiv. En la página XII dice: En el curso del último año ha sido expropiada prácticamente la casi totalidad de los fundos de más de, 80 hectáreas de riego básico,... En la página XIV señala: Desplazada la clase dominante de los latifundios,... Y en la XVII sostiene: Tienen responsabilidad los que desfinancian los proyectos del Ejecutivo; los que incitan a paros sediciosos; los que ayer fueron monopolistas, latifundistas... De modo que, según lo expresa reiteradamente, para el Primer Mandatario ha desaparecido el latifundio.
Yo aconsejaría a los señores congresales de la Unidad Popular, especialmente a los Senadores, leer esos pasajes del Mensaje.
Sólo yo sostengo que no ha terminado el latifundio en Chile. Todos los demás están de acuerdo en que terminó.
De todas maneras, considero útil que lean el Mensaje.
Puede continuar sus observaciones el Honorable señor Diez.
Reservamos para la sesión de mañana el tiempo que nos resta.
Son cuatro minutos, señor Senador.
Ofrezco la palabra.
Pido la palabra.
Tiene la palabra Su Señoría, dentro de los tres minutos que quedan al Comité Demócrata Cristiano.
Merma en la producción agrícola.
Sólo deseo contestar algunas observaciones, no de la Senadora señora Carrera, que es muy versada en materias agrícolas, sino del Senador señor Suárez, quien al parecer no lo es tanto, porque la señora Senadora también discrepa de sus opiniones. No espero que ambos se pongan de acuerdo; porque la señora Carrera sostiene que la producción ha disminuido a raíz de la aplicación de la reforma agraria, y el señor Senador, que la producción ha aumentado.
No he dicho eso.
Tengo aquí algunos cuadros estadísticos que indican caramente que en los últimos tiempos la merma de la producción ha sido evidente y notoria.
En cuanto al trigo, se indica que en 1970 se produjeron 13 millones 680 mil quintales; en 1971, 11 millones 951 mil, y que para 1972 y 1973 se espera una producción de 8 millones 272 mil quintales.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Son datos provenientes de ICIRA.
Lo mismo podríamos decir con relación a la remolacha y a las papas. En 1970 se produjeron 8 millones de toneladas de papas, la producción disminuyó a 7 millones en el período 19711972, y se estima que llegará a 6 millones en el período 19721973.
En segundo lugar, cuando la Senadora señora Carrera, alegremente, culpa al paro de octubre de la falta de producción agropecuaria, le puedo señalar lo que manifestaron el Gerente de SOQUIMICH, don Ignacio Pérez Salgado, y el Secretario General de esa Sociedad, señor Eduardo Cavallero, quienes no atribuyen la carencia de elementos como salitre, abones y semillas, al paro de octubre. Concretamente, con relación al salitre, expresan:
En cuanto a las causas que han impedido al sector agrícola utilizar salitre en sus siembras, con fecha 28 de marzo del año en curso, en nuestra Nota Salitre 88/73 comunicamos al señor Ministro de Agricultura lo siguiente:
Los problemas que han sido presentados en forma reiterada a la Oficina de Planificación Agrícola y que se debieran superar, son básicamente dos: la congestión de puertos y el transporte terrestre.
Con relación a los puertos, se refieren a la ineficiencia y a la ocupación por parte de ECA de los puertos de Talcahuano y otros; y, en lo relativo al transporte terrestre, dicen textualmente: Respecto a las dificultades para obtener equipos ferroviarios que permitan movilizar el salitre a los centros de consumo, debemos reconocer que nos sentimos derrotados ante los infructuosos requerimientos que hemos hecho a la Empresa para que nos proporcione el equipo necesario que estimamos del orden de 1.800 toneladas diarias de transporte desde los tres puertos que hemos mencionado anteriormente.
¿De qué año son esos antecedentes?
Me los proporcionaron hace seis días, señor Senador.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra.
Restan cuatro minutos al Partido Socialista.
Nos reservamos ese tiempo para mañana, señor Presidente.
Ofrezco la palabra:
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
- Se levantó a las 21.40.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción