Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- ORDEN DEL DIA.
- MODIFICACION DE LOS NUMEROS 10° Y 16° DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCION.POLITICA. VETO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Ernesto Segundo Araneda Briones
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Fernando Ochagavia Valdes
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Julio Ernesto Von Muhlenbrock Lira
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Foncea Aedo
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Alberto Jorge Jerez Horta
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Aniceto Rodriguez Arenas
- INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Julio Ernesto Von Muhlenbrock Lira
- INTERVENCIÓN : Fernando Ochagavia Valdes
- INTERVENCIÓN : Ernesto Segundo Araneda Briones
- INTERVENCIÓN : Alberto Jorge Jerez Horta
- INTERVENCIÓN : Luis Corvalan Lepe
- INTERVENCIÓN : Sergio Onofre Jarpa Reyes
- INTERVENCIÓN : Fernando Ochagavia Valdes
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Francisco Bulnes Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Americo Arturo Acuna Rosas
- INTERVENCIÓN : Julio Ernesto Von Muhlenbrock Lira
- INTERVENCIÓN : Ramon Augusto Silva Ulloa
- INTERVENCIÓN : Julieta Campusano Chavez
- INTERVENCIÓN : Ernesto Segundo Araneda Briones
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Luis Corvalan Lepe
- INTERVENCIÓN : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Americo Arturo Acuna Rosas
- INTERVENCIÓN : Aniceto Rodriguez Arenas
- INTERVENCIÓN : Fernando Ochagavia Valdes
- INTERVENCIÓN : Alberto Jorge Jerez Horta
- INTERVENCIÓN : Luis Corvalan Lepe
- INTERVENCIÓN : Luis Papic Ramos
- INTERVENCIÓN : Sergio Onofre Jarpa Reyes
- INTERVENCIÓN : Alvaro Erick Schnake Silva
- INTERVENCIÓN : Americo Arturo Acuna Rosas
- MODIFICACION DE LOS NUMEROS 10° Y 16° DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCION.POLITICA. VETO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 318ª, ORDINARIA.
Sesión 45ª, en miércoles 18 de julio de 1973.
Especial.
(De 11.30 a 15.33)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI MONTALVA, PRESIDENTE; HUMBERTO AGUIRRE DOOLAN, VICEPRESIDENTE, Y
ALEJANDRO NOEMI HUERTA, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica
I.- ASISTENCIA 1550
II.- APERTURA DE LA SESION 1550
III.- ORDEN DEL DIA:
Observaciones, en primer trámite, al proyecto de reforma constitucional que modifica los Nºs. 10º y 16º del artículo 10 de la Carta
Fundamental (quedan despachadas) 1550
VERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Acuña Rosas, AméricoAguilera Báez, LuisAguirre Doolan, HumbertoAltamirano Orrego, CarlosAraneda Briones, ErnestoAylwin Azocar, PatricioBallesteros Reyes, EugenioBossay Leiva, LuisBulnes Sanfuentes, FranciscoCampusano Chávez, JulietaCarmona Peralta, Juan de Dios
Carrera Villavicencio, María ElenaContreras Tapia, VíctorCorvalán Lépez, LuisDiez Urzúa, SergioFoncea Aedo, JoséFrei Montalva, EduardoGarcía Garzena, VíctorGodoy Gómez, LuisHamilton Depassier, JuanIrureta Aburto, NarcisoJarpa Reyes, Sergio OnofreJerez Horta, AlbertoLavandero Illanes, JorgeLorca Valencia, AlfredoMiranda Ramírez, HugoMontes Moraga, JorgeMoreno Rojas, RafaelMusalem Saffie, JoséNoemi Huerta, AlejandroOchagavía Valdés, FernandoOlguín Zapata, OsvaldoPapic Ramos, LuisPrado Casas, BenjamínRodríguez Arenas, AnicetoSchnake Silva, ErichSepúlveda Acuña, AdonisSilva Ulloa, RamónSuárez Bastidas, JaimeSule Candia, AnselmoTeitelbóim Volosky, VolodiaToro Herrera, AlejandroValente Rossi, LuisValenzuela Sáez, RicardoVon Mühlenbrock Lira, Julio, y
Zaldívar Larraín, Andrés.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamata.
II.-APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 11.31, en presencia de 12 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-ORDEN DEL DIA.
MODIFICACION DE LOS NUMEROS 10° Y 16° DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCION.POLITICA. VETO.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Corresponde continuar tratando las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, recaídas en el proyecto que modifica los números 10? y 16° del artículo 10 de la Carta Fundamental, informadas por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Agricultura y Colonización.
Los antecedentes so ore el proyectó figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma Constitucional (moción de los señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic):
En primer trámite, sesión 17ª, en 20 de junio de 1972.
Observaciones, en primer trámite, sesión 37ª, en 12 de julio de 1973.
Informes de Comisión:
Legislación, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972. Legislación (segunda), sesión 31, en 7 de noviembre de 1972.
Legislación y Agricultura (unidas), sesión 44ª, en 29 de noviembre de
1972.
Legislación y Agricultura (unidas), sesión 41ª, en 17 de julio de 1973.
Discusión:
Sesiones 97ª, en 14 de septiembre de 1972; 99ª, en 15 cíe septiembre de 1972 (se aprueba en general); 32ª, en 8 de noviembre de 1972; 33ª, en 8 de noviembre de 1972; 34ª, en 14 de noviembre de 1972; 45ª, en 29 de noviembre de 1972, y 46ª, en 30 cíe noviembre de 1972 (se aprueba en particular); Sesión del Congreso Pleno, en 11 de junio de 1973; 43ª, en 17 de julio de 1973, y 44ª, en 18 de julio de 1973.
En la sesión anterior quedó con el uso de la palabra la Honorable señora Carrera.
Puede continuar Su Señoría.
Señor Presidente, ¿por qué no pide el acuerdo de la Sala para insertar en la versión el resto del discurso del Honorable señor Araneda? Hay número para ello.
Es justo lo que dice el señor Senador.
Nunca se ha aceptado eso.
Puede incluirse el resto de mi intervención en la versión correspondiente.
Señor Senador, existe un acuerdo de Comités en el sentido de que no se puede insertar un texto cuyo contenido se desconoce.
No es un documento.
Es un documento.
¿Puede aclarar de qué se trata, señor Senador?
El documento que en la sesión anterior pedí insertar es una declaración de las Confederaciones Nacionales de Campesinos.
Solicito el acuerdo de la Sala para hacer la inserción solicitada por el Honorable señor Araneda.
No hay acuerdo.
Puede continuar la señora Senadora.
Problema de fondo del proyecto de reforma constitucional.
La señora CARRERA.-
Señor Presidente, el Partido Socialista tiene un problema de fondo respecto de esta reforma constitucional.
Nuestra colectividad política no acepta que se intente cogobernar al país por medio de enmiendas de nuestra Carta Fundamental, lesionando en esta forma el sistema presidencial que nos rige, consagrado por la Constitución de 1925 y reforzado por la reforma constitucional que presentó el Gobierno democratacristiano y que aprobaron por unanimidad los representantes de su partido.
Críticas a la política y reforma agrarias democratacristianas.
Además, tenemos grandes críticas a la reforma agraria democratacristiana y a la política agraria de esa colectividad.
En primer lugar, era una política encaminada a la modernización del campo a costa de altos créditos para los terratenientes y con una reforma agraria tendiente a formar una capa intermedia campesina que se encargara de sofocar la creciente inquietud de los trabajadores agrícolas. Por ejemplo, como tuve oportunidad de denunciarlo en esa época, en 1969 se destinaba al sector campesino, a la gente que trabajaba la tierra, el 30% del crédito general del país. Pues bien, el 87%, de ese crédito se otorgaba a los latifundistas y el 13% era prestado por CORA o INDAP. Este ejemplo demuestra en forma muy clara para nosotros cuál era la política agraria de la Democracia Cristiana: en el fondo, un reforzamiento del latifundio, al que se otorgaba una gran cantidad de crédito, en tanto que sólo una pequeñísima parte de él se concedía a los verdaderos campesinos.
Por otra parte, la reforma agraria de la Democracia Cristiana, que actualmente debemos usar, tenía numerosos defectos. Por ejemplo, sólo permite expropiar el casco; no animales, maquinarias ni herramientas. Además, sólo podían ser asentados los trabajadores que hubieran estado más de tres años en el predio, lo que produjo, durante todo el proceso llevado a cabo por la Democracia Cristiana, una gran cesantía, pues había predios se formularon muchas denuncias al respecto, y algunas las hice yo donde había sólo quince obreros permanentes, pero también laboraban en él personas que no eran trabajadores permanentes, sino pequeños propietarios de las inmediaciones del fundo, etcétera, que a veces llegaban a 200 ó 300. Como decía, esto produjo una gran cesantía en el campo, que se hizo notar con gran fuerza.
En tercer término, la reforma agraria democratacristiana creaba nuevas grandes diferencias sociales en el campo. Hay muchos asentamientos por ejemplo, en este momento me viene al recuerdo el Asentamiento de Pupilla, cerca de Santa Cruz donde hay asentados, obreros asalariados permanentes y obreros temporales. De modo que las diferencias sociales en el campo volvían a producirse como en la época del latifundio.
La participación del campesinado en la planificación, ejecución y control de la política agraria era nula, y dejaba reservas excesivas. Además, dicha reforma fue aplicada con una timidez increíble, a pesar de que quienes la pusieron en ejecución fueron los promotores de esa idea. Apenas se expropiaron 600 predios, de los cuales, según declaraciones del propio señor Moreno, el 80% lo fue a petición de los propios dueños de fundos.
Mil doscientos, señora Senadora, que abarcaban más de tres millones de hectáreas.
En todo caso, según declaración del propio señor Moreno, el 80% de las tierras fueron expropiadas a pedido de los propios dueños de los fundos. No puedo extenderme más en mi intervención, pero debo decir que existen pruebas de lo que estoy afirmando, que se produjo en muchos casos.
Críticas a la reforma constitucional propuesta por el Senador Moreno.
Entre las críticas a la reforma constitucional que ahora prepone el señor Moreno, podemos señalar las siguientes.
En primer término, no remedia ninguno de los defectos de la reforma agraria anterior. En seguida, las asignaciones individuales o a cooperativas, en el plazo de dos años, a campesinos qué hayan trabajado permanentemente en el predio, nos vuelve a la condición anterior de una gran cesantía en el campo. Las familias campesinas son cerca de 300 mil y los trabajadores activos en el campo alcanzan a unos 600 mil ó 700 mil. El número de los trabajadores permanentes no alcanza a más del 8% de los campesinos de este país. De modo que si antes de la reforma agraria de la Democracia Cristiana el 2% de los propietarios de la tierra tenía el 70% de los terrenos cultivables de Chile, ahora un 8% de los propietarios de la tierra tendrá ese mismo 70% A nosotros no nos interesa una reforma agraria que cambie de 2% a 8% el número de los propietarios de la tierra. Consideramos que lo correcto debe ser una reforma del agro para todos los campesinos chilenos, en la que estén presentes los intereses de todos ellos y no sólo un porcentaje.
¿Qué forma de asignación de tierras le gusta a la Senadora?
Ya le voy a contestar, señor Senador. No se inquiete.
Señor Presidente, el comportamiento frívolo del señor Hamilton ha hecho que muchos señores Senadores sientan desagrado real cuando asisten a una sesión seria con él. Por eso, comprendo que algunos Senadores les hayan puesto el apodo de chiflota. Aunque no sé bien su significado, me parece que es algo desagradable.
Es un juego, señora Senadora.
¿Por qué no contesta mi pregunta?
No se inquiete, señor Senador. Le voy a responder inmediatamente.
Señor Presidente, a pesar de las interrupciones frívolas del señor Hamilton, continuaré mi intervención sin detenerme.
Se pretende retrotraernos al latifundio.
El tipo de asignación individual que el Honorable señor Moreno pretende introducir con su reforma constitucional nos llevaría a una forma de propiedad que nos retrotraería al latifundio. Además, si se implantara una propiedad de tipo cooperativo inferior como la que el señor Moreno pretende llevar a cabo con su iniciativa que nos ocupa, también significaría que un pequeño número de campesinos serían los dueños de la tierra, mientras que la gran mayoría, el 92% de los trabajadores del agro chileno, tendrían que ser asalariados de aquellos dueños de cooperativas.
Por eso, nosotros auspiciamos una propiedad colectiva, pero de todos los campesinos, con un estudio hecho en colaboración con ellos mismos acerca de la forma más adecuada de tenencia de la tierra y que atienda, repito, al interés de todo el campesinado de nuestro país.
Aparte ello, el tipo de cooperativa o la asignación individual no permite en manera alguna la capacitación de los trabajadores del agro, por la cual los mismos democratacristianos dicen preocuparse tanto.
La reforma constitucional que estamos tratando podría conducir seguramente ése es el botón demagógico que están tratando de presionar, pero no les ha dado resultado a interesar a ese 8% de campesinos que quedarían dueños de la tierra en desarrollar y aumentar un afán de lucro, en desmedro de la planificación de la producción y del posterior desarrollo de nuestra agricultura.
Considero conveniente también decir algunas palabras respecto de la inexpropiabilidad absoluta de los predios de menos de 40 hectáreas básicas o físicas.
La disposición respectiva tiene graves inconvenientes. Deja fuera de la posibilidad de expropiar a los predios abandonados y a aquellos que los mismos propietarios desean que se expropien. Además, deja sin expropiar a los minifundios. Estamos de acuerdo con el Ejecutivo en que éstos puedan ser expropiados. Asimismo, al hacer inexpropiables fundos de 40 hectáreas físicas, se coloca en situación de privilegio a aquellas zonas de excepcional riqueza de la tierra, como es el caso de aquellas en que, según la tabla de conversión de la reforma agraria auspiciada por la Democracia Cristiana, basta poseer a veces tres o cuatro hectáreas para alimentar a una familia. Así ocurre en Arica, en Peumo y en otros lugares privilegiados. En este sentido, se estaría concediendo un privilegio a los predios ubicados en esas zonas.
También deseo decir algunas palabras sobre el Nº 18, nuevo, que el proyecto de reforma agraria propone agregar a la correspondiente norma de la Constitución.
De aprobarse ese inciso, el transporte y comercialización de toda clase de productos quedará exclusivamente en manos privadas.
Esta parte de la reforma está encaminada a dejar a nuestros conciudadanos en la indefensión cuando grupos de transportistas o de comerciantes quieran presionar, para cualquier efecto, con el hambre de la población, con las necesidades primordiales del pueblo, pudiendo dejarlos sin alimentos u otro tipo de artículos indispensables. El Gobierno no puede aceptarlo, y el propósito que he señalado no está sólo en la imaginación de los parlamentarios de Izquierda, pues ya lo vimos en el paro sedicioso con que se intentó derrocar al Gobierno en octubre del año pasado.
También nos oponemos al artículo transitorio que se refiere a la devolución de los predios expropiados después del 12 de junio, por ser contrario al interés de los campesinos y, además, por ser impracticable. Esa norma es una verdadera provocación al campesinado.
Además, deseo insistir en que, al pedir una asignación rápida de los predios, el señor Moreno está cayendo en una falsedad frente a los trabajadores del agro, porque él sabe que asignar los fundos es un trámite engorroso y difícil y que él mismo, en su oportunidad, apenas pudo expropiar poco más de cien fundos. Sin embargo, pretende que ahora se asignen a ese 8% de campesinos chilenos más de 3 mil 600 fundos en pocos meses y que, si no se puede hacer ese trámite, pasen ipso facto las tierras expropiadas a poder de ese 8% de los trabajadores agrícolas de Chile. En realidad, considero que esta actitud significa engañar y meter en una trampa al campesinado de nuestra nación y, también, el desarrollo de la agricultura.
Muchas gracias.
Restan dos minutos al Comité Comunista.
El señor ARANEDA.-
Señor Presidente, en el día de ayer el Honorable señor Moreno planteó que la caída y la destrucción de la producción agropecuaria se debía a la aplicación de los preceptos de la ley de Reforma Agraria por parte del actual Gobierno. Sobre este punto abundaron también otros señores Senadores.
El aumento de la producción agropecuaria fue siempre inferior al de la población.
La verdad de la milanesa, como dicen los campesinos, es que en Chile el ritmo de crecimiento de la agricultura ha sido inveteradamente inferior al de la población.
Bajo el dominio del latifundio no se sembraron más de un millón 262 mil hectáreas; es decir, apenas la cuarta parte del potencial arable sin limitaciones que posee el país. La ganadería, por su parte, ha acusado índices dramáticos para el bienestar social del pueblo: en los últimos años no creció más allá del 0,74%. Sus índices de enfermedades han sido altísimos en brucelosis, tuberculosis, aftosa, para mencionar sólo algunas.
El índice de mortalidad de terneros...
¿Me permite, señor Senador?
Terminó el tiempo de Su Señoría.
La señora CARRERA.-
Me quedan cuatro minutos, señor Presidente.
EL señor NOEMI (Presidente accidental).- Cerrado el debate.
La primera observación consiste en sustituir los dos primeros incisos que el Nº 1 de la letra a) del artículo único del proyecto agrega a continuación del inciso tercero del Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política. Las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Agricultura y Colonización recomiendan rechazar el veto.
Pido que se dé lectura a la norma propuesta por el Ejecutivo.
Las disposiciones propuestas por el Ejecutivo dicen:
Los predios que el Estado o los organismos o entidades que de él dependan adquieran a cualquier título para la realización de la reforma agraria, sea cual fuere la organización transitoria que en ellos se hubiere constituido, serán asignados o destinados definitivamente, en conformidad a la voluntad de los campesinos, al término del plazo y en la forma que disponga la ley. No obstante, tratándose de unidades productivas de importancia preeminente para el desarrollo de la agricultura, de la economía o de la seguridad nacional, por su incidencia en el comercio exterior, por requerir una fuerte concentración de capitales o utilización de tecnología avanzada, su vinculación con la producción agroindustrial, su significativa aptitud forestal, sus condiciones ecológicas o sus características geopolíticas, las tierras que las constituyen podrán pasar a formar parte de las áreas social o mixta de la economía. Igual destino tendrán los predios respecto de los cuales sus trabajadores permanentes soliciten y acuerden con el Estado incorporarlos a una de esas dos áreas.
Para ser beneficiario del proceso de reforma agraria no se requerirá la calidad de trabajador permanente al momento de la toma de posesión material del predio correspondiente.
Los campesinos que formen parte de la organización transitoria de los predios incorporados al proceso de reforma agraria, tendrán derecho, mientras subsista esa organización transitoria, al uso y goce exclusivo de una casa habitación y de una extensión de terreno correspondiente a su huerto o cerco.
En votación.
- (Durante la votación).
El señor OCHAGAVIA.-
Este veto sustitutivo plantea dos conceptos que me parece importante analizar. El primero condiciona la forma de asignar la tierra a la voluntad de los campesinos. Quiero señalar ante el Honorable Senado cómo este concepto de voluntad de los campesinos, aplicado a un tipo determinado de asignación, no envuelve ninguna clase de libertad. Es decir, la forma como el Gobierno ha llevado a cabo el proceso de reforma agraria conduce inexorablemente a la meta que el marxismo se ha impuesto no solamente en Chile, sino que en todos los países del mundo donde ha llegado a gobernar: la colectivización de la tierra y la destrucción de la propiedad privada, que es la base de la libertad individual.
Una afirmación contradictoria.
Aquí se han formulado una serie de observaciones destinadas a demostrar que la asignación individual de la tierra acarrearía la proliferación de pequeños predios o minifundios improductivos. Nosotros hemos sostenido que ese concepto es falso, ya que previamente a la expropiación la producción de los predios permitía no sólo vivir al campesino y su familia, sino también producir alimentos que hoy día el país debe importar. La asignación individual permite que los campesinos se asocien libremente en sistemas cooperativos y puedan enfrentar así la explotación de la tierra y la comercialización de lo que ella produzca, incorporando la técnica y la mecanización. El concepto de voluntad libre de los campesinos es absolutamente irreal.
Los términos en que el Gobierno marxista ha planteado y ejecutado inexorablemente el proceso de reforma agraria
conducen a que el campesino no tenga otra alternativa que aceptar el feble título que en la práctica significa depender de funcionarios estatales, quienes son los que en la actualidad están dirigiendo las actividades de explotación agropecuaria en Chile, lo que ha hecho disminuir la producción de alimentos en tal grado, que el país no tiene hoy día ninguna posibilidad de autoabastecerse y debe comprometer en ese rubro más de las tres cuartas partes de las divisas provenientes de la exportación del cobre, en circunstancias de que se trata de alimentos que Chile podría producir.
Los Gobiernos anteriores también importaron alimentos.
Señora Senadora, en 1963 se importaban alimentos por 120 millones de dólares, importación que el presente año alcanzará a 750 millones de dólares.
El problema que vive Chile está presente en las calles de los pueblos y de las ciudades; en las colas interminables de consumidores que desean adquirir alimentos. Esto es lo que el país está viviendo y sufriendo. Y cuando se habla del área social de la economía, lo que se busca es simplemente la estatización. ¿Y cuáles son los resultados de las estatizaciones? Simplemente, un desastre nacional.
Votaremos en contra de esta observación del Ejecutivo, pues consideramos que la asignación individual de la tierra en forma libre permitirá al campesinado darse una organización cooperativa que signifique mayor eficiencia y libertad.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Voto que no.
-
El señor SEPULVEDA.-
Voto que sí.
Perdone, señor Senador, pero hay registrado un pareo con el nombre suyo.
El señor. Senador no puede votar, porque está pareado.
Nosotros no nos pareamos cuando hay que votar alguna reforma constitucional, señor Secretario.
¿Me permite referirme a este problema, señor Presidente?
El señor Secretario sabe que discutí este asunto con la señora María Elena Carrera...
Tiene razón, señor Senador. Excúseme.
Entonces, no voto por estar pareado.
Para otra vez no se equivoque.
¿Cómo dijo, señor Senador? No le oigo.
Me estoy dirigiendo al señor Senador.
No conviene equivocarse en esto.
El veto desvirtúa el proyecto.
El señor VALENZUELA.-
Votaré en contra de este veto, porque la forma como está redactado desvirtúa todo el proceso de la reforma agraria. Las excepciones que establece, que no detallaré porque ya han sido sobradamente analizadas en el debate, en el hecho implican la regla general. Por lo tanto, de aprobarse la proposición del Gobierno, las tierras que deben ser asignadas a los campesinos lo serían, en el hecho, al Estado, como haciendas estatales, lo que todo el campesinado chileno no desea. Así lo han expresado en diversas reuniones de sus organismos sindicales, de sus confederaciones campesinas. Ello es una de las realidades más claras que existen en él campesinado del país.
Por otra parte, de aprobarse el veto, indudablemente sé cometería una tremenda injusticia, por cuanto mediante él se pretende incorporar en los predios reformados a personas que no son campesinos.
Esto, que es algo que verdaderamente abisma, es una realidad en los denominados centros de reforma agraria. En ellos se está incorporando a personas que son pobladores, que pueden tener muchos méritos como individuos, pero que jamás han trabajado en esas tierras ni en otras como campesinos, lo que provoca distorsiones extraordinariamente serias en las unidades de tipo campesino, como son las comunidades que se forman en virtud de la ley de Reforma Agraria, ya sean asentamientos o cooperativas de reforma agraria, y las entidades que el Gobierno denomina CERA y que, indudablemente, están fuera de nuestra legislación.
La norma vetada por el Ejecutivo interpreta lo que verdaderamente desean los campesinos de nuestro país: que la reforma agraria sea un efectivo proceso revolucionario que abarque en profundidad la individualidad del campesinado. De esta manera el campesinado, que durante tantos años sufrió un régimen de injusticia social proveniente del latifundio, podrá participar en un proceso liberador iniciado precisamente en el Gobierno democratacristiano mediante la ley de reforma agraria chilena, en que los fundos se expropiaron legalmente y se entregaron a los campesinos que durante muchos años, por sí mismos o por sus antepasados, habían laborado en esas tierras. Eso significó un progreso evidente y contradijo a todos los agoreros que pronosticaban que el proceso de reforma agraria significaría un retroceso en la productividad agrícola. Y lo que ocurrió fue precisamente todo lo contrario, porque el campesino se sintió actor de dicho proceso.
Señor FREI (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Este proyecto de reforma constitucional se presentó precisamente para que se respete el modelo de reforma agraria establecido en la modificación introducida durante la Administración anterior al artículo 10, número 10, de la Constitución Política y en la ley de Reforma Agraria.
El señor VALENZUELA.-
Los propósitos de la reforma. Voto que no.
El señor HAMILTON.-
La reforma agraria, como lo explicó claramente el Honorable señor Moreno anoche, se realizó fundamentalmente con dos propósitos: primero, reivindicar a los campesinos y amparar a los pequeños y medianos propietarios, y, en segundo lugar, aumentar la producción y la productividad de la tierra, de manera que ésta diera a los chilenos el pan y los alimentos que necesitamos. El resultado de la reforma llevada a cabo durante la Administración anterior fue, en primer lugar, el respeto de los derechos que la ley reconoce fundamentalmente, el derecho a la reserva a los propietarios que habían trabajado bien la tierra y cumplido con las obligaciones sociales que les impone nuestra legislación. En segundo lugar, se logró la promoción del campesino mediante su organización sindical, la construcción de escuelas rurales, la edificación de viviendas y villorrios agrícolas y, fundamentalmente, por medio del acceso a la propiedad de la tierra y al manejo de las empresas agrícolas. En tercer lugar, se obtuvo un aumento de la producción agropecuaria.
Los resultados de la reforma en el agro.
Sobre este particular cabe señalar que, contrariamente a lo manifestado ayer en esta Sala por algunos Senadores de la Unidad Popular, no todo proceso de reforma agraria ha ido aparejado con una baja en la producción agropecuaria. En efecto, el proceso de reforma agraria chilena iniciado durante el Gobierno de la Democracia Cristiana no sólo no significó disminución de la producción, sino un aumento sustancial en ese período.
En efecto, en los 35 años anteriores al inicio de esa Administración, el promedio acumulativo anual de crecimiento de la producción agropecuaria fue de 1,8%. En los seis años de Gobierno democratacristiano, de 1965 a 1970, dicho promedio de aumento de la producción fue de 4,1%.
El actual Gobierno se propuso profundizar la reforma agraria haciéndola más rápida y masiva. Sin embargo, lo ha hecho al margen de la ley, en contra de los campesinos y a espaldas de la voluntad mayoritaria de los chilenos, guiado por un modelo diverso y opuesto al establecido en la legislación vigente, tendiente a la colectivización de la tierra, a la creación de los centros de reforma agraria, granjas estatales o como quiera llamárselos, en que el campesino cambia de patrón, pero no es promovido ni humana, ni social ni económicamente.
¿Cuáles han sido los resultados de esta política? Se han desconocido derechos que la ley reconoce al propietario expropiado que, en determinados casos, según nuestra legislación, tiene garantizada una reserva en caso de que haya explotado bien su predio y cumplido la legislación social.
En segundo lugar, se ha amagado a los pequeños y medianos agricultores, los que ya no viven para producir, sino para protegerse de las tomas.
Los campesinos deben ser propietarios de la tierra.
En tercer término, se han burlado las legítimas expectativas que la ley da a los campesinos para llegar a ser propietarios de la tierra. Aquí he preguntado insistentemente cuál es el modelo de asignación de la tierra que pretende aplicar el Gobierno de la Unidad Popular. He recibido sólo insultos e improperios, pero ni una sola respuesta seria a mi pregunta. Si no quieren la propiedad individual, ¿aceptan la propiedad cooperativa? ¿O quieren llegar a lo que ellos, eufemísticamente, llaman la propiedad social, que en buenas cuentas significa dejar la totalidad de la tierra para el Estado, sin asignarla ni en propiedad cooperativa, ni en propiedad comunitaria, individual o familiar a ningún campesino?
Ayer, cuando hacían las campañas políticas, pronunciaban encendidos discursos ofreciendo la tierra para el que la trabaja. Hoy, cuando están en el Gobierno, cuando ya se inició el proceso de reforma agraria, no hacen una sola asignación de acuerdo con la ley, ni en forma cooperativa, ni familiar ni individual. ¡Se han apropiado de la tierra del campesino para el Estado!
Por último, es necesario señalar que él país ha pagado las consecuencias de lo anterior, porque la producción agropecuaria ha decaído. Hay un índice que nadie puede desmentir, que quisiera repetir una vez más. En 1970 el país no importaba, o sea, no pagaba a productores del exterior, más de 150 millones de dólares al año. Eso sucedía cuando llegó la Unidad Popular al Gobierno. Hoy día, según confiesan ellos mismos, Chile tendrá que pagar más de 500 millones de dólares a productores de otros países para poder alimentar su población.
Por estas razones, voto en contra de la observación.
La organización agrícola de la Unidad Popular.
El señor MORENO.-
Parece que, por primera vez en estos dos años y nueve meses de Gobierno, la Unidad Popular se ha decidido a exponer en forma pública su modelo de organización de la agricultura chilena.
Desde el inicio de este Gobierno se ha promovido un largo debate, del que han sido testigos los propios campesinos y los pequeños propietarios, respecto de cuál sería la estructura definitiva ,que, en materia de tenencia de la tierra, se implantaría en nuestro país, punto sobre el que no se ha logrado una definición por parte del Gobierno. Y en estos casi tres años hemos visto cómo las disposiciones legales sobre reforma agraria han sido permanentemente trasgredidas y violadas.
Leyendo el texto aprobado por el Congreso y el veto del Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional, se advierten por primera vez dos modelos de organización de la agricultura chilena. Uno es el modela propugnado por la Democracia Cristiana, tendiente a reforzar el sistema de propiedad de la tierra, creando formas sociales de organización que permitan hacer prevalecer el bien común, a la vez que determinar las relaciones mutuas de quienes ostentan la propiedad de la tierra en nuestro país. El segundo modelo, inspirado en el criterio de los Partidos Socialista y Comunista, tiende a colocar los medios básicos de producción bajo el control centralizado del Estado. Para ello han tratado de evitar y desalentar, en la medida en que tienen posibilidades de hacerlo, la difusión y mantención del sistema de propiedad ejercido por personas o grupos de personas sobre la agricultura chilena.
Repito que esto es lo que fluye de la lectura de ambos textos: del proyecto despachado por el Congreso y del veto formulado por el Ejecutivo.
El objetivo de la reforma constitucional.
El primero de ellos refuerza lo señalado en la ley Nº16.640, y obliga al Gobierno a asignar en propiedad definitiva todas las tierras que se hayan incorporado al área reformada, o sea, que hayan sido objeto de expropiación basada en la ley de Reforma Agraria. Incluso, agrega una disposición imperativa en virtud de la cual, si la CORA no cumple con la ley y no asigna la tierra en el plazo previsto, los campesinos pasan a ser dueños de ella en propiedad común, en propiedad comunitaria, en copropiedad, por el solo transcurso del lapso dispuesto.
Esto no significa impedir la reforma agraria. Aquí caen por su propio peso las tinterilladas que se han venido difundiendo al afirmar que la entrega de la tierra a los campesinos significa favorecer el latifundio. Señoras y señores Senadores han venido a argumentar a este recinto y han declarado a la prensa que si se entrega la tierra a los campesinos, el día de mañana podrían volver a comprarlas los antiguos propietarios, reconstruyéndose así el latifundio. Debieran decírselo a los campesinos en su cara, pues considero que tal afirmación no sólo constituye una falta de respeto, sino también desconocimiento absoluto de lo que quiere la gente del campo. Y como sé que mi mandato proviene principalmente de la voluntad de miles de campesinos que han confiado en la Democracia Cristiana y en nosotros, voto en contra de esta observación, por constituir un atentado para con los hombres que trabajan con sus manos las tierra chilena, que hoy día quieren tener su propiedad y no incorporarse a formas estatales de uso, de gestión o de opresión, como hoy está sucediendo.
Voto por la negativa.
El señor VON MUHLENBROCK.-
A raíz de la caída de los índices de la agricultura chilena entre los años 1967 y 1968, el Ministerio de Agricultura preparó y aprobó un plan de desarrollo agropecuario para Chile que comprendería quince años: 1965 a 1980. En él se consideró la necesidad de modificar el régimen de tenencia de la tierra y de procurar por todos los medios el mejoramiento de la condición social en que vive el campesinado chileno.
La redención del obrero agrícola.
El objeto fundamental de la reforma agraria chilena, según ese plan y según el espíritu del proyecto de ley enviado al Congreso, era el de redimir al obrero agrícola y absorber el déficit alimentario de Chile sobre la base de convertir al campesino en propietario individual de la tierra. Este es el esquema de la ley Nº 16.640, que estableció la reforma agraria. Esta es su filosofía, y esto es lo que quiso el legislador.
El proyecto de reforma constitucional que estamos debatiendo refleja totalmente esa filosofía, ese esquema. En cambio, el veto del Ejecutivo arruina, reduce a polvo, aniquila para siempre todos los sueños y esperanzas que puedan tener los campesinos chilenos de ser dueños de un pedazo de la tierra que trabajan, porque el Presidente de la República propone aquí la propiedad total y absoluta del Estado respecto de toda la tierra del país y, naturalmente, del producto de quien la trabaja. De ahí que los Senadores nacionales nos hayamos opuesto a este veto contrario a la reforma agraria y a una reforma constitucional tendientes a asignar en propiedad la tierra al campesino, ya sea en dominio individual o en dominio cooperativo, herramienta fundamental que posee la civilización, en la cual se juntan socialismo y capitalismo favoreciendo el bien común.
Simplemente, podemos decir que el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso defiende y consagra las aspiraciones de los campesinos. El vetó del Ejecutivo las destruye y conduce a la estatificación, a la colectivización de la tierra.
La baja de la producción agrícola.
Además de precisar el concepto anterior, es necesario puntualizar ante el país, desde esta alta tribuna, el pensamiento de los Senadores nacionales, quienes consideramos que únicamente convirtiendo en propiedad individual lo que hoy se llama GERA o lo que ayer se llamó asentamiento, se puede encontrar la salida para el desastre absoluto y total de la agricultura chilena.
Nuestra agricultura está condenada. Todos los guarismos lo prueban. En 1964 Chile cosechaba 14 millones de quintales de trigo. En 1970 la producción bajó a 13 millones, para caer en la última cosecha, la de 1973, a 3 millones 600 mil quintales.
En 1965 se produjeron 800 mil litros de leche, cantidad que fue superada en 1971 con una producción de un millón 170 mil litros. Sin embargo, en 1973 nuevamente bajamos a 800 mil, o sea, a la producción de 1965. Tengo a la mano datos oficiales relativos a la producción de leche, base del queso y de la mantequilla y principal alimento de la infancia chilena. Reproduciré los referentes a la entrega de leche a la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión, que cubre dos importantísimos departamentos de la provincia de Valdivia. Según cálculos ponderados, en 1971 a esta cooperativa se le debieron entregar 42 millones de litros, pero sólo recibió 38 millones. En 1972 debió recibir 46 millones, y únicamente se le entregaron 32 millones de litros. En 1973 debería recibir 50 millones; pero, por las entregas que se han hecho hasta la fecha, sólo dispondrá de 28 millones. En estos momentos se calcula, para toda la zona sur de Chile, una caída de 30% en la producción de leche.
En materia de producción de carne, deseo manifestar al Honorable señor Araneda, que ha lanzado sobre los Senadores de estas bancas toda clase de insultos e improperios, que efectivamente la masa ganadera chilena estuvo estancada durante 30 años; pero en 1965 la población ganadera contaba con 2 millones 800 mil cabezas de vacunos, en tanto que en los tres años de Gobierno de la Unidad Popular la población de ganado vacuno ha disminuido en 290 mil cabezas.
Esta es la catástrofe de nuestra agricultura, y por ese motivo votamos en contra de la observación.
El objetivo de la reforma agraria: entregar la tienda al que la trabaja.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, cuando se realizó esta trascendental reforma agraria, todos los sectores concordaron en dos objetivos: entregar la tierra al que la trabaja y producir más, a fin de que todos los chilenos pudieran vivir mejor. En aras de esa finalidad, se expropiaron los latifundios, medida en la que estuvieron de acuerdo y colaboraron los medianos y pequeños propietarios y todos los chilenos, en general. Una vez que se terminaron los latifundios, como lo expresó en algunos congresos el actual Gobierno, se continuó con la mediana propiedad y luego de expropiarla casi toda con el apoyo y participación, sin saberlo, de los pequeños propietarios, la acción se dirige ahora en contra de estos últimos. O sea, se perdieron los propósitos que llevaron a realizar la reforma agraria.
Los marxistas no entienden al campesino.
¿Qué ha sucedido? Un hecho realmente grave, como es el descenso de la producción agropecuaria a niveles increíbles. ¿Por qué razón? Porque los marxistas, aquí y en el mundo entero, no han entendido jamás cómo piensan los campesinos. Al igual que un hombre de la ciudad, que cuida y se preocupa de la mujer que ama, el campesino experimenta igual sentimiento por su tierra. Sólo quien quiere al campo puede trabajarlo, porque éste necesita cuidados especiales para producir.
¿Qué dicen los mapuches al respecto, señor Senador?
¡Usted no hable, porque nunca ha almorzado en la Embajada de Corea, como otras personas!
Lo que señalé no lo han entendido jamás los marxistas, quienes, en lugar de entregar la tierra a los campesinos, pretenden dársela a personas sin trabajo para resolver el problema de la cesantía. No estoy en contra de quienes carecen de ocupación, pero significa destruir al campesino y a la tierra entregar éstas a quienes no la quieren ni entienden de ella.
Nosotros, de una manera u otra, hemos tratado de explicárselo al Gobierno y a los Senadores de la Unidad Popular, a fin de que se den cuenta del fracaso de la agricultura en los países donde los comunistas se enseñorearon en el poder y puedan sacar una lección y una experiencia y aplicarlas en Chile.
Se pretende transformar al campesino en obrero agrícola.
Ocurre que hoy día, en vez de producir, los campesinos deben andar con el arma bajo el brazo. No les asignan la tierra y pretenden convertirlos sólo en obreros agrícolas, lo que significa no conocerlos, pues ése no es su anhelo. No les proporcionan abonos, semillas, maquinarias ni repuestos, porque ello no interesa ni preocupa a los burócratas, que no. quieren al campesino y a la tierra. Han destruido la agricultura y fijado precios infames. Hasta hace dos años, un trabajador agrícola podía comprar un par y medio de zapatos para sus hijos con un quintal de trigo; en cambio hoy necesita tres quintales para adquirir el mismo artículo. Ese es el drama de los campesinos, que afecta a dos millones de personas y a más de la tercera parte de la juventud de nuestro país, quienes sufren las consecuencias de que el Gobierno no preste atención a sus dramáticos llamados. En igual situación se encuentran, inclusive, militantes de la Unidad Popular, que están en contra de ustedes, señores Senadores oficialistas. Estuve presente cuando en Freire no quisieron recibir al Ministro de Agricultura anterior, porque éste los amenazó con convertir los predios en haciendas estatales.
¡Entiendan, señores Senadores de la Unidad Popular, lo que quieren los campesinos y sus propósitos!
La Democracia Cristiana sólo desea defender al pequeño propietario y entregar la tierra a los trabajadores del campo.
Por las razones expuestas, voto en contra de la observación.
Se quiere festinar una iniciativa.
El señor FONCEA.-
Al fundar mi voto, quiero decir algo que ha quedado de manifiesto en el debate de las observaciones al proyecto de reforma constitucional: quieren festinar, hasta cierto punto, una iniciativa tan importante para el agro y, principalmente, para los campesinos, porque, como aquí se ha dicho, las reglas de excepción comprenden absolutamente todos los casos y permiten expropiar predios de superficie inferior a 40, 20 o 10 hectáreas, con lo que la norma pasa a tener carácter general.
¿Qué cultivo en Chile no tiene importancia para la economía? Absolutamente ninguno. Me habría gustado que los Senadores que defendieron la tesis del Ejecutivo señalaran uno solo. ¿Qué explotación agrícola no tiene importancia para el comercio exterior? Si no se trabaja la tierra y hay menor producción de trigo y arroz, por ejemplo, es evidente que el Ejecutivo tendrá que gastar más divisas en importar esos productos indispensables. En consecuencia, todos los rubros de la agricultura están comprendidos en la norma propuesta. ¿Qué explotación agrícola no requiere cierta técnica? Absolutamente todas. Por eso, también habría querido que citaran como ejemplo, una sola excepción.
La expropiación de latifundios.
Pero lo que me lleva a fundar el voto es la comprobación, leyendo el Diario Oficial del lunes pasado, de la forma de expropiar de la CORA. No se trata del latifundio, que tanto el Presidente Allende como altos personeros de su régimen manifiestan que desapareció de Chile y que ello constituye una conquista del Gobierno, sino de atentados en contra de los sectores más modestos. Citaré un solo caso, que aparece en la página 29 de la publicación mencionada: la Corporación de la Reforma Agraria, por acuerdo Nº 1.401, expropió el predio rústico denominado Predio compuesto de terrenos de cuatro cuadras y media y un octavo de superficie;. Es decir, una extensión un poco superior a la requerida para una cancha de fútbol y sus agregados. ¡Ese es el latifundio! Tengo la certeza de que pertenece a un modesto campesino.
A continuación, dice: Propiedad compuesta de quince cuadras de superficie que se compone de tres porciones; propiedad de tres cuadras de extensión; potrero denominado De Arriba del Fundo San Jerónimo; casa y sitio de un octavo de cuadra, más o menos. ¡Estos son los latifundios que hoy se expropian, colegas de la Unidad Popular...! Propiedad compuesta de varios retazos de terreno que forman un solo cuerpo. Oigan esto: propiedad raíz de veintiséis varas de frente por una cuadra de largo.
¡No sé cómo no figuran también las plazas de armas entre los terrenos expropiados! Ya advertí a los alcaldes de mi zona que hicieran algo por defenderlas.
¡Dejen hablar al Honorable señor Foncea, señores Senadores...!
Mis Honorables colegas no me lo impiden, Honorable colega. Y, por lo demás, tengo muy buena voz.
Reitero que se quiere festinar una reforma agraria llevada a cabo, como se ha dicho reiteradamente, con el objeto de aumentar la producción.
Voto que no.
El campesino chileno aspira, a la propiedad de la tierra.
El señor DIEZ.-
Me pronunciaré en contra de la observación del Ejecutivo, aparte las razones que se han dado, porque, a raíz de haber tomado contacto directo con los campesinos de mi zona, no por intermedio de dirigentes o de organizaciones, sino por visitas a cada uno de los asentamientos de la región, me he formado el convencimiento profundo de que el campesinado chileno aspira a recuperar su verdadera libertad, en un sentido absoluto, por medio de la propiedad de la tierra. Y el veto del Ejecutivo...
¡La misma libertad que le negaron los explotadores!
Digo a recuperar su libertad absoluta, y esto lo están impidiendo el veto del Ejecutivo y los votos de Sus Señorías.
Para el trabajador del campo, la propiedad significa seguridad y libertad. Las observaciones formuladas por el Gobierno a este proyecto, justificadas por el Partido Comunista con el argumento de que la existencia de miles de pequeños propietarios implica volver al latifundio, son de un paternalismo absolutamente añejo y trasnochado. El reloj de la historia no se ha detenido, y las organizaciones campesinas son cada vez más fuertes y conscientes de sus derechos. Estoy seguro de que dividir el país entre cientos de miles de pequeños propietarios se traducirá en definitiva, no en el minifundio ni en el retorno al latifundio, sino en la búsqueda de formas de explotación más acordes con los tiempos y la técnica, como pueden serlo perfectamente las cooperativas o copropiedades campesinas. Pero es indispensable para su seguridad que el trabajador del campo sea dueño de un pedazo de terreno, pues ello garantiza su inamovilidad, la permanencia de sus hijos en el predio, sus inversiones a largo alcance en esfuerzo y capital y que su mujer no será expulsada del asentamiento, del centro de reforma agraria o del comité campesino, ni por la voluntad del Gobierno ni de la mayoría.
Incorporación al sector reformado de personas ajenas a la actividad del agro.
En consecuencia, rechazo el veto del Ejecutivo, en resguardo de las aspiraciones de miles de campesinos de mi zona, por su lucha para alcanzar seguridad y libertad y en nombre de quienes, siendo trabajadores del agro, ven una amenaza en las observaciones que permiten incorporar al sector reformado a personas ajenas a la actividad agrícola. Preferimos
el criterio del Congreso Pleno, que permite admitir trabajadores extraños al predio siempre que lo acepte la mayoría de los campesinos, porque respetamos la decisión de éstos y tenemos fe en la buena disposición y generosidad de nuestro pueblo, que aceptará la instalación de nuevas familias si el terreno lo permite. El criterio del Ejecutivo, sin embargo, deja abierta la posibilidad de incorporar cesantes, como se ha tratado de hacer, en desmedro de las oportunidades de trabajo de los que laboran en el agro.
Creo que el problema de la desocupación no puede echarse sobre los hombros de la gente del campo. Es de responsabilidad del Gobierno, y éste no puede pretender que se limite la ambición legítima de un campesino que sólo aspira a ser propietario de 10 ó 12 hectáreas de terreno, y algunos, incluso, de dos. Eso significa transformarlos en siervos de la gleba y no darles la posibilidad de alcanzar verdaderamente su liberación. Sé que en el pasado existieron formas de explotación que no se avienen con la cultura y capacidad actuales de nuestro campesino, y la Unidad Popular quiere volver a ellas con el patrón funcionario y el burócrata deshumanizado que ni siquiera tiene el contacto personal que antes tenía a diario el dueño del fundo con sus propios trabajadores e inquilinos.
Por esta razón, en aras de la liberación de los campesinos, protesto por el veto del Ejecutivo y lo voto en contrario.
Resultado de la votación: 26 votos por la negativa y 18 por la afirmativa.
Rechazada la observación.
¿Y la insistencia?
No procede la insistencia, señor Senador.
¿Por qué?
Sí, procede, señor Presidente.
En conformidad a los artículos 108 y 109 de la Constitución Política del Estado, la Mesa estima que no procede votar la insistencia.
Nosotros censuramos a la Mesa por esta actitud.
La censura planteada se votará en la próxima sesión ordinaria.
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que ha sido citada la Corporación.
Acordado.
Señor Presidente, ¿podría leer los artículos que citó de la Carta Fundamental?
El artículo 108 dice: El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio. Y el último inciso dispone que si las observaciones que formulare el Presidente de la República en conformidad al inciso anterior fueran aprobadas por la mayoría que establece el inciso segundo, se devolverá el proyecto al Presidente para su promulgación.
Por su parte, el artículo 109 estipula que igual convocatoria podrá efectuar se refiere al plebiscito cuando el Congreso haya rechazado total o parcialmente las observaciones que hubiere formulado, sea que el proyecto haya sido iniciado por mensaje o moción.
Por último, agrega que la convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que una de las Cámaras o el Congreso Pleno deseche el proyecto de reforma o en que el Congreso rechace las observaciones y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la consulta plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de treinta días ni después de sesenta contados desde la publicación de ese decreto.
Como en los preceptos mencionados no se señala ningún quórum especial, la Mesa estima que no corresponde la insistencia.
Como los señores Senadores también han planteado la censura a la Mesa, advierto que ella se votará en la primera sesión ordinaria que haya.
Corresponde votar la segunda observación, consistente en sustituir los incisos cuarto y quinto del Nº 1 de la letra a) del artículo único del proyecto, por el siguiente, que pasa a ser inciso final de dicho número:
Los campesinos tendrán derecho a participar en la administración de las unidades productivas agrícolas que pasen a formar parte de las áreas social o mixta de la economía. Asimismo, tendrán derecho a participar en la definición, ejecución y control de la política agraria.
Propone, además, sustituir la expresión cinco por la palabra cuatro.
Las Comisiones de Legislación y de Agricultura, unidas, recomiendan rechazar esta observación.
Si le parece a la Sala, se rechazará la observación con la misma votación anterior.
Yo quiero hacer uso de la palabra.
Entonces debe votarse.
En votación.
- (Durante la votación).
Señor Presidente, desde luego quiero hacer presentes mis reservas acerca de cómo la Mesa resolvió el problema de la insistencia, porque...
Hable un poco más fuerte, porque no le escucho.
Para qué, si total es un diálogo de sordos.
Decía que no escuchaba bien al Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.-
Señor Presidente, mantengo mis reservas respecto de la forma como la Mesa interpreta los artículos a que hizo referencia Su Señoría. Ese es un problema que abordaremos en la oportunidad en que fundemos la censura a la Mesa.
Se debe escuchar la voz del campesinado.
En cuanto a esta parte del veto en particular, me parece que plantea un criterio de extraordinaria importancia, y cualquier partido que realmente tenga interés en que los trabajadores hagan escuchar su voz, estará de acuerdo con él.
Por eso yo era partidario de que se volara esta observación y de que se pudiera fundar el voto.
Hay una cosa que conviene destacar: que por lo menos la lucha sostenida por los partidos populares y la actitud que en su oportunidad adoptó el Gobierno de la Democracia Cristiana al iniciar el proceso de reforma agraria en Chile, ha permitido que el tono y el fondo del debate, como lo reconoce el Honorable señor Diez, hayan cambiado sustancialmente, en lo que a tierra se refiere, desde hace unos años a esta parte.
Un cambio de actitud.
Desde luego, es tan notorio este cambio, que el propio señor Diez ahora lucha, a través de sus expresiones, de sus palabras, de lo que dice, por la emancipación de los campesinos, y la verdad es que no se hubiera podido levantar ninguna de estas voces en la época en que las colectividades antecesoras del Partido Nacional los liberales y conservadores eran mayoría y Gobierno en Chile, y desde el punto de vista social ejercían el poder, directa o indirectamente, en nuestro país. En realidad, la actitud concreta de ellos era totalmente distinta de la que ahora plantea el Honorable señor Diez, y el actual estado de cosas se ha logrado esencialmente en virtud de la lucha sostenida por los campesinos.
Asignamos especial valor a la observación del Gobierno tendiente a otorgar a los trabajadores el derecho a participar en la administración de las unidades productivas agrícolas, porque, aparte el trabajo que está efectuando la Central Única de Trabajadores sobre la participación de los trabajadores en todos los niveles de la producción, somos partidarios es mi punto de vista personal de que este proceso se apresure, sea un hecho real y que no sólo figure en los enunciados programáticos.
Aún más, el gran debate que debe efectuarse en Chile respecto de la participación de los trabajadores en todos los niveles y sectores de la producción, no sólo se debe circunscribir a los que militan en la Unidad Popular, sino que debe ser una discusión nacional, porque trabajadores también hay en otros sectores que no pertenecen al Gobierno. Y es indispensable que una materia de tanta importancia cuente con el más amplio respaldo.
La participación de los trabajadores aumenta la producción.
Quiero destacar que por lo menos en el sector minero se comprobó que la producción ha aumentado precisamente en aquellas industrias y minas en que los trabajadores tienen mayor participación, y este aumento no se ha logrado en la medida que fuera deseable en aquellas minas o industrias anexas a la producción minera donde los trabajadores no tienen participación real. Este tema corresponde abordarlo a las fuerzas que tienen la mayor participación en el Gobierno, a los partidos de la Unidad Popular, y en este campo insisto tenemos que pasar de los programas, de las palabras, a los hechos concretos. En este sentido hay un avance importante en el trabajo de la GUT, pero no es suficiente en el lapso que llevamos de Gobierno, y esperamos que este problema, que indiscutiblemente atañe a todos los trabajadores, se plantee en los términos más amplios posibles, con ausencia total de sectarismo.
Voto que sí.
El señor MONTES.-
Teniendo en cuenta la actitud que la Mesa ha asumido respecto del primer veto y es evidente que continuará aplicando ese criterio al resto de las observaciones sustitutivas o supresivas, queremos señalar, para no repetir en cada oportunidad lo mismo, que mantenemos un juicio totalmente distinto del de aquélla.
De manera; que la censura que le hemos formulado por no haber puesto en votación la insistencia sobre el primer veto es también valedera para el resto de las observaciones sustitutivas y supresivas formuladas por el Gobierno y que estamos votando.
Planteo este punto de vista, porque es evidente que para nosotros no es un problema baladí la posición sostenida por la Mesa, sino, por el contrario, es de la máxima importancia. Por lo tanto, al formular la censura lo hacemos a la posición que esa actitud implica y, naturalmente, constituye al mismo tiempo la reafirmación clara y terminante de nuestra interpretación de la Carta Fundamental y del tratamiento que debe darse a este tipo de vetos en el Congreso Nacional.
Con estas palabras he querido dejar constancia de nuestra posición respecto de este problema, que es válida insisto para cada uno de los vetos sustitutivos o supresivos que vienen.
Voto que sí a la observación del Ejecutivo.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, al fundar nuestra posición en el veto anterior formulé observaciones que han merecido algunos juicios al Honorable señor Jerez.
El realismo político exige actuar de acuerdo con los tiempos.
Quiero decir que cuando uno tiene realismo político sabe que ciertas cosas deben hacerse en determinados momentos de la historia. Yo no acusaría, por ejemplo, a los Partidos Comunista y Socialista por haber sido Gobierno en tiempos de Pedro Aguirre Cerda y no haber presentado un proyecto de reforma agraria ni usar de la ley de Colonización. Eran otros tiempos.
También hay un proyecto de reforma agraria presentado por parlamentarios socialistas por allá por 1950 incluso lleva la firma del señor Allende, que hoy nadie se atrevería a presentar por reaccionario. Como los tiempos van cambiando, el realismo político exige que los partidos actúen de acuerdo con la situación del momento.
Nos parece malo y regresivo el veto del Gobierno, porque retorna al sistema paternalista, ahora impuesto por el Estado, y todo su fundamento radica en la falta de preparación, en la falta de confianza, en los riesgos que engendraría el hecho de que los campesinos fueran propietarios o empresarios libres de la tierra.
Creemos que los campesinos ya están en situación de ser propietarios y de definir su propio destino. Por eso estamos aprobando la reforma constitucional y votando en contra del veto.
Llamo la atención del Senado hacia el hecho de que en esta parte el Gobierno no haya propuesto un veto aditivo, sino que sustituye dos incisos aprobados por el Congreso por un precepto que sólo significa una participación verbalista.
Un veto regresivo.
¿En qué consisten los dos incisos que el Gobierno sustituye? Primero, en que cuando las asignaciones de tierra se hagan en forma distinta de la individual, los campesinos asignatarios que acrediten haber trabajado en forma permanente el predio expropiado a la época de la toma de posesión material, tendrán derecho a la asignación en dominio individual de una extensión de terreno de dos hectáreas de superficie. Eso es lo que el Ejecutivo pretende sustituir por una declaración teórica.
En seguida, sustituye el inciso en virtud del cual tendrán los derechos establecidos en los incisos 5°, 6º y 7º los campesinos que hubieren ingresado a los predios respectivos como trabajadores permanentes con posterioridad a la toma de posesión material, siempre que sean aceptados por la mayoría de los campesinos que hubieren trabajado en ellos en dicha fecha.
De modo que insistimos en el rechazo del veto, a fin de dejar en pie el texto aprobado por el Congreso Pleno, que satisface una aspiración largamente sentida en todos los centros campesinos del país, inclusive en los comités campesinos y en los centros de reforma agraria organizados por este Gobierno en el sentido de que cuando la asignación de tierras se haga en forma distinta de la propiedad individual, tendrán derecho a dos hectáreas de superficie por cada familia campesina.
Por eso, rechazaremos el veto del Ejecutivo y, además, porque en él está implícita la idea de que las unidades productivas agrícolas pueden pasar a formar parte de las áreas social o mixta de la economía. Y nosotros creemos que los predios que se expropien para los fines de la reforma agraria deben pasar a ser propiedad de los campesinos. No nos oponemos a que el Estado expropie predios para hacer canchas deportivas, escuelas normales, centros de perfeccionamiento. Con este objetivo se aplica otra ley, otra legislación, no la ley de Reforma Agraria. Todas esas cosas se pueden hacer, pero la expropiación de esas propiedades no es para los fines de reforma agraria, sino para fines de educación, para fines deportivos o para otros propósitos legítimos del Estado. Mas para todas las propiedades en que se aplica la ley de Reforma Agraria, queremos reafirmar con este proyecto de reforma constitucional que ellas están destinadas indefectiblemente a convertirse en propiedad de los campesinos, porque ésa es la finalidad de la reforma.
Por tales razones, voto que no.
El señor SILVA ULLOA.-
Señor Presidente, la verdad es que yo deseaba intervenir después del incidente que se produjo al tratarse la enmienda anterior.
No basta el rechazo de un veto para imponer el criterio del Congreso.
El señor Presidente no ha puesto en votación la insistencia basado, según él, en los artículos 108 y 109 de la Constitución Política. A mi juicio, se ha incurrido en error, por cuanto el artículo 108 establece en su inciso primero: La reforma de las disposiciones constitucionales se someterá a las tramitaciones de un proyecto de ley, salvas las excepciones que a continuación se indican. Y las señala. En nada y en ningún aspecto cita lo que debe ocurrir cuando se rechaza una observación. Y aclara aún más el criterio que debe manejar el cumplimiento de la Carta Fundamental, el inciso final del mismo artículo, según el cual si las observaciones que formulare el Presidente de la República en conformidad al inciso anterior fueren aprobadas por la mayoría, que establece el inciso segundo, se devolverá el proyecto al Presidente para su promulgación.
El inciso segundo se refiere a la mayoría de los Diputados y Senadores en ejercicio, y el final, a las observaciones que fueren aprobadas. Pero en parte alguna se mencionan las observaciones que han sido rechazadas. En consecuencia, de acuerdo con una sana doctrina, me parece que debe operar la disposición constitucional que dispone que cuando una observación es rechazada, debe insistirse por los dos tercios. Y no tendrían otra explicación las normas constitucionales que así lo establecen, porque, desgraciadamente, ninguna autoridad, ni el Tribunal Constitucional, ni nosotros mismos mediante informes que hubieren sido aprobadas por ambas ramas del Congreso, hemos establecido otra doctrina que las señaladas expresamente en la Constitución Política. De modo que no es admisible invocar el artículo 108 de la Carta Fundamental como antecedente para sostener que las insistencias no se votan en el caso de las observaciones rechazadas, porque tal precepto establece en forma clara y determinante que las reformas constitucionales tienen el tratamiento de un proyecto de ley. Y el inciso final dispone que sólo para los casos en que se aprobare la observación rige el quórum a que se refiere el inciso segundo del artículo 108. En consecuencia, cuando se rechazan las observaciones, deben operar aquellas disposiciones constitucionales según las cuales cuando una observación, es rechazada por el Congreso, debe insistirse por los dos tercios.
Por eso, considero que se ha actuado en forma incorrecta, y, de acuerdo con el artículo 4° de la Carta Fundamental, la actitud de cualquier persona que viole las disposiciones legales y constitucionales es absolutamente nula.
Estimo que con este proyecto va a ocurrir exactamente lo mismo que con la reforma constitucional que pretendió establecer las tres áreas de la economía.
Voto a favor de la observación.
El señor RODRIGUEZ.-
Señor Presidente, la intervención del Honorable señor Silva Ulloa me ahorra muchos comentarios sobre la materia.
Una resolución insólita y arbitraria.
No podemos dejar pasar la insólita resolución de la Mesa, máxime cuando ella es adoptada por alguien que ha sido Presidente de la República, que tiene formación jurídica y que, integrando la Oposición, se ha esforzado por tratar de colocar al Gobierno de la Unidad Popular en lo que ellos han llamado la ilegitimidad.
Estimo que, precisamente, la resolución del Presidente del Senado está colocando a esta Corporación en la ilegitimidad, en el abuso de Poder, por su criterio arbitrario para manejar el mecanismo de los vetos.
Por eso, interpretando a mi partido, expreso nuestra reclamación y nuestra protesta por este hecho insólito, arbitrario y absolutamente inconstitucional. La mayoría de la Oposición está colocando aquí en la ilegitimidad no a los veinte Senadores de minoría de la Unidad Popular, sino que a esta rama del Congreso y al Parlamento en general. En virtud de que el Tribunal Constitucional se declaró incompetente para pronunciarse sobre la materia, no cabe a los Senadores de minoría el recurso de apelar a dicho tribunal; pero, por lo menos, debemos dejar constancia de que, en virtud de medidas arbitrarias como ésta y manejando la mayoría parlamentaria como lo hace la Oposición, precisamente quienes imputan métodos totalitarios al Gobierno incurren en abuso de poder.
Actitud contradictoria de la Oposición.
En cuanto al texto mismo de la observación, deseo recalcar la contradicción en que incurren los Senadores democratacristianos que han intervenido y el Honorable señor Diez, al rechazar la concepción del Estado-patrón en el campo. Ellos critican la presencia del burócrata funcionario para dirigir la política agraria. Soy de los que piensan y estiman que tanto en este Gobierno como en las Administraciones pasadas hubo exceso de burocracia para aplicar la política de reforma agraria. Y a ello no escapan ni el Honorable señor Moreno ni los actuales conductores de esa política, Pero es indudable que el Gobierno pretende cambiar tal criterio.
Por otra parte, aparece contradictoria la actitud de los elementos opositores cuando, rechazando el Estado-patrón, los interventores y los funcionarios administrativos, objetan una medida del Gobierno que permite la plena participación de los campesinos, pues la observación establece concretamente lo siguiente: Los campesinos tendrán derecho a participar en la administración de las unidades productivas agrícolas que pasen a formar parte de las áreas social o mixta de la economía. Es decir, le estamos dando una participación democrática auténtica a la base social que está en el proceso de la reforma agraria. Sin embargo, quienes se oponen al Estado-patrón rechazan tal proposición. El veto del Ejecutivo agrega a continuación: Asimismo, tendrán derecho a participar en la definición, ejecución y control de la política agraria. O sea, el veto o la filosofía, del veto, tiende a incorporar a los trabajadores agrícolas en las decisiones reales, lo que les está negando la Oposición, la cual, mientras por una parte critica la intervención administrativa pura o la pretendida intervención totalitaria de un Estado, por otra, niega la plena participación de todas las tendencias, dentro del pluralismo que se proyecta en el campo para la decisión de una política agraria que incluso puede ser correctiva de los excesos de un poder determinado.
Por ello quedan en claro y en evidencia las contradicciones de la Oposición, la cual empieza por destruir sus propios fundamentos al rechazar una legítima observación del Gobierno tendiente a dar plena participación a los campesinos.
Voto a favor de la observación.
El Parlamento como poder constituyente.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, cuando el Parlamento aprueba una modificación de la Constitución Política no está ejerciendo propiamente sus facultades como Poder Legislativo, que comparte con el Presidente de la República, sino que, fundamentalmente, está ejercitando el poder constituyente que, por mandato expreso de la Carta Fundamenta y, radica, en primera instancia, en el Congreso Nacional y, en segunda, en el pueblo, en el electorado, que se expresa por medio del plebiscito.
Por eso, en el Capítulo 10, referente a las modificaciones o enmiendas a la Constitución, ésta dispone diversas excepciones y un trato especial que limita considerablemente la intervención y las facultades del Presidente de la República para participar en una reforma constitucional.
Ahora bien, considero que la Mesa, al rechazar la solicitud de algunos señores Senadores de someter a insistencia un veto, actuó dentro de sus facultades, cumpliendo rigurosamente la Constitución y el Reglamento del Senado. La institución de la insistencia no existe con relación a las reformas constitucionales; lo cual se desprende del texto de, la ley, de su espíritu, de la historia de sus disposiciones, de la doctrina y de los precedentes que existen.
Brevemente, me voy a referir a tal materia.
No procede la insistencia en las reformas constitucionales.
En primer lugar, el texto no establece de manera alguna la insistencia. ¿Qué es la insistencia? Es una de las formas de dirimir las discrepancias entre el Gobierno y el Congreso, que se aplica a la ley. Ningún Poder impone a otro su voluntad, salvo cuando el Congreso reúne dos tercios para imponer la suya. Esa es la norma que se aplica a la ley, porque todos los días surgen discrepancias entre el Ejecutivo y el Parlamento durante la tramitación de los proyectos de ley. En cambio, la norma para dirimir las discrepancias eventuales entre el Congreso como poder constituyente, y el Ejecutivo, en materia de reforma constitucional, no es la insistencia, sino el plebiscito, porque las materias de una reforma constitucional son muy importantes. En algunos países inclusive el plebiscito está establecido aunque haya acuerdo entre el Presidente de la República y el Congreso. Además, ese tipo de discrepancias se produce sólo ocasionalmente.
El espíritu de la reforma, anterior.
El espíritu de la disposición es claro. ¿Qué se pretendía con ella? La declaración del Presidente de la República, de esa época, que en la actualidad preside esta Corporación, la del entonces Ministro de Justicia, señor Lagos, y la de los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, demuestran que se pretendía expresamente que el pueblo tuviera participación directa en las grandes decisiones, como lo son aquellas que se ven envueltas en una reforma constitucional, mediante la consulta plebiscitaria.
Por otra parte, está la historia fidedigna de la disposición. Hay un antecedente que pocas veces se ha invocado, pero que utilizaron el Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados en la presentación que hicieron al Tribunal Constitucional. En él expresamente se establece, en la Cámara de Diputados, que el cambio del artículo 109, introducido en la enmienda de 1970, obedece al propósito de suprimir la insistencia que existía en el texto anterior y de reemplazarla por el plebiscito.
Como no tengo tiempo para darle lectura, pido que se inserte en esta parte de mi intervención.
La Revista de Derecho Público editada por el Departamento de Ciencias Políticas de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, acaba de publicar, en sus páginas 185 y siguientes, siete informes jurídicos concebidos en los mismos términos.
Por último, están los precedentes. Este Congreso Nacional es decir la Cámara de Diputados y el Senado resolvió esta misma materia con relación a la reforma constitucional que establece el área social y la participación de los trabajadores.
El Tribunal Constitucional, en los fundamentos del rechazo al requerimiento del Ejecutivo, y la Contraloría General de la República, expresamente...
Ha terminado el tiempo del señor Senador.
Termino la idea, señor Presidente. Decía que esos organismos expresamente han establecido que no cabe la insistencia.
Reitero la petición de insertar en esta parte del fundamento de mi voto los documentos a que me referí denantes y la parte pertinente del informe del Contralor.
Voto en contra de la observación.
Los documentos que con posterioridad se acuerda insertan son los siguientes:
Este criterio no sólo encuentra su fundamento en el tenor literal del precepto, sino que es congruente con el resto de las normas que encierra el Capítulo X de la Carta Política, en relación con el procedimiento de Reforma Constitucional, cuya especialidad en la materia enuncia categóricamente el inciso 1° del artículo 108 al prevenir que la reforma de las disposiciones constitucionales se someterá a las tramitaciones de un proyecto de ley, salvas las excepciones que a continuación se indican.
No es posible, en consecuencia, aplicar en esta situación la, regla que contiene el inciso 2° del artículo 54 de la Constitución Política del Estado para la formación de las leyes y según la cual si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación, porque la mencionada disposición especial del inciso 1° del artículo 109 sólo se refiere y atiende al rechazo total o parcial por parte del Congreso Nacional del veto a un proyecto de Reforma Constitucional, excluyendo así la insistencia parlamentaria que contempla el artículo 54 de la Constitución Política y configurando precisamente una excepción a las normas que regulan la tramitación de un proyecto de ley.
No podía, por lo demás, haber otra interpretación, cuando ella emana no sólo del texto, sino también de la historia fidedigna de su establecimiento. En efecto, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, del que se dio cuenta en esa Corporación en sesión Nº 26, de 9 de abril de 1969, al referirse al artículo 109 de la Constitución, expresa lo siguiente:
Artículo 109.
Esta disposición consagra la institución del plebiscito, y establece una Regulación que difiere sustancialmente del régimen vigente.
En la actualidad la consulta plebiscitaria sólo procede cuando el Parlamento desecha las observaciones del Presidente de la República e insiste por los dos tercios en la totalidad o parte del proyecto aprobado originalmente.
En este caso, el Presidente de la República podrá consultar a la Nación dentro de treinta días acerca de los puntos en desacuerdo.
Mediante la reforma que se introduce el Presidente de la República no tiene que esperar que quede terminada la tramitación del proyecto de reforma constitucional después del acuerdo adoptado por el Parlamento sobre las observaciones formuladas por él, sino que puede poner en marcha la consulta plebiscitaria de inmediato, cuando cualesquiera de las ramas del Congreso, en el primero o en el segundo trámite, no apruebe el proyecto propuesto por él, o citando el Congreso haya desechado total o parcialmente las observaciones que le hubiere formulado el Primer Mandatario.
El llamado a plebiscito debe hacerse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de acuerdo en que tina de las Cámaras desecha el proyecto de Reforma Constitucional o desde que el Congreso rechace las observaciones.
El plebiscito debe celebrarse dentro de los 60 días de publicado el decreto que ordena la consulta y fija los términos de ella.
El Tribuna] Calificador de Elecciones es quien comunica oficialmente al Presidente de la República el resultado de la consulta plebiscitaria.
Debe tenerse presente que ambas ramas del Congreso podrán consultar al Tribunal Constitucional acerca de la procedencia de la convocatoria a plebiscito y de los términos en que esté formulada la consulta a la ciudadanía, conforme lo establece la letra c) del primer artículo del Capítulo del Tribunal Constitucional.
Pero todavía hay más Excmo. Tribunal. En el veto del proyecto de ley que otorga derecho a sufragio a los analfabetos, del que se dio cuenta a la Cámara de Diputados en sesión 4ª en martes 26 de octubre de 1971, el Ejecutivo propuso agregar un Capítulo III en la ley Nº 14.852, General de Elecciones. En el inciso quinto del artículo 202 del referido Capítulo se lee lo siguiente: Si el plebiscito hubiere sido convocado, por haber el Congreso rechazado total o parcialmente las observaciones que el Presidente de la República hubiere formulado, el sector rojo de la cédula llevará la leyenda:...
Dicho veto fue rechazado por el Congreso, que estimó que esas disposiciones no tenían relación directa con las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa, por lo cual el Jefe del Estado propuso al Congreso con fecha 16 de mayo de 1972, un proyecto de ley sobre consultas plebiscitarias. En dicho proyecto, que consta en el Boletín del Senado Nº 26.058, en el inciso cuarto del artículo 204 del Capítulo III que se agrega a la Ley General de Elecciones el Presidente reitera una vez más el sentido y alcance que le da al artículo 109 de la Carta Fundamental, al establecer lo siguiente: Si el plebiscito hubiere sido convocado por haber rechazado el Congreso Nacional, total o parcialmente, las observaciones que el Presidente de la República hubiere formulado, la cédula llevará una columna azul...
Estos hechos constan de los certificados del Secretario de la Cámara de Diputados que acompaño en un otrosí y del boletín del Senado que se adjunta.
Cabe señalar, por último, que la finalidad de la Reforma acorde con las modernas tendencias del Derecho Político, fue darle una mayor intervención al veredicto del pueblo, expresado por medio del plebiscito, ampliando el campo de las observaciones, las que no quedan limitadas a meras modificaciones o correcciones a las reformas acordadas por el Congreso Pleno, como ocurría antes, sino que pueden, hoy día, comprender ideas contenidas en el Mensaje o en indicaciones válidamente formuladas por el propio Presidente de la República.
Así lo expresa categóricamente el Presidente de la República que propuso, impulsó y promulgó la reforma constitucional de 1970:
Dentro de este concepto amplio de participación, la consagración del plebiscito y la extensión del derecho a sufragio representan avances de gran importancia en la participación cívica de las grandes mayorías chilenas. A través de la Reforma el pueblo ha ampliado considerablemente su participación en el proceso electoral y a través del plebiscito ha logrado acceso al poder constituyente convirtiéndose en el árbitro de los conflictos que puedan surgir entre el Ejecutivo y el Congreso en materia de Reforma Constitucional (*).
(*) Eduardo Frei y otros. La Reforma Constitucional de 1970. Editorial Jurídica de Chile, 1970. Pág. 67.
La participación de los campesinos.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, los Senadores de la Unidad Popular, y muy particularmente el señor Rodríguez, han expuesto con relación a este veto, una argumentación, a mi juicio, absolutamente errada.
Comprendo que el Senador señor Rodríguez haya incurrido en este error, porque no conoce los problemas campesinos y probablemente no haya leído bien el veto. Él ha manifestado que la filosofía de este veto es la de otorgar participación a los trabajadores campesinos. La filosofía de este veto es la creación de las áreas social y mixta, no la participación. Aquí es donde está la verdad de lo que buscaba el Gobierno.
¿Qué ha ocurrido, señor Presidente? Que han sido precisamente los campesinos los que han rechazado al Gobierno las áreas mixta y social. Y hoy el país entero es testigo de que lo que afirmo en el Senado es verdad: el Gobierno ha propuesto crear el área mixta en las empresas vitivinícolas integradas; y han sido los campesinos pertenecientes a sindica, tos, la mayoría de éstos controlados por la Unidad Popular; sindicatos de Concha y Toro, Santa Rita y Santa Rosa del Peral, los que han declarado que no le aceptan al Gobierno el área mixta, en la cual la Unidad Popular propone una empresa formada de 51% en poder del Estado y 49% en manos de los empresarios. Los con propietarios campesinos, el Estado y el empresario. Y el Gobierno tiene miedo a un área mixta compuesta de esa manera, porque teme que haya una sociedad entre el empresario y los campesinos y dejen en minoría al Estado patrón. ¡Esta es la verdad de la participación!
La filosofía del veto no es la participación del campesino: es introducir de contrabando la quiebra del propósito de que el destino de las tierras sea la asignación definitiva en propiedad a los campesinos.
Y si de participación se trata, aquí hay que dar argumentos.
En diciembre de 1970, este Gobierno dictó el decreto N° 481 que creaba el Consejo Nacional Campesino, y en cuyos fundamentos declaraba que se constituía tal entidad para incorporar a todas las organizaciones campesinas a todas las decisiones en política agraria y de reforma agraria. Como los campesinos elegidos en virtud de ese decreto para constituir dicho Consejo Nacional son prácticamente en el 80% democratacristianos, hasta el día de hoy no se ha vuelto a hablar de ese Consejo, que es el organismo máximo de participación. ¡Lo guardaron, lo fondearon! En subsidio, decidieron desconocer las organizaciones sindicales campesinas y crearon de facto, sin ninguna legislación, los Consejos Comunales Campesinos, en que se nombra o saca a las personas al amaño del funcionario de la CORA o del INDAP.
Para dar participación, hay que otorgar derechos en las leyes, no atenerse a la voluntad del rey, del emperador o del burócrata funcionario. ¡Esto no es participación! ¡Esto es vejación a los campesinos! Y si no me creen, que cualquiera de los señores Senadores que están en esta Sala vaya al campo y pregunte a los trabajadores del agro, incluso a los de la Unidad Popular, si están de acuerdo con el sistema de los consejos comunales campesinos, qué se quieren arrogar atribuciones incluso, en algunas partes, para distribuir la comida, que no existe en el campo, lo cual está levantando la protesta de todo el campesinado chileno.
Por estas consideraciones, rechazo el veto, no sólo por la filosofía que encierra, sino, porque, en realidad, ésta es la forma de no participar. Si prosperara, sería el Estado, por medio de los funcionarios de la CORA o del INDAP, el que decidiría qué es bueno y qué es malo para los campesinos, y éstos quedarían reducidos para siempre a la condición de peones, lo cual no es propósito, ni de la ley ni de la reforma en discusión.
Voto que no.
El señor LAVANDERO.-
Siempre me han merecido y me merecen mucho respeto las palabras del Senador señor Aniceto Rodríguez. Por eso creo que vale la pena intervenir en este debate, en el que se habla de los derechos que corresponden a los campesinos.
La verdadera participación.
Aquí se ha hablado de participar. La Democracia Cristiana siempre ha sido partidaria de la participación, no sólo de los campesinos, sino también de los demás trabajadores obreros y empleados en todos los organismos, y ha creado juntas de vecinos, juntas de adelanto, asentamientos, etcétera, a fin de poder recibir la expresión natural de los sectores más modestos de los trabajadores, incluidos los campesinos. Jamás nuestra colectividad ha rehuido este debate ni ha privado a algún sector de la aspiración de participar. Este cargo hecho no puede imputársele a la Democracia Cristiana.
Pero, señor Presidente, y señor Aniceto Rodríguez, participar no es lo mismo que ser objeto de presión. Lo que se hace hoy día no es dar lugar a la participación, sino presionar a los campesinos: cuándo éstos deben tomar una decisión, se incorpora al asentamiento o al predio en que laboran gente extraña, que nada tiene que ver con los trabajos que allí se realizan ni con los inquilinos que durante años se han estado sacrificando y recibiendo incluso maltrato, arañando, rasguñando la tierra para otros. Hoy día llegan otros también a tomar decisiones por aquellos que durante años se sacrificaron. Y esto es una presión.
El paternalismo del Estado.
Se lo digo honesta y limpiamente al señor Aniceto Rodríguez: cuando se han realizado elecciones de directivas campesinas, he podido comprobar que algunos organismos estatales, como la CORA o el INDAP, llevan en camiones a gente para presionar y tomar decisiones contrarias a los campesinos, ajenas a ellos. De ahí la definición que expresamos en nuestro Gobierno: dijimos que no podíamos aceptar, ni el paternalismo de los patrones, ni el paternalismo del Estado. Esto que ahora quiere la Unidad Popular es paternalismo. Sus personeros no creen ni tienen fe en los campesinos, no tienen confianza en las decisiones que ellos puedan tomar, ¡Acostúmbrense, señores Senadores de la Unidad Popular, a que los campesinos puedan decidir sobre su propio destino! Ellos también son trabajadores.
Por último, este proyecto de reforma constitucional da la oportunidad de consultar a la opinión pública mediante un plebiscito. Comprendo que la Unidad Popular no se atreva a consultar a los trabajadores, porque hoy día, a la luz pública, se ha visto cómo se ha desvirtuado una elección y cómo incluso el porcentaje minoritario de 43% obtenido por la Unidad Popular está falseado. Aun así, falseado y todo, es y constituye una minoría. La Oposición es mayoría en el país. Lo ha seguido siendo después de la elección de Salvador Allende. Y esto obligaría a la Unidad Popular a meditar, al iniciar un diálogo con la Oposición, con la Democracia Cristiana o con quien fuera. Si quieren participar en un diálogo, deben reconocer que son minoría y que para realizar sus intervenciones y sus modificaciones, debieran considerar a quienes representan a la inmensa mayoría de los trabajadores los obreros y empleados, de los ciudadanos de este país.
Esta reforma les da la ocasión de consultar a los campesinos qué es lo que desean. Aquí tienen un desafío democrático. Acéptenlo y consulten al pueblo en un plebiscito y verán cuán equivocados estaban.
Por eso, rechazo este veto.
El señor VON MUHLENBROCK.-
Señor Presidente, el veto del Ejecutivo expresa que los campesinos tendrán derecho a participar en la administración de las unidades productivas agrícolas que pasen a formar parte de las áreas social o mixta de la economía.
Rendimiento del área, agraria reformada y de empresas estatales.
En este momento se encuentran presentes en la Sala todos los Senadores de la zona sur de Chile, desde Biobío a Magallanes. Y sería muy conveniente un pequeño diálogo sobre la forma como funciona el área reformada agraria en las provincias australes.
En la actualidad, como consecuencia de la política aplicada por el Gobierno de la Unidad Popular en la agricultura, por la creación de SOCOAGRO, el sur de Chile asiste a una catástrofe digna de haber sido cantada por el Dante, si es que catástrofes de esta especie merecen ser comparadas con los siete infiernos de Alighieri: ¡Cien mil vacunos están condenados a morir este invierno en el sur de Chile!
El país vio en El Mercurio del domingo último una fotografía dantesca, a raíz de la falta de talaje, de la carencia de transporte, de haber suprimido SOCOAGRO el poder comprador, de no existir camiones para el transporte de ganado y de la caída más mortal de precios que pueda existir.
El Mercurio del domingo pasado publica una fotografía impresionante. Corresponde a los campos del Centro de Reforma Agraria El Burro, al norte de Frutillar, donde aparecen cien vacunos muertos y rodeados de buitres. Por el fracaso total, por el desastre agrario chileno el área social queda absoluta y totalmente comprometida, porque ya no se trata de pérdidas del sector privado, sino de pérdidas del área social, de esa área estatal que en 1972 costó 50.000 millones de escudos y ahora lleva perdidos 100.000 millones de escudos.
A mis Honorables colegas de la Novena Agrupación les recuerdo que la fotografía corresponde al asentamiento o CERA El Burro. Era el fundo de don Jorge Nannig, de Frutillar, el mejor trabajado, según todas las estadísticas en la provincia de Llanquihue, el de más alta producción de leche, remolacha y trigo, el mejor apotrerillado, con una superficie inferior a las 40 hectáreas de riego básicas. Fue expropiado, a pesar de tener records de producción. En este momento, transcurridos dos años, allí reina la desolación. No hay talajes ni pastos y los vacunos mueren de hambre. Las pérdidas de ese CERA ¿quién las pagará? ¿Los campesinos?
El Estado es mal administrador.
Nunca he creído en el Estado administrador ni en el Estado empresario. Si analizamos toda la historia de Chile, podremos comprobar que no existe ni una sola empresa estatal Ferrocarriles del Estado, Línea Aérea Nacional, Empresa Marítima del Estado, etcétera que alguna vez haya tenido utilidades.
El Estado debe ser el regulador de la economía, no el interventor, ni, mucho menos, el empresario.
Según estudios técnicos óigalo bien el Honorable Senador por la Octava Agrupación, señor Araneda, la masa ganadera de Chile estuvo estacionaria durante 30 años; pero, desde el Gobierno de Sus Señorías, 1970 hasta ahora, ella ha disminuido de 2 millones 900 mil vacunos que tenía nuestro país, a 390 mil cabezas de ganado. Ello es el resultado de la aplicación de las normas de SOCOAGRO. ; Sobre esta misma materia, doy las siguientes cifras: en este país, con déficit permanente de proteínas mordido por la más atroz desnutrición debida al abuso de los carbohidratos, donde la infancia muere por falta de proteínas, la alimentación con carne es básica. En 1965 el consumo de carne por habitante fue de 15,4 kilogramos; en 1972, de 9,3 kilogramos, y para este año se calcula que será de 7 kilos por habitante.
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
Este es el balance de la Administración de la Unidad Popular en el área reformada del agro.
Voto que no.
El señor FREI (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía.
Señor Presidente, como ya se ha aclarado, el Gobierno, mediante el veto sustitutivo de los incisos cuarto y quinto que la reforma constitucional agrega al Nº 109 del artículo 10 de nuestra Carta Fundamental, pretende introducir la posibilidad de la creación del área social o mixta, y no, como indica en forma engañosa en su encabezamiento, tener espíritu abierto al derecho de participación de los campesinos. Estamos simplemente ante la implantación del área estatal o mixta para todas aquellas actividades productivas de importancia. Podría sostenerse que esto es aplicable a toda la actividad agrícola en un país con un déficit tan grande de alimentos. Al respecto se han formulado en la Sala, al parecer, en tono serio, algunos planteamientos, quiero señalar cómo entiende el Gobierno marxista la participación en esas empresas del área social. Sobre el particular, daré concretamente algunos ejemplos.
En la zona que represento, estancias que pertenecían a grandes sociedades ganaderas se han transformado en haciendas estatales. Cualquiera que sea el juicio que nos merezca el régimen social o el derecho de los campesinos a la propiedad de esas tierras, el hecho es que dichas propiedades, de modelos de explotación en cuanto a eficiencia, han pasado a ser la vergüenza de la zona austral, porque en ellas La sarna, que estaba absolutamente erradicada, se ha enseñoreado y está destruyendo las majadas ovinas de la provincia de Magallanes. El señor Godoy podrá decir si las palabras del Senador que habla reflejan la verdad.
¿A qué se debe esta situación? No a la incapacidad de los campesinos, sino a lo que, con mucha responsabilidad, expresó el señor Rodríguez al referirse a los tremendos problemas que tenemos con la burocracia: a la incapacidad de los burócratas para llevar a la zona siquiera elementos mínimos para hacer los baños desinfectantes del ganado ovino. Los campesinos no han contado con esos elementos, y a ello se debe que en esas haciendas estatales se esté destruyendo la productividad, la eficiencia y la producción de lana y de carne. En eso consiste una razón del deterioro expuesto por el Senador señor Von Mühlenbrock.
El ejemplo de ENAVI.
Estos ejemplos no los encontramos sólo en este terreno. También existe en algunas actividades agroindustriales.
¿Cuál es el resultado de la empresa estatal denominada Empresa Nacional Avícola, que refundió mataderos y plantas de producción e incubación? Me interesaría que el señor Corvalán, que en estos momentos se retira de la Sala, se quedara en ella, pues precisamente un hijo suyo es quien dirige todo el comité agroindustrial de ENAVI. El resultado es que la producción de pollos de un día para ser entregados a los avicultores y las cooperativas en términos tales que exista la posibilidad de sustituir la carne roja por carne de ave, se encuentra paralizada, pues en la actualidad ENAVI tiene cerrada su planta incubadora por la aparición de la pulorosis, enfermedad que se ha debido a la incapacidad de los burócratas, a que se refería el señor Rodríguez, para mantener la eficiencia que permita siquiera contar con normas mínimas de sanidad.
En cuanto a la participación, ¿saben los señores Senadores cuál es la que han tenido en esa empresa los trabajadores? ENAVI ha estado en huelga por más de un mes, porque el señor Corvalán y el grupo de comunistas que manejan la Empresa Nacional Avícola no sólo no han tomado en cuenta a los trabajadores, sino que han pasado por encima de todas las normas técnicas. Y, ahora, esos personeros, muchos de los cuales no poseen títulos profesionales, no quieren hacerse solidarios de la vergüenza que significa haber destruido la producción en uno de sus aspectos más importantes, y han debido recurrir a las pocas plantas de incubación del área privada para que subsista en Chile alguna producción eficiente de pollos de un día. De lo contrario, ella habría sido nula.
Por las razones expuestas, ¿cómo vamos a tener confianza en un área social en que, como señaló en señor Rodríguez, la burocracia muestra su ineficiencia, su incapacidad, su ineptitud, y donde no existe ninguna participación de los trabajadores?
Por ello, nos pronunciamos en contra de este veto.
Participación de los campesinos y actitud de los latifundistas.
El señor ARANEDA.-
Señor Presidente, la reforma agraria, para que sea auténtica, debe realizarse con la participación real y plena de los campesinos.
De lo que se trata ahora es de mejorar, ampliar y profundizar esa participación, teniendo como norte de sus organizaciones sindicales. Este propósito lo desarrollan todas las entidades campesinas, sin excepción. Frente a ello hay planteamientos absolutamente claros, de decisión inconmovible de los campesinos de participar más y más plenamente en el proceso de cambios de la producción agropecuaria.
No puede decirse que anteriormente esto imperara en nuestro país. Todos sabemos cuál fue la actitud del terrateniente y del latifundista respecto de sus campesinos; de qué manera se desarrollaba la participación de los trabajadores del agro en los predios: eran maltratados y vejados, se les robaban las asignaciones familiares, no se les hacían las imposiciones en el Seguro Social y se les pagaban bajísimos salarios. Y cuando el campesino hablaba o reclamaba, con los monos al camino. Eso lo saben muy bien los representantes de los terratenientes, como el señor Jorge Lavandero, que dice estar de acuerdo. El señor Senador lo sabe perfectamente bien, porque vive en la provincia de Cautín y, felizmente para sus campesinos, le expropiaron su fundo, que ahora está en poder de los trabajadores, que tienen plena participación en el proceso de reforma de las actividades agrarias.
No pueden decir lo mismo aquellos que, como lo ha reconocido de nuevo el señor Von Mühlenbrock, desde 1936 mantienen estática la existencia de ganado, que en nuestro país nunca llegó a los 3 millones de cabezas bovinas. Esto demuestra la incapacidad y la acción despiadada en contra de los campesinos y en contra de la propia economía nacional.
¡Eso es lo que les duele a ustedes!
E] señor FREI (Presidente).- Recuerdo a los señores Senadores que estamos en el fundamento del voto.
El señor Von Mühlenbrock recordó lo sucedido en el fundo Frutilar ¿Por qué no habla de que el año pasado las hordas fascistas asesinaron en esa localidad a tres asentados? ¿Qué dice usted frente a este planteamiento?
Fue un incidente policial. Estaban defendiéndose.
¡Incidente policial, dice el señor Senador! El fundo había sido expropiado, se habían consignado los dineros y se había tomado posesión de él. Sin embargo, aquellos elementos que usted, señor Von Mühlenbrock, defiende, asesinaron a los campesinos. Ese es el tratamiento que dieron a los campesinos en Ranquil en 1936. Por eso, nos llama la atención que ahora nos vengan a hablar de la participación de los trabajadores del agro, incluso los seudo-dirigentes de éstos que llegaron al Senado.
Todavía más: en la provincia de Cautín había un antiguo fundo, constituido hoy en asentamiento, de propiedad de don Arturo Alessandri. ¿Cómo marcaba este señor a sus animales? ¡Con la cruz gamada, con la esvástica de la Alemania hitleriana, en el lomo de las vacas y vaquillas! Esto lo saben los señores Senadores, pero no desean recordarlo.
Por eso, los comunistas y toda la Unidad Popular somos partidarios de que exista plena y efectiva participación de los campesinos en la conducción de su propio proceso, para que se termine de una vez por todas la acción que ustedes desarrollan, como representantes...
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
Voto que sí.
- Se rechaza la observación (26 votos contra 18 y 2 pareos).
He sido aludido por el señor Moreno y reclamo mi derecho a contestar.
Acabo de rechazar una petición similar de parte del Honorable señor Lavandero, porque estamos en votación, señor Senador.
Corresponde votar la observación que consiste en agregar un inciso nuevo a continuación del sexto del Nº 10° del artículo 10 de la Constitución Política del Estado.
La Comisión recomienda rechazar este inciso.
Con la misma votación, señor Presidente.
Sométalo a votación, señor Presidente.
En votación.
Hagamos valer la votación anterior, señor Presidente.
Si le parece a la Sala, con la misma votación anterior se rechazaría el veto.
Acordado.
En seguida, el Ejecutivo propone sustituir, en el número 2, el inciso que se agregaría a continuación del octavo, por los siguientes:
Los predios rústicos trabajados directamente por sus dueños que tengan una cabida igual o inferior a cuarenta hectáreas de riego básicas no podrán ser expropiados para los fines de la Reforma Agraria.
Lo dispuesto en el inciso precedente no se aplicará en los casos en que los predios sean ofrecidos por sus propietarios o que se encuentren manifiestamente abandonados.
Si le parece a la Sala...
Deseo fundar el voto brevemente.
En votación.
- (Durante la votación).
Una norma que se debe aprobar.
El señor JEREZ.-
Señor Presidente, estimo que el inciso segundo propuesto por el Ejecutivo es correcto y racional y conviene a cualquier sistema de reforma agraria, cualquiera que sea el juicio que se tenga respecto de esta norma, que nosotros compartimos en el sentido de que las 40 hectáreas de riego básicas queden fuera de los preceptos de la reforma agraria. Por eso, es indiscutible que aquellos que defienden tanto la libertad del ser humano de acuerdo con su propia concepción de la libertad, deben aceptar lo que el Gobierno pide, a fin de que queden excluidos de esta disposición los predios ofrecidos por sus propietarios, porque, de rechazarse esta proposición del Ejecutivo, se atentaría contra la libertad del ser humano para disponer de sus bienes como él desee, según la propia filosofía de los Senadores de Oposición y el sistema de propiedad privada que ellos defienden. Incluso puede ser indispensable para un ser humano desprenderse de sus tierras para cambiar de actividad o para disponer de recursos para algo tan grave como la necesidad de un tratamiento médico, o cualquier otro propósito que le interese más que la propiedad de la tierra.
En segundo lugar, respecto de los predios manifiestamente abandonados, aquí hemos oído expresar, durante el transcurso de las intervenciones, gran preocupación de los sectores de Oposición por la baja de la producción agraria. Y la verdad es que estamos pensando, precisamente, en que existen tierras de gran valor que, si en un momento determinado fueran abandonadas por sus dueños, no habría justificación alguna para oponerse a la proposición del Gobierno, de expropiarlas, porque lo que aquí se está defendiendo no es el sagrado derecho de la pro: piedad privada: lo que se está tratando de proteger es el derecho del propietario que trabaja bien su tierra. En esto, hay que ser claros. Por eso, si se desea defender el derecho a la propiedad privada, digámoslo derechamente, pero si lo que se defiende es la situación del propietario que trabaja bien la tierra, ello no tolera, desde el punto de vista racional, una oposición al planteamiento del Gobierno.
Para terminar, quiero decir que para nosotros resulta claro que todos los sistemas e ideas políticas necesitan, para hacerse realidad, del aporte real de sus seguidores, de su trabajo efectivo.
El costo de un cambio social.
En lo que se refiere a la baja de la producción, puedo decir que muchas razones: la explican. Desde luego, es un precio transitorio que se paga por un cambio del sistema social y económico en la tierra, y que el propio Senador señor Diez ha reconocido que, por razones históricas, hoy día se hace inevitable. Y esto no se logra sin pagar algún precio. Pero, señor Presidente y en ello también quiero ser enfático, ese precio puede reducirse si se corrigen los errores de dirección y las deficiencias y así habría ocurrido si realmente, no sólo en este Gobierno, sino también en los anteriores, se hubiera planteado a los campesinos que la reforma agraria no constituye únicamente una reivindicación histórica para ellos, sino que también lleva implícita la obligación de producir más para sus compañeros y para el país especialmente, a fin de compensar ese tremendo daño que significó para la economía nacional y para la sociedad chilena el latifundio.
Por eso, creemos que esta disposición no puede aprobarse así, en una simple votación. Pensamos que hay razones suficientes para que los Senadores de Oposición piensen que la primera idea propuesta en este veto por el Ejecutivo, relativa a los ofrecimientos de tierra por sus propietarios, es algo racional y legítimo, y que defender los predios manifiestamente abandonados significa caer en contradicción respecto a lo que han sostenido y a la necesidad de que se produzca más en el campo.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor CORVALAN.-
No pensaba intervenir. Fui aludido, por la responsabilidad que cabría a mi hijo en la producción de pollos. No voy a hacer la defensa de mi hijo, que es un muchacho recién egresado de la Escuela de Agronomía, que sé que trabaja con mucho interés y entusiasmo; y estoy seguro de que, así como ha cometido errores, probablemente también habrá tenido aciertos.
La baja de la producción avícola.
Sólo quiero manifestar que el déficit en la producción de pollos con relación a nuestras necesidades no. depende de mi hijo, ni del hijo del señor Ochagavía, en el supuesto caso de que le correspondiera desempeñar ese cargo. Si no me equivoco, para mantener la actual producción avícola necesitamos alrededor de 750 mil u 800 mil toneladas de maíz, que es el grano básico para la elaboración de alimentos concentrados para aves. Nunca Chile ha producido 800 mil o 700 mil toneladas de maíz al año. Según mis informaciones, la producción de este año superará ligeramente las 300 mil toneladas, cifra record que desgraciadamente no ha sido igualada por las cosechas de trigo o de otros granos.
Podríamos afirmar que Chile, desde que inició la producción de pollos broiler, entró, por usar esta expresión, en el camino de la armaduría de pollos. Porque, en verdad, los alimentos que se convierten en carne han sido tradicionalmente importados, y hemos tenido dificultades, derivadas no tanto de la producción de granos, en este caso, como del alza extraordinaria de precios del maíz, del sorgo o de los afrechillos. Esa es la razón fundamental, y bien se sabe que en este terreno hemos tenido muy graves problemas de divisas, especialmente por el hecho de que, mientras ocurría una devaluación del dólar y un encarecimiento extraordinario de los precios de los, artículos que importamos, concretamente del maíz, del trigo y la carne, el cobre estaba a muy bajo precio, inclusive, hasta febrero del presente año.
Quiero agregar que, por cierto, nosotros estamos de acuerdo en la inexpropiabilidad de los predios de cabida inferior a las 40 hectáreas de riego básicas y, con mayor razón, de los de 40 hectáreas físicas, siempre y cuando, como señala la observación del Ejecutivo, estén bien explotados. Esto nos parece elemental.
Y creo no equivocarme cuando digo que éste es o era el criterio, o la filosofía, para usar un término empleado varias veces por el Senador señor Moreno, que inspiraba el proyecto de reforma agraria de la propia Democracia Cristiana.
Del mismo modo, quiero decir que el hecho de que objetemos que aquellos campesinos que no reciban en propiedad individual la tierra...
Desgraciadamente, señor Senador, ha terminado su tiempo.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, siempre que se abordan temas relacionados con la reforma agraria o con la producción agropecuaria, se pronuncian encendidos discursos para atacar o injuriar a los agricultores chilenos. Ya se ha hecho una costumbre o una mala costumbre política, en Chile, el tratar de denigrar o de responsabilizar a los hombres que trabajan en el campo por toda una serie de errores y por conducción de políticas inconvenientes, que nunca han sido compartidas por ellos, sino que han emanado, precisamente, de posiciones, actitudes o programas de Gobierno o de partidos políticos.
Quienes ofrecieron la tierra, a los campesinos se niegan a entregársela.
Desde 1938 en adelante se viene repitiendo en cada campaña y en cada oportunidad la necesidad de entregar la tierra a los campesinos. Y ocurre que, en definitiva, cuando estamos frente a una reforma constitucional que por primera vez hace efectiva esta aspiración del campesinado chileno, los mismos que han ofrecido esa entrega buscan una serie de pretextos, de explicaciones, para negarse a entregar en definitiva los títulos.
Aquí se ha dicho que los campesinos han vivido en condiciones subhumanas como consecuencia de la explotación de que han sido víctimas de parte de los agricultores chilenos. Yo pienso que ha habido gente eficiente y justa como también gente que no ha cumplido con su deber, con sus responsabilidades, como la hay en todo orden de actividades; por ejemplo, entre los abogados, entre los médicos, e, incluso, entre los sacerdotes. De manera que los agricultores chilenos no pueden ser, en este sentido, una excepción.
Pero sí hay que reconocer lo que han hecho. Los agricultores llevaron a Chile a un nivel de producción y de productividad que fue uno de los más altos de América Latina, gracias a su esfuerzo particular; en nuestro país se regó más de un millón de hectáreas, se emparejaron y se limpiaron los campos, se hicieron los cierros y los caminos; se plantaron las viñas y los huertos frutales; se inició la plantación de bosques artificiales y la crianza de ganado, y en muchos cultivos llegamos a estar en los primeros lugares de productividad en el mundo. Además, los agricultores tuvieron que luchar siempre contra los precios políticos.
Aquí se ha dicho que los agricultores no pagan impuestos. Habría sido mucho mejor que los pagaran, pero que tuvieran precios justos, por lo menos a nivel de los existentes en el mercado mundial, aun cuando las condiciones para producir en Chile son mucho más difíciles y, por lo tanto, los costos son mucho más altos que los costos medios del mercado mundial en la producción agropecuaria.
No aceptamos que se injurie a los que han trabajado el campo chileno.
Quiero aprovechar esta oportunidad para dejar en claro que el Partido Nacional por ningún motivo acepta las injurias ni las acusaciones falsas vertidas aquí contra los hombres que han trabajado en el campo chileno y que han hecho posible, en muchos aspectos, el progreso de un sector tan importante de la actividad nacional.
Quiero recordar que don Pedro Aguirre Cerda, el primer Presidente elegido por la Izquierda en este país, era un destacado agricultor, propietario de una viña. También era un distinguido abogado que conocía a fondo los problemas de la agricultura. Sobre este tema escribió un libro muy interesante.
También recuerdo, cuando aquí se habla del latifundio, que un distinguido Senador del Frente Popular, elegido antes de la elección de don Pedro Aguirre Cerda, fue don Cristóbal Sáenz, destacado agricultor de la provincia de Malleco. ¿Y qué decían del doctor Sáenz? ¿Cuál fue la propaganda del Frente Popular para elegirlo Senador por esa agrupación? Se decía que él era uno de los tres o cuatro más grandes productores de trigo en América Latina. Y se ponía de relieve, como un hecho auspicioso y plausible, que un chileno hubiese logrado destacarse como uno de los grandes productores de trigo del mundo.
¡Otros criterios!
Cuando oímos todas estas cosas, no podemos menos que dejar en claro que no compartimos ni las injurias ni los juicios adversos a los agricultores. Estamos ahora en otra etapa de la historia de Chile, y nos pronunciamos por que la tierra se entregue a los campesinos y no quede en manos del Estado.
Por esto, voto que no. se detuviera a estudiar la lista de los predios expropiados por la CORA, observaría que son precisamente los más eficientes, que hay entre ellos predios planteles modelos de reproducción, y predios modelos en todo orden por su técnica y su capitalización. La oferta no es libre si la precede una toma, si está operando un interventor que gira con cargo a la cuenta del empresario agrícola, el que, ante la quiebra inminente, dice: Ofrezco mi predio antes de que me lleven a una ruina mayor que la que significa la pérdida de la propiedad.
Discriminación política en las expropiaciones.
El señor OCHAGAVIA.-
El proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso, que establece entre otras disposiciones una que declara que los predios de cabida igual o inferior a 40 hectáreas de riego básicas, o a 40 hectáreas físicas, no podrán ser expropiados para los fines de la reforma agraria, es la respuesta que ha debido dar la Oposición ante las expropiaciones masivas indiscriminadas y otras discriminadas políticamente, para perseguir a determinados personeros políticos de Oposición. Predios trabajados con eficiencia realmente digna de encomio calificada así, no por parlamentarios o políticos, sino por técnicos a nivel mundial, han sido expropiados.
Lo establecido en la ley Nº 16.640, que consigna una tabla de equivalencias sobre la base de una propiedad idealmente eficiente por su cabida, por las posibilidades económicas de explotación para lograr la mayor producción, por su aptitud de mecanización, etcétera, ha sido totalmente pisoteado por este Gobierno.
El Senador señor Jerez nos dice de buena fe: ¿Por qué se rechaza la idea de que ciertos propietarios ofrezcan espontáneamente sus predios para que sean expropiados? ¿Por qué se impide expropiar los predios manifiestamente mal explotados, cuando lo lógico sería lo contrario? Yo contesto al Honorable colega que, si él se detuviera a estudiar la lista de los predios expropiados por la CORA, observaría que son precisamente los más eficientes, que hay entre ellos predios planteles modelos de reproducción, y predios modelos en todo orden por su técnica y su capitalización. La oferta no es libre si la procede una toma, si está operando un interventor que gira con cargo a la cuenta del empresario agrícola, el que, ante la quiebra inminente, dice: Ofrezco mi predio antes de que me lleven a una ruina mayor que la que significa la pérdida de la propiedad.
Inexperiencia en el área social.
Soy profesional del agro. Saqué a colación a un hijo del Honorable señor Corvalán, pero no por su calidad profesional. El Honorable colega ha dicho algo muy importante, y me parece que ésa es la respuesta a. lo que está ocurriendo en torno de la producción avícola en Chile. Dijo el señor Senador: Se trata de un muchacho recién egresado, que trabaja con mucho entusiasmo. Yo también soy egresado y profesional del agro. Cuando llegué a trabajar por primera vez, no fui directamente a aplicar los conocimientos que aprendí en la universidad, que fueron muy respetables, sino que, primero, llegué a preguntar a los que habían trabajado día a día, durante años, cómo debía actuar. Sólo después de aprender de ellos llevé a la práctica la técnica que me habían enseñado en la universidad y sólo entonces me atreví a comenzar algún proceso para innovar y mejorar la producción. Por eso me inquieta que toda la producción avícola chilena esté en manos de un joven entusiasta, pero recién egresado de la universidad.
No puedo culpar al hijo del Honorable señor Corvalán, que está actuando con entusiasmo; pero culpo, sí, a la Unidad Popular, que coloca a la cabeza de esta actividad a gente que no tiene la experiencia necesaria y que pone en peligro la alimentación de los chilenos.
Al establecer la garantía que consagra esta disposición, estamos, por lo menos, asegurando la subsistencia de algunos pequeños propietarios para que con alguna tranquilidad, puedan invertir y aplicar técnicas que requieren de mucho capital, de mucho ahorro, pues el capital no es otra cosa que el ahorro y el esfuerzo de generaciones que no han gastado parte de su ingreso y se han sometido a privaciones. Esto es lo que el país necesita, y por eso estamos en contra del veto.
Fomento del mercado negro por la ENAVI.
El señor GARCIA.-
Voy a fundar mi voto contrario a la observación del Presidente de la República. Y quiero aprovechar la oportunidad, ya que se ha tratado el problema de la ENAVI, para decir cómo esta empresa maneja y fomenta el mercado negro. Es útil que los señores Senadores conozcan el mecanismo que se emplea.
Se inventa una factura a nombre de una persona imaginaria; tengo a mano una por 2 mil pollos y por un valor de Eº 69.774. Luego de inventada la factura, alguien se ignora quién es saca la mercaderías. ¡Y esa persona es la que vende el pollo a un precio dos, tres o cuatro veces mayor que el oficial! En el caso que he señalado, se actúa con la complicidad de ENAVI, Regional Colchagua-Marchigüe.
Deseo que esta factura se incorpore como testimonio a la versión de esta sesión. Ella está hecha a nombre del Sindicato de Camioneros de San Fernando, que por supuesto no existe. Por cierto que la factura aparece cancelada al contado, en billetes. Alguien sacó 2 mil pollos de la ENAVI para realizar un suculento negocio.
¡Para quien pregunte por qué existe el mercado negro, aquí está la respuesta!
Entrego el documento a la Mesa.
Contradicciones del Gobierno. Termino el fundamento de mi voto refiriéndome precisamente a la observación recaída en el precepto del Congreso que declara la inexpropiabilidad de los predios de cabida igual o inferior a 40 hectáreas de riego básicas o a 40 hectáreas físicas.
Siguiendo su costumbre, el Gobierno cae, una vez más, en contradicción y muestra las dos caras que tiene para todo.
En la página XIX del último Mensaje que el Presidente de la República leyó ante el Congreso Pleno se dice: Por ejemplo, en la agricultura elaborar una nueva ley de Reforma Agraria, que debe ser producto de una amplia discusión de los propios campesinos que asegure no sólo la inexpropiabilidad de todo predio menor de 40 hectáreas básicas sino que, sobre todo, garantice condiciones mínimas para la reorganización del sector.
Es decir, el Primer Mandatario no sólo se contentaba con la inexpropiabilidad de las 40 hectáreas de riego básicas, sino que deseaba más. Y después de haber dejado contentos a todos los pequeños agricultores, al proponer mediante el veto un artículo que sustituye el del Congreso, da el siguiente fundamento: De sancionar en definitiva esta parte de vuestro proyecto la relativa a las 40 hectáreas dejaría sin incorporar al proceso de la reforma agraria a cientos de predios rústicos que la realidad de nuestros campos y el sentir de nuestros campesinos hacen indispensable que se incluyan.
¡Ahora es indispensable incluir en la reforma agraria los predios de menos de 40 hectáreas, y en el mes de mayo era imprescindible dictar una norma que los declarara absolutamente inexpropiables!
Esa es la contradicción permanente, característica del actual Gobierno: dar un día un lado de la cara, y al siguiente, el otro.
Nada más quería dejar de manifiesto.
El documento a que se refirió el señor García, cuya inserción se acuerda con posterioridad, es del tenor siguiente:
DOCUMENTO
(NOTA: Debido a la calidad del original, no se puede obtener un clisé de mayor claridad).
Procedimiento que debe seguirse cuando el Congreso rechaza el veto a una reforma constitucional.
El señor BULNES SANFUENTES.-
Señor Presidente, estamos en votación. En consecuencia, cada Senador dispone sólo de cinco minutos, para fundar el voto.
Esta es, por lo tanto, una pésima oportunidad para entrar a discutir como lo han hecho algunos Senadores de la Unidad Popular un problema que requiere un debate mucho más extenso, cual es el relativo a la norma que debe aplicarse cuando el Congreso desecha un veto del Presidente de la República en materia de reforma constitucional.
Sobre este tema se han escrito toneladas de papel. Hay una exposición completa y muy larga hecha por los parlamentarios de mayoría y publicada en los diarios. Existe una réplica, también muy extensa, formulada por los parlamentarios de minoría e igualmente publicada. Hay una presentación hecha por las Mesas del Senado y de la Cámara de Diputados a la Contraloría General de la República. Se publicaron en la prensa, además, innumerables artículos de profesores de Derecho Constitucional. Se han realizado foros completos en la televisión, en la radio y en las universidades. Existe un dictamen de la Contraloría que, pese a no ser muy extenso, trata la materia en profundidad.
En consecuencia, no me parece serio que se quiera aprovechar la circunstancia de que los Senadores estamos constreñidos por un tiempo muy limitado cinco minutos para dar a última hora la sensación, en la versión taquigráfica de esta sesión, de que la Unidad Popular ha ganado una causa que, en realidad, perdió en la Contraloría, ha perdido en la opinión de los profesores de Derecho Constitucional así como en todos los foros.
Pero quiero, sin pretender tratar la materia en forma completa, que no quede sin réplica un argumento que dio el Honorable señor Silva Ulloa, basado en el texto de la Constitución Política y que es absolutamente equivocado, porque reside en ignorar del todo la existencia del artículo 109 de la Carta Fundamental.
El señor Senador nos dijo aquí que las disposiciones atinentes a la reforma de la Constitución no consignaban norma alguna para el caso de que la observación fuera rechazada por el Congreso Nacional. Y de este presunto silencio de la Carta Fundamental, de esa falta de toda disposición sobre rechazo del veto, el señor Silva Ulloa deriva que habría que remitirse a la norma pertinente del párrafo de la Formación de las leyes y aplicar el régimen de las insistencias.
Pido a Su Señoría que lea el artículo 109 de la Constitución. Se encontrará con que ese precepto trata prolijamente lo que ocurre cuando el Parlamento rechaza una observación. Dice así: El Presidente de la República podrá consultar a los ciudadanos, mediante un plebiscito, cuando un proyecto de reforma constitucional presentado por él sea rechazado totalmente por el Congreso, en cualquier estado de su tramitación. Igual convocatoria podrá efectuar cuando el Congreso haya rechazado total o parcialmente las observaciones que hubiere formulado, sea que el proyecto haya sido iniciado por mensaje o moción.
No dice cuál es la fórmula.
Sí lo dice. Lo dice para toda persona que tenga mediana habilidad en la interpretación de una ley. Porque en el inciso final del artículo 108 se expresa: Si las observaciones que formulare el Presidente de la República en conformidad al inciso anterior fueren aprobadas por la mayoría que establece el inciso segundo, se devolverá el proyecto al Presidente para su promulgación. Si no han obtenido la mayoría absoluta a que se refiere ese inciso, es evidente que las observaciones se han rechazado. Y cuando han sido rechazadas, nace para el Primer Mandatario el derecho de convocar a plebiscito. Si no llama a plebiscito, se aplica la frase final del inciso tercero del artículo 109, que dice: Transcurrido este plazo sin que se efectúe el plebiscito se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.
Ha terminado su tiempo señor Senador.
Por consiguiente, no es efectivo que la Constitución no hable de rechazo. Lo hace para el efecto de señalar la alternativa entre plebiscito y promulgación.
Excepciones a la inexpropiabilidad,
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, la observación que votamos, y que ha sido defendida por el Honorable señor Jerez, introduce una norma cuyo inciso segundo podría, teóricamente, aceptarse por cualquier Poder Legislativo. Pero las leyes, sobre todo la Fundamental, no son manifestaciones teóricas, sino un conjunto de normas que deben regir la conducta de los hombres en cierto momento y para una realidad determinada. Y no hay duda alguna, en teoría, de que debe expropiarse un predio de cualquiera extensión que esté manifiestamente abandonado, porque la finalidad fundamental de la tierra es dar alimentación al hombre. Sin embargo, en la práctica, con el pretexto de abandono o mala explotación, se expropian en forma sistemática pequeñas propiedades a todas luces perfectamente trabajadas y algunas que, incluso, merecieron felicitación de esta Administración, por resoluciones o documentos ministeriales. En la zona costera de la provincia de Curicó hay un predio de 27 hectáreas perteneciente a un viejo amigo mío, don Eneas Casals, quien firmó un contrato con la Corporación de Fomento, suscribió un convenio con el Servicio Agrícola y Ganadero, levantó 15 mil metros de cierre, hizo empastadas artificiales, desarrolló la crianza de ganado y protegió las especies autóctonas, lo que dio lugar a una congratulación firmada por el señor Chonchol. Sin embargo, transcurridos algunos meses desde esa felicitación y con motivo de la toma de ese fundo por dos personas, el mismo señor Chonchol, en una sesión de consejo de la CORA celebrado en Curicó, aprobó la expropiación del predio por mala explotación.
Nosotros debemos trabajar con esa realidad. En el Diario Oficial del lunes aparece una gran cantidad de propiedades pequeñas expropiadas por mala explotación, algunas de las cuales nunca fueron visitadas por los funcionarios de la Corporación de Reforma Agraria.
En consecuencia, preferimos que algunos predios mal explotados escapen a la sanción que debe aplicárseles, pero, en cambio, damos seguridad a la inmensa mayoría de los pequeños agricultores del país e impedimos el mal mayor que significan el uso indiscriminado y el abuso de facultades que la ley confiere con otros fines y que este Gobierno está utilizando precisamente para violar su espíritu.
Voto en contra de la observación, a fin de proporcionar a los pequeños agricultores la seguridad y garantía que requieren.
El señor MORENO.-
A mi juicio, esta observación del Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional es uno de los puntos centrales para definir el modelo o esquema dé la agricultura que él propugna y que difiere sensiblemente del que sustentamos los democratacristianos que hemos participado en la aplicación de la reforma agraria.
El precepto en debate establece que los predios iguales o inferiores a 40 hectáreas de riego básicas puedan expropiarse por tres causales: declaración de zona de riego a la que se refiere la siguiente observación, declaración de zona de ñadis y manifiesto abandono. Quien tenga una concepción técnica de la agricultura
se dará cuenta de que en la zona de ñadis puede caber la gran mayoría de las propiedades situadas entre Biobío y Chiloé inclusive, y qué a la zona de riego pueden incorporarse los predios menores de 40 hectáreas ubicados entre Tarapacá y la provincia de Biobío inclusive. Por lo tanto, aceptar el criterio del Ejecutivo implica dejar en situación indefinida a los pequeños y medianos agricultores, amagados permanentemente por la aplicación de la actual ley de Reforma Agraria.
La Democracia Cristiana ha sido absolutamente consecuente, tanto en la dictación de la ley 16.640 como al proponer el proyecto de reforma constitucional que nos ocupa. Quiero recordar al Senado que cuando se dictó la ley de Reforma Agraria se dispuso la inexpopiabilidad absoluta de todos los predios de hasta 80 hectáreas de riego básicas por el término de tres años a contar del 28 de julio de 1967. En esa ocasión postulamos lo que hoy hemos reiterado.
Estabilidad de la pequeña y mediana propiedad agrícola.
Somos partidarios de que exista una mediana y pequeña propiedad, y por eso quisimos consagrar en la Constitución Política una disposición tendiente a mantener este sector de empresarios, que aporta un contingente vital de la producción agropecuaria chilena.
El Senador señor Jerez ha dado un argumento que es preciso recoger. Preguntó por qué nos negamos a la posibilidad de expropiar un predio cuyo dueño quiere entregarlo voluntariamente. El señor Senador debe saber que la actual ley de Reforma Agraria y la presente reforma constitucional no impiden que una propiedad se transfiera a la CORA por compraventa. En consecuencia, no hay obstáculo alguno para que el propietario que lo desee entregue su terreno. Prueba de lo anterior es que en el Diario Oficial de hace dos días se publica la consignación de un predio agrícola expropiado por la Corporación de Reforma Agraria, en apariencia por mala explotación, por exceso de superficie o por pertenecer a una persona jurídica no está señalado, en virtud de lo cual se pagan al contado 22 millones 715 mil escudos. Como conozco los valores de cotización, estoy seguro de que esa suma no la paga nadie en el mercado, y, por ello, pediré que el Senado remita un oficio a la CORA, a fin de que se envíe copia de todas las tasaciones de predios con consignaciones superiores a 5 millones de escudos que haya cancelado ese organismo.
Por lo tanto, como no se impide la transferencia de las propiedades y está a la vista lo que ocurre, voto en contra de la observación, que atenta contra la estabilidad de los pequeños agricultores. La Democracia Cristiana, consecuente con la gestión que realizó durante su Administración, se siente orgullosa de contribuir a lograr esa estabilidad.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Expropiaciones arbitrarias.
El señor ACUÑA.-
Tal como lo planteamos en la Comisión de Legislación en la oportunidad en que se discutió la reforma, cuando se hicieron planteamientos similares, resulta absurdo proteger un predio abandonado o manifiestamente mal explotado. Sin embargo, la experiencia recogida fundamentalmente en los dos últimos años, en que casi el 80 % de las propiedades medianas que se han expropiado lo han sido con la calificación de estar mal trabajadas o abandonadas, nos hace desconfiar de una apreciación subjetiva que continuaría colocando en la inestabilidad absoluta a centenares de miles de pequeños y medianos agricultores que quedarían sujetos a una apreciación arbitraria y caprichosa.
Colocaré como ejemplo un hecho que ocurrió en enero de 1971 en la comuna de Fresia, provincia de Llanquihue. Cinco ciudadanos del pueblo de Fresia se tomaron un pequeño predio de dos hectáreas de riego básicas perteneciente al agricultor de la zona señor Evaldo Rebién. Dichos sujetos, que no tenían idea del trabajo agrícola, ocuparon el terreno durante un año, sin hacer nada y recibiendo sueldo de la Corporación de la Reforma Agraria. El señor Chonchol, Ministro de Agricultura de la época, y el señor Baytelman, entonces Vicepresidente de la CORA, expresaron reiteradamente que la propiedad no podía expropiarse debido a que la ley era inaplicable a ese caso, por tratarse de una superficie pequeña que fue ocupada violentamente. Sin embargo, después de un año, en una sesión de consejo de la Corporación de Reforma Agraria celebrada el 12 de marzo, si no me equivoco, bajo la presidencia del señor Chonchol y la asistencia del Vicepresidente señor Baytelman, se acordó expropiar ese terreno, usurpado y ocupado violentamente, por la causal de abandono.
Son estas injusticias y atropellos, estas muestras de sectarismo, de prepotencia y de irracionalidad, las que hacen que miles de personas estén planteando día tras día su desconfianza hacia burocráticas insensibles y absurdos, que no trepidan en hacer experimentos con el país y con la suerte y el bienestar del pueblo.
Lamento que el senado no se demuestre el ministro espíritu crítico que algunas veces se advierte en algunos congresos. En mi intervención de ayer recordé que en la Convención Agraria del Partido Comunista celebrada el 12 de agosto del año pasado, nuestro colega el señor Corvalán hizo un examen muy cáustico del problema del campo, reconoció muchas fallas, y manifestó que no podían seguirse tolerando una serie de excesos y tropelías. Tengo en mi poder ese discurso que es muy largo, pronunciado en una concentración en el Teatro Caupolicán y transmitido por radio. Por desgracia, no se corrige ni rectifica nada, y se siguen cometiendo injusticias.
Por las razones expuestas, ante el sectarismo y la experiencia que hemos conocido, somos partidarios de una garantía que no es excesiva, y que coloca las cosas en su lugar, que proporciona estabilidad en su labor al campesino, trabajador in dependiente que tiene derecho a vivir y a desarrollar sus actividades con cierta tranquilidad
Voto que no.
Los precios políticos en la agricultura.
El señor VON MUHLENBROCK.-
He sostenido en todas las intervenciones que los precios políticos aplicados en Chile a través de su historia, por la carencia de mentalidad agrícola que se ha observado en todos los Gobiernos de la república, han motivado la decadencia en que se encuentra la agricultura chilena, que hoy es una actividad condenada a la ruina, destino que también pesa sobre el área reformada, el área agraria social, porque ahora se están aplicando peores sistemas que en el pasado.
A pesar de que el Honorable señor Araneda no quería darse por aludido ante lo que manifesté reitero que la polaca aplicada por la Unidad Popular en la agricultura no sólo la arruinara y exterminará, sino que inclusive lanzará en el aquelarre, en la más atroz de las caídas y de los desastres, el área reformada, que, por sí sola, no sólo condenará al hambre a nuestra población si no que provocará la caída del propio Estado chileno.
¡Está inspirado Su Señoría...!
Su Señoría es de mi zona, y lo sé un hombre serio y respetable.
Veamos los precios y porque usé el término aquelarre: porque nadie puede entender lo que pasa. Claro que el manicomio puede ser racional después de leer a Erasmo en su Elogio de la locura.
Un pollo de 70 días se vende a un promedio de 200 escudos el kilo; un kilo de caballo se expende en ferias y otros lugares de Santiago, a 80 ó 90 escudos. El pescado y el marisco se extraen del mar, se transportan y se comercializan en un proceso que no dura más de siete días. Veamos cuál es el precio que se cobra por los productos del mar, después de este sacrificio realizado en siete días: el kilo de corvina vale 200 escudos; el de pescada y merluza, 90 escudos; el de congrio colorado, 300 escudos; el de jurel, sierra y tollo, 80 a 100 escudos; el loco, que pesa como promedio 100 gramos, alcanza un valor de 300 escudos el kilo. Sin embargo, ¡paradoja de las paradojas!, a los campesinos de los CERA, de los asentamientos, del área reformada, SOCOAGRO les está pagando de 30 a 32 escudos el kilo de novillo gordo; por el kilo de vaca de primera, 28 escudos, y por el buey de primera, 29 escudos el kilo. ¡Y este precio bajísimo y antieconómico se obtiene después de tres a cinco años de trabajo, utilizando maquinarias, mano de obra, pagando impuestos y sosteniendo la economía de provincias enteras!
Si esto no es el pandemónium, el aquelarre, la paradoja y la locura, no sé qué puede ser.
Señores Senadores de la Unidad Popular, el área reformada y el área social de la economía están condenadas al desastre, porque ustedes no han entendido las lecciones del pasado. ¡Sí, los precios políticos liquidaron a la agricultura chilena en todos los Gobiernos! Pero ustedes la liquidarán definitivamente al caer en un error, exacerbado hasta el paroxismo.
Por eso, voto en contra de esta observación.
El señor SILVA ULLOA.-
Debido a la hora a que aún continuamos sesionando, no pensaba intervenir. Pero lo expresado por el Honorable señor Bulnes me obliga a volver sobre la materia.
El régimen político chileno consagrado en la Constitución es sin duda un régimen presidencial con un Ejecutivo vigorizado. Ello se desprende tanto de las normas constitucionales como de la historia fidedigna de la ley que modificó en 1925 la Constitución de 1833, así como de las enmiendas posteriores, incluso las aprobadas bajo la Administración del actual colega que ahora preside el Senado. De tal manera que concebir que la modificación de la Carta Fundamental de 1970 importó disminuir las facultades del Presidente de la República, me parece francamente absurdo.
He aprendido, no porque tenga una formación jurídica, sino por la experiencia de estar concurriendo en el proceso de formación de la ley en Chile durante veinte años, que cuando el texto de la ley es claro no se puede distinguir a pretexto de consultar su espíritu. Y resulta que el inciso primero del artículo 108 de la Carta Fundamental señala lo siguiente: La reforma de las disposiciones constitucionales se someterá a las tramitaciones de un proyecto de ley, salvas las excepciones que a continuación se indican. Y las excepciones están contenidas precisamente en el artículo 108. La primera consiste en que El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara, el voto conforme de la mayoría de los Diputados o Senadores en actual ejercicio. Esto, es una excepción, porque la ley común requiere sólo mayoría y no el quórum denominado constitucional.
Luego se establece, también como excepción, que una vez aprobado el proyecto por ambas ramas del Congreso con los quórum constitucionales exigidos, debe ser sancionado por el Congreso Pleno, el que debe reunirse en un día que la misma Constitución consigna. Si en el día señalado no se reuniere la mayoría de los miembros del Congreso, la sesión se verificará al día siguiente, con los Diputados y Senadores que asistan. O sea, aquí también se produce una excepción, porque ambas ramas del Congreso necesitan un quórum para sesionar. Pero, exagerando, si el Congreso Pleno no se reuniera el primer día de su convocatoria, al siguiente bastará que concurriera un solo Senador o Diputado para que se aprobara una reforma constitucional. Ésa es una excepción.
En seguida, la otra excepción contenida en el artículo 108 de la Carta Fundamental consiste en que el proyecto aprobado por el Congreso Pleno no podrá ser rechazado totalmente por el Presidente de la República, quien sólo podrá proponer modificaciones o correcciones, o reiterar ideas contenidas en el mensaje o en indicaciones válidamente formuladas por el propio Presidente de la República.
De manera que ésas son las excepciones, y no la que ha señalado el Honorable señor Bulnes, que se ampara en el artículo 109, el cual trata sobre el plebiscito, y parte del hecho de observaciones rechazadas válidamente. Porque la propia Constitución, en su artículo 54, establece que si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su aprobación.
La otra norma rige para el plebiscito, y ésta para la promulgación de proyectos.
Pero tienen que insistir por los dos tercios. Contrario sensu, si no insisten con ese quórum, no hay ley sobre la materia.
Por eso, el inciso primero del artículo 108 es determinante.
Termino votando a favor de esta observación.
La señora CAMPUSANO.-
En el artículo anterior estaba asegurado lo que el Gobierno propone suprimir mediante el veto, porque en la observación se señala que los predios rústicos trabajados directamente por sus dueños que tengan una cabida igual o inferior a 40 hectáreas de riego básicas no podrán ser expropiados.
Señor Presidente, quiero decir que en la votación de este veto se ha podido ver el odio infinito de estos caballeros que han intervenido, el señor Diez, el señor Ochagavia, el señor Moreno y el señor Hamilton, principalmente.
¿Odio contra quién?
El odio contra lo que se está construyendo en este país. Porque todo es malo para ellos. Nada es bueno. Nada reconocen. Que se han expropiado más de tres mil latifundios o fundos, eso no lo reconocen.
Dé argumentos, señora Senadora.
Que hay miles de campesinos que son propietarios de la tierra porque la están trabajando, no lo reconocen.
Que hay tractores...
¿Dónde?
¿Dónde?
Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
Perdónenme, pero ocurre que yo también tengo derecho a usar de la palabra. ¡Si también he sido elegida con votos, y con votos más limpios que los de ustedes, porque no compramos ningún voto!
¿Y los 300 mil votos con que se arreglaron?
¡Cómo no...!
¿Cuántos señores...?
Aquí hay varios Senadores afectados.
¿Cómo va usted ahí?
Está con la palabra la señora Senadora, y no se le puede interrumpir.
Está cuestionado el Senado, entonces.
Si es así, habría que cerrarlo.
Por favor, señores Senadores, voy a tener que suspender la sesión si no guardan orden.
Estos son los caballeros que estaban desesperados porque el General Prats no había contestado bien a una dama de alta alcurnia que le había sacado la lengua y que pertenece a la clase social que ellos representan. Estos son los caballeros que no son dignos de respetar a una mujer proletaria que se ha atrevido, por la voluntad del pueblo, a llegar a este Parlamento. A ellos les hubiera gustado que estuvieran aquí todas estas señoras que les faltan dedos en las manos para ponerse joyas, a fin de que vinieran a defender los intereses de los ricachones. Por eso no dejan hablar. Ustedes no reconocen que hay una situación nueva en el campo, que a la zona que represento los señores Zaldívar y Noemi no podrán negarlo han llegado tractores. ¡Por primera vez en la historia de las comunidades de Coquimbo han llegado tractores a trabajar la tierra!
Estos caballeros nos creen niños de las monjas, o quieren aparecer ellos como tales. ¡Todas las tropelías que se cometieron en el campo, los robos de las asignaciones familiares, eso pasaba inadvertido para ellos! ¡El derecho a pernada, cuando tomaban la mejor hija del campesino...! No, eso tampoco lo recuerdan. ¡Cómo iban a hacer eso...! Y no me pueden decir que estoy inventando, ya que eso sucedía, y hubo historiadores que así lo atestiguaron.
Mil y un crímenes, mil y una matanzas de campesinos, y ellos ahora vienen a criticar a este Gobierno, que está dando beneficios al pueblo.
Se ha sembrado una gran cantidad de hectáreas de maíz, cerca de 100 mil hectáreas. Habrá una producción de 3 millones 500 mil sacos de maíz. Pero ellos no lo reconocen, no lo ven. Y la producción de trigo también se va a aumentar.
Hablan de ENAVI. Debo aclarar que en 1970 está entidad sólo controlaba un quinto de la producción de aves. ¡Y tanto que han hablado! Esto hay que decirlo. No todos los errores pueden cargarse a ENAVI, al sector estatal, pues en un inmenso porcentaje corresponden a la producción privada. Allí están los errores.
Aquí los señores democratacristianos levantan la voz, ¡y no hablan de todos los pollos que hubo que arrojar al Mapocho cuando el señor Pubill tenía el gran monopolio! ¡Ah, ellos no cometían errores...! ¡Ello no tapaban los grandes negociados y las mugres...!
Nosotros estamos en contra de los negociados y en contra de que algún funcionario de la Unidad Popular cometa errores. Por eso me alegro de que el Honorable señor García Garzena haya traído aquí un documento. La Unidad Popular, así como su representación parlamentaria, tiene la obligación de investigar si esa persona cometió o no cometió el error que se le imputa. Y si ha caído en él, se irá afuera, pues, señor. Porque ésa es la moral de la Unidad Popular, ésa es la moral de los trabajadores.
Entonces se van a quedar sin gente.
No importa que nos quedemos sin gente, pues llegarán a trabajar los campesinos y los obreros con su ignorancia, pero con sus manos limpias.
Nosotros somos así. Pero ustedes subían como el corcho podrido a la cresta de la ola, como decía una vez César Godoy a sinvergüenzas y negociantes. Nosotros no somos así.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Por eso estamos de acuerdo con el veto.
El señor ARANEDA.-
He pedido la palabra fundamentalmente porque se han planteado algunas observaciones respecto de los campesinos, de la producción, de la situación de los pequeños propietarios, con motivo de los incisos propuestos por el Ejecutivo en esta parte del veto que estamos votando.
Nos parece que esto na que ver con la realidad existente en el campo.
Ni los campesinos ni los Senadores comunistas nos guiamos por los anuncios agoreros y catastróficos del señor Von Mühlenbrock. No, nos apoyamos en la decisión irrevocable de los campesinos de producir más, de aumentar la producción agropecuaria, de defender la conquista de la tierra y de superar la herencia funesta que el latifundio dejó en Chile, amparado, por los conservadores y liberales que hoy están ubicados en el Partido Nacional.
El señor Jarpa planteó que los Senadores de la Unidad Popular habíamos atacado a los hombres del campo, a los agricultores chilenos. Creo que en cierta medida ha querido tergiversar nuestras formulaciones.
Atacamos, señor Jarpa, a los terratenientes; a los latifundistas; a los ladrones de la tierra de los mapuches; a los que explotaron inmisericordemente a los asalariados agrícolas, a los afuerinos, a los arrendatarios, a los pequeños propietarios, ya que estos últimos también fueron víctimas de la acción de los terratenientes y latifundistas. Es decir, las formulaciones de los parlamentarios de la Unidad Popular distan del cielo a la tierra de lo que se nos ha querido plantear en esta oportunidad.
Por otra parte, nos extraña esta parte del proyecto presentado por el señor Moreno, porque la inexpropiabilidad de las 40 hectáreas de riego básicas en el caso de las tierras abandonadas o mal trabajadas, en el hecho significa un retroceso con respecto a la actual ley de Reforma Agraria. Y de eso absolutamente nadie puede sentirse feliz. Todo lo contrario. Además, están la opinión de los técnicos y el interés común de la patria, de todos los chilenos, en que podamos hacer producir más nuestra tierra.
Por eso, he planteado estas observaciones, al fundar mi voto, dando a conocer la opinión de los Senadores de estas bancas.
El señor LAVANDERO.-
Deseo señalar en esta oportunidad que siempre he sido respetuoso de todos los antagonistas, adversarios, Diputados o Senadores, cuando expresan ideas y las plantean para confrontarlas con otras. Pero, evidentemente, no puedo aceptar que se trate de imponer algunas ideas por medio de la fuerza y de los insultos. Ello significa que son tan malas, que no pueden sobreponerse a otras, sino sobre la base de la denigración personal.
En múltiples oportunidades, he escuchado participar en foros al Honorable señor Araneda, y siempre lo ha hecho con criterio, en forma reposada. Por eso, lamento que hoy día se haya dedicado a injuriarme personalmente a gritos. No quiero creer que el señor Senador sólo sea un gritón. Lo creo y espero que así sea un hombre capaz de razonar y de hacer predominar sus ideas por medio de la inteligencia y no sobre la base de la fuerza o el amedrentamiento. Por tal motivo, daré una explicación que en realidad no hubiese querido proporcionar por estimar, en cierto modo, que la situación personal debe estar ausente en estos debates. Sin embargo, en mi calidad de democratacristiano, debo dar tal explicación, porque soy responsable de mis actitudes.
Es efectivo que cuando llegué al Parlamento era un hombre inmensamente rico. Tenía cuatro fundos. Uno de ellos lo vendí a un damnificado, que no ha podido pagármelo hasta el día de hoy. Jamás se lo he cobrado, y le pertenece. El otro, denominado Puente Largo, que tenía en Cautín, lo permuté por un predio, que fue entregado gratuitamente, donde hoy existe la Población Lavandero, de Cautín. Otro de mis fundos, ubicado en Rosario, en la provincia de O’Higgins, fue entregado a los campesinos antes de que existiera siquiera la ley de Reforma Agraria. Y hasta el día de hoy esos campesinos, agradecidos, me visitan una vez al año. Por último, el fundo Quepe, por el cual he sentido gran cariño, porque provenía de una persona a quien estimaba extraordinariamente, también fue cedido a los campesinos. Y esos campesinos fueron atacados por un grupo que no pertenecía al predio. Recuerdo que en esa ocasión el ex Ministro señor Tohá me pidió ayuda para evitar una balacera. Entonces acudí al lugar en compañía del señor Joignant, asesor político del señor Tohá, a colaborar con él, a pesar de los balazos que le dispararon a él los propios ocupantes que podría llamar extranjeros.
Ese fundo no fue adquirido a ningún mapuche, ni tampoco quitado a ninguno de ellos. Fue comprado en un remate público. Y para probar la afirmación de que nunca he tenido dificultad alguna con los campesinos, y que, al contrario, ellos me profesan estimación y me consideran su amigo, puedo decir que al asentamiento del fundo Quepe le pusieron el nombre de una hija mía, Santa Paula.
Como democratacristiano, he entregado todo lo que tenía. No he actuado como otros parlamentarios y dirigentes que han eludido el proceso de la reforma agraria.
Fui Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y en ella impulsé dicha ley, a pesar de que pudo haberme perjudicado, contrariamente a la actitud de quienes después de haber sido Diputados de la Unidad Popular se dedicaron a adquirir fundos que estaban en situación de ser expropiados. Uno de ellos fue el instigador de los sucesos de Puerto Montt, que incitó a los pobladores a tomar terrenos que no les pertenecían, después de despojarlos de sus recursos, vendiéndoles propiedades inexistentes, de lo que había sacado una jugosa tajada. Así se lo dije en la Cámara de Diputados, y no fue capaz de contestarme. Seguramente por eso su colectividad no lo presentó nuevamente como candidato a Diputado. En la actualidad, es propietario del fundo La Ganadera del Cisne, en Chinquío, cerca de Puerto Montt.
Señor Presidente, tengo mis manos limpias, y puedo responder ante el Senado y ante mi partido de que jamás he cometido un atropello de esa naturaleza. Por eso tengo suficiente autoridad moral para votar en esta oportunidad en contra del veto.
- Se rechaza la observación (26 votos por la negativa 18 por la afirmativa y 2 pareos).
Los Comités me han hecho saber que han llegado a un acuerdo para hacer dos grupos de votaciones: uno relativo a los vetos supresivos, y otro, a los aditivos. Me han comunicado, además, que un solo señor Senador hablará cinco minutos en nombre del respectivo Comité.
En consecuencia, se procederá en la forma señalada.
Hay dos vetos supresivos en la página 33 del boletín comparado mediante los cuales se suprimen dos incisos del artículo único. En seguida, en la página 35 se suprime la letra b) del número 3 del Nº 17°, y también la letra c), por medio de la cual se agrega un Nº 18º, nuevo. Finalmente, el Ejecutivo propone suprimir el artículo transitorio.
La Comisión recomienda rechazar todas estas observaciones.
En votación los vetos supresivos.
(Durante la votación).
El señor CORVALAN.-
Nosotros votaremos afirmativamente el primer veto supresivo, porque el primer inciso del proyecto de reforma constitucional establece que cuando la cabida de un predio sea superior a 40 hectáreas, sólo será expropiable el exceso sobre las 40 hectáreas de riego básicas. A nuestro juicio, tal medida, significa fomentar el minifundio, pues si una propiedad tiene 45 hectáreas arruga el ceño el Honorable señor Moreno, o 41 hectáreas, o 42 hectáreas, al tenor de la reforma de la cual Su Señoría es autor queda la reserva sobre las 40 hectáreas, y sólo será expropiable el resto; una, dos, tres, cuatro o cinco hectáreas.
Nadie obliga en tal sentido.
Es lo que dice aquí. Se establece que en este caso el mínimo son 40 hectáreas, y que el exceso es expropiable.
Nadie lo obliga.
Entonces, quiere decir que ya no se plantea como límite 40 hectáreas, sino 45, 50 o más hectáreas. Esto está absolutamente claro.
En cuanto al veto supresivo que figura en la página 35 respecto de la libertad de comercio y de transporte, pretende eliminar una disposición que implica una virtual renuncia a la organización de la comercialización de los productos del campo y dar libre entrada al mercado negro, a los especuladores en el agro chileno.
Dentro de los cinco minutos de que disponemos no es posible abordar todos los vetos supresivos o de cualquier otra naturaleza; pero la verdad es que en el fondo de este proyecto de reforma constitucional la Democracia Cristiana retrocede con relación a la ley que ella misma patrocinó.
Ocurre lo mismo en lo que respecta a un hecho sobre el cual pensaba referirme en mi intervención anterior y que consiste en la entrega obligatoria de dos hectáreas como goce a los campesinos, cuando los predios no sean cedidos en forma individual. Si esas dos hectáreas son tierras de calidad, el campesino se dedicará al cultivo de ellas, por ser de alta productividad, y restará su esfuerzo al trabajo común para hacer producir el predio. Esta es una idea que tenía la Democracia Cristiana, y lo pude observar en el campo, aun en los goces de que actualmente disponen los campesinos. Se trata de un fenómeno real. Por eso creo que las medidas propuestas son contrarias a la necesidad de aumentar la producción en el campo. Excúsenme los señores Senadores que vuelva al asunto planteado por el Honorable señor Ochagavía, quien dijo ya no se trata del hijo del Senador Corvalán, pues podrá ser cualquiera otra persona que la culpa la tiene la Unidad Popular al colocar en esas labores a un muchacho recién salido de la Universidad. Yo soy también especialista del agro. Y cuando he trabajado en esto, lo he hecho acumulando la experiencia que me ha dado el campo. Desgraciadamente, mi hijo no fue hijo de campesino, y felizmente no fue hijo de terrateniente. Pero, ¿qué hacen los muchachos? Tienen que trabajar en alguna parte y adquirir experiencia. Pero no se deben a la inexperiencia de uno, dos o tres muchachos las dificultades que tenemos en la producción de aves. Ellas se deben a que nos faltan divisas, a que no producimos suficiente grano, a problemas de desembarque y de transporte, etcétera.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Voto a favor del veto.
El señor HAMILTON.-
En primer lugar, quiero recoger, aunque sea rápidamente, una observación de orden jurídico que ha quedado flotando en el ambiente después de la intervención del Honorable señor Silva Ulloa con relación al problema de los dos tercios y de la insistencia.
Se ha sostenido en forma reiterada que el Congreso no tendría por qué imponer su criterio al Presidente de la República y, aparentemente, tal aseveración es razonable. Pero quiero simplemente aclarar que el Parlamento no impone jamás su criterio al Jefe del Estado, ni por majaría relativa, ni por mayoría absoluta, ni por los dos tercios, ni por la unanimidad, pues, aun cuando se diera este último caso respecto de una reforma constitucional, si el Presidente de la República quiere resistir ese acuerdo, tiene entre sus atribuciones legales exclusivas la de consultar al pueblo mediante un plebiscito. Si no lo hace, es porque, o está de acuerdo con la reforma, o porque sabe que no es capaz de encontrar apoyo mayoritario para imponer su criterio en el pueblo. Es, entonces, la mayoría del Congreso Nacional como representante de la mayoría del pueblo, o bien es la mayoría del pueblo, expresada en un plebiscito, la que está modificando la Constitución Política del Estado. Y ni el Presidente de la República ni autoridad alguna que emane del pueblo puede oponerse a la voluntad popular mayoritaria democráticamente expresada.
En relación con los vetos supresivos, en primer lugar me voy a referir al precepto contenido en la reforma que establece que cuando la cabida de un predio excede las 40 hectáreas y es inferior a las 80, éste no puede ser expropiado, sino en el exceso sobre esa medida. Es la idea de reiterar que la inexpropiabilidad de la pequeña propiedad agrícola es absoluta, en términos actuales. Si un predio tiene pocas hectáreas más de 40, la Corporación de la Reforma Agraria no está obligada a expropiarlo.
En segundo lugar, el Presidente de la República, a través del veto, quiere suprimir la inexpropiabilidad que para Chiloé continental, Aisén y Magallanes se hace extensiva a los predios de hasta el equivalente de 80 hectáreas de riego básicas. Esta disposición, que propuse en el primer trámite del proyecto y que posteriormente fue aprobada por la mayoría de los señores Senadores de la zona, tuvo su origen en un acuerdo o convenio en la provincia de Aisén entre los colonos, los propietarios y los propios campesinos, según el cual se debe respetar la reserva para el propietario y entregar el resto de la tierra en propiedad cooperativa a los campesinos. El fundamento de hacer esta excepción para la Patagonia chilena estriba principalmente en el hecho de que en esa zona la productividad de la tierra corresponde a menos de la tercera parte de la del resto del país.
En segundo término, la equivalencia de convertibilidad de las 80 hectáreas para esa zona no está establecida por la ley de la Reforma Agraria, sino que fue dispuesta sin criterio técnico, sino político, por decreto del Presidente de la República durante la actual Administración.
Y en tercer lugar y fundamentalmente, porque esa es una zona de conquista, de colonización, poblada por hombres que han venido del Norte o de otros países, que acogieron la invitación que hizo el Estado de Chile para instalarse allí, crear la tierra y producir en condiciones extraordinariamente difíciles de geografía y de clima, con quienes el Estado chileno, por encima de banderías políticas y por razones de nacionalidad, tiene un compromiso que debe respetar.
Por último, el otro precepto que el Gobierno quiere eliminar es el que garantiza la libertad de comercio y transporte e impide que la materia sea regulada por el criterio arbitrario de la Administración.
Toda la idea que informa esta enmienda constitucional es hacer propietario al campesino sea en propiedad cooperativa, comunitaria, familiar o individual, idea fundamental que se refuerza con la libertad de transporte y de comercio, porque nada ganaría el campesino propietario con que le garanticen la inexpropiabilidad de su tierra, si le van a expropiar el producto de ella. Por ejemplo, si en la zona que yo represento, la carne y la lana, que es lo que allí producen el campesino o el colono, son monopolizados por el Estado; si este es el único que fija precios, no hay otro canal de transporte y comercialización, en definitiva, y dada la forma como opera el Estado, se estaría sacrificando al productor, no en beneficio del consumidor, sino en el del Estado.
¿Cómo vota el señor Senador?
Voto en contra de éste y de todos los vetos que ha presentado el Gobierno en esta oportunidad.
El señor ACUÑA.-
Quiero expresar que los Senadores del Partido Izquierda Radical vamos a rechazar estas observaciones del Ejecutivo, porque tienden a desvirtuar absolutamente el objetivo fundamental del proyecto, cual es el de respetar el derecho del trabajador independiente del campo a conservar las 40 hectáreas de riego básicas o su equivalente.
Al respecto, quiero reiterar que, tal como lo dijimos oportunamente en la Comisión, este precepto implica una garantía constitucional destinada a preservar de manera definitiva el derecho al trabajo del campesino.
La ley de Reforma Agraria y el programa de la Unidad Popular como lo expresé documentadamente con el programa de la Unidad Popular, con los acuerdos de El Arrayán y con todas las declaraciones hechas tendía a eliminar el latifundio en Chile, entendiendo como tal el que excede de las 80 hectáreas de riego básicas o su equivalente.
Nosotros estamos poniendo una barrera infranqueable a la arbitrariedad, a la irracionalidad y a la actitud muchas veces obtusa de elementos que no tienen absolutamente ningún conocimiento del agro y que proceden política y sectariamente, como se ha demostrado con muchos ejemplos. Al respecto, quiero citar otro caso para demostrar la arbitrariedad que se comete.
Actualmente todo el latifundio está expropiado en Chile, salvo algunas excepciones que debe de haber y que es legítimo que sigan la regla general.
Pero en este momento existen 600, pequeñas y medianas propiedades intervenidas, según informes que me ha entregado el Ministerio del Trabajo.
Tengo en mi poder una carta fechada en Valdivia el 2 de mayo de 1972, dirigida al señor Subsecretario del Trabajo, don Augusto Jiménez Jara, por uno de los interventores designados por el Gobierno, en la cual se dice textualmente lo siguiente:
Compañero Subsecretario:
Aníbal S. Rodríguez Asenjo, ex funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero, actual de la Corporación de Reforestación, viene respetuosamente en exponer y a su vez solicitar a usted, lo siguiente:
1.- Con fecha 6 de enero de 1972 y por Decretos Nºs. 18 y 19 de la misma fecha, publicados en los Diarios Oficiales de fecha 15 y 21 de enero del año en curso, fui nombrado Interventor de los predios San José y San Jorge de propiedad de la Sucesión Germán Matzner y de don Juan Ignacio Matzner, los cuales se encuentran ubicados en la Comuna de Paillaco Departamento de La Unión y Provincia de Valdivia, y que en dichos fundos se encontraban paralizadas sus faenas desde el 18 de noviembre de 1971 debido a una toma de carácter ilegal, encabezada por tres obreros ajenos a la dotación de compañeros trabajadores de dichos predios los cuales fueron presionados y amenazados por dichos individuos para que no presentaran resistencia alguna a dicha toma. Estos problemas fueron subsanados más adelante debido a que estas personas habían sido obreros de dichos fundos, pero más o menos dos años atrás fueron despedidos por diversos robos de maderas y animales, además de haber agredido al administrador de dichos predios quien presentó una querella criminal en el Juzgado de La Unión, el cual más tarde ordenó la detención de dichas personas, los cuales hasta la fecha se encuentran en calidad de reos.
Hago presente al compañero Subsecretario que a dicho problema en mi calidad de Interventor no cabía competencia ya que este conflicto se arrastraba desde mucho tiempo antes en que se me nombrara como tal.
2.- Que dichos fundos fueron propuestos y estudiados por el Consejo Comunal Campesino, pero que posteriormente me creo fueron rechazados dado a que la superficie de los dos predios, no reunían las 80 hectáreas de riego básico., y que además los compañeros trabajadores no tenían problemas algunos relacionados con salarios, asignaciones familiares y Seguro Social.
Por lo anteriormente expuesto, sugiero a usted, considerar estos hechos y disponga la devolución de dichos predios o en su efecto el nombramiento de otro funcionario como Interventor, cesando así mis funciones como tal. Cabe hacer notar que en la actualidad me encuentro desempeñando las mismas funciones en el predio de la Cooperativa Agrícola y Forestal Valdivia Ltda., considerando además que las funciones que yo desempeño en mi servicio como Guardabosques serán requeridas en forma indispensable en la temporada, ya que nos encontramos en plena época de reforestación, además que los predios antes mencionados son de carácter totalmente agrícolas ganaderos y mi especialización es netamente forestal.
Agradeceré al compañero Subsecretario, tenga a bien considerar mi petición e informarme a la brevedad el cese a mis funciones como Interventor.
Este interventor, que con una honestidad extraordinaria reconocía que no cabía la aplicación de la ley de Reforma Agraria, que no había problemas, pues se trataba de dos pequeñas propiedades tomadas por afuerinos, renunció a su cargo. ¿Qué hizo el Ministerio del Trabajo? Nombró otro interventor, y esas dos parcelas siguen con interventores, privándose a los propietarios de poder seguir trabajando honestamente para producir.
Estos casos se repiten por centenares. Reitero que hay más de 600 predios con interventores, en los cuales se ha procedido arbitrariamente en función de tornas ilegales.
Por eso, somos partidarios de garantizar y respetar las 40 hectáreas en los términos señalados, motivo por el cual votamos contra estas observaciones del Ejecutivo.
El señor RODRIGUEZ.-
Sólo deseo hacer un breve alcance al Honorable señor Von Mühlenbroek, quien hace un momento, en una especie de éxtasis, lanzó toda clase de terribles vaticinios sobre la catástrofe en la agricultura y habló de ruinas y de aquelarres.
Le voy a dar un consejo muy fraternal al Honorable colega; que revise la versión, porque pareciera que la palabra aquelarre no fue bien aplicada por él. Según el Diccionario de la Lengua Española, dicho término significa junta o reunión nocturna de brujos y brujas, con la supuesta intervención del demonio, ordinariamente en figura de macho cabrío, para la práctica de las artes de esta superstición. En realidad, reitero que pareciera que la palabra aquelarre no viene al caso en la materia que planteó.
¡Pero los chivos tienen que ver con la agricultura!
¡Sobre todo cuando son machos porfiados!
La única conclusión manifiesta que ha habido en este debate sobre la reforma agraria y que al parecer fue olvidada por el Honorable señor Von Mühlenbroek, es la conjunción de la Democracia Cristiana con la Derecha para realmente inhibir el proceso de la reforma agraria. ¡Ahí está el aquelarre fundamental! ¡Y el señor Senador ha sido uno de los brujos que ha animado el aquelarre de la Derecha con la Democracia Cristiana!
El señor OCHAGAVIA.-
Los Senadores de estas bancas vamos a votar en contra de estos vetos supresivos del Gobierno. Una de las disposiciones vetadas, la que consagra la inexpropiabilidad de los predios de la Patagonia chilena, de una cabida igual o inferior a las 80 hectáreas básicas, tiene un fundamento que, a mi juicio, es muy importante destacar. Dado que me correspondió ser coautor de esta iniciativa, considero importante que algunos señores Senadores que no conocen esa zona tengan presente que en ella prácticamente se está realizando el proceso de colonización; que hasta hace cuarenta años era un bosque impenetrable, y que pioneros chilenos, con un puchero, llevaron hasta esa zona la bandera chilena, impusieron la soberanía en la Patagonia, limpiaron bosques y los convirtieron y aún los están convirtiendo en praderas. Hasta hace muy pocos años, la moneda que circulaba en la Patagonia chilena era la argentina. Los hijos de nuestros compatriotas nacían en los hospitales del vecino país.
Considerando el problema de la soberanía en esa zona y del proceso de colonización, en ella no pueden aplicarse conceptos que rigen en otras donde el proceso de formación de los campos lleva muchos años. La gente de esa región no entiende por qué se pretende despojarla de sus tierras, en circunstancias de que ella está realizando una tarea patriótica, de que inclusive en esa región miles de niños no pudieron nacer porque en la nieve sus madres no pudieron parirlos con las condiciones mínimas de asistencia que en esos casos una mujer debe tener. Y esos chilenos, al sentirse perseguidos hoy día por una ley absolutamente discriminatoria e injusta, se han visto compelidos a resistir, lo que ha provocado enfrentamientos y muertes. La Unidad Popular no quiere entender que éste no es un problema de latifundistas, sino de hombres que están realizando un proceso de colonización. Por eso, cuando llegó un Ministro de Estado, los padres del campesino muerto le impidieron hablar, diciéndole: Usted es el responsable del asesinato de nuestro hijo; ya que el enfrentamiento había sido promovido por grupos marxistas al intentar realizar una toma.
Actitudes de esta naturaleza no se aceptan en la Patagonia chilena. Sólo se desea que en esa zona se dé tranquilidad al colono,
En cuanto a los artículos de la reforma constitucional que dicen relación a la libertad de comercio y de transporte, he oído decir al Honorable señor Corvalán, en representación del Partido Comunista, que ello significa dar libertad en el país para que prospere el mercado negro.
Señor Presidente, ¡si todo Chile sabe que las empresas están en manos del Estado; que son precisamente los representantes marxistas, quienes dirigen, como interventores o administradores, la producción y la distribución, los responsables del mercado negro! Son ellos quienes pueden hacerlo, por tener en sus manos la comercialización y la distribución en el país. ¡No se culpe entonces al comercio establecido, que realiza una labor patriótica, que paga impuestos y que da trabajo a miles de hombres y mujeres!
En estos momentos se pretende liquidar a ese sector del comercio y del transporte, a personas que, con la cara al sol y con la frente limpia, pueden ser sometidas a cualquiera fiscalización. Nosotros no podemos permitir que se consume por parte del Gobierno un proceso que convierte al Estado en el único patrón; que se implante un sistema que, atacando al estómago de las personas, pretende transformar a los hombres y hogares chilenos en colonias del marxismo.
Por estas razones, los nacionales votamos en contra de los vetos supresivos.
- Se rechazan (25 votos contra 18 y un pareo).
Con la misma votación, podría procederse respecto de los vetos aditivos.
Si le parece a la Sala, por indicación del señor Senador, con la misma votación...
Un Senador de la Unidad Popular desea fundar su voto, señor Presidente.
En votación los vetos aditivos.
- (Durante la votación).
El señor JEREZ.-
Deseo recoger observaciones que se han formulado en la Sala; inclusive, algunas que no tienen relación con el debate, pero de las cuales se ha abusado.
El supuesto fraude electoral.
En primer lugar, como se ha hecho mucho caudal de ello mediante intervenciones o interrupciones, me referiré a la denuncia de una Supuesta adulteración o fraude electoral por parte de 200 mil ciudadanos, sobre la base de otras tantas inscripciones nulas o dobles. Si tal situación se ha producido, existen los canales para investigarla. Pero el resto, y todo lo que se quiera hacer de caudal al respecto, es una afirmación ridícula y poco seria, pues nadie puede decir a favor de quién fueron emitidos esos votos, si acaso hubiesen existido esas inscripciones dobles o adulteradas. La votación es secreta y nadie está en condiciones, por muy pretencioso que sea, de sostener que sabe por quién votaron las 200 mil personas lo mejor, no existió ningún fraude, y tendremos que esperar que se aclare esta denuncia que en estos momentos han sido acusadas de doble inscripción en el Registro Electoral.
¡Para qué se pone nervioso, señor Senador!
No me pongo nervioso, señor Hamilton.
Yo no dije eso, señor Senador.
Los tiempos imponen condiciones distintas
En segundo lugar, en cuanto a lo manifestado por, el Honorable señor Ochagavía de que los recursos de que los agricultores disponían para trabajar con dificultades en tierras australes y que, en general, provenían también en este sentido recojo lo expresado, por el Honorable señor Jarpa del producto de su ahorro, creo que no se requiere demasiada imaginación ni cultura para contradecirlo, sino, simplemente, ponerse en la posición del señor Diez, quien reconoce que los tiempos han impuesto condiciones distintas. En efecto, en el pasado muchos agricultores no digo todos, sino muchos, especialmente los latifundistas, despilfarraron los bienes públicos, los fondos fiscales e incluso los de la banca privada que otras personas depositaban como ahorro. Se sabe que se trata de una clase social que está en decadencia, precisamente porque pocos de ellos tuvieron la actitud positiva que el señor Jarpa pretende que fue la de la generalidad de los agricultores.
No estamos contra los que crearon riquezas.
No soy enemigo de aquellas personas que en su oportunidad hicieron esfuerzos de carácter realmente audaz y patriótico. Nosotros no estamos en contra de aquellos que, como Santos Ossa o como, incluso, los colonizadores del Oeste norteamericano, arriesgaron hasta sus vidas para crear riquezas. Pero no los confundamos con quienes han vivido en nuestro país en forma parasitaria y se han aprovechado de los recursos públicos como ocurrió, por ejemplo, en el año 1967, cuando más del 50% de los recursos estatales estaban aplicados a la iniciativa privada, ni con quienes se han aprovechado de los préstamos de la CORFO, del Banco del Estado y de todo tipo de legislación que los favorece mediante diversas disposiciones y métodos; en suma, con aquellos que han hecho capitales con apoyo del Estado para malbaratarlos.
No se puede defender a, los parásitos
Quiero aclarar, en forma escueta, que mis palabras no significan un ataque hacia las personas que han trabajado la tierra, aun con mentalidad distinta de la nuestra; inclusive tampoco al latifundista que hizo producir el suelo de nuestra patria en los tiempos pasados. Pero ojalá hubiera existido en esos años una fuerza social que hubiera cambiado el cuadro. No somos ciegos. La historia no se basa en simples deseos. Pero lo que no se puede hacer es defender a todos los latifundistas; porque, realmente, creo que muchas veces la propia clase a que pertenecen ha sentido vergüenza de aquellos que convirtieron la tierra únicamente en un método de explotación de los trabajadores, en un elemento que les permitiera vivir parasitariamente en Chile o en el extranjero, despilfarrando los recursos de la comunidad.
El Honorable señor Corvalán puede fundar su voto.
La reforma constitucional significa un retroceso.
El señor CORVALAN.-
Señor Presidente, ésta es la última oportunidad para opinar sobre la materia, y quiero aprovecharla para reafirmar nuestro profundo convencimiento de que esta pretendida reforma de la Constitución implica un retroceso respecto de la actual ley de Reforma Agraria.
El actual cuerpo legal que reforma el agro se despachó por iniciativa de la Democracia Cristiana, contando, en general, con el apoyo de los partidos que integran la Unidad Popular. Al aprobarse cada artículo, la Democracia Cristiana, en algunos casos, hizo frente único con nosotros y a favor de aquellas disposiciones que rechazaba la Derecha, y, en otros, lo hizo con la Derecha en contra de aquellas normas más avanzadas o de aquellas indicaciones que habíamos formulado nosotros para hacer una reforma agraria mejor.
Ahora, vemos a los democratacristianos despachando esta pretendida reforma constitucional...
Es nuestra, señor Senador.
Sí, en unión con la Derecha. Eso ya de por sí indica, desde el punto de vista de su contenido, que hay un retroceso; pero si entráramos a analizar cada uno de los preceptos que reforma, ese retroceso es evidente.
Por ejemplo, la Democracia Cristiana no negaba en la ley el derecho a que determinadas tierras fueran transferidas al Fisco para efectos específicos, como es el caso de los bosques naturales. Ahora, con la reforma en estudio se retrocede en este aspecto. Lo mismo sucede en cuanto al goce de la tierra y respecto de los predios abandonados, que eran expropiables, cualquiera que fuese su tamaño. Se ha alegado que ahora se justifica declarar inexpropiable todo predio inferior a 40 hectáreas básicas o físicas, porque se habrían expropiado tierras bien explotadas debido a que los encuestadores, consciente o inconscientemente, habrían evacuado informes erróneos y existirían muchos de estos casos. A mi juicio, se han presentado tales situaciones, y nosotros hemos estado en contra de ellas. Pero también en muchas otras ocasiones los funcionarios del agro, donde no predominan, los de Izquierda, han emitido informes presentando como bien explotados terrenos que han estado mal trabajados.
Esta es la realidad. Y no porque se hayan cometido, ya sea consciente o inconscientemente, tales errores o abusos, se puede legislar en forma tal que conduzca a un retroceso en la materia.
La baja de la producción es explicable.
Por último, estoy de acuerdo en que es un hecho evidente que en la cosecha 1972-1973 ha habido una fuerte baja en la producción. Es un fenómeno que tiene diversos tipos de explicaciones. Entre otras, la de que durante el Gobierno de la Unidad Popular hemos expropiado, en un lapso muy breve, tres mil y tantos predios, en tanto que en la Administración anterior sólo se expropiaron mil 400. Eso conlleva en el campo una serie de trastornos, incluso en un proceso productivo. Es un fenómeno que se está dando en todas las reformas agrarias aceleradas, señor Senador. Pero se están haciendo esfuerzos para mejorar, y estoy seguro de que la cosecha del próximo año, por los antecedentes que existen, va a superar, no digo las metas alcanzadas en el pasado, pero sí la producción de 1972-1973, porque estamos trabajando con los campesinos y a pesar de las dificultades de transporte y de otra naturaleza estamos planificando y resolviendo los problemas que inciden en el aumento de la producción agrícola.
No puedo votar por estar pareado.
El Honorable señor Papic puede fundar su voto.
El señor PAPIC.-
Señor Presidente, en el primer informe había quedado pendiente una indicación del Honorable señor Hamilton que establecía la inexpropiabilidad de las 80 hectáreas básicas en la zona austral.
El desastre en la agricultura no es culpa de la Democracia Cristiana.
Ahora, en cuanto a lo expresado en el sentido de que esta reforma constitucional estaría defendida por el Partido Demócrata Cristiano juntamente con los Senadores del Partido Nacional, deseo manifestar que la ley de Reforma Agraria que promulgamos en el Gobierno democratacristiano se hizo, primero, para que el campesino fuera el dueño de la tierra y, segundo, para aumentar la producción agrícola. Nosotros no tenemos la culpa de que el actual Gobierno y sus personeros sean los responsables del desastre que se ha provocado en la agricultura chilena, con toda la baja en la producción que el país conoce, ni tampoco lo somos de que al campesino chileno ya no se le quiera entregar la propiedad de la tierra, sino que, todo lo contrario, se pretenda que la tierra sea para el Estado y que el campesino se convierta en esclavo.
La votación de los Senadores Nacionales.
Tampoco tenemos la culpa de que los Senadores del Partido Nacional, haciendo uso de su calidad de legisladores, voten a favor de una reforma constitucional presentada por la Democracia Cristiana para resolver en parte siquiera el grave problema que afecta no sólo al campesino chileno, pues no son ellos los únicos que sufren las consecuencias del desastre que se ha provocado, sino el país entero.
Los Senadores del Partido Nacional tienen derecho a votar como estimen conveniente y nosotros no les impediremos apoyar una reforma constitucional presentada por la Democracia Cristiana.
¿Qué latifundios se quiere expropiar?
Mediante la observación aditiva que votamos se pretende que en el futuro las expropiaciones comprendan, además del suelo, las mejoras, animales, instalaciones, equipos, maquinarias, viviendas y construcciones del predio y, en general, todos los bienes muebles o inmuebles destinados al uso, cultivo o beneficio del mismo. De aprobarse esta proposición gubernativa, en los campos chilenos se produciría una verdadera estampida, porque, como bien lo dijeron aquí el Honorable señor Corvalán y la Honorable señora Campusano, se han expropiado más de tres mil latifundios. ¡No quedan latifundios en Chile! Así lo dijo el propio Presidente de la República. Han hecho gran aspaviento de esas expropiaciones. ¿Entonces, qué propósito persigue este veto aditivo? ¿Expropiar, los latifundios? ¡Si ya no quedan...! ¡Es para expropiar, arrebatar o usurpar las tierras a los pequeños y medianos propietarios! Y si por desgracia esto llegara a suceder en Chile, no cabe ninguna duda de que la baja de la producción sería más que caótica.
Por eso los Senadores democratacristianos votamos en contra de este veto aditivo y porque creemos que basta ya de usurpaciones, de abusos y de prepotencia en los campos chilenos, cometidos por obra y gracia de los funcionarios de la Unidad Popular, que en su mayoría han demostrado falta de conocimientos, de capacidad, y solamente han hecho gala de sectarismo para tomar el control de la tierra chilena. Ellos saben bien que en la medida en que controlen la propiedad en los campos, tendrán sometidos a la dictadura del proletariado a nuestros campesinos, al igual como lo están haciendo ya en las industrias estatificadas, terreno en el cual, señor Presidente y señores Senadores, ya el trabajador chileno vive una verdadera dictadura que está implantando el marxismo en nuestra patria.
No se produce en los campos expropiados.
Eso es lo que se pretende en los campos y lo que los democratacristianos queremos evitar. Por eso presentamos esta reforma constitucional, porque nos interesa que haya un real aumento de la producción, para que los chilenos no sufran padecimientos como los de quienes hacen cola en las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue para conseguir un poco de azúcar. ¡Qué ironía! Construimos una planta IANSA en la ciudad de La Unión, localidad de Rapaco, la que está casi paralizada por falta de remolacha. ¿Por qué hay carencia de esta materia prima? Porque de los tres mil y tantos latifundios que se han expropiado, más del 50 % así lo reconocen los propios personeros de la Unidad Popular están abandonados y sin producir.
¿Qué sería de Chile si se continuara con esta política?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Por eso, voto en contra.
Por qué apoyamos el proyecto de reforma constitucional.
El señor JARPA.-
Los Senadores nacionales hemos apoyado este proyecto de reforma constitucional porque, a nuestro entender, viene a clarificar y a solucionar dos problemas gestados con la aplicación de la ley de Reforma Agraria.
En primer lugar, otorga una garantía definitiva a los pequeños y medianos agricultores, en la misma forma como ella se propuso, no sólo por los partidos de Oposición, sino incluso por el Presidente de la República, según lo recordó aquí el Honorable Senador don Víctor García.
En segundo término, hace imperativa la obligación del Estado de entregar la tierra en propiedad a los campesinos, para que se cumpla el objetivo fundamental de la ley de Reforma Agraria, lo que hasta ahora no ha acontecido.
Por tal razón, hemos apoyado esta enmienda constitucional, y también porque creemos que indudablemente, como lo señaló el Senador señor Jerez, hay que ir avanzando y esforzándose para modernizar nuestra organización social y nuestra estructura económica.
No defendemos a los latifundistas.
Al hacer uso de la palabra en la votación anterior, no pretendimos defender a los latifundistas, como aquí se ha afirmado. El concepto de latifundio no sólo significa propiedad demasiado extensa, sino también propiedad mal trabajada. Estamos y estaremos por la defensa de los agricultores eficientes, que cumplan con su deber y con las leyes sociales. De manera que no aceptamos que interpreten mal o antojadizamente lo que hemos aseverado. Durante mucho tiempo se ha planteado en Chile el tema de la reforma agraria, y en cada circunstancia u oportunidad en que ello ha ocurrido se ha abierto debate sobre nuestra estructura económica y social. Desde el año 1938 en adelante, estuvieron en el Gobierno los Partidos Comunista, Socialista y todas las colectividades políticas chilenas...
Y el Partido Radical.
...y también los Partidos Radical, Liberal y Conservador. Este proceso, que a todas las tiendas políticas interesaba y estoy seguro de que también merecía atención de todos los mandatarios sólo pudo iniciarse en la Administración de don Jorge Alessandri, período en que se crearon los organismos que harían posible los estudios preliminares y el plan piloto, llamémoslo así, para llevar a cabo una reforma agraria, la que vino a concretarse en definitiva durante el, Gobierno de don Eduardo Frei.
Los marxistas también estuvieron en Administraciones anteriores.
Los partidos marxistas tuvieron bastante tiempo y oportunidades para haber actuado en pro de modernizar la estructura social del campesinado y de la producción agrícola en Chile. Y habrán tenido algunos motivos para no hacerlo. Pero eso, a mi juicio, no les permite venir a injuriar a otros partidos que en la misma época tuvieron las mismas inquietudes o las mismas intenciones y que, por uno u otro motivo, como ocurre a menudo, los Gobiernos y los partidos que los apoyan no pueden resolver o realizar.
Mas, para qué quede definitivamente establecido y no volvamos al pasado en busca de razones que no sirven para aclarar los debates ni las posiciones, nosotros declaramos aquí que somos partidarios de la reforma agraria aplicada con criterio técnico, con justicia, con eficiencia; somos partidarios de que desaparezcan los latifundios, pero también de resguardar los derechos de los pequeños y medianos agricultores; y de que la tierra expropiada se entregue en propiedad a los campesinos. .
Ha terminado el tiempo del señor Senador.
Una iniciativa reaccionaría.
El señor SCHNAKE.-
En verdad, por más que intentemos buscarle razones o sinrazones a este proyecto de reforma constitucional, queda en claro, mediante el examen de un par de artículos simplemente, que se trata de una iniciativa profundamente reaccionaria, que tiende a regresar al pasado, que antes la Democracia Cristiana atacó de manera acerba. Y aunque pareciera de cierta lógica que hoy día apoyen esta enmienda constitucional sectores que antes jamás estuvieron con los campesinos, no cabe duda de que cuando el enemigo aplaude es porque uno lo está haciendo muy mal. Y si los antiguos conservadores y liberales, que hicieron de la tierra y de la explotación al campesinado una política permanente, aprueban ahora esta reforma agraria, lo hacen para apoyar la posibilidad de renacer como clase latifundista terrateniente.
Una contradicción de la Democracia Cristiana.
El análisis de uno de los artículos de esta reforma, por ejemplo, evidencia la contradicción en que hoy ha incurrido la Democracia Cristiana respecto de los anhelos de los campesinos. En verdad, no hay un solo trabajador de la tierra que no haya reclamado del tremendo vacío contenido en la antigua ley de reforma agraria que significaba expropiar únicamente el casco, lo que les impedía disponer de recursos, pues éstos quedaban en la reserva del antiguo patrón. Reclamaron de eso las asociaciones de campesinos en que la Democracia Cristiana tenía fuerza, esto es, en las nuestras. Sin embargo, ahora esa colectividad se opone al veto aditivo propuesto por el Gobierno para solucionar ese problema.
Cómo no decir que también queda en claro, por ejemplo, que quienes tanto hablan de que Chile necesita un poco más de tranquilidad y de tregua y de que es necesario dialogar, sólo formulan tales sugerencias de la boca para afuera, con profundo cinismo, porque, cuando en los hechos se trata de dialogar, de acuerdo con los intereses de los trabajadores que dicen representar, tal diálogo lo transforman en la posibilidad más abrupta del caos y de la crisis. Así se procedió respecto de la iniciativa sobre las áreas de propiedad, cuando, en su impudicia, inclusive pretendieron imponer una disposición con efecto retroactivo. Saben positivamente que aplicar en el campo una norma de tal naturaleza significaría la devolución de muchos predios expropiados por mala explotación que hoy día se encuentran en manos de campesinos, explotados por ellos, y que plantear su devolución provocaría una grave crisis en el agro, como lo significaría en el área social la devolución de más de 200 empresas industriales, como pretendía una reforma constitucional felizmente no aprobada por los quórum constitucionales. Es el caso de la enmienda de la Carta Fundamental que discutimos, que felizmente tampoco podrá ser aplicada.
Se atenta contra los campesinos.
Esa es, señor Presidente, la manera como algunos pretenden dialogar: diciendo que se quiere normalizar y tranquilizar al país, pero actúan cómo aquellos que en las sombras llevan un puñal debajo del poncho. Así buscan la manera real, directa y concreta de atentar contra los campesinos y los trabajadores. En ese diálogo nunca van a encontrar a los trabajadores, porque ellos saben que no es diálogo lo que pretenden. Lo que desean es recubrirse con un cierto manto de pasividad, para, en el fondo, impulsar más la crisis y el caos e impedir el desarrollo del proceso revolucionario.
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Por eso, votamos a favor del veto.
Los trabajadores del agro quieren que se apruebe la reforma.
El señor ACUÑA.-
Sólo quiero expresar que hemos apoyado esta reforma constitucional y, consecuencialmente, rechazamos las observaciones del Gobierno a solicitud de todas las organizaciones campesinas; en el caso particular del Senador que habla, de la zona que represento, es decir, de las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Las federaciones provinciales de pequeños agricultores de Llanquihue, de Osorno y de Valdivia, que agrupan, respectivamente, a más de 9 mil, 6 mil y 10 mil campesinos organizados, junto con la totalidad de las federaciones de asentamientos de la zona, nos han pedido que impulsemos esta reforma para establecer de una vez por todas un sistema que dé estabilidad al trabajador independiente y a la propiedad de la tierra en el caso del campesino del área reformada. Por eso la hemos aprobado con entusiasmo, con sinceridad, convencidos de que se trata de una medida sana que facilitará en nuestra patria una rectificación que implique dar estabilidad al hombre que labora en el campo, ya que en este momento, como lo sostuvimos en las intervenciones de ayer, el país enfrenta la más tremenda crisis de toda nuestra historia.
Cae nuestra producción agraria.
El año pasado todos los organismos de la Unidad Popular nos anunciaron una labor extraordinaria en el campo para aumentar la producción. Sin embargo, el país sigue decayendo, y seguramente vamos a llegar a 600 millones o 700 millones de dólares de importaciones agropecuarias.
Tenemos las estadísticas de todos los rubros de la producción. La de trigo bajó de 11 millones de quintales métricos a 4 millones. En cuanto a la remolacha, tengo los informes proporcionados por la IANSA: de 40.500 hectáreas sembradas en 1970, hemos bajado a 24.000 hectáreas en el presente año, o sea, a casi la mitad, lo que implica que Chile tendrá más que duplicar las importaciones de azúcar que está trayendo desde Cuba, Bolivia, Brasil y de varios otros países, que nos obligan a desembolsar cantidades considerables de dólares.
Enfrentados a esta gravísima situación, rechazamos de manera categórica las observaciones del Ejecutivo a este proyecto de reforma constitucional que tiende a consolidar la estabilidad en el campo, a fin de que la gente pueda trabajar en condiciones normales, tanto la que labora en el área reformada como los pequeños y medianos agricultores chilenos.
- Se rechaza la observación (23 votos por la negativa, 14 por la afirmativa y 3 pareos).
El señor Secretario procederá a dar lectura a las indicaciones que han llegado a la Mesa.
Diversos señores Senadores han solicitado la inserción de documentos que mencionaron en el texto de su intervención. Ellos son los Honorables señores Suárez, Hamilton, García, Moreno y Araneda.
Si le parece a la Sala, se insertarán los documentos de que hicieron mención los señores Senadores.
Acordado.
El Honorable señor Moreno pidió oficiar a la Corporación de Reforma Agraria, a fin de que envíe la lista de tasaciones de las consignaciones superiores a 3 millones de escudos.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio, en nombre del señor Senador.
Acordado.
Por último, hay una indicación para publicar in extenso el debate de las sesiones de ayer y de hoy sobre esta materia.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
Se levanta la sesión.
- Se levantó a las 15.33.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.