Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VICEPRESIDENTE
- Humberto Aguirre Doolan
- PRESIDENTE ACCIDENTAL
- Alejandro Noemi Huerta
- Americo Arturo Acuna Rosas
- Tomas Pablo Elorza
- SECRETARIO
- Pelagio Figueroa Toro
- VICEPRESIDENTE
- ASISTENCIA.
- APERTURA DE LA SESION.
- TRAMITACIÓN DE ACTAS.
- LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- ORDEN DEL DIA.
- ANALISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL.
- INTERVENCIÓN : Alvaro Erick Schnake Silva
- INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
- INTERVENCIÓN : Luis Valente Rossi
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN
- Alberto Jorge Jerez Horta
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- ANALISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS.
- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES DIEZ Y JARPA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTICULO 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EFICAZ QUE DE PROTECCION A LAS PERSONAS AFECTADAS EN SUS LIBERTADES, TRABAJOS O DERECHOS POR ACTOS U OMISIONES ARBITRARIAS O ILEGALES DE LAS AUTORIDADES POLITICAS O ADMINISTRATIVAS.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Onofre Jarpa Reyes
- Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES DIEZ Y JARPA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTICULO 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EFICAZ QUE DE PROTECCION A LAS PERSONAS AFECTADAS EN SUS LIBERTADES, TRABAJOS O DERECHOS POR ACTOS U OMISIONES ARBITRARIAS O ILEGALES DE LAS AUTORIDADES POLITICAS O ADMINISTRATIVAS.
- PORTADA
Notas aclaratorias
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REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 318ª, ORDINARIA.
Sesión 9ª, en miércoles 6 de junio de 1973.
Especial. (De 11.19 a 13.30).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HUMBERTO AGUIRRE DOOLAN, VICEPRESIDENTE, Y ALEJANDRO NOEMI HUERTA, AMERICO ACUÑA ROSAS Y TOMAS PABLO ELORZA, PRESIDENTES ACCIDENTALES.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 377
II.- APERTURA DE LA SESION .., 377
III.- TRAMITACION DE ACTAS 377
IV.- LECTURA DE LA CUENTA 377
V.- ORDEN DEL DIA:
Análisis del Mensaje Presidencial 378
Anexos.
1.- Moción de los señores Diez y Jarpa con la que inician un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 11 de la Carta Fundamental, con el objeto de establecer un procedimiento eficaz que dé protección a las personas afectadas en sus libertades, trabajos o derechos por actos u omisiones arbitrarias o ilegales de las autoridades políticas o administrativas 410
VERSION TAQUIGRAFICA.
ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Acuña Rosas, AméricoAguilera Báez, LuisAguirre Doolan, HumbertoAltamirano Orrego, CarlosAraneda Briones, ErnestoBallesteros Reyes, EugenioCampusano Chávez, JulietaCarmone Peralta, Juan de DiosContreras Tapia, VíctorDiez Urzúa, SergioFuentealba Moena, RenánGarcía Garzena, VíctorHamilton Depassier, JuanJerez Horta, AlbertoLavandero Illanes, JorgeMiranda Ramírez, HugoMoreno Rojas, RafaelNoemí Huerta, AlejandroOchagavía Valdés, FernandoPablo Elorza, TomásPhillips Peñafiel, PatricioRodríguez Arenas, AnicetoSchnake Silva, ErichSepúlveda Acuña, AdonisSuárez Bastidas, JaimeTeitelboim Volosky, VolodiaToro Herrera, AlejandroValente Rossi, LuisValenzuela Sáez, RicarloZaldívar Larraín, Andrés.
Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.
APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 11.19, en presencia de 13 señores senadores.
En nombre de Dios, se abre la sesión.
TRAMITACIÓN DE ACTAS.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 4ª, 5ª y 6ª, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 7ª, queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véanse en el Boletín las actas aprobadas).
LECTURA DE LA CUENTA.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Moción.
De los Senadores señores Diez y Jarpa, con la cual inician un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 11 de la Carta Fundamental, con el objeto de establecer un procedimiento eficaz que dé protección a las personas afectadas en sus libertades, trabajos o derechos por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de las autoridades políticas o administrativas, (véase en los Anexos, documento 1).
Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor NOEMI (Presidente accidental).- Solicito autorización de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que está citada la Corporación.
Acordado.
ORDEN DEL DIA.
ANALISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL.
Se la cedí al Senador señor Schnake.
Tiene la palabra el Honorable señor Teitelboim.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
Hacia dónde van encaminadas nuestras observaciones.
Señor Presidente, los Senadores socialistas y los de la Unidad Popular hemos querido contestar hoy día algunas de las observaciones formuladas por la Oposición al Mensaje presidencial y hacer otras atingentes al momento que estamos viviendo.
Pero nuestras observaciones no las queremos hacer revestidas del clásico tartufismo de que dan fe los detractores de la Unidad Popular. No es otro el calificativo que pueden merecernos quienes disfrazan sus reales intenciones expresando que recogen el llamado del Presidente de la República a un debate elevado y, luego, no hacen sino denigrar su acción, considerarla totalitaria y extorsionista, para, en seguida, junto con las fuerzas más reaccionarias de nuestra patria, amparar los privilegios seculares de una clase minoritaria. Menos aún con el sentido de quienes hoy claman por convertir a los hombres de nuestra tierra en propietarios del suelo que trabajan con tanto cariño y que, en cambio, durante decenas de años solo dieron a esos mismos hombres y sus familias, hambre, miseria y explotación.
Nuestras palabras van encaminadas a establecer un diálogo franco, rudo si es necesario, con todos los trabajadores de nuestra patria. Son un llamado a la unidad en la acción con los que se esfuerzan por construir el progreso de Chile, donde quiera que ellos estén, con la sola condición de ser profundamente honestos en la búsqueda de una verdadera democracia e independencia para nuestro país.
El problema del diálogo.
El problema del diálogo, que tanto parece importar al señor Presidente de la Democracia Cristiana, exige, como él mismo lo ha dicho, que ambos interlocutores den pruebas de estar dispuestos a concretar en los hechos lo que dicen en las palabras. Y yo agregaría: que los intereses básicos que mueven sus conductas sean similares.
Hasta el 4 de septiembre de 1970 el Programa de la Unidad Popular, enarbolado por Salvador Allende, y el programa electoral de la Democracia Cristiana, enarbolado por Radomiro Tomic, tenían notables coincidencias. Ambos partían de una base esencial: la sustitución del sistema capitalista de explotación por un sistema socialista. Para hacerlo posible se planteaban el término de la dependencia extranjera de nuestras materias primas y de nuestras relaciones comerciales y culturales; el fin de la explotación monopólica que ahogaba la economía del país y sumía en la miseria a nuestro pueblo; la profundización y extensión de la reforma agraria para dar salida al angustioso problema de cientos de miles de campesinos chilenos y, al mismo tiempo, elevar la producción agropecuaria; la participación real de los trabajadores en los niveles de dirección de la economía, como consecuencia natural de su condición de clase mayoritaria; el término de una oligarquía financiera que, a través de la banca privada, ejercía rígido control sobre la economía chilena, impedía el desarrollo de los pequeños y medianos industriales y comerciantes y sólo fortalecía la concentración de capitales en manos de unos pocos clanes económicos.
Entonces, para ambos programas, la Derecha y el imperialismo eran los enemigos declarados del progreso y del pueblo.
Ni una sola línea del mensaje presidencial, ni tampoco de los anteriores a nuestro Gobierno, se ha apartado de la conducta señalada en el programa de la Unidad Popular, que tantas coincidencias tuvo con el de la Democracia Cristiana. Durante este Gobierno podemos sentirnos orgullosos de decir que ha existido consecuencia entre lo programado y lo hecho, en todas sus líneas estructurales.
¿Ha practicado la Democracia Cristiana esta misma consecuencia que tanto reclama el Honorable señor Aylwin? Y no nos referimos al período de su Administración, sino al de ésta, durante la cual ha tenido verdaderas oportunidades de hacerlo.
El problema del antimperialismo o independencia de Chile.
Dirán los democratacristianos que estuvieron junto a nosotros para nacionalizar el cobre. Es cierto, jamás lo hemos negado. Pero habrían sido realmente más consecuentes si se hubieran empeñado en combatir junto a nosotros las maquinaciones escandalosas de la International Telephone and Telegraph o de la Kennecott Copper en contra de Chile, en lugar de presentarlas como excusas que el Gobierno inventa para ocultar la crisis que vive el país. ¿Acaso no se trata, para la Democracia Cristiana, de hechos reales que atentan contra la economía e independencia de la nación? ¿Y por qué el Honorable señor Zaldívar, en vez de calificar sólo como hábil presentación el bloqueo financiero norteamericano una de las causas del déficit de divisas a que se refiere el Presidente en su mensaje, no ha levantado su voz, con la representación que suponemos que inviste, para denunciar las maniobras del imperialismo en contra nuestra? La consecuencia antimperialista tiene que hacer suponer, por lo menos, que detrás de todas las dificultades que nos impone el poderoso vecino del Norte, y que muchas veces se han irradiado fuera de sus fronteras, está la circunstancia de haber expropiado Chile los grandes minerales de cobre sin el pago de una indemnización injusta, que el pueblo habría rechazado. Y eso lo votó la Democracia Cristiana, la que tenía que saber, como nosotros, que era un golpe al imperialismo a escala mundial, pues también significaba un ejemplo para otros países explotados. Pero el Senador señor Zaldívar, en lugar de atacar al verdadero enemigo, al imperialismo americano; en vez de alinear las fuerzas de la Democracia Cristiana junto a las nuestras en este gran combate y explicar al pueblo que la independencia de un país pequeño sólo se gana con sacrificios y privaciones, prefiere ponerse al lado del poderoso y, por la vía de la crítica de los hechos marginales, ocultar el logro alcanzado. Falta, pues, para dialogar que los dirigentes de la Democracia Cristiana sean auténticamente antimperialistas, como alguna vez lo sostuvieron.
El problema de los monopolios.
Que el Partido Nacional no considere logros el haber integrado al área social de la economía una serie importante de industrias monopólicas, a las que se refiere el mensaje, o que estime ilegítimo el procedimiento utilizado, no puede extrañar a nadie. Está defendiendo sus intereses de clase.
Pero para el democratacristiano de corazón, para aquel que creyó en la consecuencia de las afirmaciones del programa de Radomiro Tomic, no puede ser lo mismo.
Se critica, a raíz del mensaje, que la Unidad Popular está sobrepasando la legalidad; que expropia sin tener facultades; que genera el caos por no establecer las reglas legales a que todos los chilenos se van a someter en materia de áreas de la economía.
Veamos quién es consecuente y quién no lo es.
La Corporación de Fomento, que desde su creación ha tenido facultades para comprar y vender, abre poder comprador en la banca privada como una manera rápida de terminar con la oligarquía financiera, antes tan duramente criticada por la Democracia Cristiana, y traspasa a la propiedad de todos los chilenos los más grandes consorcios banqueros que sólo favorecían el enriquecimiento de unos pocos. Con ello se empieza a abrir el crédito a la producción y tienen acceso a él los trabajadores, las dueñas de casa, los artesanos, los pequeños y medianos industriales, los campesinos. Las cifras sobre ampliación y extensión del crédito bancario son públicas y demuestran claramente este aserto.
Sin embargo, al usar una facultad de la cual siempre antes se dispuso pero no se utilizó, la Democracia Cristiana, en lugar de aplaudir y apoyar esa medida, la trata de bloquear por todos los medios posibles. Es el momento, entonces, de preguntarle si está o no está en contra del clan Edwards, de las pirañas del Banco Sudamericano y otros, del clan Yarur, del clan Said, de los que controlaban la inmensa mayoría de nuestra banca; es decir, de los pocos privilegiados que hicieron de la banca chilena fuente de control de nuestra economía en beneficio de sus intereses de clase. Y esto-mismo sucede con empresas estratégicas o monopólicas que hoy están en manos de los trabajadores: así pasa con la mayoría de las textiles, con el cemento, etcétera.
Cuando el Gobierno requisa o interviene empresas, ya sea porque éstas han paralizado la producción o hay conflictos laborales cuya gravedad urge resolver y que han sido generados por el deseo y la intransigencia patronal, y esto se hace utilizando las mismas facultades que todos los Gobiernos anteriores tuvieron, resulta que, para la Democracia Cristiana, nuevamente estamos sobrepasando la ley. En consecuencia, la legalidad es sobrepasada cuando se usa para atacar a los monopolios, para destruir la concentración de capitales, para traspasar el poder de una clase capitalista, minoritaria y privilegiada, a los trabajadores; pero cuando se utilizaba para mantener esos privilegios y oprimir a los trabajadores, la ley se estaba usando en sus justos términos.
Con el tartufismo político a que aludíamos al comienzo, se nos dirá que nadie se opone, y menos la Democracia Cristiana, a terminar con los monopolios, pero que es necesario fijar las reglas primero y que ello debe pasar por el Congreso.
Sin embargo, la práctica demuestra lo contrario, y aquí es bueno recordar eso de la consecuencia entre las palabras y los hechos. El Gobierno de la Unidad Popular envió al Congreso un proyecto de ley que fijaba, las áreas de la economía y expropiaba las empresas cuyo capital fuera superior a 14 millones de escudos al 31 de diciembre de 1969. En él se fijaban las reglas esenciales que tanto reclama la Oposición. Con cinismo increíble, se aprobó la idea de legislar; pero al día siguiente se presentó una reforma constitucional tendiente a impedir el proceso de expropiación de los grandes intereses y, por supuesto, para esa iniciativa hubo plena unidad de acción entre todos los partidos opositores, como si alguien pudiera creer que hay comunidad de intereses entre un obrero democratacristiano de Yarur y el Partido Nacional, que está representando a este último, a los Edwards o a los dueños de la banca y los grandes monopolios.
El significado de la reforma constitucional de la Democracia Cristiana.
Que no se nos venga a decir ahora que la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, patrocinada por la Democracia Cristiana, de ser admitida la ilegal e ilegítima tesis de la Oposición, no atenta contra los asalariados ni tiene por objeto defender y reafirmar el estado capitalista.
Sólo algunos ejemplos bastan para comprender su profundo significado reaccionario. Uno de ellos es la disposición vigésimoprimera, transitoria, de la Constitución, en virtud de la cual se declaran nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971, para adquirir acciones o derechos de o en personas jurídicas de derecho privado con el fin de nacionalizar o estatificar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido expresamente autorizados por ley dictada en conformidad a lo prescrito en el Nº 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado.
Esto significa, lisa y llanamente, la devolución a sus antiguos patrones de más de doscientas empresas actualmente en manos de los trabajadores. Yo desafío a los Senadores de Oposición a que vayamos a esas empresas a preguntar a sus obreros y empleados si quieren volver al pasado; los desafío a que vayan a comprobar cuántos son los obreros democratacristianos dispuestos a retroceder en esas industrias. Ya en el paro patronal de octubre demostraron cuán lejos estaban los dirigentes de la Democracia Cristiana del auténtico sentir de sus bases obreras.
De acuerdo con el Nº 16 del artículo 44 que se pretendía consignar, sólo en virtud de una ley se podría traspasar una empresa del área privada al área social o mixta. Esto es igual que si para que operara la reforma agraria se tuviera que dictar una ley para cada latifundio que se quisiera expropiar. Con la lentitud de la tramitación y los intereses en juego, era más claro y más derecho decir que se quería garantizar abiertamente la propiedad privada de todos los grandes monopolios, sobre todo si se considera que la disposición decimonovena, transitoria, que se agregaba, otorgaba competencia a la Corte Suprema para conocer de los reclamos de los interesados en determinados casos. ¿Quién no sabe que nuestra Corte Suprema es el supremo asilo de la oligarquía de nuestro país?
En esa misma reforma se derogaba el decreto 338, de 1945, del Ministerio de Economía y Comercio, sobre requisición de establecimientos industriales o comerciales, y se impedía el ejercicio de facultades que siempre tuvieron la CORFO y otros organismos del Estado para comprar empresas productoras de bienes o servicios.
¡Si hasta los campesinos habrían visto afectados sus derechos, de acuerdo con la disposición vigésima transitoria!
Si la Democracia Cristiana pretendió establecer reglas claras en materia de áreas de la economía, es una lástima que tales reglas hayan estado tan reñidas con lo que sostuvo en su último programa electoral y que sólo hayan tenido por objeto defender los intereses de los patrones.
Falta, Times, para dialogar en materia de monopolios, que los dirigentes de la Democracia Cristiana estén verdaderamente en contra de ellos y que no los defiendan.
La reforma agraria.
Los logros destacados en el Mensaje Presidencial, así como las serias contrariedades tenidas el año pasado en la producción agraria, son, una vez más, tergiversados por la Oposición. Para ella no existen condiciones climáticas adversas; para ella no existió el paro de los transportes de octubre; para ella todo el proceso de la reforma agraria pareciera ser algo tan simple que no tiene por qué producir ni tensiones en el campo ni problemas en la producción. Nosotros estamos plenamente conscientes de las graves deficiencias que existen en el sector agrario; sin embargo, el hecho de que ya se hayan expropiado 3.570 latifundios y que más de 5 millones de hectáreas estén en manos de los campesinos, acrecienta también nuestra fe en que el problema de la producción agraria está en las mejores vías de solución, máxime si consideramos que la organización de los Consejos Campesinos se ha transformado en una realidad.
Lo decimos porque tenemos fe en la clase campesina y sabemos que, tras tantos años de explotación, hoy libres en su mayoría, serán capaces de demostrar todo su empuje creador. Ese empuje jamás lo supieron demostrar los viejos latifundistas que, con todo el Estado a su favor, con el crédito y la educación a su alcance, fueron incapaces de, hacer producir el campo para alimentar a todos los chilenos. Les bastaba con hacerlo para unos pocos; los que tenían el privilegio de estar incorporados al consumo.
Comprendemos que es necesario pasar a métodos diferentes de reforma de la agricultura; que la extensión de 40 hectáreas básicas o más constituye latifundio; que la expropiación de la tierra en los términos actuales es una injusticia para los campesinos, a quienes limita y, a veces, impide su despegue; que es necesario expropiar a puerta cerrada los predios para que no siga sucediendo que los campesinos se encuentren carentes de recursos técnicos para iniciar la explotación; que es indispensable apresurar la toma de posesión de los predios.
Nunca una reforma agraria ha dejado de causar problemas en sus inicios. Ella implica un cambio no sólo en las estructuras de tenencia de la tierra, sino que también en la conciencia de quienes lo acometen.
Sabemos que el Partido Nacional, nacido del viejo tronco de los latifundistas conservadores, por encima de las palabras dedicadas a los hombres que con tanto cariño trabajan el suelo, siempre estará por defender el retorno a la explotación latifundista. Si no fuera así, poco les habría costado a ellos, que fueron dueños de la tierra, repartirla y crear condiciones de bienestar entre los miles de peones, inquilinos y afuerinos que tanto explotaron.
¿Me permite unas palabras, señor Senador?
El problema del diálogo surge con aquellos que patrocinaron la actual ley de Reforma Agraria...
¿Me permite una interrupción Honorable colega?
Prefiero terminar mis observaciones, señor Senador.
Sólo quiero recordarle que...
Señor Senador, el Honorable señor Schnake no desea ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
Pero es que el Honorable colega está diciendo algo absolutamente falso.
En su oportunidad podrá formular las observaciones que estime del caso, señor Senador.
Estas interrupciones son muy propias del Senador señor García Garcena, y con ellas se luce para las galerías. Pero lo cierto es que jamás dice la verdad, porque es uno de los explotadores, que ha defendido siempre, cómo abogado, a los clanes y a las empresas de este país, los que, a su vez, han explotado a los trabajadores. No tiene derecho, entonces, a usar de la palabra, ni menos a tomarse la representación de los trabajadores. No puedo concederle interrupciones en un debate en que están en juego la suerte del país y de los trabajadores.
Continúo, señor Presidente.
¿Y de quién cree el señor Senador que son los votos que uno saca?
Ruego al, Honorable señor García no interrumpir. Está con la palabra el Honorable señor Schnake.
El señor Presidente sólo llama la atención al Honorable señor Schnake y no al señor García.
No es así, señor Senador. Parece que Su Señoría está mal de la vista.
Parece que quien está medio sordo es el señor Presidente.
Continúo, señor Presidente.
Para nosotros, el problema del diálogo surge con aquellos que patrocinaron la actual ley de Reforma Agraria; con aquellos que lucharon en contra del latifundio y que, como producto de su lucha, lograron crear una fuerza campesina que no desconocemos, pero que hoy se unen, a través de sus directivas, con quienes fueron antes sus enemigos declarados. Queremos dialogar con el campesino que no milita junto a nosotros, pero cuyos intereses de clase son los mismos que los de nuestros campesinos. Falta, pues para dialogar, que los dirigentes de la Democracia Cristiana dejan de transformarse en aliados de los latifundistas y comprendan que los intereses de un campesino democratacristiano no son los mismos que los de su antiguo patrón.
La participación de los trabajadores.
Es necesario comprender que un proceso revolucionario como el nuestro va dejando atrás viejas formas de organización, propias de la sociedad que busca sustituir. Nada más creador que el pueblo cuando marcha construyendo su historia. Cómo desconocer que las JAP nacen al impulso de la necesidad del pueblo de organizarse para defender su abastecimiento, su distribución racional. Porque hay un fenómeno nuevo: millones de chilenos se incorporan al consumo. Sólo los miles de cesantes que hoy tienen trabajo, ya significan una presión mayor sobre los bienes disponibles. Y cómo negar que vastos sectores de trabajadores han aumentado considerablemente su capacidad adquisitiva. Se suman a ello los problemas derivados de un acaparamiento desenfrenado, producido con claras finalidades políticas, y una especulación de extraordinarios alcances, manejada fundamentalmente por los grupos de mayores recursos. También hay por qué negarlo una falta de eficacia de las autoridades administrativas para controlar el mercado y, muchas veces, para evitar las causas que generan escasez de productos.
Las JAP no son creaciones fantásticas o afiebradas del Gobierno, sino formas que surgen del seno mismo de la masa y que significan poder en sus manos.
Igualmente surgen los comandos comunales, porque el pueblo quiere entrar de lleno a resolver sus propios problemas, y nosotros creemos que es bueno que el pueblo tenga poder. Sólo así se pueden destruir los vicios inherentes a la sociedad capitalista. Siempre será más eficaz, en la lucha contra la especulación,- contra el burocratismo, contra el propio sectarismo, la organización de la masa, antes que el funcionario que aún no logra desligarse de los vicios de la sociedad en que ha participado.
Cómo desconocer la realidad de los cordones industriales, y cómo no impulsarlos, cuando en ellos se encuentra el sentido revolucionario de defensa de la clase obrera; Ellos deben ser el mejor apoyo de la propia Central Única de Trabajadores.
¿Acaso habríamos tenido que desconocer la existencia de la CUT durante los largos años que la institucionalidad burguesa no le prestó su reconocimiento? ¿Es que por ello no era cierto que los trabajadores luchaban y se organizaban, generando una institución que se incorporaría al campo del derecho?
Es cierto que hay en germen una nueva institucionalidad, y a ella irán tarde o temprano acordándose las normas.
También forma parte de ese germen la participación de los trabajadores en las industrias pasadas al área social de la economía, y estamos de acuerdo con quienes critican que ella es insuficiente. Nosotros también hacemos la crítica. Igualmente es efectivo que hay ciertos rasgos de sectarismo que se dan en el seno de la propia clase, y llamamos honestamente a nuestros camaradas a abrirse con generosidad en todos los frentes de la participación hacia los trabajadores de todos los sectores y a discutir allí, derechamente, las ideas que puedan surgir. Como dirigentes del movimiento popular, no nos cabe duda de que una actitud recíproca de generosidad en el seno de la clase le traerá a ella más beneficios en su conjunto y la hará avanzar más rápidamente.
Por eso, estimamos que es profundamente honesto y consecuente el Presidente cuando destaca en su mensaje el valor de las instituciones nacientes y pide mayor flexibilidad a las normas para adaptarse a los nuevos tiempos.
Pensar que hay una suerte de totalitarismo porque se pide facilitar la adaptación institucional y otorgar al Ejecutivo las herramientas para evitar una crisis, es desconocer el curso de la historia de todas las grandes revoluciones que han conmovido al mundo,
¿Cree la Democracia Cristiana que sería posible al propio Presidente de la República y a toda la Unidad Popular en su conjunto deshacer lo andado o impedir que nuevas formas de participación del pueblo surjan al calor de un proceso profundo de cambios? ¿Cuántos podrán ser impulsados por los propios trabajadores independientes o democratacristianos?
La sola circunstancia de elevar al rango constitucional la participación de los trabajadores nos parece un hecho tremendamente positivo, y nos alegramos de que ello haya marcado una coincidencia de criterios entre el Ejecutivo y la mayoría del Congreso. Pero si esa participación hubiera tenido que ir unida a la filosofía reaccionaria del proyecto de reforma constitucional, a la devolución de las empresas a los antiguos patrones, habría sido un precio que los trabajadores no tendrían por qué haber pagado, porque la participación, el derecho a decidir, bien se lo pueden ganar, como lo están haciendo, con su propio esfuerzo, con su propia lucha, como siempre ha conquistado todo lo que tiene la clase trabajadora. Falta, pues, para dialogar, que los dirigentes de la Democracia Cristiana comprendan que la participación de los trabajadores es para decidir y no para seguir siendo comparsa de los capitalistas.
Un diálogo con sentido. Un diálogo en el seno de la masa.
Dijimos al comenzar que queríamos un diálogo franco, rudo si era necesario. Se trata, pues, de discutir no sobre los ápices, sino sobre el fondo. Sin emplear trucos o malas artes.
Es un truco que el pueblo no puede entender, que de repente le quieran cambiar la Constitución no para avanzar, sino para retroceder. Y es una mala arte, que tampoco puede entender el pueblo, que le traten de arrebatar las facultades que el Gobierno tiene, para amarrarle las manos, y que para ello no se vacile en violar las leyes más fundamentales; de manera que lo que ayer se dijo que era blanco, hoy se sostenga que es negro.
El 29 de diciembre de 1969, al aprobar la reforma constitucional enviada por el señor Frei, el Senadordon Francisco Bulnes se refería a su filosofía y expresaba: El Parlamento cada día con mayor intensidad invade las facultades administrativas del Presidente de la República. Ya no dictamos leyes sino Reglamentos. Y a veces ni siquiera Reglamentos, sino verdaderas Ordenanzas. Aprobamos disposiciones de carácter económico y financiero que impiden desarrollar una política económica planificada o siquiera ordenada. Hay consenso público en el sentido de que el Congreso Nacional se ha salido de la órbita de atribuciones que le corresponde, es decir de legislador y fiscalizador y se ha convertido de facto, entrando por la ventana, en un permanente partícipe de las facultades administrativas del Primer Mandatario.
Ahora, sin embargo, en una clara escalada de poder, se pretende trasladar al Parlamento todas y cada una de las facultades de administración del Gobierno. Razón: que hoy el Poder Ejecutivo no lo detenta la Derecha.
Se cercenan los presupuestos de las principales corporaciones de desarrollo, se desfinancian el presupuesto general de la nación y las leyes de reajuste; se trata por todos los medios de interpretar la ley constitucional en forma torcida, llegándose al contrasentido de afirmar que es posible modificar la Constitución por la simple mayoría del Parlamento, y sosteniéndose con ello, en consecuencia, que se podría, por ejemplo, modificar la Carta Fundamental en el sentido de que basta la mayoría parlamentaria para destituir al propio Presidente de la República, en circunstancias de que nadie desconoce el texto expreso que obliga a los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio para poder hacerlo. Y se contradicen ellos mismos, porque durante las elecciones parlamentarias recién pasadas buscaron afanosamente obtener esos dos tercios. ¿Y para qué, me pregunto yo, si ahora sostienen que con la simple mayoría es suficiente? Se ponen en el contrasentido de que es más difícil tramitar una ley ordinaria que la Ley Fundamental, es decir, la madre de las leyes, la Constitución Política del Estado.
Afirman, cuando son Gobierno, que la promulgación parcial de una reforma constitucional es válida si el criterio acerca de su tramitación por el Parlamento está reñido con el criterio del Poder colegislador; pero cuando están en la Oposición, con la firma de los mismos que antes sostuvieron que era blanco, ahora dicen que es negro. Dirán que hay de por medio una reforma constitucional, pero, al tenor del propio fallo del Tribunal Constitucional que tanto alborozo les ha causado, nadie puede declarar que haya causas legítimas para el cambio de criterio.
Simultáneamente, impulsan paros por doquier. Exaltan los ánimos de todos los sectores: en un lado, sosteniendo que no es posible soportar el alza del costo de la vida, con salarios tan bajos, y en el opuesto, que hay que alzar los precios para no asfixiar al comercio y a la producción. Lo pueden hacer, porque nuestros opositores tienen ese raro don de la ubicuidad. Pueden apoyar a moros y cristianos, a explotadores y explotados.
Por eso, decimos que el contexto de estas actitudes conforman una conducta claramente sediciosa. Se trata de detener este proceso. Bueno, regular o malo, pero revolucionario al fin, porque no tiene el don de la ubicuidad y se orienta definida y definitivamente hacia los trabajadores.
En el terreno de la defensa de los intereses de la clase trabajadora, siempre nos encontrarán abiertos al diálogo, y el que no lo está es porque no ha comprendido el profundo sentido de nuestro proceso: liberador y humanista; destinado a exaltar los valores del ser humano y a hacer posible la manifestación de todas sus posibilidades.
Defenderemos nuestra revolución por encima de cualquiera consideración, y serán muchos los millones de hombres, mujeres y jóvenes dispuestos al sacrificio para entregar a las nuevas generaciones una cuota mayor de bienestar y dignidad.
Al aspecto económico del mensaje presidencial, analizado en las sesiones pasadas, se referirá nuestro colega el Senador Valente.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Honorable señor Valente.
Oportunamente se recabará el acuerdo de la Sala, señor Senador.
El documento cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente:
Gasto por concepto de pago de Servicios Tecnológicos.
(en millones de dólares).
1962 . 7.373.953
1963 . 11.956.718
1964 8.617.769
1965 10.764.410
1966 10.079.952
1967 14.179.929
1968 : 16.507.919.
Continúo mi exposición.
Dependencia financiera.
Las cifras que daré a conocer a continuación constituyen una demostración palmaria del gradó de subordinación que había alcanzado la economía chilena de los centros financieros extranjeros, especialmente norteamericanos.
Entré 1961 y 1970, el ingreso de capital extranjero por concepto de inversiones alcanzó a los 900 millones de dólares, que equivalen al 11,3% de la inversión geográfica bruta. En igual período, por remesas de utilidades, salieron del país 839 millones de dólares, y por depreciaciones, otros 873 millones de dólares. Ello significó sacar casi dos dólares por cada dólar de inversión, manteniéndose intacto el aporte en moneda extranjera.
Por otro lado, la deuda externa pública y privada aumentó, de 598 millones de dólares en 1960, a 2.300 millones, alcanzando al 31 de diciembre de 1970 a 4.300 millones de dólares, incluidos los intereses.
La deuda pública interna ascendía al 30 de octubre de 1970 a 7.225 millones de escudos y a 698 millones de dólares.
Señor Presidente, el Senador señor Andrés Zaldívar analizó en sesiones anteriores el aspecto económico del mensaje del Presidente de la República al Congreso Pleno, con motivo de la inauguración de la legislatura ordinaria de sesiones.
En esta ocasión replicaré el discurso del Senador Zaldívar, examinando los términos de su intervención y entregando diversos antecedentes del desarrollo económico del país en los dos años de Gobierno Popular.
Previamente, haré una exposición resumida de la real situación en que se encontraba la economía nacional en el momento de asumir la actual Administración.
Características de la economía chilena hasta 1970.
En la primera exposición de la Hacienda Pública ante la Comisión Mixta de Presupuesto, el Ministro, compañero Américo Zorrilla, definió los rasgos que caracterizaron la economía del país hasta 1970: lº) su carácter monopólico; 2º) su grado de dependencia, y 3º) su paulatina desnacionalización.
Estimo de primordial importancia analizar estas características que tienden a demostrar que la estructura económica del país estuvo, hasta entonces, al servicio de una clase social minoritaria que detentaba la riqueza, y del capital extranjero, ambos causantes del subdesarrollo y del atraso que aún sigue afectando a nuestro país.
1.- Carácter monopólico de la economía chilena.- Es peculiaridad del sistema capitalista la concentración del capital en grupos monopólicos. El monopolio compite en condiciones muy superiores al resto de las empresas y logra niveles de productividad más elevados. Ello le permite incrementar notablemente la plusvalía, lo que conduce, a su vez, a acelerar la concentración del capital. Simultáneamente, ello implica el debilitamiento, la quiebra y la ruina de las empresas pequeñas y medianas, las que, generalmente, son absorbidas por los grandes monopolios.
La concentración del capital monopólico había logrado en nuestro país, con una celeridad muy acentuada, un control decisivo de la economía en sus actividades más Vitales.
Diversos factores estructurales, típicos de la economía chilena, favorecían y reafirmaban esta tendencia: la relación entre el gran poder económico y el aparato estatal; el aprovechamiento de la fuerza económica y los recursos del Estado por los grandes monopolios; la penetración del capital extranjero y la dependencia y sometimiento cada vez mayor de la economía chilena a estas inversiones.
La concentración y centralización del capital monopólico afectaba al conjunto de la economía nacional e influía decididamente en las más variadas ramas de esta actividad.
Un examen breve de los principales sectores económicos nos permitirá una visión más clara de las consecuencias perniciosas que ejerció el capital monopólico y su concentración en manos de una minoría social explotadora.
a) Agricultura.- De la concentración de la propiedad agraria y de las formas de tenencia de la tierra se derivan otros aspectos de la concentración económica: la crediticia, de la asistencia técnica, de la distribución.
El censo del año 1965 resume las características de la tenencia de la tierra en nuestro país. Existían 123.636 predios menores de 5 hectáreas, con una superficie total de 207.000 hectáreas y una superficie media de 1,7 hectáreas; 116.367 predios de 5 a 200 hectáreas, con una superficie total de 3.840.000 hectáreas y una superficie media de 56 hectáreas; 10.158 predios de 201 a 1.000 hectáreas, con una superficie total de 4.311.000 hectáreas y una superficie media de 424 hectáreas; 2.601 predios de 1.000 a 5.000 hectáreas, con una superficie total de 5.495.000 hectáreas y una superficie media de 2.113 hectáreas, y 730 predios de más de 5.000 hectáreas, con una superficie total de 16.795.000 hectáreas y una superficie media de 23.000.
Este censo reveló que el 1,3% de los grandes latifundistas, con predios superiores a 1.000 hectáreas, poseían el 73% de la superficie agrícola del país. Es decir, una ínfima minoría de terratenientes (3.331 propietarios) dominaba casi las tres cuartas partes de la tierra cultivable (22 millones 300 mil hectáreas, aproximadamente), algunos de ellos con predios de superficie superior a las 23 mil hectáreas.
Sin embargo, 215 mil propietarios de predios hasta de 50 hectáreas, que representaban el 85% del total de las explotaciones agrícolas, sólo controlaban menos del 6% de la superficie agrícola total.
Por otra parte, 34 mil 117 propietarios de predios entre 51 y 1.000 hectáreas controlaban 6 millones 595 mil hectáreas, representando el 13,5% del total de las explotaciones agrícolas.
Era evidente, entonces, que la tierra cultivable estaba concentrada monopólicamente en pocas manos.
Es cierto que en 1967 se puso en vigencia la ley de Reforma Agraria; sin embargo, la estructura del dominio de la tierra no varió sustancialmente, ya que, de un total de 24 millones 434 mil hectáreas, que representaba la superficie de los predios mayores de 500 hectáreas, hasta 1969 sólo se habían expropiado 2 millones 869 mil hectáreas, poco más del 10%.
A lo anterior, hay que agregar la anarquía con que los latifundistas trabajaban la tierra; los medios de explotación rudimentarios que utilizaban; el desinterés por aumentar la producción y la productividad y por desarrollar toda la actividad agropecuaria.
Ello fue la causa del retroceso en el desarrollo agrícola y pecuniario; la producción de los más importantes alimentos disminuyó ostensiblemente, o, en el mejor de los casos, permaneció estacionaria. Los latifundistas no reinvertían los excedentes en la modernización de los medios de cultivo ni en la mecanización de las faenas agrícolas, sino que desviaban dichos excedentes a inversiones especulativas en los sectores urbanos. La crisis en la producción agropecuaria es la consecuencia del desinterés criminal de esta clase parasitaria del campo chileno por hacer producir la tierra a plena capacidad de rendimiento y con los métodos y sistemas modernos, que aseguran rendimientos óptimos.
Fue por eso por lo que el Gobierno popular, tan pronto asumió la administración del país, aceleró a fondo en la aplicación de la reforma agraria, dando al desarrollo agrícola y pecuario la primera prioridad. En dos años el Gobierno popular ha expropiado 3.570 predios, incorporando con ello al sector reformado el 35% de la superficie agrícola del país, lo que suma alrededor de 11 millones de hectáreas. Lo dijo el compañero Presidente de la República en su Mensaje: un proceso de desarrollo de nuevas relaciones sociales ha quedado abierto en el agro. El número de asentamientos duplica al que había en 1970. Se han creado más Centros de Reforma Agraria y de Producción. A fines de 1972 sobre un total de 275 Comunas Agrarias se habían constituido 253 Consejos Campesinos. También se establecieron por la base los Consejos Provinciales Campesinos de Ñuble, Colchagua, Bío - Bío, Malleco, Cautín, Valdivia y Magallanes. Las Cooperativas Campesinas se elevaron casi a 300. La cantidad de miembros en las organizaciones sindicales campesinas es del orden de los 278 mil, es decir, 33% más que en 1971 y 168% superior al existente en 1969.
b) Industria.- Tiene gran significación para la caracterización de toda la economía medir el grado de concentración en el sector industrial. El nivel de monopolización alcanzado hasta 1970 por la industria chilena fue acelerado y la concentración del capital monopólico en ella alcanzó preeminencia en las relaciones de la producción capitalista.
En 1963 el grado de concentración industrial, considerando el tamaño de los establecimientos, medidos por el número de personas ocupadas, revelaba los siguientes datos:
El 3 % de los establecimientos industriales (gran industria, con más de 200 personas ocupadas por establecimiento), con 44% de ocupación, controlaba 58% del capital social del área.
El 30% de ellas (mediana industria), con una ocupación de 40% (ocupaba entre 20 y 200 personas por establecimiento), controlaba 35% del capital social.
El 67% de los establecimientos que correspondían a la pequeña industria, con una ocupación de 16%, controlaba sólo 7% del capital social.
Desde 1963 a 1970 la monopolización del sector tuvo un crecimiento apreciable. Considerando las empresas constituidas como sociedades anónimas en el sector industrial en el bienio 1968/1969, puede concluirse que el 27% de ellas controlaba 82% del capital social y reservas legales, y 80 % de los activos totales, adueñándose, además, de 76% de los ingresos brutos de la explotación.
La mediana y la pequeña industrias estaban, en cambio, a merced de esos poderosos monopolios, que, en su afán hegemónico, las absorbían hasta hacerlas desaparecer.
Creación de área social de la economía.
Estas condiciones imperantes en el sector industrial, especialmente, no podían continuar, por el daño creciente que ocasionaban al desarrollo del país. El Gobierno popular planteó en su programa poner término al predominio de los monopolios, mediante la creación del área de propiedad social de la economía, incorporando a ella las empresas industriales, comerciales, mineras estratégicas y fundamentales para el saneamiento de la economía. Se puso el acento en la urgente necesidad de reactivar la economía y de aumentar la producción, como parte de un, proceso global que apuntaba a la destrucción de un sistema estructural en avanzada crisis.
La política económica que ha seguido el Gobierno en los últimos dos años debe analizarse, en consecuencia, sobre las bases de los objetivos programáticos de la Unidad Popular y de las condiciones en que se encontraba el país hasta 1970.
Cifras elocuentes.
Recibimos, como el país lo sabe, una economía estancada, gravemente monopólica y dependiente, y excluyente en lo social. Los problemas estructurales por los que atravesaba la economía se manifiestan de modo notorio a partir de 1967, en forma realmente crítica para el país. En este período se tiene la tasa de crecimiento más baja para la América Latina: apenas 3%. Este estancamiento fue acompañado de una tasa de desempleo creciente, de una alta concentración, del ingreso, de una producción desuñada a satisfacer la demanda de los grupos de altos ingresos.
En los años 1967 a 1969, la tasa de crecimiento del producto desciende bruscamente, lográndose un aumento anual de apenas 2,8%, la más baja del mundo después de Israel. Los informes de la CEPAL para 1972 relacionados con la tasa de crecimiento del producto interno bruto en los períodos 1965/1970 y 1971/1972, muestran claramente la reactivación económica lograda por el Gobierno de la Unidad Popular.
En efecto, la producción de bienes materiales subió, de 3,5% promedio anual del período 1965/1970, a 5,1% promedio anual del período 1971/1972; el crecimiento de la producción de servicios básicos fue de 3,8% a 4,3%, promedio anual de los mismos períodos; el crecimiento de otros servicios fue de 4,1% a 6,3%. El promedio anual del producto interno bruto para el sexenio 1965/1970 alcanzó a 3,8%; en cambio, el promedio anual del bienio 1971/1972 fue de 5,9%.
Las tasas promedio alcanzadas para el último bienio reflejan el cumplimiento de uno de los objetivos llevados adelante por el Gobierno: la reactivación de la economía simultáneamente con los cambios estructurales en el agro, la minería y la industria.
Esa reactivación se logra, además, con una redistribución del ingreso, manteniendo a la clase trabajadora su poder adquisitivo real en todos los períodos y ampliando su participación en el ingreso nacional, de 51,7% en 1970, a 59% en 1971, y a 66% en 1972, dándose ahora la regresividad en la distribución del ingreso fundamentalmente en el sector de los capitalistas.
Mayor disponibilidad de bienes por habitante.
Es necesario destacar que, dentro del crecimiento del producto, la tasa de aumento de las ramas productoras de bienes materiales alcanza a un promedio de 5,1% contra 3,5% del período anterior. Esto se ha reflejado en una mayor disponibilidad promedio de bienes por habitante, ya que el volumen total de la oferta de productos alimenticios en el año 1972 fue superior al del año 1970.
Estableciendo la relación para los principales rubros entre la oferta global y el número de habitantes entre 1972 y 1970, se tiene la disponibilidad promedio por habitante, lo cual queda reflejado en el cuadro siguiente:
Disponibilidad promedio de alimentos por habitante (Mensaje)
Productos agrícolas (en kilos)
1970 1972
trigo 152,7 178,1
maíz 54,1 64,0
arroz 9,7 11,8
frejoles 4,9 6,1
papas 51,6 55,8
azúcar 32,0 39,6
aceite (litros) 7,00 7,6
vino (litros) 47,0 52,6
Pecuarios
carne bovinos 17,4 15,4
carne ovinos 3,5 2,8
carne cerdos 4,9 6,1
leche (litros) 123,9 171,8
huevos (unidades) 93,0 117,3
Todas las disponibilidades reflejan un considerable aumento por habitante en 1972 con relación al año 1970, salvo en los aspectos de carnes de ovinos y bovinos, que reflejan una pequeña baja en el consumo.
La totalidad de esos antecedentes y las fuentes de informaciones provienen de la FAO, ICIRA e Instituto de Economía de la Universidad de Chile.
Ese cuadro revela, claramente también, que el problema de la escasez relativa que se observa está provocado en gran medida por el crecimiento de la demanda, ya que la disponibilidad promedio por habitante aumentó en casi todos los productos. El crecimiento de la demanda, generado por la política económica que ha aplicado el Gobierno popular, se ha pretendido anular por la actividad especulativa, por el mercado negro, por el acaparamiento y la destrucción de productos con vistas tanto a la multiplicación de utilidades ilícitas como a fines políticos inconfesables.
Igualmente válido es el análisis de producción que, según la CEPAL y el Instituto Nacional de Estadísticas, señala variaciones de producción con respecto a 1970, lo que en definitiva se traduce en mayor disponibilidad de bienes en la economía. Más aún, si se analiza la ponderación que tiene esta producción en el índice, donde la producción asociada al consumo tiene una ponderación de 46,6%, se aprecia que ha crecido con relación a 1970 en 18,5%; lo propio sucede con la producción de materias primas, para la industria fundamentalmente, que, con una ponderación del 34,9 %, ha experimentado 19,8% de crecimiento; la producción de bienes de capital y durables, cuya ponderación es de 18,8%, experimentó 13,3% de aumento.
c) Minería.- Tal vez sea en la actividad minera donde el grado de monopolización adquirió, hasta 1970, una concentración superlativa. La producción estaba dominada casi íntegramente por un pequeño número de empresas en las que predominaba el capital extranjero, y se expresaban a través de él. Veamos algunas cifras comparativas.
A) Cobre (año 1969).
La gran minería produjo 547 mil toneladas, correspondiendo a 78% de la producción; la mediana minería, 110 mil toneladas, correspondiendo a 18% de la producción; la pequeña minería, 42 mil toneladas, correspondiendo a 6% de la producción.
La producción de la gran minería provenía de las empresas Cobrechuqui, El Salvador y El Teniente, pertenecientes a los grupos monopolices imperialistas Anaconda y Kennecott, que también tenían la exclusividad en la comercialización del metal.
La mediana minería estaba integrada fundamentalmente por dos empresas extranjeras: Disputada de Las Condes y Mantos Blancos, y por una empresa chilena: ENAMI. Entre las tres producían el 80% del sector.
La pequeña minería estaba formada mayoritariamente por los pirquineros, grupo de trabajadores superexplotados que, poniendo su esfuerzo físico y costeando los gastos de explotación del mineral, trabajaban yacimientos ajenos, pagando a los dueños de las pertenencias un derecho o regalía. El grado de explotación de estos trabajadores se basa en la reconocida legalidad de la propiedad privada capitalista que reconoce nuestra ley.
Sabe el país que el Gobierno popular, con el apoyo unánime del Congreso, nacionalizó esta riqueza recuperando para Chile la fuente principal de recursos que hasta 1970 había sido para las empresas multinacionales imperialistas el factor primordial de su poder adquisitivo y de su poderío económico. Ahora el cobre, está en manos de los trabajadores chilenos, de sus técnicos y profesionales.
B) Hierro.
Seis empresas controlaban en 1970 la producción de hierro. Una de ellas, la Bethlehem Iron, era la única considerada de la gran minería del hierro. Las cinco restantes formaban la mediana minería.
La producción para 1970 fue la siguiente:
Bethlehem Iron: 2 millones 976 mil toneladas.
Compañía de Acero del Pacífico: 3 millones 309 mil toneladas.
Minera San Andrés: 1 millón 320 mil toneladas.
Minera Santa Fe: 941 mil toneladas.
Minera Santa Bárbara: 531 mil toneladas.
Minera Atacama: 232 mil toneladas.
Varias empresas menores: 1 millón 956 mil toneladas.
Esta riqueza también fue nacionalizada por el Gobierno popular.
C) Carbón.
Una sola empresa, Lota Schwager, representaba 78% de la producción total de este mineral. Dos empresas menores, filiales de la CORFO Colico Sur y Victoria de Lebu, producían el 14%. El resto era producido por una docena de pequeñas empresas, varias de ellas también filiales de CORFO.
Ahora las empresas carboníferas son todas estatales y forman parte del área social de la economía.
D) Salitre.
Cuatro centros salitreros produjeron en el año salitrero 1969-1970 un total de 659 mil toneladas. La primacía en la producción la tenía la empresa norteamericana Anglo-Lautaro a través de las Oficinas María Elena y Pedro de Valdivia. Las otras dos, la Oficina Salitrera Victoria, era de CORFO, y la Oficina Alemana, de Taltal, pertenecía al sector privado.
Desde 1968, las Oficinas Victoria, María Elena y Pedro de Valdivia, pasaron a integrar la Sociedad Química y Minera de Chile, con claro predominio de la Anglo-Lautaro no sólo sobre la producción, sino también sobre su administración y comercialización del salitre y del yodo. Sólo en 1971, cuando el Gobierno popular nacionalizó esta riqueza, integrándose la Oficina Alemania a la SOQUIMICH, el salitre pasó a manos del Estado, a través, precisamente, de esta empresa estatal.
La promesa contenida en el Programa de la Unidad Popular referente a la recuperación de las materias primas estratégicas de manos del capital imperialista, ha sido convertida en una realidad indiscutible.
Chile dispone ahora de sus propias riquezas para construir su economía sobre sólidas bases de desarrollo. Al mismo tiempo, el Gobierno popular, en un acto de soberanía sin precedentes, ha eliminado definitivamente el saqueo vergonzoso que durante tantos años sufrió el país de parte del capital monopólico internacional.
Chile es ahora más independiente que antes.
D) La distribución.
Esta actividad no era ajena a la concentración y, por el contrario, presentaba un alto grado de monopolización.
Los grupos económicos ejercían, por intermedio del monopolio distributivo; una gran presión sobre los pequeños y medianos productores y empresarios. También lo hacían como mecanismo de redistribución de plusvalía y como eficaz captador de excedentes a favor de los monopolios mediante la ampliación de los márgenes de comercialización que afectaba a los consumidores.
En 1967 la estructura del comercio interno revelaba las siguientes expresivas cifras.
A) Comercio por mayor.
De un total de 2.615 empresas distribuidoras, 70 controlaban el 76% de las ventas, dando ocupación a 20.346 personas; 856 empresas medianas controlaban el 19% de las ventas, con una ocupación ligeramente superior a las 10 mil personas, y 1.689 pequeñas empresas controlaban el 5% de las ventas, con una ocupación cercana a las 8 mil personas.
B) Comercio al detalle.
De un total de 104.831 empresas, sólo 30 grandes empresas controlaban el 5% de todas las ventas; 4.800 medianas empresas registraban el 21% de las ventas, y 100 mil pequeñas empresas dominaban el 74% de las ventas totales.
En este sector se aprecian dos hechos claros: uno, el control incontrarrestable de las empresas mayoristas monopólicas que dominaban la actividad y concentraban en sus manos el poder de decisión en la distribución; el otro, la verdadera atomización de la empresa distribuidora detallista controlada e influida por los monopolios por medio de la acumulación de stocks, créditos y ventas condicionales.
Cabe observar, por otra parte, que el sector de pequeñas empresas daba ocupación a 264.000 personas de un total de 344.000, lo que equivale al 80% del empleo.
El Gobierno popular ha roto también la influencia del monopolio de la distribución en nuestra economía, estatificando algunas empresas y creando la Distribuidora Nacional (DINAC). A pesar de ello, las empresas estatales de la distribución controlan poco más de la cuarta parte de todo el volumen de productos, siendo esta actividad el nudo gordiano de un abastecimiento normal que los grupos capitalistas desplazados del poder se empeñan en hacer fracasar.
Las empresas distributivas privadas manejan la distribución y venta de casi el 73% de la producción. Gran parte de esta producción no llega al consumidor, porque sale de nuestras fronteras a través del contrabando, se destruye, se acapara o se vende en el mercado negro a precios prohibitivos.
Es un imperativo de la hora actual combatir estas formas de sabotaje contra la mayoría de la población, a la cual los reaccionarios pretenden sitiar por hambre como parte del plan subversivo que busca derrocar al Gobierno. La organización del pueblo, de las dueñas de casa, en las juntas de abastecimientos y precios, es una medida revolucionaria y positiva para contrarrestar los criminales intentos de los reaccionarios en esta actividad fundamental.
E) Sector financiero.
Las dos actividades más importantes del sector son la bancaria y la de los seguros. El sector financiero de la economía ofrecía hasta 1970 un alto grado de concentración. Existían 26 bancos privados, cinco de ellos extranjeros. El Banco Central y el Banco del Estado formaban en el sector estatal.
a) Bancos.
Los bancos privados estaban controlados, a su vez, por los dueños del capital monopolista industrial y comercial que, en conjunto, dominaban sin contrapeso la economía chilena.
En diciembre de 1970 la estructura del sistema bancario se expresaba en las siguientes cifras:
a) Los bancos privados controlaban en sus activos 15.129 millones de escudos, y su capital más reservas alcanzaba a 1.241 millones de escudos; sus colocaciones sumaban 3.499 millones de escudos y sus depósitos llegaron a 6.757 millones de escudos. Las utilidades alcanzaron ese año a 40 millones de escudos, siendo este sector fundamental en el control y dominio de la actividad bancaria crediticia.
b) Los bancos nacionales, excluido el Banco del Estado, contabilizaban activos por 12.524 millones de escudos y el capital más reservas sumaban 1.108 millones. Las colocaciones alcanzaban a 2.968 millones, recibiendo depósitos por 5.557 millones. La ganancia alcanzó, para este sector en ese año, a 36 millones de escudos.
c) El Banco del Estado registró un activo de 8.977 millones. Su capital y reservas alcanzaron a 422 millones; sus colocaciones, a 3.778 millones, y sus depósitos, a 5.858 millones. Sus ganancias llegaron a 8 millones y medio.
d) Los bancos extranjeros contabilizaban un activo de 2.605 millones, y el capital más reservas sumaba 133 millones de escudos; las colocaciones alcanzaron a 531 millones y sus depósitos llegaron a 1.200 millones. Registraron 4 millones y medio de ganancias.
El grado de concentración del sistema bancario puede medirse también por los siguientes indicadores:
En 1965, sólo 60 accionistas eran dueños del 19% del total de las acciones de los bancos privados; 200 accionistas poseían el 34% de esas acciones. En 1970, sólo el 2% de los accionistas controlaba casi el 66% de las acciones bancarias del sector privado.
Por otra parte, en 1969 el 1,3% de los deudores utilizaba el 46% del crédito total y sólo 66 deudores, entre personas naturales y jurídicas, manejaba y usaba el 29% del crédito total. Mientras tanto, los pequeños empresarios no tenían acceso al crédito o lo utilizaban en mínima cuantía. El 62% de los deudores apenas recibía el 8% del crédito, total.
b) Seguros.
En 1969 existían 192 compañías de seguros. Dos eran estatales, 26 extranjeras y 164 privadas.
Las dos compañías estatales controlaban el 25% del activo total. Las 26 extranjeras alcanzaban al 8% del total, y las 164 privadas controlaban el 67% del sector.
Las compañías de seguros privadas operaban dentro de determinados grupos económicos y constituían un factor de apoyo para las actividades de los monopolios.
El Gobierno popular estatificó la banca privada y los seguros, eliminando así otro factor que concentraba grandes masas de capital en manos de los grupos monopólicos tradicionales.
Ahora casi la totalidad de los recursos crediticios los controla el Estado, orientándolos a la producción en los diversos niveles y favoreciendo preferentemente a los pequeños y medianos empresarios, a quienes en los Gobiernos de la burguesía se negaba acceso a estos recursos. El Gobierno ha dado en esta forma otro gran paso para el saneamiento de nuestra economía y su desarrollo en beneficio de las grandes mayorías del país.
2.- Dependencia y desnacionalización.
El capital extranjero monopolista actuó en nuestro país desde los albores de los descubrimientos mineros. Operó primero en el salitre y después en el cobre. Desde su aparición en nuestro país se conectó a los intereses económicos de la oligarquía, consolidándose una creciente alianza de intereses entre el imperialismo y la burguesía nacional.
El capital monopolista extranjero abarcaba hasta 1970 inversiones no sólo en la minería, sino que su desplazamiento hacia la industrial y el comercio era cada vez más notorio.
El siguiente estudio de la inversión directa del capital norteamericano en Chile confirma lo que estamos aseverando.
El año 1960 la inversión en la minería alcanzaba a 517 millones de dólares; en 1964 ascendió a 500 millones, y en 1968, a 586 millones. Porcentualmente, la inversión en el sector disminuyó, del 70% en 1960, al 60,8% en 1968, fundamentalmente por los aportes entregados por el Estado chileno como consecuencia de los convenios de chilenización.
En 1960 la inversión de capital extranjero en la industria era de 22 millones de dólares, subiendo en 1964 a 30 millones, y en 1968, a 68 millones. De un 3% en 1960, la inversión subió a 7,2% en 1968.
En 1960 la inversión en las actividades comerciales alcanzaba a 12 millones de dólares (1,6%); en 1964, a 20 millones, y en 1968, a 39 millones (4%).
En 1960 la inversión en otras actividades alcanzaba a 188 millones de dólares (25,4%); en 1964, a 239 millones, y en 1968, a 270 millones (28%), ascendiendo la influencia del capital extranjero en esta actividad, de 25,4% en 1960, a 28% en 1968.
La alianza de intereses entre el imperialismo y la burguesía monopolista nacional abrió al capital extranjero, hasta 1970, el control sobre los sectores claves y estratégicos de la economía chilena, siendo fundamentalmente notorio el avance de la inversión en el cobre, salitre, hierro, petroquímica, siderurgia, productos alimenticios; textiles, cueros y calzado, cristalería, combustibles, materiales de construcción, minería no metálica, energía, comunicaciones y otros.
La desnacionalización de nuestra economía había adquirido caracteres de dominación atentatorios a nuestra soberanía; el capital extranjero ejercía un dominio sin contrapeso y un control decisivo en sectores vitales de nuestra economía, de los cuales el imperialismo se había transformado en el verdadero dueño.
Dependencia tecnológica.
Como consecuencia del dominio creciente del capital extranjero en la economía chilena, nuestro país pasó a depender también tecnológicamente de las potencias industriales capitalistas. Es sabido que la concentración del desarrollo de la tecnología forma parte, en estrecha relación con la inversión, del dominio hegemónico del imperialismo sobre las economías subdesarrolladas, especialmente.
En la última década, la dependencia de Chile de la tecnología extranjera había alcanzado niveles elevados, abarcando múltiples sectores de la actividad económica. Esta dependencia se expresaba, además, por los subidos pagos que debía hacer el país por el uso de esas tecnologías, especialmente en la industria manufacturera, que cubría el 76% de los pagos efectuados por tal concepto en 1968.
CORFO estableció en el estudio de una muestra de empresas que operaban en Chile bajo control del capital extranjero que, en más de la mitad de los casos, la línea de producción introducida por la inversión foránea era nueva, lo que implicaba la aplicación también de tecnología nueva, y que en la otra mitad los aportes se destinaron a ampliar la oferta de un producto debido a la existencia de una demanda potencial no cubierta o a mejorar la calidad de un producto existente, para más adelante desplazan: del mercado a otros productores menos eficientes.
Los contratos por servicios tecnológicos, no siempre necesarios y útiles, que se pactaron con empresas extranjeras tendían fundamentalmente a aumentar el proceso de desnacionalización, provocando, además, una importante fuga de divisas y el aumento artificial de las utilidades de la inversión extranjera.
El caso de la Petrodow es característico para probar la forma como se usa la tecnología para inflar utilidades que se remesan al exterior. Al constituirse la sociedad mixta, el socio extranjero hizo un aporte real al capital social de 6 millones 580 mil dólares, pero al mismo tiempo se computaron como aporte adicional de capital dos millones de dólares, por concepto de tecnología. Aparte ello, se convino el pago de royalties a razón de 4,5% sobre las ventas de polietileno, y de 3,5% sobre las de cloruro de polivinilo, durante diez años.
Entre 1962 y 1968 nuestro país pagó por concepto de servicios tecnológicos cerca de 80 (millones de dólares. Entre 1964 y 1968 sólo en cuatro años, el pago de esos servicios tecnológicos se duplicó. Solicito a la Mesa la inserción de un cuadro que da una visión detallada de los gastos por tal concepto.
Cuando Su Señoría intervino en la sesión anterior, yo no le solicité interrupción alguna.
Era para aclararle un concepto.
Por lo demás, son cifras extraídas de la misma fuente a que recurrió Su Señoría en la sesión pasada. Al finalizar mi exposición podré concederle una interrupción.
Es muy distinta la deuda bruta de la deuda. . .
El Honorable señor Valente no desea ser interrumpido.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ZALDIVAR.-
Oportunamente se solicitará el acuerdo de la Sala, señor Senador.
El documento cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente:
Ocupación por sectores económicos 1966-1970 y 1971.
Sectores
Agricultura ..
Minería
Industria .. . ; .. Construcción .. Electricidad, gas y
agua
Comercio
Transporté ..
Servicios
{Miles de personas y porcentajes)
Variación Variación
Promedio entre 1970 y
966 1967 1968 1969 1970 1971 Anual 1971
Quinquenio 1966-1970
Número personas ce Número personas Tasa
717,7 750,0 736,4 739,7 738,0 750,0 5,1 0,7 12,0 1,6
93,6 94,0 94,5 97,7 99,2 100,5 1,4 1,5 1,5 1,3
527,7 534,4 544,6 550,7 562,9 602,9 8,8 1,6 40,0 7,1
1863 169,0 168,5 172,0 177,5 198,2 -2,2 -1,2 20,7 11,7
11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 12,7 0,9 7,6
351,0 375,0 404,2 428,5 451,5 470,3 25,1 6,5 18,8 4,2
149,5 156,2 161,8 167,4 175,6 184,6 6,5 4,1 9,0 5,1
665,0 721,4 757,5 761,3 777,7 817,9 28,2 4,0 40,2 5,1
Por supuesto, el proceso de absorción del desempleo no puede prolongarse indefinidamente sobre la base del aprovechamiento de la capacidad ociosa que existía en la economía chilena. En conocimiento de esta realidad, el Gobierno ha iniciado un fuerte programa de inversiones, a las cuales me referiré más adelante, cuyos criterios fundamentales de elección y preparación, de proyectos inciden en que ofrezcan un volumen suficiente de bienes y servicios esenciales para la mayoría de la población, y que sean densos también en mano de obra. Ello significa un cambio radicalmente opuesto a los criterios de selección tradicionales utilizados por las administraciones anteriores. Sobre la base de estos criterios selectivos, el Comité Económico de Ministros aprobó, sólo en 1973, 175 líneas de proyectos, sin considerar los ya terminados y los de arrastre. En esta forma el Gobierno popular está asegurando el futuro económico de nuestra patria y el bienestar social para todos los trabajadores.
La inversión en el Gobierno pasado y la del actual Gobierno popular.
Puede citarse como característica del Gobierno anterior en los últimos años la extremada concentración de la inversión en unos pocos proyectos, tales como los de expansión de la gran minería del cobre, industria petroquímica, complejos viales nacionales e internacionales, obras portuarias, Celulosa Arauco y Constitución, fuertes inversiones en infraestructura de energía. Por ejemplo, entre los años 1965 y 1970, sólo doce proyectos utilizaron más del 26% de los recursos de inversión destinados a proyectos productivos y de infraestructura económica. Por otra parte, la inversión pública industrial efectuada en 1970 se concentró, en más del 80%, sólo en tres grandes proyectos.
En el quinquenio 1965 - 1970, la inversión pública, que acrecienta directamente la capacidad de producción, ha estado radicada fundamentalmente en sectores de servicios y de utilidad pública. Entre los sectores productores de bienes, sólo en la minería el sector público tuvo alguna importancia como inversionista, mientras que en la agricultura y en la industria mostró escasa significación. Esto se puede apreciar en un cuadro que demuestra también la participación de la inversión pública directamente productiva en la inversión geográfica bruta, y que pido insertar en la versión taquigráfica de mi discurso, señor Presidente.
Oportunamente solicitaré el acuerdo necesario, señor Senador.
El cuadro cuya inserción se acuerda posteriormente es el que sigue:
Participación de la inversión pública directamente productiva en la inversión geográfica bruta.
(% promedio 1962-1966)
Agricultura 2,4
Minería 29,9
Industria 4,9
Construcción... 1,4
Electricidad, gas, agua 62,0
Comercio y servicios
Financieros 40,1
Propiedad de vivienda 51,1
Transporte y comunicaciones 54,2
Servicios 82,0
A pesar del elevado volumen de inversión pública, ésta no pudo transformarse en un agente motor determinante y movilizador de inversiones que se tradujera por sí solo en una ampliación de la capacidad productiva de la economía, puesto que su participación en sectores básicos, como agricultura e industria, fue de escasa relevancia. La inversión privada en estos últimos sectores no respondió. Por esta causa, la inversión en ciertas áreas estratégicas para el crecimiento ha quedado hasta ahora rezagada. La inversión privada declina al final del decenio y se aprecia mejor al excluir las inversiones de la gran minería del cobre.
Una parte significativa de la inversión realizada en este período estuvo constituida por el llamado Plan de Expansión de la Gran Minería del Cobre. Su ejecución significó aumentos en el volumen de la inversión geográfica global de los años 1967 a 1970. Estas inversiones alcanzaron a 730 millones de dólares. Si se excluyen estas inversiones, se produce un descenso del monto absoluto de las inversiones internas de 5,8% en 1967 y de 2% en 1968, para recuperarse después bajo la presión motivada por inaugurar determinadas obras públicas en los meses previos a la elección presidencial.
En la década anterior, el caudal de capitales foráneos destinados a financiar inversiones se incrementó en forma sostenida y espectacular. Por ejemplo, en 1965 el ingreso de capitales fue de 260 millones de dólares, que financiaron alrededor del 30% de la inversión geográfica. Hacia 1970 se llegó a 500 millones de dólares, o sea, alrededor de 46% de la inversión geográfica. La inversión se fue haciendo cada vez más dependiente del exterior, y el país se fue endeudando aceleradamente, generándose una deuda externa global, como ya lo advertimos, de más de 4 mil millones de dólares a la vez que se engrosaron las reservas internacionales de moneda extranjera. Es decir, el país aumentó sus reservas, pero a costa de un endeudamiento considerable en el exterior.
En consecuencia, el lento ritmo de inversión privada, la concentración de la inversión, la inversión pública radicada en sectores de infraestructura, y la falta de un esfuerzo similar por parte del sector privado para cubrir áreas de la producción que en ese momento eran de su responsabilidad, no podrán asegurar en el futuro próximo una expansión que tienda a resolver los problemas económicos más graves con que se enfrenta el país, lo que queda de manifiesto cuando empieza a practicarse la política de redistribución del ingreso a los sectores eternamente postergados. Estos sectores se volcaron al mercado demandando productos y servicios esenciales. Esta demanda fue abastecida en 1971 mediante la reactivación de la economía y el uso de la capacidad ociosa de la economía. Si en los años anteriores a 1971 se hubieran hecho inversiones en las ramas productoras de alimentos, vestuario, etcétera, estas inversiones habrían entregado producción en 1972 y 1973 y, por lo tanto, no se habrían presentado problemas de escasez y desabastecimiento. Como> se explicó antes, ésta no era la política inversionista del anterior Gobierno, y por esta causa sufrimos las consecuencias de una política encaminada a mantener al pueblo subalimentado y mal vestido.
Por tal razón, el Gobierno de la Unidad Popular, en su política de inversión, plantea revitalizar los sectores tradicionales o rezagados, como las industrias procesado-ras de alimentos, las de vestuario, calzado y determinadas ramas de la industria química y farmacéutica; y, en cambio, pierden relativamente importancia por el momento las inversiones de sectores que producen bienes durables de lujo. Por otra parte, para mejorar el nivel de vida de la gran masa de la población, parte importante de la inversión deberá dirigirse a financiar construcciones de viviendas populares, escuelas y hospitales y otros servicios de equipamiento social, lo que, además, se combina con la necesidad de crear masivamente nuevos empleos.
En los dos primeros años del Gobierno popular, a pesar de la fuerte baja del precio del cobre, que le significó perder 500 millones de dólares, el cese de las inversiones directas extranjeras y la drástica disminución de las fuentes tradicionales de créditos internacionales del mundo capitalista, que bajan de 220 millones de dólares en 1970 a 75 millones de dólares en 1971, y a unos 20 millones en enero de 1972, para casi paralizarse después de esta fecha; la fuerte carga del servicio de la deuda externa; los cambios estructurales profundos que significan la nacionalización total del cobre, del hierro, el acero, el cemento y demás riquezas básicas, el término del latifundio; la estatificación de los bancos, y el comienzo de la destrucción del monopolio industrial y comercial, se lleva a feliz término una fuerte redistribución del ingreso nacional a favor de los trabajadores, a pesar de los mil obstáculos creados por una Oposición fuertemente resentida y antipatriótica.
Comercio exterior.
1.- Renegociación de la deuda externa.- De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministro de Hacienda, compañero Orlando Millas, a la Comisión Mixta de Presupuestos el 15 de noviembre de 1972, la renegociación se inició en tres frentes:
a) Con los bancos privados norteamericanos.
b) Con los bancos privados europeos y del Japón.
c) Con los países miembros del Club de París.
Con los bancos privados norteamericanos se llegó a un acuerdo en enero de 1972, que consiste en la consolidación de tres años de deudas, el otorgamiento de tres préstamos que totalizan 240 millones de dólares, con tasas de interés sujetas a casos particulares, y un plazo de financiamiento de ocho años.
Las gestiones efectuadas con la banca privada europea y japonesa arrojaban como resultado una consolidación para un período de tres años, que llega a los 60 millones de dólares aproximadamente, y con condiciones similares a las logradas con los bancos privados norteamericanos. Con relación a los países miembros del Club de París, la fórmula financiera resultante se traduce en un monto de 165 millones de dólares de ahorro neto. Es necesario destacar que el monto logrado no constituye una solución a los problemas de balanza de pagos, sino meramente un alivio pasajero.
De conformidad con lo dispuesto en el Nº 7 del Acta del Club de París, suscrita el 18 de abril de 1972, se establece la promesa de renegociar los servicios por pagar en 1973.
En la reunión realizada los días 25 y 26 de enero del presente año entre los países miembros del Club de París y los representantes del Gobierno de Chile, se suscribió un acta en la cual se acordó postergar las negociaciones para una fecha anterior al 15 de mayo de 1973, solicitar un estudio completo de la situación financiera de Chile y de su política económica y financiera y, por último, durante la discusión se acordó que Chile no efectuara pago alguno de los vencimientos fijados entre el 1º de enero del presente año y la firma de los convenios bilaterales, lo que significó confianza de esos sectores financieros en la política económica de nuestro país.
2.- Exportaciones e importaciones.
Con relación a las exportaciones es necesario destacar que las correspondientes a la gran minería del cobre han aumentado, de 519 mil toneladas en 1970, a 561 mil toneladas promedio en el bienio 1971 - 1972. Es decir, en cantidad se ha exportado más cobre; sin embargo, debido a la baja del precio del metal, de 58 centavos de dólar por libra, a 46 centavos en 1971, y a 45 centavos en 1972, las exportaciones de la gran minería del cobre en millones de dólares han bajado, de 661 millones en 1970, a 565 millones de dólares en el bienio de 1971/1972, según datos proporcionados por el Banco Central y SEREX. Además, cabe destacar el aumento sustancial de las exportaciones de productos manufacturados de cobre y cobre semielaborado, que en 1972 fue de 36,4%, con relación a 1971, lo que refleja el inicio de una nueva política tendiente a incrementar considerablemente el valor agregado de nuestras exportaciones, para dejar de ser meros exportadores de materias primas.
Respecto de las importaciones, debe analizarse su aumento teniendo presente el alza de los precios internacionales de los bienes de consumo y la necesidad de una importación significativa de bienes intermedios que estructuralmente la economía no es capaz de producir, para lograr los objetivos de aumento de la producción de bienes esenciales. Esto ha significado un aumento, en términos reales, de 175 millones de dólares en bienes intermedios, lo que significa un 27% de aumento con respecto a 1971 y de casi un 50% con respecto a 1970.
Asimismo, es necesario señalar el fuerte incremento de las importaciones de bienes de capital tendientes a crear una base económica de producción que responda a las exigencias nacionales y que permita lograr la independencia económica de los países desarrollados. Esto se explica en forma más detallada en el cuadro comparativo que también solicito insertar en el texto de mi intervención.
Oportunamente se solicitará el acuerdo, señor Senador.
El cuadro cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente:
Importaciones 1970-1972 (Millones de US$).
1970 1971 1972
Bienes de consumo 155,6 244,5 290,0
Bienes intermedios 499,9 634,1 810,0
Materias primas 328,2 428,2 590,0
Repuestos 115,1 114,5 120,0
Combustibles 56,6 91,4 100,0
Bienes de capital 287,7 244,9 300,0
Total bienes 943,2 1.123,5 1.400,0
Total servicios 181,9 146,1 140,0
Total importaciones 1.125,1 1.269,6 1.540,0
Fuente: ODEPLAN.
Inflación.
Cabe hacer notar, además, que en 1967 los egresos de divisas por concepto de renta del capital extranjero, representaba el 20% del total de los ingresos corrientes de ese mismo año. El grave endeudamiento externo, no obstante el muy favorable precio del cobre en los últimos años de la década del 60, obliga al Gobierno popular al pago, sólo por el servicio de la deuda, de 1.400 millones de dólares para el sexenio 1971 - 1976. Sólo en los dos primeros años de Gobierno 1971/1972 el pago por este concepto ascendió a 566 millones de dólares.
Estructura económica al servicio del capital monopólico nacional y extranjero.
Lo anterior demuestra, en líneas más o menos generales, pero fundadamente, que la estructura económica del país estaba orientada a servir fundamentalmente los intereses del capital monopólico nacional y a las inversiones extranjeras; que la creciente concentración de los medios de producción en pocas manos, monopolizando la economía, era producto del desarrollo capitalista anárquico y desequilibrado, en perjuicio dela mayoría nacional; que el atraso del país se debió, y se debe, entre otros factores, al carácter dependiente y a la creciente desnacionalización de nuestra economía y a la preeminencia del capital extranjero dominante en los sectores económicos más importantes y estratégicos.
Si a lo anterior agregamos el grave estancamiento económico, la bajísita tasa de crecimiento, el estado depresivo de la actividad industrial, las altas tasas de desocupación, la elevada deuda externa y los compromisos de pago a corto plazo de parte importante de estas deudas, podemos decir al país que, a pesar del estado económico altamente depresivo y de la tenaz e incansable actitud de sabotaje que llevan a cabo los grupos sociales desplazados del poder por el pueblo, el país avanza y avanza más que nunca; que se están construyendo las bases para alcanzar la plena independencia económica; que con la participación creciente de los trabajadores en el proceso revolucionario chileno se logrará avanzar por el camino, no siempre fácil, que conduzca a la construcción de una sociedad más justa.
Comparaciones acomodaticias.
El Senador Zaldívar ocupó gran parte de su discurso crítico en comparaciones de indicadores económicos, fundamentalmente de los años 1971 y 1972. Es decir, utilizando cifras correspondientes a las dos años de gestión del Gobierno popular. Fueron comparaciones acomodaticias, pues lo lógico era que el Senador señor Zaldívar basara su comparación entre los indicadores económicos del Gobierno popular y los de la Administración anterior.
Eso es lo que hemos hecho nosotros, y no hay duda de que en esta comparación no ha sido el Gobierno popular el que ha salido mal parado.
No deseo eludir tampoco el análisis sobre inversión y ocupación y sobre comercio exterior abordados por el Honorable señor Zaldívar, de modo que continuaré mi análisis por algunos momentos más.
La ocupación.
Para apreciar el significado real del aumento de las posibilidades de trabajo en el Gobierno de la Unidad Popular, conviene referirse a la situación inicial. El nivel general promedio del empleo del país alcanzó, en 1970 repito a 2.994.200 personas. La desocupación promedio del año fue de 6,1%, lo que significaba alrededor de 200 mil desocupados. En el Gran Santiago, la tasa de desocupación alcanzó, en diciembre de 1970, a un 8,3%, lo que significaba 86.800 personas sin empleo.
Sólo en el año 1971 se crearon casi 200 mil ocupaciones. Este es uno de los resultados concretos más importantes en el cumplimiento de los aspectos fundamentales del programa de Gobierno, ya que incide directamente en la elevación de las condiciones de vida de los trabajadores. En general, prácticamente en todos los sectores económicos, el crecimiento del empleo fue muy superior al que se venía consiguiendo tradicionalmente.
Los sectores construcción e industria se destacan por su impacto ocupacional. Así es como la industria dio ocupación a 40 mil personas, y la construcción, a 20 mil, al igual que los otros sectores. De esta forma queda desmentida la afirmación irresponsable del Senador Zaldívar en el sentido de que el Gobierno absorbió la cesantía dando ocupación indiscriminada en los organismos públicos. Para mayor claridad hay un cuadro de ocupación por sectores económicos, correspondiente al quinquenio 1966 - 1970 y al año 1971, que confirma y demuestra el avance de la ocupación lograda en el Gobierno de la Unidad Popular. Ruego a la Mesa solicitar el asentimiento de la Sala para insertarlo en la parte pertinente de mi intervención.
El señor VALENTE.-
Nos preocupa, y preocupa al Gobierno, el proceso inflacionario, pues no beneficia a nadie, salvo a los que aún detentan él control y el poder económicos.
Sabido es que los trabajadores han sido tenaces y estoicos combatientes en la lucha contra la inflación; y sabido es que determinados factores, de los que no siempre puede culparse a los asalariados, Son consecuencias del embate inflacionario que aflige a las economías de los países subdesarrollados.
Considero importante dar a conocer, como término de mi intervención de esta mañana, la parte de la declaración hecha por la Comisión Política del Partido Comunista en que analiza el proceso inflacionario. Dice así:
El proceso inflacionario tiene causas concretas. En él se manifiesta la lucha de clases. No se debe sólo a razones derivadas de la estructura económica en crisis general que legó a Chile la dominación del imperialismo, de los oligarcas financieros y de los terratenientes. Tampoco tiene su razón de ser exclusivamente en los resortes monetarios. La inflación se ha intensificado en Chile como reflejo de la crisis del dólar, del alza vertiginosa de los precios internacionales de todo lo que importamos, de la caída durante, dos años de la cotización del cobre, del bloqueo bancario a nuestro país, de las represalias aplicadas por la Kennecott y la Anaconda, de las maniobras de la I.T.T. Pero, también, la inflación se viene desarrollando fríamente por la mayoría parlamentaria opositora al negar el financiamiento del presupuesto del Estado y obligar a que los sueldos de los servidores públicos civiles y uniformados, las obras públicas, la educación, los servicios de salud y las inversiones productivas se tengan que efectuar a costa de emisiones. Allí están los porqués de la inflación. Ella cuenta con mayores combustibles aún en la actividad sistemática del capital especulativo, de los especuladores y de los contrabandistas, tanto los elegantes caballeros de industria como los elementos del hampa que siguen su corriente.
Para salvar a Chile, hay que detener esta vorágine.
El Partido Comunista llama a todos los chilenos a concertar acciones para sanear la economía. Consideramos que, con ese objetivo, lo primero es poner el acento en la producción y darle a Chile más trabajó. Planteamos la necesidad suprema de postergar las reivindicaciones parciales, tender a la estabilización de los precios, combatir toda dilapidación de recursos públicos, atacar sistemáticamente la especulación y los delitos económicos, efectuar economías en todos los niveles, pasar a un régimen riguroso de control de los gastos. No es patriota ni es revolucionario el que, en circunstancias como las actuales, no sepa hacer sacrificios en beneficio del país.
El Partido Comunista ha considerado lo que el PresidenteAllende manifestó en su Mensaje del 21 de mayo sobre la inflación y le responde afirmativamente, dándole el más decidido respaldo al Gobierno Popular para que imponga, en vinculación con las masas, medidas que signifiquen un viraje real en la situación monetaria y de precios y conduzcan dentro de determina dos plazos a frenar al máximo el proceso inflacionista a fin de asegurar el valor real de los salarios y el poder adquisitivo del pueblo y llevar adelante las transformaciones sociales.
El Partido Comunista, que se guía ante todo por los intereses de la clase obrera y del pueblo, señala que los trabajadores y sus familias tienen derecho a que se compensen periódicamente las pérdidas del poder adquisitivo de las remuneraciones que se deriven de las alzas de precios y tarifas; pero todo mayor crecimiento de los sueldos y salarios que supere el aumento del costo de la vida debe ir acompañado de una elevación de los bienes y servicios de que disponga el país. Para ello, hay que vincular salarios y producción, entregar estímulos materiales y morales a todo lo que incremente la productividad, premiar a los innovadores y a los mejores trabajadores, autofinanciar una a una cada empresa, asegurando así el desarrollo, sobre bases sólidas, del creciente bienestar de los obreros, empleados, técnicos y profesionales y del conjunto del pueblo.
Sin embargo, el Partido Comunista llama la atención sobre el hecho de que lo principal y decisivo en la lucha antinflacionaria reside hoy en que se haga pagar a los ricos, desarrollando una inmensa movilización contra las evasiones tributarias e impositivas, castigando los delitos económicos, descubriendo y aplastando las actividades ilícitas del capital especulativo, discriminando los precios y las tarifas.
Tenemos absoluta confianza en la capacidad del pueblo para desplegar una amplia labor de esclarecimiento y una gran campaña patriótica contra la inflación. Esta es una tarea del Gobierno, en que se pondrá a prueba cada autoridad, a la vez que una tarea de los partidos populares, de las organizaciones sindicales y de todos los sectores de nuestro pueblo. Forman parte de la gran batalla por evitar la guerra civil y asegurarle a Chile la preservación de un desarrollo democrático que conduzca a la grandeza de la patria y a la plena liberación nacional y social.
Esta es parte de la declaración de la Comisión Política del Partido Comunista, formulada a consecuencias del mensaje del Presidente de la República del 21 de mayo recién pasado.
Señor Presidente, este análisis que hemos hecho de la situación económica del país hasta 1970, así como los logros alcanzados por el Gobierno popular en estos dos años de Administración, revelan que las críticas hechas por algunos señores Senadores al Mensaje del Primer Mandatario, sustancialmente en su aspecto económico, carecen de validez y no se ajustan a la realidad de los hechos presentes.
Sabemos que hay dificultades en el cumplimiento del programa popular, y que ellas emanan, precisamente, de la pertinaz y obcecada defensa que hacen de sus intereses los sectores que han sido desplazados del Poder.
Sabemos que todo proceso revolucionario no se lleva adelante por un camino de rosas, y que las transformaciones sociales y, sobre todo, los cambios estructurales de la economía, siempre son causa de conflicto entre las clases sociales.
Sabemos también que los monopolistas, los oligarcas, aquellos que detentan la riqueza y quienes hoy han sido desplazados del poder económico no van a permitir sin lucha que el Gobierno popular cumpla su cometido y dé un vuelco total, no sólo a la situación política sino que también a la económica que existía hasta 1970.
Sin embargo, nuestro proceso revolucionario se cumplirá. Se está avanzando notablemente en la producción, la conciencia de los trabajadores es cada día mayor y la entrega de los asalariados a este proceso es de una relevancia que es necesario destacar esta mañana. El país no está estancado. A pesar de las dificultades y de las intenciones de los grupos oligárquicos y del capital imperialista extranjero, ello no va a suceder, porque detrás del programa de la Unidad Popular hay todo un pueblo que lo está respaldando y que está luchando por lograr echar las bases de una sociedad más justa para el bienestar de la mayoría nacional.
El señor VALENTE.-
No, señor Presidente. Ya había renunciado a intervenir.
Ahora hay quórum.
Sí, señor Presidente.
Hay número suficiente de Senadores en la Sala para adoptar acuerdo.
Por no haber quórum para tomar acuerdos, queda pendiente la solicitud del Honorable señor Valente de insertar algunos documentos en su intervención.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
El señor ZALDIVAR.-
Señor Presidente, considero que para hacer algunas confrontaciones de ideas con lo planteado hoy por los Senadores de la Unidad Popular en defensa del Mensaje del Presidente de la República, se necesitaría disponer de bastante tiempo, a fin de analizar todas y cada una de las cifras que ellos han dado.
Por ello, sólo me haré cargo de algunas de las expresiones vertidas por el Honorable señor Valente en representación del Partido Comunista.
Estimo conveniente, en primer lugar, aclarar de una vez por todas el problema de las cifras de la deuda externa.
Como hemos señalado en reiteradas oportunidades y como también ha quedado demostrado, cuando los señores Senadores de Gobierno dicen que dicha deuda alcanza a 4 mil millones de dólares, se están refiriendo a la deuda bruta; es decir, no sólo a los créditos utilizados, sino también a los que no se han usado. Como lo sabe muy bien el Honorable señor Valente, por ser profesional en la materia, es imposible, desde todo punto de vista y aun en el aspecto contable, contabilizar como deuda un crédito no utilizado.
En segundo término, ellos incluyen en la deuda externa los intereses, hasta su vencimiento, en circunstancias de que gran parte de ella, más del 80% de la que existía hasta 1970, era a largo plazo, que fluctuaba entre los 8 y los 20 años. Por lo tanto, se estaría acumulando por ese concepto una suma cercana a los 800 millones de dólares. Como también lo sabe el Honorable señor Valente en su calidad de contador, jamás en los balances de las empresas, ya sean privadas, estatales o de cualquier tipo, se contabilizan los intereses por devengarse en un plazo posterior al vencimiento del balance que se hace.
Mis afirmaciones se encuentran corroboradas por el hecho de que la cifra que presentó al respecto el Gobierno de Chile al Club de París es la misma que nosotros señalamos en nuestras exposiciones cuando la actual Administración hizo esta denuncia. Tal como lo expresé en esa oportunidad, esa cantidad fluctuaría en alrededor de 2.300 millones de dólares, cantidad idéntica al endeudamiento externo de nuestro país estimado por el Fondo Monetario ante el Club de París.
Rectifico y aclaro los conceptos sobre el particular, a fin de que no nos sigamos enredando en cifras abultadas.
En cuanto al problema del endeudamiento externo, el Honorable señor Va-lente dice, con razón, que una de las medidas que debe adoptar un Gobierno para tener realmente independencia económica y para que su desarrollo en este aspecto sea sano, es, precisamente, la eliminación de la dependencia, dentro de lo posible y en el ámbito de lo que hoy significan las relaciones internacionales entre los países subdesarrollados.
El señor Senador crítica y alega sus expresiones involucran a la Administración del PresidenteFrei, y por eso me hago cargo de ellas que el endeudamiento y la dependencia en que habría incurrido nuestro país en ese período habrían sido algunos de los causantes del estancamiento de nuestra economía y del hecho de que el desarrollo de Chile haya sido menor que el deseado. Puedo manifestar al Honorable señor Valente, y demostrárselo con cifras que encontrará en todos los estudios del Banco Central y de la Corporación de Fomento de la Producción, que, como lo señalé en la exposición de la hacienda pública que me correspondió hacer en noviembre de 1969 ante la Comisión Mixta de Presupuestos, el endeudamiento externo durante los seis años de la Administración del señor Frei alcanzó a 80 millones de dólares anuales, con una connotación: que el endeudamiento externo contraído durante el Gobierno anterior era a largo plazo, y con un plazo de gracia que, por una parte, le permitía destinar los recursos que obtenía por este concepto a inversiones productivas y, por la otra, cumplir los servicios de esas deudas con los ingresos que a posteriori produjeran dichas inversiones.
Sin embargo, como contraposición ésta fue una de mis críticas a la gestión del Gobierno de la Unidad Popular en materia económica y de endeudamiento externo, demostré que, por concepto de contratación de créditos, tanto en los países europeos, Japón y naciones socialistas, como en los latinoamericanos, así como por lo que significó la renegociación de la deuda externa que no es otra cosa que la recontratación de nuevos créditos y que, como el señor Senador reconoció, asciende a 270 millones de dólares, en los dos años de Gobierno de la Unidad Popular el endeudamiento externo ha sido de 800 millones de dólares. Ello significa que, como promedio, la actual Administración ha endeudado anualmente al país en 400 millones de dólares, compromisos que tienen dos características connotaciones, en contraposición con las que señalaba respecto de la política financiera del Gobierno del señor Frei, en el cual me correspondió actuar.
¿Me permite, señor Senador?
Perdón, señora Senadora. Deseo terminar mi intervención en este punto. En todo caso, no tengo inconveniente alguno en discutir posteriormente otras cifras.
Como expresaba, el endeudamiento con-traído por el Gobierno de la Unidad Popular tiene dos connotaciones: primero, es a corto plazo, a un término brevísimo, lo que lo hace afrontar problemas y situaciones críticas también a plazos muy breves, ya que normalmente, esos créditos no exceden de los cinco años como máximo y, por lo general, son líneas de créditos a 180 o 360 días.
Por otra parte, en la mayoría de los casos ese endeudamiento no se ha usado para realizar inversiones en el país, sino que, por problemas de la balanza de pagos y de la producción interna, para importar bienes de consumo, en especial alimentos.
El señor JEREZ.-
¿Me permite una interrupción muy breve, señor Senador?
Sobre esta cifra, no tengo inconvenientes.
El señor JEREZ.-
Me dio la impresión de que el Honorable señor Zaldívar atribuye mucha importancia a los plazos en los créditos otorgados por países extranjeros. En realidad, yo no conozco los plazos en particular respecto de los endeudamientos que haya contraído el Gobierno de la Unidad Popular; pero, por lo menos, para su información, hoy en la prensa, que habrá leído Su Señoría, aparece una información sobre un crédito otorgado a Chile por Finlandia, en su moneda, equivalente a 10 millones 600 mil dólares, a treinta años plazo.
Me parece que al menos el Gobierno, en la medida que puede, ha tratado de conseguir los mejores plazos y condiciones para los créditos.
Además, también sé que en esta materia Chile no sigue una política totalmente uniforme, porque debe enfrentar con cada país distintas situaciones.
En todo caso, hay naciones de la órbita socialista que nos han otorgado créditos en condiciones significativamente mejores que los compromisos contraídos por otros Gobiernos con países capitalistas; y no me refiero sólo al área socialista, sino también a Europa en particular,
Muchas gracias, señor Senador.
Sobre lo que nos señala el Senador señor Jerez, quisiera expresarle que en realidad no me estoy refiriendo a esa materia, porque incluso el préstamo de Finlandia fue otorgado después que el Presidente de la República leyó su último Mensaje. Indiscutiblemente, un crédito concedido en esas condiciones, a treinta años plazo y destinado a compras de bienes de capital, como anuncia hoy día la prensa, es conveniente para el país y no significa dependencia.
El problema está...
¿Me permite, señor Senador?
Antes, quisiera terminar la idea.
El problema está en que los créditos contratados para comprar alimentos normalmente son a muy breve plazo. Podríamos traer las cifras sobre el particular y pedir al Banco Central, en detalle, los datos pertinentes, que demostrarían que la mayoría de estos créditos son a un año plazo y, en el mejor de los casos, han sido a cinco años plazo.
Quiero formular una consulta al señor Senador, con la venia de la Mesa.
¿Esa es la norma general en el otorgamiento de este tipo de créditos en todo el mercado de créditos, o simplemente el Gobierno de Chile ha sido el único incapaz de conseguir condiciones mejores que las que rigen para la generalidad de los países?
Normalmente, señor Senador y ésa eran la conducta del país y su manejo económico las compras de bienes de consumo, especialmente alimentos, se hacían al contado. Normalmente, en esta materia no juegan los créditos, salvo líneas crediticias a muy breve plazo, a 180 días, que se tienen abiertas constantemente para los efectos de abrir los acreditivos que operan para este tipo de negociaciones.
Yo entiendo lo que Su Señoría dice. Creo que a ningún Gobierno ni a ninguna persona le interesa endeudarse en la peor forma; que, por el contrario, trata de obtener las mejores condiciones. Pero esas mejores condiciones pueden conseguirse en la medida de la capacidad económica que se tenga. Por eso, cuando uno adquiere alimentos en el extranjero porque en el país no los hay, y para ello debe obtener créditos, tiene que aceptar el que le otorguen y que le vendan mercaderías al precio que le fijen. Este es el problema.
Por lo demás, es un problema que no sólo afecta a los países, sino también a los individuos. Si uno está endeudado y su renta no le alcanza para vivir y depende del almacenero de la esquina hubo un caso muy famoso en Chile cuando existía el sistema de la libreta, que en algunos casos aún se mantiene, tiene que aceptar de ese almacenero el precio que le cobre y que le entregue la mercadería que quiera.
Lo que critico es el hecho de que el país haya llegado, a condiciones tales en el manejo de su comercio exterior y en su situación de reservas internacionales y de balanza de pagos, que esté obligado a aceptar este tipo de créditos; no porque voluntariamente quisiera hacerlo yo entiendo eso, sino porque la necesidad lo obliga a aceptarlos.
El señor GARCIA.-
A propósito de lo que dijo el Honorable señor Zaldívar acerca de cómo deben calcularse los créditos o deudas de Chile, estimo que no hay factor que distorsione más por eso insisto en lo que se manifestó aquí que sumar a los créditos los intereses correspondientes a todo el plazo. Siguiendo, ese criterio, Honorable señor Zaldívar, los 10 millones de dólares prestados a treinta años plazo se convierten en una deuda cercana a los 25 millones de dólares; pero Su Señoría y todos los demás Senadores dicen y seguirán diciendo que Chile está endeudado en 10 millones de dólares y no en 25 millones. Ahora bien, sucede que mientras mayores sean los plazos de los créditos, éstos son mejores; pero de acuerdo a este mecanismo, que nos ha distorsionado todas las discusiones, resulta, por lo contrario, que mientras más extenso es el plazo peor es el crédito, porque los intereses que deben pagarse todos los años aumentan mucho más la deuda total. Y si el préstamo hubiera sido a cien años plazo, ello significaría que ya no estaríamos debiendo 10 millones de dólares, sino 50 millones de dólares.
El crédito mencionado por el Honorable señor Jerez nos hace ver con claridad que no podemos volver al sistema que a toda costa quiso imponer aquí el Director de Presupuesto cuando se discutía el problema de la deuda externa, tratando de distorsionar la manera como debíamos abordarlo. De ahora en adelante debemos analizarlo de un solo modo: considerar los créditos con los intereses correspondientes al año que está transcurriendo, y no más que eso, y así podemos hablar un mismo lenguaje.
Es cuanto quería decir.
El señor ZALDIVAR.-
Además, otro de los problemas que tiene el endeudamiento externo del Gobierno de la Unidad Popular se relaciona con algo que sus propios representantes sostenían posición de la cual nosotros también participábamos y por la que luchábamos en el campo internacional: que había que combatir la atadura de los créditos. Personalmente, en representación del Gobierno y del país, me correspondió luchar en todos los organismos internacionales en contra del principio de la atadura de los créditos. Incluso puedo señalar que en mi gestión como gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo pudimos obtener que por lo menos se desataran los créditos otorgados por el BID, de modo que con los fondos especiales que el Gobierno de Estados Unidos ponía a disposición de ese banco no sólo pudieran hacerse compras en el mercado americano, sino también dentro de los demás países integrantes de aquél, o sea, dentro de cualquier nación latinoamericana, cumpliéndose determinadas condiciones. Inclusive con algunos créditos, como el que se obtuvo en Inglaterra, Francia y Bélgica, para el plan de la pequeña minería, pudo conseguirse que las compras se hicieran en cualquier país del Mercado Común Europeo y en Inglaterra, aun cuando el crédito fue concedido por alguno de ellos.
Creo que esta lucha, que están dando todos los países subdesarrollados y del Tercer Mundo, debe destruir una política que no sólo se ha aplicado por los países desarrollados occidentales, sino también por los países desarrollados de la órbita soviética o socialistas.
Todos los créditos que hemos obtenido con los países socialistas tienen ciento por ciento de atadura, y su costo, en definitiva, es igual o mayor que el de los que se obtenían dentro del mercado americano. Más aún: hay algunos créditos sobre esto llamo la atención de los señores Senadores que están sujetos a la cláusula oro. Me refiero específicamente a un crédito de desarrollo otorgado por la Unión Soviética. Espero que ese crédito no se haya utilizado ni se utilice, porque por la variación que ha tenido el precio del oro en los últimos años habría sido realmente desastroso, desde el punto de vista de su costo, para el Gobierno de Chile.
Creo que respecto del endeudamiento externo, del manejo de la política de comercio exterior, éste es uno de los puntos más débiles que podría defender la Unidad Popular, pese a estimar que, en general, en todo el manejo económico, la posición del Gobierno de la Unidad Popular es muy débil como para pretender asumir una defensa de su gestión.
Por otra parte, el Honorable señor Valente ha tratado de justificar la escasez repitiendo lo que ya dijo también el Presidente de la República. Sostuvo el señor Senador que la escasez y el racionamiento de alimentos se deben a que ahora no se racionan los salarios, lo que originaría tanta demanda en dinero que provoca la escasez de alimentos, agregando que es preferible esta situación a la que existía antes, en que se racionaban los salarios para que no hubiera escasez de alimentos. A mi juicio, esta afirmación es demasiado aventurada. No creo que hoy día falten el aceite, el azúcar, la crea para sábanas y tantos alimentos y otros artículos esenciales para el consumo de la población porque ahora y esto podría responderlo mejor que nosotros el pueblo, que sufre el problema la gente consume, por ejemplo, más aceite, como dijo un Senador de la Unidad Popular. Tengo un recorte en el cual él decía que falta aceite durante el Gobierno de la Unidad Popular porque en la Administración anterior el pueblo no le echaba aceite a las ensaladas. Y en otra oportunidad manifestó que ahora faltan la crea y el tocuyo porque los chilenos usan sábanas, mientras que en el año 1970 no las usaban.
Pregunto a los señores Senadores hago la pregunta más que nada al pueblo, a quienes sufren los problemas: ¿Quiere decir, entonces, que hoy día faltan neumáticos porque las micros, los autos, los camiones los usan y en 1970 no los usaban? ¿O acaso los medicamentos faltan hoy día porque antes los chilenos no se medicinaban? ¿Quiere decir que todo falta hoy día porque la población lo consume todo ahora?
La verdad es muy distinta; y la verdad la conocen y la dicen los propios trabajadores.
Escasean esos artículos en parte porque ahora los usa el pueblo y en parte porque los tienen acaparados los momios.
Quiero explicar al Senado y a la señora Senadora por favor, le pido que empleemos un lenguaje más elevado, basado en lo que están expresando los propios trabajadores y el propio Presidente de la República, en los análisis críticos y en la autocrítica del Partido Comunista, lo que realmente sucede. La realidad es que la producción ha bajado. Hoy en los diarios aparece una carta de los trabajadores...
Ha bajado la mortalidad infantil.
Eso lo podemos analizar después. Por ahora, centrémonos en las cifras que estamos viendo. Después vayamos a lo otro. ¿Para qué enredamos el debate?
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
Una vez que concluya la idea que estoy expresando, con mucho gusto se la otorgaré.
Hoy día los trabajadores de IANSA, empleados y obreros, le representan al Presidente de la República que ha bajado la producción de azúcar en 50%. Esa es la causa por la cual falta este artículo, y no porque ahora el pueblo le eche azúcar al té y en el Gobierno de Frei no lo hacían.
Hace unos diez días, los trabajadores del petróleo representaron al Primer Mandatario la caída de la producción del petróleo. Esa es la razón por la cual hoy día faltan gas licuado por ello hay angustia en los hogares chilenos, parafina y bencina, y por la cual el Jefe del Estado chileno debe hacer llamados personales al Presidente de un país extranjero para poder conseguir algo de combustible, a fin de que Chile no se paralice.
En la agricultura pasa lo mismo. Ese es el motivo por el cual faltan cosas.
Le concedo una interrupción al Honorable señor Jerez, con la venia de la Mesa.
Desgraciadamente, resta un minuto para el término de la sesión. Lamento tener que resumir mi opinión de la siguiente manera, dentro del tiempo de que dispongo.
Y no se respetó mi derecho.
La Mesa respetó el derecho de Su Señoría. Lo que ocurrió es que cuando se ofreció la palabra a los Senadores inscritos, el señor Senador estaba ausente.
Como no alcanzaré a expresar en forma adecuada mis ideas dentro del escaso tiempo de que dispongo la sesión está por levantarse, renuncio a hacer uso de la interrupción.
Podemos continuar discutiendo este problema, que es muy interesante, en otra sesión.
Dada la falta de tiempo, quiero terminar manifestando al Honorable señor Valente, frente a una de sus críticas a mi exposición en el sentido de que yo hacía comparaciones entre cifras correspondientes a 1971 y 1972, que...
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El Honorable señor García me había solicitado una interrupción con anterioridad, y con la venia de la Mesa se la concedo.
Yo estaba inscrito, señor Presidente.
Oportunamente ofrecí la palabra a los señores Senadores inscritos.
Cuando eso ocurrió yo estaba transitoriamente atendiendo una petición en el pasillo.
Reclamo de mi derecho, señor Presidente.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Honorable señor Valente de insertar en su exposición los documentos que mencionó.
Acordado.
Está inscrito a continuación el Honorable señor Jarpa, quien no se encuentra en la Sala.
En seguida, el Honorable señor Rodríguez, que también está ausente.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
¿Me permite, señor Senador?
Por haber llegado la hora, se levanta la sesión.
Se levantó a las 13.30.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.
ANEXOS.
MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES DIEZ Y JARPA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTICULO 11 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EFICAZ QUE DE PROTECCION A LAS PERSONAS AFECTADAS EN SUS LIBERTADES, TRABAJOS O DERECHOS POR ACTOS U OMISIONES ARBITRARIAS O ILEGALES DE LAS AUTORIDADES POLITICAS O ADMINISTRATIVAS.
Honorable Senado:
La Constitución Política consagra un conjunto de derechos que se han dado en denominar Garantías Individuales y que corresponden a los derechos esenciales de los habitantes de un país que reconoce el imperio de un Estado de Derecho.
La Constitución no crea esos derechos humanos, simplemente los reconoce y los asegura para todos los habitantes de la República, estableciendo así que ellos corresponden a un conjunto de normas jurídicas, consagradas ya universalmente, como expresión de la cultura cívica de las naciones de un auténtico régimen democrático. Ellas son el producto de milenios de esfuerzos para terminar en la tierra con gobiernos arbitrarios y despóticos.
Las Garantías Constitucionales como manifestación de respeto y reconocimiento de los derechos humanos, no es taxativa y ha sido completada por diversas leyes, con las limitaciones que exige la coexistencia pacífica de todos los habitantes, el orden público y el bien común. En consecuencia, el ordenamiento jurídico democrático y la vigencia del Estado de Derecho hace indispensable que se adopten todas las medidas que la experiencia indica para dar una eficaz y rápida protección a todos los derechos, igualdades y libertades que el ser humano requiere para ser protegido contra abusos y arbitrariedades, sea de otros ciudadanos o de quienes ejercen el poder público.
Sin embargo, nuestra Constitución Política sólo ha dado un protección eficaz y rápida a la libertad personal, protegiéndola contra los abusos que puedan cometer las autoridades o simples ciudadanos. Si bien, en esos casos, los afectados pueden accionar civil y criminalmente, contra los autores de dicho entuerto ante los tribunales ordinarios, no es menos cierto que el recurso de amparo ha permitido poner término casi inmediato a dichas situaciones abusivas debido al procedimiento especialmente breve y eficaz contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política, y que deja a salvo todas las acciones ordinarias adecuadas. Así debido a la importancia fundamental del derecho amagado, la libertad personal, el Constituyente estimó que, fuera de los procedimientos ordinarios posibles para hacer justicia, pero latos por su naturaleza, era necesario un procedimiento breve y sumario para poner remedio inmediato al abuso.
Pero junto a la libertad personal, hay otros derechos que, para el afectado por actos u omisiones abusivas, del poder público o de particulares con respecto a dichos derechos, pueden ser tan importantes como la libertad personal, y a veces, aún más importantes, como cuando alguien es privado de su trabajo en forma ilegal y arbitraria o de algún bien que sirven de sustento para el afectado y sus familiares, o se les priva arbitrariamente de un taller o industria que ha sido el producto de una vida de trabajo y ahorro legítimos, o de un terreno agrícola que ha visto durante años el trabajo incorporado a dicha tierra de un agricultor, o se impide la manifestación de opiniones de un ciudadano o de un grupo de ellos, o de todo un país, o reuniones legítimas. Si bien es cierto que los afectados pueden entablar las acciones civiles y criminales que correspondan ante los tribunales ordinarios para obtener remedio a la situación arbitraria o ilegal que los afecta, no es menos cierto que dichos procedimientos ordinarios son latos, como va dicho, y muchas veces es indispensable una acción inmediata para evitar daños irreparables al afectado, tanto en sus bienes o en sus derechos, que una indemnización pecuniaria posterior jamás puede subjetivamente reparar. Por ello se hace indispensable establecer en nuestra Constitución Política un procedimiento eficaz y brevísimo, paralelo al recurso de amparo para la libertad personal ya contemplado en ella, que permita al afectado por los abusos mencionados tener protección inmediata y evitarle daños mayores, y todo ello, y tal como es el caso de la libertad personal, sin perjuicio de las sanciones civiles y criminales ante los tribunales que correspondan a que dé lugar el acto u omisión arbitrario e ilegal. La Corte Suprema fijará los detalles del procedimiento especial a que se hace referencia, como lo ha hecho con el recurso de amparo. Si bien es cierto que dicha facultad se desprende del artículo 86 de la Constitución Política y por tanto hará innecesaria la última sentencia del inciso segundo propuesto para el artículo 11 de la Constitución, se ha preferido reiterarla. Todo lo anterior es, pues, el motivo para proponer el nuevo inciso al artículo 11 de nuestra Constitución Política.
En esta reforma a la Constitución Política se suprime el artículo 87, reemplazándolo por otro al que se hace referencia más adelante. La supresión del actual artículo 87 obedece a razones de técnica jurídica, ya que es un artículo innecesario pues es repetitivo de otros artículos fundamentales dentro de la Constitución, lo que ha conducido a algunos a confusión. El fin esencial de ese artículo es facultar al Congreso Nacional para crear tribunales ordinarios especializados en lo administrativo. Dicha facultad es innecesaria pues conforme al artículo 81 de la Constitución el Congreso Nacional puede crear los tribunales que estime conveniente para la pronta y cumplida administración de justicia, y, ciertamente, puede crear tribunales especializados en lo administrativo si el bulto de dichos litigios así lo hace necesario, como lo fue con los asuntos del trabajo.
Respecto al tipo de materias que contempla el actual artículo 87 es obvio que ella está comprendida en el artículo 80 de la Constitución Política que establece que la facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, es decir, todo litigio cae bajo la jurisdicción del Poder Judicial ya que los litigios tienen por objeto la imposición de una pena en nombre de la sociedad para sancionar conductas peligrosas para ella o no tienen ese fin, es decir son causas criminales o civiles, y estas últimas, naturalmente, incluyen las causas contra las autoridades políticas y administrativas. Y que el Poder Judicial, es decir los tribunales ordinarios, tienen toda jurisdicción posible, salvo que partes de esa jurisdicción se ejerza por tribunales especiales paralelos a los ordinarios bajo la Corte Suprema conforme al artículo 86 y creado por ley para conocer ciertas materias en vistas a una administración de justicia más expedita, lo, establece seguidamente, para confirmar ese concepto esencial, el mismo artículo 80.
En efecto, la última sentencia del artículo mencionado declara que ni el Presidente de la República ni el Congreso Nacional pueden ejercer funciones judiciales. Es decir, ni el Poder Ejecutivo, Administración Pública, ni el Poder Legislativo, Congreso Nacional, pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales fuera del Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, los tribunales ordinarios tienen jurisdicción plena, salvo que el Congreso Nacional conforme al artículo 81, cree una jerarquía de tribunales bajo la Corte Suprema para materias determinadas y en ese caso, estos conocerán de dichas materias.
Y que Chile es un Estado de Derecho no cabe duda alguna, ya que lo consagra expresamente la Constitución Política, es decir, Chile es un gobierno de leyes y no de los hombres, de su voluntad arbitraria. El artículo 4° establece que nadie tiene otras atribuciones y derechos que los que la Constitución y las leyes le dan y el artículo 10 número 1° establece la igualdad ante la ley y por tanto en Chile no hay clases privilegiadas. Todos son iguales ante la ley, todos, sean particulares o autoridades políticas y administrativas, tienen como marco infranqueable de sus actos la ley, la majestad del Derecho.
Si así no fuera, si un grupo pudiera escapar al Derecho y por tanto sus actos pudieran ser arbitrarios, caprichosos, ilegales, cuando el resto debería ser sometido al Derecho, ese grupo sería una clase privilegiada, lo que está expresamente prohibido en nuestro Constitución Política, y nuestro país no sería una república democrática, un Estado de Derecho, sino un gobierno despótico, tiránico, donde la voluntad abusiva y caprichosa de los gobernantes tendría sometido al pueblo a la más oprobiosa de las dictaduras. De lo anterior resulta absurdo lo sostenido por algunos en el sentido que en virtud de la teoría de la separación de los poderes el propio poder ejecutivo, la administración pública sería la encargada de decidir sobre la legalidad de sus actos u omisiones.
Lo anterior, fuera de estar contra la letra misma de nuestra Constitución como hemos visto, va contra la justicia natural de que nadie puede ser juez de su propia causa. Y este principio, junto a aquel otro que nadie puede ser juzgado sin ser oído, audi alteram partem, está en la base, en la esencia de la administración de justicia, y por ello, se puede decir que son principios de justicia natural, implícitos en lo que se debe entender un proceso judicial o de cualquier tipo en que algo se decida que afecte a alguien, aunque la ley no lo diga expresamente.
Precisamente, en virtud de la teoría de la separación de los poderes, es a un poder al que le corresponde juzgar las causas, y ese es el Poder Judicial, tal como lo establece el artículo 80, y dicho poder controla la juricidad de los actos u omisiones de las autoridades políticas y administrativas, el Congreso Nacional, a través del poder que tiene de controlar la constitucionalidad de las leyes, manifestación suprema del Congreso Nacional, y de los actos u omisiones de los particulares en relación de uno con otros o con el Estado.
Por todo lo anterior se reemplaza el artículo 87 por otro que establece algo necesario y que viene a coronar el capítulo del Poder Judicial. Efectivamente, si las resoluciones del Poder Judicial no se cumplen o su cumplimiento se pospone por los que deben cumplirlas, el Estado de Derecho se desmorona y el sistema jurídico chileno deja de funcionar sumiendo al país en el derecho del más fuerte, donde cada uno se haga justicia o injusticia por su mano, donde la ley de la selva sea la piedra de toque de las relaciones dentro de la sociedad para llevarla a ella finalmente a la destrucción.
Y no sólo la negativa a cumplir una resolución judicial sería atentatoria al Estado de Derecho, sino también todas las trabas ilegítimas al normal desarrollo del procedimiento. Si bien en la ley común está penado el incumplimiento de las resoluciones judiciales como reglamentado su cumplimiento, parece necesario establecer en la Constitución el poder disciplinario de los tribunales de justicia para reprimir los desacatos a la acción de ellos y a sus resoluciones, y ello, como va dicho, sin perjuicio de los delitos a que haya lugar y de los procedimientos comunes para la ejecución de las resoluciones judiciales. Y lo anterior resulta especialmente indispensable para la eficacia del procedimiento propuesto en la reforma del artículo 11 que consideramos.
Por las consideraciones expuestas, tenemos el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de Reforma Constitucional.
Artículo lº.- Agrégase al artículo 11 de la Constitución Política el siguiente inciso:
Quien por procedimientos, actos u omisiones arbitrarios o ilegales de las autoridades políticas o administrativas o quien quiera, sea perturbado o privado del legítimo ejercicio de sus libertades, bienes, trabajo o derechos garantizados por la Constitución y las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de las acciones que se ejerciten ante los tribunales correspondientes. La Corte Suprema acordará lo necesario para la rapidez y eficacia de este procedimiento y del señalado en el artículo 16, los que estarán exentos de todo tributo.
Artículo 2°.- Reemplázase el artículo 87 de la Constitución Política por el siguiente:
Artículo 87.- El que entorpezca el procedimiento, resista o no cumpla una resolución de un tribunal de justicia será detenido por orden de la misma autoridad judicial, la que, después de oírlo, podrá disciplinariamente imponerle arresto hasta por dos meses, atendida la gravedad del hecho, lo que determinará prudencialmente el tribunal.
(Fdo.): Sergio Onofre Jarpa Reyes.- Sergio Diez Urzúa.