Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Patricio Aylwin Azocar
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- LECTURA DE LA CUENTA
- IV.- ORDEN DEL DIA.
- SITUACIÓN AGRARIA EN EL PAIS
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Victor Joaquin Garcia Garzena
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Jorge Antonio Montes Moraga
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Ricardo Valenzuela Saez
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Elena Carrera Villavicencio
- ADHESION
- Rafael Adolfo Moreno Rojas
- ADHESION
- Rafael Adolfo Moreno Rojas
- ADHESION
- INTERVENCIÓN : Fernando Ochagavia Valdes
- INTERVENCIÓN : Maria Elena Carrera Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Aniceto Rodriguez Arenas
- SITUACIÓN AGRARIA EN EL PAIS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS.
- 1.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA LAS OCUPACIONES ILEGALES DE INMUEBLES.
- 2.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE FACULTA A LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA PARA CONSTITUIR SOCIEDADES.
- 3.- MOCION DE LOS HONORABLES SEÑORES BALLESTEROS, BOSSAY, HAMILTON Y PRADO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 17.377, QUE EXTIENDE LAS TRANSMISIONES DEL CANAL 4 DE VALPARAISO.
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Luis Bossay Leiva
- Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- Hugo Eugenio Ballesteros Reyes
- Benjamin Prado Casas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SISIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 316ª, ORDINARIA.
Sesión 5ª, en miércoles 31 de mayo de 1972.
Especial.
(De 11. 12 a 13. 30).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE , Y ALEJANDRO NOEMI HUERTA, PRESIDENTE ACCIDENTAL .
SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO ,
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA .
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 269
II.- APERTURA DE LA SESION 269
III.- LECTURA DE LA CUENTA 269
IV.- ORDEN DEL DIA:
Situación agraria en el país 270
Anexos.
DOCUMENTOS:
1.- Observaciones, en primer trámite, al proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a sanciones por ocupaciones ilegales de inmuebles 465
2.- Observaciones, en primer trámite, al proyecto que faculta a la Junta de Adelanto de Arica para constituir e integrar sociedad des 467
3.- Moción de los señores Ballesteros, Bossay, Hamilton y Prado con la que inician un proyecto de ley que autoriza la extensión de las transmisiones del Canal 4 de Televisión, de Valparaíso 472
VERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Aguirre Doolan, Humberto Ballesteros Reyes, Eugenio Bulnes Sanfuentes, Francisco Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Durán Neumann, Julio Foncea Aedo, José García Garzena, Víctor Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Montes Moraga, Jorge Morales Adriasola, Raúl Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Reyes Vicuña, Tomás Rodríguez Arenas, Aniceto Valente Rossi, y
Valenzuela Sáez, Ricardo.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamala.
II.-APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 11. 12 en Presencia de 12 señores Senadores.
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-LECTURA DE LA CUENTA.
El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes.
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República, con los cuales formula observaciones a los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica el Código Penal en lo relativo a sanciones por las ocupaciones ilegales de inmuebles (véase en los Anexos, documento 1).
Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
2) El que faculta a la Junta de Adelanto de Arica para constituir e integrar sociedades (véase en los Anexos, documento 2).
Pasa a la Comisión de Economía y Comercio.
Moción.
Una de los Honorables Senadores señores Ballesteros, Bossay, Hamilton y Prado, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 2º de la ley Nº 17.377, con el objeto de extender las transmisiones del Canal 4 de Televisión, de Valparaíso (véase en los Anexos, documento 3).
Pasa a la Comisión de Gobierno.
Permiso constitucional.
El Honorable Senador señor Aylwin solicita la autorización constitucional necesaria para ausentarse del país por más de treinta días.
Se accede.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que está convocado el Senado.
Acordado.
IV.-ORDEN DEL DIA.
SITUACIÓN AGRARIA EN EL PAIS
El señor PALMA (Presidente).-
Ofrezco la palabra para referirse a la materia para la cual fue citada la Corporación.
Si le parece a la Sala, se acordará enviar el oficio solicitado.
No, señor Presidente.
No hay acuerdo.
Que se envíe en mi nombre, señor Presidente.
En verdad, no hay quórum en la Sala, de modo que el acuerdo respectivo se solicitará en la sesión de la tarde.
¿Cuál es la otra cifra que yo deseo relacionar? Se ha manifestado que el proceso de la reforma agraria, como lo he leído en el texto de las declaraciones del señor Presidente de la República, se haría sobre la base de la ley; que no se ampararía el criterio de las tomas, y que el procedimiento de las intervenciones no se usaría en forma ilimitada. Tengo a la mano la nómina de los predios que entre los meses...
Con la venia de la Mesa, ¿me permite una interrupción, Honorable Senador?
Sí, cómo no.
El señor VALENZUELA.-
A mi juicio, lo que plantea el Honorable señor Moreno es de alto interés para el país. Por tal motivo, quiero hacer una acotación a Su Señoría, porque me parece que los procesos de reforma agraria realizados en otras naciones, especialmente latinoamericanas, han ido aparejados de una disminución de la producción. Es decir, lo que subraya Su Señoría en el sentido de que el proceso de reforma agraria llevado a efecto bajo el Gobierno de la Democracia Cristiana significó aumento de la producción, sin lugar a dudas, que evidencia un éxito muy efectivo, lo que, a juicio nuestro, se debió a la forma como se realizó tal proceso.
Deseaba hacer esta anotación, porque me parece que, efectuando un parangón entre Chile y otros países similares al nuestro, el resultado es de alto interés para el debate que se está realizando.
La experiencia en otros países.
El señor PALMA (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
Tiene la palabra Su Señoría.
Como cuestión previa, deseo plantear lo siguiente: En el curso de mi intervención voy a referirme a una serie de documentos. Por tal razón, me permito solicitar el asentimiento de la Sala para que tales documentos sean publicados en su integridad, petición que hago extensiva para el texto de mi discurso, con el objeto de no solicitar en cada oportunidad las inserciones correspondientes.
Pido la palabra.
El señor MORENO.-
El señor PALMA
(Presidente
).-
Si le parece a la Sala, así se procedería.
El señor MONTES
.-
No, señor Presidente.
Hay oposición, Honorable señor Moreno.
Los acuerdos se podrán tomar en el momento oportuno.
Puede continuar Su Señoría.
Por qué se realiza esta sesión.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Con mucho gusto.
El señor MORENO.-
Esta sesión fue solicitada por los Senadores democratacristianos, con el concurso del Honorable señor Raúl Juliet, miembro del Partido Izquierda Radical, quien facilitó su firma, y tiene por objeto iniciar en el Senado un análisis muy a fondo de la situación agraria por la que está atravesando nuestro país.
El tema que ha sido motivo de polémica y de análisis por parte de diversos organismos, ya sea de índole política, técnica o universitaria de nuestro país, a nuestro juicio requiere de un debate amplio, en el que toda la opinión pública tenga la oportunidad de conocer exactamente los hechos que han venido ocurriendo, su proyección y las consecuencias que de ellos han derivado dentro de la realidad agrícola nacional.
La reforma agraria es necesaria.
El proceso de reforma agraria parece innecesario reiterarlo, pero lo hacemos obedeciendo a nuestra invariable posición es una necesidad para Chile.
La situación agrícola en nuestro país, apoyada en una realidad muy limitada, hacía necesario en el año 1965 el inicio de un proceso que permitiera, en forma racional, técnica y sobre todo justa, efectuar una redistribución de los derechos que sobre la propiedad existían y crear las condiciones para el establecimiento de una nueva fórmula de trabajo y de acceso a los medios de producción de la tierra por parte de la mayoría de los hombres y mujeres que laboraban en ella, quienes estaban totalmente marginados, en la vía concreta de la expresión de su vida, del acceso a dicha propiedad.
Las premisas básicas de la reforma agraria de la Democracia Cristiana.
Con tal objeto, en 1965 se inició el proceso de reforma agraria, el cual adolecía de una serie de complejidades y dificultades, pero que estaba fundamentalmente basado en tres premisas que, a mi modo de ver, se mantienen inalterables hasta el día de hoy. La primera es crear las condiciones para facilitar la difusión de la propiedad a la mayor cantidad de personas que trabajen en el sector agrícola chileno. La segunda es aumentar la producción agropecuaria nacional para romper lo que había sido una tradición secular en el sector productivo del agro de nuestra patria, cuál era su situación de dependencia y una balanza de pagos negativa de la agricultura con relación a otros sectores de la economía. Y la tercera meta que se buscaba y que, a mi juicio, debe seguirse persiguiendo, era incorporar a los campesinos a un proceso de participación directa y real en la gestión, manejo y beneficios que pudieran derivarse de las empresas que generan el trabajo agrícola.
No es éste el instante de hacer un análisis acerca de cuáles fueron las ventajas, inconvenientes, defectos o errores que pudieron haberse cometido en el proceso de reforma agraria que le correspondió realizar a la Democracia Cristiana durante seis años, entre 1964 y 1970. Creo que hoy el país tiene clara conciencia de lo que ello fue. Supo apreciar los métodos con que se actuó y también observar los resultados.
Con el objeto de ilustrar lo que a continuación plantearé, me voy a apoyar en tres o cuatro cifras principales, en la importancia de la agricultura y en las consecuencias que ese proceso de reforma agraria tuvo para el desarrollo de nuestro país.
La producción aumentó con la reforma agraria de la Democracia Cristiana.
Chile tiene una población agraria que, en términos completos, no supera el 30% del total de la población. En la actualidad, aproximadamente 25% de la población agrícola activa constituye la fuerza de trabajo del total de la población activa del país. Durante 35 años, la producción agropecuaria de Chile crecía a un ritmo del todo insuficiente con relación al aumento de la población y al crecimiento de las necesidades de abastecimiento de productos alimenticios que requiere la sustentación de ese mayor número de habitantes. Es así como quedó establecido y comprobado por organismos técnicos la CEPAL, la FAO y otros que observan la realidad económica de nuestro país al margen de un criterio partidista o directo interior que la producción agropecuaria entre 1935 y 1385 creció a un ritmo de 1,8% de tasa acumulativa anual, mientras que entre los mismos años la población aumentó en 2,5% anual. Ello mostraba una clara desproporción entre lo que eran las necesidades de un país cuya población crecía a un ritmo creciente y la capacidad del sector agrario para abastecer a la población ya existente y, adicionalmente, subvenir a las necesidades del nuevo contingente humano que se venía incorporando. Ello exigió importaciones progresivamente crecientes del sector agrario desde 1940 hacia adelante, lo que significó que de 1962 a 1965 las importaciones de alimentos llegaran en promedio a 150 millones ó 155 millones de dólares por año, de los cuales por lo menos 70% eran susceptibles de producirse en el país.
¿Qué ocurrió con el proceso de reforma agraria desde 1964 a 1970? El ritmo de crecimiento de la población decreció. Y según el censo de 1970, en la década 19691970 la tasa anual de crecimiento demográfico fue de sólo 1, 9%; o sea, disminuyó en seis décimas de punto el crecimiento promedio anual de la población en ese período. ¿Y qué sucedió con la producción agropecuaria, proceso que se desarrollaba social y políticamente bajo tensiones, discrepancias e incluso situaciones conflictivas, lo que hacía creer que las medidas aplicadas, en apariencia provocarían daño o deterioro por la reforma agraria? Entre 1965 y 1970 la producción agropecuaria creció según el organismo de las Naciones Unidas, la FAO, que mide el aumento de la producción de nuestro país por intermedio de la CEPAL u otras instituciones, en 4,2% anual, como consta en un boletín emitido a fines de 1971, contra un crecimiento de 1.8%, que era la tasa histórica entre los años 1935 y 1965.
Reforma agraria no es sinónimo de caída de la producción.
¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de reforma agraria no es necesariamente sinónimo de caída de la producción, cualquiera que sea la profundidad con que se aborda o el esquema que se usa para expropiar o redistribuir las tierras, siempre que dentro de este sistema se muestre respeto por los derechos que la ley establece y que ese proceso sea llevado en forma gradual, de acuerdo con los recursos de que el país dispone y en conformidad a los equipos técnicos que estén en condiciones de operar la situación productiva que, indudablemente, es la base de un proceso de redistribución.
El señor MORENO.-
En efecto, como expresa el Honorable señor Valenzuela, por desgracia para los procesos de reforma agraria en el mundo, especialmente en América Latina, experiencias anteriores en nuestro continente crearon esta imagen, que incluso se convirtió en un slogan de tipo técnico, al extremo de que muchas veces los propios organismos y personas vinculados al sector agrario anunciaban, a propósito del proceso de reforma agraria, que era de esperar una caída de la producción. Por desgracia, eso ocurrió en Bolivia, donde la reforma se llevó a cabo de manera absolutamente anárquica, desprovista de mecanismos técnicos, de fuentes de abastecimiento de insumos y de un apoyo tecnológico adecuado; situación similar a la que se vivió en los primeros años en el proceso de reforma agraria mejicana, que vino a normalizar su ritmo de producción sólo después de 15 a 20 años de trabajo y de organización del sistema. También durante los primeros años de la reforma cubana, de acuerdo con las estadísticas que se han entregado, se observó una contracción de la producción agrícola, que posteriormente, a través de otras medidas, pudo subsanarse.
Las diferencias de la reforma agraria democratacristiana y la de la U. P.
Pero lo que queremos dejar en claro al iniciar este análisis, es que el proceso de reforma agraria realizado en nuestro país durante el Gobierno pasado fue absolutamente diferente al actual. No queremos asumir una actitud jactanciosa ni nada parecido.
En Chile, en la experiencia vivida entre 1964 y 1970, durante el Gobierno de don Eduardo Frei, el proceso de reforma agraria con más de tres millones y medio de hectáreas y con más del 20% de la superficie de riego útil expropiadas de acuerdo con las causales de mala explotación, abandono o exceso de superficie, cuidando siempre de no afectar los predios eficientemente trabajados incentivó a tal grado la producción, que incluso quienes han discrepado de la forma, el método y el sentido mismo con que se aplicó la reforma agraria en los seis años del Gobierno de la Democracia Cristiana, estuvieron contestes en reconocer su incremento.
¿Por qué traigo este punto a discusión? Desde luego, no con el objeto de plantear criterios técnicos distintos, que podríamos enfocarlos cada uno desde su personal punto de vista, sino porque creo que la experiencia que hoy vive el país obliga, dramáticamente, a saber qué ocurrió con aquel proceso de reforma, que se desarrolló dentro de la ley. Hubo dificultades e incluso situaciones dramáticas; pero todo este sistema o mecanismo llevó el sello de respeto a la ley, a los derechos de las personas, a la legalidad. Sobre todo, se trató de obtener la consecución simultánea de los tres objetivos centrales planteados en cuanto al régimen de propiedad de la tierra: el acceso a él por parte de los campesinos, el aumento de la producción y el derecho de los trabajadores del agro a participar en los beneficios de la gestión y en la propiedad de los recursos que era necesario redistribuir.
¿Qué ocurre ahora?
En febrero de 1971 la Democracia Cristiana plateó su inquietud.
Aquí, en esta misma Sala, el 16 de febrero de 1971, el Honorable Senador Renán Fuentealba, actual Presidente de la Democracia Cristiana, representante ante el Senado de las provincias de BíoBío, Malleco y Cautín, usó de la palabra para plantear la inquieud de nuestro partido por la manera como se estaba desarrollando el proceso de reforma agraria por parte del Gobierno de la Unidad Popular. A nuestro juicio, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, e incluso diría que desde el punto de vista de la ética con la cual dicho proceso se justificaba ante la opinión pública, la reforma agraria, anhelo y sentida esperanza de los campesinos de este país, debió haberse profundizado con las herramientas existentes, creadas en la legislación que se dictó durante el Gobierno democratacristiano.
¿Qué dijo el Honorable señor Fuentealba en esa oportunidad? Reiteró, en parte, los conceptos que esta mañana he querido fundar en el inicio de mi exposición; pero, sobre todo, manifestó que la Democracia
Cristiana lo que yo reafirmo esta mañana es, ha sido y será siempre partidaria de una reforma agraria que signifique la real incorporación de los campesinos a la propiedad de la tierra, de que tal proceso se lleve a cabo en términos más eficientes, y de que se respeten los derechos de las personas de acuerdo con lo que nuestra Constitución y las leyes establecen.
El Honorable señor Fuentealba planteaba en esa ocasión una duda que, por desgracia, cada día se va convirtiendo más en certidumbre. Dijo textualmente:
Tenemos dudas frente al Gobierno de la Unidad Popular. Vemos cómo el Gobierno va aplicando una fórmula distinta a la que predica, va creando condiciones diferentes a las que están establecidas en las leyes y va estableciendo un método para llevar adelante la reforma agraria que va creando condiciones de tensión, de inseguridad y de repudio por parte de los campesinos, por parte de los pequeños agricultores y por parte de toda la opinión pública, que está en presencia de un fenómeno absolutamente superado por los hechos, de lo que realmente las leyes establecen.
Lo que manifestaba el Honorable señor Fuentealba lo hemos venido constatando a medida que han pasado los meses.
El Gobierno, desde los inicios de este proceso, trató de manera vehemente, a mi juicio, pero por desgracia desprovista de realidad, de justificarse ante la opinión pública diciendo que era partidario de respetar la legalidad y que bajo ninguna circunstancia se amparaba, se permitía o se promovía una vía distinta de la establecida en las leyes.
La aplicación arbitraria de la ley.
Deseo comenzar el análisis sobre este particular en dos planos: el del proceso de la expropiación, y el de la metodología empleada o, más bien dicho me atrevo a calificarla así, el de la moralidad con que se han usado las herramientas o instrumentos legales para concretar la reforma del agro. Además, un capítulo que merece un análisis a fondo es el de la forma como se trata a los campesinos, los derechos que se les respetan y el sistema que el Gobierno de la Unidad Popular está tratando de establecer respecto de quienes creían ser los primeros beneficiarios de una transformación de esta naturaleza.
Sería largo detallar las múltiples intervenciones, cuyos textos tengo a la vista, en las cuales el señor Presidente de la República manifiesta en conferencia de prensa, en discursos públicos, en foros técnicos, en asambleas campesinas y en reuniones partidarias, que el proceso de reforma agraria se realizará por la vía legal.
Las promesas del Presidente.
Tengo aquí una publicación del diario La Nación, en la cual el Primer Mandatario declara que el proceso de reforma agraria se realizará sobre la base del respeto a lo que la ley establece. Dice: Somos contrarios a las tomas. Somos contrarios a un proceso que supere las vías legales establecidas. Y manifiesta reiteradamente su disposición de no ser superado, de poder realmente hacer cumplir la ley en los términos que ella consigna.
Después, tenemos otras declaraciones publicadas en el mismo diario el 10 de febrero de 1971, en las cuales el Presidente de la República, a raíz, precisamente, de las situaciones que se están produciendo en el campo, declara: No soy el Presidente de quienes pretenden crear el caos. Y va señalando, ocasión tras ocasión, que las expropiaciones se harán por la vía legal, que el proceso de intervenciones no se usará en forma indiscriminada, para lo cual dice haber dado instrucciones a su Ministro de Agricultura y a los funcionarios respectivos, en el sentido de atenerse a las disposiciones legales vigentes. Asimismo, reitera las garantías a los pequeños agricultores. Me refiero al
discurso pronunciado en Chuquicamata y publicado en El Siglo el 21 de febrero de 1971, en el cual, además, manifiesta desde el Norte que ningún pequeño agricultor tiene nada que temer del Gobierno de la Unidad Popular, porque no será objeto de expropiación ni se ampararán las tomas ilegales, a las cuales se refería, precisamente, el Presidente en esa oportunidad.
Para reiterar aún más y con mayor fuerza ese criterio del Primer Mandatario, creo conveniente referirme a lo que él manifestó en su primer Mensaje Presidencial, pronunciado el 21 de mayo de 1971 ante el Congreso Pleno.
El Presidente declara estar contra las tomas.
Refiriéndose a la situación de la agricultura, dijo textualmente:
Habremos de profundizar la revolución agraria, modificando la ley, si es menester. Pero esta ley, hasta el día de hoy, no se ha modificado en absoluto. En seguida, agregó: El agro debe producir más. Los campesinos, los medianos y los pequeños agricultores, tienen esta responsabilidad. Pero si el Gobierno reconoce sus errores, es justo que otros reconozcan los suyos: las tomas de poblaciones, las tomas indiscriminadas de predios agrícolas son innecesarias y perjudiciales. Por lo que hemos hecho y por nuestra actitud tenemos autoridad para que se nos crea. Deben respetarse, por eso, los planes fijados por el Gobierno y el ritmo de su ejecución.
En su Mensaje del 21 de mayo de 1971, el Presidente de la República llamaba seriamente a los partidos y grupos políticos que no estaban en la Unidad Popular a meditar sobre este punto: que las tomas indiscriminadas son innecesarias y perjudiciales.
Creo conveniente también dejar consignado lo que expresó el señor Ministro del Interior de la época, don José Tohá, al concurrir al Senado, en enero de 1972, a hacer sus descargos ante la acusación constitucional presentada contra él. Según consta en el Diario de Sesiones de la Corporación, página 2. 767, correspondiente a la sesión 52ª, ese Secretario de Estado manifestó, textualmente:
El Ministro del Interior puede declarar enfáticamente sobre el particular se refería al problemas de las tomas y a situaciones de superación de la legalidad que jamás ha ejercido su autoridad para instruir a Carabineros o Investigaciones que mantengan una actitud tolerante o discriminatoria respecto de cualquier persona o grupo de personas que infrinjan cualquiera disposición legal.
O sea, además de las palabras del Presidente de la República, hay una reiteración aquí, en este recinto, del señor Ministro del Interior, en la cual él manifiesta el respeto a la legalidad.
Las tomas no tendrían importancia.
En una intervención reciente, con ocasión del Mensaje Presidencial pronunciado el 21 de mayo del año en curso ante el Congreso Pleno, el señor Presidente de la República nuevamente se refiere al procedimiento mediante el cual se efectúa la reforma agraria y a la situación que se ha producido en el campo chileno, y dice textualmente en la página 34 de su exposición:
El camino revolucionario que nos trazamos, y que hemos venido siguiendo imperturbablemente, ha hecho más reales y auténticas las libertades al proporcionar más medios materiales para ejercerla a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Nadie que observe nuestra realidad objetivamente puede dudar de que el desarrollo del régimen democrático y de libertades está necesariamente ligado a la evolución del proceso revolucionario. Y agrega: Durante mi Gobierno se han producido conflictos y ocupaciones que han afectado a unos mil setecientos predios; es decir, el equivalente al 0,5% del total de las propiedades agrícolas. Prácticamente, expresa todos han sido resueltos. Pero si el proceso productivo y la paz se han mantenido en el campo es porque, en vez de represión, mi Gobierno ha hecho revolución. Por cada hectárea ocupada, se han expropiado decenas de miles. La democracia, las libertades y la seguridad colectiva las afianzaremos en la medida en que acabemos con las diferencias económicas, los privilegios sociales y las injusticias flagrantes.
O sea, el señor Presidente de la República, contradiciendo lo que, a mi juicio, había manifestado en reiteradas oportunidades, confiesa al Congreso Nacional que durante el año anterior se han producido mil setecientas tomas de predios, las cuales, en su opinión, son absolutamente justificadas.
Debe respetarse la ley.
Al entrar a analizar este punto, deseo manifestar lo siguiente. El proceso de reforma agraria, de acuerdo con la ley que hoy día rige en nuestro país, debe hacerse sobre la base de la aplicación de las causales de expropiación establecidas en dicho cuerpo legal. Son once las causales que pueden invocarse para ello: exceso de superficie, abandono, mala explotación, área de riego, por ser persona jurídica, y distintos otros elementos. No hay ninguna disposición que establezca que las expropiaciones podrán efectuarse por conflictos sociales, reales o artificiales, creados con el objeto de incorporar una causal adicional a la expropiación, como sería la de las tomas o el proceso de la invasión de una propiedad, sea ésta mediana o pequeña.
Revolución sin derecho es tiranía.
Estimo que en tal hecho descansa probablemente la base misma de un estado de derecho y de un sistema democrático. Al respecto, recuerdo una frase que los estudiante de la Escuela de Derecho colocaron en el frontis del edificio, al otro lado del Mapocho, cuando luchaban exigiendo un plebiscito que permitiera una consulta para reforzar el sistema democrático en la Universidad de Chile, y que, como sabe la opinión pública, culminó con la reelección, por tercera vez, del Rector de ese plantel universitario, don Eduardo Boeninger. ¿Que decía ese letrero?: Revolución sin derecho es tiranía.
No soy abogado. Pero entiendo que si una persona tiene garantizado un procedimiento dentro de la Constitución y de la ley, de acuerdo con el cual él cumple obligaciones y, al mismo tiempo, obtiene derechos, cualquiera actitud de modificación por parte de la autoridad o de otros grupos de la comunidad con relación a los derechos y obligaciones de esa persona, debe hacerse por ley; pues si la autoridad promueve, ampara, permite o fomenta una actitud distinta de la que en la ley se establece, estaríamos inexorablemente cayendo en un proceso de totalitarismo, que, indudablemente, lleva, o por una vía al enfrentamiento violento y al caos, o por otra, a la tiranía.
La ley debe aplicarse con recta intención.
¿Y qué es lo que ha ocurrido en la agricultura? Senadores aquí presentes saben lo difícil que es expropiar un predio agrícola y las dificultades que ello genera tanto para la autoridad como para las personas que deben someterse a tal proceso. Por eso, siendo este un proceso justo y necesario, de acuerdo con las normas prescritas por la ley de Reforma Agraria, es quizás más indispensable que nunca que tal proceso sea llevado estrictamente dentro de los marcos que la ley estableció, y con un criterio de equidad y una moralidad funcionaría que no deje duda alguna de la recta intención que anima a quienes aplican estos instrumentos.
¿Qué ha sucedido en nuestro país? Cuando comenzó la reforma agraria, indudablemente que hubo un proceso de inquietud ante las expropiaciones. En algunos instantes, yo diría que hubo la intención de parte de algunos sectores campesinos de promover tomas o situaciones de ocupación ilegal. No es un hecho nuevo, y sería un acto de irresponsabilidad hacer recaer en el Gobierno de la Unidad Popular la responsabilidad exclusiva de las tomas que se han producido en el campo y de este proceso que ha generado un clima de inseguridad. No, existían antes, en menor número, con otro sentido, en menor intensidad. Pero este proceso social que necesariamente acompaña a la reforma agraria, como es la presión de los campesinos para acelerar las expropiaciones, obliga a la autoridad a tener una definición, a mi juicio, absolutamente clara y precisa ante toda la comunidad chilena y, especialmente, frente a los campesinos. Y este criterio, si es que se desea lealmente respetar la ley, debe ser el de manifestar a los campesinos o a los grupos políticos que actúan sobre ellos, que la actitud de la autoridad, ya sea política o administrativa, será la de respetar el mecanismo consignado en la ley, y no de dejarse presionar por las tomas u ocupaciones ilegales.
La tesis democratacristiana: predio tomado no era expropiado.
En el Gobierno de la Democracia Cristiana hubo una norma que se estableció, que fue respetada y cumplida: predio tomado era predio no expropiado. No porque creyéramos que podía no haber justicia en una determinada toma o situación producida en el campo, sino por estar consciente de que había que crear un sentido pedagógico de respeto a los instrumentos legales, a fin de que los campesinos aceptaran someter su propia expectativa al ritmo que el Estado imponía al proceso de reforma agraria.
Ello fue respetado y generó una disciplina que, indudablemente, permitió desarrollar, dentro de todas las inconveniencias que el proceso tiene, la reforma agraria con una tranquilidad aceptable.
La Unidad Popular acelera las tomas.
¿Qué ha ocurrido ahora? Desde que comenzó el Gobierno de la Unidad Popular, empezó también una aceleración de las tomas, da las ocupaciones ilegales, de las invasiones de predios, sin considerar dimensiones, ubicación o posibilidades de expropiación. Automáticamente, por parte de las autoridades, se generó un procedimiento, desde el punto de vista de los hechos, que tendía a habilitar un mecanismo que permitiera que los predios ocupados entraran al proceso de intervención del Estado por la vía de las intervenciones, después de lo cual se producía la expropiación.
En consecuencia, el propio Gobierno de la Unidad Popular es el responsable, a mi juicio, en lo tocante a ese primer capítulo, sumamente delicado, consistente en respetar la legalidad en situaciones conflictivas y difíciles, por la pasividad de las autoridades y porque en muchos casos como quedará demostrado de la lectura de los documentos que entregaré actuaban por medio de funcionarios en la aceleración del proceso.
La historia de las ocupaciones ilegales.
Considero interesante proporcionar al Senado una serie de antecedentes que he recopilado en el curso de los últimos días. Con fecha 4 de abril, y por intermedio de la Oficina de Informaciones del Senado, solicité la nómina de los predios agrícolas que se encontraban tomados por sus ocupantes y que con posterioridad fueron expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria, desde el 4 de noviembre de 1970 hasta la fecha. El 25 de abril, la CORA contestó la comunicación pertinente, bajo la firma de su Vicepresidente Ejecutivo, indicando que es imposible para ese organismo obtener los datos pedidos, dado que de acuerdo a la política agraria del Supremo Gobierno, para expropiar un predio rústico se tiene en consideración fundamentalmente, los siguientes requisitos:
1.- Que se trate de predios de superficie superior a 80 hectáreas de riego básicas.
2.- Que se trate de predio ofrecido voluntariamente en expropiación a la Corporación por sus propietarios.
3.- Tratándose de predios de superficie inferior a 80 H.R.B. pero superior a 40 H.R.B., sólo se expropiarán aquellos que están notoriamente mal explotados, abandonados u ofrecidos por sus propietarios.
4.- En los casos de predios inferiores a 40 H.R.B. sólo se expropian aquellos que están abandonados o que hayan sido ofrecidos a la Corporación por sus propietarios.
Más adelante, dicho oficio agrega que En ningún caso, el hecho de que un predio esté tomado influye en la expropiación, salvo que ese predio cumpla con todos los requisitos antes señalados, en cuyo caso, esté o no tomado, siempre se expropiará en cumplimiento del programa de expropiaciones.
De modo que al no ser el hecho de la toma de un predio influyente en su expropiación, esos antecedentes no constan entre los que existen en esta Corporación de la Reforma Agraria, por lo que es imposible materialmente proporcionar la nómina solicitada.
La versión de Carabineros de Chile.
Como tal respuesta era, a mi juicio, absolutamente insuficiente, arbitraria y estaba redactada con el propósito de eludir la entrega de los datos solicitados, se reiteró la petición al Ministerio del Interior, a fin de que éste proporcionara la nómina de los predios ocupados. Debo hacer presente que ella me fue remitida ayer por la Oficina de Informaciones de esta Corporación, y es probablemente uno de los documentos más dramáticos que puedan llegar a publicarse. Su texto abarca 220 páginas y fue elaborado por la Dirección General del Cuerpo de Carabineros de Chile, y remitido repito oficialmente en el día de ayer por el Ministerio del Interior, el cual, en oficio suscrito por el Subsecretario de dicha Cartera, y en respuesta al oficio reiterado por el Senado en el cual se le solicita la nómina de los predios ocupados ilegalmente desde el 1º de noviembre de 1970 hasta la fecha, manifiesta que el Cuerpo de Carabineros ha confeccionado dicha nómina y la ha remitido por intermedio del General de Carabineros don Alfonso Yáñez, con la siguiente nota:
En atención a lo solicitado por el señor Subsecretario del Interior, don Daniel Vergara Bustos, en tarjeta de presentación recaída en oficio Nº 3.549, de fecha 25 de abril último, de la Oficina de Informaciones del Senado, se remite a esa Subsecretaría de Estado nómina de los predios agrícolas ocupados ilegalmente desde el 4 de noviembre de 1970 al 5 de abril de 1972 con indicación en cada caso, de la fecha de ocupación, ubicación, superficie de cada predio y la fecha en que fue solucionado el conflicto, ya hubiese sido por restitución a su legítimo propietario, por intervención o expropiación.
El número total de predios ocupados ilegalmente desde el 1º de noviembre de 1970 al 5 de abril del año en curso alcanza, según dicha nómina, a la suma de 1.767 predios agrícolas. En ella no están consignados las ocupaciones urbanas, ni de terrenos, ni de viviendas.
¿Qué contiene esa nómina, señor Presidente? Una relación, con un número de orden, del nombre del predio, lugar donde está ubicado en la provincia, fecha en que fue ocupado y el parte resumido de Carabineros dando la secuencia de los hechos mediante una nómina cronológica, que, a mi juicio, la opinión pública tiene la obligación de conocer y de leer, y donde se establece la forma como se ha venido realizando el proceso de reforma agraria en el país.
Ocupar y expropiar.
Antes de referirme al problema en sí, deseo señalar algunas cifras que tuve la oportunidad de relacionarlas ayer. La Corporación de la Reforma Agraria expropió 1.306 predios en 1971, y durante ese mismo año se tomaron 1.306. Existe casi una relación exacta entre el número da tomas y las expropiaciones. He revisado someramente la nómina. Aparentemente no todos los predios tomados han sido expropiados.
Por eso éste es uno de los primeros oficios que solicitaré, pido que se transcriba dicha nómina al Ministro de Agricultura y, al mismo tiempo, se le solicite, porque en ella no está consignado, que informe cuáles de esos predios ocupados ilegalmente han sido expropiados hasta el día de hoy, indicándose fecha y causal de la expropiación invocada.
El señor GARCIA.-
El problema que plantea el Honorable señor Moreno está aclarado en el último Mensaje del Presidente de la República en la forma siguiente: Durante mi Gobierno se han producido conflictos y ocupaciones que han afectado a unos 1.700 predios. Es decir, la cifra es relativamente similar a la que acaba de señalar el señor Senador. Es claro que para Su Excelencia esto representa 0,5% del total de los predios, como si la inquietud, la desconfianza y la intranquilidad no afectaran a todas las demás. Es lo mismo que si ante la muerte de 50 mil personas en Chile, se dijera: Es nada más que el medio por ciento de la población; de modo que no tiene importancia alguna.
Pero, a propósito de lo que ha afirmado Su Señoría, el Mensaje agrega luego: Prácticamente todos han sido resueltos. Entonces, es efectivo que mediante el sistema de la ocupación se llega a la expropiación.
Es cuanto deseaba anotar.
Las ocupaciones y las intervenciones.
El señor MORENO.-
Es cierto lo que anota el Honorable señor García. El señor Presidente de la República, mediante una frase del texto de su Mensaje a la cual me referí especialmente, dijo que la situación de esos predios había sido solucionada. Precisamente es la solución lo que quiero analizar.
Con el objeto de llegar a una relación, solicité la nómina de los predios tomados durante 1972, la que ahora tengo a la mano. Entre el 1º de enero estoy hablando nada más que de este año y el 25 de marzo, se habían tomado 309 predios agrícolas. En este mismo lapso se intervinieron 290 predios. Es decir, de acuerdo con la nómina que me entregó la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se consignan los decretos respectivos con la fecha de su publicación en el Diario Oficial por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, prácticamente casi la totalidad de los predios ocupados fueron objeto de decretos de intervención.
¿Podría repetir las cifras, señor Senador? No alcancé a escucharlas bien. ¿Cuántos son los predios que se han tomado y cuántos los intervenidos?
Entre el 1º de enero y el 25 de marzo del año en curso se han tomado 309 predios y se han intervenido, por decreto no me refiero a otro tipo de intervenciones290 predios agrícolas, fundos.
¿En qué fecha?
Entre enero y marzo de 1972.
Creo que las cifras que da el Honorable señor Moreno están equivocadas. Por lo menos, no son las que yo tengo. Es posible que sean parecidas; pero, en todo caso, no hay coincidencia en cuanto al tiempo durante el cual ocurrieron dichas tomas e intervenciones.
No se trata de algo que me inquiete mucho, pero sí me interesa. Las intervenciones constituyen un buen procedimiento, y lamento que sean tan pocas. Después daré mis razones.
Quiero aclarar a la señora Senadora que la nómina que tengo en mi poder fue elaborada copiando textualmente los decretos emitidos por el Ministerio del Trabajo. Este texto comprende desde el 1º de noviembre de 1971 hasta el 25 de marzo de este año y consigna 347 intervenciones; pero en diciembre de 1971 las intervenciones fueron 57. En consecuencia, si se quiere establecer una comparación entre los precios tomados y los predios intervenidos entre el 1º de enero y el 25 de marzo de este año, de acuerdo con la nómina oportunamente pediré que se inserte en el texto de mi discurso, se llega a la conclusión de que prácticamente son casi el mismo número. Estoy seguro de que debe ser casi la totalidad. Lo que ocurre es que debe de haber una desincronización, por haberse publicado en enero decretos correspondientes a diciembre.
Pero aquí queda demostrado un hecho evidente: los predios agrícolas están siendo objeto, en la medida en que son tomados, primero de un proceso de intervención, y luego de un proceso de expropiación, el cual deseo que sea clarificado de acuerdo con la relación a que me referiré.
La opinión pública, debe conocer esta realidad.
Ruego al señor Presidente solicitar el acuerdo de la Sala para insertar en la versión de mi discurso la relación completa de lo que me ha remitido el Ministerio del Interior, preparado por Carabineros de Chile, donde se hace una relación de las ocupaciones ilegales de fundos ocurridas entre el 1º de noviembre y el 1º de diciembre de 1970. Quiero que la nómina en referencia sea publicada íntegramente, pues pienso que la opinión pública debe tener conocimiento de ella.
Si le parece a la Sala, se procederá en la forma solicitada por el señor Senador.
No, señor Presidente.
Hay oposición.
¿Por qué no lo publican en La Prensa? Así se evita gastar dinero al Senado.
Publíquenla en sus diarios.
Si el Honorable señor Montes desea una interrupción, se la concedo con agrado.
El señor MONTES.-
Se la acepto. Gracias.
Señor Presidente, yo he escuchado con bastante tranquilidad algunos pasajes de la intervención del Honorable señor Moreno; no todos, porque he estado analizando algunos documentos relacionados con otros problemas. Sin embargo, me interesa que se esclarezca en esta Sala una afirmación que hizo Su Señoría y que, a mi juicio, no se compadece con la realidad.
El Senador señor Moreno ha afirmado que el proceso de la reforma agraria bajo la Administración democratacristiana y cuando el señor Moreno era Vicepresidente de la CORA, se desarrolló siempre con lo que él denominó una tranquilidad aceptable. A mí me ha llamado la atención este juicio, porque no sólo en el actual Gobierno han ocurrido tomas y situaciones complicadas en el campo chileno. También durante el Gobierno del señor Frei se produjeron estos hechos, de mayor o menor magnitud. Sobre todo, hubo uno extraordinariamente lamentable, protagonizado por elementos de la Derecha: el asesinato de un funcionario de la CORA en Longaví, en la provincia de Linares. Y al recordar este solo acontecimiento, por lo menos a nosotros, nos produce un poco de vergüenza escuchar que el Senador Moreno diga que durante todo este tiempo en el campo chileno se produjo una tranquilidad aceptable a raíz de la aplicación de la reforma agraria. Realmente, nos duele que un chileno haya muerto en esas condiciones y que un compañero suyo, hoy día Senador, considere que ese hecho se produjo en un ambiente de tranquilidad aceptable.
Digo lo anterior con esto termino la intervención, que agradezco al señor Moreno porque esta opinión que entrega al Senado de la República con tanta tranquilidad y frialdad el señor Senador, a nosotros por lo menos nos hace pensar que todos los juicios que él emite no pueden ser tenidos en cuenta por aquellos que consideramos este proceso y este problema con una nueva dimensión y diría yo con una actitud moral distinta de la del señor Senador.
¡Con mucho más muertos!
Usted hace rato que está hablando de muertos. ¡Le gusta mucho hablar de eso...!
Sí, muchos muertos. Podría leerla la lista.
Yo también podría traerles al recuerdo bastantes muertes en las cuales ustedes han sido protagonistas.
Me referiré a lo que ha sostenido el Honorable señor Montes en su intervención.
La de Hernán Mery, por ejemplo.
Su Señoría sabe perfectamente que ése fue un incidente. No lo repita más.
¡Sí, claro; para ustedes no tiene importancia...!
Un incidente muy grave y doloroso. No tiene para qué echarle la culpa a nadie.
¡Esa es la actitud de ustedes frente a los problemas!
El señor MORENO.-
Señor Presidente, el Senador Montes ha dicho que ha escuchado parte de lo que yo he expuesto. La verdad es que si en vez de dedicarse a leer el diario hubiera prestado atención a todo lo que he expresado, no hay duda de que podría haber captado exactamente lo que he sostenido.
Siempre hemos condenado lo reitero en esta oportunidad lo que ocurrió en Longaví. Ayer, hoy y mañana. Y el señor Senador no tiene derecho de venir a calificar ni la moralidad ni la honestidad de los Senadores de la Democracia Cristiana, ni menos del que habla, tratando, con un juego de palabras, de hacernos aparecer en una actitud y en una posición distinta de la que siempre hemos mantenido.
Hemos expresado que lo que ocurrió en Longaví fue un hecho doloroso y desgraciado, producto de un acto de pasión irresponsable. Por eso, nosotros tenemos hoy día autoridad para hablar de este proceso; no con el propósito de enjuiciar a otros, sino de analizar con seriedad una situación que se está produciendo en Chile y que tenemos la responsabilidad de denunciar.
Si al Senador Montes, del Partido Comunista, no le gusta lo que los Senadores democratacristianos dicen, es problema suyo, pues él no nos ha elegido para venir a hablar aquí. En consecuencia, nuestras palabras no están condicionadas por sus humores, por sus pasiones ni por sus temores. Nosotros hablamos aquí con el derecho que nos ha dado el pueblo chileno para representar a un sector importante de la opinión pública y, en virtud de ello, manifestar las inquietudes que hemos recogido.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Con la venia de la Mesa, con todo gusto.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, quiero decir tan sólo breves palabras para referirme a la intervención del Honorable señor Montes.
Como Su Señoría, según él mismo lo expresó, sólo escuchó en parte lo manifestado por el Honorable señor Moreno, por estar ocupado en el estudio de un proyecto de ley, no oyó que nuestro colega al comienzo de su exposición dijo que el proceso de reforma agraria realizado por la Democracia Cristiana había sido difícil por las circunstancias existentes en el país, por los problemas que debimos enfocar incluso por razones de orden legal o constitucional fue necesaria una reforma constitucional y hubo que dictar una nueva ley de reforma agraria y, en fin, por hechos tan dolorosos y trágicos como el asesinato de Hernán Mery en Longaví.
Eso lo dijo el Honorable señor Moreno en las observaciones que ha formulado en esta sesión. Deploro que el Honorable señor Montes no lo haya escuchado y que después haya dicho que lo pasó por alto.
Pienso que la distracción en que podamos incurrir algunos de nosotros no autoriza para negar que se ha expresado algo que realmente fue dicho.
Por otra parte, lamento lo afirmado por el Honorable señor Montes en el sentido de que el Honorable señor Moreno ha hablado con mucha tranquilidad sobre el proceso de reforma agraria. En realidad, creo que es así como deben ser los debates del Senado: con raciocinio y no con pasión violenta, pues esto último no representa el equilibrio de la razón de los seres humanos. El Senador Moreno, como corresponde a los debates de esta Corporación, está explicando derechamente su opinión y dando antecedentes sin ofender a nadie, planteando las circunstancias y los hechos que se están produciendo en Chile. Creo que los señores Senadores de Gobierno deben saber valorizar esa actitud. Lo peor es no aceptar la crítica, pues cuando ésta es constructiva, como la que está realizando el Honorable señor Moreno en la sesión especial de esta mañana, redunda, indudablemente, en beneficio del país. Y como el Gobierno del señor Allende debe de querer beneficiar al país y no a un grupo reducido de personas que con él colaboran, para pasar a la historia, no como pudiera pasar, sino en mejor forma, lo justo es no tener estas intemperancias en el Senado frente a una manera de actuar tan correcta como la que ha asumido el Honorable señor Moreno.
Lamento mucho las expresiones del Honorable señor Montes, porque si un problema se está tratando en forma serena y objetiva, no cabe protestar de que se proceda en esta forma y atribuirlo a una especie de displicencia, tanto más cuanto que todos sabemos que al Honorable señor Moreno le apasiona extraordinariamente el problema de la reforma agraria chilena.
El señor MORENO.-
Agradezco al Honorable señor Valenzuela sus palabras, y voy a continuar.
Señor Presidente, quiero referirme a la nómina cuya publicación in extenso solicité, porque en ella se sienta, a mi juicio, un criterio que el Gobierno debe clarificar, porque así lo exige la opinión pública.
Se cumple la tesis del MIR.
He leído estos días en las calles de Santiago un afiche publicado por el partido al cual pertenece el señor Ministro de Agricultura, y por el Frente de Trabajadores Revolucionarios. Un ejemplar está pegado a una cuadra del Senado. En él se combinan los colores del MIR con los de la Izquierda Cristiana y se deja sentada una tesis que, por desgracia, es la que se ha venido aplicando desde más de un año en el proceso de la reforma agraria: Ocupar, expropiar, avanzar. Así está escrito en las murallas. O sea, crear el hecho, provocar la situación de transferencia legal, avanzar. Y creo que de la lectura de la nómina a que me refiero, surge nítidamente el camino que se ha venido recorriendo y sobre el cual el Honorable señor Fuentealba llamaba la atención del Senado a comienzos del año 1971.
Permítaseme leer sólo algunas partes de ese documento para ilustrar a los señores Senadores. Me doy cuenta de que es demasiado extenso para leerlo todo, y si he insistido en que se publique, es, precisamente, por estimar que constituye un verdadero elemento de juicio para la opinión pública y para quienes deseen saber cómo se lleva a cabo el proceso de la reforma agraria en el país.
¿Qué dice la nómina del Cuerpo de Carabineros? Citaré, repito, sólo algunos partes, a fin de dar unos pocos antecedentes. Dice lo siguiente:
Predio Tregua, ubicado en Panguipulli, provincia de Valdivia, tomado el 20 de diciembre de 1970. 8 obreros del mismo predio y 22 extraños, haciendo uso de armas de fuego ocuparon este fundo y secuestraron a su dueña Antonieta Maachell Vanavez; cerraron con cadenas la puerta de entrada al predio; destruyeron dos puentes y se apoderaron de los víveres existentes en la casa patronal, exigen la expropiación y parcelación del fundo. Agrega el parte de Carabineros: A raíz de estos hechos y como consecuencia de una aguda crisis nerviosa, doña Antonieta Maachell V. se suicidó. El fundo se encuentra intervenido y las autoridades administrativas buscan solución al problema.
¿Qué dice otro de los partes de los 1.767 que aquí se reproducen.
Linares. Retiro. Parcela 2 de Mayo, 63 hectáreas. Este predio de propiedad de Pedro Emilio Ruz Ruz, fue ocupado por 25 obreros extraños al predio, los que bloquearon la entrada al fundo colocando fardos de pasto. Los ocupantes exigen la expropiación por parte de CORA.
Otro parte: Linares. Parcela San Ramón (25 hectáreas). Este predio de propiedad de Federico Cárdenas, fue ocupado por 15 obreros pertenecientes al Sindicato Comunal San Víctor y 1 del mismo predio, en protesta por el despido del campesino Juan Rivas Vásquez.
Otro parte: provincia de OHiggins. Coltauco. Santa Margarita de los Bronces (40 hectáreas de superficie). A la una del día, este fundo de propiedad de Edgardo Shmutzer Retting, fue ocupado por 4 personas extrañas al predio, sin oficio, en forma pacífica, puertas de acceso se encuentran cerradas. No hay trámite de expropiación por CORA, toma se llevó a efecto encabezada por el señor Regidor Partido Socialista, manifestando mal trato a obreros del predio por parte del administrador, obreros del predio dicen trabajar conforme. Parte de Carabineros del 4 de octubre de 1971.
Parte de Carabineros Nº 1.261. O’Higgins. San Vicente de Tagua Tagua. 10 de octubre. Parcela sin nombre, de 3 y media cuadras ¡tres cuadras y media! ubicada en rastrojo. Parcela de propiedad de Carlos Valenzuela Guerrero, fue ocupada por 24 personas extrañas al predio, el cual se encuentra en trámites de expropiación por CORMU. El motivo es acelerar dichos trámites.
El atropello de los pequeños propietarios.
Quiero llamar la atención sobre este caso, porque en el Senado, el Honorable Senador Ricardo Valenzuela ha intervenido por lo menos tres veces en esta Sala para denunciar lo que ha ocurrido en esa toma, que no es un predio urbano, sino de un terreno agrícola perteneciente a don Germán Zamorano y a don Ramón González, caso que el Honorable colega ha denunciado dramáticamente. Hace diez días tuve oportunidad de acompañar al señor Senador, junto con uno de los campesinos propietarios del predio, a conversar con el señor Subsecretario del Interior. La propiedad está tomada desde el 10 de octubre de 1971. El predio de don Germán Zamorano es de tres cuartos de hectárea, y el de don Ramón González, de tres cuadras. ¿Qué ha ocurrido? El regidor socialista de San Vicente, don Waldo Barraza, quien, además, es propietario de predios agrícolas de superficies superiores a las cuarenta hectáreas, incitó a esta toma, y hasta el día de hoy no se ha restituido el predio a sus propietarios, no hay justicia para ellos ni autoridad que haga cumplir lo que la ley establece a su favor, pese a lo consignado en el parte de Carabineros.
La arbitrariedad consumada.
Parte Nº 1.263, del día siguiente, 11 de octubre de 1971. Santiago, Lonquén. Parcela San Antonio del Carmen de Sorrento (50 hectáreas). Es interesante que los señores Senadores escuchen la lectura del parte de Carabineros. No es lo que dicen los periodistas, ni los políticos, ni los regidores: es el parte de Carabineros, dirigido a su propia Dirección General. Cincuenta hectáreas tiene esta parcela. Dice el parte: 4 obreros agrícolas del Comité Manuel Rodríguez ocuparon la parcela de propiedad de Patricio Aneuber Vives, a cargo de la toma estuvo el presidente de dicho Comité, quien manifestó que dicha toma se había realizado debido al abandono en que se encontraba el predio. Se pudo comprobar que abandono no es tal subrayado por Carabineros ya que se efectúan trabajos para su completa explotación (plantaciones de melones, sandías, zapallos y crianza de vacunos). Esto, de acuerdo con el propio parte de Carabineros.
Otro hecho, en la provincia de Colchagua, en Chimbarongo. Día 18 de octubre de 1971. Quinta El Bajo. 12 obreros agrícolas pertenecientes a la reserva Quinta El Bajo, cerraron con candados puertas de acceso dicho predio. El predio es de propiedad de René Trivelli Pozzi. Solicitan que explotación de leche sea de su cargo. O sea, que la explotación de la reserva sea de los trabajadores.
Parte Nº 1.300. San Javier, provincia de Linares. El Molino Viejo (40 hectáreas). Fundo de propiedad de Francisco Pérez, fue ocupado por 40 obreros, de ellos, 6 pertenecen al fundo, ocupantes no portaban armas, no han secuestrado a familiares ni dueño del predio. No se encuentra en trámites de expropiación, puertas de acceso se encuentran cerradas.
Parte Nº 1.368. Provincia de O’Higgins, San Vicente. Predio sin nombre, de cuatro cuadras. Predio de propiedad de Eduardo Morales Ramírez, fue ocupado por 56 adultos pertenecientes al Comando de Pobladores Sin Casa Salvador Allende, no portan armas, no hay personas secuestradas ni barricadas. Motivos: Acelerar compra de terrenos para instalar el Campamento Luciano Cruz. Terreno agrícola.
Parte Nº 1.457. Cautín. Temuco. Sin nombre (5 hectáreas). Tomado el 28 de octubre de 1971. Predio de propiedad de Luis Elgueta Morales, fue ocupado por Antonio Pincheira Valle junto a esposa y 7 hijos, no tiene filiación política. Motivo: considéranse herederos (del predio).
Parte Nº 1.458. Colchagua. Placilla. 30 de diciembre de 1971. La Unión (6, 5 hectáreas). Predio de propiedad de Rodolfo Urzúa Riveros, fue ocupado por 90 pobladores, pertenecientes al Comité sin casa. Motivo: propietario niega venta a pobladores, sólo vende a la I. Municipalidad. O sea, le toman el predio porque no lo quiere vender sino a la Municipalidad. Este predio está en el camino, es un predio agrícola de un pequeño propietario que conozco personalmente.
Parte del año 1972. Predio Duao. Provincia de Curicó, comuna de Licantén. 230 hectáreas. Fundo de propiedad de Eneas Cazales, fue ocupado por 25 obreros agrícolas, pescadores y personas extrañas. Portan armas de fuego en su mayoría y armas contundentes. El ovejero Jorge Becerrera encuéntrase secuestrado en las casas patronales, levantáronse barricadas puerta principal del fundo. Motivo: piden expropiación. Nota: cabecillas de la toma son miembros del MIR y MCR, junto a estudiantes de la Universidad de Concepción.
Parte del 13 de marzo de 1972. Insisto en que estoy leyendo sólo una selección, porque sería imposible leerlo todo. Por esto, he pedido la publicación de la nómina. Este parte se refiere de nuevo al fundo Duao. Repito la fecha: 13 de marzo de 1972. Dice el parte: Fundo de propiedad de Eneas Cazales, fue ocupado por 56 personas (agricultores, pescadores de Iloca y extraños miembros del MIR y MCR), portan armas, palos, laques y hondas, cuidador y obreros laboran predio son impedidos salir, levantáronse barricadas y zanjas entrada principal del fundo. Motivo: estiman haber sido engañados en acta firmada con el Sr. Gobernador e Inspector del Trabajo (10.III 972). O sea, reaccionan en contra de las autoridades del Gobierno.
Parte del día 17 de marzo. Provincia de Ñuble. Chillán. Los Cristales (160 hectáreas). Fundo de propiedad de Alberto Smith Costa, fue ocupado por 9 obreros del predio y 25 extraños. Impiden salida del dueño y familiares, por, la puerta principal pero sí por puertas adyacentes. Motivo: apoyo a expropiación solicitada por otros predios. No hay conflicto en este predio.
Carabineros: Funcionarios de CORA en las tomas.
Parte del 23 de marzo de 1972. Valdivia. Río Bueno. Esperanza. Fundo de propiedad de Leonardo Sáiz Aravena, fue ocupado por 8 obreros del predio en forma pacífica. Motivo: incumplimiento Acta Avenimiento. Nota: entre ocupantes encuéntrase 1 empleado de CORA (Fdo. en trámite de expropiación).
Parte del 28 de marzo de 1972. Provincia de Linares. Predio El Socorro (51 hectáreas). Fundo de propiedad de Jaime Manterola Vergara, fue ocupado por 2 obreros del predio y 13 extraños en forma pacífica. Motivo: solicitar expropiación.
Parte del 1º de abril de 1972. Fundo Pucopio (800 hectáreas) en Osorno. Fundo de propiedad de Darío Sánchez Gallardo, fue ocupado por 25 personas extrañas al predio. En el interior de dicho predio se encontraban tres personas las cuales fueron amarradas y sacadas del lugar y dejadas en el camino público. Motivo: débese a que Sánchez se niega a ser miembro de la Cooperativa Pucopio. O sea, según el parte de Carabineros, este predio fue tomado, la gente amarrada y tirada al camino, porque el propietario se niega a ser miembro de una cooperativa.
¿Y esto lo manda hacer el señor Allende?
El señor MORENO.-
No he dicho eso, señora Senadora.
El siguiente parte de Carabineros está fechado el 3 de abril de 1972. Provincia de Llanquihue, Puerto Varas. Predio San Juan, 85 hectáreas. Cualquier señor Senador que esté presente y que haya visitado la zona sabe lo que significan en Llanquihue 85 hectáreas.
El parte señala: Fundo de propiedad de Oswin Springer Hechenleitner, fue ocupado por 30 personas extrañas al predio. Motivo: Solicitan expropiación.
Lo que dice el Presidente no concuerda con la realidad.
Señor Presidente, podría estar leyendo estos documentos no sólo una mañana sino todo un día. Estos hechos, no concuerdan con lo que el Primer Mandatario declaró en el Mensaje del 21 de mayo pasado, en cuanto a que se han producido conflictos y ocupaciones en el equivalente al 0,5% del total de propiedades agrícolas, y que prácticamente se ha llegado a la solución de todos ellos.
Creo que el documento que he dado a conocer merece una explicación del Gobierno ante el país.
Aquí se advierte un método, un procedimiento, un sistema tendiente a violar la ley que ha creado la desesperación entre los medianos y pequeños propietarios, los afecte o no los afecte legalmente el proceso de reforma agraria.
Reitero que Chile entero necesita conocer estos antecedentes, a fin de que se imponga de la verdad, de la actitud asumida por las autoridades de Gobierno y de la forma como se ha venido desarrollando el proceso de reforma agraria.
Esta es la primera parte de la exposición que he querido iniciar esta mañana.
Además, Honorable señor Moreno, hay muchos conflictos campesinos en los que no interviene Carabineros y, por lo tanto, no existe el parte correspondiente.
Tengo conciencia de lo que afirma Su Señoría. Me consta que Carabineros no ha consignado en sus partes numerosas tomas. No tengo los antecedentes objetivos de esos casos para presentar una información adecuada. Por lo tanto, me abstendré de hacer uso de esos datos. Pero creo que cualquier persona que conozca la situación de las provincias, se da cuenta de que muchas de esas ocupaciones, sobre todo cuando se realizan sin violencia, no quedan en los partes de Carabineros.
Dada la extensión del discurso del Honorable señor Moreno, solicito a la Mesa que le consulte cuánto tiempo más usará para hacer sus planteamientos, porque si no se prorroga la hora, los Senadores que queremos intervenir no tendremos oportunidad de hacerlo.
¿Me permite, señor Senador?
El Honorable señor Moreno tiene derecho a una hora en su primer discurso, y a media hora para su segunda intervención, O sea, a las 12. 45 termina su tiempo. Después está inscrita la Honorable señora Carrera.
¿A qué hora termina la sesión?
A las 13.30, señora Senadora. Vale decir, Su Señoría dispone de 45 minutos para usar de la palabra.
No es mucho el tiempo de que dispongo.
Es indispensable que se apruebe mi petición de prorrogar la hora, a fin de que otros sectores políticos podamos intervenir en el debate.
Se requiere unanimidad para aprobar la solicitud de Su Señoría, pero en este momento no hay quórum de votación.
Oportunamente someteré a consideración de la Sala la petición de Su Señoría. Mientras tanto, puede continuar con la palabra el Honorable señor Moreno.
Tengo conciencia de que, al menos en esta sesión, los Senadores democratacristianos no vamos a poder plantear en toda su extensión el problema de la reforma agraria. Hemos querido convocar a esta primera sesión, con el objeto de iniciar un estudio serio y profundo de lo que está ocurriendo en el país.
La situación de los campesinos.
He analizado en detalle las situaciones que condicionan la expropiación o la iniciación del proceso de reforma agraria en cuanto a la adquisición de las tierras. Ahora deseo referirme a lo que sucede con los predios ya expropiados, donde comienza la fase siguiente de la reforma, cual es el beneficio que percibirán los campesinos.
Quizás éste sea un tema tanto o más grave que el que acabamos de describir.
La ley reconoce el derecho a la propiedad de los campesinos.
De acuerdo con los objetivos que en forma textual expresa la ley 16.640, las tierras expropiadas deben asignarse una vez completado el período de asentamiento de tres años, lapso susceptible de extenderse a un máximo de cinco años mediante la dictación de un decreto supremo.
Este hecho tan trascendental tengo entendido mereció el apoyo mayoritario o unánime de todos los sectores políticos que conformaban el Senado y la Cámara en la época en que se discutió y aprobó la iniciativa legal. Desgraciadamente, hoy día vivimos una situación absolutamente distinta en el agro.
La Administración anterior realizó, el proceso de reforma sobre la base de que en todo predio expropiado se instalara de inmediato un asentamiento. Al término del plazo legal se consignaban los acuerdos de expropiación referidos, y conforme a lo que la ley estipula, se procedía a asignar la tierra, entre los campesinos vivientes y que trabajaban en los predios, a los propietarios definitivos, sea en propiedad individual, comunitaria o mixta.
La UP quiere estatificar las tierras productivas.
¿Qué ha ocurrido en el Gobierno actual? Como lo denunciaron en 1971 el Honorable señor Fuentealba y otros parlamentarios democratacristianos incluso se celebraron sesiones especiales en la Cámara de Diputados, al Gobierno de la Unidad Popular no le gusta lo que dice la ley 16.640 en materia de asignación de tierras a los campesinos; y no le gusta porque la ley es tajante: tierra expropiada, tierra transferida en propiedad definitiva a los campesinos vivientes en el predio.
A mi juicio, la Unidad Popular adoptó primero una política ambigua sobre la materia. Posteriormente, contradictoria; y una vez aclarado lo que pretende, su política ha sido absolutamente regresiva respecto de los intereses de los campesinos.
Un procedimiento torcido.
¿Cuál ha sido el procedimiento usado? En los primeros meses de Gobierno de la Unidad Popular, cuando aún no sabían qué fórmula impondrían, y se desarrollaban polémicas entre los Partidos Socialista y Comunista que afloraron a través de distintos documentos técnicos, se planteaban dos tesis: la estatificación de la tierra, propugnada por la Comisión Agraria del Partido Socialista, y la del respeto de la legalidad vigente, de las disposiciones de la ley 16.640, mantenida por el Partido Comunista, por razones propias de esa colectividad. No es del caso analizarlas ni calificarlas en esta ocasión. Pero esa colectividad, tanto en documentos técnicos como en conversaciones teóricas o cuando había oportunidades de diálogo, decía ser partidaria de respetar el mecanismo de la ley.
La tesis socialista: estatificar.
¿Qué ocurrió? Por desgracia para los campesinos, triunfó la tesis del Partido Socialista. Y esto, ¿qué ha provocado? Que desde sus comienzos el Gobierno de la Unidad Popular se ha negado sistemáticamente a constituir asentamientos campesinos; y el Ejecutivo, en su propósito de apoyar la tesis socialista, ha recurrido a una vasta argumentación para tratar de desprestigiar los asentamientos, cercarlos por el hambre e impedir que los trabajadores del agro tengan una organización apropiada en sus cooperativas. Inclusive se les ha impedido el acceso al crédito en forma adecuada. En una palabra, se ha tratado de fomentar el fracaso y la quiebra de los asentamientos.
Como en esta primera etapa la reacción de los campesinos en contra del Gobierno fue muy fuerte, se adoptaron otros criterios.
La presión de los funcionarios políticos de CORA.
¿Qué hicieron los funcionarios de la CORA y del INDAP? Dijeron: Es mucho mejor no constituir asentamientos. Vamos a organizar los comités agrícolas. ¿En qué consistía este sistema? Se expropiaba un fundo; la CORA tomaba posesión material de él; se dejaba a los campesinos solos; se les decía que de entre ellos mismos nombraran dos representantes, y que firmaran un acta para poder solicitar créditos al banco. Expresamente se les advertía que para los campesinos esta etapa era transitoria, y que después se haría la asignación definitiva de la propiedad, en la cual esos trabajadores serían considerados.
¿Qué ocurrió? Que la presión de los campesinos empezó a aumentar, y los dirigentes de las Confederaciones Triunfo Campesino, Libertad, Nacional de Asentamientos y Cooperativas, e incluso de la propia Confederación Ranquil, empezaron a objetar el procedimiento seguido en el agro por funcionarios de la CORA y del INDAP.
Y aquí surge la segunda fórmula: al darse cuenta de que no podían mantener a los campesinos en la indefensión en los comités agrícolas, crean los centros de reforma agraria, los CERA.
Los centros de reforma agraria son ilegales.
Como Senador y como coautor del proyecto de reforma agraria consignado en la ley 16.640, responsablemente afirmo que en esta ley los centros de reforma agraria no existen ni aparecen considerados como mecanismos de trabajo y organización productiva de las tierras expropiadas.
Los centros de reforma agraria son mencionados en el Reglamento de la Reforma Agraria dictado por el Presidente de la República en virtud de las facultades que, con tal objeto, le delegó la ley de Reforma Agraria. Aún más: sólo se hace referencia a ellos en una frase que se colocó para denominar las casas que quedaban de las colonias formadas de acuerdo con la ley 15. 020, promulgada en el Gobierno del señor Alessandri.
Repito: los centros de reforma agraria se mencionan una sola vez, y ni siquiera en el texto de la ley, sino en el Estatuto Orgánico de la CORA.
Los CERA, una patraña para engañar a los campesinos.
En consecuencia, es una patraña argumentar que dichos centros se han constituido de acuerdo con normas legales que aparecen en la ley vigente.
Emplazo a los Senadores de la Unidad Popular a que demuestren dónde se establecen legalmente los centros de reforma agraria.
Los funcionarios de Gobierno recorren el campo entero diciendo a los campesinos que estos centros son legales, que se pueden constituir, que aparecen en la ley y que se trata de una organización transitoria. Por desgracia para el Ejecutivo, los trabajadores del agro se dieron cuenta de que los estaban engañando y de que dichos centros son una organización transitoria en el camino hacia la estatificación total de la tierra. Si algunos no lo entienden así es porque no quieren entenderlo, ya que no hay manera de equivocarse en este terreno.
Y este procedimiento, ¿a qué ha llevado?
La Unidad Popular ha expropiado cerca de dos mil predios. No tengo las cifras oficiales finales.
Yo se las puedo dar de inmediato.
Se lo agradecería mucho, Honorable Senadora.
El número de predios expropiados hasta el momento, en un año y medio de Gobierno, asciende a 2.973, contra 1.408 del período del señor Frei.
Excúseme, señora Senadora. Quiero que me dé cifras...
Durante la Administración anterior fueron asentadas 29.976 familias, y en lo que va corrido de este Gobierno, lo han sido 29.510; o sea, ha habido un aumento de 140, 6%.
¿Cuántas son las hectáreas expropiadas?
Le contesto de inmediato.
El señor MORENO.-
Agradezco mucho los datos proporcionados por la señora Senadora, pero quiero dejar establecido lo siguiente.
La ley obliga a un procedimiento bien definido: la creación del asentamiento y, cumplido el plazo de duración de éste, la asignación de la propiedad definitiva a los campesinos. La Unidad Popular le teme a ese procedimiento, y ha pecado por dos caminos.
La UP tiene miedo a mandar la ley que estatifique la agricultura.
Por una parte, no se atreve a modificar la ley de Reforma Agraria y colocar en ella preceptos que le permitan realizar lo que realmente pretende hacer. Si son partidarios de la estatificación de la tierra, que lo digan. Están en su derecho al sustentar ese principio. Nosotros estaremos en profunda discrepancia con ellos, pero les pedimos, por lo menos, que presenten una sola cara frente a los campesinos.
Semanalmente recorro las comunas de las provincias que represento, y soy testigo del drama que está ocurriendo en el agro. Por ejemplo, en la provincia de O’Higgins, el 10 de marzo, el Consejo de la CORA expropió 176 predios agrícolas. No obstante, ese organismo no se ha atrevido a notificar la expropiación en el Diario Oficial. ¿Y ello para qué? Con el objeto de hacer un doble juego: Por una parte, para que el propietario tenga que colocarse de rodillas renunciando a su reserva; y, por la otra aquí se advierte una actitud tan inmoral como aquélla, con la finalidad de que los campesinos no tengan organización legal en la cual ampararse. Porque si no hay toma de posesión del predio, si no se publica la expropiación, se mantiene una situación de absoluta incertidumbre.
Una actitud inmoral.
Recibí el día lunes en la ciudad de Rancagua a un grupo de campesinos de cinco predios de la comuna de San Vicente de TaguaTagua. Ha pasado el mes de mayo y esos campesinos no tienen ni salario ni nada, porque el propietario entregó los predios; le acordaron la reserva, y en la actualidad esos trabajadores no comen. ¿Por qué? Porque la CORA no se hace cargo de la situación, sus funcionarios no visitan a los campesinos. ¿Y cuál es el recado que les mandan? Vengan a la oficina de Rancagua y firmen su ingreso al centro de reforma agraria. Esto equivale a decir renuncien a su derecho a la propiedad.
El campo es la tumba de la UP.
Esa actitud ha levantado presión en todo el país. Y la Unidad Popular sabe que ha cavado su tumba en el campesinado chileno. Porque, contrariamente a lo que algunos creen, el trabajador de la tierra no es una persona ingenua e ignorante a la que se pueda hacer pasto de agitadores políticos. El campesino tiene conciencia de que sus derechos están consagrados en la ley. Durante años luchó para ser propietario, a fin de contar con un pedazo de tierra que le permitiera desarrollarse y crecer en libertad con su familia. Y ahora, cuando creía que lo tenía al alcance de la mano, ¿qué le ha ocurrido? Se lo han arrebatado, porque, con un criterio teorizante que responde a una concepción marxista anquilosada del sistema agrario y que ha fracasado donde se ha puesto en práctica, lo que se busca es la estatificación total de los medios básicos de producción agrícola, para generar una agricultura centralizada, un mecanismo central en que la producción y el usuario dependan directamente del Gobierno.
La teoría de la pera madura.
Anoche lamento que vaya a terminar mi tiempo; pero me referiré a este asunto en una próxima oportunidad fuimos invitados con el Honorable señor Aguirre Doolan al Colegio de Ingenieros Agrónomos para escuchar una exposición del Ministro de Agricultura sobre la reestructuración de los servicios agrícolas. ¿Qué dijo ese Secretario de Estado? Expresando que el Gobierno no quería mandar un proyecto de ley al Congreso, pues aquí se lo podía tramitar, impidiéndosele hacer las destinaciones, los traslados y la reorganización del sector agrícola, agregó que el Ejecutivo era partidario de aplicar la política de la pera madura; o sea, de provocar los hechos, para, una vez maduras las cosas, dictar la ley. Se refería a los acuerdos de El Arrayán, sobre cuya base se desea realizar la mencionada reestructuración. Espero que los acuerdos de la Vía Amarilla, de Lo Curro, no sustituyan a los de El Arrayán.
Pero lo que aquí queda claro es que la Unidad Popular lo digo responsablemente teme al envío de un proyecto de ley al Congreso para dejar constancia escrita de cuál es la forma de organización que pretende para la agricultura y de los beneficios que desea otorgar a los trabajadores de la tierra. Sin embargo, los campesinos ya han tomado conciencia de esta ambigüedad, y por eso hoy día los propios afiliados a los sindicatos pertenecientes al Partido Socialista están renunciando a ellos. Podría citar innumerables casos; pero mencionaré sólo uno, para que quede consignado. Hace 10 días, 80 trabajadores renunciaron al sindicato Manuel González Vilches, de la comuna de San Francisco de Mostazal, porque, respecto de los seis predios expropiados en la zona, los funcionarios de la CORA están presionando a los campesinos para que constituyan centros de reforma agraria y les impiden formar el asentamiento. ¿Qué hicieron los trabajadores? Renunciaron, se mandaron cambiar y se afiliaron a otro sindicato, porque se dieron cuenta de que incluso sus propios dirigentes los habían dejado solos.
Deploro no poder seguir refiriéndome con la extensión necesaria a este problema. Quiero hacer presente que con esta sesión, que convocamos apoyados por el Partido Izquierda Radical, deseamos iniciar el análisis de la situación agrícola y hacer públicos definitivamente estos hechos dramáticos, que, estoy cierto, provocan inquietud a los pequeños y medianos agricultores y que hoy día en el campesino han originado una sensación 3e caos y amargura, porque los trabajadores de la tierra han visto frustradas las esperanzas que abrigaron cuando creyeron tener al alcance de su mano la posibilidad de ser dueños de la tierra que explotan.
Por la escasez de tiempo, dejaré hasta aquí mis observaciones.
Por acuerdo posterior de la Sala, se publica el siguiente extracto del documento cuya inserción solicitó el señor Moreno:
La versión completa de este documento puede ser consultada en la Oficina de Informaciones del Senado.
El señor NOEMI (Presidente accidental).-
A continuación, tiene la palabra la Honorable señora Carrera.
Señor Presidente...
Quiero consultar a la señora Senadora, por intermedio de la Mesa, cuántos minutos aproximadamente durará su intervención.
Señor Senador, yo podría hablar aquí durante dos horas. Sin embargo, constreñiré mis observaciones al tiempo que resta de la sesión.
Quiero dar excusas a la Sala y pedir que se prorrogue la hora...
Para prorrogar la sesión se requiere asentimiento unánime. Pero en este momento es imposible pedir la aquiescencia de la Sala, porque deben estar presentes a lo menos 12 señores Senadores.
Tan sólo quiero plantear al Senado que ésta es una forma de impedir que todos los sectores políticos expresen su opinión sobre la materia.
Así me parece. El Honorable señor Moreno habló hora y media. Encuentro razón al Senador Ochagavía.
Sus Señorías pueden pedir una sesión especial.
Reclamo mi derecho, señor Presidente.
He escuchado atentamente la exposición del Honorable señor Moreno, quien se refirió al caos profundo que habría en el sector agrícola; para ello ocupó una hora 15 minutos. En seguida, durante un cuarto de hora, realizó un análisis acerca de lo que en la actualidad estaría sucediendo en la agricultura.
Desde el momento en que se examina en esa forma el asunto, se puede notar la intención política de derecha del Senador Moreno, quien no se remitió a los problemas específicos derivados de la manera como se está aplicando la reforma agraria, que son muchos, sino que se limitó a tratar de aprovechar políticamente algunas situaciones producidas en el campo, muchas de las cuales son verdaderas.
Ahora bien, si consideramos lo que había sucedido en el agro hasta el instante en que llegó al Gobierno la Unidad Popular, nos podremos explicar muchas cosas. Los campesinos han constituido una clase super explotada, y de ninguna manera perdieron esa condición en tiempos de la Democracia Cristiana, pues las autoridades no favorecían al trabajador de la tierra, sino a los patrones. Hubo una ley de reforma agraria que pudo aplicarse intensamente; sin embargo, se usó en forma ligera y liviana, y muchas veces en connivencia con los empleadores. Eso lo puedo probar en cualquier momento.
¿Me permite una interrupción, señora Senadora?
No, porque dispongo de muy pocos minutos.
Por ejemplo, 60% de las expropiaciones de predios realizadas en la época de Frei se llevaron a cabo de acuerdo con los patrones. Entre ellas, algunas se transaron, en cuanto al precio y la tasación, en las oficinas de La Moneda. Tal es el caso del fundo del Diputado Schleyer, cuyo valor se transó en un alto precio en la oficina de Raúl Troncoso. Tengo pruebas de ello. Por lo tanto, sería conveniente que no me dijeran que estoy usando la imaginación. ¡Esa fue la forma como se llevó adelante la reforma agraria!
Lo del Diputado Schleyer es reciente.
Así es.
Fue en tiernos del señor Troncoso. Sus Señorías pueden pedir el envío de un oficio sobre el particular.
Deseo no ser interrumpida, señor Presidente.
La señora Senadora no desea ser interrumpida.
El interés de los campesinos nunca se tomó en cuenta. Tengo pruebas al respecto. Y sólo bastaría pedir el envío de oficio a la CORA para demostrar que se pidió la expropiación de numerosos predios de las provincias de O’Higgins y Colchagua y que no se obtuvo respuesta alguna del entonces Vicepresidente de ese organismo, a quien tenemos ahora aquí como Senador.
Entre otros, deseo recordar el caso del predio Las Palmas, de La Palmilla. Los campesinos vivían en casas miserables; tres o cuatro familias moraban en algunas de ellas, y en muchas las paredes se estaban derrumbando. Para despertar de alguna manera el interés del entonces Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, señor Moreno, envié un oficio hasta con fotografías de las viviendas con el objeto de demostrar las malas condiciones habitacionales de esos trabajadores, que constituían causal de expropiación. En definitiva, los campesinos no fueron oídos.
Esa manera de aplicar la reforma agraria fue bastante sui géneris.
Por lo demás, las cifras que hemos dado en cuanto a las expropiaciones desmienten lo que aseveró el Honorable señor Moreno. Si se sostiene que sólo pequeños predios de tres hectáreas, de media hectárea, de un cuarto de hectárea, o de 50 hectáreas u 80 hectáreas más al sur han sido tomados y después expropiados, no se habría alcanzado la cifra de expropiaciones que en un año y medio ha logrado este Gobierno.
Deseo recordar que la Administración Frei expropió 1.408 predios; las hectáreas de riego fueron 290.601; las del sector arable, 368.505, y las del sector no arable, 2.905.446. En total, expropió 3.564.552 hectáreas. El número de familias fue de 20.976.
Durante este Gobierno, en el período 19701972, llevamos 2. 973 predios expropiados, con 345.662 hectáreas de riego, 838.453 hectáreas del sector arable y 3.730.717 del sector no arable. En total, 4.914.833 hectáreas.
¿Cuántas son las hectáreas arables de secano?
El señor Senador parece ser más técnico que yo; pero eso no le da derecho a interrumpirme.
El número de familias se ha elevado a 29.510. Sus Señorías comprenderán que es imposible que en predios de media hectárea, de un cuarto de hectárea o de diez hectáreas viva toda esta gente. Por lo tanto, respecto del mecanismo de tomar y expropiar a que se refirió con tanta fruición el Honorable señor Moreno, estas cifras lo desmienten totalmente.
Ahora, en cuanto a porcentajes, durante el Gobierno de la Unidad Popular, si tomamos el 100% de lo que se hizo en la época en que el señor Moreno fue Vicepresidente de la CORA, en año y medio hemos elevado a 211% el número de predios expropiados; a 137,8% la cantidad de hectáreas expropiadas en ese tiempo, y a 140, 6% el número de familias beneficiadas.
En cuanto a las hectáreas por familia, en la Administración Frei fueron de 31, 4, y en tiempos del compañero Allende son de 40,1.
No deseo seguir leyendo cifras, para no confundir mi exposición.
Entre otras cosas, aquí se ha hablado de las asignaciones. Al respecto, el Vicepresidente de la CORA señor Moreno éste es el inconveniente de hablar con personas imaginativas y venenosas debía asignar 568 predios en 1969, y asignó sólo 109; o sea, sólo 19%. De esos 109 predios, 95% se asignó en forma comunitaria por lo tanto, no había propiedad privada, y 14 predios, en forma mixta, como en el valle del Choapa.
En cuanto a las deudas, es conveniente recordar algunas cosas. Sobre el particular, el ex Vicepresidente de la CORA señor Moreno demostró una eficiencia un tanto sui géneris. Recuerdo que en una oportunidad en que tuve la suerte de ser iluminada por la sabiduría del señor Moreno en su oficina, manifestó gran alegría porque estaba recuperando parte de lo prestado a los campesinos. Pero la cantidad recuperada era tan insignificante, que en este momento los asentados tienen una deuda con el Gobierno, con el Estado y con el pueblo chileno de 1.000 millones de escudos.
Aquí tengo algunas cifras relativas al endeudamiento producido en la época en que el señor Moreno fue Vicepresidente de la CORA. El partido que yo represento, el Socialista, hizo un cálculo de lo que estaba costando la reforma agraria del señor Moreno, quien se dio el gusto, a la altura de 1968, de tener una reforma con 12 mil familias asentadas que en ese instante costaban 100 millones de dólares. Se sacó la cuenta dividiéndose el número de dólares por la cantidad de familias asentadas, determinándose un costo de 9 mil dólares por familia, cantidad que en esa época, cambiada oficialmente o en la bolsa negra, habría permitido comprar un predio mediano con animales y maquinarias y posibilitado la producción en forma particular.
Pero ¿en qué se habían gastado esos 100 millones de dólares si hasta ese momento no se hacía ninguna asignación? En efecto, se cumplía en algunas partes el plazo para hacerlas, por ejemplo, en el valle del Choapa, sobre lo cual después contaré una anécdota. Alrededor de 1969, cada familia tenía una deuda con la CORA ascendente a 50 millones de pesos dinero de esa época y contaba con un pequeño predio, una parte en comunidad y otra, de siete u ocho hectáreas, según la zona, que no tenía animales ni maquinaria, aparte que, como no había existido preocupación por realizar algunas obras de regadío, también carecía de agua. En síntesis, esa familia tenía una deuda de 50 millones de pesos y disponía de un terreno pelado, sin animales, ni maquinarias, ni agua.
¡Ese era el estilo de la antigua reforma agraria!
En cuanto a los créditos...
¿Me permite una interrupción?
No.
En cuanto a los créditos...
Señora Senadora, el Honorable señor Moreno le solicita una interrupción.
Es una interrupción muy pequeña, porque no quiero abusar de su tiempo.
Siempre que sea corta, señor Senador, porque su intervención duró hora y media, y yo apenas dispongo de 45 minutos.
El señor MORENO.-
Excúseme, Honorable colega, no sabía que la señora Senadora intervendría. Le agradezco la interrupción.
Sólo quiero citar a Su Señoría dos hechos.
Con relación a las deudas de la CORA, tengo la versión de una entrevista hecha el 20 de mayo al señor Ministro de Agricultura, en la cual el señor Chonchol declara que las deudas de los asentados que la Unidad Popular encontró al hacerse cargo del Gobierno ascendían a 270 millones. Dicho antecedente figura en una grabación especial de la intervención del señor Ministro de Agricultura en el programa Entrevistas de la audición transmitida por Radio Minería el día 20 de mayo.
Señor Presidente, prefiero que el señor Senador reserve esos datos para una próxima sesión en que pueda hablar sobre ese tema. De lo contrario van a terminar mis cuarenta y cinco minutos, en circunstancias de que Su Señoría ha hablado ya durante noventa y ocho.
Voy a terminar la interrupción que me concedió Su Señoría.
En todo caso, le haré llegar una copia del documento a que me refiero.
Los datos enviados por el Banco del Estado a la Oficina de Informaciones guardan relación con los créditos agrícolas integrados que se otorgan a los campesinos del área reformada, de acuerdo con el nuevo sistema de la CORA, desde el 1º de mayo de 1971. De 1.146 millones de escudos que se prestaron, sólo se han recuperado, según el Banco del Estado, 150 millones, y por concepto de tales operaciones, los campesinos que están manejados por el Gobierno en el sistema del área reformada de CORA, deben, según el propio Banco del Estado, 996 millones de escudos.
Voy a hacerle llegar el documento, para que la señora Senadora lo vea.
La señora CARRERA.-
Esas deudas, que a mi juicio deben ser recuperadas, no disculpan en absoluto a la antigua Administración, que al terminar su período debió entregar las cosas en orden.
En la Primera Zona, el señor Moreno recuperó 31.450 escudos de los 2.297.697 escudos prestados; en la Segunda Zona, 16.206 escudos de 32 millones 791.875 escudos, lo que corresponde a 49% de recuperación. O sea, aquí el señor Moreno anduvo bien. En la Tercera Zona, del total prestado recuperó 16%. En la Cuarta Zona, 40%. En esta región obtuvo mejores resultados. En la Quinta Zona recuperó 47%.
Señor Presidente, no dispongo de muchos minutos. En todo caso, voy a revisar estos datos y en una próxima reunión del Senado daré a conocer todas las cifras.
Por otra parte, tenemos interés en que la reforma agraria avance, a fin de que mayor número de familias mejor dicho, todas resulte favorecido. Por eso, estamos impulsando los centros de reforma agraria: porque agrupan predios, trabajan en ellos más familias, aumenta la productividad (de ello parecen ser enemigos algunos antiguos funcionarios), reina más orden y, además, los integran jóvenes y mujeres.
En tiempos pasados, la formación de cualquier asentamiento significaba que, de ciento o doscientos trabajadores, sólo treinta o veinticinco se mantenían en labores. Por ejemplo, en la época del señor Moreno los trabajadores del asentamiento Yáquil, de Colchagua, en el cual laboraban hasta 400 campesinos, se redujeron a 25 y el resto quedó cesante. La antigua reforma agraria era una fábrica de cesantes del agro, y mucha gente que ahora no tiene qué comer fueron víctimas de esa política.
También nos interesa realizar las expropiaciones porque los campesinos necesitan la tierra, y no sólo por el gasto histórico que ello significa.
Asimismo, quiero recordar algunos otros aspectos sobre este problema, por ejemplo las finanzas de la CORA. No podré extenderme sobre el particular, porque desgraciadamente es breve el tiempo de que dispongo. En todo caso, podemos decir que cuando descubrimos que cada asentado costaba 9 mil dólares, también comprobamos que los gastos de administración de CORA ascendían a 300% o más que lo invertido en beneficio de los campesinos. Al respecto, solicito enviar oficio, en mi nombre, para conocer el monto de los gastos de administración de la CORA en los años 1968 y 1969 en los predios expropiados. En virtud de ese antecedente, nos podremos dar cuenta de que esos gastos eran dos, tres y cuatro veces superiores a los que se hicieron en beneficio directo de los campesinos.
¿A quién desea enviar el oficio, señora Senadora?
A la CORA o al señor Ministro de Agricultura.
Que se incluya mi nombre en ese oficio.
Por no haber quórum, quedará para ser votado en la sesión ordinaria de la tarde el oficio pedido por Su Señoría.
En el Gobierno anterior los campesinos no recibían créditos en abundancia. Lamentablemente, no dispongo aquí de las cifras exactas sobre la materia; no pudimos prepararnos adecuadamente para esta sesión debido a que tuvimos conocimiento muy tarde de su citación. Pero ya en esa época hice una denuncia en el Senado al respecto: el 95% de los créditos otorgados al sector agrícola los concedidos por bancos particulares, por el Banco del Estado y la CORFO, aun cuando se conocía exactamente sólo el monto de lo prestado por estos dos últimos organismos benefició durante gran parte del Gobierno del señor Frei a los latifundistas. Después, con gran esfuerzo, se aumentó a 15% el monto de créditos otorgados por CORA e INDAP. Formulamos esta denuncia oportunamente, como con seguridad lo recuerdan numerosas personas.
En cuanto a la forma como se llevó a cabo la reforma agraria, Sus Señorías deben de recordar que en esta Sala denunciamos que CORA no elaboraba balances ni desarrollaba funciones productivas. Nadie se preocupaba de la producción; no había personal para ello ni para asistencia técnica. Esta última no existía.
¿Ahora hay balances en la CORA?
Sí, señor Señor Senador. Y también hay control sobre sus funciones.
Yo podría pedir que se envíen, en mi nombre, los balances de CORA.
Si Su Señoría me acompaña, podríamos solicitar oficios y más oficios.
Estoy escuchando las críticas de la señora Senadora, que son iguales a las que hacía la Derecha, especialmente los señores García y Ochagavía.
Esas críticas las formulé oportunamente. Me extraña que Sus Señorías pretendan que yo no pueda hacer críticas objetivas iguales a las de la Derecha. Sin embargo, nada dicen por el hecho de que el señor Moreno, antes presunto enemigo de la Derecha en realidad, como hemos visto, se ponía de acuerdo con ella para expropiar, ahora sea íntimo amigo de ese sector político. Se pasean del brazo e, incluso, la Derecha vota por él en una elección complementaria en las provincias de O’Higgins y Colchagua. A nuestro juicio, ello no deja de ser una ratificación del concepto que siempre hemos tenido del señor Moreno, que anda con la Derecha por todas partes, que es uno de sus adalides y que la representa bastante mejor que a algunos otros sectores de la Democracia Cristiana. Por lo expuesto, llegamos a la conclusión de que nuestros análisis políticos de la gestión del señor Moreno tenían fundamentos serios y demostraron la realidad, porque una persona puede disfrazarse de demagogo, pero el tiempo revela su real posición política.
Nosotros no votamos por el señor Moreno en esa elección: votamos por la libertad y contra el marxismo, lo que es muy distinto. El señor Moreno enarboló esa bandera.
Digamos las cosas como son.
Pero ¿por qué les costó tanto?
Es muy raro, porque aquí, aunque no se vota por la libertad, veo siempre al señor Moreno votando en igual forma que Su Señoría. Más aún, muchas veces sectores de la Democracia Cristiana no votan como el señor Moreno, y éste siempre lo hace a favor de las posiciones más reaccionarias, igual que usted y junto a usted.
También tuve el gusto de ir a conversar con el señor Moreno cuando se desempeñaba como Vicepresidente de la CORA, a propósito de las construcciones en los asentamientos, que durante un tiempo se realizaron por administración. Muchos de los obreros de la construcción que laboraban en esas obras y que vivían en la zona que represento comenzaron a preocuparse y alarmarse porque carecían de trabajo. Incluso, los compañeros venían a decirnos que les estaban pagando a pesar de no tener labores que realizar, por lo cual pensaban que a muy corto plazo los iban a despedir. El señor Moreno alcanzó a despedir no dispongo de la cifra exacta a cerca de 350 obreros.
Tuve oportunidad de conversar con el señor Moreno, quien descubrió que la construcción de casas por administración resultaba más cara que la realizada por una firma particular. Pues bien, la responsabilidad de construir tales viviendas se entregó a empresas privadas. Tampoco el señor Moreno tuvo buen tino en esta materia: las habitaciones resultaron más caras.
Pido enviar un oficio para que se nos informe acerca del monto en que subió la construcción de tales casas durante la gestión del señor Moreno, cuando esas obras dejaron de realizarse por administración y se entregaron a firmas particulares.
Sobre la materia, se suscitó un pequeño incidente en el desgraciado valle del Choapa. Los campesinos que allí habitaban debían 50 millones de pesos en 1968 por un predio pelado, sin animales, maquinarias, ni siquiera agua. Todavía más: los campesinos estaban disgustados me consta, porque muchas veces conversé con ellos, porque no querían separarse de sus antiguas casas. Pues bien, en el valle del Choapa se construyeron villorrios. Algunos no sé cuántos, porque no tengo la nómina completa fueron construidos por la firma de Pedro Pablo Errázuriz, no recuerdo bien si en Taihuén, en El Tambo o en otro asentamiento. Pues bien, de las viviendas construidas por este señor a petición del Senador Moreno, entonces Vicepresidente de la CORA, se cayó el 90% en el último terremoto. Hasta el momento, el costo de la reconstrucción de esas viviendas asciende a 400 millones de escudos. ¿A quién le cobraremos esa suma? Como digo, todas esas casas mal construidas se derrumbaron, porque el 10% que no cayó quedó inhabitable.
¿Y las demás casas quedaron en pie?
A las que estaban bien construidas no les pasó nada.
Reitero: todas las viviendas construidas por esa firma resultaron destruidas, y no sólo en el valle del Choapa, sino también en Quillota y en otras partes.
¿A quién cobramos los 400 millones de escudos que el Estado tiene que gastar hasta el momento para reconstruir esas viviendas? Como dije, tales villorrios se levantaron con absoluto desacuerdo de los campesinos, que no deseaban ese tipo de viviendas o de villorrios. En varias oportunidades conversé con ellos y me expresaron que bastaba arreglar las casas que en ese momento ocupaban. Es decir, solicitaban que se les otorgaran los recursos necesarios para repararlas y manifestaban que era innecesaria la construcción de villorrios. Pero las obras se efectuaron aun contra la opinión de los campesinos. Lamentablemente, las casas eran chicas y los campesinos reclamaron porque carecían de lugares apropiados para guardar sus cosechas y porque debían habitar juntos, en circunstancias de que a ellos les gustaba vivir separados. A pesar de todas estas objeciones, como no se tomaba en cuenta la opinión de los campesinos para hacer las cosas, tales villorrios se construyeron, se cambió el sistema de construcción por administración y se entregó la edificación a una firma particular; se elevó el precio del metro cuadrado; y aún más, todas las viviendas resultaron destruidas a raíz del último sismo. ¿A quién se puede reclamar por esto? Sólo nos cabe solicitar el envío de un modesto oficio, para que la posteridad conozca estos hechos por la lectura de las versiones del Senado.
¿A quién desea enviar el oficio, señora Senadora?
Al organismo correspondiente.
El señor Secretario me puede ayudar en esta materia.
Al Ministro de Agricultura.
Muy bien.
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado al señor Ministro de Agricultura, en nombre de la señora Senadora...
Que también se envíe en mi nombre, con el agregado de que se informe acerca del grado de intensidad del terremoto.
... y en el del Honorable señor Moreno.
Por no haber número en la Sala, la petición de Su Señoría quedará para ser votada en la sesión ordinaria de la tarde.
También podríamos solicitar el envío de un oficio respecto de la calidad de la construcción realizada por la firma de Pedro Pablo Errázuriz, porque, en el fondo, eso es lo que estamos discutiendo. De esa manera podremos conocer el costo y la calidad de tales obras, las que, seguramente, con el terremoto se pudo probar bastante bien.
El señor MORENO.- Que también se pida al Colegio de Arquitectos.
Y al Ministerio de Obras Públicas.
También queda para la sesión de la tarde la petición de la señora Senadora.
Pareciera que el oficio lo ha pedido el Honorable señor Moreno.
Tiene el derecho democrático de defenderse.
Quiero acompañar a la señora Senadora en todos los oficios que pida.
Quisiera aclarar varios aspectos del discurso del Honorable señor Moreno.
Estimamos que subsisten problemas graves en el campo y que la demagogia de algunos sectores ha confundido a los campesinos. Pero también sabemos que hay etapas para la comprensión de determinadas políticas, y nosotros queremos y defendemos una política para todo el campesinado. No queremos producir cesantes. Deseamos también que la mujer campesina se integre a la producción y a la toma de determinaciones, las que por último recaen sobre ella. Ansiamos que esa mujer pueda discutir, porque, a nuestro juicio, no es una persona de segunda clase. Por estas razones, los CERA incorporan a las asambleas a las mujeres y a los jóvenes campesinos mayores de 16 años.
Los CERA son agrupaciones de varios predios en los que se intenta aumentar la productividad y profundizar su técnica. A nuestro juicio, deben ser centros altamente tecnificados, que propendan al beneficio de todos.
Es natural que, por tratarse de ideas nuevas, se los ataque fácilmente y que se lleve a la confusión a los campesinos, al extremo de que ellos mismos expresen su disgusto con los centros de reforma agraria; sobre todo cuando agentes enemigos del progreso y del interés de los trabajadores del campo, por un frío cálculo político, intentan desorientarlos.
Por consiguiente, tenemos claro que hemos perdido en muchas partes la comprensión del campesinado, a pesar de haber luchado por su causa durante mucho tiempo y de que no entiende el alcance de los CERA. Si es así, no tendremos problema en descender a una etapa inferior. A nuestro juicio, lo podemos hacer. Veremos la mejor manera de llevar a la práctica nuestras ideas, no obstante que ya existen 25 centros de reforma agraria y que los campesinos pertenecientes a ellos están contentos, han aumentado la producción y han tenido real participación, pues sus mujeres y los jóvenes integran la dirección de los centros.
Tenemos tanta fe en los trabajadores del agro que hemos impulsado también los consejos comunales campesinos, elegidos por la base. ¿Qué significa esto? Que todos los campesinos tienen derecho a opinar. Sin embargo, algunos sectores opinan que no se les da participación. ¿A quiénes se elige? ¿Sólo a los miembros de la Unidad Popular? No, señor Presidente. Se elige a quienes merecen la confianza de sus compañeros, pertenezcan a los sindicatos y cooperativas o no. Pensamos que todavía nos hemos quedado cortos y que deben dárseles muchas más atribuciones y real poder.
Si se hubiera formulado alguna crítica en este sentido, me habría considerado satisfecha, porque se trataría de opiniones constructivas e interesadas en el proceso que se desarrolla en el campo. Sin embargo, no ha sido así.
En lugar de ello, se han citado casos aislados y se ha dicho que las tomas constituyen el sistema de expropiación y de hacer avanzar la reforma agraria. Esto no es efectivo. Las cifras que di demuestran que es imposible que se haya efectuado la reforma agraria con la toma de pequeños predios, como aseguraba el Honorable señor Moreno. Ello no es así, y solicito también tomaré las precauciones necesarias para que la información se suministre rápidamente que se nos envíen antecedentes sobre cuántos de los predios tomados por diferentes personas se han expropiado después. De esta manera reafirmo la petición del señor Senador.
Ahora bien, ¿por qué existe inquietud en el campo? Por muchas razones. Los patrones no se han quedado tranquilos; no creen en la ley de Reforma Agraria y se arman, pero no contra desconocidos ni contra el MIR, que podrían tomarles sus predios. Tampoco se trata de pequeños propietarios de 20, 30, 40 o 50 hectáreas, sino de grandes latifundistas. Estos se encuentran en una actitud sediciosa, y sabemos, como todo el mundo, que contrabandean armamentos desde Argentina y se hallan armados. Esto lo saben los campesinos.
¿Cómo pueden decir eso ustedes, que han terminado con los latifundios?
¡Deje hablar, señor Senador!
Lo que anota el Honorable señor Ochagavía es muy interesante.
Creemos que no hemos terminado con los latifundios.
¿Cuántos quedan?
La señora CARRERA.- Quedan muchos. En esto hay, además, una pequeña trampa, que había olvidado mencionar. ¡Qué bueno que me la haya recordado el Honorable señor Ochagavía! Me refiero a la trampita de la tabla de conversiones. Como se sabe muy bien, la tabla de conversiones no se elaboró en forma científica. Fue condicionada a varios requisitos. Alguna gente que trabaja en CORA y que tenía predios constituyó una fuente de presión. Debido a ello, a muchas tierras, aunque fueran buenas, se las calificó de malas. Uno se encuentra de repente con excelentes tierras y no atina a comprender por qué fueron mal calificadas.
Por otra parte, también existió la presión de un país extranjero, que se interesaba mucho al respecto y tenía razones para pedir estas cosas con fuerza, a fin de que en el Sur la tabla de conversión fuera totalmente acientífica.
¿Qué país, señora Senadora?
Alemania Occidental.
¿Esa nación presionó al Gobierno chileno?
Sí, señor Senador.
¿De dónde sacó eso Su Señoría?
Sólo he contestado porque me conminó a ello. No tengo pruebas, pero tampoco puedo quedarme callada. Si las buscáramos, tal vez las hallaríamos, porque hay gente muy deslenguada, que habla mucho.
La Democracia Cristiana alemana tenía mucho interés en que los alemanes del Sur no tuvieran una tabla de conversión como correspondía. Por eso se ve que allá, donde con 130 hectáreas puede vivir una familia, las 80 hectáreas básicas corresponden a 500 o 600 hectáreas. Las 80 hectáreas de riego básicos del valle del Maipo corresponden a 500 hectáreas ó 600 hectáreas. Y eso no es mediana propiedad: es latifundio.
Agradezco, pues, al Honorable señor Ochagavía haberme recordado lo concerniente a la cabida de los predios, porque, a pesar de estar consciente de que tal situación debe modificarse, en mi intervención lo había olvidado.
¿Me permite una interrupción, señora Senadora?
Siempre que sea corta.
El señor OCHAGAVIA.-
Sólo quiero decir a Su Señoría, respecto de la tabla de equivalencias y de su eficacia con relación al tamaño de la propiedad, que en Europa y en los países donde ha habido procesos de reforma agraria se da la situación inversa a la planteada por la señora Senadora: la tendencia es al reagrupamiento de la propiedad, para constituir un predio mayor, porque resulta más eficiente y económico y, por lo tanto, cumple mejor no las funciones de tipo social consistentes en extender la propiedad, sino las económicas.
Debo recordar a la señora Senadora que en estos momentos las importaciones de alimentos en Chile llegan a 400 millones de dólares. Creo que lo relativo a esta materia Su Señoría no lo ha planteado. Y, a mi juicio, es importante que la Honorable señora Carrera lleve sus observaciones a este terreno, porque lo tocante a la reforma agraria no sólo es un problema social o, político, sino también económico. Chile está siendo víctima de un desabastecimiento que el propio Jefe del Estado ha reconocido. Entonces, la independencia económica nacional es una parodia, pues al país le cuesta 400 millones de dólares importar alimentos que podríamos producir. Por eso, lamento que Su Señoría se lance en un terreno excluyente de una materia tan importante como la que estoy señalando.
La señora
CARRERA.-
Agradezco nuevamente al Honorable señor Ochagavía que me recuerde cosas. En realidad, la ayuda de Su Señoría es inapreciable. Ahora ha dicho algo que es muy cierto: que a mayor extensión, se puede cultivar mejor, porque se puede aplicar tecnología, realizar cultivos extensivos y aumentar enormemente la productividad. ¡Por eso precisamente hemos inventado los CERA, señor Senador!
Reconoció que son inventos. Eso es importante.
Los centros de reforma agraria son predios reformados que se unen, pero no bajo el mando de un patrón, para que se lleve la plusvalía,...
Ahora son los funcionarios socialistas y comunistas.
... sino de los campesinos y el pueblo en su conjunto, por más que trate de ironizar, señor Senador, ya que es natural que su posición sea derechista.
Los centros de reforma agraria tienen los siguientes propósitos: refundir los predios expropiados para obtener grandes unidades productivas y agrupar a las pequeñas poblaciones de campesinos y sus familias hasta hoy diseminados separadamente en cada predio; asegurar a todos los campesinos existentes en los predios al momento de la expropiación, el derecho a permanecer en los mismos y trabajar en la nueva organización; incorporar, por primera vez en Chile y con iguales derechos, a las mujeres; admitir con los mismos derechos que sus padres, a todos los hijos mayores de 16 años; proporcionar un nivel de vida superior a los campesinos, mediante una remuneración fijada según normas de trabajo e incrementada con incentivos sobre la producción física; absorber paulatina pero rápidamente la cesantía, gracias al aprovechamiento intensivo de todas las tierras, a la planificación con plena participación campesina y a la industrialización agropecuaria; ejecutar masivamente policlínicas, escuelas, obras de cultura y recreación, equipamiento y bienestar social y crear un fondo de inversión interna y de desarrollo comunal.
Hasta el momento hay 25 centros de reforma agraria, que cubren una superficie de 51.051 hectáreas, de las cuales 5.624 son de riego; 7.734 de secano arable y 37.691 de secano no arable. Son miembros de los centros de reforma agraria siete mil personas, entre campesinos, sus mujeres y sus hijos mayores de 16 años, de ambos sexos, que en total corresponden a 1.060 familias.
Creemos que ésta es una gran solución y que realmente beneficia a los campesinos; pero se la ha atacado en forma inmisericorde. Estamos dispuestos a discutir con los trabajadores agrícolas si todavía no han llegado a comprender este tipo de soluciones.
No quisiera dejar de referirme a la inquietud que existe en el campo, materia que había empezado a abordar.
Hay inquietud, en primer lugar, porque los patrones no aceptan la ley y realizan toda clase de movimientos, que los campesinos ven y nos denuncian y que nosotros, a nuestra vez, denunciamos a Investigaciones. Esos movimientos no son fáciles de descubrir. Se llevan a la práctica con habilidad. La burguesía agraria ha demostrado para este tipo de actividades gran destreza, que no usa por desgracia para aumentar nuestra economía agrícola y producir lo que corresponde.
Ahora, ¿qué otras cosas hacen en el campo los patrones? Imputan supuestos robos a los dirigentes sindicales y los mandan a la cárcel por tal motivo. Muchas veces los compañeros pueden probar que tales actos no han existido; pero en otras ocasiones les resulta imposible demostrar que se trata de calumnias, sobre todo si no cuentan con la asesoría de abogados.
En otras partes, los patrones provocan conflictos laborales al elevar los salarios solamente de un grupo de campesinos, a quienes convencen de que son buenos patrones, en circunstancias de que antes existía unanimidad para considerarlos pésimos. Sin embargo, con tales procedimientos ponen a unos campesinos en contra de otros.
Sobre la materia, pido dirigir oficio al señor Ministro del Interior, con el objeto de que nos indique el número de predios tomados por los campesinos, en defensa del patrón, por hallarse mejor pagados. Con ese sistema, durante las retomas enfrentan a los campesinos entre sí, agrupados en un bando los que defienden su derecho a tener una fuente de trabajo. Por esta razón, reitero mi petición de oficio al señor Ministro del Interior, a fin de que nos informe acerca del número de las auto-tomas: sólo de las que se han podido probar, porque muchas de ellas no se han verificado.
Además, los patrones desmantelan los fundos. ¿Cómo proceden los campesinos cuando advierten que se empieza a desmantelar un predio que va a ser expropiado; cuando se sacan las máquinas y los animales se contrabandean a Argentina o se venden en ferias o privadamente? ¿Qué hace un campesino cuando ve con sus propios ojos cómo se desmantela un fundo? En realidad, es una provocación de parte de los patrones. Aquí se habla mucho de las tomas; pero no se habla de las causas de ellas ni de cómo los patrones provocan a los campesinos, arrastrándolos, en muchos casos, a este tipo de situaciones.
También hay destrucción de cultivos y de maquinarias.
Le pido una interrupción para anotar algo muy breve.
Le pido excusas por no dársela, porque sólo me restan seis minutos. Aunque el señor Senador puede dejar sus observaciones para la próxima sesión.
Se ha visto la destrucción de cultivos y maquinarias. En muchas oportunidades los patrones prefieren destruir los cultivos antes que queden en manos de los campesinos.
Asimismo, dejan hectáreas y más hectáreas sin sembrar.
Todo eso lleva a los campesinos, a no ser que tengan una conciencia muy alta, a tomarse los predios. Pero de ello no se habla aquí. Ninguno de los señores Senadores que en reiteradas oportunidades ha hablado aquí sobre este asunto ha hecho mención de este tipo de provocaciones, organizadas y permanentes.
Señora Senadora, aumentó el área sembrada en el sector privado, y disminuyó en el sector sometido a la reforma. Ruego a Su Señoría que, con la venia de la Mesa, me conteste este punto, que figura precisamente en los datos del Mensaje.
La señora Senadora no desea ser interrumpida.
Si es como el Honorable señor García expresa, quiere decir que la política agraria del Gobierno es buena.
Pero lo que afirma la señora Senadora se contradice con eso. Su Señoría manifiesta que habría boicot.
No puedo tener en la mente los datos estadísticos de todo Chile, ni tampoco puedo conocer toda la realidad con mis ojos. Pero sé que en las provincias que represento ha habido disminución de la siembra en muchos sectores, especialmente en la costa. Así lo han denunciado los campesinos.
Entre algunos de los puntos que se han abordado en esta oportunidad no se enfocó todo el problema agrario, puesto que se anunció que continuará el análisis en otras sesiones, está el de las asignaciones. Ya he demostrado que las asignaciones durante el Gobierno del Presidente Frei fueron insignificantes. Las cifras respectivas ya se entregaron.
Además, se habló de lo relativo a los asentamientos. Al respecto, recuerdo muy bien claro que no con cifras exactas cómo nos lamentábamos de que se dejaran los predios abandonados y no se formaran los asentamientos, a pesar de que transcurrían meses y meses.
Se denunció en esta Corporación que el acceso al crédito era inadecuado. En el Gobierno anterior, en 1969, apenas si contaba con créditos el 70% de los predios de los que se había tomado posesión. En cambio ahora, no obstante lo que se dice, resulta que el ciento por ciento de los predios de los cuales se ha tomado posesión recibe créditos. ¡La totalidad, el ciento por ciento!
Recuerdo, también, cómo durante la Administración pasada en más de una oportunidad debí manifestar el desagrado y la desesperación de los campesinos por el hecho de no pagárseles los anticipos. De memoria, porque no he revisado ningún documento, puedo citar casos de asentamientos de Colchagua que debieron sostenerse durante meses sin anticipo. Tenemos el caso concreto del asentamiento Santa Valentina, que permaneció tres meses sin contar con los recursos que debía proporcionarle la CORA. Los campesinos, prácticamente, estaban nutriéndose de hambre. Formulé el redamo correspondiente por escrito. Quise hacerlo personalmente; pero, por desgracia, el señor Moreno, entonces Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, no tuvo la amabilidad de concederme una entrevista. Por eso, debí plantear el problema por escrito.
Es descortés el Honorable colega.
¡No! Lo que sucede es que no tenía qué contestar.
El ataque a los CERA, que no sólo se plantea en el Senado, sino en diferentes tribunas, se debe a que realmente estos organismos constituyen una solución para los campesinos.
¿Están autorizados en la ley, señora Senadora?
Existen en la ley, señor Senador.
¿En qué artículo? ¿Podría decirlo?
No puedo decírselo en este momento, señor Senador, pero no tengo el menor inconveniente en traerle en otra oportunidad la opinión de nuestros técnicos legales. En todo caso, existan o no en la ley sé que existen, lo cierto es que constituyen una buena solución para los campesinos, pues comprenden fórmulas técnicas de cultivo intensivo y extensivo. En resumen, son una solución social para los campesinos; y por eso se trata de desprestigiarlos: por permitir una forma de participación amplia y efectiva de los trabajadores agrícolas.
¿Me permite una interrupción, señora Senadora?
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de la interrupción el señor Senador.
Creo que valdría la pena analizar en la próxima sesión el aspecto que está tocando la Honorable señora Carrera, en cuanto a la participación de los campesinos. Creo que aun cuando haya un sector que rechace absolutamente la idea de crear los CERA, lo que importa es que el legislador, particularmente quienes han actuado con relación a los problemas del agro o de la política agraria, emitan su opinión sobre la idea básica, máxime si contiene un gran germen de participación. Pienso que estos organismos lo contienen.
Los campesinos se oponen cerradamente a ellos, señor Senador.
No debe criticárselos tan tajantemente. La idea en sí misma, más allá de las imperfecciones que pueda tener creo que las tiene, es digna de analizarse en la próxima sesión, al igual que otros aspectos de la política agraria. Estimo que el éxito en cualquier empresa política, sobre todo en las de gran alcance social, debe basarse en la plena participación del pueblo. Si eso no se logra, la idea resulta imperfecta.
Gracias por la interrupción, Honorable colega.
Por haber llegado el término de la hora, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13.30.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.
ANEXOS.
DOCUMENTOS.
1.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA LAS OCUPACIONES ILEGALES DE INMUEBLES.
El Gobierno ha resuelto formular observaciones al proyecto que sanciona las ocupaciones ilegales de ciertos inmuebles, con el objeto de restablecer el espíritu originario del mensaje que fue remitido al Honorable Senado.
La mayor parte de las adiciones o modificaciones que se le hicieron en el curso del debate parlamentario, iban orientadas a exagerar el rigor y drasticidad de las disposiciones propuestas en el mensaje, más allá de lo que aconseja una razonable política criminal, habida cuenta de la relación que debe existir entre los distintos bienes jurídicos merecedores de tutela penal.
Esta exageración llega al extremo de consagrar una especie de muerte civil para el campesino que comete esta clase de delito, pues además de la sanción correspondiente al hecho punible, quedaría prácticamente impedido de trabajar la tierra.
Por otra parte, las reformas procesales propuestas en el proyecto son de tal naturaleza que hacen ilusorio el derecho de defensa del inculpado y, lo que es más grave, incluye en el texto legal inconvenientes conminatorios de tipo disciplinario en contra de los magistrados.
Respecto de la sustitución que se propone al inciso primero del artículo 1° cabe señalar que ella tiene por finalidad guardar la armonía de nuestro sistema penal, en el cual no es dable que conductas accesorias tengan mayor penalidad que las principales, a no mediar condiciones especiales y excepcionales que así lo aconsejen. Dichas razones que fundan la agravación, sea en el mayor daño social, sea en la mayor reprochabilidad de los motivos, fueron suprimidas en el texto aprobado por el Congreso Nacional, de tal modo que pasa a ser la sola actividad, por ejemplo de los instigadores en cuanto tales, esto es, de quienes no son siquiera autores, sino considerados así por la ley, base suficiente para recibir una pena muy superior a la de los ejecutores del hecho instigado.
En lo que concierne a la supresión que se hace del inciso 2º, lo cierto es que el texto, de ninguna significación práctica, podría dar lugar a confusiones en la determinación de su real alcance. Se introdujo dicha disposición porque se pensaba que el ánimo de apropiarse del bien usurpado era un requisito esencial para la configuración del delito, pero hay que concluir que este problema se discute en la doctrina penal y que sobre la materia existen puntos de vista contrapuestos y que, por ende, es recomendable dejar a la jurisprudencia la solución de este conflicto doctrinario.
La agravante del inciso final del artículo 1º no se justifica ya que ella está prevista, en términos generales, por el artículo 12 Nº 8 del mismo Código. Por lo demás, el nuevo artículo 458 bis es ya una forma de agravación respecto del tipo legal de usurpación, de manera que este último inciso sería una especie de agravante de una figura agravada. Las demás observaciones supresivas ya se han explicado. En lo que se refiere al añadido de la usurpación a los casos del artículo 18 del Código de Procedimiento Penal, que se contenía en el texto primitivo del Mensaje y también, por lo demás, en el referido Código hasta una de sus recientes reformas, es preciso señalar que tiene por objeto, junto a una clara delimitación del ámbito de responsabilidad del titular del bien jurídico lesionado y el de la autoridad llamada a tutelarlo cuando la acción penal se ha puesto definitivamente en movimiento, también la utilidad no desdeñable de que el afectado pueda sentirse dispuesto a ejercer su facultad de desistirse de la acción si los hechores se allanan a restituir el inmueble usurpado, lo que ayudaría muchas veces a resolver conflictos complejos o peligrosos.
Finalmente se propone sustituir el artículo 4º por otra disposición en la cual se considerare necesario para la configuración del delito tanto la malicia en la negativa como en la dilación en el cumplimiento de la obligación legal que tienen los empleados públicos de otorgar amparo y protección a los afectados por el delito de usurpación. Asimismo, en la disposición sustitutiva que se propone, se asimila esta figura delictiva al artículo 256 del Código Penal añadiéndole un inciso 2º.
Por lo cual, vengo en proponer las siguientes observaciones a este proyecto de ley.
1.- Sustituyese el inciso 1º del artículo 1º por el siguiente:
Artículo 458 bis.- Si en los casos de los dos artículos anteriores se tratare de ocupaciones de predios rústicos o de inmuebles destinados a la habitación, construidos o en proceso de construcción o de urbanización, perpetradas por grupos de personas, se impondrá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio a los que induzcan a los ocupantes, promuevan la ocupación o su mantenimiento y a los cabecillas principales de ésta, siempre que el hecho tuviere caracteres de especial gravedad, sea por el daño o la alarma social causados, sea por el ánimo de enriquecimiento u otro motivo antisocial, lo que apreciará prudencialmente el Juez.
2.- Suprímese el inciso 2º del artículo 1º.
3.- Suprímese el inciso final del artículo 1º.
4.- Suprímese el artículo 2º.
5. Sustituyese el artículo 4º por el siguiente:
Artículo 4º.- Agrégase el siguiente inciso 2º al artículo 256 del Código Penal:
Igual sanción aumentada en un grado se aplicará a los empleados públicos que estando legalmente obligados a otorgar amparo y protección a los afectados por los delitos sancionados en el párrafo sexto del Título noveno de este Código, maliciosamente lo negaren o dilataren.
6.- Suprímese el artículo 5º.
7.- Agrégase el siguiente número 12 al artículo 18 del Código de Procedimiento Penal:
12. La usurpación sancionada en los artículos 457, 458 y 458 bis del Código Penal.
En conformidad al artículo 53 de la Constitución Política del Estado, devuelvo en consecuencia a ese Honorable Congreso Nacional, el proyecto de ley de la referencia, que se contiene en el Oficio 12907, de 24 de abril de 1972.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Jorge Tapia Valdés.
2.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE FACULTA A LA JUNTA DE ADELANTO DE ARICA PARA CONSTITUIR SOCIEDADES.
Con oficio Nº 12.964, de 27 de abril ppdo., el señor Presidente se sirvió comunicarme el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica las normas legales que rigen a la Junta de Adelanto de Arica.
En uso de las atribuciones que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, cúmpleme devolver a usted el referido proyecto con las observaciones que me merece.
Artículo 1º
Su inciso primero pasa a ser artículo 1º, con la siguiente enmienda: Intercalar, entre las palabras fines, y constituya la siguiente frase y previo informe de la Corporación de Fomento de la Producción. Su inciso segundo pasa a ser artículo 2°, sin modificaciones.
Artículo 2º
Suprimirlo.
Artículo 3º
Suprimir los incisos segundo y tercero.
Artículo 4º
Suprimir la letra a).
En la letra b), que pasa a ser a), eliminar la frase final designándose a quien obtenga la primera mayoría.
Agregarle las siguientes letras b) y c) nuevas:
b) Sustitúyese el acápite que dice: De un representante de los empleados particulares de Arica, designado por la Confederación de Empleados Particulares, y, por el siguiente: De un representante de la Confederación de Empleados Particulares de Arica, afiliada a la Confederación de Empleados Particulares de Chile.
c) Intercálase, al final del inciso primero, el siguiente acápite: De un representante de las Juntas de Vecinos y Centros de Madres; uno en representación de los deportistas, y otro en representación de los estudiantes. La elección se hará por votación directa y secreta y participarán en ella las personas registradas en los respectivos organismos. El Reglamento determinará la forma como debe procederse a la elección de cada consejero.
Artículo 5º
Suprimirlo.
Artículo 6º
Eliminar las palabras o funcionarios.
Artículo 7º
En el inciso tercero sustituir la frase en el siguiente caso, cuando concurran copulativamente los siguientes requisitos: por la que sigue: en los siguientes casos:
Artículo 9º
Reemplazarlo por el siguiente:
Artículo 9º.- La Junta de Adelanto de Arica podrá financiar y ordenar la construcción de las obras necesarias para atender los controles camineros, la fiscalización aduanera, el patrullaje y actividad policial, los controles sanitarios de cualquier índole, la promoción de la actividad turística y la seguridad y comodidad de los pasajeros, tanto en el Sector de Cuya, del Departamento de Pisagua, como en los lugares fronterizos del Departamento de Arica. Esta autorización comprende, además, la dotación de elementos y la conservación de las obras efectuadas.
Artículo 10
Agregarle el siguiente inciso final:
El consejero que contravenga lo establecido en este artículo, cesará en sus funciones tan pronto quede comprobada dicha infracción, en sumario practicado por la Contraloría General de la República, y será reemplazado oportunamente por el organismo que represente.
Artículo 11
Sustituirlo por el siguiente:
Artículo 11. Reemplázase el inciso primero del artículo 4º de la Ley N° 13.039, por los siguientes:
Artículo 4º.- Las sesiones de la Junta sólo podrán efectuarse con una asistencia mínima de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y los acuerdos deberán adoptarse con el quórum de la mayoría absoluta de los consejeros presentes, salvo los casos en que la ley exija otro quórum más alto.
Las sesiones de la Junta serán públicas, a menos que, para tratar materias determinadas, se acuerde darles el carácter de secretas o reservadas.
Artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17
Eliminarlos.
Artículo 18
Intercalar, en el inciso primero, entre las palabras sismos y aun, estas otras u otras emergencias.
Agregar el siguiente inciso final:
Las comunidades o regiones afectadas deberán ser declaradas, previamente, zonas de catástrofe de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 16. 282.
Artículo 19
Sustituirlo por el siguiente:
Artículo 19.- La Junta de Adelanto de Arica destinará al fomento del deporte y en la forma que se indica más adelante, los fondos que perciba por participación en las utilidades del Casino de esa ciudad y un sobreprecio de cinco escudos que se cobrará en el valor de la entrada a dicho Casino. Este sobreprecio se reajustará anualmente en el mismo porcentaje de aumento que haya experimentado en el lapso indicado el índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas. Todos estos valores se contabilizarán por la Tesorería Comunal de Arica en una cuenta especial a nombre de la Junta.
Los fondos a que se refiere el inciso anterior serán entregados por la Junta a la Dirección de Deportes y Recreación del Estado, a fin de que los destine exclusivamente a un plan de construcciones deportivas, de habilitación de campos deportivos y de recreación y de fomento y estímulo del deporte y la educación física en el departamento de Arica, plan que deberá ser elaborado con acuerdo de la Junta de Adelanto.
La Junta podrá anticipar fondos para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, a cuenta del rendimiento futuro de los ingresos señalados en el inciso primero.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Américo Zorrilla Rojas.
Oficio complementario.
Nº 1273. Santiago, 31 de mayo de 1972.
Con oficio Nº 1267, de 30 de mayo de 1972, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, formulé observaciones al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica las normas legales que rigen a la Junta de Adelanto de Arica.
Encontrándome dentro del plazo que me otorga el artículo 55 de la Carta Fundamental, pido a esa Corporación se admita este oficio como complemento y rectificación del aludido oficio de observaciones.
Artículo 5°
Sustituir la supresión del artículo, por su reemplazo por el que sigue:
Artículo 5º.- La designación de los Consejeros ante la Junta de Adelanto de Arica se hará de acuerdo a las disposiciones del Decreto Nº 2.724, de 30 de septiembre de 1965, del Ministerio de Hacienda. Esta norma no se aplicará al Consejero representante de las Fuerzas Armadas.
Artículo 10
En reemplazo del veto aditivo, considerar el siguiente:
Sustituir el inciso tercero por el que sigue:
Esta incompatibilidad no regirá cuando los debates o votaciones digan relación con asuntos de interés para cualquiera de las entidades representadas en la Junta. El Consejero que contravenga lo establecido en este artículo, cesará en sus funciones tan pronto quede comprobada dicha infracción, en sumario practicado por la Contraloría General de la República, y será reemplazado oportunamente por el organismo que represente.
Artículos 12, 13 y 14
En lugar de la supresión de estos artículos, reemplazarlos por los siguientes:
Artículo 12.- El Ministerio de Tierras y Colonización transferirá al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), filial Arica, a título gratuito, los lotes números 1, 2 y 3 del Plano Nº 1.454, con una superficie total aproximada de 5. 413, 40 metros cuadrados, con el objeto específico de destinar este inmueble al cumplimiento de la ley Nº 17.382, en lo referente a la construcción de la Casa del Maestro y la Cultura y sus obras complementarias.
Artículo 13.- La Junta de Adelanto de Arica construirá los edificios de cuarteles para la Segunda y Cuarta Compañía de Bomberos de esa ciudad.
Asimismo, autorízase a la Junta para financiar el alhajamiento de estos edificios y de los demás construidos o que se construyan para el Cuerpo de Bomberos de Arica. Esta autorización alcanza, además, para que destine los fondos necesarios para dotar a dicho Cuerpo de Bomberos y a las Compañías, de material menor, vehículos destinados a sus fines y de todos los elementos que necesiten para cumplir su cometido.
Artículo 14.- Se faculta a la Junta de Adelanto de Arica para otorgar estímulos y premios a los escritores, artistas, investigadores, científicos, músicos y demás cultores y estudios del arte o de la ciencia, en todas sus manifestaciones, que se hayan destacado en estas actividades y que hayan contribuido a su difusión, divulgación, desarrollo y cultivo en el departamento de Arica. Estos premios y estímulos deberán ser acordados por los dos tercios de los consejeros en ejercicio, a lo menos, a proposición de una Comisión integrada por los Vicerrectores de las Universidades de esa ciudad, de un representante de los escritores, de un representante de la CUT y del Presidente de la Comisión de Educación de la Junta de Adelanto de Arica.
En todo caso, los fondos destinados al cumplimiento de este artículo no podrán exceder de veinte sueldos vitales anuales, escala a) del departamento de Arica.
Artículos nuevos
Agregar los siguientes artículos nuevos:
Artículo.- ... Exímese de la obligación establecida en el artículo 1º del DFL. Nº 165 de 26 de marzo de 1960, al Ministerio de Tierras y Colonización, Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, respecto de los planos de loteo de las poblaciones: Chile y sus respectivas ampliaciones; Beneficencia, Conrado Ríos, Tarapacá Oriente, Miramar, Fuerte Ciudadela, Baquedano y su respectiva ampliación y cualquiera otra loteada o proyectada por el Ministerio de Tierras y Colonización en la ciudad de Arica. Esta exención también alcanza a las poblaciones construidas o formadas en terrenos de la Junta de Adelanto de Arica, de la Municipalidad o del Ministerio de la Vivienda, de esa ciudad.
Para la inscripción de los títulos de dominio de sitios otorgados o cedidos por los organismos señalados en el inciso precedente no será necesario acreditar que las obras de urbanización se encuentran ejecutadas o garantizadas, sin perjuicio de la obligación de los asignatarios o de quienes les sucedan, a cualquier título, de contribuir al financiamiento de esas obras en la forma establecida en el artículo 2º del DFL. Nº 165, de 1960.
La obligación establecida en el artículo 2º del DFL. Nº 165, de 1960, se entenderá exigible por el o los Servicios que ejecuten las obras de urbanización pendientes, sin necesidad de pronunciamiento de la Municipalidad de Arica.
Artículo.- ... Condónanse las deudas que por concepto de multas, intereses y otros recargos afectan a las viviendas de propiedad municipal ubicadas en la Población Juan Noé de Arica.
Se declara que los actuales ocupantes de esas viviendas han cumplido todos los requisitos legales necesarios para obtener la venta de ellas y el correspondiente título de dominio.
La Municipalidad de Arica perfeccionará la transferencia de estas viviendas a sus actuales ocupantes.
Artículo transitorio
Artículo 1º.- Con el número de la presente ley el Presidente de la República fijará el texto definitivo de las leyes 13. 039, 14. 824 y sus modificaciones.
Saluda atentamente a Ud. (Fdo.): Salvador Allende G.- Américo Zorrilla R.
3.- MOCION DE LOS HONORABLES SEÑORES BALLESTEROS, BOSSAY, HAMILTON Y PRADO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 17.377, QUE EXTIENDE LAS TRANSMISIONES DEL CANAL 4 DE VALPARAISO.
Honorable Senado:
La Universidad Católica de Valparaíso, mediante su Canal 4 de Televisión, tiene el mérito de haber sido la iniciadora en nuestro país de las transmisiones regulares a través de este importante medio de comunicación social, que caracteriza a la época contemporánea.
En el desarrollo de esta labor la Universidad ha utilizado al máximo su potencial humano y económico, en un intento verdaderamente encomiable por realizar una programación televisiva realmente universitaria, lo que le ha valido una elevada teleaudiencia pese a lo precario de sus equipos y lo escaso de sus recursos.
Sin embargo de lo anterior, la ley Nº 17.377, sobre Televisión Chilena, congeló el radio de cubrimiento del Canal de Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso en el que tenía a la fecha de su dictación, 24 de octubre de 1970, es decir, parte de las provincias de Valparaíso, Aconcagua y Coquimbo.
Recientemente, en otra iniciativa legal, se pretendió solucionar el problema de la extensión de los Canales Universitarios de Televisión a provincias, lo que no prosperó debido al veto del Ejecutivo a las disposiciones pertinentes.
Acogiendo el clamor de la ciudadanía de diversas provincias que solicitan la extensión a ellas del Canal 4 de Televisión por la calidad y objetividad de su programación, y con el ánimo de corregir una flagrante injusticia en contra de los pioneros de la Televisión en Chile tenemos el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.- Modifícase el artículo 2º de la ley Nº 17.377, de 24 de octubre de 1970, en la siguiente forma:
1) Remplazase, en la letra a), el punto y coma (;) por una coma (,) y agrégase, a continuación, la conjunción y;
2) Intercálase, en la letra b), entre la expresión La Universidad de Chile y la conjunción y que la sigue, la frase la Universidad Católica de Valparaíso antecedida de una coma (,), y
3) Suprímense su letra c) y el inciso segundo de este artículo.
(Fdo.): Luis Bossay Leiva.- Juan Hamilton Depassier.- Eugenio Ballesteros Reyes.- Benjamín Prado Casas.