Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- SECRETARIO
- Pelagio Figueroa
- SECRETARIO
- I.- ASISTENCIA.
- II.- APERTURA DE LA SESION.
- III.- LECTURA DE LA CUENTA.
- LECTURA DE LA CUENTA
- OFICIO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
- LECTURA DE LA CUENTA
- IV.- ORDEN DEL DIA.
- HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON BERNARDINO PARADA MORENO.
- HOMENAJE : Armando Jose Domingo Jaramillo Lyon
- HOMENAJE : Humberto Aguirre Doolan
- HOMENAJE : Patricio Aylwin Azocar
- PETICION DE DESAFUERO EN CONTRA DEL GOBERNADOR DE CUREPTO.
- REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA 1968.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Raul Juliet Gomez
- INTERVENCIÓN : Luis Corvalan Lepe
- INTERVENCIÓN : Luis Bossay Leiva
- INTERVENCIÓN : Jaime Barros Perez Cotapos
- INTERVENCIÓN : Patricio Aylwin Azocar
- INTERVENCIÓN : Patricio Aylwin Azocar
- INTERVENCIÓN : Aniceto Rodriguez Arenas
- HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON BERNARDINO PARADA MORENO.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXOS.
- 1.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA COMUNASUBDELEGACION DE LLANQUIHUE.
- 2.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI PARA TRANSFERIR UN PREDIO A LA COMUNIDAD ISRAELITA ASHKENAZI.
- 3.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL D.F.L. 335, DE 1953, SOBRE INSTALACIONES DOMICILIARIAS.
- 4.- PROYECTO DE LEY DE LA, HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE CONTEMPLA MEDIDAS DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MINERIA DEL ORO.
- 5.- INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA SOLICITUD DE DESAFUERO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUREPTO, DON FUAD RAFIDE BATARCE.
- 6.- INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO Y HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.
- 7.- INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSPORTE POR AGUA DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (ALALC), SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1966.
- 8.- INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE INTERPRETA LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, EN LO RELATIVO A LA DELEGACION DE ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS.
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA ORDINARIA
Sesión 75ª, en martes 2 de abril de 1968.
Ordinaria
(De 16.14 a 19.56)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES SALVADOR ALLENDE GOSSENS, PRESIDENTE, Y
LUIS FERNANDO LUENGO ESCALONA, VICEPRESIDENTE.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.
INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESION
III.- LECTURA DE LA CUENTA
IV.- ORDEN DEL DIA:
Homenaje a la memoria del General don Bernardino Parada Moreno. (Se rinde) 3084
Sesión secreta 3088
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre reajuste de remuneraciones para los sectores público y privado. (Queda pendiente el debate) 3089
Anexos.
DOCUMENTOS:
1.- Observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto que crea la comunasubdelegación de Llanquihue 3126
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que autoriza a la Municipalidad de Conchalí para transferir un predio a la Comunidad Israelita Ashkenazi, de Santiago 3127
3.- Observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto que modifica disposiciones relativas a instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable 3127
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre fomento y desarrollo de la minería del oro 3130
5Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la petición de desafuero del señor Gobernador deCurepto, don Fuad Rafide Batarce 3131
6.- Informe de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto sobre reajuste de remuneraciones para los sectores público y privado 3134
7.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Transporte por Agua de la ALALC 3175
8.- Informe de la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto sobre interpretación de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo a la delegación de atribuciones administrativas 3193
VERSION TAQUIGRAFICA.
I.-ASISTENCIA.
Asistieron los señores:
Aguirre D., Humberto Ahumada, Hermes
Allende, Salvador
Ampuero, RaúlAylwin, PatricioBaltra, AlbertoBarros, JaimeBossay, LuisBulnes, FranciscoCampusano, JulietaContreras, CarlosContreras, VíctorCorvalán, LuisCurtí, EnriqueChadwick, Tomás
Duran, Julio
Enríquez, Humberto Ferrando, Ricardo Foncea, José Fuentealba, Renán Gómez, Jonás González M., Exequiel Gormaz, Raúl Jaramillo, Armando Juliet, Raúl Luengo, Luis Fernando Mauras, Juan Luis Miranda, Hugo Musalem, José Noemi, Alejandro Pablo, Tomás Palma, Ignacio Prado, Benjamín Reyes, Tomás Rodríguez, Aniceto Sepúlveda, Sergio Tarud, Rafael TeiTelboim, Volodia
Concurrieron, además, los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Economía, Fomento y Reconstrucción, y Hacienda; de Justicia, y de Minería.
Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala.
II.-APERTURA DE LA SESION.
-Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor ALLENDE (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.-LECTURA DE LA CUENTA.
El señor ALLENDE (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios.
Cinco de la Honorable Cámara de Diputados.
Con el primero, comunica que Ha tenido a bien aprobar, en primer trámite, las observaciones formuladas al proyecto sobre creación de la Comuna subdelegación de Llanquihue. (Véase en los Anexos, documento 1).
Con el segundo, comunica que ha tenido a bien aprobar un proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Conchalí para transferir un predio a la Comunidad Israelita Ashkenazi, de Santiago. (Véase en los Anexos. documento 2).
-Pasan a la Comisión de Gobierno.
Con el que sigue comunica que ha tenido a bien aprobar, en primer trámite, las observaciones formuladas al proyecto de ley sobre modificación del DFL. 335, de 1953, en lo relativo a instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable. (Véase en los anexos, documento 3).
Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Con el cuarto, comunica que ha tenido a bien aprobar un proyecto de ley sobre fomento y desarrollo de la minería del oro. (Véase en los Anexos, documento 4).
-Pasa a la Comisión de Minería y a la de Hacienda, en su caso.
OFICIO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
Con el último, comunica que ha tenido a bien insistir en el rechazo de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley sobre creación de una Corte de Apelaciones en Rancagua.
-Se manda archivarlo.
Uno del señor Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con el que remite el expediente sobre desafuero del señor Gobernador de San Antonio, don Guillermo Pino Balcázar.
Se acuerda enviar copia de los antecedentes al funcionario afectado..
Trece de los señores Ministros del Interior. Economía, Fomento y Reconstrucción, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Trabajo y Previsión Social, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas pollos Honorables Senadores señores Aguirre (1), Ahumada (2), Baltra (3), Contreras Labarca (4), Contreras Tapia (5), Duran (6), Enríquez (7), Ibáñez (8), Jaramillo (9), Luengo (10) y Rodríguez (11):
1) Terminación de grupo arquitectónico O'Higgins, en Chillán, y Situación económica de mineros de la mina Plegarias, de Arauco.
2) Obras públicas en O'Higgins.
3) Obras públicas en Cautín.
4) Informe oficial sobre la mina "Pecket".
5) Electrificación de Huara, en Iquique.
6) Peticiones de la Comisión Aicaldicia de Mulchén.
7) Obras públicas en Chillán y Concepción.
8) Actividades del Crucero O'Higgins en 1967.
9) Casa para Rector del Liceo de S Cruz.
10) Revisión de precio de venta de la población Chacabuco, de Conchalí, y
11) Alumbrado público en Caleta Cocholque, de Tomé, y
Medidas para evitar cesantía adoptadas por el Gobierno.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes.
Uno de la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la petición de desafuero del señor Gobernador de Curepto, don Fuad Rafide Batarce. (Véase en los Anexos, documento 5).
Por acuerdo de Comités, queda para ser votado en esta sesión.
Uno de la Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones de los sectores público y privado. (Véase en los Anexos, documento 6).
Otro de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo sobre aprobación del Convenio de Transporte por Agua de la ALALC. (Véase en los Anexos, documento 7).
Un último de la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto sobre interpretación de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo a la delegación de atribuciones administrativas. (Véase en los Anexos, documento 8).
-Quedan para tabla.
Comunicaciones.
Una del señor Presidente de la Cámara del Pueblo de la República Democrática Alemana con la que invita a una delegación de todos los sectores políticos chilenos a realizar una visita oficial a ese país.
-Queda a disposición de los señores Senadores.
Una del señor Presidente del Colegio de Abogados con la que retira las observaciones formuladas por ese organismo al proyecto sobre reajuste de remuneraciones.
Otra de la Asociación Judicial de Chile en la que formula observaciones al proyecto sobre reajuste de remuneraciones de los sectores público y privado.
-Se manda agregarlas a sus antecedentes.
Solicitud.
Una del señor Fernando León Villavicencio en la que pide copia autorizada de los documentos que indica.
Se accede.
IV.-ORDEN DEL DIA.
HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON BERNARDINO PARADA MORENO.
El señor JARAMILLO LYON.-
Señor Presidente, Honorable Senado: Una vez más, cumplo el ineludible deber de rendir, desde esta tribuna, homenaje a la memoria de un gran chileno. Hace algunos días, nuestra patria se vio conmovida por la noticia súbita y tremendamente dolorosa del sensible y repentino fallecimiento del General Bernardino Parada Moreno, a la sazón nuestro Embajador en la República de Paraguay.
No es fácil, en estos instantes, y en una sola ocasión, hacer el recuerdo de una personalidad tan polifacética como la de este ilustre extinto. Durante mi desempeño como miembro de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, en reiteradas oportunidades pude aquilatar su juicio atinanado, su mesura y, también, la férrea firmeza de su carácter. En momentos difíciles para nuestra tranquilidad territorial a raíz del desgraciado episodio de Laguna del Desierto, vi confirmado mi pensamiento acerca del enorme prestigio que ya entonces atribuía yo al Comandante en Jefe de nuestro Ejército. Lo escuché razonar, en esos días aciagos en que todos los chilenos, con el corazón inflamado por el patriotismo, daban las más diversas soluciones. Y el Jefe de nuestro Ejército, pese a que tengo la convicción de que sus sentimientos se encontraban influidos de igual manera, con tranquilidad y ponderación nos describió las justas proporciones del incidente y nos señaló todas las soluciones que cabía dar a la emergencia planteada. Su actitud constituyó para mí una lección de coraje, a la vez que de buen juicio y responsabilidad, atributos que son, precisamente, los que se exigen a los hombres en cuyas manos se deposita la confianza en los instantes más arduos.
En la vida ordinaria, era afable y cordial, de maneras en extremo caballerosas y cuyo espíritu vibraba al unísono con el prestigio de nuestros institutos armados. Jamás podré olvidar, dentro del austero marco de la Escuela Militar, esa impresionante ceremonia celebrada hace menos de un año, en la que el General Parada transmitía el mando a su sucesor, don Luis Miqueles Caridi. Me sobrecogió sinceramente la profundidad de sus conceptos al decir su último adiós al Ejército. Lo vi entonces derramar una lágrima que, lejos de importar debilidad, estaba demostrando en forma varonil la angustia que le producía su alejamiento de las filas, y que yo interpreté como una lección y un estímulo para Cadetes, Oficiales y Jefes que en esos momentos observaban la senda luminosa que la vida castrense del General Parada les estaba señalando en el duro ejercicio de sus tareas profesionales en lo porvenir.
Pareciera que la vida del General Parada estuvo señalada por el dedo del destino. Muy joven, en 1927, formó parte de ese curso de aguerridos muchachos que sufrió la tremenda tragedia de Alpatacal; de esos jóvenes chilenos que, pese a los sinsabores de la muerte y la desgracia, supieron, algunos días más tarde, pasear con la gallardía de siempre, por las calles de Buenos Aires, nuestro emblema nacional.
En 1936 lo encontramos ya en !a Academia de Guerra, en la que obtuvo el primer lugar en cada uno de los tres años de estos difíciles cursos, hasta lograr el título de Oficial de Estado Mayor.
Este triple triunfo, muy poco frecuente en los anales de ese plantel, le valió ser comandado, en 1943, a Río de Janeiro, donde se especializó en un curso técnico de artillería antiaérea, y en el que se distinguió nítidamente, por lo que, a su regreso, fue designado profesor en la propia Academia de Guerra.
En 1950 fue Edecán del Presidente de la República, y meses más tarde, designado Adicto Militar en Bolivia. En el desempeño de estas funciones, el Adicto Parada tuvo el honor de rescatar personalmente al depuesto PresidenteBallivián, para dejarlo a salvo ante la petición de asilo que había solicitado con motivo de la revolución que instauró en el poder a Paz Estenssoro.
Y, ¡ cosa curiosa!, a pesar de este episodio, y porque era tanta la devoción que el General Parada ponía en el cumplimiento de su deber, el propio Presidente Paz Estenssoro, poco después, decidió condecorarlo con una de las más altas distinciones que confiere la República de Bolivia.
Su carrera se desenvuelve con brillo hasta 1964, en que es llamado por el actual Gobierno a desempeñar las altas y delicadas tareas de Comandante en Jefe del Ejército. Muchas serían las plausibles iniciativas que yo podría destacar durante su gestión en este cargo. Básteme, sin embargo, mencionar sólo una, que tipifica el sentido progresista y actual que el General Parada ponía en sus determinaciones. En efecto, fue su obra exclusiva la creación, dentro del Ejército, del Cuerpo de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, el cual, sin lugar a dudas, por su alta especialización y gran disciplina, está en consonancia con sus similares de los más avanzados ejércitos del mundo.
Su obra literaria merece también ser puesta de relieve. En 1937 escribió un texto de alta jerarquía profesional titulado "Actitud práctica ante la guerra", refutando las teorías pacifistas. En 1941 entrega una nueva obra, titulada "Hacia un nuevo concepto de la historia militar". En 1946 escribe "El ejército potencial", que constituye una contribución a una política económica de guerra. Incursionando en los campos de la historia, produce, en 1954, su obra "Simón Bolívar", en que enfoca las facetas de la personalidad humana del prócer.
Su producción intelectual se mantuvo viva hasta sus últimos instantes, pues su libro "Polemología Básica", ensayo filosófico y crítico sobre la ciencia y arte de la guerra, no ha sido aún entregado al público y su autor alcanzó sólo a verlo en las primeras pruebas.
Su personalidad polifacética, de la que ya he hablado, no se conformó únicamente con su producción literaria. En sus momentos de solaz, elevaba también su alma entregándose, como pasatiempo, a la pintura, en la que el hombre de armas dio expresión a la permanente inquietud de su espíritu por toda manifestación artística.
Sin embargo, lo que a mi juicio lo distingue con perfiles propios fue su alto espíritu democrático, que no sólo supo expresar en lo personal, sino que difundió entre los institutos armados. En reiteradas oportunidades sostuvo que el Ejército es parte del pueblo mismo, y declaró siempre que el poder militar no puede ser jamás deliberante, sino que debe estar subordinado a las decisiones de cualquier Gobierno legítimo. Esta es una enseñanza respetable y digna de ser exhibida, especialmente en la época que vivimos, para que sirva de orgullo a todos los chilenos y de ejemplo a las generaciones venideras.
No es extraño, en consecuencia, que en el instante de colgar su guerrera para cambiarla por la casaca diplomática, este Honorable Senado, al margen de todas las diferencias partidarias que nos separan, haya prestado su respaldo unánime e inmediato a la proposición del Gobierno para designarlo Embajador en Paraguay. Debo confesar con hidalguía que en pocas oportunidades he otorgado mi voto con mayor orgullo y más ancha satisfacción de chileno que cuando lo hice para aprobar el Mensaje del Embajador Parada. Sabía que con ello estaba contribuyendo a que nuestra patria fuera apreciada y conocida en dignidad en tierra extranjera.
Los Senadores Nacionales, por mi intermedio, deploran, con congoja en el alma, el prematuro fallecimiento de Bernardino Parada en instantes en que el país y la diplomacia mucho podían esperar de su fecunda gestión.
Pese a haberse retirado hace ya algunos meses de las filas, estimo su partida sin retorno una pérdida irreparable para nuestro Ejército. Pido, por ello, enviar, en nombre del Comité Nacional, una nota de condolencia al actual Comandante en Jefe, don Luis Miqueles Caridi, como asimismo a su dignísima viuda, doña ChitaUrrutia de Parada, y a sus hijos Bernardino y Hernán Parada Urrutia.
He dicho.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
El Senado de la República hace hoy un alto en sus actividades legislativas para rendir homenaje de sentido recuerdo a un ciudadano ilustre, de limpia trayectoria en su vida al servicio de la nacionalidad y formado en la carrera de las armas; vale decir, en la escuela de quienes defienden y custodian la integridad nacional y el patrimonio legado por nuestros antepasados, desde la fundación misma de la república.
Vistió, pues, el uniforme de los hombres de armas. Pero ni su gesto era del guerrero, ni su porte, el de quienes se preparan para la guerra. Tenía don Bernardino Parada el andar reposado, como su actitud misma, y en los afanes e inquietudes de su espíritu, a poco de dialogar con él, se descubría al hombre de estudio, al escritor, al intelectual, casi al filósofo.
En febrero de 1924 ingresó al instituto castrense donde se forma la oficialidad de nuestro Ejército, siguiendo su inclinación vocacional. Fue subteniente de artillería en 1928, en el Regimiento "Chorrillos", y luego graduado instructor de educación física. Afanoso de superación y de saber, pasa a la Academia de Guerra, donde termina sus estudios como primer alumno. Es oficial de Estado Mayor, y en 1961 regresa como profesor y director de aquella Academia Militar. Uno a uno va conquistando les grados a que se hace acreedor por su clara inteligencia, sus dotes de organizador y de mando. Su desempeño en los cargos de Edecán de la Presidencia de la República, Secretario del Comando en Jefe del Ejército, Agregado Militar a la Embajada de Chile en Bolivia. Director de Instrucción del Ejército y en comisiones de estudios y representaciones en el extranjero, dio fe de su singular calidad profesional. Las obras militares de que fue autor, la última de las cuales fue recién publicada en 1968, representaron su calidad de estudioso y fueron de valiosa contribución a nuestras Fuerzas Armadas.
Llegado al Comando en Jefe del Ejército, puso lo mejor de su talento al servicio de los problemas institucionales, entre los cuales no estuvo ausente su preocupación por la situación económica de sus compañeros de armas, tanto en actividad como en retiro.
Producida la vacante de Embajador en el vecino país del Paraguay, tierra de hombres recios, de guerreros heroicos, hermanados a Chile con singular lealtad desde los inicios mismos de nuestra república, era necesario que un chileno de calidad excepcional asumiera nuestra representación diplomática. El Supremo Gobierno lo encontró en la persona del Comandante en Jefe del Ejército, General de División don Bernardino Parada Moreno.
Fue corto su paso por la Embajada en Asunción, pero fructífero en decisiones de mutuo interés para nuestros dos pueblos, que han de verse realizadas en plenitud en un futuro cercano.
Pero sus días estaban contados. A pesar de su joven apariencia y contextura, como lo afirmó su sucesor, el GeneralMiqueles Caridi, al despedirlo en nombre del Ejército de Chile en el Camposanto, "un insólito rayo del destino cayó sobre él, como sobre el alma misma del Ejército, enlutando todos los estandartes militares de Chile".
En nombre de mi partido, que en su larga trayectoria supo siempre hacer justicia a los hombres y servidores que se han ganado el respeto de la ciudadanía, rindo hoy sentido homenaje al profesional sin tacha, al ciudadano ejemplar y al Ejército, que realzó sus virtudes excelsas.
Deseamos hacer llegar nuestra emocionada condolencia a su viuda e hijos, y al efecto rogamos a esta Alta Corporación que acuerde enviar la nota respectiva.
El señor AYLWIN.-
El reciente deceso del General don Bernardino Parada Moreno, Embajador de Chile ante la Re pública hermana del Paraguay, constituye una penosa pérdida para nuestra patria y, en especial, para sus instituciones armadas.
Dotado de clara inteligencia y sólido carácter, el General Parada hizo una brillante carrera militar en la difícil arma de la artillería: primer lugar, durante tres años consecutivos, en la Academia de Guerra, y en otra oportunidad, en la Escuela de Artillería de Linares; profesor de táctica e historia militar, y más tarde, director de la referida Academia; Comandante del Regimiento Antofagasta; Jefe del Estado Mayor de la Primera División; Comandante en Jefe de la Quinta División; Director de Instrucción Militar del Ejército, y, finalmente, Comandante en Jefe del Ejército.
Formado en la escuela del deber y el sacrificio, en el desempeño de cada una de esas funciones puso talento, corazón y disciplina, sobresaliendo entre los mejores, lo que lo hizo acreedor a numerosas e importantes distinciones.
Hombre culto, estudioso e inquieto, resumió sus conocimientos, experiencias y inflexiones en varias obras sobre materias de su especialidad.
Como muchas personas de corteza dura, escondía bajo ella una delicada sensibilidad que se manifestaba en la vida hogareña, en sus aficiones pictóricas y en su constante preocupación por atender y servir a sus amigos y, especialmente, a los humildes.
Silencioso y modesto, sabía, al mismo tiempo, hacerse respetar e imponerse por su entereza, por la lealtad a sus convicciones y por el calor de su palabra.
Convencido de que el Ejército forma parte del pueblo y está siempre a su servicio, fue celoso guardador de las gloriosas tradiciones democráticas e institucionales de nuestras Fuerzas Armadas.
Nombrado hace poco Embajador de Chile ante la República del Paraguay, en una decisión de nuestro Gobierno que mereció unánime aprobación, estaba cumpliendo en ese pueblo hermano una tarea promisoria de amistad y vinculación que se ha visto repentinamente tronchada por su inesperado fallecimiento.
Los Senadores democratacristianos rendimos sentido homenaje al General Bernardino Parada, y hacemos llegar a su señora y a sus hijos, uno de quienes trabaja diariamente entre nosotros, y al Ejército de Chile, la expresión de nuestra solidaridad en su dolor.
El General Parada lega a la patria, a las instituciones armadas y a su familia, un ejemplo tonificante y digno de ser seguido.
He dicho.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Se enviarán las notas de condolencia solicitadas.
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con la siguiente.
Acordado.
PETICION DE DESAFUERO EN CONTRA DEL GOBERNADOR DE CUREPTO.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Se va a constituir la Sala en sesión secreta, para votar, en pocos minutos, la petición de desafuero contra el Gobernador de Curepto.
En caso de que ningún señor Senador solicite la palabra, no sería necesario constituir la Sala en sesión secreta.
El señor JULIET.-
A mi juicio, el Senado no debe desvirtuar su acuerdo anterior y corresponde, por lo tanto, constituir la Sala en sesión secreta.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Así se procederá, señor Senador.
Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16.36, y acordó negar su acuerdo a la petición de desafuero.
Seguidamente, en Sesión Secreta, la Sala niega su acuerdo a la petición de de safuero en contra del Gobernador de Curepto.
-Se reanudó la sesión pública a las 16.45.
REAJUSTE DE REMUNERACIONES PARA 1968.
El señor ALLENDE (Presidente).-
En discusión general el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los sectores público y privado.
Los antecedentes sobre este proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 73ª, en 26 de marzo de 1968.
Informes Comisiones de:
Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 75ª, en 2 de abril de 1968.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor JULIET.-
Nos hemos impuesto de los acuerdos adoptados por los Comités parlamentarios respecto de la distribución del tiempo de que disponemos para la discusión general de este proyecto. Yo compartí dicha determinación; pero, entiendo a menos de haber un acuerdo anterior, que los Comités no especificaron el orden en que los distintos partidos harían uso de los plazos asignados. Me han informado de que se seguirá el procedimiento de la inscripción. A mi juicio, puede que este sistema no satisfaga los anhelos de los sectores que intervendrán, puesto que en un momento dado podría ocurrir que no hubiesen Senadores inscritos, o bien, que todos desearen usar de la palabra al final.
Estimo oportuno formulo indicación a este respecto citar a una breve reunión de Comités, sólo por unos cinco minutos, con el fin de ponernos de acuerdo en cuanto al orden en que se hará uso de los tiempos asignados a cada partido.
El señor ALLENDE (Presidente).-
En primer lugar, debo hacer presente que en la transcripción de los acuerdos adoptados por los Comités hubo una omisión, pues no se señala que al señor Ministro de Hacienda se le asignó una hora, al comienzo de la sesión. Para subsanar el error, he enviado una explicación al señor Ministro, quien, luego de haberle ofrecido la palabra, ha manifestado su deseo de intervenir de inmediato.
En segundo lugar, también debo hacer presente que se encuentran inscritos los Honorables señores Luis Corvalán, Bossay e Ibáñez.
El señor RODRIGUEZ.-
¿Hasta qué hora está citada esta sesión, señor Presidente?
El señor ALLENDE (Presidente).-
Hasta las 21, señor Senador.
El señor JULIET.-
Si un Comité no hiciera uso de todo su tiempo, ¿ en qué oportunidad podría usar el resto?
El señor TARUD.-
En la sesión de mañana.
El señor ALLENDE (Presidente).-
En cualquier momento de esta sesión, o en la de mañana.
El señor JULIET.-
Pero bien podría ocurrir que, al final, todos los Comités quisieran intervenir y que, por las limitaciones acordadas, el tiempo no pudiera ser repartido con equidad. Por eso insisto sería conveniente estudiar una fórmula que satisfaga a todos los sectores.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, mientras hace uso de la palabra el señor Ministro, la Mesa estudiará una fórmula como la señalada por el Honorable señor Juliet. Lo reducido del tiempo no permite efectuar reunión de Comités en el día de hoy. En el caso de no lograr acuerdo, podría citárselos para el día de mañana.
De todas maneras, ruego a los señores Comités inscribirse. De esta forma resulta más fácil para la Mesa distribuir el tiempo o, por lo menos, determinar el orden en que los señores Senadores podrán hacer uso de la palabra.
En primer lugar, está inscrito el señor Ministro.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, Honorable Senado: en el día de hoy se discute en esta Corporación el proyecto de reajuste de remuneraciones para los sectores público y privado durante 1968.
Para poder hacer un análisis de la iniciativa que está en vuestro conocimiento, me parece preciso recordar algunos antecedentes sobre la política de remuneraciones seguida en el país. Si observamos los criterios adoptados a este respecto por lo menos en los 12 años anteriores al advenimiento de este Gobierno, comprobaremos que, por razones muy explicables, expuestas en cada oportunidad e indiscutiblemente aceptadas por el Congreso Nacional, los reajustes de remuneraciones otorgados a los sectores público y privado fueron muy inferiores al alza del costo de la vida. Tales razones, precisamente, fueron la falta de recursos fiscales suficientes para otorgar una mejor compensación a los funcionarios. Sin embargo, resulta indudable que, en tan largo período, las remuneraciones del sector fiscal sufrieron grave deterioro en cuanto a su poder adquisitivo. En esas condiciones asumió el Gobierno el Presidente señor Eduardo Frei. El Primer Mandatario, en su programa de Gobierno, anticipó que la política de reajuste de remuneraciones para el sector público sería equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida. Así fue como, en 1965, el Ejecutivo propuso un proyecto, promulgado posteriormente como ley con el Nº 16.250, mediante el cual se reajustaron las remuneraciones de todos los sectores de la Administración Pública en 38,4%; es decir, en la totalidad de la devaluación monetaria sufrida durante el año anterior. Sin embargo, tanto en la exposición de motivos del proyecto como en su discusión general, se hizo ver que al Gobierno no le satisfacía sólo otorgar tal reajuste, sino que, de conformidad con las disponibilidades de recursos fiscales, estimaba prudente y conveniente mejorar la situación económica de algunos sectores.
En 1964, dos tercios de la Administración Pública percibieron reajustes a contar del primero de julio y sólo un tercio lo recibió a partir del primero de enero. Mediante el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones de 1965, a que me refiero, se corrigió, en parte, esta anomalía y los dos tercios del sector público afectados con la ley del año anterior percibieron sus reajustes a contar del primero de mayo. Además, se mejoró el sistema de remuneraciones del personal acogido al Estatuto Médico Funcionario, establecido por la ley 15.076 y se solucionó el problema existente en las plantas administrativas de varias reparticiones del llamado sector ANEF, o sector centralizado de la Administración Pública. En este sentido, podemos citar los casos de los Servicios de Correos y Telégrafos, Prisiones, etcétera.
En 1966, nuevamente el Gobierno concedió un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida. En el proyecto respectivo se corrigió totalmente la situación que afectaba a los dos tercios del sector público y el reajuste de sus remuneraciones también se otorgó a contar del primero de enero de ese año. Esto significó, en moneda de aquella época, un mayor gasto de 70 millones de escudos. En esa misma oportunidad, se otorgó el derecho a la remuneración mínima de un sueldo vital a todos los funcionarios de la Administración Pública, pues, hasta esa época, había más de 25 mil servidores del Estado que percibían rentas inferiores a dicho sueldo.
También se dio solución parcial a la situación de los profesores, y, a contar del primero de julio de 1968, se elevó de 18% a 25% la asignación profesional que percibían esos funcionarios. Al mismo tiempo, mediante la ley 16.466, se otorgó a las Fuerzas Armadas y a Carabineros un reajuste adicional de 13%.
En seguida, en 1967, en virtud de la ley 16.617, el Ejecutivo concedió un reajuste que, en promedio, equivalía al ciento por ciento del alza del costo de la vida. Igualmente, se otorgaron reajustes especiales a sectores tan importantes como el Servicio Nacional de Salud; a los profesores, mediante el acuerdo magisterial; a Ferrocarriles del Estado; modificaciones de diversas plantas de los servicios descentralizados y también del sector centralizado de la Administración Pública. Para este último se elaboró una escala única que incorporó a su sistema de remuneraciones diversos pagos a los funcionarios públicos fuere por concepto de horas extraordinarias o asignaciones de estímulo. Se reconoció también el derecho de las plantas directivas de gozar aquellas asignaciones por medio de la escala única. Todo lo anterior representó otorgar, en muchos casos, un reajuste superior a 60%, con lo cual se corrigió una injusticia y una discriminación existente entre los funcionarios dependientes de diversos Ministerios.
Esta política de mejoramiento real de sueldos y salarios llevada a cabo por el Gobierno durante el plazo de tres años, significó, como lo manifestó el ex Ministro de Haciendadon Sergio Molina en su exposición de la Hacienda Pública de noviembre de 1967, un mayor gasto en ese año equivalente a 800 millones de escudos. Esta cifra representó para los funcionarios públicos un mejoramiento real de sus remuneraciones del orden de 40%.
En 1968, el Gobierno, mediante el primer proyecto de reajuste, pretendió conseguir tres metas sustanciales, además de otorgar un reajuste para los funcionarios públicos y particulares. Mediante esa iniciativa legal se deseaba consolidar los avances logrados en materia de desarrollo económico y acelerarlo en el futuro, obtener la detención del proceso de estabilización que se encontraba en peligro por diversas razones que el MinistroMolina hacía ver en la exposición de la Hacienda pública, y, en último término, lo cual es muy importante, proponía un mecanismo, el Fondo Nacional de Ahorro y Capitalización mediante el cual se permitiría e1 acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, provocando un cambio revolucionario de las extructuras en el sentido de que los trabajadores ya no serían meros espectadores dentro del proceso económico, sino pasarían a formar parte de él.
Sin embargo, ese proyecto, que significaba un sacrificio compartido, después de haber sido aprobado por la Cámara de Diputados, sufrió el rechazo en la Comisión de Gobierno del Senado. No existiendo posibilidad de obtener apoyo político, el Gobierno procedió a retirar e! mencionado proyecto, hecho que provocó también la salida del Ministro de Hacienda de entonces, don Sergio Molina, y la designación de don Raúl Sáez en dicho cargo. Este Secretario de Estado propuso un nuevo proyecto que es, precisamente, el que se encuentra en discusión en este momento en el Senado, el cual fue puesto en conocimiento de diversas colectividades políticas, con el fin de ver la posibilidad de obtener un consenso para su aprobación.
En dicho proyecto se distinguen en forma especial cuatro capítulos. El primero, referente a reajuste general de la Administración Pública y los reajustes de tipo especial; e] segundo, tocante a los reajustes para el sector privado; el tercero relativo a normas sobre materias previsionales, y el cuarto, al financiamiento.
El artículo 1° del proyecto dispone que se otorgará un reajuste general equivalente a 12,5% a las remuneraciones de los funcionarios públicos. Además, establece que a los empleados que reciban el porcentaje señalado o un porcentaje inferior a 20%, les corresponderá una compensación equivalente a 7,5% en cuotas CORVI, y se determina asimismo el mecanismo de utilización por sus beneficiarios. En este título también se reconocen situaciones de tipo excepcional para dos tercios de la Administración del Estado, pues se otorgan reajustes especiales que varían desde 40% a 23% para diversos servicios, entre los cuales se puede mencionar en forma especial a sectores tan importantes como las Fuerzas Armadas y Carabineros, el Servicio Nacional de Salud, el personal médico acogido al Estatuto del Médico Funcionario, Correos y Telégrafos, Registro Civil, Prisiones, Dirección de Industria y Comercio, Servicios Eléctricos y, en la Empresa Marítima, al personal sujeto a convenio.
Esta parte de] proyecto también propone un reajuste especial para el profesorado, a contar del 1º de enero, en virtud de la ley 16.617, cuyas disposiciones legales ya mencioné.
Si tomamos en cuenta que dos tercios de la Administración del Estado recibe reajustes promedios de 33%, y un tercio de 12,5%, sin contar la bonificación de 7,5%, se concluye que el Gobierno está proponiendo otorgar un reajuste general promedio para todo este sector de 23%. Esto quiere decir que si el Ejecutivo no hubiere redistribuido los fondos equivalentes a esos porcentajes, puede reajustar las remuneraciones en un porcentaje igual o superior al alza del costo de la vida. El Gobierno debió reconocer que había sectores postergados y que, por lo tanto, debía otorgarles mayores reajustes, sacrificando parte de los ingresos de quienes en los últimos tres años obtuvieron mayores compensaciones.
En materia de reajuste al sector privado, el proyecto del ex MinistroSáez reconoce do>s situaciones diferentes. La primera, se refiere a que el personal no sujeto a convenios, actas o fallos arbitrales gozaría de un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza del costo de la vida a contar del 1º de enero de 1968. La segunda, a que el personal acogido a convenios, actas o fallos 'arbitrales, recibiría un reajuste de ciento por ciento del alza del costo de la vida, sin perjuicio de que aquellas remuneraciones o beneficios obtenidas sobre ese margen deberían incorporarse al sistema de ahorro. En esa forma, el Gobierno deseaba mantener su política de estabilización. Así, los sectores con mayor organización gremial, con mayor fuerza, por lo tanto, que obtuvieren reajustes mayores que el señalado, no provocarían el hecho tan conocido de que las mayores compensaciones se trasladaran a los costos de la empresas y fueran canceladas, en definitiva, por el resto de la comunidad. Hechos conocidos por toda la opinión pública, y con el objeto de facilitar la aprobación del proyecto, determinaron que el Gobierno no insistiera en su criterio, lo cual significa que para el futuro sólo podrá actuar de acuerdo con las normas administrativas, proceso en el cual también influirá la posibilidad de obtener éxito en su campaña de estabilización.
El tercer título del proyecto se refiere a normas de tipo previsional y, en especial, a materias concernientes al Servicio de Seguro Social. En la Comisión, el personero más autorizado en esta materia, el señor Superintendente de Seguridad Social, expresó que el Servicio se encuentra en una grave crisis financiera, que es necesario y conveniente abordar, y que si así no se procede, llegará el momento en que no podría pagar mayores reajustes y que, lisa y llanamente, debería suspender el pago de las pensiones. Por ello, el Ejecutivo propone disposiciones destinadas a otorgar mayores recursos con el fin de cubrir el déficit del orden de 300 millones de escudos que tendría el Servicio de Seguridad Social durante el presente año. Ese más amplio financiamiento, tiende a dar mayores facilidades a ese instituto previsional para manejar determinados ítem de su presupuesto, como también a eliminar algunos topes en materia de remuneraciones para los efectos previsionales.
También, como corrección definitiva, se proponen dos preceptos que reajustan las pensiones mínimas de los beneficiarios del Servicio en referencia. Conocido por Sus Señorías es el hecho de que las pensiones se han reajustado en los últimos tres años en márgenes muy superiores al alza del costo de la vida. Me atrevo a afirmar que en algunos casos ese porcentaje casi se ha duplicado.
El sistema propuesto por el Ejecutivo eleva el reajuste para las pensiones mínimas al 30%, y a contar del 1° de enero de 1969, dichos aumentos se hacen equivalentes al alza del costo de la vida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ello no significa menoscabar el derecho de los pensionados, puesto que los beneficios se pagarían siempre que existan los recursos; es decir, siempre que se pueda aplicar un sistema racional que dé la posibilidad al Servicio de cumplir sus obligaciones. Además, si la inflación, en vez de decrecer, como ha sucedido en los últimos años, crece, se provocaría un menor ingreso de recursos, y, en consecuencia, el reajuste de las pensiones mínimas resultaría inferior al ciento por ciento del alza del costo de la vida. Mediante la corrección propuesta, se fija un porcentaje determinado el ciento por ciento del señalado por el índice de precios al consumidor y se dispone que para el presente año el reajuste será de 30%.
En cuarto lugar, el proyecto establece el financiamiento. De la exposición de motivos del mensaje enviado por el Ejecutivo, se deduce según cálculos del ex Ministro de Haciendadon Raúl Sáez que falta por financiar, por concepto de reajuste y aportes de tipo presupuestario, por diversas obligaciones que debe cumplir el fisco, una suma cercana a los 622 millones de escudos. Los recursos de que se dispone para financiar ese vacío se basan en tres partidas de impuestos, aumentadas en forma importante.
Primero lo que podríamos llamar impuestos varios: a la cerveza, a las hedidas analcohólicas, a los cigarrillos y combustibles; un derecho aduanero que grava a mercaderías que ahora están totalmente exentas, y revalorización de activos y otras medidas de menor monto.
Segundo, el aumento del impuesto a la compraventa y servicios, cuya tasa base se eleva de 7 a 8% y las demás, en la misma proporción; es decir, un alza aproximada a 15 % lo que da un rendimiento, según se ha expresado, del orden de 178 millones de escudos.
Por último, un empréstito forzoso, exigido a quienes obtienen rentas de capital y que es de 7% para las personas naturales y de 13% para las personas jurídicas. Su devolución se iniciaría en 1971 y se haría en cinco años, en cinco cuotas, sin reajuste y sin intereses. Este empréstito daría un rendimiento cercano a 211 millones de escudos.
El total de estas tres partidas de financiamiento equivale a.622 millones de escudos.
Esto es, en términos generales, lo que contiene el proyecto de reajuste que está en conocimiento del Honorable Senado.
Sin perjuicio de intervenir más adelante en el debate para lo cual solícito se me reserve algún tiempo quisiera, sin embargo, dar explicaciones sobre algunas afirmaciones que se han hecho en las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas.
En sus debates se dijo que el Gobierno tendría excedentes de recursos que no estaría declarando, y que permitirían solventar en forma completa los reajustes de todo el sector público, de modo que éstos fueran, en forma generalizada, de 21,9% incluyendo a quienes se asigna hoy día 12,5% de aumento, lo cual significaría un gasto de 400 millones de escudos, aproximadamente. Una de las afirmaciones expuestas en las Comisiones tuvo por base la Carta de Intenciones remitida por el ex Ministro de Haciendadon Sergio Molina al Fondo Monetario Internacional, en la cual se decía que el Gobierno se comprometía a tener un excedente en cuenta corriente del orden de 2.100 millones de escudos. Alguna prensa, al parecer basada en esa afirmación, hizo ver, bajo grandes titulares, que existirían en el Presupuesto fiscal excedentes por una suma cercana a dicha cantidad. Esto es un error. Di las explicaciones del caso, personalmente, al señor Senador que aseveró tal cosa; y creo útil darlas también a la Sala. El excedente de 2.100 millones de escudos en cuenta corriente no significa contar con esa suma dentro del Presupuesto fiscal, ni es un ahorro del que pueda disponerse para cualesquier gastos, sino que el excedente en cuenta corriente, en materia presupuestaria, es la diferencia que existe entre el ingreso presupuestario y el gasto corriente. Una vez terminada esa deducción resulta lo que se llama el "excedente de cuenta corriente". Es el ahorro que el Gobierno debe destinar al programa de inversiones, que también está comprendido dentro del gasto presupuestario. Es decir, esos 2.100 millones corresponden precisamente a la suma cercana a los 2.400 millones de escudos que, en el Presupuesto aprobado por este Honorable Congreso, está destinada a diversas inversiones que deben realizarse en el año 1968.
En segundo término, se manifestó que en este proyecto de ley quedan por financiar 622 millones de escudos, cantidad de la cual sólo un tercio está destinado a cubrir los reajustes de remuneraciones de que se trata; y que el saldo de 400 millones de escudos corresponde a diversas partidas no consignadas en el presupuesto aprobado para el año 1968. Incluso, se llegó a utilizar términos duros con relación a la persona del ex Ministro de Hacienda señor Sergio Molina: se dijo que habría engañado al Honorable Congreso, falseando las cifras.
Quiero, en esta ocasión, levantar ese cargo. Estimo que me corresponde hacerlo, por lealtad respecto de quien me antecedió y con quien trabajé por más de tres años.
¿Qué ocurrió? Los 400 millones de escudos que se destinan en parte importante a la Corporación de Fomento de la Producción y a la Corporación de la Vivienda para programas de industrialización y habitacionales, son precisamente los fondos que se hubieran recogido mediante el proyecto que creaba el Fondo Nacional de Ahorro y Capitalización. Y así lo hizo presente el Ministro de Hacienda en su exposición de la hacienda pública, como también en la exposición de motivos del mencionado proyecto de ley. Pero como éste no fue aprobado en su oportunidad y hubo de presentarse una nueva iniciativa de reajuste de remuneraciones, es preciso suplementar las respectivas partidas presupuestarias. Además, existen en el Presupuesto otras partidas presentadas con posterioridad al primero de enero y que, por lo tanto, no podían ser previstas por el Ministro de Hacienda en el momento de discutirse la ley correspondiente, que se aprueba el 31 de diciembre. Para mencionar algunas, hablemos, por ejemplo, del Servicio de Seguro Social, que, para afrontar un reajuste equivalente a 30%, necesita que el fisco le traspase fondos y le pague deudas por 70 millones de escudos, suma no consignada en el Presupuesto, por haber sido rechazadas indicaciones iguales a las que hoy día se hacen valer con ocasión de este proyecto de reajustes para dar solución al problema de financiamiento del mencionado Servicio. Otra de esas partidas es la que requiere 22 millones de escudos para pagar el incentivo a que tienen derecho los funcionarios de Impuestos Internos y Tesorerías, cuyo cálculo no puede hacerse sino después de transcurrido el año correspondiente en razón de tratarse de una participación sujeta a determinado porcentaje del rendimiento real de los impuestos con relación al rendimiento presupuestado en el año anterior. Era necesario, por consiguiente, considerar esa cantidad en la ley de reajustes. Por otra parte, debe entregarse a la Empresa de Ferrocarriles del Estado la suma de 28 millones de escudos, por haberse comprobado, durante el mes de enero último, que sigue en forma deficitaria su carga de transporte, en razón de la gran competencia del transporte caminero. Tal suplementación al presupuesto de la mencionada empresa es, pues, necesaria para que ella pueda funcionar en forma eficiente, hecho que tampoco podía conocer el Ministro de Hacienda en el mes de agosto o de septiembre del año pasado, o incluso, en el mes de diciembre, cuando se discutía la ley de presupuestos en el Honorable Congreso.
Partida importante también dentro de ese desfinanciamiento del cual se habla y se dice, prácticamente, que debe en e¡ proyecto de reajustes financiarse; que deben buscarse para ello los recursos, es la de 122 millones de escudos para amortización de créditos contratados por el Estado con diversas empresas extranjeras. Se esperaba poder renegociar ese compromiso a la fecha en que se aprobara el presupuesto de la nación, pero condiciones internacionales que son conocidas de todos hacen que hoy día sea realmente imposible esa renegociación. Por lo tanto, el Estado chileno debe afrontar el pago de esos 22 millones de dólares, equivalentes a 122 millones de escudos, y tratar de obtener los recursos correspondientes.
También se reconocen partidas por 50 millones de escudos en favor de las cajas de previsión de Empleados Públicos, Carabineros y Defensa Nacional. Se trata de deudas del fisco, que deben pagarse y así poder traspasar, por la vía de los excedentes, los mayores recursos a la Corporación de la Vivienda y financiar, por ende, en forma más eficiente, el programa habitacional del Gobierno.
Por último, para las Fuerzas Armadas se consignan 27 millones de escudos para suplentar los ítem del respectivo presupuesto, principalmente en lo tocante a combustible, vestuario y otros elementos de consumo. ¿Por qué se ha producido desfinanciamiento en el presupuesto de las Fuerzas Armadas? En razón de que los combustibles han sufrido un alza mayor que la del costo de la vida en general o del porcentaje previsto en el momento oportuno; y también porque deben reconocerse mayores precio, sobre todo en elementos de vestuario y otros de consumo habitual en esa institución.
En tercer lugar, otro punto que estimo de importancia aclarar, sin perjuicio de otros antecedentes que seguramente puedan aportar los señores Senadores, es una imputación hecha al Gobierno y en la que incluso se ha mencionado a la persona del Presidente de la República en términos excesivamente duros. Personalmente, como Ministro de Estado, no puedo aceptar esos términos, debo rectificarlos y creo que no se deben a mala fe, sino, muchas veces, a falta de información o análisis de antecedentes precisos sobre la materia. Se ha dicho que el Gobierno pretendería desconocer el acuerdo magisterial, puesto que debía otorgar al profesorado un aumento de remuneraciones superior al reajuste especial y que, según ese acuerdo, sería equivalente al promedio total que obtenga la Administración Pública.
Al respecto, puedo expresar al Honorable Senado que tengo conocimiento exacto de la discusión del acuerdo magisterial, porque me tocó participar en ella. En 1966, durante aquella discusión, yo, personalmente no fui partidario de llegar a tal acuerdo, por estimar que un Gobierno no podía comprometerse a largo plazo en un gasto sin conocer realmente cuáles serían sus ingresos año a año. Sin embargo, atendidos los argumentos del Ministro de Educación de los dirigentes de las propias organizaciones del profesorado, en el sentido de que se estaba llevando a cabo una reforma educacional profunda que precisaba mejorar las remuneraciones de los maestros, que yo reconocí deterioradas, el Ministerio de Hacienda, en definitiva, por intermedio del señor Ministro, aceptó el acuerdo magisterial para llevarlo a la práctica en un plazo de cuatro o cinco años con un gasto total de 280 millones de escudos acumulados en moneda de 1966. Se redactó ese acuerdo y en él se fijaron valores, año por año, tanto para las horas de clase como para los cargos o cátedras del profesorado. En la cláusula respectiva del texto que tengo en mi poder se dice que los mencionados valores o cantidades asignados para los años 1967, 1968, 1969 y 1970 se reajustarían de conformidad con el alza del costo de la vida. Eso fue el borrador que se presentó. Más aún, se agregaba: "de manera de no perder los índices de desvalorización monetaria".
Personalmente, objeté esa frase y expresé que el Gobierno no podía comprometerse a largo plazo a otorgar reajustes de 100% del alza del costo de la vida, sino que tenía que considerar, año a año, qué porcentaje de reajuste podría dar a las remuneraciones del sector público, según fueran sus posibilidades de ingreso en caja. En razón de aquel argumento se corrigió el acuerdo magisterial, y en su tenor literal dice que "los valores asignados precedentemente se reajustarán de acuerdo con el reajuste general que obtenga la Administración Pública". En documento que fue leído en la Cámara de Diputados y que remitió el Subsecretario de Educación a todos los profesores, se mantienen los términos, en el sentido de que esos valores serían aumentados en una suma equivalente al reajuste general de la Administración Pública. Luego, en la historia de la ley podemos 1er las observaciones hechas por el Presidente de la Federación de Educadores, quien manifestó que el profesorado no estaba conforme con el acuerdo magisterial que se estaba aprobando en el proyecto que fue ley Nº 16.617, en razón de que no se le aseguraban reajustes equivalentes a ciento por ciento del alza del costo de la vida sino lo dice en términos concretos el "reajuste general promedio de la Administración Pública". También intervinieron los Honorables Senadores señores Contreras Labarca y Hugo Miranda para formular la misma observación. Y el Senador del partido de Gobierno señor José Musalem expresó que, en efecto, eso podría ser lo que esperaban los profesores, pero que el Ejecutivo no podía dar más de lo propuesto en aquel acuerdo magisterial.
Sin embargo, en la mencionada ley se habla del reajuste promedio para el sector público, lo que no corresponde a la intención ni al espíritu que se tuvo al celebrar el acuerdo a que me refiero. Esto ha lie vado a buscar una interpretación distinta, y no sólo respecto de este año, sino también de 1967.
Esta discusión se sostuvo en el Ministerio de Hacienda entre los dirigentes de los profesores, el Ministro del ramo de la época y el Subsecretario, hoy titular de esa Cartera. En esa oportunidad dimos a conocer estos argumentos a los maestros. Y en 1967, los valores asignados se reajustaron en 15%, porcentaje equivalente al aumento general para la Administración Pública.
Si se llegara a dar a ese acuerdo una interpretación distinta de la correspondiente a su espíritu e intención, ello significaría, indiscutiblemente, una injusticia, una discriminación respecto de los demás sectores; ya que elevaría sus reajustes por sobre 40%. Además, importaría un gasto superior a 60 millones ó 70 millones de escudos, suma no consignada en el proyecto de ley de reajustes, y que sería forzoso financiar. Por otra parte, imposibilitaría otorgar aumentos especiales a los otros sectores de la Administración Pública puesto que el profesorado gozaría de tres reajustes: el general para todo el sector público; el especial consignado en el acuerdo magisterial éste lo tienen asegurado por ley al 1º de enero de cada año, hasta 1970, y en 1968 ha significado 18% está percibiéndolo desde el 1° de enero, y el porcentaje de reajuste especial que obtuvieran los demás sectores.
Personalmente, no estoy de acuerdo con esa tesis, porque insisto no corresponde al espíritu ni a la intención que se tuvo a] firmar el mencionado acuerdo magisterial. Y yo puedo avalarlo, pues tuve intervención directa y personal en ese convenio.
Por último, creo que el espíritu e intención que animaron tal acuerdo se desprenden claramente del texto mismo de la historia de la ley existente en esta Corporación.
El señor ALLENDE (Presidente).-
Advierto al señor Ministro que le restan 17 minutos del total del tiempo que se le asignó.
Puede usar de la palabra el Honorable señor Luis Corvalán.
El señor CORVALAN.-
Señor Presidente :
No es normal que, transcurrida ya la cuarta parte del año, aún no se resuelva el problema del reajuste de los salarios y sueldos; que el primer proyecto sobre esta materia haya tenido que ser retirado; que la suerte del segundo sea todavía incierta, y que con relación a este asunto cayeran dos Ministros de Hacienda.
Indudablemente, estos hechos son signos de una crisis política.
¿A qué se debe esta crisis? ¿Al afán obstruccionista de los partidos opositores, como suelen afirmar ciertos voceros del Gobierno? ¿Al oportunismo? ¿A los cálculos políticos ante la proximidad de elecciones parlamentarias y luego presidenciales, según ha sostenido reiteradamente "El Mercurio"?
Ajeno a una y otra cosa, el Partido Comunista cree que tales ingredientes entran en la situación chilena. Sin embargo, esto no es lo fundamental.
La raíz de la crisis está en el hecho de que los grupos más reaccionarios, tanto los que están en el Gobierno como los que se hallan en la Oposición, frenan los cambios que se necesitan, paralizan las transformaciones que están al orden del día y quieren imprimir al país un rumbo que éste no desea.
El atentado al derecho de huelga.
El intento de arrasar con el derecho de huelga representó grave amenaza contra las conquistas sociales y los derechos de los trabajadores. Un peligro mayor no había surgido desde los tiempos de la dictación de la mal llamada Ley de Defensa de la Democracia, De haber tenido éxito aquel intento, habríamos entrado a un período de más intensa explotación de los trabajadores y de ataque frontal a sus organizaciones sindicales y a sus luchas reivindicativas.
Pero, con ser de por sí grave, se trataba sólo del comienzo de una ofensiva reaccionaria en gran escala y de vastas proyecciones. Mediante la supresión del derecho de huelga, la designación de don Raúl Sáez en el Ministerio de Hacienda y el propósito todavía en pie de disminuir las inversiones en la reforma agraria, se establecían claras coincidencias entre los reaccionarios que hay en la Oposición y en el Gobierno y se pavimentaba el camino para su ulterior entendimiento.
De ahí por qué se puede afirmar que la eliminación del artículo 66, que imponía el ahorro obligatorio y suprimía el derecho de huelga, y la caída del MinistroSáez representan gran victoria de la clase obrera y del pueblo chileno.
A esta victoria siguen y seguirán otras. La solución del problema de los reajustes, que ya se ha dilatado demasiado, no podrá seguir postergándose por más tiempo. Además, el propósito de otorgar un aumentó de sólo 12,5% para una buena parte de los trabajadores del sector público, también ya está derrotado.
Decimos esto convencidos de que en el curso de las próximas horas tendrá que buscarse una salida positiva a la "impasse" que se ha producido.
Entretanto, caben algunas otras consideraciones.
El culpable de la inflación no es el pueblo.
. En noviembre da 1984, en 'los comienzos de este Gobierno, según consta de su primera exposición sobre la Hacienda Pública, se sostenía que la política que busca resolver la inflación a costa del nivel de vida de los trabajadores estaba fracasada, era inaceptable y había que buscar nuevos caminos que, sin afectar a los desposeídos, atacaran las causas de fondo del proceso inflacionario. Ahora, no obstante, el Ejecutivo piensa de otra manera: hace suyas 'las concepciones más reaccionarias que siempre ha sostenido la Derecha. En virtud de estas concepciones, el culpable de la inflación sería el pobre trabajador chileno. Este gastaría demasiado, tendría mucha capacidad de compra, y eso es lo que produciría el alza de los precios. La receta consiguiente sería reducir o limitar los ingresos de los trabajadores para que no tengan tanto dinero y no sean tan botarates. Y como nosotros, los comunistas, ai igual que otros sectores populares, rechazamos estas teorías y luchamos por el mejoramiento de los salarios y los sueldos de obreros y empleados, seríamos proinflacionistas y buscaríamos la catástrofe económica.
Es hora de poner las cosas en su sitio:
En enero, febrero y marzo del año en curso, la inflación se ha desbocado. ¿A causa del aumento de sueldos y salarios? No, señores, puesto que aumento no ha habido. El año pasado se dejó sin reajuste legal al sector privado y se dio al sector público un aumento inferior al de los pierios del año precedente. ¿Cuál fue el resultado de esta política? ¿Bajó la tasa inflacionista? No, señores. Subió a 21,9%. En cambio, en el primer año de gobierno del señor Freí, se dio un reajuste equivalente al ciento por ciento del alza oficial del costo de la vida de 1964, y la inflación fue, en 1965, inferior a la del año anterior. El aumento de las remuneraciones no es de por sí inflacionario. Lo demuestran 'los hechos anotados, y, a través de un período todavía más largo, lo ha probado un estudio que publicó hace poco tiempo el Partido Socialista. Según este estudio, hay años en que los salarios suben muy poco y, en cambio, los precios so van a las nubes, y otros en que las remuneraciones aumentan en forma relativamente apreciable sin que la inflación se dispare.
Si los sueldos y salarios no se reajustan de acuerdo con el alza del costo de la vida y el aumento de la productividad, el sector acomodado del país monopoliza gran parte del dinero, lo gasta en artículos no indispensables, más sujetos al alza de precios, y aumenta sus colocaciones bancarias. Y esto sí que produce efecto inflacionario.
Se necesita aumentar el poder de compra de las masas y no reducirlo.
Simultáneamente, el insuficiente poder de compra de los trabajadores, y tanto más la reducción del mismo, conducen al estancamiento o la recesión económica. ¿Qué sucedió en 1967, año en que se dio un reajuste inferior al correspondiente? Según datos de la Dirección de Estadística, la producción industrial, en términos absolutos, fue inferior a la de 1966. Según la Sociedad de Fomento Fabril, habría tenido un aumento de 1,4%. Cualquiera de los dos datos indica una situación terrible, un estancamiento económico; y más que eso, un retroceso.
De manera que los verdaderos agentes de la inflación y de la ruina de la economía son aquellos que tienen la osadía de presentarse como los campeones de la lucha contra la inflación y niegan a los trabajadores los aumentos de salarios y sueldos a que tienen derecho.
En razón de lo dicho, rechazamos también el pronóstico injusto y francamente antipatriótico que hizo el señor Raúl Sáez al afirmar que con el retiro del artículo 66 del proyecto de reajuste el país iría derecho a la catástrofe.
Si esto último puede producirse, no será porque se aumentan los sueldos de los trabajadores, sino porque vuelven a imperar en el Gobierno las viejas teorías económicas de la Derecha.
El alza del dólar es inflacionista.
Por otra parte, en los costos industriales, el precio de las materias primas importadas influye más que el total de los sueldos y salarios. Esto significa que el aumento de la cotización del dólar influye más que 'los incrementos de las remuneraciones. Por lo tanto, otro factor inflacionista, acaso el principal de todos en este instante, es el hecho de que el Gobierno alce cada 15 días la cotización del dólar, con la agravante de que. lo hace por encima del aumento de los precios internos.
Las cosas no marchan en buena forma. La producción industrial ya. está dicho baja; la agropecuaria no avanza, porque la reforma agraria camina a paso de tortuga. De los 100 mil nuevos propietarios que iban a formarse en estos seis años, se han hecho 10 mil, a lo sumo, y el señor Frei lleva más de la mitad de su período. Ya no se quiere sacar la reforma bancada, la reforma de la empresa ni ninguna otra. Se ha caído en el inmovilismo, en la política tradicional y reaccionaria de los regímenes precedentes. Según los cálculos del actual Gobierno, la inflación iba a ser, en 1967, de 12%, y el aumento del producto bruto, de 7%. Y para 1968 había pronosticado una tasa
inflacionista de 5%. Pero todos estos cálculos han fallado por completo.
Las compañías del cobre hacen el negociado del siglo. Con el precio de 29 centavos de dólar la libra obtienen ganancias más que suficientes. Pero el precio del metal rojo no es ése. La libra de cobre, durante más de un año, ha alcanzado valores muy superiores, pasando incluso de los 70 centavos de dólar. A raíz de esto, se plantea, por parte de diversos sectores, incluso dentro de! partido de Gobierno, la necesidad, al menos, de hacer retornar al país el sobreprecio del cobre o de extender a las compañías el impuesto a la compraventa que pagan todos los chilenos. Pero el Gobierno no quiere tocarlas ni con el pétalo de una rosa.
Que paguen los que tienen más y no los que tienen menos.
Se sugiere un impuesto especia! a las 18 mil personas que tienen rentas imponibles superiores a 10 sueldos vitales, gran parte de las cuales ganan más de 10 millones de pesos al mes, lo que muchos obreros reciben en dos años. ¡Como si lloviera! ¡Como si se predicara en el desierto! El Gobierno dice que esas personas ya contribuyen bastante, y punto. ¿Pero acaso el pueblo no contribuye más que bastante?. Y si es así, ¿por qué se le quiere estrujar más todavía, mediante bajos salarios, más altos impuestos indirectos y, hasta ayer, por medió del ahorro obligatorio? ¿Por qué se pretende seguir sacando recursos de los que nada tienen o tienen poco y no de los que tienen de sobra? ¿Por qué cuando se ha hablado de capitalizar se ha pensado hacerlo a costa de los que no tienen capital y no de los que tienen?
El país sigue dándose vuelta dentro de cierto círculo vicioso, dentro de un marco estrecho. Mientras tanto, 'la Derecha hace su negocio: presiona, especula con el descontento, se viste con piel de cordero, sueña con retornar en gloria y majestad al poder político.
Es necesario salirse del círculo vicioso, romper el marco estrecho, abandonar las políticas tradicionales y, sin vacilaciones, afectar los intereses de los poderosos, transformar el país, llevar a cabo los cambios que se necesitan. No hay otra salida.
¿Qué, reforma constitucional se necesita?
Por desgracia, el Presidente de la República ve las cosas de otra manera. Al igual que don Carlos Ibáñez y don Jorge Alessandri, sostiene que no lo dejan gobernar y que se precisa una reforma de la Constitución Política, que le dé más vía libre a La Moneda. Lo acaba de afirmar en La Cisterna y ayer en 'la Convención de los industriales.
Nosotros también somos partidarios de una reforma, constitucional, pero no como la desea el señor Freí, para hacer todavía más omnipotente el poder del Ejecutivo.
Lo que hace falta no es aumentar sino disminuir las atribuciones de este poder del Estado. El régimen presidencial favorece la burla, de las aspiraciones populares, resulta débil para resistir las presiones de los grandes intereses, no facilita, sino que, al revés, entorpece la materialización de la voluntad del pueblo, perjudica las posibilidades de poner en práctica una política progresista y conduce al gobierno de la minoría. Es antidemocrático.
Desde hace, tiempo, el régimen presidencial viene permitiendo que a poco de constituirse un gobierno se cree un divorcio muy grande entre 'los pasos del Ejecutivo y lo que quiere la mayoría de los chilenos y, en ocasiones, el o los partidos que lo sustentan. Por lo tanto, este problema no es nuevo; ha sucedido también antes y puede presentarse mañana.
La responsabilidad del Ejecutivo en la impasse producida.
Además, en la actual emergencia ha quedado demostrado que una sola persona con el título de Presidente de la República, por muy capaz o inteligente que sea, está expuesta a errores muy graves y no se puede seguir dejando en sus manos tantas atribuciones. Porque hay que decir que en la "impasse" que ha producido la responsabilidad del Ejecutivo es inmensa. No tenía derecho a enviar proyectos sin saber previamente la suerte que conocían y sin tener en cuenta la verdadera correlación de fuerzas dentro y fuera del Parlamento. Desde este punto de vista, se puede decir que al actual problema se lo ha creado el propio Gobierno.
Se necesita, pues, cambiar el sistema imperante por otro más democrático, que haga factible el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Se necesita abrir camino a un nuevo régimen, no para reforzar el gobierno de una sola persona o de una sola colectividad política, sino para facilitar los gobierno pluripartidistas que corresponden a la situación de un país como el nuestro, que tiene un sistema de partidos muy arraigado, sin que ninguno de ellos por sí solo represente o sea. tan probable que represente a 'la mayoría.
La teoría de que debe mandar una sola cabeza puede ser muy "mercurial" y hasta constitucionalista, pero es la negación de la. democracia y del sistema de partidos que tiene en Chile más de cien años. Dicha teoría se aplicó en Peñaflor. Sin embargo, está visto que. la decapitación allí producida no ha constituido ninguna solución política.
Que mande el pueblo y no una o dos personas.
No somos partidarios de que mande una sola cabeza, ni tres o cuatro. Somos partidarios de que mande el pueblo por medio de los partidos y corrientes que re representan sus aspiraciones e intereses.
Estimamos que estos partidos y corrientes tienden a su entendimiento.
Comunistas y socialistas representamos a la parte más avanzada de los chilenos, una poderosa fuerza revolucionaria. Entre unos y otros, como ha podido verse con relación a este mismo proyecto, suelen surgir ciertas diferencias tácticas; pero en lo fundamental nos unen 'os intereses y las aspiraciones del pueblo, 'las luchas de los trabajadores y la meta del socialismo.
Paralelamente, la mayoría del Partido Radical y buena parte de los democratacristianos buscan una salida progresista. Se puede afirmar que todos esos sectores políticos FRAP, radicales de Izquierda y democratacristianos de avanzada, social demócratas y socialistas populares representan a la mayoría del pueblo, al pueblo que quiere marchar por el camino de una revolución auténtica.
Son fuerzas convergentes que pueden y deben ir coincidiendo más y más y llegar a entenderse para gobernar.
Solución política a la crisis política.
Tenemos en cuenta el hecho de que no es fácil llevar adelante este proceso; que hay y habrá muchas situaciones difíciles que encarar, que las aguas tienen todavía que decantarse de manera que los reaccionarios, que son una minoría, sean aislados, arrinconados y derrotados y no sigan pescando a río revuelto, tratando de confundirse con fuerzas que social y políticamente son sus adversarios. Pero, al fin y al cabo, no hay más que seguir en esta obra de unificación en la lucha de todas las corrientes populares y democráticas. En definitiva, la crisis política no tiene sino esta solución política.
Señor Presidente, el Partido Comunista ha decidido votar en general a favor de este proyecto. Lo decidió al tener éxito la gestión Tarud, luego que el Ejecutivo convino en retirar el artículo 66, que establecía el ahorro obligatorio para el sector privado y era un grave atentado al derecho de huelga. Lo resolvió partiendo del principio de que el nivel de los salarios no depende tan solo ni tanto del Parlamento, sino también de otros factores, y en particular de la fuerza de la organización y la lucha de los trabajadores.
Estamos convencidos de haber actuado bien, de haber dado un paso táctico que cambió el cuadro de la situación en favor de los trabajadores, todo ello con 'la decisión, la flexibilidad, la independencia y la disciplina propias de un Partido Comunista capaz de orientarse y orientar al pueblo en las complejidades de la lucha social.
No hay amenaza que nos haga vacilar.
Un Senador de la Derecha, el Honorable señor Jaramillo, dijo a un diario que habíamos actuado temerosos de un trastorno institucional, a raíz de la visita que los jefes de las Fuerzas Armadas hicieron a La Moneda.
No fue así. En primer lugar, porque nuestra decisión fue anunciada al país horas antes de esa visita, sin saber de ésta; y, según todos los antecedentes, los altos jefes de las Fuerzas Armadas hablaron con el Primer Mandatario para exponerte la situación económica angustiosa de los personales de las instituciones armadas y la urgencia del reajuste, lo cual es comprensible y legítimo. En segundo lugar, porque estábamos resueltos a votar en contra del proyecto si en él se mantenía el artículo 66. Este acuerdo se lo habíamos dado a conocer al Gobierno, al propio MinistroSáez, al vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, Senador don Tomás Reyes, a todos cuantos nos podían oír. Fuimos terminantes en declarar que ninguna amenaza ni situación de hecho podría hacernos modificar tal actitud. Ahora bien, si de paso hemos contribuido a evitar una solución extraconstitucional, no estamos arrepentidos de ello, porque en las actuales circunstancias una salida semejante sólo podía favorecer a los enemigos del pueblo. Y es claro también que valoramos el hecho de que el Presidente de la República haya tomado a este respecto un camino democrático al decidir el retiro del artículo 66.
Creemos en la necesidad inaplazable de legislar a favor de los reajustes. No concebimos el rechazo a este proyecto, pues ello significaría, en el mejor de los casos, postergar por meses y meses el aumento de las remuneraciones.
Apoyamos todas las reivindicaciones de los gremios.
Ratificarnos también nuestra oposición a todos aquellos artículos que hieren los intereses del pueblo y nuestra decisión de contribuir a que se corrijan las injusticias que esta iniciativa contiene respecto de una parte del sector público. Hacemos nuestras las reivindicaciones de la ANEF, de la ANES, de los profesores, de los funcionarios de las Universidades, de los trabajadores de la Salud, de los ferroviarios, del personal de la ETC y de la LAN, de los empleados y obreros municipales y de los pensionados del Seguro Social.
Si las propias estadísticas oficiales reconocen que el costo de la vida aumentó en 21,9% hasta el 31 de diciembre de 1967, no es posible que a una parte de los trabajadores se les pretenda dar reajustes inferiores a ese índice, tanto más cuanto que, en lo que va corrido del año, el costo de la vida ha subido otro 10% más.
Para corregir las injusticias existen recursos o hay de dónde éstos se pueden sacar. Esto ha quedado ya demostrado. El Ministro de Hacienda ha reconocido un rendimiento presupuestario de 80 millones de escudos más allá de lo calculado. Y eso no es todo. El mayor rendimiento es aún superior y la posibilidad de echar mano de nuevos recursos, sin afectar al pueblo no está agotada ni mucho menos. Así lo han demostrado 'las sugerencias hechas por los Partidos Comunista, Social Demócrata, Socialista Popular y Radical.
Más que falta de dinero, hay falta de decisión para cambiar de rumbo y atender realmente los intereses del pueblo.
Los trabajadores chilenos han librado grandes combates en defensa de su derecho de huelga y de un reajuste decente. El gran paro del 23 de noviembre último y el reciente paro del sector público demuestran que los trabajadores están decididos a no permitir que se escamoteen sus derechos. Estos combates no tienen nada de artificiales, ni son obra de agitación política extra sindical. Son efecto de una realidad social que no se puede dejar de atender.
Por ahora, nada más.
He dicho.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Se suspende la sesión por quince minutos.
Al reanudarse, usará de la palabra el Honorable señor Bossay.
-Se suspendió a las 17.53.
-Se reanudó a las 18.19.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bossay.
El señor BOSSAY.-
Hace sólo cuatro meses, el entonces Ministro de Haciendadon Sergio Molina efectuó una optimista exposición sobre el estado de la hacienda pública ante la Comisión Mixta de Presupuestos encargada del estudio del proyecto de ley de Presupuestos para 1968. Ese optimismo formaba parte de toda una acción propagandística encaminada a disimular los fracasos del Gobierno en distintas fases de su gestión. Confundida la mente da los habitantes con el bombo y la retórica, era más fácil acelerar el olvido de las promesas hechas anteriormente. Así, por ejemplo, ya nadie recuerda que al asumir el actual Gobierno el mismo MinistroMolina afirmó, con énfasis, que jamás había osado poner Ludwig Erhard, que reduciría el alza del costo de la vida y terminaría con la inflación en tres o cuatro años, bajándola a 15% en 1966, a 10% en 1967, y eliminándola en 1968. Esas fueron sus palabras. Y como si su afirmación fuera poco categórica, agregó: "Consideramos estas cifras como topes máximos, por lo cual no podemos permitir que sean excedidas bajo ninguna circunstancia".
Ni el MinistroMolina ni el Gobierno se inmutaron por el fracaso de sus predicciones, y 1 dicho ex Secretario de Estado, en la última exposición de la hacienda pública, insistió en afirmar que durante el curso de este año se alcanzará casi con certeza la meta de romper el estancamiento económico y refutó con énfasis a quienes sostienen que se ha aumentado el personal de la Administración del Estado en forma descontrolada.
Todo cuanto se hizo y se dijo para que el MinistroMolina revisara sus medidas económicas fue desatendido, con la consiguiente pérdida del sacrificio económico que se exigió a una gran masa de ciudadanos. Sin embargo, la fuerza de los hechos y la insistencia del Ministro Molina en lograr sus propósitos, empleando ahora otros medios, como la reducción de las remuneraciones, y haciendo caso omiso del hambre de esos mismos asalariados, produjeron su caída.
Sólo entonces viene lo sorprendente: se designa a un hombre que confirma todas las críticas de la Oposición. Inicia su gestión el señor Raúl Sáez, expresando textualmente: "Sabemos que los problemas que Chile confronta, son graves y serios: un presupuesto fiscal fuertemente desequilibrado pese a los ingresos excepcionales que el país ha obtenido del elevado precio del cobre; un repunte de la inflación y una disminución manifiesta del ritmo de desarrollo económico".
Más adelante agrega: "Una cosa, sin embargo, es definitiva: el sector público ha incrementado sus gastos corrientes en proporciones que han limitado gravemente su capacidad de inversión y que hacen cada vez más difícil erradicar la inflación". Acto seguido, dice: "Para demostrar la gravedad de esta situación baste señalar que, en los últimos tres años, el total de los gastos del Sector Público, incluidos los organismos autónomos y descentralizados, ha aumentado en 53% en moneda constante".
Plena coincidencia entre lo que el radicalismo y otros partidos de Oposición afirmábamos con el análisis escalofriante del ex Ministro de Hacienda señor Sáez, sólo con la. diferencia de que él piensa más allá y predice el descalabro en un futuro próximo en caso de no aceptarse a fardo cerrado las medidas económicas y sociales que propone. Su pensamiento Mega al extremo de ponerse en la eventualidad de que la situación haga crisis por vías no institucionales términos a los que me referiré en algunos momentos más, "como único medio de responder a la incapacidad de gobernantes y gobernados de ponerse de cara a dicha realidad, con coraje y lucidez mental". Son sus palabras textuales.
La gravedad de esas frases es enorme si se considera que fueron pronunciadas por un Ministro de Hacienda y no por un dirigente opositor. Pero es mucho más grave la alusión a ella de algunos Senadores del partido de Gobierno durante el debate de las Comisiones unidas: en forma no disimulada, se nos amenazó en el sentido de que podría sufrir nuestra estabilidad institucional si este proyecto no fuera despachado.
Frente a esas amenazas, difundidas por la prensa y la radio, y expresadas en comentarios de diversos sectores, el Senado de la República, de acuerdo con la Constitución, debe expresar su pensamiento. Con pleno sentido de lo que es democracia, debe decidir si este proyecto de ley contribuya o no contribuye a la solución de los problemas que afligen a quienes viven de un sueldo o salario. Y me refiero expresamente a éstos y no al aspecto que abordó hace algunos minutos el señor Zaldívar, por una razón muy sencilla.: la obligación del Ministro de Hacienda era presentar financiado antes de diciembre de 1967 el presupuesto para 1968. Conforme a las normas constitucionales, le correspondía financiarlo en aquella oportunidad, y no en abril de 1968. Sin embargo, se pretende obligarnos ahora a aportar recursos para ese presupuesto, a fin de afrontar .una serie de gastos que deben efectuarse en el año en curso, en circunstancias de que, por imperativo constitucional, el año pasado debieron indicarse los recursos para sueldos y salarios y también lo que es más importante los que se necesitan para inversiones de diversos organismos, sea la Corporación de Fomento u otras instituciones tan importantes como ella.
Me referiré ahora fundamentalmente al problema de sueldos y salarios, materia respecto de la cual estimo que debe darse una solución amplia.
En seguida, el señor Sáez hizo un llamado a los partidos políticos para que comprendieran la necesidad de actuar con urgencia y otorgar al Gobierno los medios legales que solicita. Uno estas palabras con las amenazas que hemos estado escuchando desde diversos ámbitos: en discursos pronunciados en el sur del país; durante la reciente inauguración de la Convención de la Industria y el Comercio, e incluso en frases violentas de dos Diputados. Uno de éstos tengo entendido que es dirigente de la Democracia Cristiana nos amenaza, con el cierre del Senado. Comparo estas amenazas permanentes con la realidad histórica. Es aquí donde se plantea la contradicción.
Sostengo que en los tres años de este Gobierno, el Congreso Nacional le ha dado todas las leyes solicitadas. Por supuesto, se ha negado ello es efectivo a delegar facultades legislativas, por temor a que el uso de ellas hubiera acelerado el proceso que ahora vivimos.
El balance obtenido y que fue presentado por el señor Sáez no es de la responsabilidad de la Oposición ni del Parlamento: es fruto exclusivo de una mala administración, y ello no admite ninguna otra explicación.
Se nos ha engañado sobre la realidad económica y financiera del país durante tres años. No obstante las dificultades para obtener cifras y antecedentes, y orientados, sobre todo, por la dura realidad del pueblo, y también por la cesantía expresada en datos estadísticos oficiales, nosotros obteníamos deducciones contrarias a los éxitos pregonados por todos los órganos de información del Gobierno.
El Presidente de la República, Excelentísimo señor Frei, y el Ministro señor Molina tuvieron plenitud de poderes para haber logrado éxito en la cacareada batalla contra la inflación. Desde luego, llegaron al Poder con un ambiente muy favorable de la opinión pública y contaron con ingresos en moneda dura, comprobados estadísticamente, de extraordinaria importancia. Asimismo, diversos señores Senadores han hecho presente que el actual Gobierno recibió el efecto benéfico del aumento de recursos derivado de la reforma tributaria despachada a fines de la Administración anterior.
Antes de continuar mis palabras, advierto que la forma apretada en que estoy expresando mis juicios obedece a que mi partido desea ocupar ahora sólo una parte de su tiempo y reservar algunos minutos para mañana, a fin de contestar, ya al término del debate, las intervenciones de algunos señores Senadores y del señor Ministro.
Por las razones expuestas, el Partido Radical se siente en la obligación de orientar en el futuro sus determinaciones de modo de revivir los propósitos que enunció en 1984, muchos de los cuales fueron esbozados también por el propio triunfador y por su partido. Esos propósitos tienden a romper el estancamiento económico, a derrotar la inflación, a. distribuir mejor el ingreso y a permitir al pueblo la obtención de los medios necesarios para conseguir una más plena soberanía.
Pero esta vez no podremos confiar. Hemos estado contemplando tres años este panorama, al cual me referiré en la intervención de mañana o en alguna parte de ésta, con acopio de cifras. Pero no podemos dar un voto de confianza, otorgando poderes amplios. Simplemente, nos limitaremos a conceder una legislación restrictiva acorde con estos planteamientos.
Esta causa es la que nos ha movido a revisar cuidadosamente el proyecto de reajuste de remuneraciones enviado al Congreso, que, en nuestra opinión, significa un retroceso importante respecto de los propósitos recién referidos. Tales propósitos repito no sólo fueron planteados por nosotros y otros partidos de Oposición, sino aun por vastos sectores de la Democracia Cristiana, en aquella oportunidad y posteriormente, al exponer la vía no capitalista. La ley en proyecto no refleja ni lo de 1964 ni mucho menos la vía no capitalista. Simplemente constituye un retroceso en el planteamiento de todos esos factores.
Antes de entrar en detalles, quiero abordar un punto previo, en la convicción de que ha regado la hora, no sólo de darlo a conocer, sino de enfocarlo y resolverlo en esta oportunidad.
Anualmente debe presentarse a la consideración del Congreso un proyecto de ley de Presupuestos, en el cual es fijan los gastos de la Administración Pública. Pero desde hace años, en especial desde la reforma de la ley orgánica de Presupuestos, ese proyecto representa cada vez en menor grado el verdadero gasto de la Administración, con lo cual se infringe de manera grave la Constitución Política del Estado. En el último año se llegó al extremo de excluir los egresos derivados del reajuste que correspondía otorgar a los funcionarios públicos y, además, importantes inversiones.
No considerar esos gastos e inversiones en el Presupuesto anual, según mi criterio, produce un doble daño: por una parte, al disponerse de la totalidad de los ingresos y no consignarse el gasto presupuestario real en el año, se aumentan los gastos públicos, porque acto seguido se torna indispensable financiar aquella parte de las remuneraciones de empleados y obreros del sector público no incluida en el Presupuesto. Si este daño es grande, mayor gravedad reviste el hecho de que la búsqueda de recursos para cubrir los sucesivos proyectos de reajustes exige revisar todo el planteamiento tributario existente, con enorme perjuicio para la producción y el país en general.
Por lo demás, en esos proyectos de reajustes no se ha tomado en cuenta el financiamiento de índole tributaria consistente en que los impuestos, contribuciones y tasas, aplicados a valores siempre crecientes por la desvalorización monetaria que origina el ritmo inflacionario, han representado ingresos reales muy superiores a los programados originalmente y destinados en forma exclusiva a pago de dos y salarios.
Estoy cierto de que si formáramos un fondo con los recursos financieros que año a año ingresan como consecuencia de las leyes anuales de reajuste, podríamos financiar holgadamente un reajuste anual automático del ciento por ciento del alza del costo de la vida y evitar en el futuro los perniciosos efectos que leyes de este género acarrean tanto a los asalariados como a los sectores empresariales del país.
Convencido de la necesidad de frenar el gasto público, de dar estabilidad a la producción y, sobre todo, de asegurar a empleados y obreros el reintegro oportuno de la pérdida de valor adquisitivo de sus remuneraciones, presentaré en este proyecto una indicación que permita el reajuste automático anual en los términos señalados.
El proyecto que en estos instantes debate el Senado es una confirmación fehaciente de lo que sostengo. El financiamiento en él previsto asciende a un total de 1.270,8 millones de escudos. De esta suma, sólo 557,8 millones se destinan a reajuste de sueldos y salarios; el saldo, 713 millones de escudos, a inversiones presupuestarias que no se consideraron oportunamente, de acuerdo con 'la obligación constitucional.
Según lo que ya anticipé, esta tarde analizaré sólo dos o tres aspectos fundamentales del proyecto, entre ellos el relativo al financiamiento.
Antes, sin embargo, quiero expresar que el señor Ministro de Hacienda ha creído del caso refutar la afirmación que hizo el Ejecutivo en su Carta de Intención dirigida al Fondo Monetario Internacional a comienzos de este año. En ella se asevera que el Gobierno se propone obtener un excedente mínimo en cuenta corriente en el año 1968 de 2.100 millones de escudos y que, al mismo tiempo, el resto del sector público obtendrá este año un superávit en cuenta corriente de por lo menos 1.600 millones, asimilando este excedente a presupuesto de capital.
Insistentemente he pedido a la Dirección de Presupuestos, por conducto de la Secretaría del Senado, una información oficial sobre esta materia. Sin embargo debo decirlo una vez más, he sido tramitado y no he podido reunir la información solicitada. El señor Herrara, funcionario de esa Dirección a quien se encomendó oportunamente proporcionar esos datos, con acuerdo de la superioridad de ese servicio, o sin él, se ha negado a facilitármela y ha dicho que me la hará llegar mañana, o sea, después de mi intervención.
En esta situación, y por otras razones que agregaré, debo manifestar mis dudas sobre la interpretación que el señor Ministro ha dado en la Sala, pues, de aceptarla, tendría que concluir que la Carta de Intención falta a la verdad en otro de sus párrafos, cuando dice que "se adoptarán medidas a fin de asegurar" esto es textual "que los gastos de inversiones en 1968 tengan algún aumento en términos reales". Si pretendiera asignar a inversiones únicamente 2.100 millones de pesos, no podría cumplir esa promesa, porque la inversión real del último año fue muy superior y, en consecuencia, ella se hallaría este año en franco descenso.
Ruego al señor Ministro instruir al señor Herrera para que tenga la gentileza de proporcionarme los antecedentes pedidos. Por lo común, los parlamentarios de Oposición debemos luchar permanentemente con esta enorme dificultad para informarnos de manera cabal. Esto no sólo me ocurre a mí. Estoy seguro de que a mis Honorables colegas les sucede exactamente lo mismo. Y tenemos que ser verdaderos detectives para bucear en busca de datos. Si en 'las Comisiones o por las vías administrativas pudiéramos estar debidamente informados, incluso en los pormenores, sería muy distinto el planteamiento de nuestra opinión. De todos modos, los señores Senadores tienen en sus manos el informe de lo tratado en las Comisiones unidas.
¿A qué conclusión pretendía llegar yo antes de esta disgresión? Hay algo que he dicho en numerosas ocasiones. Lo han sostenido también, entre otros, los Honorables señores Chadwick, Allende y algunos Honorables colegas del Partido Comunista. ¿Cuál es esa conclusión? Que, aun cuando se diga en términos muy hipócritas que no se trata de una política impuesta por la Carta de Intención al Fondo Monetario Internacional, es ella la que regia las medidas aparentemente más extrañas al pensamiento mismo de tipo monetario que debiera regir como consecuencia del verdadero compromiso respecto de una coordinación económica determinada, producto de los préstamos "standby" y expresada en esta Carta.
Sostengo por cuarta, quinta o décima vez que ello es así. Si revisamos esta parte sobre la cual no he podido encontrar los antecedentes necesarios, o cualquier otra, como la número 10 ó la que corresponde al final del número 2 de dicha Carta de Intención, nos encontramos con que la tendencia a 'liberalizar la economía chilena con criterio norteamericano es la base, el trasunto, la columna vertebral, la filosofía que orienta a estos verdaderos compromisos.
Reconozco que las frases usadas se prestan para toda clase de interpretaciones y que cualquier Honorable colega podría darle la que estimara más adecuada, con acopio de buenos argumentos para defendería. Pero lo que importa son los hechos.
Dice la Carta de Intención última: "El objetivo de las autoridades chilenas es desacelerar la tasa de aumento de los precios al consumidor, y se tratará de avanzar en dicha dirección a través de las políticas señaladas anteriormente y también" en la forma más inocente, con piel de cordero "mediante una política de ingresos apropiada y esfuerzos para aumentar la producción interna".
"Política de ingresos apropiada" significa una política restrictiva en materia de reajuste de sueldos y salarios, o sea, que no aumente el poder de compra frente a una producción que, si anteriormente tuvo un índice interesante de aumento, ahora, como lo reconoció Su Excelencia en el discurso de anteayer y como lo revelan las estadísticas, la página de redacción de "El Mercurio" de hoy y revistas técnicas, •es inferior, en especial en el campo industrial, al aumento vegetativo de la población chilena, y constituye un retroceso.
Debajo de toda esta fraseología, hay una política central, que quiero analizar en detalle.
Después überalización de la política dice: "Los controles de precios se usarán solamente como un instrumento complementario de las políticas de ingresos y de promoción de la producción".
Refiriéndose a los servicios públicos, expresa que podrán alzar sus tarifas al margen de una necesidad estrictamente social o de un fin social. De manera textual, dice: "y para cobrar tarifas que cubran lo más adecuadamente posible los gastos de operación y la necesidad de reemplazo de capital".
En otro párrafo expresa lo siguiente: "El aumento de 'los precios internos se aceleró en 1967 en parte como resultado de un gran aumento de las remuneraciones".
Sin embargo, no una, sino muchas estadísticas algunas de las cuales tengo a la vista, comprueban que no es efectivo que los aumentos de remuneraciones hayan coincidido siempre con la aceleración del proceso inflacionario. En verdad, sucede todo lo contrario. En épocas en que la producción iba en retroceso, hubo años, como los comprendidos entre 1939 a 1952, en 'los cuajes se reajustaron los sueldos y salarios en porcentajes mayores que los del alza del costo de la vida y, sin embargo, se redujo el aumento del índice de la inflación. Y ello no sólo ocurrió en aquella oportunidad, sino en muchas otras más, lo que es sumamente fácil de comprobar.
El señor AYLWIN.-
Los dos primeros años de este Gobierno, desde luego.
El señor BOSSAY.-
Exacto. Por lo tanto, es muy fácil verificarlo.
De todos modos agradeceré a Sus Señorías no hacer muchas preguntas, pues dispondrán de una hora setenta minutos para poder contestar a mis observaciones, y, por nuestra parte, también tendremos algunos minutos para replicarles.
"Un año completo de aplicación de la considerable überalización cambiaría y comercia que se realizó en el curso del año 1966, ha sido uno de los factores principales que contribuyeron a la expansión de la demanda de importaciones". Así continúa la carta que los señores Senadores tienen en sus manos y en la cual podrán ver perfectamente que el verdadero fondo del problema reside en lo expresado y no en otra cosa, y eso es lo que, en su oportunidad, he sostenido.
Anteriormente dije que sólo deseaba referirme a tres o cuatro aspectos básicos, para dar tiempo a que intervengan mis Honorables colegas.
El Partido Radical no acepta la teoría de otorgar a un importante sector de la Administración Pública un reajuste en dinero de 12,5 por ciento y pagar 7,5 por ciento en bonos, cualquiera que sea la fórmula planteada; la del proyecto o la contenida en los acuerdos de pasillos, de permitir el rescate de parte de los bonos en septiembre, otros pocos en marzo, etcétera; es decir, la recuperación de los mismos por parcialidades. No nos gusta el pago a plazo de los reajustes en ninguno de los sistemas propuestos.
He planteado claramente espero que en la discusión del artículo respectivo, si acaso se aprueba el proyecto, el señor Ministro o los asesores del Gobierno puedan contestarme corno se aplicará el respaldo en dinero de los bonos, punto de extraordinaria importancia. ¿Está considerado en el financiamiento de la iniciativa en debate? ¿Está previsto en el del Presupuesto? ¿O piensa incluirse en otra ley, cuando se quiera pagar los bonos? De todos modos, ese respaldo no puede consistir en simple papel, pues ninguna de las partes lo acepta. No puede ser papel para quien lo va a recibir, vale decir, la Corporación de la Vivienda, que será beneficiada en sus ingresos con tales recursos. Tampoco puede serlo para el empleado, que desea tener un valor real en sus manos. La verdad es que con el sistema que mantuvimos en las Comisiones, según" el cual prácticamente había dos centros de estudio .en uno estábamos los Senadores "no comprometidos", y en otra sala cercana, los Ministros con algunos Honorables colegas discutiendo cómo solucionar el problema, no tuvimos tiempo, prácticamente, de estudiar en detalle este punto. ¿Dónde está ese financiamiento? No digo que no exista, pero aquí no se encuentra. En alguna parte debe estar. ¿O se va a financiar después? Pero debe ser un financiamiento real, tanto para el empleado como para quien verá aumentado, aunque sea transitoriamente, sus ingresos.
En nuestro repudio a ese sistema de pago no estamos solos. Tengo aquí un discurso del entonces Senador señor Frei agradecería a mis Honorables colegas que lo leyeran, pronunciado al discutirse un proyecto de ley. Es cierto que su planteamiento representaba más bien una filosofía sobre los reajustes y se refería a un aspecto parcial de la iniciativa: al problema de las regalías. Pero el señor Senador fue terminante al sostener que los aumentos de salarios no debían imputarse a las regalías. En efecto, en la página 168 del Diario ele Sesiones del Senado de 6 de octubre de 1931, aparece la siguiente intervención del señor Frei:
"Por nuestra parte, formulamos una indicación, que, desgraciadamente, fue rechazada, para que este aumento del salario no se pueda imputar a las regalías, sino que deba ser pagado íntegramente en dinero, y esto lo fundaremos nuevamente en la discusión particular."
Nosotros estamos con el SenadorFrei.
El señor PABLO.-
Con el Presidente'
El señor BOSSAY.-
No, con el entonces Senador Frei. Nada más. Estamos con esa teoría. Por lo demás, son acuerdos de los Gobiernos. Tengo entendido que Chile no ha ratificado, colocándose muy cerca da las naciones africanas algunas de ellas tampoco lo han hecho, acuerdos internacionales para que los sueldos y salarios se paguen en dinero, y no mediante métodos de excepción como los usados en casos extraordinarios, como ocurrió en Alemania durante la guerra. Reconozco que Chile afronta una catástrofe, pero no tan grande como una guerra, que justifique el empleo de esos sistemas.
En cuanto a los jubilados y montepiados, el trato es discriminatorio, en especial en lo relativo al personal de las Fuerzas Armadas. Cuando Su Excelencia el Presidente de la República postulaba a la Primera Magistratura, fue totalmente preciso en lo que ofreció, por lo cual no creo necesario leer sus discursos. Inclusive, envió una carta muy concreta y precisa. La verdad es que el proyecto en debate, que implica retroceso, no cumple absolutamente ninguna de sus promesas.
Por lo demás, debo expresar al señor Ministro, especialmente, que habría mucho que discutir. Y sólo con el objeto de dar tema a nuestras intervenciones de mañana o en el debate posterior del proyecto, antes de terminar plantearé tres aspectos que no hemos abordado hasta el momento y que es necesario hurgar a fondo.
En primer lugar, en la ley de Presupuestos de este año se ha calculado el precio del cobre a 42 centavos la libra. En los meses de enero y febrero se han vendido 140,9 millones de libras a un precio promedio estimado de 59,9 centavos de dólar la libra, y en el mes de marzo se vendieron 129,3 millones de libras, a 65,6 centavos la libra. Es decir, se han vendido 270,2 millones de libras de cobre, con un valor de 169 millones de dólares, en lugar de haberse obtenido los 113 millones de dólares estimados en el Presupuesto. En otras palabras, se ha producido una diferencia de 56 millones de dólares, que al correr del tiempo y dentro del sistema de ventas que discutimos , con los representantes del Comité del Cobre, si consideramos una cifra totalmente posible, al cambio de 6,3 escudos el dólar, representan un ingreso real de 352 millones 800 mil escudos. Este cálculo es totalmente real y fue obtenido de los informes del Comité del Cobre.
Ahora viene este otro punto: las entradas en dólares de la ley de Presupuestos vigente se han estimado en 218 millones, que convertidos en moneda nacional al cambio de 6,5, en lugar del 6,1 estimado en el Presupuesto, producirá un mayor ingreso real de 87 millones de escudos. En la ley de Presupuestos para 1967, se calculó el ingreso en 5.426.219.150 escudos, y se recaudaron aproximadamente 6.275.859.062 escudos. Ello significa 16 por ciento más. En la ley de Presupuestos para el año 1968, los ingresos se estimaron en 7.311.600.000 escudos, y es dable pensar que con una desvalorización monetaria superior a la del año 1967, se produzca un incremento de más de 20 por ciento en los ingresos. Sin embargo, calculando sólo un mayor ingreso de 50 por ciento del que es posible esperar, tendremos mayor recurso por 731 millones de escudos.
Estos datos, más los que he entregado en su oportunidad al señor Ministro y que me han sido solicitados por algunos Honorables colegas, son más que suficientes para pensar que no estamos errados al decir que existen recursos y que debemos hacer un estudio ojalá lo hagan las Comisiones bastante profundo, en especial en los aspectos relacionados con el financiamiento.
Por ejemplo, señor Ministro, el financiamiento sube el impuesto a las compraventas, del 7 por ciento, al 8 por ciento. No sé si tocios los Honorables colegas están en conocimiento de que el término medio de las alzas de dicho tributo alcanza a 14,5 por ciento. La mayor parte de los gastos de una persona que vive de un sueldo o salario sen afectados por el impuesto a las compraventas, y, como digo, el alza promedio de las diversas tasas de dicho tributo es de 16,5 por ciento; en algunos casos es de 14,28 por ciento, 16 por ciento, 15 por ciento, 16,5 por ciento, 61 por ciento, 70 por ciento, 17 por ciento, 33 por ciento, 20 por ciento, 13,3 por ciento y 12,3 por ciento. Si bien en el promedio de alza de 16,5 por ciento de las diversas tasas del impuesto a las compraventas pueden influir mucho los tramos más altos, dicho aumento resulta ser extraordinariamente importante y no se compadece, en verdad, con el 12,5 por ciento de reajuste que se pretende dar. Todavía más, ese incremento no afectará tanto a los sectores de mayores ingresos de este país, pues un señor Irarrázabal o de otro apellido vinero semejante, puede comprar directamente a firmas mayoristas como Weír Scott o Duncan Fox, o cualquiera otra. En cambio; el de ingresos escasos, mientras más pobre es, más sufre, los recargos del impuesto a la compraventa. En efecto, antes de llegar al barrio, la mercadería ya ha pasado por una firma distribuidora, por un mayorista de segunda o tercera categoría ; o sea, llega al almacén de la calle San Diego, de la población "Santa Marta", "Santa Adriana" o "Monseñor José María Caro" después de haberse pagado por ella cuatro, cinco, seis o siete veces el impuesto a la compraventa. Sin embargo, esa persona recibe sólo un reajuste de 12,5 por ciento o 21,9 por ciento, según el caso.
El gravamen en referencia es abiertamente inflacionario, no obstante haberse comprometido el Gobierno, en la citada carta, a adoptar medidas para contrarrestar la inflación y no a favorecerla. Por eso, rechazamos este tributo, sin el ánimo mezquino de dejar sin recursos al Ejecutivo. He planteado personalmente, y en nombre de mi partido, que nosotros, después de comprobarse la efectividad de los datos que hemos solicitado, estamos dispuestos a votar financiamientos no inflacionarios que permitan solucionar los problemas reales que existen.
Por lo expuesto, en ésta nuestra primera intervención, deseo expresar que, en defensa de un importante sector de la Administración Pública; del profesorado nacional, con cuya interpretación sobre el acuerdo magisterial coincidimos totalmente; de los montepiados y jubilados de Chile; de los pensionados del Servicio de Seguro Social ; de sectores importantes, cuyos acuerdos y compromisos anteriores, como es el caso de los trabajadores de la Salud y de Correos y Telégrafos, no fueron cumplidos, los Senadores radicales votaremos en general contra este proyecto.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, siguiendo la ronda constante que impone la legalidad burguesa, el Senado debe pronunciarse sobre un nuevo proyecto de reajuste de sueldos y salarios de los trabajadores chilenos. Este engendro, cocinado por los técnicos del Gobierno sobre la base de estadísticas escandalosamente falseadas, pretende recortar de manera drástica las remuneraciones de hambre que percibe nuestro pueblo; imponer como lo pretendió con el primitivo proyecto ya repudiado por la masa trabajadora un ahorro obligatorio que irá a incrementar los capitales de las grandes compañías de los imperialistas y de los clanes monopólicos y, lo que fue más aberrante, hasta a restringir el derecho de huelga de los trabajadores. O sea, el espíritu de la ley pretende que las clases más explotadas, que ya sufren los trágicos efectos de la desnutrición, de las viviendas insalubres y de una mortalidad infantil que es una vergüenza nacional, se suman en una miseria aún mayor, para capitalizar con ello a los monopolios nacionales y extranjeros. Se trata también de hundir en la miseria a los empleados modestos y de arruinar a los pequeños comerciantes, ya agobiados por los impuestos, cuyas ventas disminuirán violentamente. Todo se hace invocando la necesidad de restringir el mercado interno, como si nuestros asalariados gastaran desmesuradamente y vivieran en forma dispendiosa.
Como previeron la desesperación en que sumirán a la clase trabajadora, los artífices de este monstruoso proyecto se anticiparon a limitar y reglamentar el derecho de huelga hasta quitarle todo valor como arma de lucha. Pretendieron, bajo el amparo de la ley, saquear, amordazar y maniatar a los trabajadores de una sola vez. Esta iniciativa, que el Gobierno pretende imponer a toda costa y a pesar del repudio general que provocó su solo anuncio, ha servido de campanada de alerta a nuestro pueblo para que comprenda cuál es su destino bajo este régimen; para que conozca qué intereses sirve este Gobierno; para que medite cómo lo han arrastrado, de conciliación en conciliación, a una miseria creciente y a tener que afrontar este nuevo escarnio; para que reconozca a sus enemigos abiertos y encubiertos.
Lo primero que debe llamar la atención de los trabajadores es el hecho de que sólo una vez al año, en una fecha fija, se monta una farsa para atender a sus remuneraciones, para concederles el mal llamado "reajuste". ¿Pasa lo mismo con los precios de los artículos que necesitan para vivir? ¿Se alzan también éstos sólo una vez al año? No, señores Senadores. El Gobierno durante todo el año, en cualquier mes y en cualquier fecha, está dispuesto a atender las peticiones de alzas de precios exigidas por las grandes compañías que manejan' la industria y el comercio mayoristas, especialmente cuando se trata de compañías con capitales yanquis o de los clanes monopolistas criollos.
Los trabajadores deben soportar durante todo el año la rebaja continua y acelerada de su nivel de vida; absorber a diario las alzas; resistir, como puedan, la profundización de su miseria. Todo ello, esperando inútilmente que el reajuste anual les devuelva su poder de compra.
Yo me pregunto, señor Presidente, ¿cuándo hemos discutido aquí el alza de la locomoción, del aceite, de la leche y tantas otras que el Gobierno concede a cada paso, con manga ancha y mediante simples decretos ministeriales? Jamás se nos ha consultado sobre eso. Ningún Senador puede decir: "Me opongo al alza del pan, me opongo al alza de la bencina", ni dar las razones de su actitud.
Las alzas son concedidas en rápido trámite, sin discusión y a espaldas de la opinión pública. Sin embargo, cuando se trata de hacer justicia al obrero, al campesino y al empleado, se presenta un complicado proyecto de ley de reajustes, mañosamente preparado, con datos estadísticos falseados, que es, en el fondo, una burla cruel, porque el mezquino "reajuste" que otorga el Gobierno al comienzo de cada año no sólo no alcanza para enfrentar las alzas que se dictarán en los inmediatos meses venideros, sino que ni siquiera cubre la mitad de las del año anterior. Así, los sueldos y salarios van siendo reducidos en su valor real, en su poder de compra, de año en año, de mes en mes.
Para comprender la verdad de la gran estafa que ha estado sufriendo el pueblo chileno, basta que los trabajadores recuerden cuál era su salario en 1961, cuando el escudo estaba a la par con el dólar, y lo comparen con el de hoy. ¿A cuántos dólares corresponde su salario actualmente, cuando esta moneda tiene un valor de diez escudos en el mercado negro? El obrero, que en 1961 ganaba cien escudos, o sea cien dólares, hoy recibe alrededor de cuatrocientos escudos, es decir, cuarenta dólares. ¡Su salario se ha rebajado en 60% ! Y la gran estafa no comenzó en 1981, sino mucho antes.
Pero hay más, señor Presidente. Con este nefasto sistema de reajustes por ley, se están burlando, desde hace bastante tiempo, las disposiciones del Código del Trabajo y el derecho de huelga, que el Gobierno pretendió suprimir por completo. En dicho código se reconoce, aunque en forma imperfecta y mezquina, el derecho de los trabajadores a establecer, mediante su lucha y el enfrentamiento con los patrones, el monto de sus salarios. El sistema anual de leyes de reajustes es un esfuerzo para anular la lucha de clases, para someter las conquistas de los trabajadores al arbitrio supremo de lo que el Gobierno quiera otorgarles por ley. Esto es aún más grave en el actual proyecto de reajustes, ya que el Ejecutivo pretende apoderarse de una parte de él para destinarlo a bonos CORVI. Hasta ahora no se ha visto una acción más descarada en contra de los intereses populares. Los trabajadores tendrán que poner, según este proyecto, el fruto de sus luchas y sacrificios en manos de un Gobierno que representa a los más declarados enemigos y más feroces explotadores del pueblo.
Por primera vez en la historia, las luchas de los obreros, campesinos y empleados no serán para mejorar sus condiciones de vida, sino para aumentar los capitales de las grandes empresas, para engrosar las ganancias y panzas de los monopolistas criollos e inversionistas yanquis.
Al denunciar toda esta política contraria a los intereses de la clase trabajadora, de la cual el Gobierno del señor Freí no es más que un obediente continuador, tenemos que preguntarnos, ¿quién dirige sus hilos? ¿A quiénes sirve la política de intensificación de la miseria? ¿Sirve a los medianos y pequeños comerciantes o a los profesionales honestos que viven de la atención de sus consultorios? ¡No! Por el contrario, a todos ellos los perjudica y les limita sus ingresos. Esta política sólo sirve al imperialismo norteamericano y a sus aliados, los clanes monopolistas criollos, con quienes comparte el fruto de su despiadada explotación. El imperialismo yanqui es el verdadero dueño del poder en Chile, como en el resto de los países que domina, mientras los Gobiernos son apenas servidores de turno de sus planes y de su política. Basta recordar el destino de los mandatarios latinoamericanos que no lo han obedecido fielmente, como Goulart, de Brasil; o Illia de Argentina. Todos sabemos que la política de congelación de sueldos y salarios, de supresión del derecho de huelga, de restricción del crédito, etcétera, obedece a instrucciones precisas del Fondo Monetario Internacional, el organismo yanqui a donde acuden a mendigar préstamos los Gobiernos latinoamericanos.
El imperialismo, al mismo tiempo que saquea nuestras riquezas naturales, que nos impone un comercio desigual y abusivo, y que nos arrebata más de un tercio de nuestras divisas en pago de intereses de la deuda externa, aprieta el torniquete de la, miseria a nuestra clase trabajadora exigiendo la rebaja de los salarios reales.
Este gran explotador internacional tiene tres razones principales para beneficiarse con la rebaja del nivel de vida de nuestro pueblo: en primer lugar, para obtener mano ele obra barata y rebajar los costos de sus grandes empresas extractivas, como la del cobre, del hierro, etcétera; en segundo término, debilitar las industrias nacionales por falta de poder consumidor de las graneles masas, apoderarse de las mejores, eliminar a las otras e imponer sus propias mercaderías; y, por último, evitar tocia posibilidad de un verdadero desarrollo industrial que permita aprovechar y transformar las riquezas naturales, y dejarnos como simples proveedores de materias primas, esclavizados a los precios del mercado mundial que él controla.
Esa es la política que impone el imperialismo norteamericano a sus Gobiernos vasallos: una política de rapiña y explotación cada vez más: intensas. El Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado norteamericano califican a los Gobiernos del hemisferio según su fuerza represiva y su capacidad demagógica para aplicar tal política y acallar las protestas de los pueblos. El Honorable señor Bossay ha sido muy valiente en su reciente exposición que yo comparto relativa al Fondo Monetario Internacional.
En Chile, los Gobiernos de González Videla, Ibáñez y Alessandri y la actual Administración de la "revolución en libertad" que yo llamaría "libertad bajo fianza", con diferentes estilos y procedimientos diversos, han obedecido fielmente sus órdenes en espera de la sonrisa del amo y de los dólares para mantener su burocracia partidista.
Era difícil imaginar qué haría el señor Frei para estrujar aún más que sus antecesores a nuestro pueblo. No obstante, la crisis del imperialismo yanqui la tragicomedia llorona de Johnson y la posibilidad de que lo suceda el "playboy" Bob Kennedy derivada de su costosa derrota en Vietnam, exige una mayor expoliación. Ya no ha bastado la rebaja constante por medio del mísero "reajuste" anual. Era necesario tapar, con el sudor y el hambre de nuestra clase trabajadora, el forado que deja en nuestra economía la explotación imperialista. De ahí el deseo de reajustar la miseria soportando alzas desenfrenadas, de suprimir el derecho de huelga, de congelar sueldos y salarios y, mediante el ahorro forzoso, recortar los ingresos con un miserable paliativo anual.
¿Cómo ha podido nuestro pueblo soportar mansamente que le rebajen su nivel de vida ? ¿ Cómo ha podido llegar a esta situación en que su Congreso Nacional debe decidir si es legal o no lo es que le arrebaten una parte de sus sueldos y salarios? En gran parte de los países latinoamericanos, la política de hambre y explotación creciente del imperialismo yanqui necesita ser aplicada mediante brutales dictaduras militares. Aquí en Chile, gracias a la política conciliadora de los falsos "líderes" izquierdistas, los Gobiernos pueden intensificar la explotación de nuestro pueblo y conservar, al mismo tiempo, su aparente democracia.
¿Para qué necesitan salirse ostensiblemente de las leyes burguesas cuando la propia "Oposición de Izquierda" los mismos que se autocalifican de revolucionarios, se someten mansamente a la legalidad reaccionaria, la defienden y se limitan a discutir detalles, porcentajes y otras minucias?
Ellos han aceptado la desmovilización de las masas y transformado la lucha de clases en una discusión anual entre los muros del Parlamento, en un tira y afloja sobre centavos más o menos, para mostrar luego, como victoria de los trabajadores, lo que no es sino un despojo descarado. Ellos deben ser juzgados por nuestro pueblo como cómplices de este escarnio. Estos "líderes de Izquierda" cuentan con una frondosa burocracia conocida oficialmente como "negociadores sindicales", especialistas en interpretar las leyes burguesas y en domesticar las luchas obreras y campesinas. El "Ejecutivo" burgués tiene su réplica y complemento en el "negociador sindical", dentro de esta pegajosa miasma del reformismo legalista. No es casual que la burguesía haya establecido ya cursos en la Universidad para "negociadores sindicales".
Esta es la "Oposición" que necesita el Gobierno para llevar adelante los planes del imperialismo, para dar apariencia legal a su real dictadura. El Gobierno sabe cómo tratarla y manejarla. En este momento tiene detenidos los convenios suscritos con la Unión Soviética, en espera de ver cómo se conduce esa "Oposición" frente al proyecto en debate.
Denuncio este proyecto de ley, y lo votaré negativamente en general, porque con él se pretende aplastar definitivamente el derecho de los trabajadores a disponer y luchar por mejores sueldos y salarios, y porque pretende obligarlos a recibir como máxima remuneración lo que la oligarquía chilena y el imperialismo quieran pagarles.
Votaré en contra del ahorro obligatorio, como asimismo de todas las disposiciones que implican la agravación de la dictadura que los monopolios y el imperialismo han implantado en Chile.
Hago un llamado a los trabajadores para que defiendan con toda su combatividad y con la unidad más férrea sus derechos inalienables, que no son una dádiva otorgada por éste ni por ningún Parlamento, sino un derecho conquistado por el proletariado en luchas heroicas, abiertas y frontales contra sus enemigos de clase.
Les formulo un llamado para que, en sus asambleas sindicales, exijan la discusión plena de sus pliegos de peticiones y desenmascaren a los "tramitadores sindicales", a los conciliadores, a los burócratas que llegan a amedrentarlos con la amenaza de cierre de la industria, a toda esa amarilla "maffia" de agentes de la burguesía; para que comprendan que el destino de los trabajadores y de sus familias no puede quedar en manos de esas ratas ni ser resuelto en sus visiteos a las autoridades, en los oscuros corredores del Congreso, ni en las antesalas ministeriales. Sólo la unidad, la solidaridad de clase y la combatividad proletaria pueden llevarlos a triunfar.
Hago un llamado para que los proletarios tomen conciencia de su fuerza y de su carácter de verdaderos creadores de las riquezas nacionales; para que abandonen el camino de la mansedumbre por el que los han conducido los oportunistas y retornen al camino señalado por el actual paro y. por aquel recordado movimiento nacional del 23 de noviembre, donde 70 mil trabajadores manifestaron su protesta ante este proyecto, llenando de pánico al Gobierno y a los propios dirigentes oportunistas.
Hago un llamado a las sufridas mujeres de nuestro pueblo, que en el seno de sus hogares conocen mejor que nadie los efectos de esta política de hambre, para que salgan a las calles a gritar su protesta.
Hago un llamado a los pequeños comerciantes, a los profesionales y hombres patriotas de Chile para que cierren filas junto a la clase trabajadora, para que comprendan que no puede haber capitalización ni desarrollo basados en la miseria y la desnutrición progresivas del pueblo, para que se opongan a esta política genocida impuesta por el imperialismo yanqui y servida con tanta eficiencia por el Gobierno.
El señor AYLWIN.-
Intervengo en el debate, no con pasión partidaria, sino con gran serenidad. A mi juicio, el tema es demasiado importante para entusiasmarse con partidarismos o con posiciones teñidas de prejuicios que nublan el entendimiento y la reflexión sobre el problema.
Estimo que esta discusión es el reflejo de la incapacidad de los chilenos para derrotar la inflación, grave flagelo que aflige al país desde casi ochenta años, del cual hemos tratado de liberarno en reiteradas ocasiones, sin la perseverancia necesaria para mantener una política que logre ponerle atajo.
El drama de la inflación.
En verdad, es dramático que año a año el principal tema legislativo que ocupa buena parte del tiempo del legislador tal vez la cuarta parte, pero con seguridad la más intensa, sea el debate del reajuste de remuneraciones, que no tiende a dar mayor participación al trabajador en la distribución de la renta nacional, sino fundamentalmente a servir como compensación de las pérdidas sufridas a consecuencia del proceso inflacionario.
En los cuarenta años anteriores al advenimiento del actual Gobierno, entre 1924 y 19S4, los precios de las mercaderías más corrientes subieron mil veces. Es decir, lo que en 1924 valía un peso, en 1964 cuesta mil pesos. Las cifras que doy no forman parte de la estadística oficial: son producto de la revisión de distintos datos. El solo conocimiento de la gravedad del problema debería espantar.
En el decenio de 1930, la inflación tuvo un ritmo de 7% ; en el de 1940, de 18% ; en el de 1950, de 36%. En los años transcurridos del actual decenio, ese porcentaje es el siguiente: en 1961, 9,7% ; 1962, 27,7%; 1963, 45,4%; 1964, 38,4%; 1965, 25,9%; 1966, 17%, y 1967, 21,9%. Promediadas estas cifras permiten calcular, para estos ocho años, una inflación de 23,9%.
Frente a esta realidad, ha sido necesario establecer políticas de reajustes, las cuales en la década de 1940, cuando empezó a agravarse el problema, fueron esporádicas y distintas para cada uno de los Servicios públicos. Es decir, un tipo de reajuste para el Poder Judicial, otro para las Fuerzas Armadas, otro para Carabineros, otro para el Registro Civil, y así sucesivamente. A mediados de ese decenio, se empezó a otorgar reajustes de tipo general año a año, a veces cada dos años, unos superiores al alza del costo de la vida; los más, inferiores al mismo. No hubo una política uniforme sobre la materia. Hubo experiencias congelatorias y, también, sobre todo en los últimos doce años durante los Gobiernos de los señores Ibáñez y Alessandri, se concedieron reajustes francamente restrictivos, o sea, inferiores al alza del costo de la vida. Sin embargo, el problema subsiste.
¿En qué consiste el fenómeno? No soy economista ni técnico capaz de dar lecciones al Senado sobre la materia. Pero la estimación general vincula el fenómeno de la inflación a la carrera entre los precios y los sueldos y jornales.
Lo que opinaba el profesor Baltra.
Tengo a la mano el texto de las palabras que definen la inflación del profesor de Economía, Honorable colega Alberto Baltra, con motivo de la defensa que él hacía respecto de un proyecto de estabilización de sueldos, salarios y precios, del cual era autor como Ministro de Economía.
Decía lo siguiente el Honorable colega: "La inflación no es, en Chile, un fenómeno de historia reciente, pero reviste, en los últimos tiempos, caracteres graves, que han originado fuertes sentimientos de zozobra e intranquilidad en todas las actividades y clases sociales; y se nos presenta como una pugna entre precios y sueldos o jornales, en que, de una parte, los obreros y empleados luchan por aumentos continuos de sus remuneraciones para compensar los aumentos en los precios de los artículos o servicios que determinan el costo de la vida, mientras que, de la otra, los productores y comerciantes, presionados por la elevación de los costos, luchan por precios que cubran esos aumentos y les proporcionen las correspondientes ganancias."
En seguida, tratando de precisar el concepto, el profesor Baltra agregaba:
"El precio es la resultante entre la cantidad de bienes disponibles en el mercado y los medios de pago que los consumidores destinan a comprar los bienes que necesitan o desean. En consecuencia, aumentar los medios de pago, el poder adquisitivo, la cantidad de billetes que recibe el obrero o el empleado, sin aumentar correlativamente la cantidad de bienes disponibles, no cambia, en absoluto, la situación personal de quienes reciben ese suplemento de medios de pago, do poder de compra o de billetes, pues dicho aumento acarrea, como efecto inevitable, el alza general de los precios, sí los bienes que nos proponemos adquirir son los mismos o no se acrecientan en la debida proporción. Por estas causas, si quisiéramos definir, de manera breve y sumaria, cuál debe ser a este respecto la política adecuada, tendríamos que concluir diciendo que consiste, en cuanto mira al futuro, en buscar un azimento de la producción, como lo hace el Gobierno, por medio de sus planes de fomento," decía en esa época "y, en lo momentáneo, en permanecer vigilantes sobre la cuantía de los medios de pago y su empleo, como asimismo sobre el nivel de los precios, a fin de impedir que, mientras el equilibrio se restablece, se ocasionen alzas que no se justifiquen."
Y terminaba diciendo:
"Es un hecho conocido que la casi totalidad de los salarios y sueldos se destinan a gastos de consumo, pues, cuando los recursos del hombre adinerado crecen, lo más posible es que sus mayores rentas las dedique al ahorro o a la inversión. Pero cuando las remuneraciones de los empleados y obreros aumentan, se observa de inmediato un alza, en el precio d,e los bienes de consumo, porque el hombre de fortuna no tiene necesidades insatisfechas; el bien de consumo no le atrae; pero, en cambio, le atrae la inversión, el bien capital. A la inversa, si los nuevos ingresos los perciben hombres que anteriormente no pudieron adquirir bienes sino en cantidades reducidas, tratan de hacerlo destinando para ello las mayores rentas de que disponen. Por esta causa, el crecimiento de los medios de pago en poder de la clase trabajadora acarrea de inmediato un alza de precio en los artículos de consumo, si la producción no aumenta con idéntico o análogo ritmo."
Esas fueron las palabras del Ministro de Economía de la época, señor Alberto Baltra.
Lo que opinaba el Senador Bossay.
En una oportunidad posterior, el 3 de enero de 1956, el Honorable señor Bossay, que defendía un proyecto sobre congelación de sueldos y salarios que dio origen a la ley 12.006, cuyo autor fue el entonces Ministro del ramo, señor Osear Herrera Palacios, sostuvo el mismo criterio. Su Señoría dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
"Todos sabemos que la inflación es, por sobre todo, la traducción de un desequilibrio. Es el desequilibrio entre la demanda y la oferta, entre la capacidad, de compra y lo que se puede comprar. Por esta causa, todo programa antinflacionista tiene que revestir, primariamente, un doble aspecto. En primer término, debe consignar medidas encaminadas a aumentar la producción, y, en segundo lugar, contener medidas tendientes a reducir los excesos de la demanda. Esto es si pudiéramos así decirlo el alfabeto en la lucha contra al inflación."
Y en otro párrafo agregaba:
"Como en una economía alterada por el proceso inflacionista la oferta no puede crecer en la misma proporción que la demanda, es necesario adoptar medidas encaminadas a reducir el poder de esta última."
Lo que ha hecho este Gobierno. '
Pues bien ¿qué ha hecho el actual Gobierno en los tres años de ejercicio del Poder?
Nosotros participamos del criterio expuesto por el Honorable colega señor Bossay, consistente en que los reajustes superiores o iguales al alza del costo de la vida no determinan por sí solos la inflación. Es decir, aumentar los sueldos y salarios en un porcentaje igual o superior al alza del costo de la vida, no causa necesariamente inflación. Conforme a esa tesis, puedo decir que en los dos primeros años el Gobierno otorgó por ley, reajustes iguales al ciento por ciento del índice de precios al consumidor, y, en el tercero, casi iguales a dicho incremento.
Aparte lo anterior, algunos gremios, como el de profesores, y numerosos servicios postergados, gozarán de reajustes adicionales superiores al alza del costo de la vida producida en el período anterior. Además, a causa de la libertad en cuanto a contratación, negociación colectiva, derecho de petición y huelga, la generalidad de los trabajadores chilenos obtuvieron aumentos muy superiores al alza del costo de la vida.
Este fenómeno determinó una redistribución considerable del ingreso nacional a favor de los trabajadores. En los dos períodos presidenciales anteriores al actual, la participación de los asalariados en la renta nacional subió 3 puntos, de 44%, a 47%. En los tres años primeros de este Gobierno, ha subido 5 puntos: de 47%, a 52%. ¡Por primera vez en la historia de Chile, los trabajadores han recibido más de la mitad de la renta nacional!
Pues bien, junto con ello se produjo un impulso evidente en el desarrollo económico, un aumento de la producción y del ingreso nacional.
Se han citado aquí algunos conceptos en reiteradas oportunidades se mencionan por opositores de la exposición hecha por el ex Ministro de Haciendadon Raúl Sáez el 9 de marzo pasado, tratando de presentarlos como prueba del reconocimiento de una situación catastrófica; pero la verdad es que se leen partes de dicha exposición y se ocultan otras. Por ejemplo, se omite por completo toda referencia a este párrafo muy importante: "Quisiera señalar" dijo don Raúl Sáez "que el crecimiento del producto, en el conjunto de los tres años, que resulta de 15,3% sin considerar la elevación del precio del cobre, ha sido efectivamente de 20,3% tomándolo en cuenta, lo que resulta ser la más alta tasa conocida por Chile en un período de años equivalentes". Es decir, aun prescindiendo del mejoramiento del precio del cobre, en estos tres años 1965, 1966 y 1967 el producto nacional aumentó en 15,3%, más de 5% al año, lo que en tres años consecutivos representa un incremento' vigoroso de la economía.
Pero si bien es cierto que se produjo ese incremento de 15% del producto nacional 15% sin tomar en cuenta el mayor precio del cobre; 20% tomándolo en cuenta, por otra parte los sueldos y salarios aumentaron realmente, deflactada la desvalorización monetaria, en 40%, es decir a un ritmo de 12% anual. Todos los economistas, cuando hablan de la redistribución del ingreso, aceptan como meta ideal 7% al año. En los primeros tres años de nuestro Gobierno, ese índice ha sido de 12%. Ello ha determinado que, mientras los índices de salarios subieron, de 270% exactamente, 274,4% en abril de 1964, a 859% en julio de 1967, los índices de precios habían aumentado, de 292,5% en la primera fecha, a 583% en la segunda, lo que representa un alza real de sueldos y salarios superior a 40%.
Como lo dijo el señor Molina en su exposición de la hacienda pública ante la Comisión Mixta de Presupuestos, comentando estos datos, "es absolutamente imposible pedir a un Gobierno que detenga la inflación cuando el aumento anual de salarios es superior al doble de incremento de la producción en el mismo período". Nosotros no creemos que deba atacarse
la inflación exclusivamente con medidas financieras ni restrictivas. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Y la política puesta en práctica por este Gobierno no ha sido ésa ni ha sido la política tradicional del Fondo Monetario Internacional, como aquí se dice.
Necesidad de ahorro.
Tengo a mano el libro de Aníbal Pinto "Ni Estabilidad ni Desarrollo", en que critica la política del Fondo Monetario y plantea su propia tesis. En la página 71 señala la necesidad de elevar la tasa de ahorro e inversión del país, sin lo cual resulta imposible obtener el propósito de detener la inflación. "Esta necesidad" dice "toca el hueso de la cuestión planteada hace tiempo por el economista mejicano Juan Noyola: que en tanto la política ortodoja pretende resolver el problema de las presiones inflacionarias reduciendo la inversión (para equipararla a los ahorros "espontáneos"), una política realista y que tenga en cuenta al desarrollo tiene que plantearse un criterio opuesto frente a la ecuación, esto es, el aumento del ahorro". Luego se plantea cómo conciliar este aumento del ahorro con la necesidad de redistribuir los ingresos a favor de los trabajadores, y dice que, evidentemente, debe exigirse ahorrar a los sectores más pudientes.
No cabe duda de que en Chile la política seguida por el actual Gobierno en materia tributaria los aumentos experimentados por los gravámenes directos, el impuesto al patrimonio, el reajuste del impuesto a la renta ha significado un gravamen fuerte, que ha obligado a los sectores más pudientes, de altas rentas, a efectuar ahorros qué no se incorporan a sus patrimonios, sino a la comunidad, por medio del Estado, y que han permitido a éste aumentar la inversión pública en términos extraordinarios.
Dice Aníbal Pinto que también hay que exigir ahorro a los demás sectores: "No hay tal incompatibilidad' si la política se dirige y consigue elevar la propensión a ahorrar (por medio de incentivos o forzadamente) de los grupos pudientes. Lo que sí puede reclamarse de la mayoría de la población es que su consumo por persona se acreciente con una ratio inferior a la del incremento del producto nacional".
Esta receta que ha dado Aníbal Pinto Santa Cruz, hombre de reconocida tendencia izquierdista, según la cual el incremento del consumo popular debe ocurrir a un ritmo inferior o, en el mejor de los casos, igual al aumento del producto, es la que, en nuestro caso, no ha podido cumplirse, porque los reajustes o incrementos de la renta de los trabajadores, que no fueron sólo reajustes en los tres primeros años de Gobierno, sino aumento real, incremento o mejoramiento efectivo, mayor participación, mayor poder de compra, superaron, en su ritmo, el aumento de la producción. El incremento del consumo popular superó también, en consecuencia, el de la producción. Y esto se explica porque, como lo decía el Honorable señor Bossay en su intervención que antes cité, del año 1956, como lo enseñan todos los economistas y es un hecho reconocido, el incremento de la producción es necesariamente lento y no puede seguir siempre el mismo ritmo.
¿Por qué de nuevo la inflación?
La política programada por nuestro Gobierno para detener el proceso inflacionario se ha quebrado porque, en el hecho, los reajustes que han obtenido los trabajadores en este período han sido superiores a los que se había previsto. La presión sindical y la falta de instrumentos adecuados para evitarlo han determinado un incremento excesivo de esas remuneraciones.
Ese es el hecho. Y ahí se encuentra la explicación frente a lo planteado por el Honorable señor Bossay. Es evidente que, en el primer año de aplicación de esa política, en que los reajustes de remuneraciones fueron superiores al alza del costo de la vida, no se produjo aumento de la inflación; en el segundo año, tampoco, porque la capacidad del país para aumentar la producción pudo afrontar en ese momento el aumento del poder de compra. Pero si ello se repite durante varios años consecutivos, llega un momento, como el actual, en que el fenómeno se dispara, porque el incremento de poder de compra supera en mucho al aumento de producción de bienes disponibles. Este es el fenómeno que estamos viviendo y ante el cual el Gobierno ha querido reaccionar.
Para demostrar lo que estoy diciendo, citaré cifras de un cuadro relativo al incremento de las remuneraciones, precios y tasas de cambio, entre 1964 y 1967, y que tiene por base, respecto de remuneraciones, los sueldos y salarios de los sectores públicos, servicios de utilidad pública, minería y manufactura, según las encuestas trimestrales que realiza la Dirección General de Estadística y Censos. Estas encuestas comprenden un número cercano a 150 rail obreros y a 130 mil empleados.
¿Cuáles son esos datos?
Remuneraciones y precios.
Los sueldos medios de los trabajadores de los sectores indicados, que en 1964 eran de Eº 364 al mes, fueron, en 1967, de S79 escudos, es decir experimentaron un aumento de 168%. Los salarios, que en 1964 eran de 186 escudos al mes, llegaron, en 1967, a un promedio de 536 escudos, lo que da un promedio de 188% de aumento. Si, en cambio, se analizan las alzas de precios habidas en arroz, pan, porotos, cazuela de vaca, aceite, huevos, leche fresca, papas, azúcar, té corriente, abrigos, zapatos de hombre, de mujer y de niño, locomoción urbana, cuadernos escolares, cigarrillos, etcétera, se llega a la conclusión de que el índice de precios al consumidor ha subido en 87%.
Por su parte, la tasa de cambio, en ese mismo período, subió en 83%.
Es decir, mientras el alza de los precios y del cambio fue inferior a 100%, el aumento de las remuneraciones sueldos y salarios fue cercano a 180%.
Voy a hacer entrega de este cuadro a la Mesa y le ruego, señor Presidente, que solicite la venia de la Sala para insertarlo en mi intervención.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
El señor Senador ha solicitado que se incorpore a la versión de su discurso el cuadro a que ha hecho mención.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:
REMUNERACIONES, PRECIOS Y TASAS DE CAMBIO
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
Puede continuar Su Señoría.
El señor AYLWIN.-
Sobre la base de este cuadro, yo quisiera señalar. . .
El señor CHADWICK.-
Perdone, señor Senador.
¿Esas cifras se refieren a 150 mil trabajadores?
El señor AYLWIN.-
Es el resultado de encuestas que realiza la Dirección General de Estadística y Censos en los sectores públicos, servicios de utilidad pública, minería y manufactura, y que comprenden 150 mil obreros y 130 mil empleados, más o menos.
Si uno quiere analizar, según esos datos, la capacidad adquisitiva de sueldos y salarios en litros de aceite, kilos de pan y pares de zapatos, resulta lo siguiente: el sueldo del empleado en 1964 equivalía a 264 litros de aceite, y en 1967, a 339 litros; a 883 kilogramos de pan el primer año, y a 1.327 kilogramos el último; a 11 pares de zapatos en 1964, y a 15 pares en 1967.
En cuanto al salario del obrero, el crecimiento es análogo.
Ruego al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para que este cuadro también sea insertado en el texto de mi intervención.
El cuadro cuya inserción se acuerda es el siguiente:
REMUNERACIONES Y CANTIDAD DE ARTICULOS EQUIVALENTES
El señor AYLWIN.-
Señor Presidente, deseo terminar esta parte de mis observaciones refiriéndome al caso de los profesores.
Aquí se ha especulado sobre el particular.
El señor GOMEZ.-
El artículo 27 es muy claro.
El caso del Magisterio.
El señor AYLWIN.-
En verdad, el caso del magisterio revela de manera extraordinaria cómo en este Gobierno, más que en cualquier otro en la historia de Chile, los maestros han mejorado su participación en el ingreso.
El Honorable señor Gómez cita el artículo 27 del acuerdo sobre remuneraciones del magisterio. Tengo a la mano ese documento, que dice en forma textual: "Estas rentas bases se entenderán reajustadas cada año para los efectos del cumplimiento de este acuerdo, en conformidad al porcentaje de reajuste general que se otorga al resto de la Administración Pública en el año correspondiente".
Con posterioridad, en la redacción de la ley se empleó la palabra "promedio", sin duda para expresar esta idea del reajuste general, que fue también la ex puesta en la divulgación del acuerdo magisterial.
La ley consignó diversos tipos de reajustes. El de los profesores, aparte el aplicado a ellos en especial, era el "general". Así se dijo en las exposiciones hechas en la época, que no fueron rebatidas, y así se aplicó el año pasado, sin reclamación alguna de la Federación de Educadores de Chile.
Es necesario consolidar lo ganado.
Pues bien, ¿qué debo concluir de todo este análisis? Que, siguiendo las enseñanzas aquí citadas, parece evidente que hemos llegado a un punto en que la redistribución de ingresos efectuada en estos tres últimos años a favor de los trabajadores debe tener un alto. Para poder seguir el proceso de incremento del desarrollo económico; con el objeto de que no se dispare la inflación, y para que el mayor sueldo o salario nominal no se convierta simplemente en alza de precios como lo exponía el profesor Baltra en la oportunidad citada, es indispensable retener parcialmente el ritmo de los reajustes y ver manera de acelerar la producción mediante el estímulo al ahorro o la destinación de recursos que permitan acelerar la inversión.
Todo el primer proyecto de reajustes del Gobierno estaba concebido sobre la base de esta importante filosofía. Creo que algún día la Izquierda chilena se arrepentirá de haber rechazado esa iniciativa, porque ella representaba un efectivo mejoramiento de las posibilidades del pueblo de tener acceso a la riqueza, no sólo en la renta, sino también en el capital. La creación del Fondo de Capitalización Nacional hacía a los trabajadores dueños de su ahorro; no obligaba a ahorrar a los capitalistas para que éstos se enriquecieran ni permitía que se enriqueciera el Estado con un ahorro colectivo.
Sólo tendía a que los propios trabajadores pasaran a tener participación en la propiedad del capital nacional mediante ese ahorro, del que pasaban a ser dueños.
Se desperdició esa oportunidad; se rechazó aquella idea que, estoy seguro, abrirá camino más adelante en la 'mente y conciencia del pueblo.
Frente a esta realidad, al Gobierno no le quedaba otra alternativa que tratar de obtener la aprobación de un proyecto que, mejorando considerablemente la situación de los servicios más postergados en términos muy superiores al alza del costo de la vida, limite parcialmente el reajuste de los sectores que se hallan en mejores condiciones dentro de la Administración Pública, de acuerdo con un criterio equitativo, y capitalice para la vivienda, mediante los bonos CORVI o de otro sistema, los recursos necesarios para incrementar los planes habitacionales y cumplir los programas de fomento y desarrollo de la economía nacional.
Esas son las razones que justifican también los tributos consignados en la iniciativa en debate, el empréstito forzoso y los recursos allí propuestos.
Termino expresando que tengo la convicción de que un razonamiento sereno debe conducir, a quienquiera que sea, a la conclusión de que no podemos seguir echando leña a la hoguera de la inflación; de que debe respaldarse un esfuerzo serio como el que ha estado haciendo y sigue haciendo nuestro Gobierno, para poner atajo a este proceso, y de que ello debe realizarse sobre la base de aumentar el ahorro y la inversión nacionales, consolidar los mejoramientos y la redistribución del ingreso ya conseguidos por los trabajadores y acelerar el impulso para el aumento de la producción.
El señor LUENGO (Vicepresidente).
En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.-
Señor Presidente, hago presente al Senado que dejaré lo fundamental de mi intervención para el día de mañana. En todo caso, me parece que sería útil, en forma previa, hacer algunas preguntas al señor Ministro de Hacienda relativas a los siguientes hechos. Ruego a Su Señoría excusarme, pues no estuve presente cuando terminó sus observaciones.
Tanto en la prensa como con las gestiones realizadas por el Honorable señor Tarud entiendo que también por el Honorable señor Luengo, en cuanto al sector público, se habría expresado que el Ejecutivo estaría dispuesto a ceder en sus posiciones iniciales respecto de algunos rubros importantes, que, concretamente se refieren ruego al señor Ministro responder en el mismo orden de ideas, en primer lugar, a que el Gobierno estaría llano a eliminar el sistema de los bonos CORVI para todo el sector al cual se aplica.
En segundo lugar, que al sector al que afecta el 12,5% se daría un mes de bonificación no imponible ni sujeto a impuestos, a fin de concederles un reajuste de 21,9% que es el discutible índice del alza del costo de la vida.
En tercer lugar, que el problema del magisterio, sector que se afirma en el derecho a exigir el cumplimiento de un acta solemne suscrita por el Gobierno, se podría resolver, eventualmente, con la formación de una comisión tripartita integrada por un personero del Ejecutivo, un delegado de los profesores y un tercer miembro elegido de común acuerdo por las dos partes.
En cuarto lugar, que el sector de pensionados acogidos a la ley 10.343, que en número de 300 mil personas están afectados en forma seria por el proyecto de reajustes aprobado por la Cámara y que estamos conociendo, pierde, en el hecho, 7% de sus modestas pensiones.
Por el momento, parece que éstos son los cuatro puntos básicos, pues hasta ahora nada se habla del impuesto a la compraventa ni de otros factores a los cuales nosotros asignamos importancia. En todo caso, creo que previamente es necesario tener esta información oficial en el Senado.
Por eso, ruego al señor Ministro de Hacienda dar respuesta a mi inquietud, con el objeto de confirmar o desvirtuar lo sostenido por algunos colegas y en diversas entrevistas en las que deliberadamente no hemos participado.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Sería con cargo al tiempo del Comité Socialista.
El señor RODRIGUEZ.-
¡No sea, egoísta, señor Ministro!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Es que me queda muy poco tiempo.
El señor RODRIGUEZ.-
Su Señoría dispone de un lapso cercano a las cuatro horas.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
En realidad, podría contestar al señor Senador en pocos minutos.
El señor RODRIGUEZ.-
Por último, no tengo inconveniente.
¡Hasta en eso Su Señoría es corto y poco generoso...!
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).
Personalmente, creo que no debo responder en la Sala a las preguntas formuladas por el Honorable señor Rodríguez, pues son materias producto de conversaciones sostenidas con determinados grupos políticos.
En el momento en que se llegue a algún acuerdo no existe ninguno por el momento, daré cuenta de él á la Sala mediante las indicaciones pertinentes del Ejecutivo.
Sobre el particular, creo que no corresponde anticiparse a dar a conocer a esta Honorable Corporación las gestiones que se estén realizando para obtener la aprobación del proyecto de reajustes.
El señor RODRIGUEZ.-
"¡Mutis por el foro". .. !
No cabe duda de que los esfuerzos que están realizando algunos Honorables colegas desde luego, de buena fe están en un plano de absoluta inseguridad. El señor Ministro evade el problema, pese a que su respuesta, indudablemente, tenía mucha importancia para la decisión ulteriorde los diversos sectores políticos.
Por eso, prefiero continuar mis observaciones en la sesión de mañana.
El señor LUENGO (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19.56.
Dr. Rene Vuskovic Bravo, Jefe de la Redacción.
ANEXOS.
DOCUMENTOS:
1.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA COMUNASUBDELEGACION DE LLANQUIHUE.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que crea la comunasubdelegación de Llanquihue, en el departamento de Puerto Varas, provincia de Llanquihue.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de S. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfredo horca Valencia.Amoldo Kaempfe Bordalí.
TEXTO DE LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO
Con fecha 11 de septiembre del año en curso, V. E. ha remitido el oficio Nº 1.737, de 6 del mismo mes, en cuyo texto comunica que el Honorable Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley que crea la comunasubdelegación de Llanquihue, en el departamento de Puerto Varas de la provincia de Llanquihue.
De las disposiciones que se consultan en el texto del referido proyecto de ley se ha podido apreciar que es de toda conveniencia eliminar algunos términos que se contemplan en el artículo 7º. En efecto, se consulta, para administrar la nueva Municipalidad correspondiente a la comuna que se crea, una Junta de Vecinos por un lapso de poca duración y disponiendo al mismo tiempo que se realicen elecciones en breve plazo, desvirtuándose con ello el propósito del legislador que dio motivo a las modificaciones introducidas a la Ley General de Elecciones y que tuvieron por finalidad evitar la realización del acto que se facultaba hacerlo en forma extraordinaria, ya que cada elección significa gastos y pérdida de tiempo. Esto ha hecho que las últimas leyes dictadas para crear comunas autónomas determinen que la Junta de Vecinos que las administra se mantenga hasta las elecciones de carácter general y que se realizan en forma ordinaria.
En mérito de lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el proyecto de ley a que se alude y lo remito a V. E. con el objeto de que tengáis a bien introducirle una modificación en el sentido de eliminar los términos que a continuación se expresan:
"Suprímase en el artículo 7º, después de la palabra "elegirse" los siguientes términos: "dentro de 90 días, facultándose al Presidente de la República para convocar a elecciones".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei Montalva. Bernardo Leighton Guzmán.
2.- PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI PARA TRANSFERIR UN PREDIO A LA COMUNIDAD ISRAELITA ASHKENAZI.
Con motivo de la moción e informes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Autorízase a la Municipalidad de Conchalí para transferir gratuitamente a la Comunidad Israelita Ashkenazi de Santiago (Kehila) el predio de su propiedad ubicado en la población "Venezuela", ex "El Hogar", inscrito a fojas 337, Nº 373, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de 1967.
Artículo 2º.- La Comunidad Israelita Ashkenazi de Santiago (Kehila) destinará el predio a que se refiere el artículo anterior a la construcción de una Policlínica que prestará atención gratuita a la población de la comuna de Conchalí.
Artículo 3º.- La transferencia a que se refiere el artículo 1*» estará exenta del pago de impuestos, derechos y gravámenes y del trámite de la insinuación previsto en el artículo 1.401 del Código Civil.
Artículo 4º.- Si por cualquier causa el predio individualizado en el artículo 1º se destinara a fines diversos a los que señala esta ley, o no se diere cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º, o si desapareciere la institución beneficiaría, o dejare de prestar servicios a la Policlínica por más de un año, por el solo ministerio de la ley quedará sin efecto la transferencia gratuita y el dominio del predio volverá a la Municipalidad de Conchalí."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfredo horca Valencia. Amoldo Kaempfe Bordalí.
3.- OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL D.F.L. 335, DE 1953, SOBRE INSTALACIONES DOMICILIARIAS.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el D.F.L. Nº 335, de 1953, en lo relativo al valor de las instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfredo horca Valencia.Amoldo Kaempfe Bordalí.
TEXTO DE LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO
Por Oficio Nº 2.147, de 15 de septiembre de 1967, V. S., ha tenido a bien comunicarme la aprobación prestada por el Honorable Congreso Nacional al Proyecto de Ley que introduce diversas modificaciones al D.F.L. 335 de 1953, sobre instalaciones domiciliarias.
En uso de la facultad que me otorgan los artículos Nºs 53 y 55 de la Constitución Política del Estado, vengo en devolver el referido Proyecto de Ley con las observaciones que me ha merecido su texto, y que son las siguientes:
Artículo 1º.- Para sustituirlo por el siguiente:
"Reemplázase en la parte final del inciso 1º del artículo 1º de la Ley 9.343, de 21 de julio de 1949, modificado por la letra b) del artículo 2º del D.F.L. 335 de 1953, los guarismos "$ 500.000" por "9 sueldos vitales anuales escala a) del Departamento de Santiago".
Artículo 2º.- Para sustituirlo por el siguiente:
"Reemplázase el inciso 2º del artículo 4º de la Ley 9.343, modificado por la letra c) del artículo 2º del D.F.L. 335, de 1953, por el siguiente: El valor de las instalaciones domiciliarias de alcantarillado o de agua potable, conjuntamente, no podrá exceder de la cantidad de 2 sueldos vitales anuales, escala a) del Departamento de Santiago".
Artículo 3º.- Para sustituirlo por el siguiente: "Derógase el artículo 7º del D.F.L. 335, de 1953". Para agregar el siguiente artículo nuevo:
"Reemplázase en el inciso 1º del artículo 9º de la Ley 9.343, modificado por la letra e) del artículo 2º del D.F.L. 335 de 1953, el guarismo "$150.000", por "6 sueldos vitales anuales escala a) del Departamento de Santiago".
Las observaciones anteriores tienen su fundamento, por una parte, en el propio espíritu del Proyecto de Ley aprobado, que es el de actualizar las cifras y cantidades actualmente en vigencia sobre instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado; y, por otra parte, en señalar un índice qué permita que estas cantidades puedan incrementarse automáticamente, sin necesidad de que deban estarse fijando cada año. De ahí que se proponga suprimir el artículo 7º del D.F.L. 335 que establece actualmente el mecanismo para fijar esas cantidades a base de los aumentos que experimente el Presupuesto de gastos de la Nación y se sustituya en cada caso por su fijación en sueldos vitales, que permitirán su reajuste en forma automática. Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo...- "Declárase que el inciso 4º del artículo 33 de la Ley 15.840 se refiere, además de los funcionarios que señala, a los Jefes de Departamento del Ministerio de Obras Públicas".
La disposición cuya indicación antecede se justifica plenamente por cuanto con ella se trata de precisar el alcance del beneficio contemplado en el artículo 33, en relación con los Jefes de Departamento del Ministerio de Obras Públicas. En efecto, con el establecimiento del citado artículo se entendió implícitamente beneficiar también a los Jefes mencionados, desde que todos ellos invisten la calidad de profesionales. Sin embargo, con posterioridad ha surgido la duda de si la exigencia de título profesional regiría para algunos, y, en consecuencia, de si sería legal el pago de la citada asignación a su respecto, no obstante que en su caso todos ostentan título profesional universitario. Parece justo en estas condiciones entender que ellos no han debido verse privados del citado beneficio. De ahí el carácter declarativo de la disposición.
Sin embargo, no se desea innovar en cuanto a la exigencia de título, porque puede suceder que en otra oportunidad se diera el caso de que alguno de dichos cargos pudiera ser llenado con algún funcionario calificado, que no posea calidad profesional, y la asignación resultaría en tal situación justificada, no por tal calidad, sino por la verdadera razón que debe primar tratándose de las Jefaturas de Departamentos, cual es la dedicación exclusiva, con jornadas que de ordinario exceden la jornada habitual de los demás funcionarios, y la responsabilidad también especial, que su desempeño exige de los empleados a su cargo. En el hecho, no se producirá así alteración de las condiciones existentes, por cuanto, como ha quedado dicho, en la actualidad todos esos cargos son desempeñados por profesionales, pero quedará salvada la posibilidad de que, en el evento de que llegue alguno a ser desempeñado por un funcionario no profesional, pero que por su experiencia o conocimientos adquiridos en la práctica del Servicio se haga acreedor a ello, reporte a dicho funcionario el justo derecho a la percepción del beneficio.
Para agregar el siguiente artículo nuevo:
Artículo "Agrégase al final del artículo 27 de la Ley Nº 15.840, los siguientes incisos:
Podrán girarse fondos globales para fines de estudios, explotación de obras, construcción de obras por administración, anticipos de viáticos, gastos menores de oficina o para otros fines que las necesidades indiquen, hasta por una suma que no exceda de 10 sueldos vitales anuales escala a) del Departamento de Santiago. Los funcionarios a quienes se giren estos fondos serán constituidos en "Deudores Varios" por la Contraloría General de la República, y deberán rendir cuenta a dicho Organismo Contralor. Los pagos que deban efectuar estos funcionarios podrán ser hechos en dinero efectivo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Director General de Obras Públicas, con la aprobación de la Contraloría General de la República, podrá autorizar la apertura de Cuentas Corrientes bancarias para el manejo de los fondos globales y para el pago de remuneraciones.
Las Cuentas Corrientes Bancarias para el manejo de los fondos globales serán bipersonales, y girará contra ellas el funcionario a cuya disposición se han colocado los fondos, conjuntamente con un funcionario autorizado por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad."
Las disposiciones anteriores se justifican por cuanto en la actualidad se presentan diversas dificultades en los gastos que deben efectuarse en las obras de construcción, cuando éstas se hallan en lugares alejados de centros poblados en los cuales es necesario que los funcionarios habilitados dispongan de una mayor agilidad administrativa en lo referente a pagos por los conceptos señalados. El control de los fondos queda garantizado en la disposición por la intervención directa que se le da a la Contraloría General de la República, al constituir a los funcionarios encargados de administrarlos en "Deudores Varios", y al posibilitarse la apertura de cuentas corrientes bancarias en los lugares donde sea posible, las cuales deberán ser bipersonales, debiendo integrarse siempre con un funcionario del Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Eduardo Freí Montalva. Sergio Ossa Pretot.
4.- PROYECTO DE LEY DE LA, HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE CONTEMPLA MEDIDAS DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MINERIA DEL ORO.
Con motivo de la moción, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- La Empresa Nacional de Minería otorgará ayudas extraordinarias o subsidios a los productores de minerales o concentrados auríferos con el fin de fomentar la actual producción y poner en actividad nuevas explotaciones.
Estas ayudas o subsidios no podrán otorgarse, en ningún caso, a las Empresas de la Gran Minería del Cobre o a sus filiales o subsidiarias.
Se faculta a la Empresa Nacional de Minería para estudiar los procedimientos y fiscalizaciones necesarias para incorporar a los beneficios de esta ley a los productores de oro amalgamado y de lavaderos.
Artículo 2º.- Estas ayudas o subsidios serán otorgados por la Empresa Nacional de Minería, dentro de su labor de fomento de la producción aurífera, conforme a normas generales y permanentes, que no podrán ser alteradas sino con autorización previa del Ministerio de Minería.
En estas normas se consultarán la adquisición de equipos, maquinarias u otros elementos que sean necesarios para dicha explotación y otros estímulos que conduzcan a la apertura de nuevas explotaciones,' el aumento de la producción o a una mejoría de su productividad.
Artículo 3º.- La Empresa Nacional de Minería dispondrá para la función de fomento que esta ley le encomienda, de anticipos que deberá concederle el Banco Central de Chile, y que serán cubiertos con cargo a la participación fiscal en las utilidades del Banco en la forma plazo y condiciones que determine el Directorio del Banco.
Estos anticipos no serán reintegrados al Banco Central de Chile por la Empresa Nacional de Minería.
El monto del anticipo no podrá ser superior a la diferencia obtenida por el Banco Central de Chile entre los precios de venta y compra del oro de producción nacional que haya comprado y vendido durante el semestre en que se otorgue el anticipo, deducidos los gastos de esas operaciones en oro, que el Directorio del Banco determine.
Los acuerdos del Directorio del Banco Central de Chile a que se refiere este artículo, requerirán el voto conforme de dos Directores fiscales, a lo menos.
Artículo 4º.- Los anticipos que otorgue el Banco Central de Chile a la Empresa Nacional de Minería, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se considerarán entradas del Presupuesto Corriente de la Empresa, la que podrá, con estos fondos, hacer traspasos de un Presupuesto al otro, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 59 del D.F.L. Nº 47, de 1959.
Los fondos que se acumulen en virtud de lo dispuesto en la presente ley sólo podrán destinarse a los fines específicos en ella señalados.
Artículo 5ºLa Empresa Nacional de Minería no podrá cobrar por maquila un precio superior a Eº 35. por tonelada de oro, mientras no haya un aumento del precio del oro en el mercado interno e internacional, vigente a la fecha de promulgación de la presente ley.
Artículo transitorio.Los anticipos que el Banco Central de Chile otorgue a la Empresa Nacional de Minería con arreglo a las disposiciones de la presente ley, no podrán ser superiores, en conjunto, a la diferencia obtenida por el Banco Central entre los precios de venta y de compra del oro de producción nacional que haya comprado y vendido desde el 1º de julio de 1967 hasta la fecha de su publicación, deducidos los gastos de esas operaciones en oro que el Directorio del Banco Central de Chile determine."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Alfredo horca, Valencia.Amoldo Kaempfe Bordalí.
5.- INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA SOLICITUD DE DESAFUERO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUREPTO, DON FUAD RAFIDE BATARCE.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra informaros acerca de la petición de desafuero formulada en contra del señor Gobernador de Curepto, don Fuad Rafide Batarce, por el presunto delito de denegación de auxilio de la fuerza pública, todo ello en conformidad a lo dispuesto en la atribución 3ª del artículo 42 de la Constitución Política del Estado.
Se ha iniciado este procedimiento por denuncia que formulara con fecha 22 de diciembre de 1967 el señor Juez Letrado de Mayor Cuantía deCurepto, don José Rojas González, acogida por la Excelentísima Corte Suprema, previo informe del Fiscal, en lo que se refiere a la mera iniciación del procedimiento para investigar hechos que revestirían caracteres de delito, en que habría tenido participación el señor Gobernador de Curepto, y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 50 Nº 2º del Código Orgánico de Tribunales y 619 y siguientes del Código de Procedimiento Penal.
Hechos en que se funda la denuncia.
1.- Con fecha 3 de agosto de 1967, don Cupertino González Díaz, agricultor, dedujo demanda ante el Juzgado del Trabajo de Curepto en contra de don Buenaventura Aviles Villegas, para que se dispusiera la restitución de la vivienda que ocupaba este último pese a haber terminado el contrato de mediería en virtud del cual se le había otorgado.
2.- Con fecha 11 de agosto las partes llegaron a un avenimiento según el cual el demandado se comprometía a restituir la vivienda en el plazo de tres meses, recibiendo como indemnización por los posibles perjuicios, la suma de Eº 200.. Vencido este plazo y como no se hubiere restituido el inmueble, se solicitó al Juzgado dispusiera el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a lo pactado. Con fecha 7 de diciembre el Juzgado de Curepto acogió esta petición. A fojas 4 vta. del expediente respectivo consta, en una anotación marginal no autorizada, que se habría oficiado a la Gobernación respectiva, con fecha 15 de diciembre de 1967, para que ésta otorgara el auxilio requerido.
3.En la misma foja recién citada se encuentra estampada una certificación del Receptor de Mayor Cuantía de Curepto señor Herminio Uribe Agüero, de 18 de diciembre, según la cual "al solicitar el auxilio de la fuerza pública al señor Gobernador del Departamento, don Fuad Rafide B. con el fin de efectuar el lanzamiento a que hace referencia el expediente precedennte, me expuso personalmente el señor Gobernador que no podía conceder la fuerza pública solicitada en el referido oficio, debido a que la familia que se va a lanzar es de muy escasos recursos y no tiene dónde ir a vivir.".
4.- Con el mérito de esta certificación, el señor Juez de Letras de Curepto dispuso se oficiara, por conducto regular, a la Excelentísima Corte Suprema "dando cuenta de la negativa del señor Gobernador del Departamentodon Fuad Rafide para conceder el auxilio de la fuerza pública".
5.- Informando a requerimiento de la Excma. Corte Suprema, el señor Fiscal de ese alto Tribunal opinó que, según los antecedentes considerados, las "razones con que el Gobernador ha justificado su negativa, son inadmisibles y atenían contra la base misma de nuestro régimen constitucional, que descansa sobre el respeto, acatamiento y cumplimiento de las resoluciones de los Tribunales de Justicia", de manera de que tal negativa podría ser constitutiva del delito de denegación de auxilio sancionado en el artículo 253 del Código Penal. A' su juicio, correspondía remitir los antecedentes al Tribunal llamado por la ley a conocer del delito y a juzgarlo, conforme al artículo 50 Nº 2º del Código Orgánico de Tribunales.
6.- La Excelentísima Corte Suprema acogió en todas sus partes el informe del señor Fiscal y ordenó a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca que recibiera la información legal pertinente y necesaria para que el Honorable Senado se pronunciara en forma previa sobre el desafuero del señor Gobernador de Curepto. Este último Tribunal remitió los antecedentes al Honorable Senado con fecha 19 de febrero último.
Descargos formulados por el señor Gobernador de Curepto.
Con fecha 21 de marzo en curso, el señor Gobernador de Curepto informó al Honorable Senado acerca de los hechos que se le imputan, alegando en su descargo las siguientes razones.
1.- No es efectivo que se haya requerido formalmente el auxilio de la fuerza pública en la especie, pues en las oficinas de la Gobernación no se ha recibido el Oficio correspondiente. Acompaña en parte de prueba de su afirmación un certificado del propio Secretario del Tribunal, en carácter de Notario Público del Departamento, y otro del Oficial Secretario de la Gobernación, en los que consta que ni en el Libro de Partes ni en los Archivos de la Gobernación se registra Oficio alguno emanado del Juzgado de Letras de Curepto para el efecto antes indicado.
2.- En la fecha en que, según el señor Juez de Letras de Curepto, se habrían producido los hechos, el señor Gobernador no se encontraba en funciones, pues hacía uso de su feriado a contar del 13 de diciembre de 1967, de modo que no es posible que haya podido, actuando en el ejercicio de sus funciones, denegar el auxilio de la fuerza pública entre el 15 y el 18 del mismo mes de diciembre. Acompaña en parte de prueba copia autorizada del Decreto de la Intendencia de Talca que le concedió el feriado legal y un certificado del señor Subsecretario del Interior subrogante en que consta que hizo uso de ese feriado legal.
3.- Agrega el señor Gobernador que la única vez que se ha solicitado el auxilio de la fuerza pública, ésta fue otorgada sin problema alguno.
4.- Por último, reconoce que fue abordado, a mediados de diciembre y mientras hacía uso de su feriado, por el señor Receptor, en los instantes en que entraba a su casa en el edificio de la Gobernación. Agrega, textualmente: "Me preguntó si yo concedería la fuerza pública para lanzar al campesino Buenaventura Aviles. Fue una conversación informal, sin exhibirme ni presentarme Oficio alguno, ni formular ningún requerimiento. Si esto último hubiera ocurrido, yo le habría contestado que hablara con el Gobernador subrogante, puesto que yo no estaba en el desempeño de mi cargo. Pero, dado el tono informal de su pregunta, yo le contesté, efectivamente, que "no podría conceder la fuerza pública", cosa absolutamente real: 1ºPorque yo no era Gobernador en funciones; y 2ºPorque, dadas las circunstancias del caso, si hubiera estado en funciones, habría empezado por procurar una solución al problema humano de vivienda que se presentaba al campesino a quien se trataba de lanzar.". Termina pidiendo se rechace la petición de desafuero.
La unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión ha estimado que en la especie no se encuentra acreditada la existencia de hechos que revistan caracteres de delito ni menos, por tanto, que en ellos haya podido corresponder una participación culpable al señor Gobernador de Curepto, circunstancias que deben ponderarse para resolver sobre la petición de desafuero.
En efecto, atribuyéndose la comisión de los hechos que revestirían caracteres de delito, específicamente, al señor Gobernador deCurepto, don Fuad Rafide Batarce, queda desvirtuada toda acusación frente a la prenda documental irrefutable a que ya se hizo referencia de que esa persona no era quien desempeñaba el cargo de Gobernador de Cuiepto en la fecha en que se habría cometido el delito de denegación de auxilio de la fuerza pública. En consecuencia, de modo alguno pudo el señor Fuad Rafide haber denegado como Gobernador, la petición formulada, y cualquier participación suya al respecto sería irrelevante desde el ángulo en que se ha planteado la acusación.
A mayor abundamiento, se encuentra también acreditado que no se requirió oficialmente a la Gobernación de Curepto la concesión de fuerza pública, de manera que ésta, cualquiera que hubiese sido su titular, tampoco ha podido adoptar al respecto pronunciamiento alguno, positivo o negativo.
Si bien es cierto, que la Excelentísima Corte Suprema estimó que de los antecedentes que en su oportunidad conoció, podía desprenderse la ejecución de hechos que revestían caracteres de delito, no lo es menos que los nuevos antecedentes proporcionados al Honorable Senado y que ese alto Tribunal no tuvo ocasión de ponderar, dejan en claro que en la especie no concurren los requisitos que la Ley exige para que se conceda un desafuero.
En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra proponeros que no deis lugar al desafuero del señor Gobernador deCurepto, don Fuad Rafide Batarce.
Sala de la Comisión, a 27 de marzo de 1968.
Acordado en sesión de 26 de marzo de 1968, con asistencia de los Honorables Senadores señores Chadwick (Presidente), Fuentealba, Sepúlveda y Teitelboim.
(Fdo.) : Tomás Chadwick.Jorge Tapia Valdés.
6.- INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBIERNO Y HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE REAJUSTA LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda tienen a honra entregaros su informe al proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los servidores de los sectores público y privado.
A las reuniones en que se debatió esta materia concurrieron, además de todos los miembros de estas Comisiones y de las personas y entidades recibidas en audiencia pública, que relacionaremos más adelante, los Honorables Senadores señores Baltra, Fuentealba, Gómez, Gumucio, Jaramillo, Juliet, Miranda, Noemi, Reyes y Tarud, y los Honorables Diputados señora Laura Allende y señores Clavel, Lavandero, Pereira, Phillips y Silva Ulloa.
Concurrieron también los señores Ministros del Interior, don Edmundo Pérez; de Hacienda, don Andrés Zaldívar y Minería, don Alejandro Hales; el Subsecretario de Previsión Social, señor Alvaro Covarrubias; el Superintendente de Seguridad Social, señor Carlos Briones; el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación del Cobre, señor José Claro; el Asesor de esta Corporación, señor Fernando Varas; el Jefe del Departamento de Finanzas del mismo, señor Cedric Teare; la Subdirectora de Estudios de Impuestos Internos, señorita Milka Casanegra, y los funcionarios de la Dirección de Impuestos Internos, señores Juan Eduardo Herrera y Hernán García.
Exposición del señor Ministro de Hacienda.
Dando iniciación a la discusión general del proyecto, el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Zaldívar, expresó que la iniciativa en debate, presentada al Congreso Nacional por su antecesor señor Sáez, procura reajustar con justicia y dentro de las posibilidades nacionales las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado.
En primer término, refiriéndose a los beneficios que concede, señaló que contempla dos procedimientos el reajuste del sector público: uno que se aplica a un tercio de la administración pública, que le otorga un 12,5% en dinero más una compensación de 7,5% en cuotas de la Corporación de la Vivienda, y otro que consulta un mayor reajuste o reestructuraciones de plantas y que alcanza a los dos tercios de la administración pública.
Así, de los 353.902 funcionarios que pertenecen a los servicios públicos, un total de 229.787 (64,93% del total), recibirán reajustes especiales que en promedio les representan un aumento del 33,4% de sus sueldos y salarios. En algunos casos, como en el de las Fuerzas Armadas, se otorga un reajuste parejo, y en otros, como en los casos de Prisiones, Dirección de Industria y Comercio, etc., el reajuste procede por el sistema de una reestructuración de las plantas, lo que naturalmente implica ascensos y mayores ingresos a estos personales.
Especificó en seguida los diversos porcentajes de reajustes especiales (estimaciones promedio) que se otorgan a ciertos servicios y que son los siguientes:
Fuerzas Armadas y Carabineros 29,2%
Poder Judicial, Sindicatura de Quiebras e incidencia en Parlamentarios y Ministros 33,8%
Correos y Telégrafos 32,7% Servicio Nacional de Salud (no médicos) 23 %
Médicos 40,4%
Registro Civil 26,5%
Prisiones 33,5%
Dirección de Industria y Comercio 24,3%
Magisterio (aproximadamente) 33 %
Servicios Eléctricos (aproximadamente) 40 %
Hizo presente que si no se otorgaren estos reajustes especiales, con los recursos que obtiene el proyecto sería posible conceder un reajuste general común de 23,9%.
Advirtió que los servidores públicos sujetos al 12,5% de reajuste en dinero efectivo lo percibirán durante los doce meses del año, sin que el aumento del primer mes ingrese a las Cajas de Previsión, con lo que prácticamente se les coloca en una situación similar a la que obtenían en el proyecto del ex Ministro señor Molina, que les otorgaba un 14% pero con deducción del primer mes.
Sin perjuicio de los reajustes que se conceden a los sueldos y remuneraciones, la iniciativa sometida a la consideración de las Comisiones Unidas aumenta también en un 20% la asignación familiar de los funcionarios del sector público.
Con referencia al sector privado manifestó que quienes no estén sujetos a convenios recibirán un reajuste obligatorio de 21,9%, y que el sujeto a convenios continuará rigiéndose de acuerdo con las normas del Código del Trabajo.
El costo total del proyecto en informe, conforme fuera propuesto por el Gobierno, asciende a 1.270,8 millones de escudos, de los cuales 713 millones corresponden a gastos presupuestarios no contemplados en el Presupuesto vigente por falta de financiamiento, y cuyo detalle es el siguiente:
Millones de Eº
1.- Pago de incentivo al personal de Impuestos Internos en conformidad a los sistemas vigentes Eº 22,0 2.- Déficit en pago de pensiones de Caja de Empleados Públicos, Defensa y Carabineros 50 0
3.- Aporte especial al Servicio de Seguro Social para pago de reajuste de pensiones, debido al desfinanciamiento derivado de la ley 70,0 4.- Mayores gastos en rancho, combustibles y vestuario para Fuerzas Armadas y Carabineros sobre lo consultado en la ley de Presupuestos 27 0
5.- Mayor aporte a Ferrocarriles, debido a la pérdida de tráfico experimentada como consecuencia de la competencia del transporte por carretera 28,0
6.- Mayores gastos de capital no considerados en la Ley de Presupuestos: a) servicios de amortizaciones de obligaciones externas consideradas en la Ley de Presupuestos como susceptibles de operaciones financieras normales y que dadas las presentes circunstancias del mercado de capitales foráneos es necesario financiar presupuestariamente (US$ 20 millones) . . . 122,0 aporte fiscal a la Corporación de la Vivienda .. 200,0 aporte fiscal suplementario a la Corporación de Fomento para cumplir con los planes nacionales de desarrollo 194,0 Eº 713,0
En materia de reajustes, la ley de presupuestos vigente consulta 170 millones de escudos necesarios para dar cumplimiento al acuerdo magisterial y, además, una reserva efectiva de 416 millones, lo que da un total de 586 millones de escudos. Por consiguiente, de mantenerse la proposición original de reajuste de remuneraciones, cuyo costo ascendía a 1.143,8 millones, sería necesario encontrar financiamiento adicional por 557,8 millones.
Para financiar estos 1.270,8 millones (713 de suplemento presupuestario y 557,8) se dispone de ingresos no considerados, provenientes de revisión de cálculos, por US$ 7 millones (Eº 42,7 millones), y de diversas medidas administrativas que rinden Eº 29 millones. El oportuno despacha de la ley que restablece el impuesto patrimonial por un año, el efecto de las eliminaciones de exenciones a la mediana minería del cobre y el impuesto a las facturas, dan un rendimiento que se estima en 126 millones de escudos que, sumados a los 71,7 millones anteriores, permitirán disponer de 197,7 millones de escudos, con lo que la cantidad por financiar queda en un total de 1.073,1 millones.
Mediante la reducción de gastos presupuestarios por 180 millones de escudos, que afectarán especialmente a los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, de rebajas de 72 millones del aporte fiscal a la Corporación de la Vivienda, de 39 millones correspondientes a la Corporación de Fomento de la Producción y de 20 millones del Servicio de Seguro Social, se obtienen otras economías por un total de 311 millones, si bien en el caso de la CORVI el menor ingreso será de sólo 30 millones de escudos, pues recibe recursos adicionales de orden previsional y derivados del aumento en 0,5% del aporte que deben hacer trabajadores y empleadores de acuerdo con la ley 14.171.
Además de las rebajas enunciadas, el Ejecutivo estimó necesario hacerlas también en otros rubros, por lo que plantea un sistema de reajustes de remuneraciones diverso del propuesto por el ex Ministro señor Molina, con lo que reduce el costo total del proyecto, de 1.143 millones a T.003 millones, produciendo por tanto una economía de 140 millones de escudos.
En consecuencia, la reducción total asciende a 451,1 millones de escudos que, restados a los 1.073,1 millones, dejan un déficit por financiar de 622 millones de escudos. Explicó el señor Ministro que este déficit se produce tanto por falta de fondos destinados a financiar el reajuste como de los requeridos para suplementar el presupuesto de la Nación.
Para financiar estos mayores desembolsos se consultan diversas fuentes de ingresos, que pueden agruparse en cuatro rubros principales:
Millones de Eº
Impuestos varios, que afectan a combustibles,
cerveza, bebidas analcohólicas, vinos,
cigarrillos, registro de importación y
tasa de despacho, con un rendimiento calculado en 200
Alza del impuesto a las compraventas 178
Revalorización de activos 34
Empréstito forzoso 210
La suma de estas cantidades arroja exactamente el financiamiento necesario para el mayor gasto de 622 millones de escudos ya señalado.
Tentativas para el aumento del reajuste y modificación del financiamiento.
En la búsqueda de financiamientos que pudieran resultar más apropiados para la fórmula de reajuste, propuesta por el Ejecutivo, o para elevar el monto en dinero a quienes se encuentran en el porcentaje del 12,5, el señor Zaldívar, solicitado por diversos señores Senadores, se refirió también a la incidencia que tendría en el costo del proyecto cada punto de aumento.
Señaló que cada 1% de reajuste adicional, general para todo el sector público y en dinero, significaría un mayor gasto de 45 millones de escudos, consideradas sus repercusiones en los sectores que reciben reajustes especiales. Por otra parte, cada punto de aumento otorgado exclusivamente al sector que según el proyecto recibe sólo 12,5%, costaría de 15 a 16 millones de escudos.
Con todo, hizo presente que existen servidores cuyas remuneraciones están ineludiblemente ligadas a la escala ANEF, por lo que un cálculo más realista, que considerara estas necesarias incidencias, daba una cifra de aproximadamente 29 millones de escudos por cada 1% de reajuste por sobre el 12,5%. Explicó que la cantidad indicada se descompone en 21 millones por punto para la ANEF y servicios ligados a ella, y 8 millones por punto para los profesores, en virtud del acuerdo magisterial.
Por último, manifestó que si al aumento por sobre el 12,5% no se le otorgaba el carácter de imponible, las cifras indicadas en cada caso debían disminuirse aproximadamente en un 10%.
Por su parte, el Presidente de vuestras Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Bulnes, analizó los gastos y el financiamiento propuesto por el señor Ministro, obteniendo la conclusión que la suma a cubrir con nuevos ingresos para el reajuste mismo es de sólo 220 millones de escudos. Su punto de vista al respecto y las estimaciones que hizo las relacionaremos en detalle más adelante, en la parte de este informe que reproduce los fundamentos de voto de los miembros de vuestras Comisiones Unidas.
Citación a Personeros de la Corporación del Cobre. A requerimiento de los Honorables Senadores señores Bossay y Chadwick, y con el objeto de estudiar un financiamiento para otorgar un reajuste general superior al 12,5%, vuestras Comisiones Unidas llamaron a su Sala a representantes de la Corporación del Cobre.
Primeramente, por hallarse fuera de la capital el Vicepresidente de la Corporación, concurrieron a satisfacer las consultas de los señores Senadores el Asesor señor Fernando Varas y el Jefe del Departamento de Finanzas señor Cedric Teare.
Solicitado por el Honorable Senador señor Bossay a informar acerca de las modalidades de las ventas al contado y a futuro, el señor Varas expuso que los productores chilenos no venden a precio contado, sino a precio a futuro. Este no es fijo. Se establece un sistema de fijación de precios, el que puede tener muchas modalidades. En otras palabras, se vende "a fijar precio". El sistema de fijación dependerá de los contratos. En algunos se fija por el mes anterior al embarque y por el mes del embarque mismo, esto es, sesenta días, en que se va fijando el precio por partidas. El contrato, en este caso, determina el monto de tales partidas: cuánto podrá ser diario y cuánto semanal máximo. Resulta entonces una especie de término medio. Otros contratos adoptan el sistema de término medio del precio del mes, ya sea el del embarque o el anterior a éste. Tal modalidad se emplea, por ejemplo, en 'los contratos de venta a Japón.
El precio al contado es el de la Bolsa de Metales de Londres. Venden a este precio pequeños productores, como la ENAMI. No significa esto que la ENAMI venda en la Bolsa, lo hace al precio de ésta y para entrega en fecha determinada. El precio al contado es superior al de "a futuro" unos tres centavos, aproximadamente. El vender a precio contado no significa vender al contado.
Interviniendo en la información el señor Teare, previene que los datos referentes a este año que dará, son aproximados, toda vez que el sistema de precio a futuro que se emplea determina que, en algunos casos, aún no se conozca a ciencia cierta el precio del metal en algunas transacciones. Manifiesta que en el mes de enero y febrero pasado se vendieron 140,9 millones de libras. Tal cantidad es baja en comparación con un año normal, en que se venden 100 millones de libras mensuales. Este descenso se debe a la huelga de las refinerías de Estados Unidos de Norte América, que ha motivado la creación de un "stock" de cobre blister, el que como tal generalmente se vende como electrolítico tiene muy poca demanda. Sin embargo, las ventas deben subir en el mes de marzo como consecuencia de las medidas de la Corporación del Cobre en orden a colocar blister. Estimativamente, la venta de marzo será superior a la de un año normal. Más precisamente 29,3 millones de libras superior.
Por las ventas indicadas, se obtuvieron en los meses de enero y febrero US$ 84.000.000, elevándose el precio medio obtenido a 59,9 centavos de dólar por libra, esto es, 17,9 centavos sobre el precio calculado para los efectos presupuestarios, que fue de 42 centavos de dólar la libra.
El Honorable Senador señor Rodríguez hizo presente que, a su jui ció, este mayor precio obtenido le representa al Estado, en el lapso indicado, una mayor entrada, de US$ 24.000.000, no prevista presupuestariamente, hecho que no puede desvirtuarse a pretexto de 'las menores ventas en los dos primeros meses del año, ya que éstas están prácticamente compensadas por la mayor venta en el mas de marzo. Es razonable suponer, manifestó, que esta tendencia se mantendrá por el resto del año, lo que significa que en la realidad existe financiamiento para un mejor reajuste.
El Honorable Senador señor Bulnes intervino para expresar que, en virtud de los antecedentes entregados por los funcionarios de la Corporación del Cobre, se hacía patente que el precio de venta fijado para el cobre en el presupuesto era errado. En el primer trimestre de este año se ha obtenido casi sesenta centavos de dólar por libra. No es presumible, por tanto, que el precio medio en el año sea inferior a los cincuenta centavos. Si se considera que cada centavo más por libra representa siete millones de dólares y que tal suma, al cambio actual, equivale a cuarenta y cinco millones de escudos, se debe concluir que el Estado gozará este año, por el concepto aludido, una mayor entrada de cuatrocientos millones de escudos.
Agregó que estaba consciente que actualmente no puede disponerse de tal cantidad sin renegociar previamente el "stand by", ya que según el convenio vigente por cada dólar de mayor entrada por precios del cobre superior a 42 centavos se reduce en la misma suma el "stand by". A su juicio, el Gobierno debe renegociar el "stand by", llevando el tope de 42 centavos a 50 centavos. Así obtendría 400 millones de escudos adicionales y suficientes para financiar el reajuste. Si, más tarde, el precio llegara a caer, el Gobierno podría entonces pedir recursos al Congreso.
El Honorable Senador señor Musalem hizo presente que le parecía insano, desde el punto de vista económico, financiar gastos permanentes con recursos que no lo son. Los recursos extraordinarios, como son los provenientes de un circunstancial mayor precio del cobre., deben emplearse para cubrir inversiones también extraordinarias.
El Honorable Senador señor Bulnes contestó que estimaba no se había seguido este camino de efectuar inversiones extraordinarias con tales recursos, por lo que, a. su juicio, es preferible ocuparlos en aquellos que a todos beneficia y le consta a todos.
El Honorable Senador señor Palma manifestó que, a su juicio, no consideraba práctico reemplazar los ingresos tipo "stand by" por los eventuales provenientes del cobre. Al país le conviene, afirmó, financiar sus obras extraordinarias con dinero fresco y cubrir una serie de gastos ordinarios con préstamos que se hacen normal y habitualmente a todos los países. Advirtió que podía temerse que, una. vez finalizada la huelga que afecta a la industria cuprera norteamericana, se fije un precio de consumidores, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, posibilidad que el señor Varas estimó dudosa, aunque podría suceder que el precio del cobre bajara, ya que su nivel actual ha sido determinado por la huelga norteamericana y la guerra de Vietnam.
A una consulta del Honorable Senador señor Rodríguez, sobre el precio que para los efectos fiscales tuvo el cobre en 1967 y el rendimiento efectivo de la producción, el señor Teare explicó que originalmente fue de 42 centavos, que subió después 3 o 4 puntos y que el promedio obtenido fue de 48,2. En cuanto al rendimiento, fue el siguiente: impuesto sobre utilidades, 160.7; impuesto adicional sobre dividendos repartidos por El Teniente, 7.9; y, además, por participación de la Corporación del Cobre en los dividendos de El Teniente, 36.2, que usó en el cumplimiento de los convenios, en el pago de acciones de El Teniente y en un préstamo al mismo El Teniente. El Fisco recibió 22 millones de dólares y obtendrá 8 millones más pagaderos en 1968.
Evacuando otras consultas, los personeros de la Corporación del Cobre explicaron los ingresos obtenidos por la Sociedad Mixta El Teniente, la utilidad de la empresa en 1967 (de 65 millones de dólares) y el monto de ja participación fiscal (87 millones). Consideraron en detalle diversos aspectos de ¡a comercialización del cobre, a requerimiento de los Honorables Senadores señores Chadwick, Contreras Labarca, Palma, Baltra y Rodríguez, debate que dio origen luego a la concurrencia, ante vuestras Comisiones Unidas del señor Ministro de Mineríadon Alejandro Hales,, y del Vicepresidente de la Corporación del Cobre, señor José Claro, quienes informaron sobre el particular en reunión reservada.
Exposición del Superintendente de Seguridad Social. El señor Briones expresó que estimaba conveniente poner en conocimiento de las Comisiones Unidas algunos antecedentes relativos al Servicio de Seguro Social.
Comenzó señalando que la situación de este instituto de previsión representaba gráficamente lo que ocurre en el sistema de seguridad social chileno, como consecuencia de una legislación desarticulada.
El Servicio de Seguro Social tiene 1.450.000 imponentes activos, que representan el 69.7% de todos los afiliados a instituciones de previsión; 300.000 pensionados, que constituyen el 48.6% de todos los pensionados del país; otorga 1.650.000 cargas familiares o, en otros términos, un 44% de todas las que se conceden en el país; cuenta con un sistema de remuneraciones imponibles de Eº 2.543.074.000, que corresponden al 32,3% de toda 'la masa de recursos que mueve el sistema de seguridad social; y, paga en pensiones 525 millones de escudos, lo que equivale al 32.5% de todas las pensiones.
Refiriéndose, luego, al desfinanciamiento del Seguro Social, advirtió que se ha producido, entre otras causas, por la reducción a 55 años de la edad para jubilar de la mujer, la reapertura constante de los plazos para acogerse a la ley de continuidad de la previsión y el mecanismo excepcional de reajuste a que está sometido, diferente al del resto del sistema.
Todos los sistemas de pensiones, explicó, así como los de reajustes de remuneraciones, operan sobre la base de 'la variación del índice de precios, pero éste, en cambio, lo hace basado en la variación del salario medio de subsidio.
Ello ha probado grandes diferencias entre ambos sistemas. Así, por ejemplo, en 1965 el índice de reajuste de pensiones fue de 41.59% y la variación de los salarios fue de 38.4%; en 1966 las cifras fueron de 51.02% y 25.9%, respectivamente; y en 1967, 34.27% y 17%, y para el presente año los índices son 37% para el reajuste de pensiones y 21.9% en "la variación de los precios. El Servicio, en seguida administra cuatro fondos, que son los siguientes: 1. Fondo Pensiones, 2.Fondo de Asistencia Social, 3.Fondo de
Asignación Familiar, y 4.Fondo de Indemnización por años de servicio.
Los tres últimos han arrojado excedentes, en tanto el de pensiones tiene problemas por las presiones de la legislación.
Los Fondos Asistencial, de Asignación Familiar y de Indemnización por Años de Servicio, son de reparto, y sus excedentes, provenientes de sus propios ingresos, deberían distribuirse entre 'os beneficiarios, pero para paliar el déficit del Fondo de Pensiones, se ha debido abonarle traspasos de otros que cuentan con excedentes, lo que ha permitido mantener el pago de las pensiones y sus reajustes.
Refiriéndose a la situación que habrá de afrontarse en 1968, explicó que, de aplicarse el reajuste de 37% que corresponde, se produciría un déficit en el Fondo de Pensiones de 309 millones de escudos, lo que el proyecto busca financiar en la siguiente forma:
Por el artículo 106 se hace permanente la facultad de transferir al Fondo de Pensiones todo o parte de los excedentes o reservas producidas en los otros Fondos. Esta disposición que operaría desde el 1° de enero del presente año, arrojaría recursos del orden de los 98 millones de escudos.
Por el artículo 107 se permite al Servicio retener los aportes que recibe el 2.5% de asignación familiar, establecidos por el artículo 22 de la ley Nº 14.688, y letra c) del artículo 20 de la ley Nº 15.720. El ingreso al Fondo de Pensiones por este concepto sería de 46,5 millones de escudos.
Por el artículo 108 se introducen diversas modificaciones a la ley Orgánica del Servicio, cuales son:
1.- Se elevan los topes mínimos para incorporación de los independientes de 1 a 3 sueldos vitales, con un rendimiento aproximado de 1,05 millones de escudos. Advirtió que era indispensable establecer expresamente en la disposición que este aumento empezará a regir desde el 1º de mayo.
2.- Se elimina el tope de 42 salarios mínimos diarios de la industria y el comercio, establecido por la ley Nº 15.386, lo que produce 21 millones de escudos.
3.- Se aumenta la tasa de imposición de los independientes, del 10 al 15%, con mayores recursos por 4,65 millones de escudos.
d) Por el artículo 109 se deroga el artículo 154 de la ley Nº 14.171, lo que afecta al sistema impositivo del sector agrícola, limitado al salario mínimo industrial. Se había, propuesto en un inciso segundo elevar el límite a 1,5 salario mínimo industrial, pero la Honorable Cámara de Diputados lo rechazó, con lo que desarticuló el sistema impositivo de la agricultura. Si el Honorable Senado restablece este inciso se tendría un rendimiento de 27,4 millones de escudos.
Con las modificaciones anteriores operando desde el primero de mayo del presente año y los traspasos de excedentes, se tendría así un rendimiento de 199 millones 700 mil escudos.
Pero el Servicio de Seguro Social, como todo el sistema de seguridad social chileno, sufre además, de una aguda crisis económica derivada de los problemas fiscales y de falta de imposiciones oportunamente enteradas por los patrones. Al 31 de diciembre de 1967, por ejemplo, la deuda fiscal al Servicio de Seguro Social ascendía a 71 millones de escudos, de los cuales 30 millones corresponden al Fisco y provienen del aporte del 5 % de la renta de los independientes y del de 5,5 millones de escudos que debe hacer anualmente al Fondo de Pensiones de acuerdo con la ley Nº 14.688.
El resto, vale decir 41 millones de escudos, corresponden a una apropiación de fondos hecha por el Fisco.
Explicando esta aseveración, el señor Briones manifestó que la 'ley Nº 15.386, que creó el Fondo Asistencial, estableció una imposición adicional del 1% de los salarios (medio por ciento de cargo de los patrones e igual porcentaje de los empleados y obreros). El 20% de este 1% está destinado a financiar el Fondo de Revalorización de Pensiones y el 80% restante está afecto por la Ley al Fondo Asistencial del Servicio de Seguro Social. El Servicio recauda directamente la imposición, pero por razones de los mecanismos de Tesorería, esta imposición, ya descontada a patrones y obreros, ingresa primero a la Tesorería General de la República, apropiándose de ella el Fisco. En consecuencia, al 31 de diciembre de 1967, el Fisco debía. 71 millones de escudos, que se reducirán a 21 millones de acuerdo con programas de pago que ha preparado el señor Ministro de Hacienda.
Los patrones, por su parte, mantienen otra cuantiosa deuda por imposiciones no enteradas, que asciende a. 83 millones de escudos, aunque muchos se han acogido a leyes especiales que los autorizan para celebrar convenios con el Servicio para el pago de esas imposiciones atrasadas, por cuyo concepto estima que en el presente año ingresarán 32,8 millones de escudos.
En resumen, reuniendo todos los ingresos teóricos indicados, el Servicio contaría en 1968, para financiar el reajuste de las pensiones, con 300 millones de escudos.
Expresó en seguida que la Honorable Cámara de Diputados aprobó el artículo 111 que establece que el reajuste de 'las pensiones será de 30%, lo que rebaja el déficit del Fondo a 280 millones de escudos. Sin embargo, lo dispuesto en ese artículo se contradice con el inciso final del artículo 110, que modifica todo el sistema de pensiones mínimas, pues el inciso segundo del primero reajusta las pensiones en un 30% y el artículo 110 establece que las pensiones del Servicio de Seguro Social serán las de la ley Nº 15.386, o, lo que es lo mismo, en una reajusta las pensiones y en otra baja los mínimos, por lo que debe modificarse el último dándole vigencia desde el primero de enero de 1969.
Finalmente, el señor Briones dio a conocer a vuestras Comisiones Unidas el monto de las pensiones mínimas del Servicio, de acuerdo con las distintas fórmulas que operan.
En primer término, las pensiones mínimas vigentes son las siguientes:
Pensión de invalidez y vejez Eº 172.99
Pensión de viudez 101.72
Pensión de orfandad (por cada huérfano) 25.95
Si se aplicara el sistema de reajustes de la ley N° 10.383 (37% para 1968 como ya se explicó),los montos serían:
Pensión de invalidez y vejez Eº 237.00
Pensión de viudez 139.44
Pensión de orfandad 35.56
Si se aplicara el 30% de reajuste aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en el artículo 111, serían los que siguen:
Pensión de invalidez y vejez E° 224.89
Pensión de viudez 132.31
Pensión de orfandad 33.74
Por último, si se aplicara la norma contenida en el artículo 110 del proyecto, las cifras serían:
Pensión de invalidez y vejez Eº 105.44
Pensión de viudez 62.03
Pensión de orfandad 15.82
Audiencias Públicas.Vuestras Comisiones Unidas llamaron a su Sala a diversas organizaciones del trabajo y la industria, que expusieron sus puntos de vista frente al proyecto en informe.
El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y Carabineros en Retiro, que se hizo representar por el General Manuel Feliú de la Rosa y por don Alfredo Merino, representaron que estuvieron de acuerdo con el proyecto anterior, pues solucionaba algunas de las injusticias que cometió la ley Nº 15.575, que dejó fuera del reajuste de los quinquenios a la gran mayoría de los jubilados de las Fuerzas Armadas.
El actual proyecto, en cambio, rebaja la suma de reajuste a percibir del 15% al 12,5%. El General Feliú agregó que aceptaba el descuento del 1% de las pensiones de los ex servidores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, para financiar con él la diferencia de quinquenios de sus compañeros, pero no para cubrir el de las montepiadas.
Se manifestó contrario, también, a la privación del derecho a montepío de las hermanas solteras huérfanas que establece el artículo 11 del proyecto, y terminó solicitando se rechacen las disposiciones que los perjudican y se repongan las del anterior proyecto de reajuste que los benefician.
El señor Juan Antonio Torres, Presidente de la Federación Nacional de Empleados Auxiliares Semifiscales, que agrupa a los empleados de servicios menores de las Cajas de Previsión, expresó su rechazo total a la fórmula de reajuste que propone el proyecto, de un 12,5% en dinero y un 7,5% en cuotas CORVI por considerarlo injusto y discriminatorio al comparársele con el propuesto para el sector privado y dos tercios de la administración pública.
Se refirió, en seguida, a diversas materias que preocupan a su gremio, como son, entre otras, la creación de una nueva Planta de ios grados 1 a 12 de la escala de la administración pública y la constitución de una Planta Especial para aquellos trabajadores que tienen un oficio, como es el caso de los choferes, fogoneros, etc.; la regularización de la situación de 26 empleados de la Caja de Empleados Particulares, quienes están en peligro da perder la antigüedad y beneficios correspondientes al período en que han estado en servicio; la mantención de la Población "José Santos Ossa" para beneficio exclusivo de los servicios menores, ya que con ese objeto fue construida; la aplicación del fuero sindical contemplado en el artículo 100 del Estatuto Administrativo a ios dirigentes sindicales de los servicios menores, y la anulación de los sumarios derivados del paro nacional de noviembre de 1967.
El señor Torres fue acompañado por el Secretario de la Federación, señor Sergio Guajardo, y por el Delegado señor Francisco Guajardo.
El señor Luis Gilardi, Secretario de la Federación Industrial de la Edificación, Madera y Materiales de Construcción, quien concurrió acompañado del Subsecretario General señor Hugo Silva, manifestó el completo acuerdo de su gremio con los planteamientos de la Central Única de Trabajadores acerca del proyecto de reajuste y lamentó que éste discriminara en contra de algunos trabajadores de los sectores público y privado.
Se refirió en particular al artículo 100 del proyecto que perjudica a quienes se agrupan en esta Federación, porque junto con reactualizar el tarifado de la construcción, hace excepción de las obras que ordenare la Corporación de la Vivienda, lo que provocará el hecho de que obreros que desempeñan las mismas labores estarán sujetos a distintos niveíes de salarios, según trabajen o no para la CORVI. Agregó que el tarifado anterior no hacía excepciones de ninguna especie, por lo que esta norma representa un retroceso.
El señor Alberto Pomés, en representación de la Cámara de la Industria Vinícola de Chile, y don Rodrigo Alvarado, por otras entidades del ramo, expresaron que el proyecto alza 'las actuales tasas a la compraventa del vino en un promedio del 67,7%.
En la actualidad las tasas de las sucesivas compraventas son: primera transferencia, 10%; segunda transferencia, 12% y tercera, 12%, 7% y 20%, según los lugares en que se expende, lo que el proyecto eleva como sigue: al 17% en la primera transferencia; al 20% en la segunda, y en la tercera al 14%, 8% y 23% respectivamente.
Esta enumeración demuestra que mientras la. compraventa en general se reajusta en un 14,2% y los artículos suntuarios en porcentajes máximos de 16,6%, el vino debe afrontar un alza promedio de 67,7%, exponiéndose así a fomentar la evasión tributaria, pues si se evita la elaboración del producto y se vende el vino en bruto, se produce un ahorro de 34%, lo que se traduce en un igual porcentaje de ganancia debido a que 'os precios son fijados por decreto e incluyen el impuesto respectivo.
Los señores Alamiro Farías y Julio Figueroa, Secretario y Director, respectivamente, de la Asociación de Empleados del Servicio de Tesorería, manifestaron no estar de acuerdo con el reajuste propuesto del 12,5%, que no mejora la exigüedad de sus rentas.
En especial se refirieron al decreto recién publicado en el Diario Oficial, por el que se sanciona a todos los funcionarios que falten a su trabajo un día al mes con la pérdida del incentivo mensual, equivalente a un 35% de las actuales rentas y que contradicen el sentido de las conversaciones que sostuvieron con personeros del Ejecutivo.
Pidieron se derogara la parte segunda del Decreto Nº 624, a que se refirieron, publicado el día 27 último, y que afecta a cerca de 2.000 funcionarios con un promedio de rentas, 1967, de Eº 900, sin contar la asignación por mayor recaudación.
Don Osvaldo Vargas, Secretario de Organización de la Asociación de Empleados de Impuestos Internos, a quien acompañaron doña Liliana Gamboni y don Filemón Valenzuela, Directores de la misma, manifestó que la aspiración de los 4.500 funcionarios del Servicio que representa es la nivelación al 21,9% de reajuste, para que la recuperación por la pérdida del poder adquisitivo de la. moneda equivalga al 100% y se equipare al reajuste que recibirá el resto de la administración pública, y ofrecieron diversas fórmulas de financiamiento para lograrlo.
Así, por ejemplo, expresó que a causa de la evasión tributaria el Fisco deja de percibir grandes sumas de dinero las que podrían recuperarse con una adecuada fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, pero para ello es necesario que los funcionarios estén bien remunerados.
Manifestó también que no consideraba conveniente alzar la tasa del impuesto a la compraventa, sin tener la posibilidad concreta de una buena fiscalización. Con ocasión de la ley de reajuste de 1967, recordó, la que elevó dicha tasa del 6 al 7%, se advirtió en los primeros meses de su aplicación un rendimiento inferior al estimado, lo que sólo se pudo corregir con medidas de fiscalización directas.
Propuso, asimismo, hacer una racionalización de las exenciones tributarias que, en su concepto, son excesivas, debiendo gravarse, por ejemplo, a los propietarios de dos o más bienes raíces sujetos al D.F.L. Nº 2 o a la ley Pereira, lo que brindaría nuevos recursos de financiamiento.
Otra fuente de financiamiento sería la de elevar la tasa del impuesto de transferencia de bienes raíces de un 4% a un 6%, o sea, en un 50%, ya que en la actualidad hay mayores posibilidades de adquisición de bienes raíces a través de 'la Corporación de la Vivienda y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamos. Este impuesto alzado al 6% rendiría, desde mayo a diciembre de este año, un total de 11 millones 100 mil escudos.
Consideró también la conveniencia de elevar las tasas de las apuestas combinadas de los hipódromos, casas de juego y establecimientos similares, y gravar los formularios que el Servicio de Impuestos Internos suministra a 'los contribuyentes para las declaraciones de impuestos, modificando para tal efecto la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Finalmente, solicitó la derogación de la parte segunda del Decreto Supremo Nº 624, de 27 de marzo pasado, a que se refirió la Asociación de Empleados de Tesorería, porque atenta contra la existencia de las organizaciones gremiales y los intereses funcionarios.
Luego se hizo presente la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Seguro Social, integrada por el señor César Fuentes, Presidente, y Guillermo Bravo, Vicepresidente.
El señor Fuentes expresó que en el año 1964 se efectuó un encasillamiento en dicha repartición, el cual, al establecer requisitos de estudios mayores que los existentes, creó problemas a antiguos funcionarios.
Para obviar tales dificultades pidió la inclusión do una disposición que permita a la funcionarios ingresados antes de 1960 o que en la actualidad tengan veinte o veinticinco años de servicios ascender a las categorías directivas, aun cuando no posean el requisito de estudios.
El señor César Céspedes, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Servicio de Seguro Social, expresó que al hacer el reencasillamiento en 1964, dividiendo la planta en directiva y en administrativa, se perjudicó a muchos empleados del servicio, pues estableció requisitos de estudios o de posesión del cargo para ascender o percibir la renta del grado superior.
Para paliar tal inconveniente, propuso que para tales funcionarios no rijan los requisitos señalados, que es lo mismo que ha solicitado la ANES.
Dio lectura luego, al siguiente proyecto de encasillamiento:
"Los funcionarios del Servicio de Seguro Social que a la fecha de dictación de la ley Nº 15.464 se encontraban desempeñando labores de procurador, ocuparán las vacantes que se produzcan en el escalafón de procuradores, en grados similares o en el último grado cuando proceda, sin necesidad de acreditar que cumplen con la exigencia establecida en el artículo 69 del Decreto 4133 de 9 de marzo de 1964, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.".
Esta disposición beneficiaría a 3 funcionarios.
Otro problema que planteó es el de los cajeros del Servicio, que por un olvido de la ley están en la planta administrativa, debiendo estar en la directiva. Formalizó, finalmente, éstas y otras peticiones en forma de una indicación que entregó en Secretaría.
El señor Enrique Sánchez, Secretario de la Confederación de Empleados de Industria y Comercio, expresó que el reajuste general de 21,9% da más a los que tienen más y menos a los que tienen menos.
Planteó que habría que volver al sistema de encuestas que permiten fijar un sueldo vital efectivo, que corresponda a la realidad, y permitir que los demás gremios obtengan las mejoras que les sean dables a través de conflictos colectivos.
Consideró que el proyecto es más de aumento de tributos que de remuneraciones y pidió el rechazo del alza del impuesto a la compraventa.
La compensación en bonos Corvi de los cuatro días feriados que se suprimen es injusta, a juicio del señor Sánchez, sobre todo teniendo presente que los empleados que representa son los únicos que hacen aportes a Corvi que no son reajustados. Pide que en vez de bonos Corvi se dé dinero efectivo pagado por las empresas.
Señaló que el gremio aspira a que las asignaciones familiares de los taxistas no se paguen con efecto retroactivo, pues eso les significaría una disminución de sus propios fondos para tales prestaciones.
Concluyó informando que la Confederación reúne a 150 sindicatos, los que cuentan con 150.000 afiliados en todo el país.
El señor Rafael Señoret, Presidente de la Confederación Nacional de Municipalidades, recordó a las Comisiones que las leyes de reajuste despachadas en los años 1966 y 1967 no consultaron un correcto financiamiento de los gastos que significaron para los Municipios, hecho que ha producido una disminución sin precedentes de los recursos municipales y hasta la paralización de obras y servicios indispensables para la comunidad.
Propuso, en consecuencia, diversas indicaciones que permitirán dar un adecuado financiamiento al nuevo reajuste, dentro de las Municipalidades, cuales son:
1.- Prórroga del plazo que establece el artículo 26 de la ley Nº 16.250 hasta el 31 de diciembre de 1970 (establece el porcentaje del presupuesto de la Corporación que se puede destinar a sueldos y salarios) ;
2.- Autorización al Presidente de la República para que eleve la participación municipal en el impuesto territorial del 3% al 4%;
3.- Participación de las Municipalidades en el rendimiento del aumento del impuesto a las compraventas del orden del 1%;
4.- Elevación del porcentaje municipal en las patentes de vehículos al50% de su valor, y
5.- Que se calcule correctamente el rendimiento del impuesto a la renta, puesto que lo calculado siempre es menos que lo real, ya que las Municipalidades tienen una participación del 7% en dicho tributo.
Expresó que las Municipalidades aceptan la idea de dar parte del reajuste a sus obreros en bonos de la CORVI.
Manifestó a continuación el señor Señoret que el mayor ingreso de las Corporaciones durante el año 1968 será de E"? 85 millones y los mayores gastos serán de Eº 135 millones, todo en relación al año anterior; al mes de diciembre de 1967 el Fisco tiene una deuda de arrastre, desde 1962, con las Municipalidades, de Eº 103 millones. En el presente año, el menor pago que hará el Fisco a las Municipalidades será de E<? 45 millones.
Si se otorga un reajuste del 21,9%, las Municipalidades no dispondrán de fondos para inversión o renovación de equipos.
El señor Pascual Barraza, por su parte, manifestó que una eficaz medida de saneamiento de las finanzas municipales sería el pago de la participación en el impuesto a la renta en el año en que se produce y no al siguiente, como sucede hoy día.
Agregó que el año pasado se abonó a la deuda fiscal la suma de Eº 12 millones, lo que es totalmente insuficiente.
Los empleados y obreros municipales, que reciben un reajuste del 12,5%o, y que son alrededor de 26 mil, aspiran a un reajuste de 21,9%. El señor Alberto Duarte, Presidente subrogante de la Federación Nacional de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud, expresó que en diciembre de 1966 se llegó a un avenimiento con el Gobierno en el sentido de que percibirían sueldos iguales a los de la ANEF y una modificación del escalafón, acuerdo que no ha sido respetado en el actual proyecto de reajuste. En esa oportunidad, dijo, el gremio de profesionales y técnicos de la salud aceptó una escala de sueldos equivalente al 91,5% de la correspondiente a la ANEF y la modificación de los escalafones que se efectuaría en el segundo semestre del año en curso. Actualmente el gremio está un 17,3% debajo de la escala ANEF y, a pesar de que se le iguala con ella, en la práctica esto es ilusorio por cuanto se rebaja dicha escala en un 9,4% en relación con el alza del costo de la vida. Esto produce como resultado que al darse a la ANEF el 12,5% se les conceda un reajuste del 24% aproximadamente, o sea, 2,1% sobre el alza del costo de la vida.
En cambio, si se contempla el 91,5% de la escala ANEF, reajustada en un 21,9%, recibirían el 34% ó 35% de reajuste. Y esto sí sería un trato preferencial a un servicio postergado.
De ahí entonces que su posición es opuesta al reajuste del 12,5% para la administración pública estimando que lo justo es dar el 21,9% para todos.
Rechazó el financiamiento de la modificación del escalafón mediante la supresión de las horas extraordinarias de que goza el personal de la salud, por cuanto no constituiría un mejoramiento sino un cambio de ítem.
El señor Becker, Secretario de Organización, aclaró que las referidas horas extraordinarias son efectivamente trabajadas.
En resumen, rechazaron la idea de legislar, porque el proyecto, a su juicio, tergiversa el texto del acta de avenimiento de 1966.
Para concluir, el señor Duarte pidió a las Comisiones Unidas que la franquicia que contempla la ley Nº 15.076 para los médicos, dentistas y farmacéuticos de no descontar a esos funcionarios la primera diferencia para la Caja de Previsión, se haga extensiva a todos los trabajadores de la salud.
El señor Hernol Flores, Presidente de la Asociación Postal Telegráfica de Chile, expresó que rechazaba el porcentaje de reajuste del 12,5% ofrecido al gremio, y la idea del pago en bonos, porque significaba un pago diferido.
Rechazó, igualmente, los artículos 33 a 41, que contienen la modificación de la planta, porque estima que viola el acuerdo alcanzado con el Gobierno y les significa una pérdida de Eº 16.000.000.
El gremio estima que no hay falta de financiamiento para el mejoramiento económico, pues las tarifas postales pueden ser alzadas y han demostrado que son capaces de pagar los gastos del Servicio.
El Colegio de Periodistas se hizo representar por doña Adriana Searle y los señores Simón Eterovic, Héctor Suárez y Enrique Osses, quienes manifestaron que los más importantes problemas del gremio dicen relación con el sistema de remuneraciones que les afecta y con su previsión.
Con respecto a lo primero explicaron que, el nivel de sueldos de los periodistas es mínimo y discriminatorio, toda vez que existen tres sueldos, siendo el menor de Eº 500 y el mayor de Eº 829, ambas cantidades calculadas para 1968. La asignación de estas categorías de sueldo depende del número de habitantes con que cuente la ciudad en que el profesional se desempeñe, estando la gran mayoría de las ciudades del país incluidas en la categoría más baja.
Solicitaron, en consecuencia, se estableciera un sueldo mínimo único criterio que informa, una disposición del proyecto aprobada por la Honorable Cámara de Diputados, pero no menor a tres sueldos vitales.
Hicieron presente su temor ante algunas informaciones aparecidas en un periódico de Santiago, en orden a que las empresas periodísticas, de concretarse un sueldo mínimo único ascendente a tres sueldos vitales, se verían obligadas a despedir a parte importante de sus personales, por motivos de orden financiero. Tales motivos no responden a la realidad, como quiera que no condicen con los ingresos que perciben esas empresas por concepto de publicidad. No obstante, la declaración en referencia, según opinaron, está evidenciando propósitos que deben atajarse mediante una disposición que consagre la inamovilidad de los periodistas.
Sin perjuicio de la gravedad del problema expuesto, calificaron a la reforma previsional como su aspiración fundamental. Señalaron, como dato ilustrativo, que de los cuatrocientos ochenta periodistas jubilados en el país, un 50% percibe pensiones promedio de Eº 165 mensuales; un 20% alcanza a tener pensiones que llegan a los Eº 290 mensuales; un 15% obtiene pensiones de alrededor de Eº 500, y apenas un 10% supera esa cifra, contándose en este porcentaje a quienes cesaron en su actividad como directores de diarios, después de más de treinta años de servicios profesionales.
Estos antecedentes, en su opinión, justifican la modificación de su régimen previsional.
Seguidamente, las Comisiones Unidas oyeron los planteamientos de los señores Luis Figueroa y Hernán del Canto, dirigentes de la Central Única de Trabajadores de Chile.
El primero de los nombrados manifestó que desde 1955 esa organización gremial ha defendido el poder adquisitivo de los trabajadores, oponiéndose a la política sostenida por distintos Ministros de Hacienda en orden a que el alza de los sueldos y salarios era factor determinante del proceso inflacionario. Negó a este factor una incidencia mayor de un 25%, expresando que así lo ratificaba la opinión de los técnicos en la materia. Afirmó que, en virtud de la política referida, se ha otorgado durante años, reajustes inferiores al alza del costo de la vida, lo que ha traído consigo un importante deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, pero no la detención de la inflación, la que sólo puede lograrse si se atacan las causas del fenómeno, que calificó de indisolublemente unidas a la estructura misma de nuestro sistema actual.
En consecuencia, la CUT reclama el reajuste del 21,% como mínimo para todo el sector público, el cumplimiento de los convenios suscritos por el Gobierno con algunos gremios (Salud, Magisterio) y que dichos aumentos sean pagados por quienes pueden hacerlo, y no por el pueblo.
A continuación, después de retirarse los representantes de la CUT, ingresaron los representantes de la Confederación de Empleados Particulares de Chile, señores Ernesto Lennon y Sergio León.
El señor Lennon comenzó expresando que los sueldos de los empleados particulares están reducidos al 55% de su valor adquisitivo en 1956, por lo que procede se reforme el sistema de fijación del sueldo vital y se formen comisiones de sueldos formadas por representantes de los trabajadores, patrones y del Estado, para evitar el deterioro progresivo de las remuneraciones.
Objetó, también, la posibilidad de afiliación voluntaria a la previsión de algunos sectores como los socios de sociedades colectivas porque sólo se afiliarán aquellos que paguen sus imposiciones con las asignaciones familiares a que tengan derecho.
El señor León entregó a las Comisiones los datos de una encuesta efectuada por los empleados particulares sobre la base de los precios cotizados por la cooperativa Coopempart y que demuestran, en su opinión, la verdad de las afirmaciones del señor Lennon.
Fueron llamados luego los señores Mario Merino, Presidente, Rogelio Salas, 2º Vicepresidente, y Gladys Yáñez, Secretaria de Conflictos, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.
El señor Merino comenzó explicando que el 7 de diciembre de 1967 se firmó entre la organización que representa y los Subsecretarios de Salud y Hacienda, un acta que estableció que los trabajadores del Servicio Nacional de Salud tendrían un tratamiento preferencial en él proyecto de reajustes para 1968.
A su juicio, este ofrecimiento no se ha concretado, porque el actual proyecto concede al personal el 91,5% de la escala ANEF, más un 12,5%, lo que en relación con sus actuales remuneraciones significa un aumento del 24%, es decir, un 2,1% más que el alza oficial del costo de la vida. Se estableció en esa acta que el Presidente de la República modificaría los escalafones de modo de hacer justicia a los funcionarios, lo que se financiaría con la eliminación de mínimos y máximos imponibles.
El señor Luis Harlowe, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Semifiscales, expresó que su gremio solicita que el artículo 14 del D.F.L. 338, de 1960, que exige licencia secundaria para los ascensos y para percibir la renta del grado superior, no se aplique a los empleados que ingresaron antes de la dictación de la disposición indicada. Si esto no se estimara procedente, a lo menos, pidió que no se requirieran estudios completos de humanidades para tener derecho a gozar del sueldo del grado superior. Todo ello en atención a que, en la actualidad, hay funcionarios con 28 o 30 años de servicios, que se desempeñan a nivel de Jefes de Departamento, que sobresalen por sus calificaciones y méritos, pero que no pueden obtener los mejoramientos económicos legales dado que no poseen su licencia escundaria. El 4% a 5% del personal se encuentra en esta situación, y, evidentemente, a la edad de 60 o 65 años, es muy difícil que dichos funcionarios puedan físicamente realizar estudios.
El Honorable Senador señor Rodríguez preguntó acerca del porcentaje de reajustes que obtendrían los funcionarios semifiscales con el actual proyecto de reajuste, y su financiamiento, a lo que el señor Harlowe respondió que percibirán el 12,5%. Este monto de reajuste, como asimismo un eventual incremento de él, de hasta un 21,9% total, estaría de antemano financiado a través de los recursos propios de las diversas Instituciones denominados excedentes.
El señor Briones hizo presente que, parte de los excedentes son empleados por la CORVI en cubrir sus propios gastos de administración derivados del uso, en fines habitacionales, de los excedentes de las Cajas de Previsión. Para los efectos de administrar estos excedentes, la CORVI no emplea más de un 5% ó 6% de ellos.
Prosiguiendo con su exposición, los representantes de ANES, señalaron que su gremio aspira a obtener un reajuste efectivo del 21,9% en razón de que se consideran un sector no privilegiado que, incluso, ha ido perdiendo conquistas que habían obtenido a contar de 1960 como, por ejemplo, gratificaciones, monto de la asignación familiar y sistema de trienios.
El Honorable Senador señor Bossay expresó que, en su concepto, las ' diversas Cajas de Previsión del país deben, primeramente, dar cumplimiento integral a los fines que les señalan sus leyes. El problema de los excedentes, con el correr de los años, ha ido desvirtuando el cumplimiento de los fines específicos de seguridad social para los cuales se han creado las Cajas. Se ha llegado al extremo de producir excedentes en desmedro del cumplimiento de sus obligaciones específicas. Lo lógico, a juicio de Su Señoría, es que el Fisco con sus recursos generales, cumpla con la obligación de asegurar una conveniente cuota de construcción de viviendas, y no las Cajas, cuyos fines esenciales son diversos. En el caso específico de la Caja de la Marina Mercante Nacional, pese a que no se cumple a satisfacción las prestaciones que por ley se deben a sus imponentes, se envían anualmente a la CORVI sumas elevadísimas por concepto de excedentes. De tal forma, a los prestatarios de esas Cajas se les está extrayendo poder de compra por una parte y, por la otra, se les está ofreciendo adquirir viviendas que no pueden llegar a pagar por sus bajas rentas. Anunció que hará un planteamiento concreto acerca del problema de los excedentes.
El Honorable Senador señor Luengo consultó a los representantes de ANES acerca de la efectividad de que se producirían economías por el hecho de que las instituciones de este sector no trabajaran los días sábados.
Se le contestó que, efectivamente, se producirían economías de agua y luz, suministros que encarecen la administración de estos organismos. Además, el funcionario tendría ahorro de movilización y podría experimentar una mayor recuperación física al tener la mañana del sábado libre. Desde el punto de vista del servicio a los imponentes, no se produciría daño alguno, dado el escaso número de ellos que concurren a las Cajas los días sábados en la mañana. Sin perjuicio de lo anterior, hicieron presente que las plantas de estos organismos no están completas, debiendo los funcionarios existentes realizar la totalidad del trabajo, hecho que estiman justifica una reordenación de los períodos de descanso que, además, es factor de economía en gastos de administración.
El señor Briones, Superintendente de Seguridad Social, respondiendo a preguntas anteriores de los Honorables Senadores señores Palma, Rodríguez, Bulnes, Chadwick y Bossay, aclaró, en primer lugar, que con anterioridad a la dictación del D.F.L. Nº 2, de 1959, cada Caja de Previsión tenía departamentos propios que gozaban de atribuciones administrativas y financieras destinados a la construcción y venta de viviendas a sus propios imponentes. El D.F.L. Nº 2 suprimió estos Departamentos Técnicos de las Cajas y traspasó sus atribuciones a la CORVI, institución que, recibiendo los excedentes de las Cajas de Previsión, devolvería a aquéllas, en viviendas construidas, lo que éstas hubieren aportado. Con este traspaso se lograban claros beneficios económicos en el orden de la standarización de las construcciones, la tecnificación de las funciones y el aprovechamiento masivo de recursos.
Con relación a la deuda del Fisco con las Cajas de Previsión, expresó que, efectivamente, ella existe y que, en el hecho, la situación se arrastra desde antiguo, aunque en cierta medida se ha reducido. Respecto de la provisión de fondos para el pago de las prestaciones, en algunos casos, Caja de Ferrocarriles, por ejemplo, se está al borde de situaciones de gravedad insospechada. Manifestó que, no solamente hay que considerar el problema de las deudas concretas del Fisco con las Cajas, sino también, los pagos en pagarés que no representan sino pagos aparentes.
A requerimiento del Honorable Senador señor Tomás Chadwick, el señor Briones precisó el alcance del término excedente, en materia de seguridad social, manifestando que ellos responden a la definición del inciso segundo del artículo 76 del texto refundido del D.F.L. Nº 2. Expresa que se trata de un patrimonio de afectación que debe ser devuelto por la CORVI a las Cajas en viviendas construidas. Los excedentes se determinan, anualmente, a través de la aprobación de los presupuestos de las Cajas por parte del Presidente de la República, se pagan por duodécimos y se reajustan anualmente. En el ámbito de los gastos de administración, por ejemplo, la inflación aumenta los ingresos de las Instituciones, con lo que el porcentaje de dichos gastos disminuye, con la consiguiente formación de excedentes.
Contestando a la afirmación del señor Bossay, en orden a que algunas Cajas de Previsión escatimarían los beneficios que están obligados a conceder por ley, con la finalidad de producir excedentes que distribuirían entre sus empleados, el señor Briones expresó que algo de verdad hay en ello, puntualizando que la vivienda es una necesidad muy importante entre las que debe satisfacer un sistema de seguridad social, pero que es colateral o posterior a otras más urgentes. Añadió que en Chile hay una destinación excesiva para gastos de administración, el 13%, en circunstancias que a gastos médicos se destina el 11%.
A continuación se presentaron ante vuestras Comisiones Unidas los representantes de la Federación de Educadores de Chile.
El señor Humberto Elgueta expuso que su organización llegó a un acuerdo con el Gobierno para realizar un proceso de mejoramiento económico del magisterio, que duraría tres años, y que garantizaba una recuperación de rentas a la par que una conservación del poder adquisitivo de las mismas.
La ley Nº 16.617 dio consagración legal a este Acuerdo Magisterial, determinado los niveles de renta del gremio para los años 1968 a 1970 y el procedimiento para reajustar dichas rentas en orden a conservar su valor adquisitivo. Dicha ley preceptúa que el reajuste del magisterio será el promedio que se otorgue al sector público, a partir de 1968. Sin embargo, manifestó el señor Elgueta, se les ofrece ahora el 12,5% contemplado para los sectores privilegiados/en circunstancias que el Mensaje del proyecto de reajustes señala que el promedio para el sector público es de 25,5%.
El señor Ministro de Hacienda, continuó el Presidente de FEDECH, al decir que el profesorado obtendrá un reajuste que varía entre el 29,5% y el 37%, está reuniendo en un solo todo el reajuste por concepto de Acuerdo Magisterial y el reajuste por concepto de desvalorización, los que son incompatibles ya que uno es un porcentaje de reajuste y otro es un porcentaje de recuperación de rentas.
Agregó que el profesorado ya está percibiendo el nivel de renta acordado para 1968, pero que éste debe ser reajustado en el promedio del porcentaje de aumento que se acuerde al sector público.
Expresó que el profesorado no considera que los bonos CORVI sean reajuste y concluyó diciendo que aún no se ha cumplido con la ley Nº 16.617, en el sentido de crear la planta de docentes que señala su artículo 44.
A continuación se presentaron los representantes de la Asociación de Empleados del Registro Electoral, señores José Fuentes y Felipe Iturra quienes expresaron que se les consideraba un servicio privilegiado por el hecho de haber ampliado su planta en 1964, afectándolos el reajuste del 12,5% en lugar del 21,9%.
En representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones concurrieron ante vuestras Comisiones Unidas los señores Milenko Mihovilovic y Angel Cabrera Opazo, Presidente y Consejero de la ANFUP, respectivamente.
El señor Mihovilovic calificó al Servicio de Prisiones como un servicio postergado, por lo que este proyecto procura una reorganización que desean se haga por estricto orden de escalafón y que no represente una disminución de grados para nadie.
Pidió se considerara una indicación que ha entregado y que consiste en permitir al gremio que representa tener un Consejo adhonorem en la Caja de Previsión de Carabineros de Chile.
Solicitó, además, que se eliminara la multa como sanción disciplinaria, en atención a que el de Prisiones es un Servicio con renta bajas, al extremo de que algunas son inferiores a las que recibe un obrero agrícola, y a que se ha aplicado hasta 15 días de multa.
Pidió también que ningún funcionario de Prisiones sea exonerado sin sumario previo y que a los delegados de la Asociación se les conceda fuero gremial.
Otra anomalía del Servicio de Prisiones es la de que funcionarios de vigilancia ejecutan labores administrativas, sin tener los estudios correspondientes, transformándose por la práctica en eficientes funcionarios administrativos. Estimó justo que este personal, con más de 5 años en tales funciones, obtenga la calidad que ha ganado y pase a la planta administrativa.
Representó, además, que hay funcionarios de servicios menores que se desempeñan en labores de vigilancia por el escaso número de vigilantes que existe y solicitó se les otorgue alguna preferencia para ocupar los cargos vacantes de vigilantes en los concursos que se abran para este objeto.
Otra indicación que pidió se considerara por las Comisiones es la relativa a los delegados del personal ante la Junta Calificadora. Al ser elegidos delegados, quedan con el puntaje que tenían a la época de la elección, en circunstancias que deben tener el máximo de puntaje para poder trabajar con tranquilidad y para que todos los funcionarios aspiren a ocupar dichos cargos.
Estimó injusto, por otra parte, que un funcionario que ha estado 5. años en un grado y que tiene derecho a gozar la renta del grado superior sea suspendido de este derecho por un año, por el hecho de haber sufrido una medida disciplinaria, medida de carácter económico que los funcionarios de Prisiones esperan ver abolida.
Los señores Rodolfo Quiroz (Presidente), y Juan Castillo (Secretario), de la Agrupación de Servicios Postergados, manifestaron que representaban a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Asistencia Social, Turismo, Estadística y Censos, Registro Electoral, Bibliotecas y Museos, Casa de Moneda, Ministerio de Obras Públicas, Servicio Médico Nacional de Empleados, Caja de Crédito Prendario e Instituto Médico Legal.
Algunos de estos servicios han obtenido mejoramientos para sus plantas directiva, profesional y técnica, pero no así la gran masa de empleados administrativos y obreros.
Pidieron concretamente la elevación del reajuste de 12,5%, propuesto para estos servicios, a un 21,9% en dinero efectivo y no en bonos CORVI.
Don Bernardino Ayala, por la Central Gremial de ex servidores del Estado, representó deseaban la modificación de normas que consideraba injustas. En el artículo 99 de la ley Nº 16.617 se estableció un porcentaje de un 60 y un 70% imponible. Se dio a 44 Servicios el 100% y se aplicó esta disposición a sólo 12 Servicios, los más mal rentados, como son Prisiones, Investigaciones, Identificación, Correos y Telégrafos, Impuestos Interno, Tesorerías y Aduanas, con alrededor de 4.500 funcionarios en total. Las jubilaciones que se pagan a los imponentes de la Caja de Carabineros, que son Prisiones, Investigaciones e Identificación, ascienden a Eº 22.000.000.
Para completarles el 100% a dichos servicios, se necesitaría sólo Eº 7.703.000, según datos proporcionados por la Caja de Carabineros.
Las pensiones fluctúan entre Eº 51 y Eº 300. En la ley Nº 16.617 fueron, a su juicio, discriminados y en la presente iniciativa ocurre algo similar, pues mientras el Servicio de Seguro Social es mejorado a un 90% imponible, ellos siguen con el 60 y 70%.
Pidió a las Comisiones, concretamente, que se les permita jubilar con el 100% de la renta de actividad, atendiendo a que el mayor gasto, según sus estimaciones, no sería mayor de Eº 13.000.000, para lo cual proporcionó un financiamiento que, a su juicio, es adecuado.
Los señores Miguel Díaz y Eduardo Marín, por los Profesionales de la Salud, plantearon a vuestras Comisiones que el reajuste no contempla ni cumple el acta de avenimiento suscrita por los trabajadores de la Salud el 7 de noviembre de 1967 y solicitaron que ellas consideren una aclaración de los artículos pertinentes, a fin de establecer en forma clara el monto del reajuste que recibirá el Servicio Nacional de Salud.
Pidieron, también, que los funcionarios profesionales no queden afectos a los bonos para la vivienda; que los escalafones de constructores civiles, técnicos universitarios y químicos industriales alcancen la 1ª Categoría de la Ecala Directiva, Profesional y Técnica, a contar del 1° de julio; que se prorrogue para 1968 lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 16.617, en cuanto a que el personal del Servicio podrá jubilar con la renta total, tanto imponible como no imponible, y que se corrija la situación del personal promovido en el escalafón por la reorganización que tuvo lugar en 1965 y que ha perdido el derecho a ascenso o goce del sueldo superior, a causa de que los decretos se cursaron en el año siguiente.
El señor Tucapel Jiménez, Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, expresó que los funcionarios que representa piden recuperar el poder adquisitivo perdido en 1967, mediante un reajuste del 100% del alza del costo de la vida en dinero efectivo. No aceptan el pago en bonos, porque se trata de un reajuste y no de un aumento, y se oponen a la concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la República para reorganizar la administración pública, porque podría prestarse a persecuciones.
Agregó que aspiran a una asignación familiar de igual monto a la del sector privado y que la aspiración suprema del gremio es la escala única de sueldos para toda la administración pública.
Señaló a continuación cuáles podrían ser, a su juicio, nuevas posibles fuentes de recursos para financiar un mayor reajuste, como las siguientes:
1) Las utilidades bancarias. Expresó que los Bancos llevan doble contabilidad para ocultar utilidades;
2) Las liberaciones aduaneras, que con una tasa del 20% rendirían Eº 240.000.000;
3) Las franquicias tributarias, que al 15% rendirían Eº 200.000.000;
4) US$ 6.000.000 por concepto de tributación originada en el mayor precio del cobre en 1967;
5) Las entradas efectivas del presupuesto nacional que sobrepasan los cálculos hechos en 1967, y
6) Los remanentes que no se gastan en los servicios públicos.
Cierre del debate y votación. Antes de cerrarse el debate en la discusión general, el señor Ministro de Hacienda manifestó que el Gobierno estaba abierto a las proposiciones de los diversos sectores políticos para impedir el rechazo del proyecto.
Las conversaciones que ha sostenido no condujeron a resultados positivos. Sin embargo, anunció que el Ejecutivo tiene el propósito de continuarlas, cualquiera que fuere el resultado de la votación en general en estas Comisiones Unidas sobre la base de que el proyecto deberá quedar debidamente financiado con recursos permanentes. Agregó que consideraba que la votación en estas Comisiones, aunque fuere contraria no representaría una manifestación definitiva de la voluntad de los diferentes sectores políticos y que se podrá alcanzar algún acuerdo en el diálogo que queda abierto. Puesto en votación el general el proyecto, cada uno de los miembros de vuestras Comisiones fundó su voto.
El Honorable Senador señor Contreras Labarca hizo presente que la iniciativa contenía originalmente disposiciones que calificó de graves para el movimiento sindical chileno, que atentaban contra derechos fundamentales que ha costado mucho ganar, como son los de huelga, de petición y de contratación. El rechazo en la Cámara de estas normas modificó el proyecto y la actitud que el Partido Comunista había sustentado hasta entonces. La iniciativa se ha convertido ahora en un proyecto de reajuste sin los atentados a que se ha referido, los que de ninguna manera podrían ser aceptados por la clase trabajadora y por los Partidos populares.
El proyecto contiene algunas ventajas para el sector privado y para una parte del sector público. Sin embargo, es evidente, a su juicio, que contiene disposiciones perjudiciales para los trabajadores, estando su Partido en contra de dichas normas negativas. Expresó que en el curso de las sesiones que se llevaron a efecto en el seno de las Comisiones Unidas, se tuvo la oportunidad de escuchar las peticiones y reclamos de diversos gremios. A juicio del Partido Comunista esos gremios tienen razón. En primer término, son lesionados por el proyecto los que reciben un reajuste sólo de un 12,5%. Además, Su Señoría ha podido comprobar, por denuncias fundadas de parte de diversos gremios, que el Gobierno está en mora de cumplir una serie de compromisos que ha contraído con servicios tan importantes como son el Magisterio, Correos y Telégrafos, Salud, etc. Estos gremios han sostenido ante las Comisiones Unidas que el proyecto viola tales compromisos, siendo ésta una grave responsabilidad para el Gobierno.
Estima que las Comisiones, en la discusión particular, deben tomar especial interés para averiguar y corregir estas anómalas situaciones.
Expresó que el Ejecutivo a través de sus representantes ha repetido reiteradas veces que no cuenta con mayores ingresos para mejorar el proyecto, pero el Partido Comunista no participa de esta aseveración. Los Partidos Populares, los propios organismos sindicales y gremiales y ciertos sectores del Partido de Gobierno han sugerido numerosas proposiciones tendientes a incrementar los recursos que se necesitan para acoger las modestas peticiones de los gremios y los pensionados. El señor Senador exige del Ejecutivo que tome con seriedad estos planteamientos y que estudie y vea cuáles son los recursos que verdaderamente pueden encontrarse a fin de asegurar la satisfacción de la masa trabajadora.
Parece increíble, agregó el señor Contreras Labarca, que el Ejecutivo afronte la actual situación social en la forma expresada por el señor Ministro de Hacienda, ya que de ella aparece que el Ejecutivo no comprende la crisis por que atraviesa el país. No puede Chile continuar en esta incertidumbre y prolongar esta situación. Todos los sectores esperaban que el Ejecutivo traería algunas sugerencias o proposiciones atendibles que permitieran encarar una posible solución concreta al grave problema que afrontan los trabajadores que esperan el reajuste; sin embargo, el Ejecutivo se mantiene en lo que Su Señoría calificó de una obstinación a todas luces infundada. El Partido Comunista, al votar favorablemente la idea de legislar, reclama que el Ejecutivo abandone esta posición y abra el camino para dar una solución pronta e inmediata a esta situación que considera extraordinariamente seria.
Finalizó expresando que el Partido Comunista vota favorablemente porque desea que los trabajadores tengan realmente un reajuste adecuado, sin mayores dilaciones. Sin embargo, en la discusión particular, votará en contra de los artículos que a juicio de dicha colectividad sean considerados perjudiciales para los empleados y obreros. Tratándose en este momento tan sólo de la idea de legislar, la vota positivamente, pues considera necesario acoger cuanto antes la petición de los trabajadores de que se les otorgue un reajuste suficiente de sus remuneraciones.
El Honorable Senador señor Luengo expresó, al fundar su voto, que este proyecto de reajuste presentado al Congreso por el Gobierno del señor Frei no es de ninguna manera satisfactorio para las clases trabajadoras. Señaló que una parte importante de los empleados y obreros del sector público alrededor del 35% de la Administración Pública con un total aproximado de 110.000,funcionarios, recibiría un reajuste de remuneraciones del orden del 12,5%, en circunstancias que el alza del costo de la vida en el año 1967, según las estadísticas oficiales, fue del 21,9%, porcentaje discutido ya que la opinión generalizada es que éste fue de un monto muy superior. Por otra parte, numerosos sectores gremiales aparecen abiertamente perjudicados por este proyecto, pues cuentan con convenios suscritos con el Gobierno que no se respetan en esta iniciativa. Tal es el caso, por ejemplo, del Magisterio, del Servicio Nacional de Salud y de los Servicios de Correos y Telégrafos.
El señor Senador expresó que en los últimos días diversos sectores de la oposición han llevado adelante conversaciones con el Gobierno, destinadas a asegurar un mejor reajuste, y agregó que espera que en un plazo breve se pueda activar este diálogo a fin de encontrar alguna solución favorable que permita convertir en ley el presente proyecto" No es posible, añadió, que la clase trabajadora lleve a la fecha quince meses sin recibir un reajuste, que sólo es un paliativo por la pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios, ya que en el proyecto sólo se considera el alza del costo de la vida durante el año 1967 y no se incluye este mismo aumento por los tres meses que van corridos del presente año y que ya alcanza a un monto muy superior al 10%.
Por lo dicho, Su Señoría estimó que no se puede seguir dilatando el despacho de este reajuste, que está esperando la clase trabajadora pero al mismo tiempo reclamó que él debe compensar efectivamente la pérdida del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Advirtió el señor Luengo que a su juicio, el Gobierno tendrá que aceptar parte de las sugerencias qué su colectividad y otras de la Izquierda le han hecho presente con ocasión de la tramitación de este proyecto, y que contemplan mayores recursos para atender al financiamiento del mismo. Agregó que no se podrá sostener que estas sugerencias son insuficientes para financiar el mejoramiento del reajuste que reclaman los gremios, ya que a lo largo de las discusiones realizadas en el seno de las Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda, ha quedado establecido que los recursos que el proyecto contempla son de una cuantía superior a lo que el Gobierno estima que *e recaudara. Sostiene que el impuesto a las Compañías del Cobre arrojará un ingreso superior al presupuestado, como ha ocurrido efectivamente en los años anteriores. En efecto, en el año 1966 se presupuestó un ingreso por este concepto del orden de US$ 129.600.000 y el ingreso efectivo alcanzó a US$ 175.941.805,83, y en el año 1967 se presupuestó un ingreso de US$ 171.700.000, el que no obstante su alto monto, siempre fue superado por el ingreso efectivo que alcanzó a US$ 177.525.389,82. Para el presente año sólo se presupuestó por este concepto la suma de US$ 110.000.000 porque, cuando se discutió el proyecto, el señor Molina, a la sazón Ministro de Hacienda, sostuvo que el precio del cobre había sido muy alto en el año 1967 y que, este precio, debía tener evidentemente una baja. Sin embargo, esto no ha ocurrido, y el cobre ha seguido obteniendo precios record y los propios funcionarios de la Corporación del Cobre han sostenido en las Comisiones Unidas que el ingreso lo estiman, para el presente año, en un monto aproximado de US$ 181.000.000, lo que hace esperar un mayor ingreso de US$ 71.000.000. Convertido a escudos este mayor ingreso significará una mayor recaudación por sobre los Eº 400.000.000, cantidad más que suficiente para completarle a toda la Administración Pública un reajuste equivalente al 100% del alza del costo de la vida que arroja la estadística oficial.
Continuó el señor Senador señalando que lo mismo puede decirse respecto del ingreso presupuestado por concepto de contribuciones a los bienes raíces, lo que ha sido reconocido por el propio Gobierno. Recordó Su Señoría que, con motivo de la Reforma Constitucional el Presidente de la República envió al Congreso Nacional para disolverlo, a comienzos del año pasado, cuando el Senado le negó el permiso constitucional para viajar a los Estados Unidos, propuso como financiamiento para la nueva elección general que eventualmente debería realizarse, y cuyo costo se estimó en la suma de Eº 4.500.000, el mayor ingreso que produjeran las contribuciones a los bienes raíces.
El señor Senador manifestó su preocupación por la suerte que pueda correr el proyecto en este segundo trámite legislativo y expresó que, aun cuando supone cuál será el resultado de esta votación, espera que pueda encontrarse una solución que permita entregarle a toda la Administración Pública un reajuste del 21,9%.
Finalmente expuso que, cumpliendo un acuerdo unánime del Comité Central de su Partido, vota favorablemente la idea de legislar, en el entendido de que esta actitud significa permitir que continúen las conversaciones para dar con una fórmula como la que ha reseñado.
Advirtió, sin embargo, que si la Sala del Senado rechazaba el proyecto en estudio, en su discusión general, su colectividad, en el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, podría revisar su posición, puesto que la posible insistencia en esa rama legislativa podría significar la aprobación en particular de ciertas disposiciones que su Partido rechaza por injustas y atentatorias a los derechos de la clase trabajadora.
El Honorable Senador señor Bossay, al fundar su voto, expresó que oportunamente el Partido Radical ha puesto en conocimiento de la opi nión pública las razones que le asisten para rechazar la idea de legislar con relación al proyecto sobré reajustes.
Reiteró la injusticia que, a su juicio, significa otorgar a un importante sector de la administración pública un reajuste del doce y fracción por ciento y una compensación en bonos CORVI por el saldo. Tal forma de reajuste, expresó, no sólo infringe disposiciones legales y constitucionales, sino que se aparta por completo de acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno de Chile con las Organizaciones Internacionales del Trabajo. En efecto, según dichos compromisos, los pagos de remuneraciones deben hacerse en dinero efectivo.
En materia de gastos, señaló que sería necesario saber cuál es la contrapartida precisa de los bonos CORVI, a fin de que el reajuste parcial que se pague con estos valores nominales no se convierta en una verdadera estafa. El problema, a su parecer, no reside en entregar estos bonos a los empleados, sino en asegurar que el dinero correspondiente a la contraparte de tales valores sirva efectivamente a los fines de la Corporación de la Vivienda. En síntesis, durante los años en que se realice esta operación, presupuestariamente debe contarse con financiamiento por igual cantidad a la que se pague en bonos, como contrapartida y en dinero efectivo.
El Partido Radical, como lo ha manifestado ante la opinión pública votará en la Sala por que a los funcionarios públicos se les pague el reajuste totalmente en dinero. Para dicho fin habrán de señalarse los recursos necesarios.
En materia de recursos, piensa que las cifras que se han proporcionado no corresponden a la realidad. Agregó que en la Sala tendrá oportunidad de analizar en detalle este aspecto, ocasión en que demostrará las razones que tiene para estimarlo así.
Declaró, al mismo tiempo, que buscará los recursos necesarios para atender al pago de los reajustes y demás inversiones señaladas como indispensables.
Respecto del articulado del proyecto, manifestó que éste contiene disposiciones inaceptables para el Partido Radical. Tales son, entre otras, las que afectan al profesorado, que se apartan por completo de la letra y de la clara y correcta interpretación del acuerdo suscrito por el Gobierno con el Magisterio Nacional.
En concepto de su colectividad, no se puede hablar de reformas estructurales serias, como es, por ejemplo, la reforma educacional, y, al mismo tiempo dejar de lado el factor humano, en este caso los profesores, que deben llevarla a la práctica.
Añadió que también concede gran importancia a la forma como se afectan los derechos de quienes viven de pensiones o de montepíos. Señaló que sobre este particular ha formulado muy claras advertencias ante las Comisiones Unidas el señor Superintendente de Seguridad Social, especialmente con relación a la situación de los pensionados del Servicio de Seguro Social. Lo mismo puede decirse respecto de las disposiciones del proyecto relativas al personal pasivo de las Fuerzas Armadas y de la Administración Civil en todos sus niveles.
Durante tres días, los miembros de las Comisiones han escuchado conmovidos las explicaciones dadas por representantes de diversos servicios públicos. Resulta imposible comprender que en Chile hay cincuenta o sesenta mil empleados cuyas remuneraciones promedio son de 300 escudos.
Respecto del financiamiento, Su Señoría expresó, que rechazaba el incremento de los impuestos indirectos. Esto, indicó, no constituye una doctrina nueva del radicalismo, sino la que ha sustentado a lo largo de muchos años. El propio ex Ministro señor Molina, en muchos de sus planteamientos, afirmó que los aumentos en las tasas tributarias no siempre redundaban en incremento proporcional de los ingresos. Por eso, piensa que debe buscarse, ante todo, la forma de evitar las evasiones en la percepción de impuestos tales como los que afectan a las compraventas.
En seguida, se preguntó si todas las cooperativas merecen estar exentas del impuesto a las compraventas, ya que tiene entendido que algunas de ellas no venden sus productos solamente a sus cooperados sino que al público en general. De ser esto efectivo, podría existir una evasión tributaria de extraordinarias proporciones.
Al iniciarse el debate del proyecto en las Comisiones Unidas, el señor Bossay afirmó le causaba asombro muchas de las cifras que se daban. A su juicio, si todo el cuadro de números presentado era verdadero, debía haber algún error en el Presupuesto último, aprobado, en parte, contra la voluntad de su colectividad.
Concretamente, estima que o no todas las inversiones planteadas eran verdaderas o que el cálculo de entradas no reflejaba la realidad. Se inclina por esta última alternativa. La explicación puede encontrarse en la carta de compromiso firmada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para obtener el préstamo "standby" correspondiente a 1968.
El documento referido expresa en una de sus partes:
"El Gobierno de Chile ha tomado medidas efectivas para fortalecer sus ingresos y lograr las mayores economías en los gastos corrientes. Otras medidas en esta misma dirección se adoptarán a fin de asegurarse que los gastos de inversiones en 1968 tengan algún aumento en términos reales. Para estar cierto que existirán recursos no inflacionarios para financiar el programa de inversiones, el Gobierno obtendrá en el año 1968 un excedente presupuestario mínimo en cuenta corriente, (después de realizar las transferencias al resto del sector público), de 2.100 millones de escudos.".
Pues bien, el Gobierno presupuesta excedente por 2.100 millones de escudos. ¿Cómo los obtendrá? Lo dice más adelante.
"Los objetivos trimestrales para la realización del excedente presupuestario en la cuenta corriente son los siguientes: 350 millones de escudos al final del primer trimestre; 800 millones de escudos al final de la mitad del año; y 1.400 millones de escudos al final del tercer trimestre. Al mismo tiempo, el resto del sector público obtendrá en 1968 un superávit en cuenta corriente de por lo menos 1.600 millones, que se espera que alcance a 300 millones en el primer trimestre; a 650 millones en la primera mitad y a 1.100 millones en los primeros nueve meses del año. En el caso de que las metas trimestrales combinadas para la generación de ahorros públicos especificados en este párrafo no se realicen, cualquiera deficiencia se compensará mediante (i) una utilización de préstamos externos de plazos medianos y largos, mayor que la proyectada para financiar las inversiones programadas o (ii) una reducción en el nivel de gastos de inversión proyectado o (iii) una combinación de ambos.".
Recordó que tan sólo ayer en la tarde se había escuchado algunas proposiciones muy claras respecto de préstamos en algunas de las principales empresas exportadoras de cobre.
Ha pedido información oficial acerca del aumento de los ingresos. El Departamento del Cobre, basado en un cálculo que considera muy bajo y suponiendo una venta a 50 centavos de dólar, estima un ingreso de 181,9 millones de dólares. Además, dispone de antecedentes suministrados por la Oficina de Informaciones del Senado, en los cuales se consignan las variaciones del precio del cobre y que permiten llegar a cifras muy superiores.
De modo que "a confesión de parte, relevo de prueba". El Ejecutivo tiene la seguridad de que obtendrá mayores ingresos y no puede suponer Su Señoría que el Gobierno se presta a engaños ni a farsas si ha firmado una carta de compromiso en que reconoce en detalle tales ingresos.
Insiste en que existen posibilidades de ahorro en las inversiones no productivas del sector público. No se refiere a economías en la Reforma Agraria, sino en otros sectores que no influyen en el desarrollo nacional y sólo tienen un efecto de propaganda.
Agregó que oportunamente presentará indicaciones tendientes a perfeccionar el proyecto, con el objeto de hacer posible que se otorguen remuneraciones más justas a los trabajadores chilenos.
En cuanto a ingresos, la tributación vigente a las herencias, asignaciones y donaciones representa una entrada de 16 millones de escudos. Declara que oportunamente propondrá reemplazar el sistema tradicional por otro que consigne el pago anticipado del impuesto a las herencias, que se aplica en varios países europeos y en algunos de América Latina!
Este nuevo sistema elevaría a 220 millones de escudos los ingresos anuales por el concepto señalado.
Con relación al cobre y a los dólares que produce su exportación estimados en 218 millones por el presupuesto vigente, manifiesta que sé considera para su liquidación la paridad de Eº 6,1 la que podría ser de E° 6,5, representando así un mayor ingreso de 87 millones de escudos
Termina expresando que sus planteamientos no se fundan en ningún propósito mezquino y que el Gobierno puede estar cierto que el Partido Radical estará siempre dispuesto a colaborar en la obtención de una solución. Sin embargo, no habiéndose obtenido hasta el momento un acuerdo en el propósito de defender al sector de la administración pública postergado, al magisterio y al sector pasivo de la población, su colectividad se ve en la dura necesidad de votar negativamente la idea de legislar
El Honorable Senador señor Aguirre Doolan expresó que en la intervención del señor Bossay se han contemplado las razones que abonan la posición del Partido Radical en forma amplia, lo que le permite solamente acentuar algunos de los puntos que trató el señor Senador Recordó que sesenta días atrás la colectividad política en que milita debió negar sus votos a un proyecto de reajuste que representaba un gasto de 920 millones de escudos, cantidad con la que se cubrían no sólo el reajuste mismo sino además gastos presupuestarios. En aquella oportunidad la actitud del partido Radical fue determinada por la pretensión de imponer un ahorro forzoso que, en su opinión, era nocivo para los intereses de los trabajadores. El proyecto actual también merece la negativa de los votos radicales, como consecuencia de no estar inspirado en el pensamiento mayoritario de la Nación. Señaló que no sólo se sube a 1.270 millones de escudos el costo del proyecto, sino que la incidencia que representa el financiamiento presupuestario asciende a 713 millones de escudos, siendo la diferencia a cubrir, por concepto de reajuste de remuneraciones, sólo de 557.8 millones de escudos. Con esta última suma se mejora únicamente a un sector de los 353.000 funcionarios públicos, de los que el 64,93% recibirá una compensación del 21,9% y el 35,07% restante no percibirá más de un 12,5% de reajuste en dinero.
Tal situación ha sido decisiva en la actitud de la colectividad que representa, a la que no puede suponerse honradamente un afán opositor sectario si se considera el patriótico concurso que ha prestado, durante gran parte de la vida republicana del país, a iniciativas del más alto interés para éste.
En virtud de este afán, los parlamentarios de su partido no han podido sino recoger el clamor de miseria de gran parte de la población del país, que los impulsó incluso a proponer y estudiar soluciones conjuntamente con personeros del Gobierno actual, las que, por desgracia, no se han concretado hasta el momento.
Estos hechos y su preocupación por la situación económica que vive el país, que no cambiarán con las disposiciones del proyecto, lo obligan a votarlo negativamente.
El Honorable Senador señor Palma comenzó expresando que consideraba indudable que en la Sala habría oportunidad de analizar este proyecto en todos sus aspectos económicos, en la filosofía económica que envuelve, en los principios de justicia que aquí han sido planteados y en los objetivos de liberación nacional que evidentemente están claramente perseguidos, dentro de un cuadro de disposiciones legales que los Senadores democratacristianos son los primeros en desear que se mantenga en su plenitud.
Su Señoría cree que, en las Comisiones Unidas, se encuentra más que frente a un análisis económico y de una serie de aspectos circunstanciales ligados al proyecto, frente a un hecho político de la más alta gravedad.
La verdad es que lo que está aconteciendo ahora frente al proyecto de reajuste les recuerda, a todos los que conocen un poco la historia de Chile, lo que en otras ocasiones acontecía frente al proyecto de presupuestos. Iguales razones, con las mismas actitudes, con los mismos motivos, patrióticos ciudadanos, hombres honestos y serios venían a negarle a los Gobiernos progresistas de la época, facilidades para que los presupuestos de la Nación fueran aprobados oportunamente, para que en esa forma el país pudiera seguir caminando de manera normal. Y fue esta actitud, que no los parlamentarios, pero que si el pueblo en aquellas oportunidades pudo valorizar duramente, como lo empieza a constatar ahora, la que produjo una serie de acontecimientos dramáticos que, por cierto, nadie ahora desea, pero que llevaron a que, en definitiva, en la Constitución Política se tuviera que establecer que el presupuesto tendría una vigencia automática para el caso de no ser despachado por el Parlamento en una determinada fecha del año.
El mismo cuadro, al menos una circunstancia parecida, es lo que se está produciendo en torno a este proceso de los reajustes de cada año, y cada vez con más agudeza. No es que el Gobierno se encuentre en realidad frente a una actitud sectaria, ni mucho menos, sino frente a una posición un poco irreflexiva, un poco tal vez apasionada, de grupos políticos y de sectores que están tratando de crear condiciones que impliquen, si no la ruptura de situaciones que nadie desea romper, por lo menos la rendición incondicional de los objetivos políticos y sociales que el Gobierno está tratando de sostener por encima de cualquiera apreciación circunstancial que sobre la materia pueda hacerse.
De aquí que Su Señoría encuentre que es extraordinariamente grave lo que acontece en estas Comisiones, donde Partidos Políticos de larga tradición democrática y defensores de estos principios, toman una actitud que el público que está al lado de afuera no va a comprender, y que provoca hechos sociales y políticos, fenómenos, que de repente salen del control de las propias personas que también poseen estas mismas convicciones democráticas.
Por eso es que cree que en realidad lo que se está haciendo en este momento es algo que tiene una importancia mayor que la simplemente originada en el largo debate de] proyecto presente.
La verdad es que este proyecto toca tres puntos que son, por así decirlo, los puntos llaves o claves del proceso económico en el momento en que vivimos. Toca el aspecto de los reajustes, en lo que se refiere a la recuperación de la pérdida que los salarios tienen con motivo de la inflación, y si simplemente de esto se tratara, no hay duda alguna que sería fácil obtener un despacho expedito. El señor Senador cree que todos serían partidarios de discutir en este orden de cosas una disposición de carácter más genérico, que permitiera una especie de recuperación automática del valor que los sueldos y salarios tienen en el año anterior.
Pero, además, con motivo de este proyecto de ley, simultáneamente, se presentan dos tipos de otros procesos que inciden de manera extraordinariamente personal en la situación de cada uno de los ciudadanos y que por lo tanto tienen una influencia e importancia muy grande. La verdad es que, además del proyecto de reajuste, cada uno de estos proyectos envuelve una especie de pliego de peticiones que hace cada uno de los sectores de la administración frente al Estado, para tratar de obtener mejoras relativas en relación con la suerte que hoy tienen. Y esto que parece necesario y que siempre lo es, puesto que los Estados modernos no son estáticos, adquieren cada día mayores funciones, tienen una cantidad de roles nuevos que están asimilando y que los obliga, por lo tanto, a crear organismos que no encajan fácilmente dentro de las estructuras anteriores, esto crea problemas de una magnitud verdaderamente importante, porque provoca tensiones internas, entre los ciudadanos y entre los ser vicios, que hacen que estos hechos se transformen en un fenómeno político de la mayor gravedad.
Y si a esto agregamos que en el proyecto se contempla una parte muy substancial del financiamiento del sistema previsional, que enfrenta problemas que requieren urgentes medidas, que como en el caso del Servicio de Seguro Social no pueden esperar. Los enfermos, los pensionados, los ciudadanos en general atendidos en todos estos servicios no pueden, no están en condiciones, en actitud anímica, para esperar. Están por tercera vez confiando en la posibilidad de que un proyecto de éstos sea despachado por un Senado que, por razones políticas, no quiere dar paso a medidas que en alguna forma rompen con lo tradicional, como acontecía de una manera muy clara con el proyecto anterior y como acontece también en el actual, con un sentido tal vez menos profundo y más circunstancial. Por eso que Su Señoría cree que es muy grave la actitud actual, pero confía, después de algunas palabras que ha escuchado a los señores Senadores, que en el curso de los días que transcurrirán hasta que se vote la iniciativa en la Sala, los problemas relacionados con el financiamiento, con la situación de los organismos que tratan de obtener mejoras, con algunas medidas económicas que incluso pueden modificar convenios internacionales, puedan ser todavía reconsideradas oportunamente.
Así se lograría, dijo, que en esta etapa de la tramitación del proyecto no se ciernen las puertas para un Gobierno que, como lo acaba de declarar el Ministro de Hacienda, está abierto a todas las iniciativas que considere viables y se pueda obtener que la ley se despache y que en esta forma se salve una valla que, en el orden interno, crece todos los días del año.
Terminó refiriéndose a dos detalles, diciendo que encontraba muy interesantes algunas de las largas exposiciones de carácter económico que aquí se han brindado por otros señores Senadores, al justificar en sus exposiciones una actitud, que a, su juicio ellos ven que es muy dura, de votar en contra del proyecto. Pero la verdad es que algunos datos que son bien públicos y que incluso están en los Boletines de Informaciones del Senado, como es el número 117, hacen que muchas de las elucubraciones económicas que aquí se han hecho corresponden a apreciaciones que a Su Señoría le parecen simplemente carentes de una base sólida. Está el cuadro en que los ingresos del cobre, presupuestados en los años anteriores, están comparados con los ingresos efectivos producidos en los años anteriores, Y se ve como, por ejemplo el año pasado, los ingresos del cobre sólo tuvieron una diferencia de 3,39 millones de dólares en comparación con lo presupuestado, puesto que efectivamente se recibió algo más debido a circunstancias norteamericanas e internacionales que todos sabemos que no se van a repetir tan fácilmente. Y cuando alguien ha dicho aquí que para este año esperamos eventualmente un ingreso de 181 millones de dólares, como resultado de lo que debe darnos la industria cuprífera como participación e impuestos, podemos decir que si tal vez sea ésta una realidad, la contrapartida no es menos real.
Lo realmente presupuestado para el año 1968, como fondos de origen cuprero, son 117 millones de dólares. De ellos efectivamente se contemplan sólo 132 como originales en impuestos y participaciones. El saldo está ligado a préstamos de Organismos Internacionales 45 millones, que sólo se dan si no los produce el cobre, pero que no se dan si el cobre los produce, como parece que sucederá. De tal manera que, sin abundar en comentarios sobre los muchos otros aspectos que se han analizado, se puede pensar que cuando el Gobierno sostiene que ha revisado sus cuadros y los ha analizado con seriedad a través de personas que se han dedicado a esto durante años, con un equipo económico que es completo y que podrá tener diferencias circunstanciales pero al que nadie puede negar capacidad y dedicación, y cuando plantea entonces que las soluciones no tienen otras muchas alternativas, resulta que estamos frente a un planteamiento serio. Por eso es que encuentra verdaderamente duro que aquí, como se ve que va a producirse, resulte una votación negativa que presente al país un cuadro que va a continuar aumentando sus tribulaciones. Por que no hay duda alguna que el país está inquieto, no sólo porque se despache este proyecto, sino que está inquieto por la actitud del Parlamento frente a él, por la actitud de los legisladores, porque no entiende mucho la complejidad de los detalles que aquí se analizan, pero si ve que en, esta forma se realiza un bloque político y económico en torno de un Gobierno que ha tratado de mantenerse rígidamente dentro de la ley y que está llevando adelante un progreso social que algunos también discuten, pero que los hechos no pueden negar. Los ritmos todos los años no será iguales, las situaciones serán distintas, pero no hay duda alguna que se está operando un proceso de cambios fundamentales, debiendo por eso destacar que al votar favorablemente lo hace con la convicción de que están las puertas abiertas para corregir los errores, que no cree muy grandes, pero que pueden existir; para acoger las ideas que se puedan concretar realmente y para esperar que los señores Senadores, antes del martes próximo, contribuirán a que el ambiente político del país se despeje un poco y la historia no pueda repetirse.
Por las razones dadas, Su Señoría vota afirmativamente la iniciativa en debate.
El Honorable Senador señor Chadwick manifestó que era imposible, en el breve tiempo de que se dispone para fundar el voto, dar todos los razonamientos que determinan una actitud cuya trascendencia no se puede silenciar. Muchas razones, hechos y antecedentes son los que confluyen. Para los socialistas populares las razones decisivas han sido ya expresadas por su representación parlamentaria en la Cámara de Diputados.
No considera concebible que el Estado adopte una conducta fraudulenta para con los funcionarios que le sirven. El reajuste no es un aumento de sueldos sino una tardía reposición del poder adquisitivo de ellos. Está proclamado en términos oficiales que por lo menos dicho poder adquisitivo ha sufrido un deterioro del 21,9% en el año 1967. No cree que sea justo ni excusable negar a los trabajadores que han experimentado durante el año el progresivo deterioro de sus remuneraciones la reposición indispensable, aunque sea tardía e incompleta.
Nadie puede dejar de reconocer que la cifra referida es arbitraria y no corresponde a la realidad. Está fuera de toda duda que el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores alcanzó mucho más allá del 21,9%. No es moral entonces negarles ese reajuste. En segundo término, su Partido considera que los compromisos tomados por el Estado con los trabajadores de algunos sectores adquieren la calidad de una obligación, tan valedera como cualquiera otra que él asuma. A los profesores, a los funcionarios de Correos y Telégrafos, a los trabajadores de la Salud, no se les puede negar el cumplimiento oportuno de los compromisos contraídos.
El Partido Socialista Popular piensa, además, que el financiamiento no es el adecuado. Esto ha sido dicho por sus Diputados y la opinión pública ya conoce su pensamiento al respecto, por lo que podría ser innecesario abundar en mayores consideraciones. No obstante, luego de oír a algunos miembros de estas Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda, el señor Senador ha sentido la diferencia que les separa. Los Senadores socialistas populares no creen que sea posible circunscribir el problema a la búsqueda de recursos tributarios que permitan llegar a cumplir con las obligaciones ineludibles de un Estado que se respete a sí mismo. Piensan que, fundamentalmente, el problema es político; que radica en la necesidad de definir una actitud y de reconocer una realidad social. Si se intenta buscar nuevos recursos se empieza a ver comprobado en los hechos lo que han afirmado de una manera teórica a través del análisis intelectual: que la economía chilena, lejos de cambiar en su estructura básica, en los últimos años a través de los Convenios del Cobre, a través del Estatuto del Inversionista, que es del anterior Gobierno o de otro todavía más lejano ha ido adquiriendo una rigidez que hace inoperable el manejo del Estado en las actuales condiciones.
Nadie puede negar, dijo el señor Senador, que es de la esencia de todo Estado moderno que la tributación no sólo cumpla con la necesidad de ser proporcional a los ingresos, sino que ha de tener aquella progresión que el sentido social impone. Estas ideas ya fueron recibidas por nuestra Carta Fundamental el año 1925, expuestas en el pensamiento de los filósofos clásicos, y sin embargo, nos encontramos con que nuestras principales riquezas están sometidas a un régimen en que la progresión del impuesto está descartada. Las compañías del cobre pueden planear sus negocios para ganar US$ 5.000.000.000 si el precio de venta fuera de 29 centavos, y nosotros estamos de acuerdo con una doctrina que patrocina el Gobierno y aceptan los Tribunales de Justicia incapacitados para recoger el beneficio a favor del Estado de la mayor utilidad que resulta de vender a 58 ó a 59 centavos, y mal vendido, el cobre y, por lo tanto, cuadruplicando las utilidades previstas.
Ningún país civilizado puede seguir bajo este sistema. Y lo que se dice de las compañías del cobre puede aplicarse también a otras empresas que están acogidas al Estatuto del Inversionista. Rigidez, como nunca, en una estructura que se ha ido envejeciendo y que es incapaz de dar satisfacción a las necesidades más fundamentales del país.
Por eso, y recordando su primera observación de que no es posible en la fundamentación de un voto expresar todo el razonamiento que determina la decisión de un Partido Político, se limitó a decir, finalmente, que ve en este proyecto de reajuste, por desgracia, una expresión más, trágica para los servidores del Estado y de imposible previsión para el país, de la falta de voluntad política para romper con el imperialismo. Cree que en Chile se están haciendo las más fabulosas utilidades del mundo contemporáneo: no hay ninguna empresa en el mundo que con un costo de 20 centavos esté llegando al mercado con su producto a un precio que oscila entre 50 y 60 centavos. El estudio de las tablas de utilidades de las empresas más capitalizadas, como General Motors por ejemplo, indica que se está alcanzando utilidades del 15% sobre el precio de venta. Y nosotros, en Chile, estamos alcanzando utilidades del 200% sobre el costo y no obstante somos impotentes para aprovecharlo, viéndonos obligados a rasguñar al pobre, a gente que gana menos de dos sueldos vitales con cuatro cargas de familia, por la rigidez de nuestro sistema. Tal rigidez determina, a juicio del señor Senador, que la idea, que podría ser aceptable, de hacer regir en Chile el impuesto de compraventas para el cobre que de Chile se vende, a través de la ficción de que los contratos se celebren en el extranjero pero necesitan perfeccionarse en Chile, se diga que es impracticable, porque ello nos obligaría a someter al mismo impuesto a los exportadores de otros artículos que no soportan este gravamen y que, por el contrario, tienen que recibir un estímulo por la vía de la devolución del impuesto.
Sostuvo que es inútil, que se puede revisar la ley de herencia, que se puede perfeccionar todos los sistemas, pero en la medida en que se mantenga esta rigidez en nuestra estructura básica, que determina que nuestras principales riquezas estén sustraídas a la Soberanía del Estado, el desenlace de la gestión económica será trágico, será el precipicio, será la inflación, será la paralización de la producción, esto es, todo aquello que viene a confirmar las previsiones de Su Señoría y que le hacen alzar la voz para pedir a los sectores políticos que integran estas Comisiones Unidas una reflexión cabal.
No se trata sólo del reajuste, éste es únicamente un síntoma. Si nuestro régimen tributario fuera sano, el reajuste debería financiarse a si mismo. Se trata de que estamos cayendo por la pendiente que conduce al marasmo económico. Los socialistas populares no hacen cuestión sectaria. Quisieran aceptar cualquiera idea que les permitiera, honestamente, dar su voto favorable; cualquier idea que significara una corrección de esta ruta que saben que conduce al abismo. Cualquier concepto nuevo contaría con el voto favorable de Sus Señorías, siempre que se diera el 21,9% de reajuste en dinero y se cumplieran los compromisos contraídos. No creen que sea posible agobiar a los nativos escuálidos con nuevos impuestos, agravando a su respecto una situación ya insostenible, mientras proliferan los sectores exentos de todo tributo, los sectores con convenios o acogidos al Estatuto del Inversionista, que están haciendo las más fabulosas utilidades.
Por eso es que, mientras el proyecto mantenga las características actuales, los Senadores del Partido Socialista Popular votarán en contra. Y así lo hace en este trámite de las Comisiones Unidas, sin ocultar que le resulta doloroso y que quisiera votar a favor, por que sabe que los trabajadores esperan anhelosamente que les llegue la reposición de sus pobres sueldos y salarios.
El Honorable Senador señor Ibáñez, al fundamentar su voto, expresó que la declaración del señor Ministro de Hacienda, así como el hecho de que el Partido Nacional reiteradamente ha señalado su posición sobre los proyectos de reajuste que con ligeras variantes ha presentado el Ejecutivo al Congreso Nacional en el curso de los últimos cuatro o cinco meses, hacen innecesaria una larga intervención de su parte.
El deseo de su colectividad manifestó es que este proyecto se despache pronto por el Parlamento, pero con algunas modificaciones que estima absolutamente necesarias. Con este objeto están dispuestos a cooperar a fin de que no siga detenido por más tiempo y sea llevado a la práctica cuanto antes. Sin embargo, no aceptan que a pretexto de las necesidades de los trabajadores el Gobierno busque fórmulas para aumentar sus ingresos y elevar de este modo los gastos fiscales.
A este respecto, es fundamental, a su juicio, que el proyecto no tenga un carácter inflacionario, como lo ha reconocido el propio Gobierno. Desafortunadamente la realidad es muy diferente y contradictoria. En efecto, el proyecto establece, por una parte, ciertas normas para compensar la pérdida del valor adquisitivo de sueldos y salarios, y por la otra, grava fuertemente los tributos; con lo cual, por la vía de la inflación, se pierde todo lo que pudiera ganarse por la vía del reajuste.
Es imprescindible, por lo tanto, para que la idea del reajuste tenga significado, que se elimine el factor inflacionista constituido por el exceso de los gastos fiscales, mediante economías reales.
Agregó que a su Partido le es indiferente dónde y cómo el Gobierno decida hacer estas economías. Puntualizó que con esta declaración rectificaba una campaña sostenida por ciertos órganos de prensa que imputan a la colectividad política que representa el ánimo de obtener la paralización de algunos proyectos específicos, a cambio de su eventual apoyo a la idea de legislar. Por lo demás, su Partido no tiene la pretensión de influir en la política de este Gobierno.
Denunció que el desarrollo económico del país se encuentra virtualmente detenido y que no existen posibilidades de mejoramiento económico para los trabajadores mientras no se restablezca un clima que permita volver a aumentar la tasa anual de desarrollo.
La producción industrial que normalmente ha aumentado en un 5 a 7%, el año pasado registró un incremento de solamente el 1,6%; por otra parte, de acuerdo con los balances de la Contraloría General de la República el rendimiento de los impuestos ha aumentado entre un 30 y un 40%, de 1966 a 1967. Casi podría establecerse señaló una relación de tipo matemático y decir que a mayor crecimiento de la carga tributaria, menor es el crecimiento del desarrollo económico del país.
En consecuencia, si lo que interesa es alcanzar metas de mayor producción, que generen mayores ingresos para el Estado que a su vez permitan pagar mejores remuneraciones, el Ejecutivo tendría que variar su política fiscal porque los hechos están demostrando que es inconveniente para el país, que representa el fracaso de los propósitos perseguidos por el Gobierno y que es la causa de la angustiosa situación económica en que se encuentran no sólo los asalariados sino también las entidades que les dan trabajo.
Expresó, que contrariamente a lo manifestado por el señor Palma, a su juicio el país no se encuentra enfrentado a una situación económica de gran complejidad, y agregó que la única complejidad existente es la que hay en la orientación política del Partido que ejerce el poder. Todas las dilaciones que se han producido en materia de reajuste afirmó se deben a que el Partido Demócrata Cristiano no ha resuelto el dilema político al que nació enfrentado y que no puede seguir eludiendo por más tiempo.
Puso término a su intervención anunciando su voto en contra del proyecto porque a la suma exorbitante de gastos fiscales el proyecto agrega recursos para aumentarlos, impulsando de esta manera la inflación y anulando las ventajas que deberían derivarse para los asalariados de la parte del proyecto relativa al reajuste. Dijo comprender la posición de aquellas fuerzas políticas que tienen fe en sistemas económicos semejantes al del Gobierno; pero el Partido Nacional no lo encuentra acertado. Si la política económica del Gobierno recibe respaldo mayoritario de las fuerzas políticas existentes en el país no hay nada que objetar, pero no se le puede pedir a su colectividad que la apoye.
El Honorable Senador señor Rodríguez manifestó que, al rechazarla idea de legislar, está desaprobando toda una política general del Gobierno, que se ha caracterizado por un claro sometimiento a las normas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Este hecho, a juicio de Su Señoría, ha condicionado la acción del Ejecutivo en lo relativo a política monetaria, crediticia, de cambios y de remuneraciones, sin que, a raíz de los reemplazos ministeriales recientes, se haya producido una reorientación de dicha política que, recogiendo la capacidad creadora y productiva de nuestro pueblo, hubiese podido endilgar al país por una ruta diversa de la que tradicionalmente ha seguido el Presidente Frei.
Todo lo anterior, prosiguió el señor Rodríguez, se traduce en el mantenimiento del viejo "status", el fortalecimiento de los monopolios, la misma sumisión a la voracidad extranjera y, por último, todo intento de afincar el desarrollo económico no deja de basarse en la participación de los inversionistas norteamericanos. Así se comprueba, por ejemplo, en el rubro de la petroquímica, en el de la celulosa, en la banca privada! en el de los neumáticos y en muchos otros.
Expresó que, cuando llegan a surgir, por débiles que sean, intentos reformistas en el Partido de Gobierno, como en el caso del informe para una vía no capitalista de desarrollo, éstos son aplastados sin apelación como aconteció en la reunión celebrada por la Democracia Cristiana en Peñaflor. Se está, a juicio de Su Señoría, ante una nueva fórmula de gobierno que consolida el viejo estado de cosas sin ofrecer salidas beneficiosas a los trabajadores.
Lo afirmado, manifestó, configura una grave crisis que se traduce, en la práctica, en detención del ritmo de crecimiento económico; en qué no se aproveche la totalidad de la capacidad industrial instalada en el país; en creciente cesantía, notoria especialmente en las provincias de menor densidad de población, y en la elevación de índices tales como vagancia, delincuencia, prostitución, éxodo de trabajadores hacia la República Argentina, etc.
Esta crisis ha sido reconocida por el propio ex Ministro de Hacienda, señor Sáez; quien manifestó que Chile confronta problemas varios y se ríos: "un presupuesto fiscal fuertemente desequilibrado, pese a los ingresos excepcionales recibidos por efecto del nuevo precio del cobre; un repunte de la inflación; disminución manifiesta del ritmo de desarrollo económico, lo que se comprueba a través de la tasa anual de aumento conjunto de la producción chilena, que en 1964 fue de un 4,2%, en 1965 de un 5% y en 1966 de un 6,6%, pudiendo afirmarse que en 1967 este índice no será superior al 3 ó 3,5%".
Y esta situación de crisis se ha producido cuando el Gobierno ha recibido ingentes sumas de ingreso no sólo por el cobre sino, además, por el aumento de los tributos y la línea de empréstitos internacionales.
A continuación, refiriéndose concretamente al proyecto de ley de reajuste, manifestó que algunos de los aspectos negativos del mismo son:
1.- La menor cantidad de fondos a repartir en dinero efectivo en el sector público por concepto de reajuste que la contemplada en el anterior proyecto, y que es del orden de los 140 millones de escudos;
2.- Remplazo de los bonos del Fondo de Capitalización por los bonos CORVI;
3.- La aplicación de una tasa del 12,5%c de reajuste, la que es insuficiente, a más de un tercio de la administración pública, esto es, a alrededor de 125.000 funcionarios;
4.- La violación por parte del Gobierno, de convenios suscritos con diversos sectores de la Administración por Directores de Servicios, Subsecretarios, Ministros y, en definitiva, avalados por el Presidente de la República;
5.- La destrucción del sistema de reajuste automático establecido en la ley Nº 10.343, que beneficiaba a 300 mil personas que representan uno de los sectores más pauperizados de la población;
6.- El sistema de impuestos indirectos para obtener el financiamiento. En 1967, por el impuesto de compraventa, se recaudaron 3.759 millones de escudos, mientras que en 1965 la recaudación fue de Eº 1.721 millones; de donde puede concluirse que, en el lapso de dos años, los contribuyentes han soportado por esta vía una mayor carga de Eº 2.038 millones, según datos proporcionados por la Oficina de Informaciones del Senado. El aumento de la tasa del impuesto a las compraventas, del 7% al 8%, causará un impacto mucho más doloroso para la población;
7.- por último, el hecho de que el Gobierno haya cedido en las líneas generales de inversión en el sector público, recortando los presupuestos de CORVI, CORFO, y del Ministerio de Agricultura, afectando, según se teme, a la CORA y al INDAP, que son los instrumentos necesarios para llevar adelante la Reforma Agraria.
Agregó el señor Senador que resulta lamentable que el Gobierno se beneficie de un hecho oprobioso, como es la guerra Vietnam, que le permite mantener un alto precio para el cobre.
En relación con las expresiones vertidas por el Honorable Senador señor Palma, inquirió si ellas envolvían la idea de que la negativa del Congreso a legislar sobre el proyecto en estudio podría precipitar una crisis institucional o un golpe de Estado, porque, según Su Señoría, tal manifestación del señor Senador no sería un hecho aislado, sino que habría que relacionarlo con lo que han dicho los Honorables Diputados señores Valenzuela Valderrama e Irureta y con la campaña publicitaria de los diarios de Gobierno "La Nación" y "La Tarde".
Agregó que, en todo caso, las amenazas e intimidaciones no afectan a su Partido y que, por lo mismo, exigía un pronunciamiento a este respecto de las demás colectividades políticas.
Señaló que concuerda con el Honorable Senador señor Palma en que el país está inquieto por el pronunciamiento del Honorable Congreso Nacional respecto de esta iniciativa de ley, pero que, a su juicio, el país está aún más intranquilo por la incompetencia e ineficacia demostrada por el Gobierno.
Concluyó manifestando que el Partido Socialista se negó a conversar con el ex Ministro de Hacienda señor Sáez, por considerar inútil tal esfuerzo, y que no ha participado en negociación alguna posterior para mejorar esta iniciativa de ley porque no cree en la buena fe del Gobierno. Terminó emitiendo su voto negativo a la idea de legislar y anunciando que haría otro tanto en la Sala.
El Honorable Senador señor Musalem declaró que la posición de los Senadores democratacristianos había sido ya fijada por el Honorable Senador señor Palma, razón por la cual se remitiría a considerar brevemente una observación formulada por el Honorable Senador señor Bossay, que podría alentar a los señores Senadores a pensar que existe una posibilidad de mayor financiamiento para el proyecto, según se desprendería de una carta del Fondo Monetario Internacional a que el señor Senador se refirió.
Antes de entrar en materia, sin embargo, advirtió que se excusaba de contestar las expresiones del Honorable Senador señor Rodríguez porque las consideraba injustas e impropias de este debate y, además, porque ellas ya han sido refutadas en la Sala.
Con respecto a las consideraciones que al señor Senador le merecieron las palabras del Honorable Senador señor Palma, declaró que ellas no deben interpretarse como una amenaza a los sectores políticos, ya que sólo se redujo a denunciar los hechos que deben derivarse de decisiones políticas que afectan a los hogares de todos los trabajadores de Chile. Los hechos políticos, a su juicio, no son consecuencia de amenazas sino de la posiciones que adoptan las diversas colectividades, por lo cual cada una de ellas es la llamada a aquilatar los efectos de sus actos.
Si bien estimaba, al igual que el Honorable Senador señor Palma, que de la votación en que se encontraban se derivarían consecuencias dé tipo político, expresó su convicción de que tanto su colectividad como el Gobierno han procurado siempre evitarlas.
En relación con las declaraciones del señor Bossay, en el sentido de que el Gobierno de Chile se habría comprometido con el Fondo Monetario Internacional a dejar un mayor saldo en el excedente de cuenta corriente y que provendría de haberse estimado un menor rendimiento tributario que el que efectivamente se produce. Explicó que el excedente en cuenta corriente es la diferencia entre los gastos corrientes de la Nación y los ingresos del Fisco, diferencia ésta que se destina a financiar diversas inversiones. Cualquier mayor rendimiento tributario que el presupuestado debe expresarse, en consecuencia, en un superávit del Presupuesto y no en un excedente de Caja, como afirma el Honorable Senador señor Bossay.
Por las razones hechas presente, votó favorablemente la idea de legislar.
Finalmente, el Presidente de vuestras Comisiones Unidas, Honorable Senador señor Bulnes, fundamentando su voto, expresó que la opinión pública del país cree que el Gobierno ha presentado al Congreso Nacional un proyecto que tiene el propósito de financiar los reajustes de remuneraciones del sector público. Ese es un error y casi un engaño, a juicio de Su Señoría, pues la mayor parte de los recursos consultados en el proyecto en referencia no guardan relación con los reajustes. En el hecho, agregó, se está usando a los trabajadores del país como punta de lanza para obtener recursos destinados a otros propósitos.
Esta afirmación es fácilmente comprobable a través de las cifras. En efecto, el reajuste consultado en el proyecto para todo el sector público, tiene un costo de Eº 1.003 millones, de los cuales hay provisionados Eº 586 millones en la ley de presupuestos vigente para la finalidad precisa de financiar el reajuste. Con posterioridad se han renovado el impuesto patrimonial y otros tributos que producen en conjunto Eº 197 millones.
Vale decir, de los Eº 1.003 millones que se necesitan, el Gobierno ya ha recibido financiamiento para Eº 783 millones. En consecuencia, lo que faltaría para financiar este reajuste son solamente Eº 220 millones.
Afirmó que, a su juicio, el Gobierno solicitó una suma mucho mayor porque, faltando a todos sus deberes, en la ley de presupuestos del presente año omitió gastos que sabía de antemano iba a realizar y que representan Eº 713 millones. De ahí que la finalidad de este proyecto de ley no sea sino secundariamente financiar una parte del reajuste, y primordialmente financiar otros gastos que se debieron consultar en la ley de presupuestos.
Agregó que su Partido no acostumbraba a halagar a los sectores de trabajadores, como tampoco a ningún otro sector, pues considera que la función de las autoridades públicas no es ésa; pero estima que lo que el Gobierno está haciendo con los asalariados va más allá de lo permisible y ético. Así es como, para financiar gastos ajenos a sus remuneraciones, se especula y presiona con la situación particularmente amarga en que se encuentran.
La actitud del Gobierno de utilizar las necesidades de los trabajadores, especialmente de los del sector fiscal, para obtener el financiamiento de otros gastos, es un procedimiento que no debe continuar en Chile y que hace necesaria una reforma constitucional, con el objeto de que estos proyectos sean sólo de reajustes y no sirvan para obtener fondos para otros propósitos, para solucionar problemas administrativos o para pedir facultades extraordinarias.
El Partido Nacional, añadió, habría podido rechazar este proyecto sin escrúpulos de conciencia, porque ha estado desde el primer momento en contra de la política económico social del Gobierno, que ha barrenado la única viga maestra que tiene la economía de un país donde existe propiedad y empresa particular, y que no es el cobre sino la confianza. Manifestó que en reiteradas oportunidades su colectividad ha denunciado la destrucción de la confianza mediante la abolición de la garantía constitucional del derecho de propiedad y una reforma agraria confiscatoria. Ha señalado, asimismo, que el gasto público es exagerado e incompatible con la realidad chilena. Los hechos han demostrado, a su juicio, que la capacidad tributaria del país está saturada y que si el gasto público todavía se puede financiar, ello es debido al alza extraordinaria que ha experimentado el precio del cobre y a la existencia de la guerra en Vietnam.
Expresó que tenían muchas razones para no entrar en conversaciones con el Gobierno, del que han recibido toda clase de ofensas y persecuciones, llegándose, incluso, hasta encarcelar a la directiva de su Partido. Sin embargo, han aceptado plantearle sus puntos de vista acerca de este proyecto, porque tienen presente la imperiosa necesidad de que los trabajadores reciban cuanto antes esta compensación por la pérdida del valor adquisitivo de sus remuneraciones y, también, porque por primera vez advirtieron en el Gobierno siquiera el reconocimiento de que el gasto público era excesivo y era necesario estudiar economías.
Reiteró que en ningún momento su Partido ha pretendido influir en las inversiones en sectores determinados de la economía, como lo han insinuado comentarios indocumentados y malévolos. Afirmó que jamás han pedido que se detenga la reforma agraria, porque no sería honesto que frente a un proyecto de reajustes se pensara alcanzar un logro de esta especie.
Añadió que, en cambio, sí han tratado de convencer al Gobierno que puede dar un reajuste mayor a los sectores postergados y cumplir lealmente el convenio con los profesores, simplemente destinando parte de los recursos que consulta el propio proyecto y con algunas medidas financieras que podrían tomar en el curso del año.
Terminó manifestando que el Gobierno no ha atendido a sus exposiciones y que, en consecuencia, el Partido Nacional no puede hacerse responsable del incremento de los gastos públicos ni puede contribuir con sus votos a que se establezcan nuevos aceleradores de la inflación, razón por la cual se ven precisados a votar negativamente este proyecto.
Hizo presente, finalmente, que lo hacía con profundo dolor porque comprendía que se estaba llevando a la desesperación a los trabajadores del país y ella es siempre mala consejera.
Como consecuencia, y habiéndose producido cuatro votos por la afirmativa y seis por la negativa, vuestras Comisiones Unidas tienen a honra proponeros que rechacéis la idea de legislar con respecto al proyecto en informe.
Sala de las Comisiones Unidas, a 29 de marzo de 1968 Acordado en sesiones de los días 27, 28 y 29 de marzo de 1968 con asistencia de los Honorables Senadores señores Bulnes (Presidente) Aguirre, Ampuero, Bossay, Contreras Labarca, Chadwick, Ibáñez, Luengo, Musalem, Palma y Rodríguez.
(Fdo.) : Luis Valencia Avaria, Secretario.
7.- INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL CONVENIO DE TRANSPORTE POR AGUA DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (ALALC), SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1966.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros acerca del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados, con urgencia calificada de "simple", que aprueba el Convenio sobre Transporte por Agua de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), suscrito en la ciudad de Montevideo, el 30 de septiembre de 1966.
A la sesión en que estudiamos este asunto asistieron el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Gabriel Valdés y el Asesor Jurídico Subrogante de la Cancillería, señor Luis Arteaga.
El instrumento internacional en referencia fue concertado en la Primera Reunión del Consejo de Transporte y Comunicaciones de ALALC en cumplimiento de las Resoluciones adoptadas en materia de transporte marítimo, fluvial y lacustre, por la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de este organismo, la que tuvo lugar en Montevideo en el mes de noviembre de 1965.
Aparte de nuestro país, ha sido suscrito por Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Hasta la fecha, ha sido ratificado por Colombia y México.
Cabe advertiros que a la delegación chilena le cupo una participación definitiva en la redacción y negociación de este tratado y que él cuenta con el apoyo de la totalidad de los armadores de nuestro país.
En lo substancial, el Convenio en estudio tiende a promover el desarrollo de las Marinas Mercantes de los países miembros de ALALC, de modo que puedan dar seguridad y estabilidad al transporte de nuestro comercio exterior y contribuir de esta manera a nuestro desarrollo económico.
En virtud de lo establecido en él, el barco de cualquier país adherido a ALALC va a tener igual tratamiento que cualquier nave nacional de los países signatarios en los puertos de aquéllos.
El acceso a la reserva de carga se dispone en el Convenio en forma multilateral y gradual, lo que significa que todas las Partes Contratantes tienen opción a ella. Tal reserva debe irse realizando a medida que las flotas comerciales de las Partes Contratantes tengan capacidad suficiente para ir incrementando sus transportes.
Resuelve la situación de las naves de naciones no contratantes que efectúan servicios regulares y tradicionales, estableciendo que podrán participar en forma supletoria en el tráfico de las Partes Contratantes, siempre que su participación no constituya obstáculo al comercio de los países signatarios y que cumplan las condiciones de tarifas y fletes acordadas entre éstos.
Se crea, más adelante, la Comisión del Convenio, que es el órgano zonal y permanente del Tratado, encargada de vigilar el cumplimiento de sus disposiciones, proponer las medidas que faciliten su ejecución y resolver los problemas que en la práctica puedan presentarse.
Enunciados estos principios generales, nos referiremos a ciertos hechos que dicen atinencia con ellos.
Es tal la importancia que tiene el tráfico marítimo para el comercio de la zona, que el 95% se desarrolla por la vía del mar, porcentaje éste que se eleva al 99% si se relaciona al comercio con países extrazonales.
Los acuerdos de las Conferencias especializadas ajenas a la zona son discriminatorias y se adoptan sin intervención alguna de las naciones que pueden resultar afectadas. Por esta razón, las tarifas que ellas fijan hacen imposible que las flotas mercantes del área puedan entrar a competir con las de países que por este medio han pretendido monopolizar el transporte marítimo.
Lo que América Latina paga por fletes zonales y extrazonales a banderas extracontinentales excede los US$ 1.500.000.000., cifra que representa el mayor monto de divisas que el área debe pagar por prestación de servicios.
De allí la gran oposición que el instrumento en análisis ha suscitado entre los países que forman parte de la Conferencia Europea, que ve nacer un organismo que puede negociar con ella en pie de igualdad
Creemos también conveniente subrayar las disposiciones relativas a
a nacionalidad de las naves, vale decir, lo que atañe a la precisión de la bandera del buque. Con este objeto se establecen los requisitos o condiciones que debe reunir una embarcación para ser considerada nacional para los efectos de este Convenio y los fija, asimismo, respecto de la matrícula, del titulo de propiedad, de los porcentajes mínimos de tripulación nacional y de la forma de acreditar la nacionalidad del propietario especialmente en los casos de copropiedad o en que pertenezcan a una sociedad de personas o de capitales.
Hemos destacado en este informe los aspectos del asunto que merecieron un mas detenido análisis dentro del estudio que hizo nuestra Co misión y en la imposibilidad de comentar todas sus disposiciones, adjuntamos como anexo el texto completo de este instrumento internacional, que consta de 32 artículos permanentes y 8 transitorios, agrupados en 9 Capítulos.
Las consideraciones precedentes demuestran la utilidad que el Convenio en mención reportará a nuestro comercio exterior y la importancia del paso que él significa dentro del proceso de integración continental, lo cual sirvió de fundamento para prestarle nuestra aprobación.
En este acuerdo expresó su abstención el Honorable Senador señor Teitelboim.
Con el mérito de lo expuesto, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de recomendaros que aprobéis el proyecto de acuerdo objeto de este informe. '
Sala "de la Comisión, a 27 de marzo de 1968.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Castro, Fuentealba y Teitelboim.
(Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña, Secretario.
Convenio de Transporte por Agua de la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio.
Los Gobiernos signatarios (en adelante "las Partes Contratantes"), miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio instituida por el Tratado de Montevideo del 18 de febrero de 1960.
Deseosos De alcanzar cuanto antes los propósitos de complementación s integración de sus economías que inspiran el Tratado de Montevideo,
Conscientes De que el transporte por agua constituye el más importante medio de intercambio de mercaderías para los países de la Asociación Latinoamericana, de Libre Comercio entre sí y con países extrazonales,
Persuadidos De la necesidad de coordinar y mejorar los transportes marítimos, fluviales y lacustres para que contribuyan en la mayor medida posible, a través de servicios estables y de condiciones adecuadas, a los fines del Tratado de Montevideo,
Convencidos De que resulta indispensable promover el desarrollo armónico de las marinas mercantes de las Partes Contratantes y asegurarles una participación sustancial en los tráficos de su comercio exterior, para, preservar en toda circunstancia el curso normal de sus respectivas exportaciones e importaciones y mejorar sus balanzas de pagos,
Seguros De que solamente a través de convenios o acuerdos puede instrumentarse en forma eficaz 'la política de transporte marítimo, fluvial y lacustre de los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, formulada por sus Ministros de Relaciones Exteriores en su Primera Reunión y adoptada en el Quinto Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo mediante Resolución 120; y
Teniendo en Cuenta La Resolución 44 (II) de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo que recomendó la celebración de un convenio que contemple los principios fundamentales de la política de transporte por agua en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y en especial la reserva de las cargas de intercambio para las naves nacionales de los países signatarios, convienen en lo siguiente:
CAPITULO I
Alcances del Convenio.
Artículo 1º
El presente Convenio se aplica al transporte de cargas por vía marítima, fluvial y lacustre entre las Partes Contratantes de este Convenio, que se realice por sus buques o naves, aun cuando éstos prolonguen sus tráficos a países no contratantes.
Artículo 2º
Queda excluido de las disposiciones de este Convenio el transporte a granel de petróleo y de sus derivados, que continuará regulado por las disposiciones legales de cada Parte Contratante.
Artículo 3º
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio significará restricción al derecho de cada Parte Contratante a regular su cabotaje nacional, así como los transportes destinados a/y procedentes de países no contratantes. Tampoco podrá considerarse como restricción al derecho de cada Parte Contratante de facilitar, en cualquier forma, los servicios de cabotaje nacional que realicen sus buques o naves.
A estos efectos, se entenderá por cabotaje nacional el transporte que se realiza entre puertos de un mismo país conforme a su Legislación.
CAPITULO II
Reserva del transporte de la carga de intercambio. Artículo 4º
Las cargas del intercambio comercial que se efectúe por agua entre las Partes Contratantes, conforme a los objetivos de la política de transporte marítimo, fluvial y lacustre de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Conferencia de las Partes Contratantes Incisos 2 y 3 del artículo primero de la Resolución 120 (V), quedan reservadas a los buques o naves nacionales de todas ellas, en igualdad de derechos, tratamiento y demás condiciones establecidas en el presente Convenio y en su reglamentación.
El ejercicio del derecho a la reserva de las cargas se hará efectivo en forma multilateral y su implantación será gradual, tanto en el tiempo como en el volumen que represente y en la medida que lo permita la capacidad de transporte de las marinas mercantes de las Partes Contratantes que operan en la Zona.
Respetada la reserva de transporte para las Partes Contartantes, los buques o naves de países no contratantes que efectúen servicios regulares y tradicionales podrán participar en forma supletoria en el tráfico entre las Partes Contratantes, en las condiciones que establezca la reglamentación respectiva, siempre que:
Su participación no sea obstáculo al comercio de las Partes Contratantes y a. la estabilidad y expansión de sus marinas mercantes:
Su ruta normal se cumpla entre su propio país y países de las Partes Contratantes;
En el país de su bandera no se apliquen medidas restrictivas o de efectos equivalentes al tráfico o a los buques o naves pertenecientes a las Partes Contratantes; y
d) Cumplan las tarifas y condiciones de fletes entre países de las Partes Contratantes, fijadas por 'las respectivas Conferencias de Fletes u organismos similiares previstos en este Convenio.
CAPITULO III
Condiciones de transporte.
Artículo 5º
Las Partas Contratantes promoverán la constitución de Conferencias de Fletes u organismos similares, entre armadores que cumplan las condiciones establecidas en el presente Convenio para participar en el tráfico entre países de las Partes Contratantes. Dichas Conferencias u organismos similares deberán tener sede en territorio de las Partes Contratantes y sus objetivos serán los siguientes:
a) Armonizar las normas operacionales de 'los distintos miembros;
b) Procurar la regularidad de los tráficos entre las Partes Contratantes; y
c) Fijar las condiciones del transporte y las tarifas de fletes, así como sus modificaciones, las cuales entrarán en vigor automáticamente en su oportunidad si las autoridades competentes de cada. Parte Contratante no las objetaran dentro de un plazo de treinta días desde que les fueran presentadas. Sin perjuicio de 'lo anterior, las autoridades de referencia podrán determinar la revisión de las tarifas de fletes, cargos y condiciones de transporte.
Las Conferencias u organismos similares así constituidos deberán, para poder operar, obtener la aprobación de las autoridades competentes de las Partes Contratantes interesadas. Además proporcionarán a dichas autoridades anualmente, por intermedio del Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, informaciones sobre sus actividades.
Para los efectos del presente Convenio, todo armador de una Parte Contratante deberá integrar la respectiva Conferencia de Fletes u organismo similar. Artículo 6°
Las autoridades competentes de cada una de 'las Partes Contratantes velarán por el buen funcionamiento de las Conferencias de Fletes u organismos similares, con el objeto de preservar la aplicación de su política de comercio exterior, y controlarán el cumplimiento de las tarifas de fletes y de las condiciones del transporte, para evitar 'la discriminación injusta y los rechazos injustificados de carga, los atrasos indebidos de embarque y, en general, la adopción de otras medidas que constituyan prácticas de competencia desleal que perturben la participación de otros buques o naves de las Partes Contratantes.
Artículo 7º
El ordenamiento y la regularización del transporte de 'las cargas reservadas se harán efectivos a través de las Conferencias dé Fletes u otros organismos similares y tendrán en cuenta el volumen y clase o tipo de cargas a transportar, la capacidad de los buques o naves ofrecidos para servicio regular en los tráficos cubiertos por las respectivas Conferencias u organismos similares y la calidad y frecuencia de los servicios que puedan prestar, de modo que la participación de los armadores de las Partes Contratantes en el transporte no tenga otra limitación que los factores señalados.
Artículo 8º
Las Conferencias de Fletes u organismos similares, de conformidad con lo que establezca la reglamentación pertinente del presente Convenio, darán a conocer sus tarifas y condiciones de transporte y anunciarán públicamente, con antelación, las modificaciones que experimenten.
Artículo 9º
Las Partes Contratantes propiciarán en sus respectivos países el establecimiento de un sistema de consultas que permita contactos permanentes entre las Conferencias de Fletes u organismos Similares y los usuarios del transporte, para lograr entendimientos mutuos relativos a las condiciones económicas del transporte y la promoción del intercambio.
Artículo 10
Las Partes Contratantes crearán 'las condiciones adecuadas de explotación de sus marinas mercantes, con miras a que operen en términos de competencia leal y equitativa, y adoptarán las medidas conducentes para que la aplicación del presente Convenio sea instrumento para lograr la mayor eficiencia y productividad, la regulación de las frecuencias y el menor costo en el transporte por agua.
CAPITULO IV
De la nacionalidad, y del arrendamiento de buques o naves.
Artículo 11
A los efectos de este Convenio, se considerará buque o nave nacional de cada Parte Contratante, al que reúna las siguientes condiciones:
a) Que esté matriculado en forma permanente en el país respectivo y tenga título de propiedad registrado conforme a su legislación;
b) Que, respetando las exigencias de cada Parte Contratante cuando éstas sean mayores, el capitán, los oficiales y por lo menos, la mayoría del resto de la tripulación, sean de nacionalidad del respectivo país y habilitados para el ejercicio de sus funciones por autoridad competente, debiendo usarse el idioma nacional en las órdenes de mando verbales y escritas y de trabajo del buque o nave y en las anotaciones, libros y documentos legales exigidos;
c) Que si el propietario fuere una persona natural o física, sea de nacionalidad del respectivo país y tenga en él mismo su domicilio principal y la sede real y efectiva de la empresa;
d) Que en caso de pertenecer a una sociedad de personas, ésta esté constituida según las leyes del país de la bandera del buque o nave, la mayoría de su capital sea de propiedad de personas de la nacionalidad del mismo y tenga la empresa en él su domicilio principal y su sede real y efectiva;
e) Que en caso de pertenecer a una sociedad de capitales, ésta esté constituida conforme a las leyes del país de la bandera del buque o nave y tenga en él su domicilio principal y la sede real y efectiva; que sean de la nacionalidad del respectivo país el presidente del directorio, la persona que desempeñe las funciones de gerente y la mayoría de los directores y administradores, y que la mayoría de su capital pertenezca a personas físicas o naturales o personas jurídicas, nacionales de dicho país, con domicilio y sede real y efectiva en ese país;
f) Que en caso de copropiedad del buque o nave, sea de personas o de capitales, el sistema de copropiedad esté constituido según las leyes del país de la bandera del buque o nave y más de la mitad del valor de la copropiedad pertenezca a personas físicas o naturales o personas jurídicas del país respectivo, las cuales deberán tener su domicilio principal y su sede real y efectiva, en el mismo; y
g) Que en caso de ser propiedad de una sociedad de capitales cuyo capital pertenezca en su mayoría a personas físicas o naturales o personas jurídicas, nacionales de dos o más Partes Contratantes, con buques o naves matriculados en una u otra de ellas, la sociedad esté constituida conforme a las leyes de alguna de dichas Partes Contratantes; que tenga en alguna de ellas su domicilio principal y sede real y efectiva y sean de nacionalidad de alguna de ellas, el presidente del directorio, el gerente y la mayoría de los directores y administradores.
Las Partes Contratantes adoptarán las medidas necesarias para que las condiciones señaladas en los incisos e), f) y g) no puedan desvirtuarse a través de la acción de sociedades de capitales no nacionales.
Artículo 12
Los armadores propietarios de buques o naves nacionales, con la autorización de la autoridad competente del respectivo país, podrán arrendar o fletar buques o naves en los casos de insuficiencias de sus bodegas para el tráfico entre las Partes Contratantes, concediéndose a los mismos el tratamiento de buque o nave nacional, en las condiciones establecidas en los párrafos siguientes. Este tratamiento será reconocido por las otras Partes Contratantes.
Se dará preferencia para el arrendamiento o fletamento, en primer término, a buques o naves del propio país y en segundo lugar a. buques o naves de bandera de otra Parte Contratante, en similitud de condiciones económicas y técnicas generales con buques o naves de países no contratantes.
Estos arrendamientos o fletamentos sólo podrán ser realizados temporalmente y hasta el límite del tonelaje en actividad de los buques o naves nacionales que operen en la Zona de propiedad de un armador de las Partes Contratantes, debiendo tenerse en cuenta también el caso de pérdida total o pérdida total constructiva.
La reglamentación establecerá un sistema relativo a períodos y porcentajes de arrendamiento o fletamento de buques o naves, dentro del límite indicado en el párrafo anterior.
Artículo 13
Cuando una Parte Contratante no disponga de línea que opere en determinado tráfico con países contratantes y pretenda iniciar un servicio regular entre su país y aquéllos, dentro de las condiciones del Artículo 7º, se permitirá a un armador de dicha Parte Contratante, el arrendamiento o fletamento temporario de buques o naves en la proporción que el tráfico lo permita, a juicio de la Conferencia de Fletes respectiva, en el número y plazo que se determine en la respectiva reglamentación, sin que este último exceda de dos años.
CAPITULO V
Normas sobre igualdad de tratamiento.
Artículo 14
Los buques o naves nacionales de las Partes Contratantes que transporten personas y/o mercaderías entre los respectivos países, recibirán igual tratamiento que los buques nacionales de cada. Parte Contratante empleados en sus tráficos en materias tales como trámites portuarios, aduaneros y operacionales, servicios y condiciones de estiba y desestiba, pago de derechos y tasas de navegación, atraque, estada y otras de naturaleza similar.
Ninguna medida que adopte una Parte Contratante con respecto a mercaderías y/o personas transportadas en buques o naves de su propio registro podrá implicar recargos, sobreprecios, rebajas o cualquier tratamiento diferencial cuando sean transportadas en buques o naves de otra Parte Contratante.
No se impondrán restriccciones de ninguna naturaleza o medidas de efecto equivalente para la recepción, operación o despacho de buques o naves nacionales de las Partes Contratantes que signifiquen tratamiento desigual entre los mismos o menos favorables que el aplicado a buques o naves de países no contratantes.
CAPITULO VI
De la Comisión del Convenio. Artículo 15
Las Partes Contratantes velarán por el cumplimiento del presente Convenio mediante una comisión permanente, llamada en adelante la Comisión del Convenio, integrada por un representante de cada una de ellas.
La Comisión tendrá por atribuciones, además, de las que le son asignadas en el presente Convenio, las siguientes:
Estudiar y proponer a los Organos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio la adopción de medidas que faciliten el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio, para hacer efectivo y acelerar el proceso de integración que establece la Declaración de Política de Transporte marítimo, fluvial y 'lacustre formulada por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en su primera reunión;
Vigilar la aplicación de las disposiciones del artículo 4º de este Convenio reserva de carga y resolver los problemas que se presenten con motivo de su ejecución práctica; y
Coordinar la labor de 'los organismos previstos en el presente Convenio.
Artículo 16
La Comisión del Convenio tendrá su sede en la de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y se reunirá por lo menos una vez al año en sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo solicite una o más Partes Contratantes.
La reglamentación del presente Convenio determinará el sistema de convocatoria y las modalidades de estas reuniones. Artículo 17
La Secretaría Ejecutiva del Comité Ejecutivo Permanente prestará los servicios que sean requeridos para el funcionamiento de la Comisión del Convenio.
CAPITULO VII
Disposiciones generales.
Artículo 18
Las Partes Contratantes adoptarán disposiciones adecuadas para asegurar el fiel cumplimiento del presente Convenio.
En caso de incumplimiento por una o más Partes Contratantes de las obligaciones emergentes de este Convenio, las otras Partes Contratantes podrán suspender total o parcialmente los beneficios contemplados en el presente Convenio hasta que cesen las causas determinantes de la medida.
Para adoptar dicha medida deberá concurrir el voto unánime de las Partes Contratantes. El pronunciamiento se hará previa investigación por la Comisión del Convenio y se acordará en una reunión especialmente convocada con citación expresa a la Parte o Partes presuntivamente responsables. Si dicha o dichas Partes Contratantes no asistieren se realizará en todo caso la reunión y se podrán adoptar y aplicar las medidas pertinentes.
Artículo 19
Ninguna disposición de'] presente Convenio será interpretada como impedimento para la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la aplicación de leyes y reglamentos nacionales y los acuerdos internacionales relativos a seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar y a sanidad.
Artículo 20
Las Partes Contratantes se comprometen a actuar de consuno para defender la política común de transporte por agua, proteger el desarrollo de sus marinas mercantes y procurarles una participación adecuada en su intercambio con países no contratantes.
Para tal efecto, las Partes Contratantes procederán a establecer consultas inmediatas, de conformidad con la reglamentación respectiva, con el fin de actuar conjuntamente ante terceros, en los aspectos relacionados con la aplicación de los principios de su política de transporte marítimo, fluvial y lacustre.
Artículo 21
Las Partes Contratantes procederán dentro del más breve plazo posible, a simplificar, uniformar y codificar sus disposiciones legales y re
glamentarias sobre transporte marítimo, fluvial y lacustre, para adecuarlas a las normas del presente Convenio.
Artículo 22
Las Partes Contratantes adoptarán 'las medidas adecuadas para simplificar y uniformar, a la brevedad posible, los documentos y trámites de recepción y despacho de buques o naves, pasajeros y cargas.
Artículo 23
Las Partes Contratantes intensificarán sus esfuerzos para mejorar las condiciones portuarias de sus respectivos países, en los planos físico, técnico, administrativo y laboral, así como la navegabilidad de los ríos y canales y los sistemas de balizamiento y acceso a los puertos, con miras a aumentar la productividad y eficiencia y reducir los costos operacionales. Coordinarán sus servicios portuarios procurando que cada puerto se desarrolle de acuerdo a sus mejores posibilidades potenciales para favorecer el intercambio.
Artículo 24
Las Partes Contratantes proseguirán los esfuerzos para conceder a los países y territorios mediterráneos las facilidades necesarias y mejorar las existencias, a fin de facilitar su transporte marítimo, fluvial y lacustre, así como las de naturaleza portuaria destinadas a incrementar el tránsito de su comercio exterior.
Artículo 25
Las Partes Contratantes estimularán el desarrollo armónico de sus marinas mercantes para atender adecuada y eficientemente el transporte que se reserva por el artículo 4º de este Convenio y el de cada Parte Contratante con países extrazonales. A los fines de facilitar el desarrollo de las marinas mercantes incipientes de las Partes Contratantes, se tendrá especialmente en cuenta en lo pertinente, los principios establecidos en el Tratado de Montevideo y en las Resoluciones de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio.
Artículo 26
Las Partes Contratantes, considerando el artículo 1° de la Declaración de Política de Transporte marítimo, fluvial y lacustre de la Asociación Latinoamericana de Libra Comercio (Conferencia de las Partes Contratantes, Resolución 120 (V), al renovar o ampliar sus flotas, procurarán ordenar 'la construcción de sus buques o naves en astilleros instalados en territorio de las Partes Contratantes cuyos precios, condiciones, formas de pago y calidad sean iguales o más convenientes que los obtenibles en astilleros de otros países.
CAPITULO VIII
Vigencia y denuncia del Convenio. Artículo 27
El presente Convenio queda abierto a la firma de los Gobiernos de la República Argentina, la República de los Estados Unidos del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República de los Estados Unidos Mexicanos, la República del Paraguay, la República del Perú y la República Oriental del Uruguay, actuales Partes Contratantas del Tratado de Montevideo y será ratificado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el cual comunicará la fecha del depósito a las Partes Contratantes firmantes del presente Convenio y a las que en su caso hayan adherido.
El presente Convenio entrará en virgor sesenta días después del depósito del quinto instrumento de ratificación, con relación a los cinco primeros países que lo ratifiquen, y, para los demás países signatarios, el sexagésimo día posterior al depósito del respectivo instrumento de ratificación.
El Secretario Ejecutivo notificará a las Partes Contratantes signatarias la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio.
Artículo 28
Los países que ingresen a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio podrán adherir al presente Convenio, para cuyo efecto deberán manifestar por escrito su voluntad al Comité Ejecutivo Permanente.
Las Partes Contratantes deberán resolver por unanimidad la solicitud de adhesión, previo dictamen de la Comisión del Convenio acerca de la compatibilidad técnica y económica del régimen de política naviera del país solicitante y de las actividades y modalidades operativas de los buques o naves de su bandera con los principios, objetivos y exigencias del presente Convenio.
El Convenio entrará en vigor para el país adherente noventa días después del depósito del respectivo instrumento de ratificación, el que sólo podrá efectuarse con posterioridad a la resolución favorable de las Partes Contratantes.
Artículo 29
El presente Convenio no podrá ser firmado con reservas, ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su ratificación o adhesión.
Las reglamentaciones a que se refiere el presente Convenio deberán ser aprobadas por los dos tercios de las Partes Contratantes y no se aceptarán reservas.
Artículo 30
El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes después de transcurrido un año desde la fecha en que entre en vigor para esa Parte Contratante.
La denuncia se hará mediante notificación por escrito al Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, quien lo notificará a todas las Partes Contratantes.
El retiro de la Parte denunciante se hará efectivo seis meses después de la fecha en que la denuncia fuera recibida por el Secretario Ejecutivo, pero cesarán automáticamente para la Parte denunciante desde la fecha de presentación de la denuncia, los derechos y beneficios que correspondan a su condición de signataria del Convenio.
Artículo 31
Las Partes Contratantes, a propuesta de por lo menos dos de ellas y por convocatoria del Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, previo dictamen de la Comisión del Convenio, se reunirán, toda vez que las circunstancias así lo aconsejen, para estudiar los resultados de la aplicación del presente Convenio y deliberar y decidir sobre las enmiendas que fueran convenientes.
Las enmiendas deberán ser formalizadas en protocolos que serán aprobados por lo menos por los dos tercios de las Partes Contratantes y entrarán en vigor para cada una de las mismas en el orden en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 32
El presente Convenio se denominará Convenio de Transporte por Agua de la Alalc.
CAPITULO IX
Disposiciones transitorias. Artículo I
Las Partes signatarias del presente Convenio, dentro de los treinta días de firmado el mismo por cinco de ellas por lo menos, nombrarán una Comisión Especial integrada por un representante de cada una de las mismas, con la misión de estudiar y preparar, con el asesoramiento de la Asociación Latinoamericana de Armadores y de otros organismos o técnicos que estime necesarios, un proyecto de reglamentación del presente Convenio.
Esta Comisión Especial será convocada por la Secretaría Ejecutiva del Comité Ejecutivo Permanente.
Artículo II
Dentro del más breve plazo posible, la Comisión Especial creada por el artículo anterior presentará el proyecto de reglamentación, por intermedio de la Secretaría del Comité Ejecutivo Permanente a las Partes Signatarias, quienes convocarán a una conferencia de representantes de las mismas para que lo considere, de tal modo que la reglamentación del Convenio pueda entrar en vigor simultáneamente con el mismo. La convocatoria de esta Conferencia se hará por la Secretaría Ejecutiva del Comité Ejecutivo Permanente.
Artículo III
Dentro del plazo de treinta días de la entrada en vigor del presenteConvenio, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5º respecto a la constitución de Conferencias de Fletes.
Artículo IV
Dentro del plazo de un año a contar de la fecha que entre en vigor el presente Convenio, cada Parte Contratante adaptará a las disposiciones del mismo los convenios y acuerdos que tuviere con otra Parte Contratante en lo referente a transporte por agua.
Artículo V
No obstante lo dispuesto en el artículo 11, se considerarán buques o naves nacionales de cada Parte Contratante, los pertenecientes a personas, sociedades de personas o sociedades de capital que al 31 de diciembre de 1965 estaban definitivamente matriculados con título de propiedad registrado como nacional de una de las Partes Contratantes, conforme a la respectiva legislación.
Las personas, sociedades de personas o sociedades de capital, sólo podrán reponer o ampliar el tonelaje de los buques o naves de su propiedad a que se refiere el párrafo precedente, en el caso que se ajusten a las reglas y condiciones indicadas en el artículo 11.
Artículo VI
Las Partes Contratantes que al momento de suscribir o adherir al presente Convenio, manifiesten ante el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio que no pueden cumplir en buques o naves de su matrícula, las exigencias relativas a la nacionahdad del capitán, oficiales y resto de la tripulación, quedarán exentas de su cumplimiento en la medida de sus necesidades y hasta por tres años.
Se podrá conceder inclusive para el capitán y oficiales en la forma que determine la reglamentación, una prórroga de hasta dos años siempre que durante el primer período se hayan integrado las tripulaciones con personal nacional de las Partes Contratantes debidamente habilitado en el país de bandera del buque o nave, en la proporción indicada en el artículo 11.
Artículo VII
Se consideran nacionales de Colombia y nacionales del Ecuador, respectivamente, los buques o naves pertenecientes a la Flota Mercante Gran colombiana que al 31 de diciembre de 1965 estuvieran matriculados en uno de esos dos países con título de propiedad registrado como nacional, conforme a la respectiva legislación.
Artículo VIII
El transporte de productos a granel podrá ser convenido mediante acuerdos entre las Partes Contratantes directamente interesadas.
Al expirar el plazo a que se refiere el artículo 61 del Tratado de Montevideo, las Partes Contratantes del presente Convenio procederán a examinar el régimen aplicable al transporte de productos a granel, a fin de adaptarlo a las modalidades que exija la nueva etapa de integración de las economías de los países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo depositado sus Plenos Poderes hallados en buena y debida forma, firman el presente Convenio en nombre de sus respectivos gobiernos.
Hecho en la ciudad de Montevideo, a los treinta días del mes de septiembre del año 1966 en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.
El Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio será el depositario del presente convenio y enviará copias debidamente autenticadas del mismo a los Gobiernos de los países signatarios y adherentes.
Por el Gobierno de la República Argentina
Por el Gobierno de la República de los Estados Unidos del Brasil
Por el Gobierno de la República de Colombia
Por el Gobierno de la República de Chile
Por el Gobierno de la República del Ecuador.
Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
Por el Gobierno de la República del Paraguay
Por el Gobierno de la República del Perú
Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay
Certifico que la presente es copia auténtica del Convenio de Transporte por Agua de la ALALC, firmado el 30 de septiembre de 1966 por los plenipotenciarios de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Es copia fiel del original.
(Fdo.): Osear Pinochet, Subsecretario de Relaciones Exteriores. Nº 2. Santiago, 31 de mayo de 1967.
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: Como es de vuestro conocimiento, en la Primera Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, celebrada en Montevideo en el mes de noviembre de 1965, se adoptó una resolución que fijó la política de los Gobiernos de la ALALC en materia de transporte marítimo y se decidió concertar un Convenio destinado a poner en práctica dicha política dentro del ámbito de la Asociación.
En cumplimiento de esas resoluciones, la Primera Reunión del Consejo de Transporte y Comunicaciones de la ALALC, llevada a cabo en la misma ciudad de Montevideo, aprobó un proyecto de Convenio de Transporte por Agua de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio que, abierto a la firma de los Gobiernos de los países miembros, ya ha sido suscrito por Chile junto con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Paraguay. En esta forma, nueve de los Estados miembros de la ALALC han manifestado ya su voluntad de poner en marcha esta importante convención.
El Convenio de la referencia crea los elementos para llevar a la práctica los principios en que se basa la declaración de política naviera formulada por las más altas autoridades de la ALALC, quienes han reconocido la fundamental importancia que tiene el tráfico marítimo para el comercio de la Zona, ya que más del 95% de éste se desarrolla por la vía del mar, porcentaje que sube al 99% en cuanto dice relación al comercio con países extrazonales. Estos antecedentes, unidos a otros factores de orden político y económico, hacen evidente la necesidad de fortalecer nuestras marinas mercantes, de modo que puedan dar seguridad y estabilidad al transporte de nuestro comercio exterior y contribuir en gran manera a nuestro desarrollo económico.
Para Chile, este Convenio plantea un imperativo de acción que deberá traducirse en medidas rápidas y positivas que permitan dar un fuerte impulso a nuestra Marina Mercante, para no quedar rezagados en la expansión marítima latinoamericana que se avecina y cuyos primeros síntomas cabe desde ya advertir a través de diversas medidas acordadas por países de la Zona, tendientes a impulsar, fomentar y vigorizar sus marinas comerciales.
El Tratado de Montevideo no contempló el transarte entre sus disposiciones. No obstante, al comenzar su aplicación se pudo advertir que el gran proceso de integración latinoamericana no estaba completo ni podía fructificar como era debido sin que se dispusiera de un sistema de transporte marítimo que permitiese captar el intercambio comercial en naves de su propia bandera, medida que, junto con mejorar las balanzas de pago, permitiría preservar en todo tiempo y lugar el flujo normal de sus exportaciones e importaciones. De allí que el presente Convenio que se somete a Vuestra consideración complementa eficazmente el alcance del Tratado de Montevideo y da a los países miembros un valioso instrumento de progreso, abriendo perspectivas halagadoras de fuentes de trabajo para el desarrollo de industrias complementarias del transporte marítimo.
El Capítulo I del Convenio fija su alcance y expresa que se aplicará al transporte de cargas por vía marítima, fluvial y lacustres entre las Partes Contratantes que se realice por sus naves, aun cuando éstas prolonguen sus tráficos a países no Contratantes. Excluye de su alcance al transporte a granel de petróleo y sus derivados, a los tráficos o servicios de cabotaje y a los transportes destinados a/y procedentes de países no Contratantes (transporte extrazonal).
El Capítulo II establece la reserva de las cargas del intercambio zonal, con las excepciones antes señaladas, para las naves de los países contratantes del presente Convenio. La reserva se establece con igualdad de derechos y tratamiento entre sus miembros y dispone que el ejercicio del derecho a la reserva se hará efectivo en forma multilateral y su implantación será gradual, tanto en el tiempo como en el volumen que represente y en la medida que lo permita la capacidad de transporte de las marinas mercantes de las Partes Contratantes que operan en la Zona.
El Convenio contempla, asimismo, la participación en forma supletoria en el tráfico entre ellas de naves de países no contratantes que efectúen servicios regulares y tradicionales, dejando las condiciones a la reglamentación pertinente y siempre que esta participación quede enmarcada dentro de cuatro normas que estatuye el Convenio.
El Capítulo III trata sobre las condiciones del transporte. En él se dispone que las Partes Contratantes promoverán la constitución de Conferencias de Fletes u organismos similares entre armadores, que cumplan las condiciones que el Convenio establece como requisitos para participar en el tráfico entre países contratantes. Dichas Conferencias deberán tener sede en territorio de las Partes Contratantes, tendrán los objetivos que el Convenio les indica y para poder operar deberán obtener la aprobación de las autoridades competentes, las que deberán asimismo velar por el buen funcionamiento de estos organismos, controlando al mismo tiempo el cumplimiento de las tarifas de fletes y condiciones del transporte.
El mismo Capítulo señala, más adelante, las atribuciones y obligaciones que corresponden a las conferencias de fletes u organismos similares.
El Capítulo IV trata sobre la nacionalidad y arrendamiento de naves. Se establecen primeramente los requisitos o condiciones que debe reunir una nave para ser considerada nacional, a los efectos del Convenio, y los fija asimismo respecto de la matrícula, del título de propiedad, de los porcentajes mínimos de tripulación nacional y de la forma de acreditar la nacionalidad del propietario, especialmente en los casos en que las naves pertenezcan a una sociedad de personas, haya copropiedad o una sociedad de capitales.
Se señalan en este Capítulo las normas para arrendar o fletar naves, en caso de insuficiencia de bodegas de los buques nacionales de armadores propietarios de ellos, buques a los cuales se concede tratamiento de nave nacional en las condiciones que el Convenio señala. Asimismo, se contempla la posibilidad del arrendamiento o fletamiento temporario, en los casos en que una Parte Contratante no disponga de línea que opere en determinado tráfico y pretenda iniciar un servicio regular entre su país y aquéllos.
El Capítulo V establece la igualdad de tratamiento. Se dispone que los buques nacionales de las Partes Contratantes que transporten mercaderías y/o personas entre los respectivos países, recibirán igual tratamiento que los buques nacionales de cada Parte Contratante empleados en sus tráficos, conteniendo una enumeración de situaciones a vía de ejemplo.
El Capítulo VI crea la Comisión del Convenio, mediante la cual las Partes Contratantes velarán por el cumplimiento de él y que estará integrada por un representante de cada una de ellas.
La Comisión tendrá su sede en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y tendrá las atribuciones que se le asignan en este Capítulo y en el contexto general del Tratado.
El Capítulo VII, denominado Disposiciones Generales, señala que las Partes Contratantes establecerán las disposiciones adecuadas para asegurar el fiel cumplimiento del Convenio, indicando sanciones a su incumplimiento y el procedimiento para aplicarlas.
Establece asimismo que ninguna de las disposiciones del Convenio será interpretada como impedimento para la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la aplicación de leyes y reglamentos nacionales y de los acuerdos internacionales relativos a la seguridad de la navegación, de la vida humana en el mar y de sanidad.
Otras disposiciones generales se refieren a la acción de consuno para defender la política común de transporte por agua, simplificación, uniformación y codificación de disposiciones legales y reglamentarias sobre transporte por agua para adecuarlas a las normas del presente Convenio, iguales medidas sobre documentación y trámites de recepción y despacho de naves, pasajeros y cargas, mejoramiento de condiciones portuarias, desarrollo armónico de las marinas mercantes de las Partes Contratantes, posibilidad de ordenar la construcción de buques en astilleros instalados en territorio de las Partes Contratantes, expresándose, asimismo, que las Partes Contratantes proseguirán sus esfuerzos para conceder a los países y territorios mediterráneos las facilidades necesarias y para mejorar las existentes, a fin de facilitar su transporte por agua, así como las de naturaleza portuaria destinadas a incrementar el tránsito" de su comercio exterior.
El Capítulo VIII trata de la vigencia y denuncia del Convenio. Se establece en este Capítulo la nómina de los países a los cuales queda abierta la firma y ratificación, y el procedimiento y sistema de adhesión de otros países no nominados en este Capítulo y que ingresen a la ALALC. Se señala que el presente Convenio entrará en vigor 60 días después del depósito del quinto instrumento de ratificación con relación a los cinco primeros países que lo ratifiquen, y, para los demás signatarios, el sexagésimo día .posterior al depósito del respectivo instrumento dé ratificación.
Finalmente, se estatuyen los procedimientos de denuncia y de enmienda del Convenio. El Capítulo IX trata de Disposiciones transitorias referentes a la confección de un proyecto de reglamento del presente Convenio, la forma en que dicho proyecto deberá ser aprobado, constitución de conferencias de fletes, disposiciones de excepción al artículo 11 sobre nacionalidad de las naves, como asimismo sobre porcentajes de tripulación nacional y otras sobre los buques de Colombia y Ecuador, como también al transporte de productos a granel.
Por considerar que el Convenio, en comentario, cuyo texto acompaño, proporcionará un instrumento eficaz de progreso a la vez que permitirá a Chile competir en condiciones ventajosas con las flotas mercantes de los otros países signatarios, vengo en someter a la consideración de Vuestras Señorías la aprobación del siguiente:
Proyecto de Acuerdo
Artículo único: Apruébase el Convenio de Transporte por Agua de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, suscrito en la ciudad de Montevideo el 30 de septiembre de 1966.
Santiago, 12 enero de 1967.
8.- INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE INTERPRETA LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, EN LO RELATIVO A LA DELEGACION DE ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas ha estudiado el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que interpreta la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo a la delegación de facultades administrativas.
A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de los miembros de vuestra Comisión, el señor Ministro de Obras Públicas, don Sergio Ossa Pretot, y el señor Director General de Obras Públicas, don Alfonso Díaz Ossa,
El artículo 42 de la ley Nº 15.840 autoriza las delegaciones de facultades en la Dirección General de Obras Públicas. Su inciso penúltimo, que se interpreta por el proyecto, establece que la delegación se hará bajo la responsabilidad del delegante, sin perjuicio de la que corresponda al delegado.
La Contraloría General de la República ha dictaminado que la norma transcrita modifica las reglas y principios generales de las delegaciones de atribuciones administrativas, porque la frase "bajo la responsabilidad del delegante" significa que éste conserva su responsabilidad por el uso ilegítimo de las atribuciones delegadas por parte de quien las ejerza y que, en consecuencia, las irregularidades cometidas por estos últimos afectan también la responsabilidad del delegante.
El proyecto en informe interpreta el precepto aludido de manera diversa. En efecto, declara que el sentido del inciso penúltimo del artículo 42 de la referida ley es que el delegante es responsable por sus actuaciones propias en el acto de la delegación y de las que provengan de su obligación de supervigilar y fiscalizar el correcto ejercicio de las facultades que hubiere delegado. En consecuencia, la responsabilidad derivada del ejercicio de las facultades delegadas recae exclusivamente en el delegado.
Por otra parte, dispone que cuando la delegación de facultades recaiga en un empleado a contrata la responsabilidad derivada del ejercicio de dichas atribuciones será solidaria entre el delegante y el delegado.
El señor Ministro de Obras Públicas expresó que la interpretación de la Contraloría ha impedido el ejercicio de las facultades que concede el artículo 42 de la ley Nº 15.'840, debido a que cualquier acto cometido por un funcionario al cual se le han delegado atribuciones responsabiliza al delegante.
Hizo presente, además, que en otros Servicios Públicos existe la institución de la delegación, pero sin que el delegante sea responsable de los actos que en el ejercicio de dichas funciones ejecute el delegado.
Terminó expresando que la disposición propuesta interpreta la intención que tuvo el legislador al aprobar el precepto vigente y que aquélla, al mismo tiempo, mantiene un régimen más estricto en la Dirección General de Obras Públicas en materia de delegación de atribuciones administrativas.
El señor DirectorGeneral de Obras Públicas manifestó que ¡a situación actual ha significado un grave entorpecimiento para el funcionamiento del Servicio que dirige, el que por sus complejas actividades, como por el hecho de que las desempeña en todo el territorio de la República, requiere una fuerte descentralización, para la cual es indispensable la delegación de facultades administrativas.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó en general este proyecto.
El inciso primero de este artículo único es el que dispone que la responsabilidad del delegante es la derivada de sus actuaciones propias en el acto de la delegación, sin perjuicio de su obligación de supervigilar y fiscalizar el correcto ejercicio de las facultades que hubiere delegado.
El Honorable Senador señor Curti expresó que de la redacción de la norma en informe puede concluirse que la obligación de supervigilar no proviene de la delegación misma, a pesar de que el precepto vigente estatuye que la delegación se hará bajo la responsabilidad del delegante, y que, en consecuencia, lo obliga a supervigilar y fiscalizar el correcto ejercicio de las mencionadas facultades.
Fundado en lo anterior, propuso sustituir las palabras "sin perjuicio" por la conjunción "y".
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta indicación. El inciso segundo del artículo único declara que la responsabilidad derivada del ejercicio de las facultades delegadas recaerá, exclusivamente, en el delegado.
El Honorable Senador señor González Madariaga expresó que la norma transcrita debilitaba las prescripciones del inciso primero al eliminar la responsabilidad del delegante en la fiscalización del ejercicio de las mencionadas atribuciones.
En consecuencia, formuló indicación para suprimir la palabra "exclusivamente" y para hacer mención expresa, en este inciso, a la norma contenida en el primero.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.
Por último, vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el inciso tercero que regula la responsabilidad en la delegación de atribuciones en el caso de que ella recaiga en personal a contrata.
En mérito a las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Obras Públicas tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto en informe, con las siguientes enmiendas:
Artículo único
En el inciso primero suprimir la coma (,) que sigue a la palabra "delegación" y sustituir los vocablos "sin perjuicio" por la conjunción "y".
En el inciso segundo suprimir la palabra "exclusivamente" y las comas (,) que la precede y la sigue, y agregar después del vocablo "delegado", lo siguiente: ", sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior".
En consecuencia, el texto aprobado por vuestra Comisión es el siguiente :
"Proyecto de ley:
Artículo único.- Interprétase el artículo 42 de la ley Nº 15.840, modificado por el artículo 19 de la ley Nº 16/582, en el sentido de que la responsabilidad del delegante, a que se refiere su inciso penúltimo, es la derivada de sus actuaciones propias en el acto de la delegación y de su obligación de supervigilar y fiscalizar el correcto ejercicio de las facultades que hubiere delegado.
Declárase, asimismo, que la responsabilidad derivada del ejercicio de las facultades delegadas recaerá en el delegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior.
Cuando la delegación de facultades recaiga en el personal a contrata la responsabilidad derivada al ejercerlas será solidaria entre delegante y delegado.".
Sala de la Comisión, a 29 de marzo de 1968.
Acordado en sesión de día 27 del presente mes, con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señores Curtí (Presidente), Contreras Tapia, Chadwick, Ferrando y González Madariaga.
(Fdo.) : Iván Auger habarca, Secretario.