Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Anibal Perez Lobos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Rosa Gonzalez Roman
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Mario Bertolino Rendic
- Enrique Krauss Rusque
- Alejandro Navarro Brain
- INTEGRACIÓN
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Juan Jose Bustos Ramirez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS VERTEDEROS DE SANTA MARTA, DE LONQUÉN, Y RINCONADA DE MAIPÚ.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Luis Pareto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- DEBATE
- DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 19.588, QUE DECLARA FERIADO LEGAL EL “DÍA DE LA UNIDAD NACIONAL”. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.353, SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS CORA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.162, SOBRE SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE GANADO. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 3.500, DE 1980, EN MATERIAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS VERTEDEROS DE SANTA MARTA, DE LONQUÉN, Y RINCONADA DE MAIPÚ.
- VII. INCIDENTES
- FUNCIONAMIENTO DE COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR EFECTOS DE MEDIDAS EN FAVOR DE ZONAS EXTREMAS. Oficios.
- COMPENSACIÓN POR EFECTOS DE CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficio.
- TRÁNSITO DE GANADO EN FRONTERA CON ARGENTINA. Oficios.
- ALCANCES SOBRE ACTUACIÓN DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
- SOLUCIÓN A SOCIOS DE COOPERATIVA HABITACOOP DE POBLACIÓN LOS OLIVOS, DE ARICA. Oficios.
- VENTAJAS PARA TRAER A PUERTO CHILENO GAS DE BOLIVIA. Oficios.
- FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN VIAL DE LA DÉCIMA REGIÓN Y VENTA DE ACTIVOS DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Oficios.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Pablo Lorenzini Basso
- Waldo Mora Longa
- Sergio Velasco De La Cerda
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- CAPACITACIÓN DE ENCUESTADORES DEL PRÓXIMO CENSO NACIONAL. Oficio.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Pablo Lorenzini Basso
- Waldo Mora Longa
- Sergio Velasco De La Cerda
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- DENUNCIA POR MALTRATO EN RECINTOS POLICIALES. Oficio.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Pablo Lorenzini Basso
- Waldo Mora Longa
- Sergio Velasco De La Cerda
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- DETENCIÓN DE COMUNEROS INDÍGENAS EN LAUTARO. Oficios.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Pablo Lorenzini Basso
- Waldo Mora Longa
- Sergio Velasco De La Cerda
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- IRREGULARIDADES EN RECEPCIÓN DE EDIFICACIÓN DE MALL EN PUERTO MONTT. Oficios.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Pablo Lorenzini Basso
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Sergio Velasco De La Cerda
- Waldo Mora Longa
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- LIMPIEZA DE COLECTORES Y RESUMIDEROS PARA EVITAR PROBLEMAS EN INVIERNO. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Velasco De La Cerda
- Homero Gutierrez Roman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Villouta Concha
- Haroldo Fossa Rojas
- Osvaldo Palma Flores
- Manuel Rojas Molina
- Mario Bertolino Rendic
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- DESGLOSE DE ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE PESCA ARTESANAL EN REGIONES. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Velasco De La Cerda
- Homero Gutierrez Roman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Villouta Concha
- Haroldo Fossa Rojas
- Osvaldo Palma Flores
- Manuel Rojas Molina
- Mario Bertolino Rendic
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- FINANCIAMIENTO DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA EN TALCA. Oficio.
- REGULACIÓN DE ARANCELES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Velasco De La Cerda
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Villouta Concha
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE VIVIENDAS POR PARTE DE HABITACOOP EN COMUNA DE ALGARROBO. Oficios.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Edmundo Villouta Concha
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- RECONOCIMIENTO A DIPUTADOS QUE FINALIZAN SU PERÍODO PARLAMENTARIO. Oficios.
- VACANCIA EN DIRECCIÓN DEL LICEO DE LUMACO Y PETICIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- PETICIÓN DE RESPUESTA DEL ALCALDE A ACUSACIÓN DE CONCEJALES DE RENAICO. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN RÍO PICOIQUÉN. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- DEVOLUCIÓN DE DINERO A EX SOCIOS DE LA MUTUAL DE GENDARMERÍA. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- FALTA DE RECURSOS EN HOSPITAL BASE DE OSORNO. Oficio.
- RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN LINARES. Oficio.
- ADHESION
- Mario Bertolino Rendic
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE SELECCIÓN DE POSTULANTES A CARGOS DE SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES. Oficio.
- SOLICITUD DE INFORME RESPECTO DEL EMPRESAS QUE OPERAN FOTORRADARES. Oficio.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- INFORMACIÓN ACERCA DE GESTIÓN DE EMBAJADOR DE CHILE EN ARGENTINA. Oficio.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON MOTIVO DEL TÉRMINO DEL PERÍODO PARLAMENTARIO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 1.Oficio del Senado.
- 2. Oficio del Senado.
- 3. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que deroga la ley Nº 19.588 y suprime los feriados que indica. (boletín Nº 2779-06-1) (S)
- 4. Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Pública.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 30ª, en miércoles 23 de enero de 2002
(Ordinaria, de 10.50 a 16.18 horas)
Presidencia de los señores Pareto González, don Luis; Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo.
Presidencia accidental de la señora Caraball Martínez, doña Eliana, y de los señores Ojeda Uribe, don Sergio, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia ........................................................................................................ 6
II. Apertura de la sesión ..................................................................................... 9
III. Actas ................................................................................................................ 9
IV. Cuenta ............................................................................................................. 9
- Integración de Comisión Mixta........................................................................ 10
-
Permiso constitucional ..................................................................................... 11
V.
Acuerdos de los Comités................................................................................ 11
VI. Orden del Día.
- Informe de la Comisión investigadora de los vertederos de
Santa Marta
, de Lonquén, y Rinconada de Maipú ..................................................................... 12
- Derogación de la ley Nº 19.588, que declara feriado legal el “Día de la Unidad Nacional”. Segundo trámite constitucional ............................................... 29
-
Modificación de la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas Cora. Tercer trámite constitucional....................................................................................... 36
-
Modificación de la ley Nº 19.162, sobre sistema de clasificación de ganado. Segundo trámite constitucional ........................................................................ 37
-
Modificación del decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materias de inversiones de los fondos de pensiones. Tercer trámite constitucional............................... 43
-
Modificación de la ley general de Cooperativas. Segundo trámite constitucional. (Continuación)...................................................................................... 52
VII. Incidentes.
- Funcionamiento de Comisión especial encargada de estudiar efectos de medidas en favor de zonas extremas. Oficios ....................................................... 53
- Compensación por efectos de cortes de energía eléctrica. Oficio.................... 54
- Tránsito de ganado en frontera con Argentina. Oficios ................................... 54
- Alcances sobre actuación de organismos financieros internacionales............. 55
- Solución a socios de cooperativa Habitacoop de población Los Olivos, de Arica. Oficios ................................................................................................... 56
- Ventajas para traer a puerto chileno gas de Bolivia. Oficios ........................... 57
- Funcionamiento de la Corporación Vial de la Décima Región y venta de activos de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Oficios.............................. 57
- Capacitación de encuestadores del próximo censo nacional. Oficio ............... 58
- Denuncia por maltrato a personas en recintos policiales. Oficio ..................... 58
- Detención de comuneros indígenas en Lautaro. Oficios.................................. 60
Pág.
- Irregularidades en recepción de edificación de mall en Puerto Montt. Oficios ................................................................................................................... 61
- Limpieza de colectores y resumideros para evitar problemas en invierno. Oficio ............................................................................................................... 61
- Desglose de asignación de cuotas de pesca artesanal en regiones. Oficio....... 62
- Financiamiento de colector de aguas lluvia en Talca. Oficio .......................... 63
- Regulación de aranceles en universidades privadas. Oficio ............................ 63
- Irregularidades en entrega de viviendas por parte de Habitacoop en comuna de Algarrobo. Oficios....................................................................................... 64
- Reconocimiento a diputados que finalizan su período parlamentario. Oficios 65
- Vacancia en dirección del liceo de Lumaco y petición de convocatoria a concurso. Oficios ............................................................................................. 67
- Petición de respuesta del alcalde a acusación de concejales en Renaico. Oficio..................................................................................................................... 67
- Construcción de embalses en Río Picoiquén. Oficio ....................................... 68
- Devolución de dinero a ex socios de la mutual de Gendarmería. Oficio ......... 68
- Falta de recursos en hospital base de Osorno. Oficio ...................................... 68
- Retraso en construcción de paso sobre nivel en Linares. Oficio...................... 70
- Antecedentes sobre selección de postulantes a cargos de secretarías regionales ministeriales. Oficio.................................................................................... 70
- Solicitud de informe respecto de empresas que operan fotorradares. Oficio... 71
- Información acerca de gestión del
. Oficio . 71
embajador de Chile en Argentina
- Reconocimiento a funcionarios de la Cámara de Diputados con motivo del término de período parlamentario. Oficios ...................................................... 72
VIII. Documentos de la Cuenta.
1.
Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones (boletín Nº 2628-13)........ 74
2.
Oficio del Senado mediante el cual comunica que ha rechazado el proyecto que establece como feriado local en la comuna de Arica el día 7 de junio de cada año, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma de resolver las discrepancias producidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política de la República. (boletín Nº 2685-06) ...................................................................... 82
3.
, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto que deroga la ley Nº 19.588 y suprime los feriados que indica. (boletín Nº 2779-06) (S) .................................. 82
Informe de la Comisión de Gobierno Interior,
Regionalización
4.
Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público por el cual informa la creación de la unidad especializada en lavado de dinero y crimen organizado, y la designación de su director................................................................... 87
señor
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-De la jefa de la bancada del Partido por la Democracia por la cual informa que a contar de esta fecha ha sido designado como jefe de Comité el diputado señor Aníbal Pérez.
-Del diputado señor Juan Bustos, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 2 de febrero en curso para dirigirse a México.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (98)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
---Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Tomás Jocelyn-Holt, Enrique Krauss, Gutenberg Martínez y la señora Laura Soto.
---Asistieron, además, los ministros de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; de Justicia, señor José Antonio Gómez; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Mario Fernández.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.50 horas.
El señor PARETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor PARETO (Presidente).-
El acta de la sesión 22ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 23ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, me extraña que en la Cuenta no se haga referencia al informe sobre incumplimientos de las normas laborales, despachado por la Comisión antes del 18 de octubre, y que hasta la fecha no ha sido entregado a la Sala. La semana pasada consulté con el Secretario, quien me lo pasó para que lo revisara.
Quiero reclamar sobre este hecho y solicitar que el informe se incluya en la Cuenta a la brevedad, porque se ha postergado el debate en la Sala de un tema muy importante.
El señor PARETO (Presidente).-
Señor diputado, la Mesa va a tomar todas las medidas necesarias al respecto.
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, haré uso de la palabra una vez que los colegas diputados terminen de referirse a la Cuenta.
Debo señalar, como bancada, que respaldamos enteramente la petición del diputado señor Carlos Montes.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, pido que ponga en votación el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley general de Cooperativas, el cual lleva mucho tiempo en estado de ser despachado. La Comisión de Economía ya remitió a la Sala su informe sobre las modificaciones. Contiene dos o tres aspectos que podrían ser resueltos rápidamente. Con sus disposiciones se ha solucionado, tal vez, lo relacionado con Eurolatina y con algunas cooperativas.
Por lo tanto, solicito que sin discusión sea puesto en votación, para enviarlo a Comisión Mixta y resolver este tema rápidamente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, como jefa del Comité del Partido por la Democracia me sumo a lo planteado por el diputado señor Montes respecto del informe, elaborado por la Comisión, sobre abusos laborales.
Además, espero que en la primera semana de marzo se incorpore en la Tabla y se discuta el proyecto sobre acoso sexual, cuyo informe evacuó la Comisión de Trabajo hace diez meses más o menos.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la Comisión de Ciencias y Tecnología tiene aprobados dos informes de comisiones investigadoras; uno sobre NIC Chile y otro respecto de Microsoft. Como están listos para ser considerados por la Sala, pido que la Mesa los ponga en Tabla.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, el informe de incumplimientos laborales no se puede poner en Tabla porque aún no se incorpora ni siquiera en la Cuenta; por lo tanto, pido que se incluya en ella hoy o en la próxima sesión.
El señor PARETO (Presidente).-
Señor diputado, la Comisión todavía no lo ha enviado para ponerlo en la Cuenta.
El señor MONTES.-
La Comisión lo despachó en el mes de octubre.
El señor PARETO (Presidente).-
Pero no lo ha mandado para ponerlo en la Cuenta.
Un señor DIPUTADO.-
Así es.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a las peticiones de los diputados señores Montes y Encina. Me parecen razonables, pero quiero referirme a otro tema.
Hemos sido informados que el Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley que establece, por un lado, la amnistía a aquellos conductores multados por infracciones detectadas con fotorradares y, por otro, la suspensión de este sistema, que tanto reproche ha generado en la sociedad.
Según la información que tenemos, el Senado conocerá la iniciativa a las 15 horas, por lo que pido que cite a reunión de Comités con el objetivo de que nos pongamos de acuerdo para que también lo tratemos en la tarde de hoy. De lo contrario, quedará la impresión en la opinión pública de que el Senado trató un proyecto sobre esta importante materia, que ha provocado tanto revuelo, y que nosotros, por no haber sesionado, no lo despachamos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, Reglamento.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, a mi juicio, las opiniones que se han dado son absolutamente válidas, pero me parece que debería citar a una reunión de Comités para que resolvamos todas estas materias cuanto antes. De lo contrario, puede generarse una discusión enorme. Por ejemplo, me indican otros diputados que no se han puesto en Tabla los informes sobre Alto Cachapoal, Digeder y otros.
Lo mejor, repito, es citar a una reunión de Comités para que veamos cómo se resuelven en la sesión de hoy los temas planteados por el diputado señor Luksic y por otros colegas.
He dicho.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que establece como feriado local en la comuna de Arica el día 7 de junio de cada año -boletín Nº 2865-07-, con las diputadas señoras Rosa González y Antonella Sciaraffia, y los diputados señores Mario Bertolino, Enrique Krauss y Alejandro Navarro.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política y 35 del Reglamento, se concederá el permiso constitucional solicitado por el diputado señor Juan Bustos con el fin de ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 2 de febrero del año en curso, para dirigirse a México.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Se suspendió la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PARETO (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Reunidos los Comités parlamentarios en el día de hoy, bajo la presidencia del señor Pareto, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1. Celebrar sesión especial a contar de las 17 horas de hoy, con el objeto de conocer el proyecto de ley sobre fotorradares, ingresado hoy al Senado, omitiendo el trámite de Comisión y dando un tiempo de diez minutos por bancada para los efectos de su discusión.
2. Autorizar a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación para sesionar simultáneamente con la Sala a contar de las 12 horas de hoy, con el objeto de conocer el proyecto relativo al colegio Manuel de Salas.-
3. Votar hoy proyecto de ley sobre Cooperativas.
4. Hacer presente a la Sala que el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.500, sobre inversiones de los fondos de pensiones, cuya urgencia ha sido calificada de “discusión inmediata”, ingresa a la Tabla por ministerio del Reglamento y se tratará a continuación de los proyectos mencionados. En su discusión, cada bancada dispondrá de diez minutos.
5. Prorrogar el Orden del Día en media hora.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, ¿se prorroga el Orden del Día sólo por media hora?
El señor PARETO (Presidente).-
Señor diputado, se verá oportunamente si es necesario dar más tiempo.
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González para plantear un asunto de Reglamento.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, sólo para consultar si la Comisión de Vivienda podrá sesionar en forma simultánea con la Sala a partir de las
15.30 horas, pues tiene invitados y debe abocarse al estudio del caso de la Cooperativa Habitacoop.
El señor PARETO (Presidente).-
Desde la hora en que se inicie Incidentes, pueden sesionar todas las comisiones que estén citadas, salvo que alguna comenzare a las 17, hora de inicio de la sesión especial.
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa para plantear un asunto reglamentario.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, sólo para consultar si la Mesa analizó la situación tan anormal creada por el Ejecutivo -lo que, desde mi perspectiva, es una falta de respeto- con la presentación de un proyecto con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
Me parece importante dar a conocer la molestia de la Corporación por esta nueva medida abusiva del Ejecutivo.
El señor PARETO (Presidente).-
La Mesa quedó facultada para hacerlo. Además, cada bancada tiene 10 minutos para dar a conocer su punto de vista acerca del proyecto.
VI.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LOS VERTEDEROS DE SANTA MARTA, DE LONQUÉN, Y RINCONADA DE MAIPÚ.
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión investigadora encargada de analizar la decisión adoptada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago respecto de los vertederos de Santa Marta, de Lonquén, y Rinconada de Maipú.
Diputado informante de la Comisión investigadora es el señor Leopoldo Sánchez.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión investigadora, sesión 20ª, en 18 de diciembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, la opinión pública se ha sentido impactada por las protestas de los pobladores, de ciertos sectores municipales, incluso de representantes del mundo académico y de la Iglesia, por la decisión adoptada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana en orden a aprobar los vertederos Santa Marta, de Lonquén, y Rinconada de Maipú, no obstante los graves problemas -cabe destacarlo-de disposición final de residuos domiciliarios e industriales de la Región Metropolitana, que agravan su situación ambiental.
Adicionalmente, diversas autoridades y representantes de organizaciones comunitarias plantearon que tal decisión afectará principalmente la utilización de tierras agrícolas, la flora y fauna del sector, y acarreará la contaminación de napas subterráneas. Además, señalaron que ello conlleva la intervención de un ecosistema muy sensible, como es Quebrada de La Plata, con la agravante de que falta un estudio hidrológico serio. Incluso no se ha reparado en las consecuencias que provocará sobre las exportaciones de los productos agrícolas de la zona, con lo cual se afectará la llamada “imagen país”.
A lo anterior, se suma el efecto sobre la salud de las personas, habida consideración de que las comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia presentan los índices más altos de contaminación de la Región Metropolitana.
Por lo anterior y en atención a la gravedad de los hechos, en la Comisión de Recursos Naturales, que actuó en este caso como Comisión investigadora, se analizó en detalle el proceso que derivó en la decisión adoptada por la Corema Metropolitana.
Como el informe es bastante voluminoso y tenemos poco tiempo, sólo mencionaré los temas más importantes.
A partir del año 2000, se planteó una política regional de residuos sólidos domiciliarios. Para analizar el tema se deben considerar aspectos tales como su manejo, costo de transporte y de disposición.
Una política adecuada en materia de residuos debe ser complementada con estrategias, como la incorporación del tema en la agenda política, conjugar los intereses de todos los actores, tanto públicos como privados; revisión del marco normativo, definir líneas de trabajo para una adecuada fiscalización, vincular las líneas de acción con el objetivo principal de producir menor cantidad de residuos, unido a estrategias vinculadas a los estilos de vida de la población, etcétera.
El volumen y la composición de los residuos, sistemas de reciclaje, recolección, transporte y disposición final son elementos básicos de este proceso.
En consideración al término de la vida útil del relleno Lo Errázuriz, en 1993 la Intendencia de la Región Metropolitana, el gobierno regional y los municipios del Gran Santiago llamaron a licitación pública para implementar el desarrollo de un nuevo relleno sanitario para la Región Metropolitana. La licitación fue declarada nula por la Contraloría General de la República en dictamen fundado en que el manejo de los residuos sólidos era una atribución exclusiva de los municipios.
Con posterioridad, Emeres, constituida por varios municipios de la Región Metropolitana, llamó a otra licitación, la que fue declarada desierta debido a que las ofertas presentadas no cumplían con los requisitos técnicos y económicos establecidos en las bases del proceso.
En 1995, se cerró en forma definitiva el relleno Lo Errázuriz, y en 1996, Cerros de Renca. Este último fue reemplazado por el relleno Loma Los Colorados, licitado por el Consejo de alcaldes de cerros de Renca, ubicado en la comuna de Tiltil, al norte de Santiago.
La Región Metroplitana, asimismo, presenta una actividad paralela en cuanto a verter residuos en lugares no autorizados -se han detectado por lo menos doscientos basurales clandestinos-, lo que se traduce en importantes focos de contaminación, denominados “vertederos ilegales de residuos sólidos”, en los cuales se depositan toda clase de residuos, sin distinción.
El Plan Regulador Metropolitano de Santiago establece una serie de consideraciones; por ejemplo, define lo que se entiende por relleno sanitario, autorización del emplazamiento, construcciones, instalaciones, etcétera.
Por otro lado, es necesario considerar, además, que la ley Nº 19.300, acerca de Bases del Medio Ambiente, en su artículo 10, enumera los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental y que, por lo tanto, deben someterse al Sistema de evaluación de impacto ambiental. Específicamente, su letra o) se refiere a los proyectos de saneamiento ambiental, tales como plantas de tratamiento de residuos sólidos y de origen domiciliario, rellenos sanitarios, etcétera.
Del mismo modo, el artículo 11 señala que cuando los proyectos o actividades enumerados en el artículo anterior presenten riesgos para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de residuos, se requerirá la elaboración de un estudio de impacto ambiental.
Con fecha 6 de enero de 2001, el subsecretario general de la Presidencia, en carta dirigida al presidente del Consejo de administración de alcaldes, respecto del proceso de licitación de soluciones para la disposición intermedia y final de los residuos domiciliarios de los municipios de la zona sur de Santiago, recalcó la necesidad de contar a la brevedad posible con alternativas que permitan hacer efectivo el cierre del ya famoso vertedero de Lepanto, que es una vergüenza ambiental de la Región Metropolitana.
Asimismo, definen los acuerdos para la licitación de nuevos vertederos. Es necesario recordar que, concordante con la política sobre residuos sólidos en la Región Metropolitana, se seleccionan cuarenta sitios que eventualmente presentaban aptitudes para la construcción de rellenos sanitarios. Luego de un análisis técnico y visitas a terreno, en las cuales se evaluaron las ventajas y desventajas que presentaban, se concluyó que sólo catorce eran aptos para tales fines.
Aquí sucede algo curioso y esto explica el porqué de esta Comisión investigadora. De los catorce sitios que resultan aptos, se eligen los proyectos Santa Marta, en las cercanías de Lonquén, y Rinconada de Maipú, en Santiago poniente, sitios que no figuran dentro de ellos.
El relleno Santa Marta se localiza a 12,5 kilómetros al poniente de la intersección de la Ruta 5 con el río Maipo, comuna de Talagante. La inversión es de 21 millones de dólares. Ocupa una superficie de 296 hectáreas, tiene una capacidad de recepción inicial de 60 mil toneladas mensuales de basura, con un 5 por ciento de incremento anual.
Los informes sectoriales fueron emitidos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios a la Corporación de Fomento Forestal, al Servicio Agrícola y Ganadero, al Servicio Nacional de Geología y Minería, al gobierno regional, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Servicio Nacional de Turismo, al Ministerio de Obras Públicas, al Consejo de Monumentos Nacionales, al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a las municipalidades de Talagante y de Calera de Tango y a la Conama de la Región Metropolitana. También hubo un proceso de participación ciudadana.
Principales objeciones:
Fue rechazado por unanimidad en dos ocasiones anteriores, en 1996 y en 1998.
En 2001 se insiste en el proyecto que ya había sido rechazado. Pese a los informes negativos de los servicios competentes y a la oposición de la ciudadanía, y no obstante que su emplazamiento no difiere fundamentalmente del señalado en el proyecto original -sólo cambia el proponente-, que es objeto de una serie de objeciones por parte de varias instituciones cuya relación es muy extensa -no me referiré a ellas en esta ocasión-, la Corema Metropolitana lo autoriza.
Proyecto relleno sanitario Santiago Poniente
Constituye una alternativa técnica para la disposición final sanitaria de parte de los residuos sólidos domiciliarios que en la actualidad se depositan en el vertedero de Lepanto.
Características técnicas:
Su diseño obedece a la disposición final de residuos cuyas características sean asimilables a los residuos domiciliarios. Contempla exigencias como minimización del área por intervenir e incorpora factores como capacidad de soporte del suelo.
También se consulta a una serie de instituciones, al igual que en el caso de Santa Marta, razón por la cual no las repetiré.
Factores de riesgo:
Al respecto, se puede destacar la existencia de una línea de alta tensión que atraviesa el predio, el emplazamiento del poliducto de Sonacol Concón-Maipú y de un gasoducto de Electrogas Interconexión San Bernardo-Puntilla del Viento. Ambas obras mantienen un contrato de servidumbre con el dueño del predio, que cubre una franja de diez metros de ancho con una longitud de casi seis kilómetros.
Entre las principales objeciones a la aprobación del proyecto podemos citar el eventual reservorio de virus hanta en el área de emplazamiento, aspecto planteado por el Sesma que no fue considerado por la Corema; la obligación de efectuar monitoreo de aguas subterráneas en localidad mal individualizada; omisión de la obligación de someter a aprobación por parte de la Dirección de Obras Hidraúlicas de toda modificación de cauce de aguas; no se consigna la vida útil mínima de las obras; no se exige implementar plazas de pesaje en las vías de acceso; falta de claridad en cuanto a quién asumirá la mantención y renovación de las vías de acceso; no se solicitó una evaluación ambiental de las vías de acceso locales del área urbana de la comuna de Maipú -debo recordar que en ese sector viven 600 mil personas y que una proyección indica que en los próximos diez años llegarían a un millón-; falta de un proceso de seguimiento y monitoreo de la evaluación de la situación vial y de transportes, etcétera.
Las opiniones del decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, de representantes de la Sociedad Nacional de Oleoductos, de docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas del Departamento de Ecología de la Universidad Católica, entre otras, son absolutamente contrarias al proyecto.
Las principales objeciones son las siguientes:
Capacidad de uso de suelo: No se da cumplimiento a la exigencia de la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.
No se respeta el uso de suelo según norma vigente y calidad del suelo.
Se advierten fallas tectónicas.
Actividades incompatibles: el proyecto se localiza a menos de cuatro kilómetros de la Escuela Agrícola Experimental de la Universidad de Chile, de la Escuela de Suboficiales del Ejército y de la Quebrada de la Plata.
Impacto vial: el proyecto no fue evaluado sobre la base de la existencia de estaciones de transferencia en su estudio de impacto vial. Sin embargo, la Corema permite la llegada de camiones desde una estación.
Riesgo por obras artificiales: la existencia de un poliducto y de un gasoducto.
Olores y vientos, etcétera.
Consideraciones:
Al tenor de todas las informaciones y opiniones recabadas durante el transcurso de la investigación, se pudo concluir que las observaciones más importantes que avalan el rechazo de la instalación del vertedero Rinconada de Maipú dicen relación con los aspectos que se consignarán a continuación, sin perjuicio de los reparos consignados en el capítulo III respecto del vertedero Santa Marta, de Lonquén:
1. Incumplimiento del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.
2. Calidad del terreno.
3. Vulnerabilidad del recurso acuífero.
4. Influencia del “ecosistema relleno sanitario” en la biodiversidad.
5. Proximidad con obras artificiales, como poliductos y gasoductos.
6. Ausencia de un programa obligatorio de mantención de las alternativas de caminos por el período completo de operaciones del proyecto.
7. No se consideró el establecimiento de plazas de pesaje. --
8. Aumento de posibilidades de presencia de roedores silvestres, en particular del ratón colilargo, transmisor del virus hanta.
9. Incumplimiento de aspectos formales de las bases de licitación. Hay un informe del fiscal nacional económico y, actualmente, la Comisión Resolutiva analiza la aplicación de sanciones.
10. Proximidad del relleno sanitario de Maipú con la Escuela de Suboficiales del Ejército, la Escuela Agrícola Experimental de la Universidad de Chile y el templo votivo de Maipú, lo que en último caso perjudicaría su entorno y acceso de los peregrinos, según el rector de dicho templo.
11.
Ausencia de un estudio específico sobre posibles efectos negativos de los vientos y olores, exigido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.
Conclusiones:
1. En virtud de todo lo anteriormente expresado, la Comisión acordó manifestar su más enérgico rechazo a la instalación de los vertederos Santa Marta, de Lonquén, y Rinconada de Maipú.
2. Desestimar, asimismo, la aprobación de éstos por parte de la Corema, fundado en la falta de una adecuada ponderación de las observaciones técnicas y la omisión de estudios que permitan sustentar esta decisión.
3. Rechazar, asimismo, la decisión unánime del Consejo Regional Metropolitano, en orden a modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, lo que permitió la aprobación del vertedero Rinconada de Maipú.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, se acordó, además, enviar copia de este informe a las siguientes autoridades: A su Excelencia el Presidente de la República, al ministro secretario general de la Presidencia, a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, al intendente de la Región Metropolitana en su calidad de presidente del Consejo Regional, al director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y al director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana.
El informe de la Comisión es bastante largo, de manera que apelo a la tolerancia de mis colegas por haberme saltado muchas de sus partes.
Para efectuar esta investigación, que se ajustó a los plazos, la Comisión invitó a participar al intendente de la Región Metropolitana de la época, don Sergio Galilea, en su calidad de presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente; a sus asesores, señora Karina Henríquez, jefa del área jurídica, y señor Cristián Aqueveque, jefe del área de estudio de impacto ambiental; a los señores Pedro Mattar, fiscal nacional económico, y Tomás Monsalve, asesor jurídico de la misma entidad; al señor Roberto Sepúlveda Hermosilla, alcalde de la ilustre municipalidad de Maipú; a los concejales señores René Panozo, Mauricio Ovalle, Rafael Aguilar, Herman Silva y Francisco Aguirre; al señor Arturo Sáez, secretario regional ministerial de Agricultura de la Región Metropolitana; al doctor José Concha, director del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente; al señor Horacio Merlet, jefe del Departamento de Recursos Naturales Renovables del Servicio Agrícola y Ganadero; al señor Rodolfo Freres, encargado de Defensa de Suelos; a los señores Rafael Mackay y Francisco Arrieta, fiscal y jefe de proyectos de Sonacol; a los señores Mario Silva y Mauricio Pilleaux, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; al señor Guillermo Díaz, secretario regional ministerial de Transportes de la Región Metropolitana; al señor Raúl Barrientos, asesor de la misma; a los señores Alejandro Almendares, Hugo Ilabaca, Francisco Lobos y Juan Peribonio, presidente, gerente general, secretario general y abogado de Emeres Limitada, respectivamente; al señor Fred Riveros, gerente técnico del Consorcio Santa Marta, y al señor Eduardo Medina, presidente del Consejo de Defensa del Medio Ambiente de Maipú.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, del informe de la Comisión investigadora se concluye que lo sucedido en Emeres es como una seguidilla de errores inexplicables. La Cámara conoció dos informes sucesivos en que se daba cuenta de la irresponsabilidad y deshonestidad de procedimientos en su administración.
Luego asumió una nueva directiva que, aunque honesta en su actuación, fue desafortunada en su conducción. En forma irresponsable se asigna un vertedero en Maipú, que fue rechazado de manera unánime por todas las fuerzas vivas de la comuna, pero quedó palmariamente demostrado que el alcalde no actuó en forma oportuna y más bien evadió toda defensa, lo que habría evitado tantas molestias y dispendio de dinero.
No obstante, desde el punto de vista político-electoral, esto permitió al señor Sepúlveda, alcalde de Maipú, junto con su candidato a diputado, montar una gigantesca campaña publicitaria, financiada en buena parte con dineros municipales, para oponerse a un vertedero que no era defendido por nadie al interior de la comuna.
Me informan que el miércoles 16 de enero el alcalde tuvo que abandonar la reunión del Concejo protegido por la policía, frente al clamor y censura de los vecinos que concurrían a la sesión. Podemos apreciar que la justicia tarda, pero llega.
Por otra parte, el ex intendente señor Galilea, la directiva de Emeres, la Corema y tantas otras instituciones actuaron con extrema ligereza y sin sopesar las realidades del impacto que producirían sus determinaciones.
Las conclusiones de la Comisión están en poder de los señores diputados. Por lo tanto, no repetiré ninguna de ellas. Sólo nos resta esperar, en primer término, que desaparezca Emeres lo antes posible, porque su accionar ha sido repudiable. En segundo lugar, que se establezca una instancia técnico-social en que los alcaldes sean escuchados para buscar soluciones al problema de la basura, pero que la determinación corresponda a una entidad de alto nivel, no comprometida. En tercer lugar, que de una vez por todas se tecnifique el proceso de la basura mediante la pirólisis u otro sistema similar, y se evite que los vecinos de las diferentes comunas queden expuestos a las arbitrariedades, corruptelas e incapacidad de los agentes de turno.
En consecuencia, votaremos favorablemente el informe y las conclusiones de la Comisión investigadora.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Luis Pareto.
El señor PARETO.-
Señor Presidente, escuché con mucha atención la relación entregada por el diputado informante. Considero que nos ha proporcionado valiosos antecedentes, recopilados después de realizar numerosas audiencias, con personeros tanto de nivel comunal, universitario, técnico y profesional. En dichas sesiones no hubo una sola voz favorable a la instalación de este vertedero en la comuna más grande de la Región Metropolitana, cuya población, según proyección del Gobierno, superará el millón de habitantes al llegar el bicentenario.
Pero no solamente ésa sería una razón atendible para muchos, sino que la instalación del vertedero en Maipú se entrega por la Corema, la cual está integrada por los seremis, quienes obedecen -en este último tiempo lo hemos visto con mucha más fuerza- a la voluntad de los intendentes, a los que les resulta muy difícil discrepar de su jefe. Incluso, cuando asistimos a una de sus reuniones con el diputado señor Alessandri, comprobamos que los seremis daban opiniones favorables al proyecto antes de que se votara. Espero que el nuevo intendente, que aún no se ha pronunciado ni ha dicho una palabra sobre la materia, señale claramente lo que piensa y si revisará o no el proyecto.
Junto con el presidente del Senado propusimos a Emeres que retirara de la Corema dicho proyecto. Además, nos entrevistamos con el Jefe de Estado, quien manifestó su anuencia con nuestro planteamiento, que también lo hicieron suyo los parlamentarios de la zona.
Lamentablemente, hace pocos días Emeres contestó que es muy difícil y casi imposible acceder a lo solicitado. Por lo tanto, queda la última palabra del Presidente de la República, quien conoce este documento y los antecedentes, porque ya se los han hecho llegar.
Para informar a los señores diputados, debo señalar que el agua potable de Maipú, que abastece gran parte de la comuna de Estación Central y la comuna de Cerrillos -las que conforman el distrito más grande del país-se obtiene de napas subterráneas. Estudios efectuados por la Escuela de Suboficiales del Ejército, por las Universidades de Chile y Católica, y por diversas universidades extranjeras señalan -y están los antecedentes- que en dicho sector hay agua a menos de dos metros. Por lo tanto, las napas que ahí se producen, no digo que sea así, necesariamente pueden correr el riesgo de una contaminación que afectaría a casi 700 mil habitantes si se toma en cuenta una parte de la comuna de Estación Central y otra de la de Cerrillos.
Si bien el vertedero de Lepanto está saturado y hay que cerrarlo, no es posible resolver la situación perjudicando a una comuna como Maipú, la cual, después de haber sido un hermoso sector agrícola, se ha transformado en una comuna urbana donde se construyen una tras otra las nuevas poblaciones, con la agravante de que se expande inorgánicamente, sin infraestructura, sin colegios, sin hospitales, sin vías de acceso. Tampoco hay vías de acceso para este anunciado vertedero, pero se me ha informado que con fondos regionales se estarían habilitando algunos caminos para que pueda funcionar. Si así fuera, se trataría de algo muy grave, porque con fondos públicos se estarían construyendo caminos para una empresa particular, como fue la información que apareció en todos los medios de comunicación. Espero tener la oportunidad, en Incidentes, de consultar por oficio si esto es efectivo.
Ojalá no se cometa esta tropelía y que la Conama -la preside un nuevo ministro y la integra el nuevo intendente- no digo que antes haya actuado de mala fe, sino profundamente equivocada- no castigue a una comuna que cuenta con una población muy numerosa y que se encuentra encajonada, porque la única arteria posible para llegar a ella es la avenida Pajaritos, salvo que se quiera ir por la ruta 68 o por Cerrillos. En verdad, se trata de una comuna castigada. Se habló de construir una línea del Metro -no se dijo cuándo- y también un metrotrén que llegaría incluso hasta la plaza, pero tampoco sabemos cuándo. Esta comuna se está convirtiendo en una verdadera cloaca de Santiago, porque por ahí pasan el canal Ortuzano y el zanjón de la Aguada.
Ante esta situación, toda la comunidad de Maipú está unida, por encima de diferencias políticas. En pocos días más los parlamentarios en ejercicio haremos una presentación a la Conama, junto con los diputados electos y los senadores Jovino Novoa y Andrés Zaldívar, para que se revoque el acuerdo de la Corema por improcedente, al cual agregaremos los valiosos y certeros antecedentes entregados por el diputado señor Sánchez en cuanto a la inconveniencia de instalar un vertedero en la comuna de Maipú.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, quiero referirme a un punto respecto del cual no se puede generar incertidumbre -este informe tampoco puede hacerlo-, pues tiene que ver con una situación que ha afectado la fe pública: el cierre definitivo del vertedero
o basural de Lepanto.
La Cámara conoció el informe de la Comisión especial, evacuado en enero de 1999, el cual, entre otras cosas, puntualiza que el hecho de que Lepanto siga funcionando constituye una seria lesión a la fe pública, porque la llegada de Emeres a ese sitio fue transitoria.
Luego, un informe complementario de esa Comisión especial, basado en un estudio de la Contraloría, dejó de manifiesto que ese vertedero estaba funcionando de manera ilegal.
Por eso, considero que el informe en debate, que se refiere a alternativas para el traslado de residuos sólidos domiciliarios, no puede afectar un hecho que tiene mérito por sí mismo, como es el cierre del vertedero de Lepanto, que se encuentra colapsado y está provocando serios perjuicios ambientales y a la productividad agrícola de la zona.
Ayer, nuestra Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente conoció los testimonios, en presencia del director nacional de la Conama, respecto de los perjuicios que Lepanto está ocasionando al medio ambiente y a la productividad de la zona.
Por eso, en este momento no sólo corresponde que nos preocupemos del término de la operación de Emeres en Lepanto, vertedero que no es un relleno sanitario, pues no reúne las condiciones para ello, sino también del plan de cierre de dicho lugar.
Quiero dejar establecido eso, a fin de que no exista duda alguna al respecto. Tampoco sería bueno que, a partir de este informe, se generaran incertidumbres acerca del procedimiento para el tratamiento de los estudios y declaraciones de impacto ambiental en nuestro país, donde funciona una institucionalidad que también debiéramos preocuparnos de resguardar.
Quiero hacer notar que hay municipalidades que son socias de Emeres, entre otras, la de Maipú, que está preocupada por la situación actual, pero que durante todos estos años ha botado la basura acumulada o recepcionada en otra comuna que ni siquiera es socia de Emeres, como la de San Bernardo.
Por lo tanto, hay que tener coherencia argumental, sobre todo cuando se alega perjuicio.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, el informe preparado por la Comisión especial encargada de analizar la decisión adoptada por la Comisión Regional del Medio Ambiente -integrada por diputados de diversas bancadas y representantes de distintas regiones- respecto de los vertederos Santa Marta, de Lonquén, y Rinconada de Maipú es extraordinariamente esclarecedor de los graves problemas que está sufriendo la Región Metropolitana en lo relativo a la instalación de vertederos.
Aquí hay dos tipos de problemas que generan caos y angustia a miles de habitantes de Lonquén y de Maipú. Es preciso que, ojalá a partir de este informe, la Cámara de Diputados pueda tener una participación mucho más activa en lo que pueda surgir a futuro.
El primero, es un problema teórico. Desde ese punto de vista, estamos ante un fracaso absoluto de las políticas seguidas por la Intendencia de la Región Metropolitana en torno del tema de la basura, lo que se traduce en no tener políticas claras y en castigar a determinadas zonas, como se ha hecho con Lepanto, según lo indicó el diputado señor Riveros; con Tiltil, como lo ha planteado en numerosas ocasiones el diputado señor Melero; como se pretende hacer con Rancagua, tal como lo señala el diputado señor García-Huidobro, y como se está haciendo con la gente de Maipú y en particular de Lonquén, comuna que se pretende convertir en el depósito de basura de millones de personas, sin que tenga participación alguna en la institución que lo hace, o sea, Emeres.
Esto es escandaloso, porque no se puede entender que, por improvisación, se pretenda castigar a los teóricamente más débiles y tratar de enviar toda la basura de una región hacia esos lugares.
El sistema hizo crisis. El informe se encarga de demostrar que, desde un punto de vista práctico, se han cometido profundos errores que ameritan sanciones a los responsables y un cambio total de políticas.
Respecto del tema de Lonquén, que por mi función parlamentaria me ha correspondido conocer muy de cerca durante muchos años, quiero dejar constancia de algunas irregularidades, como la reciente aprobación de instalación de un vertedero, en virtud de un proyecto que había sido rechazado unánimemente en dos ocasiones anteriores.
¿Alguien me puede decir que hay seriedad cuando el mismo organismo rechaza, con los antecedentes del caso, la instalación de un vertedero y luego, en una tercera ocasión, con todos los gastos que supone una defensa de este tipo, y sin que nadie conozca las razones, se aprueba en condiciones muy similares a las anteriores? ¿Dónde está la seguridad de un modesto habitante de cualquier comuna ante un planteamiento agresivo por parte de la intendencia, si con los fondos adecuados para hacer los estudios se defiende y se gana la segunda o tercera vez? ¿Cuántas veces hay que seguir dando tranquilidad a las personas de que no serán sometidas a una situación dramática, como es la instalación de un vertedero?
Hay un tema que se planteó por unanimidad: hoy se notan las mismas deficiencias de las ocasiones anteriores.
El vertedero de Lonquén -lo dice una comisión independiente, como la que está investigando- tiene problemas de emplazamiento, de pendiente, de accesos viales, de aguas y napas freáticas y de geología de la roca. Todo eso queda subordinado a una decisión política, no técnica, en cuanto a buscar una “solución” al tema de la basura.
Por otra parte, los informes de los servicios públicos siguen siendo negativos. ¿Para qué pedir informes al SAG, a la Conaf, a la Subsecretaría de Transportes, al Ministerio de Agricultura si, al final, a pesar de ser negativos, por “arreglines” políticos se aprueba instalar un vertedero donde nunca debería estar?
Entonces, nos queda claro -y así lo dice el informe con todas sus letras- que la solución del problema de la basura es una decisión política al margen de la legalidad y de las políticas públicas definidas previamente para la instalación de vertederos, las cuales señalan que debe tener accesibilidad adecuada, suelos de baja permeabilidad, ausencia de áreas de interés cultural, áreas de topografía plana o semiplana, áreas de superficie adecuada, suelos sin capacidad agrícola, escasez o inexistencia de escurrimiento, profundidad adecuada de la instalación. Nada de eso se cumple en Lonquén. Sin perjuicio de ello, aparece de repente una autorización para que ahí quede la basura de todo el resto de la Región Metropolitana. Me parece extraordinariamente importante este tema y, aunque sea tarde, trataremos de revertirlo.
Quiero dejar constancia de que se encuentran en tribunas la alcaldesa de Talagante y los representantes de los vecinos; que hay angustia en miles de personas que actuaron de conformidad con la ley; que modestos pobladores han gastado recursos de su bolsillo para demostrar a la autoridad que el lugar no es el adecuado para instalar un vertedero. Sin embargo, por tercera vez, por cansancio, por influencia indebida, aparece de la noche a la mañana una autorización, y se da inicio a las obras -esto es lo grave- para instalar un vertedero, antes de que la municipalidad pueda siquiera aprobar, en conformidad con la ley, los mecanismos adecuados para la ejecución de las obras. Esto ocurre, simplemente, porque nadie le pone atajo.
Es muy importante resolver este problema a futuro, porque lo que hoy ocurre en Lonquén y en Maipú, y ha sucedido en San Bernardo y Tiltil, el día de mañana puede pasar en La Serena, en Viña del Mar, en Talca y en muchos otros lugares, razón por la cual resulta evidente la necesidad de una adecuada institucionalidad sobre la materia.
Por eso nos alegramos de que el informe de la Comisión investigadora, entregado por el diputado informante, sea tan categórico y que sus conclusiones apunten a rechazar en forma también categórica -espero que la votación en la Sala sea unánime- la instalación de los vertederos de Santa Marta, de Lonquén, y de Rinconada de Maipú; a desestimar su aprobación por la Corema; a rechazar la decisión del Consejo Regional Metropolitano, en orden a modificar el plan regulador metropolitano y a enviar estos antecedentes a las más altas autoridades del país, a fin de que reviertan una situación de injusticia y de absoluta falta de procedimiento, con lo cual se pretende castigar a ciertos sectores, en apariencia modestos, pero muy fuertes en la defensa de sus intereses.
Por las consideraciones expuestas, nuestra bancada aprobará el informe en análisis, y esperamos que este llamado de atención a las autoridades públicas, en cuanto a diseñar de una vez por todas una política seria en materia ambiental, logre el propósito de terminar con la constante amenaza contra quienes, con su trabajo, se ganan el pan de cada día y que en cualquier momento se ven expuestos a recibir la basura de millones de chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, agradezco al Comité de Renovación Nacional que me haya cedido parte de su tiempo para abordar algunos temas relacionados con la eventual instalación de vertederos en Santa Marta, de Lonquén, en Talagante y en Rinconada de Maipú.
El análisis exhaustivo y detallado hecho por la Comisión investigadora ha dejado en evidencia, una vez más, ante esta Sala y el país, la absoluta carencia de una política de manejo de los residuos sólidos domiciliarios en el país y, en particular, en la Región Metropolitana.
No es la primera vez que nos toca vivir esta situación. Ya en el pasado la Cámara llevó a cabo una completa investigación de Emeres, evaluó lo ocurrido con el no cierre del vertedero Lepanto, y en no pocas oportunidades me ha tocado oponerme a eventuales instalaciones de vertederos en Pudahuel, Tiltil y Batuco, lo que demuestra, nuevamente, que no existe una política ni una autoridad capaz de coordinar y hacer las cosas bien en materia de residuos sólidos domiciliarios.
Pero éste no es un tema menor, puesto que cada habitante de la Región Metropolitano produce, en promedio, entre 800 gramos a un kilo de basura diaria. Eso da como resultado miles de toneladas que hay que manejar con los recursos de que se dispone y con las deficiencias existentes en las municipalidades. Además, resulta muy poco atractivo para un alcalde destinar muchos recursos al manejo de la basura porque no le permite lucirse; las autoridades regionales, es decir, los intendentes, carecen de facultades para resolver el problema, y no existe una ley marco del medio ambiente, porque el asunto radica en la Corema y, en última instancia, en la Conama, que debe analizar los estudios sobre impacto ambiental que generan los vertederos. Por último, los proponentes que sugieren un proyecto de instalación en determinada zona especulan con la compra de los terrenos, pues ven esto como un negocio y muchas veces -como ha quedado demostrado en el informe- no miden las consecuencias económicas, sociales y de otra índole que afectan a las comunidades adyacentes. Tal como se está desarrollando, esta situación no puede continuar.
Hoy estamos viviendo una nueva crisis. El vertedero de Lepanto debe cerrarse; la fecha tope para su cierre -muchas veces se ha hablado de la última fecha- está fijada para abril, pero no hay alternativas. Emeres ha adjudicado dos vertederos, pero el informe de la Comisión investigadora ha demostrado que no son viables.
De ahí, entonces, mi temor y preocupación de que la ausencia de una política, la indolencia para enfrentar el tema, la falta de profesionalismo y de visión para adelantarse a los hechos que nos pueden llevar, eventualmente, a una emergencia sanitaria, lleve a que el problema termine por perjudicar, una vez más, a los más débiles, a quienes no tienen capacidad de presión, a los municipios que no tienen posibilidades de defenderse frente a esa verdadera vorágine de poderes individuales, intereses económicos y falencias administrativas y legales, relacionadas con la instalación de vertederos. La situación es grave, delicada, compleja y tiene un alto costo; pero el gobierno regional se lava las manos frente a un tema que debería abordar.
Mi temor es que al cerrarse Lepanto y al no existir vertederos alternativos, se recurra, una vez más, al vertedero de KDM, único que quedará funcionando legalmente en la comuna de Tiltil, frente a Montenegro, y se empiece a recargar un vertedero que fue diseñado para recibir la basura de las 16 comunas que formaban parte del antiguo consejo de alcaldes de los cerros de Renca, al tener que recibir toda la basura de los municipios que forman parte de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos. ¿Quién pagará el daño que se le hará a la comuna de Tiltil?
Una vez más, terminaremos cargando la mano a sectores que no pueden defenderse -lo que me parece inaceptable-, o, lo que es más grave, recurriremos a otras alternativas, y en un año más tendremos nuevamente que formar una comisión investigadora, no para Talagante y Maipú, sino para Tiltil, Pudahuel o alguna de las comunas consideradas como proyectos alternativos aún no aprobados, pero que, con el correr del tiempo, podría otorgarse el certificado sanitario que permita instalar allí un vertedero. Eso me parecería tremendamente injusto y sería volver a una situación que ha fracasado como procedimiento para licitar e instalar vertederos.
Por eso, ojalá que no esté siendo visionario respecto de esta materia y que me equivoque al vaticinar los riesgos que he señalado; pero desde ya quiero advertir que si existe la pretensión de cargarle la mano, una vez más, a una comuna distante, pequeña e indefensa como Tiltil, sin que el resto de los municipios de la Región Metropolitana pague las externalidades que implique esa medida, se consumará una injusticia que, obviamente, no permitiremos. El gobierno regional y los alcaldes tienen la responsabilidad de abordar el tema, y, desde luego, Emeres, principal responsable de los hechos, debe enfrentar la situación. No es posible que un pequeño grupo de ciudadanos pague los platos rotos, mientras el resto de las comunas se lavan las manos y, al no ser perjudicadas, se mantengan indiferentes y no hagan nada por evitar situaciones de este tipo.
Hoy es Talagante, y con justicia su comunidad, con su alcaldesa a la cabeza, ha sabido defender un derecho ciudadano. Los parlamentarios, en especial el diputado señor Coloma, han hecho bien al defender los derechos de esa zona, lo mismo que los parlamentarios y el alcalde de Maipú. Hoy por ti, mañana por mí.
Pero esa solidaridad no se genera por el solo hecho de oponerse a la instalación de un vertedero. Digamos las cosas con sentido común: para ninguna comuna es una buena noticia saber que instalarán allí un vertedero. Pero ello no provoca oposición porque sí, sino -como ha quedado demostrado en el informe- por cuanto hay elementos que demuestran fehacientemente que ello es perjudicial para la zona.
En el pasado defendimos a Pudahuel -caso que no está resuelto- cuando se quiso instalar allí un vertedero, porque con ello se ponía en serio riesgo la aviación comercial del país. En función de eso, la Corema rechazó su instalación y hoy está en una instancia de apelación ante la Conama.
En esta suma de factores echo de menos en el informe que los parlamentarios no hubieran avanzado en algún tipo de propuesta, porque no sólo basta con criticar los procedimientos; también hay que proponer soluciones.
¿Qué deseo?, ¿qué quisiéramos? En primer lugar, a mi juicio, es preciso fortalecer una instancia de resolución para ubicar los rellenos sanitarios, radicada en el gobierno regional. El intendente no puede ser un espectador de los procesos que ocurran en las comunas de su región. Sabemos que los alcaldes son juez y parte en esta materia. Por un lado, deben preocuparse de licitar la recolección domiciliaria de la basura, y, por otro, financiar su manejo en los rellenos sanitarios, distrayendo cuantiosos recursos. Digámoslo claramente: la inmensa mayoría de los contribuyentes no paga la extracción de la basura. Hace pocos meses, en esta misma Sala condonamos las deudas por ese concepto de los años 1995 a 2000. Esto es lo peor: no existe una política,...
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
¿Me permite, señor diputado? Ha terminado su tiempo.
El señor MELERO.-
...no hay una autoridad competente, los ciudadanos se lavan las manos y no pagan el costo que significa esta externalidad.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, cuando a principios del siglo pasado comenzaron a crecer las ciudades, el problema de la basura se resolvía lanzándola en cualquier lugar de los extramuros. Se trataba, más bien, de una prolongación -diez siglos después- de una idea medieval: las ciudades estaban en los intramuros, y en las afueras, los muertos, la basura, cualquier residuo.
Pero las ciudades del siglo XX conservaron la misma práctica respecto del depósito de la basura. Algunos tenemos el claro recuerdo de que alrededor de los años 40 ó 50 del siglo pasado, desde el centro de Santiago nacían algunos brazos poblados que extendían la ciudad dando origen a la llamada “mancha de aceite”, por la forma que tomó la urbe. La basura se lanzaba en cualquiera de los intersticios existentes entre esos brazos; los camiones recolectores de basura la lanzaban a tajo abierto, donde hubiera una pequeña quebrada, un canal seco o algún terreno eriazo. Con ese criterio se llegó al extremo de utilizar los antiguos pozos ripieros y areneros. Lepanto tiene ese origen, puesto que era un pozo arenero. Es más, quienes han trabajado en construcción saben que existía una arena especial para los estucos llamada arena de Lepanto. Había un hoyo gigantesco del cual se sacaba la arena y el ripio. Entonces, como existía el concepto medieval de tirar la basura donde se pudiera, se utilizaron esos pozos ripieros y areneros vacíos para botar la basura, dando origen a un vertedero.
Dicha práctica indicaba que no existía planificación ni ordenamiento alguno; simplemente se actuaba igual que aquel ciudadano del campo que lanza sus excretas en cualquier parte. No se ha ordenado el territorio pensando en la ubicación de los residuos. Peor aún, desde los años 60 hasta fines del siglo XX, la cantidad de basura por persona casi se ha duplicado: de 450 gramos subió a alrededor de 800 gramos y a un kilo de basura por persona, cifra que habría que multiplicar por cinco millones. Es decir, aumentó en ciento por ciento la cantidad de excretas por persona, pero no se definió dónde lanzarlas. Estamos llenos de equipamientos y contratos municipales para resolver el problema, pero nunca ha habido una planificación y un ordenamiento territorial para definirlo como un problema real. Es igual que la señora que barre la basura debajo de la alfombra y que algún día se llenará de cucarachas.
Eso es lo que ocurre hoy día: estamos llenando de basura por todas partes, porque ni durante el siglo XX ni a comienzos del XXI ningún gobierno ha sido capaz de definir un ordenamiento territorial para la localización de basura en alguna ciudad de Chile. En la Región Metropolitana el problema ha hecho crisis, y lo mismo sucederá en las demás ciudades que van creciendo sin resolver el problema, y como las excretas y las basuras son lanzadas a ríos y canales, después será necesario hacer gigantescas inversiones para purificar las aguas, porque en vez de aguas de riego serán aguas de excretas. Todo el colector de alcantarillado que se trazó e inauguró en el sector sur de Santiago, es nada menos que para purificar las aguas del río Maipo, que alguna vez fueron de riego y, después, de excremento. Para qué decir lo que ocurre con el resto de los ríos y en otras ciudades.
Se requiere un organismo capaz de ordenar las necesidades del territorio, desde el punto de vista urbano. No sólo hay que pensar en el remedio, sino en ordenar estructuralmente la ciudad; hay que saber dónde se deben instalar los colegios para evitar los largos viajes y la necesidad de que la gente tenga que buscarlos en distintas comunas de Santiago. Pero también hay que localizar las basuras y los centros de salud; es necesario descentralizar la ciudad a partir de la localización de las distintas funciones, y una de ellas es ubicar lugares de acuerdo con los recursos disponibles, para depositar las excretas y los residuos.
Alguien ha dicho que no puede ser destinado a depósito de basura ningún lugar del área norte de Santiago. Ése es un principio de visiones extremas, una dualidad de carácter hegeliano, según la cual tiene que haber dos polos: uno en el sur y otro en el norte; no sé de dónde salió esa concepción urbana del ordenamiento de la basura. ¿Por qué no pensar que, en lugar de esos extremos, puede haber otra posibilidad en los terrenos eriazos, yermos, vacíos, sin desarrollo inmobiliario ni agrícola, sin riego, ubicados en el área norte? A lo mejor son precisamente esos terrenos los adecuados para depositar la basura. Otro tuvo el ingenio de mencionar a Lonquén. Por lo menos para mí, Lonquén me hace recordar las piedras que he guardado para siempre, y esos cadáveres que dejó la dictadura, que tenía otra concepción de la basura, a través del ordenamiento de los seres humanos, pero no de las ciudades. Cuando se descubrieron los cadáveres, terminó haciéndolos explotar. Tengo esas piedras que, a lo mejor, serán enterradas por una gigantesca ola de basura, que quiere tapar los recuerdos y resolver el problema de la basura con dos extremos de ciudad.
¿Quién pensó en las napas de esos territorios agrícolas? ¡Nadie! ¡Miren qué barbaridad, desde el punto de vista empresarial! Se les pide a las empresas inmobiliarias que inviertan, que trabajen, que creen trabajo, que hagan loteos, que estimulen Lonquén, que trabajen en Calera de Tango, que construyan casas, que vendan, que comprometan créditos, y después... ¡les instalan un basural al lado! ¿Por qué no se lo dijeron antes?
¿Por qué no se informó a las inmobiliarias y a los agricultores que después les iban a poner basura? ¿Por qué no les dijeron a los familiares de los detenidos desaparecidos que iban a borrar el recuerdo de sus seres queridos no sólo con el esfuerzo que hacen los defensores de la dictadura, el intento de punto final o cualquier otra cosa, sino que también con basura? No entiendo cómo impulsarán el desarrollo inmobiliario en la zona sur de Santiago, en Calera de Tango, en Lonquén, en los alrededores de Maipú, si sólo transitarán por allí camiones basureros. Hay que decirles eso antes.
Todo esto refleja que no se trata de un problema ambiental, sino de ordenamiento y funcionamiento de la ciudad. Cuando las ciudades son chicas, se pueden ordenar en forma espontánea, pero cuando son gigantescas, hay que darles un sentido, no importa cuál, pero hay que dárselo, para que la gente sepa a qué atenerse. Si se destina para depositar basura, por ejemplo, un determinado sector del área norte, la gente lo entenderá y lo sabrá la empresa inmobiliaria, el inversionista, el industrial y quien desee vivir allí; pero a aquel que invirtió en Calera de Tango y no lo supo, por lo cual compró, loteó y vendió casas, ahora le dirán que engañó, aunque no lo hizo él, sino la autoridad.
Por eso, no se trata de un tema ambiental, sino de ordenamiento territorial. Cuando uno debe tomar una decisión en esa línea, no hay que pensar sólo en el gobierno regional. Ahora, si es necesario dar autoridad sobre los seremis, démosla y, a lo mejor, se podría hacer un estudio sobre la ciudad. Whashington tiene un sentido. Me pueden decir que es una ciudad empaquetada, rígida, antigua, tradicional o lo que se quiera, pero tiene un sentido. Brasilia también tiene un sentido. Algunos lo discuten, reclaman en su contra; otros dicen que es fría; muchos expresan que es maravillosa, armoniosa y formal: lo que quieran, pero también tiene un sentido, y uno no se pierde porque lo conoce. Bahía tiene un sentido. El desorden, la espontaneidad y la creatividad de los millones de ciudadanos negros que trajeron como esclavos desde Angola, del otro lado del mundo, permitieron crear una ciudad con espontaneidad, arriba de los cerros. Incluso Valparaíso, una de las pocas ciudades de Chile que ha ido adquiriendo un sentido, aunque éste lamentablemente se está perdiendo, porque está, más bien, en la idea de ser un monumento y un viejo recuerdo.
Necesitamos autoridades que den sentido a las ciudades, lo que implica tomar decisiones de urbanismo. ¡Cuidado con restringir esto a una supuesta decisión ambiental o relacionada con los basureros! Se trata de una decisión sobre la forma de ordenar el lugar donde queremos vivir y producir.
Así, la Comisión investigadora terminará con sus fuegos contra la Conama y la Corema. Yo les digo que ninguna de las dos será capaz de resolver este problema, y no por incapacidad de sus funcionarios, sino por sus atribuciones, que son restrictivas, porque no sólo es necesario combinar decisiones de basura con basura, de basura con tierra o de basura con equipamiento, sino que también hay que combinar la basura con la inversión que se desea hacer en el territorio. No se puede engañar a la gente y hay que decírselo al empresario y a los ciudadanos; no se les puede sorprender y decirles de pronto que allí se depositará basura. Lo que ocurre es que nadie quiere cementerios, basureros ni actividades desagradables en torno de los lugares donde vive, trabaja, compra o invierte.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
¿Me permite, señor diputado? Ha terminado su tiempo.
El señor HALES.-
Sólo un minuto para terminar, señor Presidente.
Como decía, es cierto que nadie quiere eso, pero es necesario. A modo de ejemplo, podría decir que en un proyecto de arquitectura nadie querría tener un baño en su casa, pero debe tenerlo, así como también tendrá que haber un lugar para la basura y otro para guardar los trastos viejos. Pero en este caso es uno mismo el que organiza y le da un sentido a su casa habitación, y no pone la basura en el living. De manera que cuando esto está sujeto a una decisión individual, se lleva a cabo sin mayores problemas, pero cuando depende de una decisión colectiva, no es responsabilidad de una sola autoridad. ¿Quiere usted que se resuelva este problema? No abrigue la ilusión de que, por ser un problema ambiental, lo resolverá la Corema; no espere más burocracia. Me alegro de que se haya condonado la deuda por extracción de basura, pero creo que este problema pasa primero por tomar una decisión urbana, de ciudad, que, a pesar de toda la tecnología y la globalización que está invadiendo a nuestro país debido a nuestro subdesarrollo, no hemos sido capaces de adoptar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Antes de ceder la palabra al diputado señor Navarro, con cuya intervención se cerrará el debate, debo dejar constancia de que, dado que su distrito está afectado por este problema, el diputado señor Jaime Jiménez me había solicitado reiteradamente la palabra.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
No se encuentra en la Sala, señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Me solicitó la palabra cuando estaba presente, señor diputado.
En todo caso, el tiempo de la Democracia Cristiana se ha agotado.
Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, creo que tanto el debate habido hoy como el trabajo de las Comisiones investigadoras encargadas de estudiar el problema de los vertederos continuará, porque el fondo del problema radica en que la ley Nº 19.300, de Bases del Medio Ambiente, en particular su sistema de estudio de impacto ambiental, establece condiciones para la adecuada participación de los ciudadanos y la defensa de sus intereses. Sin embargo, el mayor peso, fuerza y capacidad para llevar adelante estos proyectos recaen en el sector industrial o empresarial. Entonces, como el sistema de estudio de impacto ambiental no da cabida a una participación ciudadana real, en subsidio está actuando la Cámara de Diputados.
Estimados colegas, después de que estos proyectos han sido aprobados por todo el mecanismo institucional y de acuerdo con las leyes vigentes, ¿qué sentido tiene que la Cámara resuelva investigar ex post? Claramente, hemos llegado atrasados a debatir un tema que es de suma importancia y que tiene connotaciones ya discutidas por la Corporación. Por eso, hago un llamado para que efectuemos un debate con altura de miras sobre este tema tan complejo, a fin de que la institucionalidad ambiental sea revisada efectivamente, porque no basta con tener una participación ciudadana de veinte días. La Corema tuvo ciento veinte días para pronunciarse sobre el estudio de impacto ambiental, y luego hubo un plazo adicional de sesenta días para responder. A su vez, el artículo 20 de la ley Nº 19.300 establece que quien quede disconforme puede recurrir, primero, al consejo consultivo, y después, al consejo directivo -es decir, al consejo de ministros, presidido por el ministro secretario general de la Presidencia-, dentro de un plazo de treinta días, contados desde la notificación.
Los municipios recurrieron al consejo, pero hubo reacciones dispares. Por ejemplo, en el caso de Santa Marta, el consejo de ministros recomendó rechazar la instalación de un vertedero, y en el caso de Rinconada de Maipú, aún no se resuelve. Lo que quiero decir es que existe una grave falla en la institucionalidad que impide resguardar en forma adecuada la participación ciudadana, no sólo respecto de un proyecto relacionado con los vertederos, sino también con un conjunto de proyectos, porque se ha visto que bien vale la pena que haya distintas posiciones para que los afectados puedan defenderse en forma adecuada y evitar que dichos proyectos se lleven a cabo.
Sólo quiero recordar que en el proyecto Itata, de Celco, en la Octava Región, se usó el mismo procedimiento. Con la instalación de una planta de celulosa en el río Itata se afectó a miles de viñateros, y las propias inversiones de la Fundación Chile, institución estatal, se vieron mermadas en más de dos millones de dólares. A pesar de la oposición de más de doce mil viñateros y de todos los alcaldes, el proyecto fue aprobado y llevado adelante. Lo mismo sucedió con Ralco: a pesar de existir una oposición cerrada de todos los pehuenches y no pehuenches, el proyecto salió adelante. Tenemos también el caso de Alumysa, en Aisén, que está estudiando la Comisión Regional de Medio Ambiente, donde existe oposición cerrada de toda la comunidad e informes negativos.
¿Qué significa esto? Que la institucionalidad medioambiental es esencialmente política. Doy dos ejemplos. Proyecto Trillium, en la Duodécima Región: todos los informes de los especialistas de los servicios públicos son negativos. ¿Qué hace el intendente regional, designado por el Presidente de la República? Aprueba el proyecto en Porvenir para la explotación de la lenga, que demora 150 años en crecer. Vamos al otro extremo. Santa Marta, de Lonquén, en la versión 1 y
2: todos los informes de los servicios públicos fueron positivos; sin embargo, por una cuestión política de fondo, se rechazó el proyecto.
La clave está en ponernos de acuerdo para revisar el sistema de participación ciudadana y establecer condiciones, en virtud de las cuales todos tengan la posibilidad de oponerse de manera eficaz, efectiva y vinculante a los proyectos que afecten sus intereses. Un ciudadano de Talagante o de Maipú no puede competir con los intereses de las grandes empresas ni con intereses políticos, porque -digámoslo claramente- aquí ha habido un lobby transversal para llevar a cabo este proyecto. Tal como se ha dicho aquí, nadie desea ser depositario de la basura, porque es un problema; es un lastre que no se ve ni rinde votos: sólo es rentable cuando se producen conflictos.
Por eso, no debemos esperar que llegue el conflicto; hay que evitarlo de manera anticipada. Existe ausencia absoluta de planificación territorial. El señor Horacio Merlet, ingeniero agrónomo jefe del Departamento de Recursos Naturales Renovables del SAG, aparte de calificar como normal todo el proceso, señaló que está involucrado un porcentaje de suelos de calidad III, que son de mala calidad. Agregó que, no obstante tratarse de suelos de clase III, se determinó que, por la vía de la compensación, era posible aprobar un proyecto de este tipo. Es decir, fue aprobado por el SAG. Después, el señor Rodolfo Freres, encargado de la defensa de los suelos, del Departamento de Recursos Naturales del SAG, manifestó que el plan regulador de la Región Metropolitana había sufrido varias modificaciones que han permitido incorporar, cada vez más, territorio para uso urbano, con algunos lugares de protección silvoagropecuaria.
Las modificaciones hechas han permitido, no sólo en este caso, sino en muchos otros, incorporar suelo urbano para otros fines. De hecho, el decreto ley Nº 20, del Ministerio de Vivienda, ha incorporado 25 mil hectáreas de la zona sur con calidad de suelos de clase I, II y III, sin tener Santiago la necesidad de mayor suelo urbano, pues existe la disponibilidad de 20 mil hectáreas al interior de la Región Metropolitana.
Por lo tanto, la política de ordenamiento territorial debe ser la clave para establecer procedimientos que impidan que los vertederos o rellenos sanitarios se instalen cerca de la gente.
¿Qué señalan las resoluciones de los servicios de salud y de la propia Conama respecto de la distancia que deben tener los rellenos sanitarios de los centros poblados? Que deben estar a 400 metros, entendiéndose por centro poblado una población agrupada de 300 viviendas. Es decir, sólo si hay más de 300 viviendas se establece un límite de 400 metros; de lo contrario, pasa algo similar a lo que sucede en Bolleco, Temuco, donde el próximo relleno sanitario, aprobado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Novena Región, queda a 50 metros de una escuela en la que el 90 por ciento de los niños son de origen mapuche. En ese caso, fue aprobado porque dicho lugar no constituye una población, ya que para que sea considerada así se requiere que haya más de 300 viviendas.
Debemos ampliar la participación ciudadana y hacer vinculante la posibilidad de que la gente se exprese, que pueda hacer llegar sus observaciones y que cuente con asesoría pagada, ya sea por el proponente o por el Estado, porque, de lo contrario, ¿cómo puede competir la comunidad con asesorías que muchas veces son patrocinadas por universidades? En el caso de Rinconada de Maipú, dichas asesorías han sido patrocinadas por la Universidad de Chile y con los recursos del propio municipio. Los resultados de ese estudio están a la vista: el proyecto ha sido igualmente aprobado. Es decir, claramente hay una des-compensación respecto de este tipo de proyectos en relación con la cautela de los intereses ciudadanos.
Por lo tanto, existen demasiados antecedentes respecto de por qué efectivamente hay dificultades serias en el ámbito de la aprobación de rellenos sanitarios.
En la Comisión, el ex intendente de la Región Metropolitana, señor Sergio Galilea, expresó lo siguiente sobre el tema: “La política regional de residuos sólidos de la Región Metropolitana, de 1998, estableció criterios generales sobre la localización deseable de estos proyectos, señalando 40 sitios, para llegar luego a 14, que eran meramente referenciales, constituyendo letra muerta sin la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago”. En consecuencia, ha habido estudios y se ha intentado efectuar un ordenamiento. Sin embargo, el ordenamiento territorial del plan regulador ha determinado que esos proyectos sí pueden implementarse.
En ese sentido, debemos poner énfasis en hacer un profundo llamado de atención a quienes tienen la responsabilidad de fijar los planes reguladores y respecto de la responsabilidad de los alcaldes.
Desde hace mucho tiempo hemos trabajado en un proyecto de ley de ordenamiento territorial, pero la envergadura del mismo hace que sea imposible que un parlamentario pueda llevar adelante una moción de este tipo. Sin duda, se requiere la participación del Estado y de instituciones como los municipios y los propios gobiernos regionales.
Entonces, existen antecedentes que permiten determinar que ambos procesos han adolecido de escasa participación y que no se han considerado estudios técnicos, razón por la cual se encuentran viciados.
Respecto de las conclusiones de la Comisión, debo decir, con franqueza, que son absolutamente testimoniales. Éstas abarcan cuatro puntos, que suman poco más de doce líneas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, termino señalando que no comparto el alcance de las conclusiones de la Comisión; no obstante, voy a votar a favor del informe. Sin embargo, si la Cámara de Diputados rechazara la instalación de los vertederos, ¿qué incidencia práctica tendría este hecho? No tendría efecto práctico, sino político.
Por tal razón, hubiera preferido conclusiones que permitieran generar un impacto práctico, revertir la situación y, además, establecer el compromiso de que ella no vuelva a ocurrir.
En consecuencia, el Comité Socialista va a aprobar el informe, pero con las observaciones señaladas.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Según lo acordado en la reunión de Comités, recuerdo a la Sala que el informe de la Comisión investigadora se votará alrededor de las 14 horas, una vez que se haya tratado el proyecto sobre condonación de deudas Cora, que figura en el número 4 de la Tabla de la presente sesión.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre el informe de la Comisión investigadora encargada de analizar la decisión adoptada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, respecto de los vertederos de Santa Marta, de Lonquén, y Rinconada de Maipú.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).- Aprobado el informe.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Leay, León, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rojas, Tuma, Ulloa, Vargas, Velasco, Venegas y Villouta.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Muñoz (don Pedro) y Palma (don Andrés).
-Se abstuvieron los diputados señores:
Allende (doña Isabel), Ascencio, Letelier (don Juan Pablo), Montes y Palma (don Joaquín).
DEROGACIÓN DE LA LEY Nº 19.588, QUE DECLARA FERIADO LEGAL EL “DÍA DE LA UNIDAD NACIONAL”. Segundo trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que suprime el feriado correspondiente al “Día de la Unidad Nacional”.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Sánchez.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2779-06 (S), sesión 10ª en 30 de octubre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 12.
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 30ª, en 23 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que tuvo su origen en una moción patrocinada por los senadores señores Hamilton y Sabag, se encuentra en segundo trámite constitucional y para su despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, calificada de “simple”, con fecha 8 de enero de 2002.
Tal como fue aprobado por el Senado, se limita a suprimir el feriado conocido como el “Día de la Unidad Nacional”. No obstante, según se informará más adelante, la moción original tenía un alcance más amplio.
El proyecto de ley es de quórum simple y no requiere trámite de la Comisión de Hacienda.
Antecedentes generales.
Como se indicó previamente, la moción original no sólo proponía la derogación del feriado antedicho, sino, además, los correspondientes a Corpus Christi, 29 de junio -San Pedro y San Pablo- y 12 de octubre.
En lo tocante al Día de la Unidad Nacional, que es el único feriado cuya eliminación aprobó en definitiva el Senado, se expresa que se trata de un hito que no ha concitado la adhesión ciudadana, sino por el contrario, ya que diversos grupos de opinión han hecho ver que la celebración de este día ahonda las diferencias entre los chilenos, provocando, por ende, el efecto contrario al propósito que se tuvo en vista al establecer dicho feriado.
Es importante consignar que la decisión de la Cámara de origen no recoge la recomendación de la Comisión respectiva de esa Corporación, cuyos integrantes, por unanimidad, propusieron rechazar la idea de legislar en torno de la supresión de los feriados aludidos, incluyendo el relativo al Día de la Unidad Nacional. Sobre este último, el informe de la Comisión señala que “está en trámite en la honorable Cámara de Diputados otro proyecto que se refiere a este feriado, el cual debe ser objeto de un debate particular en que se determine la conveniencia de mantenerlo, sustituirlo o derogarlo”.
Por otra parte, cabe expresar que el tema sobre el que versa el proyecto sancionado por el Senado fue objeto de otras iniciativas análogas, presentadas por varios honorables diputados -señores Jaramillo, Tuma, Valenzuela, entre otros-, que están radicadas actualmente en la Comisión de Gobierno Interior. Es el caso de la moción suscrita por los diputados señores Ascencio, Encina, Jaramillo, Jocelyn-Holt, Montes, Mulet, Palma, don Andrés; Pérez, don José, y Valenzuela, contenida en el boletín Nº 2384-06, y del proyecto patrocinado por las diputadas señoras Allende, Muñoz, doña Adriana, y Polla-rolo, y por los diputados señores Krauss, Mesías, Naranjo, Palma, don Osvaldo, y Walker, don Patricio. Por último, cabe citar la moción suscrita por el diputado señor Aguiló, que junto con proponer la eliminación del feriado en cuestión declara como tales los días 24 y 31 de diciembre de cada año.
Atendiendo que las mociones individualizadas se encuentran cumpliendo su primer trámite constitucional -a diferencia de la iniciativa en informe-, no se ha estimado adecuado desde el punto de vista formal refundir aquéllas con el presente proyecto.
En otro orden de consideraciones, es importante señalar que se ha suscitado entre los expertos en derecho constitucional la cuestión acerca de si la instauración de días feriados se trata de una materia que debe ser regulada a través de una ley o puede serlo mediante una norma de rango inferior.
Al respecto, algunos tratadistas han planteado las siguientes consideraciones:
1. En primer lugar, debe reconocerse que la Constitución Política no incluye expresamente, entre los asuntos propios de ley, el establecimiento o supresión de los días feriados.
2. No obstante lo anterior, existe asidero en la propia Carta Fundamental que lleva a concluir que una materia de tal naturaleza sí debe ser abordada mediante una norma legal.
Discusión y votación del proyecto.
1. En general. Por 5 votos a favor y 4 en contra, la Comisión aprobó la idea de legislar sobre el tópico, compartiendo los fundamentos de la moción enunciada. El voto de minoría sostuvo que el feriado
que se pretende suprimir fue el fruto de un acuerdo que surgió en el Senado en 1998, contando a la sazón con el amplio respaldo de parlamentarios de diversas colectividades, como una forma de zanjar las diferencias que se habían producido en nuestra sociedad con motivo del feriado del 11 de septiembre. Así, pues, cristalizó la idea de reemplazar este último por un día festivo que tuviese un significado de mayor reencuentro entre los chilenos. El Día de la Unidad Nacional presenta una connotación específica y trasciende a un sector político determinado del país, ya que lo que persigue es precisamente crear un clima de reflexión en torno de los acontecimientos por todos conocidos, que dividieron a los chilenos, proyectando nuestras legítimas diferencias hacia un ideal de cohesión en torno de los valores patrios por todos compartidos.
El profundo sentido de este feriado se encuadra perfectamente dentro de algunas de las categorías de días festivos que consagra el ordenamiento jurídico, ya que, como se indicó, hunde sus raíces en nuestro devenir histórico con el propósito de fortalecer la convivencia armónica entre los chilenos. En otros términos, el Día de la Unidad Nacional es compatible con los restantes feriados de tipo cívico, porque tiene un significado distinto de éstos.
Resumiendo, el artículo único que deroga la ley Nº 19.588, que instauró el feriado conocido como “Día de la Unidad Nacional”, fue aprobado por 5 votos contra 4.
Coincidiendo con el criterio del Senado, la Comisión estimó que el proyecto es de quórum simple y, en ejercicio de sus atribuciones, el señor presidente determinó que no precisaba ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Debo agregar, con el mayor respeto, que la unidad nacional no se decreta por ley, sino que es una demostración o consecuencia del trabajo y de la buena disposición de todos los chilenos. En definitiva, la creación del Día de la Unidad Nacional, hace un par de años, no tuvo la finalidad que se perseguía y se confirmó lo que muchos plantearon en ese momento.
Aunque parezca reiterativo, la unidad nacional no se consigue mediante un decreto. Es consecuencia de la voluntad, del espíritu, de la generosidad, de la tolerancia, de la capacidad de todos los chilenos de perdonar y olvidar y de la disposición de mirar hacia delante, que es lo que estamos tratando de hacer en democracia para defender el sistema, con los defectos y características que emanan de la condición humana.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Entrando en el debate, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, formo parte del voto de minoría informado por el señor presidente de la Comisión.
Considero razonable que él diga que la unidad nacional no se obtiene mediante decreto, pero es conveniente recordar que esta ley, cuya vigencia es de sólo 27 meses, fue aprobada por amplia mayoría en el Parlamento. Entonces, lógicamente, en la discusión que tuvimos ayer en la Comisión de Gobierno Interior explicitamos que la unidad nacional tampoco se derogará por ley.
Cuando el país atraviesa por momentos tan difíciles y todos los chilenos tenemos tantos problemas, no es pertinente derogar una ley cuyo proyecto tuvo tanta resonancia y significó tiempo y trabajo para muchos senadores y diputados. Creo que esto provocará más divergencias.
La derogación el Día de la Unidad Nacional, como expresó el colega Exequiel Silva -dio cualquier cantidad de detalles-, no tiene connotación ni incidencia y producirá más roces y problemas en una comunidad que está tranquila al respecto y preocupada por el desempleo.
Por las razones expuestas, votaré en contra del proyecto.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, he quedado sorprendido, casi anonadado, con las palabras de mi colega señora Rosa González, porque el Día de la Unidad Nacional no es tema de país. El único problema es que en lugar de ser un feriado que relaje y convoque, provoca tensión. Ahora, que ella diga que casi la unanimidad del Parlamento lo apoyó, sólo demuestra que casi la unanimidad del Parlamento se equivocó. En ese sentido, está muy bien que aprobemos esta disposición.
Mi preocupación va por otro lado. En las mociones que hemos presentado en la Cámara de Diputados se ha planteado que este feriado se sustituya por otro. Chile es un país trabajólico. La mayor parte de los chilenos trabaja demasiado. Los índices de estrés dicen que los que tienen empleo trabajan mucho y los que no, también, porque hacen “pololos” o buscan trabajo y sobreviven. Un día feriado menos no me entusiasma, sino todo lo contrario.
Creo que necesitamos más tiempo de descanso y de relajo. Este feriado significa lo contrario, por lo cual hay que terminar con él.
Eliminar un día feriado no me entusiasma y prefiero, si existe la posibilidad, que agilicemos el despacho de los proyectos que sustituyen un feriado por otro. Se han propuesto muchas fechas. Hay meses en que no hay feriado y no nos vendría mal que tuviéramos alguno, como en julio.
Voy a votar favorablemente el proyecto, porque si no nos ponemos de acuerdo en hacer feriado algún día, prefiero evitar la tensión que causa un día en el cual siempre hay incidentes y divisiones en vez de unidad.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, aunque suene pesado, sólo quiero dejar constancia de que algunos, cuando enfrentamos este debate hace un par de años, dijimos que hay hechos que deben ser abordados de otra manera y no a través del reemplazo de una fecha por otra, en forma cosmética.
Se nos criticó mucho cuando la bancada del Partido Socialista se opuso a la creación artificiosa de un día de unidad nacional, precisamente porque teníamos la convicción de que, a poco andar, no iba a ser una fecha de encuentro, sino una oportunidad para justificar los desencuentros. Por eso teníamos la convicción de que, con posterioridad, se eliminaría ese día.
Por cierto, aprobaremos el proyecto, sin perjuicio de debatir, como señalaba al diputado señor Andrés Palma, si son muchos o pocos los feriados dentro del calendario, para evitar, por un lado, un daño en la economía y, por otro, potenciar algo muy escaso en nuestro país: la convivencia en familia, el descanso, la recreación.
Es buena la práctica de trasladar los feriados a los días lunes, que comenzó a aplicarse el año pasado, pero el mecanismo de transición que eliminó el 11 de septiembre como feriado nacional ha demostrado que, a veces, es mejor dejar de lado las pasiones cuando se legisla.
No dudo de la buena intención de parte de quienes lo propusieron, pero el Día de la Unidad Nacional fue un mal invento. Para ello, en el Senado se logró un consenso muy amplio para eliminar el 11 de septiembre, y cuando desaprobamos la fórmula, la gran mayoría de los sectores políticos del Parlamento nos criticaron por no concurrir a una solución supuestamente ideal.
Nos contenta que se eliminen los elementos que desunen a los chilenos y que se promueva el encuentro en nuestra historia republicana, lo que tanta falta hace, de modo de enfrentar el pasado de forma distinta. El día de la unidad nacional y de encuentro de todos los chilenos es el 18 de septiembre, y esperemos que esta transición no se repita.
No queríamos parecer como pulga en la oreja cuando afirmamos que la solución del Día de la Unidad Nacional iba a ser mala, en especial para los que sufrieron daños o actos de violencia, independientemente de dónde haya sido, que por lo general fueron niños, adolescentes y familias inocentes. A ellos los tuvimos presentes cuando sostuvimos nuestra posición de minoría hace algunos años.
Por eso, hoy nos vamos a sumar a la voluntad de terminar con este feriado.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego me sumo a los que han planteado que es necesario aprobar este proyecto por los motivos latamente expresados.
El primer lunes de septiembre, “Día de la Unidad Nacional”, es exactamente lo contrario a lo que se pretendió, es decir, de reflexión y de encuentro entre chilenos. Es más, se ha transformado en un día de violencia, de desencuentro, de odiosidad, de discrepancia. En vez de recordar el 11 de septiembre como una fecha triste que debe hacernos recapacitar en la necesidad de buscar consensos y fraternidad entre nosotros, por un fenómeno realmente lamentable, fue acaparado por los violentistas, por aquellos que ven en el pasado una fuente de odio y de violencia más que de enseñanza de cómo ser mejores.
Por lo tanto, no se cumplió en absoluto el objetivo, y lo lógico y razonable es eliminar una fecha que no contribuye a mejorar los sentimientos entre chilenos, sino que actúa en sentido opuesto.
Por ello, apruebo la proposición del Senado de eliminar este día feriado para simplemente dedicarlo al trabajo, que es lo que Chile necesita para salir adelante.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, deseo recordar, en forma breve, que el proyecto de ley original trataba la derogación de cuatro fechas: el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo; Corpus Christi, que, como lo saben los católicos de la Cámara, es una fiesta movible; el 12 de octubre, día de la Raza, y el Día de la Unidad Nacional.
Por diferentes razones, el Senado rechazó la eliminación del feriado del 29 de junio. Aparentemente, y aunque la Iglesia señaló que no era fiesta de guardar, ésta se mantuvo como un homenaje a su Santidad el Papa con ocasión del arbitraje con la República Argentina.
También estimó conveniente mantener la fiesta de Corpus Christi, según se me ha informado, y lo repito con beneficio de inventario, por la visita que hizo su Santidad el Papa a Chile.
El 12 de octubre, pese a la mucha presión de los sectores mapuches para su eliminación, el Senado de la República lo mantuvo como feriado porque es una fecha emblemática en la historia de Chile.
Ahora, desgraciadamente, en la eliminación del Día de la Unidad Nacional han intervenido muchos factores.
En primer lugar, se le asoció, no sé si voluntaria o involuntariamente, al día 11 de septiembre, cuando me han informado quienes llevaron adelante el proyecto que no era ésa la intención íntima y verdadera, sino que, por el contrario, en un país que estaba dividido, donde imperaban las odiosidades, que estaba convulsionado, se trataba de buscar un elemento que hiciera posible confluir hacia la unidad.
Le encuentro la razón al diputado informante cuando dice que la unidad no se decreta por ley. Eso es evidente, pero la unidad se puede incentivar a través de diversos medios: a través de una educación adecuada y de campañas para sanar heridas que han calado profundamente. También pensamos que se podría incentivar celebrando los éxitos, y éste era el fin último de la creación o de la institucionalización del Día de la Unidad Nacional.
Del debate fluye, con una claridad meridiana, que eso no se ha logrado, y aparentemente será muy difícil conseguirlo por este sistema.
Ayer voté por el rechazo del proyecto; pero ahora no tengo esa misma convicción después de haber escuchado a diferentes señores parlamentarios. Pienso que en nuestro común esfuerzo para lograr esta unidad, tendremos que buscar otros cauces más conducentes, otros remedios que nos lleven a sanear este problema de la desunión.
Por eso me voy a abstener en la votación del proyecto, pese a que ayer, reitero, voté en contra. Estoy íntimamente convencido de que todos tenemos que hacer esfuerzos muy serios para lograr esa unidad y, si éste no es el camino, no empece para que sigamos luchando y buscando otras vías para conseguir ese objetivo que, desde mi punto de vista, es primordial.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, cuando hablamos de derogar el 11 de septiembre, debemos recordar que un día festivo es de fiesta. En una oportunidad expresé que el 11 de septiembre divide a los chilenos, puesto que para unos es un día muy alegre y para otros, muy amargo. Por ese motivo, abogamos por su supresión y nos pareció importante, en período de transición, que se reemplazara por el Día de la Unidad Nacional. Sin embargo, esa fecha quedó muy cerca del 11 de septiembre, ya que se trasladó al primer lunes de dicho mes.
Como dijo el diputadoGustavo Alessandri, es muy importante que vayamos cerrando nuestras heridas, terminando la etapa de transición. El Día de la Unidad Nacional fue en un lapso de transición. Me alegro que él encuentre aceptable esto e indique su abstención. Es muy importante que todos los chilenos hagamos esfuerzos para que podamos terminar con la transición y lograr la unidad nacional. Es el esfuerzo que debemos realizar para dejar atrás el pasado. He dicho que no hay que olvidar, porque debemos recordar las cosas que sucedieron, pero no con el afán de buscar venganza, sino para que esos hechos no ocurran nunca más.
En ese sentido, el proyecto que suprime el Día de la Unidad Nacional en la fecha indicada apunta en la idea de terminar con esta transición y de buscar mecanismos para conducir a nuestra sociedad a un verdadero encuentro.
Por eso, anunciamos nuestro voto favorable al proyecto.
Es oportuno lo que han dicho otros diputados en el sentido de que el día de unidad nacional fuera otra fecha, porque podemos incentivar fórmulas para llegar a esa reconciliación nacional en un día de reflexión que nos permita recordar nuestra historia para mantener la identidad y buscar siempre un futuro mejor para las generaciones venideras.
También es interesante lo señalado por el diputadoAndrés Palma en cuanto a buscar mecanismos por los cuales los chilenos podamos tener días de descanso sin perturbar el aspecto económico.
Mantener los lunes como días festivos reactiva la economía a través del turismo y sirve también para el descanso de los chilenos.
Reitero, entonces, nuestro voto favorable a este proyecto de ley que suprime el Día de la Unidad Nacional.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, los diputados de la Democracia Cristiana vamos a votar favorablemente el proyecto.
Nos alegramos mucho de que estemos en esta posición, especialmente porque estamos de acuerdo en que el propósito que se persiguió cuando se instauró este feriado, hoy definitivamente no se ha alcanzado y, por el contrario, el feriado del primer lunes de septiembre produce más problemas, más intranquilidad, más violencia, lo que no queríamos que se produjera cuando se instauró.
La unidad nacional -es muy importante aclarar que se está derogando un feriado-dice relación con otras cosas. Los incentivos, las motivaciones y las conductas que debiéramos tener para lograr plena reconciliación en Chile, tienen que ver con cosas distintas a la simple imposición de un día feriado. Por ejemplo, el país tiene una deuda grande que impide la reconciliación de sus ciudadanos. Hoy hay centenares de detenidos desaparecidos cuyos cuerpos no sabemos dónde están y, lamentablemente, pareciera ser que nuestra sociedad y sus instituciones iniciaron definitivamente el camino del olvido al respecto. Durante un tiempo hubo esperanzas, una mesa de diálogo, un trabajo que se realizó con la idea de hacer un esfuerzo por reunir la mayor cantidad de información posible que permitiera ubicar los restos de detenidos desaparecidos; pero eso no se logró. La información fue escasísima y, en verdad, después de casi dos años de iniciado ese proceso, tenemos el triste resultado de un fracaso. Entonces, el tema de la unidad nacional pasa por otras cosas y no simplemente por un feriado más o menos.
Algunos dicen: “Mira, logramos terminar con el feriado del 11 de septiembre”. Puede ser muy importante ese tema y que hayamos debido transitar por ese período que llamamos de transición, pero hoy tenemos motivaciones distintas.
Es bueno que terminemos con este feriado, porque el objetivo no se consiguió, pero no debemos olvidar que en materia de reencuentro, de reconciliación, de unidad nacional, el país tiene deudas pendientes y, por lo menos, quiero recordar la deuda que tenemos con los familiares de los detenidos desaparecidos que siguen y seguirán exigiendo que les demos la respuesta que permita ubicar a sus seres queridos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
La votación de esta iniciativa queda pendiente para el término del Orden del Día.
Asimismo, queda pendiente la votación de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley general de Cooperativas.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley que deroga la ley Nº 19.588 y suprime los feriados que indica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Mesías, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Tuma, Urrutia, Velasco, Venegas y Villouta.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez, Coloma, Correa, Díaz, Dittborn, González (doña Rosa), Ibáñez, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Paya, Pérez (don Víctor), Prokurica, Recondo, Ulloa y Vargas.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alessandri, Álvarez-Salamanca, Fossa, García (don René Manuel), Monge y Rojas.
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.353, SOBRE CONDONACIÓN DE DEUDAS CORA. Tercer trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas Cora.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2759-01, sesión 28ª, en 22 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La votación de esta materia queda pendiente para el final de la sesión.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
En votación las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la ley Nº 19.353, sobre condonación de deudas Cora.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel),Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Encina, Fossa, García (don René Manuel), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jara-millo, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Mora, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco y Venegas.
-Se abstuvo el diputado señor Montes.
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, con la misma votación se rechazarán las disposiciones adicionales que vienen como enmiendas del Senado.
Rechazadas.
Despachadas las modificaciones del Senado.
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.162, SOBRE SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE GANADO. Segundo trámite constitucional.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Finalmente, corresponde conocer el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.162, que establece un sistema obligatorio de clasificación de ganado.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Guillermo Ceroni.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2826-01 (S), sesión 18ª, en 20 de noviembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 7.
-Informe de la Comisión de Agricultura, sesión 25ª, en 15 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 8.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, este proyecto de ley, bastante breve, en el fondo significa mejorar la ley Nº 19.162, que establece el sistema obligatorio de clasificación de ganado. Consta de un artículo único y de otro transitorio, los que fueron aprobados, por unanimidad, en la Comisión.
El artículo único tiene por objeto modificar el sistema de acreditación de los certificadores, con el fin de otorgarle mayor grado de certeza y confiabilidad mediante la homologación de las exigencias aplicables a los organismos certificadores con las normas internacionales en la materia, lo que mejora la fiscalización de la carne, tanto importada como nacional.
El proyecto de ley nació de la necesidad de modificar la ley Nº 19.162, a fin de lograr la homologación de las entidades que certifican las carnes en Chile, para que funcionen de manera similar a las existentes en otros países y, en definitiva, tengan las mismas características y todas sean entidades o personas jurídicas acreditadas en la certificación de productos, de acuerdo con las normas internacionales.
Para su funcionamiento, las entidades deben inscribirse en el registro que para tal efecto llevará el Servicio Agrícola y Ganadero.
El reglamento, que se dictará con posterioridad a las modificaciones, establecerá la forma en que esas entidades deberán acreditar el cumplimiento de todas las características de sus similares internacionales. Ello, con el propósito de otorgar mayor seriedad al proceso.
La ley vigente consigna que deben existir personas naturales que puedan desempeñarse como certificadores de las carnes. Con esta iniciativa serán entidades. Para eso se establece que sólo ellas acreditarán o certificarán la calidad de las carnes. Por eso, en el artículo 7º se suprimió la expresión “personas” y se dejó sólo el vocablo “entidades”.
Por último, es importante hacer notar que ante la modificación del Senado en el sentido de fijar un plazo de 250 días para que la ley entre a regir, la Cámara propuso un plazo más corto, de noventa días.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, aunque no me crean, hay bastante ganado bovino y ovino en Arica, en los valles de Azapa y de Lluta y en Parinacota.
El proyecto en estudio tiende a proteger a los consumidores y productores nacionales. Si bien las normas actuales se aplican en forma adecuada para garantizar la tipificación de las carnes a esos productores, no ocurre lo mismo con las carnes importadas, cuyo sistema de tipificación permite burlar el objetivo propuesto, cual es garantizar que la carne sea de la calidad consignada. Por lo tanto, esta nueva norma asegurará que las carnes importadas ingresen en el país con una certificación que garantice la calidad que dicen tener.
Debemos corregir nuestra relativa ingenuidad e inexperiencia en la actual globalización, en la medida en que nuestro intercambio comercial con el resto del mundo nos vaya enseñando lo que debemos mejorar.
La iniciativa constituye una verdadera enseñanza en un rubro tan específico como el del mercado de las carnes, pero también es una luz de alerta hacia otras áreas del intercambio comercial entre Chile y el mundo, dentro de las cuales debemos aprender a defender a los consumidores y productores para evitar que, a través de ciertos resquicios
o debilidades que presenta el comercio internacional, productores o vendedores externos ingresen en nuestro mercado, en forma ventajosa, mercaderías subvencionadas o de calidad inferior.
Apoyamos con entusiasmo este proyecto de ley que apunta a que, en la inserción de Chile dentro de la globalización mundial, se proteja el interés de sus ciudadanos.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, sólo quiero informar acerca del descontento de algunos ganaderos de la Décima Región de Los Lagos por la débil modificación que se introduce en la ley Nº 19.162, dada la difícil certificación que se hace de la carne importada.
El Servicio Agrícola y Ganadero tiene toda la buena voluntad para fiscalizar esta materia y ha estado presente en innumerables reuniones con asociaciones de productores de carne -también he participado en algunas en forma de ciudadano común-, pero, lamentablemente, no cuenta con profesionales idóneos para la certificación. No quiero decir que no disponga de veterinarios ni de agrónomos que estudien estos temas, sino que ellos no tienen cómo interiorizarse del funcionamiento de los mataderos, específicamente en Paraguay y en Argentina, países que simplemente avalan lo que certifican sus profesionales, con lo cual se origina una tremenda incongruencia: seguimos aceptando la vaca como novillo, y por eso esta legislación a veces es llamada “ley vaca”. O sea, la calidad de la carne que viene de afuera, a pesar de que muchas veces es mejor que la nuestra, no es la que debiera o dice ser.
Desgraciadamente, no pertenezco a la Comisión, pero he querido dar a conocer la opinión de un gran número de ganaderos en relación con esta modificación. No están de acuerdo con ella, a pesar de que algunos han sido invitados a participar en el debate.
Espero que durante el estudio de la reglamentación logremos llegar a un criterio común con los exportadores extranjeros y podamos seguir “comprándoles” el ganado que nos ofrecen, pero de la calidad que efectivamente queremos traer y no el que ellos nos quieran imponer como norma de calidad.
Digo esto porque las modificaciones del Senado no llenan de satisfacción al productor ganadero.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, agradezco a la Mesa por permitirme expresar algunas aprensiones respecto del proyecto.
Todo el mundo habla de la certificación de la calidad de las carnes en su paso por los mataderos. En verdad, se trata de un profundo error, porque nunca se ha tipificado por calidad sino por edad, lo cual es muy diferente. En consecuencia, ya que estamos trayendo carne de Argentina, debemos exigir el principio de reciprocidad. Aquí rige, en la mayoría de los casos, el “principio” de jurel tipo salmón, porque resulta que los animales viejos “rejuvenecen” en el matadero, salen puras V. Es tan cierto lo que estoy diciendo que se creó la “vaca Chile”, que era un desecho, el cual, como no se iba a certificar la tipificación porque los argentinos no permitían a los técnicos chilenos entrar en los mataderos, llegaba aquí como carne V, y era vaca vieja. En consecuencia, lo que se está tipificando aquí es la edad.
¿Por qué perjudica esto a los ganaderos chilenos? Porque muchas veces esto ha incentivado la matanza de las hembras, porque cuando una vaquilla tiene dos o tres dientes, por decir algo, y es clase V, ese kilo de animal vale 480, 470 y hasta 500 pesos. Cuando pasa a clase A o clase C, vale 320 pesos. En consecuencia, hoy, con esta tipificación para las hembras estamos incentivando la matanza de las vaquillas y de las terneras más jóvenes, lo que va en desmedro de nuestra producción. Por consiguiente, la hembra debe tener una sola categoría si queremos proteger nuestros campos y nuestra ganadería.
Por eso digo que no se confundan quienes creen que con esta modificación de la ley tendremos carne de excelente calidad. Lo que estamos diciendo es que la carne que ahora se compra como V será V, pero puede ser de vaquilla, de novillo joven. En consecuencia, la calidad la da la grasa que tiene la carne, la cobertura, porque se puede tener carne clase V, pero es de una vaquilla raquítica, flaca.
Servirá, pero eso no significa que su calidad sea excelente, porque puede ser pésima.
Seamos honestos y digamos a los ganaderos que tienen toda la razón, que aquí estamos tipificando la edad para traer carne de Argentina, y dejemos que actúen también las otras instancias. Por ejemplo, un diputado que estuvo a cargo del SAG, debió enfrentar grandes problemas cuando le dio la onda de la transparencia y quiso oponerse, por lo cual las autoridades lo aprestaron y le dijeron que debía hacer lo que indicara el Gobierno.
Dejemos también que actúa el SAG en defensa de nuestra barrera sanitaria. Es una de las instituciones del Estado que merece el mayor respeto porque ha hecho un muy buen trabajo.
En consecuencia, da igual votar el proyecto a favor o en contra. Lo que debemos exigir, como digo, es reciprocidad con los países exportadores de carne y que en Chile nos aseguremos de resguardar que lo que diga V sea V.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, como acaba de expresar el diputadoRené Manuel García, me correspondió participar, como director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, en la discusión del proyecto que dio origen a la ley de la carne, la Nº 19.162.
Quiero recordar que esa ley, que establece todo un sistema de clasificación y de tipificación del ganado, no sólo por edad, como dijo el diputadoRené Manuel García, pretende dos cuestiones fundamentales: transparencia en el mercado de la carne, saber si la vaca es vaca, si el buey es buey y si el novillo es realmente novillo de primera clase y premiar la calidad.
Mediante la transparencia, el comerciante, el expendedor de carne, debe decir qué está vendiendo y, obviamente, cobrar de acuerdo con eso. Ese es el espíritu principal, genuino, de esta ley. Obviamente, como toda obra humana, es perfectible.
¿Qué ha pasado en el transcurso del tiempo con la globalización, que algunos entienden de una manera y otros de forma distinta, y que se ha ido propagando en forma progresiva, casi geométrica? El consumo de carne importada ha ido en aumento desde la década de los años 90, porque mejoraron las condiciones económicas. La gente empezó a consumir más carne, seguramente porque los precios han permitido que de 13 kilos de carne roja per cápita que consumía cada habitante, aproximadamente, en 1990, ahora estamos por sobre los 25 kilos. Efectivamente, el consumo de carne ha aumentado en la dieta del chileno, lo que denota, por supuesto, mejoría en su alimentación. Ello, como digo, obedece a una mejoría económica. A su vez, el consumo de pollo, que siempre fue inferior al de la carne roja, hoy es superior. Asimismo, ha aumentado el consumo de pescado.
Volviendo al tema de la ley Nº 19.162, ley de la carne, ha habido varios problemas en la fiscalización, los que se han visto agravados por el aumento geométrico de la importación de este producto, los que aquí ya se han señalado.
En su momento me tocó enfrenter problemas que amenazaron hasta las relaciones diplomáticas con algún vecino país.
Simplemente sugiero que, al margen de este informe, se oficie al director del Servicio Agrícola y Ganadero, por intermedio del ministro de Agricultura, para que nos informe en qué condiciones los inspectores chilenos están fiscalizando hoy la carne procedente de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, aun cuando tengo entendido que no está ingresando carne argentina por el problema de la fiebre aftosa. Incluso sé que hay autorización para la importación de carne de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia.
En definitiva, oficiar al ministro de Agricultura para que nos informe de qué países está entrando carne para consumo nacional, la cantidad que ha ingresado en los últimos dos años y cómo el Servicio Agrícola y Ganadero -como organismo dependiente de dicha Cartera- está fiscalizando en terreno el cumplimiento de la ley Nº 19.162; si está validando, sin una adecuada supervisión, lo que hacen profesionales y técnicos extranjeros o si solamente supervisa y con qué frecuencia lo está haciendo.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, este proyecto es bastante sencillo, muy claro y su objetivo es resguardar que tanto la carne que se faena en nuestro país como la que llega de afuera, se ajuste a las calidades de la ley relativa a su tipificación.
Uno de los aspectos importantes para que nuestra carne y todas las internacionales tengan la calidad que corresponda radica, claramente, en que los organismos certificadores deben demostrar suficiente idoneidad, porque son ellos quienes nos permitirán contar con la garantía de que nuestra carne es de buen nivel.
Desde ese punto de vista, el objetivo de este proyecto es homologar las exigencias que se aplican a los organismos internacionales para calificar la carne con las que se hacen a los organismos de nuestro país. Por lo tanto, habrá más requisitos para contar con una total garantía.
En seguida, un reglamento establecerá los requisitos que se les exigirá a estas entidades certificadoras.
Por otra parte, esta iniciativa hace algo muy bueno al suprimir el término “personas”, porque antes podían ejercer como certificadores tanto personas como entidades. Ahora se opta por que sean solamente entidades. Esta iniciativa persigue que las empresas o sociedades que se dediquen a realizar este oficio cuenten con todos los medios necesarios. Lo anterior no significa excluir a ninguna persona; pero los requisitos que deberán cumplir estos certificadores serán de gran envergadura y por ello se piensa que deben ser empresas las que se dediquen a esta actividad.
Por otra parte, se aumenta el límite de las sanciones, porque las que se establecían como infracciones a la ley de carnes fluctuaban desde las diez unidades tributarias mensuales hacia arriba, y ahora hemos rebajado la sanción mínima a una unidad tributaria mensual. Es decir, consignamos un margen más amplio por cuanto no teníamos sanciones menores a diez unidades tributarias. En efecto, ahora las establecemos desde una unidad tributaria hacia arriba, con lo cual creamos un margen mayor de posibles sanciones. Una infracción menor puede recibir menos sanción.
También hemos establecido un plazo para la entrada en vigencia de esta ley, modificando el que proponía el Senado. Éste había fijado 250 días, y nosotros, como Cámara, propusimos 90.
En definitiva, se trata de una iniciativa bastante sencilla que, además, contó con el informe favorable de distintas entidades gremiales, tales como la Federación de Productores de Carne, la Asociación de Plantas Faenadoras de Carnes de Chile, la Asociación Chilena de Carnes. O sea, las partes involucradas estuvieron de acuerdo en que este proyecto era importante.
Mi intervención aclara el informe original que emití.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor CERONI.-
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señora Presidenta, en verdad, la ley relativa a la tipificación de la carne ha significado en todos estos años la ruina de los productores de carne nacional, sobre todo de los pequeños. Recuerden que esta ley las tipifica de acuerdo con la edad del ganado. En nuestro país los pequeños productores no están en condiciones de vender carne tipo “V” en el plazo de un año, de año y medio o de dos años, pues su ganado en engorda lo llevan a los mercados cuando tiene una edad superior. Esto hace que, en las ferias, el ganado se trance a valores muy inferiores a los que después se vende en las carnicerías como tipo “V”.
Cabe suponer que esta iniciativa de ley fue ideada pensando que podíamos exportar carne, cosa que no ha sido posible, ya que estamos muy lejos de lograrlo.
En definitiva, este proyecto mejora en alguna medida la importación de carne y las condiciones en que ésta ingresa, estableciendo controles que, a mi juicio, son necesarios, aun cuando no es todo lo que se requiere. Para que esta iniciativa sea efectiva es preciso modificar los criterios que se están aplicando para clasificar el ganado. Hoy, según la ley de tipificación, es sobre la base de su edad, en circunstancias de que debe hacerse en consideración al contenido graso. Eso es lo que está pidiendo la Asociación Nacional de Productores de Carne, y tengo entendido que, en los próximos meses, hará una petición formal al gobierno para que dicha ley se modifique definitivamente, con el objeto de favorecer la producción de carne nacional y permitir que los productores obtengan precios más o menos decentes cuando
lleven su ganado para la venta en ferias. He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señora Presidenta, anuncio nuestro voto favorable a este proyecto.
Si bien compartimos las inquietudes respecto de que la ley sobre tipificación de carnes -vigente desde el año 1993-, presenta hoy algunas dificultades, reconocemos que en varios de sus aspectos ha cumplido un rol importante porque también establece normas para el funcionamiento de los mataderos, materia en la cual se ha avanzado bastante en los últimos años. No cabe ninguna duda de que requiere modificaciones más profundas, que analizaremos en los próximos meses. Incluso hay proyectos que están siendo elaborados por los propios productores.
Lo fundamental del proyecto de ley que estamos discutiendo radica en que es una modificación a los entes tipificadores en el extranjero. La ley establece que la tipificación en Chile debe ser exigible también a las importaciones, pero siempre hemos tenido dudas sobre el cumplimiento de ese precepto. El proyecto dispone que a partir de ahora no podrán tipificar personas, sino entidades que hayan calificado previamente en los organismos internacionales competentes y ante el Servicio Agrícola y Ganadero chileno. De manera que el objetivo del proyecto es consignar exigencias mayores en la tipificación de las carnes que serán importadas a Chile. Así se hará justicia a los ganaderos chilenos en el sentido de que la carne que se importe deberá cumplir las mismas exigencias de tipificación que la nacional, favoreciendo también a los consumidores chilenos, finalidad que realmente nos importa.
La idea de despachar inmediatamente este proyecto se debe a que influye en forma muy relevante al impedir la importación de carnes sin que se nos garantice que éstas han sido sometidas a las normas de tipificación que la ley chilena contempla, y para ello preceptúa que esa acción la deben cumplir entidades fiscalizadoras que hayan calificado ante organismos internacionales expertos en la materia.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Cerrado el debate.
Este proyecto se votará al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 19.162, que estableció el sistema obligatorio de clasificación de ganado.
Hago presente que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto del honorable Senado con las modificaciones que propone la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado en general.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Fossa, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas y Villouta.
MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 3.500, DE 1980, EN MATERIAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES. Tercer trámite constitucional.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En conformidad con los acuerdos de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los fondos de pensiones.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor José Miguel Ortiz.
Señores diputados, por acuerdo de los Comités, cada bancada dispondrá de diez minutos para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, voy a informar, en forma muy sucinta, sobre las modificaciones del Senado, por cuanto fui diputado informante en el primer trámite constitucional, en representación de la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, cada administradora de fondos de pensiones opera sobre la base de sólo dos tipos de fondos de pensiones: el Fondo Tipo 1, al que pueden ingresar todos los afiliados del sistema de pensiones, y el Fondo Tipo 2, al que sólo pueden acceder los afiliados pensionados y a quienes les falten diez años o menos para cumplir la edad legal para pensionarse.
El esquema de este proyecto de ley consiste en la ampliación del número de fondos existentes a cinco por cada AFP, diferenciados a partir de la proporción de su portafolio invertida en títulos de renta variable.
¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El aumento del valor de las pensiones.
En primer lugar, hay una modificación en el tema de la voluntariedad de ofrecer el fondo
A. El objetivo es disminuir los costos para hacer más viable la entrada de nuevos competidores, posibilitar mayor flexibilidad para la elección de portafolios y permitir la formación de un mercado de asesores en los que las AFP ofrecen servicios de consejería respecto de la estructuración de portafolios adecuados, considerando características individuales, por ejemplo, aversión al riesgo y tipo de industria.
Además, en el tema de la flexibilidad hay otro objetivo: otorgar mayores posibilidades de selección de portafolios a los afiliados, manteniendo acotado el nivel de riesgo del ahorro obligatorio.
La asignación de fondos para afiliados que no los elijan tiene como objetivo simplificar el proceso de asignación y de cambio.
También está el tema de acercar la re-asignación residual a una secuencia de portafolios más cercanos al óptimo, y limitar el riesgo político y financiero de cambios abruptos.
La información sobre rentabilidad de las AFP tiene como objetivo incrementar la transparencia del sistema previsional e incentivar la mantención de una estructura de comisiones competitivas.
El Senado modificó los límites mínimos de inversión de cartera de renta variable con miras a un gran objetivo: dar más posibilidades al mercado de encontrar una diferenciación adecuada de los portafolios, considerando tanto la oferta de instrumentos como las necesidades de los pensionados.
En general, el hecho de que las AFP participen en el mercado de ahorro voluntario genera, por sí solo, incentivos para que se creen portafolios diferenciados.
Hay varias modificaciones más: la restricción del plazo máximo de la cartera de renta fija, Fondo E; los límites de exposición cambiaria, las comisiones pagadas por los fondos de pensiones a fondos mutuos y de inversión, los límites de inversión en fondos de inversión cuando los activos del fondo son emisores relacionados con la AFP, y la fiscalización de mercados para los efectos de las transacciones que efectúen en ellos las AFP y las personas con información.
Además, hay disposiciones transitorias con el objetivo de limitar el riesgo político y financiero de estos cambios, como también dar mayor flexibilidad a la conformación de los portafolios de los distintos tipos de cambio.
Señora Presidenta, el diputado señor Carlos Montes, miembro titular de la Comisión de Hacienda desde hace muchos años, me manifestó que se siente totalmente interpretado con estas modificaciones del Senado.
Por lo tanto, solicitamos aprobar estas enmiendas, porque son positivas para el país, para las inversiones y, especialmente, para los trabajadores.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini por dos minutos y treinta segundos.
El señor LORENZINI.-
Señora Presidenta, sin duda alguna, este proyecto es muy importante porque modifica lo que durante muchos años se ha mantenido: los fondos de jubilación de las personas. Hay bastantes adecuaciones, como lo ha dicho el diputado señor Ortiz. Sin embargo, quiero comprometer al ministro del Trabajo y al ministro de Hacienda en algo un poco más arriesgado.
Sé que estamos dando un gran paso para diversificar nacional e internacionalmente las posibilidades de inversión y utilización de los fondos de acuerdo con la edad de las personas. En verdad, lo que se necesita es motivar a las pymes y a las microempresas, única posibilidad de lograr más desarrollo y crecimiento. Eso se hace accediendo a capitales de riesgo, y las únicas fuentes de donde podemos recibirlos es a través de los más de 40 mil millones de dólares que están en las AFP, que son de todos los chilenos.
Por eso, pensando en que más del 80 por ciento de quienes hoy son partícipes en los fondos de las AFP tienen menos de cuarenta años, y, por lo tanto, un horizonte de 20 ó 25 años de inversión, podemos correr algunos riesgos. A lo mejor, ello va en contra de las bases del decreto ley Nº 3.500, de 1980; pero me gustaría que, cuando tratemos otro proyecto del Ministerio de Hacienda, busquemos la forma de contar con nuevos instrumentos aterrizados para pequeñas empresas, en las cuales las AFP, dejando de lado un exceso de conservadurismo, inyecten algo de dinero.
En el capital de riesgo de los pequeños empresarios todavía podríamos, a través de algunos de los proyectos que tengamos en vista, complementar este gran proyecto que hoy vamos a aprobar.
Muchas gracias.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros por dos minutos y treinta segundos.
El señor RIVEROS.-
Señora Presidenta, en el sistema previsional de las Administradoras de Fondos de Pensiones existen dos fondos. Uno, al que se refiere el proyecto que hoy discutimos porque la multiplicidad de fondos no ha sido suficientemente aprovechada hasta el momento: sólo 650 personas -de acuerdo con los datos proporcionados por la Superintendencia- están las afiliadas al Fondo 2.
Tomemos en consideración que en el año 2001 la rentabilidad del fondo invertido en renta fija -que individualiza a este Fondo 2para las personas que estén próximas a pensionarse, está por sobre el 8,4 por ciento, en comparación con el Fondo 1, de rentas variable y fija, que es de un 6,7 por ciento.
El proyecto establece un sistema para las personas que no opten por ninguno de los cuatro fondos que se establecen con obligatoriedad, porque el fondo signado con la letra “A” queda como voluntario.
La regla general debería establecer el derecho del afiliado a optar y manifestar su voluntad para elegir alguno de los fondos. Por el contrario, el hecho de que la ley supla la voluntad de las partes debería constituir una excepción.
No sacamos nada con aprobar los multifondos si no se cumple con el objetivo central de que los afiliados tengan la posibilidad de optar. Esto no se hace porque muchas veces la información no es oportuna, amplia ni llega a los afiliados.
Un segundo punto se refiere a los costos. El Senado ha introducido una modificación relativa a la rentabilidad de las administradoras. Yo cambiaría el concepto: me referiría a la utilidad de las administradoras, para no confundirnos con la verdadera rentabilidad, que es la que generan los fondos.
La iniciativa consagra la necesidad de establecer las utilidades netas generadas por las administradoras, específicamente en lo que se refiere al encaje.
Espero que ello signifique un avance en la transparencia; pero si consideramos que lo que genera el ingreso de las administradoras, en su esencia, son las comisiones que pagan los afiliados y hemos señalado de manera persistente que el monto por comisiones es excesivo, llegamos a la conclusión de que la administración de los fondos tiene un alto costo.
Por ello, esperamos que las próximas iniciativas legales -que suponemos se llevarán a cabo este año- ya no sólo digan relación con el fondo, sino también con la administración, porque en esa materia hemos quedado atrás; ahí hay un interés directo de los afiliados al sistema en cuanto a cobertura y a costo.
Voy a dar mi voto favorable a la iniciativa porque es importante que existan los multifondos; pero llamo la atención sobre la administración de los mismos, haciéndome eco de lo formulado por el diputado señor Lorenzini respecto de la inconveniencia de incluir en el proyecto la posibilidad de aumentar la inversión en el extranjero, medida que me merece serias dudas y que debió tratarse en forma separada, además de reconocer la necesidad de capitales en nuestro país.
Nos vemos en la obligación de votar las modificaciones del Senado en su conjunto porque reconocemos la necesidad de los multifondos; pero no puedo dejar de señalar que la posibilidad de aumentar la inversión y la cobertura en el extranjero debería llamarnos a meditar y ojalá que se trate de algo transitorio, porque lo fundamental es que los capitales, que constituyen el principal ahorro nacional, sirvan de manera fundamental para acrecentar el desarrollo de nuestra economía.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, impactan los comentarios de los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, y pienso que deberíamos haber hecho una modificación mejor, porque no debemos transformar estas modificaciones en un factor de riesgo. Eso es lo que he podido entender de las intervenciones efectuadas.
El diputado señor Guido Girardi, presidente del Partido por la Democracia, ha dicho públicamente que queremos una agenda legislativa progresista, que concrete las ofertas que legítimamente hizo el PresidenteRicardo Lagos en su condición de candidato.
Invoco esto porque me da fuerzas para sostener que en el proyecto necesitamos consolidar un crecimiento con seguridad, en especial seguridad social, que permita terminar con las injusticias de un sistema previsional mixto, que hoy empobrece a buena parte de las personas que se pensionan en él. ¿O no es así? ¿Por qué, entonces, las constantes peticiones de los distintos gremios de incorporarse o de volver al INP?
Cuando recorremos los distritos -no soy el único receptor de las peticiones- escuchamos innumerables reclamos por el bajo monto de las pensiones, y, curiosamente, la gente reclama cada vez más por lo injusto de las AFP.
Sabemos que cuando no se logra una pensión mínima se recurre a la garantía estatal, y el Estado paga la pensión de los afiliados en un acto de verdadero subsidio cruzado, como se dice en economía, porque las grandes compañías sólo operan cuando obtienen utilidades; es decir, son capitalistas para las ganancias y socialistas para las pérdidas.
Queda de manifiesto en el proyecto que el Estado, en ejercicio de su capacidad normativa, genera condiciones para que los negocios funcionen; lo interesante es que sean buenos.
A los parlamentarios se nos pide responsabilidad y trabajo. Por eso resulta paradójico que, al mismo tiempo y con el mismo ímpetu, no se propugnen las reformas al sistema que clama la ciudadanía, como sería establecer que las AFP cargaran sus comisiones a las utilidades que ellas obtienen por los fondos depositados por los cotizantes, y que no ocurra como ahora, en que aunque hagan buenos o malos negocios, igualmente tienen derecho a cobrar por administrar mal lo que deberían administrar bien, en este caso, el dinero de los chilenos.
Esto nos lleva a lo impredecible, por lo que se requieren -concuerdo con el diputado señor Riveros- nuevas modificaciones, y, a lo mejor, más profundas.
Termino señalando que, lamentablemente, con toda la estimación que siento por el ministro de Hacienda, su mirada plasmada en el proyecto es sólo financiera, y pienso en voz alta que podría haber sido una mixtura entre aspectos financieros y de seguridad social. Ello es clave para asegurar una vejez digna para todos los chilenos.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señora Presidenta, está fuera de discusión que el proyecto es interesante y muy positivo para la actividad de los fondos previsionales en Chile.
La iniciativa flexibiliza la operación y las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones y, desde esa perspectiva, tendrá un impacto positivo sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones y, directamente, sobre el nivel de las pensiones de los chilenos que ahorran en esas instituciones. Sin embargo, deseo hacer tres comentarios respecto de las modificaciones introducidas por el Senado, que voy a votar positivamente, pero que me ocasionan dudas e inquietudes.
La primera de ellas se refiere a la modificación al inciso cuarto del artículo 28, que dice:
“a) Intercálase, a continuación de la primera oración, lo siguiente:
“Asimismo, en el mencionado estudio, la Superintendencia deberá difundir la rentabilidad de cada una de las administradoras”.
No se trata sólo de la obligación de difundir la rentabilidad de los fondos de pensiones, que existe actualmente, sino de distribuir la rentabilidad de las administradoras.
“Estas rentabilidades también deberán presentarse netas de encaje,...”, y se agrega una serie de otras consideraciones.
Me gustaría saber por qué el Senado está interesado en difundir la rentabilidad de las administradoras. Entiendo que todas ellas son sociedades anónimas abiertas y, como tal, están obligadas a proporcionar la información trimestralmente para llenar lo que se conoce como la Fecu, información contable de las administradoras, de la cual se deriva, con toda claridad, la rentabilidad.
Por lo tanto, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones no deberá calcular la rentabilidad de las administradoras, pues eso ya está hecho -y cualquier ciudadano o institución que se interese la puede obtener-, sino difundirla.
Me temo que, de alguna manera, el Senado ha querido sancionar rentabilidades de las administradoras que pudieran parecer exageradas. Espero que esta información sea tratada con cuidado; de lo contrario, podría generar una odiosidad inadecuada contra el sistema de pensiones.
En segundo lugar, en el inciso propuesto como vigesimocuarto, ha agregado, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración final: “El Banco Central fijará límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las administradoras para cada tipo de Fondo”.
Entiendo que la idea es limitar el riesgo cambiario de paridades entre monedas de las inversiones de las AFP. A mi juicio, eso es parte del riesgo del negocio. Entonces, no sé por qué la autoridad se interesa en fijar límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria, por ejemplo, respecto de las tasas de interés.
Llama la atención que la autoridad no contemple el riesgo cambiario de paridades entre monedas -entre dólares y yenes u otras monedas-, como un riesgo propio del negocio y, en ese sentido, haya interés en cautelar esto y no se considere cobertura para tasas de interés, que pueden ser tanto o más importantes que los cambios en las monedas.
Finalmente, hay un último punto que llama la atención: se incorpora una nueva letra c) al artículo 15, que dice:
“Para efectos de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, a que se refieren las letras i) y k) del artículo 45, los superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros establecerán anualmente, a través de una resolución conjunta, debidamente fundada, y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, a los fondos mutuos y de inversión. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones pagadas son mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras”. O sea, la autoridad tiene la pretensión de fijar límites máximos al pago de comisiones.
Pienso que fuera de Chile hay más competencia entre los fondos de inversión y los fondos mutuos. Por tanto, debemos esperar que las comisiones que se cobren sean de mercado.
Me extraña que la autoridad esté interesada en fijar comisiones para las inversiones fuera de Chile y no para las que se efectúen en el país. Chile es un país muy chico; por lo tanto, puede haber menos competencia en fondos mutuos y fondos de inversión, lo que significa que internamente se podrían pagar comisiones exageradas y no de mercado.
Por eso, llama la atención que se quieran fijar comisiones en otras partes del mundo, donde hay más competencia, y no se haga ninguna alusión a las comisiones internas, donde evidentemente puede haber mucho más contenido monopólico y oligopólico, que permitan la existencia de rentas que se quieren evitar.
Esos son los comentarios que quería hacer sobre las modificaciones introducidas por el Senado, aun cuando el proyecto es muy positivo e interesante para las administradoras de fondos de pensiones.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, la Comisión de Trabajo -sobre todo, quienes la integramos ya por ocho años- ha analizado diversos proyectos del Ejecutivo para intentar reformar el sistema previsional, particularmente de las AFP, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Hemos detectado un gasto excesivo, ya que más del 23 por ciento de la recaudación de las AFP estaba destinado a promoción y al pago de vendedores, con un sinnúmero de irregularidades contrarias a la ética y a la moral, lo que se había constituido en un gran negocio -materia sobre la cual los afiliados recibían muy poca información-, que más bien se traducía en la entrega de bicicletas y estímulos en dinero, a fin de lograr un incesante cambio de administradora.
Hemos logrado introducir modificaciones, ya que se redujo el número de vendedores, lo que sin duda provocó cesantía, y a través de una circular de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se establecieron ciertas regulaciones que han permitido tener una información real del sistema y, a su vez, ir eliminando los aspectos objetos de críticas, cuya existencia todos reconocen.
Estamos frente a una modificación al sistema de las AFP y no se ha alzado ninguna voz que se oponga. Quiero hacer hincapié en que todos coinciden en que, después de casi veinte años, el sistema de las AFP necesita reingeniería, una revisión profunda y una actualización. Por tanto, hay que preguntar en qué minuto asistiremos al debate sobre las reformas de fondo al sistema de las AFP, porque, hay que decirlo con franqueza, está pendiente el temas de los costos.
Hemos analizado, al menos, dos proyectos que benefician directamente a las administradoras. Por ejemplo, se les ha permitido sacar más fondos garantizados por el Estado para invertirlos en el exterior, en circunstancias de que muchas voces se alzaron para pedir la destinación del uno por ciento de aquellos fondos a capital de riesgo a fin de desarrollar la pequeña y microempresa; en definitiva, que dichos fondos se invirtieran en Chile con el loable objetivo de elevar las tasas de crecimiento de las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, hoy la mayoría está cesante y, por lo tanto, no cotiza, lo que les impedirá tener buenas pensiones en consideración a que éste es un sistema de recaudación individual. Un trabajador cesante, independientemente de la rentabilidad del fondo, si no cotiza tendrá una pensión muy baja, y lo más seguro es que deberá conformarse con la pensión mínima del Estado.
Hoy se nos ha pedido legislar sobre los multifondos, los que constituirán diversas opciones para que los trabajadores puedan obtener rentabilidades de acuerdo con sus condiciones y expectativas. Pero aquí se está legislando con la “teoría del salame”, es decir, cortando rebanadas gruesas.
El sistema de las AFP ha conseguido un mayor dinamismo tanto en la captación como en la colocación de capitales en el extranjero, y ahora se nos pide una diferenciación a través de multifondos.
La condición que la bancada socialista ha puesto para votar a favor de esta iniciativa es el compromiso de que, a partir de marzo de 2002, iniciemos el debate de fondo sobre todas las modificaciones necesarias al sistema de las AFP. Con esto, lo que estamos haciendo es aprobar una cuestión sustantiva respecto de eventuales negociaciones de la reforma total. Es decir, estamos poniendo el capital y todo aquello que le interesa a la industria de las AFP, sin tener nada a cambio por los aspectos que no se han considerado.
Ahora bien, para aprovechar la presencia de los ministros señores Eyzaguirre y Solari, quiero hacer presente lo señalado en un informe de la Superintendencia de AFP que se refiere al estado de los compromisos asumidos con la reforma previsional. Expresa que le corresponderá al Estado el pago de las pensiones del sistema antiguo, el pago de los bonos de reconocimiento, la garantía de rentabilidad mínima si las AFP quiebran, el pago de las rentas vitalicias si las compañías de seguros quiebran y la garantía estatal por las pensiones mínimas. En particular, quiero llamar la atención sobre la normativa de este tema.
¿Quién tiene derecho a la garantía estatal de pensión mínima? Primero, si es de vejez y es hombre, éste debe tener más de 65 años, y si es mujer, más de 60, y registrar a lo menos veinte años de cotizaciones en cualquiera de los sistemas. Si es por invalidez, la exigencia es no tener derecho a la garantía estatal de pensión mínima de vejez y registrar, a lo menos, dos años de cotizaciones en los últimos cinco o diez años, o estar cotizando, en caso de que la invalidez ocurra como resultado de un accidente.
El objetivo de las pensiones mínimas en el nuevo sistema previsional es la garantía estatal que define un estándar básico de prestaciones para aquellas personas que, habiendo cotizado durante una parte significativa de su vida, al final no puedan obtener una pensión mínima y ésta, necesariamente, debe ser subsidiada por el Estado. En este sentido, haré una breve reseña de la evolución en el número de beneficiarios, según el tipo de pensión, a diciembre de cada año. En 1990, teníamos 433 pensiones de vejez, y en 1999, 8.577; en 1990, 1.519 pensiones de invalidez, y en 1999, 4.617; en 1990, las pensiones de viudez alcanzaban a 2.105 personas, y en 1999, a 6.292; en 1990, las de orfandad y otras llegaban a 3.345, y en 1999, a 4.111.
¿Cómo ha evolucionado el gasto fiscal desde 1990 a 1999, en relación con la garantía de pensiones mínimas? El número de beneficiarios de pensiones mínimas en 1990 alcanzaba a la cantidad de 7.402, y en 1999, a 23 mil, es decir, se triplicó el monto del gasto fiscal en la materia. De 1.269 millones de pesos en 1990, se elevó a 13.964 millones de pesos anuales en 1999. O sea, el gasto fiscal por garantía de pensiones mínimas es infinito, pues hoy no más de dos millones cien mil trabajadores cotizan de manera normal y un total de tres millones y medio tal vez más- lo hacen en forma absolutamente irregular e impredecible, lo que hace que efectivamente las proyecciones respecto del gasto por concepto de garantía fiscal, en dólares al 31 de diciembre de 1999 -independientemente del tipo de estudio que se haya realizado, ya sea en Warner, Salvador Urrutia, Arenas y Marcel o Costabal, Claro y Asociados- sea un costo creciente y que para el año 2010 se elevará -por favor, escúchenlo bien colegas-a 369 millones de dólares.
Ahora, si no abordamos en profundidad el tema de los costos de administración y de la seguridad de la garantía estatal, el Estado terminará haciéndose cargo de más del 60 por ciento de los pensionados de nuestro país. Por lo tanto, claramente esto es volver a tener un fondo, como se tenía con el sistema colectivo único, donde, precisamente, el Estado se hace cargo del pago de los que no pueden alcanzar la pensión mínima.
Discutamos en serio y de verdad el tema de las AFP, que es una industria que tiene mucho peso. Sin duda, administrar más de 43 mil millones de dólares da un peso político sustantivo, y cada vez que queríamos entrar en un debate a fondo y en serio...
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
...llegaba a la Comisión de Trabajo Gutenberg Martínez, Andrés Allamand, Camilo Escalona...
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
O sea, de este debate se hacían cargo los presidentes de los partidos y esa Comisión, que integramos durante más de seis meses -el señor Seguel y otros diputados de la Comisión de Trabajo lo saben- trabajó arduamente, pero después desapareció. Entonces, me temo que luego de aprobar esta propuesta de los multifondos, que es una pequeña pero muy importante parte de la reforma del sistema global, cuando queramos discutir las razones de peso y los problemas esenciales respecto del tema, como el monto de la garantía estatal, el gasto fiscal y, en particular, el monto de la pensión para los trabajadores, nos sea negado o postergado el debate.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Por tercera vez, le comunico que ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor NAVARRO.-
Quiero recordar que este Gobierno, mi Gobierno, el de la Concertación, tiene un compromiso con los trabajadores para hacer una reforma profunda del sistema de las AFP. Con una discusión y votación parcial como ésta, sólo estamos engañando a quienes esperan mucho más de la Concertación.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta, este es un tema donde uno comienza a creer que a todo se acostumbra. Lo digo porque 1980 fue el año de la destrucción de muchas garantías que tenían los trabajadores de este país. ¿Qué pasó con las cajas de pensión? Recuerdo a un periodista que en 1985 denunciaba, con nombre y apellido, a personeros del gobierno de entonces que se habían enriquecido con ellas, lo que jamás se desmintió. Por lo menos, el periodista don Juan Pablo Cárdenas señala que jamás se desmintió que señores uniformados se repartieran ese tremendo botín. Así nos vamos acostumbrando y decimos: “Ya pasó; en fin, sigamos adelante por la paz, la tranquilidad y la concordia”. Después de este botín, viene la educación superior privatizada, donde sólo ingresa el que tiene para pagar.
Lo que hoy acontece es consecuencia de nuestro actuar. Como dijo el colega señor Navarro, de una vez por todas debemos regular el sistema, que permite este tremendo negocio, donde se especula a diestro y siniestro con el dinero de los trabajadores de este país. ¿Quiénes ganan? Por favor, si a las AFP hay que pagarles hasta una comisión para que trabajen el dinero de ellos, y lo hacen con una actitud arrogante; muchas veces ni siquiera son capaces de invertir en Chile. Por eso digo que uno se va acostumbrando. Entre todos los males que ha tenido este país, pareciera que éste es el menos malo, ¡Sigamos adelante!
También concuerdo con aquellos colegas, y obviamente los ministros tendrán que ayudarnos, que propician que este sistema se perfeccione para que todos ganen, no sólo los que administran la plata de los trabajadores, especulan y la sacan del país, con ciertas condiciones. Obviamente, no participo de este tipo de sistemas, pues creo que de todos los errores que se cometieron en el pasado, la creación de este sistema lo único que hace es atropellar los derechos de los trabajadores.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de fondos de pensiones, dejándose constancia de que se alcanzaron los quórum constitucionales requeridos.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobadas las modificaciones del Senado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel),Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Kuschel, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas y Villouta.
-Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Felipe).
MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS. Segundo trámite constitucional. (Continuación).
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre el proyecto de ley que modifica la ley general de Cooperativas.
Si le parece a la Sala, y de acuerdo con lo que propone el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, se darán por aprobadas, primero, las modificaciones introducidas por el honorable Senado, con excepción de las recaídas en el artículo 1º, Nºs 28, nuevo; 81, 140, nuevo, y 144, que por referirse a materias propias de ley orgánica constitucional requieren de pronunciamiento especial y ser aprobadas en votación separada, siguiendo el orden que las disposiciones tengan en el proyecto, y después, las recaídas en el artículo 1º, Nºs 1, 34, 60, 61, 62, 67, 71 (inciso primero), 92, 96, 116, 129 y 150 (sólo las modificaciones correspondientes a los artículos 142, 143, 144, 145 y 146), que la Comisión propone rechazar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobadas las disposiciones indicadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Correa, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez, Jaramillo, Jeame Barrueto, Jiménez, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mesías, Molina, Monge, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Tuma, Ulloa, Urrutia, Vargas, Velasco, Venegas y Villouta.
-Votó por la negativa el diputado señor
Palma (don Andrés).
El señor PARETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas, con la misma votación, las modificaciones del Senado a los números señalados del artículo 1º, que tienen rango de ley orgánica constitucional, por lo cual, para su aprobación, requieren quórum especial.
Aprobadas.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobadas las modificaciones.
Despachado el proyecto.
VII.INCIDENTES
FUNCIONAMIENTO DE COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR EFECTOS DE MEDIDAS EN FAVOR DE ZONAS EXTREMAS. Oficios.
El señor PARETO (Presidente).-
Por no haber proyectos de acuerdo, corresponde pasar a Incidentes.
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, quiero dar a conocer una lamentable situación originada en la Comisión especial sobre zonas extremas.
En efecto, el 9 de enero de 2001, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo cuyos autores fueron el honorable diputado señor Enrique Krauss y quien habla, por el cual se creó una comisión especial encargada de estudiar los efectos de las medidas establecidas en favor de zonas extremas.
Como fundamento de la iniciativa, se señaló que, a pesar de existir diversas medidas de carácter legal o administrativo que benefician a las zonas extremas, tales como el DFL Nº 15, el DL Nº 889, sobre bonificación a la inversión, todas tendientes a potenciar el desarrollo de dichas zonas, se hacía absolutamente necesaria una periódica revisión de tal normativa, a fin de evaluar el desarrollo y eficacia de tales disposiciones.
En esa sesión del 9 de enero, el diputado señor Pablo Galilea predijo una situación que es precisamente el objeto de esta intervención. En ella señaló: “Quiero recordar a la honorable Sala que hace alrededor de dos años fue presentado aquí un proyecto de acuerdo de similares características -prácticamente idéntico-, el cual fue aprobado por amplia mayoría. Sin embargo, la comisión especial que se propuso crear a fin de que estudiara los problemas que afectaban a regiones extremas, nunca funcionó y ni siquiera fue citada”.
La predicción hecha por el diputado señor Pablo Galilea en enero del año pasado se hace patente hoy. Debo señalar que, lamentablemente, desde su creación hasta la fecha, esta comisión no sólo ha fracasado por falta de quórum, sino que -en mi concepto, esto es lo más grave- todas o gran parte de las autoridades políticas y administrativas citadas a la Comisión no asistieron, e incluso ni siquiera fueron lo suficientemente educadas para presentar las correspondientes excusas.
A modo de ejemplo, de acuerdo con información oficial, puedo expresar que el ministro del Interior, si bien asistió una vez, se excusó en tres oportunidades; el ministro de Hacienda, en tres, y en una ocasión no asistió y ni siquiera se excusó; los ex Presidentes señores Patricio Aylwin y Eduardo Frei, en dos oportunidades; el intendente de la Primera Región, en dos. No es agradable entregar esta información, pero lo hago porque las zonas extremas requieren especial atención.
Por ello, creo fundamental dejar expresa constancia en las actas de esta Corporación de la falta de compromiso de las más altas autoridades políticas y administrativas del país con las zonas extremas. Nadie puede discutir que existe un avance en materia de leyes, que apunta en esa dirección, pero, del mismo modo, sabemos y entendemos que no basta una legislación adecuada cuando se transforma en letra muerta y no consigue los fines para los cuales fue dictada.
Deseo expresar mi profundo malestar como representante del distrito de Arica y Parinacota por esta situación. Además, en la Comisión queríamos determinar efectivamente dónde están las fallas y por qué no se avanza en el desarrollo de mi ciudad. Lamentablemente, reitero, las autoridades políticas y administrativas no asistieron.
Señor Presidente, solicito que se envíe copia de mi intervención al intendente de la Primera Región, a los gobernadores de Arica y de Parinacota y al ministro del Interior.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.
COMPENSACIÓN POR EFECTOS DE CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Oficio.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se oficie a la Comisión Nacional de Energía para que informe sobre las medidas que está tomando respecto de los problemas causados por los cortes de energía eléctrica ocurridos en diferentes ciudades del país. Debo recordar que en esta misma Corporación se legisló sobre el tema y que existe una ley de compensaciones.
Por lo tanto, deseo saber si la Comisión Nacional de Energía está actuando de acuerdo con las normas establecidas.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
TRÁNSITO DE GANADO EN FRONTERA CON ARGENTINA. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, el fin de semana pasado visité al sector cordillerano de la comuna de San Fabián de Alico, y me encontré con realidades que poco conocemos.
Cuando a nuestros compatriotas que hacen patria y soberanía con tanto esfuerzo en la cordillera se les escapa un animal y llega cerca de la frontera con Argentina, son duramente sancionados, multados e incluso, muchas veces, sus animales son sacrificados. Pero la cosa es al revés: los animales argentinos pasan a territorio chileno, pastan acá, y como estamos cuidándonos de la fiebre aftosa, nuestro ganado no puede acercarse a 20 kilómetros de la frontera.
Como creo que se trata de una grave anomalía, solicito que se oficie a nuestra querida ministra de Relaciones Exteriores, a fin de que nos informe sobre la verdad de la situación.
Además, me han informado que animales argentinos llegan a las ferias de la zona central, a San Carlos, Parral, Chillán, etcétera. Este hecho se oculta y se niega, pero los mismos habitantes cordilleranos dicen que hay mucho tránsito de animales desde Argentina a Chile, porque no tenemos suficiente capacidad de vigilancia. Hay una avanzada de Carabineros de Chile, pero existen más de 15 pasos sin control.
Por lo anterior, pido que se oficie al Servicio Agrícola y Ganadero para que explique cuál es la política al respecto, porque nuestros animales no pueden acercarse a la frontera con Argentina; en cambio, sabemos que los animales argentinos transitan y pastan en nuestro territorio.
Valoro altamente el rol que juegan los chilenos en la cordillera, que en invierno viven prácticamente bajo la nieve, en situaciones muy difíciles.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen.
ALCANCES SOBRE ACTUACIÓN DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, quiero intervenir sólo con la intención de contribuir con los mínimos aportes que los parlamentarios podemos hacer a la economía chilena, con ideas que ojalá fueran recogidas por las autoridades actuales y que de alguna forma interpretan el sentimiento de la ciudadanía, en especial de la gente que representamos.
En el concierto americano y, por qué no decirlo, mundial, nuestro país en estos últimos 20 años se ha destacado por su capacidad para formar cuadros técnicos del más alto nivel en el ámbito de la economía. Así como se dice que Chile es tierra de poetas, parece que hoy también es tierra de maestros en economía.
Desde hace mucho tiempo tenemos figuras de las más diversas escuelas económicas y sensibilidades políticas que se han integrado a organismos internacionales para efectuar un aporte más allá de las fronteras nacionales. Tenemos casos como el del Primer Mandatario, Excelentísimo señor Ricardo Lagos, quien luego de perfeccionarse en Estados Unidos de América fue consultor en materia de desarrollo económico y social; del ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; del ex ministro y hoy senador, señor Alejandro Foxley; del señor Mario Marcel, director de Presupuestos; del senador señor Carlos Ominami; del destacado economista señor Hernán Büchi, en el ámbito de asesoría de empresas y de países extranjeros; también el del electo senador señor Fernando Flores. Ellos han descollado en el mundo de los negocios y de la alta gestión pública por sus capacidades intelectuales y profesionales, y sus conocimientos son codiciados por naciones hermanas como Perú, Colombia y Argentina.
Recientemente se nos informó que el señor Juan Toro, nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, también prestaba asesoría al Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar al ex ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat, que en la actualidad ocupa un alto cargo en ese organismo de crédito financiero. Según mi apreciación, lo ha hecho en forma destacada y, lo subrayo una vez más, su intervención como ministro en nuestro país dejó una vara muy elevada.
Cuando suenan con fuerza los ecos del proceso de globalización, cuando la interacción entre los países parece ser indetenible, nos podemos vanagloriar de tener economistas de elite que hace mucho conocieron, por experiencia propia, las ventajas de mirar con sus propios ojos lo que se hace en otras partes del mundo.
Sin embargo, recuerdo las palabras de un ex director general del Fondo Monetario Internacional, el señor Camdessus, quien en Argentina, mucho antes de esta severa crisis que vive el país hermano, hizo un mea culpa al reconocer que al Fondo le hacía falta corazón, ese sentimiento americano que nosotros tenemos, para que las políticas de ajuste que impulsó, y a veces impuso, no tengan costos sociales de hambre, miseria y marginación, lo que, a su juicio, no podía seguir en el tiempo, pues se socavaban los principios mismos que originaron al Fondo y, por supuesto, a toda la institucionalidad económica internacional. Hoy nos preguntamos con respeto si nuestros amigos economistas que han destacado en las grandes lides internacionales comparten el pensamiento de esa persona, que por muchos años fue considerada uno de los promotores económicos más importantes del mundo. Creo que es así.
Finalmente, quiero insistir, como conclusión, en lo peligroso que resulta que a veces los organismos internacionales se conviertan en generadores, ya no de políticas económicas, sino de ideologías y modelos. Considero que ésa es una desnaturalización inaceptable para la comunidad internacional, más aún cuando estos organismos existen para brindar apoyo a todos los países y no para asegurar la vigencia de un modelo determinado, de manera no democrática y participativa, por un grupo de técnicos, a veces influidos por un nacionalismo mal confundido con el patriotismo.
Confiamos en que en las horas difíciles que vive Argentina, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y toda la estructura internacional en el ámbito financiero, aprendan las lecciones de la historia y no sigan transformando a naciones ricas en grandes villas miserias, manejadas con ideologismos y ortodoxia.
Tengo derecho, como parlamentario y ciudadano, primero a pensar, y luego, a decirlo. Las ayudas, los aportes de los países socios -para lo cual fueron creadas estas instituciones de apoyo económico- tienen una especial regla. En época de crisis mundial o regional es un deber la estudiada ayuda. Queda bien entendido, entonces, que esas instituciones no deben inmiscuirse en conducciones económicas de otros países, pero, a la luz de las informaciones, la crisis de Argentina tiene su origen en oscuros manejos de personas y no en crisis propias del acontecer regional o de ciclos.
Expreso esto sólo como idea, pues no pretendo influir en nuestras autoridades económicas. Hago este pequeño comentario que, en lo económico, siempre puede servir
o ser necesario. Nunca está de más.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
SOLUCIÓN A SOCIOS DE COOPERATIVA HABITACOOP DE POBLACIÓN LOS OLIVOS, DE ARICA. Oficios.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a los ministros de Vivienda y de Economía a fin de que en las conversaciones y negociaciones que se están llevando a cabo para solucionar el problema de la quiebra o prequiebra de la cooperativa Habitacoop, que en la actualidad tiene un convenio judicial preventivo, y de los casi 13 mil socios afectados por la cesación de pagos de la cooperativa, se tome en cuenta la situación de la población Los Olivos, de Arica.
Se trata de 17 socios, una pequeña cantidad dentro del gran número de afectados, que se encuentran en una condición muy especial que obliga a un tratamiento más fino, pues su problema se arrastra desde hace casi 30 años -desde 1974-, tiempo en el cual ellos han seguido juicios contra Habitacoop que han llegado hasta la Corte Suprema, por cuanto la cooperativa pretende cobrarles el valor de la vivienda como si fueran casas nuevas, en circunstancias de que se las entregó en uso y goce sólo en obra gruesa y ellos han debido completar su construcción, hacerlas habitables, enriquecerlas y alhajarlas.
Entonces, debemos actuar en forma preventiva y en la solución que se está buscando tomar en cuenta la especial situación que tiene este grupo de socios de Habitacoop, que incluso llegó a realizar huelgas de hambre hace dos años, ante lo cual tuvo que intervenir el ministro de Vivienda, señor Jaime Ravinet, para dar una solución a esa gente, que había sido lanzada de sus casas, entre las que estaba doña Yubinzan Brizuela, con el objeto de que pudieran volver a sus viviendas.
No queremos que esto se repita más adelante por falta de prevención. Por eso pedimos a ambos ministros que, con sus equipos de trabajo, manejen adecuadamente este problema tan diferente que tienen los socios de Habitacoop con sus casas de Los Olivos, por cuanto se trata de un tema que se viene arrastrando, repito, desde hace casi 30 años, y debemos aprovechar esta crisis para solucionarlo.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
VENTAJAS PARA TRAER A PUERTO CHILENO GAS DE BOLIVIA. Oficios.
El señor URRUTIA.-
En segundo lugar, solicito oficiar a la ministra de Relaciones Exteriores y a los ministros de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Economía y Energía, para que se constituya un grupo de trabajo con autoridades municipales, del gobierno regional, de las gobernaciones y representantes del sector privado respecto del tema “Puertos, energía y transporte”, con el objeto de que se estudie adecuadamente el tema del gasoducto que traerá gas desde el sur de Bolivia a los puertos chilenos, porque se está produciendo una situación muy confusa y desordenada que perjudica el interés nacional: los cuatro puertos del norte chileno, Mejillones, Toco-pilla, Iquique y Arica, a los que habría que agregar el de Antofagasta, están haciendo gestiones por separado para mostrar a los consorcios internacionales y al gobierno boliviano las ventajas de cada uno. Esta acción se puede mejorar mucho si el Gobierno chileno, a través de los tres ministerios mencionados, crea un grupo de trabajo que unifique toda la oferta de los puertos chilenos, de manera tal que haya perfecta transparencia y no se piense que todo quedará sujeto a las diferentes gestiones o lobbys que realicen cada uno, porque ello daña la convivencia y nuestra competitividad con otros países, en este caso, con los puertos del Perú, que también están haciendo lo mismo.
Ha llegado el momento de que los sectores privado y público relacionados con los puertos del norte chileno se unan, dirigidos desde el Gobierno, para presentar una oferta completa que muestre todas las ventajas y realidades de cada uno de nuestros puertos, y así poder obtener un buen resultado para el interés nacional.
Solicito que se adjunte a los oficios copia de mi intervención.
He dicho.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.
FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN VIAL DE LA DÉCIMA REGIÓN Y VENTA DE ACTIVOS DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Oficios.
El señor SEGUEL (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito, en mi nombre y en el del diputado señor Jaramillo, oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de que informe respecto del funcionamiento de la Corporación Vial de la Décima Región, así como sobre los recursos de que dispone para ese fin.
En segundo lugar, pido oficiar a dicho Ministerio con el objeto de que nos informe respecto de la venta de activos que ha realizado Ferrocarriles del Estado en el año 2001, indicando claramente la recaudación obtenida y si cada una de estas ventas se ha hecho a través de licitación. Dada la importancia de Ferrocarriles, me gustaría que tal información se extendiera a cada una de las regiones del país.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Homero Gutiérrez, Sergio Elgueta, Jaime Jiménez, Pablo Lorenzini, Waldo Mora, Sergio Velasco y de quien preside.
CAPACITACIÓN DE ENCUESTADORES DEL PRÓXIMO CENSO NACIONAL. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda, el tema indígena estará presente de manera lamentable y seguirá siendo un asunto dramático para ese diez por ciento de la población del país que tiene ascendencia indígena o pertenece a los pueblos originarios.
Como próximamente se realizará un censo nacional, solicito oficiar al director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, a fin de que nos informe de manera detallada sobre la capacitación de los futuros encuestadores, en especial si cuentan con los elementos culturales e idiomáticos necesarios para que el catastro de las zonas indígenas de nuestro país se pueda desarrollar de mejor forma y permita a las comunidades entregar la información del modo más adecuado.
También debe capacitarse a los encuestadores de las zonas urbanas, con el propósito de que podamos tener la mayor cantidad de información y que todos los ciudadanos de ascendencia indígena puedan entregarla de manera e informada.
Además, que nos informe respecto de las medidas que se están tomando para desarrollar el próximo censo nacional en las zonas indígenas de todo el país, incluyendo isla de Pascua, y si se están implementando otras iniciativas.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Homero Gutiérrez, Sergio Elgueta, Jaime Jiménez, Pablo Lorenzini, Waldo Mora, Sergio Velasco y de quien preside.
DENUNCIA POR MALTRATO EN RECINTOS POLICIALES. Oficio.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero leer la presentación que hicimos ante la fiscalía militar de la Décima Región en enero de 2001, con el objeto de que figure en la versión de esta sesión, un tema que, de manera lamentable, cobra actualidad.
Junto a José Quidel Lincoleo, mapuche y profesor, domiciliado en Itinento, comuna de Padre Las Casas, y a Sergio Melinao Curiqueo, mapuche y agricultor, domiciliado en Xuf-Xuf, comuna de Padre Las Casas, hemos denunciado lo siguiente:
El 16 de diciembre de 2000, en los sectores de Ñinquilco y Quefquehuenu, “entre las 4.00 y las 6.00 horas de ese día, un grupo de al menos doce funcionarios de Carabineros, se presentaron a los domicilios de: 1. Juan Coliñir, y sus hijos, 2. Alberto Coliñir Painemil y 3. Ruperto Coliñir Painemil, 4. Bernardino Parra Mela y su hijo, 5. Manuel Parra Catrilaf, y los hermanos 6. Aurelio Catrilaf Parra y 7. Juan Catrilaf Parra, con el objeto “aparente” de detener a tres de estas personas (Aurelio Catrilaf Parra, Juan Catrilaf Parra, Alberto Coliñir Painemil). Decimos que aparente, porque en ningún momento los funcionarios exhibieron orden de detención alguna; que, como después se pudo tomar conocimiento, las órdenes emitidas por el Juez del Crimen correspondían a sólo tres personas, y no, a siete como ocurrió en definitiva.
“Especialmente grave es el caso del detenido Alberto Coliñir, quien fue golpeado en reiteradas oportunidades. Tanto al momento de la detención, en que se le propinó golpes de palos; posteriormente, al llegar al recinto policial, se le aplicó golpes de pies, puños y objeto de goma. Posteriormente, Coliñir fue llevado al tercer piso de la comisaría en la cual se le volvió a golpear, con el objeto de obtener la confesión de participación -propia o de terceros- en supuestos delitos. Como no fue posible obtener dicha confesión, al detenido se le colocó una bolsa plástica en la cabeza impidiendo su respiración. Este procedimiento se mantuvo, hasta que Coliñir perdió el conocimiento. Finalmente, no sin antes insistir en los golpes de pies y puños, se le aplicó tormento eléctrico.
“En ningún momento se respetó, ni menos leyó, a los detenidos sus derechos contemplados en la ley; tampoco se les brindó atención médica, sino hasta que fueron puestos en libertad. De los siete, cuatro de ellos fueron liberados antes de ponerlos a disposición de algún Tribunal, por constituir detenciones ilegales.
“Estos hechos y la forma de actuar de los funcionarios policiales, configuran el delito previsto en el artículo 330 Nº 4, con el agravante contemplado en su inciso final”, del Código de Justicia Militar. “Si bien es cierto que corresponde a la policía de Carabineros dar cumplimiento a las diligencias dictadas por los Tribunales de justicia, y que para ello se encuentra facultada para hacer uso de la fuerza, esto no puede implicar sino la posibilidad de utilizar la fuerza racional y lógicamente necesaria”.
Más adelante se señala: “En efecto, se ha sorprendido a los detenidos en su casa durmiendo, junto a su familia...”. O sea, en ningún caso tuvieron siquiera una razonable actuación o el sentido común de detenerlos fuera de la vista de sus hijos, luego de un seguimiento, con el objeto de evitar el trauma que significa para una familia que la policía irrumpa de madrugada en un hogar y tome detenido al padre en presencia de los hijos. ¡Esto lo veíamos en los años de la dictadura, cuando la policía irrumpía en las poblaciones para detener a quienes luchaban por la democracia! ¡No obstante, esto ocurre en el Chile de 2001, en una sociedad que queremos hacer más democrática!
Debo hacer presente que cuando me entrevisté con el fiscal militar de Temuco la semana pasada, me dijo que este caso ha sido sobreseído, porque no se encontró ningún antecedente que acredite los hechos denunciados.
A mi juicio, debemos enfrentar la reforma de la justicia militar, porque no se puede ser juez y parte; no es posible investigar a sus propios miembros sobre delitos comunes o penales. Por lo tanto, esa justicia carece de credibilidad para revisar casos como éste.
He manifestado públicamente que insistiremos ante el ministro de Defensa y la fiscalía regional, porque no puede ser que ante denuncias formuladas por algunos ciudadanos -sin importar si son mapuches que viven de la tierra, que hablen mapudungún o tengan poca educación- que dicen haber sido maltratados y a quienes se les aplicó electricidad en un recinto policial, después de una investigación eventualmente acuciosa, la fiscalía militar haya determinado que nada de eso ocurrió. Pues bien, eso pasa porque los carabineros no están obligados a llevar a los detenidos al Instituto Médico Legal para la constatación de sus lesiones; sólo se les exige conducirlos a un centro de urgencia, donde el médico de turno extiende un certificado que carece de toda validez legal ante un tribunal.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Defensa para que las lesiones ocasionadas por militares a sus pares o a civiles sean constatadas por un médico legista, porque después de cinco días de detención las lesiones tienden a desaparecer. Entonces, si el afectado es llevado al médico legista cinco, ocho, diez o quince días después, las lesiones ya han desaparecido. Todo esto ocurre porque los carabineros no están obligados a llevar a los lesionados a un médico legista, a pesar de que los abogados lo exijan.
Creo que es una modificación pendiente, y pido que el ministro de Defensa nos informe acerca del mecanismo que opera en estas circunstancias, y si existe la intención de revertir esta situación o de dictar un instructivo que obligue a Carabineros a constatar las lesiones causadas por un miembro de las Fuerzas Armadas a terceros. He querido insistir en la denuncia de estos hechos porque me parecen graves.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez, Elgueta, Jiménez, Lorenzini, Mora, Velasco y de quien habla.
DETENCIÓN DE COMUNEROS INDÍGENAS EN LAUTARO. Oficios.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, también quiero señalar que me reuní con ocho miembros de la comunidad de Trif-Trifco, de Lautaro, que se encuentran detenidos desde el 5 de enero en la cárcel de esa ciudad, acusados de robo con violencia e intimidación, a pesar de que la acusación es por la sustracción de algunos yugos -elemento de madera que une a dos bueyes- y algunas hachas. Pues bien, se les ha negado la libertad bajo fianza porque el juez considera que son un peligro para la sociedad.
Las familias de esos comuneros no pueden trabajar ni cosechar, porque ellos son el soporte de sus hogares. Se les ha acusado de robo con intimidación, a pesar de existir una resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, de 1972 -que tengo en mis manos-, la cual señala que el fundo San Jorge, colindante con la comunidad Manuel Ñanculeo, ocupa indebidamente 26,20 hectáreas de sus terrenos, y que, a su vez, ésta ocupa 8 hectáreas del fundo.
De manera que aparte de las 8 hectáreas que la Corte de Apelaciones dice que le pertenecen, el señor José Liempe -dueño del fundo San Jorge- ha ocupado también 26 hectáreas de la comunidad y aún no las devuelve. Sin embargo, se acusó a los comuneros de estar armados con guadañas y hachas, implementos que usan en su trabajo.
Por lo tanto, solicito que Carabineros de Chile y la fiscalía regional de Temuco me informen respecto de las medidas que se han tomado en defensa de esos comuneros que están amparados por el nuevo Código Procesal Penal. Sus nombres son: Juan Huenchucura Pichun, Sergio Andrés Santander Pichun, Orlando Huechucura Pichun, Enrique Morales Ñanculeo, Fernando José Pichun Solís, Juan Segundo Pichun Marileo, José Segundo Morales Apeleo y Juan Eduardo Pichuñan Morales.
Asimismo, me gustaría conocer la opinión del ministro de Defensa sobre lo que sucede con la justicia militar cuando enfrenta un proceso, porque, al parecer, cuando está involucrada, se aplica el antiguo Código de Procedimiento Penal. Hoy, en la Novena Región, la justicia militar hace uso del Código de Procedimiento Penal y no el actual Código Procesal Penal. Se trata de una contradicción que perjudica y discrimina a los comuneros detenidos.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez, Elgueta, Jiménez, Lorenzini, Mora, Velasco y de quien habla.
IRREGULARIDADES EN RECEPCIÓN DE EDIFICACIÓN DE MALL EN PUERTO MONTT. Oficios.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República y a la Contraloría Regional de la Décima Región, a fin de que investiguen las irregularidades detectadas en la construcción del edificio denominado “Mall de la Costanera”, en Puerto Montt.
Como es de público conocimiento en esa ciudad, dicho edificio se ha habilitado por partes y, por lo tanto, las recepciones han sido parciales, lo que constituye una irregularidad, puesto que hay cientos de personas trabajando en ese edificio en construcción. Esto es muy peligroso, pues en días pasados se produjo un incendio en el sexto piso, y si hubiera estado funcionando el hotel que se pretende emplazar ahí, tal vez se habría producido un elevado número de víctimas.
Quiero saber por qué razón se ha estado recepcionando la obra en forma parcial; si existe un sistema de seguridad en caso de siniestro o emergencia, como la señalada; por qué ese edificio aparece emplazado en un bien nacional de uso público, y quién habría autorizado que los accesos a los estacionamientos subterráneos estén ubicados en calles públicas. De hecho, una de las calles ha quedado intransitable, ya que sólo presta utilidad al mall descrito.
Por eso, pido que se investigue ese tipo de irregularidades, especialmente por la Contraloría Regional de la Décima Región y por el departamento de Obras Municipales de la municipalidad de Puerto Montt.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez, Lorenzini, Jiménez, Velasco, Mora y de quien preside la sesión.
LIMPIEZA DE COLECTORES Y RESUMIDEROS PARA EVITAR PROBLEMAS EN INVIERNO. Oficio.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, quiero referirme brevemente a dos temas que afectan a la región del Maule y, quizás, a todo el país.
En primer lugar, de acuerdo con estudios a los cuales he tenido acceso y que obran en mi poder, las proyecciones meteorológicas para este invierno son bastante crudas, pues se ha anunciado lluvias intensas desde la Región Metropolitana hacia el sur, lo que hará que nuevamente tengamos que enfrentar los problemas que se repiten cuando hay años lluviosos: la evacuación de aguas lluvia y los drenajes, que causan numerosos problemas en caminos y ciudades.
Por eso, es necesario realizar un trabajo preventivo mediante la limpieza de colectores y resumideros, reposición de tapas y rejillas, etcétera. Sé que el diputadoWaldo Mora no tiene ese problema en el norte, pero desde Santiago al sur la situación es muy complicada, porque la falta de tapas y rejillas en los resumideros hacen que el drenaje de las aguas lluvia no sea el adecuado. Siempre nos encontramos con estos problemas en Osorno, Temuco, Valdivia, en mayo
o junio, época en que comienzan las lluvias y faltan los recursos.
Por lo tanto, pido que se oficie, en mi nombre, al ministro de Obras Públicas, para que asigne, desde ya, un monto específico a la Dirección de Obras Hidráulicas de ese ministerio, con el objeto de que se empiece a trabajar, por lo menos, en las regiones más afectadas por este problema. Creo que unos 800 millones o mil millones de pesos serían suficientes para ser repartidos en las provincias que tienen más problemas, con el objeto de empezar a tiempo a realizar las obras de prevención, ya que, de no llevarse a cabo, nuevamente estaremos planteando el problema aquí.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Velasco, Gutiérrez, Ortiz, Villouta, Fossa, Osvaldo Palma, Rojas, Bertolino y de quien habla.
DESGLOSE DE ASIGNACIÓN DE CUOTAS DE PESCA ARTESANAL EN REGIONES. Oficio.
El señor LORENZINI.-
En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Economía y Energía y, por su intermedio, al subsecretario de Pesca, respecto de un problema analizado por comisiones especiales de la Cámara y que afecta a los pescadores artesanales.
En la ley de Pesca que se está aplicando hemos fijado cuotas de extracción. Sin embargo, en las distintas reuniones que hemos tenido en la Región del Maule, en particular con los pescadores artesanales de Maguillín y de otros lugares cercanos al puerto de Constitución, nos hemos encontrado con que es necesario -de momento habría que hacerlo en forma administrativa- desglosar las asignaciones de cuotas por regiones.
Digo esto porque dentro de una misma región hay caletas en las cuales los pescadores están mejor equipados y tienen más elementos para realizar la pesca; incluso algunos lo hacen con sistemas más modernos de extracción, lo que les permite copar en un breve plazo -cinco o seis días- la cuota regional, creándose una diferenciación ilógica. Por ejemplo, eso está ocurriendo en la región del Maule, en Curicó, en algunas caletas pesqueras del norte, y en las de Talca o de más al sur, es decir, Cauquenes, Curanipe y Pelluhue.
La petición tiene por objeto conseguir que la fijación de las cuotas no sean regionales, sino por provincia, con el objeto de equilibrar los índices sobre la base de la pesca realizada en años anteriores, pero teniendo en consideración la calidad de las embarcaciones y, en cierta medida, la posibilidad de que en alguna de esas provincias exista un mayor equilibrio.
Tengo en mi poder algunos datos de lo sucedido en la Séptima Región. Hay zonas, básicamente en la parte norte de la Región del Maule, como Vichuquén y Licantén, donde por la mejor preparación que tienen los pescadores, por lo general capturan una cuota mucho mayor que la que obtienen los pescadores de Constitución, donde está el río Maule, Maguillín y Los Pellines.
Por lo tanto, aparte de aumentar las cuotas de pesca artesanal, será conveniente establecer porcentajes dentro de la región. Así se corregirían algunas distorsiones y se facilitaría la pesca para los pescadores de la región del Maule, ya que resultaría difícil decirles que no salgan a pescar porque en siete días capturarán más que los del sur.
La idea es hacer una división provincial de la cuota de extracción asignada a los pescadores artesanales, y habría que hacer un estudio. Por lo tanto, pedimos al subsecretario de Pesca, don Felipe Sandoval, a través del ministro, tener a bien fijar los porcentajes necesarios.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Velasco, Gutiérrez, Ortiz, Villouta, Fossa, Osvaldo Palma, Rojas, Bertolino y de quien preside la sesión.
FINANCIAMIENTO DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA EN TALCA. Oficio.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero adherir al oficio solicitado por el diputado Lorenzini alministro de Obras Públicas, con el objeto de llevar a cabo obras de prevención para el crudo invierno que se avecina.
Sin embargo, deseo agregar que la verdadera solución del problema es la construcción definitiva del colector de aguas lluvia en Talca. El estudio está prácticamente terminado, e incluso avanzado su financiamiento. En mi opinión, sólo falta la decisión de ese ministerio para ir directamente a la construcción del colector de aguas lluvia en Talca, que resolverá definitivamente los anegamientos y las inundaciones.
Por consiguiente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que se acelere el financiamiento para la construcción del colector de aguas lluvia mencionado.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
REGULACIÓN DE ARANCELES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS. Oficio.
El señor GUTIÉRREZ.-
En segundo lugar, quiero referirme a un hecho que he venido planteando desde hace algún tiempo en esta Sala, relacionado con los estudios superiores realizados en universidades privadas.
He reclamado insistentemente, a través de la prensa y mediante oficios al Ministerio de Educación, con el fin de que se regule la actividad de estas instituciones de enseñanza superior. Es así como en diversas sesiones he dado cuenta de los abusos que cometen. He denunciado reiteradamente los altos costos de las inscripciones que deben pagar los alumnos que, por haber obtenido bajísimos puntajes en la Prueba de Aptitud Académica, no tienen posibilidad de quedar en las universidades tradicionales.
Ahora, sobre la base de un estudio realizado por el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, nuevamente me refiero al tema. Dicho estudio revela dos hechos que confirman mi petición de mayor acuciosidad y de una regulación en la enseñanza superior privada, porque el gran contingente de jóvenes chilenos que está ingresando en ella queda expuesto a una verdadera ley de la selva, porque no hay normas, ni principios, ni se respeta nada.
Por ejemplo, el estudio revela que los costos de la enseñanza superior privada están muy por encima del IPC, que el año pasado alcanzó a 2,6 por ciento. Si estas universidades fueran moderadas y respetuosas del ambiente que está viviendo el país y de la situación económica por la que atraviesan las familias chilenas y, además, tuvieran el ánimo de ayudar a la juventud del país, deberían aplicar un alza acorde con el IPC.
¿Cuánto han subido los aranceles universitarios? Según un estudio, han experimentado un alza superior al 11 por ciento, lo que implica una situación inexplicable, que no se justifica. ¿Cuál es el fundamento de esta alza? Si uno analiza la calidad de la enseñanza impartida por esos establecimientos universitarios llega a la conclusión de que dejan bastante que desear.
Otra irregularidad que revela el estudio del Sernac es la abismante diferencia que existe entre los aranceles para la misma carrera. Por ejemplo, la carrera de ingeniería comercial es una de las que presenta mayor desigualdad. En la Universidad Arcis el valor anual de esta carrera es de 1 millón 233 mil pesos, y en la Uniacc, de 2 millones 700 mil pesos. Existe una diferencia de 119 por ciento. ¿Qué justifica esta diferencia? ¿Por qué para ser ingeniero comercial un alumno debe pagar en una universidad 1 millón 233 mil pesos, y en otra 2 millones 700 mil? En el caso de la carrera de educadora de párvulos, en la universidad Alberto Hurtado el costo anual es de 819 mil pesos, y en la Gabriela Mistral, de 1 millón 720 mil. Y así podría seguir dando a conocer los aranceles de las diversas instituciones de educación superior privada, que demuestran una desigualdad abismante.
El tercer aspecto que deseo plantear es la absoluta necesidad de que exista mayor información por parte de las universidades.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Educación con el fin de que exija -creo que ello no atenta contra la libertad de enseñanza-a las universidades que, junto con dar a conocer sus aranceles, informen sobre las carreras: la malla curricular, los docentes que impartirán las clases, la duración de la carrera y las posibles alzas que se producirán, si fuera el caso.
Es el mismo planteamiento que ha hecho don Alberto Undurraga, director nacional del Sernac, quien le pidió a toda la comunidad que se preocupara de analizar a fondo los aranceles al momento de matricular a sus hijos. Estoy seguro de que en esta materia tenemos mucho que avanzar, que estamos en el primer peldaño, pero debemos ir caminando firmemente hacia allá.
Por eso, reitero mi petición en el sentido de que la ministra de Educación les exija a las universidades que entreguen toda la información necesaria para que los padres sepan en qué establecimiento están matriculando a sus hijos, el valor del arancel, las condiciones de la universidad, el nivel de los profesores que enseñarán las distintas disciplinas, etcétera.
Considero que todos esos elementos deben constituir una información que sea pública y visible en cualquier lugar de la universidad, y que no sea necesario consultar de secretaria en secretaria, porque es otra burocracia a la cual se somete a las familias al momento de matricular a sus hijos.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Velasco, Ortiz, Villouta y de quien habla.
IRREGULARIDADES EN ENTREGA DE VIVIENDAS POR PARTE DE HABITACOOP EN COMUNA DE ALGARROBO. Oficios.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, por la brevedad del tiempo de que dispongo, sólo quiero pedir que se oficie a los ministros del Interior, de Vivienda y de Economía, porque es conocido y público el grave problema por el cual atraviesa la cooperativa habitacional Habitacoop. Debido a su mal manejo administrativo y financiero ha colapsado, creando incertidumbre en cada lugar donde sentó sus reales para construir viviendas de acuerdo con las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y el sistema cooperativo.
Esta cooperativa construyó en la comuna de Algarrobo un complejo habitacional. Muchos pescadores, funcionarios públicos y, en general, pobladores que viven durante todo el año en esa comuna se inscribieron en ese programa, ahorrando peso a peso, para hacer realidad su legítimo derecho a la casa propia. Al concluirse la primera etapa, tuve que intervenir para que se asignaran las casas, debido a que la empresa constructora no quería entregarlas mientras no se le reembolsara el dinero invertido en la construcción.
Desgraciadamente, en la segunda etapa, los pobladores que durante mucho tiempo han estado ahorrando y que, por lo mismo, son los legítimos postulantes, se han encontrado con la triste realidad de que la cooperativa Habitacoop está asignando las casas a otras personas, previo pago de 150 mil o 200 mil pesos. ¡Esto es un escándalo! La cooperativa no puede desconocer el esfuerzo hecho por numerosos pobladores de esa comuna balneario de la provincia de San Antonio. Debido a ello, los pobladores, que suman más de 120 y que durante más de dos años habían estado ahorrando sistemáticamente para tener lo que les corresponde legítimamente, se tomaron las viviendas que estaban siendo vendidas a otras personas que nunca participaron en el sistema cooperativo.
Al enterarse de este hecho, la cooperativa Habitacoop ha exigido el desalojo violento de los pobladores por la fuerza pública, y ha solicitado al gobernador provincial, don Osvaldo Badenier, que instruya a las autoridades policiales para que desalojen a los pobladores, quienes están muy molestos por la actitud de los ejecutivos de la cooperativa.
Por lo tanto, en mi calidad de diputado por la provincia de San Antonio -comuna de Casablanca, distrito 15- considero una injusticia lo que está ocurriendo con estas personas.
Sobre la base de estos antecedentes, solicito que, a la brevedad posible, se oficie al ministro del Interior, a fin de que analice la situación desde el punto de vista social que está causando la cooperativa Habitacoop a los legítimos postulantes; al ministro de Vivienda, para que, a través del seremi de la Quinta Región, envíe autoridades que resuelvan el problema que por mal manejo ha originado esa cooperativa, sobre todo porque las casas están siendo vendidas a otras personas, y por último, al ministro de Economía, por ser la autoridad que fiscaliza las cooperativas y tiene la obligación de resolver el problema de Habitacoop, para que lleve a cabo una investigación más acuciosa y conozca lo que está ocurriendo hoy en la comuna de Algarrobo con estos pobladores.
Agradezco a su Señoría que me haya concedido la palabra para denunciar esta actuación de la cooperativa Habitacoop, que es inaceptable.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez, Ortiz, Villouta y de quien habla.
RECONOCIMIENTO A DIPUTADOS QUE FINALIZAN SU PERÍODO PARLAMENTARIO. Oficios.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, quiero saber cuántos minutos me corresponden.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Dispone de cinco minutos, señor diputado.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, a solicitud mía, el Comité de Renovación Nacional ha tenido la gentileza de cederme cinco minutos. El gesto de ese partido demuestra el compromiso de los 120 diputados de ser más eficientes, ejecutivos y positivos.
En 1990 fui elegido diputado junto con los colegas Sergio Ojeda, Edmundo Villouta y Carlos Kuschel, presentes en la Sala. Nuestros nombres están en la placa que hay a un costado de la puerta principal del hemiciclo, en la cual figuran los de los 120 parlamentarios que reiniciamos la marcha democrática del país. Eso nos llena de orgullo.
¿Por qué expreso esto? Porque somos de carne y hueso, seres humanos con afectos, con principios de amistad, con sentimientos y especialmente con gran amor a la política, en general, y al servicio público.
Hoy, miércoles 23 de enero, a pocos días del término de nuestro período parlamentario, he considerado un deber y una obligación hacer un reconocimiento público en la Sala de Sesiones a veintidós correligionarios, incluidas dos damas, que desde el 11 de marzo no continuarán en funciones como diputados de la República. Ellos representan los principios y valores de la Democracia Cristiana y, sin discusión, dieron el máximo de sí y desempeñaron con honor, orgullo y responsabilidad sus cargos de representación popular.
Mi reconocimiento es a Mario Acuña Cisternas, gran camarada, excelente diputado, ex vicepresidente de la Cámara; a Rafael Arratia Valdebenito, gran profesional, presidente, a lo menos, de dos comisiones de la Cámara; a Aldo Cornejo González, presidente no menos de tres veces de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; a Sergio Elgueta Barrientos, a quien todos reconocemos como el hombre más estudioso desde el punto de vista de su profesión; a Homero Gutiérrez Román, colega profesor, actual presidente de la Comisión de Educación de la Cámara; a Miguel Hernández Saffirio, ex jefe de nuestra bancada y también ex presidente de varias comisiones; a Francisco Huenchumilla Jaramillo, quien en este instante es secretario general de la Democracia Cristiana, ex vicepresidente de la Cámara y ex presidente de muchas comisiones; a Tomás Jocelyn-Holt Letelier, hombre con grandes cualidades y talento personal; a Enrique Krauss Rusque, ex vicepresidente de la República, ex ministro del Interior, hombre de toda una vida al servicio público.
En forma especial, quiero referirme a Roberto León Ramírez, hermano mío, prácticamente, quien tuvo la visión y la capacidad en su corta presidencia de la Democracia Cristiana de hacer posibles decisiones que fueron fundamentales no sólo para la Concertación, sino también para el país.
¿Quién puede desconocer los talentos naturales de Gutenberg Martínez Ocamica?
La lista sigue. Son, sin discusión Juan Ramón Núñez Valenzuela, calificado como el mejor intendente que tuvo el ex Presidente Aylwin; Andrés Palma Irarrázabal, hombre que aprendí a conocer en la Comisión de Hacienda, gran profesional, gran economista y con un gran futuro; su hermano Joaquín, que no quiso postular, pero que demostró en estos años que es digno hijo de su padre, quien fue senador de la República; Luis Pa-reto González, actual presidente de la Cámara de Diputados, una persona que ha entregado más de 40 años al servicio público; nuestra camarada desde hace pocos días Marina Prochelle Aguilar, quien ha tenido también una conducción especial dentro de la Cámara; mi hermano Víctor Reyes Alvarado, que no quiso postular, hombre tranquilo pero muy serio y profundo, cuya conducción de la Comisión de Drogas reconocemos; Ricardo Rincón González, que hoy ha sido desaforado, joven, impetuoso, pero también con gran capacidad; María Rozas, digna representante de los trabajadores chilenos; Antonella Sciaraffia Estrada, gran mujer nortina, quien en el futuro podrá tener cargos de representación popular; Sergio Velasco de la Cerda, hombre que, al igual que nosotros, ama la política, por lo que no cabe la menor duda de que nuevamente será candidato.
Termino mencionando a Ignacio Walker Prieto, quien es uno de los precandidatos a la presidencia de mi partido. Nadie le puede desconocer su capacidad y entrega en las labores de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Señor Presidente, solicito que se oficie a todos los colegas que están cumpliendo sus últimos días del período parlamentario para agradecerles todo lo que han entregado al país, al servicio público y al Poder Legislativo.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
La Mesa adhiere al homenaje y al justo reconocimiento a dichos colegas.
También nosotros les damos las gracias por su esfuerzo, por su dedicación y por su gran aporte al trabajo legislativo.
Este homenaje se hará extensivo a los colegas de otras bancadas, que también han entregado su esfuerzo y apoyado la causa legislativa.
Se enviarán los oficios a los colegas mencionados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Osvaldo Palma, Mario Bertolino, Haroldo Fossa, Edmundo Villouta y de aquellos que lo expresen.
VACANCIA EN DIRECCIÓN DEL LICEO DE LUMACO Y PETICIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO. Oficios.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, quiero referirme a la situación reglamentaria y administrativa del liceo de Lumaco, por cuanto hasta la fecha está actuando en él como profesora encargada la directora de la Escuela F-174, dado que antes funcionaron en un solo local el liceo y la escuela, pero hace más de un año y medio que lo hacen en edificios separados.
El Departamento de Educación Municipal no ha llamado a concurso para proveer el cargo de director del liceo señalado; en su lugar, mantiene a la profesora encargada.
Según oficio Nº 0098, del 22 de enero, el Departamento Provincial de Educación de Malleco reconoce que la firma de la profesora encargada, que aparece en diversos documentos, como las licencias de los egresados de la enseñanza media, no tiene validez legal.
Solicito que se oficie al contralor regional de Temuco para que investigue qué daños puede provocar una situación como la descrita.
Debo hacer presente que tanto los directores de educación como los alcaldes suelen mantener vacantes muchos cargos, con el consiguiente perjuicio no sólo para la educación, sino también para personas que podrían interesarse en postular a dichos cargos.
Hace poco se solucionó el problema en la municipalidad de Renaico, donde una profesora ejerció las funciones de directora de una escuela durante más de tres años.
Además del oficio al contralor, solicito que se oficie a la ministra de Educación para que nos informe cómo hacer más exigente la convocatoria a concurso, porque se supone que durante enero y febrero, a más tardar, deberían solucionarse estos problemas y llamarse a concurso para proveer los cargos que se encuentran vacantes. De este modo se beneficiará a muchas personas que reúnen los requisitos para postular.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda y de quien habla.
PETICIÓN DE RESPUESTA DEL ALCALDE A ACUSACIÓN DE CONCEJALES DE RENAICO. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al contralor general de la República para que envíe copia del oficio mediante el cual la municipalidad de Renaico contesta las acusaciones presentadas por algunos concejales de ese municipio en contra del alcalde, con el objeto de saber en qué forma dicha autoridad edilicia ha respondido los cargos que se le formulan por situaciones irregulares detectadas por los concejales, como haber autorizado la construcción de un paradero y atención de buses, con cafetería y fuente de soda, en un terreno que no es de propiedad de la municipalidad, sino de Invía, la cual no había autorizado la construcción mencionada. Incluso, durante el año 2000 se autorizó el pago, con facilidades, de los derechos de construcción, en circunstancias de que la municipalidad estaba en antecedentes de que el terreno no pertenecía a quien ordenó dicha construcción.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda y de quien habla.
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN RÍO PICOIQUÉN. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, solicito que se envíe oficio al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que encargue al Departamento de Obras Hidráulicas un estudio de pequeños embalses para el río Picoiquén, en la comuna de Angol.
Es sabido que muchos sectores agrícolas tienen problemas de riego y que las condiciones del río Picoiquén, que viene de la parte alta de la cordillera de la Costa, permitirían construir pequeños embalses que en su recorrido podrían servir a la mayoría de los pequeños agricultores. De esa manera, con el aporte del Departamento de Obras Hidráulicas, se aprovecharía el agua, que prácticamente se pierde en el mar, mediante sistemas de riego por goteo u otros más modernos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda y de quien habla.
DEVOLUCIÓN DE DINERO A EX SOCIOS DE LA MUTUAL DE GENDARMERÍA. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, deseo referirme al problema que padecen algunos ex socios de la mutual de Gendarmería, porque han solicitado su retiro y luego de transcurrido un tiempo les han dado explicaciones y ofrecido fechas de pago de sus fondos, pero no han recibido el dinero que les pertenece, el que muchas veces no es mayor de doscientos mil o trescientos mil pesos, dinero que requieren para atender sus necesidades.
Mi secretaria ha llamado a los dos teléfonos de la mutual en Santiago, pero la mayoría de las veces no contestan, y en las ocasiones en que lo han hecho sólo le han dado explicaciones insatisfactorias. La cuestión es que se sigue tramitando a la gente en la devolución de sus dineros.
Solicito oficiar al ministro de Justicia para que se pida a esa mutual la devolución de los dineros a quienes han decidido retirarse de ella.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntado el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Sergio Ojeda y de quien habla.
FALTA DE RECURSOS EN HOSPITAL BASE DE OSORNO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, graves carencias de implementación en maquinarias y medicamentos han denunciado las organizaciones médicas y de funcionarios del hospital base de Osorno.
Los titulares del diario local son impactantes: “Frustración médica en Hospital Base”, dice uno; “Disminuye el número de pabellones por falta de lámparas”, señala otro.
La falta de implementación en maquinarias y medicamentos de ese hospital se debe, sin duda, a un déficit de recursos que se arrastra desde hace tres años, lo que ha llegado a un punto crítico.
Se atiende en forma incompleta, y ante la falta de remedios, la farmacia no despacha las recetas en su totalidad a los pacientes.
Por otro lado, los médicos señalan que no cuentan con equipo para hacer endoscopías, ya que el que existe está en malas condiciones. Además, ha disminuido el número de pabellones por falta de lámparas y desperfectos en algunas máquinas de anestesia que no cuentan con repuestos, lo que disminuye la cantidad de operaciones.
La atención de salud debe ser eficiente tanto en cantidad como en calidad; la eficiencia está en directa relación con las disponibilidades de los servicios de salud para entregar una atención oportuna e igual para todos.
La falta de recursos atenta contra los principios fundamentales en materia de derechos de los pacientes.
La situación actual no permite operar conforme con normas que garanticen el derecho real a la salud, aunque los directivos hagan todos los esfuerzos necesarios para lograrlo, de acuerdo con a la obligación y el deber que le corresponde al Estado.
En agosto recién pasado denuncié en la Cámara las graves falencias que existen en el hospital y señalé que había 105 cargos que no contaban con financiamiento central y que eran costeados con recursos propios del servicio, monto que asciende a aproximadamente 54 millones de pesos, dinero que bien podría servir para adquirir fármacos e insumos, pero que se sustrae de la atención de las necesidades propias del hospital. Sin embargo, aún no he tenido respuesta a la petición de mayores recursos para financiar esos gastos.
Por otro lado, el Servicio de Salud ha formalizado y priorizado, ante las instancias correspondientes, varios proyectos para adquirir equipos de pabellones quirúrgicos, de ecotomografía y de neonatología. Además, ha hecho gestiones para contratar un segundo cirujano de turno en el servicio de urgencia. No ha habido respuesta a estas gestiones o no han sido aprobadas.
La situación es alarmante, y es evidente la imperiosa y urgente necesidad de entregar al hospital base de Osorno el presupuesto necesario y suficiente para que soporte la demanda asistencial, que aumenta cada día. La población ha crecido y el hospital debe responder a la demanda asistencial de toda la provincia.
Hace un tiempo se gestionó la adquisición de un equipo de escáner para el hospital. Nunca se supo el motivo de su no aprobación, en circunstancias de que es altamente necesario y útil, ya que implica la certeza en los diagnósticos, le da calidad a la atención médica y conlleva un ahorro, ya que actualmente se arriendan los servicios de escáner en la Clínica Alemana, lo que significa un alto costo, difícil de pagar por el hospital base.
Por ello, solicito oficiar al ministro de Salud, a fin de corregir estas imperfecciones
o subsanar en parte los problemas, con la petición de que informe respecto del presupuesto solicitado, el cual no tiene financiamiento para que se entregue al hospital base un equipo de escáner y se agilice el trámite ante las instancias correspondientes, ya sea el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o el ministerio que corresponda, tendiente a aprobar los proyectos de maquinarias y equipos señalados. Además, para que tome conocimiento de las graves falencias que afectan al hospital de Osorno y ordene la adopción de los procedimientos de corrección.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención.
RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN LINARES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, en la provincia de Linares, en la intersección del camino que une Villa Alegre y San Javier con el que va a Constitución, en un lugar denominado Loma de las Tortillas, se planificó un paso sobre nivel, el que fue licitado y adjudicado a la empresa Sacyr-Chile S.A., con fecha de inicio de trabajos al final del año 2000. Estamos en el 2002 y aún no hay indicio alguno en el lugar que indique el comienzo de la obra.
Esa intersección es usada por un alto número de vehículos motorizados, algunos de alto tonelaje, que llevan y traen carga de la celulosa Constitución, y otros de los usuarios de la ruta El Conquistador, que van a Cauquenes y Concepción, y de miles de automovilistas que visitan los diferentes balnearios de la costa, cuyo número aumenta en la época de vacaciones. A ellos se suma la maquinaria agrícola propia de la zona, que desarrolla escasa velocidad, la cual transita desde los pueblos cercanos y hacia ella.
Así, por desgracia, el lugar se ha transformado en escenario de múltiples accidentes, en su gran mayoría graves, por las diferentes velocidades de los vehículos, la gran carga y el enorme tráfico, todo lo cual representa una alta peligrosidad para las personas. Prueba de ello es el gran número de heridos y muertos, aparte de los daños materiales.
Por tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas a fin de que dé a conocer las razones de la demora -más de un año-del inicio de la construcción de ese paso sobre nivel, antecedentes acerca de la empresa a cargo de los trabajos, estados de pago y niveles de responsabilidad, sin perjuicio de reiterarle la importancia de que se empiecen las obras a la brevedad, única manera de evitar los continuos accidentes que ocurren en ese lugar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Mario Bertolino y Haroldo Fossa.
ANTECEDENTES SOBRE SELECCIÓN DE POSTULANTES A CARGOS DE SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, como es de público conocimiento, cuando fueron nombrados los nuevos intendentes por el Presidente Lagos, en diciembre recién pasado, particularmente los de las regiones Metropolitana y Cuarta, a la que represento, se expresó una idea que, a mi juicio, es válida porque va en la dirección correcta para modernizar el Estado, en orden a llamar a concurso público para llenar los diferentes cargos de las secretarías regionales ministeriales. Soy partidario de llenar los cargos públicos con las personas más capacitadas y con vocación de servicio.
Pido oficiar al ministro del Interior a fin de que informe a la Cámara sobre algunos aspectos referentes a dicho proceso: a) Empresa encargada de la selección de los
antecedentes de los postulantes, nombre, ya sea de persona natural o jurídica, Rut y representante legal.
b) Forma en que se contrataron sus servicios, si fue a través de una licitación o de un contrato directo; valor de los servicios prestados, forma en que se publicaron los avisos en que se llamó a postular y los medios a través de los cuales se publicaron, sean escritos o de otra naturaleza.
c) Número de avisos y fecha en que fueron publicados, cantidad de postulantes que presentaron sus antecedentes para llenar dichos cargos; lugar, fecha y hora en que fueron examinados y qué sistema se usó para ello, si fue una selección en grupo o individual.
d) Fecha de inicio y término de la selección; destino que se dará a los antecedentes presentados por los distintos postulantes que no fueron seleccionados y, obviamente, cantidad de personas que postularon a los diferentes cargos. Mi petición se refiere a cada una de las
regiones que he mencionado.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando copia de su intervención.
SOLICITUD DE INFORME RESPECTO DEL EMPRESAS QUE OPERAN FOTORRADARES. Oficio.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, en segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para que, ante la polémica surgida en torno de la eliminación de los fotorradares y la controvertida posición adoptada por el Gobierno respecto del proyecto del Ejecutivo, aclare algunos aspectos, porque incluso, según versiones de prensa que obran en mi poder, personeros ligados a la Concertación aparecerían con un supuesto vínculo a las empresas que los operan.
Es oportuno y necesario que entregue toda la documentación que permita despejar las interrogantes surgidas al respecto. Por ello, solicito que informe a la Cámara lo siguiente:
Nombre y número de empresas -ya sea persona natural o jurídica- que están operando fotorradares y que mantienen contratos vigentes a la fecha, con indicación de razón social, rut, domicilio, número de contratos vigentes a la fecha y en qué partes. En caso de tratarse de personas jurídicas, nombre y rut de sus respectivos socios.
Creo que con este documento podremos tener mayor claridad sobre la materia.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Haroldo Fossa. Para mayor claridad, se adjuntará el texto de su intervención.
INFORMACIÓN ACERCA DE GESTIÓN DE EMBAJADOR DE CHILE EN ARGENTINA. Oficio.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, por último, solicito que se oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe a esta honorable Cámara sobre la actuación del embajador de Chile en el vecino país de Argentina antes y durante la crisis económica que la está afectando. Es importante conocer esa situación dada la cantidad de intereses de chilenos que viven y trabajan allí; saber la forma en que se ha desempeñado, cómo ha informado al Supremo Gobierno, por cuanto se ha sabido que la señora canciller ha debido realizar gestiones asesorada por el ex embajador de Chile en Argentina, señor Rodríguez Guarachi.
Queremos saber si esa asesoría fue debido a la difícil situación existente o a una deficiencia en el servicio que dirige nuestro embajador; más aún, cuando no se ha escuchado que haya enviado informes ni hecho las denuncias respectivas sobre la situación producida en Argentina tanto para las inversiones chilenas como para los compatriotas que exportan, como también para todos quienes, de una u otra forma, mantienen relaciones comerciales con ese país. Aquí hubo necesidad de realizar una reunión con inversionistas chilenos que sentían amagadas todas sus inversiones en el país vecino y, al respecto, nunca antes se tuvo conocimiento de medidas adoptadas por parte del embajador ni de los informes que habría remitido.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Haroldo Fossa.
RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON MOTIVO DEL TÉRMINO DEL PERÍODO PARLAMENTARIO. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo que resta al Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado por la provincia de Arauco y comuna de Lota, señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a su Señoría, en lo que me toca, por el homenaje que rindió a quienes nos retiramos de la Cámara de Diputados y ponemos término al período parlamentario 1998-2002.
Si bien es cierto que dicho período termina el 11 de marzo del año en curso, no lo es menos que después de estas sesiones comienza la semana distrital y, en seguida, vienen las vacaciones durante febrero, para sólo volver, aquellos que estamos por finalizar ese período, la primera semana de marzo.
Si su Señoría me lo permite, deseo en forma breve pero muy sentida, hacer un reconocimiento y agradecer a todos, y en particular a quienes tuve la oportunidad de conocer al interior de la Cámara de Diputados, a la Asociación de Funcionarios; a los distintos grupos de profesionales que operan, muchas veces tras bambalinas, resolviendo problemas tan delicados como son la emisión de documentos y su redacción; a los secretarios y secretarias de Comisiones y de Sala, que me brindaron su apoyo; a los equipos de seguridad, especialmente a Carabineros de Chile; a la gente de Tesorería y de Administración; a los funcionarios de comedores y de servicios en general; a la querida gente de la Biblioteca; a aquellos que nos acompañaron en las Comisiones especiales, como asimismo a aquellos con los cuales permanentemente conviví, durante cuatro años, en el trabajo de las Comisiones de Familia, de Trabajo y de la pequeña y mediana empresa.
También quiero enviar un agradecimiento a la gente de los distintos sectores de mi distrito -como su Señoría muy bien lo dijo-, de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota, y a tanta gente que permitió que este profesional llegara al Parlamento. Espero haber podido cumplir de la mejor forma posible lo que me mandataron.
Quiero saludar a mi familia. Es probable que esto no se haga normalmente, señor Presidente, menos desde la Cámara de Diputados, pero no es menos cierto que, a veces, aparecemos muy solos y, sin duda, detrás de cada uno de nosotros hay una familia que pacientemente nos acompaña.
Por último, quiero agradecer a los colegas de las distintas bancadas con quienes me tocó trabajar, hacer proyectos, discutir y analizar distintos planteamientos, que es lo que se hace en esta Cámara para obtener, en definitiva, un resultado en beneficio de la gente de nuestro país.
Hago este reconocimiento público a todos ustedes y espero poder darles la mano a cada uno en lo que resta del período.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, usted no lo solicitó, pero es de justicia que su intervención se haga llegar oficialmente, como Cámara de Diputados, en primer lugar a su familia por el reconocimiento tan justo que acaba de hacerle y, en segundo lugar, a la Secretaría de la Cámara de Diputados, por el agradecimiento a todo su personal, con la adhesión de los diputa- dos señores Mario Bertolino, Eugenio Tuma y José Miguel Ortiz.
El turno siguiente corresponde al Comité Mixto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 16.18 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.Oficio del Senado.
“Valparaíso, 22 de enero de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones, correspondiente al boletín Nº 2628-13, con las siguientes modificaciones:
Artículo Único
Nº 3
Letra a)
Ha reemplazado su encabezamiento por el siguiente:
“a) Reemplázanse los incisos primero y segundo por los siguientes incisos nuevos, pasando los actuales incisos tercero a decimoquinto a ser décimo a vigesimosegundo, respectivamente:”.
Ha sustituido los incisos propuestos como segundo, tercero y cuarto, nuevos, por los siguientes:
“Cada Administradora deberá mantener cuatro Fondos, que se denominarán Fondo de Pensiones Tipo B, Fondo de Pensiones Tipo C, Fondo de Pensiones Tipo D y Fondo de Pensiones Tipo E. Asimismo, la Administradora podrá mantener un Fondo adicional, que se denominará Fondo de Pensiones Tipo A. Los saldos totales por cotizaciones obligatorias, por depósitos convenidos y por cotizaciones voluntarias, así como la cuenta de ahorro voluntario, podrán permanecer en distintos tipos de Fondos. A su vez, la cuenta de ahorro de indemnización, a que se refiere la ley Nº 19.010, deberá permanecer en el mismo tipo de Fondo en que se encuentren las cotizaciones obligatorias.
Los afiliados hombres hasta 55 años de edad y las mujeres hasta 50 años de edad, podrán optar por cualquiera de los Fondos mencionados en el inciso anterior. A su vez, los afiliados hombres desde 56 años de edad y las mujeres desde 51 años de edad, no podrán optar por el Fondo Tipo A, respecto de los saldos originados en cotizaciones obligatorias y la cuenta de ahorro de indemnización. Los afiliados pensionados por retiro programado y renta temporal y los afiliados declarados inválidos mediante un primer dictamen, no podrán optar por los Fondos tipo A o B respecto de los saldos antes señalados.
Si al cumplir 56 años de edad, en el caso de los afiliados hombres, y 51 años de edad, en el caso de las mujeres, su saldo por cotizaciones obligatorias y su cuenta de ahorro de indemnización se encontraren en el Fondo Tipo A, éstos deberán traspasarse a cualquiera de los restantes Fondos, dentro del plazo de 90 días. En caso de que el afiliado no opte por alguno de los Fondos Tipo B, C, D o E, en el plazo antes señalado, los saldos mencionados serán asignados al Fondo Tipo B en forma gradual, de acuerdo a lo establecido en el inciso sexto.”.
En la letra a del inciso que se propone agregar como quinto, nuevo, ha eliminado la expresión “hasta 40 años de edad”.
En la letra b del mismo inciso quinto, ha reemplazado el guarismo “41” por “36”.
Ha sustituido el inciso propuesto como sexto, nuevo, por los siguientes:
“Cuando el afiliado haya sido asignado a un Fondo y posteriormente no haya manifestado su elección por alguno de ellos, los saldos originados en cotizaciones obligatorias, cuenta de ahorro de indemnización, cuenta de ahorro voluntario, depósitos convenidos y cotizaciones voluntarias, serán traspasados parcialmente al Fondo que corresponda de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior, en las oportunidades y montos que a continuación se indican:
a.
Al cumplir el afiliado la edad para cambiar de tramo etario, un veinte por ciento de sus saldos totales deberá permanecer en el Fondo correspondiente al nuevo tramo.
b.
Transcurrido un año desde el cumplimiento de la edad en que el afiliado cambió de tramo etario, un cuarenta por ciento de sus saldos totales deberá permanecer en el Fondo correspondiente al nuevo tramo.
c.
Transcurridos dos años desde el cumplimiento de la edad en que el afiliado cambió de tramo etario, un sesenta por ciento de sus saldos totales deberá permanecer en el Fondo correspondiente al nuevo tramo.
d.
Transcurridos tres años desde el cumplimiento de la edad en que el afiliado cambió de tramo etario, un ochenta por ciento de sus saldos totales deberá permanecer en el Fondo correspondiente al nuevo tramo.
e.
Transcurridos cuatro años desde el cumplimiento de la edad en que el afiliado cambió de tramo etario, un cien por ciento de sus saldos totales deberá permanecer en el Fondo correspondiente al nuevo tramo. Con todo, las cotizaciones y depósitos posteriores a las asignaciones que se efectúen en
las oportunidades antes señaladas, deberán enterarse en el tipo de Fondo que corresponda de acuerdo al tramo etario a que pertenezca el afiliado, según lo establecido en el inciso quinto. A su vez, la asignación establecida en el inciso anterior, no se efectuará para aquellos saldos respecto de los cuales el afiliado hubiere elegido expresamente algún Fondo.
Las Administradoras deberán enviar información a sus afiliados referida a las posibilidades de elección y a la asignación entre Fondos, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en una norma de carácter general. Dicha información deberá ser remitida conjuntamente con la comunicación a que se refiere el inciso segundo del artículo 31, durante el período comprendido entre los doce meses previos a la primera transferencia de recursos y los doce meses posteriores a la última transferencia de recursos, a las que se refiere el inciso sexto.
Los afiliados y las Administradoras podrán acordar que cada uno de los saldos por cotizaciones obligatorias, cuenta de ahorro de indemnización, cuenta de ahorro voluntario, depósitos convenidos y cotizaciones voluntarias, sean asignados a dos tipos de Fondos. Además, se podrán acordar traspasos futuros entre tipos de Fondos, no debiendo un mismo saldo distribuirse en más de dos tipos de Fondos. Una norma de carácter general, dictada por la Superintendencia, regulará el modo de ejercer las opciones a que se refiere este inciso. Las Administradoras que opten por celebrar estos acuerdos, deberán suscribirlos con todos sus afiliados que así lo soliciten.”.
Letra b)
La ha sustituido por la siguiente:
“b) Reemplázanse, en los incisos sexto y séptimo, que han pasado a ser decimotercero y decimocuarto, respectivamente, las referencias al inciso “quinto” por “duodécimo”.”.
Letra c)
La ha reemplazado por la siguiente:
“c) Reemplázanse en el inciso décimo, que ha pasado a ser decimoséptimo, las referencias al inciso “quinto” y al inciso “noveno” por “duodécimo” y “decimosexto”, respectivamente.”.
Nº 5
Lo ha sustituido por el siguiente: “5. Reemplázase, en el inciso final del artículo 24, la expresión “quinto, noveno y decimotercero”, por “duodécimo, decimosexto y vigésimo”.”.
-o-
Ha intercalado como número 6, nuevo, el siguiente:
“6. Modifícase el inciso cuarto del artículo 28 de la siguiente forma:
a) Intercálase, a continuación de la primera oración, lo siguiente: “Asimismo, en el mencionado estudio, la Superintendencia deberá difundir la rentabilidad de cada una de las Administradoras. Estas rentabilidades también deberán presentarse netas de encaje, de inversiones en empresas de depósito de valores y de inversiones en sociedades que complementen el giro de las Administradoras, tales como sociedades anónimas filiales que administren carteras de recursos previsionales y sociedades anónimas filiales que presten servicios o inviertan en el extranjero, a las que se refiere el artículo 23. Asimismo, estas rentabilidades se presentarán netas de otros ingresos extraordinarios. Para este fin, se entenderá por rentabilidad neta, aquélla que excluye tanto la utilidad o pérdida generada por los recursos antes mencionados, así como la inversión en éstos.”.
b) Sustitúyese, en la última oración, la expresión “una vez al año” por “semestralmente”.”.
-o-
Nº 6
Ha pasado a ser Nº 7, sin enmiendas.
Nº 7
Ha pasado a ser Nº 8.
Letra a)
En el inciso que se propone para reemplazar los incisos tercero y cuarto, ha sustituido la frase “tanto a la cuenta de capitalización individual como” por esta otra: “separadamente a los saldos por cotizaciones obligatorias, depósitos convenidos, cotizaciones voluntarias y”.
Nºs 8 a 13
Han pasado a ser Nºs 9 a 14, respectivamente, sin enmiendas.
Nº 14
Ha pasado a ser Nº 15.
Letra e)
En la última oración del Nº 9 del inciso que se propone como noveno, nuevo, ha reemplazado la palabra “cincuenta” por “cuarenta”.
En la última oración del Nº 9 del inciso que se propone como décimo, nuevo, ha sustituido la palabra “treinta” por “veinticinco”.
En la última oración del Nº 9 del inciso que se propone como undécimo, nuevo, ha reemplazado la palabra “veinte” por “quince”.
En la última oración del Nº 9 del inciso que se propone como duodécimo, nuevo, ha reemplazado la palabra “diez” por “cinco”.
Ha suprimido el Nº 7 del inciso que se propone como decimotercero.
Letra n)
En el inciso propuesto como vigesimocuarto, ha agregado, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final: “El Banco Central fijará límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras para cada tipo de Fondo. Estos límites máximos deberán estar dentro del rango que va de 25% a 40% del Fondo para el Fondo Tipo A; de 15% a 25% del Fondo para el Fondo Tipo B; de 10% a 20% del Fondo para el Fondo Tipo C; de 8% a 15% del Fondo para el Fondo Tipo D, y de 6% a 10% del Fondo para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B. Estos límites máximos podrán ser modificados cada seis meses hasta en un máximo de dos puntos porcentuales respecto del último porcentaje establecido para los Fondos Tipo C, D y E, respectivamente, y en un máximo de tres puntos porcentuales respecto del último porcentaje establecido para los Fondos Tipo A y B, respectivamente.”.
Nº 15
Ha pasado a ser Nº 16.
Ha incorporado la siguiente letra c), nueva:
“c) Agrégase el siguiente inciso final:
“Para efectos de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, a que se refieren las letras i) y k) del artículo 45, los Superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros establecerán anualmente, a través de una resolución conjunta, debidamente fundada, y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones, a los fondos mutuos y de inversión. al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones pagadas son mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, volúmenes de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que inviertan los fondos mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les sea aplicable. El procedimiento para determinar las comisiones efectivamente pagadas a los fondos mutuos y de inversión se establecerá en la citada resolución, la que definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso. A su vez, la Superintendencia informará semestralmente las comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las Administradoras en este tipo de inversiones.”.”.
Nºs 16 y 17
Han pasado a ser Nºs 17 y 18, respectivamente, sin enmiendas.
Nº 18
Ha pasado a ser Nº 19.
Letra b)
Ha reemplazado su literal i), por el siguiente:
“i) Reemplázase la primera oración, por la siguiente: “Los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en conjunto, no podrán poseer ni estar comprometidos a suscribir y pagar cuotas que representen más de un diez por ciento del total de las cuotas suscritas y de aquéllas que se hayan prometido suscribir y pagar de un fondo de inversión, cuando éste posea títulos de un emisor que sea persona relacionada a la Administradora.”.”.
Nº 19
Ha pasado a ser Nº 20.
Ha intercalado, a continuación de su letra e), la siguiente letra f), nueva:
“f) Intercálase en la segunda oración del inciso duodécimo, entre las expresiones “Fondos
de Pensiones” y “, sin perjuicio”, la siguiente oración: “y aquéllas que efectúen las Administradoras o a las personas que, en razón de su cargo o posición, tengan acceso a información de las inversiones del Fondo”.”.
Letra f)
Ha pasado a ser letra g), sin enmiendas.
Nº 20
Ha pasado a ser Nº 21, sin modificaciones.
Nº 21
Ha pasado a ser Nº 22, reemplazado por el siguiente:
“22. Modifícase el artículo 94, de la siguiente forma:
a) Reemplázase en los números 1, 3 y 8, la expresión “quinto” por “duodécimo”. A su vez, reemplázase en el número 6 “Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio” por “Valores y Seguros”.
b) Reemplázase en el número 11, la expresión “en éstos” por la siguiente oración, precedida de una coma: “las Administradoras y las personas que, en razón de su cargo o posición, tengan acceso a información de las inversiones del Fondo”.”.
Nº 22
Ha pasado a ser Nº 23.
Letra a)
La ha sustituido por la siguiente:
“a) Elimínanse las letras f), n) y ñ), pasando las letras g) a la m) a ser f) a la l), respectivamente, y las letras o), y las letras p), q), r) y s), agregadas por la ley Nº 19.768, a ser letras m) a la p), respectivamente.”.
Nºs 23 a 31
Han pasado a ser Nºs 24 a 32, respectivamente, sin enmiendas.
Disposiciones transitorias
Artículo 1º
En su inciso segundo, ha sustituido los guarismos “14” y “17” por “15” y “18”, respectivamente.
Artículo 3º
Inciso primero
Ha reemplazado, en su encabezamiento, la expresión “A, B, C, D o E” por “B, C, D, E o A, si corresponde”.
Letra a)
Ha suprimido la frase “hasta cuarenta años de edad”.
Letra b)
Ha reemplazado el guarismo “41” por “36”.
Letra c)
Ha sustituido su punto aparte (.) por una coma (,), y ha agregado lo siguiente: “siempre que, con anterioridad a la vigencia de la presente ley establecida en el inciso primero del artículo 1º transitorio, no hayan optado por el Fondo Tipo 2, en cuyo caso serán asignados al Fondo Tipo E.”.
-o-
Ha intercalado, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:
“Los saldos a que se refiere el inciso primero, serán traspasados parcialmente al Fondo que corresponda, en las oportunidades y montos que a continuación se indican:
a.
Cumplido el plazo de 90 días desde la vigencia de esta ley establecida en el inciso primero del artículo 1º transitorio, un cincuenta por ciento de los saldos totales del afiliado deberán permanecer en el Fondo que corresponda, de acuerdo a su edad.
b.
Un año después de la primera transferencia de saldos, a que se refiere la letra a anterior, un ciento por ciento de los saldos totales del afiliado deberán permanecer en el Fondo que corresponda, de acuerdo a su edad. La asignación establecida en el inciso primero y en el inciso anterior de este artículo, no
se efectuará para los saldos mencionados respecto de los cuales el afiliado hubiere elegido Fondo.
Las Administradoras deberán enviar a sus afiliados información referida a las posibilidades de elección y a la asignación entre Fondos, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia en una norma de carácter general. Dicha información deberá ser remitida conjuntamente con la comunicación a que se refiere el inciso segundo del artículo 31, durante el período comprendido entre la fecha de publicación de esta ley y los doce meses posteriores a la última transferencia de saldos, a la que se refiere el inciso tercero.”.
-o-
Inciso tercero
Ha pasado a ser inciso sexto, reemplazando su palabra inicial “Las” por la expresión “Asimismo, las”.
Artículo 4º
En su inciso primero, ha sustituido la frase “el primer año” por “los dos primeros años”, y la expresión “del primer año” por “del segundo año”.
En su inciso segundo, ha reemplazado la frase “el primer año” por “los dos primeros años”.
Artículo 5º
Ha sustituido la palabra “doce” por “veinticuatro”.
Artículo 6º
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 6º.- Durante los primeros veinticuatro meses de la vigencia de esta ley, establecida en el inciso primero del artículo 1º transitorio, la rentabilidad mínima y Reserva de Fluctuación de Rentabilidad no serán aplicables a la Administradora respecto de los Fondos B, C, D y E, creados en virtud de la presente ley. A partir del vigesimoquinto mes de la vigencia de esta ley, establecida en el inciso primero del artículo 1º transitorio, los cálculos mensuales de rentabilidad mínima y de Reserva de Fluctuación de Rentabilidad de los Fondos Tipo B, C, D y E se realizarán utilizando los veinte meses anteriores, adicionándose un mes cada vez que se realice el cálculo, hasta completar treinta y seis meses. En el caso del Fondo Tipo A, durante los primeros treinta y seis meses de la vigencia de esta ley, establecida en el inciso primero del artículo 1º transitorio, la rentabilidad mínima y Reserva de Fluctuación de Rentabilidad no serán aplicables a la Administradora respecto de este Fondo; tales cálculos se realizarán a partir del trigesimoséptimo mes de la vigencia de esta ley, establecida en el inciso primero del artículo 1º transitorio, utilizando los veinte meses anteriores, adicionándose un mes cada vez que se realice el cálculo, hasta completar treinta y seis meses.”.
-o-
Ha intercalado, a continuación del artículo 8º, como artículo 9º, nuevo, el siguiente:
“Artículo 9º.- Dentro del plazo de 30 días a partir de la vigencia de esta ley, establecida en el inciso segundo del artículo 1º transitorio, el Banco Central de Chile deberá establecer los límites a las inversiones en moneda extranjera, sin cobertura de riesgo cambiario, a que se refiere el inciso vigesimocuarto del artículo 45. Los límites establecidos comenzarán a regir a contar del primer día del séptimo mes siguiente al de su fijación.”.
-o-
Artículo 9º
Ha pasado a ser artículo 10, sin enmiendas.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con el voto afirmativo de 36 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, y que, en particular, fue aprobada en el carácter de norma orgánica constitucional la letra n) del número 15 -14 de esa honorable Cámara-, con el voto afirmativo de 31 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, y el número 15 -14 de esa honorable Cámara- letras a), e), f), g), k), l), m) y p) y 18 -17 de esa honorable Cámara- del artículo único, y los artículos 8º y 9º transitorios -el último de los cuales fue incorporado por este Senado-, con los votos favorables de 36 señores senadores de un total de 48 en ejercicio dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Es dable señalar, además, que la letra a del número 3 fue aprobada, en el carácter de normas de quórum calificado, con el voto conforme de 31 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, y que los números 1, 6, 7 -6 de esa honorable Cámara-, 8 -7 de esa honorable Cámara-, letras a), b) y c), 9 -8 de esa honorable Cámara-, y 21, -20 de esa honorable Cámara-, del artículo único, y 3º y 7º transitorios fueron aprobados, en el carácter de normas de quórum calificado, con el voto conforme de 36 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de este modo, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.
-o-
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3.489, de 21 de agosto de 2001.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.
2.Oficio del Senado.
“Valparaíso, 16 de enero de 2002.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado el proyecto de ley de esa honorable Cámara que establece como feriado local en la comuna de Arica el día 7 de junio de cada año, correspondiente al boletín Nº 2685-06.
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y modo de resolver la divergencia suscitada entre ambas Cámaras, conforme a lo preceptuado en el artículo 67 de la Constitución Política de la República, y, por tanto, la Corporación designó a los honorables senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3367, de 7 de junio de 2001.
Dios guarde a vuestra Excelencia,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario del Senado”.
3.Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto de ley que deroga la ley Nº 19.588 y suprime los feriados que indica. (boletín Nº 2779-06-1) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo social pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en una moción patrocinada por los senadores señores Hamilton y Sabag, en segundo trámite constitucional, y para cuyo despacho el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia con fecha 8 del corriente, calificándola de “simple”.
Cabe hacer notar que el proyecto en informe, tal como fue aprobado por el Senado, se limita a suprimir el feriado conocido como el “Día de la Unidad Nacional”. No obstante, y según se verá más adelante, la moción original tenía un alcance más amplio.
El proyecto de ley es de quórum simple y no requiere trámite de Hacienda.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Como se indicó previamente, la moción original no sólo proponía la derogación del feriado antedicho, sino además los correspondientes a Corpus Christi, 29 de junio (San Pedro y San Pablo) y 12 de octubre.
En lo tocante al Día de la Unidad Nacional, que es el único feriado cuya eliminación aprobó en definitiva el Senado, se expresa que se trata de un hito que no ha concitado la adhesión ciudadana, sino por el contrario, ya que diversos grupos de opinión han hecho ver que la celebración de este Día ahonda las diferencias entre los chilenos, provocando por ende el efecto contrario al propósito que se tuvo en vista al establecer dicho feriado.
Es importante consignar que la decisión de la Cámara de origen no recoge la recomendación evacuada por la Comisión respectiva de esa Corporación, cuyos integrantes, por unanimidad, propusieron rechazar la idea de legislar en torno de la supresión de los feriados aludidos, incluyendo el relativo al Día de la Unidad Nacional. Sobre este último, el informe de la Comisión señala que “está en trámite en la honorable Cámara de Diputados otro proyecto que se refiere a este feriado, el cual debe ser objeto de un debate particular en que se determine la conveniencia de mantenerlo, sustituirlo o derogarlo”.
Por otra parte, cabe expresar que el tema sobre que versa el proyecto sancionado por el Senado fue objeto de otras iniciativas análogas, presentadas por varios honorables diputados, y que están radicadas actualmente en la Comisión de Gobierno Interior. Es el caso de la moción suscrita por los señores Ascencio, Encina, Jaramillo, Jocelyn-Holt, Montes, Mulet, Palma, don Andrés; Pérez, don José, y Valenzuela, contenida en el boletín Nº 2384-06; y de aquella iniciativa patrocinada por las señores Allende, Muñoz, doña Adriana; y Pollarolo, y por los señores Krauss, Mesías, Naranjo, Palma, don Osvaldo, y Walker, don Patricio (boletín Nº 2584-06). Por último, cabe citar la moción suscrita por el señor Aguiló, que junto con proponer la eliminación del feriado en cuestión declara como tales los días 24 y 31 de diciembre de cada año. (Boletín Nº 2808-06).
Atendiendo que las mociones individualizadas en el párrafo precedente se encuentran cumpliendo su primer trámite constitucional -a diferencia de la iniciativa en informe-, no se ha estimado adecuado, desde el punto de vista formal, refundir aquéllas con el presente proyecto.
-o-
En materia de feriados, resulta pertinente recordar que la ley Nº 2977, del año 1915, estableció lo siguiente: a) Los domingos de todo el año; b) Los festivos correspondientes al 1 de enero, 15 de agosto, 1 de noviembre, 8 y 25 de
diciembre; c) Los días viernes y sábado de la Semana Santa, y d) El 18 y 19 de septiembre y el 21 de mayo.
El texto antes citado ha sido complementado por diversas leyes que han establecido feriados específicos atendiendo a diversas circunstancias (celebración de festividades, desarrollo de actos de alcance nacional, etc.) que el legislador, recogiendo la necesidad avalada por la experiencia, ha plasmado en el ordenamiento jurídico. Se trata, pues, de feriados que, por lo general, si bien no tienen el arraigo de los antes referidos, responden a situaciones muy atendibles.
En este orden de consideraciones, cabe señalar que la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, prescribe como feriado legal el día en que se lleven a efecto plebiscitos o elecciones de Presidente de la República o parlamentarios.
A su vez, la ley Nº 19.668 trasladó los feriados -establecidos previamente en distintos cuerpos legales- correspondientes al 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo; 12 de octubre, día del Descubrimiento de Dos Mundos; y el día de la fiesta de Corpus Christi, a los días
lunes de la semana en que ocurren, en caso de corresponder a día martes, miércoles o jueves,
o los días lunes de la semana siguiente, en el evento de que sean el viernes. En otro plano, la ley Nº 19.588 sustituyó el feriado del 11 de septiembre (instaurado por la ley Nº 18.026), estableciendo en cambio el feriado del Día de la Unidad Nacional. En el ámbito del derecho laboral, cabe consignar que la ley Nº 18.620, que contiene el Código del Trabajo, estipula como feriado el día 1º de mayo. Por su parte, la ley general de Bancos declara feriado bancario los días sábado y el 31 de diciembre de cada año.
Finalmente, el Estatuto Administrativo dispone que los funcionarios públicos no estarán obligados a trabajar las tardes de los días 17 de septiembre, como tampoco las del 24 y del 31 de diciembre, sin perjuicio de la facultad que confiere al Jefe Superior de la institución, al Secretario Regional Ministerial y al Director Regional, según el caso, de ordenar trabajos extraordinarios por razones de tareas impostergables que hayan de cumplirse.
-o-
En otro orden de consideraciones, es importante señalar que se ha suscitado entre los ex
pertos en derecho constitucional la cuestión acerca de si la instauración de días feriados se
trata de una materia que debe ser regulada a través de una ley, o puede serlo mediante una
norma de rango inferior. Al respecto, algunos tratadistas han planteado las siguientes consideraciones:
1) En primer lugar, debe reconocerse que la Constitución Política no incluye expresamente, entre los asuntos propios de ley, el establecimiento o supresión de los días feriados.
2) No obstante lo anterior, existen asideros en la propia Carta Fundamental que llevan a concluir que una materia de tal naturaleza sí debe ser abordada mediante una norma legal: a) Así, el artículo 19 Nº 3 inciso quinto declara que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Ahora bien, las actuaciones procesales sólo son válidas cuando se efectúan, en días hábiles, y por regla general son días hábiles los no feriados. Por ende, si se aceptara que por una norma de jerarquía inferior a la ley se fijaran días feriados se perdería uno de los elementos del debido proceso, cual es su legalidad, pues su tramitación vulnerará un aspecto esencial del procedimiento, a saber, los plazos, incluyendo su cómputo. b) Por otra parte, el artículo 60 Nº 4 de la Ley Fundamental señala que constituye materia de ley la regulación de las “materias básicas relativas al régimen jurídico laboral”. Cabe complementar dicho precepto con el artículo 35 del Código del Trabajo, que establece que “los días domingo y aquéllos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días”. Se infiere de esta disposición que la remuneración mensual pactada en el contrato de trabajo se paga independientemente del número de domingos y demás festivos incluidos en el mes. Por lo tanto, a mayor número de festivos, aumenta la remuneración proporcional por cada día efectivamente trabajado. De esta manera, los feriados son una materia que incide en el régimen jurídico que regula el ámbito laboral.
3) En un plano diferente, es discutible -asumiendo que lo relativo a días feriados es materia de ley- si el proyecto respectivo debe originarse exclusivamente en un mensaje presidencial. De acuerdo al artículo 62 inciso cuarto, Nº 4, de la Constitución, el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tienen por objeto alterar las bases que sirven para determinar las remuneraciones y demás beneficios económicos
de los trabajadores del sector público y privado.
Desde este punto de vista, y en armonía con lo expuesto en la letra b) del Nº 2, cabe concluir que los días feriados constituyen una base para el cálculo de remuneraciones de los trabajadores, y por lo tanto los proyectos de ley concernientes al establecimiento o supresión de aquéllos son de iniciativa exclusiva presidencial.
Sin embargo, podría argumentarse en contra de lo dicho precedentemente que la base de cálculo a que alude el precepto constitucional es solamente la declaración de que los días festivos son de descanso, pero que la determinación de esos días no forman parte de la base de cálculo, sino únicamente su aplicación a casos concretos, o sea, el cálculo mismo.
Adicionalmente, los beneficios económicos para los trabajadores son también materia de ley de iniciativa exclusiva presidencial, según el mismo precepto constitucional. Bajo esta perspectiva, el día feriado constituye un beneficio económico, pues se gana sueldo y no se trabaja. En otras palabras, hay una prestación en favor del trabajador, sin que medie por parte de éste una contraprestación directa. La circunstancia de que ese beneficio no se materialice en la entrega de una suma de dinero al trabajador no altera la esencia del asunto.
No obstante, el tema es discutible, porque podría sostenerse en contra de lo expuesto en el párrafo que antecede que los beneficios económicos a que alude la Carta Fundamental deben entenderse en un sentido restrictivo, es decir, que se materialicen en pagos en dinero (sueldo, gratificaciones, bonos de producción, etc.), pero no en un beneficio indirecto como es el mantenimiento del sueldo pese a no trabajarse un día por ser feriado legal.
II. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.
1) En general.
Por 5 a favor y 4 en contra la Comisión aprobó la idea de legislar sobre el tópico, compartiendo los fundamentos de la moción enunciada.
El voto de minoría sostuvo que el feriado que se pretende suprimir fue el fruto de un acuerdo que surgió en el Senado en 1998, contando a la sazón con el amplio respaldo de parlamentarios de diversas colectividades, como una forma de zanjar las diferencias que se habían producido en nuestra sociedad con motivo del feriado del 11 de septiembre. Así, pues, cristalizó la idea de reemplazar este último por un día festivo que tuviese un significado de mayor reencuentro entre los chilenos. El Día de la Unidad Nacional presenta una connotación específica y trasciende a un sector político determinado del país, ya que lo que persigue es precisamente crear un clima de reflexión en torno de los acontecimientos por todos conocidos que dividieron a los chilenos, proyectando nuestras legítimas diferencias hacia un ideal de cohesión en torno de los valores patrios por todos compartidos. El profundo sentido de este feriado lo encuadro perfectamente, pues, dentro de alguna de las categorías de días festivos que consagra el ordenamiento jurídico, ya que -como se indicó- hunde sus raíces en nuestro devenir histórico, con el propósito de fortalecer la convivencia armónica entre los chilenos. En otros términos, el Día de la Unidad Nacional es compatible con los restantes feriados de tipo civil, porque tiene un significado distinto de éstos. 2) En particular.
Por idéntico quórum fue aprobado el artículo único del proyecto, que deroga la ley Nº 19.588, que instauró el feriado conocido bajo el nombre de “Día de la Unidad Nacional”.
III. ARTÍCULOS QUE REVISTEN EL CARÁCTER DE ORGÁNICO CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.
Coincidiendo con el criterio del Senado sobre el punto, la Comisión estimó que el artículo único del proyecto es de quórum simple.
IV. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
En ejercicio de sus atribuciones, el señor presidente de la Comisión determinó que el artículo único del proyecto no precisa ser conocido por la instancia mencionada.
V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.
No hay.
-o-
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y por las consideraciones que dará a conocer el diputado informante, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recomienda a la Sala la aprobación, en los mismos términos propuestos por el Senado, del siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Derógase la ley Nº 19.588, que declara feriado legal el primer lunes del mes de septiembre de cada año, “Día de la Unidad Nacional”.”. -o-Se designó diputado informante al señor Lepoldo Sánchez. Sala de la Comisión, a 22 de enero de 2002.
Acordado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los señores Sánchez, don Leopoldo (Presidente); Alessandri, don Gustavo; González, doña Rosa; Palma, don Joaquín; Pérez, don Víctor; Prokurica, don Baldo; Reyes, don Víctor; Silva, don Exequiel, y Valenzuela, don Felipe.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH, Abogado Secretario de la Comisión”.
4.Oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Pública.
“Oficio Nº 032
Ant.: No hay.
Mat.: Informa creación de Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Crimen Organizado y designación de su director.
Santiago, 17 de enero de 2002.
De: Fiscal Nacional del Ministerio Público.
A: Según distribución.
1.
Por el presente y para su debida consideración, informo a Uds. que recientemente y previa audiencia del Consejo General del Ministerio Público, he resuelto crear la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Crimen Organizado y designar como su primer director al abogado Sr. Mauricio Fernández Montalbán.
2.
Dicha unidad tiene por objeto colaborar y asesorar a los fiscales de todo el país que tengan a su cargo la dirección de la investigación de los delitos señalados, de acuerdo con las instrucciones que al efecto dicte este Fiscal Nacional como, asimismo, ejercer, en lo que corresponda, las funciones establecidas en el Reglamento de Unidades Especializadas del Ministerio Público y, en general, cualquier otra que diga relación con esta clase de delitos.
3.
Manifestándoles la más amplia disposición de este Ministerio Público de actuar coordinadamente con las importantes instituciones de la República que ustedes dirigen, con miras a la eficacia de la persecución penal que le corresponde a este Ministerio Público respecto de ilícitos de tanta gravedad para nuestra institucionalidad política, social y económica, les agradezco desde ya vuestra disposición para facilitar, en lo que sea pertinente, el trabajo de dicha Unidad Especializada.
Saluda atentamente a ustedes,
(Fdo.): GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD, Fiscal Nacional del Ministerio Público”.