Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rosauro Martinez Labbe
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ESTUDIO DE PROYECTO EN COMISIONES UNIDAS.
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE EN INVESTIGADORA DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL HOSPITAL FÉLIX BULNES.
- ENVÍO DE MODIFICACIONES DEL SENADO A COMISIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS.
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Proposiciones de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- DEBATE
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- Claudio Alvarado Andrade
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Marcelo Forni Lobos
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- DEBATE
- LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO POR INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Edmundo Eluchans Urenda
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE NORMA LEGAL SOBRE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES DESTINADOS A MICROEMPRESAS O A EQUIPAMIENTO SOCIAL. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Duarte Leiva
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- DEBATE
- DEBATE
- CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Proposiciones de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS PARA PALIAR CRISIS DE PRODUCTORES LECHEROS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Perez Arriagada
- Javier Hernandez Hernandez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Sergio Ojeda Uribe
- Marco Antonio Enriquez-ominami Gumucio
- Ramon Farias Ponce
- Jose Ramon Barros Montero
- Alejandro Miguel Sule Fernandez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Rosauro Martinez Labbe
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Carlos Recondo Lavanderos
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Roberto Delmastro Naso
- Victor Jaramillo
- Juan Lobos Krause
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Fernando Meza Moncada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- RECONOCIMIENTO OFICIAL A LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Aguilo Melo
- Marcelo Diaz Diaz
- Jaime Quintana Leal
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Julio Dittborn Cordua
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Lily Perez San Martin
- Jorge Burgos Varela
- Eduardo Saffirio Suarez
- Hugo Orlando Robles Robles
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Francisco Chahuan Chahuan
- Juan Efrain Ojeda Ojeda
- Eduardo Diaz Del Rio
- Rosauro Martinez Labbe
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Ximena Valcarce Becerra
- Jose Perez Arriagada
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Roberto Delmastro Naso
- Jose Ramon Barros Montero
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Fernando Meza Moncada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE ZONA FRANCA LITERARIA EN ÁREA DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE VALPARAÍSO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Joaquin Godoy Ibanez
- Francisco Chahuan Chahuan
- Alfonso Vargas Lyng
- Osvaldo Palma Flores
- Ximena Valcarce Becerra
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Amelia Herrera Silva
- Pablo Galilea Carrillo
- Juan Lobos Krause
- Laura Soto Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Francisco Chahuan Chahuan
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS PARA PALIAR CRISIS DE PRODUCTORES LECHEROS.
- VII. INCIDENTES
- ADECUACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEMAFORIZACIÓN EN TOCOPILLA. Oficios.
- INSTALACIÓN DE OFICINA PARA FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN CALAMA. Oficio.
- RECURSOS ESPECIALES PARA SEREMIS DE VIVIENDA PARA AYUDAR A FAMILIAS CUYAS CASAS HAN SIDO DESTRUIDAS POR CATÁSTROFES. Oficios.
- ADHESION
- Jaime Quintana Leal
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jaime Mulet Martinez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Carlos Recondo Lavanderos
- Javier Hernandez Hernandez
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Enrique Estay Penaloza
- ADHESION
- PROTECCIÓN A PRODUCTORES DE LECHE. Oficio.
- DENUNCIA DE INTERVENCIÓN ELECTORAL. Oficio.
- DESCALIFICACIONES DE CANDIDATO A DIPUTADO. Oficio.
- ALZA DE PASAJES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA PUYEHUE-OSORNO. Oficio.
- UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN RUTA PARRAL - LA BALSA, SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- PLAN CUADRANTE EN PARRAL, PROVINCIA DE LINARES. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE MICROCENTRAL DE PASO EN EL RÍO CAUTÍN. Oficios.
- INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA A HOSPITAL MONSEÑOR FERNANDO ARIZTÍA, DE VALLENAR. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- ANTECEDENTES SOBRE FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASINO DE RINCONADA DE LOS ANDES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pablo Lorenzini Basso
- INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE VERTEDERO DE DESECHOS SÓLIDOS EN OSORNO. Oficios.
- DENUNCIA DE ACOSO LABORAL EN HOSPITAL DE VALLENAR. Oficios.
- PROBLEMAS CON PRÉSTAMO ALEMÁN PARA RETORNADOS. Oficio.
- ADHESION
- Raul Sunico Galdames
- Alfonso De Urresti Longton
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE REPOBLAMIENTO DE CISNES EN SANTUARIO CARLOS ANWANDTER. Oficios.
- PLAZO DE ENTREGA DE AMBULANCIA A CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE NIEBLA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE CONAF CON PATROLL SEGURIDAD, DE VALDIVIA Y RESPECTO DE DENUNCIAS DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES DE LA EMPRESA. Oficios.
- ADHESION
- Raul Sunico Galdames
- ADHESION
- SUELDOS IMPAGOS A PROFESORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. Oficio.
- RECURSOS PARA TERMINACIÓN DE VIVIENDAS DE COMITÉS LOS ALERCES Y NUEVO MILENIO, COMUNA DE CHIMBARONGO. Oficio.
- REVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUICHARCO, COMUNA DE CHIMBARONGO. Oficio.
- ESTABLECIMIENTO DE MESA DE DIÁLOGO PARA TRANSFERIR ESTADIO EL MORRO DE TALCAHUANO AL MUNICIPIO. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASINO DE RINCONADA DE LOS ANDES. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 357ª
Sesión 56ª, en miércoles 29 de julio de 2009.
(Ordinaria, de 10.40 a 13.32 horas)
Presidencia del señor Álvarez Zenteno, don Rodrigo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Estudio de proyecto en Comisiones Unidas 11
- Constitución de Comisión Permanente en investigadora de eventuales responsabilidades en los hechos ocurridos en el Hospital Félix Bulnes 11
- Envío de modificaciones del Senado a Comisión Especial de Bomberos 11
- Acuerdos de los Comités 12
V. Orden del Día.
- Creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Proposiciones de la Comisión Mixta 12
- Levantamiento de secreto bancario por investigaciones de lavado de activos. Primer trámite constitucional 23
- Modificación de norma legal sobre sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Tercer trámite constitucional 28
- Regularización de construcción de bienes raíces destinados a microempresas o a equipamiento social. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla) 29
VI. Proyectos de acuerdo.
- Medidas para paliar crisis de productores lecheros 38
- Reconocimiento oficial a la República Árabe Saharaui Democrática 39
- Modificación de Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas para permitir el ingreso de personas con discapacidad 40
- Creación de zona franca literaria en área declarada patrimonio de la humanidad de Valparaíso 42
VII. Incidentes.
- Adecuación de señalética y semaforización en Tocopilla. Oficios 44
- Instalación de oficina para fiscalización y regulación de locomoción colectiva en Calama. Oficio 45
- Recursos especiales para seremis de vivienda para ayudar a familias cuyas casas han sido destruidas por catástrofes. Oficios 45
- Protección a productores de leche. Oficio 46
- Denuncia de intervención electoral. Oficio 46
- Descalificaciones de candidato a diputado. Oficio 47
Pág.
- Alza de pasajes de locomoción colectiva Puyehue-Osorno. Oficio 47
- Ubicación de señalética vial en ruta Parral-La Balsa, Séptima Región. Oficio 47
- Plan cuadrante en Parral, provincia de Linares. Oficio 49
- Información sobre microcentral de paso en el río Cautín. Oficios 50
- Investigación de Contraloría a Hospital Monseñor Fernando Ariztía, de Vallenar. Oficio 50
VIII. Anexo de Sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y Antecedentes 51
- Antecedentes sobre financiamiento de construcción de casino de Rinconada de Los Andes. Oficio 51
- Información sobre instalación de vertedero de desechos sólidos en Osorno. Oficios 52
- Denuncia de acoso laboral en hospital de Vallenar. Oficios 54
- Problemas con préstamo alemán para retornados. Oficio 55
- Información de plan de repoblamiento de cisnes en Santuario Carlos Anwandter. Oficios 55
- Plazo de entrega de ambulancia a centro de salud familiar de Niebla. Oficios 56
- Información sobre contratos de Conaf con Patroll Seguridad, de Valdivia y respecto de denuncias de prácticas antisindicales de la empresa. Oficios 56
- Sueldos impagos a profesores del Instituto Tecnológico de la Universidad de Los Lagos. Oficio 56
- Recursos para terminación de viviendas de comités Los Alerces y Nuevo Milenio, comuna de Chimbarongo. Oficio 58
- Revisión de pavimentación en Quicharco, comuna de Chimbarongo. Oficio 58
- Establecimiento de mesa de diálogo para transferir Estadio El Morro de Talcahuano al municipio. Oficios 58
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “establece elecciones primarias para candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República”. (boletín N° 6628-06) 60
2. Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira y hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica”. (boletín N° 6423-07) 77
- Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones y enmiendas, los siguientes proyectos:
3. “Crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo”. (boletín N° 6260-06) 77
Pág.
4. “Introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, estableciendo la obligatoriedad de certificados de seguridad que indica para los permisos de construcción en altura y de centros comerciales”. (boletín N° 1007-14) 80
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto, iniciado en moción, que “prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo”. (boletín N° 4269-11) 81
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia “simple”, que “establece normas sobre la actividad del lobby”. (boletín N° 6189-06). (S) 82
7. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia en que 30 señores Diputados formulan requerimiento de inconstitucionalidad en contra de las actuaciones del H. Senado, durante la tramitación del proyecto “sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”. (boletín N° 5971-17). Rol N° 1410-2009. (Oficio N° 3290) 91
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
- De los diputados señores Sepúlveda, don Roberto, y Aedo, por el cual solicitan, a petición de la Ministra de Medio Ambiente, que el proyecto que “regula los artefactos para la combustión de leña”, sea visto en Comisiones Unidas de Minería y Energía, y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Boletín N° 6616-12.
- Del señor Presidente de la Corporación por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, el diputado señor Martínez participará, en calidad de Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, en las reuniones de las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente que se realizarán en la ciudad de Lima, Perú, el 20 y 21 de agosto próximo. (Oficio N° 731).
- Petición de 48 señores diputados quienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 N° 1 letra c) de la Constitución Política de la República, solicitan que “la Comisión de Salud se constituya como investigadora para los efectos de determinar las eventuales responsabilidades políticas y administrativas por los hechos ocurridos en el Hospital Félix Bulnes, con ocasión de la muerte y lesiones graves inferidas a 6 mujeres en la maternidad de dicho establecimiento asistencial”.
- “Para estos efectos la Comisión contará con todas las facultades que en derecho corresponda con el objeto de esclarecer los hechos señalados precedentemente.
- “Para el cumplimiento de su cometido tendrá el plazo de 60 días contados desde su constitución”.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Proyecto de Acuerdo 803, rechaza Golpe de Estado en Honduras.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
- Proyecto de Acuerdo 791, política concreta sobre responsabilidad social empresarial.
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Ascencio, recursos para la construcción de polideportivo en comuna de Aisén.
Ministerio de Educación:
- Diputado Ortiz, conclusiones del “Foro sobre Discapacidad Visual” realizada en Concepción en junio.
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Vargas, Autorruta Puchuncaví-Concón-Viña del Mar”.
- Diputado Salaberry, situación de Pórticos en Autopista Central y Vespucio Norte Express.
- Diputado Venegas don Samuel, agua potable rural en localidades de Leyda, Malvilla, El Convento - Las Salinas, Región de Valparaíso.
- Diputado Delmastro, avance de inversiones en colectores de aguas lluvias en Valdivia.
- Diputado Quintana, pasarela en ruta contigua al estadio Traiguén.
- Diputado Urrutia, conexión de agua potable del sector de Yiyahue al Sistema de Agua Potable Rural Villa Reina de Parral.
- Diputado De Urresti, concesión del cabezal norte del muelle de caleta Los Molinos para los pescadores artesanales.
- Diputado Sule, empresa de tratamiento de aguas servidas de comuna de Machalí.
- Diputado Martínez, construcción de bermas en la ruta N-59 de Chillán Viejo-Yungay y en la ruta que une la localidad de Cholguán con la Ruta 5 Sur, Región del Biobío.
- Diputado Salaberry, expropiación en sector de Avenida Cardenal Silva Enríquez en comuna de La Granja.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, reparación camino La Capilla, sector Santa Amelia comuna de Pichidegua, Región de O´Higgins.
- Diputado De Urresti, Convenio de Programación en caletas pesqueras de la Región de Los Ríos.
- Diputado Hernández, mejoramiento o construcción de caminos vecinales vinculados a comunidades indígenas, provincia de Osorno.
- Diputado Ulloa, transbordadores, dragado de Caleta Riquelme, espigones marítimos en Tirúa.
Ministerio de Agricultura:
- Diputado García, Programas de Desarrollo de Inversiones (PDI) de Indap en comuna de Cunco y Melipeuco.
Ministerio de Salud:
- Diputado Hernández, trasplante pulmonar a señora que indica.
- Diputada Isasi, inversiones en el área de salud en Región de Iquique.
- Diputado Quintana, iniciativas legales encaminadas a establecer penas más drásticas para los directores y gerentes de cadenas de farmacéuticas.
Comisión Nacional de Energía:
- Diputado Galilea, Proyecto de Generación Eólica en comuna de Guaitecas, Región de Aisén.
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Salaberry, expropiación en sector de Avenida Cardenal Silva Enríquez, de comuna de La Granja.
- Diputado Salaberry, Parque Isabel Riquelme, comuna de Macul.
- Diputado Urrutia, entubamiento de canal sur, comuna de Parral.
- Diputado Urrutia, conexión vial Barrio Estación de Cauquenes.
- Diputado Alvarado, programas que permitan a vecinos desplazados de Chaitén adquirir terrenos en Chiloé.
- Diputado Araya, estudio de modificación al decreto ley N° 2.552, de 1979, que fija el rango de condominios sociales.
- Diputado Martínez, proceso de postulación al Fondo Solidario de Vivienda, de señora que indica.
Comisión del Medio Ambiente:
- Proyecto de Acuerdo 764, medidas complementarias de descontaminación atmosférica.
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas:
- Diputado Delmastro, proyectos de Campamentos Recreativos Escolares en la Región de Los Ríos.
Subsecretaría de Carabineros:
- Diputada Turres, reposición de Retén y casa habitación de Carabineros que funcionó en sector Paso El León de Cochamó Región de Los Lagos.
Secretaría General de Carabineros:
- Diputado Duarte, reapertura del Retén ubicado en Avda. La Florida con calle Enrique Olivares, haciendo presente posibilidad de elevar su categoría a Tenencia.
Policía de Investigaciones de Chile:
- Diputado Araya, establecer otro cuartel de la policía civil en Antofagasta, específicamente en sector norte.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aedo Ormeño, René RN III 5
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Pérez San Martín, Lily RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14
De Urresti Longton, Alfonso PS X 53
Delmastro Naso, Roberto RN X 53
Díaz Del Río, Eduardo PRI IX 51
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15
Enríquez-Ominami Gumucio, Marco IND V 10
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escobar Rufatt, Álvaro IND RM 20
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Briere, Guido PPD RM 18
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Herrera Silva, Amelia RN V 12
Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28
Isasi Barbieri, Marta PAR I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lobos Krause, Juan UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PRI III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PRI RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván PS I 1
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Soto González, Laura PPD V 13
Sule Fernández, Alejandro PRSD VI 33
Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valcarce Becerra, Ximena RN I 1
Valenzuela Van Treek, Esteban IND VI 32
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron los ministros de la Secretaría General de Gobierno, señora Carolina Tohá, y de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo.
-Asistió, además, el Subsecretario del Ministerio del Interior, don Edgardo Riveros.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El acta de la sesión 51ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 52ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ESTUDIO DE PROYECTO EN COMISIONES UNIDAS.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de los presidentes de las Comisiones de Minería y Energía y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para que el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula los artefactos para la combustión de leña y otros dendroenergéticos y dichos combustibles (boletín Nº 6616-12), sea conocido en Comisiones Unidas de Minería y de Recursos Naturales.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE EN INVESTIGADORA DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL HOSPITAL FÉLIX BULNES.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- De conformidad con lo establecido en el artículo 52, Nº 1 letra c) de la Constitución Política de la República, 48 señores diputados solicitan que “la Comisión de Salud se constituya como investigadora para los efectos de determinar las eventuales responsabilidades políticas y administrativas por los hechos ocurridos en el Hospital Félix Bulnes, con ocasión de la muerte y lesiones graves inferidas a seis mujeres en la maternidad de dicho establecimiento”.
La Comisión contaría con todas las facultades que en derecho correspondan, con el objeto de esclarecer los hechos y tendría un plazo de 60 días para evacuar su informe.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
Acordado.
ENVÍO DE MODIFICACIONES DEL SENADO A COMISIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, en la letra b) del Nº 3 de la Cuenta se anuncia la aprobación del Senado con modificaciones al proyecto de ley que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, estableciendo la obligatoriedad de certificados de seguridad que indica para los permisos de construcción en altura y de centros comerciales.
Las enmiendas del Senado a esa moción de diputados aprobada por esta Cámara son sustantivas e importantes. Por esta razón, solicito a la Mesa que recabe al acuerdo de la Sala para que sean conocidas por la Comisión Especial de Bomberos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión Especial de Bomberos analice las modificaciones del Senado al proyecto que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, estableciendo la obligatoriedad de certificados de seguridad que indica para los permisos de construcción en altura y de centros comerciales.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Secretario General va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario General).- Reunidos los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Álvarez, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Posponer para el próximo martes la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, y
2.- Poner sobre Tabla, en la sesión de hoy, los proyectos de acuerdo Nº 832, por el que se solicitan medidas urgentes para paliar la crisis que enfrenta el sector de productores de leche del país, y Nº 826, sobre reconocimiento oficial a la República Árabe Saharaui Democrática.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, comparto que los acuerdos de los Comités se respetan; es más, que ni siquiera se comentan. Pero también debiera respetarse al diputado informante de algún proyecto cuyo tratamiento se acuerde postergar. En lo personal, estuve hasta las dos y media de la madrugada preparando el informe del proyecto cuya discusión fue pospuesta para el próximo martes.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, le doy las disculpas por las molestias. Le agradezco su acuciosidad para preparar el informe, pero el acuerdo se adoptó esta mañana y por eso no se le informó antes. La discusión se pospuso con el fin de buscar el mayor consenso entre las bancadas para la aprobación del proyecto.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Proposiciones de la Comisión Mixta.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre las proposiciones de la Comisión Mixta recaídos en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Por acuerdo de los Comités parlamentarios, para su discusión se destinarán hasta 5 minutos por bancada.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 3878-17, sesión 46ª, en 2 de julio de 2008. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, la bancada del Partido Radical Social Demócrata está conforme con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Hemos conversado latamente sobre la materia con distintas organizaciones, y las discrepancias que hubo se superaron con el correr del tiempo, porque, por sobre todas las diferencias, es imperioso que exista una instancia que regule las materias relacionadas con derechos humanos.
Así, el proyecto crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrá por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile.
Tendrá competencia, en los términos y en la forma que se señalen en esta ley o en sus estatutos, para dedicarse a la promoción y protección de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y que se encuentran establecidos en las normas constitucionales y legales, en los tratados y convenciones internacionales que hubieran sido suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, así como los emanados del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional. En fin, es un proyecto bastante amplio, que fue muy discutido durante largos meses.
Hemos conversado acerca de esta materia con los especialistas de la Segpres y con el ministro José Antonio Viera-Gallo y hemos concluido que es conveniente la creación de este Instituto, porque además tiene una cualidad muy importante, cual es que posibilita que la gente favorecida por las leyes Rettig o Valech y que no se acogieron a los beneficios lo puedan hacer una vez que esté vigente la ley que crea este Instituto Nacional de Derechos Humanos. En consecuencia, debemos acelerar el proceso para que esas personas, que tienen mucha edad, puedan acogerse al beneficio.
Por consiguiente, la bancada del Partido Radical apoyará con entusiasmo las proposiciones de la Comisión Mixta, porque creemos que dicho Instituto es una necesidad de país para ponernos a la altura de lo que corresponde en materia de derechos humanos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Solicito el acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del subsecretario don Edgardo Riveros.
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señor Presidente, es difícil relatar en dos minutos el largo proceso democrático que hemos realizado con el proyecto, pero el Reglamento obliga. Además, es muy complejo expresar nuestras emociones, especialmente como bancada, por la historia que nos une y por todos los sufrimientos que hemos vivido como sobrevivientes de la dictadura.
Señor Presidente, el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue ampliamente discutido y revisado no sólo con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sino con todas las organizaciones de derechos humanos, lo que nos ha permitido llamar la atención del Ejecutivo sobre algunos puntos en discordia, razón por la cual nos hemos demorado tanto en dar luz verde a una institución prioritaria para el desarrollo profundo de la democracia que necesitamos.
Sin embargo, luego de recoger todas las aprensiones que se nos formularon, al fin llegamos esta mañana a votar mayoritariamente a favor de la creación del Instituto que protegerá especialmente los derechos humanos en nuestro país.
Si tuviéramos que dar el gusto a cada persona que opina sobre un proyecto de ley, no podríamos avanzar en una legislación coherente con el punto de desarrollo en el que nos encontramos. Debemos ir hacia delante, porque para atrás no cunde, como dice el huaso. En ese escenario estamos hoy.
No cabe duda de que toda ley es perfectible, pero también debemos decir que es imprescindible elaborar, votar y promulgar estas normas para hacer realidad ese Instituto.
Contamos con el apoyo mayoritario de las organizaciones vivas que defienden los derechos humanos.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
¡Silencio en las tribunas!
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Debo aclarar que las observaciones de las Naciones Unidas no son críticas que rechacen la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que apuntan a explicitar más lo que ya el proyecto de ley contiene y define.
Además, bajo ningún aspecto se puede deducir que el Instituto no podrá querellarse en causas de derechos humanos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, el proyecto de ley ha tenido una muy larga y compleja tramitación. En la Cámara de Diputados decidimos, porque así entendemos que debiera legislarse en el país, escuchar, recoger e incorporar los más importantes puntos de vista planteados por las organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión, que en esta materia, ustedes comprenderán, tienen una palabra muy relevante que expresar.
Es así que, bajo la conducción de nuestro colega y compañero Tucapel Jiménez, la Comisión de Derechos Humanos invitó no una, sino varias veces a representantes de dichas organizaciones. Finalmente, un grupo de diputados expresamos mediante indicaciones los puntos de vista que esas organizaciones formularon aquí. Se aprobó por una clara mayoría en la Cámara ese concepto de Instituto Nacional de Derechos Humanos. No hubo ninguna organización de derechos humanos en el país que en esa oportunidad rechazara el Instituto o que tuviera discrepancias con su creación, justamente porque el sistema con el que trabajamos y con que debiera operar siempre el Parlamento es escuchar a los principales protagonistas de la sociedad civil, que tienen una opinión decisiva que aportar en una materia tan relevante.
La iniciativa pasó al Senado en segundo trámite constitucional, donde ocurrió exactamente lo contrario desde el punto de vista de la forma y del fondo. Se entró en una negociación con la Derecha incluso con los sectores más duros de ésta y más cercanos a la dictadura militar, en circunstancias de que eso era completamente innecesario desde el punto de vista de los quórum legislativos requeridos para aprobar la iniciativa y porque, por lo menos en opinión de varios diputados de la Concertación, algunas materias no se pueden negociar porque están vinculadas a principios muy caros de la vida y que Chile conoce con dramatismo. Uno de ésos son los derechos humanos.
Por eso, queremos decirlo con franqueza, el Gobierno se equivocó en la forma de enfrentar la tramitación del proyecto de ley en el Senado.
Vino en tercer trámite a la Cámara, la que, por la inmensa mayoría de sus votos, rechazó lo aprobado por el Senado, porque allá no se tomó en cuenta el parecer y la opinión de los familiares de detenidos desaparecidos, de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, de las organizaciones vinculadas con los derechos humanos en nuestro país y las opiniones emitidas por las organismos internacionales que velan por el resguardo de tales derechos en el mundo. Por lo tanto, rechazamos el proyecto en su tercer trámite constitucional para que fuera a Comisión Mixta.
A pesar de los esfuerzos de nuestros colegas en la Comisión Mixta, particularmente de nuestro querido y recordado compañero Juan Bustos, muchos de nosotros constatamos que, no obstante que esta versión completamente retraída del proyecto del Senado -vamos a llamarla de esta manera- mostraba algunos avances, los consideramos claramente insuficientes. Así se lo hicimos ver al Gobierno y así lo hicieron ver destacadas organizaciones de derechos humanos de nuestro país. Y un grupo de personas habló de rechazar esa redacción, por lo que se esperó largamente el resultado de la Comisión Mixta.
Sin embargo, un grupo de organismos de derechos humanos tan importantes para nosotros como los que han dialogado permanentemente con el Parlamento, nos han pedido hacer un último esfuerzo, por lo que planteamos dos exigencias al Gobierno.
En primer lugar, que se comprometa solemnemente a presentar un veto que recoja el ciento por ciento de las objeciones planteadas por las Naciones Unidas y por diversas organizaciones de derechos humanos.
(Aplausos)
En segundo lugar, que califique con suma urgencia el proyecto de ley que está en el Senado y que declara inamnistiables e imprescriptibles todos los crímenes de lesa humanidad. Me refiero al que interpreta el artículo 93 del Código Penal.
(Aplausos)
Señor Presidente, hace algunos minutos el Gobierno nos dijo -lo tendrán que reiterar aquí solemnemente sus ministros- que comparte esas dos exigencias. Sólo por eso vamos a votar a favor, entendiendo que hay veto sustitutivo o aditivo y urgencia suma para un proyecto de ley que va a terminar con la impunidad en el país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, este proyecto es de gran importancia, porque crea el Instituto de Derechos Humanos y su disposición 3º transitoria crea una comisión asesora para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura en los términos que señala este proyecto de ley, y concede beneficios.
Hace mucho tiempo que la Cámara de Diputados despachó este proyecto, presentado el 20 de mayo de 2005, el que desgraciadamente sufrió modificaciones en el Senado, que fueron ratificadas por la Comisión Mixta.
El proyecto de la Cámara recoge íntegramente el espíritu contenido en el mensaje presidencial. Las adiciones introducidas al proyecto original fueron consecuencia de las inquietudes y sugerencias de las organizaciones de derechos humanos, que siempre estuvieron presentes en las sesiones. Por ello, incorporamos la reapertura de las leyes de reparación de los detenidos desaparecidos y de los presos políticos y víctimas de la tortura.
Además, fuimos enfáticos en ampliar y remarcar que el Instituto podrá deducir querellas y ejercer las demás acciones legales respecto de hechos que sean constitutivos de crímenes de lesa humanidad y de guerra, de genocidio, y que deberá hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con los casos mencionados. Las proposiciones de la Comisión Mixta sólo se refieren tibiamente a deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia y eliminan la categoría de tercero coadyuvante. No habrá sujeto activo y el Instituto no podrá actuar con las amplias facultades que significa ser querellante y terceros coadyuvadores. No habrá representación de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Si se nos dice que para eso está el programa de derechos humanos, aclaro que no es así, porque el Instituto no será el continuador del programa, ya que claramente se dice que corresponderá al Instituto “custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos”.
Por otro lado, consideramos necesario rectificar la norma pertinente para ampliar la gama de organismos internacionales a los que deberá informar anualmente el Instituto.
Según el artículo 7º de la Comisión Mixta, los consejeros sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o diez de sus miembros. Se propone que sea por mayoría de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados y por causales que no sean mal comportamiento, porque es una situación subjetiva y puede dar lugar a equívocos o a arbitrariedades.
Por último, hay que tener presente las objeciones que la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace al proyecto por la falta de acción para deducir querella. Además, señala la falta de independencia del organismo al dejar al Presidente de la República la facultad de modificar los estatutos y aprobarlos mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia. También se relaciona con esta falta de independencia la elección de dos consejeros de distintas regiones.
Señor Presidente, no obstante todas esas observaciones y a pesar de las imperfecciones de la iniciativa, las que estamos haciendo saber hoy, vamos a aprobar las proposiciones de la Comisión Mixta, pero con el compromiso, ya señalado aquí, de que se enviará el veto, con el objeto de introducir las modificaciones correspondientes, que ya hemos indicado, a fin de que se respete el espíritu original del proyecto.
Queremos un Instituto de Derechos Humanos. En esta sesión tenemos dos alternativas: rechazarlo o aprobarlo. El rechazo significa volver a cero. Los organismos internacionales y todos los institutos internacionales nos están pidiendo que lo aprobemos, pero se están haciendo esfuerzos para no hacerlo.
Por eso, pedimos que se apruebe, con el compromiso del veto presidencial y, como dijo el diputado Aguiló, de dar urgencia al proyecto que modifica el artículo 93 del Código Penal.
Los organismos internacionales nos critican por no tener ese Instituto.
Señor Presidente, en memoria de Juan Bustos, ese gran hombre y líder en materia de protección de los derechos humanos; por los miles de beneficiarios que están esperando la reapertura de las leyes Valech y Rettig y por los organismos de derechos humanos que nos han hecho llegar sus inquietudes, como la Coordinadora de Agrupaciones de Derechos Humanos, vamos a aprobar el proyecto de ley, con las observaciones que hemos hecho. Sin embargo, reitero que el Gobierno debe cumplir su compromiso de enviar el veto aditivo a fin de introducir las modificaciones pertinentes.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro señor José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).-
Señor Presidente, quiero reafirmar el compromiso de la Presidenta de la República y del Gobierno con la agenda legislativa en materia de derechos humanos.
Ha sido un éxito del Congreso Nacional y del Gobierno haber adherido a la Corte Penal Internacional.
(Manifestaciones en las tribunas).
Aprobamos, gracias a la victoria lograda en el Tribunal Constitucional, el proyecto de ley que establece la fórmula de la desaparición por ausencia.
En el Senado debería aprobarse la Convención de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa de Personas, que esta Cámara aprobó.
Dentro de poco, reintroduciremos en esta Corporación la discusión de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzosa de Personas.
La Cámara aprobó el ombudsman, el defensor de las personas, que está a punto de ser despachado por el Senado.
Es decir, se ha avanzado significativamente en materia de legislación sobre derechos humanos.
Respecto del proyecto en discusión, que ha suscitado numerosas controversias, cabe señalar que cuando en mayo Chile tuvo que rendir el examen periódico universal, lo que consta a todos los organismos que estuvieron presentes en Ginebra, varios países nos hicieron presente la necesidad de que Chile contara con un organismo nacional de derechos humanos. En reuniones sostenidas personalmente y, después, a través de nuestra embajada, con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se le presentó la última versión del proyecto, que debe su texto al ex diputado señor Juan Bustos. En ese sentido, existe un diálogo permanente de nuestra embajada en Ginebra con la Alta Comisionada para determinar las precisiones que debería tener el proyecto a fin de cumplir a cabalidad con las exigencias internacionales.
En primer término, cabe señalar que la Alta Comisionada considera que, en general, el proyecto es positivo. Sin embargo, ha formulado distintas apreciaciones, artículo por artículo, buscando que la independencia y la competencia del Instituto queden más claras.
Teniendo en cuenta las observaciones de las Naciones Unidas, que serán válidas hoy, mañana y pasado mañana -cualquiera que sea el gobierno que asuma a partir de marzo próximo, porque es una exigencia al Estado de Chile-, el Ejecutivo, en conversaciones con algunas bancadas -especialmente con las de la Concertación, aunque fueron informadas las de Oposición-, concordó la posibilidad de enviar un veto aditivo que precise de mejor forma las observaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.
Es así como nos hemos comprometido básicamente a cuatro temas en lo que se refiere a la sustancia del proyecto, conocidos perfectamente por las distintas bancadas. Además, después de una labor bastante compleja, que encabezó la ministra Carolina Tohá, se ha logrado avanzar en materia de beneficios para las víctimas y sus familiares. En efecto, el proyecto reabre las Comisiones Rettig y Valech, lo que permitirá que, por un plazo de seis meses, las personas que no lograron calificación presenten antecedentes para obtenerlos.
(Manifestaciones en las tribunas).
Junto con eso, para el Gobierno y para la Presidenta es muy importante dejar el legado de que Chile quedará definitivamente adscrito a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, además, que habrá una institución permanente que se ocupará del tema para hoy y para mañana. En nombre del Gobierno, reitero el compromiso de enviar el veto aditivo. En este momento, con toda franqueza, quiero hacer un llamado a las bancadas de Oposición para que comprendan que el veto aditivo no debería suscitar en sus integrantes controversia alguna. Por el contrario, como ese sector disputa hoy legítimamente la Presidencia de la República, con el candidato que todos conocemos, cualquiera que sea el que gane tendrá las mismas exigencias internacionales. Por consiguiente, la votación de parte de las bancadas de la Oposición será leída por los ciudadanos y conocida por la comunidad internacional y, por tanto, comprometerá a su candidato presidencial.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, no obstante que la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos es un avance importante, nos habría gustado que se avanzará en una línea distinta. Si bien el esfuerzo que se está haciendo es loable, no se avanza en todo lo que correspondería para el establecimiento de un verdadero instituto de los derechos humanos que se dedique a la promoción y protección de esos derechos.
Dado el escaso tiempo de que dispongo, me voy a detener sólo en tres puntos que, a mi juicio, son importantes y que me llevan a no compartir el texto que se propone votar en la Sala.
En primer lugar, siento que el Instituto queda bastante debilitado dada la fórmula jurídica que se está utilizando para ejercer acciones legales. Eventualmente, no tendrá problemas para hacerlo respecto de violaciones de los derechos humanos acaecidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, dado que el antiguo Código de Procedimiento Penal permitía querellarse, en teoría, a cualquier persona.
El problema radica en que este Instituto, además de conocer y cuidar la memoria histórica de lo que ocurrió en nuestro país durante la dictadura de Pinochet, debería hacerse cargo de las violaciones de los derechos humanos que se cometan en democracia, y eso demanda señales claras.
En este sentido, los tribunales de justicia en materia penal, los tribunales orales en lo penal y los juzgados de garantía han sido absolutamente claros en señalar que si un organismo del Estado no está expresamente autorizado para querellarse o hacerse parte en determinados procesos, no podrá hacerlo. Eso es lo que ha ocurrido y, por ello, hubo que modificar en su momento la ley del Sename y una serie de otros cuerpos legales. Esperábamos que aquí derechamente se señalara que el Instituto Nacional de Derechos Humanos podrá querellarse en los casos de violaciones de los derechos humanos. Entiendo que el ministro expresó que este problema se solucionará mediante un veto.
En segundo lugar, me preocupan la composición del Consejo y sus facultades. Tendrá una composición política, y si bien es cierto se establece una duración de sus integrantes, en teoría, de seis años, su renovación se producirá por parcialidades. El Instituto contará con una facultad que, a mi juicio, es peligrosa, cual es que podrá dictar sus estatutos, previa autorización del Presidente de la República. Entonces, nada obsta para que, al cambiar la composición del Consejo -eso puede ocurrir dado que estará integrado por dos consejeros designados por la Cámara, dos por el Senado y dos por el Presidente de la República-, se pueda distorsionar su voluntad. Esperábamos que el marco de sus estatutos se fijara en la ley, situación que no ocurrió. A mi juicio, debido a esta atribución que se otorga al Consejo para definir sus modificaciones estatutarias, podría terminar desvirtuándose el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tema no menor.
En tercer lugar, en el proyecto de ley no se habla del derecho internacional. Sólo se hace alusión a los tratados que han sido ratificados por Chile. Al respecto, cabe recordar que el desarrollo en materia de derechos humanos mayoritariamente se ha producido en el derecho internacional. En esa línea, espero que en el veto incorpore una mención especial en el sentido de que el Instituto se preocupará de lo que dice relación con el derecho internacional y que, en forma especial, se recogerán los fallos que dicten distintos organismos especializados en esta materia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional o la Corte de Roma, de manera de dar a este Instituto un mayor margen de trabajo y de maniobra.
Creemos que, en democracia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos debe ser un verdadero garante de estos derechos ante los abusos que cometa el Estado, por ejemplo, detenciones ilegales por parte de las policías, la situación que viven los presos en las cárceles o alguna otra circunstancia. Ése es el sentido que debe tener el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con la promoción de estos derechos y de una cultura de los mismos.
Rescato la posibilidad que se abre para las personas que no pudieron calificar en la ley Valech o en el informe Rettig, a fin de que se pueda revisar su situación.
Finalmente, anunció que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, me voy a inhabilitar de votar en este proyecto, en atención a que su artículo 7º transitorio establece un beneficio del cual sería directamente beneficiaria mi madre, ya que soy hijo de preso político, calificado por la Comisión Valech.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, en 2003, cuando se cumplieron 30 años del quiebre institucional y del golpe militar de 1973, la UDI y Renovación Nacional propusieron que nuestro país debiera contar con una institucionalidad en materia de derechos humanos. Fruto de un largo proceso legislativo, tanto la Cámara como el Senado se pronunciaron. Hoy, se nos convoca para pronunciarnos y votar las proposiciones de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Pero, ¿debemos legislar y votar hoy sobre este proyecto de ley o respecto de la eventualidad de un veto, en conformidad con el compromiso adquirido por el Gobierno con sus parlamentarios? Reitero: ¿Sobre qué debemos pronunciarnos hoy? ¿Sobre el acuerdo a que llegó el Gobierno con los parlamentarios de la Concertación? ¿Debemos aceptar ese acuerdo, en circunstancias de que principalmente diputados de la Concertación desconocieron un acuerdo a que se arribó en el Senado hace algunos meses?
El diputado Aguiló dijo que ese acuerdo en el Senado se suscribió con quienes eran partidarios o, incluso, funcionarios del régimen militar. Sin embargo, ese acuerdo también incluyó a quienes, antes del quiebre de 1973, legitimaban el uso de la violencia como método de acción política, como saben algunos parlamentarios que aquí nos acompañan. Por consiguiente, era un acuerdo país y en función del futuro.
En general, han contado con nuestra opinión favorable en la mayoría de los casos -por no decir todos-, cuando se ha tratado de reparar el dolor que se causó en nuestro país; pero no puede ser que este Instituto se mantenga, incluso en los compromisos, atado al pasado y que no tenga también una visión de futuro.
Por lo tanto, si bien siempre hemos apoyado este tipo de iniciativas -personalmente, me correspondió, junto al diputado Juan Bustos, tratar de aunar criterios y esfuerzos para que este proyecto se votara favorablemente-, hoy no se nos puede pedir apoyo a este proyecto cuando se han desconocido acuerdos y se deja a este Instituto en calidad de rehén, ya sea ante una eventual mayoría distinta o en un próximo gobierno, de la autoridad para ejercer acciones.
A mi juicio, el veto a cuyo envío se comprometió el Gobierno podría, incluso, cambiar la naturaleza jurídica del Instituto y el espíritu que muchos de nosotros creímos que éste debiera tener -en esto comparto lo que señaló el diputado Araya- en la promoción y defensa de los derechos humanos, pero con una visión de futuro.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en dos minutos y medio es difícil referirse a un proyecto que lleva muchos años de tramitación en el Congreso Nacional, pero el diputado Aguiló hizo algo de historia y recordó que cuando la iniciativa fue despachada por la Comisión de Derechos Humanos, que yo presidía, existió consenso.
En esa oportunidad escuchamos a todas las organizaciones que han defendido históricamente los derechos humanos y acogimos el 90 por ciento de sus observaciones. Lamentablemente, el proyecto las ha dividido, cosa que nadie quería. Espero -diría que tengo la certeza y la confianza- que en el futuro este Instituto logre unirlas en la defensa y promoción de los derechos humanos, pero también para mantener viva la memoria histórica.
Me causó mucha sorpresa escuchar lo que dijo mi colega Felipe Salaberry, quien anunció, desde ya, su rechazo al veto. Se trata de una materia sobre la cual tiene facultad exclusiva la Presidenta de la República. Por lo demás, cabe hacer presente que dicho veto recogerá las observaciones hechas por Naciones Unidas, organismo internacional prestigiado. Entonces, si el veto es rechazado, la Derecha estará rechazando las observaciones de Naciones Unidas.
La semana pasada escuché que ustedes legislan para las minorías. Así lo afirmó uno de sus colegas en la prensa. En consecuencia, me parece que debe existir un cambio definitivo y apoyar, de una vez por todas, la defensa y promoción de los derechos humanos en este país.
El trabajo que desarrollen funcionarios y consejeros de este Instituto en pro de los derechos humanos deberá ser un homenaje en recuerdo de las personas que ya no están con nosotros y de todas las que en los momentos más difíciles de la historia del país ya luchaban por el respeto de los derechos humanos en Chile.
Hoy esas personas no están con nosotros. Por eso, el mejor homenaje del Instituto de Derechos Humanos será mantener viva la memoria histórica y promover los derechos humanos en este país.
(Manifestaciones en las tribunas).
Para terminar, recuerdo que se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo y con la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Reitero que el veto es una facultad del Presidente de la República. Por eso, pediremos al diputado Felipe Salaberry que reconsidere su votación y que su sector acoja las observaciones que hizo Naciones Unidas, no nosotros.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la ministra señora Carolina Tohá.
La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra secretaria general de Gobierno).-
Señor Presidente, quiero ser muy clara ante los presentes en esta Sala y para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, respecto de uno de los puntos que está en discusión.
El proyecto establece que una de las facultades del Instituto Nacional de Derechos Humanos será deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia. De acuerdo con el texto de la Constitución Política, esto incluye todo tipo de acciones legales, incluidas las querellas.
(Manifestaciones en las tribunas).
Sin embargo, este tema ha sido motivo de dudas por parte de organismos de derechos humanos y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en su informe planteó lo siguiente: “La función contenida en este artículo debería estar mejor definida, a fin de que pueda determinarse claramente cuál será la función del Instituto ante los tribunales de justicia”.
Por esa razón, el Gobierno ha aceptado que, con posterioridad a la votación del proyecto, a través de un veto, se pueda, no cambiar la naturaleza jurídica o distorsionar el objetivo del organismo, sino especificar, de acuerdo con la Constitución, que las acciones ante la justicia incluyen las querellas, como también otro tipo de acciones.
Además, el proyecto, por medio de sus artículos transitorios, entrega un sustento más sólido al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Así, por ejemplo, el artículo 10 establece que dicho Programa tendrá facultad para ejercer todas las acciones legales que sean necesarias, incluidas las de presentar querellas -se señala de manera explícita-, no sólo en el ámbito actual de su competencia -que es la situación de detenidos desaparecidos-, sino también en los casos de homicidio. O sea, el Programa de Derechos Humanos adquiere rango legal y se amplía su ámbito de competencia, desde los detenidos desaparecidos hasta casos de homicidio. Reitero que se establece de manera explícita su posibilidad de presentar querellas.
Cuando corresponda discutir el veto -tras la votación y, ojalá, aprobación de las proposiciones de la Comisión Mixta-, queremos que quede claro que la interpretación del Gobierno y de todos los juristas consultados es que las acciones legales, tal como están definidas en el proyecto, incluyen las querellas.
Sin embargo, como esto provoca dudas en algunas organizaciones que nos merecen mucho respeto -el que también exigimos-, vamos a aclararlo por medio de un veto que no distorsionará, sino profundizará la naturaleza de esta institución.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza.
El señor INSUNZA.-
Señor Presidente, quiero dejar consignado que voy a acompañar las objeciones realizadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pues son sustantivas y tienen fundamento. Por eso, anuncio mi voto en contra.
(Aplausos)
A mi juicio, las modificaciones del Senado son irrelevantes y limitaron el alcance del proyecto.
Finalmente, lamento que la Oposición aún no termine de deshacerse de la herencia de la dictadura.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Antes de proceder a la votación del informe de la Comisión Mixta referido al proyecto, iniciado en mensaje, que crea el Instituto Nacional del Derechos Humanos, el señor Secretario dará cuenta de los pareos.
El señor LOYOLA (Secretario).-Se han registrado los pareos de los diputados señores Claudio Alvarado con Gabriel Ascencio y de Juan Carlos Latorre con Marcelo Forni.
El señor JIMÉNEZ.-
Pido la palabra.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en atención a que se trata de una información muy relevante a la hora de emitir el voto, solicito que el señor ministro confirme la urgencia de discusión inmediata en el Senado, referida a la reinterpretación del artículo 93 del Código Penal.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Señor diputado, entiendo que ello fue confirmado por el Ejecutivo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo 31 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Egaña Respaldiza Andrés; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aedo Ormeño René; Pérez San Martín Lily; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan los timbres silenciadores.
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO POR INVESTIGACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS. Primer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en moción, que autoriza levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos.
Diputado informante es el señor Jorge Burgos.
Antecedentes:
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Boletín 4426-07. Sesión 53ª, en 14 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de Reglamento.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, entiendo que la discusión del proyecto ya tuvo lugar. Después, volvió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero no fue objeto de modificaciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recibió para su análisis el proyecto en estudio, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, originado en moción parlamentaria.
La decisión de remitir esta iniciativa a la Comisión fue adoptada en sesión de esta Corporación de fecha 30 de junio pasado, como consecuencia de haberse formulado durante el debate en general una única indicación para suprimir el artículo 38 que se propone incorporar en la ley Nº 19.913, por el artículo 1º, Nº 11, letra c), del proyecto.
El mencionado artículo 38, que entrega una facultad al Ministerio Público para acceder a los antecedentes amparados por reserva bancaria sin tener que recurrir a la autorización previa de un ministro de Corte de Apelaciones, fue declarado por la Comisión, en razón de su naturaleza, orgánico constitucional.
Dicho artículo, durante la votación en general en la Sala, resultó rechazado por no alcanzar el quórum de cuatro séptimos de los diputados en ejercicio que previene el artículo 66 de la Carta Política.
En consecuencia, el citado artículo 38 no puede ser considerado como parte de este proyecto en este estado de su tramitación, por haber sido rechazado en general, y, por lo mismo, la indicación que motivó la vuelta de esta iniciativa a la Comisión debe considerarse como no presentada, porque estaría afectando a una norma que ya no forma parte de ella.
Por todo lo anterior, la Comisión concluyó que no resulta procedente el segundo trámite reglamentario, porque, desde el punto de vista técnico, el proyecto no fue objeto de indicaciones.
Por las razones expuestas, la Comisión recomienda ratificar el texto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados con fecha 30 de junio recién pasado y despacharlo al Senado, porque la indicación que motivó el segundo trámite reglamentario recayó sobre un artículo -a todos se nos pasó- rechazado en general.
En consecuencia, a nuestro juicio el proyecto de ley debe ser enviado al Senado tal como fue aprobado en esa oportunidad.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo expresado por el diputado Jorge Burgos, pero no con la conclusión final. Lo que corresponde ahora es que la Sala se pronuncie sobre el proyecto en particular. Lo único que hicimos la vez pasada fue votarlo en general. Incluso más, en esa oportunidad pedimos votación separada de algunas disposiciones del proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, puede que esté equivocado, pero me parece que en esa oportunidad votamos algunas normas en particular.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Señor diputado, el criterio de la Mesa, luego de certificar los hechos, es que no hubo votación en particular.
Por lo tanto, corresponde votar el proyecto en particular, sin debate.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, estaba inscrito para intervenir en este proyecto.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Señor diputado, el señor Secretario me señala que lo que corresponde es votar el proyecto en particular, sin discusión, debido a lo ocurrido en la Comisión de Constitución.
¿Habría acuerdo de la Sala para que pueda hacer uso de la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo?
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra, señor diputado.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, con todo respeto, no se trata de si nos parece o no. El problema está en que se ha pedido votación separada de algunas disposiciones del proyecto, lo que puede tener alguna importancia en su tratamiento en el segundo trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Señor diputado, reglamentariamente no corresponde.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Se declara aprobado en particular el proyecto que autoriza levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de archivos, con excepción de las letras a), a-1 y a-2; b), c) y d) del número 2) del artículo 1º, para las cuales se ha pedido votación separada.
En votación en particular las letras a-1 y a-2 de la letra a) del número 2) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación la letra b) del número 2) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos en contra ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación la letra c) del número 2) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Finalmente, en votación la letra d) del número 2) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DE NORMA LEGAL SOBRE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL. Tercer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, Boletín N° 5458-07, sesión 50ª, en 8 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, una vez más estamos ante un proyecto muy importante. Por eso, creo que es esencial que esté presente en la Sala el señor ministro de Justicia.
Este proyecto entró a trámite legislativo con urgencia calificada de “suma” con ocasión de los dramáticos hechos ocurridos en un centro de detención del Sename en Puerto Montt, y su objetivo es dotar de mejor forma a Gendarmería, desde la perspectiva de sus capacidades perimetrales de resguardo de los centros en los cuales los menores cumplen su internación.
No he tenido oportunidad de leer las modificaciones del Senado. No obstante, en un proyecto de esta envergadura, a mi juicio debiéramos conocer la opinión del ministro de Justicia en cuanto a si las modificaciones del Senado son atingentes a la idea central o si recomienda que la iniciativa vaya a Comisión Mixta.
A mi juicio, tratar un proyecto de esta envergadura sin la presencia del ministro de Justicia es legislar a ciegas sobre una materia muy importante, lo que me parece complejo, sobre todo considerando que el Ejecutivo es autor exclusivo del proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, la Mesa coincide plenamente con su planteamiento.
En consecuencia, solicito el acuerdo de la Sala para dejar pendiente la tramitación de este proyecto de ley para una próxima sesión, con el objeto de que esté presente alguna autoridad del Ejecutivo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Continúa la sesión.
Cito a reunión de Comités, y se suspende nuevamente la sesión por todo el tiempo que dure ésta.
REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES RAÍCES DESTINADOS A MICROEMPRESAS O A EQUIPAMIENTO SOCIAL. Primer trámite constitucional. (Sobre Tabla).
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Informo a la Sala que los Comités acordaron tratar, sobre Tabla, el proyecto de ley que regulariza la construcción de bienes raíces destinados a microempresas o a equipamiento social.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Gonzalo Duarte.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 6531-14, sesión 32ª, en 20 de mayo de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 49ª, en 7 de julio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 20.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor DUARTE (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar sobre el proyecto de ley, de origen en mensaje, en primer trámite constitucional y primero reglamentario y sin urgencia, que regulariza la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social.
Tal como lo dice el mensaje, el proyecto es la respuesta a una propuesta representada en su momento por los diputados señores Jorge Burgos, Carlos Montes, Fidel Espinoza, Jorge Insunza, Antonio Leal, Manuel Monsalve, Marcelo Schilling y quien habla, y que, atendidas sus características, requería patrocinio del Ejecutivo.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, tal como ocurrió con los artículos que fue necesario votar en particular.
Votaron a favor las diputadas señoras Claudia Nogueira y Marta Isasi y los diputados señores Carlos Montes, Gonzalo Duarte, Jorge Insunza, René Manuel García, Manuel Monsalve, Gonzalo Uriarte y Gastón von Mühlenbrock.
La Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas: Jeannette Tapia, abogada asesora del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Ricardo Leñam, arquitecto del Departamento de Planificación y Normas de la División de Desarrollo Urbano; Agustín Pérez, director de Obras Municipales de La Florida; Matías Valdez, director de Obras Municipales de Valparaíso; Armín Seeger, director de Obras Municipales de Estación Central; Enrique Medina, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso; José Tala, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Región Metropolitana; Tadashi Asahi, miembro del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, y Gonzalo Bustos, abogado asesor de esa Cámara.
La idea matriz del proyecto consiste en permitir, a través de un procedimiento administrativo simplificado, la regularización definitiva de construcciones o edificaciones que alberguen actividades de microempresas que deben tener las siguientes características: ser inofensivas y no exceder los doscientos cincuenta metros cuadrados edificados. Asimismo, el proyecto apunta a regularizar todas las construcciones destinadas a equipamiento social, juntas de vecinos, centros de madres, clubes de adultos mayores y a equipamientos religiosos.
En efecto, existe un alto porcentaje de edificaciones y ampliaciones que se ejecutan sin obtener los permisos correspondientes de parte de las direcciones de obras municipales y que, una vez construidas, no obtienen la recepción final porque no cumplen con las exigencias establecidas en la ley general de Urbanismo y Construcciones, no obstante tener un importante sentido y objetivo social. Muchas de ellas, sobre todo en lo que dice relación con los equipamientos comunitarios, se originaron a partir de procesos de autoconstrucción y de campañas comunitarias, con esfuerzos sostenidos por los vecinos.
Igual cosa ocurre con muchos pequeños empresarios que han desarrollado, fundamentalmente al alero de su propia vivienda, actividades y construcciones destinadas a albergar microempresas que tampoco han logrado cumplir con las exigencias de edificación.
En el fondo, se trata de favorecer la actividad microempresarial, permitiéndoles regularizar las edificaciones que albergan esas actividades a través de un procedimiento simplificado.
La regularización facilitará el acceso al crédito y a otras formas de apoyo del Estado, así como también reforzará la seguridad de las personas.
Del mismo modo, constituye una política clara destinada a facilitar la creación y mantención de empleo.
En definitiva, se busca regularizar mediante procedimientos simplificados, práctica que se ha hecho parte tradicional de nuestra actividad; incluso más, hace poco la Cámara aprobó una iniciativa de ley similar que beneficia a equipamientos deportivos y de salud.
También se establece un mecanismo de rebaja del pago de derechos, permitiendo con ello superar el estado de informalidad o ilegalidad que afecta a muchas de esas edificaciones.
Para la regularización de dichas edificaciones se establece un plazo de vigencia de dos años, contado desde la publicación de la ley, y sólo les serán aplicables las disposiciones de los planos reguladores y las normas técnicas que se indican a continuación:
a) Disposiciones de los planes reguladores referidas a zonas de riesgo o protección, declaraciones de utilidad pública, y
b) Normas técnicas de habitabilidad, seguridad, estabilidad y de las instalaciones interiores de electricidad, y, cuando corresponda, de agua potable, alcantarillado y gas.
El tiempo de dos años desde la publicación de la ley se estimó suficiente para que los interesados pudieran acogerse a ella.
Por otra parte, se estableció un límite de 250 metros cuadrados, porque lo que se pretende es beneficiar a empresas inofensivas que tengan el carácter de micro o de pequeña empresa.
El proyecto entiende como inofensivas aquellas microempresas que no producen daño ni molestia a las personas, comunidad o entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo de acopio, siempre dentro del propio predio o instalación, resultando su funcionamiento inocuo, lo que debe ser certificado por la autoridad sanitaria correspondiente. Se consideró pertinente que la autoridad pueda delegar el proceso de certificación en las unidades municipales o en quien ella designa.
Dentro de los requisitos para acceder al procedimiento simplificado de regularización, está el que la edificación no se encuentre emplazada en zona de riesgo o de protección o de franjas declaradas de utilidad pública.
En el debate de la Comisión se advirtió que había comunas donde gran parte de su superficie se encontraba en algunas de las situaciones anteriores, y con la intención de facilitar la aplicación de la ley, se optó por exigir obras de mitigación al tratarse de edificaciones construidas en las zonas antes referidas.
El proyecto, por tanto, entiende por microempresa toda actividad industrial, comercial o de servicio, excluidas las de salud y de educación, cuyas edificaciones destinadas al desarrollo de la actividad no excedan de los 250 metros cuadrados edificados.
Además, en la Comisión se acordó excluir de ese beneficio a aquellas actividades destinadas al expendio de alcoholes, ya que dicha actividad se encuentra regulada en la ley Nº 19.925, por lo que no somos partidarios de que sea afectada de algún modo al aplicar las normas del presente proyecto.
Por otra parte, también se consideró necesario incorporar, dentro de la nómina no taxativa de edificaciones destinadas principalmente a actividades comunitarias, a las edificaciones en que funcionen los centros de actividades religiosas. Con esa medida, queremos permitir un procedimiento simplificado de regularización de muchas actividades religiosas que hoy se desarrollan en la informalidad.
También se estimó del todo conveniente incorporar a la norma que desde que el expediente en trámite sea sometido a consideración del municipio se suspenden todas las acciones contra el propietario vinculadas con ese proceso.
Es conocido que en otras experiencias de esa naturaleza, dado que el tiempo que transcurre desde que se presenta el expediente hasta que éste es aprobado es relativamente prolongado, durante ese tiempo muchas familias fueron afectadas por sanciones, multas o, incluso, medidas de apremio, que pretendemos corregir en este proceso. Por lo tanto, toda medida que afecte a alguna propiedad sometida al proceso de regularización queda suspendida sólo por el imperio de la ley al momento de ingresar el expediente y no cuando es recepcionado definitivamente por la Dirección de Obras.
El proyecto permitió corregir en su tramitación una omisión que existía respecto de normas anteriores, por lo que el proyecto incorpora en el inciso primero del artículo 166 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, a las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción.
La ley Nº 20.251 omitió esa mención, que sí aparece señalada en su artículo transitorio. Por lo tanto, a sugerencia del diputado Carlos Montes, corregimos una omisión de la ley.
En el proyecto se deja expresa constancia de que el valor de tasación a que se refiere no incluye el valor del terreno. Con ello estamos corroborando el dictamen del 25 de noviembre pasado emitido por la Contraloría General de la República.
Adicionalmente, cabe explicitar que los derechos municipales que pagará este tipo de propiedades sólo serán del 50 por ciento, sin perjuicio de que los equipamientos de todas las organizaciones comunitarias que están acogidas a la ley de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias están exentas de pago. Esto significa que las microempresas pagan el 50 por ciento y que las organizaciones comunitarias afectas a esa ley quedan exentas del pago de derechos.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, el informe ha sido bastante completo, pero quiero insistir en algunas de las materias que aborda.
Ésta es una iniciativa del Ejecutivo, generada a partir de una propuesta parlamentaria -porque no teníamos iniciativa- que considera la situación de la pequeña empresa en el contexto de la actual crisis.
Muchas pequeñas o microempresas tienen dificultades para regularizarse y tienen conflictos con la Dirección de Obras, tienen dificultades para sacar patente y otras cuestiones de orden municipal. Por eso, propusimos algo semejante a la “ley de mono” para la pequeña empresa, cuestión que ya existió hace unos cinco o seis años y funcionó bastante bien. Lo que ahora se busca es terminar de regularizar la situación de distintas actividades económicas.
Junto con eso, la Contraloría ha impuesto una serie de restricciones para gastar recursos públicos en bienes comunitarios que no estén plenamente regularizados, razón por la cual también incorporamos el equipamiento comunitario en general, que tenga una vía de regularización de excepción, de manera de terminar con las irregularidades en que se encuentran muchos de ellos.
Por otra parte, se vio que lo que ya existía en la “ley del mono” respecto de la vivienda tenía una serie de limitaciones, parte de las cuales quedan resueltas en el proyecto.
La limitación principal consistía en que no estaba suficientemente claro ni preciso qué se entiende por vivienda social, porque el Ministerio de la Vivienda tiene tres o cuatro definiciones sobre el particular. Aquí se estableció con claridad que el concepto de valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, lo que significa que en el valor de tasación no está considerado el valor del suelo, sino que exclusivamente el valor de la construcción.
¿Cómo se determina? Se estableció un procedimiento engorroso, porque supone que la Dirección de Obras tiene que valorizar de acuerdo con la tabla de costos unitarios del Ministerio de la Vivienda.
El aspecto que no se logró resolver es hasta cuántos metros de ampliación se permiten. En la ley anterior se estableció un máximo de 25 metros. Se pidió revisar ese límite, porque algunas viviendas, que tenían 28 ó 30 metros, quedaban fuera de la posibilidad de regularizar, lo que generaba una serie de distorsiones. En definitiva, el Ministerio, que tiene iniciativa al respecto, estudió el tema y consideró que no correspondía. Por eso, no logramos aprobarlo.
En todo caso, en la iniciativa se han incorporado otras variaciones, algunas de las cuales pueden ser polémicas, como la posibilidad de regularizar edificaciones en áreas de riesgo. Por primera vez, se permite tal saneamiento, porque las viviendas existen y reúnen ciertos estándares. Se estimó que la falta de regularización les impide ir fortaleciéndolas. El requisito es que posean la obra de mitigación, de manera que el riesgo no tenga un efecto específico sobre esa construcción.
El proyecto debería ser aprobado en esta sesión, para que pase al Senado y termine su tramitación, de manera de poder apoyar cuanto antes a la pequeña empresa en lo que se refiere a regularización, a fin de que las microempresas enfrenten la crisis de mejor manera.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, me siento muy complacido al ver que este proyecto tiene su origen en una moción de colegas muy especiales, declarada inadmisible en su momento por la Cámara de Diputados, a la que la Presidenta de la República le dio su patrocinio.
No voy a referirme a su contenido relacionado con la microempresa y equipamiento social, ya que el diputado informante, Gonzalo Duarte, fue bastante explícito; además, el diputado Carlos Montes, uno de sus autores, realizó una fundada intervención.
No sé por qué motivo a los ciudadanos les cuesta participar de los beneficios de muchas iniciativas que discutimos, que luego se transforman en ley. La que estamos tratando aprovecha la ocasión para corregir una situación. Tal vez por ignorancia, miles de familias no accedieron a los beneficios contemplados en otras leyes, las que ya cumplieron su cometido.
Por ello, es de enorme importancia reconocer esta oportunidad legislativa que se otorga mediante el artículo 7º. Todos los diputados y diputadas serán favorecidos, porque constantemente se nos consulta acerca de cuándo se aprobará una nueva ley que vaya en beneficio de las ampliaciones de las viviendas o de la tasación de las pequeñas construcciones.
Este artículo ha dado en el clavo, al incluir las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, calculado conforme a la tabla de costos unitarios por metro cuadrado de construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Invito a los colegas a revisar el artículo 7º, porque reviste enorme importancia para nuestro trabajo distrital. En lo personal, me satisface mucho. Por lo tanto, felicito a los autores del proyecto, entre ellos a los diputados Carlos Montes y Gonzalo Duarte.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que ésta es una iniciativa largamente anhelada en todas las comunas de Chile, en particular en las de mucha densidad poblacional y de alta intensidad de uso del suelo. Lo digo con conocimiento de causa, porque represento a Talcahuano y a Hualpén, dos comunas territorialmente pequeñas, pero con una altísima densidad demográfica y gran ocupación de los pocos suelos de que disponen.
Una norma como ésta beneficiará no sólo al contribuyente, al pequeño empresario, a la organización y a las familias que realizan ampliaciones, sino también a los municipios, porque éstos, por disposición expresa de la ley, no pueden otorgar fórmulas para regularizar la situación de esas edificaciones. Con este instrumento se permitirá esa regularización. Sin embargo, lo más importante es que las personas podrán normalizar las ampliaciones y tendrán acceso a los distintos beneficios que entrega el Estado y los municipios podrán cobrar los permisos de construcción. Por eso, el proyecto es de enorme utilidad.
Ahora, el tema central es que debemos realizar un máximo esfuerzo para que la Cámara de Diputados, a través de su canal de televisión, le dé bastante difusión a este beneficio, porque una vez promulgado como ley será de gran utilidad.
Esto es lo que la gente espera de nosotros: solución real a sus problemas. Así como todos apoyamos hace algunos años la “ley del mono”, que permitió regularizar las ampliaciones de muchas personas, con esta iniciativa estaremos entregando un beneficio real a los ciudadanos.
En esa perspectiva, siento que debemos darle más difusión al artículo 7º, que permite la regularización de las ampliaciones de las viviendas. Es cierto que la “ley del mono” fue muy buena, incluso, se extendió su vigencia. Pero eso no fue suficiente, porque mucha gente que podía acogerse a ella no lo hizo.
Con la regularización de las ampliaciones de viviendas cuyo valor de tasación de la construcción no sea superior a 520 unidades de fomento, se solucionan problemas que hasta el día de hoy vuelven locos a los municipios y no pueden arreglarlos, porque chocan contra la muralla consagrada en la ley.
Por esta razón, apoyaré con mucho entusiasmo la aprobación de esta iniciativa y estoy seguro que mi bancada hará lo mismo. Ya se pronunciaron en ese sentido las diputadas Claudia Nogueira y Marta Isasi y los diputados Gonzalo Uriarte y Gastón Von Mühlenbrock en la Comisión de Vivienda. No cabe duda que da soluciones importantes a una gran cantidad de chilenos, sobre todo a los pequeños emprendedores y empresarios que buscan estar legalmente habilitados para realizar sus operaciones.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, este proyecto tiene un gran mérito. Se habla de incentivar la microempresa. Mucha gente ha hecho un tremendo esfuerzo para implementar su taller, como los artesanos de Villarrica, Cunco, Loncoche, Gorbea, etcétera. A medida que comenzaban a trabajar, llegaban los problemas. La municipalidad pedía el permiso de construcción y el microempresario comenzaba a tiritar e, incluso, muchas veces poco menos que tenía que vender sus máquinas para pagar los derechos municipales, un arquitecto, un ingeniero y todo lo que le exigían.
Ahora, por el solo ministerio de la ley, las personas que tengan edificaciones dedicadas a microempresas, de hasta 250 metros cuadrados, van a poder regularizar su situación sin mayor trámite. Como pueden apreciar, estamos ante una segunda “ley del mono”.
Este proyecto ha sido largamente esperado por todas las personas que trabajan en microempresas y por los pequeños empresarios que dan trabajo al 80 por ciento de los trabajadores del país.
Por lo tanto, la primera parte del proyecto consiste en otorgar una tremenda ayuda a la microempresa a fin de que puedan regularizar sus talleres y lugares de trabajo.
En segundo lugar, quiero destacar que a muchos parlamentarios nos ha tocado ayudar para que la gente, con gran esfuerzo, construya su sede social. Antiguamente, entregaban las poblaciones sin tales sedes. Por lo tanto, cuando las construían y querían alguna ayuda, les decían: “No podemos ayudar, porque esa construcción no está regularizada”. Se perdía todo ese esfuerzo y se producía una desmoralización en los dirigentes y en las personas.
El proyecto persigue que las sedes comunitarias y los templos religiosos de hasta 400 metros cuadrados puedan ser regularizados por esta segunda “ley del mono”, lo cual me parece conveniente.
También se van a regularizar las ampliaciones de viviendas construidas cuyo valor no sea superior a 520 UF; es decir, alrededor de 10 millones 500 mil pesos.
También me habría gustado que se materializara algo que esbozó el diputado Carlos Montes, en el sentido de que se considerara a toda vivienda social, independientemente del monto, por una razón muy simple: se debe premiar a la gente que se esfuerza, que arregla su vivienda, que incorpora buenos materiales, que le gusta vivir bien, que hace un tremendo esfuerzo. Pero le decimos: “Usted no tiene ningún beneficio, porque se pasó de las 520 UF en la construcción”.
Se debe premiar el esfuerzo de las personas, independientemente del mejoramiento realizado. Debería considerarse un premio al esfuerzo y debió ampliarse el margen un poco más. No estoy hablando de un monto excesivo, sino de 750 hasta 1.000 UF, monto que, en muchos lugares, no constituye ningún disparate, dado el precio que tienen los terrenos, los que indudablemente están excluidos. Lo que vale aquí es la casa, la urbanización y todo lo demás.
Estamos contentos ya que el proyecto se mejoró en la Comisión y se hizo un informe acucioso. Las municipalidades van a tener mucho trabajo para regularizar esas situaciones.
La gente debe conocer este proyecto. Para eso está la página web de la Cámara. Desde el momento de promulgación de la ley, dura dos años. O sea, esperamos que no se atrasen en regularizar los talleres, las microempresas, las sedes religiosas y las ampliaciones de viviendas de hasta 520 UF.
Por último, anuncio que el Comité de Renovación Nacional y toda la Coalición por el Cambio van a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, el proyecto ameritaba más tiempo para ser debatido -pero entiendo el acuerdo adoptado por los Comités-, porque significa un profundo beneficio social, pues va a contribuir a normalizar las construcciones en el ámbito de las microempresas. Además, tiene una repercusión concreta en el ámbito de la crisis económica que estamos viviendo. Una normalización de este tipo va a ayudar a los microempresarios, quienes, en definitiva, crean empleos.
Asimismo, va a ayudar a las organizaciones comunitarias, porque en nuestras comunas tenemos numerosas de esas organizaciones que han ampliado sus sedes con el esfuerzo de sus vecinos. Me refiero a organizaciones deportivas, culturales, sindicales y otras, que no tienen una regularización municipal, por las dificultades y lo engorroso del sistema.
El hecho de que se genere una situación de este tipo, que implica la normalización de las organizaciones comunitarias, de las microempresas y de las ampliaciones de viviendas sociales hasta una determinada cantidad -520 UF-, va a permitir que se regularice la situación en el lapso de dos años.
También se van a permitir procedimientos adecuados, porque cuando hay que normalizar una situación de este tipo, son muchos los trámites, sobre todo desde el punto de vista del plano regulador y de las normas técnicas. La iniciativa establece normas que facilitan la posibilidad de resolver el tema.
Por lo tanto, valoro este proyecto de ley, cuya moción original suscribí junto con los diputados señores Carlos Montes, Jorge Burgos, Gonzalo Duarte y otros. Asimismo, valoro que el Gobierno haya hecho suya la idea de sacar adelante esta gran iniciativa.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.-
Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por sacar adelante un proyecto de ley de estas características.
Además, me interesa destacar el trabajo transversal efectuado en la Comisión bajo la presidencia del diputado Carlos Montes y valoro la buena disposición de la señora ministra de Vivienda y del señor ministro de Hacienda de acoger la solicitud de este conjunto de parlamentarios.
Destaco, asimismo, el trabajo de los señores René Manuel García y Gonzalo Uriarte, de la señora Marta Isasi y de todos los demás diputados que forman parte de la Comisión, quienes aportaron sugerencias respecto de cómo resolver un problema existente en muchos barrios y poblaciones, que busca abrir espacios a tres elementos claves. Por una parte, al desarrollo espiritual de nuestra sociedad.
Quiero resaltar también la incorporación de los centros religiosos al proyecto de ley, que reconoce y valora el aporte que muchas iglesias realizan a lo largo y ancho del país.
Valoro también la disposición de abordar el tema del desarrollo cívico y la participación de la ciudadanía en la construcción de nuestra democracia, como también en el fortalecimiento de nuestras comunidades.
Asimismo, reconozco el aporte que significa, desde el punto de vista del desarrollo económico y del empleo, permitir regularizar a microempresas.
Cuando se observa el esfuerzo de esta Corporación y la unanimidad de criterios alcanzada, se valoran aun más los aspectos positivos del trabajo parlamentario. Hago un llamado a que la unanimidad que se logró en la Comisión de Vivienda respecto de cada una de las indicaciones y del proyecto se exprese también en la aprobación del proyecto de ley en la Sala.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, sólo quiero manifestar mi agradecimiento al Gobierno por otorgar la debida agilidad a esta iniciativa que en su momento presentamos con un grupo de colegas, que busca regularizar la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social.
Los diputados de la Comisión de Vivienda han destacado la importancia del proyecto, porque existen muchas organizaciones sociales o microempresas que se encuentran imposibilitadas de acceder a proyectos o fondos estatales para mejorar su infraestructura producto de que no cuentan con regularización.
Conozco muchos casos de sedes sociales y de iglesias católicas y evangélicas que presentan esta problemática.
Por lo tanto, me parece de enorme relevancia votar favorablemente el proyecto, pues la regularización será muy importante para todas las regiones del país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente, anuncio que voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación de la iniciativa. Lamento que se haya destinado poco tiempo a un proyecto de tanta importancia.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación general el proyecto de ley que regulariza la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social, con excepción de los incisos final del artículo 4º y primero del artículo 5º, que requieren quórum de ley orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
En votación general los incisos final del artículo 4º y primero del artículo 5º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de, al menos, 69 diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Si le parece a la Sala y por no haber sido objeto de indicaciones, se declararía también aprobado en particular, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS PARA PALIAR CRISIS DE PRODUCTORES LECHEROS.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Recuerdo a la Sala que, por acuerdo unánime de los Comités, los dos proyectos de acuerdo siguientes serán votados sin discusión.
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 832.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 832, de los señores Pérez, don José; Hernández; de la señora Sepúlveda, doña Alejandra; y de los señores Ojeda, Enríquez-Ominami, Farías, Barros, Sule, Urrutia, Martínez, Von Mühlenbrock, Recondo, González, Delmastro, Jaramillo, Lobos, García y Meza, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a la Presidenta de la República y a los integrantes de la Comisión de Distorsiones de Precios de Chile, solicitando que:
1º Presentada la solicitud/denuncia por parte de Fedeleche, se dé pronto inicio a la investigación aplicándose oportunamente, es decir, antes del comienzo de la próxima temporada primavera-verano, una sobretasa arancelaria provisional de 31,5 por ciento a las importaciones de leche en polvo y queso gauda provenientes, entre otros orígenes, de Argentina y de Uruguay.
2º Se aplique una sobretasa arancelaria definitiva de un 31,5 por ciento a estos productos por un período de un año, con miras a prorrogarla por otro año, plazos máximos de duración conforme a nuestra legislación vigente.
3º Se aplique una salvaguardia en contra de las importaciones de leche en polvo y queso gauda provenientes, entre otros orígenes, de países como Argentina y Uruguay, y para que el Estado chileno, por intermedio de su Gobierno, aplique esta medida.”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Espinosa Monardes Marcos; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
RECONOCIMIENTO OFICIAL A LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 826.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 826, de los señores Aguiló; Díaz, don Marcelo; Leal, Jiménez, Dittborn, Ulloa; de la señora Pérez, doña Lily, y de los señores Burgos, Saffirio y Robles, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar encarecidamente a su excelencia la Presidenta de la República, por razones históricas constitutivas a la nación chilena, honrar la palabra de Chile, procediendo al más rápido reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática y el consiguiente establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. Por la negativa 4. No hubo abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Harboe Bascuñan Felipe; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Hales Dib Patricio; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Uriarte Herrera Gonzalo.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 809.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 809, de los señores Chahuán, Ojeda; Díaz, don Eduardo; Martínez, Von Mühlenbrock; de la señora Valcarce, doña Ximena; y de los señores Pérez, don José; Palma, García, Delmastro, Barros, González y Meza, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que modifique el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, contenido en el decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1997, que autorice el ingreso a dichos institutos castrenses de personas que padezcan de algún grado de discapacidad, que les permita cumplir algunas funciones del servicio de las mencionadas instituciones, dependiendo de la limitación física que presenten.”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la finalidad que inspiró la presentación del proyecto de acuerdo es lograr modificar el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, contenido en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de permitir que personas con algún grado de discapacidad también puedan cumplir determinadas funciones en las instituciones castrenses, dependiendo de la limitación física que presenten.
La ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas no prohíbe que personas con discapacidad ingresen a las instituciones castrenses; solo el Estatuto del Personal señala que los postulantes han de contar con salud compatible con el cargo. El concepto de salud compatible no está definido y solo se encarga a los servicios de medicina preventiva de las Fuerzas Armadas que otorguen un certificado de salud, después de practicar los exámenes correspondientes, que consigne si el postulante está apto o no para ingresar a los institutos militares.
En tal virtud, y para que la normativa de la ley Nº 19.284, sobre integración social de personas con discapacidad no se transforme en letra muerta, consideramos que es plenamente posible que a algunas personas con ciertos grados de discapacidad se les permita cumplir determinadas funciones de carácter operativo, acordes con su impedimento.
El Ejército de Chile, desde el 2004, viene implementado algunas experiencias piloto, pero sólo en funciones de carácter técnico o de apoyo operativo; sin embargo, estimamos que es plenamente factible que en actividades operativas propiamente tales también pueden desempeñarse personas con ciertos grados de discapacidad, lo que habrá de establecerse en el Estatuto del Personal, que se complemente con las disposiciones del Reglamento de Medicina Preventiva de las Fuerzas Armadas.
Por eso, pido a los colegas aprobar este proyecto de acuerdo, de manera de posibilitar que parte de los discapacitados de nuestro país también contribuyan a la misión de las Fuerzas Armadas, en funciones operativas o de apoyo operativo, dependiendo del impedimento físico que les afecte.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la línea de garantizar la plena integración de los discapacitados y el principio de igualdad de oportunidades, es necesario aprobar el proyecto de acuerdo, sobre todo porque Chile suscribió la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En tal virtud, las Fuerzas Armadas, como instituciones permanentes del Estado, debie-ran ser las primeras en abrir sus puertas, a través de la iniciativa que, eventualmente, presente la Presidenta de la República para modificar el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, porque son miles las personas con dificultades que esperan que se les asegure la plena integración a la sociedad.
A esta reflexión debiera sumarse también un debate que hemos planteado permanentemente, cual es que se respete el fuero maternal a las mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas, ya que muchas veces esto no ocurre.
Apoyaremos con fuerza el proyecto, porque será una señal concreta de que esta Cámara respalda transversalmente la plena integración de los discapacitados en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, espero que la Sala vote favorablemente el proyecto de acuerdo, con el objeto de que la Presidenta de la República envíe el proyecto de ley respectivo para que, en cumplimiento de los convenios internacionales y de la propia legislación que nos hemos dado, establezca la plena integración de los discapacitados.
Además, recuerdo que en esta Cámara se han presentando algunos proyectos de ley que van en esta misma línea, los que han sido firmados transversalmente por muchos diputados.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, es loable el espíritu con que nos presentan el proyecto de acuerdo que pretende integrar a los discapacitados en las Fuerza Armadas, pero, de acuerdo con sus antecedentes y lo expresado por los dos diputados que han hablado a favor de la iniciativa, entiendo que todo eso ya ha sido recogido por las Fuerzas Armadas. De hecho, ha entrado gente con discapacidad a la Escuela Militar y a la carrera militar gracias a un proyecto especial establecido por las Fuerzas Armadas.
Lo que tienen que entender los diputados autores del proyecto es que deben tener mucho cuidado al modificar el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en razón de la formación y del trabajo que deben realizar dentro de las instituciones armadas, porque tienen una función y un objetivo muy diferente y especializado. Distinto es si se permite que la gente con discapacidad trabaje en áreas administrativas de esas instituciones. Pero cuando se pide modificar ese Estatuto, es necesario que la salud de los postulantes sea compatible con los objetivos de las Fuerzas Armadas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- No hay quórum nuevamente.
En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
CREACIÓN DE ZONA FRANCA LITERARIA EN ÁREA DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE VALPARAÍSO.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ, don Adrián (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 810, de los señores Godoy, Chahuán, Vargas, Palma, de la señora Valcarce, doña Ximena; del señor García, don René Manuel; de la señora Herrera, doña Amelia; de los señores Galilea y Lobos y de la señora Soto, doña Laura, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a la Presidenta de la República que disponga la creación de una zona franca literaria en la zona patrimonial Unesco en Valparaíso, zona que posee los siguientes límites: por el norte fondos de sitios norte de subida Santo Domingo, y calle Valdivia; por el oriente, calles Blanco, Almirante Pérez y Cochrane, Muelle Prat y calle Esmeralda; por el sur, fondos de sitio sur de calle Beethoven, Almirante Montt y fondos de sitio sur de calles Urriola y Lautaro Rosas, y por el poniente, fondos de sitio norte de calle Miramar, fondos de sitio poniente de la subida El Peral y Plaza Justicia, calle Castillo y fondos de sitio poniente de calle Santiago Severín.
2. En dicha zona, la actividad de venta de libros, revistas literarias, científicas y artísticas gozará de exención tributaria, exceptuando el impuesto a la renta.”.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, estoy muy contenta con el apoyo transversal que tiene el proyecto, ya que estoy trabajando desde hace varios años en la creación de una zona franca cultural en la ciudad de Valparaíso, particularmente porque cuenta con un sector que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, le falta solidez, esencia, además de que consideramos que eso no ha llegado a los habitantes de Valparaíso, que es lo que importa, ya que mucha de nuestra gente joven tiene que irse a Santiago o, peor aún, al extranjero a trabajar, lo que no es justo con los habitantes del puerto.
He presentado ese proyecto a los ministros de turno de Educación y de Cultura, quienes se han interesado mucho en él; pero, con la misma fuerza, es necesario agregar que he conversado con los ministros de Hacienda respectivos, quienes inmediatamente me daban con la puerta en la cara cuando les hablaba de rebajar tributos.
Reitero que estoy muy contenta porque podemos hacer una fuerza común para lograr que el Ministerio de Hacienda comprenda que esto es de la esencia de lo que queremos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, efectivamente ésta ha sido una larga lucha de los diputados que representamos los distritos de la región, quienes creemos que Valparaíso necesita generar las condiciones para despegar definitivamente. Una de ellas es crear una zona franca cultural dentro de las 42 hectáreas que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Desde los inicios de los gobiernos de la Concertación se estableció en sus programas de gobierno la exención del IVA a los libros. Consideramos que ésta es una instancia particularmente importante para aplicarla en la Región de Valparaíso, ya que no se ha cumplido con esa promesa de la Concertación de Partidos por la Democracia.
Ahora se requiere un esfuerzo colectivo, amplio y transversal para estimular la permanencia de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad en Valparaíso y la posibilidad de que esta ciudad no solamente sea la sede del Consejo de la Cultura, sino que también pueda promover las artes.
En ese sentido, el establecimiento de una zona franca cultural dentro de las cuarenta y dos hectáreas en que se ubican las ocho zonas típicas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad podría generar el estímulo necesario para emprendimientos artísticos y culturales.
Creemos que esta ciudad, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, necesita generar las condiciones para dar oportunidades a todos los porteños.
Es sabido que no es posible sustentar la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad sólo con los fondos provenientes del municipio porteño. Un estudio de la Universidad de Chile revela que el municipio porteño no va a tener los recursos suficientes en 2015 para mantener esa declaratoria.
Por lo tanto, esta propuesta de zona franca cultural, que se ha ido elaborando desde hace años y que ha sido defendida fundamentalmente por diputados como Laura Soto, Joaquín Godoy y el ex diputado Aldo Cornejo, busca generar las condiciones para que la declaratoria dé oportunidades a la gente de nuestro puerto.
Éste es uno de los elementos considerados en la denominada “ley Valparaíso”, que queremos promover, que persigue dar oportunidades cada día más crecientes a nuestra gente y a nuestro puerto.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- No hay quórum nuevamente.
Por lo tanto, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
ADECUACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEMAFORIZACIÓN EN TOCOPILLA. Oficios.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hizo un compromiso, de cara a la ciudadanía, a propósito del terremoto que afectó a Tocopilla en 2007.
En él se estableció un conjunto de iniciativas que se enmarcan dentro del plan de reconstrucción de la ciudad. Es así como en la actualidad se están interviniendo los sectores habitacionales Villa Los Andes, Padre Hurtado, Eduardo Frei, y prontamente comenzarán los trabajos en las casas habitaciones del sector Huella Tres Puntas de dicho puerto. También se está trabajando en la urbanización de los terrenos del loteo del barrio industrial, en las obras del nuevo edificio que albergará a la municipalidad, en el hospital de Tocopilla, entre otras iniciativas.
Sin embargo, a raíz del terremoto, se han generado algunos problemas que dicen relación con la necesaria adecuación de la señalética y con la semaforización de la ciudad, específicamente en las calles céntricas del puerto. Ese problema, que obviamente se agudiza durante las horas peak, tiene congestionadas las intersecciones de las calles Colón con 21 de Mayo, Prat con Baquedano y 21 de Mayo con Freire.
Debido a esa situación, me he reunido con las distintas líneas de taxis básicos y de transporte colectivo de la ciudad, específicamente las líneas 2, 3, 5 y 7, a fin de generar una mesa de diálogo en que participen el seremi de Transportes, el gobernador y el alcalde, para resolver el problema descrito. Sin embargo, no hemos alcanzado los objetivos proyectados.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Transportes, con el fin de que instruya a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, al seremi de Transportes y al propio Ministerio para que hagan un estudio en el sentido de verificar la imperiosa necesidad de contar con una señalética adecuada y una semaforización que regule y haga más fluido el tránsito en dicha ciudad.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INSTALACIÓN DE OFICINA PARA FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN CALAMA. Oficio.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito oficiar al seremi de Transportes de la Región de Antofagasta, a través del ministro de Transportes, para que pida considerar en el presupuesto de 2010 de esa cartera los recursos para la instalación de una oficina que dependa de la Seremía de Transportes a fin de fiscalizar y regular el adecuado funcionamiento de la locomoción colectiva en la ciudad de Calama.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECURSOS ESPECIALES PARA SEREMIS DE VIVIENDA PARA AYUDAR A FAMILIAS CUYAS CASAS HAN SIDO DESTRUIDAS POR CATÁSTROFES. Oficios.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, cuando en Chile alguna persona sufre la pérdida de su hogar por un incendio o una inundación y éste ha sido entregado por las políticas habitacionales del Gobierno a través del Ministerio de Vivienda -concreta-mente, del Serviu-, ella se queda en la calle.
Recientemente, en el distrito que represento, he podido comprobar que el dolor tremendo de perder la vivienda y el dolor inconmensurable de perder vidas humanas se acrecientan por el drama de no tener dónde vivir en los días fríos de invierno.
Cuatro familias de Gorbea perdieron sus hogares además, fallecieron dos niños y no tienen dónde vivir.
En Pucón le sucedió lo mismo a una persona del campo, porque perdió su vivienda en un incendio. No tiene dónde vivir. Diariamente, en Villarrica, en Loncoche, en Cunco, en Toltén, en Curarrehue y en muchas comunas de Chile ocurren incendios que dejan a la gente prácticamente en la calle.
La única alternativa la ofrece la ley Nº 16.282, que, previa declaración del Ministerio del Interior, en casos de sismos y catástrofes, permite que el Ministerio de Vivienda acuda en auxilio de la ciudadanía.
La mayoría de la gente que sufre ese tremendo drama es humilde, sencilla, sin recursos, y el Estado debe ser garante y protector de la ciudadanía, según lo establece el artículo 1º, inciso quinto, de la Carta Fundamental.
En consecuencia, la ministra de Vivienda debe incluir un ítem económico especial, a disposición de los seremis, para solucionar el drama de la gente que se queda sin casa y que debe esperar los llamados habituales del Ministerio del ramo para optar a un nuevo subsidio. Si tuviéramos esa solución, el drama y el dolor serían menores para esas personas que lo pierden todo.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet -que se ha caracterizado precisamente por dar protección a la gente a través de programas sociales-, al ministro de Hacienda y a la ministra de Vivienda, para que, en conjunto, solucionen esa carencia con un ítem especial.
Agradezco a los colegas que también suscribieron el proyecto que plantea considerar un ítem para solucionar el drama referido, entre ellos los diputados García, Lobos, Venegas, Espinoza y Hernández.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Quintana, García, Mulet, Díaz, don Eduardo; Valenzuela, Recondo, Hernández, Urrutia y Estay.
PROTECCIÓN A PRODUCTORES DE LECHE. Oficio.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, agradezco a la Sala el amplio apoyo entregado al proyecto de acuerdo recién aprobado, relacionado con las solicitudes de salvaguardias y protección al sector lechero.
Los representantes de la Federación de Productores de Leche, Fedeleche, concurrieron a la Comisión de Agricultura el pasado 8 de julio a exponer la grave situación que aqueja al sector, particularmente por la baja reiterada del precio del producto. Ya van cuatro; otra sería un desastre que provocaría una profunda crisis en el sector agrícola lechero, sobre todo en el sur de Chile.
Todos saben que cuando a la agricultura o a los productores de leche le va mal, también le va mal al sur del país.
Quiero comentar algunos aspectos que nos hizo saber la Federación de Productores de Leche, por los cuales la Comisión acordó, por unanimidad, apoyar su petición al Gobierno y a la Comisión de Distorsiones, para que se aplique la salvaguardia de 31,5 por ciento, con el fin de proteger a los productores de leche, debido a que a los productores argentinos se les subsidia. Eso está perjudicando a la producción nacional, porque están ingresando productos con menor valor, pero no en una competencia leal como la que todos queremos. Al contrario, la protección en Argentina y en Uruguay afecta a nuestros productores.
En definitiva, eso puede producir una crisis muy fuerte en la temporada de primavera y verano.
Por eso, hacemos hincapié en que, si se toma la medida, si el Gobierno reacciona adecuadamente con la prontitud que deseamos, se debería aplicar una salvaguardia provisional a más tardar a mediados de septiembre, para que tenga efectos concretos en la producción nacional de leche.
En segundo lugar, se debería aplicar una salvaguardia definitiva, de 31,5 por ciento, por un año, prorrogable por dos.
Queremos ser enfáticos en señalar que los productores de leche quieren competencia, pero en igualdad de condiciones, lo que no se está dando en el contexto latinoamericano. Incluso, Estados Unidos está subsidiando a sus productores lecheros, lo que deja en una desmedrada situación a los productores chilenos.
Por lo tanto, solicitamos derechamente a la ministra de Agricultura y al Gobierno que actúen rápidamente para proteger a nuestros productores.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DENUNCIA DE INTERVENCIÓN ELECTORAL. Oficio.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, la señora Danitza Astudillo, seremi de Planificación, cargo de confianza, está haciendo campaña electoral como candidata a diputada, sin haber renunciado; hecho que, claramente, es intervención electoral.
A estas alturas no me extraña nada, pues su padre era director regional del Trabajo y se presentó como candidato a alcalde de Alto Hospicio. Como no fue elegido, hoy nuevamente está despeñándose como director regional del Trabajo.
Por eso, pido oficiar al contralor general de la República, para que tome conocimiento de esta denuncia y se manifieste al respecto. No puede ser que, a vista y paciencia del gobierno regional, se den estas prácticas, que hablan de muy poca transparencia.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DESCALIFICACIONES DE CANDIDATO A DIPUTADO. Oficio.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, el señor Hugo Gutiérrez, que fue candidato a alcalde por la comuna de Estación Central; que es abogado del señor Héctor Guzmán, de la PDI, en los casos de pedofilia -profugo de la justicia-; hoy se postula a diputado por un distrito de la Región de Tarapacá, apoyado por el destituido señor Jorge Soria Quiroga; pero no lo hace como los demás candidatos, con propuestas legítimas y altura de miras, sino denostando y descalificando mi imagen.
Presentó al Ministerio Público fotocopias, ni siquiera legalizadas, de supuestos contratos.
Hoy, soy la más interesada en que, de una vez por todas, la situación se clarifique. Por lo tanto, he puesto a disposición de la autoridad correspondiente mi cuenta corriente y certificados de la Cámara de Diputados que demuestran que jamás he cancelado rentas de arrendamientos de terceras personas, como injuriosamente lo ha dicho, en forma reiterada, el señor Hugo Gutiérrez, en la prensa y en la radio, donde también ha concurrido todo el séquito del señor Jorge Soria, para descalificar mi imagen y la de mi familia. Espero que el Ministerio Público no se preste para politizar esta grave situación, que ojalá se aclare a la brevedad.
He denunciado innumerables veces los robos -casi dos diarios- de vehículos 4 X 4, tráfico de drogas y, en mi caso, el robo en dos sedes -incluyendo computadores- y amenazas de muerte hacia mi persona y mis hijas. Sin embargo, la fiscalía de la Región de Tarapacá jamás me ha dado una respuesta.
Desde esta tribuna, quiero aprovechar de agradecer el inmenso cariño que he recibido de la gente, especialmente en la semana distrital, en las distintas poblaciones y comunas del distrito que, con tanto orgullo, represento, ello me da fuerzas para seguir luchando, tras esta escalada de denostación que he sufrido de estos señores que quieren llegar al poder sólo a través de las descalificaciones.
Solicito que copia de esta parte de mi intervención sea enviada al señor Jorge Abbott, fiscal de la Quinta Región.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ALZA DE PASAJES DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA PUYEHUE-OSORNO. Oficio.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, en la comuna de Puyehue enfrentamos un grave problema en la locomoción colectiva, porque las líneas de buses que hacen el recorrido entre esta comuna y Osorno han subido el precio de los pasajes en una cantidad realmente inusitada.
El valor del pasaje era de 1.000 pesos y, de un día para el otro, las dos empresas que prestan el servicio se pusieron de acuerdo y lo subieron a 1.500 pesos. Es decir, lo aumentaron en un 50 por ciento, en una época que no tiene clara justificación subirlo en ese volumen. Este problema está afectando fundamentalmente a los pobladores de la comuna de Puyehue, de Entre Lagos y de la población Porvenir, que son los usuarios más frecuentes de esas líneas de buses que hacen el recorrido entre Osorno y Puyehue.
Éste es un problema grave que hace diez días, aproximadamente, denuncié en la propia comuna, a través de los medios de comunicación, y me comprometí a hacer algunas gestiones desde la Cámara de Diputados.
Quiero compartir, en parte, la preocupación que también ha planteado la alcaldesa de la comuna de Puyehue. Si bien el día de ayer el colega Fidel Espinoza hizo presente este problema, quiero plantear algunas diferencias en el enfoque para buscar una solución clara, concreta y rápida.
Lo principal es que aquí no se ha cometido ninguna irregularidad, porque las empresas de buses solicitan autorización para establecer un recorrido y la autoridad, el seremi de Transportes, accede si se cumplen los requisitos, y así se ha hecho. Además, todos sabemos que existe libertad de precios.
Sin embargo, frente a este hecho, que reconocemos es legal, queremos seguir el camino planteado por la alcaldesa de Puyehue: a través del diálogo, de una mesa de trabajo, buscar el entendimiento entre los actores y lograr un precio razonable para los usuarios, particularmente para los pobladores de Entre Lagos y de Porvenir.
La alcaldesa citó a una mesa de trabajo en donde participaron los verdaderos representantes del pueblo, los concejales y la alcaldesa, frente a los empresarios de las líneas que hoy efectúan este recorrido. Además, citó a la autoridad del Gobierno, el seremi de Transportes, para expresarle esta preocupación de la comunidad, cosa que pueden hacer con mucha fuerza los concejales, para llegar a acuerdo sobre un precio razonable del pasaje en este recorrido. Sin embargo, hemos sabido que el seremi de Transportes se ha restado de esta reunión y no conocemos las razones. Estoy apoyando al concejo y a la alcaldesa para que insistan en reunirse con los empresarios, a fin de lograr lo antes posible un acuerdo en beneficio de la gente.
Estoy convencido de que ése es el mejor camino a seguir en la búsqueda de una solución. Como mecanismos para zanjar esta situación, aquí no caben las amenazas, las descalificaciones o los golpes de autoridad, como manifestó el día de ayer el diputado Espinoza.
Se ha planteado la licitación de recorridos, la cual, en la práctica, no es posible, porque no hay un respaldo legal concreto para ello en comunas como Puyehue. Por lo tanto, a través de ese mecanismo lo único que se hará es dilatar la solución al problema que afecta a los pobladores de Entre Lagos, Porvenir y Puyehue.
Insisto, el camino elegido por la alcaldesa de Puyehue, la señora María Jimena Núñez, junto con el concejo, es el indicado para encontrar una solución. Estoy convencido de que los empresarios de las líneas de buses Expresos Barría y Expresos Lago Puyehue son personas razonables que van a entender la situación que se está viviendo y van a llegar a un acuerdo para fijar un precio mucho más razonable y real, sin someter a la gente a este aumento de precios, pues, en estos momentos, la crisis económica golpea a esos hogares con la cesantía y la falta de ingresos, lo cual les impide costear un pasaje tan caro.
Por lo tanto, ésta es la oportunidad para que, entre todos, busquemos una solución a este problema que aqueja a los pobladores. Y cuando digo “entre todos”, digo que entre los genuinos representantes de los pobladores, los concejales. En consecuencia, en una mesa de trabajo con la participación del concejo, con su alcaldesa a la cabeza, y los empresarios, acordar, definitivamente, un precio razonable para el pasaje. Reitero, un valor que esté al alcance de los pobladores de Puyehue.
Mi intervención obedece a un compromiso con los pobladores de la comuna de Puyehue, para informar y enfrentar esta difícil situación de transporte público que viven hoy día.
Pido que se oficie a la alcaldesa de Puyehue, para enviarle copia de mi intervención.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
UBICACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN RUTA PARRAL - LA BALSA, SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en la ruta que une Parral con La Balsa -creo que es la L-75-, en el sector del Ajial, aproximadamente, a ocho kilómetros hacia la cordillera, hay un letrero que dice: “Esta ruta fue construida para una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora”.
Al respecto, la ley dice que por ese tipo de ruta se puede circular a una velocidad máxima de hasta 100 kilómetros por hora. Ahora bien, en cualquier camino, en este caso uno pavimentado, existe la obligación de poner advertencias en el inicio de la vía si la velocidad máxima exigida es diferente, pero no a ocho 8 kilómetros de distancia desde donde parte el camino.
Por tal motivo, la ruta se ha convertido en un cazabobos, pues carabineros se instalan a un kilómetro de distancia del inicio de la vía, con el fin de multar a los automovilistas que se desplazan a más de 70 kilómetros por hora. Como dije, el letrero que supuestamente indica la velocidad máxima de 70 kilómetros por hora, está a 8 kilómetros de distancia del inicio de la vía.
Por lo tanto, como tal camino depende de Vialidad, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que nos aclare si tal señalética fue instalada por ellos o no.
En el caso de que lo hayan hecho, que nos explique por qué el letrero no está al inicio de la ruta.
En el caso de no ser así, que nos explique si el camino soporta velocidades máximas de 70 o de 100 kilómetros por hora, como lo establece la ley.
Quiero claridad en el asunto, porque si no fueron ellos quienes instalaron la señalética, lo habría hecho alguna municipalidad, que estaría lucrando con los partes extendidos por carabineros, pues hacía “pisar el palito” a los usuarios de la vía con letreros camineros que no están autorizados para instalar.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PLAN CUADRANTE EN PARRAL, PROVINCIA DE LINARES. Oficio.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, durante varios años, junto con otras autoridades, pedí la aplicación del Plan Cuadrante en la comuna de Parral, provincia de Linares.
La solicitud fue acogida y, supuestamente, comenzaría en octubre.
Pero, ¿qué ha ocurrido entretanto? Que Parral se ha llenado de carabineros, y en buena hora, porque era eso lo que queríamos, pero éstos se han dedicado a cursar partes a los automovilistas en lugar de vigilar las poblaciones, donde se supone debe funcionar el Plan Cuadrante, en la periferia, en los sectores rurales, donde el abigeato es el pan de cada día de los delincuentes. Sin embargo, carabineros patrulla la calle principal de la ciudad para extender partes a los automovilistas. Hay choferes de colectivos a quienes los han controlado hasta cinco veces en el día. En realidad, eso ya no es control, eso se llama abuso, se llama acoso.
Por lo tanto, pido que se oficie a la subsecretaria de Carabineros, a fin de que tome cartas en el asunto e indique al alto mando de Carabineros de la zona que su misión ahí es combatir la delincuencia, no dedicarse el ciento por ciento de su tiempo a cursar partes a los automovilistas, lo que expreso no significa que no multen al conductor que comete infracción. Que se entienda lo que critico es que estén dedicados exclusivamente a eso, lo que permite que la delincuencia siga robando, asaltando, violando la ley, impunemente.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE MICROCENTRAL DE PASO EN EL RÍO CAUTÍN. Oficios.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el tiempo adicional solicitado por el Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, existe enorme inquietud en los habitantes de la comuna de Curacautín, Región de La Araucanía, por la falta de información sobre la eventual construcción de una microcentral de paso en los altos del río Cautín.
Por ejemplo, la comunidad Venancio Huenchupán, del sector La Tepa; la comunidad Quilapi López, de Collico, y los vecinos del sector Lefuco, se han mostrado profundamente preocupados, porque no conocen los alcances de esta microcentral, sus efectos en la agricultura, la flora y fauna de la zona, ni el número de hectáreas que van a ser inundadas. Por muy poca que sea la cantidad de litros por segundo a utilizar, de todas maneras habrá externalidades, de las cuales, hoy día, nadie se ha hecho cargo.
Además, el proyecto fue aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente hace tres años, y estando a punto de iniciarse su construcción, nadie ha tomado contacto con estas comunidades. No fue para esto que aprobamos la creación del Ministerio del Medio Ambiente.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con copia de mi intervención, a fin de que nos entregue un estudio acucioso sobre la construcción de la microcentral y las externalidades que provocará; además, para que especifique por qué, en el transcurso de estos tres años, ni el titular del proyecto, que, entiendo, es una empresa agropecuaria, ni la Comisión Regional del Medio Ambiente ni la Conama, jamás se han contactado con las comunidades mencionadas para comunicarles la decisión de aprovechar la hoya hidrográfica para la construcción de esa microcentral, que, dicho sea de paso, están siendo cada vez más recurrentes en los sectores donde hay agua dulce en la Región de La Araucanía, a lo cual se debe poner coto lo antes posible.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra de su intervención.
INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA A HOSPITAL MONSEÑOR FERNANDO ARIZTÍA, DE VALLENAR. Oficio.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- En el resto del tiempo solicitado por el señor Jaime Quintana, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet.
El señor MULET.- Señor Presidente, agradezco al diputado Quintana haberme cedido parte de su tiempo.
Los trabajadores y todos los dirigentes de la Fenats del hospital provincial del Huasco, Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, han denunciado, desde hace mucho tiempo, una serie de conductas caracterizadas por el abuso de poder, de manera repetida y sistemática, de las autoridades de ese establecimiento.
Por ejemplo, tengo aquí una declaración de los dirigentes de la Fenats de Vallenar, que dice que las autoridades abusan de su poder, lo que se manifiesta por conductas abusivas, tales como gestos, palabras, comportamientos y actitudes que dañan o atentan contra los derechos fundamentales de los trabajadores, creando condiciones laborales degradantes y poniendo en riesgo el desempeño laboral.
Esas conductas están dirigidas a desacreditar e impedir a los trabajadores mantener su reputación personal o laboral, las cuales afectan su salud física y síquica.
Ellos han expresado también su desagrado ante la negativa de los directivos de retirar las cámaras de televisión instaladas dentro del recinto, las que en lugar de usarse para velar por la seguridad de los trabajadores y de los usuarios, se usan para vigilar al personal. Se usa y abusa de ello. De manera que es extremadamente grave lo que está sucediendo.
Una y otra vez han denunciado también la conducta irresponsable de sus directivos. Lo hacen en su declaración, donde manifiestan que el subdirector médico se fue de vacaciones, pese a que había prohibición de pedir las vacaciones a raíz de la pandemia de la influenza humana.
Por lo anterior, pido que se envíe un oficio al contralor general de la República para que ordene una investigación sobre los hechos que están ocurriendo en el hospital mencionado que atentan contra el derecho de sus trabajadores, y sobre otras acusaciones que se le van a dar a conocer respecto de bienes públicos que están siendo mal utilizados en el hospital provincial del Huasco, Monseñor Fernando Ariztía Ruiz.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.31 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.01 horas.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
ANTECEDENTES SOBRE FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASINO DE RINCONADA DE LOS ANDES. Oficio.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, quiero referirme a un asunto relacionado con los casinos. Al respecto, recuerdo que algunos de los diputados presentes integraron la comisión especial que se encargó de investigar esta materia.
En las últimas semanas, me ha llamado la atención cierta información pública relacionada concretamente con la construcción del casino de Rinconada de Los Andes.
La ley N° 19.995, que creó la Superintendencia de Casinos, le entregó facultades para investigar y calificar el origen de los capitales que se aporten para crear estas nuevas sociedades, los antecedentes personales, jurídicos, económicos y tributarios de los accionistas y las modificaciones posteriores de las sociedades concesionarias de casinos.
Por otra parte, mediante la ley N° 19.913, se creó la UAF, Unidad de Análisis Financiero, cuyo objetivo fundamental es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para la comisión de los delitos de lavado de dinero, financiamiento de actos terroristas y otros similares, para lo cual puede solicitar información a cualquiera institución. En la Sala, acabamos de discutir un proyecto de ley que apunta a impedir la comisión de esos delitos.
El permiso de funcionamiento del Casino de Juegos de Rinconada de Los Andes data del 29 de diciembre de 2006. El proyecto estuvo paralizado durante mucho tiempo; pero hace poco se ha activado bastante su ejecución. En principio, la Superintendencia había prorrogado su ejecución para el 27 de agosto del año en curso, y la terminación de todos los elementos anexos, para el 29 de diciembre de 2010.
Por eso, me extraña que todos los avances que no apreciamos durante los años anteriores, estemos viendo en el último tiempo. Entonces, surge la pregunta, ¿había recursos financieros suficientes para ejecutar el proyecto? Me da la impresión de que no y que recién ahora se están obteniendo.
En la prensa se ha publicado -ya existe cierto conocimiento público sobre la materia- que la sociedad Salguero Hotels Chile ha estado en conversaciones con empresas canadienses las que, al parecer, no han fructificado. Tengo aquí una carta del 10 de julio, enviada a la Superintendencia de Casinos, en la cual se solicita autorización para dividir la sociedad. Pero resulta muy extraño que se le envíe una copia al señor Alan Azizolahoff. No entiendo por qué se le remite copia de una carta dirigida a la Superintendencia para hacer modificaciones, en circunstancias de que esta persona nada tiene que ver con el asunto.
Por los antecedentes que tengo en mi poder -además, han aparecido en El Mercurio y en otros medios de comunicación-, tengo la impresión de que se está buscando financiamiento mediante la división de la sociedad original, que es algo que no corresponde. Entiendo que a las pocas horas de enviada la carta, fue dejada sin efecto.
Por lo tanto, quiero pedir que se oficie -en esto estoy respaldado por la ley-, a través del ministro de Hacienda, al director de la UAF, con copia al superintendente de Casinos -voy a entregar antecedentes para que se adjunten al oficio-, con el objeto de que me informen quién y cómo ha financiado las obras; es decir, de dónde provienen las platas para la construcción del Casino de Rinconada de Los Andes. Quiero saber si se ha investigado su procedencia, quiénes son los accionistas, etcétera.
En El Mercurio y en otros periódicos de ayer, el superintendente dice que no tiene atribuciones para investigar el origen de los préstamos. Me parece algo ridículo porque, si vamos a financiar determinadas obras con préstamos, hay que conocer de dónde provienen. Pues bien, la UAF tiene el deber y las atribuciones para investigar la procedencia de los dineros de origen extraño.
Por eso, reitero que se informe a la Cámara y al diputado que habla sobre la forma en que se han obtenido los recursos para la construcción del Casino de Rinconada de Los Andes.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE VERTEDERO DE DESECHOS SÓLIDOS EN OSORNO. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, en Osorno se ha desatado una polémica por la decisión de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, Essal -por cierto, con el beneplácito de la autoridad correspondiente-, de depositar el lodo que resulta del tratamiento de las aguas servidas y de otros biosólidos. El fundamento para el funcionamiento del vertedero sería la resolución exenta N° 89, del 23 de febrero de 2009, de la Corema de Los Lagos.
Este bióxido tiene un alto grado de humedad, es putrefactible, portador de gérmenes y puede generar gases innobles. Los desechos sólidos y orgánicos que provienen de todas las comunas de la provincia constituyen un material dañino que ingresará a un vertedero, distante a dos kilómetros de Osorno, y que es administrado por la empresa Ecoprial.
Éste es un tema que no sólo afecta e interesa a los habitantes de la provincia de Osorno, sino también a todo el país porque estos productos deberán ser depositados o enterrados en algún lugar. Por eso, creemos que hay que seguir pautas que sean seguras para evitar la contaminación de los lugares en los cuales van a ser depositados.
Tal vez, en este caso, no se han cumplido las exigencias de la línea de base sobre la predicción y evaluación de la planta de disposición final de residuos industriales Ecoprial, que recibirá los lodos industriales provenientes de la agroindustria, de plantas de tratamiento de aguas servidas y los residuos sólidos originados en mataderos.
El lodo puede ser útil si se transforma y utiliza como fertilizante, a través del sistema de compostaje. Sin embargo, no se procede así porque no hay indicadores, reglamento o normas que legislen sobre las condiciones y restricciones relacionadas con este componente orgánico y con la obligación de convertirlo en un producto aprovechable y a bajo costo.
No es posible que el decreto supremo N° 123, que contiene el reglamento para el “manejo de lodo generado en plantas de tratamiento de aguas servidas” permanezca en la Contraloría General de la República, desde el 6 de septiembre de 2008, porque en esa reglamentación estaría la solución o, por lo menos, se entregarían las alternativas y pautas necesarias para la transformación de estos residuos. El decreto supremo contiene todas las materias relacionadas con estos sólidos. Lo ideal, entonces, es que existan mecanismos y procedimientos legales y administrativos para producir el compostaje.
Nadie se opone al tratamiento de las aguas servidas y debemos sentirnos satisfechos de que este año llegara al 90 por ciento. En 1992, apenas alcanzaría al 4,5 por ciento y se pretende lograr el ciento por ciento en el bicentenario. Pero las cosas deben hacerse como corresponde, y no autorizar situaciones como la descrita, que pueden originar un mal mayor, como contaminar el medioambiente y afectar la salud de las personas en su integridad física y su vida.
Por lo expuesto, solicito que se envíen los siguientes oficios:
a) Al ministro secretario general de la Presidencia, con el objeto de que haga gestiones para destrabar el decreto supremo 123 mencionado, que se encuentra en la Contraloría.
b) Al director de la Corema para que informe respecto del estudio de impacto ambiental del relleno provincial de Osorno, Ecoprial, y los efectos que dicho relleno sanitario puede provocar en el medioambiente y en las personas, y
c) Al ministro de Obras Públicas, respecto de la carga para el transporte y el riesgo contaminante que significaría el tránsito de camiones por la ciudad.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DENUNCIA DE ACOSO LABORAL EN HOSPITAL DE VALLENAR. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, ayer concurrió al Congreso Nacional la presidenta de la Federación de Trabajadores de la Salud del Hospital Monseñor Fernando Ariztía, acompañada del vicepresidente y otros directivos, junto al alcalde de Vallenar. Denunciaron acoso laboral.
Lo cierto es que lo más importante en un hospital, desde el punto de vista del trabajo y de su misión, es dar tratamiento y seguridad a los pacientes, a los ciudadanos que concurren a ese establecimiento a solucionar sus problemas de salud. Ése es el objetivo principal de un hospital.
Por lo tanto, es muy importante que el equipo de salud trabaje cohesionado, en forma armónica y que las relaciones entre los directivos y los funcionarios sean las mejores del caso, entendiendo que los directivos tienen la función de dirigir el hospital y los funcionarios, todos, como equipo de salud, deben aportar su esfuerzo para satisfacer las necesidades de los ciudadanos que concurren al hospital. Por ello, cuando hay diferencias o acusaciones como la planteada, me parece muy prudente, ante todo, que se haga una investigación clara y completa, y tal como han planteado los dirigentes, una investigación externa al hospital, para que no haya ningún tipo de suspicacia.
Me parece que situaciones como la descrita se deben aclarar. Conozco muy bien y desde hace mucho tiempo a los involucrados. Se trata de profesionales muy capaces y cuando se cuestiona su proceder en términos de relaciones humanas, uno debe tener cierta precaución, sobre todo cuando uno de los dirigentes, el que planteaba con más fuerzas la denuncia de acoso laboral, llegó hace poco tiempo al hospital y en la última elección municipal fue candidato a concejal por un partido de Oposición.
Me parece muy importante que estos temas no se politicen; al contrario, que se traten con la máxima rigurosidad y objetividad. No es posible que en un hospital se quiebre el equipo humano por acusaciones con un sesgo político y que no significan apoyo al trabajo que debe hacerse con los ciudadanos. A los pacientes es a los primeros que hay que responderle.
Por eso, he solicitado, y lo reitero, que la Contraloría lleve a cabo una investigación en ese hospital en relación con la denuncia planteada. Que se contacten con la presidenta de la Asociación de Funcionarios, con el alcalde de la comuna de Vallenar, para que hagan sus acusaciones conforme a un procedimiento reglado y que la Contraloría, a la brevedad posible, emita un pronunciamiento.
Respecto de denuncias como la formulada, deben adoptarse decisiones a la mayor brevedad.
Reitero, los hospitales deben trabajar bien. Tenemos un gran hospital en Vallenar, moderno, con equipamiento de última generación y una infraestructura de lujo para la ciudadanía. Fue construido en el Gobierno de la Presidenta Bachelet y lo cierto es que sus funcionarios han aumentado en número; hay más funcionarios, pero necesitamos que trabajen de acuerdo con los principios de entregar una buena atención y con toda la calidez humana que se requiere.
Por ello, reitero mi petición de oficio a la Contraloría, con copia de mi intervención al director del establecimiento, a la directora del servicio de salud, a la presidenta de la Federación de Trabajadores de la Salud, al presidente del Colegio Médico del Hospital de Vallenar, al presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital de Vallenar y a la gobernadora de la provincia del Huasco.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PROBLEMAS CON PRÉSTAMO ALEMÁN PARA RETORNADOS. Oficio.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, quiero plantear un tema dramático que afecta a un grupo de chilenos retornados.
Todos conocemos los problemas suscitados con el préstamo alemán para reinsertar a más de 600 familias. No tenía seguro de desgravamen y algunos de los titulares de esos préstamos han muerto y sus familias han debido hacerse cargo de las deudas.
Esta materia se ha tratado en dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, que terminaron con una conclusión similar: solicitar al Gobierno que solucione el problema. La misma decisión adoptó la Comisión de Derechos Humanos.
En agosto de 2007, el Comité Político de La Moneda entregó una carta al ministro de Hacienda para que se buscara una solución. Los préstamos están parados y las familias están desesperadas.
Solicito que se oficie a la Presidenta de la República, al ministro de Hacienda, al ministro secretario general de la Presidencia, al ministro del Interior y al director de Presupuestos, para que busquen una solución radical al problema de esos chilenos que estuvieron fuera del país por razones políticas.
A mi juicio, la solución es bien simple: en primer lugar, enviar un proyecto de ley en el que se plantee el tema y, en segundo lugar, que se incorpore en la ley de Presupuestos para 2010.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Alfonso De Urresti y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE REPOBLAMIENTO DE CISNES EN SANTUARIO CARLOS ANWANDTER. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la prensa local de Valdivia hemos leído con mucha sorpresa y estupor que un informe de la Conaf asegura que sólo existen 111 cisnes de cuello negro de los 8 mil que existían en 2005 en el santuario Carlos Anwandter, que enfrentó una de las contaminaciones más atroces a nivel nacional.
Dicha información es muy preocupante, porque quiere decir que los planes de contingencia para repoblar y asegurar la permanencia de esos ejemplares y muchas otras especies que habitaban en el santuario no se han llevado adelante como corresponde.
En octubre de 2006, de acuerdo con un informe de la propia Corporación Nacional Forestal, las cifras eran distintas. Tengo a la vista el documento, el que avala la preocupación que voy a plantear.
Las políticas gubernamentales que se comprometen deben ser efectivas y rendirse cuenta del resultado de su aplicación.
Por eso, pido oficiar a la Corporación Nacional Forestal, Conaf, a fin de que informe sobre esta situación. Quiero saber cuál es el último censo y el plan de contingencia que tienen al respecto.
Asimismo, solicito que se oficie a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, para que señale las políticas que se llevarán a cabo desde ese ministerio para detener esa situación y que informe acerca de los planes de inversiones futuras o de trabajo científico para repoblar de cisnes el Santuario Carlos Anwandter.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PLAZO DE ENTREGA DE AMBULANCIA A CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE NIEBLA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en otro orden de cosas, el lunes 27 de julio recién pasado, en reunión con el Consejo de Desarrollo Local de la Costa de Valdivia, integrado por don Patricio Alarcón, presidente; doña Rosa Fernández, directora; doña Juana Fica, doña Gabriela Mendoza, tesorera, me plantearon una serie de problemas que aquejan al sector costero de Valdivia, el cual en muchos lugares carece del desarrollo o de la infraestructura necesaria. Por eso, se han dado a la tarea de luchar por conseguir soluciones.
En ese sentido, pido oficiar al ministro de Salud para que informe sobre el plazo en que se entregará una ambulancia, ya asignada, para el Centro de Salud Familiar, Cesfam, de Niebla. Al respecto, hay que considerar que la gente de la costa demora más de cuarenta minutos en llegar a un centro hospitalario de Valdivia.
Asimismo, solicito que se oficie al Servicio de Salud de Valdivia para que también informe sobre la materia.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención al Consejo de Desarrollo Local de la Costa.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE CONAF CON PATROLL SEGURIDAD, DE VALDIVIA Y RESPECTO DE DENUNCIAS DE PRÁCTICAS ANTISINDICALES DE LA EMPRESA. Oficios.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hace más de 26 días se encuentran en huelga los trabajadores del Sindicato Maule Seguridad de la empresa Patroll, situación lamentable a la que se le debe poner atajo. Más de treinta trabajadores están haciendo uso legal de su derecho a huelga. Desde hace seis días, cuatro están en huelga de hambre, en el local de la CUT, de Valdivia.
El presidente, el secretario y el conjunto de la asamblea del sindicato han planteado que se trata de una empresa que no respeta el proceso de negociación colectiva, que exhibe millonarias utilidades y no se sienta a dialogar o negociar con los trabajadores. Eso, en estos tiempos, molesta y afecta.
Esta empresa es privada, pero tiene contratos con la Conaf. De ahí, la fiscalización de este diputado.
Por eso, pido oficiar a la Conaf para que informe qué tipo de contrato tiene con la empresa Patroll Seguridad, y desde cuándo y sus montos.
También solicito que se oficie a la Dirección del Trabajo para que informe sobre denuncias de prácticas antisindicales o de incumplimientos laborales de esa empresa.
Pido enviar copia de mi intervención al presidente y al secretario del sindicato.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, y la adhesión de quien preside.
SUELDOS IMPAGOS A PROFESORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. Oficio.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, mi intervención tiene por objeto solicitar a la Contraloría General de la República, en el marco de una auditoría que estaría realizando a la Universidad de Los Lagos, que determine si existe responsabilidad en el mal manejo de los recursos que administra, porque hoy se encuentra en una situación económica deplorable.
¿Por qué digo en el marco de esa investigación? Tengo en mis manos un correo electrónico de don Héctor Toledo Muñoz, director del Instituto Tecnológico de Puerto Montt, que depende de la Universidad de Los Lagos, dirigido a profesores de ese instituto. Del correo de la señora Nancy Casanova, se envió al señor Horacio Muñoz, con copia a F. Maldonado, Raúl Morell, J. Magaña, Marcela Monsalve, P. Neirag, L. Olivos, Rodrigo Paredes, Andrea Proschle, E.Pérez, Marcos Poblete, D. Quiroz, David Q. P., Claudia Riveros y Rodrigo Ruiz Hess.
Textualmente dice:
“Estimados profesores:
Nuevamente tengo que comunicarme con Uds. con todo el respeto que se merecen como profesionales de nuestra institución tengo que comunicarles que aún no tengo información precisa de cuando se cancela-rían los honorarios adeudados. Les reitero que he hecho todo lo que está a mi alcance, pero entiendo que no están los recursos suficientes para pagar. Esta situación se va a seguir manteniendo durante el segundo semestre. Por lo anterior es que, todos los que están confirmados con carga académica para el segundo semestre tienen plena libertad de tomar las decisiones que Uds. estimen convenientes. Sólo les pediría que me lo comunicaran con el tiempo suficiente para poder tener el reemplazo. Su carga la pueden ver con Don Luis y Edmundo.
Ruego me disculpen en lo personal.
Atte
Héctor Toledo Muñoz
Director Instituto Tecnológico”.
¡Cómo es posible que una universidad estatal llegue a este nivel, desde abril o mayo no se les ha pagado el sueldo a los profesores del Instituto Tecnológico de la Universidad de Los Lagos!
Más aún, ¿qué va a pasar con todos los alumnos, familias, padres y apoderados que, mes a mes, pagan el arancel que se les cobra para que sus hijos reciban educación? Hablamos de movilidad social, de oportunidades, de la necesidad de que los jóvenes estudien. La educación ha sido tema durante todo el gobierno de la Presidenta Bachelet; sin embargo, actualmente hay profesores impagos en una universidad estatal. Aún más, el director del instituto informa a sus profesores que tampoco se cuenta con recursos para pagarles en el segundo semestre.
Me parece una situación inaceptable. De ahí que la auditoría de la Contraloría General de la República debe concretarse con la máxima urgencia, porque no estamos hablando sólo de una mala administración de bienes y recursos en diferentes ítem, por ejemplo, en propaganda. He recibido llaveritos, lapicitos y una serie de elementos publicitarios de la universidad; pero no hay plata para pagar el sueldo de los profesores. Luego, ¿de qué estamos hablando?
Por lo expuesto, pido oficiar a la Contraloría General de la República para los efectos de que si está realizando una auditoría, le dé prioridad a lo relacionado con el pago de los sueldos de los profesores del Instituto Tecnológico de Puerto Montt. En caso contrario, solicito que con urgencia se realice una auditoría contable total a esa universidad. Hago presente que durante muchos años recibió una cantidad increíble de recursos por los programas especiales para trabajadores y profesores, a fin de que recibiera su título gente que no había estudiado pedagogía.
Tengo entendido que esos recursos se habrían terminado y esa sería la razón del estado calamitoso en que se encuentra esa universidad.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
RECURSOS PARA TERMINACIÓN DE VIVIENDAS DE COMITÉS LOS ALERCES Y NUEVO MILENIO, COMUNA DE CHIMBARONGO. Oficio.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, durante la semana distrital concurrí al Ministerio de la Vivienda a fin de chequear la situación de varios comités que se encuentran bastante complicados con la construcción de sus viviendas.
En tal ocasión, comprobé, con preocupación, que los comités Los Alerces y Nuevo Milenio, de la comuna de Chimbarongo, no pueden concluir sus viviendas, dado que se ha presentado una complicación. Al parecer, se pagó el ciento por ciento del monto al contratista, es decir, a la persona a la cual le tocaba ejecutar la obra, y hoy los vecinos no pueden terminar sus viviendas. El Comité Los Alerces necesita alrededor de 3.255 UF adicionales al subsidio y el Comité Nuevo Milenio, 12.792 UF, aproximadamente. Sin duda, ello representa una complicación para el Ministerio de la Vivienda, ya que los recursos a nivel regional no alcanzan para absorber el déficit de construcción de viviendas.
Cabe señalar que se enviaron oficios a fin de agilizar la complementación de las UF que se requieren. Las viviendas ya tienen casi un año y no se pueden habitar aún.
Por lo tanto, solicito oficiar a la señora ministra de Vivienda, con el objeto de que nos informe cuándo se van a complementar los recursos y el procedimiento que se debe seguir.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
REVISIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN QUICHARCO, COMUNA DE CHIMBARONGO. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, hace poco, visité la Villa Los Libertadores en el sector de Quicharco, comuna de Chimbarongo. Comprobé que su pavimentación cambió la calidad de vida de sus habitantes.
Sin embargo, pido oficiar a la señora ministra de Vivienda, con el objeto de que un inspector fiscal revise, con mayor acuciosidad, la nueva pavimentación, ya que existen algunas complicaciones.
Los vecinos de dicha localidad pidieron que denunciara esta situación en Incidentes, porque no quieren que la obra se inaugure o el Ministerio de Vivienda apruebe la recepción cuando todavía, al menos, hay cuatro observaciones: los camiones de basura no pueden girar en la parte final del pasaje, ya que no existe espacio suficiente para que maniobren; asimismo, hay dificultades para las ambulancias y carrobombas, con la salida de los tubos de agua, ya que es un sector rural, y también hay problemas con las acequias, puentes, etcétera, los cuales no van a permitir un final feliz, como esperan los vecinos.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ESTABLECIMIENTO DE MESA DE DIÁLOGO PARA TRANSFERIR ESTADIO EL MORRO DE TALCAHUANO AL MUNICIPIO. Oficios.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Por mi parte, voy a oficiar al señor ministro de Defensa y al señor comandante en jefe de la Armada, con el objeto de restablecer una mesa de diálogo entre el municipio de Talcahuano y la Armada de Chile a fin de transferir el Estadio El Morro de Talcahuano a ese municipio.
Ese estadio es de propiedad militar y se encuentra al mando del Departamento de Bienestar de la Armada.
En dicho recinto deportivo no se pueden efectuar inversiones, porque se trata de un recinto de las Fuerzas Armadas.
En ese estadio juega de local el club Deportes Naval. Durante mucho tiempo estuvo cerrado por insalubre y no se podían hacer inversiones.
En conjunto con el alcalde de Talcahuano, hemos realizado gestiones con el subsecretario de Desarrollo Regional, a fin de reparar sus instalaciones.
Afortunadamente, Deportes Naval ha vuelto a jugar como local.
En la actualidad, se están efectuando grandes inversiones para mejorar la infraestructura de los estadios a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, sería razonable que dicha propiedad quede a cargo del municipio
de Talcahuano a fin de postular a distintas fuentes de financiamiento, lo cual permitiría contar con un estadio moderno.
De materializarse lo anterior, Talcahuano se sentiría orgulloso de las nuevas instalaciones.
Cabe recordar que en ese estadio jugó Pelé y se hizo la primera “chilenita”. Allá se bautizó con ese nombre. Por lo tanto, el recinto tiene historia.
Consideramos que la Armada debe recibir compensaciones. Por lo tanto, es necesario conversar lo más pronto posible sobre la materia.
He dicho.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 13.34 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece elecciones primarias para candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República. (boletín Nº 6628-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que regula las elecciones primarias para elegir candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República.
I. ANTECEDENTES.
Los distintos sectores políticos de nuestro país se han manifestado a favor de las elecciones primarias, por lo cual, la presente iniciativa pretende recoger ese consenso político y ciudadano.
Es necesario considerar que ésta no es la primera vez que se pretende regular las elecciones primarias.
El primer intento fue en el año 1998. El 1 de julio de ese año, el Gobierno de la época ingresó al H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que establecía esta instancia pre-electoral para candidatos a Presidente de la República (Boletín N° 2.194-06). Sin embargo, dicho proyecto fue archivado y su tramitación está terminada, debido a un requerimiento presentado por parlamentarios ante el Tribunal Constitucional (TC). El TC declaró, por sentencia Rol N° 279, de 6 de octubre de 1998, que las elecciones primarias requerían de reforma constitucional previa.
Es por ello, que mi Gobierno decidió reformar la Constitución Política de la República para permitir las elecciones primarias en nuestro país, lo que constituyó el segundo intento de regulación de estas materias. En la reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (Boletín N° 4716-07), que se encuentra en Comisión Mixta en el Congreso Nacional, se materializó lo antes dicho. En este proyecto se dispone que una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular.
El tercer intento, fue el proyecto de ley que establece una nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (Boletín N° 5887-06), que se encuentra en primer trámite constitucional en el H. Senado. Este proyecto regula las elecciones primarias al interior de los partidos políticos.
Por su parte, la comunidad organizada de las distintas tendencias políticas, también se ha manifestado a favor de las elecciones primarias. En abril de 2009, el Instituto Libertad y Desarrollo y la Corporación Proyectamérica, presentaron el documento denominado “Propuesta para un Proyecto de Ley de Primarias”. Esta Propuesta constituyó un gran aporte al proyecto que someto a la consideración de este Parlamento.
En este contexto y considerando que las elecciones primarias por su relevancia, requieren ser tratadas individualmente en un proyecto de ley, he decidido presentar al Congreso esta iniciativa y sacarla del proyecto de ley que establece una nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (Boletín N° 5.887-06), para lo cual se realizarán los respectivos trámites legislativos en la oportunidad que corresponda.
II. LA NECESIDAD DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS.
No hay duda alguna que en la ciudadanía existe un deseo de novedades eficaces para una mejor realización de la vida política nacional y cumplir, de esa manera, los fines del Estado.
Hay una necesidad de recomenzar de nuevo en la vida política nacional a través de esas innovaciones que se ansían y esperan.
Uno de los puntos que aparece en mayor medida obscuro y que recibe más objeciones, es la vida interna de los partidos políticos y de las coaliciones de partidos y, particularmente, la forma y manera de seleccionar las candidaturas que se ofrecen luego a la ciudadanía. Son innumerables las quejas por la forma en que se seleccionan los candidatos a cargos públicos por los partidos políticos. En esto coinciden casi todas las posturas y posiciones ideológicas y político-partidarias. La democracia representativa encuentra en la cerrazón y autarquía interna de los partidos políticos y de los pactos, uno de los elementos más deteriorantes para el afianzamiento, desarrollo y progreso del proceso de afirmación de las estructuras y contenidos de un Estado democrático de derecho.
De ello resulta la imperiosa necesidad de dar a la ciudadanía no solamente una estructura jurídica que, de alguna manera, ayude a mejorar el proceso de selección de candidaturas, sino también de ofrecerle algo nuevo en la vida política nacional. Debemos mostrar a la ciudadanía que no estará obligada a tener que optar en las elecciones nacionales y generales por candidatos impuestos por centros de poder sobre los cuales no tiene la posibilidad alguna de influir.
La presente iniciativa de ley va, precisamente, en esta dirección.
III. LAS VENTAJAS DE LAS PRIMARIAS.
El proyecto que se propone razona sobre la base que las elecciones primarias tienen ventajas sobre otras formas de participación. Estas son, entre otras, las siguientes:
1. En primer lugar, promueven en el ciudadano una mayor credibilidad e interés por la política, al sentirse convocado a integrarse desde su origen al proceso electoral y, por él, a la vida política, porque puede y debe influir en la designación de los candidatos del partido y de la coalición de partidos de su simpatía cívica. Deja de ser, por este medio, un mero espectador, para convertirse en un verdadero protagonista de un proceso que acrecienta su interés y su fervor en la medida de su participación.
Las elecciones primarias producen una sana revitalización de la vida política ciudadana, porque los electores no afiliados a un partido adquirirán el convencimiento que en las elecciones generales, no se verán compelidos a elegir entre candidatos que les son totalmente ajenos y, en cierta forma, les son impuestos por centros de poder en que no ha participado ni ha podido participar.
2. En segundo lugar, en un mundo en que la dignidad humana tiende a su mayor realización en una creciente personalización en las relaciones sociales, el procedimiento de primarias electorales personaliza la elección de candidatos, no sólo “personalizando” al candidato -a quien se le conoce y valora más adecuadamente- sino también porque, concurrentemente, “personaliza” al elector, que deja de ser un resignado sufragante en las elecciones generales y comienza a tomar conciencia de que es alguien que decide por sí, con libertad y propia responsabilidad.
3. En tercer lugar, acrecienta la participación del ciudadano en la vida partidaria, ya que no sólo participa en el momento de las elecciones generales, sino que en la etapa previa a ellas. Por ello, el ciudadano no refrenda una opinión surgida de instancias internas, sino que él mismo constituye la opinión que debe ser juzgada en la elección general. Con esto, se da un verdadero giro copernicano a la elección general, porque más allá de la “opinión partidaria”, pasa a desempeñar un rol primordial la “opinión de la gente”, que es la que, en última instancia, decide la contienda electoral.
4. En cuarto lugar, coadyuvan a legitimar la mediación representativa de los partidos políticos y de las coaliciones que los agrupan, dándoles mayor transparencia y credibilidad, permitiendo un replanteamiento de su función mediadora, la que debe tener por norte los requerimientos de la sociedad y no tanto los compromisos o encapsulamientos partidarios. De ahí que sea correcto afirmar que los partidos políticos pueden aspirar, a través de las elecciones primarias, a dar un primer paso en pos de una “legitimación de origen” en la nominación de los candidatos que eventualmente vayan a ocupar cargos públicos en el futuro y a dotarlos de una vinculación más estrecha con la voluntad de sus electores.
En consecuencia, se hace cada vez más necesario “oxigenar” la vida partidaria, tratando de superar el envejecimiento de los partidos, que desde sus cargos directivos se proyectan a los cargos políticos representativos en las elecciones generales.
IV. REPUESTA A LAS CRÍTICAS.
Deben contestarse aquí, al igual como se hizo en el proyecto de las elecciones primarias de 1998, las críticas que se han hecho respecto de un proyecto como el que presentamos.
En efecto, se ha afirmado que en nuestro país no existe tradición ni antecedentes en nuestra vida política que invite a aceptar un mecanismo como el propuesto. Esto es falso, si se tiene un cuenta la deuda histórica y doctrinal que nuestro constitucionalismo tienen con el constitucionalismo europeo y anglosajón, de donde nos han venido y vendrán verdaderas innovaciones para nuestro derecho público, principalmente en la participación ciudadana, la interpretación y protección de los derechos fundamentales y la integración del derecho nacional con el producido en los órganos internacionales.
Luego, se ha afirmado que el instituto que se pretende instaurar posibilita las maniobras de terceros ajenos a los pactos y partidos, que se someten a elecciones primarias con la voluntad de perjudicarlo o de distorsionar la vida partidaria o de las coaliciones involucradas. Tal argumento pretende hacer de la excepción, la regla general. Es posible que haya algún ciudadano que llevado por un exceso de odio, prefiera entre apoyar a su propio partido o pacto, perjudicar al partido o pacto adversario y concurrir al acto eleccionario para votar por la peor candidatura de aquella línea política.
Ahora bien, analizado este supuesto, concluimos que no puede ser ni es realmente trascendente en su importancia y en su número, ya que la inmensa mayoría optará por ir a votar a la elección primaria para apoyar al candidato que juzgue mejor y que desee ver en la cédula de las elecciones nacionales y no para enfrascarse en rencillas, luchas y rencores menores.
Finalmente, se ha dicho que estas elecciones primarias importarán una erogación cuantiosa y trascendente para el erario público, que es en definitiva quien debe hacerse cargo de los gastos de estas elecciones primarias, y que tal erogación no es justificable y perjudica a los fondos públicos.
Este argumento debe ser analizado sobre la base del sentido natural de proporción y equilibrio, en función de valores, frente a las inversiones del presupuesto público. Cabe señalar que no se está planteando elecciones primarias en un número indiscriminado sino sólo para elegir candidatos a alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República. Por otra parte, nadie puede poner en duda que en una tabla de ordenamiento de valores, la realización de la vida democrática a través del mantenimiento de las estructuras republicanas y representativas tiene un primerísimo lugar. Y el proyecto que presentamos apunta a mejorar notablemente el proceso de representación en el ámbito de lo público.
De esta forma, así como nadie discute que uno de los fines del Estado hoy día es la educación, la defensa, el cuidado y promoción de la cultura, la salud pública y algunos otros objetivos de la misma importancia, y nadie se anima a objetar válidamente esos gastos, por su condición de tales, de la misma manera, nadie puede objetar un costo relativo para servir al mantenimiento y real vigencia de las esencias democráticas en nuestro país.
Estimamos que no puede haber dinero público mejor invertido que el que se destina a vivificar y sanear la vida política nacional, que es, en definitiva, el alma que tonifica toda la actuación del Estado y da existencia real al Estado de Derecho.
No olvidemos el rol central que la ley da a los partidos políticos: contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional (artículo 1°, ley Nº 18.603).
V. LAS ELECCIONES PRIMARIAS EN EL DERECHO COMPARADO.
La elección de candidatos para elecciones generales es efectuada en varios países del mundo. Importantes son las elecciones primarias celebradas en Estados Unidos, Italia, Francia, España, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.
En la mayoría de estos países se trata de un mecanismo de elección utilizado por alguno de los partidos políticos mayoritarios, sin que se encuentre regulado de manera orgánica en las Constituciones y leyes del país. Por regla general, es decisión de cada partido la de someter a los eventuales candidatos a la presidencia a una elección primaria para definir un único candidato del partido que compita en las elecciones generales del país.
Recientemente, las primarias han ido adquiriendo gran prestigio frente a la opinión pública como es el caso de las primarias que se celebran por el Partido Socialista Obrero español para elegir el candidato presidencial del partido. También destaca la consolidación que la práctica de las primarias ha adquirido en Honduras y México.
A continuación, se hará referencia a alguno de los países en los cuales existen o han existido elecciones primarias.
1. Estados Unidos
El sistema de elecciones primarias tiene su origen y un largo desarrollo en Estados Unidos. Estas elecciones se han ido regulando en cada uno de los estados, en leyes federales y en la Constitución, donde se han incorporado algunas enmiendas que se refieren a la materia (principalmente artículo 2 y enmienda 12).
En este país no sólo se celebran primarias para la elección del candidato presidencial sino que también para los candidatos a parlamentarios, alcaldes y gobernadores, entre otros.
Las elecciones primarias se celebran antes de la elección general y en ellas se decide quiénes serán los candidatos de un partido en la elección general. Los candidatos que ganan las primarias siguen en la ruta para representar a su partido en la elección general.
Desde principios del siglo XX, las elecciones primarias han sido el principal recurso electoral para escoger a los candidatos de los partidos. Con pocas excepciones, el triunfo en una elección primaria significa que el candidato será nominado por ese partido político para la elección general.
En pocos estados, los candidatos del partido no son elegidos en primarias sino en convenciones locales de nominación, ya sea por tradición o a criterio de cada partido político.
Después de las elecciones primarias o las convenciones, la elección general se realiza para determinar quién será elegido para ocupar el cargo. En la elección general, los votantes toman la decisión final al escoger entre los candidatos de los partidos que figuran en la papeleta de voto. En las listas de la elección general pueden figurar también candidatos independientes (los que no están afiliados a ningún partido político importante) que logran su inclusión en la lista presentando un número específico de firmas de sus partidarios, en lugar de usar el método tradicional de ganar elecciones primarias. Además, en algunos estados la papeleta de voto tiene un espacio en blanco para “escribir en él” nombres de candidatos no designados por los partidos ni impuestos a petición de sus partidarios. Se puede decir que esos candidatos son “autodesignados” y de vez en cuando ganan elecciones para cargos públicos.
Para la elección del Presidente en Estados Unidos se realiza una elección primaria donde se designan, por estados, delegados que serán los electores en la convención del partido. En esta convención se nomina al candidato presidencial del partido entre varios competidores. Con posterioridad se efectúa la elección general, donde el Colegio Electoral conformado por los electores de los distintos partidos elige al Presidente.
2. Italia
El 2005 por primera vez La Unión de partidos de centroizquierda (7 partidos, siendo los principales La Margarita y el Demócrata de Izquierda) celebró elecciones primarias para elegir su candidato a primer ministro para las elecciones generales del 2006, que competiría con Berlusconi, el candidato de derecha. En estas primarias podían participar como electores cualquier persona, quienes debían contribuir con un euro a la Unión. Se establecieron 9 mil mesas en distintos lugares del país y participaron cerca de cuatro millones de personas. Fue elegido como candidato de la coalición Romano Prodi.
El 2007 el recién formado Partido Democrático de centro-izquierda, luego de la disolución de La Unión, celebró elecciones primarias para nominar a su líder. Resultó elegido Veltroni, quien fue derrotado nuevamente por Berlusconi.
Por su parte, la alianza conservadora, que reúne a los partidos de derecha, no realiza primarias.
3. Francia
Previo a las últimas elecciones generales francesas celebradas el 6 de mayo de 2007, se realizaron dos elecciones primarias de los partidos mayoritarios, el Partido Socialista Frances y la Unión por un Movimiento Popular, partido de derecha.
En las primarias del Partido Socialista se presentaron tres posibles candidatos, siendo elegida el 16 de noviembre de 2006, Ségolène Royal por un 60,62% de los votos. Por su parte La Unión contaba inicialmente con dos candidatos en las primarias, pero dos días antes de éstas se retiró uno de ellos, siendo elegido Nicolas Sarkozy con un 98,1% de los votos el 14 de enero de 2007. Estas elecciones primarias de la Unión se efectuaron por Internet por primera vez, en un plazo de 10 días.
En las elecciones generales corrieron 12 candidatos, siendo elegido en segunda vuelta, como sabemos, Nicolas Sarkozy
4. Uruguay
Las elecciones primarias fueron incorporadas en el ordenamiento uruguayo con la reforma constitucional de 1997. Con esta reforma se establecieron “elecciones internas” donde cada partido elige su candidato presidencial y, de esta forma, se cambió radicalmente la tradición de los partidos de ese país de presentar múltiples candidatos presidenciales, lo que generaba atomización de los partidos e inestabilidad política.
El artículo 151 de la Constitución de Uruguay establece que: “El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, por mayoría absoluta de votantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República.”
Por su parte el artículo 77, numeral 12 señala: “Los partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia de la República mediante elecciones internas que reglamentará la Ley sancionada por el voto de dos tercios del total de componentes de cada Cámara. Por idéntica mayoría determinará la forma de elegir el candidato de cada partido a la Vicepresidencia de la República y, mientras dicha Ley no se dicte, se estará a lo que este respecto resuelvan los órganos partidarios competentes…”
Las elecciones internas son secretas y no obligatorias, según disposición transitoria constitucional, Letra W. Estas elecciones son simultáneas para todos los partidos políticos. El partido que no participe en las elecciones internas, queda inhabilitado para presentarse en las elecciones generales.
Todo votante emite su voto a través de una única hoja de votación, perteneciente a un partido político. En otras palabras, sólo puede participar en las elecciones internas de un solo partido.
La ley que regula las elecciones internas por mandato de la Constitución es la Nº 17.063 de 1998.
VI. CONTENIDO DEL PROYECTO
1. Objeto del proyecto
El presente proyecto de ley regula los procedimientos para la preparación, realización, escrutinio y calificación de las elecciones primarias mediante las cuales los partidos políticos podrán elegir los candidatos a los cargos de alcalde, diputado, senador o Presidente de la República, y establece el financiamiento público para llevarlas a cabo.
Las elecciones del candidato a Presidente de la República de un partido que luego competirá con los otros candidatos elegidos por los demás partidos del pacto, será efectuada de acuerdo los procedimientos fijados por cada partido y será financiada por tales entidades. No se regulará por esta ley.
2. Estructura del proyecto
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración consta de 31 disposiciones permanentes, repartidas en ocho títulos, y de tres artículos transitorios.
En el Título I, se regulan los actos preparatorios de las elecciones primarias. En el II, la realización de dicho proceso. En el Título III, los vocales, la instalación de las mesas, la votación y el escrutinio. En el IV, las reclamaciones y rectificaciones. En el Título V, el escrutinio general y la calificación de las elecciones. En el VI, los efectos de las elecciones primarias. En el Título VII, las sanciones, y en el Título Final, Otras disposiciones.
Por su parte, las disposiciones transitorias se refieren a la vigencia de la ley, al porcentaje mínimo de afiliados requeridos para solicitar la realización de primarias en un partido político en tanto se modifican los respectivos estatutos, y al financiamiento de esta iniciativa legal.
3. Principales materias reguladas por el proyecto
A continuación se describirán los principales contenidos del presente proyecto de ley:
a. Elecciones dentro de un partido o de un pacto
Los partidos políticos podrán acordar libremente si organizan cada una de las elecciones primarias en que participarán en forma individual o asociados en pacto con otro u otros partidos políticos.
b. Cargos de elección popular que pueden ser objeto de primarias
Los procesos de elecciones primarias tienen por objeto definir uno o más candidatos para las elecciones de alcaldes, diputados, senadores o Presidente de la República.
c. Elecciones voluntarias pero con resultados vinculantes
Este proyecto no obliga a los partidos políticos a realizar elecciones primarias. Cada partido, cuando así lo determinen sus estatutos, podrá participar en procesos de elecciones primarias en la forma y condiciones que establezca esta ley. En todo caso, los respectivos estatutos deberán establecer la obligación de los partidos de someterse a un proceso de primarias cuando así lo solicite un determinado porcentaje de sus afiliados.
De esta forma, la decisión de someterse a un proceso de elecciones primarias no queda entregada a las cúpulas directivas de los partidos políticos.
d. Oportunidad para realizar las elecciones
La fecha de las elecciones primarias será determinada por el Servicio Electoral, considerando las propuestas de los partidos o pactos.
Todas las elecciones primarias de candidatos a parlamentarios y a alcaldes, de un mismo territorio, se realizarán simultáneamente y el mismo día, aunque sean de partidos o pactos distintos.
Todas las elecciones primarias de candidatos a Presidente de la República, de un mismo territorio, se realizarán simultáneamente y el mismo día, aunque sean de pactos distintos.
Del mismo modo, los procesos de primarias de candidatos a Presidente de la República y a parlamentarios, de un mismo territorio, se efectuarán simultáneamente y en un mismo día.
e. Quiénes pueden participar
Podrán participar todas aquellas personas inscritas en los registros electorales que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión de Elecciones que existirá en cada partido o pacto. Dicha Comisión se coordinará con el Servicio Electoral para el proceso eleccionario.
Sin embargo, si en un mismo territorio electoral se desarrollaren simultáneamente elecciones primarias de más de un partido o pacto, el padrón electoral respectivo se formará con todas las personas que se encuentren inscritas en los registros electorales de dicho territorio.
f. Voto voluntario
El voto en las elecciones primarias será voluntario.
g. Mayorías requeridas
Si la elección primaria se realiza al interior de un partido se proclamarán como candidatos a aquéllos que obtengan las primeras mayorías simples en los cargos a elegir.
Si la elección es al interior de un pacto y se busca llenar más de un cupo, la Comisión de Elecciones Primarias deberá informar al Servicio Electoral por escrito, treinta días antes de la fecha de la respectiva elección primaria, el sistema electoral que regirá en ésta, el cual será obligatorio para dicha elección.
h. Los efectos de las elecciones primarias
(1) Sus resultados son vinculantes.
(2) Sólo podrá ser candidato de los partidos o de los partidos integrantes de un pacto, aquel de los candidatos que hubiere sido proclamado de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
(3) No podrán ser candidatos a la elección respectiva quienes hubieren sido candidatos en las elecciones primarias y no hubieren resultado proclamados, ni los demás militantes de cualquiera de los partidos integrantes del respectivo pacto de primarias.
(4) Los partidos políticos y los pactos que hubieren participado en un proceso de primarias en su caso, sólo podrán presentar ante el Servicio Electoral en los plazos y forma que dispone la ley, a los candidatos que hubieren sido proclamados en éstas.
Sin embargo, si quien hubiere sido proclamado en una elección primaria fallece o renuncia a su candidatura por medio de una declaración ante notario, el Director del Servicio podrá inscribir al candidato que hubiere obtenido la mayoría inmediatamente siguiente. A falta de candidatos en esta situación, inscribirá a la persona que el partido o pacto proponga.
i. Existencia de vocales de mesa
Las Comisiones de Elecciones Primarias entregarán al Servicio Electoral una lista de vocales por cada Mesa receptora, en el plazo establecido en el proyecto.
Si la única elección primaria que se lleva a cabo en ese territorio electoral es organizada por un partido político individualmente, la Comisión de Elecciones Primarias respectiva nominará, al menos, a dos vocales. Si, en cambio, la elección primaria es organizada por un pacto, o por diferentes partidos o pactos, el Servicio Electoral señalará el número de vocales que cada Comisión de Elecciones Primarias debe designar velando, en este acto, por una representación que asegure la objetividad y transparencia del proceso de votación.
Cada partido o pacto en su caso, deberá informar al Servicio electoral los vocales nominados, acompañando una declaración jurada simple en el que conste el compromiso de cada uno de ellos. Quien habiendo suscrito dicha declaración no se presentare a la realización del proceso, sin que medie alguna de las excusas contempladas en la ley N° 18.700, será sancionado conforme a dicha normativa.
El Servicio Electoral en función del número de los vocales que cada partido o pacto, en su caso, nominará para la realización de las elecciones primarias determinará el número de mesas receptoras de sufragio que se constituirán.
A los vocales nominados en conformidad a lo señalado precedentemente, se agregará una persona contratada por el Servicio Electoral para estos efectos, quien actuará como ministro de fe y cumplirá las tareas que corresponden al Presidente de la Mesa.
Las personas contratadas por el Servicio Electoral que ejerzan de modo efectivo la función encomendada en el proceso de elecciones primarias recibirán un bono de 1 UF, por cada acto electoral en el que participen. Si perciban maliciosamente este bono, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles, sin perjuicio de la obligación de reintegrar las sumas percibidas indebidamente.
j. Actos del proceso de elección.
La presente iniciativa regula los actos preparatorios de las elecciones primarias, la realización propiamente tal de dicho proceso, la instalación de las mesas receptoras de sufragios, la votación, el escrutinio y la calificación de las elecciones.
k. Rol del Servicio Electoral
Al Servicio le corresponde una participación importante en los procesos de elecciones primarias.
Está facultado para organizar estas elecciones junto a las Comisiones de Elecciones Primarias, que representan a los respectivos partidos o pactos para estos efectos.
Además, deberá ser informado de una serie de aspectos relevantes de los procesos como la decisión de efectuar una elección primaria, o los candidatos de los partidos o pactos.
También fijará los plazos de las elecciones primarias y los respectivos locales de votación, habiendo oído previamente a las Comisiones de Elecciones Primarias.
Asimismo, el Servicio Electoral regulará las cédulas electorales; las Mesas receptoras de sufragios y su instalación; la designación de vocales de Mesa; los locales de votación; los útiles electorales; y dictará las normas que rigen la propaganda electoral, la votación, el escrutinio, y en general todo aquello relativo al acto eleccionario.
l. Las reclamaciones y rectificaciones
Cualquier candidato podrá interponer reclamaciones de nulidad contra las elecciones primarias por actos que las hayan viciado relacionados con: el funcionamiento de las Mesas Receptoras; el escrutinio de cada Mesa; actos de las autoridades del partido, del pacto o de personas que hayan coartado la libertad de sufragio; y la práctica de cohecho, de soborno o uso de fuerza y de violencia.
Las reclamaciones derivadas de los hechos anteriores sólo procederán si los mismos hubieren dado lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta de la que habría resultado si la manifestación de la voluntad electoral hubiere estado libre del vicio alegado.
Del mismo modo, cualquier candidato podrá solicitar la rectificación de escrutinios en que se haya incurrido en omisiones o en errores aritméticos.
Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones, deberán presentarse, indicando los hechos que le sirvan de fundamento, dentro de los cinco días siguientes al de la elección.
Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones primarias, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo.
m. Las sanciones
Se propone que los actos en contravención a este proyecto de ley, sean sancionados en conformidad a lo señalado en el Título VII de la ley N° 18.700, en lo que fuera procedente.
n. Aplicación supletoria de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
Se establece que en todas las materias no reguladas por el presente proyecto de ley, se aplicará supletoriamente la ley N° 18.700.
o. Vigencia
Se establece que esta iniciativa de ley sería obligatoria para las elecciones primarias que tengan por objeto determinar los candidatos de las elecciones que desarrollen a partir del año 2013.
p. Financiamiento
Se establece que el gasto fiscal que irrogue la puesta en marcha de la presente iniciativa durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto del Ministerio del Interior, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- La presente ley regula los procedimientos para la preparación, realización, escrutinio y calificación de las elecciones primarias mediante las cuales los partidos políticos podrán elegir los candidatos a los cargos de alcalde, diputado, senador o Presidente de la República, y establece el financiamiento público para llevarlas a cabo.
TÍTULO I
De los Actos Preparatorios de las Elecciones Primarias
Artículo 2°.- Cada partido político, cuando así lo determinen sus estatutos, podrá participar en procesos de elecciones primarias en la forma y condiciones que establezca esta ley. En todo caso, los respectivos estatutos deberán establecer la obligación de los partidos de someterse a un proceso de primarias cuando así lo solicite un determinado porcentaje de sus afiliados.
La decisión de realizar un proceso de elecciones primarias en un determinado territorio electoral del país o para ciertas candidaturas no implica que otros territorios o candidaturas, encontrándose o no en situaciones similares, deban someterse al mismo proceso.
Artículo 3°.- La decisión de participar en un proceso de elecciones primarias será informada al Servicio Electoral con al menos tres meses de anticipación a la fecha en que vence el plazo que establece la ley para la declaración de candidaturas. En ese acto, el o los partidos políticos o pactos que hayan decidido realizar un proceso de elecciones primarias deberán informar los territorios electorales en los que se llevará a cabo una elección primaria, los cargos que se someterán a ella y una o más propuestas de fechas para el desarrollo del proceso.
En el caso de elecciones primarias para que uno o más partidos políticos elijan a un candidato a Presidente de la República, la decisión de participar deberá ser informada al Servicio Electoral con al menos nueve meses de anticipación a la fecha en que vence el plazo para la declaración de la candidatura presidencial.
Artículo 4°.- Los partidos políticos podrán acordar libremente si organizan cada una de las elecciones primarias en que participarán en forma individual o asociados en pacto con otro u otros partidos políticos.
El pacto electoral deberá formalizarse ante el Director del Servicio Electoral, hasta 6 meses antes del vencimiento del plazo para la declaración de las respectivas candidaturas, mediante la presentación de una Declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos integrantes del pacto. Dicha declaración deberá indicar la decisión de realizar en conjunto elecciones primarias, los cargos que se someterán a ella, los respectivos territorios electorales y las fechas propuestas para el desarrollo del proceso.
El pacto electoral se entenderá constituido a contar de la fecha de su formalización. Los partidos políticos que hubieren constituido un pacto no podrán acordar otro a menos que aquél fuere dejado sin efecto. Se podrá dejar sin efecto un pacto electoral cuando los afiliados de cualquiera de los partidos que lo integren hayan ratificado la proposición del Consejo General en tal sentido. Este acuerdo deberá ser comunicado al Director del Servicio Electoral, mediante una declaración suscrita por los Presidentes y Secretarios de los partidos políticos de que se trate, antes del vencimiento del plazo para informar la decisión de participar en elecciones primarias.
Artículo 5°.- Si la elección primaria se realiza al interior de un partido, se proclamarán como candidatos aquellos que obtengan las primeras mayorías simples en los cargos a elegir.
Si la elección es al interior de un pacto y se busca llenar más de un cupo, la Comisión de Elecciones Primarias a que se refiere el inciso segundo del artículo 11 de la presente ley, deberá informar al Servicio Electoral por escrito, treinta días antes de la fecha de la respectiva elección primaria, el sistema electoral que regirá en ésta, el cual será obligatorio para dicha elección.
Artículo 6°.- Hasta sesenta días antes de la fecha fijada para el desarrollo de la elección primaria en un determinado territorio, cada partido político o pacto informará al Servicio Electoral los candidatos que participarán en dicha elección.
Los estatutos de cada partido deberán regular el procedimiento de declaración e inscripción de candidaturas para las elecciones primarias. Para ello deberán establecer un procedimiento público y conocido y un sistema de solución de las controversias que pudieran surgir en dicho procedimiento.
El Servicio Electoral deberá inscribir las candidaturas presentadas por un partido político o pacto sin entrar a calificar si el candidato cumple los requisitos que impone la ley para participar en la elección a la que postularía en caso de ser elegido en la primaria. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades para aceptar o rechazar la inscripción de candidaturas, conferidas por la ley N° 18.700 y por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Artículo 7°.- En las elecciones primarias para elegir el candidato a Presidente de la República, deberán cumplirse los siguientes plazos:
a) Entre los nueve y seis meses antes de la fecha en que vence el plazo para la declaración de candidatura a Presidente de la República, los partidos políticos podrán realizar la elección para definir al candidato del partido que luego competirá con aquellos otros candidatos elegidos por los demás partidos del pacto. Los procedimientos para la preparación, realización, escrutinio y calificación de dichas elecciones, serán establecidos por los propios partidos. Asimismo, el financiamiento de tales procesos eleccionarios, será de cargo de cada partido.
b) Entre seis meses y catorce días antes de la fecha en que vence el plazo de la declaración de candidatura de Presidente de la República, podrán llevarse a cabo las elecciones primarias para elegir el candidato a Presidente de la República del pacto o de los partidos que no conforman un pacto. Las fechas de las elecciones serán definidas por el Servicio Electoral, habiendo oído previamente a las Comisiones de Elecciones Primarias que participen en el proceso, pudiendo establecer fechas diferentes en los territorios donde se efectúen las elecciones primarias.
c) Las elecciones primarias a que se refiere el literal anterior que se efectúen en un mismo territorio, se realizarán simultáneamente en la o las fechas fijadas por el Servicio Electoral, que será la misma para todos los candidatos de los pactos y partidos que participen en ellas.
Artículo 8°.- En las elecciones primarias para elegir candidatos a alcalde, senador o diputado, deberán cumplirse los siguientes plazos:
a) Entre tres meses y catorce días antes de la fecha en que vence el plazo de la declaración de la respectiva candidatura, podrán llevarse a cabo las elecciones primarias. La o las fechas en que éstas se llevarán a cabo, será determinada por el Servicio Electoral habiendo oído previamente a las Comisiones de Elecciones que participen en el proceso.
b) Las elecciones primarias que se realicen en un mismo territorio electoral, sea éste comuna, distrito o circunscripción, se llevarán a cabo simultáneamente.
Artículo 9°.- Al momento de determinar las fechas de las elecciones primarias en cada territorio electoral, el Director del Servicio Electoral, o el Director Regional cuando corresponda, considerará las diversas propuestas de los partidos políticos que participarán en ese proceso, ponderando al mismo tiempo criterios de eficiencia y participación.
Si en un determinado territorio electoral se desarrollaren elecciones primarias para elegir candidato a Presidente de la República y para elegir candidatos a parlamentarios, el Servicio Electoral dispondrá que todas ellas sean realizadas simultáneamente en ese territorio electoral.
Artículo 10.- En el caso de elecciones primarias que se lleven a cabo en una sola región, las atribuciones que este título concede al Director del Servicio Electoral podrán ser delegadas al Director Regional del mismo.
TÍTULO II.
De la realización del Proceso de Primarias
Artículo 11.- Una vez definidos los candidatos y las fechas en que se desarrollarán las elecciones primarias, el Servicio Electoral procederá a organizar la elección en conjunto con los partidos políticos o pactos que lo hayan solicitado. Para estos efectos, cada partido político designará una Comisión de Elecciones Primarias de tres personas que se relacionará con el Servicio Electoral para la organización de la respectiva elección primaria.
En caso de haberse acordado un pacto entre partidos políticos para desarrollar la elección primaria, cada partido político del pacto nominará hasta dos personas que pasarán a integrar la Comisión de Elecciones Primarias del pacto. En el caso que el número final resulte par, los partidos que integren el pacto designarán de común acuerdo a un integrante más.
El Servicio Electoral confeccionará y regulará las cédulas electorales; determinará el número de Mesas receptoras de sufragios, los locales de votación y establecerá su funcionamiento; regulará la designación de vocales de Mesa; dispondrá los útiles electorales, y dictará las normas que rigen la propaganda electoral, la votación, el escrutinio, y en general todo aquello relativo al acto eleccionario.
Las Comisiones de Elecciones Primarias podrán proponer modificaciones a las regulaciones que determine el Servicio Electoral, las que deberán ser aprobadas o rechazadas fundadamente por éste.
Artículo 12.- El voto en las elecciones primarias será voluntario y podrán participar en ellas todas aquellas personas inscritas en los registros electorales que cumplan los requisitos establecidos por la respectiva Comisión de Elecciones Primarias. Tales requisitos deberán ser informados por escrito al Servicio Electoral sesenta días antes de la fecha de la respectiva elección primaria. El Servicio Electoral procederá a confeccionar la nómina de los electores habilitados para participar que cumplan con los mencionados requisitos. Asimismo, elaborará los registros de cada Mesa receptora de sufragios y todo lo requerido para el desarrollo del acto eleccionario.
Sin embargo, si en un mismo territorio electoral se desarrollaren simultáneamente elecciones primarias de más de un partido o pacto, el padrón electoral respectivo se formará con todas las personas que se encuentren inscritas en los registros electorales de dicho territorio.
Artículo 13.- Si algún candidato considera que una decisión de la Comisión de Elecciones Primarias lo afecta en sus derechos o que la elaboración de la nómina de electores habilitados no es la correcta, podrá interponer reclamo fundado ante el Director del Servicio Electoral, dentro del plazo de tres días contados desde que tomó conocimiento de los hechos, el que en todo caso no podrá ser posterior a cuarenta y cinco días previos a la realización la respectiva elección primaria. El Director fallará en el término de diez días contado desde la interposición del reclamo y su resolución se notificará por carta certificada.
TÍTULO III
De los vocales, la instalación de las Mesas, de la votación y del escrutinio
Artículo 14.- El Servicio Electoral, habiendo oído previamente a las Comisiones de Elecciones Primarias que participen en el proceso, establecerá los locales donde se realizarán las elecciones primarias, lo cual será informado al vigésimo segundo día antes de la respectiva elección primaria, a través de un diario de circulación nacional o regional, según corresponda.
Artículo 15.- Hasta treinta días antes de la elección primaria, las Comisiones de Elecciones Primarias entregarán al Servicio Electoral una lista de vocales por cada Mesa receptora. Si la única elección primaria que se lleva a cabo en ese territorio electoral es organizada por un partido político individualmente, la Comisión de Elecciones Primarias respectiva nominará, al menos, a dos vocales. Si, en cambio, la elección primaria es organizada por un pacto, o por diferentes partidos o pactos, el Servicio Electoral señalará el número de vocales que cada Comisión de Elecciones Primarias debe designar velando, en este acto, por una representación que asegure la objetividad y transparencia del proceso de votación.
Cada partido o pacto en su caso, deberá informar al Servicio electoral los vocales nominados, acompañando una declaración jurada simple en el que conste el compromiso de cada uno de ellos. Quien habiendo suscrito dicha declaración no se presentare a la realización del proceso, sin que medie alguna de las excusas contempladas en la ley N° 18.700, será sancionado conforme a dicha normativa.
El Servicio Electoral en función del número de los vocales que cada partido o pacto, en su caso, nominará para la realización de las elecciones primarias determinará el número de mesas receptoras de sufragio que se constituirán.
A los vocales nominados en conformidad a los incisos primero y segundo se agregará una persona contratada por el Servicio Electoral para estos efectos, actuará como ministro de fe y cumplirá las tareas que corresponden al Presidente de la Mesa.
Las personas contratadas por el Servicio Electoral que ejerzan de modo efectivo la función encomendada en el proceso de elecciones primarias recibirán un bono de 1 UF, por cada acto electoral en el que participen.
El bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.
El bono se pagará por la Tesorería General de la República mediante cheque nominativo enviado al domicilio del beneficiario o bien depositándolo en la cuenta bancaria que él indique al efecto.
Para tal efecto, el Director del Servicio Electoral que corresponda, deberá remitir a la Tesorería General de la República, las nóminas con el nombre completo, número de cédula de identidad y domicilio de las personas que hubiesen ejercido, efectivamente, la función encomendada por el Servicio Electoral en el acto de primarias respectivo, además de la identificación de la cuenta bancaria señalada por el beneficiario, en el caso que éste manifieste su voluntad de que se le deposite el bono en ella.
A quienes perciban maliciosamente el bono que otorga este artículo, se les aplicarán las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles, sin perjuicio del reintegro de las sumas percibidas indebidamente.
Artículo 16.- Salvo disposición en contrario del Servicio Electoral, la instalación de las Mesas, la votación y el escrutinio se llevarán a cabo conforme lo establece la ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
El Servicio Electoral, a proposición de la Comisión de Elecciones Primarias, podrá tomar todas aquellas medidas que hagan más expedita la instalación de las Mesas, la votación y el escrutinio, velando siempre por la objetividad y transparencia del proceso. Para estos efectos podrá, entre otras cosas, permitir la reunión en una sola Mesa de dos o más registros asignados a Mesas distintas y establecer locales de votación que, debidamente informados, hagan más fácil el acceso de los votantes.
Con todo, el Servicio Electoral no podrá nunca autorizar la existencia de Mesas móviles o en lugares que no hubieren sido designados en conformidad a la ley. Asimismo tampoco podrá autorizar que el escrutinio se practique en un lugar distinto a aquel en el que hubiere funcionado la Mesa o impedir la presencia en éste del público y de los apoderados y candidatos.
Artículo 17.- Una vez finalizado el escrutinio en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.700 o en las normas especiales que haya determinado en su oportunidad el Servicio Electoral, el Presidente de la Mesa informará el resultado de la misma, por medio de un acta especial que deberá levantarse, al Colegio Escrutador que corresponda según lo haya resuelto el Director del Servicio Electoral.
El Colegio Escrutador estará integrado por un Secretario designado por el Director del Servicio Electoral y por los Presidentes de Mesas que hayan sido sorteados. El número de integrantes del Colegio Escrutador será determinado en conjunto por la Comisión de Elecciones y el Director del Servicio Electoral no pudiendo nunca ser inferior a tres.
En caso de elecciones primarias en las que se hayan constituido un reducido número de Mesas, y cuando así lo determine el Director del Servicio Electoral, los Presidentes de Mesas informarán por la vía más expedita del escrutinio al Director Regional del Servicio Electoral si la elección estuviere circunscrita a una región o al Director del Servicio Electoral, en los restantes, y al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones.
Artículo 18.- El Colegio Escrutador reunirá las actas de los escrutinios realizados en las diversas Mesas Receptoras de Sufragios, sumará los votos que en ellas se consignen e informará al Servicio Electoral de los mismos. El procedimiento y los demás aspectos necesarios para el funcionamiento de los colegios escrutadores serán regulados por el Director del Servicio Electoral.
Artículo 19.- El sexto día siguiente a la elección primaria, el Servicio Electoral dará a conocer los resultados de la elección y los enviará al Tribunal Calificador de Elecciones, de acuerdo con los escrutinios practicados por los Colegios. Sin embargo, esta información podrá emitirse con anterioridad si el Servicio Electoral hubiere recibido las actas y cuadros de más del cincuenta por ciento de los Colegios que hubieren funcionado.
TÍTULO IV
De las reclamaciones y de las rectificaciones
Artículo 20.- Cualquier candidato podrá interponer reclamaciones de nulidad contra las elecciones primarias en las cuales participe, por actos que las hayan viciado relacionados con: a) el funcionamiento de las Mesas Receptoras; b) el escrutinio de cada Mesa; c) actos de las autoridades del partido, pacto, o de personas que hayan coartado la libertad de sufragio; y d) práctica de cohecho, de soborno o uso de fuerza y de violencia.
Las reclamaciones derivadas de los hechos anteriores sólo procederán si los mismos hubieren dado lugar a la elección de un candidato o de una opción distinta de la que habría resultado si la manifestación de la voluntad electoral hubiere estado libre del vicio alegado.
Artículo 21.- Del mismo modo, cualquier candidato podrá solicitar la rectificación de escrutinios en que se haya incurrido en omisiones o en errores aritméticos.
Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones, deberán presentarse, indicando los hechos que le sirvan de fundamento, dentro de los cinco días siguientes al de la realización de la elección primaria de que se trate.
Artículo 22.- Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de nulidad de elecciones primarias, se presentarán ante el Tribunal Electoral Regional correspondiente al territorio en que se hubieren cometido los hechos que sirvan de fundamento al reclamo, dentro de los diez días siguientes a la fecha de la realización de la elección primaria de que se trate, debiendo acompañarse en el mismo acto los antecedentes en que se funde. Si un Colegio Escrutador no hubiere terminado aún sus labores al expirar el tercer día siguiente a la realización de la elección primaria de que se trate, aquel término se entenderá prorrogado por el plazo fatal de tres días contado desde aquél en que el respectivo Colegio termine su labor.
No se requerirá patrocinio de abogado para deducir solicitud de rectificación y reclamos de nulidad.
TÍTULO V
Del escrutinio general y de la calificación de las elecciones
Artículo 23.- El escrutinio general y la calificación de las elecciones primarias, incluida la resolución de las reclamaciones, se regirán, en lo que fuere aplicable, por las disposiciones del Título V de la ley N° 18.700. No obstante, el Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones podrá citar a sus miembros en plazos distintos a los fijados por el artículo 100 de la misma ley a fin de reunir en una misma sesión el escrutinio general de diversas elecciones primarias. En todo caso el Tribunal deberá haber efectuado el escrutinio general de una elección primaria tres días antes del vencimiento del plazo para inscribir candidaturas.
Artículo 24.- Una vez dictada sentencia firme sobre todos los reclamos y practicado el escrutinio general, el Tribunal Calificador de Elecciones realizará las proclamaciones que correspondan. Esta información se pondrá a disposición del público y se informará al Servicio Electoral para todos los efectos legales.
Artículo 25.- Las disposiciones de la Comisión de Elecciones Primarias en contravención a alguna de las normas de este párrafo no surtirán efecto y serán nulas.
TÍTULO VI
De los efectos de las elecciones primarias
Artículo 26.- Los resultados de los procesos de elecciones primarias serán vinculantes para los partidos y pactos que hubieren participado en ellas.
Artículo 27.- Sólo podrá ser candidato de los partidos o de los partidos integrantes de un pacto, aquel de los candidatos que hubiere sido proclamado de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Artículo 28.- No podrán ser candidatos a la elección respectiva quienes hubieren sido candidatos en las elecciones primarias y no hubieren resultado proclamados, ni los demás militantes de cualquiera de los partidos integrantes del respectivo pacto de primarias.
Artículo 29.- Los partidos políticos y los pactos que hubieren participado en un proceso de primarias en su caso, sólo podrán presentar ante el Servicio Electoral en los plazos y forma que dispone la ley, a los candidatos que hubieren sido proclamados en éstas.
Sin embargo, si quien hubiere sido proclamado en una elección primaria fallece o renuncia a su candidatura por medio de una declaración ante notario, el Director del Servicio podrá inscribir al candidato que hubiere obtenido la mayoría inmediatamente siguiente. A falta de candidatos en esta situación, inscribirá a la persona que el partido o pacto proponga.
TÍTULO VII
Sanciones
Artículo 30.- Los actos en contravención a esta ley se sancionarán de conformidad a lo señalado en el Título VII de la ley N° 18.700, en lo que fuera procedente.
TÍTULO FINAL
Otras Disposiciones
Artículo 31.- En todas las materias no reguladas por la presente ley, se aplicará supletoriamente la ley N° 18.700.
Artículos transitorios
Artículo primero transitorio.- La presente ley sólo será obligatoria para las elecciones primarias que tengan por objeto determinar los candidatos de las elecciones que desarrollen a partir del año 2013.
Artículo segundo transitorio.- Desde la entrada en vigencia de la presente ley, y mientras no modifiquen sus estatutos para adecuarlos a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 2°, el porcentaje mínimo de afiliados requeridos para solicitar la realización de primarias será de un veinte por ciento para Presidente de la República; de un quince por ciento, para senadores y diputados y, de un diez por ciento, para alcaldes.
Artículo tercero transitorio.- El gasto fiscal que irrogue la puesta en marcha de la presente iniciativa durante el primer año de su vigencia, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto del Ministerio del Interior, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; EDMUNDO PÉREZ YOMA, Ministro del Interior; EDGARDO RIVEROS MARÍN, Ministro Secretario General de la Presidencia (S); ANDRÉS VELASCO BRAÑES, Ministro de Hacienda”.
INFORME FINANCIERO
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE ELECCIONES PRIMARIAS PARA
CANDIDATOS A ALCALDES, PARLAMENTARIOS Y PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Mensaje Nº 522-357
Esta iniciativa tiene por objeto regular los procedimientos para la preparación, realización, escrutinio y calificación de elecciones primarias, mediante las cuales los partidos políticos podrán elegir los candidatos a los cargos de alcalde, diputado, senador o Presidente de la República, y establece el financiamiento público para llevarlas a cabo.
La decisión de realizar un proceso de elecciones primarias en la totalidad o en un determinado territorio electoral del país, corresponde voluntariamente a los partidos políticos o pacto de partidos que así lo determinen en sus estatutos. En todo caso, los respectivos estatutos deberán establecer la obligación de los partidos para someterse a un proceso de primarias cuando así lo solicite un determinado porcentaje de sus afiliados. Los resultados de dichas elecciones serán vinculantes.
Corresponderá al Servicio Electoral organizar estos procesos, en conjunto con los partidos políticos, determinar el número de mesas para sufragio que se constituirán y establecer las fechas en que se efectuarán, debiendo realizarse simultáneamente las que correspondan a un mismo territorio.
Los costos asociados a la realización de una elección primaria se relacionan con aquellos destinados a: a) la contratación de personal por parte del Servicio Electoral, que actuarán como ministros de fe y cumplirán las funciones que le corresponden a los presidentes de Mesa; b) gastos en personal; c) impresión de votos; d) materiales para la realización del acto eleccionario; e) publicación de facsímiles, entre otros.
Tomando en consideración los costos precitados se estima que la realización de una elección primaria para elegir candidato a Presidente de la República por parte de un partido político o un pacto de ellos, y sobre la base de que los referidos partidos comprometieran la disponibilidad de vocales para todas las mesas de sufragio, ascendería a $ 3.607 millones. Si a dicha elección se adiciona la solicitud de otro partido o pacto de partidos, se estima que el costo de la elección se incrementaría en $ 1.000 millones.
Si simultáneamente se solicitare elecciones primarias para elegir parlamentarios en todo el país por un partido o pacto de partidos, el costo estimado se incrementaría en $ 1.300 millones, tratándose de candidatos a diputados, y en $ 520 millones adicionales si la petición incorpora también la elección de candidatos para senadores en regiones impares o en $ 780 millones cuando se trate de senadores de regiones pares.
Por último, en el caso de las elecciones primarias para elegir alcaldes, solicitadas por un partido o pacto de partidos en todo el país, la realización de la referida elección tendrá un costo estimado de 3.907 millones.
El gasto fiscal que irrogue la puesta en marcha de esta iniciativa durante su primer año de vigencia, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto del Ministerio del Interior, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público.
(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos”.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica. (boletín Nº 6423-07).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, Ministro Secretario General de la Presidencia”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, correspondiente al Boletín Nº 6260-06, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1°.-
Ha intercalado, en su inciso segundo, a continuación de la palabra “evaluación”, la frase “de la implementación”.
Artículo 2°.-
Ha incorporado el siguiente inciso tercero, nuevo:
“El sistema y los subsistemas serán sometidos a evaluaciones de resultados, incluyendo análisis de costo efectividad, por parte de una entidad externa a los organismos del Estado que ejecuten y coordinen las acciones y prestaciones sociales que ofrecen, de conformidad a las instrucciones que para estos efectos imparta la Dirección de Presupuestos. Para lo anterior, cada subsistema deberá diseñar y poner en funcionamiento un mecanismo de información que permita contar con antecedentes relevantes y pertinentes para el seguimiento de los avances y resultados de su implementación. Copias de los informes finales de las referidas evaluaciones deberán ser remitidas al Congreso Nacional y publicadas en el sitio web de la Dirección de Presupuestos y del Ministerio de Planificación.”.
Artículo 4°.-
Inciso primero
-Ha reemplazado su letra f), por la siguiente:
“f) Considerar procedimientos de medición y evaluación de, a lo menos, resultados a nivel de producto, tales como cobertura de las atenciones prestadas, focalización y calidad.
El subsistema deberá diseñar y poner en funcionamiento el mecanismo de información a que se refiere el inciso tercero del artículo 2°.”.
-Ha consultado la siguiente letra h), nueva:
“h) Disponer de un análisis regional del impacto social del subsistema y sus necesarias adecuaciones a la realidad de cada región.”.
Inciso tercero
Ha sustituido el vocablo “creación” por la palabra “incorporación”, e intercalado a continuación de la frase “relacionadas con el subsistema” el siguiente texto: “, debiendo estar representada la diversidad regional del país”.
Inciso sexto
Lo ha suprimido.
Artículo 5°
Ha reemplazado su inciso primero, por el siguiente:
“Artículo 5°.- El Sistema contará con un instrumento que permita la caracterización socioeconómica de la población nacional, según lo establezca un reglamento expedido a través del Ministerio de Planificación, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda. Dicho instrumento deberá considerar, entre otros, factores de caracterización territorial. El reglamento normará la administración del proceso de encuesta a nivel nacional y comunal; establecerá el diseño, uso y formas de aplicación del referido instrumento de caracterización; el tratamiento de datos personales de acuerdo a la normativa aplicable, y la supervisión de la aplicación y uso del mencionado instrumento de caracterización. La administración de este instrumento estará a cargo del Ministerio de Planificación.”.
Artículo 6°.-
Ha agregado, a continuación del punto aparte (.), que ha pasado a ser seguido, la siguiente oración final:
“Sólo las personas con certificación vigente podrán desempeñarse como encuestadores.”.
Artículo 8°.-
Ha incorporado el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Los convenios que se suscriban con las municipalidades deberán cumplir con lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 5º de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio del Interior, de 2006.”.
Artículo 12.-
Lo ha sustituido, por el siguiente:
“Artículo 12.- “Chile Crece Contigo” garantizará las siguientes prestaciones para los niños y niñas que presentan situaciones de vulnerabilidad:
a) Acceso a ayudas técnicas para niños y niñas que presenten alguna discapacidad.
b) Acceso gratuito a sala cuna o modalidades equivalentes.
c) Acceso gratuito a jardín infantil de jornada extendida o modalidades equivalentes.
d) Acceso gratuito a jardín infantil de jornada parcial o modalidades equivalentes para los niños y niñas cuyos madre, padre o guardadores no trabajan fuera del hogar.
e) Acceso garantizado al “Chile Solidario” a las familias de niños y niñas en gestación que formen parte de las familias a que se refiere el artículo 1° de la ley Nº 19.949.
Para efectos de acceder a las prestaciones señaladas en las letras b) y c) anteriores, la madre, el padre o los guardadores de los niños que lo requieran deben encontrarse trabajando, estudiando o buscando trabajo.
Asimismo, para acceder a las prestaciones señaladas en las letras a), b), c) y d), los beneficiarios deberán pertenecer a hogares que integren el 60% socioeconómicamente más vulnerable de la población nacional, según lo determine el instrumento señalado en el inciso primero del artículo 5°.”.
Artículo 13.-
Ha intercalado en el inciso primero, a continuación del vocablo “otorgando”, la frase “, a iguales condiciones,”.
-o-
Ha intercalado, en seguida, el siguiente epígrafe:
“Artículos Transitorios”
-o-
Artículo transitorio
Ha pasado a ser artículo primero, con el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Durante los años 2009 y 2010 el porcentaje establecido en el inciso tercero del artículo 12 será de un 40% y un 50%, respectivamente, para las prestaciones señaladas en las letras b), c) y d) del inciso primero de dicho artículo. A contar del año 2011 será de un 60%.”.
-o-
Ha consultado, a continuación, el siguiente artículo segundo, nuevo:
“Artículo segundo.- El Ministerio de Planificación tendrá un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigencia de esta ley para implementar el Registro Nacional de Encuestadores a que se refiere el artículo 6º.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 34 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio.
En particular, el artículo 5° fue aprobado con el voto favorable de 35 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.016, de 14 de abril de 2009.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, con las siguientes enmiendas:
Número 1)
Lo ha sustituido, por el siguiente:
“1) Modifícase el artículo 142, de la siguiente forma:
a) Reemplázase el inciso tercero, por el siguiente:
“Los revisores independientes a que se refiere el artículo 116 bis tendrán libre acceso, durante su ejecución, a las obras de edificación que les corresponda informar; igualmente, los Cuerpos de Bomberos podrán inspeccionar dichas obras a objeto de verificar las condiciones generales de seguridad, las de seguridad contra incendio establecidas en la normativa vigente y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios, debiendo dejar constancia de sus observaciones en el Libro de Obras a que se refiere el inciso final del artículo 143.”.
b) Intercálase el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto:
“Los Cuerpos de Bomberos, después de recibidas las obras, estarán facultados para inspeccionar las condiciones generales de seguridad, las de seguridad contra incendio y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios. Si se constatare que no se cumplen las condiciones de seguridad previstas en el plan de evacuación, el Comandante del Cuerpo de Bomberos respectivo dará cuenta por escrito del resultado de la inspección al Director de Obras Municipales, a fin de que se adopten las medidas establecidas en el artículo 20 de esta ley.”.”
Número 2)
Lo ha reemplazado, por el que se señala:
“2) Intercálase en el artículo 144 el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“Conjuntamente con la solicitud de recepción de las edificaciones cuya carga de ocupación sea igual o superior a 100 personas, destinadas a edificaciones colectivas, equipamientos y actividades productivas, se deberá adjuntar copia del plan de evacuación ingresado al Cuerpo de Bomberos respectivo. Dicho plan incluirá las condiciones generales de seguridad, de seguridad contra incendio y de funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios en lo relativo a la señalética implementada para las vías de evacuación, así como un plano que incluya dichas vías, la indicación de los grifos, red seca, red húmeda, accesos, sistemas de alumbrado, calefacción, los artefactos a gas contemplados y sus requerimientos de ventilación, y otros antecedentes que sea útil conocer en caso de emergencia.”.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 26 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio.
En particular, su artículo único fue aprobado con el voto favorable de 29 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 161, de 12 de julio de 1994.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.
5. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo, correspondiente al Boletín N° 4269-11.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.189, de 1 de julio de 2009.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.
6. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 28 de julio de 2009.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Esta ley regula la actividad de lobby y establece normas destinadas a fortalecer la transparencia en las relaciones con el Estado.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
1) Lobby: aquella gestión o actividad remunerada, generalmente habitual, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular respecto de las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar las autoridades, miembros, funcionarios o servidores de los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional y de los demás organismos del Estado que se indican a continuación:
a) En la Administración Centralizada y Descentralizada: los ministros y los subsecretarios, los jefes de servicios, los jefes de división o departamento de un ministerio o servicio público.
b) En la Administración Regional, Provincial y Comunal: los intendentes, los gobernadores provinciales, los secretarios regionales ministeriales, los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales.
c) En la Contraloría General de la República: el Contralor General, el Subcontralor, los jefes de división y los contralores regionales.
d) En el Banco Central: el Presidente, el Vicepresidente, los consejeros, el Gerente General, el Fiscal y el Revisor General.
e) En las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública: los oficiales generales y superiores y los niveles jerárquicos equivalentes en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
f) En las empresas públicas creadas por ley o en las cuales el Estado o sus organismos tengan participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio: el presidente del directorio, los miembros del directorio y el gerente general.
g) En el Congreso Nacional: los diputados y senadores, los asesores permanentes de los parlamentarios y los abogados secretarios de comisión.
h) Los directivos de los demás órganos del Estado cuyo nombramiento o remoción corresponda al Presidente de la República con acuerdo del Senado.
i) En las embajadas y consulados chilenos: los embajadores, los jefes de la misión diplomática y consular, o quienes los subroguen.
Asimismo, constituirá lobby la gestión o actividad remunerada, generalmente habitual, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, respecto de las contrataciones de suministro de bienes muebles y prestación de servicios ante las autoridades, miembros o funcionarios, debidamente facultados para suscribir tales contrataciones, de los siguientes organismos del Estado:
i. Los tribunales que integran el Poder Judicial.
ii. El Ministerio Público.
iii. El Tribunal Constitucional.
iv. El Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales.
2) Lobbysta: La persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que estando inscrita en el registro a que se refiere el número 3) de este artículo, realiza lobby en los términos definidos en el número 1).
3) Registros de lobbystas: registros de carácter público, en los cuales deben inscribirse todas las personas que realicen actividades de lobby.
4) Miembros o Servidores: aquellas personas que sin ser funcionarios públicos, prestan servicios remunerados a alguno de los sujetos pasivos del lobby, tales como jefes de gabinete, asesores directos o secretarios personales.
Asimismo, y sólo para los efectos de esta ley, se entenderá que son miembros o servidores del Congreso Nacional las personas que, sin ser funcionarios públicos, presten servicios remunerados a uno o más parlamentarios.
5) Sujeto pasivo del lobby: aquellas autoridades, miembros, funcionarios o servidores indicados en el número 1) del artículo 2° de esta ley.
6) Interés particular: cualquier propósito o beneficio legítimos, sean o no de carácter económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una asociación o entidad determinada.
Artículo 3°.- Las actividades de lobby reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener las siguientes decisiones:
a) La elaboración, dictación, modificación o derogación de actos administrativos, proyectos de ley y leyes de los órganos de la Administración del Estado, como también de las decisiones que adopten los organismos del Estado mencionados en el número 1) del artículo 2º.
b) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus miembros, incluidas las comisiones permanentes y especiales de cada una de sus Cámaras, así como de sus comisiones mixtas.
c) La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de los actos y contratos que realicen los órganos de la Administración del Estado o del Congreso Nacional y que sean necesarios para su funcionamiento, así como también de los actos y contratos que adopten los organismos del Estado mencionados en el número 1) del artículo 2º.
Artículo 4°.- No obstante lo señalado en el artículo precedente, no constituyen actividades de lobby, las siguientes:
1) Toda expresión realizada por discursos, artículos, publicaciones o de cualquier otra forma destinada al público en general, o difundida por cualquier medio de comunicación.
2) Toda expresión, realizada por cualquier medio, destinada a difundir una información a la ciudadanía.
3) Las manifestaciones realizadas con ocasión de una reunión o asamblea de carácter público.
4) Toda declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos del lobby, en el ejercicio de sus funciones y en el marco de actuaciones oficiales.
5) Las declaraciones o comunicaciones realizadas por el directamente afectado o por sus representantes en el marco de un procedimiento o investigación administrativos.
6) Toda petición, verbal o escrita, realizada para conocer el estado de tramitación de un determinado procedimiento administrativo.
7) La información entregada a una autoridad pública, quien la ha solicitado expresamente para efectos de realizar una actividad o adoptar una decisión, dentro del ámbito de su competencia.
8) Las presentaciones escritas agregadas a un expediente o intervenciones orales registradas en audiencia pública en un procedimiento administrativo que admita la participación de los interesados o de terceros.
9) Las presentaciones hechas por una persona, su cónyuge o pariente hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo de afinidad en la línea recta y hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad en la colateral, con el fin de obtener beneficios de carácter social, como los previsionales, de salud o de empleo, siempre que no se solicite la adopción, modificación o derogación de normas legales o reglamentarias.
10) Las asesorías a los funcionarios públicos y parlamentarios realizadas por profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga que no represente intereses económicos específicos; así como las invitaciones que dichas instituciones extiendan a cualquier funcionario de un órgano del Estado.
11) Las declaraciones efectuadas o las informaciones entregadas ante una comisión del Congreso Nacional, sean ésta permanente, especial o mixta, así como la presencia y participación verbal o escrita en alguna de ellas de profesionales de las entidades señaladas en el número precedente, lo que, sin embargo, deberá ser registrado por dichas comisiones.
12) Las invitaciones por parte de funcionarios del Estado y de parlamentarios para participar en reuniones de carácter técnico a profesionales de las entidades señaladas en el número 10).
13) Las actividades realizadas por las siguientes organizaciones, siempre y cuando éstas se ajusten a las finalidades que hayan sido definidas por la ley que las regula o que sean propias de su naturaleza, tratándose de aquellas organizaciones no reguladas por una ley:
a) Las directivas de asociaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, fundaciones y colegios profesionales, salvo que gestionen intereses individuales.
b) Las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley N° 19.418.
c) Los sindicatos.
d) Las cooperativas reguladas por la Ley General de Cooperativas.
e) Las organizaciones reguladas por la ley N° 19.638, que establece normas sobre la constitución jurídica de las Iglesias y organizaciones religiosas.
f) Las comunidades y asociaciones indígenas reguladas por la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
g) Las asociaciones gremiales de pequeños empresarios, de microempresarios y las asociaciones gremiales artesanales.
h) Los clubes deportivos que no sean sociedades anónimas, las organizaciones juveniles y las organizaciones culturales, sin fines de lucro.
TÍTULO II
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LAS OBLIGACIONES
Y PROHIBICIONES APLICABLES A LOS LOBBYSTAS
Párrafo 1º
De los Registros Públicos
Artículo 5º.- Toda persona natural o jurídica, chilena o extranjera, previa y debidamente inscrita en los registros que establece la presente ley, podrá ejercer como lobbysta, quedando sujeta al sistema de derechos y obligaciones contemplado por ésta.
Artículo 6º.- Créanse los registros públicos de lobbystas que se indican en el artículo siguiente, en los cuales deberán inscribirse, previamente y de manera obligatoria, todas aquellas personas que ejerzan gestiones de lobby.
El no cumplimiento del deber establecido en el inciso anterior será causal suficiente para impedir el ejercicio del lobby, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 22 de la presente ley.
Los lobbystas inscritos podrán solicitar su eliminación del respectivo registro, ante el organismo a cargo del mismo.
La información contenida en los registros será pública y cualquier persona podrá acceder a ella.
Artículo 7°.- Existirán los siguientes registros públicos de lobbystas:
a) Un registro a cargo del Consejo para la Transparencia, en el que deberán inscribirse las personas que desarrollen gestiones de lobby ante los sujetos pasivos de lobby indicados en las letras a), b), e), e i) del número 1) del artículo 2°.
b) El registro a cargo de la Contraloría General de la República, en el que deberán inscribirse las personas que desarrollen gestiones de lobby ante los sujetos pasivos indicados en las letras c), f) y h) del número 1) del artículo 2°.
c) El registro a cargo del Banco Central, en el que deberán inscribirse las personas que desarrollen gestiones de lobby ante los sujetos indicados en la letra d) del número 1) del artículo 2°.
d) Dos registros, uno de ellos a cargo de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado y otro a cargo de la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, en los que deberán inscribirse quienes desarrollen actividades de lobby ante los sujetos pasivos señalados en la letra g) del número 1) del artículo 2°.
e) Los registros a cargo de la Corte Suprema, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales, en los que deberán inscribirse quienes desarrollen actividades de lobby ante los sujetos pasivos de los organismos señalados en el párrafo segundo del número 1) del artículo 2°.
Todos los registros referidos en este artículo quedarán comunicados entre sí, de modo que automáticamente el contenido de esa información quede asentado en todos ellos. El Consejo para la Transparencia se coordinará con los organismos a cargo de los registros para dar cumplimiento a lo indicado precedentemente.
El o los reglamentos establecerán los requisitos, exigencias, procedimientos, plazos, antecedentes e informaciones requeridas para poder inscribirse en los registros públicos de lobbystas, así como la forma, periodicidad de actualización y los demás aspectos que sean necesarios para el funcionamiento de dichos registros. En ningún caso se incorporará en dichos registros información financiera o de otro tipo que pueda comprometer de alguna manera el ámbito de reserva del ejercicio de la actividad empresarial.
El reglamento que regule el registro a cargo del Consejo para la Transparencia será aprobado mediante decreto supremo expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Los reglamentos de los registros a cargo de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, serán aprobados mediante resolución del Contralor General, del Fiscal Nacional del Ministerio Público y del Presidente del Tribunal Constitucional, respectivamente, publicada en el Diario Oficial.
El reglamento del registro a cargo del Banco Central de Chile será establecido mediante acuerdo de su Consejo publicado en el Diario Oficial.
El reglamento que regule los registros del Congreso Nacional, será, para cada Cámara, el que apruebe la Sala de cada una de ellas, a proposición de la Comisión de Ética y Transparencia o de la Comisión de Conducta, según corresponda.
Los reglamentos de los registros a cargo de la Corte Suprema, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales se establecerán mediante auto acordado de la Corte Suprema, del Tribunal Calificador de Elecciones o de cada Tribunal Electoral Regional, según corresponda, los que deberán publicarse en el Diario Oficial. Los autos acordados de los Tribunales Electorales Regionales se publicarán, además, en un diario de circulación en la respectiva Región.
Párrafo 2º
De las obligaciones y prohibiciones aplicables a los lobbystas
Artículo 8º.- Todo aquel que se desempeñe como lobbysta estará obligado a informar trimestralmente, por escrito o por medios electrónicos, y bajo juramento, a la autoridad encargada de llevar el registro, sobre cualquier cambio o modificación respecto de la información que exija el registro, tales como cambios de propiedad, incorporación de nuevos socios y aumentos de capital social.
Artículo 9°.- Las autoridades a cargo de los registros de esta ley podrán requerir, en cualquier momento y por resolución fundada, informaciones o antecedentes relativos a determinadas gestiones de lobby, siempre que la información requerida sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones de administración del registro, de fiscalización de esta ley o de aplicación de las sanciones, según corresponda.
Ningún lobbysta estará obligado a suministrar información confidencial o estratégica, propia o de sus representados.
Artículo 10.- Los lobbystas no podrán contribuir al financiamiento de partidos políticos, campañas electorales ni campañas internas de partidos políticos, pactos o coaliciones de partidos.
Artículo 11.- No podrán ejercer directa o indirectamente la actividad de lobbysta, ni como persona natural, ni en calidad de dueño, socio o asociado, dependiente, mandatario o asesor de una persona jurídica que ejerza actividades de lobby:
1) Los sujetos pasivos de lobby y las autoridades unipersonales de los partidos políticos, durante el ejercicio de sus funciones.
2) Los sancionados con la cancelación de su inscripción en el registro público de lobbystas, por el plazo que determine la autoridad que aplicó la respectiva sanción.
Asimismo, los sujetos pasivos de lobby no podrán ejercer directa o indirectamente la actividad de lobbysta, ni como persona natural, ni en calidad de dueño, socio o asociado, dependiente, mandatario o asesores de una persona jurídica que ejerza actividades de lobby, hasta después de un año de haber cesado en sus cargos.
La prohibición señalada en el inciso precedente se aplicará también a las siguientes personas:
a) En el Poder Judicial: los ministros, fiscales judiciales y secretarios de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones.
b) En el Ministerio Público: el Fiscal Nacional y los fiscales regionales.
c) En el Tribunal Constitucional: los ministros, el Secretario del Tribunal, los relatores y abogados integrantes.
d) En la justicia electoral: los ministros y el Secretario del Tribunal Calificador de Elecciones y los miembros titulares y suplentes y los secretarios relatores de los Tribunales Regionales Electorales.
Artículo 12.- Todo lobbysta estará obligado a indicar la naturaleza de sus actividades ante el o los sujetos pasivos de lobby ante el cual ejerce la respectiva gestión de lobby.
Artículo 13.- La solicitud de audiencia realizada por un lobbysta a un sujeto pasivo de lobby deberá contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
a) La individualización completa del solicitante y, si fuere persona jurídica, la de su representante legal.
b) La individualización completa de la persona natural o jurídica cuyos intereses se busca gestionar.
c) La materia que se tratará en la audiencia.
Artículo 14.- Los datos, informaciones o antecedentes que se entreguen a los sujetos pasivos de lobby para respaldar una actividad de lobby, deberán identificar claramente su origen y autoría.
Sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda, el lobbysta que entregare a las personas mencionadas en el inciso precedente datos, informaciones o antecedentes falsos o engañosos, a sabiendas, será sancionado en la forma dispuesta en la letra d) del artículo 18 de esta ley.
TÍTULO III
DEL REGISTRO DE LAS AUDIENCIAS Y REUNIONES
Artículo 15.- Los sujetos pasivos de lobby deberán registrar, de conformidad al reglamento, las audiencias y reuniones sostenidas con las siguientes personas o entidades, indicando especialmente el lugar, fecha de su realización y la materia específica tratada:
a) Lobbystas.
b) Directivas de asociaciones gremiales, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, fundaciones y colegios profesionales.
c) Sindicatos.
d) Representantes legales, directores, gerentes y abogados de las personas jurídicas que persigan fines de lucro.
e) Personas naturales que manifiestamente ejerzan gestiones de lobby.
Se exceptuarán de la obligación señalada en el inciso precedente los Ministros del Inte-rior, de Defensa y de Relaciones Exteriores, los subsecretarios de dichos ministerios, los oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas y los niveles jerárquicos equivalentes en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, cuando se encuentre comprometido el interés general de la Nación o la seguridad nacional.
La información contenida en el registro a que se refiere el inciso primero será publicada y actualizada en el sitio electrónico del organismo al cual pertenece el sujeto pasivo de lobby, en conformidad al reglamento, debiendo asegurarse un fácil y expedito acceso al mismo.
El o los reglamentos señalados en este artículo serán aprobados por los organismos y en los mismos términos previstos en los incisos cuarto y siguientes del artículo 7º.
Los sujetos pasivos de lobby deberán mantener igualdad de trato respecto de las personas, organizaciones y entidades que soliciten audiencias sobre una misma materia.
TÍTULO IV
DE LAS SANCIONES
Párrafo 1º
De las sanciones administrativas a lobbystas
y del procedimiento para su aplicación
Artículo 16.- Los organismos encargados del control y fiscalización de quienes ejerzan actividades de lobby serán los que están a cargo de los registros establecidos en esta ley.
A dichos organismos les corresponderá, ya sea de oficio o a petición de parte, investigar y sancionar a quienes desempeñen actividades de lobby, dentro de su ámbito de competencia, con infracción a la presente ley.
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta ley será sancionado conforme a ella, sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público.
Artículo 17.- La aplicación de cualquiera de las sanciones señaladas en el artículo 18 deberá fundarse en un procedimiento que se iniciará, de oficio o a petición de parte, con la formulación precisa de los cargos respectivos, los cuales deberán contener una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de la infracción, así como la norma eventualmente infringida. Los cargos deberán ser notificados al afectado por carta certificada al domicilio que tenga registrado en alguno de los registros públicos de lobbystas. El plazo para presentar descargos se extenderá por diez días hábiles desde la notificación.
Con la respuesta del afectado, el organismo competente podrá resolver de plano cuando pueda fundar su decisión en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad. En caso contrario, abrirá un término probatorio de hasta cinco días.
La resolución definitiva deberá ser fundada y se dictará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya evacuado la última diligencia ordenada en el expediente.
En todo lo no regulado precedentemente se aplicarán de forma supletoria las normas contempladas en la ley número 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Tratándose del Banco Central de Chile se aplicarán, en lo que corresponda, las normas contenidas en el Título IV de la ley orgánica constitucional que lo rige, pudiendo el afectado reclamar de la resolución adoptada por el Banco de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de dicha ley.
Artículo 18.- El organismo competente podrá aplicar algunas de las siguientes sanciones, atendida la gravedad de la infracción a las normas de esta ley:
a) Amonestación escrita.
b) Multa de hasta ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal.
c) Suspensión del registro público, hasta por tres años.
d) Eliminación del registro. La eliminación en alguno de los registros acarrea la eliminación automática en los demás y la prohibición para ejercer acciones de lobby por el plazo que establezca el organismo que aplicó la respectiva sanción.
Artículo 19.- De las sanciones que aplique el organismo competente, y luego de rechazada la impugnación administrativa de conformidad al procedimiento del artículo 17, podrá reclamarse fundadamente y sin ulterior recurso, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde tenga su domicilio el lobbysta. Del reclamo se dará traslado al organismo que aplicó la sanción, por un plazo de diez días, para que evacue su informe. Con el informe, o en su rebeldía, la Corte ordenará traer los autos en relación.
El recurso gozará de preferencia para su vista y no procederá la suspensión de la vista de la causa por el motivo establecido en el número 5° del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil.
Párrafo 2º
De las sanciones aplicables a los funcionarios
Artículo 20.- Las infracciones a esta ley cometidas por los sujetos pasivos de lobby, con excepción de los diputados y senadores, se regirán por las normas de sus respectivos estatutos.
A los servidores públicos se les aplicarán los estatutos que rigen para los funcionarios del organismo público al cual prestan sus servicios.
En el caso de los parlamentarios, los reglamentos de las Cámaras determinarán la forma, procedimiento y régimen de sanciones que sean procedentes.
Artículo 21.- Si durante el curso de la investigación o sumario administrativos, el investigador o fiscal, según corresponda, conoce de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de delitos, estará obligado a hacer la denuncia respectiva al Ministerio Público.
Párrafo 3°
De las sanciones por ejercicio ilegal de la actividad de lobby
Artículo 22.- El que ejerciere la actividad de lobby sin cumplir con la obligación de inscribirse en los registros establecidos en esta ley o la continúe desarrollando una vez eliminado de aquéllos será sancionado con multa de ciento cincuenta a trescientas unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se impondrá una multa de doscientos cincuenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Todas las multas serán a beneficio fiscal.
De las sanciones aplicables en el presente artículo podrá reclamarse de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la presente ley.
TÍTULO V
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 23.- El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dictará el o los reglamentos de esta ley.
Artículo 24.- Las resoluciones dictadas en virtud de esta ley por los organismos encargados de la fiscalización y aplicación de sanciones serán públicas.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo 1°.- El mayor costo que signifique la aplicación de esta ley durante el año de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente de las instituciones respectivas, pudiendo al efecto realizarse transferencias y reasignaciones.
Artículo 2°.- La presente ley entrará en vigencia doce meses después de su publicación en el Diario Oficial.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 30 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio.
En particular, los artículos 7°, 16, 17 y 19 fueron aprobados con el voto favorable de 28 señores Senadores, mientras que los artículos 18 y 22 fueron aprobados con los votos de 25 y 24 señores Senadores, respectivamente, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 20 de julio de 2009.
Oficio Nº 3290
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de remitir a V.E. copia de la sentencia autorizada, dictada con fecha 20 de julio del año en curso por el Tribunal Constitucional, en el Rol Nº 1.410-2009 en que 30 señores diputados formulan requerimiento de inconstitucionalidad en contra de las actuaciones del Senado, durante la tramitación del proyecto de ley sobre declaración de ausencia por de-saparición forzada de personas. (boletín Nº 5971-17).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL, Presidente; RAFAEL LARRAÍN CRUZ, Secretario
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE”.