Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Andrea Molina Oliva
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Enrique Accorsi Opazo
- PERMISO
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Ignacio Walker Prieto
- Juan Pablo Letelier Morel
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
- DEBATE
- CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
- V. ORDEN DEL DÍA.
- REAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO O DIFUSO DE LOS CONSUMIDORES. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- DEBATE
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TRATADO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES. Primer trámite constitucional.
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Nunez Lozano
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- REAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Proposición de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MESA DE DIÁLOGO PARA BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN A PROBLEMA PREVISIONAL DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- German Becker Alvear
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Karla Rubilar Barahona
- Cristian Monckeberg Bruner
- Enrique Jaramillo Becker
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rosauro Martinez Labbe
- Leopoldo Perez Lahsen
- Fernando Meza Moncada
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- ANTECEDENTE
- REFORZAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E INCORPORACIÓN DE LA HIDATIDOSIS AL SISTEMA DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Cristina Girardi Lavin
- Matias Walker Prieto
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jose Ramon Barros Montero
- Enrique Accorsi Opazo
- Jose Perez Arriagada
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ANTECEDENTE
- HOMOLOGACIÓN DE NORMATIVA EUROPEA EN TELEFONÍA MÓVIL NACIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alfonso De Urresti Longton
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Pepe Auth Stewart
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Carolina Goic Boroevic
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Carlos Montes Cisternas
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- MESA DE DIÁLOGO PARA BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN A PROBLEMA PREVISIONAL DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE.
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE PARQUE TRES PONIENTE, COMUNA DE MAIPÚ. Oficios.
- PREOCUPACIÓN POR IMPACTO EN EL PRECIO DEL DÓLAR DE MEDIDAS ANUNCIADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LOCALIDAD DE MAÑIHUALES, REGIÓN DE AYSÉN. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- SUBSIDIO AL TRANSPORTE TERRESTRE DE PUERTO BERTRAND, REGIÓN DE AYSÉN. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE SUMARIO POR FALLECIMIENTO DE PACIENTE EN EL HOSPITAL DE COYHAIQUE. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO DE OBRAS PORTUARIAS PARA MEJORAR CONECTIVIDAD MARÍTIMA EN ZONA AUSTRAL DEL PAÍS. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE EXISTENCIA DE PLAN PARA REPOSICIÓN DEL “TREN DEL VINO” ENTRE SAN FERNANDO Y PERALILLO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMAS DE ADMINISTRACIÓN EN LICEO CATÓLICO ATACAMA, DE COPIAPÓ. Oficio.
- REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA A LA CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PÚBLICOS. Oficio.
- ADHESION
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Nicolas Monckeberg Diaz
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIONES A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS AGRÍCOLAS DE LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUYEHUE. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- ENSANCHAMIENTO DE CAMINO DESDE PUERTO RICO A EL PONCHO, COMUNA DE PUERTO OCTAY. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- RÉPLICA DE PROGRAMA EDUCACIONAL GESTIONADO POR SINDICATOS DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- FISCALIZACIÓN A EMPRESA MINERA CEMIN DOS AMIGOS. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS REPRESIVAS CONTRA FUNCIONARIOS DEL LICEO DE ALTO DEL CARMEN. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMAS DE PACIENTES POSTRADOS. Oficios.
- REITERACIÓN DE OFICIOS.
- INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIONES A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS AGRÍCOLAS DE LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUYEHUE. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Goic Boroevic
- Adriana Munoz D'albora
- Ximena Vidal Lazaro
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Felipe Salaberry Soto
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 51ª, miércoles 6 de julio de 2011
(Ordinaria, de 10.44 a 12.55 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Bertolino Rendic, don Mario.
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Creación de Comisión Especial Investigadora del financiamiento de la educación superior 13
V. Orden del Día.
- Reajuste del ingreso mínimo mensual. Proposición de la Comisión Mixta 14
- Procedimiento para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores. Segundo trámite constitucional 15
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del protocolo modificatorio del tratado entre Chile y Argentina sobre traslado de nacionales condenados y cumplimiento de sentencias penales. Primer trámite constitucional 26
- Proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado sobre traslado de personas condenadas, entre la República de Chile y la República del Perú. Primer trámite constitucional 30
VI. Proyectos de acuerdo.
- Mesa de diálogo para búsqueda de solución a problema previsional de funcionarios de Gendarmería de Chile 33
- Reforzamiento de medidas preventivas e incorporación de la hidatidosis al sistema de garantías explícitas en salud 35
- Homologación de normativa europea en telefonía móvil nacional 37
VII. Incidentes.
- Información sobre implementación de proyecto de iluminación de parque Tres Poniente, comuna de Maipú. Oficios 38
- Preocupación por impacto en el precio del dólar de medidas anunciadas para el mejoramiento de la educación. Oficio 39
- Información sobre proyecto de construcción de relleno sanitario en localidad de Mañihuales, Región de Aysén. Oficio 39
- Falta de subsidio al transporte terrestre para localidad de Puerto Bertrand, Región de Aysén. Oficios 39
- Información sobre sumario por fallecimiento de paciente en el Hospital de Coyhaique. Oficios 40
- Elaboración de plan maestro de obras portuarias para mejorar conectividad marítima en zona austral del país. Oficios 40
Pág.
- Información sobre existencia de plan para reposición del “tren del vino” entre San Fernando y Peralillo. Oficios 41
- Información sobre problemas de administración en Liceo Católico Atacama, de Copiapó. Oficio 42
- Reposición y mejoramiento de techos en viviendas de la Región de Arica y Parinacota. Oficio 42
- Información sobre cumplimiento de instrucciones de la Subsecretaría de Justicia a la Caja de Ahorros de Empleados Públicos. Oficio 43
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 46
- Información sobre expropiaciones a pequeños y medianos propietarios agrícolas de las comunas de Osorno y Puyehue. Oficios 46
- Ensanchamiento de camino desde Puerto Rico a El Poncho, comuna de Puerto Octay. Oficios 47
- Réplica de programa educacional gestionado por sindicatos de Región de Atacama. Oficios 47
- Fiscalización a empresa minera Cemin Dos Amigos. Oficios 49
- Información sobre medidas represivas contra funcionarios del Liceo de Alto del Carmen. Oficios 49
- Antecedentes sobre programas de pacientes postrados. Oficios 50
- Reiteración de oficios 50
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto que “Regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales.”. (boletín N° 6041-08) (S) 53
2. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a las enmiendas propuestas al proyecto que “Reajusta monto del ingreso mínimo mensual.”. (boletín N° 7737-05). (876/SEC/11) 58
3. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que “Reajusta monto del ingreso mínimo mensual.”. (boletín N° 7737-05) 58
4. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Andrade, Chahín, Jiménez; Monckeberg, don Nicolás; Saffirio, Salaberry y Walker, que “Modifica el Código del Trabajo, estableciendo normas de protección de los trabajadores independientes de las artes y espectáculos”. (boletín N° 7762-13) 68
Pág.
5. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados copia autorizada de la sentencia definitiva sobre acción de inconstitucionalidad presentada por varios Senadores respecto de diversos artículos del “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales”. (UPOV-91). (boletín N° 6426-10). Rol 1988-11-CPT. (6228). Se tomó conocimiento 70
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Petición:
- De 52 señores Diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una “Comisión Especial Investigadora que inicie las investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la Educación Superior, realice una revisión a fondo del sistema y su forma de ingreso; determine la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria; evalúe los conflictos de interés que puedan existir; analice el financiamiento de las universidades públicas, realice rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el fisco de Chile y, en general, el funcionamiento de éstas; recabe información sobre todo lo que estime necesario recibiendo, para tales efectos a los estudiantes, rectores, representantes de inmobiliarias, consorcios internacionales. Para el cumplimiento de dicho propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.
2. Notas:
- De la Diputada señora Molina, doña Andrea, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 07 de julio en curso, para dirigirse a México. Se tomó conocimiento.
- Del Diputado señor Accorsi, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 7 de julio en curso, para dirigirse a México. Se tomó conocimiento.
Respuestas a oficios. Cuenta sesión 51ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Jarpa, Solicita se informe si la Contraloría efectuó reparos al pago del estipendio correspondiente a la beca Presidente de la República en más de 150 casos; y, de ser ello efectivo, se especifiquen los fundamentos de tal determinación (39371 al 3223).
- Diputado Monckeberg, don Nicolás, Solicita información sobre estado de avance de investigación respecto a denuncia de irregularidades formulada por un sindicato de la empresa Correos de Chile. (39732 al 1104).
- Diputado Hasbún, Solicita instruir una investigación, remitiendo sus conclusiones, posteriormente, a esta Corporación, sobre el cumplimiento del contrato que entregó al Club Deportivo Audax Italiano, en comodato, el Estadio Bicentenario de La Florida; en particular, acerca del uso que se le ha dado al recinto deportivo; sin perjuicio de pronunciarse sobre las demás cuestiones planteadas en la solicitud espectiva. (39757 al 2811).
- Diputado Araya, Sumarios pendientes en la Contraloría General de la República relativos a la municipalidad de Antofagasta (39915 al 9146).
- Diputado Hasbún, Solicita informe sobre el motivo por el cual la Contraloría General de la República no recomendó, en su informe especial número 4, de 14 de marzo próximo pasado, poner término al contrato de “Concesión, mantención y recuperación de áreas verdes sector sur y oriente de La Florida” (40118 al 3243).
- Diputado Marinovic, Disponer de una investigación de la Municipalidad de Punta Arenas respecto de los programas de absorción de cesantía con recursos PMU y otros provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) desde 2006 al 30 de julio del presente año. (40131 al 465).
- Diputado Marinovic, Adjunta nuevos antecedentes sobre investigación solicitada en municipalidad de Punta Arenas, respecto a programas de absorción de cesantía con recursos PMU y otros provenientes de la Subdere, desde 2006 hasta el 30 de julio del año en curso (40131 al 520).
Diputado García, don René Manuel, Realización de una investigación a la Dirección de Desarrollo Comunitario, al Departamento de Finanzas y al Departamento de Control de la I. Municipalidad de Pucón, respecto a la falsificación de firmas en decretos expedidos por el Departamento Social (40168 al 536).
- Diputado Ascencio, Solicita informar sobre el buen uso de los recursos generados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley N° 16.752, que fija organización y funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil. (40264 al 2602).
- Diputado Robles, Solicita emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de la práctica de renovar, mensualmente, las contratas de funcionarios de la red de atención primaria de salud de las comunas de la Región de Atacama. (40275 al 3295).
- Diputado Silber, Solicita investigar si en la decisión de realizar las inversiones públicas, anunciadas por esa cartera de Estado, para los efectos de mejorar las condiciones de seguridad de la ruta 78, Autopista del Sol, participaron o incidieron la subsecretaria de Obras Públicas, señora Loreto Silva, o el Coordinador de Concesiones, señor Mauricio Gatica (40408 al 772).
Ministerio de Interior:
- Diputado Ascencio, Solicita se informe acerca del estado de avance de cada uno de los proyectos de electrificación en las islas ubicadas en el mar inte-rior de Chiloé (14976 al 2890).
- Diputado Silva, Solicita remitir información relacionada con el incendio forestal que ha afectado, en días recientes, la zona de Alto Las Vizcachas, en el límite entre las comunas de Las Condes y La Reina. (14978 al 3168).
- Diputada Cristi, doña María Angélica, Solicita informe sobre las medidas adoptadas con el objeto de hacer frente a emergencias forestales, fuera de la temporada de verano (14979 al 3160).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Edwards, Diputada Zalaquett, doña Mónica, Solicita informe respecto de la suma de los costos anuales derivados del cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad, suscrito por Chile y la República de Bolivia en 1904 (8644 al 3364).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Montes, Decretos sobre ajustes presupuestarios en los ministerios (838 al 1556).
- Diputado Campos, Solicita se informe sobre la resolución recaída en la reclamación deducida por el señor Marcelo Hernández Escalona en contra de Mapfre Compañía de Seguros Generales S.A., relativa a la cobertura de la póliza N° 5010900002818. (846 al 2297).
Ministerio de Educación:
- Diputado Gutiérrez, don Romilio, Solicita la nómina de los establecimientos educacionales, municipales o particulares subvencionados, que serán objeto de medidas de apoyo destinadas a mejorar sus resultados en la prueba Simce, segregados por comuna y región (558 al 2613).
Ministerio del Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita se informe sobre gestiones efectuadas por Seremi del Trabajo en Región de Los Lagos, a propósito del despido de varias trabajadoras de la empresa Multiexport, sin respetar su fuero maternal (1277 al 2501).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Rincón, Solicita generar las iniciativas de ley, o dictar las normas reglamentarias en su caso, tendientes a prohibir la práctica, generalizada, de las empresas de telefonía móvil, de poner término a los minutos de las tarjetas de prepago si el titular no los usa en el plazo de 30 o 60 días (4215 al 1428).
Ministerio del Medio Ambiente:
- Diputado Accorsi, Solicita remitir antecedentes relacionados con las resoluciones que autorizaron las subrogaciones en el Consejo de Evaluación Ambiental de Aysén, que el día 9 de mayo del año en curso autorizó el proyecto HidroAysén; y, con la presentación formal, fecha y causal de inhabilitación que afectó al Director del Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén, subrogado en dicha oportunidad por el señor Bolívar Ruiz. (111137 al 3278).
- Diputada Isasi, doña Marta, Solicita se informe, a la brevedad posible, sobre los alcances de los proyectos de centrales termoeléctricas a carbón Patache y Pacífico, recientemente aprobados por la respectiva Comisión de Evaluación Ambiental, que se instalarán en el sector costero del sur de la ciudad de Iquique (111154 al 3283).
Intendencias:
- Diputado Carmona, Solicita la información correspondiente a los cálculos realizados para los efectos de la formulación de peticiones de presupuesto 2012, en el área de la salud de la Región de Atacama (632 al 3404).
Servicios:
- Diputado Carmona, Necesidad de agilizar la construcción de una nueva cárcel para Copiapó, destinar mayores recursos a Gendarmería para aumentar su dotación de personal y evaluar medidas provisorias como el arrendamiento y acondicionamiento de casas para las internas con niños a su cargo o en período de lactancia. (1561 al 1518).
- Diputado Carmona, Iniciativas y recursos que se consideran para enfrentar el problema de hacinamiento que presenta la cárcel de Copiapó, como el arrendamiento de inmuebles para segregar a la población femenina y a los reclusos de baja condena o peligrosidad (1561 al 3454).
- Diputado Bertolino, Solicita instruir a los bancos e instituciones financieras, para que exijan la acreditación, mediante documento, del domicilio de los solicitantes de créditos; estipulando en el respectivo contrato la calidad de dueño o arrendatario del inmueble señalado como domicilio y, en el evento que, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales sea necesario iniciar acciones legales, verificar, nuevamente, que el inmueble registrado corresponde al domicilio del deudor, evitando de esta manera que, ajenos a la relación contractual asuman consecuencias de actos que, legalmente, les resulten inoponibles. (1841 al 1418).
- Proyecto de Acuerdo 347, “Solcitud a Superintendencia de Electricidad y Combustibles para asegurar continuidad de suministro eléctrico, y exigencia de planes de contingencia a Saesa” (6660).
- Proyecto de Acuerdo 348, “Medidas para evitar cortes de suministro eléctrico y sancionar incumplimientos”. (6661).
Municipalidad de Maipú:
- Diputada Zalaquett, doña Mónica, Solicita informe sobre el estado de avance del proyecto de mejoramiento de las calles de la Población El Maitén, Rinconada, comuna de Maipú (473 al 3257).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Espinoza, don Fidel, Infracciones a la normativa laboral en que habría incurrido la Empresa de Transportes Vía Lago Sur, de Puerto Varas, disponiendo una fiscalización al respecto. (3768 de 04/07/2011). A Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
- Diputado García, don René Manuel, Solicita informar sobre las razones del retraso en las obras del baipás de Pucón; asimismo, acerca de las expropiaciones realizadas con motivo del mencionado proyecto, y si algunos de los terrenos sobre los que recaerían se encuentran ocupados ilegalmente; y, por último, las modificaciones realizadas al proyecto originalmente licitado, con señalamiento de los costos de este y del que se ejecuta en la actualidad. (3769 de 04/07/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado García, don René Manuel, Criterios y fundamentos considerados para otorgar a la Universidad de Santiago de Chile, Usach, la capacitación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe 2011; y, los motivos de la exclusión del Consejo de Educación Mapuche Azeluwan. (3770 de 04/07/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado García, don René Manuel, Motivos de la paralización, desde hace tres meses, de las obras de construcción del puente nuevo sobre el río Toltén, en la ciudad de Villarrica. (3771 de 04/07/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputada Girardi, doña Cristina, Solicita informar sobre las denuncias recibidas en el Servicio Nacional del Consumidor, durante los años 2008, 2009 y 2010, por modificaciones unilaterales de las condiciones de créditos, y otras irregularidades, en contra de la empresa La Polar S.A.; con señalamiento de sus causas, de su cantidad y, además, de las acciones adoptadas por el servicio en relación con cada una de ellas. (3772 de 05/07/2011). A director del Servicio Nacional del Consumidor.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Alinco Bustos René PRO XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Asistieron los senadores Ignacio Walker y Juan Pablo Letelier.
-Diputado en misión oficial señor Pedro Araya Guerrero.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 45ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 46ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
El señor MELERO (Presidente).- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 52, Nº 1), letra c), de la Constitución Política de la República, 52 diputadas y diputados solicitan crear una Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de la Educación Superior, que realice una investigación a fondo del sistema y su forma de ingreso; determine la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria; evalúe los conflictos de interés que puedan existir; analice el financiamiento de las universidades públicas; realice una rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el fisco y, en general, analice el funcionamiento de éstas y formule proposiciones para mejorar el sistema de educación superior de Chile, especialmente la educación superior estatal.
Para el cumplimiento de dicho propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
¿Habría acuerdo para aprobar su creación?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Isasi Barbieri Marta; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías.
-Votó por la negativa el diputado señor Cardemil Herrera Alberto.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Delmastro Naso Roberto; Ulloa Aguillón Jorge.
V. ORDEN DEL DÍA.
REAJUSTE DEL INGRESO MÍNIMO MENSUAL. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, en primer lugar habría correspondido considerar la proposición que formularía la Comisión Mixta creada para resolver las divergencias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de discusión inmediata, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual.
Al respecto, informo a la Sala que la Comisión Mixta no logró acuerdo sobre la materia. Por consiguiente, no corresponde votar ni adoptar otro procedimiento, sino comunicar esa decisión al Ejecutivo. Ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución, cuyo inciso segundo establece lo siguiente:
“Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas Cámaras, o si alguna de las Cámaras rechazare la proposición de la Comisión Mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la Cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes,…”.
Como en la Comisión Mixta no se llegó a acuerdo, no corresponde votar ni discutir, sino solamente informar al Presidente de la República sobre la situación ocurrida, el cual dispone de procedimientos para actuar ante esta situación.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 7737-05. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la penúltima y última páginas del informe de la Comisión se hace un resumen de la situación. Ayer El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la penúltima y última páginas del informe de la Comisión se hace un resumen de la situación. hubo dos sesiones. En definitiva, con lo señalado en el informe, todos quedan en antecedentes de lo acordado y el veto aditivo es facultad del Presidente de la República.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Sobre el punto, tiene la palabra el diputado señor Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, no sé si es necesario que los diputados empecemos a explicar lo que su señoría ya dijo. Está clarísimo.
El señor MELERO (Presidente).- Está bien. Así está establecido.
PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO O DIFUSO DE LOS CONSUMIDORES. Segundo trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción del honorable Senado, con urgencia calificada de suma, relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Patricio Vallespín.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 7256-03, sesión 36ª, en 1 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Primer Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 50ª, en 5 de julio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 24.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor VALLESPÍN (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, paso a informar acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de la senadora señora Lily Pérez, de los senadores señores Alberto Espina y José García Ruminot y de los ex senadores señora Evelyn Matthei y señor Andrés Allamand.
En el último tiempo, la Comisión de Economía ha estado revisando una serie de proyectos que van a llegar a la Sala prontamente, que dicen relación con la protección o resguardo de los consumidores. Este proyecto se enmarca en esa misma línea.
Su idea matriz o fundamental es agilizar el procedimiento ante acciones colectivas o difusas, simplificando el trámite de la admisibilidad de la demanda, y fortalecer la conciliación, haciéndola obligatoria en este tipo de causas.
La Comisión compartió el criterio del Senado, en el sentido de considerar que el número 2 del artículo único establece una nueva atribución para los jueces que conocen de los procedimientos por acciones colectivas o difusas, y, en consecuencia, tiene el carácter de orgánico constitucional, atendido lo prescrito en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, del mismo cuerpo normativo.
El proyecto no requiere trámite de Hacienda y fue aprobado, en general por unanimidad en la Comisión.
En los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 50 de la ley N° 19.496, se establecen los procedimientos para la defensa de los intereses individuales, colectivos y difusos de los consumidores. Así, son de interés individual las acciones que se promueven exclusivamente en defensa de los derechos del consumidor afectado; son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual, y son de interés difuso las que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos.
De la defensa del interés individual conoce el juzgado de policía local correspondiente; en cambio, tratándose del interés colectivo o difuso, los tribunales ordinarios de justicia son los llamados a resolver la controversia.
El mayor problema procedimental que se observa es en la etapa de la admisibilidad de este último tipo de procedimiento, ya que se ha transformado, en los hechos, en uno de los principales obstáculos para una eficaz y correcta tramitación, convirtiéndose en una oportunidad de litigación y controversia prolongada sobre el fondo del asunto. Para corregir tal distorsión, se pretende que el juez únicamente haga un análisis formal de la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda, dando una rápida tramitación al procedimiento, y que su resolución sea sólo apelable si declara la inadmisibilidad de la acción.
Por otra parte, se busca potenciar mecanismos que incentiven la búsqueda de soluciones eficientes y prácticas entre los proveedores y los consumidores, consagrando el llamado obligado a conciliación una vez que se notifique la resolución que declara admisible la demanda, con el objeto de que el juez de la causa inste a las partes a llegar a un acuerdo y, de esta forma, poner término de inmediato al asunto controvertido.
La aprobación de esta iniciativa -la acogió la Comisión en forma unánime-, será, sin lugar a dudas, un avance cualitativo en la defensa y protección de los derechos de los consumidores en materia judicial, toda vez que, en la actualidad, uno de los principales obstáculos para lograr hacer efectivas las pretensiones de los consumidores afectados que recurren al procedimiento especial de acciones colectivas o difusas ante los tribunales de justicia, es, como se dijo, la excesiva demora en el trámite de la admisibilidad de la demanda y la falta de soluciones efectivas.
El llamado obligatorio a conciliación por parte del juez, instando a los litigantes a llegar a acuerdo, aparece, entonces, como una buena solución en este último aspecto.
Finalmente, cabe mencionar que esta moción fue perfeccionada en su texto, durante la discusión particular en la Comisión, al aprobarse indicaciones complementarias. Por una parte, se suprime la referencia a las normas del juicio ordinario por ser redundante, y, por otra, se hace improcedente el recurso de casación en el procedimiento de admisibilidad de demandas por acciones colectivas y difusas, para así no producir una dilación innecesaria en su tramitación.
Como se puede ver, esta moción va en la línea de lo que nuestra Comisión y la Cámara han pretendido consagrar en el último tiempo: mayor protección y derechos de los consumidores ante eventuales abusos. Acá, dado el procedimiento que existe, obviamente estamos en presencia de un obstáculo que se pretende resolver por medio de este proyecto de ley.
Es todo cuando puedo informar.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, en general, no puedo más que valorar el proyecto en debate. Sin embargo -para la historia fidedigna del establecimiento de la ley y también para las reformas venideras que reclama la ciudadanía-, es menester realizar un análisis más profundo sobre protección de los derechos del consumidor, materia que hoy discutimos.
En cuanto a la valoración general, por cierto que agilizar los procedimientos aplicables para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores ante los juzgados de letras es positivo. Por eso, debemos aprobar el proyecto.
Tener juicios trabados en la discusión sólo de la admisibilidad de la demanda, con posibilidad de presentación de recursos como la casación -bien saben los abogados presentes en esta Sala lo complejo que implica su disquisición, no sólo para el tribunal que lo conoce, sino para los abogados que lo formulan o alegan-, es sencillamente dilatar la tramitación para que las demandas no prosperen.
Por eso, el proyecto de ley va en la senda correcta cuando reivindica el carácter especial del procedimiento sumario, que se supone más corto, más ágil y más breve, para avanzar en forma más rápida en la contienda trabada ante un tribunal.
En esa perspectiva, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
Con todo, no puedo dejar de plantear un tema vinculado a la esencia del proyecto. El problema de los consumidores estriba no sólo en la posibilidad de alegar, en forma adecuada y con un buen procedimiento ante los juzgados de letras, la defensa de sus intereses colectivos o difusos, sino también de defender su interés individual ante el juzgado de policía local.
Con lo que planteo creo interpretar a todos los colegas. Se trata de una demanda sentida cuando el afectado es solo un consumidor y no hay, por tanto, un interés colectivo o difuso; es decir, cuando solo el consumidor es el afectado y tiene que recurrir a un juzgado de policía local. No siempre, pero sí muchas veces, los jueces de policía local se declaran incompetentes. Al respecto, me pregunto, ¿dónde queda el principio de inexcusabilidad, que tiene rango constitucional? La reiterada práctica de jueces de policía local de declararse incompetentes cuando el afectado es solo uno, deja en la indefensión a ese consumidor. No nos olvidemos -en esto la legislación es sabia- que el consumidor no requiere patrocinio de abogado para concurrir a un juzgado de policía local y reclamar la defensa de un interés individual afectado. Cuando no se respeta el principio de inexcusabilidad y se alega incompetencia -seamos claros, no se trata de una crítica al voleo a los jueces de policía local-, amparándose, muchas veces en forma legítima, en que la demanda individual podría tener un interés colectivo o difuso y, en este caso, la competencia correspondería a otra instancia -en muchos casos, la declaración de incompetencia puede ser legítima-, se deja en la indefensión a ese consumidor, salvo que sea abogado, caso en el cual sabe muy bien qué hacer; pero cuando el afectado no tiene esta calidad profesional, simplemente queda en la indefensión.
Debemos buscar la solución legal para el problema del consumidor afectado en forma individual, toda vez que, en muchos casos, sus demandas no se tramitan en la judicatura de policía local.
Dicho eso, reitero que el proyecto de ley da solución a las litis que se traban en los juzgados de letras, razón por la cual no podemos más que manifestarnos a favor, posición que, entiendo, comparte la bancada de la Democracia Cristiana.
No puedo terminar mi intervención sin demandar de la Comisión de Economía, respecto de otras iniciativas, la misma prolijidad y el mismo celo que tuvo en relación con este proyecto de ley, que, al parecer impulsó un poco el Ejecutivo. Está bien, está en su derecho de hacerlo. Lo digo porque tiene urgencia calificada de “suma”, lo que quiere decir, que el Ejecutivo se involucró. Pero, reitero, dicha Comisión debería dar celeridad a la tramitación de otros proyectos, tan relevantes como el que estamos debatiendo. Me refiero, por ejemplo, a un proyecto de ley relativo al anatocismo, que trata de terminar con el cobro de interés sobre interés. Sí, en Chile se permite el cobro de interés sobre interés; se permite incorporar los intereses al capital, haciéndolo crecer, después de tan sólo treinta días de mora. En algunas legislaciones esa práctica se prohíbe y en otras se autoriza sólo después de un año de mora. En Chile, en cambio se permite capitalizar intereses a los treinta días de mora; es decir, a los treinta días se vulnera en la República el espíritu que Bello -algunos ilustres recordaron a ese intelectual en la ceremonia de conmemoración de los 200 años de vida del Congreso Nacional- consagrara en el Código Civil a mediados del siglo antepasado. Con meridiana claridad, Bello, a quien todos rinden honores, majestades y potestades, prohibía el anatocismo en Chile. Pero en la República, en algún minuto conflictivo de nuestra historia que más vale no recordar, se decidió cambiar ese criterio y permitir el anatocismo, es decir, se decidió gravar aún más a quien debe, arrinconándolo y haciéndole imposible el pago de su acreencia.
Debemos discutir sobre el anatocismo. Es un acto mínimo de justicia que le debemos al país y, además, estaríamos honrando la memoria de Andrés Bello, al momento de conmemorar los 200 años de vida del Congreso Nacional. La Comisión de Economía no puede seguir dilatando la discusión de dicho proyecto ley.
Un señor DIPUTADO.- Está en la Comisión de Hacienda.
El señor RINCÓN.- Bueno, la Comisión de Hacienda o la de Economía. Nuestro país lo demanda.
Existe otro proyecto de ley, relativo a la tasa de interés máximo convencional, que incluso economistas de otras tendencias reivindican como un hecho esencial de la justeza en las relaciones contractuales crediticias.
¡Qué estamos esperando! ¿Vamos a dejar que esos proyectos duerman el sueño de los justos? En el Congreso Nacional debemos abordar de una vez por todas las soluciones a los temas de fondo que necesita resolver el país. Hoy estamos agilizando los procedimientos aplicables para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores; pero problemas de fondo que siguen agobiando a muchos chilenos, no se tratan y se postergan. Evidentemente, eso constituye una injusticia de fondo, cuya solución, en el momento en que se conmemoran los 200 años de vida del Congreso Nacional, no podemos sino reivindicar y demandar en este Hemiciclo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los autores de esta moción, que, sin duda, viene a corregir un grave problema existente en la tramitación de las demandas colectivas.
Como dato ilustrativo, cabe señalar que de los 22 juicios colectivos iniciados por el Sernac desde el 2005 a la fecha, ninguno ha terminado en sentencia definitiva, porque, como se ha dicho, el trámite de la admisibilidad se ha convertido, según lo establece la actual legislación, en una verdadera discusión de fondo sobre los méritos de la demanda colectiva. Por lo tanto, se produce un impasse gigantesco que puede demorar más de 28 meses. El trámite de admisibilidad es decir, más de dos años, con lo cual pierde todo sentido una acción que pretende ser rápida y eficaz, y llegar a una sentencia definitiva.
Asimismo, los costos para llegar a una sentencia definitiva son tan altos, que muchos han querido llegar a una conciliación. De hecho, de los ocho juicios que han terminado, siete concluyeron por avenimiento entre las partes, y el otro se archivó, porque no se encontró al proveedor.
Entonces, estamos ante un problema serio, grave, que esta moción viene a solucionar de manera muy importante, al simplificar el análisis sobre la admisibilidad que debe hacer el tribunal, y también al limitar, en cierta forma, los recursos que se pueden interponer contra la sentencia interlocutoria que se pronuncia sobre la admisibilidad.
Para ser justo, quiero señalar que en la Comisión de Economía, a instancias del diputado Fuad Chahín, se incorporó una indicación que establece que no procede el recurso de casación en el procedimiento de admisibilidad de demandas por acciones colectivas y difusas, cosa que no estaba en el texto original. Con su sagacidad habitual, el diputado Fuad Chahín logró detectar ese defecto. Por lo tanto, firmamos dicha indicación para incluir esa disposición en el texto final, de manera que estos procedimientos sean realmente rápidos, efectivos y logren concretar derechos permanentes, a través de una sentencia judicial para los consumidores que sientan que sus derechos colectivos o difusos han sido vulnerados.
En el contexto de lo ocurrido en La Polar, sin duda, estas normas de procedimiento servirán de mucho. Las demandas colectivas de intereses difusos o colectivos que se puedan interponer a propósito de los daños y perjuicios de este escándalo, sin duda se verán beneficiadas por esta futura ley y, por ende, no puedo estar más que contento.
En consecuencia, llamo a todos los parlamentarios a votar a favor de este proyecto de ley, que va en directo beneficio de todos los consumidores.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, en principio, este proyecto parece muy loable, y es difícil hacer un planteamiento en contrario. Pero me nace una preocupación, porque este proyecto es una nueva burla a los consumidores. Lo reitero con toda claridad: es una nueva burla.
La ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores dispone que, para que la acción sea rápida y eficaz, el consumidor puede concurrir a los juzgados de policía local de manera personal, es decir, sin tener que recurrir a un estudio jurídico para contratar a un abogado que lo represente. Pero en este proyecto nos encontramos con que, para favorecer la admisibilidad de esas demandas -me parece loable en ese punto-, se cita a una conciliación a la cual las partes deben concurrir debidamente representadas. En consecuencia, si un consumidor presenta su demanda en un juzgado de policía local y se la declaran admisible -en virtud de este gran proyecto de ley, según algunos diputados-, posteriormente tendrá que concurrir a contratar un abogado, porque el proyecto dice: “Contestada la demanda o en rebeldía del demandado, el juez citará a las partes a una audiencia de conciliación, para dentro de quinto día. A esta audiencia las partes deberán comparecer representadas por apoderado con poder suficiente y deberán presentar bases concretas de arreglo.”. Por lo tanto, ¿dónde queda la posibilidad que tiene el consumidor de concurrir personalmente? Estamos encareciendo el accionar del consumidor ante el juzgado de policía local.
Por si esto fuera poco, mediante la modificación del artículo 53 hacemos recaer sobre el demandante una carga pesada, cual es que deberá publicar un aviso en un medio de circulación nacional y en el sitio web del Servicio Nacional del Consumidor, para que los otros consumidores que puedan verse afectados por la conducta del proveedor demandado, comparezcan a hacerse parte o hagan reserva de sus derechos. Es decir, el demandante que logre que su acción sea acogida y declarada admisible, más encima deberá hacer notificaciones en un medio de circulación nacional para que todos los que tengan igual interés, concurran a hacerse parte.
Reitero, estamos encareciendo el accionar del consumidor. De acuerdo con la ley, el consumidor podrá concurrir personalmente al juzgado de policía local. Si su demanda se declara admisible, podrá ir a una conciliación, a la cual deberá concurrir con un abogado. Además, tendrá que hacer las respectivas publicaciones, a fin de que todos los que podrían verse beneficiados por su accionar, concurran a hacerse parte. Entonces, estamos encareciendo una acción que, en principio, pretende ser rápida y eficaz.
Pero existe un problema absurdo que no se aborda en este proyecto. El gran problema -he tenido oportunidad de conversar con jueces de policía local- no dice relación con la incompetencia de los juzgados. La incompetencia se debe a un problema endémico, profundo, que tiene la ley, que supuestamente es de protección de los derechos de los consumidores, que el consumidor no tiene asesor jurídico que se enfrente, por ejemplo, con La Polar o con Ripley. ¿Qué posibilidad tiene el consumidor si concurre solo a defender sus intereses ante un juzgado de policía local frente a un abogado de una empresa del retail? El juez de policía local dirá: “Mejor me declaro incompetente para que vaya a la justicia ordinaria. Por último, ahí tendrá la obligación de concurrir con abogado”. Permitir al consumidor accionar solo frente a un retail ante un juzgado de policía local es dejarlo en la más pura y absoluta indefensión. Eso es lo real.
Pero, ¿qué estamos diciendo ahora? Que no sólo se trata de un problema de indefensión, porque ahora el consumidor afectado tendrá que concurrir con un abogado al comparendo de conciliación; es decir, le estamos encareciendo esta acción y le estamos instalando una representación de manera oblicua, sin dotar al consumidor de la asesoría legal correspondiente.
El profundo pecado de esta legislación, que tiene muy buenos sentimientos, por expresarlo de alguna manera, es que le dice al consumidor: “Usted tiene todos estos derechos y puede concurrir personalmente para hacerlos valer ante un juzgado de policía local; pero arrégleselas por su cuenta, porque no podemos hacer nada por usted”.
Créame, señor Presidente: el consumidor afectado no tiene posibilidad alguna de ganar un juicio si lo enfrentamos al retail. Ésa es la realidad, ése es el problema que se presenta en los juzgados de policía local con respecto a la defensa de los consumidores que han visto menoscabados sus derechos.
Aunque respeto la buena intención del proyecto, creo que encarece la concurrencia del consumidor afectado, porque hay que pensar que si le entregaron un living, un comedor o un televisor en mal estado y quiere recurrir a un juzgado de policía local para resarcirse de la pérdida, ahora le decimos que tiene que contratar a un abogado para ir a una conciliación. Muchas personas pueden verse afectadas por estos intereses difusos o colectivos. Además, ahora les decimos al consumidor al cual le declaran admisible su demanda, que deberá notificar a todos los que podrían verse beneficiados por sus acciones.
Reitero, lo único que hace el proyecto es encarecer el accionar del consumidor, pero no aborda el problema de fondo, que es proporcionar asesoría jurídica a los consumidores afectados cuando el retail pone abogado, lo que, sin duda, es el gran problema que enfrentan en la actualidad los consumidores en los juzgados de policía local.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, comprendo los argumentos que entregó el colega y diputado Hugo Gutiérrez. No obstante, creo que él está confundiendo dos procedimientos que son total y absolutamente distintos.
La ley sobre protección de los derechos de los consumidores norma dos procedimientos. Uno de ellos es para las demandas individuales, cuyo tribunal competente es el juzgado de policía local, donde se puede concurrir sin patrocinio de abogado. El proyecto de ley no innova en absoluto en eso. Tampoco incorpora algún tipo de conciliación en que el demandante deba ir acompañado de representante en ese procedimiento.
Por lo tanto, quien ve afectados sus derechos, puede concurrir al juzgado de policía local y presentar una demanda indemnizatoria. No tiene que ir a una conciliación patrocinado por un abogado. Tampoco tiene que hacer ningún tipo de publicación ni mucho menos.
La conciliación y la publicación que establece el proyecto tienen que ver con el procedimiento especial para las demandas relacionadas con la defensa del interés colectivo o difuso de los consumidores, que es un procedimiento distinto, en el que no es competente el juzgado de policía local, sino el juzgado civil.
Por lo tanto, el proyecto no innova en lo que señaló el diputado Hugo Gutiérrez. Muy por el contrario, lo que establece es que los legitimados activos, es decir, quienes pueden presentar una demanda por interés difuso o colectivo del consumidor, son instituciones como el Sernac, una asociación de consumidores con más de seis meses de antigüedad, cuya asamblea de socios haya aprobado la presentación de la demanda, o un grupo de cincuenta o más consumidores afectados en el mismo derecho. Es decir, es un procedimiento en el cual incluso su inicio tiene ciertas restricciones.
Aquí existía un procedimiento de admisibilidad que, en la práctica, se transformaba en un análisis de los antecedentes de fondo por parte de los tribunales, en que se planteaba un conjunto de artimañas, de triquiñuelas y de tinterilladas de los demandados para dilatar el procedimiento. Una de las artimañas más habituales era argumentar en los tribunales que la sentencia que declaraba admisible la demanda era interlocutoria, pero ponía fin al juicio o antejuicio de admisibilidad. Por lo tanto, al “poner fin a un juicio”, era susceptible del recurso de casación.
Sin embargo, la Corte Suprema, en jurisprudencia uniforme, declaró que no procedía recurso de casación, porque no se trataba de una sentencia que pusiera fin al juicio, sino de una sentencia interlocutoria que servía de base para seguir con la tramitación de un único procedimiento. O sea, aquí no había dos juicios, sino uno solo, que tenía una etapa previa de admisibilidad.
Como había que esperar que esto pasara a la corte de apelaciones respectiva y a la Corte Suprema, lo que demoraba dos o tres años los juicios, presentamos una indicación -aprovecho de valorar el respaldo transversal que concitó en la Comisión de Economía-, a fin de establecer que en contra de la resolución que declare admisible la demanda no procederá el recurso de casación. Ello, porque por la vía de las triquiñuelas y de presentar recursos sin fundamentos, se cansa a los demandantes.
En 2004 se aprobó la modificación a la ley N° 19.496 que permite las acciones colectivas o difusas. No obstante, no hay una sola sentencia que se haya ejecutado; ni una, señor Presidente. ¿Por qué? Porque los demandantes se cansan, los juicios terminan en avenimiento o conciliación, o simplemente por abandono de la causa debido al ejercicio de distintos recursos e impugnaciones que presentan los demandados.
Mediante el proyecto se agilizan el trámite y la admisibilidad, y se evita la interposición de recursos.
Por lo tanto, nos parece que es una buena iniciativa, ya que permitirá la defensa de estos derechos. En algún momento se trató de limitar esto, porque existía un cierto temor de que, al existir demandas colectivas, se generara una especie de industria de reclamos. Al respecto, quiero dejar constancia de que el Sernac y las organizaciones o grupos de consumidores han presentado apenas cuarenta demandas en once años; es decir, se han presentado menos de cuatro demandas por año. Por lo tanto, aquí no existe ninguna industria de reclamos. Lo que ha ocurrido es que se limitó tanto la posibilidad de ejercer estos derechos que, al final, terminaron siendo nominales. En la práctica, no ha existido ninguna eficacia para proteger los derechos de los consumidores cuando se ven afectados de manera colectiva o difusa, por ejemplo, cuando se causa un daño menor a cada consumidor, pero el número de afectados es importante. Se trata de una especie de robo hormiga, en que se cobra una comisión que no corresponde de 300 o de 500 pesos mensuales. ¿Quién va a demandar individualmente por esas cantidades? Nadie. Pero cuando esto afecta a miles o a millones de consumidores, por cierto que habrá muchos interesados en presentar una demanda; pero no tendremos miles o millones de juicios, sino que habrá uno solo que tendrá efecto erga omnes, es decir, la sentencia favorecerá a todos los consumidores. La ley actual permite eso, pero el procedimiento tiene tantas trabas que lo hace eterno y prácticamente ineficaz. Eso se corrige con el proyecto de ley.
Insisto al colega Hugo Gutiérrez, por intermedio del señor Presidente, que el proyecto en nada innova respecto de los derechos de concurrir individualmente a un juzgado de policía local, sin patrocinio de abogado. Comparto con su señoría que hay materias pendientes. Por ejemplo, creo que las multas que se cobran en las sentencias infraccionales no deben ser a beneficio fiscal, sino a beneficio de las organizaciones de consumidores, para que cuenten con los recursos para prestar asesoría jurídica a los consumidores que han visto afectados sus derechos. No pueden depender solo del Sernac.
Por lo tanto, una de las indicaciones que sugiero al Gobierno, porque no es de iniciativa nuestra, es que las multas no sean a beneficio fiscal, sino que de las organizaciones de consumidores, para que puedan prestar asesoría jurídica a los consumidores afectados en sus derechos.
Otra materia ausente en la iniciativa es lo que figura en un proyecto de ley que ya aprobamos en general en la Sala y que, según entiendo, será propuesto en segundo informe a la Sala en las próximas semanas, que permite, también, el reclamo de daño moral en este procedimiento.
En la actualidad, sólo se puede reclamar lucro cesante y daño emergente en el procedimiento colectivo, y en el procedimiento individual, el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral. Esto último sólo se puede reclamar, utilizando el procedimiento colectivo por infracción a ley de Vivienda y Urbanismo, cuando hay fallas en la construcción. A propósito de los daños ocasionados por el terremoto, aprobamos esa norma; sin embargo, es muy restringida, porque sólo se puede utilizar para demandar el daño moral cuando se encuentra involucrado un edificio y no cuando se cae una casa. ¿Acaso a los clientes de La Polar no se les ha ocasionado un daño moral? Se han visto afectados en su tranquilidad psicológica y familiar debido a que sus deudas crecían y crecían por causa de repactaciones unilaterales efectuadas por la empresa. ¿Acaso el daño psicológico-moral no es indigno? ¿Acaso quienes lo padecen no merecen ser indemnizados a través de un procedimiento colectivo? ¿O le vamos a pedir a los clientes de La Polar, a los 480 mil afectados, que presenten demandas individuales por daño moral?
Éste es un tema que se debe corregir. Presentamos un proyecto de ley, junto con otros diputados, complementario al que se discute hoy, para darle más consistencia a la protección de los consumidores. Se pretende que algunas normas dejen de ser sólo declarativas y que pasen a ser sustantivas para ejercerlas adecuadamente ante los tribunales de justicia. Sin duda, el proyecto es un avance.
Además, para evitar interpretaciones, se ha suprimido una norma redundante que señalaba que el juicio ordinario era supletorio. El artículo 3° del Código de Procedimiento Civil dice que el juicio ordinario siempre es supletorio y, por lo tanto, al colocarlo expresamente estábamos dando pie para que los demandados se afirmaran de esa norma a fin de presentar algún tipo de recurso más propio de ese procedimiento. Por eso, decidimos eliminar esa mención por considerarla innecesaria y redundante, pues -repito- se encuentra contemplada en el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil. No había ninguna necesidad de establecerlo en el proyecto, pues sólo se podía prestar para confusiones.
Agradezco a todos los colegas de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo que me acompañaron en la suscripción de la indicación para prohibir expresamente el recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria que declara admisible el juicio o la demanda colectiva.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto, en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- En votación, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, con excepción del número 2 del artículo único del proyecto, que tiene carácter de norma orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo el diputado señor Robles Pantoja Alberto.
El señor MELERO (Presidente).- En votación el número 2 del artículo único del proyecto, que tiene carácter orgánico constitucional, para cuya aprobación se requieren 69 votos afirmativos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular.
El señor MELERO (Presidente).- En votación particular el número 1, con la modificación aprobada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, en virtud de la cual se suprime, en el texto aprobado por el Senado, la frase “y, en lo no previsto en ellos, a las normas del juicio ordinario.”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en particular el número 2 del artículo único del proyecto, en conjunto con la modificación aprobada por la Comisión de Economía, que consiste en reemplazar la frase: “procederán el recurso de reposición y el de apelación en el solo efecto devolutivo”, por la siguiente: “no procederá el recurso de casación, procediendo el recurso de reposición y el de apelación en el solo efecto devolutivo”.
Hago presente a la Sala que se requieren 69 votos afirmativos para su aprobación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votó por la negativa el diputado señor Letelier Aguilar Cristian
-Se abstuvo el diputado señor Salaberry Soto Felipe.
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL TRATADO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES. Primer trámite constitucional.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Modificatorio del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito entre las mismas partes, en Santiago, el 28 de mayo de 2010.
El proyecto se encuentra sometido a la consideración de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
Como señala el propio mensaje que lo acompaña, se trata de aprobar el “Protocolo modificatorio del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales”, suscrito entre las mismas partes, en Santiago, el 28 de mayo de 2010, que permitirá agilizar las comunicaciones y la tramitación de las solicitudes en el marco del Tratado ya indicado.
Como antecedente, se señala que la República de Chile y la República de Argentina celebraron el Tratado de Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, en Santiago, el 29 de octubre de 2002, el que fue publicado en el Diario Oficial de 30 de junio de 2005.
En la Declaración de la II Reunión Binacional de Ministros de ambos Estados, suscrita en Buenos Aires, el 6 de agosto de 2009, se consignó la necesidad de agilizar las comunicaciones y la tramitación de las solicitudes en el marco del tratado ya indicado.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y con el objeto de hacer más expedita la aplicación del referido tratado, se firmó el protocolo modificatorio objeto de este informe.
El protocolo modificatorio se estructura sobre la base de un preámbulo y tres artículos, refrendados por vuestra Comisión, que consta en el informe que tienen en su poder los honorables colegas, por lo que omito su referencia.
En el estudio del proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor subsecretario de Relaciones Exteriores y del director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.
El subsecretario de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos del mensaje que da origen a este proyecto de acuerdo, explicó que éste elimina la vía diplomática como medio para la realización de las comunicaciones, entre los servicios involucrados en el traslado de las personas condenadas, facultando a los respectivos Ministerios de Justicia para tal efecto. Asimismo, permite la utilización de medios electrónicos para las comunicaciones entre ambos países.
Hizo presente, del mismo modo, que el tratado no discrimina en relación con la naturaleza del delito cometido; que el Estado que sentencia mantiene jurisdicción en materia de modalidades de cumplimiento de las penas; que es un requisito esencial de este tipo de tratados que el delito sea considerado como tal, tanto en el Estado que dicta la sentencia como en el Estado donde se cumple; que la iniciativa para ser trasladado está en manos de la persona condenada y que debe existir una triple voluntad para que proceda el traslado, es decir, se exige el consentimiento de ambos países, en el caso particular, el de Argentina y Chile, y del condenado.
Señaló, además, que los argentinos presos en chile son 190 y los chilenos presos en Argentina alcanzan a 374.
Por su parte, los diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este protocolo modificatorio, reconociendo la conveniencia de que importa para las familias de los reclusos que las personas condenadas cumplan su pena en su país y medio social de origen. Por ello, por 9 votos a favor, ningún voto en contra y cero abstenciones prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe.
Por último, la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe.
Asimismo, ella determinó que ninguno de sus preceptos debe ser conocido por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, adhiero a la necesidad de que el Parlamento apruebe el protocolo modificatorio, como también el proyecto de acuerdo con Perú, que versa sobre la misma materia. Espero que podamos despacharlos en la presente sesión.
Son proyectos de carácter tipo que tienden a mejorar la relación entre Estados, en particular sobre el cumplimiento de sanciones penales. No olvidemos que la finalidad de la pena es la resocialización y la reinserción social. Desde esa perspectiva, sin duda, el lugar donde cumplan sus penas los reclusos es fundamental. Como bien decía el diputado Saffirio, cumplirla en un medio social conocido, familiar, puede contribuir al fin resocializador de la pena.
Por lo tanto, vamos a respaldar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Modificatorio del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, escuché con mucha atención el informe de mi colega y amigo de bancada, el diputado señor René Saffirio, y en lo relativo a los antecedentes me impactó que lo que hoy debe-ríamos aprobar rápidamente por unanimidad ha demorado en hacerse efectivo. La hermana República Argentina celebró con la República de Chile el tratado de Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales el 29 de octubre de 2002, en Santiago, el cual fue publicado en el Diario Oficial de 30 de junio del 2005. Y ahora nos encontramos en julio de 2011.
Es decir, aquí ha quedado absolutamente claro lo que señaló el diputado informante, en cuanto a que éste no es un asunto diplomático. No se trata de una materia del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino de los ministerios de Justicia de Argentina y Chile.
¿Por qué quiero ser muy claro en eso?
En estos días estamos celebrando los 200 años de existencia del Congreso Nacional. El domingo recién pasado tuvimos la oportunidad de presenciar el izamiento de un pabellón nacional gigante; después, el Tedeum y otras actividades. El lunes celebramos una sesión de Congreso Pleno y, tanto en la cuenta entregada por el Presidente de la Cámara de Diputados como en lo expresado por su par del Senado, el señor Guido Girardi, lo que más se recalcó fue lo que han significado estos 200 años para la vida del país: más de 25 mil leyes publicadas y, fuera de eso, un número inmenso de tratados firmados con todos los países del orbe.
Y aquí tenemos uno que concierne a nuestros vecinos.
Me parece muy bien que hoy demos una señal potente con su aprobación y, en consecuencia, hacer justicia respecto de los compatriotas que han cometido delito en el país vecino, y viceversa, en la búsqueda de la mejor forma para que cumplan con la sociedad.
Por lo tanto, con mucha fuerza vamos a votar a favor este proyecto, porque se encuentra en el camino de la justicia y porque estamos contra el tiempo.
Creo que ha quedado claramente estipulado que lo relativo a las redes sociales, a internet, a los adelantos de toda la tecnolo-gía, ahora más que nunca debe estar presente en este Protocolo Modificatorio del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, me sumo a las palabras de los diputados que me precedieron en el uso de la palabra respecto de los dos proyectos que se encuentran en la tabla de la presente sesión, sobre todo porque abarcan materias fundamentales para nosotros, como que chilenos que se hallan hoy en Argentina y en Perú cumpliendo sentencias puedan hacerlo en su medio social de origen.
Eso es relevante y fundamental. Posibilitará la transparencia de las comunicaciones y mejorará la forma en que nos relacionamos con otros países, en especial, Argentina y Perú, en un asunto que, lógicamente, es delicado, que se vincula con aquellos que se hallan privados de libertad, con la aprobación de los respectivos proyectos ellos podrán tener la posibilidad de estar en su patria y, en cierta manera, será factible ordenar de mejor forma lo que actualmente vive nuestro país a nivel penitenciario.
Por ejemplo, en Perú los chilenos que se encuentran cumpliendo condena en sus cárceles alcanzan a 18; sin embargo, los peruanos que cumplen sentencia en Chile son más de 851. Entonces, cuando vemos este tipo de cifras también nos damos cuenta de que a través de convenios como los que hoy nos ocupan podemos generar la posibilidad de dar una mejor calidad de vida en el día a día a quienes hoy se encuentran privados de libertad.
Por lo tanto, invito al resto de la Sala a aprobar ambos proyectos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de acuerdo en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo Modificatorio del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito entre las mismas partes, en Santiago, el 28 de mayo de 2010.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado
-Se abstuvo el diputado señor Chahín Valenzuela Fuad.
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DEL TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Primer trámite constitucional.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley aprobatorio del Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en Lima el 25 de noviembre de 2010.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Marco Antonio Núñez.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7569-10, sesión 9ª, en 5 de abril 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentario e Integración Latinoamericana, sesión 41ª, en 14 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta 7.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores paso a informar el proyecto de ley que aprueba el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en Lima el 25 de noviembre de 2010, cuyo texto los colegas pueden revisar en su pupitre electrónico.
Este proyecto se halla sometido al parecer de la honorable Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia y de conformidad con los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1 de la Constitución Política de la República. Como lo señala el propio mensaje, es el resultado de las negociaciones iniciadas el año 1991 entre los gobiernos de Chile y Perú tendientes a celebrar un tratado que regule la posibilidad de que las personas nacionales condenadas por el otro Estado cumplan sus penas en el Estado y medio social de origen.
Este Tratado se estructura sobre la base de un Preámbulo y 23 artículos y sus principales disposiciones han sido refrendadas por vuestra Comisión, las cuales constan en el informe que los señores diputados tienen en su poder.
Durante el estudio del proyecto de ley en informe la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt, quien, además de refrendar los fundamentos del mensaje que da origen a la iniciativa, explicó que éste elimina la vía diplomática como medio para la realización de las comunicaciones entre los servicios involucrados en el traslado de las personas condenadas, facultando a los respectivos ministerios de justicia para tal efecto. Asimismo, permite, por razones obvias, la utilización de medios electrónicos para las comunicaciones entre ambos países.
Se hace presente que el tratado tiene un impacto beneficioso para nuestro país, ya que la cantidad de reclusos peruanos que permanecen en Chile -aquí las cifras son completamente distintas a las del anterior proyecto de ley vinculado a la República Argentina- alcanza a 851. Por el contrario, los chilenos que están cumpliendo condena en Perú actualmente alcanzan sólo a 18, por lo cual la aprobación de este acuerdo es un importante avance en contra del hacinamiento carcelario en nuestro país y en la posibilidad cierta de reinserción, de rehabilitación de quienes han sido condenados por la comisión de algún delito.
Recordemos las cifras.
En el Tratado con Argentina se habla de 190 argentinos presos en Chile y de 374 nacionales reclusos en dicho país. Aquí, si pudiéramos hablar de balance, éste sería absolutamente favorable en la perspectiva de colaborar con las políticas del Ministerio de Justicia en el contexto de resolver el problema que hoy existe en las cárceles hacinadas con la creación de una mayor cantidad de cupos por la vía de este tratado.
Los diputados integrantes de la Comisión expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este tratado, reconociendo la conveniencia que importa la reducción de la población penal en nuestras cárceles. Por ello, por 9 votos a favor, ningún voto en contra y cero abstención, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe.
Se hace presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, la Comisión determinó que ninguno de sus preceptos debe ser conocido por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra al diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, quiero refrendar lo que a viva voz se estaba necesitando, debido a sucesos recientes y a otros no tan cercanos en el tiempo y que todos hemos podido constatar, como son las malas prácticas realizadas por compatriotas nuestros en el sector cercano a nuestra frontera con Perú. Por lo tanto, resulta imprescindible reformular la actual legislación a través de la aprobación del proyecto de acuerdo en comento, suscrito en Lima el 25 de noviembre de 2010.
Pero hay algo que me ha llamado la atención, por lo que quiero que el diputado informante me aclare la siguiente duda. ¿Por qué resulta necesario eliminar la vía diplomática como medio para efectuar las comunicaciones entre los servicios involucrados en el traslado de las personas condenadas, facultando a los respectivos Ministerios de Justicia para tal efecto?
Mi intención es aportar a este debate. Por tanto, quiero que el diputado informante explique por qué se elimina la vía diplomática. No importan los números, sino la solución que va a dar este proyecto.
Por informaciones que me han entregado los diputados de Arica, no sólo serían las 18 personas mencionadas en el proyecto las que han causado dificultades en la ciudad de Tacna, sino que sería un número mayor de chilenos los que allí habrían creado serios problemas en relación con acontecimientos que en algún momento han sucedido entre Chile y Perú, debido a ciertas divergencias que aún subsisten por límites marítimos. Quizás las 18 personas indicadas se encuentran condenadas. De allí la molestia que muchas veces siente Perú, la que hace notar en forma sólida y -por qué no decirlo- con razón.
Conversando hace un tiempo sobre el tema con el diputado Orlando Vargas, me decía que ya se había solucionado la situación de alrededor de doscientas y tantas personas que habrían estado en problemas, sobre la base de pequeñas sumas de dinero que se entregaban a personas que tienen que ver con la detención. Eso fue solucionado por la vía diplomática. Por ello, me interesa mucho ese tema, al igual que a muchos colegas. Según mi parecer, la vía diplomática no se puede dejar a un lado, ya que muchas veces nos salva de situaciones difíciles que se producen con los países limítrofes.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República de Chile y la República del Perú, suscrito en Lima, el 25 de noviembre de 2010.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Zalaquett Said Mónica.
El señor MELERO (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MESA DE DIÁLOGO PARA BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN A PROBLEMA PREVISIONAL DE FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 336.
El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 336, de los diputados señores Germán Becker, Pedro Browne, de la diputada señora Karla Rubilar; de los diputados señores Cristián Monckeberg, Enrique Jaramillo, René Manuel García, Rosauro Martínez, Leopoldo Pérez y Fernando Meza, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar al Ejecutivo la formación de una mesa de diálogo que estudie distintas alternativas de solución al problema previsional que aqueja a los funcionarios en retiro del Servicio de Prisiones, hoy Gendarmería de Chile, quienes reclaman por la derogación del precepto legal que estableció el sistema de los quinquenios penitenciarios, consistente en un aumento progresivo de las remuneraciones, calculado sucesivamente en porcentajes decrecientes cada cinco años de servicio.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, no sé qué numero debiera llevar el presente proyecto de acuerdo, porque se han presentado muchos con el mismo objetivo: recuperar o restablecer el derecho que le correspondía al personal de Gendarmería en virtud de lo establecido en la ley N° 17.399, que facultó al Presidente de la República para conceder la asignación de riesgo profesional, lo que se concretó posteriormente en virtud del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1971. Sin embargo, ese derecho fue desconocido y por interpretaciones distintas se señaló que no era percibible, por la dictación del decreto ley N° 249, de 1974.
Esto ha constituido una gran injusticia para el personal del Servicio de Prisiones, hoy Gendarmería de Chile, por cuanto son derechos adquiridos que fueron percibidos por el personal penitenciario y, posteriormente, suspendidos, lo que indica que ha habido discriminación, puesto que algunos lo percibieron y otros no.
Este drama ha perjudicado a muchos oficiales y gendarmes de bastante edad, que llevan años esperando que se les devuelva dicho beneficio; incluso, algunos ya no están en este mundo, por lo que ello constituye una situación dramática para sus familias.
Como corresponde recuperar ese derecho, de una vez por todas debemos enfrentar el tema con decisión y resolverlo ahora. Ésta es la oportunidad de hacerlo, por lo que solicito la unanimidad de la Sala para que el Presidente de la República solucione el problema que afecta a los funcionarios en retiro del antiguo Servicio de Prisiones, que hoy se denomina Gendarmería de Chile.
El sistema de quinquenios penitenciarios es un símbolo, un emblema de la lucha histórica que ha sostenido el personal del servicio penitenciario. Ellos no van a ceder en su objetivo, porque tienen la convicción de que les corresponde, por tratarse de un derecho adquirido que les fue arrebatado.
Interpretando su sentimiento, la historia y la ley, pedimos al Presidente de la República que analice la situación y estudie diferentes fórmulas para solucionar el problema.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente, en varias oportunidades hemos analizado la incorrecta derogación de los quinquenios penitenciarios para los funcionarios de Gendarmería, que ha causado un menoscabo enorme para muchas personas que ahora tienen bastante edad; incluso, como bien señaló el diputado Ojeda, algunos ya se han ido de este mundo sin que se hubiera solucionado su problema. Ésta es otra deuda histórica de nuestro país.
En la Comisión Investigadora sobre las deudas históricas, apareció este caso y se recomendó al Gobierno tomar cartas en el asunto; sin embargo, aún no ha pasado nada.
En 1995, aprobamos el primer proyecto de acuerdo referido a los quinquenios penitenciarios, pero hasta el día de hoy ningún gobierno ha hecho ni siquiera un acercamiento para empezar a solucionar el problema.
El proyecto de acuerdo en discusión propone la formación de una mesa de diálogo para estudiar distintas alternativas de reparación de esta deuda histórica tan importante con los funcionarios de Gendarmería. No estamos pidiendo directamente que se devuelvan todos los quinquenios, sino que se empiece a trabajar en el tema y que, ojalá con mucha prontitud, se corrija, aunque sea en parte, esta injusticia cometida con los funcionarios penitenciarios al arrebatarles sus quinquenios.
Por ello, solicito a la Sala la aprobación del proyecto de acuerdo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
REFORZAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E INCORPORACIÓN DE LA HIDATIDOSIS AL SISTEMA DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 343, de las señoras Adriana Muñoz, María Antonieta Saa y Cristina Girardi, y de los señores Walker, Ceroni, Barros, Accorsi, Pérez, don José; Castro y Jarpa, que en su parte resolutiva expresa:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ministerio de Salud adoptar las medidas necesarias para reforzar la prevención de la hidatidosis en el país, impulsando acciones tales como campañas educativas, planes de desparasitación canina y fiscalización de mataderos. Asimismo, evaluar la factibilidad de que la equinococosis hidatídica sea incluida como una patología cubierta por el Sistema de Garantías Explícitas en Salud (AUGE).”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo plantea, fundamentalmente, aumentar las medidas preventivas respecto de la enfermedad denominada hidatidosis e incluirla en el Plan Auge.
Se trata de una situación que afecta, principalmente, a las personas que viven en las zonas rurales, en regiones donde hay actividad ganadera. Los animales transmiten al hombre un parásito que provoca daño fulminante a la salud. Si no se interviene a través de cirugía y de una atención médica oportuna, la persona afectada fallece.
Esta enfermedad ha proliferado mucho en la provincia del Limarí, donde se desarrolla una gran actividad caprina. En el último tiempo, muchos campesinos, pequeños agricultores y ganaderos han sido afectados por ella y han muerto, por no contar con los recursos para hospitalizarse e intervenirse quirúrgicamente en forma oportuna. Por eso, los autores y adherentes a esta propuesta pedimos que sea incorporada en el Plan AUGE.
También es importante reforzar las medidas preventivas. Aunque en las distintas provincias y comunas de la Región de Coquimbo se están llevando a cabo estas medidas, es fundamental realizar una difusión educativa acerca de las fuentes de contaminación de esta enfermedad. Se sabe que es transmitida principalmente por los perros, los que a través de sus fecas infectan el suelo, el agua, los bebederos, las verduras, las que, con posterioridad, son consumidas por los animales o por el hombre.
Por eso, es necesario desparasitar y realizar campañas educativas, preventivas y fiscalizar los mataderos. Este tema ha preocupado a la Comisión de Agricultura en las últimas semanas, dado que esta enfermedad trae un grave problema a las personas que crían y comercializan su ganado.
Por lo anterior, pedimos al Gobierno reforzar las medidas preventivas e incorporar esta enfermedad al Plan AUGE.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para intervenir a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en primer término, felicito a los autores de este proyecto de acuerdo, porque quienes representamos a comunas rurales sabemos perfectamente de la alta prevalencia de la hidatidosis.
En comunas como Lonquimay, Melipeuco, Curacautín, Vilcún, Lautaro y algunos sectores de Victoria y Galvarino esta enfermedad se da en gran proporción, debido fundamentalmente a la falta de educación, información y difusión sobre la forma en que se transmite. Tampoco hay un manejo adecuado de las vísceras del ganado menor, que muchas veces es consumido en el hogar y en el predio. Los quistes están en las vísceras, las que son ingeridas por los perros, y se genera todo un ciclo de contaminación.
Esta enfermedad se puede evitar con facilidad con una adecuada información, educación y los recursos necesarios para ese objetivo. Si no se evita ni se trata a tiempo, las consecuencias pueden ser mortales.
Por eso, la hidatidosis, que golpea fundamentalmente a los campesinos, debería enfrentarse con mayor audacia, con más recursos, primero, para prevenir -nos parece muy bien el sentido del proyecto en esa línea- y, segundo, para que se dé un tratamiento adecuado y oportuno.
Por lo tanto, adhiero con mucho entusiasmo a este proyecto de acuerdo presentado, entre otros colegas, por la diputada Adriana Muñoz.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
HOMOLOGACIÓN DE NORMATIVA EUROPEA EN TELEFONÍA MÓVIL NACIONAL.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo
.
El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 344, de los señores De Urresti, Torres, Auth, Teillier, señora Carolina Goic, señores Fidel Espinoza, Jiménez, Montes, Chahín y Hugo Gutiérrez, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, como asimismo al subsecretario de Telecomunicaciones, a objeto de que se adopten las medidas reglamentarias para que la industria de la telefonía móvil en nuestro país, en el corto plazo, proceda a homologar la normativa europea, con el objeto de estandarizar un cargador universal de celulares y, de ese modo, se garantice un mayor beneficio para los usuarios y el medio ambiente, atendido el menor consumo energético de esta tecnología.”.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- No se alcanzó el quórum requerido.
Se va a repetir la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Melero Abaroa Patricio; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Urrutia Bonilla Ignacio.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE PARQUE TRES PONIENTE, COMUNA DE MAIPÚ. Oficios.
El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente, quiero dar a conocer una situación que afecta a los vecinos de Tres Poniente con Nueva San Martín y Alberto Cruz, de la comuna de Maipú.
Contiguo a este sector se encuentra el Parque Tres Poniente, paso obligado para los escolares de un colegio y para quienes toman locomoción colectiva en la calle Nueva San Martín.
Cuando los vecinos adquirieron su residencia, se les prometió que el parque contaría con iluminación. Pero han transcurrido quince años desde esa promesa y todavía no es una realidad.
En el último tiempo, se han dado casos de delincuencia e, incluso, se suicidaron dos personas. La presencia policial no es suficiente para cubrir el sector, por lo que urge implementar un sistema de iluminación para dar seguridad a las personas que deben transitar por ese parque. Según indican los vecinos, se trata de un proyecto que llevará a cabo la Municipalidad de Maipú y respecto del cual se comprometieron recursos para su ejecución.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la autoridad edilicia de la comuna de Maipú, con el objeto de que me informe en qué estado se encuentra el proyecto en cuestión y la fecha cierta de su implementación. Además de la respuesta a la Cámara, pido que informe sobre el particular al presidente de la Junta de Vecinos Doña Margarita 3, señor Alan Campos, de quien entregaré su e-mail y número de celular.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PREOCUPACIÓN POR IMPACTO EN EL PRECIO DEL DÓLAR DE MEDIDAS ANUNCIADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN. Oficio.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, desde esta tribuna, felicito al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, y a su ministro de Educación, señor Joaquín Lavín, por los anuncios realizados ayer en materia educacional. Buena tarea tienen por delante.
Sin embargo, en relación con el tema, no puedo dejar de plantear mi preocupación por los 4 mil millones de dólares anunciados para el financiamiento de las medidas educacionales que se adoptarán. ¿De dónde provendrán los recursos?
Según lo que me han dicho algunos colegas, dicha medida podría afectar el precio del dólar que, como todos sabemos, mantiene un precio muy bajo, lo que perjudica fuertemente al sector exportador.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda, con el objeto de manifestarle mi preocupación por las consecuencias que puede tener el mayor ingreso de dólares desde el extranjero, lo que podría hacer bajar aún más su valor.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LOCALIDAD DE MAÑIHUALES, REGIÓN DE AYSÉN. Oficio.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, durante la semana distrital, sostuve audiencias y reuniones que me motivan a requerir información.
Soy muy respetuoso de la autonomía de los gobiernos locales y no voy a pedir un oficio de fiscalización, sino de solicitud de información sobre un tema que inquieta a los vecinos del sector de Mañihuales, comuna de Aysén.
He conversado con algunos de sus vecinos, entre los que se encuentran don Luis Cabezas y otros, que me han manifestado su preocupación por un proyecto de construcción de un nuevo relleno sanitario, que se ubicaría a 13 kilómetros de la localidad de Mañihuales, adyacente a la Carretera Austral, y por la falta de información.
Por lo tanto, pido que se oficie a la alcaldesa de Aysén, señora Marisol Martínez, con el objeto de solicitarle que nos informe sobre los contenidos de dicho proyecto, a fin de conocer sus detalles.
El señor MELERO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado señor Carlos Vilches.
SUBSIDIO AL TRANSPORTE TERRESTRE DE PUERTO BERTRAND, REGIÓN DE AYSÉN. Oficios.
El señor SANDOVAL.- En segundo lugar, durante una visita a la localidad de Puerto Bertrand, perteneciente a la comuna de Chile Chico, la presidenta de su junta de vecinos, señora Hortensia Ramírez Soto, me manifestó la inquietud de esa comunidad por la inexistencia de un subsidio al transporte terrestre en esos sectores rurales.
La localidad de Puerto Bertrand es la más alejada de todas las de Chile Chico, lo que obliga a sus habitantes a viajar al centro de la comuna cada vez que necesiten realizar un trámite.
Puerto Bertrand es una comunidad de pequeños y medianos ganaderos, los que con mucho esfuerzo han mantenido sus actividades. Como se ubica en el nacimiento del río Baker, tiene gran importancia desde el punto de vista turístico, por lo que debería ser considerada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con copia a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Undécima Región, con el objeto de que nos informe sobre las razones por las cuales la localidad de Puerto Bertrand no fue considerada en la aplicación del subsidio de transporte terrestre que tanto serviría a los aislados pobladores de nuestra región.
El señor MELERO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Carlos Vilches.
INFORMACIÓN SOBRE SUMARIO POR FALLECIMIENTO DE PACIENTE EN EL HOSPITAL DE COYHAIQUE. Oficios.
El señor SANDOVAL.- En tercer lugar, quiero plantear el caso del señor René Ruiz Bórquez, quien me hizo llegar su inquietud por una presentación formal que realizó en el Hospital Regional de Coyhaique sobre prestaciones asistenciales a su madre, señora Yolanda Bórquez, quien finalmente falleció. A consecuencias de ese hecho, don René Ruiz realizó denuncias formales por el suceso ocurrido durante julio y agosto del 2009.
Dado el tiempo transcurrido, pido oficiar al ministro de Salud y al director del Hospital Regional de Coyhaique, a fin de que se le informe sobre el procedimiento administrativo o sumario efectuado por dicho acontecimiento, para dar tranquilidad a la familia de la señora fallecida, especialmente a su hijo.
El señor MELERO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Carlos Vilches.
ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO DE OBRAS PORTUARIAS PARA MEJORAR CONECTIVIDAD MARÍTIMA EN ZONA AUSTRAL DEL PAÍS. Oficios.
El señor SANDOVAL.- Por último, quiero señalar que, en la Comisión de Turismo, el director nacional de Obras Portuarias nos informó sobre los objetivos que se persiguen en materia de conectividad e infraestructura en la zona sur austral.
En la ruta de Puerto Montt y de todos los puertos y caletas que se conectan hasta llegar hasta Puerto Chacabuco, son cerca de 50 mil los vecinos que hacen uso de la infraestructura existente. Sin embargo, hay que destacar que son muchos los puertos y caletas cuya infraestructura se encuentra en precarias condiciones.
En muchas ocasiones, he sido testigo directo de cómo algunos pobladores, en lugar de bajar a los puertos, a las rampas u otra infraestructura, deben trasladarse desde una embarcación a un bote para que éste los ubique finalmente en el puerto de destino, lo que se realiza en preocupantes condiciones de riesgo e inseguridad.
Por la información entregada hoy por esa autoridad, nos surgen algunas inquietudes, porque el tema no es menor. Se trata de 50 mil personas que se trasladan por esas rutas; es decir, abarcan a casi la mitad de los vecinos de la Región de Aysén.
Aunque reconozco que hay responsabilidades anteriores, no es lógico que no se realicen las planificaciones adecuadas para lograr que los pobladores de Melinka, Raúl Marín Balmaceda, Puerto Cisnes, Isla Toto, Puerto Gala, Puerto Gaviota, Islas Huichas y Chacabuco tengan una infraestructura portuaria adecuada.
Por tal motivo, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, al director nacional de Obras Portuarias y al seremi de Obras Públicas de la Región de Aysén, con el objeto de pedirles que se elabore un plan maestro de obras portuarias para mejorar la conectividad marítima en la zona sur austral del país y, de esa manera, responder a los legítimos anhelos y esperanzas de esos vecinos.
Hago presente que en dicha zona no hay otro sistema de comunicación, porque no hay rutas carreteras que unan Puerto Montt con Coyhaique. Para muchos de los pobladores de Aysén, las rutas marítimas son las únicas vías posibles de comunicación.
La inexistencia de un plan maestro es una limitación a la conectividad marítima austral, al desarrollo del turismo y a la integración de la zona austral con el resto del país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor Carlos Vilches.
INFORMACIÓN SOBRE EXISTENCIA DE PLAN PARA REPOSICIÓN DEL “TREN DEL VINO” ENTRE SAN FERNANDO Y PERALILLO. Oficios.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente, quiero poner en el tapete público una situación que afecta a la provincia de Colchagua, específicamente a las localidades que abarcaba, en su momento, todo el ramal de la línea férrea desde San Fernando hasta Peralillo.
Como es de público conocimiento, hasta el 27 de febrero de 2010 funcionaba, entre ambas comunas, el denominado “tren del vino”, que era muy importante para el turismo regional. Para la provincia de Colchagua, se constituyó en un hito turístico que generó movimiento económico y una importante fuente de recursos para muchos micro y grandes empresarios del sector vitivinícola, que se vieron beneficiados por el funcionamiento de ese tren.
Lamentablemente, debido al terremoto del 27 de febrero del año pasado, se produjeron importantes daños en la línea férrea, que afectaron su funcionamiento; hasta la fecha, no existe certeza y claridad sobre lo que va a ocurrir con él.
Hace pocos días, en la prensa nacional se publicaron opiniones del presidente de la Corporación Tren del Vino, el empresario señor Carlos Cardoen, quien manifiesta su preocupación por esta situación. Nosotros, como representantes de la zona, también estamos preocupados por el tema, porque afecta las posibilidades de desarrollar el turismo regional que, después de la agricultura -y en el Plan O´Higgins establecido por el Presidente Piñera-, debería constituirse en una de las principales actividades de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
En ese sentido, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, al presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y al intendente de la Sexta Región, señor Patricio Rey, a fin de pedirles que expliquen si existe algún plan para volver a poner en funcionamiento el tren del vino.
También me interesa conocer cuáles eran las condiciones contractuales en que se entregó la línea férrea a la corporación que lo operó hasta el 27 de febrero de 2010, presidida por el señor Carlos Cardoen, y cuáles eran las características de la concesión anterior. Igualmente, me gustaría saber qué se pretende hacia el futuro.
El gobierno regional también debe asumir una posición y, por lo mismo, hago extensivo a él este oficio de consulta acerca de los planes sobre la operatividad de la línea férrea del tren del vino que, repito, une las localidades entre San Fernando y Peralillo. Esto es importante para el turismo regional y, por lo mismo, se hace necesario que las autoridades nacionales adopten una postura clara al respecto e informen sobre ella.
Finalmente, pido que, una vez recibidas las respuestas, se remitan copias de ellas a los interesados.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMAS DE ADMINISTRACIÓN EN LICEO CATÓLICO ATACAMA, DE COPIAPÓ. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, actualmente, el Liceo Católico Atacama, de Copiapó, atraviesa por un serio problema. Se trata de una institución dependiente del obispado de la Diócesis de Copiapó, de tradición, de mucho prestigio en la ciudad, a cargo del obispo Gaspar Quintana, que enfrenta problemas de administración.
Intervengo con el objeto de buscar caminos de solución, porque actualmente existen problemas de administración que deben ser resueltos, para que el liceo continúe con su trabajo. Justamente, producto de los desacuerdos existentes sobre su gestión, se encuentra tomado por apoderados y alumnos.
Es importantísimo tomar cartas en el asunto por la vía adecuada, a fin de que la situación sea resuelta en el más breve plazo, se retome la normalidad y los niños vuelvan a las salas de clases.
En Copiapó y en varias ciudades del país se han producido protestas por la calidad de la educación, pero este liceo está tomado por una razón muy particular. Es necesario intervenir, porque, independientemente de las otras protestas desarrolladas en Copiapó, este liceo requiere retomar su normalidad.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Educación a objeto de pedirle toda la información relacionada con el problema antes descrito, para ayudar a encontrar una solución.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano.
REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El Comité de la Unión Demócrata Independiente ha cedido el tiempo que le resta al diputado Orlando Vargas.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VARGAS.- Señor Presidente, agradezco al Comité de la UDI por cederme el resto de su tiempo.
Las noticias han informado sobre un hecho ocurrido hace unos días en el norte del país, que era inédito. Se han producido lluvias, tormentas de arena, caída de nieve y frío extremo, que han azotado a los habitantes de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Quienes están acostumbrados a esos fenómenos climáticos, quizás pensarán que 3,6 milímetros de agua caída no es mucho; pero cuando esa cifra se compara con las estadísticas históricas, la percepción cambia.
En un año normal, en Arica, la lluvia alcanza apenas a 0,6 milímetros. Es decir, en menos de doce horas llovió una cantidad equivalente a lo que llueve en seis o siete años. Arica ha sido considerada la ciudad con menos lluvia del planeta y, por lo tanto, su estructura urbana y su diseño arquitectónico responden a esa realidad: casas con techos planos -cuando existen- o cielos a la vista, generalmente de madera prensada, y muy pocas construcciones con techos aptos para la lluvia, canaletas apropiadas y desagües con pendientes adecuadas. No es necesario tener una gran imaginación para comprender la magnitud del problema que afecta a miles de familias ariqueñas, de niños y niñas, de adultos mayores, que están viviendo en precarias condiciones ante las inclemencias del tiempo.
Debo reconocer que el gobierno regional de Arica y Parinacota y los gobiernos comunales están haciendo grandes esfuerzos para enfrentar la difícil situación actual.
Pero quiero ir más allá. Con el cambio climático, como consecuencia del efecto invernadero, en los próximos meses y años, más gente de mi región se verá seriamente afectada en su materialidad familiar y en su condición de bienestar general.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, así como al Serviu de la región, a objeto de pedirles que se disponga la implementación de una política presupuestaria que signifique diseñar y realizar un proyecto de reposición y mejoramiento de techos en la Región de Arica y Parinacota, con financiamiento compartido entre las familias, los municipios y el Gobierno, porque es necesario entender que las casas afectadas en Arica ya bordean las 12 mil e involucran, en promedio, a más de 60 mil personas.
Pido al ministro de Vivienda y Urbanismo que instruya la realización inmediata de un catastro de las casas afectadas, de manera que desarrollemos un diseño de trabajo a fin de presupuestar el cambio de las techumbres de las viviendas de las ciudades de Arica y de Parinacota.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA A LA CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PÚBLICOS. Oficio.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El Comité del Partido por la Democracia hará uso de los cinco minutos adicionales a que tiene derecho toda bancada una vez cada tres semanas.
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, a pesar de los grandes avances que ha tenido, el sistema previsional chileno, tanto en cobertura como en calidad, subsisten muchos vacíos y falencias.
Hoy me referiré al grave problema que afecta a los empleados públicos jubilados que se encuentran afiliados a la ex Caja de Ahorro de Empleados Públicos.
La Caja existe desde el siglo XIX y su regulación institucional no se ha adecuado de manera razonable a los tiempos que corren. Sus estatutos están completamente desfasados en el tiempo y fuera de toda normativa establecida por la legislación para temas previsionales, lo que hace muy deficiente su control y fiscalización por las entidades competentes. Al momento de crearse esta institución, no existía una regulación legal específica para la administración de fondos por terceros. Por lo tanto, la normativa legal y reglamentaria aplicable a esta entidad se mantiene conforme a la legislación común, sin tener que cumplir los demás requisitos propios del sector previsional.
Durante 2010, la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en esta Caja de Ahorro. En su informe N° 293/09, de 9 de marzo de 2010, determinó que existía una serie de falencias y actuaciones reñidas con el ordenamiento jurídico, entre las que se cuentan pagos irregulares y no justificados de honorarios y dietas; pagos de gratificaciones que excede-rían los límites legales; inclusión, dentro de los gastos, de conceptos que se alejan de los fines propios de la institución y de otros que no se encontrarían debidamente acreditados. Esto sólo por señalar algunas.
Resulta llamativo que el organismo contralor haya determinado que la Caja de Ahorros repartió utilidades a su personal a modo de gratificaciones, con lo que incrementó las remuneraciones individuales de ciertos trabajadores en proporciones desmedidas, lo cual, por falta de regulación especial o sectorial, está al borde de lo legal, ya que la Caja de Ahorros está considerada por la legislación como una entidad sin fines de lucro.
Lo cierto es que una situación como la detectada nos permite ver que la forma en que se administra esa entidad se aleja completamente del fin que debe tener, cual es la protección de los intereses económicos de sus afiliados.
Al mismo tiempo, la Subsecretaría de Justicia, por ordinario N° 6674, de septiembre de 2010, determinó la existencia de una serie de irregularidades e impartió instrucciones para corregirlas. Entre las irregularidades estaba la contratación ilegal de familiares de directivos y otros empleados, quienes recibieron millonarios sueldos, todo a costa de los ingresos de las personas que cotizan regularmente en esta entidad, que son los funcionarios que perciben menores ingresos en la administración del Estado.
Por medio de la resolución N° 6674, se impartieron a la Caja de Ahorro una serie de instrucciones para solucionar los graves problemas legales detectados. Entre estas medidas estaba formar una cooperativa de ahorro y crédito; reformar los estatutos para adecuarlos a la legislación vigente e inhabilitar indefinidamente al administrador y al consejo de la Caja. Hasta el día de hoy estas instrucciones no han sido cumplidas por la Caja de Ahorro de Empleados Públicos, que sigue funcionando tal como lo ha hecho siempre, haciendo oídos sordos de las resoluciones administrativas que decretaron su ilegalidad.
Esa situación, que afecta a 50 mil trabajadores, aproximadamente, debe obligar a los organismos de la administración a fiscalizar con prontitud todas las actuaciones de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos y, si se requiere, aplicar las sanciones ejemplificadoras que resulten pertinentes, porque no se puede jugar ni mucho menos lucrar, de manera desvergonzada, con las pensiones de los trabajadores.
Se trata de una institución sin fines de lucro, que se alejó de sus fines, por la deficiente administración que realizaron sus directivos. El Estado debe tomar las medidas que le impidan seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Es nuestro deber establecer un marco regulatorio, cuyo pilar sistémico fundamental sea la protección económica de los pensionados. Es inaceptable que, detectadas las irregularidades, después de un año no podamos dar respuesta institucional a los más de 50 mil pensionados, que ven cómo sus pensiones son mal utilizadas.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Justicia, señor Felipe Bulnes, para que informe sobre el estado de cumplimiento de las instrucciones que se dieron a la ex Caja de Ahorro de Empleados Públicos, a través del ordinario N° 6674, de la Subsecretaría de Justicia, y de las medidas que adoptará esa Cartera, en caso de que tales irregularidades e ilegalidades persistan.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores René Manuel García y Nicolás Monckeberg.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.55 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Subjefa de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.31 horas.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIONES A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS AGRÍCOLAS DE LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUYEHUE. Oficios.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que dé explicaciones respecto de una situación bastante compleja que están viviendo más de 180 familias de pequeños y medianos propietarios agrícolas de las comunas de Osorno y Puyehue, las cuales viven entre Cañal Bajo y un sector denominado La Poza, esto es, del kilómetro 4 al 21,8, que comunica a ambas comunas en la Ruta Internacional Cardenal Samoré.
Más de 180 familias se sienten afectadas por las expropiaciones que va a realizar el Ministerio de Obras Públicas en dichos lugares, para las obras de mejoramiento de la ruta que une Osorno-Puyehue, en un primer tramo, en los kilómetros anteriormente indicados. Se sienten perjudicadas y víctimas de una situación injusta, preocupación que considero absolutamente razonable.
En 2008, la empresa Axioma realizó los estudios de ingeniería que determinaron, entre otras cosas, por dónde iba a pasar la vía, las soluciones técnicas que debían generarse y las expropiaciones. En su momento, la jefa de Expropiaciones del propio Ministerio estableció que los montos a pagar por las expropiaciones iban a fluctuar entre 5 mil y 7 mil pesos el metro cuadrado.
Hoy, el Gobierno ha dado un giro tremendo. El propio seremi de Obras Públicas de la Región de Los Lagos ha señalado públicamente que el Gobierno tiene tomada la decisión en orden a que los montos de expropiación van a fluctuar entre 1.200 y 2 mil pesos el metro cuadrado, cifras que están absolutamente bajo los valores de mercado para las expropiaciones que se realizan en la región. La mejor prueba de ello es el monto que se pagó en las expropiaciones para construir el camino Las Cascadas-Ensenada, en la Ruta Interlagos, que está en la etapa final de ejecución.
Por lo tanto, solicito que el ministro nos informe cuáles han sido los montos de expropiación pagados en la Región de Los Lagos en los últimos cinco años, cuando se han hecho obras del Ministerio de Obras Públicas, en particular en las provincias de Osorno y Llanquihue.
Con los montos que hoy el Gobierno está ofreciendo, se da un portazo en las narices a las personas que aspiran a tener una mejor condición de vida. Hay gente que tiene tan poco terreno, que el poco dinero que recibirá no le alcanzará para comprar absolutamente ninguna propiedad donde vivir.
El Ministerio de Obras Públicas está cometiendo una injusticia grave. Espero que el ministro pueda realizar los oficios pertinentes para generar una mesa de trabajo con los más de 100 vecinos del sector, que se han organizado con el objeto de obtener condiciones que mejoren una situación que hoy les es compleja y absolutamente adversa en su diario quehacer.
Pido al ministro de Obras Públicas que coloque una luz de alerta sobre lo que está ocurriendo. No es posible que el cambio de Gobierno implique perjudicar a las familias. ¿Por qué lo digo? Repito, porque en el gobierno anterior, la propia empresa que ha desarrollado este trabajo desde 1992 hasta la fecha para el Ministerio había estipulado montos aproximados de expropiación de 5 mil a 7 mil pesos el metro cuadrado.
Pido que se envíe copia de mi intervención al Comité de Agua Potable Rural Las Lumas, en particular a su secretaria, la señora Lorena Aguilar, y a su presidente, el señor Gardy Navarro.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo indican y de este Presidente accidental.
ENSANCHAMIENTO DE CAMINO DESDE PUERTO RICO A EL PONCHO, COMUNA DE PUERTO OCTAY. Oficios.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Por otra parte, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que tome conocimiento de la situación grave que ocurre en la comuna de Puerto Octay, en relación con el camino que une los sectores de Puerto Rico y El Poncho.
Hace quince días visité el lugar y me reuní con los dirigentes de las juntas de vecinos El Islote, El Poncho y Las Gaviotas. En verdad, es necesario y fundamental que el Ministerio de Obras Públicas haga una inversión para ensanchar ese camino, porque ha habido accidentes. Se han caído tres camiones al lago y han fallecido dos personas.
El último derrumbe se produjo hace poco más de un mes en un tramo del camino. A las 06.00 horas, el bus en el que iba la señora Margarita, una importante dirigente del sector El Poncho, alcanzó a pasar por el lugar antes del derrumbe. Si hubiera pasado a las 06.01 horas, el bus con todos sus pasajeros habría caído al lago. Eso indica la necesidad urgente y fundamental de ensanchar ese camino en las zonas más críticas desde Puerto Rico a El Poncho.
Solicito estos oficios para dar respuesta a los presidentes de las juntas de vecinos de ambos sectores, a quienes pido que se envíe copia de mi intervención. Asimismo, pido enviar copia de mi intervención al alcalde de Puerto Octay, señor Carlos Mancilla; a los concejales, en particular a la señora Patricia Álvarez, con quienes he estado en el lugar, y a la Unión Comunal de Puerto Octay.
He dicho.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican y de este Presidente accidental.
RÉPLICA DE PROGRAMA EDUCACIONAL GESTIONADO POR SINDICATOS DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, la semana distrital recién pasada me tocó vivir una de las experiencias más significativas, por la identidad irrenunciable y absoluta que tengo con los trabajadores y con el pueblo, la cual, en la dimensión de los seres humanos, nos muestra el valor del sindicato, el valor de contar con dirigentes sindicales comprometidos con el desarrollo integral de los trabajadores. El sindicato es una escuela. Ello se remonta a los orígenes del sindicalismo, en los cuales nos encontramos con un hombre autodidacta, sin cartón, un hombre con trascendencia y un referente muy importante: Luis Emilio Recabarren. Siento orgullo de la labor de estos liderazgos sindicales que se ponen al servicio del conocimiento y el desarrollo integral de los trabajadores.
En el acto en que participé, un conjunto de trabajadores de las empresas Coemin, Saver y Mina Carola recibían su licencia de educación media, a raíz de un programa preparado por su sindicato; subrayo: por su sindicato y no por la empresa. Este hecho es muy importante, tiene una trascendencia muy grande para los trabajadores y es un ejemplo para el conjunto del país.
En la actualidad, es necesario que los trabajadores formalicen sus conocimientos. Muchos concurren a los programas de formalización de estudio con grandes sabidurías que les ha entregado la vida, que muchas veces superan a las de quienes han logrado formalizar sus conocimientos de educación superior. Ahí está la cualidad del mundo y de los seres humanos vinculados al trabajo.
Soy de los convencidos de que mientras más cultos son los pueblos, más próximos están de ser libres. Mientras más conocimientos tiene un trabajador, es más libre, ya que el conocimiento le entrega los elementos que le permiten sistematizar aquello que le facilita desenvolverse en la vida y enfrentar la injusticia social, defender sus legítimos derechos y los de sus familias.
Desde esa perspectiva, el incremento del acervo de conocimientos -formalizados en la licencia que adquiere este grupo de trabajadores- constituye una gran conquista de quienes valoran el aporte de los trabajadores al desarrollo del país, más aún cuando estas experiencias se dan en empresas que son verdaderos laboratorios de injusticia.
Debo recordar que estos trabajadores tuvieron que vivir largas huelgas hace muy poco tiempo, que contaron con mi absoluta solidaridad y con la insensibilidad total de los empresarios. Ésa es la contraparte. ¡Qué pequeños se ven ellos respecto de la labor que hoy hacen esos dirigentes sindicales a los cuales descalificaron, persiguieron, les aplicaron prácticas antisindicales, etcétera!
Lo que estos trabajadores han logrado es muy importante: formalizar su educación media. Esto les permitirá acceder a nuevos desafíos. Cuando deban presentar sus currículos para postular a nuevos puestos de trabajo, también van a verse fortalecidos a sí mismos.
He visto recibir su cartón de enseñanza media a un trabajador de alrededor de sesenta años, emocionado por ese logro, mientras a su lado un trabajador de entre veinticinco y treinta años esperaba recibir el suyo. Esto es algo que para quienes tenemos sensibilidad constituye un momento conmovedor.
Cuando uno asiste a la graduación de un hijo, lo hace con emoción, porque cumple un ciclo; pero le ha dado todas las condiciones para que se dedique a estudiar y solamente a eso. Cuando uno asiste a la graduación de trabajadores que tienen que compatibilizar sus estudios con su jornada laboral -de hecho, muchos de ellos no pudieron estar presentes en la licenciatura porque estaban en la faena- y que lo hacen a costa de su tiempo libre y sólo para demostrar que tienen capacidad, es doblemente emocionante.
Esta experiencia se hace en un país en el que la inmensa mayoría de los trabajadores no está sindicalizado. Me pregunto, ¿qué pasaría con esos trabajadores si la constitución de sindicatos fuera una norma en toda faena laboral y no existiera la resistencia que cada día usan muchas empresas para tratar de invalidar, neutralizar o negar sus derechos? Hay una ley que amenaza a los trabajadores; existen mañas, como el multirrut, para falsear la realidad y burlar la sindicalización. Los trabajadores sin sindicatos no tienen protección, pero tampoco tienen lo que se llama solidaridad de clase, en virtud de la cual el que sabe más comparte conocimientos con el que está al lado en la faena y los necesita. Ellos dependen de una ley que garantice sus derechos.
Por esta razón, solicito que se oficie al ministro de Educación y a la ministra del Trabajo, a fin de que dispongan que las seremías correspondientes de la Región de Atacama tomen nota de esta experiencia y desarrollen políticas y programas que permitan replicarla en otros sindicatos de la región. Ello implica la destinación de recursos, pero también supone algo primario: el respeto absoluto a las iniciativas que adoptan los sindicatos. La idea es que la autoridad potencie dichas iniciativas y no les arrebate una cualidad que le es propia, cual es la experiencia de solidaridad y de hermandad entre trabajadores. En nuestra región hacen falta iniciativas similares. Por eso me atrevo a difundir esta experiencia y espero que ambas seremías la recojan motu proprio.
Asimismo, solicito que se envíe copia de los oficios a los sindicatos de Coemin, Saver y de mina Carola; a las CUT provinciales de la Región de Atacama, a la intendenta de la Región de Atacama, a los consejeros regionales y a los alcaldes y concejales de los municipios de la Región de Atacama.
Al destacar esta experiencia, siento que cumplo no sólo mi tarea de representar a los ciudadanos de mi distrito y de fiscalizar los actos del Gobierno, sino también la de hacer justicia con tan trascendente experiencia que han llevado adelante los trabajadores organizados en los sindicatos que nombré.
He dicho.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
FISCALIZACIÓN A EMPRESA MINERA CEMIN DOS AMIGOS. Oficios.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- A continuación, solicitaré el envío de oficios.
La empresa minera Cemin Dos Amigos tiene una importante planta de ácido sulfúrico en Domeyko, comuna de Vallenar.
Dicha planta va a producir alrededor de 300 toneladas al día de ácido sulfúrico, con una concentración de más o menos 99,8 por ciento, para la operación de la planta de lixiviación Cemin, de Domeyko, además de la generación de un megawatt de energía eléctrica para el consumo interno de la empresa.
Hace un tiempo, las autoridades de la empresa destacaron que se han adoptado todas las medidas necesarias y acordes con la normativa legal para garantizar un efectivo y seguro funcionamiento de la planta. Señalaron que cuentan con un sistema de monitoreo y de control de riesgo, de prevención y de seguridad que permite dar garantías de una operación segura y sin riesgo para la población.
Sin embargo, lo cierto es que en esa planta de ácido trabajan unas cincuenta personas. Los operadores de terreno de la planta, que son los encargados de que ésta funcione, no tienen un lugar de resguardo para elaborar los informes de lo que acontece en sus turnos y no tienen dónde tomar un café o reunirse para conversar.
La situación se torna más crítica en invierno, por el frío que hace en la Región de Atacama, sobre todo en las noches, ya que las temperaturas bajan de cero grado, más aún cuando llueve. A lo anterior se agrega que los trabajadores sólo cuentan con baños químicos.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros de Minería y de Salud y a la ministra del Trabajo, con el objeto de que dispongan respectivamente que el Sernageomin, las autoridades sanitarias correspondientes y la Dirección del Trabajo fiscalicen los aspectos que les competen en relación con las condiciones en que deben realizar sus labores los trabajadores de esa empresa.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la CUT regional, al sindicato de Cemin Dos Amigos y a los alcaldes y concejales de la provincia de Huasco.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS REPRESIVAS CONTRA FUNCIONARIOS DEL LICEO DE ALTO DEL CARMEN. Oficios.
El señor ROBLES.- En segundo lugar, solidarizo con la Federación Regional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación, de Atacama, quienes han denunciado una actitud de la dirección del liceo de Alto del Carmen que me parece extraordinariamente seria.
En el país, se han movilizado en relación con el tema educacional más de 200 mil ciudadanos, entre profesores, estudiantes y asistentes de la educación. En Copiapó, acompañé a los alcaldes de Huasco, Caldera y Diego de Almagro en una marcha relacionada con la problemática de la educación. En esa ocasión se permitió la libre expresión de todos en relación con la materia.
No obstante, en Alto del Carmen se está reprimiendo y persiguiendo a los asistentes de la educación, sin entender que estamos en un estado de derecho republicano, en el que las expresiones son legítimas y libres.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Educación, con el objeto de que disponga una fiscalización y me informe sobre las medidas que se han adoptado en relación con la represión que han sufrido los funcionarios del liceo de Alto del Carmen. Asimismo, a la alcaldesa y a los concejales de Alto del Carmen, a fin de que tomen debida nota de la preocupación de este parlamentario y, por supuesto, de los dirigentes de los funcionarios asistentes de la educación que han hecho la denuncia.
He dicho.
ANTECEDENTES SOBRE PROGRAMAS DE PACIENTES POSTRADOS. Oficios.
El señor ROBLES.- Por último, pido que se oficie al ministro de Salud, a fin de que me informe qué ocurre con el Programa de Pacientes Postrados, y disponga que el director del Servicio de Salud de Atacama me dé a conocer la situación de ese programa en la Región de Atacama. Entiendo que en la región existen varios municipios que lo cumplen muy mal.
El Programa de Pacientes Postrados dispone la entrega de un sueldo para quienes cuidan a los enfermos postrados. Sin embargo, esas personas no reciben el estipendio desde hace mucho tiempo. En la comuna de Tierra Amarilla hace más de seis meses que se les adeuda el pago; lo mismo ocurre en otras comunas.
Asimismo, el programa asegura los medicamentos para hacer las curaciones a los pacientes cuando fuese necesario, lo cual no se está cumpliendo.
Por lo tanto, pido un informe completo, comuna por comuna de la Región de Atacama, del Programa de Pacientes Postrados, de los estipendios que se adeuda a los funcionarios que lo llevan a cabo y de los medicamentos que reciben los pacientes.
En la comuna de Tierra Amarilla, la Agrupación Esperanza trabaja en forma admirable por los pacientes postrados. Incluso, ahora lo hace con sus propios recursos sin captar dineros del Estado. Deben hacer bingos u otro tipo de eventos para solucionar problemas que el Estado debería resolver y costear.
Pido que se envíe copia de mi intervención a la Agrupación de Discapacitados Esperanza de la comuna de Tierra Amarilla, en la que su presidenta, la señora Maritza Jara Carvajal, desarrolla una labor muy importante.
He dicho.
REITERACIÓN DE OFICIOS.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, quiero reiterar el envío de varios oficios que no han sido debidamente respondidos por ministras y ministros, lo que me parece una falta de respeto con el Poder Legislativo.
Comenzaré por el oficio despachado por la Cámara de Diputados el 2 de noviembre de 2010, dirigido a la ministra de Bienes Nacionales, a través del cual se le solicitó que agilice los trámites para el remate de la casa ubicada en pasaje Antonio Alfonso N° 833 de la Población Antártica en La Serena. En su momento, expuse los motivos de lo importante que era agilizar el remate de la vivienda para destinarla a fines de carácter social. Si a través de sus asesores la ministra hurga en sus archivos, encontrará el oficio pendiente de respuesta desde el 2 de noviembre de 2010.
Por lo tanto, pido que se reitere dicho oficio -N° 546- a la señora ministra.
El seremi de Transportes de la Región de Coquimbo tampoco ha dado respuesta a mi solicitud. Por ello, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que me informe sobre lo solicitado el 5 de noviembre de 2010 en relación con la regularización del transporte público desde y hacia la localidad de Huanta en la comuna de Vicuña. El oficio es el N° 682.
Asimismo, pido que se reitere el oficio N° 818, despachado por la Cámara de Diputados el 22 de diciembre de 2010, al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para efectos de pedirle -como lo hicimos en su momento- que adopte las medidas pertinentes para que se resuelva el problema de señal telefónica en los sectores de Horcón y Alcohuaz de la comuna de Paihuano, Región de Coquimbo. Se trata de zonas altamente turísticas. En Horcón existe un parque artesanal en el que el Estado invirtió muchísimos recursos. Sin embargo, para el buen funcionamiento y desarrollo de la actividad turística, se requiere contar con señal de telefonía celular.
Pido que se reitere el oficio N° 995, dirigido a la ministra del Trabajo y Previsión Social, despachado el 19 de julio de 2010 -hace casi un año-, a fin de que busque fórmulas para financiar el programa Nivelación de Competencias Laborales en beneficio de los trabajadores del sector de Salud de Coquimbo.
El programa de Nivelación de Competencias Laborales se creó para que los trabajadores del sector público puedan subir de grado. Pero para ello deben realizar cursos que cuestan 30, 40 ó 50 mil pesos mensuales. Algunos ganan doscientos mil pesos. ¡Cómo va a ser posible que paguen el curso! En consecuencia, es un círculo vicioso. O hacen los cursos para aumentar de grado y tener mejores remuneraciones, o pagan los cursos y se quedan sin comer.
Por eso hemos pedido que el Estado busque un mecanismo, a través del Sence o del presupuesto del Ministerio de Salud, a fin de otorgar una bonificación, un apoyo económico a los trabajadores para que hagan los cursos de nivelación de competencias laborales, que les permitan optar a mejorar su posición dentro del servicio público y, en consecuencia, su nivel de ingresos.
Pido que se reitere el oficio N° 1155 a la ministra del Trabajo y Previsión Social, de 9 de agosto de 2010, a fin de que informe sobre las reclamaciones presentadas en los últimos doce meses en las inspecciones del Trabajo del país contra las empresas del retail. Esas empresas siempre provocan malos ratos no sólo por los cobros excesivos o por las amenazas de cobro financiero, que consideran el remate de los inmuebles de las personas, sino también porque ejercen prácticas antisindicales y atentatorias contra los derechos de los trabajadores. Hemos pedido a la ministra, hace casi un año, que nos envíe un informe de las reclamaciones presentadas. Nada más que eso. ¿Cómo no podemos tener una estadística de la Dirección del Trabajo sobre las reclamaciones presentadas en los últimos doce meses?
Pido que la información solicitada se actualice hasta junio de 2011.
También solicito que se reitere el oficio N° 1880, de 12 de noviembre de 2010, al ministro de Planificación, en el que solicitamos que nos informe sobre la factibilidad de implementar un mecanismo de apoyo financiero que permita al Estado asistir económicamente a instituciones dedicadas al cuidado de adultos con discapacidad intelectual. En Chile no existe ningún mecanismo en ese sentido.
Las instituciones que se hacen cargo de adultos con discapacidad mental son atendidas por los propios familiares. Cuando no tienen recursos, la gente queda completa y totalmente desamparada y abandonada. Existen instituciones privadas que, con mucho esfuerzo, se hacen cargo de una labor que corresponde al Estado, en razón de su solidaridad y de ser articulador del bien común. Sin embargo, eso no ocurre. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que se explore un mecanismo financiero, algún subsidio, aporte económico o fondo. A lo mejor, el Servicio Nacional de la Discapacidad nos puede responder lo consultado, si el ministro no está en condiciones de hacerlo.
En la sesión de mañana reiteraré varios oficios más que desde hace mucho tiempo están pendientes.
Pido que se envíe copia de cada una de estas presentaciones al Consejo para la Transparencia, para que en su nombre y en el mío requiera a los organismos públicos las respuestas. Pareciera ser que se responde más al Consejo para la Transparencia que a la Cámara de Diputados. Me parece una falta de respeto y es una vergüenza que los ministros y ministras aún no respondan.
He dicho.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Señor diputado, le sugiero que también
se oficie al ministro secretario general de la Presidencia, dado que por ley existe la obligación de los ministros de responder los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados en no más de treinta días desde que se hace la presentación. Incluso, si ello no ocurre así, hay procedimientos que la Contraloría General de la República debe aplicar desde el punto de vista de su control de los ministerios.
Me parece muy pertinente su planteamiento. Es absolutamente indispensable que los ministerios respondan los oficios de fiscalización de la Cámara, en relación al trabajo del sector público.
El señor DÍAZ.- Muchas gracias, señor Presidente. Estoy de acuerdo con lo que ha sugerido.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.00 horas.
PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,
Subjefa de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración la indicación que más adelante se señala.
I. ANTECEDENTES.
El Proyecto de ley iniciado en moción del Senador Horvath, que Regula el pago de las tarifas eléctricas residenciales (Boletín Nº6.041-08), que persigue fomentar la generación de energía eléctrica a nivel residencial con energías renovables no convencionales, ha venido a llenar un vacío en nuestra legislación eléctrica.
Los contenidos del referido proyecto básicamente se encontraban alineados en permitir la instalación de medidores bidireccionales que posibiliten el registro tanto de los consumos del cliente final, como de las eventuales inyecciones que pueda éste realizar a la red; y de establecer un mecanismo de cálculo de las tarifas correspondientes a las referidas inyecciones de energía.
El Gobierno, consciente de la relevancia de la materia en discusión, presentó en noviembre pasado una indicación sustitutiva al proyecto señalado, cuyos lineamientos principales recogían el espíritu de la moción del Senador Horvath, y que en lo sustancial establecían una diferencia conceptual entre los generadores residenciales y aquellos más propios de un esquema comercial.
En efecto, tal como lo señalan los fundamentos de dicha indicación, la Ley General de Servicios Eléctricos ya contempla hoy un mecanismo idóneo para integrar y fomentar la generación distribuida en la matriz energética. Ese mecanismo, contenido en el Artículo 149º de la Ley General de Servicios Eléctricos, incorpora a los pequeños medios de generación distribuida o PMGD, como suele denominárseles, en las transferencias coordinadas por los Centros de Despacho Económico de Carga.
La indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en el Primer Trámite Constitucional del proyecto en el Senado, se hacía cargo de la existencia de esta modalidad de inyección de energía y venía a complementar dicho mecanismo mediante la incorporación de una normativa específica que posibilitara ya la generación de energía eléctrica para autoconsumo y la inyección de los excedentes que se produjeren, en sincronía con el respectivo sistema. La diferencia que se quería establecer mediante la referida indicación era pues cualitativa: por un lado, se conservaba el esquema de generación distribuida asociado a un emprendimiento comercial, más complejo y sofisticado en su desarrollo, más orientado a la conexión en alta y media tensión, y destinado a todo tipo de fuente de generación; y por otro lado, se establecía un mecanismo sencillo de generación, orientado al consumidor final residencial, sin fines comerciales, con bajos costos de administración, destinado principalmente a la conexión en baja tensión y cuyas fuentes exclusivas fueran renovables no convencionales.
II. CONTENIDO.
Chile enfrenta grandes desafíos en materia de generación energética, que las políticas públicas y la discusión legislativa deben encarar con firmeza, con decisión y, por cierto, con una mirada de futuro. Tópicos tales como seguridad, diversificación y sustentabilidad, son ya cuestiones obligadas al momento de abordar cualquier discusión en materia energética.
Los aportes que realiza esta nueva indicación al proyecto del Senador Horvath, tienen esa perspectiva de futuro que reclama el diseño de nuestra normativa eléctrica y constituyen innegablemente un decidido avance en pos de una matriz más limpia, segura y diversificada.
La indicación que se presenta a su consideración se aparta de la anteriormente presentada fundamentalmente en un punto principal que, a su vez, repercute en todo el diseño posterior de la norma. En esta nueva indicación se admite la posibilidad de que el pequeño generador obtenga ingresos mediante la inyección de sus excedentes. Más aún, se facilita aquello por la vía de remover barreras que para un generador residencial o un pequeño comerciante significan trabas prácticamente insoslayables.
En este contexto, el proyecto dispone que aquellos clientes que, en tanto contribuyentes, no poseen el grado de sofisticación que demanda el desarrollar el giro comercial propio de la generación, no deban tributar por los ingresos percibidos en el desarrollo de su actividad de inyección, ello por la vía de considerar aquellos ingresos percibidos en la actividad de inyección, para este tipo de contribuyentes, como un ingreso no constitutivo de renta y una operación no gravada con el impuesto al valor agregado.
Este es un esfuerzo inédito en orden a la promoción de las energías renovables no convencionales que realiza el Estado de Chile en el entendido de que los beneficios de la generación distribuida superan con mucho el costo fiscal de la iniciativa.
Estamos confiados en que los avances tecnológicos que no cesan de producirse en materia de generación mediante fuentes renovables no convencionales, serán considerables en las próximas décadas. La generación distribuida en baja tensión debiera posicionarse en el largo plazo como una alternativa accesible para la población en orden a autoabastecer sus consumos y, eventualmente, generar ingresos para las pequeñas empresas o para la economía doméstica de quienes instalen equipos de generación.
A nivel internacional, especialmente en el concierto de países desarrollados, la evolución de la generación distribuida en baja tensión ha sido muy auspiciosa, y su adecuada instalación ha producido virtuosos efectos allí donde se ha optado por su facilitación.
Con la aprobación de esta indicación, las peculiares características geográficas de Chile se convertirán en un activo que podrá ser aprovechado por quienes lo deseen y cuya retribución no sólo será percibida por el microgenerador, sino también por toda la colectividad, mediante externalidades positivas tales como menores emisiones de gases de efecto invernadero y mayor seguridad y diversificación de la matriz energética.
Además, el Ejecutivo propone que se les reconozca a las inyecciones realizadas a pequeña escala, la condición de ser imputadas al cumplimiento de la obligación del artículo 150º bis de la Ley General de Servicios Eléctricos. Con ello damos una señal de confianza, pues sabemos que el aporte de estos pequeños medios de generación a la matriz eléctrica será significativo en mediano y largo plazo.
En mérito de lo anterior, someto a vuestra consideración las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
AL ARTÍCULO ÚNICO
1) Para modificar el encabezado, por el siguiente:
“Artículo único.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en el siguiente sentido:”.
2) Para agregar la siguiente letra a), nueva:
“a) Agrégase en su artículo 149º, inciso final, la siguiente oración a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido: “No aplicarán las disposiciones del presente inciso a aquellas instalaciones de generación que cumplan con las condiciones y características indicadas en el artículo 149º bis, en cuyo caso deberán regirse por las disposiciones establecidas en él.”.”.
3) Para reemplazar el artículo 149 bis, nuevo, introducido por el proyecto, por la siguiente letra b), nueva:
“b) Intercálanse los siguientes artículos 149º bis, 149º ter, 149º quáter y 149º quinquies nuevos:
“Artículo 149º bis.- Los usuarios finales sujetos a fijación de precios, que dispongan para su propio consumo de equipamiento de generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales, tendrán derecho a inyectar la energía que de esta forma generen a la red de distribución a través de los respectivos empalmes.
Se entenderá por energías renovables no convencionales aquellas definidas como tales en la letra aa) del artículo 225º de la presente ley.
Un reglamento determinará los requisitos que deberán cumplirse para conectar el medio de generación a las redes de distribución e inyectar los excedentes de energía a éstas. Asimismo, el reglamento contemplará las medidas que deberán adoptarse para los efectos de proteger la seguridad de las personas y de los bienes y la seguridad y continuidad del suministro; las especificaciones técnicas y de seguridad que deberá cumplir el equipamiento requerido para efectuar las inyecciones; el mecanismo para determinar los costos de las adecuaciones que deban realizarse a la red; y la capacidad instalada permitida por cada usuario final y por el conjunto de dichos usuarios en una misma red de distribución o en cierto sector de ésta.
La capacidad instalada a que se refiere el inciso anterior se determinará tomando en cuenta la seguridad operacional y la configuración de la red de distribución o de ciertos sectores de ésta, entre otros criterios que determine el reglamento. La capacidad instalada por cliente o usuario final no podrá superar los 100 kilowatts.
La concesionaria de servicio público de distribución deberá velar por que la habilitación de las instalaciones para inyectar los excedentes a la respectiva red de distribución, así como cualquier modificación realizada a las mismas que impliquen un cambio relevante en las magnitudes esperadas de inyección o en otras condiciones técnicas, cumpla con las exigencias establecidas por el reglamento. En caso alguno podrá la concesionaria de servicio público de distribución sujetar la habilitación o modificación de las instalaciones a exigencias distintas de las dispuestas por el reglamento o por la normativa vigente. Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente artículo y resolver fundadamente los reclamos y las controversias suscitadas entre la concesionaria de servicio público de distribución y los usuarios finales que hagan o quieran hacer uso del derecho de inyección de excedentes.
Las inyecciones de energía que se realicen en conformidad a lo dispuesto en el presente artículo serán valorizadas al precio que los concesionarios de servicio público de distribución traspasan a sus clientes regulados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 158º. Dicha valorización deberá incorporar, además, las menores pérdidas eléctricas de la concesionaria de servicio público de distribución asociadas a las inyecciones de energía señaladas, las cuales deberán valorizarse del mismo modo que las pérdidas medias a que se refiere el numeral 2 del artículo 182º y ser reconocidas junto a la valorización de estas inyecciones. El reglamento fijará los procedimientos para la valorización de las inyecciones realizadas por los medios de generación a que se refiere este artículo, cuando ellos se conecten en los sistemas señalados en el artículo 173º.
Las inyecciones de energía valorizadas conforme al inciso precedente deberán ser descontadas de la facturación correspondiente al mes en el cual se realizaron dichas inyecciones. De existir un remanente a favor del cliente, el mismo se imputará y descontará en la o las facturas subsiguientes. Los remanentes a que se refiere este artículo, deberán ser reajustados de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor, o el instrumento que lo reemplace, según las instrucciones que imparta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Para efectos de la aplicación de lo establecido en este artículo las concesionarias de servicio público de distribución deberán disponer un contrato con las menciones mínimas establecidas por el reglamento, entre las que se deberán considerar, al menos, el equipamiento de generación del usuario final y sus características técnicas esenciales, la capacidad instalada de generación, la opción tarifaria, la propiedad del equipo medidor, el mecanismo de pago de los remanentes no descontados a que se refiere el artículo siguiente y su periodicidad, y demás conceptos básicos que establezca el reglamento.
Las obras adicionales y adecuaciones que sean necesarias para permitir la conexión y la inyección de excedentes de los medios de generación a que se refiere este artículo, deberán ser solventadas por cada propietario de tales instalaciones y no podrán significar costos adicionales a los demás clientes.
Artículo 149º ter.- Los remanentes de inyecciones de energía valorizados conforme a lo indicado en el artículo precedente que, transcurrido el plazo señalado en el contrato, no hayan podido ser descontados de las facturaciones correspondientes deberán ser pagados al cliente por la concesionaria de servicio público de distribución respectiva. Para tales efectos, la concesionaria deberá remitir al titular un documento nominativo representativo de las obligaciones de dinero emanadas de las inyecciones no descontadas, salvo que el cliente haya optado por otro mecanismo de pago en el contrato respectivo.
Artículo 149º quáter.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la energía que los clientes finales inyecten por medios de generación renovables no convencionales de acuerdo al Artículo 149º bis, podrá ser considerada por las empresas eléctricas que efectúen retiros de energía desde los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 megawatts, a objeto del cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 150º bis.
Con dicho fin, anualmente, y cada vez que sea solicitado, la respectiva concesionaria de servicio público de distribución remitirá al cliente un certificado que dé cuenta de las inyecciones realizadas por el cliente a través de medios de generación renovables no convencionales. Copia de dicho certificado será remitida a las Direcciones de Peajes de los CDEC para efectos de su incorporación al registro a que se refiere el inciso sexto del artículo 150º bis. Mensualmente, y conjuntamente con cada facturación, la concesionaria deberá informar al cliente el monto agregado de inyecciones realizadas desde la última emisión del certificado a que se refiere este inciso.
El certificado de inyecciones leídas constituirá título suficiente para acreditar inyecciones para el cumplimiento de la obligación establecida en el inciso primero del artículo 150º bis, por los valores absolutos de las inyecciones indicadas en él. Para tales efectos, el cliente podrá convenir, directamente, a través de la distribuidora o por otro tercero, el traspaso de tales inyecciones a cualquier empresa eléctrica que efectúe retiros en ese u otro sistema eléctrico. El reglamento establecerá los procedimientos que deberán seguirse para el traspaso de los certificados y la imputación de inyecciones pertinente.
Artículo 149º quinquies- Los pagos, compensaciones o ingresos percibidos por los clientes finales en ejercicio de los derechos que les confieren los artículos 149º bis y 149º ter, no constituirán renta para todos los efectos legales y, por su parte, las operaciones que tengan lugar conforme a lo señalado en tales disposiciones no se encontrarán afectas a Impuesto al Valor Agregado.
No podrán acogerse a lo dispuesto en el inciso precedente, aquellos contribuyentes del impuesto de primera categoría obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, con excepción de aquellos acogidos a los artículos 14 bis y 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el Artículo 1°, del Decreto Ley Nº824, de 1974.
Las concesionarias de servicio público de distribución deberán emitir las facturas que den cuenta de las inyecciones materializadas por aquellos clientes finales que gocen de la exención de IVA señalada en el inciso precedente, siempre que dichos clientes finales no sean contribuyentes acogidos a lo dispuesto en los artículos 14 bis y14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenido en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974, caso en el cual éstos deberán emitir la correspondiente factura.
El Servicio de Impuestos Internos establecerá mediante resolución, la forma y plazo en que las concesionarias deberán emitir las facturas a que se refiere el inciso precedente.”.”.
AL ARTÍCULO TRANSITORIO
4) Para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo transitorio.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento a que se refiere el artículo 149º bis.
Durante el período comprendido entre la fecha de publicación del reglamento del artículo 149º bis y hasta la entrada en vigencia de la fijación de tarifas del valor agregado de distribución correspondiente al cuadrienio 2012-2015, los clientes que deseen inyectar sus excedentes de energía a la red, de acuerdo a lo señalado en el artículo 149º bis, y para efectos del pago de sus retiros de energía y potencia, podrán seguir adscritos a la opción tarifaria contratada a esa fecha.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda; LAURENCE GOLBORNE RIVEROS, Ministro de Minería y Energía”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 5 de julio de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, correspondiente al Boletín N° 7.737-05, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Hacienda concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.543, de 22 de junio de 2011.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.
3. Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de superar las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados, respecto del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. (boletín Nº 7737-05)
“Honorable Cámara de Diputados,
Honorable Senado:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República se pronuncia, por medio del presente informe, respecto de las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
-o-
La Cámara de Diputados, cámara de origen, en sesión de 22 de junio de 2011 designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart, Joaquín Godoy Ibáñez, José Miguel Ortiz Novoa, Ernesto Silva Méndez y Gastón von Mühlenbrock Zamora.
El Senado, por su parte, en sesión celebrada el día 5 de julio de 2011, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que conforman la Comisión de Hacienda, señores Camilo Escalona Medina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos Weber y Jovino Novoa Vásquez.
Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el mismo día 5 de julio de 2011, con la asistencia de sus miembros, ya indicados. En dicha oportunidad, por unanimidad eligió como Presidente al Honorable Senador señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y de inmediato se abocó al cumplimiento de su cometido.
A una o más de las sesiones celebradas por la Comisión asistieron, además de sus integrantes, los Honorables Senadores señores Muñoz, Sabag y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores Andrade y Lorenzini.
Del mismo modo concurrieron, del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Felipe Larraín; el Subsecretario, señor Rodrigo Álvarez; y el Coodinador Legislativo, señor Jaime Salas.
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Subsecretario, señor Claudio Alvarado; y la asesora, señorita Egle Zavala.
Del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la asesora, señora Carolina Infante.
Del Centro de Estudios para Latinoamérica, la asesora, señorita Macarena Lobos.
-o-
A continuación se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.
Cabe hacer presente que en tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 9.543, rechazó todas las enmiendas introducidas por el Senado en segundo trámite constitucional.
Artículo 1°
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 1º que en su inciso primero eleva, a contar del 1 de julio de 2011, de $ 172.000 a $ 181.500 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
A contar de la misma fecha, eleva en su inciso segundo de $ 128.402 a $ 135.494 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
En su inciso final eleva, también a contar del 1 de julio de 2011, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 110.950 a $ 117.079.
El Senado, en segundo trámite constitucional, rechazó el artículo 1°.
Artículo 2°
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 2° que reemplaza, a partir del 1 de julio del año 2011, los incisos primero y segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.987, que incrementa las asignaciones, subsidio y pensiones que indica, por el siguiente:
“Artículo 1º.- A contar del 1 de julio del año 2011, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario:
1) De $ 7.150 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 187.000.
2) De $ 5.064 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 187.000 y no exceda los $ 307.863.
3) De $ 1.600 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 307.863 y no exceda los $ 480.162.
4) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 480.162 no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo.”.
El Senado, en segundo trámite constitucional, rechazó el artículo 2°.
Artículo 4°
La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 4° que dispone que el mayor gasto que represente durante el año 2011 la aplicación de los artículos 2º y 3° de la ley que el proyecto propone, se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.
El Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó este artículo, con una enmienda consistente en sustituir la locución “de los artículos 2° y 3°” por “del artículo 1°”.
-o-
El Ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, puso en conocimiento de la Comisión la siguiente proposición, como fórmula de solución a las diferencias surgidas en relación con el proyecto de ley en análisis:
“ARTÍCULOS 1°, 2°, 3° Y 4°
-Para sustituir los artículos 1 y 2 del proyecto de ley, por los siguientes artículos 1°, 2°, 3° y 4°:
“Artículo 1°.- Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, de $ 172.000 a $ 182.000 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, de $ 128.402 a $ 135.867 el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad.
Elévase, a contar del 1 de julio de 2011, el monto del ingreso mínimo mensual que se emplea para fines no remuneracionales, de $ 110.950 a $ 117.401.
Artículo 2°.- Reemplázase, a contar del 1 de julio del año 2011, los incisos primero y segundo del artículo 1° de la ley N° 18.987, por el siguiente:
“Articulo 1°.- A contar del 1 de julio del año 2011, las asignaciones familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, reguladas por el decreto con fuerza de ley N° 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, tendrán los siguientes valores, según el ingreso mensual del beneficiario:
1) De $ 7.170 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $ 187.515;
2) De $ 5.064 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 187.515 y no exceda los $ 307.863;
3) De $ 1.600 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $ 307.863 y no exceda los $ 480.162.
4) Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $ 480.162 no tendrán derecho a las asignaciones aludidas en este artículo.”.
Articulo 3°.- Fíjase en $ 7.170 a contar del 1 de julio del año 2011, el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020.”.
Artículo 4°.- El mayor gasto que represente durante el año 2011 la aplicación de los artículos 2° y 3° de la presente ley, se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.”.
Acompañó, a la antedicha proposición, el siguiente informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 5 de julio de 2011.
“I Antecedentes.
1. A contar del 1 de julio de 2011, se fija el monto de ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años de edad, en $ 182.000.
II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
1. Como consecuencia de lo anterior:
a. Se modifican los niveles de ingresos inferiores y superiores correspondientes al grupo C, a que se refiere el artículo 160 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763 de 1979 y de las leyes 18.933 y 18.469, de $ 172.000 a $ 182.000 y de $ 251.120 a $ 265.720, respectivamente.
Estas modificaciones generan una disminución en la recaudación de copagos en la modalidad institucional en los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Los menores ingresos fiscales anuales ascienden a $ 1.661 millones, lo que implica que la menor recaudación para el segundo semestre del año 2011 será de $ 831 millones.
b. Se modifica el valor del subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 20.255, lo que significa un costo fiscal durante el segundo semestre de 2011 de $ 60 millones.
c. A contar del 1 de julio de 2011 se fija el monto del ingreso mínimo mensual que se utiliza para fines no remuneracionales en $ 117.401.
La aplicación de este incremento origina un mayor costo fiscal durante 2011 de aproximadamente $ 610 millones por el aumento en el valor de la asignación por muerte de activos y pensionados del antiguo sistema.
d. A contar del 1 de julio de 2011 se modifican los tramos para la asignación familiar y maternal y los montos correspondientes a cada tramo, con un costo de aproximadamente $ 2.134 millones para el presente ejercicio fiscal.
A partir de la misma fecha, se fija en $ 7.170 el valor del Subsidio Familiar establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.020, con un costo de aproximadamente $ 5.370 millones para 2011.
2. Así, el costo total del proyecto de ley durante el segundo semestre del presente año asciende a $ 9.005 millones.
Para el año 2012, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.”.
Explicó, el señor Ministro de Hacienda, que la proposición del Ejecutivo, que aumenta el salario mínimo a $ 182.000, supone un reajuste nominal de 5,8%, y real de 2,5%, que se aplica también al subsidio único familiar, que pasaría de $ 6.776 a $ 7.170, y al primer tramo de la asignación familiar, que se incrementaría, asimismo, de $ 6.776 a $ 7.170.
Hizo presente, además, que la Comisión Salario Mínimo que se conformó para elaborar una propuesta técnica al respecto, recomendó unánimemente un reajuste de 4,4%, el que, como se ve, es excedido en la proposición en 1,4%.
El 2,5% real en base a inflación pasada medida en doce meses, agregó, es superior al 1,98% que se entregó en el período 2006-2009, y al 2,4% otorgado entre los años 2001 y 2005.
A continuación, los integrantes de la Comisión dieron a conocer su opinión respecto de la propuesta realizada por el Ejecutivo.
El Honorable Diputado señor Ortiz expresó su rechazo a la proposición en consideración al incremento experimentado en el último año por los precios de los alimentos, por sobre el 7%, cuya incidencia resulta más alta, precisamente, en el sector de la población que gana el salario mínimo o cifras cercanas a él.
No puede obviarse, añadió, que el costo financiero del proyecto de ley no es muy significativo para el Fisco, y que la actual situación económica del país es buena y expectante, de lo que da cuenta el reciente resultado del Imacec, de 7,3%, que se proyecta a un 8% para el año en curso.
Una cifra más adecuada de salario mínimo en nuestro país, culminó, sería una de $ 185.000.
El Honorable Senador señor Novoa manifestó que el salario mínimo que en su oportunidad aprobó la Cámara de Diputados ya era razonable, y que más aún, en consecuencia, lo es el que en esta ocasión ha planteado el Ejecutivo, pues no debe perderse de vista que la propia Comisión Salario Mínimo señaló que el que se paga en Chile es muy cercano al salario mínimo de mercado, y que quienes más pagan dicha clase de salario son, justamente, las pequeñas y medianas empresas (pymes). En tal sentido, graficó que un pequeño empresario cuyas ganancias son similares a los salarios mínimos que debe pagar a sus trabajadores, podrá verse en la necesidad de optar por aumentar su esfuerzo personal y prescindir de uno o más de estos últimos si se le obliga, por ley, a aumentar la remuneración.
Por otra parte, puso de relieve que el 5,8% de reajuste nominal, que va a regir entre el 1 de julio del corriente y el 30 de junio de 2012, debe ser comparado con el crecimiento esperado del país para el mismo período, que debiera estar en torno al 6%, y no con el guarismo que para un mes determinado registre el IMACEC.
Por lo expuesto, y por la señal de responsabilidad que supone hacia un mercado laboral que se está recuperando pero que aún no llega a ser óptimo, se declaró a favor de la proposición formulada por el Ejecutivo.
El Honorable Senador señor Lagos discurrió sobre lo complejo que resulta discutir una materia tan sensible como la del reajuste del salario mínimo, en circunstancias que en caso alguno el Congreso Nacional puede incrementar un monto cuya responsabilidad compete exclusivamente al Poder Ejecutivo. Si la Comisión Salario Mínimo puso en la palestra los parámetros que debían ser tenidos en cuenta y posteriormente el Gobierno presentó un proyecto de ley que superaba el 4,4% recomendado, que fue además aumentado en la Cámara de Diputados, pareciera, advirtió, que en algún punto se abandonaron los criterios técnicos y se hicieron presente los políticos, por lo que cabe a quien así lo decidió, el Gobierno, asumir su responsabilidad política. Esta responsabilidad podría ser compartida con el Poder Legislativo si, en la fórmula de solución que en esta oportunidad plantea, el Ejecutivo mostrara una mayor flexibilidad. Como eso no ha ocurrido, se manifestó contrario a la proposición.
El Honorable Diputado señor von Mühlenbrock sostuvo que si bien tratándose del salario mínimo las cifras aparecen siempre bajas, lo cierto es que el reajuste nominal de 5,8% y real de 2,5% connotan un efectivo esfuerzo por parte del Ejecutivo, así como una importante señal económica.
Recordó, enseguida, que en las negociaciones del salario mínimo habidas en el Congreso durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, hoy en la oposición, siempre se registró una dinámica como la que en esta ocasión se replica, con el Poder Legislativo habilitado sólo para rechazar o rebajar la propuesta del Ejecutivo, y donde lo que prima es el componente político que exige, por parte de quienes participan de la discusión, responsabilidad para con las personas menos calificadas que pueden ver en riesgo sus posibilidades de empleo. Por ello, dio a conocer su voto a favor de la propuesta del Ejecutivo.
El Honorable Diputado señor Auth observó que el salario mínimo representa el 64% del salario más frecuente de Chile, lo que lo convierte en una referencia insoslayable a la hora de la determinación de la estructura remuneracional del país.
Importa, asimismo, una herramienta de equidad, que no resulta aceptable crezca menos de lo que lo haga el país, pues si así fuere, la desigualdad existente en Chile va a ser más profunda el próximo año, cuestión que, como es sabido, se encuentra hoy en día entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. En este contexto, añadió, cobra sentido la discusión acerca del ingreso ético familiar, que no debiera constituirse de subsidios y compensaciones estatales, sino, fundamentalmente, de la remuneración digna y decente del aporte que hacen los trabajadores al desarrollo del país.
Por lo razonado, y por la escasa voluntad demostrada por el Gobierno para escuchar los planteamientos recibidos en el Congreso Nacional, dio a conocer su rechazo a la fórmula de solución presentada.
El Honorable Senador señor Kuschel hizo ver que la X Región es la que concentra la mayor cantidad de pequeños propietarios agrícolas, comerciantes y pescadores que no tienen la seguridad de que sus ventas puedan aumentar al 6% o 7% que está registrando la actividad en general en otros lugares del país.
Los salarios que se están pagando, además, no son uniformes a lo largo de Chile, pues así como en Puerto Chacabuco la remuneración mínima de contratación es de $ 350.000, en Puerto Montt, gracias a la recuperación de la industria del salmón, se sitúa en $ 250.000. A esto se debe sumar que el aumento del salario mínimo impacta de manera disímil en distintas localidades del país, siendo las más pobres las más afectadas en la generación de empleo.
Finalmente, junto con expresar su aprobación a la proposición del Ejecutivo, resaltó que algunos parlamentarios de oposición se encuentran rechazando un reajuste que es superior a varios de los que, mientras ejercieron como legisladores oficialistas, concurrieron a aprobar.
El Honorable Diputado señor Silva dio a conocer su aprobación a la propuesta realizada por el Gobierno, que, acogiendo varios de los planteamientos sostenidos en el Congreso, ha hecho una presentación razonable que es superior al promedio de lo aprobado en los últimos diez años y se ajusta a al crecimiento que está experimentando nuestro país.
El aporte técnico de la Comisión Salario Mínimo, añadió, estuvo dado por la fijación de un marco de la discusión del reajuste y por la revelación de que los niveles del salario mínimo se encuentran cercanos al rango en que pueden generar problemas de desempleo, especialmente en los grupos más vulnerables. Dicha clase de aporte, debe desde luego ser tenido en cuenta al llevar a cabo una discusión política como la que en estos momentos tiene lugar. Y si el Gobierno fue incluso más allá de lo que en su oportunidad la aludida Comisión sugirió, fue porque estuvo abierto a otorgar las señales que los distintos actores le solicitaron.
Culminó su intervención indicando que lo que se ha dicho de las facultades del Congreso en materia del monto propuesto por el Ejecutivo, forma parte de una discusión más global que encuentra cabida, también, cuando se discute la ley de presupuestos. Sin embargo, lo que debe tenerse presente cuando se aborda el problema del salario mínimo, es que afecta a los que lo reciben, a los que lo pagan, fundamentalmente pymes, y a quienes, queriendo hacerlo, no pueden acceder a puestos de trabajo, particularmente los jóvenes de entre 18 y 24 años.
El Honorable Senador señor Escalona señaló que el análisis que en la especie se efectúa responde a razones esencialmente políticas, no obstante haber también argumentos técnicos, jurídicos e incluso éticos que inspiran este tipo de debate. Así, añadió, por motivos de índole sustancialmente político apoyó en su momento a los gobiernos de la Concertación, no obstante que, en algunos casos, las propuestas de reajuste del ingreso mínimo fueron más bajas de lo esperado. El Ministro de Hacienda del ex Presidente señor Lagos, de hecho, propuso reajustes más bien menguados, si bien en un contexto en el que el país recién superaba la difícil situación que tuvo que enfrentar con motivo de la llamada crisis asiática, que incluso indujo al Ejecutivo de la época a hacer ciertas concesiones a favor del empresariado, como la denominada Agenda Pro Crecimiento.
Sin embargo, prosiguió, al parecer este último sector no tomó nota de la buena voluntad que imperó en aquella oportunidad, como tampoco ahora en relación con el pacto social que fuera concordado, y hoy abiertamente vulnerado, respecto de la industria del salmón. Cuando se discutió la ley sobre producción salmonera, rememoró, el empresariado comprometió un nuevo trato para los trabajadores de este sector, en aras de obtener la pronta dictación de una normativa que permitiera renegociar las deudas y superar los pasivos. Hoy día, empero, se están imponiendo ingresos que bien podrían ser calificados de miserables. Si bien es efectivo que se generaron contratos de trabajo indefinidos, nadie ha hecho alusión a los contratos que no revisten dicho carácter, los cuales forman parte esencial de la política laboral del actual Gobierno, y que se aplican respecto de los llamados trabajadores por cuenta propia, quienes no son más que cesantes encubiertos, predominantes en la industria del salmón. Se trata de los denominados “contratos part time”, en virtud de los cuales los trabajadores cumplen jornadas que se extienden desde las 06:00 hasta las 13:00 horas, durante cinco días a la semana, y por cuyo desempeño perciben una remuneración que no supera los $ 65.000 o $ 70.000.
Subrayó, en el mismo sentido, que el actual Gobierno tiene una importante responsabilidad política en esta materia, pues mientras afirma que se ha resuelto el problema del empleo, lo cierto es que se hace en base a un trabajo precario, indigno y con un alto nivel de explotación laboral. Las estadísticas dicen que en Puerto Montt hay, prácticamente, pleno empleo. Sin embargo, por todos es sabido que ello no corresponde a la realidad, ya que se considera como trabajador a todo aquel que tiene una actividad, incluyendo, por ejemplo, a quienes cortan leña para su uso doméstico o esporádicamente venden algo. Así, cuando el Ejecutivo asevera que tales personas tienen empleo efectivo, lo hace con el propósito de exhibir el éxito político de reducir el desempleo para mostrar el cumplimiento de la promesa electoral de generar una determinada cantidad de puestos de trabajo al año. Esto ha llevado a extremos como que, por ejemplo, en la Región de Los Lagos no se implementen varios miles de empleos de emergencia porque se asegura que prácticamente existe pleno empleo, lo que obviamente provoca una enorme tensión social.
Lo razonado, hizo notar, da cuenta de las motivaciones políticas que lo llevan a rechazar la propuesta formulada por el Gobierno.
Con todo, agregó, existen también argumentos de índole técnico para votar negativamente. Citó, al efecto un estudio del Instituto Igualdad realizado sobre la base de las cotizaciones del seguro de cesantía para el cálculo de las remuneraciones, que demuestra que la remuneración imponible promedio en nuestro país es de $ 517.000, lo que ratifica que el ingreso mínimo mensual no responde, en verdad, a un cálculo de la remuneración media de los trabajadores. La clase media, de hecho, constituida por profesionales y personas que sí tienen capacidad de empleo propio o que pueden desarrollar algún tipo de emprendimiento, registra ingresos que fluctúan entre $ 500.000 y $ 550.000, situación que resulta bastante cercana a las estimaciones efectuadas por el Instituto Igualdad acerca de los señalados $ 517.000 promedio.
Hizo ver que el ex Presidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, durante la última etapa de su Gobierno llevó a cabo una negociación con los trabajadores que significó, por tres años, un aumento efectivo del ingreso mínimo, a pesar de todas las críticas que en la época se le hicieron. Así, en 1998 hubo un reajuste real del 7,6%; en 1999, de 9,1%; y en 2000, de 6,7%, con lo que se logró acercar el ingreso mínimo con la línea de la pobreza. Con la actual propuesta, en cambio, se está incrementando esa brecha. Para ejemplificarlo, señaló que la canasta familiar -cuyo costo está por sobre los $ 70.000- se ha encarecido, de modo que para que un hogar de 4,2 personas tenga las necesidades básicas cubiertas, requiere de una cifra cercana a $ 300.000.
Por último, expresó que una apertura al diálogo sólo sería posible si el Ejecutivo presentara una propuesta que permitiera acercar la línea de la pobreza al ingreso mínimo mensual. Sin embargo, lo hasta ahora planteado más bien parece un camino para salvar la situación en lo inmediato, como lo reveló el incremento al que se accedió durante el debate en la Cámara de Diputados, donde parecieron no tener importancia los cálculos macroeconómicos, las finanzas del país, la inflación o la productividad del año. No puede decirse, en consecuencia, que han primado los criterios técnicos en el tratamiento de esta materia, pues el Gobierno sólo ha perseguido resolver prontamente el dilema para obtener la aprobación legislativa.
El Honorable Diputado señor Godoy manifestó que durante el debate que se ha venido dando precedentemente, ha quedado en evidencia que el propósito final de la oposición es más bien poner en entredicho al Ejecutivo y generar dificultades que, en todo caso, no serán a la postre bien recibidas por la ciudadanía. En efecto, graficó, se ha postulado modificar la forma en que se mide la inflación en nuestro país, sugiriendo una canasta familiar diversa a la actual; se ha citado un promedio remuneracional que no guarda relación con las cifras que entrega la OCDE; se ha dicho que el ingreso mínimo representa el 64% de la mediana, sin señalar que el único país que tiene una representación del salario mínimo mayor a la nuestra es Francia; y se ha planteado que el ingreso mínimo debe ser una fórmula para eliminar la desigualdad, a pesar que no hay país en el mundo que aplique dicho instrumento para ese fin.
Recordó, asimismo, que cuando el ex Presidente de la República, señor Eduardo Frei, aumentó el ingreso mínimo en la segunda etapa de su Gobierno, se produjo un alto desempleo, lo que revela la estrecha relación que hay entre ambas variables. Desconocer tal circunstancia es, a su juicio, en extremo peligroso.
Se hace necesario, en consecuencia, transparentar a la ciudadanía que existe una oposición que todo lo obstruye y a la que no le preocupa la hacienda pública, cuestión que hace muy difícil alcanzar acuerdos como el que en esta ocasión se requiere.
Lo relevante, destacó al declararse a favor de la proposición de Ejecutivo, es que se ha propuesto un reajuste que es superior al promedio formulado durante a los gobiernos anteriores, por una suma equivalente a $ 10.000, que para algunos pueden ser poco significativos, pero que para las personas que hoy día perciben el ingreso mínimo sí son importantes.
El Honorable Senador señor Frei expresó que en los años 1998 y 1999, ante la crisis económica que se vivió y su impacto sobre el empleo, el reajuste aplicado sobre el sector de los adultos mayores superó el IPC. La negociación entonces llevada a cabo en relación con el ingreso mínimo ha sido única en su tipo, y en virtud de ella el reajuste quedó establecido para los próximos tres años, incluyendo la primera anualidad del Gobierno siguiente. Luego, en el año 2001, se dio lugar a un nuevo debate, generándose un reajuste real del 1,9%.
Por otra parte, indicó que si se toma en cuenta la cifra de inflación recientemente entregada por el Banco Central, -conforme al cual descendió de 4,3% a 4%-, el reajuste real sería de 1,5%, considerando además que los precios de los alimentos, combustibles, transportes, etcétera, han experimentado un alza de entre 7,2% y 7,4%. En cuanto al crecimiento, apuntó que el mismo Banco Central anunció que se situará en torno al 6,5% a 7%
A lo anterior se suma el desempleo. La Región de Los Ríos, por ejemplo, figura con el porcentaje más alto de Chile, con un 8,6%, seguida por la Región de Coquimbo, que registra un 8,4%. La Provincia de Osorno, en tanto, donde la mayoría de las personas percibe el ingreso mínimo mensual, muestra un desempleo que a pesar de haber descendido de 10,2% a 9,4%, es cercano al de otras ciudades como Lota, Coronel, San Antonio o Vallenar.
Existiendo, argumentó, una serie de razonamientos que pueden invocarse en un sentido u otro, lo que queda es que el Gobierno, durante todo el proceso de tramitación legislativa del proyecto en estudio, ha incrementado en casi un punto porcentual su propuesta, básicamente en razón de la necesidad de contar con los votos requeridos para su aprobación en la Cámara de Diputados.
Del mismo modo, sostuvo que la discusión que se está llevando a cabo se vincula con la sensación de molestia que experimenta la opinión pública de nuestro país, que se siente muy vulnerada en sus derechos, ejemplo de lo cual es la situación que se ha generado en torno al caso de las Empresas La Polar S.A. Hay sectores, como las familias de clase media, que efectivamente perciben cierto acoso por los altos costos que deben solventar y los elevados intereses aplicados a su endeudamiento en los supermercados, en la educación y en el desarrollo de su vida en general. Lo anterior, añadió, se hace extensivo a la situación de las pymes, que, al menos en la región a la que representa, cuentan con escasas posibilidades de acceder al sector bancario y financiero.
Por lo expuesto, al aprobar un reajuste mayor se estaría dando una potente señal al país, y de la misma manera que en su momento hubo voluntad para aumentar el porcentaje respectivo en la discusión en la Cámara de Diputados, debiera hacerse en la presente instancia. En tanto eso no acontezca, se manifestó en contra de la proposición del Ejecutivo.
El señor Ministro de Hacienda hizo ver que de las opiniones manifestadas precedentemente por quienes no están por acoger la proposición del Ejecutivo, queda claro que la crítica se hará presente tanto si se aumenta el guarismo en su oportunidad propuesto por la Comisión Salario Mínimo, cuanto si se hubiera mantenido el mismo sin plantear alguna mejora en el debate legislativo. Ha faltado, razonó, espacio para las consideraciones técnicas del caso.
La convocatoria de la aludida Comisión, además, respondió a las inquietudes planteadas por diversos sectores en orden a consensuar criterios técnicos permanentes que evitaran las desgastantes discusiones anuales en materia de salario mínimo. Las recomendaciones realizadas, consensuadas por sus diversos miembros, fueron posteriormente acogidas por el Ejecutivo, que se ciñó a sus parámetros en la formulación del presente proyecto de ley. Empero, no ha sido posible arribar a un acuerdo satisfactorio con la oposición, sin perjuicio de lo cual dio a conocer la voluntad del Ejecutivo por persistir en el intento de establecer las bases para futuras negociaciones.
Consignó, por otra parte, que no es técnicamente correcto sostener que el salario mínimo es una herramienta para la disminución de la desigualdad, pues, como diversos estudios lo demuestran, son otros los instrumentos orientados a ese fin. Sí tiene impacto, por el contrario, sobre el desempleo cuando es objeto de incrementos demasiado altos, particularmente en regiones en las que existe un importante número de personas que lo perciben.
Respecto de las variables que deben considerarse para estimar el reajuste, enfatizó los siguientes tres aspectos:
-No se puede tomar en consideración solamente la inflación de los alimentos, por ejemplo, porque la población no sólo consume alimentos, sino también una serie de otros bienes que hacen que el factor más objetivo a tener en cuenta sea el IPC general, que evita los sesgos de apreciar el comportamiento de alguna clase de producto en particular.
-Cuando se hace referencia a la tasa de inflación anual entregada por el Banco Central, se pierde de vista que el parámetro que siempre se ha seguido es el de la inflación pasada. Sólo de esa manera se entiende que el año 2008 el reajuste nominal fuera de 10,4%, pero el real de 1,4%. Así calculado, el reajuste en esta ocasión propuesto es superior al de los gobiernos de los ex Presidentes señora Bachelet y señores Aylwin y Lagos, y sólo inferior al del señor Frei. En los últimos años del período de este último, en todo caso, se produjo un alza en las tasas de desempleo.
-El criterio a seguir para la determinación del reajuste es la inflación en conjunto con el aumento de la productividad, y no el crecimiento de la economía. Si éste hubiese sido el parámetro atendido durante los gobiernos de la Concertación, ahondó, solamente en tres o cuatro años se habría cumplido el objetivo.
Recordó, por otra parte, que de acuerdo con la última encuesta sobre la materia, el desempleo en el grupo situado entre los 15 y los 19 años, es de 20,3%. De acuerdo con esto es posible apreciar que el sector en el cual tiene mayor impacto el alza del salario mínimo es precisamente el que más sufre con la falta de trabajo.
Finalmente, hizo hincapié en que la institución autónoma encargada de procesar y entregar las cifras de empleo es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a una encuesta desarrollada y fórmulas y metodologías establecidas en el Gobierno anterior al actualmente en ejercicio. De manera que no es el Gobierno el que mide el desempleo ni los resultados que posteriormente conoce la opinión pública.
Puesta en votación la proposición formulada por el Ejecutivo como forma y modo de resolver las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras con ocasión del presente proyecto de ley, se registró el siguiente resultado: votaron a favor los Honorables Senadores señores Kuschel y Novoa, y los Honorables Diputados señores Godoy, Silva y von Mühlenbrock: y en contra los Honorables Senadores señores Escalona, Frei y Lagos, y los Honorables Diputados señores Auth y Ortiz.
Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado, se verificó idéntico resultado.
Puesta en votación la proposición en la siguiente sesión celebrada por la Comisión, de acuerdo con la antedicha disposición reglamentaria, se registró la misma votación precedentemente señalada, dándose, en consecuencia, por desechada la proposición formulada por el Ejecutivo.
Posteriormente, y teniendo presente la falta de iniciativa de los señores parlamentarios en los asuntos materia del proyecto de ley, la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros, acordó dejar constancia de no haber alcanzado acuerdo para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras.
-o-
Acordado en sesiones celebradas el día 5 de julio de 2011, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Presidente), Camilo Escalona Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos Weber y Jovino Novoa Vásquez, y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart, Joaquín Godoy Ibáñez, José Miguel Ortiz Novoa, Ernesto Silva Méndez y Gastón von Mühlenbrock Zamora.
Sala de la Comisión, a 6 de julio de 2011.
(Fdo.): ROBERTO BUSTOS LATORRE, Secretario de la Comisión Mixta”.
4. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Andrade, Chahín, Jiménez; Monckeberg, don Nicolás; Saffirio, Salaberry y Walker. Modifica el Código del Trabajo, estableciendo normas de protección de los trabajadores independientes de las artes y espectáculos. (boletín N° 7762-13)
“Lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 20 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, y
Considerando:
1. Que, las Diputadas y Diputados abajo firmantes, junto a la Asociación Gremial de Locutores de Radio y Televisión A.G, en su intento por resguardar a los profesionales de la locución, hemos detectado importantes vacios legales en la normativa vigente, no solo en perjuicio de tales profesionales, sino que en general respecto de los trabajadores de las artes y espectáculos que -como ellos- prestan servicios como independientes, sin vinculo de dependencia y subordinación.
La actual normativa -que en el año 2003 modificó nuestro Código del Trabajo-a saber la ley N° 19.889 Regula Condiciones de Trabajo y Contratación de los Trabajadores de Artes y Espectáculos, es actualmente aplicable solo a trabajadores sometidos a vínculo de subordinación y dependencia, dejando sin regulación legal alguna a los trabajadores de las artes y espectáculos que por la naturaleza de su oficio, actividad o profesión, no es posible fijar contratos de trabajo con los requisitos legales que ellos exigen. Por tanto, la modificación de la actual normativa es indispensable, pues afecta entre otros, a los locutores, productores y post-productores de cine, radio y televisión, que según cifras de las organizaciones de tales trabajadores, bordearían las 5.000 o más personas.
A modo de ejemplo, el actual sistema de la industria de las comunicaciones no permite al trabajador de la voz someterse al régimen de subordinación o dependencia, toda vez que por la naturaleza de su trabajo se puede tener una multiplicidad de empleadores a la vez y en brevísimos lapsus de tiempo, por lo que en la práctica la firma de contratos de trabajo con sus requisitos, derechos y obligaciones subyacentes, se hacen imposibles.
En este sentido, para aquellos trabajadores que no tengan una relación de trabajo bajo subordinación o dependencia, se propone que deban contratarse mediante contrato de prestación de servicios, en documento escrito y firmado entre las partes, obligando de esta manera a contar con documento, a modo de instrumento privado, para zanjar cualquier diferencia entre ellas. Por lo mismo, mencionado contrato de prestaciones de servicios debería contener algunas cláusulas básicas que protegieran al trabajador independiente a lo menos respecto del pago de los honorarios convenidos, la fecha cierta en que tal pago deba hacerse, el plazo de vigencia del contrato y los derechos que subsisten luego de su terminación.
2. Que, es urgente que se regule la salida al aire de las piezas publicitarias con la exigencia de que todos los contratos de las personas involucradas en dichas plazas estén debidamente firmados y conformes a la normativa vigente. Hasta hoy, las piezas que salen al aire en nuestro país no tienen ninguna normativa a este respecto, pudiendo ser exhibidas impunemente y con total desprotección de las personas que trabajaron en ella.
En México, por ejemplo, dicha normativa está estipulada para cualquier pieza publicitaria, exigiéndose en el momento de pautear la tanda de medios, los contratos de todos los trabajadores involucrados en referida pieza, sean estos de trabajo o de prestación de servicios, como asimismo, los derechos involucrados en ellos para su exhibición. México en esta materia se encuentra a la vanguardia en Latinoamérica, siendo en este sentido un buen ejemplo a seguir.
3. Que, es urgente que se regule la salida al aire de fas piezas publicitarias, con la exigencia de que todos los contratos de las personas involucradas en dichas piezas estén debidamente firmados y conformes a la normativa vigente. Hasta hoy, las piezas que salen al aire en nuestro país no tienen ninguna normativa a este respecto, pudiendo ser exhibidas impunemente y con total desprotección de las personas que trabajaron en ella.
La revisión de la ley es indispensable, tanto para los trabajadores de la voz como para todos los trabajadores de artes y espectáculos que no tiene la calidad de subordinado o dependiente. Dado que no existe ningún mecanismo regulatorio el vacío legal es enorme al respecto, dejando a una cantidad inmensa de personas desprotegidas en sus derechos como trabajadores y al sistema legal como un ente arcaico que hace vista gorda a un problema grave.
4. Que, junto a lo anterior, es imprescindible que dentro de los contratos de prestación de servicios, se disponga que ante el incumplimiento en el pago de los honorarios al trabajador independiente por parte de terceros intermediarios, se entregue la responsabilidad subsidiaria a fas personas naturales o jurídicas que encargan la contratación de un servicio. Lo anterior, habida consideración que muchas veces encargan servicios como la realización de un comercial a una agencia publicitaria, quién a su vez subcontrata a productoras para la realización de la misma y ésta última incumple con sus obligaciones pecuniarias.
Por lo anterior, es que los parlamentarios abajo firmantes venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Modifíquese en el Título II del Libro I del Código del Trabajo, Capítulo IV, lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el tenor del Capítulo IV Del contrato de los trabajadores de artes y espectáculos, en el siguiente sentido:
Capítulo IV Del contrato de trabajo y del contrato de prestación de servicios de los trabajadores de artes y espectáculos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 145-A, en el siguiente tenor:
De igual forma, este capítulo regula, en lo pertinente, los contratos de prestación de servicios que realizan los trabajadores de las artes y espectáculos como independientes.
ARTÍCULO TERCERO: Agréguese al actual inciso segundo del artículo 145-A, que pasa a ser inciso tercero de conformidad al artículo segundo precedente, y a continuación del vocablo compositores, el texto: “, locutores, y”. Igualmente, elimínese el fonema “y”, luego de la palabra compositores.
ARTÍCULO CUARTO: Agréguese al actual inciso tercero del artículo 145-A, que pasa a ser inciso cuarto de conformidad al artículo segundo del presente proyecto, en su primera línea, luego de la frase:...contrato de trabajo, la frase “o la prestación de servicios,”. Igualmente, elimínese la coma (,) luego de la frase, contrato de trabajo antes referida.
ARTÍCULO QUINTO: Agréguese un nuevo artículo, el 145-M, en el siguiente tenor:
Para los servicios que presten los trabajadores independientes de artes y espectáculos a personas jurídica o naturales, se deberá suscribir un contrato de prestación de servicios entre las partes, el que contemplará a lo menos las siguientes clausulas, a saber, identificación de las partes, identificación del servicio a prestar, el valor en pesos del honorario a pagar por el servicio y la fecha de pago del mismo, el plazo de duración del contrato y el valor en pesos del honorario a pagar por el uso de los servicios fuera del plazo de duración del contrato.
Cuando los servicios prestados lo sea a través de terceros intermediarios, el contrato deberá señalar y establecer la responsabilidad subsidiaria del mandante, para el caso de incumplimiento de ese tercero.
La suscripción del contrato de prestación de servicios en los términos señalados en este artículo, lo será mediante documento privado. Un ejemplar de dicho contrato deberá depositarse en la Inspección del Trabajo del lugar de suscripción del contrato”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
“Santiago, 24 de enero de 2011.
Oficio N° 6.228
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 24 de junio de 2011 en los autos Rol N° 1988-11-CPT, sobre acción de inconstitucionalidad de los artículos 7, 10 N° 3, 14, 15, 16, 17 y 40 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), contenidos en el boletín N° 6426-10).
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
VALPARAÍSO”.