Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EX SENADOR SEÑOR JORGE MARTÍNEZ BUSCH
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Lily Perez San Martin
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Francisco Chahuan Chahuan
- Antonio Horvath Kiss
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Baldo Prokurica Prokurica
- Alberto Espina Otero
- Carlos Cantero Ojeda
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Carlos Anibal Larrain Pena
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- PERMISO
- Juan Pablo Letelier Morel
- Jorge Pizarro Soto
- PERMISO
- Fulvio Rossi Ciocca
- PERMISO
- Maria Isabel Allende Bussi
- PERMISO
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
- TRATADO ENTRE CHILE Y PERÚ SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
- PROTOCOLO MODIFICATORIO DE TRATADO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES
-
COMPENSACIÓN A USUARIOS POR INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN, RESTRICCIÓN O RACIONAMIENTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- DEBATE
- COMPENSACIONES A USUARIOS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASO DE INTERRUPCIONES O SUSPENSIONES DE SUMINISTRO
-
MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE COMPETENCIA DE SISTEMA FINANCIERO
- ANTECEDENTE
-
FIJACIÓN DE NUEVO PARÁMETRO PARA CÁLCULO DE INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Carlos Anibal Larrain Pena
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Gomez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Ricardo Lagos Weber
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Quintana Leal
- INTERVENCIÓN : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
-
PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Hector Munoz Aburto
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Navarro Brain
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑORES GARCÍA, TUMA Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (7993-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Ximena Rincon Gonzalez
- Jose Garcia Ruminot
- Eugenio Tuma Zedan
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY RESPECTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS DE FIJACIÓN TARIFARIA (7994-03)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ricardo Lagos Weber
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE SANCIONES A DELITOS FINANCIEROS (7995-05)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ricardo Lagos Weber
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE SUSPENDER EL SUMINISTRO ELÉCTRICO POR DEUDAS IMPAGAS DE PRIMAS DE SEGUROS (7996-08)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE MÍNIMO VITAL DE CONSUMO DE AGUA (7997-09)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ricardo Lagos Weber
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR RUIZ-ESQUIDE, SEÑORAS ALLENDE, ALVEAR Y PÉREZ SAN MARTÍN Y SEÑORES BIANCHI, CANTERO, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), GÓMEZ, LAGOS, LETELIER, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, PIZARRO, QUINTANA, TUMA Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), SOBRE SITUACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE SE TRASPASARON AL SISTEMA DE A.F.P. (S 1417-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Soledad Alvear Valenzuela
- Lily Perez San Martin
- Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
- Carlos Cantero Ojeda
- Camilo Escalona Medina
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ricardo Lagos Weber
- Juan Pablo Letelier Morel
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Jorge Pizarro Soto
- Eugenio Tuma Zedan
- Jose Andres Rafael Zaldivar Larrain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ESTROMATOLITOS (S 1418-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS RELATIVO AL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REFERIDAS A INTERNET (S 1419-12)
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Ricardo Lagos Weber
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑORES GARCÍA, TUMA Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (7993-03)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 359ª
Sesión 63ª, en martes 18 de octubre de 2011
Ordinaria
(De 16:20 a 18:44)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GUIDO GIRARDI LAVÍN, PRESIDENTE;
ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN Y SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA.........................................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...............................................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
Minuto de silencio por fallecimiento de ex Senador señor Jorge Martínez Busch.....
IV. CUENTA...............................................................................................................
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado entre Chile y Perú sobre Traslado de Personas Condenadas" (7569-10) (se aprueba en general y en particular)..........................................................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo Modificatorio del Tratado entre Chile y Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales" (7585-10) (se aprueba en general y en particular)...............................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece compensación a usuarios por interrupción, restricción o racionamiento del suministro de agua potable (7636-09) (se aprueba en general)...............................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (2357-09) (se aprueba en general)...........................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero (7440-05) (queda pendiente su votación)....................................................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre interés máximo convencional (7786-039 (se aprueba en general).............................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿..
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Larraín Peña, Carlos
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedan, Eugenio
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de Gobierno, señor Andrés Chadwick Piñera.
Actuó de Secretario el subrogante, señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 17 señores Senadores.
El señor GIRARDI (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor GIRARDI (Presidente).- Las actas de la sesiones 62ª y 63ª, ambas ordinarias, en 11 y 12 de octubre del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DE EX SENADOR SEÑOR JORGE MARTÍNEZ BUSCH
El señor GIRARDI (Presidente).- Antes de la Cuenta, solicito a los señores Senadores ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria del ex Senador Jorge Martínez Busch, recientemente fallecido.
--La Sala guarda un minuto de silencio.
El señor GIRARDI (Presidente).- Muchas gracias.
IV. CUENTA
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (boletín N° 5.838-07).
2.- Proyecto de ley que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
3.- Proyecto de ley sobre indulto general (boletín N° 7.533-07).
4.- Proyecto de ley que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica (boletín Nº 7.899-11).
5.- Proyecto de ley sobre protección a deudores de créditos en dinero (boletín N° 7.932-03).
6.- Proyecto de ley que modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte (boletín Nº 7.973-07).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que prestó su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto de ley sobre indulto general, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 7.533-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse respecto del proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 7.534-07).
--Se toma conocimiento.
Con los dos restantes señala que aprobó los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley que traspasa al Fondo Nacional de Salud la tramitación de las licencias médicas que indica, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 7.899-11).
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda, en su caso.
2.- Proyecto de ley que modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte, con urgencia calificada de "suma" (boletín Nº 7.973-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro de Salud:
Atiende una solicitud, enviada en nombre del Senador señor Navarro, referida a eventuales efectos del antimonio en la salud.
Responde oficio, remitido en nombre del mismo señor Senador, relacionado con la eliminación de residuos orgánicos humanos.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Da respuesta a un oficio, enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, para el año 2011, en la Región de Aysén.
Del señor Ministro de Agricultura:
Contesta una solicitud, remitida en nombre del Honorable señor Girardi, en cuanto al envío de un estudio sobre alimentos transgénicos.
Del señor Ministro de Energía:
Remite información, solicitada a nombre del Senador señor Horvath, relativa al sistema de generación eléctrica en la comuna de Las Guaitecas.
De la señora Directora del Trabajo:
Contesta un oficio, dirigido en nombre del Honorable señor Navarro, en que solicita información sobre fiscalizaciones y multas a la empresa NIT Chile S.A., subcontratista de ENAP.
Del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile:
Da respuesta a un oficio, requerido a nombre del Senador señor Navarro, atinente a internos por el delito de tráfico de drogas en las Regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota pertenecientes a etnias indígenas.
De la señora Alcaldesa de El Quisco:
Responde oficio, remitido en nombre del Honorable señor Chahuán, relativo a conjunto habitacional proyectado en el sector de Isla Negra de esa comuna.
Del señor Jefe de la Unidad de Promoción y Clientes del Consejo para la Transparencia:
Da respuesta a un oficio, enviado a nombre del Senador señor Horvath, referido a loteo que no respetaría plano regulador vigente en la comuna de Algarrobo.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea el Tribunal Ambiental, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 6.747-12).
Dos de la Comisión de Economía, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección a deudores de créditos en dinero, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 7.932-03).
2.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Tuma, señora Alvear y señores Escalona y García, en primer trámite constitucional, sobre descuentos en las remuneraciones (boletín N° 7.092-13).
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre plebiscito y consultas de carácter comunal, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 7.308-06).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Cantero, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la radiodifusión regional y local, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 7.931-15).
Dos de la Comisión de Salud, recaídos en los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Girardi, Chahuán, Letelier, Rossi y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, que modifica el sistema privado de salud (boletín N° 7.955-11).
2.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Rossi y Ruiz-Esquide, en primer trámite constitucional, relativo a los derechos a la protección de la salud y la seguridad social (boletín N° 7.960-11).
--Quedan para tabla.
Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 3.815-07).
--Queda para la tabla de esta sesión.
Mociones
De los Senadores señoras Alvear y Rincón y señores García, Tuma y Zaldívar (don Andrés), con la que dan inicio a un proyecto que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en materia de información y publicidad (boletín Nº 7.993-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Cuatro de los Senadores señores Navarro, Gómez y Lagos, con las que inician los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley respecto de participación ciudadana en procesos de fijación tarifaria (boletín Nº 7.994-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
2.- Proyecto de ley sobre sanciones a delitos financieros (boletín Nº 7.995-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
3.- Proyecto de ley que prohíbe suspender el suministro eléctrico por deudas impagas de primas de seguros (boletín Nº 7.996-08).
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
4.- Proyecto de ley sobre mínimo vital de consumo de agua (boletín Nº 7.997-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Bianchi, Cantero, Chahuán y Horvath, con la que dan inicio a un proyecto de ley sobre calificación de labores que se indica como "trabajos pesados".
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el N° 6° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Moción de los Honorables señores Prokurica, Espina, Cantero, García-Huidobro y Larraín Peña, con la que inician un proyecto de ley que incluye como beneficiario del Régimen de Prestaciones de Salud al cónyuge de la afiliada.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Proyectos de acuerdo
De los Senadores señor Ruiz-Esquide, señoras Allende, Alvear y Pérez San Martín y señores Bianchi, Cantero, Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Tuma y Zaldívar (don Andrés), sobre situación de empleados públicos que se traspasaron al sistema de AFP (boletín Nº S 1.417-12).
Dos de los Senadores señores Navarro, Gómez y Lagos, respecto de las siguientes materias:
1.- Sobre protección de los estromatolitos (boletín Nº S 1.418-12).
2.- Relativo al desarrollo de políticas públicas referidas a internet (boletín Nº S 1.419-12).
--Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria respectiva.
Permisos constitucionales
Solicitudes de los Senadores individualizados a continuación, para ausentarse del país en las fechas que en cada caso se señala, todas del presente año:
1.- Senadores señores Letelier y Pizarro, a contar del día 18 de octubre.
2.- Senador señor Rossi, entre el 17 y el 21 de octubre.
3.- Senadora señora Allende, a contar del 19 de octubre.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor (boletín N° 7.094-03).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Se va a informar sobre los acuerdos de Comités.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- En sesión celebrada el día de hoy, los Comités acordaron lo siguiente:
1.- Tratar en esta sesión, como si fueran de Fácil Despacho, los proyectos de acuerdo ubicados en los puntos 12 y 13 de la tabla, esto es, el que aprueba el "Tratado entre la República de Chile y la República del Perú sobre traslado de personas condenadas", y el que aprueba el "Protocolo Modificatorio del Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales".
2.- Retirar de la tabla de esta sesión el proyecto de ley, ubicado en cuarto lugar, que establece medidas contra la discriminación e incluirlo en el primer lugar de la tabla del martes 8 de noviembre y tratarlo hasta su total despacho.
3.- Colocar en lugar preferente del Orden del Día de la sesión de mañana el proyecto de ley sobre nuevo concepto de empresa o multirrut.
4.- Incluir en lugar preferente del Orden del Día de la sesión del miércoles 9 de noviembre el proyecto ubicado en el punto 10 de la tabla de hoy; vale decir, el que regula el trabajo en altura por sobre el nivel del mar.
5.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que regulariza construcciones de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social, hasta las 13 del viernes 4 de noviembre.
6.- Disponer que el proyecto de ley sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos sea conocido en el segundo informe solo por la Comisión de Salud y no por las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, como se había determinado con anterioridad.
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El señor GIRARDI (Presidente).- Aprovecho de informar a Sus Señorías que entre ayer y hoy se ha estado realizando un seminario sobre obesidad, en el que participan mil doscientas personas de manera permanente. Es el más importante efectuado hasta ahora en Latinoamérica, con asistencia de los diez expertos más relevantes a nivel mundial.
Culminará hoy en la tarde con la participación del señor Ministro de Salud y de los expertos internacionales invitados.
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Andrés Zaldívar me reemplace en la testera.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Andrés Zaldívar, en calidad de Presidente accidental.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solicito recabar el acuerdo de la Sala para que se oficie al Ejecutivo a fin de que dé su respaldo el proyecto sobre calificación de labores como "trabajos pesados", que ha sido declarado inadmisible.
Tal iniciativa fue promovida por la Honorable señora Lily Pérez y hemos adherido otros Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado.
--Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
TRATADO ENTRE CHILE Y PERÚ SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
En conformidad a lo acordado por los Comités, corresponde discutir, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Tratado entre Chile y Perú sobre traslado de personas condenadas", suscrito en Lima el 25 de noviembre de 2010, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7569-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 32ª, en 12 de julio de 2011.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 62ª, en 12 de octubre de 2011.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El objetivo principal de la iniciativa es permitir que las personas condenadas por el otro Estado puedan cumplir las penas en su país de origen.
La Comisión aprobó el proyecto en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Kuschel, Larraín Fernández, Letelier y Pizarro, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
PROTOCOLO MODIFICATORIO DE TRATADO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Corresponde tratar también como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo Modificatorio del Tratado entre Chile y Argentina sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales", suscrito en Santiago el 28 de mayo de 2010, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7585-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 32ª, en 12 de julio de 2011.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 62ª, en 12 de octubre de 2011.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo del instrumento internacional de que se trata es hacer más expedita la aplicación del Tratado sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, para lo cual se establece que las autoridades encargadas de cumplir el Convenio serán los Ministerios de Justicia de Chile y de Argentina. Además, se incluye el uso de medios electrónicos o cualquier otro, a fin de facilitar el intercambio de información.
La Comisión aprobó el proyecto de acuerdo en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Kuschel, Larraín Fernández, Letelier y Pizarro, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
COMPENSACIÓN A USUARIOS POR INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN, RESTRICCIÓN O RACIONAMIENTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Gómez, que establece compensación a usuarios por interrupción, restricción o racionamiento del suministro de agua potable, con nuevo primer informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7636-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Gómez):
En primer trámite, sesión 17ª, en 11 de mayo de 2011.
Informes de Comisión:
Obras Públicas: sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
Obras Públicas (nuevo): sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesión 62ª, en 12 de octubre de 2011 (queda pendiente su votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Cabe recordar que en la sesión del día miércoles 12, la Sala realizó la discusión general sobre la iniciativa, acordándose votar la idea de legislar en la presente sesión.
El artículo 35 ter contenido en el artículo único tiene carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica para fundamentar el voto.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el presente proyecto de ley establece una compensación a los usuarios cuando se genere un corte en el suministro de agua potable, y fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
En la práctica, cualquier interrupción del suministro de agua potable que no cuente con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios debe ser compensada a los usuarios. El argumento dado para ello lo hemos repetido hasta la saciedad con el Senador señor Gómez: hoy en día el consumidor suscribe, literalmente, un contrato de adhesión, en el cual no pone las condiciones ni negocia el precio ni la calidad. Como si lo anterior fuera poco, no puede elegir al prestador del servicio.
¿Qué obligaciones caben a la empresa? Entregar suministro del líquido elemento las 24 horas del día y con la calidad establecida en las normas legales. Si no cumple, las sanciones actuales son multas en beneficio fiscal, pero no de quien sufre el problema, el consumidor.
En la zona norte, en especial, se producen numerosos cortes en el suministro de agua potable que afectan a muchas personas. Quienes la representamos -por ejemplo, los Senadores señora Allende y señores Gómez, Orpis, Cantero y el que habla-, por conocer dicha realidad, creemos que proyectos de esta naturaleza permitirán compensar realmente a los usuarios.
Porque, cuando el consumidor no paga la cuenta -su única obligación en el contrato mencionado-, la empresa tiene derecho a cortarle el suministro y después a cobrarle su reposición.
Por otra parte, el Senador señor Horvath me plantea que la iniciativa debiera votarse junto con la otra moción sobre compensaciones a los usuarios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no me cabe duda de que las iniciativas de los Senadores señores Gómez y Prokurica -este la presentó hace tiempo- son muy loables y acertadas.
Voy a votar favorablemente en general el proyecto que nos ocupa, pidiendo, por supuesto, que se establezca un plazo para presentar indicaciones.
Hay que hacer algunas excepciones cuando se trate de fuerza mayor. Pero si la responsabilidad es de la empresa, se le aplica la multa por la Superintendencia. ¿Qué pasará en ese caso? Se ha de analizar si se aplican la multa y la compensación o solo la compensación. A través de las indicaciones se resolverá lo anterior.
En todo caso, habrá que establecer bien qué corresponde a responsabilidad de la empresa y cuáles son causas absolutamente fortuitas; por ejemplo, cuando un camión choca y deja todo un barrio sin agua. Eso debe quedar previsto claramente.
Con esas prevenciones, voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nadie podría negarse a aprobar un proyecto que beneficia a los consumidores de agua potable, particularmente en lo que se refiere a compensación. Pero más importante que ello resulta el proceso de fijación de tarifas. Porque la compensación ocurre en eventos extraordinarios. Se ha eliminado la causa por fuerza mayor, dejando la determinación para calificar qué acto debe ser compensado sin ese motivo cuando se produzca un corte no avisado, intempestivo del suministro de agua.
Quiero informar a mis colegas que se halla en curso el proceso de fijación de tarifas de agua potable, al menos en la Región del Biobío. Tal proceso se realiza cada cinco años -el último rigió desde 2006 a la fecha-, y en él la empresa sanitaria respectiva (en este caso, ESSBIO) elabora una propuesta, sobre la base de una empresa modelo, donde calcula los costos de producción de agua potable y, también, de saneamiento de aguas servidas.
El proceso actual comenzó el año 2010. Ya lleva un fuerte retraso. Las nuevas tarifas debieran estar en vigencia desde el 14 de septiembre de este año. Pero no fue así, porque aún no se reciben los informes periciales.
¿Qué son los informes periciales? El que presenta en este caso ESSBIO, en el que dice: "Tal es el costo que me significa producir agua potable", y otro que la Superintendencia de Servicios Sanitarios contrata aparte.
Sin embargo, lo extraño e inaceptable es que esos informes son secretos -¡secretos!-, y solo es posible conocerlos una vez fijado el precio. Ello nos ha llamado la atención una vez más. Hemos insistido en que no puede haber información secreta en un proceso tan importante como es el de fijación de tarifas para el agua potable, que duran cinco años.
Por cierto, tales precios van a subir en la Región del Biobío. Ello se aplicará a más de 235 mil arranques domiciliarios, lo que abastece a casi 2 millones de habitantes.
Creo que, si hablamos de compensación, también debemos referirnos a las tarifas.
Advierto que hemos presentado un proyecto de ley para incluir la participación ciudadana en el proceso de fijación tarifaria, posibilitándose el acceso a la información previa.
Con la iniciativa que nos ocupa, que apoyo firmemente, lograremos compensar a los usuarios cuando haya cortes irregulares de suministro, mediante el descuento de parte del cargo fijo, lo que generará mayor equidad.
Pero la clave es la fijación de las tarifas.
Al respecto, han sucedido dos hechos extraordinarios, que no tienen nada de azarosos.
El primero es que, durante dicho proceso de fijación de tarifas, el Gobierno ha decidido vender el 43 por ciento de las acciones de ESSBIO Sociedad Anónima, que mantenía a través de la CORFO. Lo hemos dicho: las utilidades de dicha empresa, entre 2006 y 2011, superaron los 192 mil millones de pesos. ¡192 mil millones de pesos!
Señor Presidente, claramente la venta de tales acciones no corresponde, pese a las razones esgrimidas por el Gobierno: para apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa; para invertir en empresas públicas; para ayudar a la reconstrucción. Ninguna de ellas justifica que el Estado se desprenda de acciones altamente rentables, que contribuyen a financiar incluso el funcionamiento de la CORFO.
Y llamo la atención de que se plantea venderlas en época de fijación de tarifas. Estas se aplicarán por cinco años, y -¡claro!- muchos estarán interesados en comprar las acciones.
El segundo hecho dice relación a que ESSBIO quiere comprar el relleno Hera Ecobío, en Chillán Viejo, respecto del cual hoy día recibimos un informe nefasto sobre las irregularidades en el almacenaje de residuos arsenicales, que fueron tapados con polietileno de alta densidad y sujetados con neumáticos en desuso.
Eso es lo que hoy existe en Chillán Viejo.
Se otorgó la autorización para el depósito de los residuos en 24 horas. Pero se descubrió que hace un año se venían almacenando residuos arsenicales en un relleno sin el permiso respectivo.
Entonces, a pesar de que se ha aclarado que se trata de dos firmas distintas -Biodiversa es diferente de ESSBIO-, yo me pregunto qué impacto tendrá en las tarifas el que tal empresa sanitaria -o el holding correspondiente- compre ese relleno por un valor superior a 24 millones de dólares.
De eso también debiéramos preocuparnos, señor Presidente.
Yo voto a favor de la compensación a los usuarios.
Además, voy a luchar por incorporar la participación ciudadana en la fijación de tarifas y por lograr las compensaciones del caso, considerando que las sanitarias, como ESSBIO, son empresas monopólicas. Y aunque esta haya mostrado un buen comportamiento en mi Región -su administración es eficiente-, ello no obsta a que se ratifiquen la determinación de las tarifas de agua y la compensación por corte de suministro en el texto del proyecto que nos ocupa.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, seré muy breve, porque tuve ocasión de intervenir en la sesión pasada, y no pretendo repetir mis argumentos.
Quiero felicitar a los autores de esta moción.
Además, considero relevante que aprobemos las dos iniciativas sobre la materia.
Hago presente que las Regiones del norte, en particular la que represento junto con el Senador Prokurica, se encuentran sumidas en una falta de agua importante. Incluso se ha declarado escasez hídrica en varias zonas. Pero no veo que tal declaración haya provocado consecuencias concretas.
Al respecto, espero que -así se lo expresé al Ministro de Obras Públicas con ocasión del aniversario del rescate de los mineros- ojalá exista una decisión clara. Y creo que la única que hay es instalar una planta desaladora. Porque, por ahora, solo estamos poniendo "parchecitos".
En esa zona contamos con una sola empresa concesionaria, la que, a mi juicio, no está cumpliendo con la normativa y el marco legal correspondiente para brindar continuidad y calidad en el servicio. De hecho, el agua supera en tres parámetros la norma fijada por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, uno se pregunta hasta cuándo seguiremos aceptando lo que dicen las autoridades -y esto viene de mucho antes- en cuanto a que el agua es inocua y no hace daño a la salud, en circunstancias de que sobrepasa los niveles aceptado por la OMS.
En definitiva, hay problemas de calidad y continuidad en el servicio (cortes intermitentes no avisados de suministro; en fin). La empresa siempre tiene alguna excusa -rotura de una matriz u otra cosa- y nunca se sabe qué de ello es verdad. Pero lo concreto es que el asunto reviste mayor gravedad.
Lamento mucho que no se haya aprobado una reforma a la Carta Fundamental para declarar el agua como bien de uso público, lo que en situaciones de extrema emergencia permitía incluso revisar las concesiones. Porque en el Código de Aguas -aprobado en pleno régimen de la dictadura- se dispuso la entrega de concesiones acuíferas superiores a la capacidad natural de reposición. Ello constituye una evidente irracionalidad, que se demuestra día a día en la Región que represento.
En consecuencia, considero importante resarcir a los usuarios por los cortes en el suministro de agua.
Pero ese no es el tema de fondo; lo medular es cómo abordaremos una política seria para garantizar que el consumo humano del agua en el norte de nuestro país debe ser una preocupación anterior a cualquier otra actividad, por importante que esta sea.
Voto afirmativamente, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi, para fundamentar el voto.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente los dos proyectos sobre la materia, pero antes comentaré algunos puntos señalados por el Senador Navarro, que, entre cosas, hoy día se le ve "albo".
No puedo abstraerme de tal situación. ¡Pensé que aquí se encontraba solo la Concertación, la Alianza y los independientes, pero observo que hoy se suma un nuevo color al Senado...! ¡Bienvenido sea...!
El señor PROKURICA.- ¡Le pesa el 4 a 0...!
El señor NAVARRO.- ¡Lo vengaremos...!
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, excúseme la broma.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Manifieste su voto, señor Senador.
El señor BIANCHI.- De inmediato.
Señor Presidente, hace dos años hicimos presente una situación particular en la Región de Magallanes. Recordando lo expresado por el Senador Navarro, cuesta entender que allí se cobre por el agua uno de los valores más altos del país, en circunstancias de que claramente en esa zona no hay problemas por carencia de agua.
Cuesta entender que las empresas distribuidoras de gas, luz y agua nos arrienden un aparato (el medidor) que solo les sirve a ellas para cobrarnos lo consumido, el cual, por lo demás, se ubica dentro de nuestros domicilios.
Hay asuntos que se deben resolver sobre el particular, señor Presidente.
Han transcurrido dos años desde que presentamos una iniciativa para modificar el decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, que fija la Ley General de Servicios Sanitarios, a fin de considerar el agua como un derecho humano. ¡El agua como un derecho humano! Y varios Senadores apoyaron el proyecto (señora Lily Pérez, señores Tuma, Horvath, Prokurica, entre varios otros). Cabe destacar que resulta urgente aprobarlo.
A muchas familias, por no poder pagar, en reiteradas ocasiones se les corta el suministro del principal elemento de vida: el agua.
Chile ha celebrado muchos tratados y convenios en materia de salud, donde una de las cosas fundamentales es el agua.
Se cumplió el plazo de vigencia de cinco años para el precio del agua; por tanto, se deben hacer las nuevas modificaciones tarifarias para el siguiente período. Considerando que pronto llegará al Senado la iniciativa que enmendará la Ley del Gas, hago presente que apoyo la participación ciudadana en el proceso de tarificación, tanto del gas como del agua.
Y como son empresas monopólicas la mayoría de las veces -es el caso de la Región que represento-, no hay otra alternativa que no sea la de la compañía que distribuye, entrega y cobra. El Senador Navarro señalaba que se desconocían las tarifas del agua. Con el gas ocurre exactamente lo mismo: se ignora lo que se cobra a boca de pozo. Y de allí para adelante, obviamente existe un hermetismo absoluto.
Por años y años y años hemos pedido que se transparente toda esa situación.
Hoy día apoyo ambos proyectos sobre la materia, y felicito a los señores Senadores que han liderado todo este proceso.
Desde hace dos años estamos en la misma línea: ejercer una férrea defensa de los usuarios. Porque muchas veces adultos mayores no pueden cancelar las cuentas, por sus pensiones mínimas, y las empresas monopólicas les cortan el principal elemento de vida: el agua.
Por lo tanto, volveremos a presentar la referida iniciativa que pretende colocar fin al mal criterio que se emplea en orden a desconocer que el agua es un derecho humano, para el uso humano.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, el siguiente proyecto de la tabla persigue el mismo propósito que el que nos ocupa y se encuentra en segundo trámite constitucional. Reglamentariamente, no sacamos nada con aprobar ambas iniciativas, porque no se pueden unir.
Por consiguiente, votaré en contra de esta iniciativa y a favor de la que veremos a continuación.
Pero quiero plantear una reflexión.
A veces se presentan al mismo tiempo varios proyectos que tratan las mismas materias. Creo que ello no constituye una buena imagen para el Senado.
Algo similar sucede cuando se formula una iniciativa muy específica, como la que compensa a los usuarios en caso de cortes de suministro de agua, y se abre debate acerca de todo tipo de temas. Eso tampoco nos enaltece mucho en la función legislativa, que puede ser un poco tediosa.
Con todo, nosotros estamos acá para elaborar las leyes lo mejor posible.
En consecuencia, con todo respeto hacia los colegas que presentaron el proyecto en votación, yo soy partidario de aprobar el que se encuentra en segundo trámite. Y, por supuesto, será factible formular en su momento todas las indicaciones que se estimen para perfeccionarlo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, pedí la palabra a raíz de la intervención del Senador Novoa.
Hemos concordado en que se trata de proyectos con diferencias. Por tanto, quisimos respetar la autoría y el trabajo de los diversos colegas, de manera de terminar confluyendo en los dos textos.
En mi opinión, cabe apoyar la iniciativa que presenté, la que ahora estamos votando, porque posee diferencias interesantes con relación al antiguo proyecto, que lleva diez años de tramitación.
Por eso acordamos en la Comisión, como lo hemos hecho en otras circunstancias, avanzar en ambas propuestas legislativas para contar finalmente con una muy buena ley, a efectos de abordar lo relativo a la compensación, al desarrollo de obligaciones para las empresas sanitarias frente a sus clientes; en fin, a una serie de condiciones establecidas en nuestra iniciativa.
Por supuesto, mi voto es favorable.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor y 1 en contra), y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 7 de noviembre, a las 12.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
Votó por la negativa el señor Novoa.
COMPENSACIONES A USUARIOS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CASO DE INTERRUPCIONES O SUSPENSIONES DE SUMINISTRO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Proyecto, iniciado en moción de los entonces Diputados -actuales Senadores- señores Prokurica y García; de los Diputados señores Delmastro y Vilches, y de los ex Diputados señores Álvarez-Salamanca, Galilea, Longton y Palma, relativo a normas sobre compensaciones a usuarios de servicios de distribución de agua potable en caso de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos, con informe de la Comisión de Obras Públicas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2357-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 7 de septiembre de 1999.
Informe de Comisión:
Obras Públicas: sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesión 62ª, en 12 de octubre de 2011 (queda pendiente su votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Al igual que respecto de la iniciativa del Senador señor Gómez, la Sala ya efectuó la discusión en general y acordó votar la idea de legislar en esta sesión.
El señor PÉREZ VARELA.- Con la misma votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto con la misma votación anterior?
El señor NOVOA.- Esta vez con mi voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Se agregará el pronunciamiento favorable de Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Por unanimidad, entonces.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se aprobará la iniciativa en general.
--Se aprueba, por unanimidad, la idea de legislar, y se fija plazo para presentar indicaciones también hasta el lunes 7 de noviembre, a las 12.
MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DE COMPETENCIA DE SISTEMA FINANCIERO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7440-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 10 de mayo de 2011.
Informes de Comisión:
Hacienda: sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
Hacienda (nuevo): sesión 51ª, en 7 de septiembre de 2011.
Hacienda (segundo): sesión 62ª, en 12 de octubre de 2011.
Discusión:
Sesiones 32ª, en 12 de julio de 2011 (queda para segunda discusión); 34ª, en 13 de julio de 2011 (vuelve a Comisión de Hacienda); 54ª, en 14 de septiembre de 2011 (se aprueba en general).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 14 de septiembre del año en curso.
En el segundo informe de la Comisión de Hacienda, se deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 1º -con excepción de los numerales 2) y 8), nuevos-, 2º, 3º, 4º y 5º permanentes y los artículos 1º, 3º y 4º transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto aprobado en general. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación.
El órgano técnico realizó diversas enmiendas al proyecto aprobado en general, consistentes en la incorporación de disposiciones nuevas, referidas principalmente a la información sobre seguros que debe entregar la Superintendencia de Valores y Seguros, al proceso de licitación de los seguros y al pago de derechos por las inscripciones en el Registro de Valores Extranjeros.
Todas las modificaciones fueron acordadas por unanimidad, por lo que han de ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión para impugnarlas.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a la vista se transcriben las enmiendas introducidas por la Comisión de Hacienda al proyecto aprobado en general.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- En discusión particular.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, pido aplazamiento de la votación.
El proyecto contiene normas de quórum especial, y hay solo 15 Senadores en la Sala. Sería lastimoso que esta iniciativa, que hemos discutido largo tiempo, que fue aprobada en general y a la que posteriormente con el Ejecutivo le introdujimos una serie de modificaciones, se perdiera en esta instancia.
Por eso solicito aplazar la votación, y poner el proyecto en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana.
El señor LARRAÍN.- Habría que postergar la discusión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).- La Secretaría me indica que, como la iniciativa se encuentra en discusión particular, solo cabe suspender su tratamiento para mañana en primer lugar. Por lo mismo, no podemos comenzar la discusión ahora.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
--Se suspende la discusión particular para la sesión siguiente.
FIJACIÓN DE NUEVO PARÁMETRO PARA CÁLCULO DE INTERÉS MÁXIMO CONVENCIONAL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Tuma, Bianchi, Escalona, Letelier y Andrés Zaldívar, sobre interés máximo convencional, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7786-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Tuma, Bianchi, Escalona, Letelier y Zaldívar (don Andrés):
En primer trámite, sesión 34ª, en 13 de julio de 2011.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
El objetivo de la iniciativa es establecer un nuevo parámetro de cálculo del interés máximo convencional, no sobre la base del interés corriente cobrado por los bancos e instituciones financieras en un mes determinado, sino en consideración a la tasa de política monetaria del Banco Central. El interés máximo convencional no podrá exceder en tres veces la tasa mencionada.
La Comisión de Economía discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor (Senadores señores Espina, Tuma y Andrés Zaldívar), 1 en contra (Senador señor Novoa) y una abstención (Senador señor García).
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página pertinente del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el proyecto que estamos conociendo aborda una materia que ha tenido un largo debate en las instituciones financieras y en los medios de comunicación especializados.
Se trata de un tema que, por supuesto, ha generado una preocupación central en las familias más endeudadas de Chile, que son las más modestas de nuestro país.
Un millón 58 mil trabajadores, quienes perciben el sueldo mínimo, utilizan el crédito no para comprar bienes de consumo durable, por ejemplo, una vivienda o un automóvil, sino, principalmente, como complemento de su remuneración. Y también usan una tarjeta de crédito u otro mecanismo de endeudamiento para compensar su ingreso.
Lo anterior me recuerda lo que ocurría en las salitreras, cuando a los trabajadores les pagaban con fichas. Entonces, el obrero estaba obligado a ocuparlas en la adquisición de mercaderías en una pulpería que era de propiedad del mismo dueño de la mina. Y, en definitiva, pagaba cuatro veces el valor de esos productos.
Hoy día, prácticamente se reproduce dicho sistema. En efecto, existe una gran concentración de la oferta del crédito; la mayoría de los rubros están en pocas manos, y, en definitiva, los deudores que obtienen un préstamo se ven impelidos a pagar tasas de intereses usurarias que no se hallan limitadas por la ley. En realidad, la legislación vigente fija un techo bastante alto.
La tasa máxima convencional se originó en un momento en que la economía de Chile se encontraba en crisis y existía una inflación galopante. Los bancos recién estaban saliendo de un endeudamiento del que el Estado debió rescatarlos, y como una forma de protegerlos en lo que respecta al otorgamiento de créditos, se estableció una tasa máxima convencional bastante elevada.
Las mismas entidades bancarias determinan cuál tasa se fija, y lo hacen calculando el promedio de sus colocaciones más un 50 por ciento. Ello, señor Presidente, a nuestro juicio, es absolutamente excesivo en un país con una inflación de 2,5; 2,8; 3 por ciento, y donde la tasa máxima no se calcula sobre la base del costo de fondo.
Es preciso analizar cuánto le cuesta el dinero a las instituciones bancarias. El Banco Central señala que el costo interbancario es de 5,25 por ciento. Pero eso no es válido para los consumidores, quienes deben pagar hasta un 50 por ciento sobre el promedio de las colocaciones. Este último es de 33 por ciento en el segmento de deudores de menos de 200 unidades de fomento -4 millones de pesos, aproximadamente-, con lo que se llega, de acuerdo con las normas vigentes, a una tasa máxima convencional de 50 por ciento anual, en circunstancias de que el costo de fondo para los retailers, bancos y financieras es de 5 por ciento. Y esos dineros los obtienen de las AFP.
Los trabajadores carecen de una pensión asegurada con el sistema de las AFP. Estas han perdido recientemente 25 mil millones de dólares. En realidad, se dice que el país es rico porque posee más de 40 mil millones de dólares en fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre; no obstante, tiene más de 130 mil millones de dólares producto del ahorro que los trabajadores han hecho en fondos de pensiones. Parte de estos se administran a través de un crédito que se otorga a la banca, bajo distintas fórmulas, diferentes a las del retail. Por ejemplo, una AFP compró acciones de La Polar y esta obtuvo liquidez con esa plata.
El señor BIANCHI.-
¡La AFP tenía a 2 directores en La Polar!
El señor TUMA.-
En verdad, hay poca transparencia en ese tema.
En realidad, me refiero a que los financistas toman la plata de los trabajadores al 5 por ciento, para luego prestársela a estos al 50 por ciento de interés anual. Es eso lo que quiero destacar.
No se trata de satanizar el crédito, por cuanto es tremendamente positivo y además se ha democratizado. Deberíamos promoverlo para que todo el mundo pueda usarlo, pero pagando un interés justo. A través de la iniciativa se procura que haya una tasa de interés y un tratamiento equitativos. No queremos que el deudor pague 4 veces un televisor, debido a que al valor del aparato le agregan la tasa de interés máxima convencional.
El Parlamento tiene una obligación con los usuarios. Estamos en deuda con ellos. Muchas veces se culpa a los Gobiernos, pero no es responsabilidad de estos. ¡Es nuestra responsabilidad! ¡Una de las pocas atribuciones del Congreso es legislar sobre esta materia!
Agradezco a los señores Senadores que han trabajado conmigo en el estudio de este proyecto. A los Honorables señores Andrés Zaldívar, Bianchi, Escalona, Letelier y a muchos otros que han apoyado esta iniciativa.
El Senador señor Andrés Zaldívar ha expresado que no le convence la fórmula propuesta, dado que parece no ser la más adecuada. Conforme. Habría que buscar otra en la que podamos concordar. Lo importante es que hemos puesto el tema en debate, y en la discusión particular podremos discutir y buscar la mejor fórmula. Pero no creo conveniente que hagamos como que cambiamos el sistema y, finalmente, todo quede igual.
El Gobierno no ha querido presentar indicaciones a este proyecto de ley. Si se estima que es imperfecto, hay que formularlas a fin de perfeccionarlo. Y, para estos efectos, consideremos la inflación, el costo de fondo, el riesgo y los costos de administración de esos créditos.
En definitiva, si el Gobierno presenta un proyecto de ley para decir que en vez de multiplicar la tasa interbancaria promedio por 1,5 debe multiplicarse por 1,35, se permitiría cobrar 45 por ciento de interés anual. Es decir, se pasaría de un 5 por ciento del costo de fondo a una tasa de 45 por ciento.
Al 5 por ciento del costo de fondo se le pueden agregar también los riesgos. Es posible multiplicarlo por 1, 2, 3, 4, 5 o 6, hasta llegar a 30 por ciento. ¡Pero de ahí a sostener que el 45 por ciento de interés anual es razonable, me parece una equivocación!
Por otra parte, la amenaza de que ciertos sectores van a perder la posibilidad de endeudamiento, no es verdad. Ninguna entidad bancaria o institución financiera que tenga ese costo de fondo va a dejar de colocar los créditos, menos aún en los sectores más necesitados, que son los que cumplen mejor. ¿O acaso me van a decir que teniendo una tasa de interés mayor son más viables, son menos riesgosos?
En consecuencia, señor Presidente, con esta iniciativa legal deseamos instalar un debate en el Congreso para llegar a una fórmula equitativa, que no permita seguir abusando de los trabajadores, de los deudores. Es decir, que exista el acceso a un crédito justo.
Con otros parlamentarios nos hemos preocupado de esta materia, razón por la cual desde hace años hemos apoyado y presentado mociones sobre el particular. No es que yo proponga este proyecto ahora, cuando en Chile hay una tremenda movilización por la reforma a la educación. Aunque esta tiene que ver con los niveles de descontento por el endeudamiento de los jóvenes, los padres, los abuelos y los tatarabuelos.
Aquí estamos ante un sistema que demuestra que la banca tiene una legislación tremendamente favorable. No hay otra actividad más rentable que la del crédito. Si no, habría que preguntarle a las grandes tiendas, cuyo gran negocio parecía ser la importación y comercialización de mercaderías. Pero ya no les interesa. Lo que sí les importa es el negocio del crédito. Y si los clientes no pagan y se atrasan, mejor todavía.
Propongo que debatamos en el Parlamento una nueva fórmula. Veamos de qué manera protegemos a los usuarios, a los deudores, y ojalá podamos avanzar en una tasa de interés que considere todos los costos. Porque la ley establece que: "En las operaciones de crédito de dinero no reajustables, constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título...", ¡a cualquier título!
Entonces, ¿por qué no fijamos en este Congreso una tasa que incluya todos los costos? Porque aun cuando establezcamos una tasa razonable, lo más probable es que las instituciones agreguen después a las deudas gastos de comisiones, de administración de la tarjeta, de información. En fin, de todas maneras a los deudores les cobrarán una tasa de interés usuraria disfrazada bajo otros costos.
En consecuencia, pongo este punto en debate a efectos de aprobar la idea de legislar.
Sé que hay otro proyecto de ley que pronto será discutido en la Sala, que ya fue aprobado por la Comisión de Economía, el cual propone otra solución. Sin embargo, a raíz del debate habido en esta oportunidad, sugiero que podamos encontrar una fórmula que dé seguridad a los consumidores y deudores de Chile.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés, (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, el objetivo de la iniciativa que nos ocupa es establecer un nuevo parámetro de cálculo del interés máximo convencional, no sobre la base del interés corriente cobrado por los bancos e instituciones financieras en un mes determinado, sino de la tasa de política monetaria del Banco Central.
Me parece importante discutir este asunto. El endeudamiento de los chilenos es una forma en que muchas familias pueden acceder a los bienes y es interesante y trascendente que exista. Sin embargo, la discusión que hemos tenido con motivo de los últimos casos, como el de La Polar y otros, lo hace digno de revisión.
La iniciativa en debate, generada en moción de diversos señores Senadores, permite analizar el problema y plantea una fórmula para resolverlo. Pero esto no es simple.
Deseo tocar un aspecto que pareciera olvidarse. Porque, en verdad, cuando se habla de los intereses que cobra el sector del retail (La Polar y otras empresas), todos están de acuerdo en que son altos, abusivos, en fin. Sin embargo, se olvidan del interés que cobra el Fisco.
Traigo a colación el punto, señor Presidente, por lo ocurrido en el último tiempo y que nos ha impulsado, junto con los Senadores Carlos Larraín, García-Huidobro y Bianchi, a presentar un proyecto que tiene por finalidad rebajar el interés moratorio que se cobra por las deudas tributarias.
Lo que pasa es que hoy día, al igual como se plantea respecto de algunas casas comerciales, el Fisco, cuando un contribuyente le adeuda impuestos, tiene por ley la posibilidad de cobrarle el l,5 por ciento mensual, pero de interés sobre interés, lo que arroja un total de 18 por ciento al año.
En consecuencia, a muchos contribuyentes que, por distintos motivos -justificados o no-, figuran como deudores del Fisco, los intereses y las multas que se les aplican les producen dificultades tan graves que les resulta imposible pagar.
A mi juicio, existiendo la misma razón debiera haber la misma disposición.
Por eso, los autores de la citada iniciativa hemos solicitado para ella el patrocinio del Ejecutivo, con el propósito de modificar el artículo 53 del Código Tributario y rebajar ese interés mensual de 1,5 a 0,5 por ciento, a fin de que sea mucho más real.
Aprovechando esta intervención, quiero referirme a otro problema que se ha ido originando a raíz del cobro de intereses excesivos por parte del Estado: el monto que en definitiva deben pagar los deudores tributarios se ha incrementado de modo tremendo.
Se inició un proceso con motivo de la delegación de competencia que hacían los tribunales tributarios originalmente. La Corte Suprema declaró nulos esos juicios. Y ahora tales personas adeudan 100 por concepto de capital, y 200 por intereses y multas. Por lo tanto, no pueden pagar. Y no es responsabilidad de ellas, porque las sentencias se dictaron, pero los juicios se demoraron producto de que el propio Fisco actuó mal, lo que fue reconocido por el Máximo Tribunal.
Por consiguiente, pienso que debe entregarse una solución a dichos contribuyentes. No pueden pagar ese nivel de intereses y multas porque ello les imposibilita salir adelante.
Por lo tanto, apoyo este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Carlos Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Señor Presidente, anuncio mi pronunciamiento favorable a la idea de legislar sobre la materia.
Tal como señalaron otros Senadores, sin duda es factible mejorar el texto. Pero representa una señal potente en el sentido de que no tiene por qué ser un factor tan presente en la vida social chilena la existencia de grandes caudales de pasivos que se acumulan, montados en tasas de interés que, efectivamente, son usurarias si nos atenemos a la definición clásica.
"El dinero no pare dinero" era un axioma de la escolástica.
El señor PROKURICA.-
¿Sí?
El señor LARRAÍN (don Carlos).-
Sí. ¡Ese era el concepto! Y en el pasado, la legislación, en general, procuraba impedir la aplicación de intereses usurarios. Era uno de los grandes temas de la justicia.
Yo creo que aquí hay implícito un asunto de justicia, que es muy poderoso y al cual el Senado y las autoridades, si se interesan en el tema, deberían prestar atención. Son miles las personas y familias que se pasan la existencia completa endeudadas, sin esperanza de salir de una deuda siempre creciente.
Esa situación afecta la calidad de vida de muchos chilenos. Pienso que buena parte de las amarguras que se observan en ellos y de la indignación que tantas veces invocan tiene que ver con su condición de deudores permanentes.
Repito: el texto es susceptible de perfeccionarse. No sé si el cálculo del interés máximo convencional sobre la base de la tasa de política monetaria que determina el Banco Central sea el más exacto y conveniente, pero al menos indica que estamos atentos al drama de la deuda que mantienen los ciudadanos.
Un señor Senador hizo mención a los fondos de pensiones. Cabe precisar que estos son algunos de los beneficiados con las altas tasas de interés.
En efecto, los fondos de pensiones, si bien no son responsables de los movimientos que experimentan las tasas, sí se benefician de ellas. ¿Por qué? Porque son acreedores, pues pertenecen a todos los chilenos o son accionistas en entes que tienen la calidad de acreedores.
Es decir, la tasa de interés altísima que hoy día se aplica beneficia a los fondos de pensiones. Por ende, el aludir a su pérdida de valor en medio de una crisis bursátil y de las tasas de interés efectivas que se pagan sobre instrumentos fijos, no es relevante en la discusión.
Debo agregar que, en mi opinión, el drama de la tasa de interés no es tanto el cómo se determine, porque siempre habrá diecisiete maneras de sortear las limitaciones a su monto. Y en Chile el Fisco es el que mejor lo hace: cobra el 1,5 por ciento mensual sobre los créditos que tiene contra privados por concepto de impuestos, sean o no de buena fe. No estamos hablando de mala fe; de evasión directa, calculada.
El interés por el simple atraso en el pago es de por sí excesivo.
En el mundo entero se descubrirán diversas maneras de superar las restricciones a las tasas de interés fijo. Pero es bueno que se sepa que la iniciativa en análisis constituye un llamado de atención. Y me permito decir que a los Senadores de Renovación Nacional -por lo menos, a varios con quienes hemos conversado- no nos satisface el esquema actual.
Hay que ponerle coto a esta situación, que deriva, sobre todo, de la falta de información. Porque el costo del dinero es un tema misterioso, complejo: cómo se contraen las deudas, en qué circunstancias, en qué condiciones; cómo se gatilla la aplicación de tasas de incumplimiento; los cobros anexos a la cobranza.
Usualmente, la tasa de interés dice relación con el riesgo. Y en nuestro país la tasa de incumplimiento en los créditos de consumo es bajísima; de las más bajas del orbe.
Por lo tanto, en lo que concierne a las tasas de interés de las casas de comercio, el nivel que han alcanzado no se encuentra justificado por el riesgo implícito en el otorgamiento del crédito.
La actuación de las entidades financieras y de los bancos es distinta. Sería bueno que se exigiera a los entes que otorgan créditos, de cualquier tipo, anexos a contratos de compraventa, o que efectúan operaciones de crédito de dinero (ley N° l8.010), mucho mayor información que la que actualmente se baraja por quienes incurren en deuda.
Más que la ventaja de poner un tope al costo del dinero, al valor del dinero arrendado, hay que pensar en cómo se contrae una deuda. Porque en este ámbito existe una asimetría absolutamente feroz, que causa verdaderos latrocinios; verdaderos atentados contra la justicia más elemental, lo que arruina a las familias e induce a mucha gente a vivir mal.
Yo conozco el caso de un pequeño industrial que junto con su mujer -o sea, no solo quien realizó la operación- se suicidaron debido a la situación de deuda permanentemente creciente que enfrentaban. Y nunca dejaron de trabajar.
Lo expuesto es cuanto puedo decir respecto a esta iniciativa, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, ante todo, quiero felicitar a los Senadores Tuma, Escalona, Bianchi, Letelier y Zaldívar por la presentación de este proyecto, que, creo, va en el camino correcto.
Nuestro país está atosigado por los cobros que se les hacen en diversos aspectos a los ciudadanos, no solo en el ámbito bancario -hemos visto los últimos índices sobre las ganancias de la banca, las cuales son enormes-, sino también en otras áreas, tal vez de menor valor pero que, en la sumatoria, elevan los recursos involucrados a cifras voluminosas.
Por ejemplo, en el agua, la luz, en fin, se agregan 5 pesitos más, los cuales, multiplicados por el número de cuentas de todos los usuarios, constituyen una cantidad inmensa. Y a la gente le cuesta mucho alegar por tales cobros, que a veces no se hallan bien explicitados.
Es necesario, entonces, adoptar medidas para poner término a los abusos que por aquella vía se cometen en nuestra sociedad.
Ahora, ¿por qué considero interesante lo que plantean Sus Señorías?
Primero, porque el nivel de los intereses que se cobran por los créditos casi raya -alguien lo dijo acá- en la usura.
Se trata de cantidades gigantescas, señor Presidente. Es cosa de observar el costo de las tarjetas de crédito, que es bastante más alto que el de los préstamos de consumo. Y no tiene una regulación desde el punto de vista de la ganancia que se puede obtener. Es tal el interés aplicado, que el deudor termina pagando dos o tres veces más.
Aquí se habló de La Polar -no voy a dejar pasar la oportunidad sin referirme a ella-, donde, por ejemplo, por una plancha que costaba 20 mil pesos se concluía pagando sobre 300 mil, como consecuencia de una fórmula no sujeta a control alguno.
Por eso, lo planteado por mis Honorables colegas es importante. Y me parece lamentable que el Gobierno no tome la moción para, respetando el trabajo del Congreso y de los parlamentarios, formular indicaciones que permitan sacar adelante una legislación de indudable beneficio para la comunidad.
El Senador Tuma dice: "Vamos a esperar que llegue la propuesta del Ejecutivo".
¡Por qué! ¡Si hay un proyecto presentado por Senadores! ¡Y el Gobierno debiera respetar el esfuerzo de cada uno de nosotros por satisfacer las necesidades de nuestro país!
Pero hay algo inexplicable, señor Presidente -lo dijo el Superintendente, y lo he escuchado varias veces-: la razón por la cual se mantienen intereses de la magnitud señalada.
Se expresó, un poco en jerigonza: "Si no aplicamos ese interés," (esa enorme tasa) "no podemos asumir el riesgo de a quiénes les prestamos el dinero".
En castellano, eso significa decir: "Le voy a prestar 100. Pero, como usted es riesgoso, le cobraré 1.000, para que me pague esos 100".
¡No logro entenderlo, señor Presidente!
Porque debiera ser al revés: "Le presto 100. Voy a aplicarle un interés razonable. Ganaré una cantidad mayor," -además de lo percibido por concepto de administración y un montón de otras cosas- "pero me voy a preocupar de que usted pueda pagar".
Sin embargo, la situación se plantea exactamente al revés: "Me preocupo de que no pague".
El señor BIANCHI.-
¡El negocio consiste en que no pague...!
El señor GÓMEZ.-
Porque es tal el nivel de endeudamiento, que al final la persona no cumple. En definitiva, como apunta el colega Bianchi, parece que el negocio es que la gente no pague.
Aquello resulta inentendible. Porque lo esperable es que el crédito favorezca a los deudores.
Cuando una persona pide dinero para comprar un bien o hacer determinados pagos, lo razonable es que el préstamo sea en condiciones que le permitan servirlo.
Yo nunca lo he entendido. Es cierto que el negocio es tremendo. Pero al final los acreedores terminan con carteras vencidas y otra serie de problemas.
A mi juicio, nuestra obligación es, ante proyectos de esta índole, procurar que las ganancias obtenidas por las instituciones que otorgan créditos sean razonables y, consecuencialmente, terminar con los intereses que triplican las deudas y comprometen casi sin límite a las familias.
Ahora, si hay una institución que debe establecer criterios distintos en materia crediticia es el Banco del Estado, no el BancoEstado con ese patito que dicen que es de todos los chilenos, lo que constituye una mentira, porque este banco es tan comercial como cualquier otro.
El señor BIANCHI.-
¡Es peor!
El señor GÓMEZ.-
Es peor, como anota Su Señoría.
Yo pienso que el Banco del Estado debería ser una entidad de fomento, con las características que he señalado, para ayudar a los pequeños empresarios, a las familias.
Si un taxista recibe un préstamo de 5 millones de pesos pagaderos en cuotas de 500 mil, sin duda que no será capaz de pagarlo. Pero el Banco del Estado podría perfectamente, con las normas existentes hoy, cobrarle la deuda en mensualidades factibles de solventar.
Por esa vía tendríamos a las familias tranquilas; a los trabajadores, laborando y pagando sus créditos; a los bancos, recuperando sus recursos, y al país, desarrollándose.
Pero el sistema discurre sobre la base de apretar para que existan más morosos y la gente vaya a parar al DICOM y no tenga posibilidad de proseguir desarrollando sus actividades.
Por eso -insisto-, opino que hay que hacerles un llamado al Presidente de la República y a sus Ministros para que asuman que en el Senado se está discutiendo un proyecto que va en el camino correcto y que es susceptible de indicaciones.
Si elaboramos una buena ley y beneficiamos a todos los chilenos, será un éxito para el Gobierno y sus parlamentarios y para la Oposición. No tienen razón para, haciendo abstracción de la autoría de los parlamentarios, demorar una solución que debiera ser objetivamente apurada, pues favorece a miles de deudores.
El Banco del Estado -reitero- debería ser la entidad de fomento reguladora llamada a poner fin al uso indiscriminado de las tasas de interés, de una forma que afecta directamente a las familias de la clase media y a los más pobres, lo que resulta inaceptable.
Ojalá apuremos la tramitación y aprobemos esta iniciativa sin necesidad de esperar ninguna otra, pues los parlamentarios tenemos prerrogativas para sacar adelante leyes beneficiosas para la ciudadanía.
Votaré a favor.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Le pido a Su Señoría abrir la votación y ordenar que se hagan sonar los timbres para que concurran a pronunciarse quienes se hallan en las diversas Subcomisiones de Presupuestos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
¿Le parece a la Sala?
El señor WALKER (don Ignacio).-
De acuerdo.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Sí.
El señor CANTERO.-
Conforme.
--Así se acuerda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Para fundar su voto, tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, me hace mucho sentido lo que dijo el colega Gómez. Y, un poco recogiendo su petición de radicar en el Banco del Estado la función que explicitó, debo recordar que se sacó al nombre original la contracción "del", para mi gusto, a fin de colocar al lado "S.A.". Porque si hay un banco que castiga, que ejecuta, que hace que las pymes no tengan ninguna posibilidad es precisamente el BancoEstado, que ya por desgracia, se quiera o no, no es del Estado.
El señor CANTERO.-
¡Creatividad neta...!
El señor BIANCHI.-
Y no es una creatividad de hoy. Se trata de una situación que, lamentablemente, ha afectado a nuestros pequeños y medianos emprendedores desde hace mucho tiempo.
Yo deploro, señor Presidente, que el Gobierno esté haciendo gallito o pulso con el Parlamento, pues se sabe que este proyecto de ley -y felicito al Senador Tuma, a quien le agradezco por haberme permitido participar en su presentación- resuelve de mejor manera la situación en comento. Y el Ejecutivo -tal como lo señaló el colega Tuma- pudo formular una indicación para perfeccionarlo.
Entonces, no se entiende ese doble discurso: por un lado, hacer gárgaras para hablar de las mipymes -de los pequeños y medianos emprendedores-, y por otro, decirles: "Vamos a presentar un proyecto de ley que significará cobrarles un interés mayor que el previsto en la iniciativa que debate hoy el Senado, la cual lleva mucho más tiempo en el sistema legislativo y les posibilita a ustedes comprar dinero más barato".
La clase media se manifiesta en el mundo entero -los medios de comunicación nos permiten ver cómo- por el problema del endeudamiento: en el supermercado, en la vivienda, en el vehículo, en los colegios, en las universidades, en las tarjetas de crédito, en las financieras, en las casas comerciales, en las cajas de compensación, en los bancos, etcétera. Y ese dinero cada día cuesta más caro.
Por eso, con este proyecto de ley pretendemos dar la oportunidad de acceder a créditos mucho más económicos, mucho más baratos.
Al efecto, proponemos reemplazar el inciso cuarto del artículo 6° de la ley N° 18.010, sobre Operaciones de Crédito de Dinero, por el siguiente: "No podrá estipularse un interés que exceda en tres veces la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Chile a la fecha de la convención. Este límite de interés se denomina Interés Máximo Convencional anual.".
Por su parte, el Gobierno, con posterioridad a la presentación de nuestra iniciativa, trajo al Congreso otra que, en resumen, significa prestar plata más cara.
La banca -por lo que hemos podido leer- ha explicado que cuando existe un riesgo mayor el costo del crédito es más elevado.
El Senador Gómez decía "Me cuesta entenderlo". Pero el entendimiento no resulta tan difícil: ¡a veces es más negocio que no se pague la deuda!
Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con la CORFO, que no es menor.
Para acceder a los créditos FOGAPE se deja una garantía; además, el propio Estado es garantía. Pero el BancoEstado -no el Banco del Estado-, como todas las otras entidades bancarias, dice: "Sí, pero usted debe tener una garantía adicional; por ejemplo, una vivienda". En consecuencia, si la persona o la pequeña empresa no pueden pagar la deuda, el banco cobra primero la garantía agregada, y después, la que otorga el propio Estado. O sea, ¡negocio redondo!
Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad.
Yo insistiría, señor Presidente, en que el Gobierno se sumara a nuestro proyecto de ley y dejara de lado el que envió posteriormente al Congreso, que, en resumen, significa prestar plata más cara.
En esta materia no debe haber un doble discurso. La sociedad, el país, el mundo están clamando por mecanismos distintos de los aplicados hasta ahora.
Pensemos en el abuso de la banca. Aquí se dice que muchas veces los créditos son usurarios. ¡Y lo son! Hay personas que simplemente no pueden pagar las tasas de interés que aplican los bancos, el sistema financiero, que además disponen de empresas que luego se encargan de la cobranza. Por tanto, la rentabilidad también va por esta vía: ¡ganan prestando la plata y luego cobrándola!
Frente a la situación expuesta, señor Presidente, voy a votar a favor, esperando que el Ejecutivo se haga parte de este proyecto de ley, que suscribimos varios Senadores.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente accidental).-
Solicito autorización de la Sala para que la Senadora señora Alvear me reemplace en la testera.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señora Presidenta, cuando se vota la idea de legislar uno no se pronuncia acerca de un concepto para discutir en general, sino sobre una solución de tipo legal propuesta en el proyecto pertinente. Y la solución que sugiere el que nos ocupa esta tarde consiste en tomar la tasa que el Banco Central fija para las operaciones interbancarias y decir que el interés máximo convencional se va a determinar sobre la base de multiplicarla por tres.
Yo quiero señalar que la tasa de operaciones interbancarias ha sido cero por ciento muchas veces (en Japón se halla en ese nivel desde hace varios años porque dicho país se encuentra en recesión). Y es evidente que nadie está pensando en que la tasa máxima de interés en las operaciones vaya a ser tres veces cero.
Cuando se pregunta por qué el Gobierno, en vez de acoger esta iniciativa, envió otra -se radicó asimismo en la Comisión de Economía-, la respuesta es porque la idea contenida en la moción que presentaron diversos Senadores no es, a su juicio -y también a mi juicio-, razonable para fijar la tasa máxima convencional.
La tasa máxima convencional tiene dos parámetros que se toman en cuenta: uno, la tasa de mercado, y el otro, las distintas operaciones existentes.
Hay operaciones de corto plazo, de largo plazo, hipotecarias, de bajo 200 UF, de sobre tantos miles de UF. Y, evidentemente, el gasto en una operación de 200 mil pesos es por completo diferente del de una de 4 millones. Probablemente, la incidencia del gasto administrativo en una operación de 100 mil o 200 mil pesos debe de ser muy similar a la de dicho gasto en una de 2, 3 o 4 millones.
Fue por eso que en la Comisión de Economía voté contra la idea de legislar, no porque no quiera que se discuta el tema o porque no crea que hay un problema de cobros excesivos. De hecho, lo hay. Y a mí me sorprende que ello ocurra en un mercado que teóricamente debiera ser competitivo. Porque existen varias instituciones financieras -y no solo una-, las que debieran competir. Y, en teoría, también debieran competir los bancos con las casas comerciales. No obstante eso, estamos frente a tasas de interés tremendamente altas.
Ahora, yo creo que la solución no se encuentra en el proyecto que presentaron diversos Senadores. Me parece que puede hallarse más en la iniciativa del Gobierno.
Ahora, más que fijar la tasa máxima, yo haría cumplir las exigencias establecidas a los fines de contar con un mercado transparente y de verdad competitivo.
Acá se aprobó una ley que dice que todo lo que se cobre es interés. Y nosotros sabemos que eso no se aplica en la realidad.
Entonces, estamos sumando una ley tras otra, una norma legal encima de otra, pero no damos una solución definitiva.
Por eso -se lo planteé en la Comisión de Economía a los autores de la moción-, no creo que la idea contenida en este proyecto sea la idónea para corregir el problema.
En tal virtud, anuncio mi voto negativo.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señora Presidenta, yo tengo la convicción de que, lamentablemente, el proyecto que presentaron diversos señores Senadores, de mantenerse la idea de que la tasa máxima convencional sea tres veces la tasa de política monetaria fijada por el Banco Central, solo conseguirá impedir que miles de familias accedan al crédito, al contrario de lo que está ocurriendo hoy.
La tasa de política monetaria rige para los créditos entre los bancos. No tiene nada que ver con lo que conocemos como "interés corriente", que se aplica en las operaciones de créditos de dinero que se realizan con los consumidores de estos.
Existe confusión en los conceptos y, por lo tanto, se está ofreciendo una muy mala solución.
Quiero recordar que en 2008 y 2009, cuando nuestro país se vio afectado fuertemente por la crisis derivada de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, el Banco Central de Chile llegó a fijar la tasa de política monetaria en 0,5 por ciento anual. Si aplicáramos dicho 0,5 a la regla que establece esta iniciativa, la tasa máxima convencional tendría que haber sido, para esos años de crisis, de 1,5 por ciento anual. Y cuando se observa lo que ocurrió con la tasa máxima convencional, se advierte que, en realidad, superó el 60 por ciento, para poder mantener el sistema de crédito particularmente a las familias de clase media, a las más vulnerables.
Por lo tanto, ¡claro que podemos elaborar un proyecto que seguramente resultará muy atractivo para la gente: uno que disponga que la tasa máxima convencional no puede superar el 15,75 por ciento, cifra que daría hoy la aplicación de la fórmula! La pregunta es a cuántas personas les otorgarán préstamos con un interés de ese monto. Lo más probable es que miles de familias no lograrían la reprogramación de sus créditos; no tendrían acceso a otros nuevos; no obtendrían la renovación y les exigirían el pronto pago de lo que deben en la actualidad.
Y generaríamos un enorme efecto, porque cuando se restringe el crédito disminuyen las ventas en todo el espectro del comercio, partiendo por los alimentos en los supermercados, y, obviamente, son menos los puestos de trabajo, ya que es una de las actividades económicas que se han mostrado más dinámicas, más activas, más fuertes durante todo el proceso de recuperación.
Es posible que no resulte popular, señora Presidenta, expresar estas opiniones. Lo es más plantear una tasa máxima convencional del 15,75 por ciento, cifra -repito- que correspondería hoy. También lo es aseverar que el Gobierno, con su proyecto, ya aprobado por la Comisión de Economía, está planteando prestar dinero más caro, a tasas más altas, como acaba de decirlo el Senador señor Bianchi.
Pero ¿puede alguien creer que en realidad es ese el propósito del Gobierno? ¿O que la intención que lo mueve es que la tasa de interés sea más alta para beneficiar a los bancos, o al retail, o bien, a los prestadores de servicios financieros, en general?
El señor LAGOS.-
¡Exactamente...!
El señor GARCÍA.-
Mi Honorable colega Lagos responde que sí.
Conozco a mi Gobierno. Trabajé y le pedí a la gente que votara por el futuro Presidente Piñera. Y estoy seguro de que el ánimo de perjudicarla es absolutamente ajeno a la actual Administración. Muy por el contrario. Si llegamos al Gobierno fue para beneficiarla, para favorecerla, para implementar políticas públicas que permitan su desarrollo, su crecimiento, su fortalecimiento como familia. Y el crédito, aunque no lo parezca, también es parte de esto último.
Lo que tenemos que hacer es encontrar una tasa máxima convencional inferior -estoy de acuerdo con ello-, pero que no signifique dejar a un gran número de grupos familiares al margen del sistema crediticio.
¿Qué hace el proyecto del Ejecutivo? Para el tramo de deuda entre cero y 200 unidades de fomento, donde radica el problema de la tasa máxima convencional en torno al 50 por ciento, determina que, en lugar de que la tasa de interés corriente se multiplique por 1,5, como lo establece hoy la ley, ello se haga por 1,35. Y eso va a llevarnos con seguridad a que la tasa máxima convencional se sitúe en los próximos meses en torno al 35 por ciento.
Durante la discusión de la iniciativa que nos ocupa y de aquella a la cual acabo de hacer referencia, escuchamos a muchos operadores de crédito -entre ellos, al BancoEstado y, particularmente, a su División de Micro y Pequeña Empresa-, los que expresaron que, por los costos de fondeo de capital, de obtenerlo; por los de riesgo, y por los de administración y de venta, es imposible que la tasa máxima convencional sea inferior al 35 por ciento; que lo único que determinaría, si lo fuera, es dejar a vastos sectores de la ciudadanía sin acceso a recursos.
Señora Presidenta, nos hallamos frente a un problema político, sin duda -todas las decisiones que toma el Congreso, finalmente, revisten ese carácter-, mas también técnico. No podemos fijar simplemente guarismos, sin darnos cuenta de lo que ello significa. Aquel que establece el proyecto, que llevaría a una tasa máxima convencional del 15,75 por ciento, ya quisiera el Senador que habla que fuera aplicable, pero abrigo la convicción de que es profundamente irreal, y lo único que haría -reitero- sería dejar a muchas pequeñas empresas y a miles y miles de familias sin acceso al crédito.
Estoy de acuerdo con desplegar el máximo esfuerzo en disminuir la tasa máxima convencional. Como la fórmula planteada al respecto es muy mala, me abstendré.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señora Presidenta, voy a ser extremadamente breve al hacerme cargo de un par de comentarios.
Creo que la iniciativa en examen va a ser aprobada con una gran mayoría en su discusión general, porque lo amerita.
El señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra preguntó -a pesar de mi exabrupto, no quise interrumpirlo- si alguien puede creer que el Gobierno quiere perjudicar a los consumidores, a los que piden crédito, por la vía de no legislar al respecto o de tratar de evadir el bulto. Deseo solo consignar que, si no es por la moción de mi Honorable colega Tuma y otros Senadores, el proyecto que envió no existiría. Y ello obedece a la falta de la voluntad de impulsarlo.
Porque me van a oponer que la cuestión no dice relación únicamente con la Administración actual; que es anterior. No se trata de eso. El punto reside en que existen una tendencia y un patrón de un cierto sector que quiere que ciertas cosas no sean reguladas.
Hemos sido testigos, en el día de hoy y ayer, del diferencial de precios en materia de salud: hasta 4 mil por ciento. Es cierto que la Clínica Alemana, en la Región Metropolitana -no digo que es para el segmento ABC 1, sino para el A 1 del país-, no se compara, tal vez, con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, pero semejantes disparidades en los insumos y remedios para el tratamiento de ciertas enfermedades resultan expresivas en un sistema que se encuentra estacionado y que al final del día termina perjudicando a los usuarios.
¿Y cuál es la respuesta del Gobierno? "Vamos a juntar a las clínicas en una reunión" -de las que ya estamos cansados, pues hemos sido parte de varias- "y les pediremos que se autorregulen".
Con esa medida, estimo que en dos años más vamos a contar con el mismo estudio del Servicio Nacional del Consumidor, pero en orden a que la diferencia, en vez de ascender a 4 mil por ciento, será de 3 mil 800...
Entonces, un sector cree en la autorregulación. En el mercado financiero no existe tal cosa. Es muy difícil que los seres humanos nos autorregulemos en todo. En el Congreso estamos precisamente para dictar leyes. Y ocurre, en cuanto al interés aplicable, que ciertamente se puede perfeccionar lo planteado y discutir si lo más conveniente es la tasa interbancaria; si ese es el referente para entender cuánto debe ser el interés máximo que es posible cobrarles a los consumidores.
Al respecto, me harán presente que para los cuentacorrentistas o los préstamos normales constituye un factor de distorsión tomar la tasa de préstamo interbancaria.
Dicho sea de paso, la tasa interbancaria que se aplica a nivel internacional es para los mismos efectos. Sobre la LIBOR y otras se fijan distintos intereses.
Pero, dejando de lado el tecnicismo, ¿qué es lo que se expone con el proyecto iniciado en moción del Honorable señor Tuma y al cual adhirieron otros Senadores? Poner el dedo en la llaga con relación a un aspecto acuciante, que son las altas tasas de interés. Y, para eso, es preciso aprobarlo, a fin de legislar y avanzar.
Si lo mejoramos, bien por el texto.
¿Y saben Sus Señorías por qué ha ingresado en forma tardía la iniciativa del Ejecutivo, según mi interpretación? Para detener aquella que nos ocupa.
No recuerdo cuál fue el proyecto que tratamos la semana pasada en que ocurrió exactamente lo mismo. Creo que era una moción de mi Honorable colega Gómez. El Gobierno introdujo rápidamente uno similar, pero, mediante el sistema de las urgencias, logró que fuera prioritario, y ya pasó al otro.
El señor GÓMEZ.-
Era el referente al manejo en estado de ebriedad.
El señor LAGOS.-
Gracias.
Dejo de lado la disquisición de si es o no correcto, en el caso de un proyecto iniciado por Senadores, con sus escasas atribuciones, que un Ejecutivo venga, a través de las urgencias -entre comillas-, e intente anotarse una "mosquita en la mano", como en los jardines infantiles, para adjudicarse la autoría. La reflexión es legítima, pero el asunto es otro: fue la actitud parlamentaria la que lo estimuló.
Entonces, la cuestión de fondo -y a eso me refería- es que ningún Gobierno, a mi juicio, quiere causarle un mal a la población. ¡Ninguno! Lo que pasa es que algunos no quieren afectar los intereses de ciertos ciudadanos, que es distinto.
Así es.
Cualquier Gobierno quiere dar buena educación. Lo que no todos quieren es subirles los impuestos a los ricos para que ayuden a solventarla, que es otra cosa.
Nadie quiere perjudicar a los estudiantes. La pregunta es cómo los financiamos.
Y lo que nos ocupa se refiere exactamente a lo mismo. Ya sabemos lo que sucedió con el SERNAC y los remedios. Ahora es algo que pasa con la tasa de interés.
Lo hemos tenido presente en los debates: ¿cuántas penas de cárcel se les han aplicado a los ladrones de cuello y corbata?
En cambio, la semana pasada estuvimos discutiendo una hora y media para aumentar las sanciones a quienes atenten contra los cajeros automáticos. Esa era la prioridad del Gobierno.
Excúsenme, Honorables colegas, pero, como lo expresamos en su oportunidad, hubiera sido un tanto o mucho mejor incrementar el castigo de quienes roban a jardines infantiles, a juntas de vecinos, a clubes deportivos, y se llevan la pelota, las camisetas, los computadores y los pañales. Ello causa mucho más daño.
Se plantea, por lo tanto, un aspecto de precedencia. Y a eso decía relación mi comentario, que no apuntaba a interrumpir la intervención del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. ¿Cuál es el punto? El Gobierno de Derecha cree en la autorregulación y no deja establecer criterios para fijar la tasa de interés, etcétera, a diferencia de lo que pensamos otros.
No me cabe duda de que el proyecto es mejorable, pero tampoco de que, si no es por la intervención del Senador señor Tuma y otros Honorables colegas, hoy día no existiría, ni de cerca ni de lejos, una iniciativa del Gobierno sobre la materia. Por lo demás, es necesario considerar lo que contiene esta última para saber si apunta también al meollo del asunto.
Votaré a favor, con la esperanza de perfeccionar el texto.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta, me parece que la normativa en estudio exhibe el mérito de lograr lo que se verifica en este momento, que es abrir un debate necesario sobre la cuestión de que se trata.
Juzgo que la sociedad chilena dirige una crítica muy de fondo hacia nuestro sistema político precisamente por la ausencia de discusión, por carecer de la capacidad de analizar aspectos que, desde su punto de vista, son inaplazables debido a su entidad, a su envergadura y -por qué no decirlo también- a lo escandalosos.
El sistema bancario, en los primeros siete meses del año, ya ha registrado una rentabilidad superior a todo lo que el país gasta en educación. Eso, para la sociedad, es inexplicable. ¿Cómo podemos plantearles razonablemente a nuestros conciudadanos que la situación presenta algún asidero? Constituye un dato de la realidad, pero ¿cómo podemos explicarlo?
Dicho de otra manera, el sistema político, debido a las consecuencias de la dictadura y a la responsabilidad con relación a la estabilidad democrática, fue acumulando también una deuda, lamentablemente, en otras áreas. Y una de ellas tiene que ver con este ámbito.
En Ancud hay un joven en huelga de hambre, un estudiante secundario. Es uno de los pocos que se resisten a abandonar esa forma extrema de manifestación de descontento. Y no existe modo de convencerlo de que, con esa decisión, pone en peligro su vida y de que, por su edad, puede provocarse un daño muy serio para el futuro. Pero, claro, cuando se publican las rentabilidades de los bancos, uno queda completamente imposibilitado de entregar cualquier argumentación.
Es decir, se han ido estableciendo realidades que atentan contra el sentido común; que significan un agravio cotidiano a las personas. Y uno de los elementos que se encuentran en la base, por cierto, de lo que comentamos acerca de la alta rentabilidad de la banca es la tasa máxima convencional y cómo se escapa el interés que se fija en los créditos a las personas, en los hipotecarios, en los de consumo; cómo superó el control aquel aplicable en el crédito con aval del Estado, en el que ahora se exigirá una montaña de recursos fiscales para financiar el pago por ese concepto. Porque es el Estado, al final, el que tendrá que bajarlo para que los jóvenes paguen uno inferior.
En el encarecimiento del dinero por parte de la banca se halla uno de los aspectos medulares de la situación que vive nuestra sociedad.
Y como lo ha expresado el Senador señor Lagos, el Gobierno, ante el anuncio del proyecto en debate, se apresuró en presentar uno propio. Pero debo consignar que, a diferencia de años anteriores, cuando la sociedad no había llegado, por esos caminos misteriosos de la conciencia social, a la conclusión de hoy en el sentido de que las rentabilidades bancarias están alcanzando un volumen de usura y que, en consecuencia, constituye algo que es preciso resolver -no me atrevo a decir cuánto tiempo atrás, pero me refiero a la transición democrática, y que cada cual le ponga el número de años que quiera-, la reacción no es la misma. O sea, si el asunto se hubiera planteado hace diez años, más de alguien habría manifestado: "Pero si esto es algo irresponsable. No toquemos el punto".
¡Cuántas veces se sostuvo que cuestiones de esta naturaleza -la que nos ocupa y la de las reformas laborales, por ejemplo- no se debían abordar, porque el país iba como avión y, en consecuencia, para qué íbamos a alterar su vuelo impecable y su trayectoria!
Y luego, en la época de las turbulencias, se da, ¡claro!, el argumento al revés: como ellas se registran, tampoco se puede incursionar en la materia, porque cómo vamos a hacerlo en tales condiciones.
Al final, la conclusión es que estos aspectos no se tocan nunca.
Cabe entender que el proyecto, entre cuyos firmantes me cuento, pero que, naturalmente, tiene en mi Honorable colega Tuma a su principal impulsor, lo colocamos a disposición de la búsqueda de un acuerdo político -estamos votando la idea de legislar-, de que todos los Senadores tengamos la posibilidad de llegar a una alternativa constructiva. Pero no podemos seguir dándole la espalda a un problema gravísimo.
Como ya lo señalé, el argumento más categórico es ese. En el sistema político se mantiene una discusión respecto de si se verifica o no una reforma tributaria. El Ministro de Hacienda expone una opinión en contra; el de Economía, una a favor.
Hoy un empresario de la ASEXMA dice que sí a la reforma tributaria, mientras que otros señalan lo contrario.
¿Qué conseguiríamos con esa reforma? Obtener 3 mil a 4 mil millones de dólares. Pero resulta que la ganancia de la banca será muy superior a esa cantidad.
Nosotros ocuparemos dos meses en discutir hasta el agotamiento y no sé hasta qué hora de la madrugada si los 4 mil millones de dólares establecidos en la Partida Tesoro Público para fines de educación son un ejercicio contable o no. Y vamos a manifestar distintas opiniones sobre el particular.
Sin embargo, la banca va a obtener este año ganancias cercanas al doble de esa cifra; casi va a duplicar esos 4 mil millones de dólares.
En consecuencia, es evidente que existe un hecho anormal. O sea, aquí se registra una perturbación estratégica.
Deben generarse los mecanismos que posibiliten que en un país con una economía de mercado se disponga de un financiamiento adecuado para el sistema de protección social y de un Estado con instrumentos regulatorios eficaces para resolver el desequilibrio cada vez más acentuado que se presenta en la esfera económica.
Por tal razón, voto a favor de este proyecto sobre tasa de interés máximo convencional.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, uno siempre tiende a preguntarse por qué las cosas no se realizan con mayor anticipación cuando se trata de una situación arbitraria y de injusticia profunda.
Todos lo han señalado: la ley Nº 18.010 data de hace 30 años, época en que el sistema financiero era altamente inestable y, por tanto, se requerían muchos resguardos; si los bancos prestaban plata, debían adoptar las mayores prevenciones. Entonces, qué mejor que fijar una tasa de interés convencional cercana al 50 por ciento.
El anatocismo -el cobro de intereses sobre intereses- se sigue practicando en muchas casas comerciales. Y los consumidores, al no hallarse advertidos, son sorprendidos por él.
En cualquier país que se busque como referencia existe sanción para la usura.
En Francia la tasa máxima convencional llega hasta un tercio sobre el tipo efectivo medio aplicado por las entidades de crédito. A partir de esa cantidad se considera usura, es decir, un delito.
En Brasil la Constitución Política de 1988 se encarga de señalar que la tasa de interés real por encima del límite de 12 por ciento anual -¡12 por ciento anual!- constituye un exceso de cobro y una práctica usuraria.
En Perú el tope es de 15 por ciento.
Es decir, en comparación con nuestros socios de América Latina, tenemos una tasa muy superior.
Claro, se dictó una ley para una situación política especial. Pero se mantuvo porque resultaba altamente rentable ya que, en definitiva, el modo de cálculo garantiza un cobro de interés tan elevado que en los primeros pagos casi se cubre el monto total del préstamo.
El proyecto que nos ocupa busca regular la tasa de interés máximo convencional. Porque, además de ser injusta, su monto resulta absolutamente inaceptable al constatarse, por ejemplo, de dónde sacan la plata los bancos.
Me explico.
Hay 157 mil millones de dólares, que pertenecen a los chilenos, depositados en las AFP.
¿A qué instituciones les piden dinero los bancos para prestarla a los clientes? Muchos recurren a las administradoras de fondos de pensiones, es decir, a los recursos de los trabajadores, de todos los que cotizan, de los millones y millones de chilenos que depositan cada mes una parte de su sueldo en esas instituciones, en las cuales no se encuentran representados ni por un solo miembro del directorio y que prestan plata a quienes estiman conveniente, e incluso, muchas veces a entidades relacionadas.
Entonces, las AFP les otorgan créditos a bancos y casas comerciales a tasas de 6 por ciento, y luego estos les fijan a sus clientes un interés de 49 por ciento ¡por su propio dinero! ¡Por el que las AFP prestaron a los bancos y las casas comerciales, y estos a los mismos trabajadores!
En consecuencia -lo comentábamos con el Senador Lagos-, nos hallamos ante una situación que requiere ser cambiada absolutamente.
La defensa del Gobierno no parece ser la más adecuada, toda vez que su argumento no apunta al problema de fondo: los pobres están pagando los créditos más caros.
Lo decía el Senador Gómez durante el debate en la Comisión: no resulta coherente la explicación de que quienes menos poseen deban pagar más interés.
Se afirma que, por tratarse de personas de alto riesgo, se les cobra más. Sin embargo, al hacerlo, también les resulta más difícil cancelar.
Entonces, la discriminación es tan evidente como lo indican los cuadros que figuran en el informe.
En el caso de las "tarjetas solo en casas comerciales", su composición es: grupo ABC1, 25 por ciento; C2, 35 por ciento; C3, 60 por ciento, y D, 82 por ciento.
O sea, a los más seguros pagadores, a los de mayores ingresos en el país, al 5 por ciento más rico de la población, se les cobra menos interés por el uso de su tarjeta en casas comerciales, mientras a los de menores ingresos se les cobra más.
Este proyecto de ley busca regular la tasa máxima de interés convencional a límites razonables, que mantengan la posibilidad de que los pobres accedan al crédito, pero sin "dejar la vida" en su pago.
Con el uso de las tarjetas de crédito existen dos componentes esenciales: si se paga al contado, funcionan como medio de pago; pero si se cancela en cuotas, operan como uno de crédito.
La verdad es que las casas comerciales y los bancos han fomentado el uso masivo de tales instrumentos: los entregan a estudiantes universitarios que carecen de ingresos y promueven el endeudamiento a través de todos los medios.
Al final, siempre alguien paga la deuda: si no la cubren los jóvenes, lo hace su familia; y, de no solventarla esta última, lo hacen los seguros.
¡Los bancos nunca pierden!
Ha llegado la hora de que las instituciones financieras ganen menos -no queremos que pierdan- para que los más pobres y la clase media accedan a créditos con mejores tasas de interés, sin usura y reguladas mediante un sistema de mayor confiabilidad que el actual.
Voy a votar a favor de esta iniciativa. Y espero que las bancadas de enfrente hagan lo mismo.
Su texto conlleva complejidades técnicas propias de la llamada "política monetaria". Sin embargo, es de una simpleza absoluta.
Así, se dispone: "No podrá estipularse un interés que exceda en tres veces la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Chile a la fecha de la convención. Este límite de interés se denomina Interés Máximo Convencional anual".
Se trata de una modificación simple a la ley Nº 18.010, cuyo resultado será que exista mayor justicia, equidad e igualdad para las diversas clases sociales -particularmente, para los trabajadores-, a fin de que puedan seguir accediendo al crédito.
En días anteriores, señor Presidente, discutimos una iniciativa sobre el descuento por planilla.
A los trabajadores de Chile se les descuenta mucho. Por ejemplo, en más de 85 por ciento de su remuneración, en algunos casos, con respecto a los funcionarios de Correos de Chile. Ello se debe a que durante las negociaciones colectivas se ha avanzado no en la mejora de las condiciones del sueldo, sino en negociar con la banca privada préstamos cuyo pago se garantiza mediante la deducción por planilla.
Entonces, el porcentaje de descuento resulta muy superior al 45 por ciento que establece el Código del Trabajo.
Debemos enfatizar la necesidad de legislar sobre el particular, porque resultaría sano que existiera un monto máximo de descuento para tales efectos.
Como señala el refrán, la necesidad tiene cara de hereje, y quien tiene que sobrevivir lo hace a través de la "bicicleta" con las tarjetas.
No condeno al que usa el crédito como forma de sobrevivencia, pues es la única manera que tiene para salir adelante. Mis colegas profesores me dicen a diario: "Vivo haciendo la bicicleta con las tarjetas y pagando interés sobre interés; no podría vivir sin ello".
Ha llegado la hora de normar el "bicicleteo". Se trata de un juego financiero y comercial; pero resulta abusivo.
Se le ha reconocido al Senador Tuma la necesidad de aprobar este proyecto. Él ha explicado por qué existen diferencias entre su iniciativa y la del Gobierno.
Por otra parte, no entendí bien el argumento del Senador Novoa. Se trata de un tema técnico y, tal vez, el estrecho margen del debate no da cuenta del objetivo del Gobierno. A primera vista, da la impresión de que este tiene otra visión sobre el endeudamiento y desea otro texto. Ojalá pudiéramos aclarar el punto en algún momento.
El Senador Tuma ha planteado que este proyecto de ley busca -yo lo comparto- que no se aplique una tasa usuraria a los préstamos de consumo, a los créditos que se entregan a todos: a los ricos y a los pobres. A los ricos les cobran 25 por ciento de interés, y a los pobres 82 por ciento, a través de las tarjetas de casas comerciales.
Por lo tanto, debiera ser bienvenido por todos.
Si el Ejecutivo sostiene una opinión diferente y cree que los bancos pueden seguir cobrando lo que deseen, lo que se les ocurra, allá él. Pero es claro que el Senado debería actuar a favor de los más desprotegidos, de quienes se hallan altamente endeudados producto de tales créditos, apoyando esta iniciativa.
De ser preciso realizar un debate de política económica financiera, lo haremos con el Gobierno y con el BancoEstado, que hace rato dejó de ser el banco del Estado de todos los chilenos y hoy es un banco comercial más, sin ninguna diferencia a la hora de tratar a los consumidores. Si bien se alega que apoya a la pequeña y la mediana empresas, la verdad es que, a la hora de otorgar créditos, discrimina igual que cualquier entidad privada.
Voto que sí.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señora Presidenta, yo también quiero dar mi voto afirmativo esta tarde.
Considero muy importante esta iniciativa, encabezada por el colega Tuma y secundada por los Senadores Bianchi, Escalona, Letelier y Andrés Zaldívar. Al igual que ellos, y tal como se reproduce en los antecedentes de hecho, pienso que la economía debe estar al servicio de la persona humana. Ello significa que no podemos permanecer indiferentes o dejar de tomar medidas respecto a lo que hoy día ocurre.
Vivimos en una sociedad tremendamente endeudada. Chile es uno de los países donde las personas contraen más deudas para efectuar sus consumos y sobrevivir, o para "bicicletear", como indicó el Senador Navarro. El 60 por ciento de la gente gana menos de 400 mil pesos mensuales, lo cual, evidentemente, no le alcanza para su vida cotidiana, por lo que debe pedir prestado. Y, lamentablemente, se produce el fenómeno -por todos conocido- de que se accede a los créditos otorgados por los bancos surgidos a la sombra o en la misma sociedad del retail, que cobran tasas realmente desmesuradas.
Aquí se propone modificar una ley dictada hace más de 30 años, en algún momento en que se registraba incertidumbre, altos índices de inflación, bastante volatilidad y en que la situación del país no era como la actual, que todo el mundo reconoce en términos de su macroeconomía, de sus reservas, de su estabilidad financiera, del manejo macroeconómico responsable durante 20 años.
Es obvio que no podemos seguir aceptando tasas que, efectivamente, casi merecen el nombre de "usurarias". Por lo tanto, considero de toda conveniencia legislar a este respecto, de modo que haya más accesibilidad al crédito y se cobren intereses más justos y proporcionados, y no los excesivos que se observan hoy.
A la pasada se han mencionado otros temas.
Claramente, existe demasiada facilidad para ofrecer tarjetas de crédito, sobre todo a estudiantes, sin que se exija demostrar algún ingreso. Porque lo que importa es que las personas accedan a las tarjetas del retail (Paris, Ripley, Falabella o el que sea). De ahí la enorme cantidad de universitarios endeudados.
Lo digo porque en la Cámara de Diputados presenté precisamente una moción donde hacía referencia a dicha situación, señalando que, si finalmente una casa comercial entregaba tarjetas de crédito sin siquiera consultar los datos pertinentes, nadie se haría responsable, ni el estudiante ni alguien de su familia -como ocurre ahora-, y, simplemente, la deuda sería impagable. En definitiva, se trataba de buscar mecanismos para que hubiera mayor responsabilidad a la hora de ofrecer crédito.
Estamos en un país donde se registra un círculo vicioso: por un lado, la gente necesita del crédito para poder sobrevivir y llegar a fin de mes, y, por otro, existe una cantidad desmesurada de empresas del retail que han generado sus propios bancos, los cuales compiten con los más tradicionales. Al final, todo se resume en un ofrecimiento de crédito a destajo, con tasas de interés máximo convencional completamente desproporcionadas.
En mi opinión, la situación actual de Chile no es la de hace 30 años, por las razones que ya expuse, y por lo tanto, tenemos que legislar de la manera como propone la iniciativa: "prohibiendo un interés que exceda en tres veces la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Chile a la fecha de la convención". Me parece una fórmula bastante razonable.
Y es perfectamente posible lograr el acuerdo de la Sala -ojalá así sea- para impulsar este proyecto, que va en beneficio de quienes más lo necesitan. Porque hoy las mayores deudas, en proporción al ingreso per cápita, son las de personas pertenecientes a los sectores más vulnerables, a las cuales su renta no les alcanza para vivir y solamente el crédito les permite "bicicletear" para poder terminar el mes.
Entonces, señor Presidente...
Perdón, "señora Presidenta". Debo decir que estoy muy orgullosa de que usted dirija la sesión. Espero que constituya un precedente para esta Honorable Corporación, a la que le haría bien tener a una mujer en la testera. Así, espero que esto sea una buena premonición y un buen antecedente para que alguna vez podamos contar con una Presidenta.
Volviendo al asunto, la propia Biblioteca del Congreso Nacional señaló que, según la legislación comparada, en Brasil, Francia, Perú y otros países se fijan tasas máximas convencionales. Porque entienden que el no establecerlas en un monto razonable se presta para usura, y también para que terminen pagando más los que tienen menos, lo cual es un absoluto despropósito y exactamente lo opuesto a lo que debemos hacer. De lo contrario, estaremos aumentando la presión de una caldera que, aunque no se sepa con exactitud, en algún momento va a estallar cuando la capacidad de pago se haga insostenible. Y hoy presentamos un nivel de endeudamiento peligroso en materia de artículos de consumo o de primera necesidad.
Por lo tanto, y para no alargarme más, creo que lo planteado en el proyecto es de entera justicia, y que, lejos de ir contra el mercado -como sostienen algunos-, lo hace más eficiente y le otorga un sentido social que mucha falta le hace. Se habla bastante del mercado, pero realmente se le da poco contenido social.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque no solo es una realidad que los chilenos se encuentran altamente endeudados, sino que además -como hemos dicho tantas veces- estamos en un país que presenta enormes desigualdades.
En efecto, si hacemos una somera revisión tributaria, no podremos dejar de reconocer que, aunque suene absurdo, aquí pagan más los que tienen menos. ¿A qué me refiero? A que el IVA, por ejemplo, que prácticamente aporta el 52 por ciento de lo recaudado, no hace distinciones. En consecuencia, quienes poseen las fortunas más grandes pagan el mismo impuesto que paga la persona modesta que va a la esquina a comprar el pan para su alimentación cotidiana.
Por consiguiente, espero que no solo legislemos sobre la tasa de interés máximo convencional, sino que también alguna vez abordemos en serio lo relativo a la reforma tributaria. Necesitamos recursos permanentes, en particular para educación y salud. Creo que no hay otra salida que no sea que las empresas tributen mucho más. A nivel de la OCDE, en Chile se cobra el IVA o los impuestos personales más altos, mientras que las grandes empresas tienen la menor carga impositiva. Ello resulta absurdo. Es exactamente el camino inverso que debemos seguir. Aquí tendrían que pagar más las grandes empresas.
Sin embargo, cuando legislamos para que el Gobierno contara con mayores recursos para la reconstrucción, se estableció que el 2013 se debería volver a la tasa de 17 por ciento.
¡Eso no resiste análisis! Yo soy partidaria de mantener, para los próximos dos años, la tasa actualmente vigente, que es de 20 por ciento, y de que luego se efectúe una reforma tributaria que permita que las grandes empresas paguen al menos un 25 por ciento en forma permanente. Porque es lo que se requiere para llevar a cabo mejoras reales en educación y no simples cambios cosméticos que solo vayan en beneficio del 40 por ciento de la población. ¡Chile necesita bastante más!
Por tales razones, señora Presidenta, voy a votar a favor de esta iniciativa, felicitando al autor y llamando a mis colegas a adherir a ella. Pues apunta en el sentido correcto y, de alguna manera, ayuda a solucionar una situación que -como expresé-, se hace cada vez más crítica.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta, me abstendré en la votación del proyecto con el propósito de tratar de que se llegue a un acuerdo en la materia que nos ocupa. Porque en la Comisión de Economía se aprobó una iniciativa similar del Ejecutivo, que probablemente vamos a abordar en la Sala en las próximas semanas, lo cual indica que hay unanimidad respecto de acometer la cuestión de la tasa máxima convencional en cuanto a reducir los límites permitidos hoy en la ley.
Como lo señaló el Senador señor Novoa, cuando uno se pronuncia acerca de la idea de legislar en una materia, no lo hace respecto de algo abstracto, sino de contenidos muy concretos.
En mi opinión, fijar la tasa máxima convencional sobre la base de la política monetaria constituye un parámetro no correcto.
Y a mí no me gustaría que se restringiera fuertemente el acceso al crédito. Según lo señala el propio informe, en Ecuador se la estableció en torno del 15 por ciento. ¿Qué ocurrió en la práctica? Se redujo a la mitad el número de tarjetas de crédito. Y es por todos conocido que, muchas veces, quienes poseen menor capacidad de ahorro necesitan recurrir a tal expediente.
Por lo tanto, sería muy negativo que, al final, dejáramos al margen del crédito formal a quienes se pretende beneficiar -porque no pueden financiar con ahorros o con sus propios ingresos la adquisición de ciertos bienes- por la vía de reducir la tasa máxima convencional a niveles que significarían, muchas veces, que debieran recurrir al mercado informal.
Mi abstención, señora Presidenta, obedece al deseo de que no ocurran episodios como los de Ecuador, pero, al mismo tiempo, de que se legisle sobre el asunto en análisis.
Espero que se llegue a un acuerdo respecto de los proyectos del Senador señor Tuma y del Ejecutivo, que se fusionen y que se determinen parámetros que permitan reducir la tasa máxima convencional, pero sin afectar el acceso al crédito, especialmente de los sectores medios y de los más desposeídos. Nadie quiere las actuales tasas exorbitantes, sino que se establezcan parámetros realistas y que se cumplan los dos objetivos mencionados.
Por tales razones, me abstengo.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra al Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señora Presidenta, vamos a acompañar también en la votación de la moción del Honorable señor Tuma y de los demás Senadores que la han suscrito, porque nos parece que ha llegado el momento de regular estas materias.
En educación se vive una situación bastante similar después de 30 años de leyes que generaron un mercado completamente desregulado. Me refiero a la enseñanza superior fundamentalmente: en el pregrado de universidades.
De alguna forma, y fruto de los movimientos que se han venido experimentando no solo en Chile, sino en el mundo entero, la marcha de los indignados también tiene mucho que ver con la usura.
Hace algunos días, en la Comisión de Obras Públicas debatimos una moción del Senador señor Gómez relacionada con el tarifado de las concesionarias.
Y todo ello se vincula con que el país, que no escapa a una realidad mundial, se halla "indignado", porque visualiza que el sistema vigente de mercado, completamente desregulado, ya no da para más ni resiste más.
En educación eso es más fuerte y tiene mayor expresión. Y los estudiantes han sabido traducir este discurso "político" de la ciudadanía. Digo lo anterior, a propósito de que el Ministro del Interior señalaba que los dirigentes del movimiento estudiantil son líderes políticos. ¡Pero si es un movimiento de ese carácter, al igual que el discurso de la ciudadanía que se está traduciendo en tales medidas!
El tema que analizamos no es muy distinto. Hago la comparación con el sistema educativo, porque los proyectos que el Gobierno nos ha enviado son de naturaleza bancaria y no apuntan a mejorar la educación. Entre otros, puedo citar el que se halla en la Comisión del ramo que reprograma créditos del Fondo Solidario, el cual se basa justamente en lo que hoy se intenta modificar con la iniciativa en debate: la tasa máxima convencional.
Como los tiempos han cambiado, por supuesto que no propugnamos volver a lo que teníamos en 1973, cuando, efectivamente, no había anatocismo (interés sobre interés), el interés legal alcanzaba a 6 por ciento y un cobro superior se consideraba usura.
Como bien lo relataba el Senador señor Navarro, tampoco intentamos emular la realidad de Brasil, de Francia ni de Perú, donde un 15 por ciento ya se considera usura.
El interés hoy en Chile llega muchas veces a 50 por ciento de lo prestado por vías que al consumidor no le quedan claras, pues nunca se las explican. Porque una cosa es la tasa bancaria de 25 por ciento, a la cual se le permite aplicar 12,5 por ciento como máximo convencional, lo que suma 37 por ciento. Pero nada se dice respecto de diversos cargos que debe solventar quien pide el crédito: comisiones; costos por administración; seguros, que por la figura de la integración vertical los termina dando la misma institución bancaria o financiera. Entonces, finalmente, se excede con creces ese porcentaje y se alcanza el 50 por ciento mencionado.
Y aquí se nos ha hecho el llamado -el mismo de educación- del Fondo Monetario Internacional y de distintos organismos de la OCDE en el sentido de que Chile debe modificar lo vigente y regular estos mercados.
Señora Presidenta, estimo que, si no fuera por la moción del Senador señor Tuma, no estaríamos haciendo la discusión. No se habría presentado ningún otro proyecto. Porque aquí a muchos les interesa seguir manteniendo la protección que les otorga la ley Nº 18.010, normativa dictada en plena dictadura, con la cual, como se decía, se intentó liberalizar al máximo el mercado financiero.
La modalidad que presenta el proyecto en análisis me parece la más razonable. El nuevo parámetro de cálculo -en definitiva, no corresponde a otra cosa- hará que nunca más la tasa máxima convencional se base en el interés corriente cobrado por los bancos, sino en la tasa de política monetaria, que se podrá aplicar hasta el triple de su valor. Actualmente, ella asciende a 5,13 por ciento mensual, con lo que la tasa máxima convencional anual alcanzaría a 15,39 por ciento.
La aprobación de dicha propuesta -entiendo que están los votos- constituirá una gran noticia para los cientos de miles de familias afectadas por el escándalo de La Polar. Tal medida conlleva mucho sentido porque hablamos del mismo público y de créditos cortos -hasta 200 unidades de fomento (aproximadamente 4 millones de pesos)- que mucha gente modesta de clase media baja pide para satisfacer necesidades básicas: educación, vestuario, alimentación, transporte y muchas otras cosas.
Debe quedar claro que no estamos en contra del crédito, porque para muchas familias chilenas constituye una respuesta, y quizás la única alternativa para la clase media, a la cual el actual Gobierno le ha prometido una serie de instrumentos y de mecanismos, pero a la que no le llega nada.
Vuelvo a la comparación. En pocos minutos más estaremos discutiendo con el Ministro el presupuesto de Educación, respecto del cual pareciera como si el Gobierno se hubiese puesto una venda en los ojos y que en Chile no hubiera pasado nada. Por su monto, podría corresponder al último de la Administración de la Presidenta Bachelet o al primero del Gobierno del Presidente Piñera. Es como si en el país no hubiese habido ningún movimiento en los últimos seis meses.
¿Por qué lo sostengo? Solo a manera de ejemplo: se incrementan las becas a las universidades privadas en 373 por ciento; y las de los planteles movilizados, 6,5 por ciento. ¡Parece un castigo!
De eso estamos hablando.
La educación también forma parte de este mercado desregulado y la gente recurre a las instituciones financieras para satisfacer los gastos de universidad. Porque el Crédito con Aval del Estado es otra usura. Y entiendo que la idea del proyecto es comprar la tasa, lo que, en definitiva, implica un traspaso a los bancos. O sea, lo nuevo del presupuesto en Educación es más traspaso a privados, más traspaso a la banca.
Creo que llegó el momento de poner orden o de equilibrar un sistema muy injusto, donde muchas personas modestas finalmente van a parar a la cárcel y en el que a los ejecutivos de grandes empresas como La Polar no les sale ni por curados.
Este es el minuto de dar ese paso. De lo contrario, el Gobierno seguirá en el proceso como espectador, actor secundario o extra, sin entrar a una definición de fondo.
Por cuanto he señalado, con todo gusto y convicción votaremos a favor del proyecto en debate, que rebaja la tasa de interés máximo convencional a niveles razonables y más cercanos al pago que un ciudadano común puede efectuar.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra al Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señora Presidenta, sin duda esta iniciativa y el proyecto del Ejecutivo van en el camino correcto, porque toda la gente se halla esperando tasas de interés más bajas.
Resulta evidente que la situación de los deudores más vulnerables, principalmente, lleva a cobrarles siempre la tasa más alta.
En ese sentido, creo que la normativa en estudio, por muy buena intención que tenga, utiliza un instrumento inadecuado, pues el incentivo a prestar recursos a personas de más alto riesgo reviste mucha complejidad.
Por lo tanto, por muy ventajoso que sea nuestro propósito, al final puede ocasionar mayor daño a la gente que hoy día accede al crédito.
Todos queremos una tasa máxima convencional lo más baja posible. La dificultad radica en cómo llegar a determinar su monto exacto. Y esa es una discusión que debemos abordar en la Comisión correspondiente, con el objeto de encontrar el punto de equilibrio que se necesita.
Cuando se analizó el proyecto, el Presidente del Banco Central recordó que en Estados Unidos, por favorecer erróneamente a clientes financieros, se produjo en el año 2008 el problema financiero que todo el mundo conoció, y que todavía estamos sufriendo.
Además, manifestó que la dificultad de tener una tasa de interés máxima convencional muy baja implica, justamente, dejar gente afuera de las fuentes de financiamiento. ¿Y qué ocurre con eso? Que nuestra sociedad puede caer en el mayor de los peligros: el informalismo, los prestamistas.
Por lo tanto, se saca del sistema a las personas con más necesidades, que recurren al crédito -mayoritariamente de consumo- por carecer de recursos y porque, de esa manera, desarrollan sus vidas.
Por eso el Presidente del Instituto Emisor advirtió tal situación, y señaló incluso que una tasa de 3 veces el diferencial entre las tasas del mercado y de libre riesgo corresponde a una fórmula que utiliza el modelo de precios de activos, llamado confusamente el "CAPEM", el cual no sirve para fijar la tasa de los créditos, sino para determinar valores de instrumentos de deuda de renta fija, por ejemplo, cuánto vale un bono del Banco Central o una determinada acción.
Es decir, se está utilizando un instrumento que, en definitiva, el propio Presidente del Banco Central considera que no corresponde. Por eso, encuentro muy importante lo propuesto por el Ejecutivo en la iniciativa que presentó.
Por consiguiente, debemos tener mucho cuidado con la moción en estudio. Porque lo que se busca es favorecer y abrir el mercado, sobre todo, a la gente que mayor tasa de interés paga: la más pobre, la que no tiene garantías, pero que es buena pagadora, aunque mucho le cueste.
Sin embargo, hay otro proyecto que -desconozco si todavía se le pueden presentar indicaciones-, considerando que las Cajas de Compensación en la actualidad otorgan créditos y pueden descontar las cuotas por planillas, pretende que las cooperativas también realicen lo mismo.
Entonces, ¿por qué no ampliamos esa posibilidad de descuentos por planillas a los bancos o a las financieras? La idea es facilitar a las personas que trabajan el acceso a créditos más baratos.
Me inquieta la iniciativa en estudio, aun cuando da una señal positiva en el sentido de que debemos preocuparnos del caso. Resulta bastante claro que lo debemos discutir, porque con esta tasa máxima convencional únicamente obtendrá créditos, inclusive más baratos, gente con más garantías y que dispone de mayores recursos.
Eso es lo que va a ocurrir.
Por lo tanto, en vez de beneficiar a las personas más humildes, vamos a terminar beneficiando a quienes hoy día consiguen créditos con tasas de interés más bajas. En definitiva, se favorecerá a los más ricos, en circunstancias de que el objeto del proyecto es al revés.
Entonces, debemos tener muy clara la utilización de los instrumentos adecuados.
Y, en ese sentido, creo que esta iniciativa, como bien se ha planteado, tiene una intención muy positiva, pero, a juicio de los expertos, usa una herramienta que no corresponde.
Por eso, señora Presidenta, me voy a abstener, esperando que la normativa del Ejecutivo sobre el particular proponga el instrumento apropiado.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra al Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señora Presidenta, este proyecto me parece provechoso, porque abre la posibilidad de discutir un tema de alta sensibilidad social.
Resulta evidente que en Chile se vive un ambiente en el que la sociedad repudia el abuso que el mercadismo ejerce sobre los individuos. Y uno de los elementos de ese abuso que genera una inmensa asimetría se da a través del interés máximo que se aplica a los créditos, como se ha manifestado.
Dicha asimetría del mercado debe ser enfrentada. Lo adecuado o inadecuado del instrumento propuesto es secundario. Porque lo que debemos asumir es que la ciudadanía se siente vulnerada con este sistema. En consecuencia, lo positivo es abordar la temática.
Entonces, más allá de la pertinencia o no del mecanismo sugerido, lo que se debe hacer es aprobar la idea de legislar para incorporar aquellos elementos que, según la opinión de algunos señores Senadores, resulten adecuados.
Ahora, si esto va a dañar el acceso al crédito, es bien relativo.
Conversábamos con el Senador señor Prokurica que este problema es bastante simple de resolver. Si tantas gárgaras hacemos con el BancoEstado, la pregunta es por qué ni la Concertación ni la Coalición han logrado que se comporte realmente como del Estado y que facilite de manera efectiva la gestión crediticia para la gente más desposeída y para los pequeños y medianos emprendedores.
Me está pidiendo una interrupción el Honorable señor Prokurica. No tengo problema en concedérsela, con la venia de la Sala.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señora Presidenta, creo que el Honorable señor Cantero da en el clavo con su argumento. Porque la dificultad planteada se resolvería en un día si el BancoEstado bajara las tasas de interés, ya que nadie iría a pedir un crédito a otras entidades financieras.
Es una cuestión muy simple. Pero escuchamos argumentaciones muy enjundiosas de gente que ocupó un ministerio u otro cargo. Como me carga el argumento, no voy a latear echándole la culpa a la Administración anterior. La Concertación vivió 20 años culpando al Gobierno militar. Por eso cayó en estos problemas.
No obstante lo anterior, me parece que si realmente existiera interés de resolver el asunto sin ley, sin decreto, sin nada, bastaría que el BancoEstado bajara las tasas de sus créditos para que el resto de la banca hiciera lo mismo.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Puede continuar el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señora Presidenta, decía que quienes poseen cierta capacidad de visualizar en bolas de cristal qué instrumentos son efectivos y cuáles no tendrán la oportunidad, una vez aprobada la iniciativa en general, podrán introducir sus buenas ideas para proteger de verdad al ciudadano.
A mí francamente me preocupa no poder romper la falta de transparencia que existe hoy en el mercado, en particular en el del dinero. En este sentido, hago propicia la ocasión para saludar y felicitar el estudio hecho por el SERNAC en materia de las tarifas que se cobran en los servicios de la salud, que arrojó asimetrías claramente abusivas, odiosas, vergonzosas.
El Senador señor Prokurica me señala que en el retail sucede algo similar.
Felicito al SERNAC por llevar adelante ese tipo de estudios. Y creo que el Gobierno de Piñera haría muy bien en enfatizar tales esfuerzos.
La ciudadanía realmente siente -y esto ocurre no solo en Chile, sino en el mundo entero- que el mercado ha ido expandiendo sus atribuciones, sus facultades y su rol en la sociedad, mientras que el Estado va en retroceso, hacia un debilitamiento, hacia un arrinconamiento, hacia una incompetencia permanente.
Uno de los papeles del Estado es precisamente regular de manera adecuada el ámbito del crédito cuando se trata de préstamos de la banca.
En consecuencia, votaré a favor, porque la única manera de hacer que esto avance es aprobando la idea de legislar.
Deseo plantear una segunda reflexión, muy breve.
Con justicia la Concertación se molesta cuando ve que una iniciativa ya presentada empieza a competir en velocidad y en trámite con otra del Ejecutivo, sin que se haya hecho el esfuerzo de buscar un entendimiento, sin que se enfrente la materia con un criterio común. Haría bien el Gobierno en procurar un acuerdo en esas áreas.
Lo mismo se dijo hace un par de días respecto de un proyecto que el Senador Gómez y yo estábamos impulsando, sobre sanción en caso de accidentes provocados por la ingesta de alcohol.
Me parece que ese es un mal procedimiento.
Al parecer, las asimetrías que vemos en el mercado se dan también entre el Ejecutivo y el Legislativo. Estimo que es abusivo emplear ese mecanismo en nuestra función. Ya es escasa la consideración que se observa respecto del rol del Parlamento. Y con esto se debilitan nuestras facultades.
Ojalá que el Gobierno considere este llamado y busque el acuerdo y el entendimiento cuando haya iniciativas con alguna base de coincidencia. Yo por lo menos, si fuera Ministro, tomaría ese camino, para lograr un ambiente más adecuado en la tramitación de los proyectos y evitar las descalificaciones que se han dado desde un lado y otro, porque ello no conduce a nada positivo. Ya está bastante emporcado el ambiente político en el país para que nosotros sigamos abundando en esa línea.
Voto a favor.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Horvath, Lagos, Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Navarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Votó en contra el señor Novoa.
Se abstuvieron los señores García, García-Huidobro y Orpis.
La señora ALVEAR (Presidenta accidental).-
En estos momentos no hay quórum para adoptar acuerdos, por lo que el plazo para formular indicaciones se deberá fijar en la próxima sesión.
En consecuencia, se levantará la sesión.
En todo caso, se dará curso reglamentario a diversas peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Ministro de Salud, a fin de que considere SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS N° 5 DE COMUNA DE VALDIVIA RELATIVA A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CESFAM (Región de Los Ríos).
Del señor MUÑOZ ABURTO:
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de que informe sobre FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE EN COMUNA DE PUERTO NATALES.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicitándole antecedentes acerca de HABILITACIÓN DE "TARJETA FRONTERIZA" PARA TRÁNSITO DE CHILENOS Y ARGENTINOS DESDE Y HACIA REGIÓN DE MAGALLANES.
Al señor Ministro de Hacienda, requiriéndole información relativa a FACTIBILIDAD DE ASIGNACIÓN A REGIÓN DE MAGALLANES DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONCESIÓN DE ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS.
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Salud, pidiéndoles informar sobre CALENDARIO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS HOSPITALES DE PUERTO NATALES Y PORVENIR.
Y al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole considerar PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE TRAYECTO ENTRE MANANTIALES-PORVENIR-SAN SEBASTIÁN EN TIERRA DEL FUEGO (todos de la Región de Magallanes).
Del señor NAVARRO:
A la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, para que remita estadísticas relativas a CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL POR PARTE DE EMPRESAS MINERAS DE MAYOR TAMAÑO EN ÚLTIMOS 3 AÑOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas, para que informe sobre OBRAS EN RUTA INTERNACIONAL HUARA-COLCHANE (Primera Región), y POLÍTICA NACIONAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
Al señor Ministro de Salud, recabándole información en cuanto a DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE HIPOACUSIA, PRESBIACUSIA Y TRAUMA ACÚSTICO.
Al señor Ministro de Salud y a la señora Ministra del Medio Ambiente, solicitándoles antecedentes concernientes a DENUNCIAS DE VECINOS DE LAGUNILLAS, ESCUADRÓN Y JORGE ALESSANDRI (COMUNA DE CORONEL) POR PRESENCIA CONTINUA DE MATERIAL PARTICULADO O DE POLVILLO.
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, requiriéndole información sobre SOLICITUDES DE CONCESIÓN, VENTA O ARRIENDO DE TERRENOS FISCALES PARA EJECUCIÓN DE GRANDES PROYECTOS MINEROS.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, pidiéndole antecedentes vinculados con EVENTUALES DAÑOS A SALARES DEL NORTE POR FAENAS MINERAS DE GRAN VOLUMEN EXTRACTIVO.
A la señora Subsecretaria de Turismo, solicitándole información atinente a POTENCIAL TURÍSTICO DE SALARES DEL NORTE.
Al señor Subsecretario de Telecomunicaciones, requiriéndole antecedentes sobre SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR EN DIVERSAS COMUNAS DE OCTAVA REGIÓN.
Al señor Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, para solicitarle INFORMACIÓN SOBRE DESEMBARQUE DE ANCHOVETA SIN DESOVAR EN IQUIQUE Y RESPECTO DE EMPRESAS CERTIFICADORAS.
Al señor Director Nacional de la Dirección General de Aguas, consultándole sobre SITUACIÓN HÍDRICA DE RÍO LOA, FISCALIZACIÓN Y NÓMINA DE PROYECTOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN TARAPACÁ Y ANTOFAGASTA, POTENCIAL DE ACUÍFEROS Y DERECHOS INSCRITOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS.
Al señor Director Nacional de la CONADI, pidiéndole información relativa a SOLICITUDES DE CONCESIONES MINERAS Y DE DERECHOS DE AGUA EN TERRITORIOS INDÍGENAS (Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta).
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, requiriéndole antecedentes acerca de PROBLEMAS DE VECINOS DE VILLA FUTURO Y DE CAMPAMENTOS EN COMUNA DE CHIGUAYANTE CON RESPECTO A COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD (Región del Biobío).
Y al señor Director Nacional del SERNAC, solicitándole remitir NÓMINA DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES, Y SUS REPRESENTANTES, EN REGIONES DE TARAPACÁ Y DE ANTOFAGASTA.
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La señora ALVEAR (Presidenta accidental).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:44.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS ALVEAR Y RINCÓN Y SEÑORES GARCÍA, TUMA Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (7993-03)
El presente proyecto de ley, pretende disponer legalmente la obligación de otorgar a la información que por norma legal o administrativa deba incluirse en acciones publicitarias, igual tratamiento que al resto de la información entregada por el proveedor.
Fundamentos
El mecanismo de información más común utilizado por los proveedores es la publicidad de productos y servicios, entendida ésta como “la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio.
El marco jurídico que norma la publicidad está compuesto por la Ley de Protección al Consumidor N° 19.496 (LPC), que contiene un conjunto de disposiciones tendientes a velar por la mejor información de los consumidores regulando, al efecto, la publicidad entregada por los proveedores.
Conforme a ello, el título II de la citada ley consagra “el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos (…)”.
Este reconocimiento legal de un derecho a favor del consumidor tiene su contrapartida en normas que limitan la libertad publicitaria de los proveedores, configurando todo un marco jurídico dentro del cual estos últimos pueden utilizar la publicidad como una herramienta para favorecer la adquisición de sus productos o la prestación de sus servicios. Para ello, el Título III dispone de normas imperativas para los proveedores, que determinan contenido, formas y límites a la información que entregan y publicitan.
No obstante tal regulación, son múltiples los ejemplos de publicidad y promoción de productos y servicios en el mercado que contienen defectos de información o, simplemente, omisiones. Así se ve claramente en la publicidad de productos o servicios sujetos por norma legal o administrativa a entregar información adicional referente a dichos productos y servicios, la que en múltiples ocasiones es entregada deficientemente al consumidor, en tanto no se le entrega un espacio suficiente para que esta información sea recepcionada por los consumidores con posibilidades ciertas de ser entendida por éstos.
Son variados los casos en que el legislador impone a los proveedores asociar a la publicidad cierta información relevante. Así ocurre, por ejemplo, a la obligación impuesta por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de informar el límite estatal a los depósitos y captaciones; o la obligación impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros a las sociedades administradoras de fondos mutuos de precaver sobre la rentabilidad o ganancia informada por éstas.
No obstante ello, los proveedores generalmente otorgan a la información que el regulador ordena publicitar un tratamiento distinto en cuanto a tipografía de la gráfica, duración, dicción, repeticiones y nivel de audición que el que le otorga a la información objeto de la acción publicitaria.
La conducta descrita es contraria al fin perseguido por las normas que disponen la obligación de informar y genera asimetrías de información que el Poder Ejecutivo reconoce, señalando que “es posible todavía percibir en algunos mercados asimetrías de información” en las relaciones de consumo, impidiendo a los consumidores contar con información eficaz para evaluar los productos y servicios que se ofrecen.
Nuestra legislación no considera norma que de manera específica defina la forma en que los proveedores deban comunicar la información obligatoria, sino que se limita a disponer su información, sin velar por que se satisfaga el objetivo habido detrás de ella, en cuanto a informar adecuadamente a los consumidores sobre características, riesgos y antecedentes relevantes del producto o servicio ofrecido;
El establecimiento de una disposición que determine la forma en que los proveedores deben comunicar la información obligatoria asociada a una publicidad, permitiría satisfacer de mejor manera los objetivos tenidos a la vista al momento de disponer tales obligaciones: velar por que la información que se suministre al mercado sobre productos y servicios permita que los consumidores tengan la posibilidad de adquirir un conocimiento cabal de éste, adoptando las decisiones que consideren adecuadas;
Normar de la manera descrita la materia en análisis, en orden a obligar a los proveedores a otorgar a la información obligatoria un tratamiento adecuado, al menos idéntico al resto de la información a la cual se asocia, supone modificar la Ley N° 19.496, específicamente el párrafo 1° del Título III, sobre información y publicidad; incorporando un nuevo artículo al citado párrafo, destinado a exigir a los proveedores la entrega de información obligatoria bajo un tratamiento idéntico a la información a la que se asocia.
Por tales consideraciones, y dentro del marco de mis atribuciones constitucionales, es que presento al Honorable Congreso Nacional el siguiente:
Proyecto de ley
ARTÍCULO ÚNICO.- Incorpórase el siguiente artículo 28 C nuevo a la Ley Nº 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:
“En toda acción publicitaria ejecutada a través de cualquier medio de comunicación, masivo o individual, en que por disposición legal o administrativa deba incluirse una determinada información, ésta deberá recibir el mismo tratamiento, en cuanto a tipografía de la gráfica, duración, dicción, repeticiones y nivel de audición, que el que se le otorgue al resto de la información contenida en dicha acción”.
(Fdo.): Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- José García Ruminot, Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY RESPECTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS DE FIJACIÓN TARIFARIA (7994-03)
La razón de regular mercados tan importante como lo son los rubro de la electricidad, servicios sanitarios y telefonía, se fundan en que esta clase de servicios satisfacen necesidades públicas fundamentales, que son esenciales para el desarrollo de la vida humana y que deben brindarse de manera permanente, y con un acceso universal garantizado. De ahí a que estos mercados no pueden quedar al arbitrio de las empresas.[1]
Más aún, hoy, instituciones de la sociedad civil tan relevantes como Consumers International, a través de su oficina para Latinoamérica y el Caribe, ha trabajado hace ya largos años en un programa sobre consumidores y servicios básicos y ha llegado a estructurar el concepto de democracia reguladora, haciendo mención con ello a la necesidad de crear “un sistema regulador transparente, eficiente y justo para evitar los abusos económicos y asegurar los derechos de los consumidores”, dentro del cual, deben necesariamente consignarse instituciones que den cabida efectiva y eficaz a la participación de los consumidores organizados.
Actualmente, en el caso de los servicios de distribución eléctrica, de telefonía, las empresas privadas que lo prestan están sujetas en la práctica a regímenes de fijación tarifaria por parte de la autoridad, fruto de las imperfecciones de los mercados, toda vez, que en la mayor parte del país, no existen medios para asegurar la libre competencia de los oferentes de tales servicios, produciéndose la mayor parte de las veces monopolios naturales, que obligan por una parte a recurrir a la institucionalidad de salvaguarda de la libre competencia y por otra a establecer procedimientos reglados de determinación y fijación de tarifas por parte de la autoridad.
Por su parte, en materia de servicios sanitarios, esto es, elaboración, potabilización y distribución de agua potable y recolección y tratamiento de aguas servidas las normas sobre fijación tarifaria, esto es, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y especialmente su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 453, de 1989, también de esa cartera de Estado, prescribe la existencia de un régimen altamente reglado, de fijación tarifaria. Más aún, el Reglamento consigna un tímido mecanismo de participación ciudadana, en su Artículo 4º que consiste en la obligación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de efectuar una publicación en el Diario Oficial y poner a disposición del público las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas tarifarias del período sobre el cual se ha abierto un proceso de fijación de precios al consumidor.
Es necesario mantener a las organizaciones de consumidores – y otras organizaciones ciudadanas- como parte en el todo del proceso de fijación tarifaria, para que hagan ver sus especiales puntos de vista, que hoy en día, no están presentes, por cuanto, sólo son parte en el proceso, las empresas y el Estado. Con este fin es necesario modificar el DFL Nº 1/82 del Ministerio de Minería, específicamente su artículo 95, con la finalidad de precisar que la fijación tarifaria cuando proceda, se realizará en base a un proceso reglado en el cual, deberá asegurarse, por un reglamento, la posibilidad de participación directa de organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores. En materia de fijación de tarifas de telefonía, cualquiera sea su tiempo (de corta y larga distancia y móvil, incluyendo los servicios de conexión a Internet), es menester modificar el artículo 29 de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones, para precisar, que también por la vía reglamentaria se regulará la participación de esta misma clase de organización civil, con la finalidad de asegurar una participación ciudadana equilibrada y equitativa, que sólo redundará en beneficios para los usuarios de los servicios y de legitimidad social para el proceso de fijación tarifaria.
En el derecho comparado Latinoamericano, en Argentina se observa una legislación que contempla un sistema de audiencias públicas en el procedimiento de fijación de tarifas, en efecto; en el caso de las industria de gas y electricidad en Argentina, la Ley ordena a los Reguladores, llamar a audiencias públicas antes de adoptar decisiones específicas referidas a tópicos como revisión de tarifas, fusiones y adquisiciones, expansiones de redes de transmisión, multas y penas en general, así como temas antimonopolios. Estas audiencias públicas son procesos formales que están diseñados para:
a) que todos los interesados puedan presentar sus puntos de vista sobre el tema en cuestión ante los reguladores.
b) que se logre un consenso entre el público respecto a la legitimidad y conveniencia de las decisiones adoptadas.
c) que se asegure que la relación entre la empresa regulada y el regulador es transparente y que las decisiones de este último son honestas y justas.
El regulador tiene la potestad de convocar a audiencias públicas cada vez que quiera reunir información relevante respecto a cualquier decisión que quiera tomar.
La doctrina especializada en materia de mercados regulados está conteste en que se fijen el método principal para un mecanismo más democrático y transparente es un procedimiento administrativo que consagre los siguientes criterios[2]:
a) Transparencia
Los procedimientos que se siguen para fijar las tarifas en cualquier sector deben ser transparentes de modo que cualquier interesado externo pueda conocer lo que se ha acordado. Transparencia se refiere al grado de apertura del proceso. Asimismo, es muy importante que se conozca el sustento de las determinaciones finales que se toman. Los usuarios de los servicios cuyas tarifas son reguladas tienen el derecho a exigir transparencia en la determinación de las tarifas que los afectan. Para esto es clave la disponibilidad de información, lo que habitualmente entra en conflicto con los criterios de confidencialidad y protección de la propiedad intelectual que aducen las empresas prestadoras. Hay distintas maneras de asegurar un alto grado de transparencia, siendo la más simple de aplicar el requerimiento de que todos los antecedentes del proceso que dieron lugar a la fijación tarifaria estén disponibles públicamente a fin de que cualquier interesado pueda consultarlos. Lo que se puede debatir es cuál es el modo y la oportunidad más adecuada para hacer público todos los antecedentes del proceso. Una alternativa es diseñar un esquema en que toda la información del proceso se encuentre en línea durante el proceso mismo. Si bien esto maximiza la exposición de los participantes en el proceso, los expone a un grado de observación que puede dificultar procesos de negociación que se pueden ir dando durante el proceso. Otra alternativa, particularmente válida en el caso de que exista un estudio único, es que vayan dando a conocer informes parciales con los resultados que vayan surgiendo durante el proceso. En todo caso, como mínimo, se debiera requerir que toda la información del proceso, incluyendo los datos utilizados para realizar los estudios y los análisis de las partes, se haga pública una vez que el proceso haya concluido.
La transparencia ayudará a que el proceso regulatorio se legitime ante todas las partes interesadas y principalmente ante los consumidores, las firmas reguladas, inversionistas, y comunidad en general.
b) Participación
Otro criterio que se puede considerar en el diseño del procedimiento es permitir, e incluso promover, la participación de todos aquellos interesados en las distintas etapas del proceso.
Esto contribuye a la transparencia y a que todas las partes afectadas sientan que pueden presentar sus puntos de vista. Se puede hacer mediante la realización de audiencias públicas, como ocurre en la tradición más anglosajona o solicitando opiniones escritas a los posibles interesados. En nuestro país, en cambio, no existe tradición en cuanto a la realización de estas audiencias ni en consultas públicas a los interesados, por lo que habría que crear la cultura de participación.
c) Replicabilidad
El procedimiento debe asegurar que los cálculos y resultados de los estudios sean replicables por un tercero. Con esto se logra un grado mayor de transparencia porque requiere hacer disponible toda la información que permite reproducir los resultados presentados por las partes. Hoy día ocurre que las partes no tienen mayor incentivo a abrir los estudios sino que, por el contrario, a hacerlos lo más herméticos posibles, muchas veces argumentando razones de confidencialidad estratégica comercial o derechos de propiedad intelectual sobre modelos y/o datos. Posiblemente, la replicabilidad no será de interés para la gran mayoría de las personas, pero el solo hecho de que esta sea posible, obliga a las partes a ser extremadamente cuidadosas en sus posiciones y trabajos por el riesgo de quedar expuestos por alguien que analice en forma detallada los resultados y sus fundamentos.
d) Grado de Judicialización.
Un criterio para evaluar el desempeño de los procedimientos regulatorios es el grado de judicialización que inducen. Mientras menor el grado de judicialización, mejor es el procedimiento utilizado. Si, por el contrario, el procedimiento lleva a un elevado grado de judicialización, es una clara indicación de que el procedimiento tarifario ha sido incapaz de resolver los conflictos inherentes a cualquier proceso regulatorio. De ahí la importancia que tiene el que el procedimiento regulatorio tenga mecanismos efectivos para la resolución de controversias que necesariamente van a surgir debido a que el objetivo del regulador y de la firma regulada no necesariamente van en la misma dirección.
e) Mecanismos adecuados y expeditos de Solución de Controversias.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 95 del decreto con fuerza de ley Nº 1 del año 1982 del Ministerio de Minería, agregando el siguiente inciso primero, pasando el actual a ser segundo y así sucesivamente:
“En el procedimiento administrativo de fijación de las tarifas de distribución domiciliaria, incluyendo la determinación del precio nudo, se velará por una adecuada participación de la ciudadanía durante todo el proceso de fijación tarifaria.”.
Artículo 2: Modifíquese el artículo 29 de la ley Nº 18.168 General de Telecomunicaciones, agregando el siguiente inciso tercero y final:
“En los casos en que proceda la fijación de tarifas por parte de la autoridad, se asegurará la participación ciudadana. En el que podrán participar durante todos los trámites del procedimiento las organizaciones de defensa de los consumidores contempladas en el párrafo 2º del Título II de la ley Nº 19.496 “sobre protección de los derechos de los consumidores” y demás organizaciones ciudadanas que quisieran formular observaciones al procedimiento.”.
Artículo 3: Modifíquese el artículo 1º del decreto con fuerza de ley Nº 70 del año 1988 del Ministerio de Obras Públicas, agregando el siguiente artículo 13 bis nuevo:
“En los procesos administrativos de fijación tarifaria de los servicios sanitarios de producción, potabilización y distribución de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas que regula este decreto con fuerza de ley, se considerará siempre la participación en todo el proceso de las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores contempladas en el párrafo 2º del Título II de la ley Nº 19.496 “Sobre protección de los derechos de los consumidores” y demás organizaciones ciudadanas que quisieran formular observaciones al proyecto.”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE SANCIONES A DELITOS FINANCIEROS (7995-05)
Fundamentos[1]:
Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la organización, siendo sus objetivos principales velar por la transparencia y permitir el conocimiento de cómo los directivos gestionan los recursos, proveyendo instrumentos de resolución de conflictos de interés entre los distintos grupos que interactúan al interior del sistema. Se preocupa de resguardar el interés de todos los accionistas, pero especialmente de los minoritarios, impidiendo que los mayoritarios puedan usar el control sobre la compañía para extraer oportunamente valores de la empresa a expensas de los financistas en general, lo cual tiende a ocurrir cuando la empresa es dominada por un accionista mayor, familia o grupo económico. Generalmente también se produce conflicto de interés entre los administradores a cargo de la gestión y los inversionistas tenedores del capital. Por una parte, los inversionistas necesitan del capital humano especializado de los administradores o controladores para generar rentabilidad sobre el capital financiero que poseen, mientras que estos últimos necesitan de los recursos de los inversionistas para materializar sus proyectos. Por eso, la idea de gobierno corporativo está trazada sobre la decisión de reglar estas relaciones.
La Ley 20.382, se dictó para proteger los derechos de los accionistas, aumentando las atribuciones de control de los accionistas minoritarios y reduciendo la asimetría en el manejo de datos en el sistema, a través de la mayor comunicación y transparencia informativa, y precisando las responsabilidades de los directorios, al promover la designación de directores independientes y el aumento de exigencias en la celebración de operaciones con partes relacionadas. También modifica las presunciones de acceso a la información privilegiada.
En resumen, la ley persiguió aumentar la confianza, la inversión, el financiamiento y la valorización de las empresas, con miras al mejor desempeño, de cara a una economía moderna y globalizada.
a) Divulgación de información al mercado
La ley establece que el flujo de información al mercado tiene que darse en el menor tiempo posible, y revelarse esta información a todos los accionistas de manera oportuna, reduciendo las ventajas de quienes tienen mayor cercanía con la administración.
b) Uso de información privilegiada
Los socios que estén al tanto de información privilegiada no sólo no pueden comprar acciones sino que tampoco venderlas mientras esta información no salga al mercado. Es lo que se conoce como períodos Block Out. La ley hace un distingo entre en la presunción de posesión de información privilegiada, aplicable a los que se desempeñan dentro de la administración, y la presunción de acceso a la información, aplicable a los actores que interactúan con la administración sin ser parte de ella. Al respecto, ya está visto que los ejecutivos o miembros de directorios de sociedades anónimas abiertas que al mismo tiempo desempeñen cargos en alguna corredora de bolsa, deberán decidirse por mantener sólo una de estas calidades a partir del 1° de enero de 2010, fecha en que entra en vigencia la nueva Ley.
c) Directores independientes
La ley exige que toda sociedad anónima abierta (que transe sus acciones en la bolsa), integre al menos un director independiente a su directorio, cuando se cumplan ciertas condiciones relacionadas con el monto de capitalización bursátil y con un porcentaje determinado de sus acciones en poder de accionistas minoritarios.
d) Comité de directores
La ley aborda el papel del comité de directores al interior de la empresa, planteando que deberá estar siempre constituido por una mayoría de independientes y que tendrá mayores atribuciones para ejercer su rol fiscalizador de manera eficaz.
e) Operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés
Incorpora una nueva regulación para las operaciones con partes relacionadas, estableciendo un procedimiento que exige explicitar los conflictos de interés y que los directores comprometidos se abstengan de votar, informando del hecho a la próxima citación de la junta de accionistas.
f) Funcionamiento de las juntas de accionistas
Se potencia el funcionamiento de la junta al establecer medidas que buscan que los accionistas dispongan de más y mejor información con lo cual poder ejercer su voto con una anticipación razonable a la junta pertinente (algo que antes sólo tenían los controladores y mayoritarios), así como la adopción, con autorización de la Superintendencia de Valores y Seguros, de mecanismos electrónicos de voto a distancia que incentiven una mayor participación de minoritarios.
g) Auditoría externa
Se elevan los estándares aplicables a los auditores externos, de manera de garantizar una mayor seguridad e idoneidad técnica.
En síntesis, esta nueva ley busca fortalecer las empresas, aumentando su eficiencia, a través de mejoras en la transparencia y cubriendo aspectos que potencian su funcionamiento, garantizando la importancia del mercado en ellas y su competencia a nivel global, para lo cual se han adoptado estándares internacionales, precisamente de aquellos países que han tenido éxito en crecimiento, inversión y desarrollo, es decir, países pertenecientes a la OCDE. Y es que a lo mejor nuestro país, a partir del 15 de diciembre, se convierte en el socio N° 31 de esta prestigiosa institución de cooperación económica internacional.
Sin embargo, tras los bochornosos hechos que han envuelto el caso de la colusión de Farmacias, de la Polar, donde se han defraudado a consumidores, accionistas y al público en general tras abusar de la confianza depositada y en violentar, lo que es más grave, la voluntad de las personas al repactar unilateralmente las deudas contraídas y de defraudar a los accionistas, al “inflar” artificialmente los precios de las acciones y demás títulos de crédito de la compañía.
La Ley 20.382, ha constituido un avance, permitió mayor transparencia en el mercado de valores y mayor rigor en la fiscalización, pero aún es insuficiente, pues las sanciones solo simbólicas. En efecto, al examinar la Ley 20.382 que modifica la Ley 18.045 sobre mercado de valores, ya que de la redacción no se desprenden sanciones efectivas para las personas nombradas en el Artículo 17 (gerentes, administradores, ejecutivos, etc.).
Por su parte la ley sobre responsabilidad penal de personas jurídicas , que ha constituido gran avance sólo, tiene un ámbito de aplicación reducido, pues sólo se aplica a las hipótesis de terrorismo, lavado de activos y narcotráfico, lo cual no acontece en un caso tan relevante como el de La polar, pero que sin dudas ha causado mucho daño. Es por ello que se hace necesario extender el ámbito de aplicación de la ley, a otras situaciones que puedan comprometer la responsabilidad penal de la persona jurídica como es, por cierto, la defraudación cometidas en bolsas de valores, usura, faltas a la fe pública etc.
En conclusión el presente proyecto de ley, busca sancionar penalmente las conductas previstas en los Artículos 52 y 53 de la Ley 18.045, referida a la transacción con el objeto de hacer variar artificialmente los precios y efectuar cotizaciones ficticias, ejes centrales del caso La Polar.
Asimismo, extender la penalidad a presidio mayor en su grado medio, los delitos prescritos en el Artículo 59 de la Ley 18.045 sobre mercado de valores, referidos a engaños, simulaciones y otros delitos bursátiles.
Y en tercer lugar, extender la responsabilidad de las personas jurídicas a los delitos de estafa y los delitos financieros del Artículo 59 de la Ley 18.045.
Por lo anterior vengo en presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo 1. Incorpórese a la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores, el siguiente Artículo 53 bis nuevo: “Los que cometan algunas de las conductas descritas en los Artículos 52 y 53 de la ley, serán sancionados por la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio.”
Artículo 2. Modifíquese el inciso primero del Artículo 59 de la Ley 18.045, agregándose a continuación de la palabra “mínimo”, la frase: “a medio”
Artículo 3. Incorpórese a la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, las siguientes modificaciones:
a) En el artículo 1 inciso primero, reemplácese la conjunción “y” por una coma (,).
b) En el artículo 1 inciso primero, a continuación de la palabra “penal”, antecedido de una coma, agréguese la frase: artículo 59 de la ley 18.045, y artículo 468 del Código Penal.”
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE SUSPENDER EL SUMINISTRO ELÉCTRICO POR DEUDAS IMPAGAS DE PRIMAS DE SEGUROS (7996-08)
Fundamentos[1]:
1. Recientemente, las empresas de distribución de electricidad han instaurado una modalidad de nuevos negocios dentro de su giro que consiste en ofrecer servicios secundarios, principalmente seguros asociados, como seguros de desgravamen, seguros de protección de cuentas o bajo la fórmula “cuenta protegida” o “protección total”, primas que deben pagarse mes a mes, dando al efecto, una sola boleta o factura, que da cuenta de la obligación de pagar el consumo eléctrico mensual y la prima vencida correspondiente a un determinado mes. Esta nueva modalidad se ha traducido en un lucrativo negocio para las empresas aseguradoras, con la modalidad de que las pólizas siempre deberán ser pagadas, pues la boleta o factura por la cuenta eléctrica, es siempre única y no admite pagos diferenciados entre los ítems relacionados estrictamente con la electricidad de aquellos que son anexos o accesorios.
2. El problema principal se suscita cuando los clientes se constituyen en mora de pagar la prima del seguro y las empresas hacen valer una facultad, que expresamente tienen según el convenio o contrato, para suspender el servicio de suministro eléctrico a contar del día siguiente de la fecha del vencimiento de dicha cuota. Más aún, las empresas de distribución eléctrica, sin distinguir, facturan en una sola boleta (o factura según el caso) la cuota del convenio de suministro eléctrico adeudado y el valor de las primas de los seguros. Lo anterior se traduce en una presión indebida al cliente para pagar el consumo eléctrico por anticipado (para evitar quedar sin electricidad), no obstante que la ley general de suministro eléctrico en su Artículo 141, prescribe que el servicio de suministro eléctrico es ininterrumpido, y solo autoriza a la suspensión de servicio trascurridos 45 días desde el vencimiento de la boleta (o factura impaga). La situación antes descrita se ve agravada aún más, por la reticencia de las empresas a aceptar el pago por separado, de las cuotas de suministro y las derivadas de estos SEGUROS ajenos a la función específica que, como concesionaria, debe ejecutar.
Debemos considerar que esta situación es más irregular aún pues, las empresas concesionarias tienen un giro único y no pueden constituirse a la vez como ASEGURADORAS, de este modo estos seguros son ofrecidos y gestionados por empresas ajenas al SERVICIO ELECTRICO, es por ello que no resulta lógico que no se admita el pago diferenciado y que , pero aún, el no pago de la prima, pueda llevar al corte del servicio eléctrico, pues en la práctica ambas cuentas se funden en una sola, como si derivaran de un solo servicio, no obstante en la factura o boleta se haga referencia a ellas por separado.
3. Lo que corresponde es que los consumidores puedan pagar las cuentas independientemente, sea emitiendo boletas o facturas distintas o bien una misma boleta que detalle separadamente ambas deudas y que se permita el pago por separado. En este sentido, la Circular Nº 3.200 de 2006 de la SEC, insta a las empresas eléctricas a tomar medidas en el asunto ya sea generando 2 boletas separadas para cada cobro o bien una sola que permitiera una cancelación diferenciada en los centros de pago habilitados. Además con claridad dicha circular, señala que el no pago de una cuota por otro convenio ajeno al servicio básico no faculta a la empresa para suspender el suministro eléctrico.
4. La circular de la SEC Nº3200 de 2006[2] es clara y establece la independencia de estas cuentas, por ello la finalidad del presente proyecto es establecer en la ley un principio de independencia de las obligaciones insolutas derivadas del consumo eléctrico de aquellas derivadas por no pago de primas de seguros u otros servicios anexos que nada tiene que ver con el giro de las empresas distribuidoras de electricidad. La idea es mantener absoluto detalle y autonomía las deudas, sin que sea posible compensarlas. Sin embargo, las empresas podrán emitir una sola boleta o factura, siempre y cuando distingan e indiquen detalladamente, el cobro referido a la deuda por suministro del cobro referido a obligaciones por productos o servicios accesorios.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Incorpórense los siguientes nuevos artículos 141 bis y 141 ter, a la ley general de servicios eléctricos en materia de energía eléctrica DFL Nº 1 del Ministerio de Minería de 1982, cuyo texto fue sistematizado y refundido por ley 20.220 de 2007.
Artículo 141 bis: El no pago oportuno de deudas o primas insolutas derivadas de la venta de seguros no facultan a la concesionaria de suministro para suspender o cortar el suministro eléctrico.
Artículo 141 ter: Las boletas o facturas emitidas por empresas de suministro eléctrico deberán contener única y exclusivamente las especificaciones contenidas en el artículo 127 del DS 327 de 1997 del Ministerio de Minería. Por tanto toda referencia al pago o cancelación de cuotas de convenio por primas de seguros deberán ser excluidas de las boletas o facturas.
Con todo, las empresas podrán extender una sola boleta o factura por la totalidad de los montos adeudados, siempre que se reúnan las condiciones que siguen:
1. Separación detallada de los montos adeudados por suministro eléctrico y de los adeudados correspondientes al pago de primas de seguros contratados, y la información precisa sobre las distintas oportunidades, según sea el caso, en que proceda la suspensión del suministro.
2. La boleta deberá contener dos códigos de barra independientes para poder pagar indistintamente la cuenta de suministro y/o la prima del seguro.
3. Las empresas de suministro, sólo podrán imputar el pago a la prima por seguros contratados cuando expresamente lo solicitare el cliente. Frente al silencio del cliente la empresa imputará el pago al monto adeudado por suministro, y el saldo, si alguno hubiere, se imputará a las deudas por suministro de período subsiguiente.
4. Prohibición de proponer como sanción, el corte de suministro eléctrico, frente al no pago de las deudas derivadas de contratos de seguros ofrecidos por la concesionaria o por terceros.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- , Senador.
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS, CON LA QUE DAN INICIO A UN PROYECTO DE LEY SOBRE MÍNIMO VITAL DE CONSUMO DE AGUA (7997-09)
Fundamentos
1. Sobre el derecho humano al agua
El mundo dispone de gran abundancia de agua dulce, aunque está desigualmente repartida. No obstante, su gestión deficiente, la escasez de recursos y los cambios medioambientales hacen que uno de cada cinco habitantes del planeta no tenga acceso al agua potable y que 40% de la población mundial no disponga de sistemas básicos de saneamiento, según el segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo[i]
El agua, es a nivel mundial, uno de los recursos ambientales más pobremente manejados.
Chile no es la excepción. El caso chileno es único en el mundo, la Constitución Política de la República asegura a los particulares el derecho de propiedad respecto de los derechos constituidos o reconocidos sobre las aguas, con todas las consecuencias que derivan del caso. Pero lo que es más grave, el Código de Aguas de 1981 (que para algunos no deja de ser un código de "riego" ya que no comprende los usos no extractivos o in situ de las aguas, por ejemplo), posibilitó que personas naturales o jurídicas solicitaran toda el agua de un río sin justificar el uso que se le dará y la necesidad del caudal solicitado. El Código de Aguas también creó una categoría de derechos de aprovechamiento desconocida en el derecho chileno a objeto de favorecer el desarrollo de la actividad hidroeléctrica: los derechos no consuntivos (según el artículo 5º son aquellos que permiten emplear el agua sin consumirla y que obligan a restituirla en la forma que determine el acto de adquisición o de constitución del derecho).[ii]
Este sistema originó el denominado "mercado de aguas", y si bien el legislador en el año 2005, luego de 12 años de tramitación, sancionó algunas modificaciones a la legislación de aguas, el problema de la concentración y especulación en torno a los derechos de aprovechamiento de aguas aún subsiste, por lo que el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de estudios para reformar el Código. En el mes de junio de este año el MOP solicitó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) levantar el primer informe internacional sobre la situación hidrográfica y el uso real que le dan sus propietarios.
Del total del agua disponible, 84,5% va a riego y sólo 4,4% para consumo humano. Del 100% de los recursos hídricos utilizables, 80% de los derechos se los reparten la eléctrica española Endesa, la norteamericana AES Gener y la local Colbún.
Completado el cuadro sobre el sistema que el legislador adoptó en relación a la propiedad de la gestión de las empresas vinculadas a las aguas (Post Privatización de las empresas vinculadas a la gestión de los servicios del agua), y la configuración de los derechos que tienen los particulares para su uso o aprovechamiento, cabe abordar la pregunta que cada vez adquiere más fuerza en los círculos que estudian el recurso hídrico: El agua ¿Derecho humano o mercancía?
Según Peña Chacón, “Se estima que en la actualidad en el mundo alrededor de mil millones de personas (20%) no tienen acceso al agua potable y dos mil seiscientos millones (40%) carecen de instalaciones de saneamiento básicas”[1]. Además, el mismo autor, calcula que para el año 2025, cerca de cinco mil quinientos millones de personas tendrán escasez de agua, mientras que anualmente mueren entre cinco y diez millones de personas en el mundo por uso de agua no tratada[2].
Frente a esta problemática, mediante 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones, el día 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución GA/10967[3], que declaró el acceso al agua potable como un derecho humano, e instó a las naciones a garantizarlo.
Se estipuló también el derecho de los habitantes del mundo al saneamiento, de modo que puedan contar con los servicios sanitarios básicos, considerando la contaminación como la principal fuente de muertes por enfermedades en el mundo[4]. La resolución, asimismo, insta a todos los países y organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y tecnología para lograr un acceso universal poco costoso al agua potable y el saneamiento. Destaca, asimismo, la responsabilidad de los Estados de promover y proteger con el mismo celo todos los derechos humanos[5].
La Resolución GA/10967 declara: “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
La definición anterior cumple con el objetivo por el cual fue adoptada: “reconocer el derecho al agua como un derecho humano a nivel internacional”, pero no permite, por lo restringido de su definición, conocer su contenido y alcance, a efectos de determinar cuáles obligaciones pueden nacer para los estados.
Sin perjuicio de lo anterior, la definición más utilizada en Derecho Internacional para construir el concepto de Derecho al agua como Derecho Humano se basa en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19 de diciembre de 1966[6]. La interpretación que hace de éste el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observancia General número 15, que al efecto dispone[7]: “El Derecho Humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” [8].
Definición similar adopta la Organización Mundial de la Salud: “Derecho a un acceso al agua de suficiente limpieza y en suficiente cantidad para satisfacer las necesidades humanas, incluyendo entre ellas, como mínimo, las relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento”[9].
Dentro de este concepto se destacan dos características fundamentales:
• Accesibilidad
Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta accesibilidad debe verse en dos dimensiones, una física y otra económica. La accesibilidad física se refiere a que el recurso hídrico, para uso personal y doméstico, debe estar al alcance de todos los usuarios tanto en sus hogares, instituciones educativas, centros de trabajo, o en sus cercanías inmediatas[10]. Por su parte, la accesibilidad económica está directamente relacionada con su costo económico, el cual debe tener un precio asequible y que asegure el acceso de éste a toda la población.
• Calidad y Cantidad
Uno de los aspectos fundamentales tratados en la resolución y destacados en las intervenciones de los diferentes países, incluido Bolivia, impulsor de esta Resolución fue el acceso al agua en cantidad suficiente que permita el abastecimiento de la población con énfasis en la calidad del agua, la que debe ser potable y libre de transmisión de enfermedades. En cuanto a la cantidad, el abastecimiento de agua debe ser suficiente para los usos personales y domésticos, entre los que están incluidos el consumo, saneamiento, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica.
Por otra parte, en el IV Foro Mundial del Agua celebrado en el año 2006 en México, representantes de Bolivia, Cuba, Uruguay y Venezuela, instaron por la declaración del agua como derecho humano, pero el Banco Mundial (BM) y los países ricos vetaron la declaración. Sin embargo, y como hecho inusitado en las versiones anteriores de este Foro, los representantes de estos países suscribieron una declaración complementaria, sentando un precedente de disenso.[iii]
Tampoco era la única pelea. Junto con declarar al agua como derecho humano fundamental se buscaba sacar el agua del ámbito de las mercancías, esto es, del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trataba también de impedir que los tratados de libre comercio (TLC) afecten los servicios de agua potable y saneamiento, y se proclamaban estos servicios como un coto cerrado a la noción de negocio para poder garantizar así sus objetivos reales para la sociedad, los cuales son producir salud y calidad de vida.
Claro, el Foro Mundial del Agua es organizado por el Consejo Mundial del Agua, con el apoyo de las Naciones Unidas, en donde confluyen los intereses de las corporaciones transnacionales. De hecho, una de ellas, Coca-Cola patrocinaba la versión organizada en México.
A nivel latinoamericano encontramos iniciativas impulsadas por la sociedad civil que reconocen el agua como derecho fundamental. Por ejemplo en Uruguay, en el año 2004, a través de los mecanismos de democracia directa, organizaciones sociales agrupadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, respaldadas por casi el 60% de la ciudadanía, lograron incluir en la Constitución de Uruguay la consideración del agua como un derecho humando fundamental, sentando las bases para que la gestión de los recursos hídricos sea pública y atienda criterios de participación social y sustentabilidad. Además de modificar sustancialmente la situación en Uruguay, este hecho marca un importante precedente internacional, por tratarse de una de las primeras experiencias de incluir un derecho ambiental en la constitución de un país a través de la democracia directa.
Esta modificación estableció que "El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales".
La Reforma Constitucional del Artículo 47 de la Constitución (en la sección "Derechos, deberes y garantías") establece además que los criterios de gestión de los recursos hídricos (que deberá ser pública) deberán estar basados en la participación ciudadana y la sustentabilidad.
En México la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho Al Agua impulsa la Campaña Nacional "El Derecho al Agua a la Constitución".
Recientemente en Colombia, en el marco de la campaña "El Agua un Derecho Fundamental", más de 2 millones de colombianas y colombianos dijeron que sí están de acuerdo con que se reforme la Constitución Política para incluir en ella el derecho humano fundamental al agua potable, un mínimo vital gratuito de agua para la población, la gestión pública indelegable y directa del agua y la protección especial para los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico. Una vez que la Registraduría Nacional emita su concepto sobre la validez de dichas firmas, el Congreso debe aprobar por Ley la convocatoria a un referendo en el que se apruebe dicha reforma constitucional.
A nivel Europeo, Italia estructura la factura de agua en tres tramos: el primero, el de la supervivencia, equivalente a cuarenta litros por persona por día, gratuito y expresión de la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la vida. El segundo tramo, que podríamos llamar de consumo regular, sometido a lo que conocemos como tarifa residencial normal; y el tercero para desestimular el despilfarro. En España, la Agencia Catalana del Agua tiene establecida una tarifa cuya estructura se ha ido adaptando a la de la mayoría de la población, con tres tramos de consumo y precios progresivos. En Aragón, la tarifa de saneamiento tiene una estructura binómica, con cuota fija y cuota variable, pero sólo tiene un bloque de consumo con un único precio. En España, el servicio de abastecimiento suele estar prestado por una empresa, bien pública, mixta, o privada, pero el alcantarillado se mantiene en gran número de casos como gestión directa municipal existiendo tarifas distintas para unos y otros servicios, construidas a menudo con criterios distintos.
También existen experiencias de modelos públicos de suministro de agua en Brasil, Indonesia, Francia, México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Holanda, Suecia y Vietnam.
El Banco Mundial también ha dado un giro hacia una inversión mixta en los sistemas. El Banco Mundial (BM) aseguró que el sector privado no está en condición de hacer "las fuertes inversiones" requeridas "para salvar al sector del agua", en una aseveración que modifica la visión que el organismo multilateral había impulsado en años recientes.
"Siempre la mayor parte de las inversiones en materia de agua debe ser del sector público", declaró Katherine Sierra, vicepresidenta de infraestructura y desarrollo del BM, quien encabezó la delegación del organismo en el cuarto Foro Mundial del Agua. En entrevista concedida a La Jornada planteó que los proyectos de abasto y saneamiento de agua deben garantizar el suministro a las comunidades más pobres, y consideró necesario que se mantengan los subsidios a los estratos de menor ingreso en las zonas urbanas y rurales, así como a los agricultores de menos recursos.
Desde las grandes privatizaciones de los sistemas de agua a finales de los años 80 en Inglaterra -durante el gobierno de Margareth Thatcher- y en Francia, la participación del sector privado en el suministro del recurso ha sido cuestionada por amplios sectores de la población.
Aquellos procesos no llevaron a una mejoría en el suministro, elevaron las tarifas y causaron el despido de miles de trabajadores. Sectores críticos, inclusive en América Latina, sostienen que detrás de la idea de aumentar la participación privada en el sector de agua potable y saneamiento ha estado y está el BM.
Katherine Sierra indicó que el BM "ha tenido una evolución muy interesante" en la forma en que plantea el tema de las inversiones en el sector. "En los años 90, debido a la cantidad muy fuerte de recursos que se necesitan, creímos que el sector privado podía hacer inversiones importantes que podrían salvar al sector del agua. Pero no había mucha inversión del sector privado; 90% de los recursos siguen siendo del sector público, aun en las épocas más fuertes de participación privada". Explicó: "lo que pretendemos es que el agua llegue a la gente pobre a un costo adecuado para sus niveles, con la cobertura más amplia, servicios eficientes y que se pueda atraer financiamiento del gobierno. Si es una empresa pública, excelente; si es mixta, también se puede apoyarla, así como si es una compañía privada. Nuestra visión es pragmática". La vicepresidenta del BM consideró que el primer punto para hablar del tema del agua es que haya infraestructura suficiente para su uso y saneamiento. En la mayor parte de países en desarrollo se carece de esa infraestructura y de las instituciones necesarias para manejarla. "Entonces, para nosotros es cuestión de balancear las inversiones; tener sistemas de agua sostenibles, porque sin ellos no habrá el crecimiento económico y social que los países pretenden y no vamos a tener los servicios básicos que lleguen a la gente más pobre. Esas son las metas que creemos más importantes".
El Banco Mundial, además, aseguró que no necesariamente los subsidios benefician a los más pobres: "En la mayoría de los países el agua está bien subsidiada. Pero cuando uno revisa las subvenciones los que se benefician son los niveles medios o altos de la población. La gente pobre, en la mayoría de los casos, no recibe el subsidio simplemente porque no tiene conexión a la red. Entonces, si no están usando el agua, no reciben ayuda. Creemos que sí hay casos para subsidiar a la gente más pobre, pero los apoyos pueden utilizarse de diferentes formas para que sean bien focalizados a quienes los necesitan. Uno de los que al parece tiene mejor resultado es subsidiar la conexión al agua.".
En relación a las críticas que señalan que permitir la participación del sector privado en el agua afecta a las poblaciones, porque suben las tarifas y no se garantiza el suministro. La representante del BM sostuvo que "En la mayoría de los casos hemos visto que ha mejorado la eficiencia de las compañías, que se ha invertido en extender los servicios hasta las poblaciones más marginadas. Pero también que han hecho inversiones que no tienen ese resultado; que a lo mejor el marco al principio no ha estado bien diseñado para asegurar que los resultados de la compañía sean los que se pretendían. En esto radica el rechazo del modelo del sector privado, porque en algunos lugares no ha tenido los resultados que se esperaban. Pero en muchos sí los ha habido. Cuando hablamos con nuestros clientes, la mayoría se sigue preguntando cómo puede balancearse lo público con lo privado, y creo que están variando hacia una solución mixta.".
A pesar de que se ha logrado cierto avance en los últimos años, la mejora de la situación actual es una necesidad imperiosa. Además de los problemas de falta de financiamiento, de conocimientos técnicos o de agua en los países en desarrollo, la voluntad y el compromiso políticos son, en demasiadas ocasiones, los que dificultan la ampliación y mejora del acceso al agua. En muchos casos, la mala gestión y la falta de interés de las autoridades no sólo imposibilitan una mejora de la situación, sino que incluso provoca un deterioro de la misma, pues privan a las personas del acceso existente a agua.
Los principales afectados son los más pobres, pues son los que utilizan más a menudo el agua sacada de las llamadas "fuentes no mejoradas", que representan un peligro para la salud, como es el caso de los pozos no protegidos y los vendedores de agua a precios elevados:
2. Datos sobre el agua en el mundo.
(i) El abastecimiento (básico) de agua del 60% de los hogares más pobres depende de las fuentes no mejoradas, frente a un 10% de los hogares ricos.
(ii) Más de 8 de cada 10 hogares sin acceso a agua están situados en zonas rurales.
(iii) Dos tercios de las mil cien millones de personas sin acceso a agua viven en Asia.
(iv) La cobertura es peor en el África Subsahariana, donde sólo un 58% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable.
(v) En algunos países, pasar cinco horas diarias recogiendo agua para las necesidades de la familia es algo habitual. Las mujeres y las niñas, especialmente en África y Asia, son las que cargan el agua en sus espaldas.
El enfoque en los derechos humanos resulta vital. Dicho enfoque destaca ante todo la responsabilidad de los Estados: el derecho humano al agua es el derecho de todos a tener acceso a un agua adecuada y los Estados tienen la obligación de hacer todo lo posible para garantizar este derecho a toda persona, sin discriminación.
Cuando los Estados no cumplen con sus obligaciones, el enfoque de derechos humanos permite responsabilizarlos de sus actos. Por tanto, el acceso al agua no es únicamente una reivindicación moral, sino también política y jurídica.
El derecho humano al agua es obligatorio para los países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En el 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, órgano supervisor de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, con facultades para interpretar el tratado, adoptó la Observación General 15 sobre el Derecho al Agua, estableció estándares detallados sobre lo que deben hacer los gobiernos para respetar y garantizar el derecho al agua para todos. Algunos países como Indonesia y Ucrania, han revisado sus leyes nacionales para reconocer formalmente el derecho al agua. Sin embargo, la mayoría de los países todavía no lo han hecho. Algunos países como los Estados Unidos y Canadá, de hecho han rehusado aceptar el derecho al agua y la Observación General Nº 15 de la ONU.[iv]
La Observación General N° 15 ofrece la primera descripción íntegra del derecho al agua. Los Estados aún no reconocen totalmente el significado de este derecho y de las obligaciones derivadas. Además, muchos grupos de la sociedad civil y la mayoría de los ciudadanos aún no saben exactamente en qué consiste el derecho al agua ni cómo ejercerlo. De ahí la gran importancia de dar a conocer, aplicar y seguir desarrollando el enfoque de derechos humanos en el ámbito del derecho al agua.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se menciona directamente el derecho al agua. No obstante, la Observación General N° 15 establece que está incluido en el derecho a un nivel de vida adecuado y en el derecho a la salud, recogidos en los artículos 11 y 12 de dicho Pacto. Asimismo, la Observación General hace referencia a diversos órganos del derecho internacional y a una serie de documentos de validez internacional en los que se reconoce el derecho humano al agua, por ejemplo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.
"El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico." Así lo define la Observación general Nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su párrafo 2). [v]
El derecho al agua forma parte entonces del bloque constitucional de derechos fundamentales, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución Política de la República. Se desprende también de la garantía del Nº 1 del artículo 19 de la Constitución, porque no hay que olvidar que esta garantía protege la vida humana no sólo en su inicio, sino desde su inicio.
Al respecto, El voto chileno para la Resolución GA/10967 se efectuó en favor del derecho al agua como un derecho humano. En su intervención, el representante de Chile, emitió una declaración manifestando que[11] “[…] ha votado a favor porque ha considerado que el objetivo del texto es el de dar impulso a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También entiende que la resolución no constituye un intento de prejuzgar la forma en que manejan los Estados su propia agua y las medidas legislativas de saneamiento”[12].
Por otro lado, Chile se ha comprometido desde el inicio y muy fuertemente en dar cumplimiento con los Objetivos del Milenio trazados en el año 2000 por parte de Naciones Unidas respecto del agua y los servicios sanitarios, como un derecho social básico y la vinculación directa que existe entre el acceso al agua y los elementos sanitarios básicos con la reducción de la pobreza[13].
Ahora bien, es posible señalar que el nivel de abastecimiento actual, en Chile el estándar internacional se encontraría satisfecho por lo siguiente:
Plano Rural: De acuerdo a APR Chile (iniciativa privada de monitoreo del agua potable rural)[14], los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Chile se caracterizan por sus altos niveles de cobertura y buena calidad, el sector cuenta con un marco normativo moderno y efectivo que incluye un sistema de subsidios en protección de los más necesitados, para posibilitar que se apliquen tarifas de autofinanciamiento sin que se vean afectados[15].
Plano urbano: La cobertura urbana de agua potable a nivel nacional es de 99,8%, en tanto que la de alcantarillado es de 95,6%[16]. Por su parte, el índice de cobertura de tratamiento de aguas servidas, referido a población, al 31 de diciembre de 2009, es de 83,3%, la continuidad de servicio es del 100%[17]. De acuerdo a proyecciones, el índice de cobertura de tratamiento de aguas servidas a nivel nacional alcanzará un 98,3% en los próximos cinco años[18].
Además de lo anterior, a partir de la Ley N° 18.778 que estableció un subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, buscando salvaguardar a las familias de menores ingresos. El sistema elegido fue un subsidio directo, focalizado hacia los consumidores, para hacer operativa la ley de tarifas y garantizar el acceso a un consumo base de agua potable y servicio de alcantarillado. En su período de vigencia, el subsidio ha evolucionado desde una baja utilización inicial hasta los altos niveles actuales, posibilitando el acceso de la población de menores recursos a los servicios sanitarios.
Por otra parte, la Ley N° 19.949 estableció, en 2004, un sistema de protección social para familias en situación de extrema pobreza denominado "Chile Solidario", que permite una cantidad adicional de subsidios al agua potable y alcantarillado, que cubren el 100% de los primeros 15 metros cúbicos de consumo. El 2009 el subsidio benefició al 15,9% de los clientes urbanos del país y representó un 6,5% de las ventas del sector[19].
El agua es un bien muy básico, totalmente imprescindible para la vida, y existe un movimiento internacional que con toda razón reivindica el acceso al agua potable -con independencia del poder adquisitivo- como un derecho humano. Sin embargo, dicha reivindicación no debe entenderse como el derecho a disponer de cantidades ilimitadas de agua a un precio nulo o fuertemente subsidiado. Aunque es muy difícil precisar los límites, en el caso del agua, como en el de cualquier recurso natural o ambiental, cabe pensar en mínimos de consumo por persona básicos para una vida decente y máximos que en caso de generalizarse impedirían la posibilidad de un uso sostenible del recurso. Los mínimos deberían asegurarse a todos como prioridad social, mientras que la superación de los máximos debería obstaculizarse fuertemente; entre medio, los consumos podrían variar y los precios deberían jugar un papel para estimular un uso eficiente dentro de un “espacio ambiental sostenible” (Spangenberg, 2002). [vi]
Incluso en países ricos en los que la factura del agua representa para la mayoría de la población una pequeñísima proporción de la renta, los aumentos de precios han sido muchas veces políticamente complicados, al generar una reacción social de oposición, como demostró la “guerra del agua” de Barcelona: un aumento del precio repentino y mal explicado, que para muchos consumidores fue en 1990-92 del 25% en términos reales, desencadenó una “rebelión fiscal” (la parte de la tarifa que explicaba el aumento era precisamente la que se cobraba en concepto de tributos) que en algunas localidades de población mayoritariamente obrera alcanzó al 25% de familias.
Los informes de la OCDE sobre precios internacionales del agua doméstica, elaborados por Paul Herrington (OCDE, 1987, 1999, 2003) han insistido cada vez más en la necesidad de tener en cuenta tanto criterios sociales como ambientales en el diseño de las tarifas: “ahora, justo después del cambio de milenio, está cada vez más claro que los objetivos de sostenibilidad ambiental y accesibilidad a las necesidades básicas de agua se han hecho más presentes que anteriormente en el debate público” (OCDE, 2003, p. 52). La Directiva Marco del Agua europea también ha fijado como criterios claros que deberían seguir los precios –junto a la recuperación íntegra de costes– el estímulo al ahorro y la accesibilidad a los consumos básicos. [vii]
El indicador que consideramos clave para un buen diseño tarifario es que, como regla general, los precios medios sean significativamente crecientes con el consumo o, lo que es lo mismo, que los precios marginales sean superiores a los medios. Esto equivale a que las disminuciones del consumo vayan acompañadas de disminuciones más que proporcionales de la factura total. Puede argumentarse que para un consumidor perfectamente informado la variable relevante al decidir si ahorra o no es la cantidad que ahorra en términos absolutos y no en términos porcentuales o, en otras palabras, que lo importante son los precios marginales con independencia de cuáles sean los precios medios. [viii]
4. Concepto de Consumo mínimo vital.
Puede definirse como la cantidad suficiente, regular y continua de agua segura que requiere cada persona para satisfacer sus necesidades básicas. De este modo el concepto de mínimo vital esta intrínsecamente relacionado con el derecho humano al agua, ya que este último hace referencia a la cantidad de agua que requiere cada persona para satisfacer sus necesidades esenciales. La oferta y la demanda, así como las características, usos, costumbres y clima de la zona o área en la que se suministra el recurso.[ix]
Para ello se han fijado criterios necesarios, tanto para definir el concepto y desde el mismo, fijar las tarifas. Así, debe considerarse los usos del agua necesaria para la vida, como los factores climáticos, sociales, distancia a la fuente de agua etc.
[X]
Criterios utilizado en el cálculo del mínimo de agua que se necesita al día para vivir dignamente, calculado por la OMS.
Caso colombiano.
Medellín desde 2009 ha adoptado el Plan de Desarrollo 2008 - 2011 en que cada uno de los integrantes de 10 mil hogares podrá contar mensualmente con 2,5 m3 de agua potable, sin ningún costo.
Este mínimo vital de agua, que equivale a 2.500 litros de agua mensual por persona, les servirá para satisfacer sus necesidades básicas, así:
•500 litros de agua para su aseo personal
•500 litros de agua para preparación de alimentos y consumo del líquido
•833 litros de agua en el aseo del hogar
•667 litros de agua en el lavado de ropa[xi]
Así, un hogar conformado por cuatro personas recibirá de parte de la Alcaldía un total de 10 m3 de agua potable, lo que les permitirá ahorrar alrededor de 35 mil pesos en su cuenta de servicios mensual.
Con el proyecto de Mínimo Vital de Agua Potable, la Alcaldía de Medellín tiene como meta llegar a 45 mil hogares que se encuentran en extrema vulnerabilidad, para lo cual el municipio, por intermedio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Empresas Públicas de Medellín, cuenta con una disposición presupuestal de 25.416 millones de pesos, los cuales incluyen el Mínimo Vital de Agua y el acercamiento pedagógico a cada uno de los hogares a través del equipo de cogestores del programa Medellín Solidaria.
Los hogares que recibirán el Mínimo Vital de Agua Potable podrán solicitar a EPM la instalación gratuita de contadores de energía prepago, para facilitar la compra de energía de acuerdo a sus necesidades.
La Alcaldía de Medellín recomienda a quienes recibirán este apoyo de agua potable, que es fundamental el buen uso y cuidado de este recurso para que pueda llegar a más familias de la ciudad y contribuir al desarrollo digno de más personas.
En razón de lo anteriormente expuesto, tengo a bien presentar el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Incorpórese a la Ley 18.778 General de Servicios Sanitarios, el siguiente artículo 1 nuevo: El Estado garantizará un mínimo vital de agua gratuito a los habitantes procurando que puedan disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico.
Por lo tanto, se propenderá a asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto y de saneamiento básico, así como garantizar que las tarifas por la prestación del servicio de agua estén al alcance de todos, en particular de los usuarios pertenecientes a sectores socioeconómicamente más vulnerables.
Por medio de la presente ley se garantizará la sostenibilidad del recurso, debiéndose dar aplicación a los principios de desarrollo sostenible y de la diversidad e integridad étnica y cultural de la población.
El uso del agua se utilizará, por orden de prioridades, para consumo humano, actividades agrícolas, actividades industriales para la producción de alimentos y bebidas, generación hidroeléctrica, actividades industriales, de comercio o servicios, actividades petroleras y mineras y usos recreativos.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑOR RUIZ-ESQUIDE, SEÑORAS ALLENDE, ALVEAR Y PÉREZ SAN MARTÍN Y SEÑORES BIANCHI, CANTERO, ESCALONA, FREI (DON EDUARDO), GÓMEZ, LAGOS, LETELIER, MUÑOZ ABURTO, NAVARRO, PIZARRO, QUINTANA, TUMA Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), SOBRE SITUACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE SE TRASPASARON AL SISTEMA DE A.F.P. (S 1417-12)
CONSIDERANDO:
Primero: Que el artículo 19, N° 2°, de la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley y que el N° 18° de ese mismo artículo establece el derecho a la seguridad social y que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas;
Segundo; Que el N° 14° del mismo artículo establece el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes;
Tercero: Que diversas organizaciones de trabajadores del sector público, la Asociación de trabajadores por Daño Previsional y la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Previsionales de AFP y otras Entidades Afines, actuando conforme a esas disposiciones, han solicitado, de manera reiterada y respetuosa, a las autoridades se solucione la grave situación que afecta a miles de funcionarios públicos que los hace jubilar con pensiones inferiores al 40% de sus últimas remuneraciones;
Cuarto: Que la ley 19.200 del año 1993 corrigió la situación para todos aquellos servidores públicos que se encontraban afectados por la misma causa pero que se mantenían imponiendo en el ex INP;
Quinto: Que en esa ocasión , el gobierno de la época reconoció que la situación se originaba en la subcotización que afectaba a los trabajadores públicos, los que imponían por una suma inferior al 40% de sus remuneraciones reales, situación que se mantuvo hasta el primero de enero de 1988;
Sexto: Que ante la transversal petición hecha por los parlamentarios de todos los sectores de incluir a todos los funcionarios afectados, incluyendo a los afiliados a las AFP, se desestimó basado en el mal estado de las finanzas públicas de la época y la argumentación que las pensiones de las AFP eran superiores a las del INP;
Séptimo: Que los antecedentes públicamente conocidos en la actualidad demuestran que se han producido hechos nuevos y cambios profundos en los diagnósticos de la época indicada y que justifican que se legisle al respecto;
Octavo: Que es de todos conocidos que el país se encuentra en una situación económica que le permite enfrentar esta situación de injusticia, que los pensionados del ex INP reciben pensiones tres o cuatro veces superiores a las de las AFP y que los funcionarios públicos afectados perciben o recibirán pensiones inferiores al 40% de sus última remuneración;
Noveno: Que los gobiernos anteriores han enfrentado esta situación con el enfoque de estímulo a la desvinculación de trabajadores más que a la solución de esta gravosa injusticia previsional;
Décimo: Que en múltiples ocasiones este Senado ha aprobado proyectos de acuerdo para solucionar este problema y el de otros sectores de trabajadores afectados, obteniéndose algunas soluciones parciales y que ha habido diversas iniciativas de ley patrocinadas por Senadores representantes de las distintas bancadas, pero que al no contar con el patrocinio del ejecutivo, no han podido concretarse;
Décimo primero: Que esta situación se hace más dañina para miles de trabajadores públicos que están jubilando y jubilarán los próximos años debido a las pérdidas que la crisis económica mundial ha generado y que ha hecho reducir las ya bajas pensiones en más de un 10%;
Duodécimo: Que los propios representantes de las AFP han señalado que para estos trabajadores afectados por la subcotización antes reseñada, el sistema de AFP no les sirve;
En atención a los antecedentes expuestos
Solicitamos al Gobierno de Chile:
Primero: El envío de un proyecto de ley con trámite de suma urgencia, que permita a estos trabajadores optar entre volver al sistema en que se encuentran los trabajadores beneficiados con la ley 19.200 o mantenerse en el actual sistema de AFP;
Segundo: Prorrogar a lo menos por cinco años, las normas legales existentes para promover las desvinculaciones y para esperar un mejor momento para jubilar, permitiendo que todos los trabajadores públicos que están en condiciones de jubilar puedan postergar s retiro y mantener el derecho a los bonos especiales.
(Fdo.): Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Camilo Escalona Medina, Senador.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Alejandro Navarro Brain, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- , Senador.- Eugenio Tuma Zedan, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ESTROMATOLITOS (S 1418-12)
Considerando:
1. Que los estromatolitos son estructuras estratificadas de formas diversas, formados por la captura y fijación de partículas carbonatadas por parte de cianobacterias en aguas someras que, en la fotosíntesis, liberan oxígeno y retiran de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, que, en parte, emplean en la construcción de nuevos estromatolitos, cuyas láminas son de un espesor inferior a algunos milímetros y su forma es plana. Estos estromatolitos se forman en ambientes extremos, con alta radiación ultravioleta, muy salina y con arsénico.
2. Que actualmente, solo se forman estromatolitos en algunos raros lugares preservados del planeta, como por ejemplo en la costa oeste de Australia (no lejos de los sitios donde se encontraron los estromatolitos fósiles), en la Laguna de Bacalar en México; en las Bahamas; en el Mar Rojo; en Lagoa Salgada, zona de Río de Janeiro (Brasil); en Cuatrociénegas, ubicado en Coahuila de Zaragoza, México y en salares de la Zona Norte de Chile, como el Salar de Llamara. También existen estromatolitos en el Lago Sarmiento, en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes. Se registran sitios que se remontan al Proterozoico en San Juan de Marcona, Perú (1986); en Socompa y Tolar Grande, Salta, Argentina.
3. Que para la geología y la biología son importantes porque son la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra. Los estromatolitos más antiguos son de Warrawoona, Australia y tienen 3.500 millones de años. La teoría dice que los primeros habitantes de la Tierra debieron ser organismos unicelulares, procariontes, y anaerobios. Por tanto, los estromatolitos forman parte del registro fósil más importante de la vida microbiológica temprana.
4. Que los estromatolitos son organismos que han mantenido hasta hoy su línea evolutiva. Dentro del registro fósil existen organismos pancrónicos, es decir que no se han extinguido desde su aparición. Algunos ejemplos son el pez celacanto (Coelacanthus sp.), el árbol ginko (Ginko biloba), las cícadas y los estromatolitos (a veces incluidos los microorganismos).
5. Que los estromatolitos son evidencia de ciclos biogeoquímicos antiguos. Porque los microbios reciclan elementos, inevitablemente forman ciclos biogeoquímocos. El ciclo del carbono, por ejemplo, es fundamental en los procesos atmosféricos (concentración de CO2, conversión de ozono, formación de carbonatos, orgánicos volátiles, etc.), climáticos (efecto invernadero) y biológicos (como elemento principal en moléculas orgánicas). Es un elemento que se recicla constante y perpetuamente en la Tierra.
6. Que los estromatolitos son los primeros oxigenadores de la atmósfera. Los organismos que actualmente soportan a las comunidades estromatolíticas son las cianobacterias, que son fotosintéticas oxigénicas, es decir que al hacer fotosíntesis, liberan oxígeno a la atmósfera. El incremento de este gas está evidenciado geológica y biológicamente y ocurrió masivamente hace 2.500 millones de años. Sin embargo, se sabe que existieron zonas con incrementos de oxígeno localizados.
7. Que los estromatolitos son paleoindicadores ambientales. El crecimiento estromatolítico está inevitablemente ligado a cuerpos de agua (salinos, salobres y dulceacuícolas) donde la precipitación de CaCO3 pueda ocurrir. Debido a que los estromatolitos se forman bajo condiciones específicas de luz, salinidad, pH, profundidad, temperatura, nutrientes, etc., es posible relacionar condiciones ambientales con parámetros litológicos y mineralógicos. Como mínimo indican la presencia de cuerpos de agua, pero, como siempre, la cantidad de información que pueda extraerse de un fósil, dependerá de su grado de preservación.
8. Que lamentablemente con fecha 1 de Septiembre de 2010 fue aprobado el proyecto minero “Pampa Hermosa”, presentado por Soquimich el 5 de agosto de 2008, que tiene una extracción y producción de lodo estimada de 5.000 toneladas mensuales.
9. Que pese a que la voluminosa Resolución de Calificación Ambiental sobre el proyecto de Soquimich cita más de una cincuentena de veces la palabra estromatolito, el Informe de Monitoreo de la Etapa Pre-Operacional respecto de Componentes Bióticos del swalar de Llamara contemplado en el Plan de Seguimiento Ambiental del mismo, desarrollado entre diciembre de 2010 y enero de 2011 por Geobiota Consultores y publicado en junio de este año no menciona ni una sola vez la palabra estromatolitos a lo largo de sus 78 páginas.
10. Que en el Oficio Ordinario N°183 del Secretario Regional del Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, de fecha 22 de Agosto de 2010, dirigido a la Jefa (S) de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental señala en su numeral 5) que “considerando la importancia de las lagunas del Salar de Llamara y el levantamiento de la Biota Acuática de éstas, es necesario mencionar que en términos de variables relevantes a medir se nota la ausencia del análisis del componente microbiológico asociado a los tapetes microbianos, los que son susceptibles de ser perturbados tras alguna modificación en la calidad y cantidad de agua a través de la operación del proyecto Pampa Hermosa”.
11. Que con fecha 27 de Septiembre de 2010, la Comunidad Aymara de Quillagua presentó un Recurso de Reclamación de 18 páginas exigiendo que se dejara sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por estimar que incumplía “con los derechos que emanan de la naturaleza humana, en nuestro caso, la propiedad que tenemos sobre nuestro territorio, y el hecho de no haber sido consultados de conformidad a lo que exige el Convenio 169 de la OIT”.
12. Que la propia RCA señala en su Observación 5.3.4.27 respecto de los estromatolitos que “los organismos vivientes en las aguas que serán afectadas, son formas de vida extremadamente frágil, protegida en virtud del compromiso nacional e internacional de Chile en la protección de la biodiversidad, el combate a la desertificación, la protección de los derechos indígenas, especialmente en lo referente a nuestro hábitat”.
13. Que en ese mismo punto la RCA señala que “la altura de estos estromatolitos es la información base para definir los descensos máximos del nivel del espejo de agua permitidos, que aseguran mantener los tapetes bacterianos presentes en los estromatolitos bajo agua. Los estromatolitos presentes en los Puquíos presentan una altura máxima, desde el fondo del Puquío, de 16 cms. En base a lo anterior se contemplan las medidas y acciones orientadas a minimizar los impactos secundarios que tiene la extracción de agua sobre sistemas bióticos presentes en el área de influencia del Proyecto. Al respecto, se implementará una barrera hidráulica entre los pozos de bombeo del salar de Llamara y los Puquíos: que permitirá mantener los niveles de agua superficial que sostienen la biota acuática y terrestre existente. Esta barrera consiste en inducir un aumento del nivel del acuífero de manera de generar una divisoria de aguas que aísle el comportamiento hidráulico de ambos sectores”.
El Senado acuerda:
Solicitar al Sr. Presidente de la República, Sebastián Piñera, pueda instruir al Sr. Ministro de Minería, al Sr. Ministro de Planificación y a la Sra. Ministra de Medio Ambiente para que, en el contexto de la existencia de estromatolitos en el Salar de Llamara, en la Región de Tarapacá, puedan implementarse las siguientes medidas o acciones:
1. En coherencia con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito, especialmente en materia de biodiversidad, el gobierno puede establecer los criterios y exigencias legales y ambientales que permitan proteger y conservar efectivamente esta riqueza natural de incalculable valor científico.
2. Pueda disponer los recursos que promuevan el desarrollo de investigaciones científicas sobre esta materia por parte de instituciones públicas y privadas nacionales, de manera de dimensionar y potenciar su relevancia científica en el mundo actual, partiendo por un necesario y detallado estudio microbiológico, químico e isotópico en detalle para comprender la formación de dichas colonias y el registro climático que se esconde en sus biominerales, según lo ha recomendado la Sociedad Geológica de Chile.
3. Se implementen los mecanismos, que de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, permitan la consulta a los pueblos originarios residentes ancestrales de la zona, pero también que respeten su cultura y forma de vida, siempre en comunión con su entorno ambiental, especialmente el agua.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- , Senador.
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GÓMEZ Y LAGOS RELATIVO AL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS REFERIDAS A INTERNET (S 1419-12)
Considerando:
1. Que el pasado 1 de junio de 2011, el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión; la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); la Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión; y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de DDHH y de los Pueblos (CADHP), adoptaron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet.
2. Que los citados relatores consideraron para adoptar esta Declaración las Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, el 30 de noviembre de 2000, el 20 de noviembre de 2001, el 10 de diciembre de 2002, el 18 de diciembre de 2003, el 6 de diciembre de 2004, el 21 de diciembre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 12 de diciembre de 2007, el 10 de diciembre de 2008, el 15 de mayo de 2009 y el 3 de febrero de 2010, sobre esta misma materia.
3. Que dichos personeros enfatizaron, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión -incluidos los principios de independencia y diversidad- tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo;
4. Que los citados representantes destacaron el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información;
5. Que tales relatores se manifestaron atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la participación pública, así como para facilitar el acceso a bienes y servicios; y celebraron el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los países y regiones del mundo, y observando a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso a Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad;
6. Que, asimismo, estos personeros, advirtieron que algunos gobiernos han actuado o adoptado medidas con el objeto específico de restringir indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional; reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a aquellas restricciones limitadas que estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, por ejemplo, para la prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales de terceros, incluyendo menores, recordando que tales restricciones deben ser equilibradas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión.
7. Que, sin embargo, los relatores se manifestaron preocupados porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas de las iniciativas de los gobiernos en respuesta a la necesidad antes mencionada no toman en cuenta las características especiales de Internet y, como resultado, restringen de manera indebida la libertad de expresión.
8. Que en ese misma línea los personeros manifestaron su conciencia acerca del amplio espectro de actores que participan como intermediarios de Internet -y brindan servicios como acceso e interconexión a Internet, transmisión, procesamiento y encaminamiento del tráfico en Internet, alojamiento de material publicado por terceros y acceso a este, referencia a contenidos o búsqueda de materiales en Internet, transacciones financieras y facilitación de redes sociales- y de los intentos de algunos Estados de responsabilizar a estos actores por contenidos nocivos o ilícitos.
9. Que la Declaración contempla como principio general que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad.
10. Que al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación -como telefonía, radio y TV- no pueden transferirse sin más a Internet y deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo sus particularidades.
11. Que la autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida. Además, deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet ("alfabetización digital").
12. Que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres. Los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.
13. Que la Declaración la suscriben Frank LaRue, Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión; Dunja Mijatović, representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación; Catalina Botero Marino, Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y Faith Pansy Tlakula, Relatora Especial de la Comisión Africana de DDHH y de los Pueblos sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información.
El Senado acuerda:
Solicitar al Sr. Presidente de la República, Sebastián Piñera, pueda instruir al Sr. Ministro de Economía y al Sr. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que puedan incorporar en el desarrollo de las políticas públicas referidas al acceso, uso y regulación de Internet los criterios, y recomendaciones contenidas en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, adoptada en junio recién pasado por diversos relatores de organismos internacionales.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.