Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- FUSIÓN DE PROYECTOS ................................... 15PERMISO CONSTITUCIONAL ................................ 15MODIFICACIÓN DE LA TABLA............................... 17
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.718, QUE CREA LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, PARA ESTABLECIMIENTO DE CARGOS EN MATERIA DE DEFENSA PENAL ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.483, QUE ESTABLECE NUEVO RÉGIMEN LEGAL PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, EN MATERIA DE IMPORTACIÓN DE TROLEBUSES USADOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9484-15).. 40TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES, DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9464-10) .... 46PRECISIÓN DE NORMATIVA PARA ASEGURAR LOS DERECHOS DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8084-13) [VOTACIÓN] ... 52
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA RESTAURACIÓN DE TEATRO DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ... 53INDEMNIZACIÓN PARA PERSONAS AFECTADAS POR ATAQUES DE PERROSASILVESTRADOS.... 55SOLUCIÓN A PROBLEMA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE TIENEN CRÉDITOS PENDIENTES CON CAJAS DE COMPENSACIÓN. 56
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE EMPLEOEN PROVINCIA DE ÑUBLE (OFICIOS)..... 58INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN PRESUPUESTO DE 2015 PARA ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN DE LOTEOS E INFORMACIÓN SOBRE LOTEOS SANEADOS YNO SANEADOS EN EL PAÍS (OFICIOS).... 59
- INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SAN FERNANDO (OFICIO).. 61INFORMACIÓN SOBRE DEUDA IMPAGA DE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO A CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL (OFICIO).. 61ASIGNACIÓN DIRECTA DE VIVIENDA A FAMILIA DE PEUMO (OFICIO)... 61INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA EN VILLA EDUARDO BARRIOS, COMUNA DE SAN FERNANDO (OFICIO)...... 62PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO QUE AUTORIZA A MUJERES TRABAJADORAS PARA INCORPORAR COMO CARGAS A SUS CÓNYUGES (OFICIOS) ... 62INFORMACIÓN SOBRE DEMORA EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN COMUNA DE PANQUEHUE (OFICIOS)………………. 63FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE TITULACIÓN PENDIENTES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (OFICIOS).. 63CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES EN SECTORES DE PEDEHUE Y KILÓMETRO 7.200 DE LA LOCALIDAD (OFICIO) 65ENVÍO DE BASES DE LICITACIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL “NARANJITAS”, COMUNA DE ÑUÑOA (OFICIOS)..... 65PREOCUPACIÓN POR DEMORA EN DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA TAXISTAS Y COLECTIVEROS AFECTOS A LEY N° 20.696, QUE OTORGA BENEFICIOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO (OFICIO).. 66PRECISIÓN DE CONCEPTO “FACTIBILIDAD DE AGUA” CUANDO SE PRODUCENSUBDIVISIONES PREDIALES PARA CAMBIAR EL USO DEL SUELO (OFICIO).................. 67PREOCUPACIÓN POR CARENCIAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN CHILOÉ
- INVESTIGACIÓN PARA ACLARAR DOMINIO DE PROPIEDAD RAÍZ DENOMINADA CERROS COMUNES DE MACHALÍ (OFICIO).......... 68ENTREGA DE SOLUCIÓN HABITACIONAL A FAMILIAS DE DOÑIHUE AFECTADASPOR TERREMOTO DE FEBRERO DE 2010 (OFICIO).. 69INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y VIGENCIA DE CONVENIO RESPECTO DE ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL (OFICIO) 69RECURSOS EN LEY DE PRESUPUESTOS PARA COMPRA DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (OFICIO). 70INFORMACIÓN SOBRE RESOLUCIONES EN MATERIA AMBIENTAL (OFICIO).. 70MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ARANCELES DE NOTARÍAS Y CELERIDAD A PROYECTO QUE CREA NUEVO SISTEMA NOTARIAL (OFICIOS). 71INFORMACIÓN SOBRE CONVENIO DE PROGRAMACIÓN ENTRE MINISTERIO DESALUD Y CONSEJO REGIONAL DE LOS RÍOS (OFICIOS).. 72SOLICITUD DE INFORMACIÓN A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN SOBRE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DEPORTISTAS (OFICIO)...... 73INFORMACIÓN SOBRE DIRECTOR DE CODELCO (OFICIOS)...... 74INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA DE INTENDENTE DE TARAPACÁ A VELATORIO DE NARCOTRAFICANTE (OFICIOS)............. 75
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES..... 77INFORMACIÓN SOBRE DIVERSAS MATERIAS RELACIONADAS CON DOBLE VÍA VALLENAR-CALDERA Y VALLENAR-LA SERENA, Y SOBRE CRITERIOS PARA CONTRATACIÓN DE INSPECTORES FISCALES DE EXPLOTACIÓN (OFICIOS). 77
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Karla Rubilar Barahona
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- FUSIÓN DE PROYECTOS
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Denise Pascal Allende
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- MODIFICACIÓN DE LA TABLA
- V. ORDEN DEL DÍA
-
MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.718, QUE CREA LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, PARA ESTABLECIMIENTO DE CARGOS EN MATERIA DE DEFENSA PENAL ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9529‐07)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.483, QUE ESTABLECE NUEVO RÉGIMEN LEGAL PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, EN MATERIA DE IMPORTACIÓN DE TROLEBUSES USADOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9484‐15)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- DEBATE
- TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES, DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9464‐10)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- DEBATE
- PRECISIÓN DE NORMATIVA PARA ASEGURAR LOS DERECHOS DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8048‐13) [VOTACIÓN]
- ANTECEDENTE
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.718, QUE CREA LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, PARA ESTABLECIMIENTO DE CARGOS EN MATERIA DE DEFENSA PENAL ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9529‐07)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA RESTAURACIÓN DE TEATRO DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Felipe Letelier Norambuena
- Jose Perez Arriagada
- Joaquin Tuma Zedan
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Sergio Espejo Yaksic
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Christian Erwin Urizar Munoz
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INDEMNIZACIÓN PARA PERSONAS AFECTADAS POR ATAQUES DE PERROS ASILVESTRADOS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- David Sandoval Plaza
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Ivan Norambuena Farias
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Bernardo Jose Berger Fett
- Javier Hernandez Hernandez
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SOLUCIÓN A PROBLEMA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE TIENEN CRÉDITOS PENDIENTES CON CAJAS DE COMPENSACIÓN
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Matias Walker Prieto
- Pepe Auth Stewart
- Cristina Girardi Lavin
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Felipe De Mussy Hiriart
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Felipe Kast Sommerhoff
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA RESTAURACIÓN DE TEATRO DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ
- VII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE EMPLEO EN PROVINCIA DE ÑUBLE (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN PRESUPUESTO DE 2015 PARA ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN DE LOTEOS E INFORMACIÓN SOBRE LOTEOS SANEADOS Y NO SANEADOS EN EL PAÍS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SAN FERNANDO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INFORMACIÓN SOBRE DEUDA IMPAGA DE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO A CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ASIGNACIÓN DIRECTA DE VIVIENDA A FAMILIA DE PEUMO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA EN VILLA EDUARDO BARRIOS, COMUNA DE SAN FERNANDO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO QUE AUTORIZA A MUJERES TRABAJADORAS PARA INCORPORAR COMO CARGAS A SUS CÓNYUGES (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Karla Rubilar Barahona
- INFORMACIÓN SOBRE DEMORA EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN COMUNA DE PANQUEHUE (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Karla Rubilar Barahona
- FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE TITULACIÓN PENDIENTES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES EN SECTORES DE PEDEHUE Y KILÓMETRO 7.200 DE LA LOCALIDAD (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- ENVÍO DE BASES DE LICITACIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL “NARANJITAS”, COMUNA DE ÑUÑOA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maya Alejandra Fernandez Allende
- PREOCUPACIÓN POR DEMORA EN DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA TAXISTAS Y COLECTIVEROS AFECTOS A LEY N° 20.696, QUE OTORGA BENEFICIOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Luis Alberto Rocafull Lopez
- PRECISIÓN DE CONCEPTO “FACTIBILIDAD DE AGUA” CUANDO SE PRODUCEN SUBDIVISIONES PREDIALES PARA CAMBIAR EL USO DEL SUELO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Raul Fernando Saldivar Auger
- PREOCUPACIÓN POR CARENCIAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN CHILOÉ (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Paola Alvarez Vera
- INVESTIGACIÓN PARA ACLARAR DOMINIO DE PROPIEDAD RAÍZ DENOMINADA CERROS COMUNES DE MACHALÍ (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- ENTREGA DE SOLUCIÓN HABITACIONAL A FAMILIAS DE DOÑIHUE AFECTADAS POR TERREMOTO DE FEBRERO DE 2010 (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y VIGENCIA DE CONVENIO RESPECTO DE ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- RECURSOS EN LEY DE PRESUPUESTOS PARA COMPRA DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INFORMACIÓN SOBRE RESOLUCIONES EN MATERIA AMBIENTAL (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ARANCELES DE NOTARÍAS Y CELERIDAD A PROYECTO QUE CREA NUEVO SISTEMA NOTARIAL (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
- INFORMACIÓN SOBRE CONVENIO DE PROGRAMACIÓN ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y CONSEJO REGIONAL DE LOS RÍOS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN SOBRE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DEPORTISTAS (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- INFORMACIÓN SOBRE DIRECTOR DE CODELCO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA DE INTENDENTE DE TARAPACÁ A VELATORIO DE NARCOTRAFICANTE (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE EMPLEO EN PROVINCIA DE ÑUBLE (OFICIOS)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE DIVERSAS MATERIAS RELACIONADAS CON DOBLE VÍA VALLENAR‐CALDERA Y VALLENAR‐LA SERENA, Y SOBRE CRITERIOS PARA CONTRATACIÓN DE INSPECTORES FISCALES DE EXPLOTACIÓN (OFICIOS)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Issa Farid Kort Garriga
- Felipe Letelier Norambuena
- Fernando Meza Moncada
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Gabriel Silber Romo
- Felipe Ward Edwards
- Jenny Paola Alvarez Vera
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Roberto Leon Ramirez
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Sergio Espejo Yaksic
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Jaime Hernan Gonzalo Pilowsky Greene
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Gabriel Silber Romo
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª Sesión 79ª, en jueves 9 de octubre de 2014
(Ordinaria, de 10.36 a 13.55 horas)
Presidencia de los señores Carmona Soto, don Lautaro, y González Torres, don Rodrigo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.ASISTENCIA
.......................................... 12
II.APERTURA DE LA SESIÓN
.............................. 15
III.ACTAS
............................................ 15
IV.CUENTA
............................................ 15
FUSIÓN DE PROYECTOS ................................... 15PERMISO CONSTITUCIONAL ................................ 15MODIFICACIÓN DE LA TABLA............................... 17
V.ORDEN DEL DÍA
...................................... 19
MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.718, QUE CREA LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, PARA ESTABLECIMIENTO DE CARGOS EN MATERIA DE DEFENSA PENAL ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN
N° 9529-07).. 19
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.483, QUE ESTABLECE NUEVO RÉGIMEN LEGAL PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, EN MATERIA DE IMPORTACIÓN DE TROLEBUSES USADOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9484-15).. 40TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES, DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9464-10) .... 46PRECISIÓN DE NORMATIVA PARA ASEGURAR LOS DERECHOS DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8084-13) [VOTACIÓN] ... 52
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
Y DE RESOLUCIÓN...... 53
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA RESTAURACIÓN DE TEATRO DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ... 53INDEMNIZACIÓN PARA PERSONAS AFECTADAS POR ATAQUES DE PERROSASILVESTRADOS.... 55SOLUCIÓN A PROBLEMA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE TIENEN CRÉDITOS PENDIENTES CON CAJAS DE COMPENSACIÓN. 56
VII.INCIDENTES
..... 58
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE EMPLEOEN PROVINCIA DE ÑUBLE (OFICIOS)..... 58INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN PRESUPUESTO DE 2015 PARA ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN DE LOTEOS E INFORMACIÓN SOBRE LOTEOS SANEADOS YNO SANEADOS EN EL PAÍS (OFICIOS).... 59
Pág.
INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SAN FERNANDO (OFICIO).. 61INFORMACIÓN SOBRE DEUDA IMPAGA DE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO A CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL (OFICIO).. 61ASIGNACIÓN DIRECTA DE VIVIENDA A FAMILIA DE PEUMO (OFICIO)... 61INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA EN VILLA EDUARDO BARRIOS, COMUNA DE SAN FERNANDO (OFICIO)...... 62PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO QUE AUTORIZA A MUJERES TRABAJADORAS PARA INCORPORAR COMO CARGAS A SUS CÓNYUGES (OFICIOS) ... 62INFORMACIÓN SOBRE DEMORA EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN COMUNA DE PANQUEHUE (OFICIOS)………………. 63FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE TITULACIÓN PENDIENTES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (OFICIOS).. 63CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES EN SECTORES DE PEDEHUE Y KILÓMETRO 7.200 DE LA LOCALIDAD (OFICIO) 65ENVÍO DE BASES DE LICITACIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL “NARANJITAS”, COMUNA DE ÑUÑOA (OFICIOS)..... 65PREOCUPACIÓN POR DEMORA EN DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA TAXISTAS Y COLECTIVEROS AFECTOS A LEY N° 20.696, QUE OTORGA BENEFICIOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO (OFICIO).. 66PRECISIÓN DE CONCEPTO “FACTIBILIDAD DE AGUA” CUANDO SE PRODUCENSUBDIVISIONES PREDIALES PARA CAMBIAR EL USO DEL SUELO (OFICIO).................. 67PREOCUPACIÓN POR CARENCIAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN CHILOÉ
(OFICIO)... 67
INVESTIGACIÓN PARA ACLARAR DOMINIO DE PROPIEDAD RAÍZ DENOMINADA CERROS COMUNES DE MACHALÍ (OFICIO).......... 68ENTREGA DE SOLUCIÓN HABITACIONAL A FAMILIAS DE DOÑIHUE AFECTADASPOR TERREMOTO DE FEBRERO DE 2010 (OFICIO).. 69INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y VIGENCIA DE CONVENIO RESPECTO DE ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL (OFICIO) 69RECURSOS EN LEY DE PRESUPUESTOS PARA COMPRA DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (OFICIO). 70INFORMACIÓN SOBRE RESOLUCIONES EN MATERIA AMBIENTAL (OFICIO).. 70MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ARANCELES DE NOTARÍAS Y CELERIDAD A PROYECTO QUE CREA NUEVO SISTEMA NOTARIAL (OFICIOS). 71INFORMACIÓN SOBRE CONVENIO DE PROGRAMACIÓN ENTRE MINISTERIO DESALUD Y CONSEJO REGIONAL DE LOS RÍOS (OFICIOS).. 72SOLICITUD DE INFORMACIÓN A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN SOBRE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DEPORTISTAS (OFICIO)...... 73INFORMACIÓN SOBRE DIRECTOR DE CODELCO (OFICIOS)...... 74INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA DE INTENDENTE DE TARAPACÁ A VELATORIO DE NARCOTRAFICANTE (OFICIOS)............. 75
VIII.ANEXO DE SESIÓN
.. 77
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES..... 77INFORMACIÓN SOBRE DIVERSAS MATERIAS RELACIONADAS CON DOBLE VÍA VALLENAR-CALDERA Y VALLENAR-LA SERENA, Y SOBRE CRITERIOS PARA CONTRATACIÓN DE INSPECTORES FISCALES DE EXPLOTACIÓN (OFICIOS). 77
IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
.. 80
1. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN Nº 8.048-13) 80
2. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9.520-05) 81
3. INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL ADMINISTRADOR PROVISIONAL Y ADMINISTRADOR DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ESTABLECE REGULACIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE SOSTENEDORES EDUCACIONALES (BOLETÍN N° 9333-04). 82
4. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, GARCÍA, KORT, LETELIER, MEZA, PAULSEN, SILBER Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ Y CARVAJAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE AUMENTAR LAS SANCIONES POR EL NO USO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MENORES DE EDAD EN VEHÍCULOS PARTICULARES. (BOLETÍN N° 9640-15). 97
5. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR URRUTIA, DON OSVALDO, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN A LOS VECINOS AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ANTENAS Y SISTEMAS RADIANTES DE TRANSMISIÓN DE TELECOMUNICACIONES. (BOLETÍN N° 9641-15). 98
6. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LEÓN, CHAHIN, ESPEJO, ESPINOZA, DON FIDEL; FLORES, PILOWSKY, RINCÓN, SILBER, TORRES Y VALLESPÍN, QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CON EL OBJETO DE AUMENTAR EL VALOR DE LA POSTURA MÍNIMA EN LOS REMATES DE VIVIENDAS ADQUIRIDAS CON SUBSIDIOS HABITACIONALES. (BOLETÍN N° 9642-14).99
X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Nota:
De la diputada señora Pascal quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 34 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar de hoy, 9 de octubre, para dirigirse a Suiza y Suecia.
2. Comunicaciones:
Del diputado señor Morales por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 9 de octubre, por actividades propias de la labor parlamentaria.
De la diputada señora Pascal por la cual justifica su inasistencia a las sesiones de los días 9, 14, 15 y 16 de octubre, por tener que realizar una gestión encomendada por la Corporación.
Del diputado señor Monckeberg, don Cristián, por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 9 de octubre, por actividades propias de la labor parlamentaria.
Del diputado señor Santana por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 9 de octubre, por actividades propias de la labor parlamentaria.
Del diputado señor Venegas por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 9 de octubre, por actividades propias de la labor parlamentaria.
De la diputada señora Pacheco por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 9 de octubre, por impedimento grave.
3. Licencia médica:
Otorgada a la diputada señora Rubilar por la cual acredita que debió permanecer en reposo por un plazo de dos días, a contar del 1 de octubre de 2014 en curso.
4.Oficios:
De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir la moción de reforma constitucional que deroga el artículo 23 de la Carta Fundamental contenida en el boletín N° 9631-07, con aquellas que fueron refundidas en sesión celebrada ayer miércoles 8 de octubre, correspondientes a los boletines N°s 2013-07, 2415-07, 6445-07 y 9539-07, en razón de haber sido todos estos proyectos aprobados por la Comisión.
De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que la diputada señora Nogueira concurrirá en reemplazo de la diputada señora Hoffmann a la Primera Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios, que se celebrará en Ginebra los días 10 y 11 octubre próximo; y a la 131ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se desarrollará en Ginebra entre el 12 y EL 16 del mismo mes (368).
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la RepúblicaDiputadoChahin, Incumplimiento en los plazos dispuestos para la instalación de cámaras de seguridad en la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Ercilla que habrían sido inauguradas en forma simulada en octubre de 2013, disponiendo una investigación para determinar las responsabilidades administrativas involucradas. (75811 al 13597).
DiputadoAscencio, Solicita tenga a bien disponer la investigación e informar a esta Corporación de sus resultados, de los hechos expuestos en la solicitud adjunta, referidos a los contratos celebrados por el Ministerio de Obras Públicas con la empresas “Dragatec” y “Dragados S.A.”. (75819 al 9924).
Ministerio de InteriorDiputadoBerger, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la actividad desarrollada entre los días 21 y 24 de agosto del presente año, convocada por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, que reunió a todos los gobernadores provinciales del país en el Lodge San Francisco, ubicado en el sector San Esteban de los Andes, Región de Valparaíso. (1310 al 4469).
DiputadoWard. DiputadoKast, informe a esta Cámara sobre los contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con el Centro de Estudios y Análisis de Política Públicas, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Ediciones Ical, Ical Capacitación, Servicios Ical, la organización no gubernamental Ical y Arrayán, Seguridad y Aseo, entre el 11 de marzo de 2014 y agosto del mismo año, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de las instituciones señaladas. (1381 al 3947).
DiputadoWard. DiputadoKast, Contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Arcis, desde 2004 al mes de agosto de 2014, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de la institución señalada. (1987 al 4002).
DiputadoGahona, Resultados de las reuniones de la Comisión Regional para la Sequía, conformada el 01 de abril de 2014, en la Región de Coquimbo, creada con el fin de asistirla en el diseño, promoción y coordinación de las estrategias para enfrentar la sequía y, las actas de dichas reuniones. Asimismo, indique las personas que integran esta comisión y las oportunidades en las que ha sesionado. (3983 al 4078).
DiputadoGahona, Remitir los resultados de las reuniones de la Comisión Regional Permanente de Sequía de la Región de Coquimbo, actas de dichas reuniones, oportunidades en que ha sesionado, personas que la integran y el listado de quiénes han asistido a sus reuniones; además, respecto del Plan de Emergencia Hídrica elaborado por el Gobierno Regional de Coquimbo, señale las medidas que lo conforman y el estado de ejecución de cada una de ellas. (3983 al 4106).
DiputadoGahona, Cuáles son las 27 medidas del “Plan de Emergencia por Escasez Hídrica 2014”, desarrollado por el Gobierno Regional de Coquimbo, señalando el presupuesto que significa la ejecución de aquellas y la etapa de ejecución en la que se encuentra el mencionado plan. (398306 al 4077).
DiputadoWard. DiputadoKast, informe a esta Cámara sobre los contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con el Centro de Estudios y Análisis de Política Públicas, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Ediciones Ical, Ical Capacitación, Servicios Ical, la organización no gubernamental Ical y Arrayán, Seguridad y Aseo, entre el 11 de marzo de 2014 y agosto del mismo año, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de las instituciones señaladas. (991 al 3935).
DiputadoWard. DiputadoKast, Contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Arcis, desde 2004 al mes de agosto de 2014, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de la institución señalada. (991 al 3993).
Ministerio de HaciendaDiputadoSantana, Requerimiento que formuló al Ministerio de Hacienda para contar con una asesoría internacional a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (11999 al 4578).
DiputadoSantana, Remita a esta Cámara, la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el convenio de asesoría entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (11999 al 4617).
Ministerio de JusticiaDiputadoUrrutia don Osvaldo, informar a esta Corporación respecto del estado del proyecto de reparación del inmueble del Servicio de Registro Civil e Identificación de la comuna de Viña del Mar, que fue severamente dañado por el terremoto del 27 de febrero de 2010, conforme se describe en la intervención adjunta. Asimismo, se solicita, tenga a bien, informar acerca del destino de este edificio en el evento que no se asigne al Registro Civil, indicando, la ubicación definitiva de este servicio (8313 al 1987).
DiputadaRubilar doña Karla, Remitie copia de la moción que modifica la ley N° 20.000, legalizando el auto-cultivo de Canabbis para consumo privado, presentada el 23 de julio del presente año. (8360 al 225).
Ministerio de Defensa NacionalDiputadoWard. DiputadoKast, Contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con el Centro de Estudios y Análisis de Política Públicas, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, Ediciones Ical, Ical Capacitación, Servicios Ical, la organización no gubernamental Ical y Arrayán, Seguridad y Aseo, entre el 11 de marzo de 2014 y agosto del mismo año, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de las instituciones señaladas. (1079 al 3905).
DiputadoWard. DiputadoKast, informe a esta Cámara sobre los contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Arcis, desde 2004 al mes de agosto de 2014, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de la institución señalada. (1090 al 3979).
Ministerio de Trabajo y Previsión SocialDiputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara respecto de los trámites que debe realizar la señora María López Espinoza, para recibir su finiquito e indemnización, si correspondiera, de parte de su antiguo empleador, la Empresa Sofruco Alimentos Limitada. (1515 al 3799).
DiputadoGahona, informe detalladamente a esta Cámara respecto de los planes de empleo que se encuentra diseñando, el Ministerio en conjunto con el Gobierno, con la finalidad de hacer frente a las consecuencias que la sequía provoca, en este ámbito, a la zona del norte chico de nuestro país. (1540 al 4099).
Proyecto de Resolución 141, “Solicita a S.E. la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas para mitigar los efectos de la sequía en la agricultura productiva en la Región de Coquimbo.” 1536.
Proyecto de Resolución 149, “Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la adopción de medidas para mitigar los efectos de la sequía en la agricultura productiva de las regiones de Atacama, Coquimbo y provincias de Petorca y Quillota.”
Ministerio de Transportes y TelecomunicacionesDiputadoRathgeb, recorridos rurales de transporte subsidiados en la comuna de Lumaco, especificando sus frecuencias, empresa que los operan, subsidios entregados, plazos y estado de las licitaciones; y, las irregularidades que se han detectado. (1310 al 4268).
DiputadoRathgeb, recorridos rurales de transporte subsidiados en la comuna de Ercilla, especificando sus frecuencias, empresa que los operan, subsidios entregados, plazos y estado de las licitaciones; y, las irregularidades que se han detectado. (1311 al 4266).
DiputadoRathgeb, Recorridos rurales de transporte subsidiados en la comuna deAngol, especificando sus frecuencias, empresa que los operan, subsidios entregados, plazos y estado de las licitaciones; y, las irregularidades que se han detectado. (1312 al 4264).
DiputadoRathgeb, Recorridos rurales de transporte subsidiados en la comuna de Traiguén, especificando sus frecuencias, empresa que los operan, subsidios entregados, plazos y estado de las licitaciones; y, las irregularidades que se han detectado. (1313 al 4263).
DiputadoRathgeb, recorridos rurales de transporte subsidiados en la comuna de Collipulli, especificando sus frecuencias, empresa que los operan, subsidios entregados, plazos y estado de las licitaciones; y, las irregularidades que se han detectado. (1314 al 4265).
DiputadoRathgeb, Recorridos rurales de transporte subsidiados en la comuna de Renaico, especificando sus frecuencias, empresa que los operan, subsidios entregados, plazos y estado de las licitaciones; y, las irregularidades que se han detectado (1315 al 4270).
DiputadoRathgeb, Recorridos rurales de transporte subsidiados en la comuna de Purén, especificando sus frecuencias, empresa que los operan, subsidios entregados, plazos y estado de las licitaciones; y, las irregularidades que se han detectado. (1316 al 4269).
DiputadoRathgeb, Recorridos rurales de transporte subsidiados en la comuna de Los Sauces, especificando sus frecuencias, empresa que los operan, subsidios entregados, plazos y estado de las licitaciones; y, las irregularidades que se han detectado. (1317 al 4267).
DiputadoSchilling, Tenga a bien solucionar el problema de locomoción que aqueja a los siguientes sectores de la comuna de Villa Alemana: Villa Nuevo Porvenir, Los Cipreses, Don Estaban, Villa Los Boldos, Los Avellanos, Alto El Rocío, Dinamarca, Jorge Tellier y Roque Esteban Scarpa. (1677 al 331).
DiputadoSchilling, Informe a esta Cámara respecto de la denuncia realizada por el Consejo Superior de Transporte Limache Olmue a la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso, sobre las irregularidades de la Empresa Agdabus y del Servicio Bus más Metro de Merval. (6964 al 4321).
DiputadoFlores, Se reitera el oficio de esta Corporación N° 3641, de 12 de agosto del corriente y, en definitiva, se informe a esta Cámara sobre las razones de la intervención vial en el camino que une a Valdivia con Niebla, que genera graves riesgos a la seguridad de los automovilistas, peatones y ciclistas. (6966 al 4553). Ministerio Público
DiputadaMolina doña Andrea, Rol de ese ministerio en la investigación que realiza la brigada de delitos medio ambientales, de la Policía de Investigaciones, en el marco del derrame de petróleo ocurrido el día 24 de septiembre del presente, en la bahía de Quinteros. Además, indique la posibilidad de incorporarse a dicha investigación, en el caso de que no se hubiere integrado a ésta. (813 al 4669).
Ministerio Medio AmbienteDiputadoRobles, Fechas y localidades de la Región de Atacama en las que se ha sobrepasado la norma chilena sobre calidad del agua potable que distribuye la empresa Aguas Chañar S. A. y los procesos sancionatorios desarrollados durante los años 2013 y 2014, detallando sus resultados. (1618 al 3551).
DiputadoSchilling, Tenga a bien enviar a un funcionario de la Secretaría Regional Ministerial para que mida la emisión de ruidos molestos de los locales nocturnos ubicados en el centro de la comuna de Villa Alemana y consecuentemente dé una solución a la problemática que viven los vecinos de la comuna. (350 al 330).
Ministerio del DeporteDiputadoPaulsen, Uso y asignación de vehículos fiscales y la utilización del disco institucional obligatorio de su repartición, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (4653 al 2643).
Intendencias
DiputadoRocafull, Estado de avance de las obras de reparación y reconstrucción de los daños ocasionados por el terremoto en la Región de Arica y Parinacota, especificando avances y planificación del desarrollo de las obras, plazos y costos. (1849 al 4303).
DiputadoCampos, Aviso efectuado por la refinería Biobío de la Empresa Nacional del Petróleo ante el reciente derrame de hidrocarburos. (1989 al 4118).
Servicios
DiputadoSandoval, informe detalladamente a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, respecto de los plazos contemplados para hacer efectivo el compromiso adquirido por el Ministro de Agricultura en orden a entregar un bono de emergencia a los campesinos no usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario, de la Región de Aysén, producto de la sequía que afecta a la región. (56271 al 4383).
Empresas del EstadoDiputadoWard, informe detalladamente a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, respecto de todas las personas que forman parte de algún directorio de las empresas pertenecientes a la Corporación de Fomento de Producción (10804 al
4289).
Municipalidades
DiputadoCarmona, Atraso en la ejecución del proyecto de pavimentación participativa de la calle Villarrica en la Población Los Volcanes, comuna de Copiapó. (15337 al 1332).
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
NOMBRE
Aguiló Melo, Sergio Álvarez Vera, Jenny Andrade Lara, Osvaldo Arriagada Macaya, Claudio Auth Stewart, Pepe Barros Montero, Ramón Becker Alvear, Germán Bellolio Avaria, Jaime Berger Fett, Bernardo Boric Font, Gabriel Browne Urrejola, Pedro Cariola Oliva, Karol Carmona Soto, Lautaro Carvajal Ambiado, Loreto Castro González, Juan Luis Ceroni Fuentes, Guillermo Chahin Valenzuela, Fuad Chávez Velásquez, Marcelo Cicardini Milla, Daniella Coloma Álamos, Juan Antonio De Mussy Hiriart, Felipe Edwards Silva, José Manuel Espejo Yaksic, Sergio Espinosa Monardes, Marcos Espinoza Sandoval, Fidel Farcas Guendelman, Daniel Farías Ponce, Ramón Fernández Allende, Maya Flores García, Iván Gahona Salazar, Sergio García García, René Manuel Girardi Lavín, Cristina Godoy Ibáñez, Joaquín González Torres, Rodrigo Gutiérrez Gálvez, Hugo Gutiérrez Pino, Romilio Hernández Hernández, Javier Hernando Pérez, Marcela Hoffmann Opazo, María José Insunza Gregorio de las Heras, Jorge Jackson Drago, Giorgio Jaramillo Becker, Enrique Jarpa Wevar, Carlos Jiménez Fuentes, Tucapel Kast Rist, José Antonio Kast Sommerhoff, Felipe Lavín León, Joaquín Lemus Aracena, Luis León Ramírez, Roberto Letelier Norambuena, Felipe Macaya Danús, Javier Melero Abaroa, Patricio Melo Contreras, Daniel Mirosevic Verdugo, Vlado Monsalve Benavides, Manuel Morano Cornejo, Juan Enrique Nogueira Fernández, Claudia Norambuena Farías, Iván Núñez Arancibia, Daniel Núñez Lozano, Marco Antonio Núñez Urrutia, Paulina Ojeda Uribe, Sergio Ortiz Novoa, José Miguel Paulsen Kehr, Diego Pérez Lahsen, Leopoldo Pilowsky Greene, Jaime Poblete Zapata, Roberto Provoste Campillay, Yasna Rathgeb Schifferli, Jorge Rincón González, Ricardo Rivas Sánchez, Gaspar Robles Pantoja, Alberto Rocafull López, Luis Rubilar Barahona, Karla Sabag Villalobos, Jorge Sabat Fernández, Marcela Saffirio Espinoza, René Saldívar Auger, Raúl Sandoval Plaza, David Schilling Rodríguez, Marcelo Sepúlveda Orbenes, Alejandra Silber Romo, Gabriel Silva Méndez, Ernesto Soto Ferrada, Leonardo Squella Ovalle, Arturo Tarud Daccarett, Jorge Teillier del Valle, Guillermo Torres Jeldes, Víctor Trisotti Martínez, Renzo Tuma Zedán, Joaquín Turres Figueroa, Marisol Ulloa Aguillón, Jorge Urízar Muñoz, Christian Urrutia Bonilla, Ignacio Urrutia Soto, Osvaldo Vallejo Dowling, Camila Vallespín López, Patricio Van Rysselberghe Herrera, Enrique Verdugo Soto, Germán Walker Prieto, Matías Ward Edwards, Felipe
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: Los diputados señores Aldo Cornejo González y Gustavo Hasbún Selume.
-Con licencia médica: El diputado señor José Pérez Arriagada.
-Con impedimento grave: La diputada señora Clemira Pacheco Rivas y el diputado señor Issa Kort Garriga.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.36 horas.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 71ª se declara aprobada. El acta de la sesión 72ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
FUSIÓN DE PROYECTOS
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en orden a refundir, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de reforma constitucional que deroga el artículo 23 de la Carta Fundamental, contenido en el boletín N° 9631-07, con aquellos que fueron refundidos en sesión celebrada ayer miércoles 8 de octubre, correspondientes a los boletines Nos 2013-07, 2415-07, 6445-07 y 9539-07.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la diputada señora Denise Pascal, quien, de conformidad con lo dispuesto en la artículos 60 de la Constitución Política de la República y 34 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar de 9 de octubre de 2014, para dirigirse a Suiza y Suecia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
señor presidente, en la Comisión encargada de analizar la modificación del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de perfeccionar la formulación de preguntas a los ministros de Estado y de instaurar la interpelación ciudadana, surgieron algunas dudas respecto del tiempo de demora de los procesos de fiscalización, en cuanto a la tardanza de las respuesta a los oficios que se piden.
Por lo tanto, solicito que la Secretaría informe a la Sala y a los diputados que corresponda, a los que aún no han recibido la información que han pedido, cuántos son los oficios que todavía no han sido respondidos y cuáles son los ministerios que están en tal situación.
Es muy importante saber cuánto está demorando el Ejecutivo en recopilar y enviar la información que le solicitamos, puesto que, lamentablemente, sus respuestas no son enviadas en el plazo correspondiente, que es de treinta días.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).El planteamiento de su señoría es muy pertinente, de manera que la Secretaría enviará respuesta a cada diputado en relación con su solicitud.
El señor AUTH.-
señor presidente, pido la palabra.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra, su señoría.
El señor AUTH.-
señor presidente, la solicitud de la diputada señora Alejandra Sepúlveda dice relación con la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, la que fue encomendada por la Sala para revisar la modificación del Reglamento de la Corporación. En relación con su planteamiento, solicitamos que no se entregue a cada diputado la información solicitada, sino que se elabore un informe a la Sala sobre el estado de respuestas a los oficios de fiscalización.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Así se procederá, aunque ambas solicitudes no son excluyentes.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
señor presidente, las dos cosas son pertinentes, porque cada diputado debe recibir un informe sobre el estado en que se halla la respuesta a los oficios de fiscalización que ha pedido.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Así se procederá, señora diputada.
MODIFICACIÓN DE LA TABLA
El señor VALLESPÍN.-
señor presidente, pido la palabra.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra, su señoría.
El señor VALLESPÍN.-
señor presidente, en el número 1 de la Cuenta se señala que el Senado ha aprobado, con enmiendas, el proyecto de ley, iniciado en moción, que precisa normas vigentes para asegurar los derechos de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales.
Como se trata de modificaciones menores, que no cambian el fondo de la iniciativa, y dada la importancia que tiene ese proyecto, propongo que lo tratemos la próxima semana en la Tabla de Fácil Despacho y que lo votemos sin discusión, debido a que dice relación con un anhelo muy esperado por las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
La propuesta de la Mesa es tratar las modificaciones del Senado a esa iniciativa en el tercer lugar de la Tabla de hoy, después de los dos proyectos calificados con urgencia, y votarla sin discusión antes del término del Orden del Día de esta sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
señor presidente, mi sugerencia es poner ese proyecto en Tabla para la próxima sesión, porque sé que por lo menos dos diputados autores de la moción no se encuentran presentes hoy.
Por respeto a ellos, para no pasarlos a llevar, sería conveniente incorporarlo en la Tabla de
Fácil Despacho y votarlo en la próxima sesión.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra el diputadoOsvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.-
señor presidente, me sobrecogió el alegato del diputado Vallespín, por la importancia que tiene para las trabajadoras manipuladoras de alimentos ese proyecto enmendado por el Senado. Si en honor a ellas votáramos hoy esas modificaciones, sería espectacular.
Ahora, para el diputado Vallespín podrían ser más importantes dos diputados que no se encuentran presentes -en todo caso, me parece relevante-, pero me siguen pareciendo más importantes las aproximadamente 35.000 manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales. De manera que, con el respeto que me merece el diputado Vallespín, sería espectacular si se pudieran tratar y votar hoy las modificaciones del Senado, debido a que hay muchas mujeres que esperan el despacho de esa iniciativa.
He dicho.
El señor VALLESPÍN.-
señor presidente, quiero aclarar al diputado Andrade que los dos diputados ausentes pertenecen al Partido Socialista.
El señor ANDRADE.-
Pero está presente el Presidente del Partido Socialista.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).Recuerdo a los señores diputados que deben pedir la palabra al Presidente.
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
señor presidente, hace aproximadamente tres sesiones que ha sido puesto en Tabla el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), pero hasta el momento no ha podido ser tratado, porque sucesivamente ha sido pospuesto.
Por lo tanto, como considero que se trata de una iniciativa de fácil despacho, solicito que recabe el asentimiento para votarla hoy, sin discusión o con una o dos intervenciones.
Reitero que llevamos tres sesiones en que no ha podido ser tratada y hoy se encuentra en el número 5 de la Tabla, de manera que resulta prácticamente imposible que pueda ser vista hoy.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Como se debe armonizar la voluntad de los señores diputados con el curso real del debate, si llegamos al punto lo abordaremos.
Solicito el asentimiento de la Sala para tratar en tercer lugar y votar sin discusión, las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, con urgencia calificada de suma, que precisa normas vigentes para asegurar los derechos de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor FARÍAS.-
señor presidente, pido la palabra.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra, su señoría.
El señor FARÍAS.-
señor presidente, solicito que también recabe el asentimiento de la Sala respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Beijing, por las razones que ya indiqué.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la solicitud del diputadoRamón Farías, en los términos señalados por él.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.718, QUE CREA LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, PARA ESTABLECIMIENTO DE CARGOS EN MATERIA DE DEFENSA PENAL ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9529‐07)
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolecentes.
Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Hacienda, son los señores René Saffirio y Patricio Melero, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 63ª de la presente legislatura, en 2 de septiembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, 73ª de la presente legislatura, en 30 de septiembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 74ª de la presente legislatura, en 1 de octubre de 2014.
Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor SAFFIRIO (de pie).-
señor presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes.
El mensaje señala que las exigencias de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, hacen necesario alcanzar una institucionalización de la defensa penal especializada en adolescentes en el país.
Efectivamente, la responsabilidad penal adolescente impone ciertas condiciones particulares respecto del juzgamiento penal de adultos, en cuanto a la forma en que debe ser comprendido el debido proceso, como garantía judicial de aquellos y aquellas que son juzgados en virtud de dicha ley. Las justificaciones de esta particularidad son diversas, destacándose las de índole normativa, fáctica y político-criminal.
Agrega el mensaje que una defensa especializada está integrada por una serie de elementos que derivan de los derechos fundamentales del adolescente, reconociéndose y tratándose de manera especial, como, por ejemplo, el interés superior del niño, el derecho a ser oído, el derecho a comunicarse libremente con su abogado, entre otros. Estas especiales características de la defensa penal adolescente se traducen en una mayor carga e intensidad de trabajo que deben asumir el defensor y el personal de la unidad en estos casos.
El modelo de provisión de defensa contemplado en la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, contempla una dotación fija de defensores institucionales que constituyen la base del sistema, más una dotación de defensores cuyos servicios son licitados, no contemplándose en la dotación a defensores penales juveniles, que hoy son tan necesarios.
Por esta razón, el Ejecutivo, a través del proyecto en informe, propone medidas que buscan regularizar la situación laboral del personal que presta servicios en el Programa de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública.
Durante la discusión de este proyecto en el seno de vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, surgieron algunas dudas acerca de la técnica legislativa utilizada respecto de las normas propuestas en el proyecto. El artículo 28 de la ley N° 19.718 dispone que la planta de personal de la Defensoría Penal Pública alcanza a 457 funcionarios. Por su parte, la Ley de Presupuestos para 2014 establece que la dotación máxima de personal de la Defensoría será de 629 funcionarios. Por último, el informe financiero del proyecto señala que los 83 cargos que se estarían aumentando hoy están siendo provistos en calidad de honorarios.
Dado que el aumento de 33 funcionarios, excluidos los 50 nuevos defensores, se contempla en un artículo transitorio, en la Comisión se originó la duda en orden a si este aumento de la dotación regirá solo para lo que resta del año y en lo sucesivo se aplicará la respectiva Ley de Presupuestos, o bien se trata de un aumento permanente que pudo concretarse a través de una modificación del artículo 28 de la ley N° 19.718. Asimismo, del tenor del proyecto no resultaba del todo claro si este aumento de personal es adicional a los 629 funcionarios que contempla la Ley de Presupuestos para 2014, dado que en el informe financiero se señala que solo se trata de pasar a contrata a personal que hoy se desempeña en calidad de honorarios.
Sobre este punto, la Defensoría Penal Pública, a través de su director administrativo, señaló que la ley de la Defensoría contempla dos disposiciones referidas a la dotación de personal. El artículo 28 de la ley consagra la planta de la Defensoría, la que contempla 457 funcionarios de carácter permanente, y se distinguen los tipos de estamentos y los grados que corresponden a cada uno de ellos. Por su parte, el artículo 31 establece que habrá 145 defensores locales, cifra que, con el proyecto, aumenta a 195.
Agregó que, perfectamente, el proyecto se pudo limitar a aumentar la dotación de personal de la Defensoría en 83 funcionarios. Con todo, ello no puede hacerse sin la modificación en el articulado permanente, dado que este consagra expresamente el número de defensores. De ahí, entonces, la necesidad de modificar el artículo 31.
Respecto de los otros 33 funcionarios, informó que la Dirección de Presupuestos no deseaba aumentar la planta de la Defensoría, y permitió solo aumentar la dotación. Se señaló que el fundamento de ello radicaba en que el 40 por ciento de los cargos de planta de la Defensoría, consagrados en el artículo 28, se encuentran sin proveer. El 40 por ciento corresponde a 149 cargos de la planta de la Defensoría sin proveer a la fecha.
Añadió que cualquiera de los 33 funcionarios que pasarán a contrata podrá ingresar a la planta de la Defensoría en los futuros concursos que se realizarán.
Hecha la aclaración, vuestra comisión aprobó el proyecto, en general y en particular, por la unanimidad de los diputados presentes.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor MELERO (de pie).-
señor presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes.
Tal como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el proyecto tiene por objeto regularizar la situación laboral del personal que presta servicios en el Programa de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública. Dicho objetivo se concreta a través de un artículo único y dos disposiciones transitorias, los que, al tenor de lo informado por la comisión técnica, fueron sometidos en su totalidad al conocimiento de la Comisión de Hacienda. Conjuntamente con ello, este proyecto institucionaliza en forma adecuada el programa que desarrolla la Defensoría para atender la responsabilidad penal juvenil, que contempla salidas alternativas y contribuye a conservar el personal especializado en la materia que se ha informado.
La Comisión escuchó a la señora Paulina Vodanovic, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia; a la señora Viviana Castel, defensora nacional subrogante; a la señora Patricia Orellana, abogada de la Dirección de Presupuestos. Asimismo, en el debate se contó con la participación de las distintas asociaciones de la Defensoría Penal Pública, representadas por sus dirigentes señores Peter Sharp, presidente de la Asociación Nacional Democrática de Funcionarios de la Defensoría; Jacques Mora, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, y Pablo Sanzana, dirigente de la Asociación de Defensores. Finalmente, se contó con la opinión del señor Leonardo Di Domenico, representante del Programa de Responsabilidad Penal Juvenil.
Cabe destacar que todos los invitados estuvieron contestes en la necesidad de aprobar la iniciativa para promover y dar continuidad al trabajo especializado que se requiere en la justicia penal adolescente, y reconocer y valorar la excelencia de la labor prestada por los defensores y sus equipos colaboradores durante todos estos años.
En cuanto al contenido del proyecto, me permito hacer presente que, mediante su artículo único, se aumenta de 145 a 195 el número de defensores penales de adolescentes y se dispone que al menos 50 de estos -el aumento que propone el mensaje cumplirán funciones para la defensa penal de dichos adolescentes.
Por su parte, mediante las disposiciones transitorias se incrementa a 83 cupos la dotación máxima de personal vigente de la Defensoría Penal Pública y se establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley para el año de su entrada en vigencia se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, suplirá dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pueda financiar con los referidos recursos.
Concordante con lo anterior, el informe financiero precisa que, dado que actualmente los 83 cargos están siendo provistos en calidad de honorarios, el traspaso a la contrata irroga un mayor gasto asociado a las prestaciones previsionales, aportes patronales, componente base y colectivo del bono de desempeño, y nivelación de grados a los establecidos en la ley de plantas de la Defensoría Penal Pública para estos cargos, teniendo esta iniciativa un costo, en régimen, equivalente a 719.364.000 pesos.
En consecuencia, habiéndose sometido a la consideración de la Comisión de Hacienda, la totalidad del proyecto fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes, proponiendo su aprobación en igual forma a esta honorable Cámara.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
señor presidente, en primer lugar, saludo a los dirigentes de las asociaciones de la Defensoría Penal Pública presentes en las tribunas, porque después de un largo trabajo esta Cámara despachará este proyecto. Por lo tanto, hoy es un día muy especial para ellos.
Hace tres años, en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos nos correspondió analizar una situación que estimamos extraña, injusta, indebida y que provocaba serios problemas en materia de defensoría penal adolescente.
La ley que rige la Defensoría Penal Pública es la N° 19.718, cuyo artículo 31 establece lo siguiente: “Los defensores locales serán funcionarios a contrata. El acceso a los empleos correspondientes se efectuará por concurso público.”.
¿Qué nos plantearon los dirigentes de las asociaciones de funcionarios? Se trata de una materia en la que existió unanimidad, tanto en la Subcomisión Mixta de Presupuestos como en la Comisión de Hacienda de esta Cámara. Ellos nos manifestaron su preocupación por el hecho de que defensores, que desarrollan una gran labor, cumplían funciones a honorarios, lo que significaba que incluso un mes antes del término del año aún no sabían si efectivamente continuarían en el cargo.
Los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de Hacienda, Alberto Arenas, constituyeron una mesa y llegaron a la conclusión de que esta situación anómala no podía continuar, porque perjudicaba directamente a los adolescentes que se debe defender. Entonces, se presentó el proyecto que debatimos, que seguramente vamos a aprobar por unanimidad.
La iniciativa tiene por objetivo la provisión permanente y oportuna de defensa penal especializada de adolescentes, lo cual implica contar no solo con abogados defensores capacitados y exclusivamente dedicados a atender a este grupo, sino también con un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos. Ello permitirá que en adelante se pueda cubrir la demanda de atención, para lo cual podrá continuarse con el modelo mixto actualmente existente en la Defensoría Penal Pública y asegurar que la dotación que se sume sea efectivamente dedicada a la atención exclusiva de los adolescentes infractores de la ley, para conseguir un estándar óptimo de defensa penal juvenil, acorde con la Constitución Política y con el sistema de responsabilidad penal adolescente regulado en la ley N° 20.084.
¿Por qué nos interesa tanto esta iniciativa? Porque en esta materia se da una relación muy particular entre los defensores y los jóvenes infractores de ley, lo que significa una mayor carga e intensidad de trabajo, que debe ser asumida por los defensores y demás asistentes de las unidades judiciales. En consecuencia, las razones para aumentar las dotaciones son justificadas. A esto se suma la necesidad de resguardar los derechos del adolescente y sus intereses superiores, como el derecho a ser oído y a comunicarse libremente con sus abogados. Obviamente, debemos apoyar esto por ley.
Por lo tanto, para dar solución a estos problemas, mediante el número 1) del artículo único del proyecto se modifica el inciso tercero del artículo 31 de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, en el sentido de aumentar de 145 a 195 el número de defensores locales. Por su parte, el número 2) agrega lo siguiente: “A lo menos, 50 de dichos defensores locales cumplirán funciones para la defensa penal de adolescentes, de conformidad con los dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 20.084.”.
Además, mediante las disposiciones transitorias se incrementa en 83 cupos la dotación máxima de personal vigente de la Defensoría Penal Pública.
Durante el análisis de este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, donde me correspondió asumir como Presidente subrogante la semana pasada, la defensora nacional subrogante expresó que de todos los casos que les corresponde atender, al menos el 10 por ciento está relacionado con la defensoría penal adolescente.
Ahora, en cuanto al financiamiento, el proyecto de ley, en régimen, costará 719.364.000 pesos anuales.
Con todo, quiero expresar que esta iniciativa me llena de satisfacción, por cuanto con ella queda demostrado que cuando todos trabajamos por un objetivo justo, al margen de la cuestión política -todos los que estamos aquí somos políticos, pero también servidores públicos-, los problemas se pueden resolver. En este caso, era de justicia total y absoluta crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes. Esto me alegra mucho, porque se trata de asistir a niños y a adolescentes que han delinquido, pero muchas veces motivados por el ambiente, por circunstancias especiales, lo que no les ha permitido vivir felices y con justicia. Por eso, debemos hacer esfuerzos papa recuperarlos.
Por eso, pido en forma muy especial a los colegas presentes en la Sala que demos una señal muy potente con la aprobación unánime de este proyecto, para que vaya al Senado de la República, en segundo trámite constitucional. No me cabe la menor duda de que los senadores están en conocimiento y de acuerdo con este proyecto porque en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos hay tres diputados y dos senadores. Creo que es posible que esta iniciativa se convierta en ley de la república durante los primeros días de noviembre, para terminar con el drama de esos 50 defensores penales que no sabían si continuarían trabajando.
Tal como lo hice al comienzo de mi intervención, envío un saludo a todos los dirigentes de las asociaciones, que han demostrado que creen verdaderamente en sus representados y están cumpliendo una gran labor. ¡Muchas felicidades!
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
señor presidente, en realidad, me molesta un poco que no estén presentes la señora Paulina Vodanovic, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, y don Gonzalo Rodríguez, asesor legislativo, quienes participaron en la discusión del proyecto en la comisión. Creo que debieron concurrir a la Sala para responder las eventuales consultas de los diputados que estamos discutiendo en este momento o de los que tengan interés en hacer algún aporte a tan importante iniciativa. La Mesa debiera tomar debida nota del reclamo que realizo una vez más.
Este proyecto no pretende otra cosa que regularizar la situación laboral del personal que presta servicios a honorarios en el Programa de Defensa Penal de la Defensoría Penal Pública.
Como ya lo explicaron los diputados informantes, el costo del incremento de la planta vigente de la Defensoría Penal Pública en 83 cargos representará poco más de 719 millones de pesos.
Creo que se perdió la oportunidad -lo dije durante la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda de aumentar la planta, porque todos estamos contestes en que el problema de los adolescentes que delinquen en nuestro país es muy grave. De manera que nuestra mayor preocupación debiera ser el aumento del número de profesionales. Esta es solo una solución parcial que consiste en que quienes no estaban en la planta sean incorporados en ella.
En los últimos años, hemos dado pasos importantes para ir mejorando nuestro sistema de justicia y asegurar los derechos de las personas que se ven involucradas en una contienda penal. Es algo indiscutible. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, especialmente en materia de enjuiciamiento penal de los adolescentes. De hecho, gracias al trabajo realizado por la comisión que investigó el funcionamiento del Sename y de toda la red encargada de la custodia de los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que han delinquido, en la Cámara pudimos comprobar que existe la necesidad de contar con más profesionales en el sistema público de defensa de los adolescentes.
Como sabemos, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que, en materia de juzgamiento penal, las normas que se aplican a los adolescentes deben ser distintas de las que rigen para los adultos, con el objeto de proteger sus derechos, lo que mejorará los estándares de juzgamiento en relación con lo que debe entenderse como debido proceso. Por lo mismo, debe existir una defensa especializada para los menores y, al mismo tiempo, mayor especialización de los jueces que enjuician a los adolescentes.
Sabemos que la Defensoría Penal Pública ha atendido las situaciones consideradas en la legislación internacional por medio de una unidad piloto, que se ha encargado de la defensa de los adolescentes. Pero eso no basta, porque lo que está haciendo la Defensoría es desatender la defensa de otros imputados y distraer valiosos recursos humanos y materiales para cumplir con los compromisos contraídos por Chile en materia de defensoría penal adolescente.
Por ello, considero que este proyecto se justifica plenamente y su aprobación permitirá contar con una defensoría especializada. Este es el momento que debemos aprovechar, de una vez por todas, para entregar a esta función pública la categoría que se merece y más y mejores profesionales. Una planta de profesionales dedicados exclusivamente a esta función permitirá liberar a otros abogados defensores para que se dediquen al conocimiento de otras causas. Además, se agrega una dotación de personal profesional y administrativo que coadyuvará a los defensores para que puedan cumplir en mejor forma sus labores de defensa de los adolescentes.
La iniciativa modifica la ley N° 19.718 -lamentablemente, no se había dicho aquí-, y la creación de la Defensoría Penal Pública tuvo ese objetivo: defender a los adolescentes.
Por lo tanto, voy a aprobar el proyecto de ley, para que los profesionales queden en mejor situación laboral. Todavía falta mucho por hacer para entregarles un verdadero reconocimiento; no se les puede exigir tanto a tan pocos.
Hoy, Chile tiene problemas con la delincuencia juvenil, por lo cual tenemos que entregar respuestas.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
señor presidente, ante todo, considero muy importante destacar el hecho de que estemos discutiendo este proyecto durante el primer año de gobierno de la PresidentaBachelet.
Lo digo por una razón muy simple. Hace muchos años que los defensores penales de adolescentes plantearon la necesidad de ser incorporados a la planta de la Defensoría Penal Pública. Durante el gobierno del Presidente Piñera, prácticamente todos los años los defensores penales concurrían a la Comisión de Hacienda para pedir algo muy simple: que, dado que estaban contratados a honorarios, fueran incorporados en la planta, a fin de tener los derechos previsionales de todos los trabajadores y la posibilidad de desarrollar sus funciones -por así decirlo en forma legal. Como digo, estaban contratados a honorarios, y todos los años le planteábamos al Ejecutivo que solo bastaba con aumentar el número de cargos, porque no se requerían más recursos para cumplir un objetivo absolutamente necesario en la Defensoría Penal Pública.
Durante todos los años pasados se nos dijo que se enviaría un proyecto de ley sobre la materia, porque requería ley. En todas las ocasiones le dijimos al Ejecutivo que bastaba con considerar en la Ley de Presupuesto de la Nación un aumento de la planta del Ministerio de Justicia, a fin de poder incorporar a estos profesionales en la planta de la Defensoría Penal Pública.
¿Qué ocurre con este proyecto? Que aumenta la planta en el número preciso de defensores que están contratados a honorarios y que ahora pasarán a la planta.
Quiero agradecer al gobierno de la PresidentaBachelet y al ministro de Justicia, José Antonio Gómez, el cumplimiento de un compromiso que asumimos con los defensores penales públicos hace mucho tiempo.
Desde su creación, la Defensoría Penal Pública tiene un problema que dice relación con esta mirada de mercado que hay en nuestra sociedad. De esta forma, parte importante de las causas se licitan en el mercado para que estudios de abogados realicen las prestaciones a la Defensoría.
Este sistema ha provocado que incluso prestigiosos estudios de abogados liciten causas y después contraten abogados a un menor costo para que realicen las acciones que licitaron. Siempre he pensado que se trata de un mal sistema, pues la labor de la Defensoría Penal Pública debiera estar radicada en funcionarios del Estado, contratados por la Defensoría, tal como lo plantea este proyecto. De esa manera, los defensores responderían ante el Estado de Chile y no sucederían hechos como los relatados, en que prestigiosos estudios jurídicos contratan -perdonen la expresión “medios pollos” para que realicen las tareas que licitó la Defensoría Penal Pública a nivel nacional.
Me parece importante que en Chile tengamos una mirada de Estado y no de mercado en áreas como la salud, la educación y, como en este caso, la justicia.
La función de los defensores penales consiste en defender a la gente de menos recursos; por lo tanto, si el Estado no dispone de personal idóneo, con todo lo que se requiere para defender a esas personas, entonces disminuye la posibilidad de que obtengan justicia real.
La gente de mayores ingresos contrata abogados, porque los puede pagar; en cambio, la gente de menores ingresos requiere de la Defensoría Penal Pública, porque no tiene otra forma de ser defendida sino a través de un defensor público. Por eso, en el caso de los adolescentes, quiero destacar, nuevamente, que el Ministerio de Justicia y el gobierno de la PresidentaBachelet estén cumpliendo una aspiración muy sentida por los defensores penales juveniles.
La Defensoría Penal Pública se ha ido especializando de manera importante. Al principio, se pensó en licitar la labor de los defensores en la Defensoría Penal Pública, pero primó el buen criterio de contratarlos, para que fuesen parte de la Defensoría. En un principio se incorporaron a honorarios, pero la situación ya no daba para más. Los defensores, que deben hacer un trabajo especializado, estuvieron muchos años a honorarios. Ellos conocen más que nadie el trabajo de defender a adolescentes.
Finalmente, anuncio que vamos a concurrir con nuestro voto para aprobar este importante proyecto, que es una demostración de que el gobierno de la PresidentaBachelet está cumpliendo sus compromisos de campaña. El Estado de Chile les entrega a los adolecentes de nuestro país que caen en infracción la posibilidad de tener una defensoría adecuada, institucionalizada, con personal idóneo para desarrollar las funciones desde el Estado.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb.
El señor RATHGEB.-
señor presidente, hay una situación que vive nuestro país desde hace muchos años y que es motivo de preocupación de todos los chilenos: la seguridad pública.
Esta situación se manifiesta en la inseguridad que las personas sienten al salir de sus domicilios, al concurrir a sus lugares de trabajo o al transitar por la vía pública.
No me referiré a la cantidad de recursos y al aumento de personal, porque ya lo han mencionado otros diputados. Estoy de acuerdo con ello, por lo que votaré a favor esta iniciativa.
Sin duda, es necesaria e indispensable la defensa penal especializada en adolescentes. Sabemos del trato especial que ellos deben tener para tratar de sacarlos del círculo de la delincuencia en el que se están iniciando. Necesitan una atención exclusiva y un trato especial para que no vuelvan a delinquir, muy distinto al de las defensorías licitadas, que generan una relación absolutamente impersonal.
El diputadoRobles criticó la licitación de las defensorías que obtienen estudios de abogados que, finalmente, contratan a “medios pollos” para realizar esa tarea. Al respecto, debo recordar que ese tipo de licitaciones partió con la reforma al sistema procesal penal, realizada durante los gobiernos de la Concertación. Por lo tanto, hay que ser responsable cuando se habla sobre el tema y se debe señalar que las licitaciones partieron en los gobiernos de la Concertación. De manera que si alguien formula una crítica, también debe hacerse cargo de la misma como parte del gobierno al que perteneció. Por lo tanto, si se cuestionan las licitaciones de la defensoría, también se debe criticar todo el sistema que se implementó en los gobiernos de la Concertación.
Más allá de eso, esta es una muy buena iniciativa, que apoyaremos con entusiasmo, porque pretendemos mejorar la Defensoría Penal Pública especializada en adolescentes, con nuevo personal que, con entusiasmo y cariño, realizará esas defensorías. Pero también se debe avanzar en la figura de los querellantes para las víctimas. En efecto, la víctima hoy no es representada por nadie; la Fiscalía representa a la sociedad en general, pero no a las víctimas. Las víctimas que no tienen recursos finalmente no tienen las condiciones económicas para contratar abogados que los representen.
Por lo tanto, teniendo presente la gran cantidad de delitos que se cometen en Chile, un problema que no ha podido ser solucionado, es necesario avanzar en establecer querellantes gratuitos para las víctimas que no cuenten con los recursos para poder financiar su contratación.
Aprobaremos esta iniciativa porque sabemos que las personas que defienden a los adolescentes, así como quienes lo harán en el futuro, lo harán pensando en la sociedad y no solo en obtener un ingreso económico, porque piensan que esos jóvenes tienen la oportunidad de salir de los círculos de delincuencia a los que han ingresado, lo que nosotros, como diputados, estamos dispuestos a respaldar.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto.
El señor SOTO.-
señor presidente, quiero expresar mi apoyo a este proyecto de ley, que tiene como objetivo regularizar y normalizar la precaria situación laboral del personal profesional y administrativo que presta actualmente servicios en el programa de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública, quienes deberán pasar de honorarios a contrata. De esta forma, se institucionaliza la defensa penal especializada en adolescentes.
Han existido varios proyectos de acuerdo y de resolución mediante los cuales esta Corporación ha solicitado a dos administraciones distintas el envío de un proyecto de ley que subsanara una de las principales falencias que presenta nuestro sistema de defensoría penal, esto es, la carencia de un completo sistema de justicia especializado en los adolescentes.
Según los antecedentes que tuvimos a la vista en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la Defensoría Penal Pública, con la normativa vigente, ya cuenta con una estructura especializada para atender los casos de jóvenes, compuesta por 50 defensores, 11 trabajadores sociales y 22 asistentes administrativos; sin embargo, todos ellos están contratados bajo el régimen de honorarios a suma alzada.
Su precaria situación contractual ha implicado varios problemas, como la permanente rotación de abogados, con la consiguiente pérdida de la inversión efectuada en capacitación y formación especializada; problemas financieros para reemplazar abogadas y asistentes durante sus períodos de pre y posnatal. Además, estos trabajadores se encuentran excluidos del sistema de incentivos asociados al cumplimiento de metas, de lo cual sí gozan el resto de los funcionarios de la Defensoría; otro inconveniente es la imposibilidad de reemplazarlos en caso de enfermedad, entre otros impactos negativos de su situación contractual.
En consecuencia, la aprobación del proyecto es altamente conveniente y también esperada, pues resuelve la precaria situación de los 83 funcionarios a honorarios, todos muy calificados y preparados, institucionalizando un servicio que, de acuerdo con lo que consagran la ley y los tratados internacionales que Chile ha suscrito, debe ser permanente, profesional y especializado.
Cabe recalcar que, en el contexto internacional, ha sido una preocupación permanente el trato que se les da a los adolescentes que infringen la ley. Al ser personas menores de edad, en proceso de formación y desarrollo, todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deberán tener una consideración primordial a que se atenderá: el interés superior del niño.
Este predicamento está recogido explícitamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, la que, en su artículo 40, establece que es necesario que los adolescentes que estén acusados o se declaren culpables de haber infringido la ley penal reciban un tratamiento, desde la acusación hasta la sentencia, con juicio y aplicación de la sanción correspondiente, promoviendo siempre la educación, la atención integral y reinserción del adolescente a la familia.
Con la aprobación de este proyecto de ley, nuestras y nuestros adolescentes que, por distintas razones, se ven en conflicto con la justicia, no solo contarán con abogados capacitados y exclusivamente dedicados a atender a este grupo, sino que también dispondrán de un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos que den correcto resguardo a sus necesidades de tratamiento y atención. Todo ello será realizado por profesionales que contarán con estabilidad y, ahora, seguridad en su trabajo, lo que, por cierto, permitirá conseguir un estándar óptimo de defensoría penal juvenil, acorde a nuestra Constitución Política y a nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente, regulado en la ley N° 20.084.
Espero -me comprometo a ello-, prontamente, sustituir este antiguo régimen por uno en que primen, como fundamentos del sistema penal, la prevención y la rehabilitación para aquellos que, muchas veces, se transforman en infractores de la ley, fundamentalmente, porque esta, en lo sustantivo, reproduce el tipo de sociedad excluyente y mercantilizada que nos hemos propuesto sustituir por una de inclusión y de derechos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
señor presidente, en primer lugar, saludo a la delegación de la comunidad de Pudahuel que nos acompaña.
Sin duda, este proyecto es importante para dotar a nuestro sistema de Defensoría Penal Pública de adolescentes de los profesionales debidamente acreditados, a tiempo completo, para enfrentar un tema que, muchas veces, ha sido motivo de discusión: la incursión de muchos adolescentes en la delincuencia.
También es necesario abordar el tema desde una visión más integral, lo que significa brindarles una legítima defensa, la posible reinserción, y no mirarlo solo desde la perspectiva de un hecho. Debemos asumirlo con la responsabilidad en el tratamiento que el tema requiere.
Muchas veces nos ha correspondido observar cómo los ciudadanos ven, con frustración, que muchos adolescentes incursionan en la delincuencia, y pareciera ser un tema sin solución.
¡Qué duda cabe de que el asunto es complejo! Por eso, este proyecto ayudará, desde la perspectiva de la necesidad de lograr, a través de este sistema de responsabilidad penal, la imposición de determinadas condiciones, que son muy particulares, que permitan un juzgamiento penal distinto al de los adultos, en cuanto a la forma en que debe ser comprendido el debido proceso, y con las garantías judiciales que deben tener aquellas personas que son juzgadas en virtud de esa ley.
La justificación de la particularidad de por qué se requiere de una defensoría penal específica para el tema de la adolescencia, obviamente, tiene que ver con los factores normativos, fácticos, políticos y criminales que enfrenta la delincuencia en ese nivel de la vida. De ahí, entonces, que las normas jurídicas que modelan la respuesta punitiva en el Estado deben otorgar un marco adecuado para que esto también esté dentro de lo que nuestra Constitución Política establece y lo que la Convención sobre los Derechos del Niño nos obliga a respetar, en la necesidad de que los estados que forman parte -y Chile forma parte establezcan procedimientos adecuados, cuenten con autoridades competentes e instituciones específicas para que los niños, niñas y adolescentes que cometan infracciones a la ley tengan un sistema penal distinto al que son sometidos los adultos.
Ese es el fundamento que, en su momento, dio origen a la citada ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Si bien lo que estamos haciendo hoy puede parecer no tan trascendental, sí lo es. La situación de quienes durante mucho tiempo ejercieron esta función respecto de una materia tan importante, los cuales estaban contratados a honorarios, con la inestabilidad propia que ello implica, ahora se regularizará como corresponde, porque serán asimilados a los grados de la escala única de sueldos, y no bajo la inseguridad que significa una contratación a honorarios.
La Defensoría Penal especializada en adolescentes requiere de profesionales con dedicación completa, competentes, que ganen experiencia en el tiempo y que, obviamente, ayuden a la especificidad propia de tratar con niños y adolescentes infractores de la ley penal.
Estamos frente a una realidad psicológica, social y cultural de nuestros adolescentes que son seleccionados por el sistema penal. Ello hace que se justifique este tratamiento más especializado en cumplimiento de un principio que todos debemos respetar, cual es el de igualdad ante la ley.
No quiero ahondar más en el contenido del proyecto, pues ha sido explicado minuciosamente a través del informe que rendí. Solo espero que esta decisión que vamos a adoptar signifique un salto cualitativo y cuantitativo para el sistema penal, puesto que son 700 millones de pesos adicionales que se destinarán a fortalecer la institucionalidad y el marco profesional y técnico de la Defensoría Penal adolescente. Con ello se propende a contar con una política integrada en el marco de nuestro sistema jurídico y la forma como se debe aplicar la ley.
Por las razones expuestas, la bancada de diputados de la UDI votará a favor el proyecto. He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
señor presidente, la ley de responsabilidad penal adolescente es un instrumento que, a mi juicio, estuvo bien inspirado, pero que no cumple con el objetivo de impedir que estos sigan comprometidos con el delito.
Hemos visto -esto hay que decirlo con todas sus letras cómo los niños siguen en el circuito del delito; incluso, es posible señalar que su presencia ha aumentado. Muchos de esos niños, niñas y adolescentes son instrumentalizados por adultos. Hace un tiempo, conocimos el caso de una mujer de La Legua que había contratado a varios niños para distribuir drogas. Al final, en vez de ayudar a los niños a romper ese círculo vicioso, lo que en realidad hacemos es responsabilizarlos penalmente. En otras palabras, la única respuesta del Estado es la sanción.
Por lo tanto, debemos volver a estudiar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, porque no ha entregado los resultados esperados. Hemos transformado esa legislación en un derecho penal del menor; sin embargo, ha perdido el carácter rehabilitador y socializador de niños, niñas y adolescentes, y su noción de incorporarlos a la sociedad, de modo de romper o fracturar los vínculos con la delincuencia. En definitiva, hemos generado mayor persecución hacia nuestros adolescentes, lo que se encuentra favorecido por el hecho de existir un ente persecutor autónomo e independiente.
En el otro extremo tenemos una Defensoría Penal, dependiente del Ministerio de Justicia, que no puede fijar sus propias políticas ni plantas de personal. En esta situación surge un desequilibrio, que también depende de la aún inconclusa definición del carácter de la Defensoría Penal. A mi juicio debe ser un órgano autónomo e independiente, tal como lo es el órgano persecutor. Creo que así se restablecerían los equilibrios necesarios en defensa no solo de los adolescentes, sino también de todos aquellos que requieren asistencia judicial para un debido proceso.
No obstante esta carencia de autonomía de la Defensoría Penal, la reflexión sobre su quehacer nos lleva a sentirnos orgullosos de lo realizado, pese a la precariedad de medios con los que cuenta. Esta precariedad hoy se manifiesta en lo que se solicita a través del proyecto; se trata de algo sencillo y simple: que quienes defienden a menores -tal como aún se les dice a nuestros niños, niñas y adolescentes y que prestan servicios a honorarios pasen a estar en calidad de contrata, situación que si bien es sencilla, ha costado mucho lograr.
Esta situación también evidencia otra mirada respecto de la cual nos tenemos que hacer cargo. Lo que acá importa no es el niño, la niña y el adolescente -respecto de los cuales no existe ninguna preocupación-, sino el castigo y la persecución penal de un eventual delincuente. Sin embargo, no se asocia que un niño infractor de ley es, además, una víctima de vulneración de derechos. Por lo tanto, cuando como Estado no nos damos cuenta de esa circunstancia, al final del día lo único que hacemos es encarcelar a nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que es pernicioso.
Por todo lo anterior, insisto en que debemos volver a estudiar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, porque no ha cumplido con los fines para los cuales fue establecida y no rompe el ciclo delictivo. Muchos de esos niños luego ingresan a dependencias del Sename, donde, más que rehabilitarse, generan mafias que luego se incorporan al circuito del delito mayor. Esto hay que decirlo porque es una constatación; no estoy responsabilizando a nadie en particular.
Creo que en este proceso hay temas que examinar; hay una despreocupación total del Estado por solucionar temas gravitantes en relación con los niños infractores de ley, que, sin duda, también son víctimas de vulneración de sus derechos.
El carácter de lo que estamos tratando es urgente. Debemos aprobar el proyecto porque el Estado debe hacerse cargo de lo que crea. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente emanó del Congreso Nacional. Sus modificaciones posteriores, más que ayudar, tuvieron un carácter más agresivo en relación con los adolescentes infractores de ley. De una vez por todas hay que ayudar a que el Estado muestre mayor preocupación por los adolescentes, razón por la cual –repito la iniciativa de ley tiene debe ser aprobada. Reitero que el proyecto aborda una mínima parte del problema, porque, en buenas cuentas, lo que estamos haciendo es poner un parche ante una herida que, sin duda, está abierta.
Considero necesario que el Gobierno emprenda una verdadera modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a la Defensoría Penal, en el sentido de que se convierta en un órgano independiente y autónomo. Es imperioso que respetemos las Reglas de Beijing respecto de la persecución penal y los derechos de los niños infractores de ley. No las respetamos porque siempre actuamos bajo la lógica de castigar, castigar y castigar, para luego ver las consecuencias de los castigos implementados, sin pensar que esos adolescentes requieren ser reincorporados a la sociedad, para lo cual es necesario romper este círculo vicioso que lo único que logra es incorporar a los niños, niñas y adolescentes a grupos mafiosos.
En razón de lo anterior, felicito el trabajo hecho por la Defensoría Penal Pública a través del Programa de Defensa Penal Juvenil. Con los escasos recursos a su disposición ha realizado un estupendo trabajo desde la precariedad, logrando construir defensas en favor de los adolescentes de nuestro país. Creo que la forma de agradecer toda esa labor es aprobando la ley en proyecto, que se requiere con urgencia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti.
El señor TRISOTTI.-
señor presidente, una defensa especializada está integrada por una serie de elementos que derivan de los derechos fundamentales del adolescente, reconociéndose y tratándose de manera especial, como, por ejemplo, el interés superior del niño, el derecho a ser oído, a comunicarse libremente con su abogado, entre otros.
El modelo de provisión de defensa contemplado en la ley Nº 19.718, que creó la Defensoría Penal Pública, contempla una dotación fija de defensores institucionales que constituyen la base del sistema, más una dotación de defensores cuyos servicios son licitados, no contemplándose en la dotación a defensores penales juveniles que hoy se requieren.
De ahí que el objetivo del proyecto, de acuerdo a lo planteado por el Ejecutivo, es permitir la provisión permanente y oportuna de defensa penal especializada de adolescentes, lo que implica contar no solo con abogados defensores capacitados y exclusivamente dedicados a atender a este grupo, sino también con un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos.
De esta forma, el proyecto incorpora 50 defensores locales, destinándose como defensores penales juveniles, y aumenta en 83 la dotación máxima de personal autorizada en la ley para la Defensoría Penal Pública. De estos, 50 cargos serán para los defensores penales juveniles y 33 para otros profesionales y personal administrativo.
Sin embargo, la ley Nº 20.084, y su reglamento, crean un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que impone ciertas condiciones particulares respecto del juzgamiento penal. En su artículo 29 se instituye el principio de especialización, que establece ciertas capacitaciones especiales para los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en causas de adolescentes. Esta capacitación podrá ejercerse a través de estudios en formación criminológica vinculada con la ocurrencia de estas infracciones, la Convención sobre los Derechos del Niño, las características y especificidades de la etapa adolescente y el sistema de ejecución de sanciones establecidas en la misma ley.
Desde la dictación de dicha ley, publicada en 2005, hasta la fecha, la defensa de nuestros adolescentes ha sido asumida por la Defensoría a través de la implementación de un programa piloto que ha permitido contratar profesionales vía honorarios para atender la creciente demanda.
El proyecto de ley viene a solucionar ese problema. Como dijo el ministro de Justicia, esta iniciativa permite que un número determinado de defensores que cumplen funciones para la defensa penal de adolescentes y que hoy se desempeñan bajo el régimen de honorarios, pasen a contrata. Por lo tanto, la iniciativa no solo cumple con tratados internacionales y con nuestra propia legislación, sino que, también, viene a regularizar la situación laboral de muchos de los trabajadores que ejercen función en la Defensoría Penal Pública.
Por otra parte, uno de los principales planteamientos de la ciudadanía se vincula con el problema de la delincuencia. Así como el Congreso Nacional ha aumentado la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, se hace absolutamente necesario acelerar la tramitación del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público.
En la Región de Tarapacá, que represento, los fiscales tienen el mayor volumen de causas si se compara con el resto del país: cada uno de ellos tiene una carga de trabajo por sobre el resto, lo cual no solo afecta la celeridad de las investigaciones, sino que muchas veces deja a dichos funcionarios en condiciones desfavorables respecto de sus pares del resto del país. Además, existe la necesidad de crear juzgados de garantía y de familia para la comuna de Alto Hospicio. Debemos legislar al respecto.
Como dije, la delincuencia es uno de los principales problemas que debe afrontar el país. Tenemos el deber de avanzar para que todas las instituciones integrantes del sistema penal tengan los medios y recursos para que no solo se cumpla con nuestra legislación, sino, también, para que exista una persecución penal efectiva, oportuna y eficaz.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
señor presidente, en primer lugar, quiero saludar a los funcionarios de la Defensoría Penal Pública que nos acompañan en la tribuna y han seguido atentamente la sesión. Ellos, junto con los abogados defensores, asistentes sociales, psicólogos, personal administrativo, etcétera, hacen una labor que va más allá de lo profesional, ya que sabemos que la Defensoría Penal juvenil es distinta a la de adultos.
Adhiero a lo señalado por el diputadoHugo Gutiérrez, en el sentido de que en una sociedad tan desigual como la nuestra no es menor el hecho de que se hable de delitos juveniles e infantiles. Ayer, la televisión informaba de la cantidad de niños que son abandonados en los hospitales, sin recibir amor ni elementos de contención. Los psicólogos y sociólogos señalan que esos niños, que no tienen ningún amparo social, lo más probable es que lleguen a delinquir. No es un prejuicio, pero lo más probable es que así ocurra.
La iniciativa pretende regularizar una situación laboral específica relacionada con una institución; sin embargo, se requieren de otros elementos que permitan garantizar los derechos de los niños y de los jóvenes. La legislación no debe ser sinónimo de persecución; debe haber objetivos claros y procesos de rehabilitación, los que hoy no existen a nivel juvenil ni adulto. Las cárceles están copadas y no existe rehabilitación de internos, objetivo de todo sistema carcelario.
Como se ha señalado, el proyecto se hace cargo de una deficiencia del sistema al regularizar la situación laboral del personal que presta servicios en el Programa de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública. La iniciativa propone que dichos funcionarios pasen del régimen de honorarios a contrata, con lo que se institucionaliza la defensa penal, especialmente la de adolescentes. Así, se incorporan 50 defensores locales, que se destinarán como defensores penales juveniles, y se aumenta en 83 cargos la dotación máxima de personal autorizada en la Ley para la Defensoría Penal Pública. De estos, 50 cargos serán para los defensores penales juveniles y 33 para otros profesionales y personal administrativo.
Han transcurrido cinco años desde la implementación del proyecto piloto del Programa de Defensa Penal Juvenil. En tal sentido, es necesario definir el modelo de servicio definitivo con que va a funcionar la Defensoría Penal juvenil o adolescente. Se trata de una tarea urgente y necesaria que requiere mucho más que la aprobación de este proyecto. Es menester regularizar esa situación, como, también, la de muchos fiscales, pues no hay carrera funcionaria y existen vacíos que debemos observar y reparar, en el entendido de que este proyecto, de cierta manera, perfecciona el modelo.
Por último, anuncio mi voto favorable al proyecto y espero que se apruebe por unanimidad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
señor presidente, agradezco al diputadoRené Saffirio por haber informado sobre el proyecto en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La iniciativa es importante, porque regulariza la situación de los defensores penales juveniles, que ejercen su función a honorarios, con toda la incertidumbre que eso conlleva.
El proyecto constituye una mejora. No es lo que quisiéramos, ya que los funcionarios no pasarán a planta, sino a contrata; sin embargo, ello les garantiza, entre otras cosas, previsión y un poco más de estabilidad laboral a quienes se dedican a un tema de suyo importante, cual es la defensoría penal juvenil.
El proyecto aumenta en 83 cargos la dotación máxima de personal autorizada en la Ley para la Defensoría Penal Pública. De estos, 50 cargos –abogados serán destinados al Programa de Defensa Penal Juvenil y 33 para a otros profesionales y personal administrativo.
La iniciativa irroga un gasto que, en la medida de lo posible, será absorbido por la propia Defensoría Penal Pública y por los recursos que proveerá el Ministerio de Hacienda, a través de la Partida respectiva del Tesoro Público.
Como Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, llamamos a aprobar la iniciativa; es un granito de arena que aporta en la línea correcta de fortalecer integralmente no solo a la Defensoría, sino también, a futuro, al Ministerio Público.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra la diputada Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
señor presidente, la Defensoría Penal Pública, como todos sabemos, tiene por objeto garantizar la debida defensa de quienes son imputados por un delito. El proyecto en discusión persigue garantizar de mejor forma este derecho que asiste a los menores imputados por algún delito, lo que me parece acertado. Obviamente, tanto los diputados de mi bancada como quien habla aprobaremos la iniciativa.
Es importante señalar que no estamos hablando de niños, sino de menores adolescentes, que, por regla general, viven en una situación irregular, no han contado con el debido apoyo de sus familias y muchas veces provienen de familias cuya actividad normal es el delito. Por supuesto, al igual que cualquier otro chileno, uno quiere que esos jóvenes tengan la oportunidad de resarcir el perjuicio que han causado y, sobre todo, ver la vida desde un punto de vista diferente, darse cuenta de que se puede salir adelante, que se puede transitar por un camino distinto al del delito, que se puede formar una familia, que es lo que todos soñamos para nosotros y nuestros hijos. Por eso apoyo este proyecto.
Sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de comparar la situación de la Defensoría Penal Pública con la del Ministerio Público y sus fiscales.
Cuando iba a entrar en vigencia la ley de responsabilidad penal adolescente, recuerdo que analizamos dos proyectos: uno, que reforzaba la Defensoría Penal Pública con 40 defensores más, y otro que hacía lo propio con el Ministerio Público, pero con solo 23 fiscales. Como se sabe, la Defensoría Penal Pública interviene solo cuando una persona ha sido imputada; en cambio los fiscales del Ministerio Público deben comenzar a actuar desde que se comete algún delito o se denuncia algún hecho que reviste ese carácter. Así las cosas, la carga de trabajo es muy diferente.
En el Senado se encuentra radicado un proyecto de modernización del Ministerio Público, pero todavía no es despachado, lo cual nos preocupa. Tengo plena conciencia de que dicha iniciativa no cumple con todo lo que solicitaba el Ministerio Público para llevar adelante de manera más adecuada su labor. Hoy, ese organismo presenta una evidente sobrecarga de trabajo. Cada fiscal es responsable de un promedio superior a las 2.000 causas, en circunstancias de que la carga proyectada de trabajo para cada uno de ellos fluctuaba entre las 1.000 y 1.200 causas. Sabemos que les falta tiempo, que están cansados, que no hay carrera funcionaria, que las mujeres están en los últimos grados, etcétera.
Repito, me preocupa muchísimo que el proyecto a que he hecho alusión se encuentre estancado. Cuando lo analizamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pregunté al ministro de Justicia qué pasaba con ese proyecto. Me respondió que lo estaban estudiando para ver si se podían adicionar recursos para que el número de fiscales a contratar fuera mayor al establecido en la iniciativa. Ojalá que eso se haga pronto, porque no solo ha habido aumento de la delincuencia, sino, además, parte del miedo o temor de la gente nace de la falta de acceso a la justicia, de no tener abogados que la defienda y de la carencia de fiscales. Hace algunos años, durante el gobierno del Presidente Piñera, tramitamos y aprobamos un proyecto de reforma constitucional que asegura y garantiza el derecho a defensa que tienen todas las personas al ser víctimas de un delito con violencia. Había una serie de anteproyectos para modernizar la Corporación de Asistencial Judicial y transformarla en un servicio nacional de asistencia jurídica, pero ello no se ha concretado.
Por último, me parece bien reforzar la atención de los menores; pero mientras no realicemos una modernización del Sename y no se cumpla a cabalidad su mandato legal, esto es, dar una real oportunidad de reinserción social, rehabilitación y estudios a todos los jóvenes que cometen delitos y a todos los niños que están en una situación de vulnerabilidad -ellos llegan al Sename con un futuro bastante incierto-, seguiremos viendo que cada vez un mayor número de estos cometen delitos y son privados de libertad, sin una familia y sin una red de protección que les permita salir del círculo de la delincuencia.
Obviamente, a todos nos preocupan los índices de delincuencia, independientemente del sector político que representemos. Algunos podremos querer un poco más de mano dura, porque preferimos tener delincuentes tras las rejas que a gente inocente encerrada; otros piensan que debería ser al revés. Sin embargo, todos concordamos en que mientras no ataquemos el problema de fondo, cual es la falta de apoyo y de protección social a los niños que deambulan por las calles, que se prostituyen o son abusados sexualmente, los índices de delincuencia y de violencia juvenil serán cada vez más altos.
Comprometo mi apoyo y el de mi bancada al proyecto. Es una pena que el ministro de Justicia no esté presente en la Sala para acompañarnos en la discusión de un proyecto tan importante como este. Espero que, como legisladores, alguna vez nos hagamos cargo de este problema como corresponde, y el Ejecutivo patrocine proyectos y considere los recursos necesarios para contar con un Sename que cumpla con su deber, y un Ministerio Público y fiscales que también puedan desarrollar su tarea como manda la ley.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor ARRIAGADA.-
señor presidente, el proyecto pretende regularizar la situación laboral del personal que presta servicios desde 2006 en el Programa de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública, quienes pasan de honorarios a contrata. De esta forma, se institucionaliza la defensa penal especializada en adolescentes.
Cabe hacer presente que la exigencia de especialización de la justicia penal para adolescentes tiene rango legal, ya que se encuentra consagrada, tanto para jueces como para fiscales y defensores, en el artículo 29 de la Ley N° 20.084, de Responsabilidad Penal Adolescente.
Sobre el particular, y con el objeto de analizar la pertinencia de la modificación, se debe señalar que en 2013 la Defensoría Penal Pública atendió a 31.810 imputados adolescentes, de los cuales 22.946 fueron defendidos por defensores penales juveniles (72,13 por ciento).
En cuanto al ingreso de causas relacionadas con imputados menores de 18 años, las estadísticas de la Defensoría Penal Pública nos señalan lo siguiente:
El mensaje señala que el proyecto tiene como objetivo permitir la provisión permanente y oportuna de defensa penal especializada de adolescentes, lo cual implica contar no solo con abogados defensores capacitados y exclusivamente dedicados a atender a este grupo, sino también con un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos, lo que permitirá que, en adelante, se pueda ir cubriendo la demanda de atención.
Para cumplir con los objetivos señalados precedentemente, el mensaje propone modificaciones a la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, incorporando, por una parte, 50 defensores locales, destinándose como defensores penales juveniles, y se aumenta en 83 cargos la dotación máxima de personal autorizada en la ley para la Defensoría Penal Pública. De estos, 50 cargos serán para los defensores penales juveniles y 33 para otros profesionales y personal administrativo.
El proyecto cuenta con un artículo único y dos disposiciones transitorias.
Mediante el artículo único se modifica el inciso tercero del artículo 31 de la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, en el sentido de aumentar de 145 a 195 el número de defensores locales que deberán ser contratados en los grados 5 y 11 de la planta del servicio, agregándose que al menos 50 de estos -es decir, el aumento que propone el mensaje cumplirán funciones para la defensa penal de adolescentes.
Por su parte, mediante las disposiciones transitorias se incrementa en 83 cupos la dotación máxima de personal vigente de la Defensoría Penal Pública y se establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley en proyecto, para el año de su entrada en vigencia, se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, suplirá dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con los referidos recursos.
El proyecto de ley de defensa penal juvenil propone una vía de solución para permitir la provisión permanente y oportuna de defensa penal de adolescentes especializada, lo cual implica contar no solo con abogados defensores capacitados y exclusivamente dedicados a atender este grupo, sino también con un equipo formado por asistentes sociales y asistentes administrativos. Esta solución legislativa permitirá que se pueda ir cubriendo la demanda de atención hacia el futuro -para lo cual podrá seguirse el modelo mixto actualmente existente en la Defensoría Penal Pública y asegurar que la dotación de planta y a contrata que se sume sea efectivamente dedicada a la atención exclusiva de los adolescentes en conflicto con la ley penal, para así conseguir un estándar óptimo de defensa penal juvenil, acorde a nuestra Constitución Política y a nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente regulado en la ley N° 20.084.
La provisión del servicio de defensa penal juvenil es una situación que ha sido asumida decididamente por la Defensoría Penal Pública hasta la fecha, a través de la implementación de un programa piloto que ha permitido contratar, vía honorarios, a profesionales para atender la demanda de defensa penal juvenil. Dicho plan se inició con el propósito de contar con datos empíricos de los primeros años de funcionamiento del sistema de defensa penal juvenil, especialmente en lo tocante a la demanda y el impacto en la defensa de las nuevas obligaciones provenientes del sistema de ejecución de sanciones, el que ha sido financiado desde 2006 mediante una reasignación presupuestaria desde el subtítulo de trasferencias corrientes al ítem honorarios. Tras haber transcurrido más de ocho años de este plan piloto es necesario definir el modelo de servicio definitivo respecto de la defensa penal de los adolescentes, situación que se perfecciona a través del presente proyecto de ley.
Sobre la necesidad de contar con defensa penal especializada en adolescentes, es preciso señalar que la ley N° 20.084 y su reglamento crean un Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que impone ciertas condiciones particulares respecto del juzgamiento penal de adultos, en cuanto a la forma en que debe ser comprendido el debido proceso como garantía judicial de aquellos y aquellas que son juzgados en virtud de dicha ley, estableciéndose expresamente en el artículo 29 de dicho texto legal el principio de especialización.
La concreción del principio señalado precedentemente dice relación con el reconocimiento especial de los derechos fundamentales del adolescente, lo que implica mayores exigencias concretas para la defensa penal juvenil.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sugerimos apoyar el proyecto informado, ya que es coherente en cuanto a su justificación, necesidad e impacto en el sistema de justicia.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Chahin Valenzuela Fuad; Cicardini Milla Daniella; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.483, QUE ESTABLECE NUEVO RÉGIMEN LEGAL PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, EN MATERIA DE IMPORTACIÓN DE TROLEBUSES USADOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9484‐15)
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde tratar el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.483, que establece nuevo régimen legal para la industria automotriz, en materia de importación de trolebuses usados.
Diputada informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la señora Loreto Carvajal.
Antecedentes:
-Moción, sesión 52ª de la presente legislatura, en 6 de agosto de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 76ª de la presente legislatura, en 7 de octubre de 2014. Documentos de la cuenta N° 17.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
tiene la palabra la diputada informante.
La señora CARVAJAL, doña Loreto (de pie).-
señor presidente, en representación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en moción de las diputadas señoras Jenny Álvarez, Clemira Pacheco, Alejandra Sepúlveda y de quien habla, y de los diputados señores Aldo Cornejo, Joaquín Godoy, Gustavo Hasbún, Fernando Meza, Iván Norambuena y Mario Venegas, con urgencia calificada de simple, que modifica la ley N° 18.483, que establece nuevo régimen legal para la industria automotriz, en materia de importación de trolebuses usados.
La idea matriz o fundamental del proyecto es incorporar a los trolebuses dentro de aquellos vehículos usados que se pueden importar, con el objeto de permitir la renovación de la flota de vehículos de esas características. Asimismo, permitir la importación de vehículos de colección o de interés patrimonial con una antigüedad superior a cincuenta años.
No hay normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Tampoco hubo trámite en Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Jenny Álvarez, Clemira Pacheco, Alejandra Sepúlveda y la diputada informante, y los diputados señores René Manuel García, Javier Hernández, Felipe Letelier y Leopoldo Pérez.
Durante el estudio de esta iniciativa se contó con la asistencia y colaboración del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez-Lobo.
Como es sabido, los trolebuses son vehículos eléctricos de transporte público de pasajeros alimentados por una catenaria de dos cables superiores desde donde toman la energía eléctrica mediante dos astas. El trolebús no hace uso de vías especiales o rieles en la calzada, por lo que es un sistema más flexible, por ejemplo, que el utilizado por los tranvías. Asimismo, cuenta con neumáticos de caucho en vez de ruedas de acero en sus rieles.
Los trolebuses han operado desde 1946 en Santiago y desde 1952 en Valparaíso, en reemplazo de los antiguos tranvías. Estos últimos son los únicos que todavía funcionan en el país.
Como consecuencia de su gran aporte a la conectividad y debido a sus características únicas, como la de no emitir emisiones contaminantes y tener un silencioso funcionamiento, uno de sus modelos, el N° 814, el más antiguo del mundo en funcionamiento, fue declarado en 2003 monumento nacional. Ese mismo año Valparaíso fue declarado patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esta calificación implicó un reconocimiento oficial y universal a la riqueza patrimonial de la ciudad y a su importancia para toda la humanidad desde el punto de vista histórico, artístico, científico, estético, arqueológico y antropológico.
Hago presente que el uso de los trolebuses contribuye a la protección del medioambiente y a la conservación de la ciudad. Además, debemos recordar que no utilizan combustibles fósiles, ya que operan por una ruta delimitada mediante alimentación eléctrica. Se trata de un vehículo de gran interés turístico, tanto para Valparaíso como para las demás ciudades del país.
Es necesario recordar que la empresa propietaria de esos vehículos eléctricos de transporte compró trolebuses refaccionados en Suiza, con la condición de enviar el trolebús más antiguo del mundo, que se encuentra en Valparaíso, a un museo de la ciudad de Berna, Suiza, país de origen o de fabricación del mismo.
Es importante destacar que esta iniciativa se enmarca dentro de un proyecto mayor que quiere impulsar la PresidentaBachelet, que pretende integrar al Metro de Valparaíso (Merval) con trolebuses y ascensores, con el propósito de que los servicios que prestan esas empresas se puedan pagar con un solo medio de pago, constituyéndose así en un servicio de transporte integrado para la Región de Valparaíso.
Los miembros de la Comisión manifestaron la conveniencia de permitir la importación de vehículos motorizados usados con más de cincuenta años de antigüedad, con el objeto de promover su conservación y valor patrimonial e histórico.
Por último, hago presente que el artículo del proyecto fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, que fue aprobada por unanimidad, que precisa y condiciona, en cada caso, la importación de tales vehículos, haciendo remisión expresa al artículo 20 del decreto N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y al Título XIX del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y del Ministerio de Justicia, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
Votaron a favor de la iniciativa las diputadas señoras Jenny Álvarez, Clemira Pacheco, Alejandra Sepúlveda y quien habla, y los diputados señores René Manuel García, Javier Hernández, Felipe Letelier y Leopoldo Pérez.
De este modo, se armoniza la normativa que rige la materia, ya que establece, por una parte, la definición de tales vehículos -trolebuses-, disponiendo que son aquellos vehículos de dieciocho o más asientos propulsados por motores eléctricos y alimentados de energía por una línea aérea; por otra, condiciona la excepción a la importación de vehículos antiguos o históricos usados de cincuenta años o más a los términos exigidos en el Título XIX del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y del Ministerio de Justicia, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.
En síntesis, la iniciativa autoriza la importación de trolebuses para el reemplazo de los que se encuentran operando en el país, y de vehículos patrimoniales antiguos de más de cincuenta años, que hoy no pueden ingresar al territorio nacional por vía de importación.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
señor presidente, después de conocer el completo informe rendido por la diputada señora Carvajal, creo que, a buen entendedor, pocas palabras.
Este proyecto de ley es muy simple y de un enorme beneficio.
Hoy, el país no puede importar buses usados que funcionan mediante energía eléctrica. Ello resulta preocupante porque son los vehículos que producen menos contaminación ambiental. La única ciudad que los utiliza es Valparaíso.
Se le consultó al ministro de Transportes si la ley pertinente tenía nombre y apellido. Claramente ello no es así. Señaló que las ciudades podían poner en marcha planes para la utilización de este tipo de vehículos, siempre y cuando contaran con interesados en poner las líneas de conexión eléctrica, que son de un costo importante.
El diputado señor René Saffirio me dijo que implementar este sistema en Temuco ayudaría a descontaminar el aire, el que se encuentra afectado por el uso de estufas. Al respecto, hay un tremendo lío con las nuevas normativas anunciadas, en el sentido de que no se va a permitir el uso de estufas a leña en Chile. Pero ese es otro problema.
Como dijo la diputada informante, en la comisión se trató rápidamente la iniciativa, y el ministro de Transportes dio a conocer sus puntos de vista. Nosotros, por nuestra parte, vamos a apoyar el proyecto, porque Valparaíso pide a gritos renovar sus trolebuses, ya que son los más antiguos del mundo. Lo ideal sería que se utilizara este tipo de transporte en todas las comunas de Chile, por lo menos en las grandes ciudades, a fin de descontaminarlas.
Como dije, estamos muy de acuerdo con el proyecto. Además, quiero agregar que los vehículos antiguos, que constituyen un verdadero patrimonio mundial, no solo brindan un espectáculo cuando sus dueños organizan eventos para exhibirlos -también aprovechan esas instancias para intercambiar piezas y repuestos-, sino que estos aprovechan de cooperar con muchas instituciones sociales. Los dueños de autos antiguos nos han pedido que, por favor, se norme la materia en relación con esos vehículos. ¿Por qué? Porque algunas personas han traído autos antiguos reformados, de la línea off road, que resultaron ser aparatos medio raros que lo único que hacían era meter ruido, pero que no representaban el espíritu del verdadero auto de colección.
Por lo anterior, el proyecto establece que los autos antiguos deben tener al menos cincuenta años de antigüedad, más lo que dispongan los decretos y reglamentos que van a dictar los ministerios.
El ministro nos pidió, en forma especial, que diéramos a conocer en la Sala la finalidad de la iniciativa, a fin de que no se prestara para ninguna suspicacia, de modo que las medidas vayan en beneficio de los coleccionistas, quienes en el mundo conforman un gran club.
Señor Presidente, en honor al tiempo que resta, solo me queda por agregar que Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto en los mismos términos en que lo despachó la comisión, los cuales coinciden con la petición del señor ministro de Transportes.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal.
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
señor presidente, solo quiero confirmar que la necesidad de importar vehículos antiguos nace desde hace mucho tiempo y que es una idea presente en casi todos los clubes de automóviles antiguos de regiones.
El proyecto persigue mejorar la importación de trolebuses y autos antiguos con ciertos requisitos de carácter excepcional. De esa manera podremos contar con el espectáculo que brindan los segundos, los que muchas veces vemos en desfiles y en actividades sociales, todo lo cual permite que nuestros niños conozcan la historia del automóvil, no solo de Chile, sino del mundo.
En tal sentido, es importante recalcar que el objetivo del proyecto reviste carácter de urgencia, más aún si se suma lo dicho respecto de la importación de trolebuses.
Hoy, la única empresa de trolebuses funciona en Valparaíso, y, como dije, se proyecta en beneficio del turismo. Además, se trata de una empresa que va en aumento. Como sabemos, entre las características principales de dicho medio de transporte está el hecho de que no contamina.
Esperamos que, con el propósito de beneficiar a los turistas y a los vecinos de la comuna de Valparaíso, y en general a todos los habitantes de la Quinta Región, pronto se cuente con un sistema de transporte integrado que comprenda el uso de los trolebuses, de los ascensores y del Metro de Valparaíso. Ello sería muy importante, porque destacaría a nuestra ciudad puerto, junto con despertar un mayor interés turístico, todo lo cual iría en directo beneficio de los vecinos y, en general, de toda la Quinta Región.
Por lo tanto, espero que mis colegas diputados y diputadas aprueben el proyecto por unanimidad.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.483, que establece nuevo régimen legal para la industria automotriz, en materia de importación de trolebuses usados.
Hago presente a la Sala que su artículo único trata de materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Chahin Valenzuela Fuad; Cicardini Milla Daniella; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán.
-Votó por la negativa el diputado señor Arriagada Macaya Claudio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Schilling Rodríguez Marcelo; Torres Jeldes Víctor.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES, DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9464‐10)
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, el 24 de junio de 2012.
Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Cultura, Artes y Comunicaciones, son la señorita Marcela Sabat y el señor Sergio Gahona, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 48ª de la presente legislatura, en 22 de julio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 58ª de la presente legislatura, en 19 de agosto de 2014. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 73ª de la presente legislatura, en 30 de septiembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 18.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
La señorita SABAT, doña Marcela (de pie).-
Señor presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, el 24 de junio de 2012, el que se encuentra sometido a la consideración de la Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
Según señala el mensaje, en 1990 se iniciaron las negociaciones para adoptar un instrumento internacional que regulara los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales. Este esfuerzo, agrega, realizado al alero de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), concluyó exitosamente el día 24 de junio de 2012. En dicha fecha, y ante la presencia de 156 estados miembros que participaron durante la conferencia diplomática convocada por la OMPI, se adoptó el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, conocido como Tratado de Beijing, en reconocimiento a la ciudad que acogió la ronda final de negociaciones.
Hace presente que la conclusión de la negociación de este nuevo tratado se selló con la firma de 48 países durante la señalada conferencia diplomática. El 18 de marzo de 2013, la República Árabe Siria se convirtió en el primer país en ratificarlo.
Precisa que su adopción es reflejo del espíritu de colaboración de los miembros del proceso multilateral. Asimismo, constituye un avance fundamental que permite incorporar a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales al sistema internacional de la propiedad intelectual.
Añade que, a mayor abundamiento, el Tratado de Beijing otorga un marco jurídico internacional más claro, que permitirá a los artistas, intérpretes o ejecutantes consolidar su posición en la industria audiovisual, concediéndoles protección en el entorno digital y contribuyendo a salvaguardar los derechos de los beneficiarios contra la utilización no autorizada de sus interpretaciones o ejecuciones en medios audiovisuales, tales como el cine y la televisión.
De esta forma, concluye, otorga mayor certeza en el plano internacional a los derechos patrimoniales de los artistas, intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales. Igualmente, abre la posibilidad de que estos obtengan ingresos adicionales por su labor, al otorgarles la opción de que alcancen una participación en los ingresos internacionales de las producciones en las que la ejercen. También otorga un marco de protección internacional de sus derechos morales, al permitirles exigir que sean identificados como tales o de impedir la mutilación de sus interpretaciones o ejecuciones.
El Tratado está compuesto por un Preámbulo, que expone sus principios inspiradores, y por treinta artículos. Además, contiene declaraciones concertadas relativas a varios artículos: 1, 1.3, 2.A), 2.B), 5, 7, 8, 9, 13, 15 y 16, que no profundizaré en aras del tiempo y por encontrarse su detalle en el informe que espero que las señoras diputadas y los señores diputados tengan en su poder.
Durante el estudio del proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso Repetto, y del asesor legal del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, señor Martín Correa Finsterbusch, quienes refrendaron los fundamentos expuestos en el mensaje que acompaña el proyecto de acuerdo, y efectuaron una reseña acotada de sus contenidos. En síntesis, manifestaron que el presente Acuerdo tiene por objeto brindar protección a los derechos de propiedad intelectual de los intérpretes y ejecutantes audiovisuales. Adicionalmente, indicaron que los derechos que se establecen en el Tratado de Beijing ya se encontrarían consagrados por nuestra legislación interna. No obstante, la ratificación de este instrumento internacional tendría como consecuencia principal que dichos derechos puedan ser exigidos internacionalmente.
Del mismo modo, señalaron que el Tratado otorga un marco jurídico internacional que permitirá a los artistas, intérpretes o ejecutantes consolidar su posición en la industria audiovisual, pues les concede protección en el entorno digital y contribuye a salvaguardar los derechos de los beneficiarios contra la utilización no autorizada de sus interpretaciones o ejecuciones en medios audiovisuales, tales como el cine y la televisión. Asimismo, abre la posibilidad de que estos obtengan ingresos adicionales, al otorgarles la opción de que alcancen una participación en los ingresos internacionales de las producciones en las que hayan ejecutado su labor. También otorga un marco de protección internacional de sus derechos morales, al permitirles exigir que sean identificados como tales o de impedir la mutilación de sus interpretaciones o ejecuciones.
Asimismo, la Comisión contó con la participación de la presidenta de Chile Actores, señora Esperanza Silva Soura, quien llamó a la comisión a dar su aprobación al proyecto de acuerdo en Tabla, a fin de refrendar el compromiso de Chile en relación con la protección internacional de los artistas, intérpretes o ejecutantes, con independencia de la naturaleza de su interpretación, ejecución o de su fijación. Ello, en su opinión, permitirá que otros países desarrollen sus legislaciones incorporando similares derechos a los ya existentes en nuestro país, lo que redundará en directo beneficio de nuestros artistas cuyos trabajos son comunicados públicamente fuera de nuestras fronteras.
Asimismo, destacó que la ratificación del Tratado de Beijing no implicará asumir nuevas obligaciones, ya que nuestra legislación nacional ya cumple e, incluso, supera el estándar de dicho instrumento en relación a los derechos regulados como mínimos por el Tratado, tales como los derechos patrimoniales exclusivos y de remuneración por la comunicación pública, incluida la radiodifusión; la puesta a disposición interactiva (derecho del futuro), y los derechos morales de paternidad e integridad de la interpretación, todos ellos consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual, N° 17.336, y en la ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, vigente en nuestro país desde el año 2008.
Por su parte, las señoras diputadas y los señores diputados presentes, que expresaron su decisión favorable a la aprobación del proyecto de acuerdo, manifestaron su concordancia con los objetivos del mismo, en cuanto replica las disposiciones del Convenio de Berna, que permite que la legislación interna de cada país contemple un rango de flexibilidad en relación con la limitación y el alcance de los derechos de propiedad. En este sentido, agregaron, el Tratado no innova respecto de la limitación de este derecho, lo que permite que dicha discusión se desarrolle a propósito de la elaboración o modificación de la legislación interna.
En relación con los plazos de protección de las obras, expresaron que el tratado tampoco va más allá de lo que disponen otros instrumentos internacionales, toda vez que establece una protección por cincuenta años desde la muerte de los autores o intérpretes, plazo que incluso resulta inferior al que establece la legislación nacional, el cual se extiende por setenta y cinco años.
Por ello, por 9 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo las señoras Molina, doña Andrea, y Sabat, doña Marcela, y los señores Hernández, don Javier; Jarpa, don Carlos Abel; Mirosevic, don Vlado; Morales, don Celso; Sabag, don Jorge; Tarud, don Jorge, y Teillier, don Guillermo.
Por último, me permito hacer presente a la Sala que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus disposiciones no deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió recomendar a la Sala aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el referido informe.
He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
En reemplazo del diputado Sergio Gahona, rendirá el informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones el diputado Jorge Rathgeb.
Tiene la palabra, su señoría.
El señor RATHGEB (de pie).-
Señor presidente, en nombre de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, en calidad de segunda comisión, paso a informar, en primer trámite constitucional, sobre los acuerdos alcanzados en relación con el texto aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana durante la tramitación del primer informe reglamentario del proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, que aprueba el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, el 24 de junio de 2012.
Asistió a informar a la comisión, en representación del ministro de Relaciones Exteriores, el asesor del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de dicha cartera, señor Felipe Ferreira Catalán.
La idea matriz o fundamental del Tratado es otorgar un marco jurídico internacional más claro que conceda a los artistas intérpretes o ejecutantes protección en el entorno digital y contribuya a salvaguardar los derechos de los beneficiarios contra la utilización no autorizada de sus interpretaciones o ejecuciones en medios audiovisuales, como el cine y la televisión.
La ratificación del Tratado forma parte del proceso de integración y adecuación de la legislación chilena al sistema internacional del derecho de autor y los derechos conexos. Por tanto, se trata de una herramienta que permitirá a los artistas intérpretes y ejecutantes chilenos del ámbito audiovisual ver sus derechos morales y patrimoniales extendidos internacionalmente.
I.- El Tratado de Beijing.
El Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual fue adoptado por la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, celebrada en Beijing en 2012, y contempla los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales.
De acuerdo con el mensaje del proyecto de acuerdo para la aprobación del Tratado, este instrumento internacional abre la posibilidad de que artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales obtengan ingresos adicionales por su labor, en virtud del otorgamiento de la opción de que alcancen una participación en los ingresos internacionales de las producciones en las que la ejercen.
También concede a los artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales un marco de protección internacional de sus derechos morales, al permitirles exigir que sean identificados como tales o de impedir la mutilación de sus interpretaciones o ejecuciones.
Respecto del derecho patrimonial, el Tratado confiere a los artistas intérpretes o ejecutantes cuatro tipos de derechos sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales: de reproducción, de distribución, de alquiler y de puesta a disposición.
El derecho de reproducción es el derecho a autorizar la reproducción directa o indirecta de la interpretación o ejecución fijada en fijaciones audiovisuales, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma.
El derecho de distribución es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales mediante la venta u otra transferencia de propiedad.
El derecho de alquiler es el derecho a autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales.
El derecho de puesta a disposición es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público por medios alámbricos o inalámbricos de cualquier interpretación o ejecución fijada en una fijación audiovisual, de modo que los miembros del público tengan acceso a dicha interpretación o ejecución desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Este derecho abarca, en particular, la puesta a disposición, previa petición mediante internet.
El Tratado de Beijing entrará en vigor, según lo dispone su artículo 26, tres meses después de que treinta partes hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión.
Hasta el momento ya lo han hecho la República Árabe Siria, China, Botswana, Eslovaquia y Japón.
II.- Implicancias de su ratificación
El Tratado de Beijing obliga a las partes contratantes a adoptar, de conformidad con su ordenamiento jurídico, las medidas necesarias para garantizar su aplicación. De esta manera, las partes contratantes deberán velar por que en la legislación nacional existan procedimientos de observancia que permitan adoptar medidas eficaces contra los actos de infracción de los derechos previstos en el Tratado.
Los derechos que se establecen en el Tratado de Beijing ya se encontrarían consagrados por nuestra legislación interna, y, en este sentido, su ratificación tendría como consecuencia principal que dichos derechos puedan ser exigidos internacionalmente
De ese modo, la ratificación del Tratado no implica asumir nuevas obligaciones, puesto que la legislación nacional ya cumple el estándar de dicho instrumento en relación con los derechos regulados como mínimos por aquel, tales como los derechos patrimoniales exclusivos y de remuneración por la comunicación pública y los derechos morales de paternidad e integridad de la interpretación, todos ellos consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual, N° 17.336, y en la Ley N° 20.243, que establece normas sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, vigente en nuestro país desde 2008.
Con todo, y de acuerdo con lo señalado en el mensaje con el que se inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, sí correspondería realizar algunas modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, de tal modo de ampliar su aplicación a cualquier forma de fijación de interpretaciones y ejecuciones, incluidas aquellas fijadas en formato audiovisual, pues actualmente aplica solo a las fijaciones en un fonograma.
III.- Acuerdos adoptados
Los integrantes de la Comisión, diputados señores Ramón Farías, Roberto Poblete, Guillermo Teillier (Presidente), Sergio Gahona y quien informa concordaron plenamente tanto con las explicaciones entregadas como con el texto sometido a consideración, y valoraron particularmente el hecho de que los artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales representados por sus organizaciones hayan sido consultados.
Por lo anterior, y puesto el proyecto de acuerdo en votación con el texto aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, fue aprobado, tanto en general como en particular, por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Cultura en los mismos términos en que lo sancionó la comisión matriz.
Es cuanto puedo informar. He dicho.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Ha concluido el Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos:
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, el 24 de junio de 2012.
-Durante la votación:
El señor JACKSON.-
Señor presidente, quiero agradecer a la Secretaría por haber subido a los pupitres electrónicos la información que le solicitamos hace pocos minutos sobre este proyecto de acuerdo, la que, por la escasez del tiempo de que disponemos, no alcanzamos a leer.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Cicardini Milla Daniella; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Monsalve Benavides Manuel; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aguiló Melo Sergio; Boric Font Gabriel; Jackson Drago Giorgio; Mirosevic Verdugo Vlado; Morano Cornejo Juan Enrique
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Despachado el proyecto.
PRECISIÓN DE NORMATIVA PARA ASEGURAR LOS DERECHOS DE LAS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8048‐13) [VOTACIÓN]
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Sala, corresponde votar sin discusión las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que precisa normas vigentes para asegurar los derechos de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 1 de este boletín de sesiones.
El señor CARMONA (Presidenta en ejercicio).-
Hago presente a la Sala que las enmiendas introducidas recaen sobre normas propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Cicardini Milla Daniella; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán.
-Se abstuvo la diputada señora Cariola Oliva Karol.
El señor CARMONA (Presidente en ejercicio).-
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS PARA RESTAURACIÓN DE TEATRO DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 129, de los diputados señores Felipe Letelier, José Pérez, Joaquín Tuma, Carlos Abel Jarpa, de la diputada señora Marcela Hernando, del diputado señor Sergio Espejo, de la diputada señorita Daniella Cicardini, de los diputados señores Roberto Poblete y Christian Urízar, y de la diputada señorita Camila Vallejo, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, instruya buscar los mecanismos para la restauración del teatro de Coya, perteneciente a la comuna de Machalí.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputadoFelipe Letelier.
El señor LETELIER.-
señor presidente, junto con el honorable diputadoRicardo Rincón representamos al distrito N° 33, integrado, entre otras, por la comuna de Machalí, en cuya zona oriente se encuentra la histórica localidad de Coya, muy vinculada al mineral El Teniente, que desde hace más de cien años produce riqueza para Chile. De hecho, durante el período de auge de la gran minería, Coya fue un campamento y una localidad dormitorio y de servicios.
Por tal razón, como se requiere hacer justicia a localidades como Coya, que ayudaron a producir miles de millones de pesos para el país, pero que en la actualidad no se caracterizan por su abundancia, riqueza y opulencia, sino por su pobreza, hemos presentado este proyecto de resolución, con el objeto de que la Presidenta de la República, que sabemos que valora el patrimonio arquitectónico y cultural, disponga que se busquen los mecanismos pertinentes para restaurar el teatro de Coya, en la comuna de Machalí.
Los habitantes de Coya requieren mayor atención, porque son muchas las necesidades que hay en esa localidad, por ejemplo, en materia de salud y de vivienda. Pero como no solo de pan vive el hombre, también nos motiva desarrollar el aspecto cultural, razón por la cual hemos presentado este proyecto de resolución.
Como conocemos el interés transversal que despierta en los diputados este tipo iniciativas, solicitamos que la voten a favor.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Aprobado
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Bellolio Avaria Jaime; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Cicardini Milla Daniella; Espejo Yaksic Sergio; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Mirosevic Verdugo Vlado; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Trisotti Martínez Renzo; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Soto Osvaldo; Verdugo Soto Germán.
-Se abstuvo la diputada señora Hoffmann Opazo María José.
INDEMNIZACIÓN PARA PERSONAS AFECTADAS POR ATAQUES DE PERROS ASILVESTRADOS
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 130.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 130, de los diputados señores David Sandoval, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Iván Norambuena, Juan Morano, Bernardo Berger, Javier Hernández, Enrique van Rysselberghe y Sergio Gahona, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República disponer el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que establezca la creación de mecanismos especiales de indemnización que contemplen la responsabilidad del Estado frente a los perjuicios ocasionados en la persona o propiedad de quienes se vean afectados por el ataque de perros asilvestrados.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Cicardini Milla Daniella; Espejo Yaksic Sergio; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Letelier Norambuena Felipe; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Rathgeb Schifferli Jorge; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Urrutia Soto Osvaldo; Verdugo Soto Germán.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Browne Urrejola Pedro; Jackson Drago Giorgio; Urrutia Bonilla Ignacio.
SOLUCIÓN A PROBLEMA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE TIENEN CRÉDITOS PENDIENTES CON CAJAS DE COMPENSACIÓN
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 131.
El señor ROJAS (Prosecretario).
Proyecto de resolución N° 131, de los diputados señor Claudio Arriagada, señora Alejandra Sepúlveda, señores Víctor Torres, Matías Walker, Pepe Auth, señora Cristina Girardi, señores Osvaldo Andrade, Felipe de Mussy, Guillermo Teillier y Felipe Kast, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, por medio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se adopte una normativa integral e idónea para los créditos otorgados a pensionados de pensión básica solidaria por parte de las cajas de compensación, en la cual se disponga que se disminuyan los plazos en los cuales se puedan endeudar dichos pensionados a un máximo de cinco años, y que se limiten los montos máximos de endeudamiento y la cuota mensual con un tope del 5 por ciento de la pensión.
Que se entregue una solución rápida y efectiva a aquellos pensionados de pensión básica solidaria que actualmente se encuentran pagando créditos en condiciones muy gravosas, dadas sus bajas pensiones, de modo de aliviar de alguna forma sus pesadas cargas financieras, ordenando una repactación de dichas deudas en las condiciones señaladas en el párrafo anterior, asumiendo el fisco el remanente no cubierto por tales términos de renegociación crediticia.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA.-
señor presidente, cuando a todos nos interesa que en Chile tengamos financiamiento transparente y campañas limpias para todos los candidatos, para mí ha resultado bastante especial el requerimiento de ancianas del distrito que represento en relación con el endeudamiento contraído por ellas con cajas de compensación. Esta materia ha sido abordada por muchos diputados que me anteceden en el ejercicio parlamentario con buena experiencia en esta Cámara, quienes en su momento presentaron proyectos para enfrentar el endeudamiento que adultos mayores contraen con cargo a sus bajas pensiones. Esta situación se agravó cuando una muy buena iniciativa de la PresidentaBachelet, como fue la creación de la pensión básica solidaria, que beneficia a miles de adultos mayores, dio lugar a que estos pasaran a ser sujetos de crédito para las cajas de compensación.
Este es un tema delicado que debería golpear la ética del Congreso Nacional, porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino de personas que tienen pensiones miserables de 80.000 o 100.000 pesos, que se ven obligadas a requerir créditos de las cajas de compensación para poder solventar sus medicamentos, su alimentación y el combustible que las tempera en el invierno.
Se me ha dicho que este tema no es abordable, que muchos lo han intentado y que las cajas de compensación favorecen con recursos a determinados partidos políticos. No es el Chile que queremos. No queremos el Chile de la cosa oculta y no transparente. Queremos que las cajas de compensación aclaren esta situación y que nunca más un anciano que tiene una pensión de 80.000 pesos tenga que pagar durante muchos años, hasta el final de sus días, deudas que nunca terminan, porque hay una práctica abusiva relacionada.
Muchos adultos mayores que no están en la plenitud de sus facultades mentales se ven estimulados a endeudarse de distintas maneras.
Pido que se oficie a la ministra del Trabajo y al superintendente de Seguridad Social para que informen sobre las medidas reales y efectivas que darán término a esta situación.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
señor presidente, en verdad, este es un proyecto de resolución de toda justicia.
Durante el período anterior, con el entonces diputado -actual senador Felipe Harboe, trabajamos profundamente en la investigación de los créditos otorgados por las cajas de compensación. En esa ocasión, nos dimos cuenta de que una de esas instituciones en particular cometía abusos al otorgar créditos con cargo a la pensión básica solidaria de los abuelitos. Estamos hablando del caso de personas que recibían 300.000 pesos por concepto del crédito que solicitaron, pero que terminaban pagando 2.000.000 o 2.500.000 pesos a la caja de compensación que se los otorgó. Conocimos la situación de personas que estuvieron pagando la mitad de su pensión durante cuatro años, y a las que todavía les quedan tres años por pagar.
¡Es una situación realmente inverosímil!
En su momento hicimos los cambios necesarios para que ello no siguiera ocurriendo, pero toda la gente que quedó endeudada hasta antes de dichos cambios, lamentablemente, hoy no tiene una solución.
Obviamente, el proyecto de los diputados Arriagada, Torres y otros es una solicitud ética al Ejecutivo, a fin de que busque una fórmula para que esos abuelitos realmente puedan tener una solución, porque, debido a su endeudamiento, no están alcanzando a pagar, por ejemplo, sus medicamentos. La deuda se lo lleva casi todo y no pueden vivir en condiciones dignas. Lo que buscábamos con la pensión básica solidaria, que era asegurar un estándar mínimo, hoy se ha perdido por el abuso que cometen algunas cajas de compensación.
Anuncio que apoyaré este proyecto de resolución, a fin de que podamos tener una pronta respuesta del Ejecutivo.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DE EMPLEO EN PROVINCIA DE ÑUBLE (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata.
Tiene la palabra el diputadoCarlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
señor presidente, la provincia de Ñuble, a la que pertenece el distrito que represento, tiene más de 450.000 habitantes, está constituida por 21 comunas y posee una economía sustentada principalmente en la actividad silvoagropecuaria.
La situación de la mayoría de los trabajadores de Ñuble es compleja, toda vez que existen dificultades para activar el fomento productivo. Las cifras así lo demuestran. En el último trimestre, el desempleo a nivel nacional fue de 6,7 por ciento; a nivel regional aumentó a 8,2, y en la provincia de Ñuble fue de 8 por ciento. Sin embargo, en la intercomuna de Chillán y Chillán Viejo, la cifra llegó a 9,9 por ciento.
Además de la alta cifra de desempleo, la mayoría de quienes trabajan solo recibe el ingreso mínimo. Por eso, la situación es preocupante. Es necesario que exista una especial preocupación de los organismos del Estado por esa realidad.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Economía, a fin de que informe qué programas se están llevando a cabo en la provincia de Ñuble en relación con el fomento productivo.
Asimismo, pido que se oficie a la ministra del Trabajo y Previsión Social, para que nos informe qué programas de empleo se han implementado en la provincia de Ñuble y qué labor está realizando el Sence en materia de capacitación.
Es fundamental que los organismos dependientes del Ministerio de Economía y del Ministerio del Trabajo cuenten con los recursos necesarios para mejorar la situación que hoy enfrenta la mayor parte de los trabajadores de la provincia de Ñuble.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN PRESUPUESTO DE 2015 PARA ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN DE LOTEOS E INFORMACIÓN SOBRE LOTEOS SANEADOS Y NO SANEADOS EN EL PAÍS (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
señor presidente, la vivienda es el lugar fundamental en la vida de todas las personas que integran una familia. Contar con techo y abrigo es parte de la dignidad humana, pues permite disponer de un lugar de encuentro para la familia y para la vida en sociedad.
Pese a la importancia de la vivienda en la vida de los seres humanos, debemos reconocer que una parte importante de la población no tiene acceso a ella, y que otra parte, no obstante tener acceso, se encuentra en serios problemas de precariedad.
En este sentido, cabe señalar que en nuestro país existe una gran cantidad de loteos irregulares, esto es, con problemas de saneamiento legal, pues sus ocupantes no tienen títulos de dominio, y que carecen de servicios básicos, como urbanización, pavimento de calzadas y de veredas, alumbrado público, agua potable, servicios de recolección de basura, en fin.
Al no contar con las condiciones de urbanización y sus correspondientes planos de loteo, las viviendas no pueden ser recepcionadas por la dirección de obras de la municipalidad correspondiente, por lo que no es posible obtener el certificado de recepción definitiva.
El origen de este problema tiene que ver, en muchos casos, con el deseo de las personas de adquirir lotes a un precio más económico. Sin embargo, esa oferta se traduce en una situación irregular, pues, en la práctica, muchas familias adquieren loteos que no cumplen con el requisito de urbanización de los terrenos, previo para la subdivisión y venta de los mismos, y para la posterior entrega del título de dominio.
La falta de regularización y de saneamiento de los loteos genera importantes problemas para sus adquirentes, como la imposibilidad de postular a los subsidios que otorga el Estado a través del Servicio de Vivienda y Urbanización, o a créditos de instituciones financieras, por no contar con los certificados correspondientes. Asimismo, las precarias condiciones de los loteos, que no cuentan con los servicios básicos de agua potable y de alcantarillado, provocan problemas en la salud y en la calidad de vida de quienes tienen sus viviendas en ellos.
Pese a los problemas que genera esta situación a las familias que adquieren ese tipo de bienes, que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población, resulta oneroso incurrir en una regularización, por lo cual es fundamental el apoyo de los organismos estatales para terminar con esta realidad.
En este sentido, se han dictado leyes cuyo objetivo ha sido salvar este tipo de situaciones. Así, la ley N° 20.234, de 2008, estableció un plazo de 24 meses para que los loteos de bienes raíces se acogieran a un procedimiento simplificado de regularización.
Luego, la ley N° 20.562 estableció un procedimiento sencillo y un plazo de tres años, hasta el 25 de enero de 2015, para el saneamiento y regularización de las condiciones de urbanización de loteos, tanto urbanos como rurales, que no cuentan con la recepción definitiva de la respectiva dirección de obras municipales.
Sin embargo, aún existen muchas familias cuyos loteos continúan en situación de irregularidad, pese a que el plazo establecido por la ley se encuentra muy próximo a vencer. Por ejemplo, en la Región de Valparaíso se encuentran catastrados, aproximadamente, 205 loteos irregulares, de los cuales, desde 2010 a la fecha, se han recepcionado solo 37.
Actualmente, se encuentran en tramitación 52 loteos correspondientes a la comuna de Viña del Mar, con 18 expedientes.
Siendo así, en lo que resta del plazo de vigencia de la ley, aún quedarían 116 loteos irregulares por gestionar, por lo que resulta de toda lógica concluir que el plazo de la ley actual debería ser prorrogado. Con ese objetivo, presenté un proyecto de ley que prorroga por tres años la vigencia de la ley N° 20.234.
No obstante, para solucionar el problema descrito, se requiere que el Ministerio de Vivienda y los respectivos Serviu destinen recursos humanos y consideren en sus respectivos presupuestos el financiamiento para abordar esta importante tarea.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que incorpore en el Presupuesto para 2015 los montos necesarios para efectuar todos los estudios que se requieran para regularizar esta situación, que se ha mantenido por tantos años en muchas comunas del país.
Asimismo, pido que la ministra de Vivienda y Urbanismo y el subsecretario de esa cartera instruyan a los seremis de Vivienda y a los directores del Serviu de todas las regiones que nos remitan información sobre la cantidad de loteos irregulares que aún existen en cada una de las regiones y comunas del país, sobre el programa de saneamiento propuesto por el ministerio para subsanar el problema y sobre cuántos loteos irregulares se han saneado luego de la aplicación de la ley N° 20.234, de 2008, y de la ley N° 20.562.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SAN FERNANDO (OFICIO)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
señor presidente, el promedio de asignación de raciones alimenticias por la institución pertinente a establecimientos municipales de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins está por sobre el 87 por ciento; sin embargo, la más baja de dichas asignaciones corresponde a la entregada a la comuna de San Fernando.
Por lo tanto, pido que se oficie al concejo de San Fernando, a fin de que nos informe las razones por las cuales no se han entregado las raciones que corresponden a los establecimientos educacionales municipales de la comuna.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE DEUDA IMPAGA DE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO A CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL (OFICIO)
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
señor presidente, pido que se oficie al concejo de San Fernando, para que nos informe sobre la deuda que el municipio mantiene desde hace varios años con la Corporación de Asistencia Judicial de la comuna, surgida de un convenio entre ambas instituciones. Todos sabemos que quienes recurren a la Corporación son precisamente las personas más humildes.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ASIGNACIÓN DIRECTA DE VIVIENDA A FAMILIA DE PEUMO (OFICIO)
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
señor presidente, tengo en mi poder una carta remitida a la Presidenta de la República por una familia de Peumo que tiene un hijo que padece de tetraplejia. En dicha carta la familia informa que en su ficha de protección social le asignaron 2.242 puntos. En varias oportunidades han postulado al subsidio habitacional para asignación de vivienda usada, pero aún no se lo han adjudicado.
Por lo tanto, pido que se oficie a la Presidenta de la República a fin de hacerle llegar la referida carta y solicitarle que tenga a bien instruir a la ministra de Vivienda y Urbanismo que haga una asignación directa de una vivienda a la familia cuya individualización se encuentra en el documento que haré llegar a la Secretaría.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA EN VILLA EDUARDO BARRIOS, COMUNA DE SAN FERNANDO (OFICIO)
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Por último, pido que se oficie a la intendenta de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, señora Maureen Contreras, con el objeto de que me informe sobre lo que está ocurriendo con el proyecto de construcción de una multicancha en la villa Eduardo Barrios, comuna de San Fernando.
Hace bastante tiempo que el proyecto se encuentra en la intendencia y aún no sabemos qué sucede con el proceso de revisión y posterior adjudicación de su ejecución.
Hago esta petición en nombre del presidente de la junta de vecinos, porque, lamentablemente, todavía no hay una respuesta de la intendenta de la Región de O’Higgins.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando a la Mesa.
PATROCINIO DEL EJECUTIVO A PROYECTO QUE AUTORIZA A MUJERES TRABAJADORAS PARA INCORPORAR COMO CARGAS A SUS CÓNYUGES (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
señor presidente, pido que se oficie a las ministras del Trabajo y Previsión Social, del Sernam y de Salud, con el objeto de informarles que, junto con la diputadaClaudia Nogueira y el diputadoVíctor Torres, presentamos un proyecto de ley que busca terminar con una brutal discriminación que existe en Fonasa, relacionada con la prohibición de que las mujeres puedan incluir como carga a su cónyuge.
Como todos sabemos, un hombre puede incorporar como carga a su mujer, pero una mujer no puede hacer lo mismo con su cónyuge, a menos que sea beneficiario de una pensión de invalidez. Me parece que este es uno de los resabios machistas que aún quedan en nuestra legislación.
Por eso, solicito a las ministras señaladas que estudien la posibilidad de que el Ejecutivo dé su patrocinio al proyecto mencionado.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE DEMORA EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN COMUNA DE PANQUEHUE (OFICIOS)
La señora RUBILAR (doña Karla).-
En segundo lugar, pido que se oficie a la ministra de Salud, a fin de informarle que durante el gobierno del Presidente Piñera, el Servicio de Salud de Aconcagua aprobó un programa de inversiones que consideraba la ejecución de 16 Centros de Salud Familiar (Cesfam).
Hoy se registra un avance de 86 por ciento de las obras, pero entre los proyectos pendientes está el Cesfam de la comuna de Panquehue, que cuenta con un convenio de mandato del gobierno regional de Valparaíso por 2.016 millones de pesos para el presente año -hay que considerar que ya estamos en octubre-, cuya fuente de financiamiento es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
El convenio de mandato consta en el oficio ordinario N° 273, de 3 de septiembre de 2014, pero por razones que desconozco el actual director del Servicio de Salud de Aconcagua ha ignorado este documento que recibió por correo certificado el 4 de septiembre del año en curso.
Por eso, pido que también se oficie al intendente de la Región de Valparaíso, a fin de informarle que el convenio de mandato está en el GORE para su firma. Ello permitirá iniciar la construcción del Cesfam a la brevedad, porque los habitantes de Panquehue lo están esperando.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando a la Mesa.
FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE TITULACIÓN PENDIENTES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson, por el tiempo que le resta al Comité Independiente.
El señor JACKSON.-
señor presidente, la Universidad Tecnológica Metropolitana, más conocida como UTEM, es una institución pública de educación superior creada por la ley N° 19.239, de 1993.
El inciso segundo del artículo 1° de su Estatuto Orgánico establece lo siguiente: “Se ocupará, en un nivel avanzado, de la generación, cultivo y transmisión de conocimientos, por medio de la investigación básica y aplicada, la docencia y la extensión en tecnología; de la formación académica, científica, profesional y técnica, orientada preferentemente al quehacer tecnológico, como asimismo, de la creación artística y la transferencia tecnológica.”.
A pesar de que su misión contiene un fuerte sentido público, la privatización del sistema de educación superior ha generado algo tan absurdo como que las prácticas de mercado, que distorsionan el correcto funcionamiento de las instituciones, también lleve a las universidades públicas a funcionar como si fueran privadas, es decir, a través del autofinanciamiento.
Ya conocemos públicamente el caso de los estudiantes de criminología de la UTEM, pero es necesario que tomemos conciencia de que la lógica de mercado que impera para las universidades y para el resto de las instituciones de educación superior ha generado no solo estas prácticas, sino muchas otras que son nocivas para sus estudiantes.
Mientras no modifiquemos la estructura del sistema de educación superior, mientras no avancemos del financiamiento de la demanda al financiamiento de la oferta y mientas no exista una real fiscalización con atribuciones para hacer cumplir la ley, lamentablemente, seguiremos conociendo casos que perjudican a los estudiantes y a la sociedad.
Esta vez, hemos recibido una denuncia de José Luis Carreño, estudiante de la UTEM, a quien se le habría impedido la titulación por mantener deudas con la universidad, a pesar de que sus estatutos no consideran las deudas como causal que impida la titulación. Así lo habría confirmado meses después la Contraloría General de la República, mediante oficio N° 061653, de fecha 12 de agosto de 2014, a raíz de la denuncia del mismo estudiante.
A pesar del oficio, José Luis debió endeudarse con un crédito de consumo para pagar el saldo y poder titularse. Aunque José Luis pudo titularse finalmente recurriendo al endeudamiento, la práctica de la universidad de impedir la titulación por esta vía no solo vulnera el mandato legal del servicio público, sino que, derechamente, contraviene sus estatutos.
Independientemente del caso de José Luis, me preocupa que, a partir de este tipo de prácticas, otros estudiantes se vean obligados a seguir aumentando sus deudas para poder trabajar y recibir una remuneración justa para su mantención. Ya he tomado conocimiento de por lo menos otros cuatro estudiantes que se encontrarían en la misma situación.
Por lo tanto, solicito que se oficie al director de Educación Superior del Ministerio de Educación, a fin de que fiscalice los procesos de titulación de la Universidad Tecnológica Metropolitana y de las distintas universidades del Estado, los procedimientos de titulación que actualmente se encuentran pendientes y que, a partir de ello, no se impida la finalización del proceso por deudas pendientes.
Asimismo, pido que se oficie también al rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, a fin de que me informe sobre todos los procesos de titulación que se encuentran pendientes por estar los respectivos estudiantes en mora con la universidad.
Para terminar, pido que se adjunte a ambos oficios el texto de mi intervención, y el oficio N° 061653, de 12 de agosto de 2014, de la Contraloría General de la República.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando y de quien habla.
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES EN SECTORES DE PEDEHUE Y KILÓMETRO 7.200 DE LA LOCALIDAD (OFICIO)
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
señor presidente, restan 49 segundos al Comité Independiente. ¿Puedo hacer uso de ellos?
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra su señoría.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
señor presidente, pido que se oficie al director de Vialidad, con el objeto de hacerle presente la situación que está viviendo un sector rural cordillerano de la comuna de San Fernando, en el cual lamentablemente existen problemas de seguridad que afectan a agricultores, campesinos y temporeros. Lo mismo ocurre en un sector de Pedehue y en el kilómetro 7.200 de esa localidad.
Esperamos que, como consecuencia de los oficios que ha enviado la junta de vecinos Sol de América se construyan las protecciones solicitadas en ambos sectores, toda vez que, como digo, allí existen problemas de seguridad porque se encuentran a orillas de un canal.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ENVÍO DE BASES DE LICITACIÓN PARA RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL “NARANJITAS”, COMUNA DE ÑUÑOA (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra, por ocho minutos y 30 segundos, la diputada señora Maya Fernández.
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-
señor presidente, el jardín infantil “Naranjitas”, de Ñuñoa, está siendo afectado desde 2011 por una plaga de termitas, y la única solución sería la demolición de la propiedad y el levantamiento de una nueva estructura.
El jardín depende de la Corporación de Educación del municipio de Ñuñoa, cuyo director informó, en septiembre de este año, que el cuarto llamado a licitación había fracasado, lo que pondría en peligro la reconstrucción del jardín, lo que obligaría a relocalizar a los niños. La situación ha generado mucha preocupación entre los apoderados.
El jardín infantil está ubicado en la población Exequiel González Cortés, de la comuna de Ñuñoa. Es un jardín de barrio, muy importante, que no se debe perder, especialmente en un momento en que estamos en proceso de fomento de la educación preescolar y de jardines infantiles cercanos a las familias para que los niños no tengan que viajar, lo que es muy importante.
Por eso, pido que se oficie al alcalde de Ñuñoa, con el objeto de solicitarle que remita copia de las bases de licitación del proyecto mencionado y de los cuatro llamados a licitación realizados, ajuntando los resultados de los mismos y el actual estado del proceso. Ante el eventual fracaso del llamado a la última licitación, pido que remita los planes contemplados por el municipio para ofrecer una solución satisfactoria a los padres, apoderados y trabajadores del jardín infantil “Naranjitas”.
Por último, pido que la información sea enviada a la Dirección del jardín infantil en cuestión.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo están solicitando y de quien preside.
PREOCUPACIÓN POR DEMORA EN DICTACIÓN DE REGLAMENTO PARA TAXISTAS Y COLECTIVEROS AFECTOS A LEY N° 20.696, QUE OTORGA BENEFICIOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO (OFICIO)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra el diputado señor Luis Rocafull.
El señor ROCAFULL.-
señor presidente, en septiembre de 2013 se promulgó la ley N° 20.696, que otorga beneficios para el transporte público y permite, entre otras cosas, el ingreso del gremio de taxistas y colectiveros al sistema de transporte público de personas, lo que, sin duda, para este gremio constituyó un importante logro.
La verdad sea dicha, la puesta en práctica de esta ley para el gremio de taxistas y colectiveros aún está pendiente. Por tal motivo, no han recibido sus beneficios, entre los que destaca el subsidio para la renovación de vehículos. En efecto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene la potestad y la obligación de elaborar el reglamento. Sin embargo, a poco más de un año de la promulgación de la ley, aún se espera su puesta en marcha.
Esta situación preocupa sobremanera, porque si antes de fin de año el ministerio no dicta el mencionado reglamento, más de seiscientos vehículos de la Región de Arica y Parinacota, entre taxis colectivos y taxis, deberán salir de circulación para siempre.
Por ello, un grupo de dirigentes del gremio de la Región de Arica y Parinacota, preocupados por su fuente de trabajo, me ha señalado que al parecer ese reglamento contiene disposiciones que no reconocen ni recogen las características especiales de las regiones extremas de nuestro país, principalmente, de la región que represento, lo que contradice el proceso de descentralización que este Gobierno está llevando adelante.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que informe a esta Cámara de Diputados acerca del plazo con que cuenta dicho ministerio para la dictación del reglamento que incorpora beneficios para el transporte público al amparo de la ley N° 20.696.
Además, de existir una propuesta de dicho reglamento, solicito que se adjunte una copia de la misma.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PRECISIÓN DE CONCEPTO “FACTIBILIDAD DE AGUA” CUANDO SE PRODUCEN SUBDIVISIONES PREDIALES PARA CAMBIAR EL USO DEL SUELO (OFICIO)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra el diputado señor Raúl Saldívar.
El señor SALDÍVAR.-
señor presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que precise con mayor rigor el concepto “factibilidad de agua” cuando se producen subdivisiones prediales con el fin de cambiar el uso del suelo, ya sea para extensión habitacional o bien para otros fines.
El propósito es evitar una situación que se produce cuando se realizan subdivisiones prediales para generar parcelas de agrado. En esos casos, se establece que existe factibilidad de agua, pero eso puede ser para el día del juicio final.
Las personas generan una demanda sobre los municipios, pidiendo que sea el propio municipio el que suministre el agua.
Por lo tanto, solicito que se precise de mejor forma el concepto “factibilidad de agua”, porque no se establece que exista una fuente de agua, un sistema acumulador y otro distribuidor.
Cuando se forman nuevos lotes, se le dice a la gente que el terreno tiene factibilidad de agua; pero mientras llega ese día, el municipio recibe una sobrecarga en la distribución que se vuelve insoportable e insostenible por los costos y por la operación en sí misma.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR CARENCIAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN CHILOÉ (OFICIO)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra la diputada señora Jenny Álvarez.
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
señor presidente, las carencias en materia de salud pública en Chiloé no son ninguna novedad. Todavía están frescas las movilizaciones por muertes evitables y por la falta de especialistas en la comuna de Quellón, provincia de Chiloé, y más recientemente las movilizaciones que demandan avances en infraestructura, tanto hospitalaria como en lo que concierne a la atención primaria.
Hace unos días renunciaron cinco directores médicos del hospital de Castro. Luego, el gremio de enfermeros y matronas paralizó sus labores a causa de las malas condiciones en las cuales se encuentran trabajando, con jornadas extensas, falta de capital humano, inseguridad laboral y carencia de equipos técnicos e insumos para otorgar una atención oportuna ante la alta demanda existente en la capital provincial de Chiloé.
Tenemos que preocuparnos de los trabajadores de la salud, porque si ellos están pasando situaciones laborales complicadas, difícilmente podrán atender bien las demandas de la ciudadanía. En ese sentido, lamento la falta de un diálogo efectivo entre el Servicio de Salud Chiloé y los gremios, ya que esto no permite avanzar en las soluciones requeridas.
Toda esta situación solo nos desvía del objetivo principal que es la atención oportuna de los usuarios de la salud pública, que son prioridad para el gobierno de la PresidentaBachelet, quien ha anunciado una alta inversión pública en el área de la salud para los próximos años.
Los usuarios de la salud pública requieren una mejor atención, especialmente en zonas como Chiloé y Palena, donde existen enormes demandas y carencias en la atención.
Por todo lo anterior, solicito que se oficie a la ministra de Salud para consultar si está al tanto de esta situación y para que informe cómo se abordará el descontento que están manifestando los trabajadores y los gremios de la salud de Chiloé, que sienten que sus demandas no son escuchadas. El objetivo es concentrarnos en lo fundamental, que es avanzar en la concreción de obras y en el incremento del capital humano que permita a los habitantes de las comunas e islas de Chiloé recibir la atención digna que merecen.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INVESTIGACIÓN PARA ACLARAR DOMINIO DE PROPIEDAD RAÍZ DENOMINADA CERROS COMUNES DE MACHALÍ (OFICIO)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por tres minutos y medio, el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
señor presidente, pido que se oficie al ministro de Bienes Nacionales y se adjunte copia del mismo a la seremi de Bienes Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, para pesquisar la correcta aplicación de la ley N° 15.712, de 1964, del Ministerio del Interior, que declaró de utilidad pública los tradicionalmente conocidos como “cerros comunes de Machalí”.
Existirían distintas denuncias, algunas ya en el Ministerio de Bienes Nacionales, en cuanto a que se poseen distintos terrenos -con sus mapas respectivos que dan cabida a dichas propiedades, autorizadas incluso por el SAG, en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, con superposición de dichos terrenos.
Se trata de terrenos extensos. Hay roles que dicen ser fiscales y que habrían sido absorbidos por nuevos roles otorgados por el Servicio de Impuestos Internos.
Sería bueno realizar una investigación exhaustiva que permita aclarar el dominio de esta propiedad raíz, que además tiene a muchas personas al borde de una posible situación de carencia de propiedad y de casa, en caso de perder sus terrenos debido a la situación someramente descrita, cuyo detalle acompañaré a la Secretaría para no hacer más extensa mi intervención en este punto.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ENTREGA DE SOLUCIÓN HABITACIONAL A FAMILIAS DE DOÑIHUE AFECTADAS POR TERREMOTO DE FEBRERO DE 2010 (OFICIO)
El señor RINCÓN.-
señor presidente, el 50 por ciento de las 150 familias que reúne el comité Valle San Francisco, de la comuna de Doñihue, se encuentran aún afectadas por el terremoto de 2010.
Solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo para que a esas familias afectadas por el terremoto se les pueda dar a la brevedad una solución habitacional, toda vez que ya han pasado más de cuatro años desde el terremoto.
Existiría un terreno y un proyecto para dar una solución, pero se requiere de la colaboración del ministerio en el proceso de calificación para el otorgamiento de subsidios. La espera ha sido demasiado extensa.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y VIGENCIA DE CONVENIO RESPECTO DE ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL (OFICIO)
El señor RINCÓN.-
señor presidente, en tercer lugar, pido que se oficie al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, con copia al encargado de la Comisión Asesora Regional de dicha entidad, para que informe a la Cámara de Diputados acerca del estado y vigencia del convenio referido a la estación de ferrocarriles de la comuna de San Francisco de Mostazal, considerada monumento nacional, que se encuentra en un estado deplorable de abandono.
De encontrarse vigentes los convenios, la mantención de este monumento nacional sería de responsabilidad del municipio de San Francisco de Mostazal. Además, la Ley de Casinos permite invertir en obras civiles.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
RECURSOS EN LEY DE PRESUPUESTOS PARA COMPRA DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (OFICIO)
El señor RINCÓN.-
señor presidente, por último, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, a fin de que en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2015, se vea la posibilidad de implementar un plan de compra de terrenos para vivienda. De lo contrario, se continuará encareciendo el suelo, permitiendo con ello que se lucre en exceso y se postergue en forma indefinida, a veces en demasía, la adquisición de terrenos viables para emplazar allí viviendas sociales.
A mi juicio, debe existir una política de compra de suelo por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que vaya de la mano de una política de subsidio, que hasta la fecha no hemos visto incluso en los gobiernos anteriores.
Por ello, creo que es bueno iniciar esa discusión en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, actualmente en trámite en el Parlamento.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE RESOLUCIONES EN MATERIA AMBIENTAL (OFICIO)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
tiene la palabra el diputado señor ClaudioArriagada.
El señor ARRIAGADA.-
señor presidente, en las comunas que represento hay serios conflictos ambientales. Uno de ellos se viene produciendo desde hace muchos años, y tiene que ver con algunas empresas que trabajan el cuero y arrojan la totalidad de sus desechos industriales al Zanjón de la Aguada, generando un deterioro muy fuerte en la calidad de vida de la población.
Ayer, la Cámara celebró una sesión especial para analizar el drama que está viviendo la comuna de Quintero, y otras comunas adyacentes, debido a la contaminación que se produjo en el mar por el derrame de petróleo.
En 2012, se aprobó la creación de tres tribunales ambientales -lo recordarán los diputados más antiguos-, que cuentan con una plaza bastante abultada para atender todas las demandas. En el caso de la Región Metropolitana, hay tribunales ambientales que reciben un conjunto de materias que no se resuelven en forma oportuna, o simplemente no se resuelven. Además, también existen problemas de competencia.
Por ello, pido que se oficie al ministro del Medio Ambiente, a fin de saber cuántas son las resoluciones que se dictan a favor de los pobladores cuando presentan reclamos por situaciones que afectan su calidad de vida y cuántas permanecen por largo tiempo sin resolverse.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa.
MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ARANCELES DE NOTARÍAS Y CELERIDAD A PROYECTO QUE CREA NUEVO SISTEMA NOTARIAL (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky.
El señor PILOWSKY.-
señor presidente, el pasado 9 de julio solicité que se oficiara al ministro de Justicia a fin de que se me informara la razón por la cual las notarías hacen cobros arbitrarios y abusivos en los trámites en que se requiere su firma o registro.
La situación que originó mi petición es -por lo que me han señalado vecinos y vecinas de las comunas que represento en la Cámara, y que pude constatar personalmente debido a la disparidad totalmente arbitraria que existe en los aranceles que cobran los notarios públicos entre una y otra comuna y entre una y otra notaría. En definitiva, cada notario cobra lo que desea sin cumplir con la legislación vigente.
En efecto, los notarios deben, legalmente, dar cumplimiento al decreto N° 587, de 1998, del Ministerio de Justicia, que fija los precios que deben cobrar para las diversas actuaciones que se realizan en sus oficinas.
En muchas ocasiones, los trámites que se deben realizar ante notario no son necesariamente voluntarios, sino que es la ley la que los mandata para que hagan una certificación notarial respecto de determinados documentos. Por lo tanto, es un servicio al que recurren normalmente muchos ciudadanos y ciudadanas.
Adicionalmente, la legislación vigente señala que son los ministros de las cortes de apelaciones quienes deben fiscalizar las notarías de sus jurisdicciones.
El ministro de Justicia dio respuesta a ese oficio el 26 de septiembre recién pasado. ¿Qué señala al respecto? Que se está trabajando en un proyecto de ley para modificar el sistema notarial en nuestro país, estableciendo requisitos y formas de acceso, la creación de nuevas notarías y la determinación de procedimientos de fiscalización, entre otros elementos.
Sin embargo, creo que los vecinos y vecinas de nuestras comunas no pueden seguir esperando. Mientras se tramita el proyecto, que se presentaría recién en marzo de 2015, no veo razón alguna para seguir aceptando que los notarios, que, como ustedes saben, son ministros de fe, sigan incumpliendo la normativa vigente, sin sanción de ninguna especie por cobros abusivos y poco transparentes que realizan diariamente.
Por lo anterior, pido que se oficie nuevamente al ministro de Justicia a fin de que adopte las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a la normativa vigente de parte de los notarios.
Asimismo, para que se acelere la tramitación de un nuevo sistema notarial que establezca un sistema de acceso, de fiscalización y de reclamo más eficiente; valores accesibles para quienes utilicen los servicios notariales; obligación de publicar los aranceles en lugares visibles, cuestión que hoy está establecida en la ley, pero que finalmente no se cumple en términos de los aranceles que se fijan en las notarías; la prohibición de cobros de aranceles diferenciados entre las distintas notarías, y un régimen de sanciones que haga efectiva la normativa vigente.
Por último, pido que se envíe copia de este oficio al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, enviando también copia de su intervención al Presidente de la Corte Suprema, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE CONVENIO DE PROGRAMACIÓN ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y CONSEJO REGIONAL DE LOS RÍOS (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger.
El señor BERGER.-
señor presidente, pido que se oficie a la ministra de Salud, con copia al presidente del consejo regional de Los Ríos, a fin de que informe sobre el estado en que se encuentra el convenio de programación entre la cartera de Salud y el gobierno regional de Los Ríos, firmado en 2013, a través del cual, y a contar de este año, se comenzarían a ejecutar los proyectos de inversión, especialmente en materia de infraestructura hospitalaria, del orden de 136.000 millones de pesos.
Dada la legítima incertidumbre que existe debido a la reevaluación de proyectos en diversas áreas de desarrollo del país a partir de la asunción del actual Gobierno, echando por tierra algunos acuerdos de Estado contraídos con la ciudadanía, es lógico entender la legítima inquietud que existe en los habitantes de las comunas donde se harán estas inversiones, inquietud que también ha estado presente entre miembros del consejo regional de Los Ríos -de todos los colores políticos-, por una serie de señales equívocas que han llegado y que estarían poniendo en entredicho los acuerdos firmados.
Señor Presidente -ruego así transmitírselo a la señora ministra-, me parece de la mayor urgencia que se transparente desde del Ministerio de Salud cuál es la real voluntad que se tiene de cumplir con estos proyectos, respecto de los cuales, por lo demás, el gobierno regional y dicha cartera lograron resolver y pactar tras casi dos años de trabajo conjunto.
En particular, solicito que, con especial detalle, se informe sobre el estado en que se encontrarían las iniciativas cuya inversión sectorial estaba comprometida para el 2014, la habilitación de los hospitales de las comunas de La Unión, Río Bueno y Lanco, tres de las más significativas y urgentes obras para garantizar la salud de la comunidad.
La Unión tenía un compromiso presupuestario de 463 millones de pesos de su cartera para diseños durante este año, que aún no se han ejecutado, y 3.896 millones de pesos para el 2015, para iniciar la construcción. Río Bueno, en tanto, debió haber invertido 205 millones de pesos para diseño, y tener la reserva de otros 2.893 millones de pesos con cargo al 2015, para iniciar su ejecución.
En buen chileno, el Minsal adeuda a la Región de Los Ríos recursos no invertidos que se han ido abultando en la medida en que ha ido pasando el tiempo y las promesas no se cumplen, por lo que nos interesa sobremanera saber cómo y en qué plazo se saldará esa cuenta pendiente.
Asimismo, solicito que en el mismo oficio se recuerde a la señora ministra que en la comunicación 37-96, de esta Cámara, del pasado 19 de agosto, se solicitó que se me informara sobre la voluntad de la nueva administración de llevar a buen puerto el traspaso del consultorio externo, en Valdivia, a la administración municipal.
Tras haber pasado un tiempo prudente de cincuenta días, considero que los usuarios y funcionarios de dicho consultorio merecen una respuesta de la autoridad de Salud, sobre todo porque este año los funcionarios de ese servicio han vivido sobre una peligrosa línea de incertidumbre. Sin ir más lejos, ayer iniciaron una paralización, puesto que han tenido cuatro directores de servicio en menos de un año; incluso más, la última directora fue removida esta semana, sin mayores explicaciones.
Estos continuos vaivenes claramente comprometen la certeza de las iniciativas, los acuerdos y los proyectos en desarrollo.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN SOBRE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DEPORTISTAS (OFICIO)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor presidente, en la comuna de San Joaquín, del distrito que represento, existe el club de fútbol Club Real Juventud San Joaquín, que nace al alero de la escuela de fútbol de Iván Zamorano.
Este club ha obtenido importantes logros, tanto a nivel nacional como internacional, y hoy milita en la Tercera División B de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, representando a la comuna de San Joaquín, especialmente a la población La Legua. Esta institución ha sido un gran aliciente para los jóvenes de esta comuna, quienes han optado por el deporte en vez de permanecer en las calles, y combatir con este deporte la estigmatización que sufre principalmente la mencionada población.
Actualmente están jugando la liguilla, por lo que este próximo fin de semana, el sábado 11 de octubre, deben trasladarse a la comuna de Quintero para jugar con Quintero Unido; si ganan, se clasificarán a la liguilla final para subir a la Tercera División A, y así acercarse un paso más al objetivo final del club, que es llegar al fútbol profesional.
Lamentablemente, pese a la importancia de esta ocasión, la municipalidad de San Joaquín les ha negado el bus de que esta dispone para que estos jóvenes puedan viajar a Quintero y cumplir con su compromiso deportivo. Es más, ellos representan a la comuna, pero no reciben ningún aporte o subvención municipal. A mayor abundamiento, el bus, única prestación de la municipalidad para con ellos, fue solicitado hace más de un mes, y solo el martes pasado, es decir, hace dos días, se les señaló que no podrán ocuparlo, porque ya estaba ocupado. No se dieron más explicaciones. En suma, se les ha negado usar este bien, que pertenece a toda la comunidad, sin la oportuna y clara justificación, lo que claramente constituye un hecho preocupante.
Por lo expuesto, solicito que se oficie, con carácter de urgente, dada la premura del tiempo y la necesidad de dicho transporte, al alcalde de la comuna de San Joaquín, señor Sergio Echeverría García, para que informe a la Cámara de Diputados sobre lo siguiente:
En primer lugar, sobre cantidad, estado, modo de reserva, utilización y forma de distribución de los tiempos de los buses comunales.
En segundo lugar, motivo por el cual se le negó el uso de uno de estos buses al Club Real Juventud San Joaquín, y las razones por las cuales no se le dio aviso con la correspondiente antelación.
Por último, para que comunique la forma en que el Club Real Juventud San Joaquín, dada la importancia de su campeonato, puede reservar desde ya el uso de un bus, de conformidad con su calendario deportivo.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE DIRECTOR DE CODELCO (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.-
señor presidente, el domingo pasado, en el programa de televisión Tolerancia Cero, con mucha sorpresa escuché a un periodista que señalaba a un personero de Codelco, que sus mismos directores creaban empresas y, a la vez, trabajaban para Codelco.
En este proceso se mencionó al director señor Marcos Lima, quien supuestamente tendría y habría creado empresas. Al parecer, el señor Lima ha permanecido durante mucho tiempo en Codelco, como director y en otros cargos.
Para no quedarme con la duda al respecto, quiero que se oficie al vicepresidente ejecutivo de Codelco y al contralor general de la República para que se informe a la Cámara de Diputados cuándo ingresó a Codelco el señor Marcos Lima y en qué calidad. En segundo lugar, me interesa que se nos informe sobre su declaración patrimonial. En tercer lugar, que se nos informe cuándo crea esas distintas empresas -creo que en este punto es necesario enviar oficio al ministro de Economía y cuántos proyectos y contratos se ha adjudicado, en especial, respecto de Codelco.
Reitero esto último porque en la televisión se escuchó y se vio decir que había directores, personeros, incluso ejecutivos, que creaban sus empresas y vendían servicios a la propia Corporación Nacional del Cobre.
Para los efectos de la transparencia y probidad, aquí hay leyes y normas que se deben cumplir, que dicen relación con la imagen pública nacional e internacional de Codelco. Por lo tanto, es importante que esta situación se aclare. Es más, con la PresidentaMichelle Bachelet dijimos que hemos vuelto a la política, pero no para hacer más de lo mismo. Entonces, si me quedara callado, estaría siendo cómplice de una situación que, de verdad, por decir lo menos, es poco transparente.
En razón de lo anterior, solicito que se envíen los oficios a las autoridades que mencioné para que informen respecto del señor Marcos Lima y sus supuestas empresas.
Si bien el señor Marcos Lima aparece como director de Codelco, en el mencionado programa se le preguntó al señor Landerretche qué está haciendo en la actualidad. Más que conocer el presente de las realidades de los ejecutivos que conducen Codelco, es importante conocer el historial de cada uno de ellos, porque si alguno de ellos ve que aquí hay una mina de oro, ello quiere decir que mucha gente no entra al servicio por vocación, sino porque se pueden hacer buenos negocios.
Personalmente, no quiero creer que esta sea una realidad y una verdad, pero si lo es, emplazo al Gobierno a que hagamos las cosas de una manera distinta.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA DE INTENDENTE DE TARAPACÁ A VELATORIO DE NARCOTRAFICANTE (OFICIOS)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Comunista, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
señor presidente, la última encuesta nacional de seguridad ciudadana sobre victimización, ubica a la Región de Tarapacá, que represento, con el 42,9 por ciento de hogares victimizados, el más alto a nivel nacional, en circunstancias de que el promedio nacional es de 26,3 por ciento.
La gran mayoría de las regiones ha bajado los promedios de sensación de victimización; en cambio, en la Región de Tarapacá aumentan los robos, y el narcotráfico se ha transformado en un flagelo.
Mientras los delitos campean en mi región, uno de los delincuentes y traficantes más reconocidos, Jorge Solimano Villanova, falleció el 18 de julio del presente año en la cárcel de Alto Hospicio, donde se encontraba en prisión preventiva por haber sido sorprendido con cincuenta kilos de marihuana y a la espera de un nuevo juicio por la incautación de cien kilos de cocaína.
La sorpresa ciudadana fue mayor al conocerse que, el sábado 19 de julio, alrededor de las 10.20 horas, llegó al velatorio el intendente de la Región de Tarapacá, señor Mitchel Cartes Tamayo, en automóvil fiscal y con escolta de Carabineros.
Ese hecho -la concurrencia a un velatorio de un reconocido narcotraficantea mi entender es inaceptable, pues confunde a la ciudadanía, desvirtúa el interés máximo y el esfuerzo claro de nuestro Gobierno en el sentido de combatir el narcotráfico, más aún en la Región de Tarapacá.
Cualquier forma de complacencia con este flagelo de la droga, sobre todo cuando proviene de la primera autoridad regional, es repudiable. Se ha fragilizado, de alguna forma, la agenda de seguridad pública e incrementado el grado de incertidumbre en la población.
La eventual “amistad” del intendente regional con la familia del occiso no justifica la mala señal que se entregó a la comunidad. Según entiendo, la primera autoridad debe prestigiar su cargo, tener un sentido de responsabilidad en su investidura y dar muestras claras de lucha contra la delincuencia, principalmente contra el narcotráfico.
Por ello, solicito los siguientes oficios:
Primero, al ministro del Interior, con el fin de que me informe sobre las razones que llevaron al intendente de Tarapacá, señor Mitchel Cartes Tamayo, a concurrir al velatorio de un reconocido narcotraficante, con un largo prontuario delictual y que se encontraba en prisión preventiva al momento de su fallecimiento.
Segundo, al director de la Agencia Nacional de Inteligencia para que me informe si estaba en conocimiento de estos hechos.
Tercero, al subsecretario del Interior, a fin de que me remita la bitácora del vehículo fiscal usado el 19 de julio de 2014 para asistir al velatorio del narcotraficante.
Cuarto, al general director de Carabineros de Chile, con el objeto de que me informe si el 19 de julio del presente año dispuso de algún edecán o escolta de acompañamiento para el intendente Cartes.
Y, quinto, al contralor general de la República para que investigue posibles contravenciones al principio de probidad administrativa.
Señor Presidente, creo que estos oficios son pertinentes, en el contexto de que es imposible aceptar que un intendente concurra a una ceremonia, aunque sea un velatorio, de un narcotraficante que tuvo un largo prontuario y que lo único que logró fue llevar más inseguridad a la población de Tarapacá, que está en un combate claro y abierto en contra del narcotráfico.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.55 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
VIII.ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.01 horas.
El señor OJEDA (Presidente accidental).
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE DIVERSAS MATERIAS RELACIONADAS CON DOBLE VÍA VALLENAR‐CALDERA Y VALLENAR‐LA SERENA, Y SOBRE CRITERIOS PARA CONTRATACIÓN DE INSPECTORES FISCALES DE EXPLOTACIÓN (OFICIOS)
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- señor presidente, en la última década, la Región de Atacama ha mejorado su infraestructura vial por medio del sistema de concesiones, implementado por el Ministerio de Obras Públicas. Es así como se encuentra funcionando el tramo de doble vía desde Vallenar a Caldera, ruta entregada en concesión a la empresa Valles del Desierto, y se encuentra en construcción la ruta desde Vallenar a La Serena, también en la modalidad de concesión.
Esa forma de inversión exige a los actores públicos disponer de un sistema de administración y fiscalización eficientes para que dichas vías sean mantenidas y administradas en forma eficiente y, además, mantengan una buena relación con las comunidades y los aspectos ambientales.
El tramo Vallenar-Caldera de la ruta 5 Norte se encuentra operando con estándares que no cumplen con la exigencia vial para que los vehículos puedan circular a 120 kilómetros por hora, a diferencia de lo que ocurre en todos los demás tramos concesionados de la ruta 5, tanto hacia el norte como hacia el sur del país.
Recientemente, el Ministerio de Obras Públicas anunció un plan de concesiones de varias rutas en el país, como una forma de generar condiciones que permitan mejorar la infraestructura vial y apoyar la recuperación económica de nuestro país. Al respecto, no se menciona si se realizarán las inversiones en esa ruta para subir el estándar y permitir el aumento de la velocidad a 120 kilómetros por hora.
Asimismo, el tramo La Serena-Vallenar, de la ruta 5 Norte, se encuentra en etapa de construcción. Al respecto, es de especial preocupación de este diputado la ubicación de los peajes, entendiendo que uno de ellos debe emplazarse en la Región de Coquimbo.
Además, no puedo dejar de mencionar algunos aspectos importantes que preocupan a los habitantes de la región que represento y particularmente a mí, en relación con los inspectores fiscales del Ministerio de Obras Públicas que cumplen funciones en la Región de Atacama.
Primero, la gran rotación de inspectores fiscales de explotación y el escaso tiempo de permanencia trae como consecuencia un desconocimiento de los problemas locales en ámbitos como gestión de servicio a los usuarios y necesidades de mejoras y accesibilidad a la ruta, lo que implica una deficiente respuesta a las solicitudes de los usuarios. Se observa que, en promedio, los inspectores en nuestra región duran entre seis y siete meses en sus cargos; la existencia de inspectores fiscales nombrados desde el nivel central, con visitas esporádicas a la región, en general cada quince días y con permanencia inferior a cuatro días al mes, implica un escaso involucramiento con los problemas regionales; la poca comunicación de inspectores fiscales de explotación con autoridades regionales y las comunidades, incide directamente en la respuesta de autoridades a la comunidad; la formación profesional a veces no es la adecuada, pues se nombra a un ingeniero comercial como inspector fiscal para la Región de Atacama. Por lo tanto, es necesario contar con un inspector fiscal permanente y con asiento en dicha región, con el fin de llevar adelante las obras complementarias necesarias para elevar el nivel de servicio y medidas de seguridad, sobre todo porque pronto tendremos concesionada la ruta 5 Norte desde La Serena a Copiapó.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe cuál es el cronograma para el mejoramiento de estándar de la ruta Vallenar-Caldera, considerando los siguientes aspectos: primero, resguardar que la ubicación de dichos peajes garantice un pago equitativo por el uso de las vías, tanto para los habitantes de la Región de Coquimbo como de Atacama; segundo, enviar los criterios y flujos viales e ingresos usados y estimados para cada peaje, y tercero, informar respecto de la política y los perfiles que emplea el Ministerio de Obras Públicas para seleccionar y contratar a los inspectores fiscales que cumplen funciones en las rutas concesionadas.
Asimismo, solicito que se envíe copia de este oficio al intendente de la Región de Atacama, al seremi de Obras Públicas de dicha región, al director nacional de Vialidad y al director regional de Vialidad de Atacama, con el objeto de que dichas autoridades informen a la Cámara de Diputados lo siguiente: fecha y cronograma de implementación de mejoramiento de estándar para aumentar la velocidad a 120 kilómetros por hora en la ruta 5 Norte, tramo Vallenar-Caldera, y respecto de la ruta 5 Norte, tramo La Serena-Vallenar, los criterios, flujos viales e ingresos usados y estimados para determinar la ubicación de los peajes; cuáles son las consideraciones para dejar que en ese tramo de la carretera los vehículos circulen hasta 120 kilómetros por hora, lo que el proyecto original no consideraba, y, por cierto, la política y perfiles que emplea el Ministerio de Obras Públicas para seleccionar y contratar a los inspectores fiscales que cumplen funciones en las rutas concesionadas, particularmente en Atacama, con la propuesta mía de que se contrate a un inspector fiscal que viva en dicha región y que responda el Ministerio de Obras Públicas en relación con sus funciones.
He dicho.
El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia íntegra de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.09 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN Nº 8.048‐13)
“Valparaíso, 8 de octubre de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que precisa normas vigentes para asegurar los derechos de las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales, correspondiente al Boletín Nº 8.048-13, con las siguientes enmiendas:
ARTÍCULO 1° Número 1)
Ha modificado el texto que propone, de la siguiente manera:
-Ha intercalado, a continuación de la expresión “mayor valor,”, la frase “tales como las gratificaciones legales, la”.
-Ha reemplazado la coma (,) que precede a la locución “condiciones laborales” por la conjunción “y”.
-Ha suprimido la frase “y garantías respecto de los pagos a que alude el inciso siguiente”, y ha agregado la oración final que sigue: “Del mismo modo, se dará prioridad a las propuestas que garanticen los pagos a que alude el inciso siguiente.”.
Número 2)
Ha modificado el inciso segundo que sugiere, del modo que sigue:
-Ha reemplazado la frase “de las manipuladoras de alimentos” por “del personal que se desempeña en la manipulación de alimentos”.
-Ha insertado, a continuación de la palabra “febrero”, la frase “en las mismas condiciones de los meses precedentes”.
ARTÍCULO 2°
Ha introducido las siguientes modificaciones en el artículo 75 bis que contiene:
-Ha reemplazado, en su inciso primero, la locución “ley 19.886” por “ley N° 19.886”.
-Ha sustituido, en su inciso segundo, la frase “las indemnizaciones por años de servicio que correspondan” por “la indemnización por años de servicio respectiva”, y ha reemplazado la expresión “por a lo menos” por “a lo menos por”.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.402, de 5 de agosto de 2014.
Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado
2. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9.520‐05)
“Valparaíso, 8 de octubre de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 9520-05:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Autorízase al Ministro de Hacienda para que, mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, efectúe, durante los dieciocho meses siguientes a la publicación de la presente ley y previo informe favorable de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile, por un monto de hasta 450.000.000 de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional, en una o más transferencias.
Artículo 2º.- Agrégase, en el artículo 2° del decreto ley N° 3.472, del Ministerio de Hacienda, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, la siguiente letra h):
“h) Un aporte fiscal de 50.000.000 de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.”.
Artículo 3°.- Autorízase para que, a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2017, ambas fechas incluidas, puedan acceder al Fondo de Garantía para los Pequeños Empresarios, establecido en el decreto ley N° 3.472, del Ministerio de Hacienda, de 1980, las empresas cuyas ventas netas anuales no excedan de 50.000 unidades de fomento.
Con todo, el mencionado Fondo no podrá garantizar a las empresas a que se refiere el inciso anterior más del 50% del saldo deudor de cada financiamiento, con un monto máximo de 10.000 unidades de fomento, o su equivalente en moneda nacional o extranjera.
Corresponderá al Administrador del Fondo especificar, en las bases de licitación, las condiciones generales en que las instituciones participantes y las empresas a que se refiere el inciso primero de este artículo podrán acceder a la garantía y hacer uso de los derechos de garantía licitados. En todo caso, en las bases se establecerá el porcentaje del total de garantías a licitar a empresas cuyas ventas anuales superen las 25.000 unidades de fomento y no excedan las 50.000 de dichas unidades, el cual no podrá ser mayor al 50% del monto licitado.
Artículo 4°.- La aplicación de esta ley se financiará con cargo a los activos financieros disponibles, en moneda nacional o extranjera, en el Tesoro Público.”.
-Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”
3. INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA EL ADMINISTRADOR PROVISIONAL Y ADMINISTRADOR DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ESTABLECE REGULACIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE SOSTENEDORES EDUCACIONALES (BOLETÍN N° 9333‐04)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación informa, en tercer trámite constitucional, el proyecto de la referencia, originado en Mensaje, el cual cuenta con urgencia calificada de suma.
A la sesión que la Comisión destinó al estudio y votación de este proyecto, asistió la Subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga; el Jefe de la División de Educación Superior, señor Francisco Martínez, y el asesor jurídico, señor Flavio Quezada.
I. CONSTANCIAS PREVIAS.
De conformidad a lo señalado en el artículo 120 del Reglamento, corresponde a esta Comisión pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar aprobar o desechar las propuestas.
Se deja constancia de que los artículos 1°, 25, 26, 27 y 30, y los artículos primero y segundo transitorios no han sido objeto de modificaciones por el H. Senado. Por su parte, los artículos 13, que ha pasado a ser 14; 15, que ha pasado a ser 16, y 21, que ha pasado a ser 22, si bien han cambiado su numeración, no han sufrido enmiendas,
Debe consignarse, para los fines del caso, que el H. Senado aprobó conforme con el quórum que establece el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, las modificaciones recaídas en los artículos 9°, 20, 22 y 26.
II. ALCANCE Y DISCUSIÓN ACERCA DE LAS ENMIENDAS INTRODUCIDAS POR EL H. SENADO.
A continuación, se reseñan cada una de las enmiendas introducidas por el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional; se da cuenta de las explicaciones de la señora Valentina Quiroga, Subsecretariade Educación, del Jefe de la División de Educación Superior, señor Francisco Martínez y del asesor legislativo del Ministerio de Educación, señor Flavio Quezada, respecto de los principales aspectos que fueron objeto de indicaciones y del debate habido en el seno de la Comisión sobre cada una de ellas.
Artículo 2°
-Ha intercalado, a continuación del vocablo “Superior”, la expresión “autónomas, de aquellas”.
La señora Quiroga hizo presente que se introdujo una precisión relativa al ámbito de aplicación de la ley. El texto aprobado por el Senado precisa que sólo aplica a instituciones de educación superior (IES) autónomas, ya que las instituciones de educación superior bajo licenciamiento, conforme el marco legal vigente, se sujetan al control del Consejo Nacional de Educación (CNED).
Artículos 3° y 4°
-Los ha sustituido por los siguientes:
“Artículo 3°.- El Ministerio de Educación, de oficio o por denuncia, y por resolución fundada, dará inicio a un período de investigación preliminar, de carácter indagatorio, en aquellos casos que, en uso de las facultades que le confiere la ley, tome conocimiento de antecedentes graves que, en su conjunto o por sí solos, hagan presuponer que una institución de educación superior se encuentra en peligro de:
a) Incumplimiento de sus compromisos financieros, administrativos o laborales.
b) Incumplimiento de los compromisos académicos asumidos con sus estudiantes.
c) Infracción grave de sus estatutos o escritura social, según corresponda, o a las normas que la regulan, en especial aquellas derivadas de su naturaleza jurídica en el caso de las universidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del decreto con fuerza de ley N° 2, en relación con los artículos 64, 74 y 81 del mismo cuerpo legal.
El Ministerio de Educación podrá, para los fines de esta investigación, ingresar a la institución, acceder y recopilar toda la información que estime necesaria, sin impedir el normal funcionamiento de las actividades académicas de la misma. Para estos efectos podrá, además, solicitar a cualquier órgano de la Administración del Estado los antecedentes que consten en su poder y que sean pertinentes a los fines de la investigación, con la sola limitación de aquellos que, por disposición de la ley, tengan carácter de secreto o reservado.
Una vez cerrada la investigación, el Ministerio de Educación elaborará un informe que dará cuenta de los resultados de la misma. Este informe, junto con la formulación de cargos, serán notificados a la institución investigada, la que tendrá un plazo de quince días para realizar sus descargos y solicitar que se abra un período de prueba no superior a igual término.
De acogerse los descargos o no constatarse las circunstancias a que hacen referencia los literales del inciso primero, se dictará resolución de término dando por finalizada la investigación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Educación podrá formular recomendaciones para el mejor funcionamiento de la institución.
Expirado el plazo para los descargos o rechazados éstos, el Ministerio de Educación dictará resolución de término en conformidad al artículo siguiente.”
La señora Quiroga explicó que el artículo 3°, que ha sido sustituido, explicita con mayor detalle la regulación de la investigación preliminar y mayores atribuciones al Ministerio de Educación. En efecto, se precisan los supuestos para la instrucción de investigación, para distinguirlos adecuadamente de las causales que una vez concluida la misma podrían conducir a alguna de las medidas previstas en el proyecto, y se dotó de mayores atribuciones al Ministerio, tales como ingresar a la institución, acceder y recopilar información necesaria y solicitar a cualquier órgano de la Administración del Estado antecedentes que sean pertinentes.
“Artículo 4°.- En la resolución de término de la investigación preliminar, el Ministerio de Educación podrá, fundadamente y atendida las características de la institución y la naturaleza y gravedad de los problemas constatados, adoptar una de las siguientes medidas:
a) Ordenar la elaboración de un plan de recuperación, si se verifican incumplimientos graves de los compromisos financieros, administrativos, laborales o académicos asumidos por la institución.
b) Nombrar un administrador provisional si se constatan problemas que pudieren configurar alguna de las causales previstas en el inciso primero del artículo 6°.
c) Dar inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial en caso que se constaten problemas de entidad tal que pudieren ser constitutivos de causales de aquella. De decretarse la revocación, se procederá al nombramiento de un administrador de cierre.
En lo no previsto en esta ley, el procedimiento se regirá por las disposiciones de la ley N° 19.880.”.
Artículo 5°, nuevo
-Ha intercalado el siguiente artículo 5°, nuevo:
“Artículo 5°.- De aplicarse la medida del literal a) del inciso primero del artículo anterior, la institución tendrá un término de sesenta días para elaborar y presentar al Ministerio de Educación un plan de recuperación que tendrá por objeto que ella adopte las medidas necesarias para subsanar los problemas identificados. Dicho plan podrá considerar, entre otras medidas, la suspensión de ingreso de nuevos estudiantes durante uno o más períodos y el cierre de sedes, carreras o programas. El plazo de implementación del plan no podrá ser mayor a dos años.
El Ministerio de Educación deberá pronunciarse dentro del plazo de diez días, sea aprobando el plan o formulándole observaciones, las que deberán ser subsanadas por la institución dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación de las mismas. Presentadas las enmiendas, el Ministerio deberá resolver sobre ellas en un plazo de cinco días.
Una vez aprobado el plan, corresponderá al Ministerio de Educación supervigilar su cabal cumplimiento. Para estos efectos, la institución deberá remitir al Ministerio de Educación informes trimestrales del estado de su implementación. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, el Ministerio podrá requerir antecedentes al respecto. Asimismo, podrá designar un delegado ministerial para supervigilar la ejecución del plan, pudiendo al efecto ejercer las facultades señaladas en el inciso segundo del artículo 3º.
Al término del plazo de implementación del plan, el Ministerio de Educación decretará el alzamiento de la medida, salvo que proceda lo dispuesto en el literal e) del inciso primero del artículo siguiente.”.
La señora Quiroga señaló que el artículo 4°, que ha sido sustituido y el nuevo artículo 5° establecen una ampliación de las opciones de intervención de las instituciones. Se refuerza la medida consistente en exigirle subsanar deficiencias o problemas (ya presente en el proyecto original), ahora denominado “plan de recuperación”, de manera que fuera factible su implementación y efectividad en aquellos casos que no revistiesen gravedad tal que amerite la medida de administración provisional. Se regula así en más detalle y con atribuciones específicas para el Ministerio de Educación (aprobar el plan, supervigilar su cumplimiento y designar “delegado ministerial”).
Artículo 5°, que ha pasado a ser 6°
-Ha pasado a ser artículo 6°, reemplazado por el que se indica a continuación:
“Artículo 6°.- La medida de nombramiento de administrador provisional podrá ser adoptada por el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, cuando se constate la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:
a) Riesgo serio de no garantizar la viabilidad administrativa o financiera de la institución, afectando la continuidad de estudios de los y las estudiantes.
b) Incumplimientos graves y reiterados de los compromisos académicos asumidos por la institución con sus estudiantes a causa de no contar con los recursos educativos o docentes adecuados para ofrecer el o los títulos profesionales o técnicos que pretenda otorgar.
c) Imposibilidad de mantener las funciones académicas de la institución, a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones o retiros de especies que la afecten, a sus sedes o a sus bienes muebles o inmuebles.
d) Cuando se haya dictado resolución de reorganización de la institución de educación superior o de la entidad organizadora de ésta en conformidad a la ley Nº 20.720.
e) Cuando el plan de recuperación, regulado en el artículo 5°, no fuere presentado oportunamente o, habiéndolo sido, fuere rechazado o, siendo aprobado, posteriormente se incurriere en su incumplimiento.
No procederá la adopción de esta medida cuando la concurrencia de la o las causales a que se refiere el inciso anterior sea atribuible a un caso fortuito o fuerza mayor, o a circunstancias que no sean imputables a culpa o negligencia de las autoridades responsables del gobierno o administración de la institución.
El acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, a que se refiere el inciso primero, deberá ser adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese solo efecto.
La institución objeto de la medida a que se refiere este artículo tendrá un plazo de cinco días para presentar sus alegaciones y antecedentes ante el Consejo, previo a su pronunciamiento.
Si el Consejo estima pertinente recabar mayor información, podrá solicitar antecedentes a la institución afectada y a otros órganos de la Administración del Estado.
Con todo, el Consejo deberá resolver dentro del plazo de quince días desde que recibe los antecedentes para su pronunciamiento. Aprobada la medida, el Ministerio de Educación, dentro del plazo de cinco días, procederá a nombrar al administrador provisional.”.
La señora Quiroga sostuvo que el artículo 5°; que pasó a ser 6°, sistematiza en un solo artículo el procedimiento y las causales de adopción de la medida de administrador provisional, sin afectar con ello el contenido de la misma. Conjuntamente con ello, se incorpora como causal para designación de administrador provisional la dictación de una resolución que disponga la reorganización de la institución o su organizadora, en conformidad a la ley N° 20.720.
El diputadoJackson consultó acerca del sentido de eliminar el lucro como causal de designación de un administración provisional, especialmente si se considera que actualmente muchas instituciones de educación superior están siendo investigadas por ese motivo.
El señor Quezada explicó que la existencia de lucro constituye un incumplimiento grave de los estatutos y, por lo tanto, una causal de revocación de la autorización y, consecuencialmente, de nombramiento de un administrador provisional.
Artículo 6°, que ha pasado a ser 7°
-Ha pasado a ser artículo 7°, modificado del modo que sigue:
-Ha intercalado en la letra b), en la segunda oración, a continuación de la palabra “experiencia”, la voz “relevante”.
-Ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:
“La idoneidad de la persona a designar en el cargo de administrador provisional deberá ser evaluada considerando las características, el tamaño y complejidad de la institución, así como el proyecto educativo de ésta.”.
Observó la señora Quiroga que el artículo 6°, que pasó a ser 7°, eleva la exigencia de idoneidad de quien ejerza las funciones de administrador provisional. Se agregó en el texto que la experiencia previa debe ser “relevante” y la idoneidad, evaluada en función de las características de la IES, en base a su tamaño, complejidad y proyecto educativo.
El diputadoJackson solicitó que se precise lo que se entiende por idoneidad del cargo de administrador provisional en lo que dice relación con el tipo de proyecto educativo de la institución, para tener claridad de que no se tomarán en cuenta factores de tipo religioso, o cualquier otro que signifique algún tipo de discriminación.
El señor Martínez hizo hincapié en que la idoneidad del administrador dice relación básicamente con el tamaño de la institución de educación superior y en la experiencia previa del mismo en organizaciones de similares características, es decir, si se trata de una institución técnica, que posea experiencia en ese tipo de institución.
Artículo 7°, que ha pasado a ser 8°
-Ha pasado a ser artículo 8°, con las siguientes modificaciones:
-En su inciso primero, letra b), ha intercalado, a continuación de la palabra inicial “Fundadores”, la expresión “, miembros, asociados”.
-Ha sustituido el inciso tercero por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo anterior, regirán respecto de estas personas las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.
-Ha eliminado el inciso cuarto.
Artículo 8°, que ha pasado a ser 9°
Ha pasado a ser artículo 9°, reemplazado por el que se señala a continuación:
“Artículo 9°.- La institución de educación superior afectada por la medida de nombramiento de administrador provisional podrá reclamar la legalidad de la misma, a través de sus representantes, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación de la respectiva resolución, ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio.
La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación al Ministerio de Educación, notificándolo por oficio. Éste dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para formular observaciones.
Evacuado el traslado por el Ministerio o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un término probatorio que no podrá exceder de siete días, y escuchar los alegatos de las partes.
La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días, la que será inapelable.”.
La señora Quiroga apuntó que el artículo 8°, que pasó a ser 9°, incorpora una acción judicial expedita para resguardar los derechos de los y las estudiantes respecto de la decisión de adopción de la medida de designación de un administrador provisional. Se establece un recurso especial de reclamación judicial ante las Cortes de Apelaciones, cuyo objeto es permitir resolver rápidamente cualquier controversia sobre ello, y no retrasar la medida de administración provisional cuando los derechos de los y las estudiantes estuvieran el riesgo. Conforme a las reglas generales, la medida de la autoridad se ejecutará aunque exista impugnación administrativa o judicial.
Artículo 9°, que ha pasado a ser 10
-Ha pasado a ser artículo 10, sustituyéndose su inciso sexto por el siguiente:
“El administrador provisional, en el desempeño de su cargo, deberá establecer mecanismos de consulta e información con los representantes, elegidos democráticamente, de cada uno de los estamentos de la institución educativa.”.
Clarificó la señora Quiroga que el artículo 9°, que pasó a ser 10, hace obligatoria la participación de los estamentos de la institución intervenida. Con la nueva redacción, la participación de los estamentos de la institución ya no es facultativa, sino obligatoria para el administrador provisional; se mantiene la referencia expresa a sus estamentos, utilizándose dicha expresión, reconociendo así la diversidad que compone a estas instituciones y, por último, se garantiza la representatividad democrática de los partícipes de estas instancias, exigiéndose que hayan sido electos por medios legítimos.
El diputadoGonzález preguntó la razón por la cual las facultades del administrador provisional se ven restringidas, por cuanto se impone la obligación de consultar en forma previa a las autoridades de la IES vigentes al momento de su designación, acerca del plan de administración provisional tendiente a garantizar la adecuada gestión de la institución sujeta a la medida. Al mismo, tiempo consultó por qué se eliminaron las instancias de participación de un Consejo Triestamental, que incluía los diversos estamentos de la institución intervenida.
El diputadoJackson destacó la importancia de la participación de los estamentos en conjunto, ya que se deben establecer mecanismos de consulta e información con los representantes de los distintos estamentos.
La señora Quiroga sostuvo que se mantiene en el proyecto la participación de los diversos estamentos e incluso se ve fortalecida con las modificaciones introducidas por el H. Senado, pasando de ser de carácter consultivo a obligatoria, por cuanto el administrador “deberá” establecer los mecanismo de consulta e información con los representantes, elegidos democráticamente de cada uno de los estamentos de la institución respectiva.
El señor Martínez apuntó que no existen garantías formales de participación de los estamentos, por ello la formulación de este proyecto se condice con la realidad legislativa e incluso la supera al imponerla de carácter obligatorio.
Artículo 11, nuevo
-Ha consultado como artículo 11, nuevo, el que sigue:
“Artículo 11.- La reestructuración a que hace referencia el inciso segundo del artículo anterior deberá respetar los fines específicos del plantel expresados en su proyecto institucional, así como la limitación establecida en el inciso tercero del artículo 13. Con todo, dicha restricción no operará cuando sea indispensable para garantizar la continuidad de estudios o titulación de los y las estudiantes.
En el caso que el administrador provisional decida que debe procederse a la enajenación de bienes raíces de la institución de educación superior, ello deberá estar consignado en el plan de administración provisional.
La adopción de la medida de reestructuración deberá ser aprobada por la máxima autoridad colegiada de la respectiva institución, vigente a la fecha del nombramiento del administrador provisional, si la hubiere, o, de no existir aquella, por la máxima autoridad unipersonal existente a igual fecha. La aprobación deberá verificarse dentro del plazo de quince días contado desde la comunicación de la medida que realice el administrador provisional a dichas autoridades.
Rechazada la solicitud, o si dentro del plazo señalado en el inciso anterior la institución no ha dado respuesta a ella, el administrador podrá requerir, dentro del plazo de cinco días, la autorización de la misma al Consejo Nacional de Educación, mediante una solicitud fundada, acompañada de todos los antecedentes que la justifiquen.
Dentro del plazo de diez días, contado desde la presentación de la solicitud al Consejo, la institución, a través de la autoridad que se haya opuesto a la medida, podrá hacer presente sus alegaciones y acompañar los antecedentes justificativos.
El Consejo resolverá dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la solicitud o de las alegaciones de la institución, según corresponda.”.
La señora Quiroga expresó que el nuevo artículo 11 potencia la facultad del administrador provisional de reestructurar la respectiva institución de educación superior. En el texto aprobado en el Senado se establece un detallado procedimiento para su adopción, con participación del Consejo Nacional de Educación, el que podrá garantizar adecuadamente la protección a los derechos de los y las estudiantes.
La diputadaProvoste, doña Yasna apuntó que el proyecto solo establece plazos para el plan de recuperación de la institución de educación superior y no para el período de investigación.
La señora Quiroga manifestó que se ha generado confusión debido a la reorganización que el Senado realizó del proyecto en estudio y reafirmó que el administrador provisional continua siendo una figura con las atribuciones necesarias para cumplir con su objetivo, es así que en el evento de reestructuración de la institución de educación superior, no debe olvidarse que es el Ministerio de Educación, quien debe pronunciarse en plazos breves y que los informes trimestrales deben ser presentados ante dicha cartera y el Consejo Nacional de Educación.
Artículo 10, que ha pasado a ser 12
-Ha pasado a ser artículo 12, modificado en los siguientes términos:
-Ha suprimido el inciso primero.
-El inciso segundo ha pasado a ser inciso primero, sustituyéndose la expresión “dos años” por “un año”.
-El inciso tercero ha pasado a ser inciso segundo, reemplazándose la locución “principal función” por “función específica”.
-El inciso cuarto ha pasado a ser inciso tercero, reemplazado por el siguiente:
“El Ministro de Educación, mediante resolución fundada, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese solo efecto, podrá remover al administrador provisional cuando:
a) Incumpla gravemente el plan de administración provisional a que se refiere el inciso segundo del artículo 10;
b) Le fuere imposible, por cualquier causa, ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 13, o
c) Infrinja lo establecido en el artículo 28.”.
La señora Quiroga puso de relieve que el artículo 10, que pasó a ser 12, elimina el recurso administrativo ante el Consejo en contra de medida de administración provisional. Se reduce a un año el plazo de ejercicio de administrador provisional y se sistematizan sus causales de remoción. El recurso administrativo ante el Consejo se elimina con motivo de la acción judicial que ahora se contempla. Por otra parte, diversos actores sociales y políticos señalaron que el plazo de dos años de duración de la medida de administración provisional, prorrogable por otros dos, sería excesivo, siendo ello así, plazo de administración provisional se reduce en resguardo de la fe pública y los derechos de los y las estudiantes.
Artículo 11, que ha pasado a ser 13
-Ha pasado a ser artículo 13, modificado de la siguiente manera:
-Ha intercalado, en el inciso primero, a continuación de la expresión “asumirá,”, la frase “desde el momento de su designación,”, y después de la expresión “poderes,”, la frase “y para la única finalidad de solucionar los problemas detectados en la investigación,”.
-En el inciso segundo, ha agregado la siguiente letra g), nueva:
“g) Suscribir convenios con alguna de las universidades o instituciones de educación superior que cuenten con acreditación vigente por un período de a lo menos tres años, conforme a lo previsto en la ley N° 20.129, con el objeto de delegar, parcialmente, las facultades que le otorga la presente ley. Dichos convenios deberán ser aprobados por el Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada para ese efecto.”.
-Ha suprimido el inciso tercero.
-El inciso cuarto ha pasado a ser inciso tercero, suprimiéndose el texto que señala: “, salvo que existan razones para ello fundadas en la continuidad de estudios o titulación de los y las estudiantes. Dichas medidas deberán ser adoptadas por el Ministerio de Educación con acuerdo del Consejo Nacional de Educación”.
-El inciso quinto ha pasado a ser inciso cuarto, sin enmiendas.
-Ha contemplado el siguiente inciso final, nuevo:
“Las acciones que ejecute el administrador provisional se realizarán con cargo a los recursos de la institución sujeta a dicha medida. En ningún caso, la adopción de ella podrá significar asignación o aporte de recursos del Estado a la institución de educación superior respectiva, distintos a los que pudieren corresponderle de no encontrarse bajo esta administración.”.
Informó la señora Quiroga que el artículo 11, que pasó a ser 13, refuerza las atribuciones del administrador provisional. Junto con precisar que la finalidad del administrador provisional sería solucionar los problemas que hubieren motivado su designación, es decir, aquellos que ponen en riesgo la continuidad de estudios, se incorpora expresamente una nueva facultad para el administrador provisional, de suscribir convenios con otras IES, para delegar parcialmente algunas de sus facultades, actos que deben ser aprobados por el Ministerio, previo acuerdo del Consejo.
-Lo ha suprimido.
Artículo 12
La señora Quiroga resaltó que se elimina el artículo 12, que permitía disponer de bienes de propiedad de terceros, con el objetivo de evitar discusiones constitucionales en este proyecto sobre esta materia. Por lo tanto, solo se mantuvo la opción de que el administrador utilizara los recursos de la propia institución y no los que son de propiedad de un tercero.
Artículo 13, que ha pasado a ser 14
-Ha pasado a ser artículo 14, sin enmiendas.
El diputadoEspinoza consultó acerca de eventuales problemas prácticos en la aplicación de la acción civil consagrada en el artículo 2468 del Código Civil, especialmente en consideración al breve plazo de esta. Manifestó la necesidad de establecer una regla especial para el cómputo del plazo en materia de administración provisional.
El señor Quezada apuntó que el proyecto no innova en la acción revocatoria contemplada en el artículo 2468 del Código Civil, que establece plazos cortos de prescripción; sin perjuicio de ello, se estableció un procedimiento expedito en el proyecto, y rigen las reglas generales, por ejemplo, en materia de contratos simulados, caso en el cual se pueden perseguir las responsabilidades penales y civiles que corresponden.
Artículo 14, que ha pasado a ser 15
-Ha pasado a ser artículo 15, sustituyéndose su número 6 por el que se señala a continuación: “6. La apelación gozará de preferencia para su vista y fallo.”.
Artículo 15, que ha pasado a ser 16
-Ha pasado a ser artículo 16, sin enmiendas.
Artículo 16, que ha pasado a ser 17
-Ha pasado a ser artículo 17, con las siguientes modificaciones:
-El inciso primero lo ha modificado del modo que sigue:
-Ha sustituido la palabra “adopción” por “notificación”.
-Ha reemplazado la expresión “artículo 11, inciso primero, de la presente ley,”, por “inciso primero del artículo 13”.
-Ha eliminado la oración que señala: “A partir de la misma fecha no podrán percibir remuneración alguna por parte de ésta.”.
-En el inciso tercero ha reemplazado la palabra “anterior” por “primero”.
La señora Quiroga dejó constancia que el artículo 16, que pasó a ser 17, permite al administrador provisional poner término a contratos conforme a las reglas generales. Se elimina la prohibición de pago a los directivos de sus remuneraciones ante la suspensión de funciones. Así, se optó porque sea el administrador provisional quien pueda, cuando considere oportuno, ponerle término a dichos contratos, conforme las reglas generales.
El diputadoGonzález consultó por qué se eliminó la prohibición de que las autoridades de la institución no podrán recibir remuneración desde la fecha de adopción de la medida de administración provisional.
La señora Quiroga aclaró, en cuanto a la suspensión de las remuneraciones de los directivos de la institución sujeta a la medida de intervención, que corresponde al administrador provisional evaluar discrecionalmente a quienes se aplicará, por cuanto no todas las autoridades de la institución han actuado necesariamente de la misma forma.
Artículo 17, que ha pasado a ser 18
-Ha pasado a ser artículo 18, reemplazándose la segunda oración del inciso segundo, por la siguiente: “La designación del administrador provisional será alzada por el Ministerio de Educación, mediante resolución fundada, y previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada para ese efecto, una vez aprobado el referido informe y habiéndose subsanado los problemas y deficiencias que dieron origen a la medida, circunstancia que deberá ser debidamente acreditada por el administrador provisional.”.
Explicó la señora Quiroga que el artículo 17, que pasó a ser 18, efectúa algunas precisiones en el alzamiento de la medida de administrador provisional. Únicamente se precisaron las condiciones y el mecanismo para que la medida de administración provisional sea alzada, sin alterar el sentido original.
Artículo 18, que ha pasado a ser 19
Ha pasado a ser artículo 19, sustituyéndose la referencia al “artículo 11, inciso primero, de esta ley”, por otra al “inciso primero del artículo 13”.
Artículo 19, que ha pasado a ser 20
Ha pasado a ser artículo 20, con las modificaciones siguientes:
-En el inciso primero ha reemplazado la expresión “y,o”, por la siguiente frase: “, o se haya dictado resolución de liquidación de la respectiva institución o de su entidad organizadora en conformidad a la ley Nº 20.720, o”.
-Ha contemplado como incisos segundo y tercero, nuevos, los siguientes:
“Cuando se decrete la medida de revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, el Ministerio de Educación deberá nombrar un administrador de cierre, lo que requerirá el acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.
Quien sea designado como administrador de cierre deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para el administrador provisional, y tendrá las facultades que se enumeran en el artículo 13 y aquellas que se indican en los artículos siguientes.”.
-Los incisos segundo y tercero han pasado a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente, sin modificaciones.
-Se ha eliminado el inciso cuarto
-El inciso quinto ha pasado a ser inciso sexto, sin enmiendas.
-Se ha agregado el siguiente inciso final, nuevo:
“Por el ministerio de la ley, la personalidad jurídica de la institución de educación superior cuyo reconocimiento oficial haya sido revocado se mantendrá para el solo efecto de la implementación del plan de administración establecido en el artículo 23, y en especial, para que las instituciones receptoras de estudiantes que hayan celebrado convenios puedan otorgar, a nombre de aquélla, los títulos y grados académicos que correspondan a los y las estudiantes reubicados, incluso una vez cerrada definitivamente la institución de origen, según lo prevé el artículo 24.”.
La señora Quiroga mencionó que el artículo 19, que pasó a ser 20, trasladó como una causal para el inicio de un procedimiento de revocación del reconocimiento oficial, la dictación de la resolución judicial que dispone la liquidación de la institución o de su organizadora, de conformidad con la ley N° 20.720.El texto del proyecto original la consideraba anteriormente como causal de administración provisional, siendo más consistente que opere como causal de cierre.
Comentó, asimismo, que este artículo mantiene la personalidad jurídica de la institución en cierre, para el sólo efecto de la implementación del plan de cierre y para que las IES que reciben alumnos reubicados producto de convenios, puedan otorgar títulos y grados a nombre de aquélla.
Lo ha suprimido.
Artículo 20Artículo 21, nuevo
Ha consultado el siguiente artículo 21, nuevo:
“Artículo 21.- Las facultades del administrador provisional o del administrador de cierre, nombrados a causa de una resolución de reorganización o de liquidación, según corresponda, prevalecerán sobre las del liquidador o veedor, según sea el caso, únicamente respecto a los bienes muebles e inmuebles esenciales para asegurar la continuidad de estudios de los y las estudiantes.
Todo conflicto que pudiere suscitarse entre el liquidador o veedor y el administrador provisional o de cierre será resuelto por el juez que dictó la respectiva resolución de reorganización o liquidación, según sea el caso, oyendo previamente al Ministerio de Educación y al Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, y propendiendo a la preeminencia del interés público asociado a la continuidad de estudios de los y las estudiantes de la institución afectada.
Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá ser firmado además por los Ministros de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, determinará los mecanismos de coordinación entre ambos procesos. Dicho reglamento deberá dictarse en el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley.”.
La señora Quiroga hizo hincapié en que el nuevo artículo 21 nuevo hace más operativo el principio de que priman los derechos de los y las estudiantes por sobre los intereses que representa el liquidador o veedor. Cualquier conflicto entre liquidador o veedor y el administrador provisional o de cierre, será resuelto por el juez que dictó la resolución de reorganización o liquidación, el cual debe resolver la controversia, haciendo primar siempre la continuidad de los estudios de los y las estudiantes.
Artículo 21, que ha pasado a ser 22
Ha pasado a ser artículo 22, sin enmiendas.
Artículo 22, que ha pasado a ser 23
-Ha pasado a ser artículo 23, modificado como sigue:
-Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
“En el cumplimiento de lo previsto en el inciso anterior, el administrador de cierre deberá resguardar el buen uso de los recursos públicos comprometidos en virtud de alguna de las medidas previstas en el inciso tercero del artículo siguiente, debiendo preferirse siempre aquellas que impliquen un menor costo para el fisco en su aplicación.”.
La señora Quiroga destacó que el artículo 22, que pasó a ser 23, consagra el principio de eficiencia en el uso de recursos públicos. Simplemente se precisa que el administrador de cierre debe velar por el buen uso de los recursos públicos comprometido, debiendo optar por aquellas medidas que impliquen un menor costo para el fisco en su aplicación.
Artículo 23, que ha pasado a ser 24
Ha pasado a ser artículo 24, con las siguientes enmiendas:
-Ha reemplazado su inciso quinto por el siguiente:
“Para efectos de lo señalado en el presente artículo, el administrador de cierre podrá suscribir convenios con alguna de las instituciones de educación superior que cuenten con acreditación institucional vigente de al menos tres años, conforme a lo previsto en la ley Nº 20.129.”.
-Ha intercalado, en el inciso sexto, en su primera oración, a continuación de la palabra “objeto”, la voz “posibilitar”, y ha sustituido la frase “así como también su”, por “incluyendo sus procesos de”.
-El inciso séptimo lo ha sustituido por el siguiente:
“Respecto de los alumnos reubicados en virtud de tales convenios, el otorgamiento del título o grado respectivo corresponderá a la institución de educación superior objeto de la medida de cierre. En caso que el título o grado sea concedido una vez que se haya procedido al cierre definitivo de la institución de origen, se estará a lo dispuesto en el inciso final del artículo 20.”.
La señora Quiroga explicó que el artículo 23, que pasó a ser 24, amplía la posibilidad de que los convenios de reubicación puedan, en general, y no ya sólo de manera excepcional, celebrarse con instituciones que no pertenezcan al CRUCH. Al mismo tiempo, se estableció como una condición adicional que la institución receptora cuente al menos con una acreditación por 3 años.
Además, señaló que se precisa que el título o grado del alumno reubicado en virtud de estos convenios se otorga siempre a nombre de la institución objeto de cierre; ello, por cierto, sin perjuicio de las normas de admisiones especiales que puedan contemplar las respectivas instituciones receptoras, conforme el ejercicio de su autonomía.
El diputadoJackson expresó que las modificaciones efectuadas por el Senado mantienen el problema de la desvalorización de títulos de los estudiantes de la institución afectada con la medida.
El señor Venegas se refirió a la situación de la Universidad del Mar, recordando que una de las dificultades para acoger a esos alumnos, decía relación, precisamente, con el hecho del otorgamiento de un título por parte de esa nueva casa de estudios.
El señor Martínez explicó, en cuanto a la desvalorización de los títulos de los alumnos de la institución intervenida, que se debe resguardar la posibilidad de evitar una generación natural de fuerzas de instituciones de menor calidad para promover esta situación. Asimismo, enfatizó que se avizora un solución en la marco de la reforma educacional, mediante el uso del “marco de cualificaciones”, que permitirá una mejor acreditación y certificación de estudios en todos los niveles.
El señor Quezada especificó que el Tribunal Constitucional ha señalado que la autonomía constitucional de los municipios es de desarrollo legal y que no es absoluta, ya que existe un bien de rango constitucional superior, como es el derecho de los estudiantes a la educación, por lo que se debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo.
-Lo ha suprimido.
Artículo 24
La señora Quiroga resaltó que se elimina el artículo 24, que permitía intervenir contratos privados vigentes, con el objetivo de evitar discusiones constitucionales en este proyecto sobre esta materia.
El diputadoJackson apuntó que la eliminación del artículo 24°, fuertemente defendida por el Ejecutivo en la tramitación del proyecto en la Cámara, constituye una norma fundamental para evitar el chantaje de los privados.
El señor Quezada explicó que este artículo era de constitucionalidad discutible, por lo que se optó por suprimirlo, ya que el Tribunal Constitucional ha sido dispar en sus fallos, en lo relativo a las facultades del legislador para regular contratos.
Artículo 28
-Lo ha reemplazado por el que se indica a continuación:
“Artículo 28.- Los administradores de que trata esta ley responderán de culpa leve en su administración, debiendo observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de su función, con preeminencia del interés general por resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes, en los términos de los artículos 52, 53 y 62 del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgado el año 2000 y publicado el año 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.
La señora Quiroga subrayó que el artículo 28 regula de manera consistente la responsabilidad de los administradores. Atendida la naturaleza jurídica de estos administradores, se decidió establecer un estándar de diligencia similar a los funcionarios públicos, en una regulación que resultara consistente con el ordenamiento jurídico nacional.
-Ha suprimido su número 1).
Artículo 29
-El número 2) ha pasado a ser número 1), sustituido por el siguiente: “1) Modifícase el artículo 89 en los siguientes términos:
a) Incorpóranse, en el inciso primero, las siguientes letras f) y g):
“f) Cuando, tratándose de los establecimientos municipales, se solicite por parte del sostenedor la renuncia al reconocimiento oficial del establecimiento educacional y de ello se derive una grave afectación al derecho a la educación de los y las estudiantes matriculados en dicho establecimiento.
g) Cuando un sostenedor abandone, durante el año escolar, su proyecto educativo, dejando de prestar el servicio educacional en el establecimiento de su dependencia.”.
b) Sustitúyese, en el inciso segundo, la expresión “y e)”, por la siguiente: “, e), f) y g)”.”.
-Ha incorporado el siguiente numeral 2), nuevo:
“2) Agrégase, en el artículo 91, un inciso cuarto del siguiente tenor:
“Mientras dure la administración provisional de un establecimiento específico, excepcionalmente y por resolución fundada del Ministerio de Educación con la visación del Ministro de Hacienda, se podrán dejar sin efecto las retenciones de pago adoptadas por aplicación de lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, promulgado y publicado el año 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 2, del mismo Ministerio, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, del artículo 69 de la presente ley, o en razón de otras medidas de carácter administrativo que hayan tenido por objeto la disminución o no pago de la subvención escolar.”.”.
-El número 3) lo ha reemplazado por el siguiente:
“3) Modifícase el artículo 92 en los términos que siguen:
a) Reemplázase, en la letra c) de su inciso segundo, la expresión “y otros aportes regulares que entregue el Estado”, por el siguiente texto: “, otros aportes regulares que entregue el Estado, así como los que pudiere disponer la Ley de Presupuestos del Sector Público para asegurar la continuidad del servicio educacional del establecimiento correspondiente, solamente hasta el término del año escolar respectivo, siempre que concurran las siguientes circunstancias: i) que los aportes regulares que deba recibir no sean suficientes para financiar las remuneraciones del personal docente y asistentes de la educación, el pago de suministros básicos y demás gastos indispensables para su funcionamiento; ii) que los hechos que originaron el nombramiento del administrador provisional se produzcan durante el transcurso del año escolar respectivo, y iii) que dichos recursos se destinen íntegramente al pago relacionado con los gastos señalados en el numeral i) precedente”.
b) Agrégase la siguiente letra h):
“h) Coordinar, en caso de pérdida definitiva del reconocimiento oficial del Estado por parte del establecimiento educacional, por renuncia o revocación, la reubicación de los y las estudiantes en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su derecho a la educación.”.”.
-Ha suprimido el número 4).
Recalcó la señora Quiroga que el artículo 29 hace operativo el sistema de administradores provisionales de la ley N° 20.529. Se suprime en proyecto norma que fijaba otro plazo para estos administradores, dejándose la materia a las normas actualmente vigentes. La duración del ejercicio de las funciones no se ha estimado como un problema en sí.
En cuando a las causales para designación de administrador, afirmó se da respuesta a los problemas urgentes que ameritan nombramiento de administrador provisional, reemplazando anteriores causales del proyecto por unas nuevas, que cubren situación de establecimientos municipales que sean cerrados por sus sostenedores, así como también los establecimientos subvencionados cuyos sostenedores los abandonen durante el año escolar.
Del mismo modo, destacó que se incorpora una norma que permite dejar sin efecto medidas de retención de pago de subvención, lo que permitiría enfrentar situación de establecimientos en crisis.
Además, hizo presente que se establece una nueva facultad para el administrador provisional, para la percepción y administración de aquellos recursos que la ley de Presupuestos disponga para asegurar la continuidad del servicio educacional.
El diputadoJackson manifestó que establecer que el administrador solo podrá disponer de los recursos de la propia institución, no se condice con semejante situación en la educación escolar, pese a que existen las mismas razones.
El diputadoGutiérrez, don Romilio expresó que en el evento de que un establecimiento educacional decida renunciar al reconocimiento oficial, se generaría una figura poco práctica, porque si bien se establece financiamiento para que el administrador continúe con la labor, esta tiene como plazo, el término del año escolar vigente, es decir, no se está evitando el cierre del colegio.
Asimismo, consultó cómo se podría evitar que algunos sostenedores deficitarios abusen del sistema dejando a los establecimientos en mitad del año escolar, entregando la responsabilidad al Estado.
Por otra parte, preguntó sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, en lo relativo a la facultad de los alcaldes y del Concejo Municipal para cerrar un establecimiento educacional de su dependencia.
La diputadaGirardi, doña Cristina consultó si el administrador provisional, puede invertir en innovación, cuando en el desempeño de su cargo lo estima indispensable para sacar adelante el proyecto educativo.
La señora Quiroga apuntó que los planes de innovación en principio no se contemplan dentro de las facultades del administrador, porque se traducen en un cambio de concepto y además, porque seguramente excederá el plazo de su designación, esencialmente de carácter provisional; pero si la innovación fuere para resguardar el derecho de los y las estudiantes, los recursos se entienden comprendidos.
Añadió que el proceso de cierre está reglamentado, sin embargo, en ocasiones los sostenedores efectúan el cierre de facto, sin esperar los plazos correspondientes. En todo caso, el Ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, especialmente en aquellos lugares en que se produce el cierre y no hay más oferta educativa.
Artículo 31
-Ha intercalado, a continuación de la palabra “gasto”, el vocablo “fiscal”.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
-Ha agregado el siguiente artículo tercero transitorio, nuevo:
“Artículo tercero.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97 de la ley Nº 20.529, cuando no sea posible el nombramiento de un administrador provisional incluido en el respectivo registro, en casos excepcionales y por motivos de urgencia, el Superintendente de Educación podrá, mediante resolución fundada, en los casos contemplados en el artículo 89 de la citada ley Nº 20.529, designar un funcionario de su dependencia para que administre un establecimiento educacional y arbitre las medidas que permitan mantener su funcionamiento normal, y que aseguren la continuidad de su servicio y el derecho a la educación de los y las estudiantes.
Lo dispuesto en este artículo regirá por el plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de la presente ley.”.
La señora Quiroga dejo constancia de que el artículo tercero transitorio nuevo permite a la autoridad, ante casos justificados y por motivos de urgencia, excepcionar del registro para nombramiento de administradores provisionales. Se establece en una disposición transitoria, toda vez que la finalidad no es eliminar el registro de administradores.
IV. VOTACIÓN
La Comisión acordó votar en forma conjunta las enmiendas, sin que ello obste a la posibilidad de pedir, en la Sala, su votación separada.
En general, hubo coincidencia en el seno de la Comisión, en el hecho de que las modificaciones introducidas son positivas, ya que ordenan de mejor forma el proyecto, sin alterar su esencia.
Puestas en votación, fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes, señores Fidel Espinoza, Rodrigo González, Romilio Gutiérrez, Giorgio Jackson y Mario Venegas (Presidente), por lo que la Comisión recomienda aprobar las enmiendas propuestas por el Senado.
V. DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó como Diputado informante al señor Fidel Espinoza Sandoval. Sala de la Comisión, a 7 de octubre de 2014.
Acordado en sesión de fecha 7 de octubre 2014, con la asistencia de las diputadas Cristina Girardi Lavín, María José HoffmannOpazo, YasnaProvoste Campillay y Camila Vallejo Dowling, y los diputados Jaime BellolioAvaria, Fidel Espinoza Sandoval, Rodrigo González Torres, Romilio Gutiérrez Pino, Giorgio Jackson Drago, Felipe Kast Sommerhoff, José Antonio KastRist, Alberto Robles Pantoja y Mario Venegas Cárdenas (Presidente).
(Fdo.): MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ, Abogada Secretaria de la Comisión.”
4. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, GARCÍA, KORT, LETELIER, MEZA, PAULSEN, SILBER Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ Y CARVAJAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE AUMENTAR LAS SANCIONES POR EL NO USO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MENORES DE EDAD EN VEHÍCULOS PARTICULARES. (BOLETÍN N° 9640‐15)
“Desde el año 2007, en nuestro país la Ley de Transito establece la obligatoriedad del uso de sillas especiales para transportar niños menores de 4 años, y la prohibición de transportar en asientos delanteros a niños menores de 8 años. Sin embargo siguen existiendo quienes no hacen uso de estos implementos que pueden salvar la vida de los niños en caso de un accidente.
Cada año un gran número de niños pequeños sufre de lesiones producto de accidentes de tránsito, muchas de ellas podrían evitarse con el uso adecuado de sillas de seguridad.
En nuestro país, las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) señalan que el año 2011 1.355 niños menores de 4 años lesionados en accidentes de tránsito, de los cuales 37 tuvieron resultado de muerte. Durante el 2012, la cifra fue de 1.418 niños menores de 4 años lesionados en accidentes de tránsito, resultando 36 fallecidos . El año 2013, las cifras no fueron mucho más alentadoras, 1.520 menores de 4 años resultaron lesionados en accidentes de tránsito, de los cuales 29 tuvieron resultado de muerte.
Estas lamentables cifras podrían haberse evitado si los involucrados hubieran usado sillas de seguridad, por ello y a fin de promover el uso de estas, es que resulta necesario sancionar con más fuerza la falta de uso de estos implementos de seguridad para los niños, pues constituyen la mejor forma de protegerlos frente a un posible accidente de tránsito. Por ello proponemos cambiar la calificación de esta infracción de grave a gravísima, aumentando de esa forma las multas asociadas hasta las 3 UTM.
Por tanto, proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LEY 18.290, LEY DE TRÁNSITO, ELEVANDO LAS SANCI0NES POR EL NO USO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA MENORES DE EDAD EN VEHICULOS PARTICULARES
ARTÍCULO UNICO.- Se modifica la Ley 18.290, Ley de Tránsito, del siguiente modo:
-Agréguese el siguiente numeral 3 al actual artículo 199:
“3.Conducir un vehículo infringiendo lo dispuesto en el inciso tercero y siguientes del numeral 10 del artículo 75”.
-reemplácese el actual numeral 31 del artículo 200, por el siguiente: “31.Conducir un vehículo infringiendo lo dispuesto en los inciso primero y segundo del numeral 10 del artículo 75;”
5. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR URRUTIA, DON OSVALDO, QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN A LOS VECINOS AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ANTENAS Y SISTEMAS RADIANTES DE TRANSMISIÓN DE TELECOMUNICACIONES. (BOLETÍN N° 9641‐15)
“Uno de los puntos más criticados de la ley 20.599 es la regulación relativa a la notificación y el procedimiento de oposición que los vecinos afectados por la instalación de soportes de antenas hacen respecto de las solicitudes presentadas por los concesionarios y las empresas inmobiliarias gestoras de su instalación. Esto, debido a que muchas veces los afectados por la instalación de estas obras sólo toman conocimiento una vez que éstas comienzan a construirse, con lo cual la oposición resulta extemporánea. De esta manera, el espíritu de la norma en cuestión no se cumple, ya que el procedimiento en la práctica no permite el correcto ejercicio de los derechos que la misma ley contempla.
En efecto, la ley es defectuosa tanto por los especiales y brevísimos plazos que otorga, como por la forma de notificación propiamente tal.
La letra e) del artículo 116 Bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que la forma de notificación de la instalación será mediante carta certificada enviada con una antelación de al menos treinta días a la presentación de la solicitud. Este plazo resulta insuficiente, debido a que durante este periodo la mayoría simple de los vecinos que se encuentran dentro del radio que esta letra establece deben organizarse, solicitar un informe de la junta de vecinos respectiva, estudiar el proyecto, elaborar sus oposiciones por escrito y probablemente, contratar a algún profesional que los asesore en esta materia. Todo en 30 días corridos.
Posteriormente, si los vecinos hubiesen ejercido este derecho, el Concejo Municipal sólo tendrá 20 días corridos para pronunciarse respecto de la oposición de los vecinos, operando el silencio administrativo en el caso que no se pronuncie.
Estos plazos brevísimos han generado que prácticamente la oposición de los vecinos no se ejerza, por lo cual, este proyecto de ley viene en modificar estos plazos, aumentándolos al doble, y modificándolos de días corridos a días hábiles.
En la misma línea, la forma de notificación que la ley establece no otorga certeza de que el vecino afectado tome conocimiento de la instalación de estas obras. Es esta misma letra e) la que dispone que “…se entenderá cumplida la obligación de comunicación al propietario del inmueble por el solo hecho de haberse remitido la referida carta certificada al propietario registrado en el Servicio de Impuesto Internos para efectos del impuesto territorial”. No obstante, que es de público conocimiento que los propietarios registrados en el Servicio de Impuestos Internos para el pago de este impuesto en la gran mayoría de los casos no coinciden con aquel que tiene el dominio vigente del inmueble.
En este sentido, el proyecto de ley modifica esta norma exigiendo que la carta certificada sea dirigida al propietario del inmueble, de acuerdo a nuestro sistema registral de inmuebles, administrado por el Conservador de Bienes Raíces Respectivo.
En mérito de lo señalado anteriormente, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórense las siguientes modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones:
1. Reemplácese en la letra e) del artículo 116 Bis F:
a) En el inciso primero la frase “treinta días” por “sesenta días”.
b) En el inciso segundo la frase “…al propietario registrado en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del impuesto territorial” por la siguiente “al dueño de conformidad a la inscripción de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces respectivo.
c) En el inciso tercero el guarismo “15” por “30”.
d) En el inciso quinto la frase “treinta días corridos” por “sesenta días”.
e) En el inciso séptimo la frase “veinte días corridos” por “cuarenta días”.
2. Agréguese el siguiente inciso final en la letra e) del artículo 116 Bis F: “Los plazos a que se refiere esta letra son de días hábiles.”
6. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LEÓN, CHAHIN, ESPEJO, ESPINOZA, DON FIDEL; FLORES, PILOWSKY, RINCÓN, SILBER, TORRES Y VALLESPÍN, QUE MODIFICA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CON EL OBJETO DE AUMENTAR EL VALOR DE LA POSTURA MÍNIMA EN LOS REMATES DE VIVIENDAS ADQUIRIDAS CON SUBSIDIOS HABITACIONALES. (BOLETÍN N° 9642‐14)
“Consideraciones preliminares
En los últimos años hemos asistido a un aumento de los remates de bienes raíces por deudas con el sistema crediticio. Muchas de estas deudas han sido contraídas por personas esforzadas que, como único bien para garantizar el pago de su obligación tienen su vivienda, muchas de ellas de carácter social, adquiridas mediante subsidios que entrega el Estado.
Vale señalar que el subsidio habitacional es una ayuda directa entregada por el Estado, la cual se otorga por una sola vez, por lo que una familia que sufre el remate de su hogar adquirido mediante esta modalidad, no tiene derecho a poder optar nuevamente a este beneficio.
En nuestra legislación actual, en los procedimientos ejecutivos de las obligaciones de dar, se establece para que en las subastas, en el caso de no existir acuerdo entre las partes involucradas en el juicio, no se admitirán posturas que bajen de los dos tercios de la tasación.
Lo anterior, presenta un gran problema para los deudores a los que se les rematan sus casas, sobre todo para las familias vulnerables y de ingresos medios, ya que en estas subastas muchas veces se pagan precios muy por debajo del valor comercial del bien raíz, lo que se presta para abusos y atropellos, que significan que el deudor pierda su casa y el producto del remate no alcance para cubrir la deuda.
Esta injusticia, se acrecienta con la aparición de verdaderas mafias de los remates, los que actúan a través de “palos blancos”, que asisten a las subastas manejando los precios finales en que son subastados los bienes raíces. Estas organizaciones delictuales recurren a todo tipo de prácticas para evitar que las casas sean rematadas a precios de mercado, llegando incluso a amedrentar a los compradores que amenazan su negocio.
Estos grupos, una vez adquiridas las viviendas, revenden los inmuebles en remates extrajudiciales, logrando grandes ganancias, e incluso ofrecen el bien raíz al deudor que había perdido su hogar, a un precio mucho mayor que al que ellos lo adquirieron.
Hace ya varios años, también asistimos al abuso por parte de financieras como el de la desaparecida Eurolatina, donde se propendía precisamente a que a los deudores se les hiciera imposible cumplir con su obligación, buscando que se remataran los bienes para comprarlos a un bajo precio y luego venderlos, haciendo de esta práctica una parte más del negocio. Incluso inmobiliarias formales han entrado a la lucrativa “industria” de las subastas, lo que hace necesario que se ponga freno a este problema.
La base de este abuso es el bajo precio en que se pueden subastar los bienes raíces para lograr el cumplimiento de la obligación contraída, por lo que encontramos de toda justicia que para el caso de viviendas sociales, la ley exija que la postura mínima para poder adquirir estos bienes raíces en remate sea el doble del valor del avalúo fiscal, avalúo que es cuantitativamente menor al precio de mercado de estos bienes.
Por todo lo anterior, es que venimos a presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Agréguese el siguiente inciso segundo en el Artículo 493 del Código de Procedimiento
Civil.
“En el caso de remate de viviendas que hayan sido beneficiadas por cualquier subsidio otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no se admitirá postura que baje de dos veces el valor del avalúo fiscal del bien raíz”.