Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Jose Manuel Edwards Silva
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Jaramillo Becker
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Luis Castro Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Alfonso De Urresti Longton
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Rosauro Martinez Labbe
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Delmastro Naso
- PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Leon Ramirez
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- I . ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Ricardo Lagos Weber
- Juan Pablo Letelier Morel
- Victor Perez Varela
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA DE DIPUTADO SEÑOR HUGO GUTIÉRREZ.
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- V. ORDEN DEL DÍA.
- AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- DEBATE
- CREACIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- DEROGACIÓN DE DERECHO PREFERENTE EN MATERIA DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIONES U OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE PLAZO DE RENUNCIA A PARTIDO POLÍTICO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. Observaciones de su excelencia el Presidente de la República.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE FINALIDAD EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Modificación de la ley N° 19.628. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- DEBATE
- DIVISIÓN DE CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE NORMAS DE LA LEY N° 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS, Y DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Giovanni Oscar Calderon Bassi
- DEBATE
- AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUSPENSIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR. (Preferencia).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Celso Rene Morales Munoz
- Patricio Vallespin Lopez
- Leopoldo Perez Lahsen
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Claudia Nogueira Fernandez
- Enrique Accorsi Opazo
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Alfonso De Urresti Longton
- Romilio Gutierrez Pino
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Celso Rene Morales Munoz
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Gustavo Hasbun Selume
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Pedro Araya Guerrero
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXENCIÓN DE VISA ENTRE CHILE Y TAIWÁN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Enrique Accorsi Opazo
- Gustavo Hasbun Selume
- Cristian Monckeberg Bruner
- Pablo Lorenzini Basso
- Ivan Moreira Barros
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Felipe Salaberry Soto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Monica Beatriz Zalaquett Said
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUSPENSIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR. (Preferencia).
- VII. INCIDENTES
- NUEVOS DESPIDOS EN SECTOR PÚBLICO. Oficios.
- CREACIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN COMUNA DE CURANILAHUE, PROVINCIA DE ARAUCO. Oficio.
- EVALUACIÓN DE PROBLEMAS EDUCACIONALES Y LABORALES. ACTUACIÓN DE AUTORIDADES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Lautaro Carmona Soto
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 359ª
Sesión 72ª, en miércoles 17 de agosto de 2011
(Ordinaria, de 10.43 a 13.36 horas)
Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio y Araya Guerrero, don Pedro
Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario accidental, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Réplica de diputado señor Hugo Gutiérrez 13
V. Orden del Día.
- Aumento de pena del delito de robo de cajeros automáticos. (Continuación) 14
- Creación de comisión permanente de coordinación del sistema de justicia penal. Tercer trámite constitucional 18
- Derogación de derecho preferente en materia de adjudicación de concesiones u otorgamiento de permisos para servicios de telecomunicaciones. Primer trámite constitucional 21
- Establecimiento de plazo de renuncia a partido político para presentación de candidaturas independientes. Observaciones de su excelencia el Presidente de la República 26
- Establecimiento del principio de finalidad en tratamiento de datos personales. Modificación de la ley N° 19.628. Primer trámite constitucional. (Continuación) 38
- División de condominios de viviendas sociales. Primer trámite constitucional. (Continuación) 41
- Modificación de normas de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, y del Código Procesal Penal. Primer trámite constitucional. (Continuación) 44
VI. Proyectos de acuerdo.
- Suspensión de otorgamiento de permisos de construcción para la instalación de antenas de telefonía celular. (Preferencia) 49
- Creación de comisión multisectorial para la educación superior 51
- Exención de visa entre Chile y Taiwán 53
VII. Incidentes.
- Nuevos despidos en sector público. Oficios 56
- Creación de centro de formación técnica en comuna de Curanilahue, provincia de Arauco. Oficio 57
- Evaluación de problemas educacionales y laborales. Actuación de autoridades de la Región de Los Lagos. Oficios 58
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto sobre “Materia de duración del descanso de maternidad.”. (boletín N° 7526-13) (S) 60
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en moción que “Concede permiso a las madres de hijos discapacitados para ausentarse del trabajo.”. (boletín N° 6725-13) 60
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “suma”, “Sobre derecho a defensa de los imputados.”. (boletín N° 7854-07) (S) 61
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, “Sobre información al Congreso Nacional en materia presupuestaria.”. (boletín N° 7414-05) (S) 62
5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las enmiendas al proyecto, iniciado en moción, “Relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores”. (boletín N° 7256-03) (S) 63
6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la enmienda a los proyectos refundidos, iniciados en moción, “Relativo al uso de la bandera nacional.”. (boletines N°s. 7095-06 (S), 7195-06 (S) y 7273-06 (S) 64
7. Moción del diputado señor Burgos, que “Interpreta el artículo 77 de la Constitución Política de la República”. (boletín N° 7871-07) 64
8. Moción de los diputados señores Teillier, Carmona y Gutiérrez, don Hugo, que “Permite participación de estudiantes y funcionarios no académicos en las instituciones de educación superior”. (boletín N° 7872-04) 70
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Comité Mixto PRSD-PC-IND por la cual informa que el diputado señor Guillermo Teillier reemplazará al diputado señor Fernando Meza en la Comisión Régimen Interno, Administración y Reglamento.
- Del diputado señor Rincón
, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 3 días, a contar del 15 de agosto próximo pasado.
- Del diputado señor Edwards
, quién acompaña licencia médica por la cual acredita que debió permanecer en reposo el día 10 de agosto próximo pasado.
2. Oficios:
Respuestas a oficios Cuenta 72ª
Contraloría General de la República:
- Diputado Cornejo, Solicita se investigue, e informe a esta Corporación, el eventual uso irregular que se podría estar dando a la Subvención Escolar Preferencial en la Corporación Municipal de Educación de Valparaíso (50323 al 2100).
- Diputado García-Huidobro, Solicita se fiscalice el destino de los fondos entregados por la empresa Pacific Hydro a la Conaf de la Región de O´Higgins, y se revise la legalidad del convenio suscrito entre ambas entidades (50613 al 1547).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Latorre, Solicita informe sobre la situación de los directores de La Polar que, además, tienen o tenían tal calidad en entidades del Sistema de Empresas Públicas, en representación del Gobierno (8205 al 1736).
- Diputado Ascencio, Solicita se informe si actualmente se realizan acciones o se toman medidas en beneficio de los pescadores artesanales, incluyendo sus familias, que sufren accidentes en el mar (8465 al 2682).
Ministerio de Educación:
- Diputado Monsalve, Solicita informe sobre el estado de avance del proyecto de reposición de la escuela de Tranaquepe, comuna de Tirúa, y respecto de la posibilidad de contar con un segundo vehículo para el traslado de los alumnos (1399 al 2980).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Chahín, Solicita declarar a las comunas cordilleranas de la Región de La Araucanía como “zona de catástrofe” (558 al 3994).
- Diputado Jaramillo, Solicita instruir al Instituto de Desarrollo Agropecuario para que preste asistencia a los campesinos y comunidades indígenas que habitan en las cercanías del volcán Villarrica, en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, debido a que inclemencias climáticas impiden la adecuada alimentación de su ganado. (559 al 2067).
- Diputado Jaramillo, Solicita informe sobre las razones por las cuales un número importante de pequeños agricultores afectados por la erupción del Cordón del Caulle, aún no reciben la ayuda que el Gobierno se encuentra distribuyendo en la zona (560 al 3950).
- Proyecto de Acuerdo 388, “Solicita a S.E. el Presidente de la República una profunda revisión de la institucionalidad ambiental del país.” (164).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Ojeda, Manifiesta su preocupación por el conflicto laboral existente en la empresa La Polar y, vinculado a lo anterior, solicita se informe a esta Cámara sobre el curso de la negociación colectiva. (3182 al 3104).
- Diputado Espinoza don Fidel, Infracciones a la normativa laboral en que habría incurrido la Empresa de Transportes Vía Lago Sur, de Puerto Varas, disponiendo una fiscalización al respecto. (768 al 3768).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre la suspensión del subsidio al transporte aéreo en la provincia de Palena y, también, acerca de las medidas que se adoptarán para solucionar, a consecuencias de la interrupción de mencionado beneficio, el acceso al transporte aéreo de los habitantes de la zona afectada, por demás la única vía eficiente de transportación entre sus localidades, y entre estas y la capital regional. (1193 al 3862).
- Diputado León, Solicita informe sobre las medidas adoptadas para prevenir riesgos en el transporte, por medio de camiones, de arsénico desde la División El Teniente, de la Corporación Nacional del Cobre, hasta una planta de tratamiento en la comuna de Chillán (3347 al 3962).
- Diputado Letelier, Solicita realizar una exhaustiva investigación del parque automotriz de taxis colectivos y básicos de la comuna de Melipilla (3436 al 4060).
- Diputado De Urresti, Posibilidad de otorgar patrocinio y prioridad al proyecto de ley que establece el soterramiento de las líneas aéreas en los casos que indica, boletín N° 6751-15, en tramitación en la Cámara de Diputados. (5235 al 3923).
- Diputado Andrade, Solicita informar sobre la solución propuesta por la Compañía General de Electricidad a sus clientes de las comunas de Puente Alto y La Pintana, debido al cobro de cuentas por montos muy superiores a los habituales, y, además, respecto de las medidas adoptadas por la empresa para resolver este problema. (8200 al 3050).
- Proyecto de Acuerdo 344, “Homologación de normativa europea en telefo-nía móvil nacional” (5236).
Ministerio de Planificación y Cooperación:
- Diputada Turres doña Marisol, Proyecto de construcción de una costanera en la localidad de Quenuir, comuna de Maullín, los fondos destinados para su ejecución, época en que se efectuó la licitación, individualización de la empresa adjudicataria, y si los fondos fueron entregados para su administración a la municipalidad respectiva (1999 al 3422).
Consejo de Defensa del Estado:
- Diputado Auth, Informe a esta Cámara, sobre la factibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en los juicios civiles y criminales iniciados contra los propietarios de los edificios Don Tristán y Don Luis, de la comuna de Maipú, o inicie sus propias acciones para resarcir el gasto del fisco. (4826 al 3873).
Intendencias:
- Diputado Robles, Solicita transmitir a los miembros de Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama la necesidad de rechazar el trazado original de la postación energética del proyecto minero Caserones, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, y, en su lugar, aprobar el nuevo trayecto propuesto por la empresa propietaria. (762 al 1913).
- Diputado Carmona, Solicita se informe sobre la totalidad de los estudios técnicos considerados para los efectos de la instalación de una planta desalinizadora de la empresa Anglo American Chile, División Mantoverde, en el sector Las Piscinas de la localidad de Flamenco, comuna de Chañaral (763 al 4018).
Municipalidad de Puerto Aysén:
- Diputado Sandoval, Solicita informe sobre la instalación de un relleno sanitario que se ubicaría a trece kilómetros de la localidad de Mañihuales (1517 al 3829).
Municipalidad de Santiago:
- Diputado Harboe, Cierre definitivo del terminal de buses ubicado en terrenos de la ex maestranza San Eugenio, colindante con las poblaciones Arauco y San Eugenio, y cuya autorización de funcionamiento habría vencido el 17 de mayo del presente año. (1 al 4275).
X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita catastro nacional de antenas de telefonía móvil (4313 de 10/08/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Jaramillo, Fiscalización de construcciones en las riberas de los lagos Panguipulli y Ranco. (4314 de 10/08/2011). A gobernador marítimo de Valdivia.
- Diputado Castro, Investigar la situación de los pacientes de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Regional de Rancagua que no están siendo debidamente atendidos por médicos del Servicio de Cirugía de dicho Hospital. (4315 de 10/08/2011). A director del Servicio de Salud VI Región.
- Diputado Sauerbaum, Otorgamiento de Bono Especial de Apoyo a apicultores del sector La Aguada, en la comuna de Yumbel, Región del Biobío. (4325 de 10/08/2011). A director del Indap.
- Diputado Sauerbaum, Reparación de dos puentes en sector Hijuelas de la Mancha, comuna de Cabrero, y arreglo de camino Licura Bajo, comuna de Quillón. (4326 de 10/08/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado De Urresti, Situación que afecta a familias del sector Beneficencia, debido a desborde del estero Catrico. (4327 de 11/08/2011). A seremi de Obras publicas XIV Región de Los Ríos.
- Diputado De Urresti, Situación que afecta a familias del sector Beneficencia, debido a desborde del estero Catrico. (4328 de 10/08/2011). A seremi de Salud de a XIV Región de Los Ríos.
- Diputado De Urresti, Situación de paradero de buses rurales para la comunidad de la costa, de la comuna de Valdivia, y traslado de paradero de sector Yungay. (4329 de 10/08/2011). A seremi de Transportes de la Región de Los Ríos.
- Diputado De Urresti
, Estado de estudios sobre vialidad y pavimentación en diversas zonas de la Región de Los Ríos. (4330 de 10/08/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado De Urresti
, Recepción final de las obras del proyecto de reposición del centro de salud Dr. Jorge Sabat, comuna de Valdivia, y cantidad de muertes notificadas por la Seremi de Salud de la Región de Los Ríos, relacionadas con enfermedades respiratorias e influenza durante el 2010 y 2009. (4331 de 10/08/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado De Urresti, Situación que afecta al señor Jacinto del Carmen Díaz Vargas. (4332 de 10/08/2011). A seremi de Salud de la XIV Región de Los Ríos.
- Diputado De Urresti
, Diversas materias de conectividad vial en la comuna de Valdivia. (4333 de 10/08/2011). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Marinovic, Interrupciones del suministro de energía eléctrica de la ciudad de Punta Arenas, producidas en las últimas horas y de carácter no programadas. (4334 de 10/08/2011). A Servicios.
- Diputado Martínez, Situación que afecta al señor Christian González Saldías, Rut 11.808.588-4, de Chillán. (4336 de 11/08/2011). A superintendenta de Seguridad Social.
- Diputado Cerda, Solicita informar respecto de la construcción de la ampliación de la Ruta 130, y, en particular, en el sector que une a Quintero y Concón, sobre la forma en que se resolverá la conexión de las localidades de Santa Adela, Santa Julia y Santa Luisa, en la comuna de Quintero, la expropiación de terrenos y la ubicación de los peajes. (4348 de 11/08/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Cerda, Solicita remitir información relacionada con los 1.300 exámenes de salud que se realizarían en el sector de La Greda, en la comuna de Puchuncaví, con motivo de los episodios de contaminación que la han afectado durante el presente año. (4349 de 11/08/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Delmastro, Urgente reposición de la calle Alejandro Flores de la ciudad de Valdivia, en subsidio de someterla al proceso de Pavimentación Participativa. (4358 de 12/08/2011). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Delmastro, Concesión de tiempo adicional a la familia del señor Altenor Wilson Fernández para abandonar la casa que ocupan en el Sitio 1, en calle Blanco N° 5 de Corral, adyacente al Fuerte de Corral. (4359 de 12/08/2011). A Ministerio de Bienes Nacionales.
- Diputado Delmastro, Planes del Ministerio del Trabajo para otorgar un Bono por Retiro al personal administrativo de los DAEM municipales que han cumplido con su edad de jubilación. (4360 de 12/08/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Delmastro, Planes del Ministerio de Educación para otorgar un Bono por Retiro al personal administrativo de los DAEM municipales que han cumplido con su edad de jubilación. (4361 de 12/08/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado Delmastro, Situación del señor Luis Yabar Jaramillo, Rut N°4.824.262-2, quien ha solicitado ser calificado como exonerado político el año 2007. (4362 de 12/08/2011). A Ministerio de Interior.
- Diputado Delmastro, Detección de casos del mal de Jean Barre por la aplicación de la Vacuna contra la Fiebre Porcina VHN1. (4363 de 12/08/2011). A Ministerio de Salud.
- Diputado Delmastro, Extensión horaria en los jardines de la Junta de Jardines Infantiles y programa de incentivo al retiro del personal de la Junta de Jardines Infantiles. (4364 de 12/08/2011). A Ministerio de Educación.
- Diputado Delmastro, Incorporar, dentro de los planes de asfaltado de los caminos transversales, al camino que une la carretera de Valdivia a Mariquina, con la comunidad de Tralcao, en la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. (4365 de 12/08/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Delmastro, Reiteración de oficio 1744, de 21 de octubre de 2010, sobre el programa para continuar el asfaltado del camino que une la ciudad de Máfil con la localidad de Malihue. (4366 de 12/08/2011). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Monckeberg don Nicolás, Solicita remitir información relacionada con la actividad comercial de la señora Nadia del Carmen Ávalos Olmos, profesora de educación básica, concejal de la municipalidad de Maipú, en la Región Metropolitana de Santiago. (4367 de 12/08/2011). A Contraloría General de la República.
- Diputado Marinovic, Solicita remitir el catastro de las pertenencias mineras de propiedad fiscal en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, con señalamiento de su situación legal y administrativa, ubicación geográfica, y características técnicas. (4368 de 12/08/2011). A Empresas del Estado.
- Diputado Marinovic, Solicita remitir el catastro de las pertenencias de exploración y explotación en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, con señalamiento de su situación legal y administrativa, tipo, y ubicación geográfica. (4369 de 12/08/2011). A director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IND VII 37
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrieron, también, los senadores señores Ricardo Lagos, Juan Pablo Letelier y Víctor Pérez.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 66ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 67ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.
RÉPLICA DE DIPUTADO SEÑOR HUGO GUTIÉRREZ.
El señor MELERO (Presidente).- El diputado señor Hugo Gutiérrez ha solicitado hacer uso de la palabra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación.
Tiene la palabra su señoría.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, solicité hacer uso del derecho a réplica, consagrado en el artículo 34 del Reglamento, por cuanto fui aludido públicamente por el diputado señor Cristián Monckeberg, el 15 de agosto del presente, a través de diversos medios de comunicación, principalmente por el canal de televisión CNN y la radio Cooperativa. Dicha radio señaló lo siguiente: “Jefe de bancada de RN, Cristián Monckeberg, exigió explicaciones por la presencia de Hugo Gutiérrez en las calles. El senador UDI Víctor Pérez dijo que el tema será tratado con Piñera”. Y agregó: “El diputado y jefe de bancada RN, Cristián Monckeberg, acusó al Partido Comunista de tener una postura de agitación en las calles.
Las palabras que emitió este señor diputado fueron las siguientes: “Lamentablemente, el Partido Comunista está sentado en el Congreso, lo que es muy bueno; pero, por otro lado, digo yo, lamentablemente tiene un afán permanente de buscar y de incitar a la alteración del orden público”. Y continuó: “Yo veo al diputado Gutiérrez permanentemente incitando a la alteración del orden público y sin ninguna responsabilidad...”.
Señor Presidente, los comunistas hemos estado presentes, en los cien años de nuestra vida republicana, ejerciendo nuestro derecho a representar los intereses de aquellos que se encuentran más marginados, desposeídos y desprotegidos de la sociedad. Creemos que hemos cumplido con nuestro rol de manera activa, consecuente y comprometida.
He tomado la palabra, porque quiero denunciar ante este Hemiciclo, para que mañana no sea tarde, esta campaña que, no dudo, es en contra de nuestro partido. La trágica historia del país da cuenta del resultado de estas campañas anticomunistas, que a lo único que conducen es a justificar violaciones de los derechos humanos.
También quiero explicar cuál es, según entiendo, el rol de un diputado. Sin duda, es un mandatario que expresa los intereses de la ciudadanía, que la acompaña en sus luchas y da cuenta del clamor popular.
En la actualidad, hay en el país un movimiento estudiantil que ha sido capaz de instalar sus reivindicaciones en la agenda pública, las cuales son, a nuestro entender, razonables, justas y correctas. Por acompañar estas reivindicaciones, algunos han estimado que estamos alterando el orden público.
Quiero hacer memoria de un requerimiento que el mismo señor diputado presentó, hace algún tiempo, en contra del senador Alejandro Navarro. Voy a leer lo que señaló el Tribunal Constitucional al respecto, a fin de que todos tengamos claridad sobre cuál es nuestro rol. Cuando acompañamos estos movimientos sociales no estamos delinquiendo, como pretende el diputado Cristián Monckeberg. Es bueno recordar lo que el Tribunal Constitucional piensa de nuestra labor. En el undécimo considerando de su fallo, dice: “Igualmente evidente, empero, es atender que la actividad parlamentaria no se reduce a su labor dentro del hemiciclo, en las comisiones o en el marco de sus deberes protocolares. Por el contrario, la participación de los parlamentarios en el proceso de elaboración de las leyes, así como en la labor fiscalizadora que le compete a la Cámara de Diputados, supone representar, en ambos casos, la opinión de sus mandantes: los ciudadanos; y el conocer su opinión incluye participar en aquellas modalidades en que aquellos tratan sus asuntos comunes en goce de las libertades y derechos que la Constitución reconoce”.
Esto no lo falló un tribunal popular, sino que lo sentenció nada menos que el Tribunal Constitucional. Aquí indica que la labor que nosotros tenemos como diputados es representar a los ciudadanos en todas aquellas actividades que ellos mismos, en virtud de sus derechos constitucionales, ejercitan.
En consecuencia, la circunstancia de que uno esté acompañando al movimiento estudiantil no tiene por qué ser estimada por alguien como un atentado al orden público y menos estar instando -esto es lo peligroso- a la eventual aplicación de la ley de seguridad del Estado -que, por supuesto, nadie quiere- en contra de un partido que actúa de manera democrática.
He dicho.
-o-
El señor BECKER.- Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de Reglamento.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor BECKER.- Señor Presidente, los proyectos que figuran en los puntos 3 y 4 de la Tabla están calificados con simple urgencia. Uno está en primer trámite constitucional, y el otro, para conocer las observaciones del Presidente de la República. Por lo tanto, de acuerdo con lo que entiendo, en tercer lugar corresponde conocer el veto presidencial.
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, la Tabla fue acordada por los jefes de los Comités Parlamentarios. El diputado de Renovación Nacional que representó a su bancada, también lo estimó así. La idea es sacar la Tabla completa en la sesión de hoy. Si durante el desarrollo de ella vemos que hay acuerdo para restringir el debate, procederemos así. Además, el diputado señor Harboe junto a otros Comités planteó la voluntad de tratar el proyecto que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
En suma, tenemos una agenda intensa. Por lo tanto, la Mesa irá observando el desarrollo del debate y si es necesario tomar decisiones, citaremos a reunión de Comités para resolver. Con todo, compartimos su inquietud
V. ORDEN DEL DÍA.
AUMENTO DE PENA DEL DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS. (Continuación).
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje y con urgencia calificada de suma, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7689-07, se inició en la sesión 68ª, en 10 de agosto de 2011, de la legislatura 359ª.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, en esta instancia debemos comprometernos con la dogmática jurídica penal, por cuanto esta trae aparejada seguridad jurídica. Elevar la penalidad a un delito que se comete en un lugar no habitado, para mí conlleva una serie de consecuencias valóricas de relevancia.
Esto nos lleva a decir que lo que se está planteando es desvirtuar la sistemática de nuestro Código Penal. En ella, los robos en lugar no habitado tienen una penalidad conocida, de 541 días a cinco años, justamente porque se realizan en lugar donde no está comprometida la vida humana.
En consecuencia, al subir la penalidad a un delito que se comete en un lugar no habitado, lo que se busca es decirle al ladrón: “Mire, si usted asalta un cajero automático, va a recibir tal penalidad”. Lo que preocupa es lo siguiente: el mensaje que entrega el Código Penal para el robo con fuerza apunta a decirle al ladrón que vaya y robe en un lugar no habitado, porque recibirá una menor penalidad. Ese es el mensaje que hoy día entrega nuestro Código Penal dentro de la sistemática.
La dogmática jurídica tiene una lógica sistémica. Si hoy rompemos esa lógica en el Código Penal, estaremos afectando esta dogmática, que ejemplifiqué con el mensaje al ladrón. Ahora, también hay un mensaje del legislador, porque en relación con los delitos de robo, le estamos diciendo al ladrón que vaya a robar a un lugar no habitado, porque la penalidad será menor. Sin embargo, hoy queremos decirle que da lo mismo. No existe el efecto disuasivo, que también debe contener la construcción de los tipos penales. Ese es uno de sus objetivos: orientar incluso la conducta ilícita; pero hoy estamos desorientando y provocando una perversión en los tipos penales.
De la lectura del informe me surgen algunas dudas. Un señor Cristóbal Lira señala que, a mayo de 2011, se han cometido 319 robos a cajeros automáticos, y que en el transcurso del año se ha detenido a 186 personas, de las cuales 81 se encuentran privadas de libertad. Repito, 319 robos a cajeros automáticos y 186 personas detenidas, de las cuales 81 se encuentran privadas de libertad.
En seguida, don Roberto Jiménez, gerente de operaciones de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, señaló que se han verificado 330 robos a cajeros automáticos, de los cuales 108 han sido consumados. ¡Discúlpenme! Estas son cifras relevantes. De 330 robos, sólo algo más de 100 se han consumado. Es decir, se quiere dictar una legislación para sancionar este robo, cuando sólo 108 tienen la calidad de consumados. Otro asesor dijo que más de 180 personas han sido detenidas. Es decir, en el delito de robo a cajeros automáticos no hay impunidad, porque sus autores han sido detenidos y sancionados. Entonces, ¿para qué estamos creando una legislación? No para romper la impunidad, porque no la hay para este delito, sino exclusivamente para dejar a esas personas privadas de libertad. Ese es el objetivo de la iniciativa: dejar a esas personas privadas de libertad.
Repito, de acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio del Interior, en los delitos de robo a cajeros automáticos no hay impunidad. Los delincuentes que cometen estos delitos son atrapados, son detenidos y la mayoría de ellos está cumpliendo penas, están privados de libertad. Sólo un pequeño número recibe penas bastante bajas.
En consecuencia, se requiere dictar una legislación para un número reducido de delitos, en circunstancias de que no existe impunidad, con lo cual se alterará la dogmática jurídica de manera innecesaria, al crear tipos penales que pervertirán la lógica sistémica del Código Penal.
Por lo tanto, no me cabe más que seguir a quienes ya analizaron estos delitos, como el ex diputado Juan Bustos, quien estudió estos temas de dogmática jurídica y las perversiones existentes en los tipos penales. Por eso, lo único que cabe aquí es rechazar el proyecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hemos escuchado importantes intervenciones hoy y ayer en relación con la iniciativa, originada en mensaje, que aumenta las penas al del delito de robo de cajeros automáticos.
Sin perjuicio de la discusión jurídica que haremos sobre el fondo, debo señalar que el proyecto hace un traje a la medida para proteger de esos robos a las empresas que manejan los cajeros automáticos, cuestión que no es una preocupación prioritaria de la ciudadanía, no obstante aparecer cotidianamente en los distintos medios de comunicación.
La iniciativa no modifica el techo, sino el piso de la pena por el delito de robo en lugar no habitado, por lo que el rango de la sanción, que hoy es de 541 días a cinco años, pasará a ser de tres años y un día a cinco años. Con ello se busca proteger no a la población, sino a los cajeros automáticos o, mejor dicho, a las instituciones financieras, que han reclamado permanentemente respecto de este tipo de robos.
Considero que se debe exigir a las instituciones que prestan servicios a través de los cajeros automáticos, que destinen recursos para dotar de seguridad a sus instalaciones, con el fin de disminuir esos robos. En la actualidad, existe tecnología para ello, como el entintado de billetes, el anclaje como corresponde de los cajeros automáticos o su ubicación en lugares que ofrezcan más seguridad; pero, señor Presidente, estimo que no corresponde que Carabineros deba cuidar esos cajeros, en circunstancias de que su personal podría destinarse a otras funciones. En mi opinión, tampoco corresponde que se apruebe una modificación legal para aumentar el piso del rango de aplicación de la pena.
Me permito leer lo señalado en la comisión técnica por el señor Juan Francisco Galli, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: “Con esta iniciativa no se está aumentando la pena, sino el límite inferior de ésta, para ello se estimó que el robo de cajero automático en lugar no habitado sea asimilado a la interrupción de un servicio que es de utilidad pública para la población. En cuanto a una eventual desproporción por el aumento de la pena, explicó que ello no ocurre por cuanto no se aumenta el techo de la sanción que se mantiene en cinco años”.
¿Cuál es la señal que se nos está entregando, señor Presidente? Favorecer la persecución penal de quienes roban cajeros automáticos y no de quienes asaltan o realizan robos con intimidación. En consecuencia, los delincuentes preferirán asaltar a las personas después de que estas saquen su dinero de los cajeros automáticos, en lugar de robar esos aparatos. O sea, estamos frente a un error de técnica legislativa en materia penal y a una mala señal.
El combate de los robos de cajeros automáticos debe basarse en una mayor inversión privada de los bancos para mejorar la protección, el anclaje y la tecnología de esos aparatos, no en la modificación de este tipo de normas, ya que eso es alterar la estructura de penas de nuestro Código Penal.
Señor Presidente, reitero que el camino propuesto en la iniciativa es errado para detener el robo de cajeros automáticos. Lo que corresponde es que las instituciones bancarias metan las manos en sus bolsillos -¡vaya que han ganado dinero¡-, a fin de establecer mejores procedimientos y usar la tecnología disponible. Esa es la fórmula para evitar este tipo de delitos, en lugar de modificar el piso de la pena para, supuestamente, obtener un éxito en el combate de estos robos.
Además, tal como señaló el diputado Hugo Gutiérrez, una gran cantidad de delitos de esta naturaleza no queda impune, ya que se captura a los autores. Por lo tanto, solicito que no alteremos la estructura y la doctrina penal para hacer un traje a la medida de los bancos.
Por eso, señor Presidente, anuncio que votaré en contra el proyecto, porque no va al fondo el asunto, sino que sólo apunta a mejorar la rentabilidad de los bancos y la protección de sus cajeros automáticos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje y calificado con suma urgencia, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos.
Hago presente a las señoras diputadas y señores diputados que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MELERO (Presidente).- Como no ha sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
CREACIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Tercer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de suma, que crea la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7193-07, sesión 64ª, en 3 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, al igual que todos los colegas, entiendo que la coordinación entre las instituciones públicas es muy importante, razón por la cual se crea una comisión similar a la que funcionó bien durante algún tiempo. Su misión será servir como mecanismo de representación de las necesidades del sistema procesal penal, a fin de ir fortaleciéndolo y perfeccionándolo para que pueda cumplir de mejor manera con el objetivo de hacer justicia, castigar y rehabilitar a quienes han infringido nuestra normativa penal.
El texto aprobado por la Cámara establece que esa Comisión Coordinadora estará integrada por el ministro de Justicia, quien la presidirá; el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el presidente del colegio de abogados con mayor número de afiliados y el subsecretario de Justicia. Se trata de seis personalidades referentes, que dan cuenta de buena manera acerca de quienes compondrán y actuarán en el sistema procesal penal, a los que se deberá escuchar como integrantes del ente consultivo para el perfeccionamiento y fortalecimiento de dicho sistema.
Por lo señalado, no me parece correcta la modificación introducida por el Senado, que todos tienen a la vista, por la cual se incorporó a esa Comisión al general director de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, ya que si bien esas instituciones forman parte del sistema procesal penal, lo hacen como colaboradoras del Ministerio Público para la investigación de los delitos, y dicho organismo ya está incorporado en la Comisión.
Sostuve una conversación sobre este punto con el diputado Felipe Harboe, quien tuvo que ver con esto como ex subsecretario del Interior en su momento, el cual me dijo que había funcionado bien; pero, reitero, la modificación de Senado no me parece correcta.
La otra labor que realizan las instituciones policiales, relacionada con la prevención y represión del delito, la hacen más bien como instituciones que forman parte del sistema de mantención de la seguridad ciudadana y del orden público, lo cual corresponde más a la competencia del Ministerio del Interior que al ámbito propio del Ministerio de Justicia.
Si se trata de incorporar a otras instituciones, debería considerarse, por ejemplo, a Gendarmería, que tiene que ver con el cuidado de los que cumplen penas, con la supervigilancia del cumplimiento de penas alternativas, etcétera, o al Sename, que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal adolescente, por nombrar a otras instituciones relevantes que podrían estar en el sistema. ¿Por qué no integran esas instituciones la Comisión que estamos creando? Simplemente, porque en ella están los representantes del ministerio del cual dependen, que es el de Justicia.
Por lo tanto, considero que es más adecuada la redacción original de la Cámara de Diputados, que establecía que las demás instituciones relevantes podrían ser invitadas para ilustrar los debates.
Con la incorporación del general director de Carabineros y del director general de la Policía de Investigaciones como miembros titulares, se deja a estas instituciones en un rango similar al de aquellas que componían la Comisión y que desempeñan labores relevantes al interior del sistema procesal penal, y se perjudica a otras instituciones que, al igual que las policiales, desempeñan labores coadyuvantes a los demás integrantes del sistema.
Por las razones expuestas, voy a rechazar las modificaciones propuestas por el Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, la creación de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal es un paso importante para que los distintos organismos que tienen que ver con el ámbito de la justicia tengan la obligatoriedad de reunirse cada dos meses, a fin de evaluar cómo marcha el sistema y generar las políticas necesarias que permitan encontrar las mejores soluciones a los problemas detectados.
Estamos ad portas del inicio de un paro de brazos caídos de fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Al respecto, cabe tener presente que, muchas veces, los organismos que integran el sistema judicial actúan en forma aislada, no presentan una sola voz. En efecto, la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, en fin, actúan de manera aislada, no coordinada, lo que redunda en que el Ejecutivo, especialmente durante el período de preparación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación, no escuche una sola voz oficial. Hoy, los fiscales reclaman a nivel nacional porque no ha existido por parte del Ejecutivo un mayor énfasis en la labor que ellos realizan. Solicitan un incremento importante en el número de fiscales a nivel nacional, porque están sobresaturados de trabajo, pero muchas veces, sienten que no son escuchados por las autoridades políticas y administrativas de turno.
Por lo tanto, el proyecto viene a subsanar una situación que no estaba considerada. Si bien se trata de una Comisión Permanente, generará una serie de reglamentos, lo que permitirá que exista una sola voz.
A mi juicio, el Senado fue bastante sabio al incorporar como integrante de dicha Comisión al general director de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, no obstante su dependencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque se trata de las máximas autoridades de instituciones que realizan labores en terreno. Su no incorporación habría significado que la mesa hubiese estado un poco coja. Ello permitirá que se estudien sus problemas y que se busquen soluciones en relación con sus falencias o, incluso, ante excesos como los ocurridos en este último tiempo.
El ministro de Justicia, el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, etcétera, podrán llevar a cabo una coordinación y generar una mayor justicia para todos los chilenos.
Por lo tanto, vamos a votar a favor las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, tal como lo señaló el colega que me antecedió en el uso de la palabra, es muy importante mejorar la reforma procesal penal, cuya legislación se trabajó en gobiernos anteriores con el Poder Legislativo y que ha traído un cambio importante en la justicia penal para los habitantes de nuestro país.
La Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal funcionará a nivel nacional y estará integrada, entre otros, por el ministro de Justicia, quien la presidirá; el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Colegio de Abogados con mayor número de afiliados, el subsecretario de Justicia, etcétera.
El Senado introdujo una importante modificación al incorporar como integrantes de dicha Comisión al general director de Carabineros y al director general de la Policía de Investigaciones. Lo destaco, dado la relevante labor que hace el Ministerio Público, junto con las policías, en materia de investigación de los delitos.
Sabemos que una de las mayores preocupaciones de nuestra población dice relación con la seguridad ciudadana. En ese sentido, la creación de la Comisión Coordinadora hará mucho más eficaz la labor del Ministerio Público y de las policías, y servirá como una herramienta para la tarea del Poder Judicial en relación con la sanción de los delitos.
Asimismo, se crean comisiones regionales de coordinación del sistema de justicia penal, de carácter permanente, en cada una de las regiones.
Por eso, anuncio que aprobaremos las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje y calificado con suma urgencia, que crea una comisión permanente de coordinación del sistema de justicia penal
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
DEROGACIÓN DE DERECHO PREFERENTE EN MATERIA DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIONES U OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. Primer trámite constitucional.
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, a fin de derogar el derecho preferente a que se refiere el artículo 13 C de dicho cuerpo legal.
Diputada informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la señora Alejandra Sepúlveda.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7617-15, sesión 23ª, en 4 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 45ª, en 21 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (de pie).- Señor Presidente, honorable Sala, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los diputados señores Hugo Gutiérrez, Hasbún, Meza y Tuma, y de la diputada señora Hoffmann, doña María José, que modifica la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones, con el objeto de derogar el derecho preferente a que se refiere el artículo 13 C de dicho cuerpo legal.
El artículo 13 C de la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones, introducido mediante la ley N° 19.277, de 2004, estableció un procedimiento concursable para el otorgamiento de concesiones o permisos para servicios de telecomunicaciones. De esa forma se resolvió el sistema de asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, un bien de uso público y recurso económico escaso, para los interesados en prestar servicios que, conforme a sus características tecnológicas, sólo toleran un número limitado de operadores. Sin embargo, en caso de que se igualen las condiciones técnicas entre distintos postulantes, el propio artículo 13 C, en su inciso segundo, prevé que el concurso debe resolverse primeramente a favor de quien detente el derecho preferente para la adjudicación.
Conforme a la historia fidedigna del establecimiento de la disposición, con ello se buscaba, tal como en otras legislaciones comparadas, incentivar la investigación tecnológica y premiar la innovación, fomentando así el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.
Sin embargo, después de haber transcurrido más de 16 años de vigencia de dicha ley y siendo múltiples los procesos concursables en que se ha dado aplicación práctica al precepto, nada aporta evidencia que permita afirmar que se ha cumplido con el objetivo pretendido. Muy por el contrario, la temática del reconocimiento de los derechos preferentes, lejos de fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones, ha sido fuente de conflictos, judicialización en el sector y materia propicia para gestiones de orden especulativo, lo cual ha generado verdaderos mercados secundarios de dichas preferencias.
Por eso, el objeto principal de esta iniciativa es proponer una disminución de la presentación de solicitudes que sólo buscan, sin mayor mérito, obtener un derecho preferente. Además, se busca aumentar la transparencia de los concursos y evitar querellas espurias.
En virtud de lo expuesto, resulta indispensable derogar el instituto del derecho preferente en los procedimientos concursables para la obtención de nuevas concesiones y permisos a que se refiere el artículo 13 C de la ley general de Telecomunicaciones, concursos que deben dirimirse, en caso de ser varios los postulantes en igualdad de condiciones, mediante una licitación entre estos.
La idea matriz del proyecto es, por tanto, derogar el derecho preferente a que se refiere el inciso segundo del artículo 13 C de la ley general de Telecomunicaciones.
El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
Tampoco existen artículos del proyecto que, en conformidad con el artículo 220 del Reglamento, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
No hubo artículos rechazados ni indicaciones presentadas.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth, don Pepe; Espinoza, don Fidel; García, don René Manuel; García-Huidobro, don Alejandro; Hasbún, don Gustavo; Hernández, don Javier; Latorre, don Juan Carlos; Meza, don Fernando; Norambuena, don Iván; Pérez, don Leopoldo; Tuma, don Joaquín; Venegas, don Mario, y quien informa.
Se deja constancia de que el diputado señor Espinoza, don Fidel, reemplazó a la diputada señora Pacheco, doña Clemira, en la sesión de fecha 14 de junio.
En nombre de la Comisión, deseo agradecer la colaboración y asistencia a las sesiones del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Pedro Pablo Errázuriz, y del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton.
Tratado y acordado en las sesiones de fechas 7 y 14 de junio de 2011, conforme se consigna en las respectivas actas.
Finalmente, informo a los señores diputados y a las señoras diputadas que se adjunta al presente informe un texto comparado que contiene la legislación vigente y el proyecto de ley despachado por la Comisión, el cual se encuentra a disposición de sus señorías.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, sólo quiero hacer una consulta.
Me queda claro que aquí se trata del procedimiento para concursar para el otorgamiento de concesiones o permisos para servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, hay un punto del informe que considero interesante aclarar. Me refiero a la parte que señala que “esta iniciativa es muy importante, dado que pronto se debe enfrentar un nuevo proceso concursal de asignación de espectro radioeléctrico, para la asignación de la banda de 2,6 MHz destinada a la incorporación en el país de la tecnología 4G”.
No conozco esa materia, señor Presidente, y a mi juicio es importante entenderla para la aprobación del proyecto. No sé si el señor subsecretario de Telecomunicaciones la explicó en su momento. Tampoco sé si con ello se trata de incentivar la investigación tecnológica.
Por eso, pido que la diputada informante o alguno de los autores del proyecto aclare ese punto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda, a fin de dar respuesta a la pregunta formulada por el diputado señor Jaramillo.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, por su intermedio le señalo al diputado Jaramillo que la iniciativa tiene por objeto la derogación del derecho preferente a que se refiere el inicio segundo del artículo 13 C de la ley general de Telecomunicaciones.
No voy a entrar en detalles sobre la tecnología a la que se refirió el colega, pero le enviaré los antecedentes respectivos a través del secretario de la Comisión.
La modificación que se propone se refiere a los futuros concursos para el otorgamiento de concesiones o permisos para servicios de telecomunicaciones. La idea es crear un sistema nuevo, en el cual no existan los derechos preferentes que otorga la legislación actual, de manera de permitir la igualdad de condiciones entre los postulantes.
En la Comisión se determinó qué empresas tienen este derecho preferente. Si se hubiese tratado de universidades o de institutos de desarrollo tecnológico relacionados con las telecomunicaciones o la tecnología que planteó el diputado Enrique Jaramillo, habría sido interesante que conservaran este derecho preferente. Sin embargo, todas son empresas privadas que no hacen un desarrollo tecnológico, sino que solamente prestan un servicio.
El diputado Velásquez consultó si esto tendrá un carácter retroactivo. Le informo que no será así.
Lo interesante es que mediante la iniciativa se deroga un derecho preferente -ojalá se pudiera hacer respecto de otras cosas, como, por ejemplo, respecto de los derechos de agua-, con lo cual se da un paso importante en contra de quienes no lo están utilizando de buena manera. Lo que se quiere evitar es que esto vaya a los mercados especulativos que, al final, lo único que hacen en términos económicos es comprar una concesión o un derecho.
En suma, la idea matriz del proyecto es generar tecnología y un sistema distinto en telecomunicaciones.
En relación con la pregunta específica del diputado Enrique Jaramillo, reitero que, a través de la Secretaría, le enviaremos toda la información relacionada con las tecnologías que mencionó.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente, tal como señalaba la diputada Alejandra Sepúlveda, la derogación de este artículo, en el fondo, va a asegurar que se termine con las inoficiosas y especulativas solicitudes que se han ido generando.
Actualmente, las empresas que han optado por utilizar y mal utilizar el derecho preferente son Entel, Claro y Movistar. Eso lo establecieron claramente las autoridades del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a la consulta de los parlamentarios sobre cómo se estaba utilizando ese derecho y fueron muy claros en la información que entregaron.
En ese sentido, lo que se busca es transparentar el sistema, eliminando el derecho preferente, ya que lo único que hace es impedir la innovación y la competencia. Al transparentarlo, el mecanismo que se propone es la aplicación directa de la licitación, que es lo más sano y normal, sobre todo, cuando queremos regular algunas empresas que utilizan o mal utilizan ciertos aspectos legales para beneficio propio.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones, con el objeto de derogar el derecho preferente a que se refiere el artículo 13 C).
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común y que la comisión informante ha recomendado aprobar la idea de legislar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor MELERO (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
ESTABLECIMIENTO DE PLAZO DE RENUNCIA A PARTIDO POLÍTICO PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. Observaciones de su excelencia el Presidente de la República.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde tratar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley, iniciado en moción, relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, boletín N° 6974-06, sesión 61ª, en 2 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 16.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización es el señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS (de pie).- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización me ha encomendado informar el veto de su excelencia el Presidente de la República, formulado al proyecto individualizado en el epígrafe, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental, y en el Título III de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el cual tuvo su origen en una moción de los Senadores señores Camilo Escalona, José Antonio Gómez, Ricardo Lagos, Pablo Longueira y Andrés Zaldívar.
Habiendo concluido su tramitación legislativa la mencionada iniciativa y puesta en conocimiento de su excelencia el Presidente de la República, éste hizo uso de la facultad que le confiere el artículo 73 de la Constitución Política, formulándole observaciones sustitutivas al texto en referencia, de cuyo contenido y alcances me ocuparé más adelante.
Concurrió, para detallar los fundamentos que inspiran el veto, el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, quien señaló que el propósito inicial del proyecto de ley es reforzar el rol de los partidos políticos, facilitando la constitución de pactos y fórmulas de consenso.
Precisó que la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios dispone que los candidatos independientes no podrán haber estado afiliados a un partido político hasta dos meses antes del vencimiento del plazo para presentar las declaraciones de candidaturas. Por lo tanto, para concurrir como candidato de un partido político, se requiere haber estado afiliado a dicho partido con, a lo menos, dos meses de anticipación a la declaración de candidaturas.
Por su parte, el proyecto aprobado por el Congreso Nacional modifica el plazo de dos a nueve meses en ambos casos, lo que sin embargo provocaría una compleja situación a los partidos en formación autorizados por ley a participar si es que se constituyen con, al menos, un año de anticipación respecto del acto eleccionario.
El veto, en consecuencia, busca permitir que los independientes que se adscriben a partidos en formación, hasta dos meses antes de la declaración de candidaturas, puedan participar en la respectiva elección; pero, si se trata de personas con militancia previa en otro partido, se les exigirá haberse afiliado al nuevo partido con, al menos, nueve meses de antelación.
Cabe hacer presente que tales observaciones fueron formuladas en mayo del año en curso, las que fueron aprobadas en su primer trámite constitucional por el Senado, sin variaciones en junio de 2011.
El propósito de las observaciones, a decir del preámbulo del documento emitido por el Ejecutivo, es introducir al proyecto despachado por el Congreso Nacional algunas modificaciones destinadas a mejorar su texto, toda vez que, de transformarse en ley de la República, producirían efectos no deseados.
Así, indica que la ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos fija plazos que posibilitan la conformación de nuevos partidos en el curso del año anterior a una elección. Pero la iniciativa en trámite hace inviable que el nuevo partido postule en la misma lista de candidatos que militen en él, en la medida en que les exige una militancia mínima de un año a la fecha de realización de aquélla.
Por otra parte, señala que durante el año anterior a la elección, aquellos partidos políticos ya existentes se verían imposibilitados de afiliar electores que escapen a las exigencias propuestas en el proyecto, esto es, candidatos de partidos afiliados, a lo menos, con nueve meses de anticipación al vencimiento del plazo para las declaraciones de candidaturas y, tratándose de candidatos de partidos inscritos en el respectivo registro en el año previo a la elección, afiliados igualmente nueve meses antes del vencimiento del plazo, lo que reduce la opción para los partidos de designar aspirantes a los cargos de elección popular.
Las observaciones persiguen evitar tales efectos, toda vez que permiten llevar candidatos afiliados al partido hasta dos meses antes de la declaración de candidaturas y, por otra parte, hace exigible a los candidatos no haber estado afiliados a otro partido dentro de los nueve meses previos a tal declaración.
Finalmente, el Presidente de la República hace presente la necesidad de modificar el artículo 9° de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, con el propósito de controlar las militancias al revisar las candidaturas y comprobar que ellas cumplan con la normativa en referencia.
Obra en poder de los señores diputados un texto comparado, como un anexo al informe, para una mejor comprensión del alcance de las precitadas observaciones, donde se incluye el articulado de la legislación en vigor que se vería afectada por el proyecto en trámite, el texto aprobado de éste por el Congreso Nacional y, finalmente, las observaciones hechas presente por el Presidente de la República a este último.
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización compartió plenamente los fundamentos que sustentan las observaciones formuladas por el Ejecutivo, otorgándole su aprobación unánime, con los votos de los diputados señores Becker, don Germán (Presidente); Ascencio, don Gabriel; Browne, don Pedro; Campos, don Cristián; Farías, don Ramón; señora Hoffmann, doña María José, y señores Lemus, don Luis; Morales, don Celso; Ojeda, don Sergio; Rosales, don Joel, y Schilling, don Marcelo.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, vamos a aprobar el veto del Presidente Sebastián Piñera, por dos razones fundamentales.
En primer lugar, porque es decisión del Presidente de la República apoyar un aspecto del sistema político que necesita afianzar su legitimidad social para poder desenvolverse plenamente. Este aspecto del sistema político son los partidos. De hecho, lo que busca el veto es reafirmar la inspiración esencial que estuvo detrás de la iniciativa parlamentaria del Senado, cual es poner fin al oportunismo que caracterizaba al proceso de toma de decisiones relacionada con la selección de candidaturas, provocando que aquellas personas que no lograban sortear los sistemas internos de selección de candidatos, al ver frustradas sus aspiraciones en ese partido, renunciaban y se inscribían en otro para poder postular, lo que generaba sospechas sobre la fortaleza de las convicciones políticas e ideológicas de los miembros de determinado partido.
Con este proyecto, ese problema queda relativamente despejado. Sin embargo, no puedo dejar de recordar que para culminar este proceso de fortalecimiento de los partidos políticos, que son parte del sistema democrático, es necesario avanzar prontamente en la institución de las elecciones primarias, como una forma de seleccionar los candidatos a las elecciones generales. Asimismo, es necesario entregar facultades al Servicio Electoral para garantizar la transparencia y la limpieza de los procesos de toma de decisiones internas de los partidos políticos, facilitando, así, el escrutinio público de los mismos.
Finalmente, el veto corrige algo que había quedado mal redactado en el texto aprobado por el Congreso Nacional, al dar facilidades para la constitución de nuevos partidos políticos, algo que siempre será necesario para enriquecer el desarrollo de nuestra vida política.
Por estas razones, voy a aprobar el veto, e invito a los colegas a proceder del mismo modo.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, la bancada del Partido por la Democracia va a respaldar el veto, porque viene a resolver un efecto no buscado de la ley N° 18.603, orgánica constitucional de Partidos Políticos, y tiende a fortalecer el sistema de partidos políticos, en un momento en que aparece como algo muy necesario porque está cuestionado.
Todos los que compartimos la necesidad de que exista una democracia estable, naturalmente, estamos de acuerdo en fortalecer los vínculos que tienen la personas con las instituciones. Pero, al mismo tiempo, hay que poner énfasis en la necesidad de que las instituciones se democraticen para que mantengan su atractivo y la seguridad de las personas en su ejercicio de solidaridad colectiva.
Sin embargo, la ley N° 18.603 representaba un impedimento para las nuevas fuerzas políticas que se constituyeran como tales, al establecer un plazo muy largo previo a los comicios electorales. Por lo tanto, al eliminarse la posibilidad y la total libertad de los independientes para afiliarse a un partido político, sea nuevo o antiguo, se resuelve ese problema de que el sistema generaba un impedimento adicional a la ya escasa fuerza de constitución y de emergencia de nuevos actores políticos, producto del sistema electoral binominal, que requiere ser cambiado.
Quiero poner el énfasis en que esta iniciativa -espero que sea aprobada en esta sesión- encontrará su correlato democrático en la aprobación de la ley sobre elecciones primarias, que obligará a los partidos a seleccionar sus candidaturas a cargos de elección popular, de cara a la ciudadanía, sin aplicar nunca más la ley de hierro de la oligarquía.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, nuestro querido amigo y colega Pepe Auth habló de oligarquía.
Estoy muy feliz, porque hoy estamos tratando un proyecto muy importante y que a los chilenos, desde Arica a Puerto Williams, les importa mucho, porque es relevante para el futuro del país. Se relaciona con cómo hacemos para que un precandidato no se presente cuando al presidente de un partido le cae mal, porque no es de su línea, o porque disiente de la forma en que dirige a su partido político.
Entonces, nos encontramos con que algunos honorables senadores presentan un proyecto para materializar esta herramienta y, finalmente, concentrar todo el poder en dos o tres personas, que pertenecen a la oligarquía, es decir, los presidentes de los partidos políticos. Y, después, designan candidatos a senadores y hacen lo que quieren. Eso es lo que ocurre, y es lo que estamos reforzando con este proyecto que, probablemente, va a ser aprobado, aunque, por cierto, no con mi voto, ni con el de Alejandra Sepúlveda, ni con el del Primer Vicepresidente, Pedro Araya, ni con el de ninguno de quienes hemos roto el sistema binominal. Por eso, tenemos autoridad plena y moral de hablar en contra de este veto.
Nosotros estamos debatiendo el veto a este proyecto; pero, ¡fíjense las tonteras que piden las personas en la calle! Piden participación, piden elecciones primarias, que los partidos de las regiones elijan a sus candidatos. Fíjense que, en Punta Arenas, el presidente de un partido eligió al candidato. Obtuvo 44 votos; otro, 15 votos. Otros, en mi región, son elegidos con cien votos. Pero, ellos son los que eligen seremis, intendentes, etcétera. Me parece fantástico. Pero la gente pide participación, quiere participar en el problema de la educación, para imponer su voluntad mayoritaria. ¡Qué raro! Pero, esto que estamos haciendo es importante: estudiando la forma de poner cortapisas a los candidatos independientes, concentrando aún más el poder de los partidos políticos y, finalmente, no dejarle nada a la gente.
Los ciudadanos piden descentralización. ¡Qué cosa más rara! Quieren intendentes elegidos, que no sean funcionarios elegidos por el Presidente de la Republica, que los nombra y, luego, los cambia; pero no es alguien que represente a los electores de las regiones. ¿Qué más pide la gente? Pide que los cores también sean elegidos, y no que busquen a un concejal, le paguen tres millones, y tienen un core. ¡Qué “tonta” es la gente! Pero, nosotros estamos preocupados de este gran proyecto.
¿Qué pasó con la iniciativa que sobre esta materia presentaron algunos? Ése era un proyecto bueno: en él se exigía por lo menos dos años de residencia del candidato a diputado en la región que quería representar. Se discutió en la Sala. ¿Qué hicimos? Estábamos tan ocupados estudiando otros proyectos de este tipo, que lo mandamos de vuelta a la Comisión donde, seguramente, va a morir. ¿Por qué? Porque hay algunos señores que viven en Santiago, pero quieren ser diputados por Punta Arenas, Coquimbo, Concepción, Antofagasta, etcétera; pero, les gusta vivir en la zona central. Eso no es aceptable. Eso quiere la gente. ¡Qué “lesa” es la gente!
Por eso, voy a hacer reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto, porque es inconstitucional. ¿Saben quién lo dice? El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, no lo digo yo.
Veamos lo que dice.
Teodoro Ribera destaca que a lo largo de la vigencia de la Constitución de 1925, lenta, pero inexorablemente, los partidos políticos fueron consolidando en la práctica un monopolio de la representación de voluntad popular, haciéndose, en los hechos, impracticable para los independientes presentar candidaturas.
Eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, nosotros debemos dedicarnos menos a estos proyectos y más a los que la gente de la calle quiere para tener más participación, porque muchas veces las ideas de la gente son bastante mejores que las que hoy hemos analizado provenientes de los honorables senadores.
Voy a votar en contra del proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el veto presidencial está orientado a una discusión que se dio en el Parlamento, y que tiene que ver con una cosa práctica y real, no de utopía política, sino de praxis política.
En el debate del proyecto se trató el problema de lo que ocurre con los partidos en formación, sobre todo dado el sistema de constitución de partidos en Chile.
Mientras discutíamos el proyecto, a los partidos en formación se les preguntó sobre la materia, y plantearon su disconformidad respecto de la iniciativa, porque impedía que otros actores se sumaran al proceso político y electoral con una anticipación razonable que les permitiera incorporar a su gente, sobre todo porque estaban en proceso de formación, y, en esas circunstancias, los tiempos que requiere dicho proceso impiden que un partido se forme con anticipación suficiente a una elección.
Por ello, partidos que están en proceso de formación, como el Partido Verde o el Partido Progresista, que han avanzado en su conformación en los últimos meses, veían dificultada su posibilidad de participar en el evento electoral próximo, sobre todo ahora que está cercana la elección municipal. Antes, no se consideraban los tiempos requeridos para formar un partido, más aún cuando se impedía que el partido en formación pudiera participar legítimamente de una elección, porque la ley, hecha por los representantes de los partidos que están presentes en el Congreso, planteaba una reforma electoral para evitar que militantes de un partido, simplemente porque había acuerdos en sus propios partidos para tomar decisiones electorales, se retiraran de ellos y fueran candidatos por otros partidos, como ocurrió tiempo atrás.
Es evidente que en Chile necesitamos reformas más estructurales, mucho más profundas en los partidos políticos, que efectivamente permitan que se abran a representar de verdad a la ciudadanía. Nuestra realidad impide muchas veces, dada la formación bastante antigua de relacionarse al interior de los partidos, que personas con ascendencia dentro de las comunidades, sobre todo en comunidades pequeñas, puedan incorporarse y participar en un proceso electoral sin contar con la venia de las respectivas cúpulas políticas.
Por eso, necesitamos un cambio en la estructura de los partidos políticos; que haya partidos mucho más democráticos, mucho más transparentes, con financiamiento, por cierto, porque si no, al final de cuentas, los partidos que reciben financiamiento de los que antaño se denominaban mecenas de la política, terminan por deberles cierta pleitesía, pero, además, necesitan de esos mecenas para de-sarrollar la actividad política, que sin duda implica costos en oficinas, en secretarias, gastos de arrendamiento y otros de distinto tipo.
Me parece absolutamente razonable que de una vez por todas abordemos los temas políticos con una mirada más de Estado, con una mirada de sociedad incluyente de sus ciudadanos en las fórmulas, en las instituciones que permiten el desarrollo de la política.
Es evidente también que si no hay canales, si no hay opciones para que la gente se incorpore a la política en la forma más abierta, más transparente y más democrática posible, seremos desbordados por el populismo, incluso por la fuerza que en el pasado se pudo imponer, como regímenes militares que persiguen imponer sus posiciones por la fuerza.
El veto del Presidente soluciona un tema que no se resolvió en el debate anterior. Hoy, hay acuerdo suficiente para respaldar el aspecto que quedó pendiente.
Es absolutamente necesario que el Ejecutivo y los partidos políticos seamos capaces de elaborar un proyecto de reforma que incluya todos los aspectos que hoy impiden que se desarrollen en la mejor forma posible y encaucen en forma real las aspiraciones ciudadanas.
También, hay que pensar en un debate más profundo y abierto respecto del sistema electoral. Hace poco conversé con el diputado Rojas sobre la posibilidad, por ejemplo, de aumentar el número de diputados. Hay proyectos que han sido presentados y que pueden ver la luz si les damos la importancia suficiente. En ese sentido, el Gobierno tiene un rol fundamental, sobre todo luego de que el Gobierno de la Alianza ha planteado la posibilidad de ampliar los espacios de discusión.
El sistema político en Chile debe ser reformulado y el sistema de partidos políticos debe abrirse a una democracia mucho más participativa. En ese sentido, entendemos que el proyecto constituye un paso adelante y concurriremos con nuestro voto favorable.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, tal como señalé en el debate anterior de la iniciativa, no me gusta este proyecto y creo que es malo, porque trata de hacerse cargo de un fenómeno que debiese estar regulado. Cuando un militante de un partido no es nominado candidato conforme a las reglas de ese partido, no debiera tener la posibilidad de renunciar al partido para presentarse como candidato por otro; pero eso requiere condiciones que hoy no existen; requiere procedimientos democráticos, transparentes, sólidos, de designación de candidatos al interior de los partidos que hagan incuestionable la legitimidad de la decisión que adoptó el partido; que no se genere la sensación de que hubo abuso o arbitrio en la selección del candidato que vulnere los derechos de otros militantes, y que en esas circunstancias lo invita, lo conmina a dejar las filas del partido para buscar otra tienda por la cual presentarse.
Debiera proscribirse el transfuguismo; es decir, a aquel que, sometido a las reglas democráticas de designación de candidatos de un partido, pierde en buena lid, no debiese permitírsele que se cambie de partido y que postule por otro. Eso -repito- es transfuguismo político y debiera estar desterrado y proscrito, como lo está en muchas democracias sólidas y desarrolladas.
Sin embargo, esas condiciones de base no existen, y difícilmente los partidos políticos son capaces de pasar el test de la blancura sobre la transparencia, legitimidad y carácter democrático de designación de sus candidatos. Creo que no hay ninguno que pudiese cumplir un estándar universalmente reconocido como legítimo y democrático de selección de candidatos. Si no fuera así, no estaríamos discutiendo, como la semana pasada, la posibilidad de dictar en Chile una ley de primarias.
Entonces, estamos equivocando el camino y la señal, porque en la línea de lo que expresaba el diputado Pepe Auth, estamos reafirmando, ratificando y refrendando la lógica oligárquica con la que los partidos toman sus decisiones en materias tan relevantes como la selección de los candidatos a los cargos de elección popular. Aquí lo que debiese haber ocurrido -ése es el orden lógico, natural y legítimo- es haber debatido, primero, una ley de primarias. De esa manera, se habría resuelto este problema, porque si cada partido tiene la obligación de designar a sus candidatos a través de un mecanismo de primarias vinculantes, el que perdiese, por el carácter vinculante de la misma y por el mérito de la ley, no habría podido presentarse ni como independiente ni como militante de otro partido. Eso es lo que resuelve el problema, en lugar de entregar a los partidos la posibilidad de postergar hasta el final la designación de candidatos, todo lo cual somete a tensión a aquellos que no saben cómo se va a resolver la designación, pues queda en el aire la decisión de si siguen o no en el partido. Antes ese plazo era de dos meses; ahora se extiende a nueve.
Hoy, la señal es pésima. No sólo hay movilizaciones que se hacen cargo de la legítima y necesaria reforma que debe haber en la educación, sino que también hay una manifestación de malestar por los abusos y la inequidad que subyace en la sociedad chilena como mar de fondo. También hay un alegato ciudadano sobre la falta de representatividad y de participación en las instituciones y decisiones políticas. Pese a todo ello, aquí estamos dando una señal que va en la dirección inversa a lo que la gente está demandando, que es más poder, más participación y más decisiones.
En nombre de esta Corporación, y encabezando una delegación plural de diputados, el fin de semana concurrí a conocer y observar el proceso de primarias en Argentina. Votó más del 70 por ciento de los ciudadanos. Es cierto que la votación es obligatoria. Pero, por primera vez en la historia de la República Argentina los partidos políticos y las coaliciones eligieron a sus candidatos, con la concurrencia de los ciudadanos. Como decía el lema de las primarias argentinas, “Más es mejor”. Mientras más participación tenga la gente en la toma de decisiones políticas, mejor es la democracia, porque se robustece más.
Al parecer, no nos hacemos cargo de que todas las encuestas indican que la credibilidad en la democracia chilena ha decaído en los ciudadanos a niveles preocupantes, y que la demanda de más y mejor democracia va a acompañada de la demanda de un país más justo, de más igualdad.
A mi juicio, éste es un pésimo proyecto. Desde ya anuncio mi voto en contra del veto, porque no resuelve el problema. Porque, al final, estamos diciendo a la ciudadanía que nuevamente vamos a legislar para solucionar los problemas de la clase política, y no para hacernos cargo de mejorar y de transparentar aún más un elemento fundamental, que es cómo se designan los candidatos y candidatas a los distintos cargos de elección popular. Más bien, ésta es una ley trampa, pues viene a aumentar el riesgo para los candidatos y a entregar más control a las directivas partidarias. Digo esto desde mi condición de vicepresidente de un partido político y de haber sido designado dos veces candidato por ese mismo partido. Por tanto, me hago cargo de que es un defecto transversal del sistema político.
Insisto, este proyecto de ley, que tiene un propósito que comparto, cual es evitar el transfuguismo, no es la solución. Es un atajo que nos conduce exactamente al lugar del cual debemos salir: el lugar del desprestigio y de la desconfianza de los ciudadanos respecto de la política.
Mi invitación es que dejemos este proyecto en nada y que nos aboquemos a sacar el proyecto de ley de primarias. Si hacemos una ley de primarias, este proyecto será papel mojado, porque no va a importar, porque la gente no se cambiará de partido debido a que no la dejan ser candidata. Además, porque tendrá el derecho a competir en una elección primaria. Si la gana, el partido tendrá la obligación de presentarla como candidata; si la pierde, no tendrá derecho de presentarse como candidato, ni por ese partido ni por ningún otro.
Los socialistas planteamos que deberían haber primarias para todos los cargos de elección popular. Por cierto, para el de Presidente de la República, de diputados, senadores, alcaldes y concejales. Porque en todo proceso de designación de autoridad, mientras haya más democracia, participación y se consulte a los ciudadanos, más legitimidad, más fortaleza y más solvencia tendrá esa institucionalidad democrática. La demanda actual es por eso.
Por lo tanto, invito a la Cámara a rechazar este veto presidencial y el proyecto, porque, insisto, este último da exactamente la señal inversa de lo que la ciudadanía pide: que le devolvamos el poder para que sea parte de la toma de decisiones y no mero espectadora convocada una vez cada cuatro años a meter un papelito en la urna y, luego, “nos vemos en cuatro años”.
Hoy, las democracias son más activas, con ciudadanos más empoderados, con más información, capacidad de opinar y de procesar decisiones. Ése debería ser el camino a seguir: ampliar los horizontes de participación de los ciudadanos para que sean parte de las decisiones; no meros espectadores.
Este proyecto entrega el poder a unos pocos. Confirma y consolida el poder de unos pocos y excluye a la inmensa mayoría de la toma de decisiones.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente, debo reconocer que el proyecto, tal como salió aprobado de la Cámara de Diputados hace algunos meses, presentaba bastantes problemas. Tenía mucha razón el diputado Marinovic en ese entonces cuando dijo que limitaba la posibilidad de los independientes para ser candidatos y restringía la formación de los partidos políticos.
El hecho de que un independiente no pudiera inscribirse en un partido político durante el último año antes de la elección redundaba en mucho tiempo. El veto viene a solucionar ese tema, porque mejora el proyecto, permite a los independientes inscribirse en los partidos políticos tal como ahora, hasta dos meses antes de la inscripción de la candidatura, o sea, cinco meses antes de la elección, lo cual me parece muy razonable.
Sin embargo, el veto restringe a las personas que forman parte de un partido político a ser candidato por otro partido político, en el caso de no retirarse antes de un año de la elección. Eso es razonable y es lo que buscamos evitar. Mientras no exista una ley de primarias, el proyecto es razonable y será muy útil, porque a nadie le gusta que existan candidatos tránsfugas, que de alguna manera se someten a un partido político, y cuando no son elegidos candidatos, prefieren irse por fuera a otro partido.
El veto está bien hecho y la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto.
Por otra parte, deseo referirme a algo que manifestó el diputado Marinovic acerca de un proyecto de reforma constitucional que presentamos hace algún tiempo, mediante el cual exigíamos que los candidatos a diputados debían estar inscritos dos años antes de la elección en los registros electorales.
En verdad, el proyecto llegó a la Sala, se discutió y no se envió a parte alguna. Marinovic expresó que se había enviado a la Comisión, pero no se despachó jamás a la Sala. Es importante que lo tratemos, porque propone que los partidos políticos lleven como candidatos a diputados a las personas que viven en las regiones. Además, hace efectivo el requisito de la residencia fijado actualmente en la Constitución.
Debería volver cuanto antes a la Sala. Pido a la Mesa que se preocupe de este tema, porque nunca había visto que un proyecto se discutiera, se sacara de la tabla y nunca más volviera a la Sala. Ni siquiera lo remitieron a Comisión. Por ello, reitero mi petición acerca de que la Mesa y los Comités se preocupen de que esa iniciativa de reforma constitucional vuelva cuanto antes a la Sala.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Señor diputado, el proyecto mencionado se envió a Comisión para nuevo informe. Estamos haciendo los esfuerzos para que vuelva pronto a la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, nuevamente lamento que con ocasión de la discusión de un proyecto de ley directamente vinculado a los procesos eleccionarios -porque francamente la iniciativa está vinculada a quienes podrían ser candidatos a representar a partidos políticos y las exigencias que de-bieran cumplir para tener esa condición- se comience por analizar una manifestación de un fenómeno sin ir al fondo del tema. Si estamos tan preocupados de que efectivamente la representación que tenga un candidato vinculado a un partido político para entablar una relación directa con la ciudadanía, en la perspectiva de una elección de representación popular, ¿por qué mejor no vamos al fondo del tema y nos preguntamos cuál es el sistema electoral vigente en Chile que no permite que las distintas corrientes de opinión que tiene nuestra sociedad se representen en forma proporcional dentro de aquella institución del Estado en donde se supone hacen síntesis las corrientes de opinión, los pensamientos y las miradas de la sociedad existentes en el país?
Por eso, me parece absolutamente inoficioso tener un debate que aparenta perfeccionar un sistema de selección de candidatos por los partidos políticos, sin abordar primero el tema de fondo.
Insisto, en esta Cámara de Diputados se debe discutir un proyecto que permita que la composición de esta Corporación y del Congreso Nacional esté dada por la representación proporcional que tiene cada corriente de opinión en nuestro país. Para eso, hay sistemas explicitados, en términos técnicos, que permiten, con fórmulas de corrección, llegar a ser muy precisos en cuanto a la representación.
En segundo lugar, ¿por qué no discutimos lo que está clamando la sociedad, respecto de temas que afectan el curso del país, como es la agenda nacional, que tendrá implicancias más allá del período de una legislatura o de un gobierno, a fin de que la ciudadanía sea consultada directamente? ¿Por qué no discutimos un proyecto que permita que, por la vía de la consulta directa, es decir, de un plebiscito, se sancionen los grandes temas que son de vida integral y estratégica de una sociedad?
Una vez instalados esos dos temas, se hace necesaria una reforma al sistema electoral para que sea plenamente democrático, con el propósito de concretar la idea de una democracia por la vía de no temer a la participación ciudadana, sino más bien de promoverla, de modo de construir un proyecto que permita que los ciudadanos sean consultados.
Lejos está de mi parte un planteamiento que debilite a los partidos políticos, toda vez que con orgullo represento a uno de ellos. Siempre he creído que son, en lo principal, no exclusivamente, representación de las ideas que tiene la sociedad. Por tanto, están llamados a jugar un papel y a asociarse a lo que es el curso democrático de la convivencia de un país. No es casual que la primera definición que hace una dictadura es ilegalizar los partidos políticos, terminar con la vida de éstos. Soy muy claro y categórico en reivindicar la existencia y el respeto que merecen.
Sin embargo, el proyecto en cuestión, y sobre el cual existe un veto presidencial, habla de un tema referido precisamente a la interna de los partidos políticos y no de los partidos como instituciones, que, insisto, están asociados directamente a la profundidad del ejercicio democrático que tenga una sociedad.
Postulamos la idea de la militancia, según la conciencia que cada uno tenga de qué cosas está abrazando, a propósito de la ideología que representamos, y sobre esa base apelamos a la seriedad y al rigor de cumplir aquellos compromisos. Es cierto, hay experiencias que pueden ser criticadas por algunos, respecto a desentenderse de esa militancia cuando en la perspectiva de una candidatura alguien no coincide con las decisiones de su partido. Francamente, es un tema que tiene que ver con un error de funcionamiento más que del funcionamiento mismo.
Así como explicamos en el debate que reivindicamos a los partidos políticos, insistimos en que no debería haber una ley que ponga trabas al ejercicio que dentro de las militancias deben darse y que cada partido debe normar y reglar. Creemos en todo mecanismo que ayude a que, según la forma en cómo se organice un partido, las decisiones que tome, incluyendo a quienes postulan a cargos de representación popular, sean del sentimiento mayoritario y de la identidad de las políticas que ese partido quiere reivindicar. Tampoco consideramos necesario que haga falta poner por ley un reglamento. El proyecto señala que durante el año anterior a la elección, aquellos partidos políticos ya existentes se verían imposibilitados de afiliar electores que escapen a las exigencias propuestas en el proyecto, esto es, candidatos de partidos afiliados, a lo menos, con nueve meses de anticipación al vencimiento del plazo para las declaraciones de candidaturas. Ese plazo mañana podría ampliarse a diez, once o doce meses. El tema de fondo es otro: la vida que haga un partido se debe regir por sus propias normas, las que debe establecer soberanamente en su interna, y no a través de una ley que contribuya a establecer una obligación que, finalmente, puede terminar siendo un recurso, no sé si abusivo, pero innecesario, si existe un ejercicio claro entre los que han acordado esas normas convencionales.
Termino planteando que este debate podría haber tenido otro peso si se hubiera planteado en el contexto de reformas políticas de fondo y reales, que son las que más falta hacen para dar solidez a la vida política del país y al aporte que los partidos políticos realicen, incluyendo a quienes van a postular como representantes.
En la oportunidad anterior no aprobamos el proyecto. El veto fija en dos meses de anticipación al vencimiento del plazo. Al respecto, uno podría plantearse que si se contemplan dos meses, podría mantenerse lo que había. Lo que sí está claro es que no aprobaremos un proyecto que no corrige el tema de fondo y no genera un debate en temas que debieran ser restrictivos a la realidad interna de cada partido político, convenida con quienes están afiliados o militan en él.
Reivindico nuevamente que se ponga en el centro un sistema electoral proporcional en forma directa y ciento por ciento democrático para la constitución de nuestras instituciones, así como la consulta directa a la ciudadanía a través del plebiscito, a fin de zanjar diferendos que tienen efectos en la vida de la sociedad.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, probablemente repetiré algunas ideas expresadas por diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y que han planteado sus dudas respecto del proyecto.
Lo que debemos preguntarnos es si esto significa una solución real de representación de la ciudadanía en nuestro país. Con este proyecto se está tratando de cerrar un sistema que, por ser binominal y por las características que tiene, realmente hoy no representa a la ciudadanía en su conjunto.
Ahora, no por el hecho de que se van a establecer dos, cinco, ocho, diez o doce meses de anticipación para desafiliarse de un partido e inscribirse en otro para postular como candidato vamos a solucionar el problema de representatividad que tenemos.
Como diputados y como legisladores, debemos preguntarnos qué queremos hacer con respecto a la representación real de la ciudadanía en nuestro país. Tenemos un ejemplo claro con la acción social por el cambio en la educación y con otros movimientos que se están generando respecto al derecho de los ciudadanos de pronunciarse y plantear sus inquietudes.
Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es revisar el sistema electoral que nos rige. ¿Queremos seguir con el sistema binominal o queremos tener un sistema representativo real de las comunidades? El plebiscito, como solución real de expresión de la ciudadanía, es un tema específico. ¿Seremos capaces de legislar sobre ello y no actuar como hace años, en 1999, cuando se puso en tabla un proyecto relacionado con el tema, que fue rechazado por una parte importante de los parlamentarios? ¿Estamos dispuestos a reemplazar el sistema electoral por otro proporcional? ¿Vamos a legislar, como dijimos, para que los postulantes a las diferentes elecciones, municipales o parlamentarias, pertenezcan a la misma zona por un período de, a lo menos, dos años?
Podríamos preguntarnos cómo vamos a reformar una parte importante del sistema electoral consagrado en la Constitución Política, para facilitar el camino a la participación ciudadana.
Este proyecto sólo agrega un barniz o una pincelada para intentar que no se vayan a otro partido los candidatos que no fueron seleccionados para un cupo.
En el Congreso del Partido socialista hemos planteado la necesidad de efectuar primarias cuando haya más de un candidato a diputado o a alcalde, de manera que todos nos pongamos detrás del aspirante que sea electo. Todos tienen derecho a representar a su partido, pero no a través de un sistema que obligue o restrinja su participación. De esa manera, no vamos a solucionar el problema.
El veto presidencial no soluciona el problema de la representación de la ciudadanía. No estoy de acuerdo con dicho veto. Debemos efectuar una reforma más profunda del sistema. A lo mejor debiéramos realizar -¿por qué no decirlo?- una profunda reforma constitucional, porque nos encontramos encerrados en una democracia débil y coja, que sólo tiene tres patas, pero a la cual le falta la cuarta, la participación ciudadana real y en todos los sentidos: en los plebiscitos y en las elecciones populares. De esa manera, vamos a sentir, con orgullo, que tenemos una democracia que hemos construido entre todos y que no fue heredada de una dictadura.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezca la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las observaciones del Presidente de la República en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República al artículo 2° del proyecto de ley, iniciado en moción, relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes.
La comisión técnica recomienda aprobar dichas observaciones.
Hago presente que ambas observaciones tienen el carácter de orgánicas constitucionales, por incidir en la ley orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, por lo que su aprobación requiere el voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
Además, debo consignar que el honorable Senado ha dado su aprobación a las observaciones.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 15 votos. No hubo abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
ESTABLECIMIENTO DEL PRINCIPIO DE FINALIDAD EN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Modificación de la ley N° 19.628. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7392-03, se inició en la sesión 69ª, en 11 de agosto de 2011, de la legislatura 359ª.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente, la legislación vigente sobre el tratamiento de datos personales y protección de la vida privada se encuentra cuestionada en el país desde hace muchos años. Es posible encontrar más de cincuenta proyectos presentados que buscan legislar al respecto.
Sin embargo, y sin obviar el tema de fondo, cual es la lesión de derechos fundamentales de millones de chilenos como consecuencia de la forma en que se tratan los datos personales, tanto por organismos públicos como por empresas privadas, existe una situación imprescindible de resolver inmediatamente, que no es objeto de discusión dogmática.
En la actualidad, cerca de 4 millones de personas se encuentran en los registros del Dicom por diversas circunstancias de atrasos, moras o incumplimientos comerciales.
Lamentablemente, un sistema que es indispensable para la adecuada marcha de la economía y que facilita el crédito ha desviado el propósito para el cual fue creado, que es evaluar el riesgo en el proceso de crédito.
Así, lo que se perseguía en la implementación de los sistemas de información comercial era que las instituciones que participaban en el otorgamiento de créditos pudieran tener claridad respecto del comportamiento de pago de una persona, de manera de anticipar una posible conducta en el cumplimiento de las obligaciones y, con ello, disminuir el riesgo de incobrabilidad.
En la actualidad, dichos registros se utilizan con finalidades totalmente diferentes, habiéndose convertido en una práctica generalizada. Por ejemplo, para acceder a un trabajo, se consulta el Dicom del postulante y ello influye en la decisión de contratación. Así, hoy es posible afirmar que esta práctica ha terminado por afectar el ingreso al mercado laboral de cerca de 1 millón 200 mil personas. En otros términos, tenemos 1 millón 200 mil compatriotas que no encuentran trabajo por el solo hecho de estar en Dicom. Con ello, se les condena a la marginalidad y a la consolidación de un estado de insolvencia, al no poder proveerse de los recursos económicos que les permitan pagar sus deudas, iniciándose un círculo vicioso, porque no se les da trabajo por estar en Dicom y, al mismo tiempo, no salen de dicho registro por no poder pagar sus deudas. Lo anterior, nos está conduciendo, como país, a un extremo de consecuencias sociales muy graves.
En la actualidad, el certificado de Dicom actúa como elemento de limitación de acceso al trabajo, a la salud privada, a los colegios particulares subvencionados, a los fondos de fomento al emprendimiento y otras actividades del quehacer diario, lo que, en la práctica, empobrecen no sólo al deudor directo, sino también a sus familias, y condicionan el futuro de sus hijos.
Junto con ello, es posible advertir cómo diariamente, al ser utilizados estos registros para finalidades diferentes a las que orientaron su creación, en definitiva se está permitiendo que se vulneren los derechos fundamentales de nuestros compatriotas, empobreciendo el desarrollo de nuestra democracia, al no tener como Estado la capacidad de proteger a nuestros compatriotas y defender, en el siglo XXI, la plena vigencia de los derechos fundamentales.
Lo que se pretende es dar protección a todas las personas, de manera que sus datos personales se utilicen de cara a ellos, en el marco de la legislación vigente, con pleno respeto de los principios internacionalmente reconocidos para el tratamiento de datos personales y, lo que es más importante, que los registros que se han creado para evaluar el proceso de crédito sean utilizados para dicho fin y no para otros.
Por ello, junto con proteger a nuestros nacionales, se permitirá que los sistemas de información comercial se fortalezcan y legitimen al convertirse en una fuente de oportunidades para las personas, como lo es el acceso al crédito, pero sin que por ello se lesionen los derechos más elementales de ellas mismas.
El proyecto ingresó al Congreso Nacional el 22 de diciembre de 2010 y pasó a la Comisión de Economía, a la cual pertenezco, y el 4 de julio emitió su primer informe.
La iniciativa viene a precisar el alcance de la obligación de tratar los datos personales para los fines que fueron recolectados e involucra importantes avances en la materia.
En primer término, se establece claramente la obligación de los tratantes de datos de informar quién es el responsable, por lo que el ejercicio de los derechos que contempla la ley para velar por el correcto tratamiento de los datos deja de ser letra muerta.
Con la regulación contenida en el proyecto, se reducen los altísimos costos de transacción actuales asociados a los reclamos, permitiendo que los titulares de los datos puedan accionar para lograr una tutela efectiva de sus derechos.
Del mismo modo, constituye un gran avance la consagración de la obligación de eliminar de los registros de morosidad a quienes hayan pactado o pagado una obligación vencida, lo cual resulta coherente jurídicamente, toda vez que, desde el momento en que ocurre esta situación, el consumidor ya no es deudor de obligación vencida al existir nuevos plazos o condiciones que no hacen la deuda actualmente exigible.
No obstante lo anterior, si bien debe reconocerse que la iniciativa representa una útil herramienta en favor de los consumidores, al limitar el acceso universal a los datos de las personas, sólo simboliza un primer paso a fin de lograr una debida protección de las personas en el tratamiento de sus datos.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común y que la comisión técnica recomienda aprobar la idea de legislar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar el proyecto en particular, en los términos propuestos por la comisión informante.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
DIVISIÓN DE CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre división de condominios de viviendas sociales.
Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Juan Carlos Latorre.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº boletín N° 7342-14, se inició en la sesión 58ª, en 19 de julio de 2011, de la legislatura 359ª.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LATORRE (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, paso a informar el proyecto de ley sobre división de condominios de viviendas sociales, iniciado moción de los diputados señores Montes, Andrade, Auth, Browne, Castro, Farías, Hales, Monckeberg, don Nicolás, y del ex diputado señor Uriarte.
Dada la naturaleza del proyecto, me limitaré a señalar que el proyecto consta de un artículo único que incorpora en la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, un artículo 46 quáter que hace permanente el procedimiento de subdivisión de terrenos y de ciertos bienes comunes de condominios de viviendas sociales.
Durante su tramitación, los diputados Hales, Jarpa y Montes presentaron a la Sala indicaciones que complementan la moción y posibilitan, además de la propuesta de subdivisión por parte de los copropietarios, aprobada por el 75 por ciento de los dere-chos en el condominio, que el 10 por ciento de estos pueda solicitar a la Dirección de Obras Municipales que elabore una propuesta de subdivisión, como asimismo que la municipalidad, motu proprio, proponga un plano de división que facilite una mejor administración del condominio.
El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, las diputadas Cristina Girardi y Claudia Nogueira, y los diputados Pedro Browne, René Manuel García, Romilio Gutiérrez, Patricio Hales, Iván Norambuena y quien les habla, Juan Carlos Latorre.
Solamente para los efectos de dar por informado este proyecto de ley ante la Sala, me parece pertinente, puesto que se trata de un artículo único, leer su texto, que se explica por sí mismo y es bastante directo:
“Artículo único. Incorpórase en la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, el siguiente artículo 46 quáter:
“Artículo 46 quáter.- Facúltase a las municipalidades para subdividir los condominios de viviendas sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.
Para tales efectos, los copropietarios podrán solicitar a la Dirección de Obras Municipales la división del condominio.
Esta solicitud puede contener una propuesta de división del condominio, que consta de un plano suscrito por un profesional competente, y que esté aprobado por los copropietarios que representen, a lo menos, el 75% de los derechos en el condominio.
El 10% de los copropietarios, alternativamente, pueden solicitar a la Dirección de Obras Municipales que elabore una propuesta de división. Esta propuesta, con su correspondiente plano, debe ser aprobada por el 75% de los derechos del condominio.
La municipalidad, por propia iniciativa, podrá proponerle a los condominios de vivienda social un plano de división que facilite una mejor administración. Esta propuesta será elaborada por la Dirección de Obras Municipales, y requiere de la aprobación del 75% de los derechos del condominio.
Para acreditar la mayoría establecida en este artículo, bastará el acta de la asamblea suscrita por los copropietarios que reúnan el citado quórum legal o, en su defecto, el instrumento en que conste la aprobación de la propuesta de subdivisión firmada por los respectivos copropietarios, protocolizada ante notario.
El Director de Obras Municipales, después de aprobadas las modificaciones por los copropietarios, dictará, si procediere, una resolución que disponga la subdivisión del condominio, la cual deberá inscribirse en el conservador de bienes raíces conjuntamente con el plano respectivo. Los cambios producidos como consecuencia de la división de los bienes del condominio regirán desde la fecha de la referida inscripción.
Las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de los respectivos instrumentos de planificación territorial, no serán aplicables a las edificaciones y a la división del suelo que se originen con motivo de la subdivisión de los condominios que se efectúe en virtud de lo dispuesto en los inciso anteriores.
Los condominios de viviendas sociales estarán exentos del pago de los derechos municipales que pudieren devengarse respecto de las actuaciones a que se refiere este artículo. Asimismo, los interesados gozarán de privilegio de pobreza en el pago de los derechos arancelarios que correspondan a notarios, conservadores y archiveros, con motivo de tales actuaciones.”.”.
Como se puede apreciar, este proyecto de ley es bastante claro y directo en su objetivo, por lo que, como diputado informante, me permito pedir a la Sala que lo apruebe como lo hizo la unanimidad de la Comisión.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que extiende el plazo para la división de condominios de viviendas sociales, con el objeto de facilitar su administración.
Hago presente a la Sala que los incisos primero, quinto y séptimo del artículo 46 quáter, contenido en el artículo único del texto aprobado, tienen carácter orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política, por tratarse de nuevas facultades concedidas a las municipalidades y a sus direcciones de obras, por lo que para su aprobación requiere 68 voto afirmativos.
Asimismo, debo señalar que el proyecto que se someterá a votación hace permanente el procedimiento que contempla la subdivisión de terrenos y bienes comunes de condominios sociales.
Por esas razones, la comisión requiere cambiar el nombre original del proyecto por: “Proyecto de ley para la división de condominios de viviendas sociales.”
En votación particular el proyecto con la sugerencia de la comisión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DE NORMAS DE LA LEY N° 17.798, SOBRE CONTROL DE ARMAS, Y DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, y el Código Procesal Penal.
Diputada informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas es la diputada señorita Marcela Sabat.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 6201-12, se inició en la sesión 61ª, en 2 de agosto de 2011, de la legislatura 359ª.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).-
Para rendir el informe, tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN (de pie).-
Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en moción de la diputada señora María Angélica Cristi, de los diputados señores Bauer, Cardemil, Pérez, don José; Ulloa, Urrutia, Von Mühlenbrock, y de los ex diputados señores Correa, Fuentealba y Vargas, don Alfonso, que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, y el Código Procesal Penal.
La iniciativa legal en tramitación tiene como objeto dotar al Estado de mejores herramientas para el combate contra la delincuencia, previniendo el uso de armas de fuego en hechos delictuales.
Las modificaciones introducidas por la Comisión versaron sobre el inciso quinto que se agregó en el primer trámite al artículo 10 de la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el propósito de establecer una norma referida a la responsabilidad de los padres por los actos de los hijos en relación con el uso o porte de un arma de fuego. En efecto, en dicho trámite reglamentario se aprobó un inciso quinto con la finalidad de sancionar, con presidio menor en su grado mínimo a medio, al padre, madre o a persona que tenga a su cuidado a un menor de catorce años cuando permitiere o consintiere que éste tenga en su poder armas de fuego, material de uso bélico, municiones, cartuchos, explosivos, bombas y otros artefactos o substancias químicas que sirvan para fabricar explosivos, u otros elementos, como armas artesanales hechizas, salvo que se trate de menores debidamente acreditados como deportistas.
Cuando esta tenencia se produjere por descuido o negligencia del padre, madre o quien tenga a su cuidado a dicho menor, será sancionado con multa de tres a diez unidades tributarias mensuales.
En la Sala se presentaron las siguientes indicaciones parlamentarias que fueron acogidas por la Comisión:
1° Para suprimir la frase “o que consintiere en ello”, con el fin de evitar que sea objeto de responsabilidad penal un padre o una madre que tenga a su cuidado un menor de 14 años, sin saber que tenía en su poder alguno de los elementos señalados, pues, de lo contario, se colige una especie de responsabilidad penal objetiva del padre, de la madre o de la persona que tenga a su cuidado al menor de 14 años.
Es decir, no se exige dolo ni culpa; basta con tener a su cuidado a un menor de 14 años y que ese menor tenga en su poder alguno de los elementos señalados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2°, o en el artículo 3° de dicha norma legal, para que ese padre, esa madre o esa persona incurra en responsabilidad penal que genera una sanción privativa de libertad.
La indicación fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes: señorita Sabat y señora Cristi, y señores Calderón, Letelier, Pérez Lahsen y Walker.
En el mismo numeral, se reemplazó la frase “presidio menor en su grado mínimo a medio” por “multa de diez a quince unidades tributarias mensuales”, para respetar el principio de proporcionalidad de las penas, por cuanto se podría sancionar con presidio menor en su grado mínimo a medio -es decir, desde 61 días a 3 años- al padre o madre por permitir el porte de arma a un menor, aun cuando éste no cometa delito.
La indicación en comento fue aprobada por 4 votos a favor de los diputados presentes: señorita Sabat y señores Calderón, Pérez Lahsen y Walker, y dos votos en contra de la señora Cristi y del señor Letelier.
Asimismo, se hace constar que la indicación que proponía reemplazar la coma (,), que sigue a la palabra “precedentemente”, por la frase “y a sabiendas”, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron en contra la señorita Sabat y la señora Cristi, y los señores Calderón, Letelier y Pérez Lahsen. Votó a favor el señor Walker. Esa enmienda se rechazó en atención a la dificultad de probar la intencionalidad que envuelve la expresión “a sabiendas”, sumada a la interpretación doctrinaria, en el sentido de que la exigencia de dolo directo ha sido interpretada como que se debe tener la intención directa de ejecutar una acción, es decir, representarse el hecho y aceptarlo. En la norma propuesta, el padre tendría dolo directo por permitir, con lo cual se estaría sancionado una omisión, en atención a que la acción de permitir no requiere de una acción positiva sino que simplemente “dejar hacer”, por lo que sería el menor quien realiza la acción de portar el arma.
Se hace presente que la Comisión reiteró su parecer en orden a que no existen disposiciones orgánicas constitucionales y que el número 2 del artículo 1° es de quórum calificado.
Asimismo, se deja constancia de que las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la discusión del segundo trámite reglamentario en la Comisión corresponden a los números 1, 2 y 3 del artículo 1° y el artículo 2°.
En razón de lo expuesto, solicito a la honorable Sala la aprobación del proyecto de ley en los términos expuestos.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, me alegro mucho de que la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas haya alcanzado un acuerdo en el sentido de establecer responsabilidad a los padres cuando sus hijos menores de edad porten armas u otros elementos señalados en la ley de control de armas. La Comisión discutió esta materia latamente, en varias ocasiones. Contó con la colaboración de penalistas y especialistas, para llegar a este acuerdo de hacer responsable a los padres, pero sin una sanción penal aditiva.
La aprobación de este proyecto sentará un precedente, no sólo para casos tan grave como menores que porten armas, sino para que los padres se hagan también responsables de muchas otras conductas de sus hijos en materia de consumo de drogas, alcohol u otras sustancias y para que presten la atención debida a los actos de sus hijos. Son cientos las denuncias en contra de menores de edad que están en situaciones complejas, de las que los padres muchas veces no están al tanto. Por eso, espero que la Sala apruebe este buen precedente.
En la legislación de muchos países existen normas que hacen responsable a los padres en casos similares, pero con características mucho más amplias y con sanciones más drásticas que las que se establecen en esta ocasión.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, celebro la moción presentada por la diputada María Angélica Cristi y otros diputados, toda vez que apunta en el sentido correcto, en cuanto limita la circulación de armas en poder de particulares.
Un reciente informe del OS9 de Carabineros reveló que cerca de 60 por ciento de los delitos se lleva a cabo con armas obtenidas en robos a casas particulares. En consecuencia, toda norma que tienda a limitar el poder de fuego en manos de particulares es bienvenida. En tal sentido, es una acierto de la moción haber incorporado una nueva letra g) en el artículo 5° A de ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en el sentido que ya no sólo no podrá inscribir un arma una persona que haya estado condenada, lo que requería sentencia a firme, sino que se agrega la imposibilidad de inscribir un arma a la persona que se encuentre sujeta a una medida cautelar personal que impida la tenencia, posesión o porte de armas. Esto es muy importante, porque muchas veces ocurría, en la práctica, que las personas, aunque habían sido sentenciadas -vale decir, por sentencia firme y ejecutoriada-, se encontraban sujetas a medias cautelares personales y aparecía completamente ilógico que esas personas, que están siendo investigadas o formalizadas, pero aún no condenadas, pudieran tener armas de fuego en sus hogares, lo que muchas veces se tradujo en casos de femicidio u otro tipo de ilícitos.
Un segundo requisito que se agrega es que a la persona que pretende inscribir un arma no se le hubiere cancelado la inscripción dentro de los últimos cinco años, lo cual es muy importante, porque las causales de cancelación que establece la ley N° 17.798 son bastante graves.
En consecuencia, se aumentan los requisitos para inscribir un arma.
Desde el punto de vista de la responsabilidad de los padres y de las madres, se tuvo un importante debate, en razón de la experiencia práctica de proliferación de armas de fuego en manos de menores de edad. Ciertamente, no es aceptable que menores de edad porten armas de fuego, pero también es importante establecer cierto grado de responsabilidad de las personas que los tienen a su cuidado.
La moción original contemplaba una sanción con pena privativa de libertad, y algunos, entre los cuales me incluyo, argumentamos que no parecía proporcional que un padre o una madre respondiera con pena privativa de libertad por la tenencia de armas de un hijo, toda vez que el efecto que podría generar sería el abandono de ese hijo, toda vez que el padre o la madre iba a tener que salir de la casa para cumplirla. Finalmente, se reemplazó por una multa, que parece más acertada y proporcional.
Lo importante es que el proyecto sea prontamente aprobado y despachado en el Senado, para que la ley sea promulgada por el Presidente de la República y entre en vigencia lo antes posible y así disminuyamos el poder de fuego en manos de particulares.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.-
Señor Presidente, felicito a la diputada señora María Angélica Cristi y al resto de los diputados autores de la moción.
Me voy a referir brevemente a tres aspectos técnicos, para terminar con una reflexión general de fondo.
Tal como lo planteó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, las modificaciones introducidas por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas tienden a racionalizar el delito que se viene creando, desde el punto de vista de la proporcionalidad de la pena. El diputado Harboe agregó que parecía un exceso castigar con pena privativa de libertad, en circunstancias de que estamos empeñados en un proceso de racionalización de este tipo de conductas, que perfectamente pueden ser inhibidas por la vía de otro tipo de sanción, como es la multa, que es la medida que finalmente aprobó la Comisión.
La eliminación de la expresión “a sabiendas” también tiene que ver con una cuestión propiamente penal, y es la circunstancia de que normalmente se ha entendido, por los autores, que para que este tipo de expresiones tenga sentido en los tipos penales solamente se le puede atribuir el efecto de exigir dolo directo. Dicho de otra manera, no puede entenderse como una exigencia antijuridicidad, porque todo delito supone la antijuridicidad de la conducta. Por lo tanto, para que tenga sentido en una ley el uso de este tipo de expresiones, debemos entenderla como una exigencia de dolo directo. Naturalmente, cuando la conducta que estamos describiendo consiste en permitir esa conducta, perfectamente puede ejecutarse con otro tipo de intencionalidad que no necesariamente signifique directamente la producción de un resultado.
Finalmente, haré una reflexión más de fondo. El proyecto va encaminado a responsabilizar a los jóvenes, a enviarles un mensaje, en el sentido de tratar de hacerlos más responsables por sus conductas. Los jóvenes tienen que entender que sus conductas, tal como las de los adultos, tienen consecuencias y pueden tener también, por cierto, consecuencias penales. Pero los padres son los primeros llamados a hacer efectiva esa responsabilidad y a enseñarla.
En la medida en que los padres sientan también que ellos son corresponsables de las conductas de sus hijos o de las personas que tienen a su cuidado, podremos avanzar en el camino de educar a los jóvenes en el respeto a la ley y a la institucionalidad.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MELERO (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, y el Código Procesal Penal.
Por no haber sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe ni de modificaciones en la del segundo, se declaran aprobados ipso jure, sin votación, los números 1 y 3 del artículo 1° y el artículo 2° del proyecto.
Hago presente a la Sala que el número 2) del artículo 1° es de quórum calificado. Para su aprobación se requiere el voto afirmativo se sesenta señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos
El señor MELERO (Presidente).-
Se deja constancia de que se ha alcanzado el quórum requerido.
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
SUSPENSIÓN DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR. (Preferencia).
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 418, de los señores Morales, Vallespín, Pérez, don Leopoldo; Macaya, de la señora Nogueira, doña Claudia; del señor Accorsi, de la señora Sepúlveda, doña Alejandra; de los señores De Urresti, Gutiérrez, don Romilio, y de la señora Zalaquett, doña Mónica
Además, ha sido firmado por los Comités señores Pedro Araya, Aldo Cornejo, Cristián Monckeberg, Gabriel Silber, Marco Antonio Núñez, Ignacio Urrutia, Pepe Auth, Pedro Pablo Browne, Fernando Meza, la señora Andrea Molina y los señores Frank Sauerbaum y Roberto León, que en su parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar al Presidente de la República, instruir al ministro de Vivienda y Urbanismo que ordene modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, comunicándole a las Direcciones de Obras Municipales que no entreguen permisos de construcción de obras menores para la instalación de estas antenas hasta la entrada en vigencia del nuevo estatuto jurídico que regule esta materia.”
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.- Señor Presidente, en el último tiempo, en diferentes comunas del país hemos visto cómo ha aumentado la ofensiva para la instalación de antenas de telefonía celular. En muchas partes de las comunas y sectores residenciales se está instalando una cantidad enorme de antenas. Ello, porque luego deberá aplicarse la nueva ley que va a regular la instalación de estas antenas, que establece más exigencias para su autorización. Entre otras cosas, dispone mayor participación de los vecinos, de las municipalidades, que hoy no existe, y un rango menor de emisiones.
Eso ha provocado que, antes de que rija la nueva ley, las empresas utilicen todos los medios para ubicar las antenas, es decir, para instalarlas en forma indiscriminada.
El proyecto de acuerdo solicita que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo modifique la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para que las direcciones de obras municipales congelen el otorgamiento de permisos de obras menores que deben obtener estas empresas para instalar las antenas. Es una medida que puede ser rápidamente ejecutada por cada uno de los municipios, depende de la voluntad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De ese modo se resguardaría el interés de los vecinos, ya que las instalaciones de nuevas antenas de telefonía celular deberían cumplir con las exigencias que va a establecer una normativa que el Congreso Nacional tramita por más de doce años y que por fin será ley.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, como lo ha señalado el diputado Morales, solicitamos al Presidente de la República que instruya al ministro de Vivienda y Urbanismo congelar los permisos para instalar antenas de telefonía celular. Eso es fundamental.
Hoy, el Senado despachará el proyecto de ley sobre la materia, normativa que ha sido tan esperada por distintos actores de la sociedad.
Es fundamental evitar la instalación de antenas. Hago presente a la Sala que ya se han autorizado dos mil permisos a lo largo del país. Por eso, es necesario que se avance en la materia, se apruebe este proyecto de acuerdo y se instruya al ministro de Vivienda y Urbanismo en el sentido señalado.
Sin embargo, también cabe señalar que existe un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional, entre otros, por el diputado Torres y la diputada Girardi, que congela la instalación de antenas. No podemos generar un vacío entre esta nueva legislación más sancionatoria, que establece mayores regulaciones, participación ciudadana, con los dos mil permisos vigentes. Es importante que tanto los Ministerios de Vivienda y de Transportes y Telecomunicaciones como los municipios, donde está radicada la autorización de las obras, tengan la posibilidad de contener esta situación -con carácter retroactivo-, de regular y modificar aquellas aberraciones urbanísticas que se han producido en importantes sectores, con la proliferación de antenas o su concentración.
Llamo a aprobar este proyecto de acuerdo que, sin duda, va a colaborar y complementar la defensa de la calidad de vida de muchos sectores de las poblaciones de nuestras ciudades que hoy están inundadas de antenas.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi El señor
CREACIÓN DE COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 380, del señor Velásquez, de la señora María José Hoffmann, de los señores Hasbún y Marinovic, de la señora Alejandra Sepúlveda, de la señorita Marcela Sabat, del señor Araya y del señor García, que en su parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que en uso de sus facultades privativas que le reconoce la Constitución y las leyes, tenga a bien considerar la posibilidad de constituir una comisión multisectorial y políticamente representativa que estudie, investigue e indague, en un plazo estimativo de noventa días, todas las aristas que intervienen y caracterizan el negocio de la educación superior Chilena, con el objeto de transparentar las prácticas oscuras e inabordables que se ejercen en la actualidad y que han puesto en tela de juicio la rotulación de corporaciones sin fines de lucro con que se constituyen las Universidades Públicas y Privadas en Chile.
Además, estimamos perentorio solicitar que esta eventual comisión revise la constitución y atribuciones del Consejo de Rectores y los vigentes procesos de postulación a las universidades con la finalidad e intención de arrojar conclusiones que permitan perfeccionar o modificar el sistema.”.
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, en Chile existen 61 casas de estudio superiores. De ellas, 25 son públicas o particulares con apoyo estatal y 36 privadas, las que empezaron a proliferar descontroladamente a partir de los años 80.
Sin embargo, el expansionismo y el desarrollo de la educación superior chilena suele ocultar actividades y negocios que exhiben poca relación con la vida académica, la investigación universitaria o la formación de científicos y profesionales.
Destacan entre las actividades anteriormente señaladas los negocios inmobiliarios, las “prestaciones de servicios” de diversa naturaleza, la existencia de sociedades de responsabilidad limitada o anónimas cerradas relacionadas a alguna casa de estudio, etcétera, situaciones que terminan por configurar, en la práctica, un panorama en que el lucro es el origen y el destino del desarrollo de la actividad universitaria -en este caso, específicamente privada-, pero no sólo en este ámbito, sino que también en universidades públicas que generan una serie de fundaciones, corporaciones y que, de alguna u otra manera, ponen en tela de juicio su labor, a lo que hoy todo el país está atento.
Por eso, la petición de que el Presidente de la República pueda formar una comisión, ojalá representativa de todos los sectores, que permita definitivamente estudiar y ser parte de la solución que hoy día el Parlamento, el Ejecutivo y los estudiantes buscan para transparentar el lucro en el sistema educacional chileno.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, tiene la palabra el diputado señor Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, voy a hablar en contra de este proyecto de acuerdo por una razón esencial: su idea matriz es exactamente igual a la que dio origen a la comisión investigadora sobre la materia, que ya se encuentra constituida y funcionando en la Cámara de Diputados.
Si queremos fortalecer el rol de nuestra Corporación y del Congreso Nacional, me parece absolutamente contradictorio que algunos diputados le digan al mismo tiempo a otro Poder del Estado: “Haga esta pega”, como si fuéramos incapaces de realizarla en forma adecuada.
Más aún, considero una contradicción evidente que diputados que firman este proyecto de acuerdo, en varias oportunidades hayan votado en contra de la creación de la referida comisión investigadora.
Pienso que debemos empezar a respetarnos un poco más.
Si ya se encuentra funcionando una comisión investigadora conformada por diputados de todos los partidos aquí representados, qué sentido tiene pedir esto ahora, que es igual en su idea matriz.
Además, es una inconsecuencia que quienes ayer rechazaron la creación de la comisión investigadora e incluso tomaron medidas destinadas abiertamente a impedir su constitución, hoy aparezcan con este documento para pedir a su excelencia el Presidente de la República que se investigue la materia, invocando argumentos similares, como que es antiético e inmoral que se esté lucrando con la educación superior, porque eso lo prohíbe la ley vigente.
En la prensa de hoy aparecen publicadas abismantes ganancias, entre ellas, las utilidades declaradas por más de 11 mil millones de pesos de una universidad propiedad de un ministro de Estado, que se ubica en el tercer lugar del ranking; otras obtuvieron utilidades cercanas a los de 20 mil millones de pesos, es decir, después de descontar lo que cobran las inmobiliarias y las instituciones que tercerizan servicios a esas casas de estudio.
¡Y seguimos discutiendo el tema del lucro!
Reitero: me parece una inconsecuencia.
Invito a los colegas a tener un poquito más de cuidado y no seguir disparándose en los pies.
Por mandato de la Sala de la Cámara de Diputados, una comisión se encuentra investigando esta materia y ella debe entregar un informe al respecto.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MELERO (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade
-Se abstuvo el diputado señor
EXENCIÓN DE VISA ENTRE CHILE Y TAIWÁN.
El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo, el cual se refiere a la exención de visa entre Chile y Taiwán.
El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- El proyecto de acuerdo N° 381 es de las señoras Mónica Zalaquett, María José Hoffman y Andrea Molina, y de los señores Accorsi, Hasbún, Cristián Monckeberg, Lorenzini, Moreira, Velásquez y Salaberry, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
“Solicitar al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro del Interior pondere los antecedentes expuestos a fin de, en virtud de los beneficios que acarrea para nuestro país, se vea la factibilidad de acordar a través de los instrumentos internacionales pertinentes, la exención recíproca de la exigencia de visa para la entrada de los ciudadanos extranjeros a cualquiera de estos países.”
El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra a la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente, un aspecto que caracteriza al mundo de hoy es la globalización y la interconexión que existe entre los países.
Chile no se encuentra ajeno a esa tendencia.
En los últimos 20 años se han hecho importantes esfuerzos por integrarse a la economía mundial y participar en la comunidad internacional. Se ha avanzado mucho en la materia y, sin lugar a dudas, hoy somos un referente a nivel mundial.
Sin embargo, aún hay aspectos en los cuales debemos mejorar.
En primer lugar, tenemos que fomentar la integración de Chile a Asia teniendo como una de nuestras prioridades la expansión comercial mediante el fomento de las exportaciones y el comercio bilateral con algunos países, como Taiwán.
En segundo término, nuestro país tiene una tremenda oportunidad en el turismo que no puede desaprovechar.
Actualmente, dicha actividad sólo aporta el 3 por ciento a la economía nacional y este gobierno se ha propuesto duplicar ese porcentaje. Para ello resulta fundamental generar los incentivos y las herramientas correctas que faciliten el turismo en nuestro país, por ejemplo, la exención de visa entre Chile y Taiwán.
¿Por qué promover esa exención? Porque la situación económica y política de ese país nos da tranquilidad para eliminar tal requisito, ya que no nos traería problemas migratorios. Además, Taiwán no es un país de emigrantes, sino todo lo contrario, son muchos los extranjeros que llegan allá para trabajar, debido al estancamiento del crecimiento de su población.
Por otra parte, las relaciones entre China y Taiwán han mejorado en el último tiempo, lo cual se refleja en los 15 acuerdos bilaterales que se firmaron durante los tres años recién pasados y en las altas tasas de crecimiento del turismo entre ambas naciones.
Por último, son muchas las coincidencias que vinculan a nuestras naciones: el valor por la democracia, el respeto a las instituciones y la importancia del bienestar social y la seguridad pública.
Por tanto, potenciar el intercambio entre Chile y Taiwán en materia comercial y turística resulta muy conveniente para nuestro país.
Por eso, mediante este proyecto de acuerdo se les solicita a los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior ponderar los antecedentes expuestos a fin de que, en virtud de los beneficios que acarrearía para nuestro país, se estudie la factibilidad de acordar, a través de los instrumentos internacionales pertinentes, la exención recíproca de la exigencia de visa para la entrada de los ciudadanos de Chile y Taiwán a cualquiera de los dos países.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, voy a dar mi apoyo a este proyecto de acuerdo, porque es extraordinariamente importante y positiva para el turismo en nuestro país la exención recíproca de la exigencia de visa a los ciudadanos de Chile y Taiwán.
Puede haber una legítima aprensión en relación con las relaciones diplomáticas entre Taiwán y China, las cuales hoy están en muy buen pie. De hecho, durante los últimos tres años, se han firmado más de 15 acuerdos bilaterales entre ambas naciones, dentro de los cuales hay libertad de vuelos entre Taipei y Beijing y otras cinco ciudades de China. Además, Taiwán es el principal inversionista en China a nivel mundial, con el 10 por ciento de la inversión total.
Chile tiene exención recíproca del requisito de visa con diversos países que han sido denominados “los Tigres de Asia”, Malasia, Japón, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia, lo cual ha traído grandes beneficios a nuestro país.
Otro beneficio importante es que Chile tiene un comercio con Taiwán de aproximadamente 2.300 millones de dólares anuales, de los cuales 2.000 millones de dólares pertenecen a las exportaciones chilenas a dicho país, de las cuales, las manzanas fuji de los productores chilenos representan el 74 por ciento del total de nuestras exportaciones al resto del mundo que van a dicho país, lo cual significa un beneficio para nuestros agricultores.
De manera que este proyecto de acuerdo, sin lesionar ninguna relación diplomática, lo que pretende es sumarse a esos 116 países que ya han liberado de este requisito a Taiwán para que puedan venir mucho más turistas a nuestro país y así aumentar del 3 por ciento que el turismo aporta al producto interno bruto a un 6 por ciento, que es un objetivo deseable.
Por todas estas razones y las señaladas por la diputada Mónica Zalaquett, solicitamos a los colegas dar su aprobación a este proyecto de acuerdo que, a mi juicio, va a traer enormes beneficios para el turismo y para el desarrollo económico, sobre todo, de la pequeña y mediana empresa.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente, los colegas de Gobierno deberían haber hablado en contra de este proyecto de acuerdo, porque ellos conocen la opinión permanente que ha tenido el Estado de Chile y que ha ratificado el Presidente Piñera en la visita de Estado que hizo a China, en cuanto a que este país es uno solo.
Entonces, me sorprende muchísimo que diputados de Gobierno sean mayoritariamente autores del proyecto de acuerdo.
Entiendo que la situación al interior de la Alianza está más o menos compleja, pero lo mínimo que uno puede pedir es que, respecto de situaciones que tienen que ver con las relaciones internacionales y con políticas de Estado, el Congreso Nacional respalde lo que el Presidente de la República ha hecho como Jefe de Estado.
Por lo anterior, es obvio que este proyecto de acuerdo no puede ser aprobado por esta Corporación, ya que no podemos estar haciendo planteamientos distintos de los que el Primer Mandatario del Estado de Chile ha formulado sobre esta materia.
Por eso, voy a votar en contra de este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 14 votos. No hubo abstenciones.
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
Andrade
VII. INCIDENTES
NUEVOS DESPIDOS EN SECTOR PÚBLICO. Oficios.
El señor MELERO (Presidente).- En el turno del Partido Radical Social Demócrata, Independientes y Partido Comunista, tiene la palabra el diputado don Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, continúan las exoneraciones políticas en el sector público, como lo demostraré con las siguientes denuncias de nuevos despidos que pasan a engrosar las filas de más de ocho mil funcionarios separados de sus cargos en el actual Gobierno.
El 1 de agosto de 2011 fue despedida injustificadamente la funcionaria de la Conadi de la Región de Atacama, señora Ángela Cayupan -hecho que resulta extremadamente grave-, quien se desempeñaba en un cargo profesional y no de confianza política, lo cual ha sido denunciado en una declaración pública por los representantes de la Asociación de Funcionarios de la Conadi Norte, Aconorte.
La funcionaria afectada es una profesional con más de diez años de servicio, primero a honorarios y desde el 2005 a la fecha a contrata. En las administraciones anteriores y en la actual ha obtenido excelentes calificaciones, y su contrata está vigente hasta el 31 de diciembre de 2011.
Su despido, según la autoridad, se debe a razones de servicio, las cuales no se expresan de forma alguna, por lo tanto, se ignora a qué razón obedece el término anticipado de su contrato.
Hace unos meses y sin expresión de causa alguna, la funcionaria ya había sido privada de su función de coordinadora del Programa de Conadi para la Región de Atacama. En dicho cargo, sin concurso, se nombró a otra persona.
Por lo anterior, vamos a apoyar lo que van a hacer los dirigentes de la Asociación en favor de la afectada: exigir formalmente al director nacional de la Conadi que revierta dicha medida.
En segundo lugar, un caso que genera mucha preocupación es la remoción de la directora regional de Aguas de la Región de Atacama, señora Katherine Ferrada, cuyo cargo fue provisto por concurso público, quien, luego de ser removida de sus funciones, fue destinada a un rol de funcionaria fiscalizadora.
En la Región de Atacama existe una crisis de recursos hídricos que no se da en ninguna otra zona y dicha funcionaria impulsó una política de fiscalización del cumplimiento de la ley en las extracciones de agua, tanto por empresas mineras como agrícolas de la zona, lo que se traducía en importantes acciones legales, tendientes a proteger el recurso y evitar su uso ilegal.
Por ello, pido que se envíe un oficio por ambas denuncias a los directores nacionales de la Conadi y de la Dirección de Aguas; a los ministros de Mideplan y de Obras Públicas, a los respectivos seremis en la Región de Atacama, a la intendenta, a los consejeros regionales, a los presidentes de la Aconorte, de la ANEF regional y de las CUT provinciales, así como a los respectivos alcaldes.
Por otra parte, el 4 de agosto de 2011, se notificó de despido a Juan Catalán Jara, destacado profesional del periodismo, representante de los trabajadores a su servicio ante la Asociación de Funcionarios de Sernatur y principal dirigente político del Partido Comunista de Chile, en la comuna de Coyhaique, quien se desempeñaba en la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo.
Esta información podría no llamar la atención, a no mediar que alguien observe la militancia política de Juan Catalán, por cuyo despido quiero manifestar mi más enérgica protesta, además, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Superación de la Pobreza que, como es sabido, recoge las situaciones que afectan a personas con discapacidad.
Juan Catalán es una persona no vidente, con una alta reputación profesional. Su despido, por una parte, es una acción como en los peores tiempos de persecución política y, por otra, un descriterio, porque se despide a uno de los buenos ejemplos de cómo se debe desempeñar profesionalmente un discapacitado, ubicado en el grado 14 de la Escala Única de Sueldos. Quien tomó esta decisión es una persona con una falta absoluta de criterio.
Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al director nacional de Turismo para que reconsidere esta medida y reponga en su cargo a Juan Catalán. Así mostrará respeto a sus méritos y a la necesaria discriminación positiva que es pertinente aplicar en estos casos. También pido que se envíe copia de esta intervención a la intendenta de la Región, a los consejeros regionales, al presidente de la CUT de Coyhaique y al presidente de la ANEF de la región.
Esas denuncias constituyen una confirmación de que continúan las exoneraciones políticas en contra de funcionarios públicos altamente calificados, sólo por pensar distinto del actual Gobierno.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así le indican a la Mesa.
El turno siguiente corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CREACIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN COMUNA DE CURANILAHUE, PROVINCIA DE ARAUCO. Oficio.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Comité Socialista, hasta por tres minutos, tiene la palabra el diputado Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pido que se oficie al Presidente de la República, con el objeto de hacerle una petición concreta: que apoye la creación de un centro de formación técnica, subsidiado por el Estado, en la comuna de Curanilahue.
Durante la campaña presidencial, el entonces candidato visitó muchas veces la provincia de Arauco, en particular, la comuna de Curanilahue, y se comprometió a mantener una preocupación preferente y prioritaria por la comuna de Curanilahue y la provincia de Arauco. Le pido que cumpla con su palabra.
La provincia de Arauco, en particular la comuna de Curanilahue, se ha caracterizado por su situación de pobreza y desempleo. Los principales desafíos para superar estos problemas radican en generar alternativas de desarrollo económico y formación de capital humano.
Todos sabemos que la principal herramienta de lucha contra la pobreza y la desigualdad es la educación. Mientras más años de estudio y tiempo de formación tengan los jóvenes, serán más las posibilidades de inserción laboral y de mejores ingresos. Desde esta perspectiva, la zona tiene dos experiencias exitosas: el Centro de Formación Técnica de Lebu, subsidiado por el Estado y en el cual estudian 400 jóvenes, y el Centro de Formación Técnica de la comuna de Lota, también subsidiado por el Estado, donde estudian 1.200 jóvenes. Los estudiantes que egresan de estos centros tienen altos índices de inserción laboral e ingresos superiores a los 300 mil pesos, que duplican y hasta triplican el ingreso familiar.
Esperamos que Curanilahue tenga la misma oportunidad, de manera que los jóvenes de entre 18 y 25 años que egresan de cuarto medio tengan un centro de formación técnica donde estudiar, con subsidio del 100 o del 85 por ciento, como ocurre en Lebu y Lota.
Esa sería una gran señal de preocupación por la provincia de Arauco, en particular, por la comuna de Curanilahue, que lo necesita. Los jóvenes requieren esa oportunidad y el Gobierno está en perfectas condiciones de cumplir el compromiso contraído por el Presidente, apoyando, financiando y distribuyendo los recursos necesarios, a través de la Corfo, para que Curanilahue cuente con un centro de formación técnica subsidiado por el Estado.
Para terminar, sólo quiero decir que, en Chile, por cada 11 profesionales sólo se forma un técnico; que en el país existe una demanda de 600 mil técnicos, y que los centros de formación técnica podrían proveer de capital humano y -además de dar oportunidades a los jóvenes- suplir así una necesidad del país para enfrentar su desafío de desarrollo social y económico.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
EVALUACIÓN DE PROBLEMAS EDUCACIONALES Y LABORALES. ACTUACIÓN DE AUTORIDADES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, considero muy grave la situación que está viviendo la Región de Los Lagos y el país, en general, debido a la crisis estudiantil que, hasta el momento, no ha tenido una solución efectiva que permita satisfacer las demandas de los dirigentes estudiantiles, que quieren seguir luchando por un país con una educación no sólo de mejor calidad, sino libre de lucro.
Pero lo que sucede en la Región de Los Lagos es, simplemente, impresentable. Por estos días, en plena crisis, hay establecimientos tomados en diferentes provincias de la región: Llanquihue, Chiloé y Osorno; otros están en paro y algunos estudiantes en huelga de hambre. Sin embargo, el secretario regional ministerial de Educación de la Región de Los Lagos, señor Muñoz, está de vacaciones, con la autorización pertinente, precisamente, cuando la región está viviendo todos los problemas que el país conoce.
Los jóvenes estudiantes de la Región de los Lagos habían pactado reuniones con el seremi y mesas de diálogo y de trabajo para buscar soluciones efectivas a sus demandas. Sin embargo, el intendente, señor Sebastián Montes, en lugar de reconocer públicamente que se trata de una situación, por lo menos, anómala, desde un punto de vista ciudadano, que debe ser abordada de otra forma, lo que hace es tratar de justificar lo injustificable.
Aunque es un derecho legítimo de cualquier funcionario, la máxima autoridad de educación de la región no debió haber tomado sus vacaciones, precisamente, cuando existe un compromiso y un trabajo que debe hacerse con responsabilidad. Independiente de que se trate de vacaciones o de compromisos académicos, los problemas existen y el seremi de Educación es el representante del ministro de Educación en la Región de Los Lagos.
Pero, el intendente Sebastián Montes no escucha no sólo este problema, sino los que tienen los cesantes, que hoy no permitieron que sesionara el Core, precisamente, porque sus demandas no han sido satisfechas, y los que afectan a la pesca artesanal. Es un intendente que hace oídos sordos a los problemas de la gente y que es ciego, porque no quiere ver la realidad, en definitiva, es un intendente a quien el poncho le quedó muy grande.
No soy de los que piden renuncias; pero, creo que el daño causado por el señor Montes ha sobrepasado las esferas del Gobierno. Como diputado de Oposición, podría quedarme callado, no decir nada, y dejar que el Gobierno se siga hundiendo con el 20 por ciento de aprobación que muestran las encuestas y siga perdiendo todo el apoyo que tuvo en las regiones en las elecciones pasadas, pero está afectando a los habitantes de la Región de Los lagos, al permitir que un seremi actúe como he señalado.
El Presidente de la República y el ministro del Interior no tienen otro camino que pedir la renuncia a este señor, porque no está comprometido con los problemas de la región. ¡Si acaba de volver de Estados Unidos, donde estuvo alrededor de 15 días! Tiene cero compromiso con los problemas regionales, lo que está afectando a los habitantes de la Región de Los Lagos.
Por eso, pido que se oficie al Presidente de la Republica y al ministro del Interior para que evalúen la grave situación que está
ocurriendo en la Región de Los Lagos, porque el seremi de Educación no ha adoptado las medidas del caso y porque al intendente, que tiene que dirigir los destinos de la Región, el cargo le quedó muy grande para el correcto desempeño de sus funciones.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.34 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
7526-13
Proyecto de ley en materia de duración del descanso de maternidad.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”
2. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 16 de agosto de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que concede permiso a las madres de hijos discapacitados para ausentarse del trabajo, correspondiente al Boletín N° 6725-13, con las siguientes modificaciones:
Artículo único.-
-Ha reemplazado, en el inciso sexto que propone, la conjunción “y” por una coma (,), e intercalado a continuación del vocablo multidéficit la locución “o bien presenten dependencia severa”.
-Ha sustituido, en el inciso séptimo que propone, el guarismo “48” por “24”.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.936, de 12 de agosto de 2010.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”
3. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 16 de agosto de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 7854-07:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes enmiendas al Código Procesal Penal:
1) Agrégase, en el inciso primero del artículo 8°, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “De conformidad al párrafo cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el imputado que no nombrare un defensor tiene el derecho irrenunciable a ser asistido por uno proporcionado por el Estado a más tardar desde la primera audiencia judicial a la que comparezca.”.
2) Agréganse las siguientes oraciones a la letra g) del inciso segundo del artículo 93, reemplazándose el punto y coma final (;) por un punto seguido (.): “Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 91 y 102, al imputado, al ser informado de su derecho a guardar silencio en la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, en su caso, se le expresará lo siguiente: “Tiene derecho a guardar silencio. Si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”. De ello se dejará constancia en el registro respectivo;”.
3) Modifícase el inciso primero del artículo 102 en los siguientes términos:
a) Suprímese la frase “el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien”.
b) Intercálase en la oración final, a continuación de la expresión “caso,”, la frase: “y para los efectos de la oportunidad a la que alude el artículo 19, numeral 3°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de la República,”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”
4. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 16 de agosto de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 7414-05:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Único.- Incorpóranse en la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal, el siguiente Título III y artículos 16, 17, 18, 19 y 20, nuevos, pasando los actuales Título III y Título IV a ser Títulos IV y V, y los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 a ser artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, respectivamente:
TÍTULO III
NORMAS SOBRE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Artículo 16.- La Dirección de Presupuestos deberá remitir, por medios electrónicos, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los primeros 15 días de cada mes, copia de los decretos totalmente tramitados en el mes anterior que dispongan:
1) Modificaciones o reasignaciones presupuestarias.
2) Identificaciones de iniciativas de inversión.
Dichos decretos deberán ser publicados en igual fecha en la página web de la Dirección de Presupuestos.
Complementariamente, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo, la Dirección de Presupuestos deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe consolidado de las modificaciones presupuestarias efectuadas en el trimestre anterior, especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida.
Artículo 17.- La Dirección de Presupuestos deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en forma complementaria y como parte de los antecedentes para la discusión de la Ley de Presupuestos, información desagregada a nivel de ítems y asignaciones de los subtítulos de gastos de todas las partidas presupuestarias, incluyendo datos desagregados a nivel regional, cuando corresponda. Dicha información se remitirá por medios electrónicos que permitan su análisis y procesamiento.
Asimismo, en la misma oportunidad, deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la nómina de las iniciativas de inversión que se proyecta ejecutar el año siguiente, desglosada por Ministerio y detallada a nivel regional y comunal, cuando ello sea factible, para las partidas correspondientes, a lo menos, a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública; de Educación; de Obras Públicas; de Justicia; de Defensa Nacional; de Salud; de Vivienda y Urbanismo, y de Transportes y Telecomunicaciones. Esta misma información deberá ser remitida respecto del presupuesto del Instituto Nacional del Deporte.
En el caso del Ministerio de Defensa Nacional, las obligaciones se entienden concordantes con lo dispuesto en el inciso final del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, sobre administración financiera del Estado.
Artículo 18.- Los Ministerios informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional acerca del nivel de avance en la ejecución física en materia de inversiones y la cantidad de beneficiarios o volumen de servicios entregados, según sea el caso, asociados a la ejecución financiera de los subtítulos de gasto de sus respectivas partidas presupuestarias, incluyendo información desagregada a nivel regional que se encuentre disponible. En todo caso, podrán especificar aquellos programas, proyectos o gastos que, por sus características, no se registran regionalmente.
Artículo 19.- La Dirección de Presupuestos enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional la siguiente información:
1) Informes trimestrales de ejecución, que contengan el nivel de avance en la ejecución financiera de los subtítulos de gastos de todas las Partidas, con la desagregación señalada en el inciso primero del artículo 20, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo mes.
En el caso de la ejecución de las iniciativas de inversión, el informe deberá incluir, además, los montos identificados y devengados por proyecto.
2) Informe de la ejecución mensual del presupuesto de ingresos y gastos de las partidas, capítulos y programas aprobados, respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo mes.
Artículo 20.- Las comisiones, o los parlamentarios debidamente individualizados en sesión de Sala o de Comisión, podrán solicitar mediante la Oficina de Informaciones de la respectiva Corporación o la Oficina de Asesoría Presupuestaria del Senado, vía oficio, información relacionada con el presupuesto de la Nación, tanto a los distintos organismos de la Administración Central del Estado como a las Empresas del Estado consideradas en el presupuesto vigente. A estas solicitudes les serán aplicables las normas establecidas en el artículo 10 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”
5. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 16 de agosto de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, correspondiente al Boletín N° 7256-03.
Hago presente a Vuestra Excelencia que la enmienda recaída en el número 2 del artículo único del proyecto fue aprobada con el voto conforme de 30 Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.558, de 6 de julio de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”
6. Oficio del H. Senado.
“Valparaíso, 16 de agosto de 2011.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la enmienda introducida por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que regula el uso del pabellón patrio, correspondiente a los Boletines N°s 7273-06, 7195-06 y 7095-06, refundidos.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.636, de 10 de agosto de 2011.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): GUIDO GIRARDI LAVÍN, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”
Moción del diputado señor Burgos.
Interpreta el artículo 77 de la Constitución Política de la República. (boletín N° 7871-07).
“Antecedentes generales
Durante la tramitación de la ley N° 20.428, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos, el Tribunal Constitucional determinó que el inciso tercero del artículo 1° del proyecto de ley remitido para su control preventivo es inconstitucional y ordenó su eliminación del texto definitivo (sentencia Rol N°1651, del 24 de marzo del presente año).
Se adoptó tal decisión en atención a que se habría incumplido la exigencia establecida en el inciso segundo del artículo 77 de la Carta Fundamental, ya que la citada iniciativa habría sido despachada por el Congreso Nacional, encontrándose vigente el plazo que la Excma. Corte Suprema tenía para pronunciarse sobre el contenido del proyecto.
A nuestro entender, el fallo de mayoría del Tribunal Constitucional, además de pretender transformar la naturaleza del informe de la Corte Suprema, desnaturaliza el sentido de las “urgencias”, se aleja del espíritu que tuvo el constituyente al modificar el artículo 74 de la Constitución (actual artículo 77, Ley N° 19.597) e impone un trámite hasta ahora no observado en las prácticas parlamentarias desde el año 1990 a la fecha.
El Congreso Nacional cumple con la exigencia constitucional al requerir la opinión de la citada Corte. Si éste es diligente y despacha el proyecto de ley aún antes que venza el plazo que tiene el máximo tribunal para emitir su opinión, no debe reprocharse tal celeridad.
No corresponde que el Poder Legislativo someta sus tiempos a un poder diverso. No ha sido ese el espíritu del constituyente ni del legislador común.
El Presidente de la República junto al Congreso Nacional son quienes determinan la oportunidad en que debe legislarse y no la Corte Suprema.
La jurisprudencia que emana de la sentencia recaída en el proyecto de ley que culminó con la dictación de la ley N° 20.248 sin duda ha venido a entorpecer la tramitación legislativa.
El proyecto cumple con los parámetros exigidos a una ley interpretativa
El Tribunal Constitucional ha sostenido en sentencia de 22 de octubre de 1992, dictada en los autos Rol N° 158 lo siguiente: Por medio de una ley interpretativa sólo cabe proporcionar claridad o precisión a la redacción de una norma constitucional, cuando su propio texto sea susceptible de originar confusión o desentendimiento, para asegurar con esa interpretación su correcta, uniforme, armónica y general aplicación” (considerando sexto), criterio que fue reiterado en la sentencia Rol N°1288 que ese Tribunal dictara al pronunciarse sobre su propia ley orgánica constitucional, en agosto del año pasado.
Sin duda el punto en discusión cumple con los parámetros que esa propia magistratura ha establecido respecto de la procedencia de una ley interpretativa. Prueba de ello es que en su propio seno existen interpretaciones divergentes respecto a la forma en que debe ser comprendido el artículo 77 de la Constitución Política de la República.
El texto del presente proyecto de ley propuesto como norma interpretativa de nuestra Carta Fundamental, no contiene ni agrega elementos y requisitos nuevos y adicionales, no contemplados en la norma constitucional que se pretende interpretar (considerando cuarto del citado fallo), dado que sólo pretende aclarar aquellos puntos oscuros o que han generado una controversia.
Quienes suscribimos esta iniciativa hacemos nuestros todos y cada uno de los argumentos expuestos en el voto de minoría de la sentencia recaída en la ley N° 20.428, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos, cuyos aspectos principales eran los siguientes:
1.- El fallo de mayoría pretende que el Congreso Nacional paralice la tramitación de un proyecto a la espera de un informe no vinculante.
A juicio de los Ministros que suscriben esa posición el Congreso Nacional debe paralizar el despacho de un proyecto a la espera del informe de la Corte Suprema, hasta que transcurra el plazo de la urgencia. Ello implica transformar la naturaleza del informe de la Corte Suprema.
Características del informe
-Debe ser previo: Este carácter emana del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución (“...oyendo previamente a la Corte Suprema”). Este inciso fue explicado en el veto que dio origen a la Ley de Reforma Constitucional N° 19.597: “La consulta a la Corte Suprema debe ser “previa”, o sea, antes que se produzca la modificación. Ello equivale a señalar que debe efectuarse durante la tramitación; no antes que ésta se inicie en el Parlamento.”.
-Obligatorio: Este carácter emana del inciso segundo del artículo 77 de la Constitución, de acuerdo con el cual “la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema”.
-No vinculante: Ello emana del hecho de que la Constitución sólo obliga a que el Congreso oiga a la Corte Suprema, no que siga sus opiniones. Un informe es no vinculante, cuando siendo facultativo u obligatorio pedirlo, el órgano llamado a resolver no está obligado a seguir su contenido.
-El informe es un trámite esencial, pero trámite al fin y al cabo. Su naturaleza de “trámite” la reconoce el inciso final del artículo 77 de la Constitución al señalar que si la Corte no emite el informe dentro de plazo “se tendrá por evacuado el trámite”. El trámite es “cada uno de los pasos del proyecto por una u otra rama del Congreso”; “es el conjunto de actos que se cumplen en el curso de las deliberaciones, votaciones y procedimientos que se van sucediendo en una u otra Cámara” (Silva Bascuñán, Alejandro; Tratado de Derecho Constitucional; T. VII; Edit. Jurídica; Santiago 2000; pág. 93).
El informe de la Corte no tiene un fin en sí mismo; es para que el Congreso y el Ejecutivo lo consideren al momento de legislar. Por lo mismo, todo lo que tenga que ver con este informe debe interpretarse a la luz de esta consideración y no al revés, es decir, ordenando el procedimiento legislativo al informe de la Corte.
2.- El procedimiento legislativo no se suspende
Al respecto cabe tener presente que ni siquiera un requerimiento ante el propio Tribunal Constitucional reprochando la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, lo hace. Expresamente el artículo 93, inciso sexto, de la Constitución, dispone: El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto”.
No puede suspender el procedimiento de aprobación de una ley un informe solicitado, pero no evacuado, de un proyecto que modifique la ley a que se refiere el artículo 77 de la Constitución. Tanto es así, que si dicho informe no se emite en la oportunidad debida, “se tendrá por evacuado el trámite” (artículo 77, inciso sexto).
Historia fidedigna
La norma original del texto de la Constitución, modificada en 1998, señalaba: “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema” (artículo 74, inciso segundo).
Dicha norma original sufrió una modificación sustancial en 1998 por la Ley de Reforma Constitucional N° 19.597, cuyo texto es el que hoy permanece vigente.
Las razones para producir esta modificación constan en el informe emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado: “Es dable señalar que, además de las consideraciones expresadas en los fundamentos de la moción en análisis, la Comisión tuvo presente que al establecer la exigencia de oír previamente a la Corte Suprema antes de modificar la ley orgánica constitucional tantas veces señalada, el constituyente sólo tuvo el propósito de otorgar al Máximo Tribunal la posibilidad de expresar su opinión en relación con las iniciativas legales que incidan en las materias a que se refiere el artículo 74 de la Ley Suprema.
Ahora bien, entender la norma en términos absolutos, configuraría un verdadero derecho a veto que se otorgaría a la Corte Suprema, pues mediante el simple expediente de abstenerse de dar su opinión o de postergarla por tiempo indefinido, produciría el efecto de paralizar completamente la tramitación del provecto e impedir que se convierta en ley.
Lo anterior, no resulta coherente con el hecho de que “en nuestro ordenamiento institucional los únicos órganos colegisladores son el Congreso Nacional y el Presidente de la República y, consecuentemente, ellos son los llamados a determinar la conveniencia o inconveniencia de dictar una ley, así como la oportunidad para hacerlo.”
En la exposición de motivos del veto que sufrió la iniciativa y que definió el texto actualmente vigente, se señala expresamente que el informe de la Corte Suprema “no suspende el curso de la tramitación del proyecto de ley. Es decir, solicitada la consulta a la Corte, el proyecto no se detiene en su tramitación”.
Lo mismo reiteró el entonces senador Sergio Diez, quien, en el informe de la Comisión de Constitución sobre el veto del Ejecutivo, indicó:
“Las soluciones propuestas son prudentes y razonables para enmendar los inconvenientes observados en la práctica, haciendo presente, al efecto, que en no pocos casos la Corte Suprema ha demorado excesivamente su respuesta; que en algunos casos no la ha evacuado y que, en otros, ha emitido informes cuya calidad no se condice con el alto nivel del organismo consultado”.
Doctrina
La Constitución no ordena suspender la tramitación del proyecto mientras no se expida el informe, de modo que seguirá su proceso normal incluso durante el plazo que está corriendo para el pronunciamiento del dictamen” (Silva Bascuñán, A.; ob. cit.; pág. 227).
3.- El fallo de mayoría desnaturaliza el sentido de las “urgencias”
Para la mayoría de los ministros del T.C. el plazo de la urgencia vigente cuando se requiere el informe, rige para que la Corte emita su opinión, aun cuando el Congreso haya despachado la iniciativa. Se produciría, por tanto, una supervivencia de dicho plazo, pues a pesar de que terminó la tramitación, éste sigue rigiendo.
Ello pugna con la naturaleza de las urgencias. Estas son “un apremio en el despacho de una determinada iniciativa”; “el efecto propio de la urgencia es colocar a la Cámara en que se haga valer, en la obligación constitucional de despachar el trámite en el plazo establecido por el constituyente” (Silva Bascuñán, Alejandro; ob. cit.; págs. 172 y 175).
Por su parte, de acuerdo al artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (Loccn), la urgencia implica que la “discusión y votación en la Cámara requerida deberán quedar terminadas en el plazo respectivo”.
La urgencia es, de conformidad al artículo 74, inciso primero, de la Constitución, para “el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites”. Por eso, cuando el Presidente de la República califica un proyecto con una urgencia, “la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo” que señala la LOCCN (artículo 74, de la Constitución).
Como se observa, la urgencia está concebida para y dentro del procedimiento legislativo. Por ello, una vez que el proyecto termina su tramitación ésta se extingue.
Si bien el artículo 77 de la Constitución establece como plazo para que la Corte Suprema evacue su informe el de treinta días, como regla general, éste disminuye al “plazo que implique la urgencia respectiva” si el proyecto tiene dicha urgencia.
El precepto constitucional señala el momento de inicio del plazo que tiene la Corte Suprema para informar (“desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente”), pero nada dice con la misma precisión hasta cuándo tiene para informar. Ese es el plazo que “implique la urgencia respectiva”.
Éstas siguen la lógica y el ritmo del procedimiento legislativo; no se explican ni definen fuera de él.
Al referirse a la urgencia para definir los días que tiene la Corte Suprema para evacuar su informe, éstos no sólo se modifican de acuerdo a ellas, sino que también se extinguen de la manera en que éstas se terminan.
Extinción de las urgencias
Hay causas naturales y provocadas. En las primeras no interviene ningún elemento externo a su normal extinción. Por ejemplo, transcurre el plazo que implica y el Congreso o una de sus Cámaras despacha el proyecto. En las segundas interviene un hecho o decisión que altera su normal desenvolvimiento. Por ejemplo, se retira la urgencia; se cambia; se terminan las sesiones.
Es causal de extinción de una urgencia, entonces, el despacho del proyecto de ley por el Congreso. No tiene sentido que subsista una urgencia después de este hecho, si estas son para “el despacho de un proyecto”.
Por tanto, si un proyecto es despachado por el Congreso, el plazo -que implique la urgencia respectiva que define el término que tiene la Corte para informar, se extinguió también. Lo contrario, implicaría dejar subsistente, en una especie de realidad virtual, una urgencia sin procedimiento al cual acceder y poner las urgencias al servicio del informe de la Corte Suprema y no del procedimiento legislativo.
4.- Absurdos que se generan a partir del fallo de mayoría
a) Si hay que esperar que la Corte Suprema informe un proyecto calificado con urgencia para que el Congreso Nacional pueda despachar el proyecto, ¿cómo cumple el Congreso el plazo de la urgencia? Porque habría que esperar el transcurso del plazo para que la aludida Corte informara y sólo recién ahí se procedería a votar. Ello afecta la orientación de la urgencia que va dirigida a un pronto despacho de un proyecto de ley.
b) Si un proyecto es calificado con simple urgencia y el Congreso lo despacha en 10 días ¿habría que esperar el informe de la Corte Suprema esos 20 días? Eso daría a dicha Corte un poder de suspensión del procedimiento legislativo formidable y construido a partir de una simple omisión, consistente en dilatar dicho dictamen hasta el último instante, y, a pesar de las urgencias y de la voluntad de avanzar de los órganos dotados de potestad legislativa.
Historia fidedigna
En el veto de la Ley N° 19.597, se resaltó que la urgencia para el despacho del proyecto prima sobre cualquier otra consideración:
“La principal objeción al proyecto se refirió a las urgencias y su vinculación con la consulta a la Corte. Durante la tramitación de este proyecto, varios parlamentarios dejaron expresa constancia que en el evento que el Presidente de la República hiciera presente la urgencia a un proyecto de ley, el plazo de treinta días que tiene la Corte, se debe ajustar al plazo que establezca la urgencia. En otras palabras, la disposición constitucional que obliga al Congreso a despachar un proyecto de ley dentro de un plazo determinado por la urgencia, prima sobre el plazo de treinta días que tiene la Corte para evacuar su informe.
Lo anterior, no obstante ser jurídicamente defendible, es una interpretación. Ello hace que sea necesario clarificarlo desde el punto de vista normativo.
No basta con dejar constancia para la historia fidedigna, que prima el plazo de la urgencia por sobre los treinta o sesenta días que tiene la Corte para evacuar su informe, pues el Tribunal Constitucional o el propio Parlamento, puede tener otro criterio. Lo anterior traería enormes dificultades.
Comentarios finales
-Lo importante en un procedimiento es el resultado final. Por eso deben sacrificarse ciertos elementos en aras de ese propósito. Por ejemplo, el proyecto en cuestión tenía la calificación de discusión inmediata. Ello implica dos cosas de acuerdo a nuestro ordenamiento (artículo 27, Loccn). Por una parte, el Congreso tiene tres días para su discusión y votación. Por la otra, el proyecto se discute en general y en particular a la vez. Es decir, en aras un pronto despacho, se sacrifican los ritmos y etapas comunes del análisis de un proyecto. Dicho sentido de resultado no es conciliable con que el Congreso, haciendo caso de la urgencia, se haya esforzado por aprobar el proyecto dentro del brevísimo tiempo que la discusión inmediata implicar y se le sancione con la inconstitucionalidad de uno de los preceptos aprobados por no haber esperado el informe de la Corte Suprema. El Congreso cumplió el mandato del artículo 74 constitucional de “pronunciarse dentro del plazo” que la urgencia implica.
-La sanción es desproporcionada: Si el proyecto se despachó, no tiene sentido el informe, pues no podrá ser evaluado o ponderado. En este caso particular, hay que considerar, además, que el informe de la Corte Suprema, contenido en el Oficio N° 20, de 19 de marzo de dos mil diez, se contiene una opinión favorable al proyecto, sin que contenga ninguna propuesta de cambio o de perfeccionamiento del mismo. Se limita, más bien, a hacer una descripción de las normas que aquel contiene.
Precedente
Con ocasión del anterior bono extraordinario establecido en la Ley N° 20.360, se produjo la misma situación, sin que se hubiere objetado la constitucionalidad del precepto en el respectivo control obligatorio. En efecto, el proyecto fue tramitado por el Congreso Nacional, a pesar de que estaba pendiente el plazo de la urgencia para que la Corte Suprema informara. El Congreso Nacional despachó el proyecto el 18 de junio de 2009. De la respuesta de la Corte Suprema se dio cuenta en la Cámara de Diputados y, por lo mismo, ésta tomo conocimiento, recién el día 30 de junio de 2009.
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente
PROYECTO INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
“Artículo único: Fíjase el verdadero sentido y alcance de la exigencia establecida en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, en orden a que el Congreso Nacional está facultado para despachar un proyecto de ley que modifique la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, aún cuando la Corte Suprema no haya emitido la opinión que le fue requerida y esté vigente el plazo que tiene para hacerlo.”
Moción de los diputados señores Teillier, Carmona y Gutiérrez, don Hugo.
Permite participación de estudiantes y funcionarios no académicos en las instituciones de educación superior. (boletín N° 7872-04).
1.- FUNDAMENTOS
En el último tiempo se ha expresado intensamente la necesidad de generar espacios de participación en la comunidad educativa. Sin embargo, en el ámbito de la Educación Superior chilena, la legislación establece serias limitaciones u obstáculos para que aquellos deseos de mayor participación puedan materializarse en fórmulas concretas al interior de sus entidades.
Cabe señalar que, conforme la experiencia internacional, no existe un único modelo de gobierno, organización o estructura de las instituciones de Educación Superior. Así, en algunas entidades se incorpora la participación de estudiantes y personal no académico y, en otras, dicha participación se encuentra restringida.
Prestigiosas universidades del mundo permiten la participación activa de su comunidad en sus instancias colegiadas superiores, no existiendo relación alguna entre participación y calidad, como sostienen algunos. Así sucede, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge y Universidad Manchester, ambas del Reino Unido, y en las universidades estadounidenses de Illinois, New York, Columbia, Princeton, entre otras, todas las que contemplan la participación de sus estudiantes y, a la vez, se ubican en lo más alto de los rankings internacionales de calidad.
A pesar de lo anterior, en Chile se mantiene una expresa prohibición a la participación de estudiantes y personal no académico en las instituciones privadas de Educación Superior, afectando dicha prohibición a 41 universidades privadas (9 de las cuales pertenecen al Consejo de Rectores), 41 Institutos Profesionales y 64 Centros de Formación Técnica.
La prohibición descrita impone un único modelo de organización a las instituciones privadas, coartando la libertad de éstas para buscar una fórmula de gobierno y organización que se adecue a su proyecto educativo.
El conservar la prohibición de participación, de una parte importante de los integrantes de la comunidad educativa, resulta contrario a la autonomía universitaria y atenta, además, contra la diversidad y flexibilidad de todo el sistema de Educación Superior.
Es importante indicar que en un gran número de instituciones existe una cultura de participación, mediante distintos mecanismos de hecho, que requieren urgentemente de algún reconocimiento oficial.
2.- ANTECEDENTES LEGALES
La prohibición de participación de estudiantes y personal no académico tiene su origen en el D.F.L. N° 1 de 1980, publicado en 1981, y en el D.F.L. N° 5 de 1981, todos del Ministerio de Educación, que fijó respectivamente normas sobre universidades e institutos profesionales, encontrándose todavía algunas de estas instituciones bajo las normas de exanimación señaladas en dichos decretos.
Luego, la prohibición de participación fue elevada a rango orgánico constitucional, mediante la Ley N° 18.962, de Enseñanza, publicada el 10 de marzo de 1990, en las postrimeras de la Dictadura Militar.
Ya en el año 2009, la nueva Ley N° 20.370, General de Educación, no innovó en este ámbito. Limitándose, posteriormente, a incorporar a dicha ley las normas no derogadas de la Ley N° 18.962, lo que consta actualmente en el texto del D.F.L. N° 1, de 2009, del Ministerio de Educación.
La eliminación de la prohibición de participación establecida en los Artículos 56, 67 y 75 dei D.F.L. N° 2, de 2009, y en los antiguos D.F.L. N° 1 de 1980, publicado en 1981, y en el D.F.L. N° 5 de 1981, todos del Ministerio de Educación, permitiría que más de 140 instituciones privadas de Educación Superior tengan la libertad de organizarse de la menara que estimen adecuada, procediendo para estos efectos a efectuar una modificación de sus respectivas escrituras públicas que dan cuenta de sus estatutos.
Es importante hacer presente que a las 16 universidades del Estado, al ser servicios públicos descentralizados, no les afecta la prohibición señalada en los citados artículos, toda vez que se constituyen por ley y no por escritura pública, criterio que ha sido ratificado por la Contraloría General de la República en el dictamen N° 32.099 de 1990.
Es más, en el año 2006, mediante la autorización dada a través de la Ley N° 20.060 y materializada en el D.F.L. N°1, del Ministerio de Educación, se procedió a modificar los Estatutos de la Universidad de Chile, incorporándose la existencia de un Senado Universitario (Integrado, además del Rector, por 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios no académicos). Dicha instancia se ha constituido en una experiencia pionera en el ámbito de la participación de la comunidad universitaria.
En este sentido, si el propio Estado ha establecido una organización más participativa en la principal universidad pública del país, resultaría coherente que permitiera y diera la libertad de que aquello también suceda en las cerca de 140 instituciones privadas de Educación Superior.
Por tanto: Los Diputados y Diputadas abajo firmantes venimos en presentar a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Modifícase el D.F.L. N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, General de Educación, con las normas no derogadas del D.F.L. N2 1 de 2005, en la siguiente forma:
Elimínanse de los Artículos 56, 67 y 75 del D.F.L. N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, General de Educación, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1 de 2005, la expresión:
“La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas”.
Artículo 2°.-Modifícase el D.F.L. N° 1 de 1980, publicado en 1981, del Ministerio de Educación, que Fija Normas sobre Universidades de la siguiente forma:
Derógase el Artículo 22 del D.F.L. N° 1 de 1980, publicado en 1981, del Ministerio de Educación, que Fija Normas sobre Universidades.
Artículo 3°.- Modificase el D.F.L. N° 5 de 1981, del Ministerio de Educación de la siguiente forma:
Elimínase en el inciso segundo del Artículo sexto del D.F.L. N° 5 de 1981, del Ministerio de Educación, la expresión: “, excluyéndose necesariamente la participación con derecho a voto de los alumnos y funcionarios administrativos, no directivos, en los órganos encargados de su dirección, como asimismo, en la elección de sus autoridades”.