Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- SECRETARIO
- Miguel Landeros Perkic
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Luis Rojas Gallardo
- SECRETARIO
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Enrique Estay Penaloza
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Joel Rosales Guzman
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Norambuena Farias
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- CREACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- V. ORDEN DEL DÍA
- RESTABLECIMIENTO DE EXCEPCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN REGIONES DE AYSÉN Y MAGALLANES Tercer trámite constitucional. (Boletín N° 7138-03)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carolina Goic Boroevic
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- DEBATE
- NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE LIBRE ELECCIÓN EN SERVICIOS DE CABLE, INTERNET O TELEFONÍA (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9007-03 )
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL DERECHO DE REUNIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA (Continuación)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA CONSTITUIDA EN INVESTIGADORA DE LAS DENUNCIAS SOBRE HECHOS ILÍCITOS OCURRIDOS EN HOGARES DEL SENAME
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- RESTABLECIMIENTO DE EXCEPCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN REGIONES DE AYSÉN Y MAGALLANES Tercer trámite constitucional. (Boletín N° 7138-03)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCREMENTO DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO PARA FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES, PREVISIONALES Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD RESPECTO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS (Votación)
- DEBATE
- DICTACIÓN DE REGLAMENTOS DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Denise Pascal Allende
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Cristian Campos Jara
- Jose Perez Arriagada
- Manuel Rojas Molina
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INSTALACIÓN EN AEROPUERTOS DE AVISOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Manuel Rojas Molina
- David Sandoval Plaza
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Cristian Letelier Aguilar
- Joel Rosales Guzman
- Gonzalo Arenas Hodar
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Javier Hernandez Hernandez
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Claudia Nogueira Fernandez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCREMENTO DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO PARA FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES, PREVISIONALES Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD RESPECTO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS (Votación)
- VII. INCIDENTES
- ESTADO DE AVANCE DE TRAZADO DE CARRETERA DE LA FRUTA EN RELACIÓN CON COMUNAS DE LA SEXTA REGIÓN (Oficio)
- DIFUSIÓN A ORGANISMOS QUE INDICA DE RECHAZO A PETICIONES DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES (Oficios)
- INFORMACIÓN ACERCA DE CAUSA DE FALLECIMIENTO DE ALUMNO DE COLEGIO SAN JOSÉ, DE ANTOFAGASTA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE AMPLIACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN (Oficio)
- PREOCUPACIÓN POR ALTAS TASAS DE ENDEUDAMIENTO DE POBLACIÓN DE REGIÓN DEL BIOBÍO
- MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD DE CARRETERA DE LONQUÉN (Oficio)
- EXPLICACIÓN POR FALTA DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE MELIPILLA (Oficios)
- EXPLICACIÓN POR AMEDRENTAMIENTO A SINDICATO DE BOTEROS DE LAGO TODOS LOS SANTOS (Oficios)
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PARTICIPACIÓN DE FALSO TOPÓGRAFO EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAU CAU, EN VALDIVIA (Oficios)
- ADHESION
- Cristina Girardi Lavin
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (Oficios)
- ADHESION
- Cristina Girardi Lavin
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- PREOCUPACIÓN POR TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE TRAMO DE RUTA Q-503, LOS ÁNGELES-EL PERAL (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE SUSPENSIÓN Y URGENTE CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN CIUDAD DE LOS ÁNGELES (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS POR EMPRESA TECNOREC (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE INCIDENTE ENTRE JOVEN DE VALLENAR Y CARABINEROS (Oficios)
- ANTECEDENTES SOBRE ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS PARA OBRAS VIALES EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
- EXPLICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN RUTA 5 SUR A LA ALTURA DECOMUNA DE ERCILLA. (Oficios)
- EXPLICACIÓN SOBRE RETRASO EN EVACUACIÓN DE INFORME JURÍDICO Y SOCIAL DE LA CONADI (Oficio)
- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SEDE COMUNITARIA FRANCISCO HUENCHUMIL, DE MELIPEUCO (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 94ª, en miércoles 27 de noviembre de 2013
(Ordinaria, de 10.37 a 13.34 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo; Godoy Ibánez, don Joaquín, y Delmastro Naso, don Roberto.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 10
II. APERTURA DE LA SESIÓN 13
III. ACTAS 13
IV. CUENTA 13
CREACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA 14
V. ORDEN DEL DÍA 14
RESTABLECIMIENTO DE EXCEPCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN REGIONES DE AYSÉN Y MAGALLANES 14
Tercer trámite constitucional. (Boletín N° 7138-03) 14
NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE LIBRE ELECCIÓN EN SERVICIOS DE CABLE, INTERNET O TELEFONÍA 21
(Primer trámite constitucional. Boletín N° 9007-03) 21
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL DERECHO DE REUNIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA (Continuación) 32
INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA CONSTITUIDA EN INVESTIGADORA DE LAS DENUNCIAS SOBRE HECHOS ILÍCITOS OCURRIDOS EN HOGARES DEL SENAME 38
VI. PROYECTOS DE ACUERDO 50
INCREMENTO DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO PARA FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES, PREVISIONALES Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD RESPECTO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS (Votación) 50
DICTACIÓN DE REGLAMENTOS DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES 51
INSTALACIÓN EN AEROPUERTOS DE AVISOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS 53
VII. INCIDENTES 55
ESTADO DE AVANCE DE TRAZADO DE CARRETERA DE LA FRUTA EN RELACIÓN CON COMUNAS DE LA SEXTA REGIÓN (Oficio) 55
DIFUSIÓN A ORGANISMOS QUE INDICA DE RECHAZO A PETICIONES DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES (Oficios) 56
INFORMACIÓN ACERCA DE CAUSA DE FALLECIMIENTO DE ALUMNO DE COLEGIO SAN JOSÉ, DE ANTOFAGASTA (Oficios) 57
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE AMPLIACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN (Oficio) 58
PREOCUPACIÓN POR ALTAS TASAS DE ENDEUDAMIENTO DE POBLACIÓN DE REGIÓN DEL BIOBÍO 60
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD DE CARRETERA DE LONQUÉN (Oficio) 61
EXPLICACIÓN POR FALTA DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE MELIPILLA (Oficios) 62
Pág.
EXPLICACIÓN POR AMEDRENTAMIENTO A SINDICATO DE BOTEROS DE LAGO TODOS LOS SANTOS (Oficios) 62
ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PARTICIPACIÓN DE FALSO TOPÓGRAFO EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAU CAU, EN VALDIVIA (Oficios) 63
INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (Oficios) 64
VIII. ANEXO DE SESIÓN 66
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 66
PREOCUPACIÓN POR TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE TRAMO DE RUTA Q-503, LOS ÁNGELES-EL PERAL (Oficios) 66
INFORMACIÓN SOBRE SUSPENSIÓN Y URGENTE CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN CIUDAD DE LOS ÁNGELES (Oficios) 67
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS POR EMPRESA TECNOREC (Oficios) 68
INFORMACIÓN SOBRE INCIDENTE ENTRE JOVEN DE VALLENAR Y CARABINEROS (Oficios) 69
ANTECEDENTES SOBRE ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS PARA OBRAS VIALES EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios) 69
EXPLICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN RUTA 5 SUR A LA ALTURA DE COMUNA DE ERCILLA. (Oficios) 70
EXPLICACIÓN SOBRE RETRASO EN EVACUACIÓN DE INFORME JURÍDICO Y SOCIAL DE LA CONADI (Oficio) 71
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SEDE COMUNITARIA FRANCISCO HUENCHUMIL, DE MELIPEUCO (Oficios) 71
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 73
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo”. (boletín N° 9170-23). 73
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 6965-07) 73
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 9169-08) 73
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8851-18) 73
5. Oficio del Senado. (boletín N° 9078-07) (S) 73
6. Oficio de la Corte Suprema. (boletín N° 9119-18). 73
7. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2536-13-INA. 73
X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicaciones:
- Del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el señor diputado Estay reemplazará a la diputada señora Cristi en la Comisión de Derechos Humanos.
- Del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el señor diputado Rosales
2. Petición:
- De 54 señoras y señores diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de investigar y revisar los antecedentes denunciados, a propósito de los procesos de recolección de firmas ante Notario Público y la inscripción de las candidaturas independientes de los señores Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt, la que tendrá como objetivo principal, proponer las modificaciones que sean pertinentes para perfeccionar la legislación relativa a la inscripción de las candidaturas a Presidente de la República, garantizando: (1) el fomento y el acceso de candidatos independientes a este tipo de candidaturas; (2) la transparencia y probidad en el proceso de inscripción de firmas, y (3) la igualdad ante la ley entre los distintos candidatos que se presenten, militantes e independientes. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 30 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. En Tabla.
3. Oficios:
- De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Norambuena reemplazará al señor Ward en la delegación que concurrirá al Foro Parlamentario Asia Pacífico, que se desarrollará entre el 12 y el 16 de enero próximo en Puerto Vallarta (369).
Respuestas a oficios
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
- Diputado Espinosa don Marcos, Tenga a bien coordinar los trabajos de perforación de las cinco millas marítimas destinadas a la extracción para pescadores artesanales en la Región de Antofagasta y en el Puerto de San Antonio, con don Pedro Santis, dirigente de los pescadores artesanales de Tocopilla. (137 al 5264).
Ministerio de Hacienda
- Diputado Carmona, Informe sobre los antecedentes del proceso de formulación de cargos e investigación, llevada en contra de ejecutivos de la empresa SQM, así como también, informar, si de los antecedentes por Ud. recopilados, pueden derivarse perjuicios fiscales de cualquier índole, incluyendo tributarios. (24620 al 13327).
Ministerio de Justicia
- Diputado De Urresti, Movilización de los funcionarios de Gendarmería de Chile y el cumplimiento de la promesa de legislar en materia de asignación de riesgos, readecuación de escalafones, profesionalización del personal y mejoramiento de las capacitaciones. (7849 al 12935).
- Diputado De Urresti, Proyectos de construcción del edificio del Servicio Médico Legal y de reposición del inmueble del Servicio de Registro Civil e Identificación en la ciudad de La Unión, remitiendo el cronograma de inversiones en dichas estructuras. (7884 al 13132).
Ministerio de Obras Públicas
- Diputado Rincón, Evaluar la factibilidad de considerar en la Planificación del año 2013 la ejecución de las obras necesarias para el mejoramiento de los caminos rurales de la comuna de Coltauco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. (2720 al 5073).
- Diputado De Urresti, informe sobre los proyectos desarrollados por la cartera a su cargo, en relación con el saneamiento básico del radio urbano de la comuna de Corral, Región de Los Ríos. (2721 al 12160).
- Diputado Sabag, Solicita informe sobre el estado de avance de las tratativas con la Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A., en relación con la construcción de una vía entre la comuna de Quillón y la Ruta del Itata; particularmente, en lo referido al destino de los peajes de Queime y Agua Amarilla, según se detalla en la intervención adjunta. (2722 al 12134).
- Diputada Isasi doña Marta, Proyectos de agua potable rural considerados para la provincia del Tamarugal, especialmente para la comuna de Pica. (2725 al 12459).
- Diputado Accorsi, Solicita tenga a bien remitir un informe sobre el caudal del Río Maipo en los últimos 20 años; con indicación de las cifras de las mediciones correspondientes a cada año. (2726 al 12511).
- Diputado Auth, Detalle de los costos de restauración de la fachada del edificio institucional de ese ministerio, ubicada en el Barrio Cívico de la comuna de Santiago. (2727 al 12582).
- Diputada Isasi doña Marta, Posibilidad de disponer una fiscalización a los pozos de agua de la Región de Tarapacá, especialmente a los existentes en la comuna de Pica. (2728 al 12456).
- Diputado Díaz don Marcelo, Razón por la que la Dirección de Vialidad instaló un disco “PARE” en la ruta 41 a la altura de la localidad de La Calera, con posterioridad a la ocurrencia de un accidente de tránsito con resultado de muerte. (2731 al 12084).
- Diputado Chahín, Derrumbe que socava el camino que une Curacautín y Congui-llío a la altura del kilómetro 1.8, en la curva que se ubica frente al puente Trahuilco y disponga las medidas pertinentes para evitar accidentes en el lugar. (2732 al 12222).
Servicios
- Diputado Chahín, Factibilidad de instalar un sistema de reducción de velocidad a la altura del kilómetro 1 del camino que une la comuna de Lautaro con la localidad de Quilacura, frente al puente Peu-Peu con el propósito de evitar la repetición de accidentes que afectan a transeúntes por falta de bermas. (2733 al 12364).
Ministerio de Obras Públicas
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes en relación con la situación descrita en la petición adjunta, referida al actuar del Consejero Regional de Tarapacá, señor Hernán Saavedra. (2735 al 5378).
- Diputada Goic doña Carolina, Solicita informe sobre los motivos técnicos y administrativos para revocar la licitación de la construcción del Hospital de Puerto Williams, Región de Magallanes. (2738 al 12670).
Ministerio de Interior
Ministerio de Bienes Nacionales
- Diputado Sabag, Se informe sobre el estado de tramitación de los títulos de dominio de vecinos de la Villa Esperanza de Cocharcas, en la comuna de San Carlos, en la provincia de Ñuble, que recibieron sus viviendas el año 2005, luego de la subdivisión de un terreno de propiedad municipal. (635 al 8722).
Ministerio de Salud
- Diputada Rubilar doña Karla, Solicita informe sobre lo gestionado a la fecha en relación con la creación de un seguro catastrófico universal para medicamentos de alto costo y drogas huérfanas para enfermedades raras. (15819 al 12824).
- Diputado Accorsi, Informar sobre las políticas dispuestas por el servicio a su cargo, con el fin de enfrentar la pérdida de usuarios del sistema de salud primaria en diferentes municipios del país. (3255 al 11948).
- Diputado Accorsi, Eliminación o disposición emanada de esa cartera para almacenar y luego eliminar toxina botulínica por parte del Instituto de Salud Pública. (3709 al 12675).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Diputado Espinosa don Marcos, Posibilidad de revisar la situación que afecta al Comité Habitacional Mujeres Nortinas de la comuna de Calama con el propósito de facilitar la adquisición de terrenos en el sector Inés de Suarez, disponiendo una nueva avaluación de ellos o permitiendo el aumento del subsidio otorgado. (3679 al 12991).
- Diputado Monsalve, Situación de la señora María González Rivera y de los señores Pedro Martínez Figueroa y Tomás Abraham Moraga Peña, del sector de Las Heras de la comuna de Curanilahue, a quienes se otorgó el subsidio de vivienda por haber sido damnificados por el terremoto de 2010 y aún no se les entregan las viviendas respectivas. (619 al 12093).
- Diputado Monsalve, Estado de tramitación de las solicitudes de subsidio para reparación de vivienda dañadas por el terremoto de 2010, correspondientes a la Junta de Vecinos Santa Elena N° 9 de la comuna de Curanilahue, presentadas por las señoras Silvia del Carmen Sepúlveda Aguayo, Rosa Muñoz Leal, Norma Nova Ávila y Reineria Figueroa Briones. (636 al 10720).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
- Diputado Chahín, Existencia de algún plan de cierre perimetral del servicentro Copec ubicado en la ruta 5 Sur, el cruce de ingreso a la ciudad de Victoria y disponer una fiscalización para su aplicación. (9780 al 13303).
- Diputado Robles, Procedimientos para el cálculo de las tarifas de electricidad de la empresa Aguas Chañar S. A. y acerca de los métodos de cobranza que emplea, según denuncia la señora Fresia Carvajal Robles. De la comuna de Huasco. (9982 al 13201).
Ministerio de Desarrollo Social
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre los condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores que se han inaugurado en la Región de Los Lagos, como parte del programa Viviendas Protegidas, surgido a partir del convenio intersectorial entre el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Además, señale respecto a cuántas y cuáles comunas de la Región de Los Lagos se está planificando o existe la posibilidad de seguir ejecutando dicho programa. (1170 al 13456).
Ministerio Público
- Diputado Cerda, Informe a esta Cámara sobre la supuesta insuficiencia en la cantidad de fiscales del Ministerio Público existentes en la comuna de Petorca, en la Región de Valparaíso, luego de la entrada en rigor de la Reforma Procesal Penal. (799 al 13159).
Ministerio Medio Ambiente
- Diputado Robles, Existencia de presuntas irregularidades en la destinación de los recursos del Fondo de Compensación Ambiental establecido con motivo de la operación del proyecto minero Pascua Lama en la Región de Atacama, en las que habría intervenido el Intendente y representantes de la Compañía Minera Nevada y la Junta de vigilancia del Río Huasco, según da cuenta la presentación efectuada por la señora Cecilia Anacona Gárate ante la Contraloría Regional correspondiente, disponiendo una investigación. (2781 al 13202).
- Diputado Díaz don Marcelo, Razones por las que la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo S.A. ejecuta las obras de construcción de
- la doble vía La Serena Vallenar sin contar con una resolución de calificación ambiental, a pesar de la magnitud de las obras y del importante uso de las aguas de un pozo no autorizado en el sector de El Trapiche de la comuna de La Higuera. (2805 al 13141).
- Diputado Díaz don Marcelo, Posibilidad de adoptar medidas para evitar las tronaduras mineras en la comuna de Andacollo, especialmente las que efectúa la empresa minera Teck, con el propósito de precaver el daño que ocasiona la contaminación por polvo en suspensión en el centro de la ciudad y aplicar las sanciones que correspondan en el evento de existir vulneración de normas reglamentarias y legales. (2813 al 13142).
Intendencias
- Diputado Carmona, Retraso en el cumplimiento del compromiso asumido con los trabajadores del sector público de Atacama para la entrega de una asignación de zona estratégica. (1170 al 13123).
- Diputada Isasi doña Marta, Posibilidad de mejorar el camino de acceso a la Caleta Caramucho. (2737 al 12460).
- Diputada Isasi doña Marta, Solicitudes de subsidio para ampliación de viviendas presentadas por 18 familias de la Población Hermanos Carrera y por la señora Susana Berna de la comuna de Pica. (2901 al 12461).
Servicios
- Diputado Carmona, Fundamentos que la autorización para efectuar una mensura a la empresa minera “Cerro Dorado” en terrenos ya manifestados por la señora Rosa Elvira Gómez Torres para tener la propiedad de la mina Bianca 1 a 5 en la comuna de Tierra Amarilla. (1702 al 12998).
- Diputado Accorsi, Informar sobre los posibles errores en los etiquetados de productos alimenticios denominados dietéticos, bajos en sodio, ricos en fibra, bajos en grasas y similares. (17628 al 12128).
- Diputado Díaz don Marcelo, Razones que han impedido la ejecución del proyecto de Estación Médico Rural de la localidad de Viñita Alto, comuna de Vicuña, a pesar de encontrarse con su presupuesto aprobado. (1906 al 12748).
- Diputada Molina doña Andrea, Posibilidad de reconsiderar la solicitud de pensión de invalidez presentada por la señora Julia Jessica Paredes Echegaray de la comuna de Viña del Mar, en atención a que presentaría un 56,14% de discapacidad según dictamen de febrero del presente año emitido por la Comisión de Evaluación Médica correspondiente. (26526 al 13408).
- Diputado Chahín, Situación del crédito otorgado por la Caja de Compensación Los Héroes al señor José Piucón Quiñehual y el cumplimiento de las nuevas instrucciones emitidas por esa Superintendencia. (68225 al 12257).
- Diputado Chahín, razones que han impedido la entrega del bono por $100.000 que corresponden a la señora Rosa Leonor Mellado Catrilao de la Comunidad Juan de Dios Catrilao de la comuna de Lautaro por encontrarse adscrita al Programa de Desarrollo Territorial Indígena. (68323 al 13127).
Varios
- Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre las etapas en que se encuentran las denuncias realizadas por la organización Dunas de Ritoque, con motivo de la información borrada de las estaciones de medición Quintero-Puchuncaví y las mediciones pertinentes de los proyectos, ingresados a la bahía de Quintero, Oxiquim y Puerto Ventanas. (2812 al 13353).
- Diputada Pascal doña Denise, Revisión de nueva normativa contable de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras relacionada con cooperativas de ahorro y crédito. (5275 al 13279).
- Diputado Rincón, Razones por las que Carabineros de Chile ha fotografiado la propaganda de los Candidatos de la “Nueva Mayoría” colocada en el interior de los inmuebles, no realizando dicha acción con la propaganda de los Candidatos pertenecientes al Pacto “Alianza” (886 al 13113).
- Diputado Rivas, reinstalación de retén de Carabineros en el sector de Rinconada de Silva, de la comuna de Putaendo (887 al 13024).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (97)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Nino Baltolú Rasera, Tucapel Jiménez Fuentes, Pablo Lorenzini Basso y Orlando Vargas Pizarro.
-Por encontrarse con permiso constitucional no asistieron los diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Marco Antonio Núñez Lozano y la diputada señora Karla Rubilar Barahona.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 87ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 88ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, como un agregado a la Cuenta podría entenderse mi intervención, que será de interés -me imagino- para toda la Sala.
Señor Presidente, suponiendo que el Senado rechace el proyecto de Ley de Presupuestos que aprobó esta Cámara, ¿cuál sería el escenario? Lo pregunto, dado los múltiples compromisos que tenemos los parlamentarios.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señor Jaramillo, está dentro de lo posible que el Senado apruebe el proyecto en los mismos términos, aunque no es lo más probable. De no ser así, el proyecto vuelve a esta Cámara en tercer trámite. Ahora, si la Cámara aprueba las eventuales modificaciones del Senado, sin más, ahí concluye la tramitación del proyecto; pero solo bastaría el rechazo a una de esas modificaciones para que tenga que ir a Comisión Mixta. Recordemos que la tramitación total del proyecto concluye este viernes 29 de noviembre, a las 12 de la noche. En este momento no estoy en condiciones de informar qué va a ocurrir. El Senado empezó a sesionar hoy a las 10.30 horas, para iniciar el debate. En tal virtud, creo que solo mañana en la mañana estaré en condiciones de informar alguna noticia. Por el momento, lo único que les he dicho a todos los diputados es que se preparen, porque podríamos tener que sesionar jueves y viernes.
CREACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA
El señor ELUCHANS (Presidente).- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 52, Nº 1), letra c), de la Constitución Política de la República, y el artículo 297 del Reglamento de la Corporación, 54 señoras diputadas y señores diputados solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de investigar y revisar los antecedentes denunciados, a propósito de los procesos de recolección de firmas ante Notario Público y la inscripción de las candidaturas independientes de los señores Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
RESTABLECIMIENTO DE EXCEPCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN REGIONES DE AYSÉN Y MAGALLANES Tercer trámite constitucional. (Boletín N° 7138-03)
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que restablece una excepción en las regiones de Aysén y de Magallanes respecto de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 88ª de la actual legislatura, en 20 de noviembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Iniciando el debate, tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).-
Señor Presidente, este proyecto, que presentamos en conjunto con los diputados Sandoval y Marinovic en 2010, pretende restablecer una excepción que existía el año 1996 en las Regiones de Aysén y Magallanes, en la Ley de Alcoholes, en el sentido de que la vivienda pudiera estar adosada al local de expendio de bebidas alcohólicas.
La modificación del Senado no toca el contenido de fondo del proyecto aprobado por esta Cámara, sino que, por una cuestión de técnica legislativa, incorpora un artículo transitorio, que fue aprobado por la Comisión de Economía y la Sala de la Cámara Alta, con lo que nosotros también estamos absolutamente de acuerdo.
Señor Presidente, quiero reconocer la participación y el apoyo que tuvimos de la diputada señora María Angélica Cristi durante la discusión de este proyecto para la elaboración del texto en el primer trámite, quien entiende mucho de este tema, lo que permitió que avanzáramos para restablecer la excepción en cuestión, pero en forma acotada a las patentes clasificadas en las letras A y H del artículo 3° de la ley N° 19.925 y que hubieran tenido un comportamiento adecuado; es decir, que no hubieran sido canceladas por haber violado la Ley de Alcoholes, incluyendo la clausura o el cierre del local. A esta excepción, de acuerdo con la norma transitoria, se podrán acoger las patentes clasificadas en las letras A y H y que hayan sido trasladadas entre la entrada en vigencia de la ley N° 19.925, Ley de Alcoholes, y el 15 de agosto de 2013.
Por último, quiero recordar a Zunilda Güenel, una gran dirigenta, quien fue presidenta de la Asociación Gremial del Comercio Detallista de Magallanes por muchos años. Desgraciadamente, hace unos meses nos dejó. Ella falleció víctima de cáncer. Hasta su último día de vida, Zunilda Güenel nos alentó a los parlamentarios a sacar adelante esta iniciativa, que ella asumió como causa propia en defensa de muchos pequeños comerciantes que, de no aprobarse esta iniciativa, probablemente deberán cerrar sus locales, y en defensa sobre todo de muchos adultos mayores que por años han tenido su local de expendio de bebidas alcohólicas contiguo a su casa habitación.
Probablemente, de aprobarse las modificaciones del Senado y despacharse el proyecto, la futura legislación será conocida como “Ley Zunilda”.
Mi recuerdo póstumo para Zunilda y mis agradecimientos para su familia, por su dedicación a la actividad gremial.
Señor Presidente, solo me resta agradecer la comprensión de mis colegas para respaldar una situación particular de las Regiones de Aysén y Magallanes, de nuestra Patagonia.
Por eso, los llamo a votar favorablemente las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, tal como afirma la diputada Carolina Goic, el proyecto fue conversado con muchos de nosotros, porque restablecer esta excepción para las Regiones de Aysén y Magallanes era bastante complejo, dado lo que está establecido en la ley para el resto del país. La reforma a la Ley de Alcoholes, que demoró 14 años, establece que los locales de venta de bebidas alcohólicas no pueden estar adosados a la casa habitación del comerciante. El proyecto hace una excepción y permite que los locales puedan estar conectados con la casa habitación. Lo que acordamos durante el primer trámite en esta Cámara es que esto era exclusivamente para aquellas patentes de locales que expenden bebidas alcohólicas que tenían esta autorización antes de la publicación de la reforma a la Ley de Alcoholes. Por lo tanto, es muy importante dejar establecido que no se puede entregar nuevas patentes para locales de venta de bebidas alcohólicas adosados a la vivienda, sino que esto es solo para los que existían antes de 2004 en las Regiones de Aysén y de Magallanes, por las condiciones climáticas y por todas las razones que dieron los diputados de la zona, Carolina Goic y David Sandoval.
Aprovecho la oportunidad para decir que en el resto del país y después de tantos años, por fin los alcaldes están usando las prerrogativas y los derechos que les dio esta ley para tratar de reorganizar y resguardar, en la mejor forma posible, la entrega de patentes para expendio de bebidas alcohólicas.
Hicimos muchos esfuerzos en el último tiempo para ordenar este comercio, el cual, si bien es cierto es legal, muchas veces crea una situación compleja en las poblaciones, en los barrios residenciales, etcétera. De hecho, la alcaldesa de Providencia está pensando en poner horarios.
De alguna manera, la venta de alcoholes se ha arrancado de las manos, a la vez que el Congreso Nacional ha sido muy reticente al momento de legislar al respecto, contrariamente de lo que ha sucedido en lo que respecta al tabaco, lo que me extraña, porque, incluso, hay personas que están por legalizar el consumo de drogas, pero no para intervenir en la Ley de Alcoholes. De hecho, en el Senado hay un proyecto de ley que aprobamos en esta Cámara, después de una larga discusión, para disminuir el exceso de publicidad, resguardar la prevención para los menores, evitar que estos tengan acceso a la publicidad, etcétera, el cual fue archivado por el senador Girardi. Cabe recordar que él está a favor del control del tabaco y de la legalización de la marihuana.
Digo estas palabras para llamar la atención a los parlamentarios que van a permanecer en el Congreso Nacional, para que sean muy cautos y estén alerta respecto de lo que está sucediendo en nuestro país con el consumo excesivo de alcohol y de su fácil acceso, especialmente por parte de los jóvenes, lo que se ha convertido en un problema endémico. Muchas veces nos preocupamos por el consumo de drogas, que es gravísimo, tema que debemos enfrentar con mucha fuerza, pero debemos preocuparnos especialmente de la prevención a nivel escolar y en todas las instancias en que podamos llegar a los menores de edad, para prevenir el consumo excesivo de alcohol.
Vamos a aprobar esta disposición, en consideración a confiar en la palabra de la diputada Goic y del diputado Sandoval, quienes van a velar para que no se aumente el número de patentes de alcohol en la zona, sino que se restablezca el derecho que tienen muchas personas desde antes de la publicación de la ley.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, este proyecto se tramitó en conjunto con una indicación que fue rechazada por esta Cámara, que tenía que ver con la autorización para entregar patentes de alcoholes a los supermercados.
Hace dos años, este diputado planteó la posibilidad de eliminar la exigencia de establecer patentes para expendio de bebidas alcohólicas en los supermercados ubicados a menos de 100 metros de carabineros y de los terminales de buses. Hasta ahora, nadie me ha podido explicar la razón por la cual la ley estableció esa restricción, en circunstancias de que en muchas localidades pequeñas donde hay una sola calle y muy pocas posibilidades de instalar un supermercado a más de 100 metros de carabineros y de terminales de buses, personas de la tercera edad, donde no hay locomoción colectiva, deben llevar sus mercaderías desde los supermercados hacia el terminal de buses.
En algún minuto vamos a reponer esa indicación, pero me parece atingente que esté en discusión cada vez que haya un cambio de criterio en la ley que regula las patentes de alcoholes.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, solicito el apoyo a esta iniciativa legal, entendiendo la preocupación que la diputada señora María Angélica Cristi manifestó durante toda la tramitación de esta iniciativa, respecto de que esto no se transforme en una puerta abierta para el incremento de las patentes de alcoholes. Todos sabemos que varios de esos grupos de patentes están limitados en función de la ley, ya que su entrega depende de la cantidad de población existente en cada comuna; además, cada municipalidad tiene un rol de patentes. Sabemos que, en general, las patentes de alcoholes están sobredimensionadas en relación con los parámetros que establece la propia ley; pero esto no va en esa dirección.
Para tranquilidad de la diputada señora Cristi, lo que se pretende con esto es resolver un problema muy práctico y funcional, en dos regiones extremas, como son Aysén y Magallanes, que por sus características no se trata de grandes negocios, sino más bien a pequeños y medianos negocios, muchas veces circunscritos a pequeños emprendedores locales. Las condiciones de esas zonas ameritan hacer esta excepción, la cual tiene sus limitaciones, porque no se otorgan a los locales que hayan sido objeto de sanciones con las resoluciones pertinentes, ni mucho menos a aquellos cuyas patentes hayan sido canceladas. Esta norma tampoco rige para la entrega de nuevas patentes de alcoholes calificadas en la Ley de Alcoholes como tipo A y H.
Por lo tanto, es una situación que merece nuestra atención en consideración al tamaño y a las características de los negocios; además, a las peculiares condiciones de las zonas extremas desde el punto de vista climático. La Ley de Alcoholes establece que los negocios de emprendedores muy pequeños y medianos deben estar situados con absoluta independencia entre la casa habitación y el local propiamente tal. Pero son locales tan pequeños que hacían impracticable esta norma. A lo mejor, ello obligaba a incurrir en situaciones no previstas en materia de costos.
Por lo tanto, manifiesto mi respaldo a esta iniciativa -como bien lo señalaba la diputada señora Cristi- y reconozco el trabajo realizado por la diputada señora Carolina Goic, ya que se trata de normas directamente relacionadas con las Regiones de Aysén y de Magallanes.
No me cabe la menor duda de que vamos a tener el respaldo de toda nuestra bancada para atender un tema tan básico e importante -a lo mejor muy pequeño- para las regiones extremas como las nuestras.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, voy a apoyar el proyecto no porque esté a favor del expendio de bebidas alcohólicas, ni por fomentar el consumo del trago, a pesar de la mala cara que me pone el diputado señor Germán Becker, quien probablemente lo va a aprobar por esas razones.
El señor BECKER.-
Voy a rechazarlo.
El señor SCHILLING.-
Lo voy a aprobar, porque si queremos tener un desarrollo territorial armónico y equilibrado, esto refleja el espíritu en el modo de proceder. Deben existir estas diferencias de acuerdo con las características de cada región.
Las políticas generalistas y uniformes, más bien propias de escuelas militares, donde todo tiene que ser igual para todos, no conducen al desarrollo armónico y equilibrado de la Nación.
Además, hay otro concepto muy similar, que se dice diferente y que encuentra sus raíces en el pensamiento económico neoliberal, que dice que hay que dejar que las cosas se desarrollen naturalmente, guiadas por la libre competencia y el mercado, lo que va a producir un desarrollo armónico y equilibrado, lo que es completamente falso, como ha quedado en evidencia no solo en Chile sino que en todo el planeta.
Si bien estas palabras no tienen relación directa con la autorización para vender bebidas alcohólicas en locales adosados a viviendas y con la renovación de las patentes a quienes las tenían antes de la publicación de la ley N° 19.925, de 2004, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, anuncio que aprobaré las modificaciones del Senado, porque el espíritu que entrañan debiera ser el que presida todas las políticas de desarrollo regional y de quienes dicen buscar el desarrollo armónico y equilibrado del país.
Entiendo la pereza intelectual de la ortodoxia neoliberal que señala que los impuestos tienen que ser bajos y parejos. Los impuestos bajos y parejos favorecen a Santiago, no a Punta Arenas, Arica ni a ninguna región que no sea la de Santiago.
Esos ideologismos se reafirman de manera no solo escandalosa, sino que alarmista en El Mercurio de hoy, por una señora cuyo nombre es Lucía Santa Cruz, quien anuncia que con Michelle Bachelet y su programa llega a Chile el principio del socialismo. No, en realidad lo que llega es el fin del neoliberalismo. Esa señora, que se reputa de intelectual orgánica de la Derecha, podría ser un poquito más precisa en la emisión de sus conceptos si quiere contribuir al desarrollo cultural e intelectual del país.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, no puedo dejar de intervenir respecto del proyecto, debido a que durante su tramitación no hice cuestión de su constitucionalidad, quizás por solidaridad con los colegas de regiones extremas, especialmente la diputada señora Carolina Goic y el diputado señor Miodrag Marinovic, quienes me solicitaron respaldar el proyecto en discusión.
Sin embargo, gracias a la tecnología de las comunicaciones, los comerciantes de zonas cordilleranas que represento en la Región de Los Ríos, específicamente de Neltume, me convocaron para conversar sobre el tema, al que, como dije, no le había otorgado la trascendencia que ellos le dieron. En esa reunión también aparecieron comerciantes de Liquiñe, sector cordillerano donde la vida es muy dura, la que se ve agravada por la calidad de los caminos, por la nieve, las lluvias y los inviernos propios del sur de Chile.
Entonces, ellos me habían propuesto, en forma tardía sí, algunas indicaciones para que fueran incorporadas esas zonas cordilleranas, porque el proyecto abre la posibilidad de ello. Entonces, por qué unos y no otros, es la pregunta que ellos se hacían.
Como representante de esos ciudadanos, no puedo dejar de reconocer que me equivoqué al ser tan pasivo durante la tramitación del proyecto.
No obstante lo anterior, estimo que me abstendré cuando se vote la moción.
He dicho.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, quedó claro que los comentarios del diputado señor Schilling no tienen nada que ver con las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente, no deseo que la aprobación del proyecto fuera leída como un soliviantamiento de la Ley de Alcoholes para generar más facilidades para consumir alcohol.
El proyecto, lo digo como alguien que creció en Magallanes, restituye un derecho que existía antes de la última modificación a la Ley de Alcoholes, cual es la excepción patagónica. Es decir, en las Regiones de Aysén y Magallanes existía una excepción legal que fue derogada, lo que afectó severa y particularmente a un conjunto muy numeroso de adultos mayores que tenían locales de expendio de bebidas alcohólicas en su vivienda o contiguo a ella.
Deseo que la restitución de ese derecho no sea excusa para permitir que comerciantes de todo el territorio nacional tengan la posibilidad de postular a patentes de alcohol que les permitan vender esos productos en sus viviendas o en locales adosados a ellas.
Me parece muy bien que se restituya ese derecho que fue conculcado, lo que generó grandes daños sociales a pequeños comerciantes de la Patagonia; pero considero que se debe cerrar la puerta a la posibilidad de que ese derecho se extienda a todo el territorio nacional. Estamos hablando de restituir un derecho a quienes lo tenían, razón por la cual no podrán reclamarlo quienes viven en Neltume, Panguipulli o Carahue, porque el principio que estamos generando es limitar el acceso de las personas al consumo de alcohol, en lugar de facilitarlo.
Reitero, lo que aquí estamos haciendo es restituir un derecho que ya existía.
Por eso le pido a mi colega y amigo Enrique Jaramillo que revise su posición y apoye el proyecto de ley.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que restablece una excepción en las regiones de Aysén y de Magallanes, respecto de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas.
Hago presente a la Sala que las citadas modificaciones recaen sobre normas propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade
-Se abstuvieron los diputados señores:
Jaramillo
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Despacho el proyecto.
NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE LIBRE ELECCIÓN EN SERVICIOS DE CABLE, INTERNET O TELEFONÍA (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9007-03 )
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
En segundo término, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Fuad Chahín.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 91ª de la actual legislatura, en 25 de noviembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CHAHÍN (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, sin urgencia, que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía, de origen en moción de la diputada señora Mónica Zalaquett, y de los diputados señores Gonzalo Arenas, José Manuel Edwards, Joaquín Godoy, Cristián Monckeberg, Patricio Vallespín, Enrique van Rysselberghe, Pedro Velásquez, Mario Venegas, autor de la iniciativa, y de quien habla.
De acuerdo con lo prescrito en los artículos 130 y 288 del Reglamento de la Corporación, el informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta honorable Cámara en la sesión 87ª, de 19 de noviembre de 2013, con las indicaciones formuladas a dicho texto, y debe referirse expresamente a las siguientes materias:
No hay artículos objeto de indicaciones ni modificaciones.
No hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.
No hay artículos suprimidos.
Se modificó el artículo único del proyecto.
En cuanto a artículos nuevos introducidos, se presentó en la comisión una indicación sustitutiva del artículo único del proyecto, la que fue aprobada por unanimidad, que suscribieron la diputada señora Denise Pascal y los diputados señores Fuad Chahín, José Manuel Edwards, Joaquín Tuma y Patricio Vallespín, que mantiene el texto del artículo único como artículo 1° e incorpora un artículo 2° nuevo que modifica la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, del siguiente tenor:
“Artículo 2°.- Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 9° de la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria:
“Las edificaciones nuevas deberán contar con al menos dos ductos para la conexión de los servicios de distribución, tales como telefonía fija, internet, televisión y otros. Siempre el propietario, arrendatario u ocupante del inmueble, tendrá el derecho a elegir libremente la contratación de estos servicios, siendo inoponibles para ellos los acuerdos que sobre el particular adopten la Asamblea de Copropietarios o los comités de administración.”
Votaron a favor la diputada señora Denise pascal y los diputados señores José Manuel Edwards, Joaquín Tuma y Patricio Vallespín y quien informa.
Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
No hay artículos con ese carácter.
Indicaciones rechazadas.
Del diputado señor Joaquín Tuma, presentada en la Sala, para sustituir el artículo único por los siguientes:
“Artículo 1°.- Agréguese en el literal b) del inciso segundo del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, el siguiente inciso:
Se considerará como abuso de posición dominante todo acto jurídico encaminado a limitar la libertad de elección consagrada en la ley N° 19.496, como la celebración de contratos y acuerdos de exclusividad en la provisión de servicios domiciliarios, tales como telefonía fija, televisión por cable y/o internet, entre otros.
“Artículo 2°.- Agréguese el siguiente inciso 9° y final al artículo 9° de la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria:
Las edificaciones nuevas deberán contar con al menos dos ductos para la conexión de los servicios de distribución domiciliaria, como telefonía fija, internet, televisión y otros. Siempre el propietario, arrendatario u ocupante tendrán el derecho a elegir libremente la contratación de estos servicios, siendo inoponibles para ellos los acuerdos que sobre el particular adopten la Asamblea de Copropietarios o los comités de administración.”
La indicación fue rechazada por asentimiento unánime en atención a que el artículo 1° propuesto podía dar lugar a interpretaciones restrictivas por parte de los jueces.
Era importante dejar claramente establecido que la norma era aplicable no solo a la prestación de servicios domiciliarios, sino que a cualquier uso o destino que se le dé al inmueble de que se trate, ya sea de tipo comercial o como oficina.
Votaron en contra la diputada señora Denise Pascal y los diputados señores José Manuel Edwards, Joaquín Tuma, Patricio Vallespín y quien informa.
Indicaciones declaradas inadmisibles.
No hay.
Texto de las disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue o indicación de las mismas.
Mediante esta iniciativa parlamentaria se incorpora una norma en el decreto ley N° 211, que protege la libre competencia, en el sentido de considerar abuso de posición dominante -además del ya contemplado en el citado cuerpo legal-, todo acto jurídico encaminado a limitar la libertad de elección consagrada en la ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos del Consumidor, como la celebración de contratos y acuerdos de exclusividad en la provisión de servicios, tales como telefonía fija, televisión por cable y/o internet, entre otros.
El abuso de posición dominante se encuentra sancionado en la ley con multa a beneficio fiscal de hasta 20.000 unidades tributarias mensuales, considerando las circunstancias modificatorias de responsabilidad del infractor. Además, el tribunal puede poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que den origen a la infracción y ordenar la modificación o disolución de las sociedades o corporaciones que hubieren intervenido en dicho acto.
Por otra parte, en este segundo trámite reglamentario se modifica la ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria con el propósito de exigir que las edificaciones nuevas posean, a lo menos, dos ductos para la conexión de los servicios de cable, telefonía e internet, indicando que el ocupante a cualquier título del inmueble siempre tendrá derecho a elegir libremente su contratación, siendo inoponible para él los acuerdos que sobre el particular adopte la asamblea de copropietarios o el comité de administración.
Cabe explicar que las construcciones antiguas cuentan con un solo ducto, lo cual posibilita que se dé una situación de abuso que perjudique a los consumidores. Se trata, entonces, de que las construcciones futuras cuenten con, a lo menos, dos ductos para la conexión de los servicios de distribución para que haya dos empresas que puedan competir dentro de un mismo edificio y así evitar las prácticas monopólicas.
Por otro lado, se precave el hecho de que se pueda obligar a algún propietario a contratar con una determinada empresa mediante un acuerdo de la asamblea de copropietarios o de los comités de administración con una mayoría circunstancial.
Es todo cuanto puedo informar a la Sala.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, este proyecto, que tiene por finalidad terminar con el abuso de posición dominante de una empresa en un edificio donde existe un solo ducto respecto de la conexión ya sea en telefonía fija, en internet o en televisión por cable va a en la dirección correcta. Pero para mi gusto, y por eso presenté una indicación, la sola presentación al Tribunal de la Libre Competencia no significa resolver el problema, porque los dueños de los departamentos u oficinas deben reclamar de este abuso a las respectivas instituciones, lo que significa un gasto de dinero.
Aquí se corrige la situación para las nuevas construcciones, para las cuales existirá la obligación de instalar dos ductos para que haya al menos dos compañías funcionando, lo cual generará competencia en los edificios comunitarios.
Ello me parece importante, porque las empresas inmobiliarias al construir un edificio de departamentos le van a tener que colocar dos ductos para la conexión de los servicios de distribución domiciliaria, lo que para ellos tendrá un costo mínimo.
Con esta iniciativa le estamos dando la posibilidad a quienes vivan en edificios de departamentos o en condominios de elegir la empresa que les va a prestar los servicios, lo que permitirá que exista competencia por lo menos entre dos compañías. Hoy, existen muchas empresas inmobiliarias que no están prestando dichos servicios a elección, puesto que en ciertas edificaciones existe el monopolio de un ducto. Asimismo, De esa manera, en muchos edificios antiguos tampoco es posible instalar un segundo ducto, porque resulta sumamente caro y poco estético.
Por lo tanto, esto significa un gran avance, porque se va a crear una competencia en la materia.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, cuando iniciamos la redacción de este proyecto de ley, lo que teníamos en mente era la protección de los derechos de los consumidores, ni más ni menos terminar con los abusos que se cometen en su contra.
Ciertamente, constituye un abuso cuando un departamento o una vivienda en un condominio está asimilado a lo que en la jerga del mundo bancario se llama “ventas atadas”. Pero eso ocurre más de lo que los colegas imaginan. Se trata de una práctica muy frecuente que las inmobiliarias hagan acuerdos anteriores a la venta de departamentos con determinadas empresas que proveen de servicios de telefonía, internet, televisión por cable, etcétera.
En otros casos, nos encontramos con que la junta de copropietarios toma decisiones, a veces con mayorías relativas bastante exiguas, que obligan a los legítimos propietarios de los departamentos a asimilarse a determinada empresa de servicios.
Entonces, lo que se pretende con esto es defender al consumidor, porque entendemos que un principio importantísimo en nuestra legislación es la libertad de elegir.
Pero sucede que este principio de la libertad de elegir que he cuestionado tanto en algunas áreas, como la educación y la salud, en mi concepto no existe para la inmensa mayoría de los consumidores, porque aquellos que más lo defienden, lo conculcan cuando generan prácticas como las que aquí se señalan.
En consecuencia, con el apoyo de mi distinguido colega Fuad Chahín y de los demás integrantes de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, a los que invité a ser coautores del proyecto, este fue enriquecido y perfeccionado en esa instancia, sin perjuicio de mantener su objetivo inicial que era evitar el abuso de posición dominante de algunas empresas de telefonía fija, televisión por cable y/o internet, a fin de resguardar los derechos de los consumidores.
Asimismo, la indicación sustitutiva presentada por el diputado señor Joaquín Tuma permitió mejorar el proyecto, cuyo contenido dice relación con el que considero será el gran desafío al que deberá hacer frente este Hemiciclo en el próximo tiempo, como es legislar para evitar los abusos contra los consumidores, en especial cuando ello se genera como consecuencia de la concentración de la riqueza, lo que limita la libertad de elección del los consumidores, porque se produce un gran desequilibrio entre el poder que tiene un consumidor común y corriente y el poder tremendo que tienen las grandes empresas, agrupadas en holdings, así como el de las cadenas del retail y de la banca, entre otras.
La defensa del consumidor será una de las tareas que deberemos enfrentar en el futuro todos los que seguiremos trabajando en esta Corporación.
En consecuencia, junto con agradecer a los diputados que apoyaron el proyecto, solicito a mis distinguidos colegas que tengan a bien aprobarlo, puesto que como la industria inmobiliaria cada vez se extiende más a lo largo y ancho del país, es muy importante el establecimiento de normas que regulen y protejan a los consumidores, como en el caso de la iniciativa que se somete a nuestra consideración.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra al diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, el proyecto en discusión parece muy simple, pero apunta al corazón de la defensa de los consumidores que compran un departamento o una casa en condominio. De hecho, el problema que dio lugar a la iniciativa tuvo su origen en la inquietud de un grupo de usuarios de departamentos del centro de Santiago, los que se dieron cuenta de que en los edificios respectivos los ductos para la conexión de los servicios de distribución de telefonía fija, internet y televisión -entre otros- hacía imposible el cableado de más de una empresa distribuidora de esos servicios, con excepción de la que estaba en convenio con la empresa constructora o administradora, situación que impide la libertad que tienen los consumidores para elegir la empresa que quieren contratar para la provisión de esos servicios.
El proyecto en discusión es muy simple, pero su tramitación demoró más de lo previsto porque en la Comisión técnica respectiva se escuchó a los representantes de los diferentes grupos de empresas de tales servicios, con el objeto de determinar la mejor forma de instalar más de un ducto de conexión.
Ahora nos queda hacer frente a la segunda pata -como se dice en buen chileno-, porque si bien la iniciativa propone una modificación a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria desde la mirada de la defensa de los consumidores, con el propósito de obligar a las edificaciones nuevas a contar con al menos dos ductos para la conexión de los servicios de distribución de televisión, cable y telefonía, lo que permitirá la libre competencia de las empresas distribuidoras. Se deberán modificar otras normas en materia de construcción, para que los usuarios de los inmuebles ubicados en edificios tengan -a futuro- la libertad de elegir la empresa proveedora de servicios que en la actualidad son muy importantes, como internet, además del cable y la televisión.
En ese sentido, cabe recordar que pronto comenzará a operar la televisión digital, la cual contará con otras herramientas. La tecnología de las comunicaciones avanza y cambia permanentemente, de manera que se debe mirar hacia el futuro y proteger en forma mucho más clara los derechos de los consumidores.
Por lo tanto, se requiere aprobar el proyecto, para que continúe su tramitación legislativa, pero también debemos mirar hacia el futuro y determinar cómo se deben actualizar distintas normas, con el objeto de adecuarlas al desarrollo tecnológico del país.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, quiero felicitar a los diputados que han firmado esta moción, porque este es un proyecto de ley que apunta a beneficiar a los consumidores de todos los servicios de telefonía.
Quiero recordar que la tecnología ha avanzado a tal velocidad que ha superado, por lejos, la respuesta que la comunidad necesita en relación con los servicios que ella requiere. Por eso, creo que es importante señalar que el proyecto en debate permitirá la libre elección para los servicios y las compañías de internet, cable y telefonía en las edificaciones nuevas.
Actualmente, hay muchos consumidores que son víctimas de abuso, porque cuando requieren un servicio de cable, telefonía o internet los amarran al contrato de esos servicios adoptado por la asamblea de copropietarios o los comités de administración respectivos y no los dejan en libertad de tomar tales servicios con otras compañías de telecomunicaciones.
Por eso, es absolutamente necesario aprobar este proyecto de ley y dejar consignado en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que hoy la competencia va más allá de las compañías, incluso de las tecnologías, porque la red fija competirá con las redes móviles en precio, oportunidades y servicio.
Por eso, es importante dejar establecido que las nuevas construcciones y los grupos inmobiliarios requerirán observar esas exigencias, porque hay barrios en los que solamente una compañía provee esos servicios, la que además se encarga de cobrar los sobreprecios que castigan al consumidor. Debido a eso, es necesaria la competencia, la participación de las otras compañías que existen en el país y la libre elección de los consumidores. Ese es el centro del proyecto, el cual está en perfecta concordancia con otra iniciativa que se encuentra en tramitación, la cual tiene relación con el Sernac, servicio que acepta y recibe todos los reclamos de los consumidores, lo cual apunta a evitar abusos como los que se han señalado en esta Sala.
Por último, quiero reiterar que la autoridad competente deberá arbitrar las medidas necesarias para que los consumidores sean respetados en sus derechos y evitar el abuso monopólico que ejercen muchas compañías.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, esta moción, que sin duda aprobaremos en forma mayoritaria y que se originó en una idea liderada por el colega diputado Mario Venegas, a todos los integrantes de la Comisión de Economía nos hizo mucho sentido, toda vez que debemos avanzar en construir de mejor manera la protección de los derechos de los consumidores y garantizar el ejercicio de su decisión. El proyecto va en esa línea, porque busca terminar con la práctica habitual que realizan muchas empresas inmobiliarias, cuyo rubro es la construcción de edificios y condominios, o la administración de estos últimos, en orden a celebrar contratos de exclusividad con determinadas compañías de telefonía o proveedores de servicios de televisión pagada e internet, con el objeto de capturar previamente al prestador del servicio e imponerlo al posible comprador de la propiedad. La Ley de Protección de los Derechos del Consumidor faculta para ejercer la libre elección. Sin embargo, en este caso, el comprador de la propiedad ve completamente coartada dicha libertad.
Por lo tanto, el proyecto busca resguardar el derecho a la libre elección de los copropietarios en cuanto al servicio que deseen contratar. Son ellos quienes deben optar por la alternativa que estimen más conveniente y ventajosa para sus intereses y no para los de la empresa inmobiliaria que construye. De esta forma, no se produce una vulneración a la libre competencia respecto de los ofertantes y se mantiene a salvo el principio de la autonomía de la voluntad para quienes contratan el servicio. Estamos ante un proyecto absolutamente alineado con la protección del consumidor.
Hay que valorar y reconocer el importante aporte que en la discusión del proyecto hizo el diputado Joaquín Tuma, quien presentó una propuesta -esa es la gracia y la relevancia de la discusión de los proyectos en la Sala- que perfeccionó la idea original. Efectivamente, antes del segundo trámite reglamentario, el resguardo de la libre elección del propietario que adquiere un departamento en un condominio o edificio quedaba más bien a nivel declarativo. Por ello, el diputado Tuma planteó un mecanismo -lo aprobamos en forma unánime- que, mediante una modificación a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, permite que esté garantizada la posibilidad de que las edificaciones cuenten con más de un ducto para la conexión de los referidos servicios. De esta forma, el posible comprador de esa propiedad podrá ejercer su derecho a la libre elección del servicio de cable, telefonía e internet que estime más conveniente.
El proyecto es un avance que va en la línea pertinente. Qué duda cabe de que lo que debemos hacer en nuestra sociedad es garantizar los derechos de los consumidores y empoderarlos más, porque el abuso del que tiene una posición dominante, de un proveedor de un servicio, o del que vende un producto ha sido muy cotidiano en el funcionamiento del aparato económico. Por tanto, debemos seguir legislando en esta línea.
Espero que en el Senado se dé la urgencia que amerita y merece la discusión de esta iniciativa, que permitirá que los consumidores estén más protegidos, más resguardados y puedan, por fin, ejercer su derecho a la libre elección, de modo que cuando compren su propiedad, no se vean obligados a contratar el servicio de telefonía, de internet o de cable que otro ha decidido.
Nuevamente, felicito al diputado Joaquín Tuma, quien insistió en que el proyecto original debía ser perfeccionado, idea que fue acogida en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. En efecto, con el diputado Chahín hicimos una fuerte defensa de la protección de los derechos de los consumidores en el marco de esta iniciativa. En esa línea, seguiremos perfeccionando tales derechos; el presente proyecto es un ejemplo más de aquello.
Por lo expuesto, anuncio que nuestra bancada votará a favor la iniciativa, como lo hará con todo proyecto elaborado en pro de los consumidores, en pro de perfeccionar la competencia y en pro de garantizar la libre elección para contratar tal o cual servicio de telefonía, internet o cable, libertad que hoy estaba condicionada y limitada.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.-
Señor Presidente, felicito al diputado Mario Venegas, a quien también agradezco que nos haya invitado no solo a firmar, sino que también a participar en la redacción y formulación de esta moción que, a mi juicio, es muy importante, porque busca resguardar de manera efectiva un principio que hoy está consagrado en la letra a) del artículo 3º de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. Se trata de un derecho muy elemental: la libertad de elegir entre los distintos oferentes de un bien o servicio.
Sin embargo, este principio no solo está permanentemente amenazado, sino que derechamente conculcado en lo que se denomina la copropiedad inmobiliaria, ya sea horizontal u otro tipo de condominio, porque en muchas oportunidades las empresas constructoras, de manera previa a la entrega de la vivienda, generan acuerdos con empresas proveedoras de servicios de telefonía, de televisión por cable, de internet u otros. Incluso, a veces, son las empresas proveedoras las que construyen los ductos, lo que genera un ahorro para las inmobiliarias. Sin embargo, el costo final lo terminan pagando los consumidores, los propietarios, quienes finalmente reciben un servicio más caro o de inferior calidad.
En otros casos, son los comités de administración o las asambleas de copropietarios las que en ocasiones, con una mayoría circunstancial, aprueban acuerdos que limitan este principio. Esta situación ha generado muchos abusos, por lo que era importante corregirla.
¿Qué planteamos nosotros? No legislar solo para un caso en particular, como es la provisión de los servicios de telefonía, de internet o de televisión por cable, sino que establecer en el literal b) del inciso segundo del artículo 3º del decreto ley N° 211, que es nuestra norma antimonopolio, un precepto que dispone: “Se considerará abuso de posición dominante todo acto jurídico encaminado a limitar la libertad de elección consagrada en la ley N° 19.496,” -esa libertad de elección está consagrada en la letra a) del artículo 3º de dicha ley- “como la celebración de contratos y acuerdos de exclusividad en la provisión de servicios domiciliarios, tales como telefonía fija, televisión por cable y/o internet, entre otros.”. Es decir, solo a modo ejemplar esta norma hace alusión a la celebración de contratos y acuerdos de exclusividad en la provisión de los servicios señalados.
En otras palabras, lo que hace esta disposición es elevar a una sanción como un caso de abuso de posición dominante toda práctica, todo acuerdo, todo acto jurídico encaminado a limitar el principio de libre elección. Por lo tanto, ello puede producirse en otras áreas distintas, que no tengan nada que ver con la provisión de los servicios referidos. Si se genera un acuerdo para limitar la libertad de elección, entonces, inmediatamente, la Fiscalía Nacional Económica podrá presentar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por abuso de posición dominante. Por lo tanto, esta iniciativa otorga herramientas amplias.
Quiero ser muy enfático en esto para la historia fidedigna del establecimiento de la ley: no se trata de establecer una norma exclusivamente para el caso de los servicios señalados. Su mención en la norma es una individualización a modo ejemplar, no taxativo. Es decir, cualquier acto jurídico encaminado a limitar la libre elección dará derecho para que la Fiscalía Nacional Económica pueda requerir por abuso de posición dominante. Reitero que la mención a los servicios de telefonía, televisión por cable y/o internet es solo un ejemplo.
Mediante el proyecto estamos dando una salida a otros casos, que hoy no están en la mente del legislador, pero que evidentemente pueden generarse en el futuro, y estamos dando una norma que otorgará las atribuciones, tanto a la Fiscalía Nacional Económica como al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para sancionar estas prácticas abusivas que se pueden dar en cualquiera otra área del comercio.
Además, valoro una indicación presentada por el diputado Joaquín Tuma, que me parece muy pertinente y que aprobamos gustosamente después de introducirle una modificación -en realidad, la rechazamos y presentamos otra, pero manteniendo su idea matriz-, orientada no solo a sancionar estas prácticas, sino también a prevenir que en las futuras edificaciones de condominios se generen posibilidades físicas para que exista competencia. Esto se logró incorporando un inciso final al artículo 9° de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, que establece una obligación para las empresas constructoras, al disponer lo siguiente: “Las edificaciones nuevas deberán contar con al menos dos ductos para la conexión de los servicios de distribución, tales como telefonía fija, internet, televisión y otros.”. Es decir, establece la obligación de las empresas constructoras de generar condiciones físicas en los edificios y condominios, para que pueda haber más de un oferente y, por lo tanto, para que exista verdadera competencia y la posibilidad de que los usuarios puedan elegir, resguardándose así el principio de libre elección.
Nos parece que es una indicación complementaria y necesaria. Además, es muy inteligente, porque resguarda los derechos individuales de los propietarios, arrendatarios, comodatarios u ocupantes a cualquier título del inmueble, por sobre los acuerdos que eventualmente pueda adoptar el comité de administración o la asamblea de copropietarios. Consideramos que era muy necesario incorporar esta norma, no solo cuando se trata de edificios de departamentos, sino también de otro tipo de construcciones, como edificios de oficinas, comerciales, etcétera. Por eso, fue necesario modificar la indicación original del diputado Tuma, con el objeto de que tuviera una aplicación más general.
Estamos muy contentos porque no ha habido dos discursos, toda vez que en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo existió unanimidad para aprobar la moción original y la indicación sustitutiva.
Finalmente, quiero hacer presente que la Fiscalía Nacional Económica emitió un informe favorable; de hecho esta ha presentado requerimientos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Lo que estamos haciendo ahora es reforzar nuestra legislación para que no quepa duda de que en estos casos estamos ante un abuso de posición dominante y de que por mandato expreso de la ley vamos a estar ante una hipótesis de infracción a la Ley Antimonopolios, tal como lo establece el artículo 3°, letra b), del decreto ley N° 211.
Por lo tanto, este es un proyecto muy importante que favorece a los consumidores, razón por la cual debiera ser aprobado ojalá por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, los argumentos que hemos escuchado son muy claros y decidores. Por cierto, esta moción se presenta precisamente en momentos en que la tecnología nos está sobrepasando.
Quiero agregar algo, pero a modo de consulta. Como veo que el colega Fuad Chahín es muy versado en esta materia, tal vez me podría responder.
¿Por qué no se discutió en su oportunidad lo relacionado con el plazo de los servicios de televisión por cable, telefonía e internet? Lo digo porque los plazos también constituyen abusos de las grandes empresas, porque siempre son por un año y, muchas veces, los usuarios sobrepasan este plazo, debido a lo cual quedan amarrados por otro año. Además, todos sabemos que hay deficiencias en los servicios que entregan estas empresas. Como digo, a lo mejor se pudo haber establecido algo sobre esta materia en el artículo 3°, letra a), de la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, tal como lo dijo muy bien el colega Fuad Chahín.
Quise intervenir sobre esta materia porque siempre se reclama que los plazos de los contratos son excesivos. De manera que, para el establecimiento de la historia fidedigna de la ley -como suele decir nuestro querido colega José Miguel Ortiz-, quiero dejar constancia de que sería necesario incorporar en la ley una modificación relacionada con los plazos de los servicios contratados.
Espero que el colega Chahín pueda responder mi consulta relacionada con el tema de los plazos.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín, para que responda la consulta del diputado Enrique Jaramillo.
El señor CHAHÍN.-
Señor Presidente, existe una ley específica que regula la portabilidad de los servicios de telefonía y de telecomunicaciones, en general, en virtud de la cual los consumidores pueden cambiarse de la empresa que provee estos servicios.
Por lo tanto, el problema de los plazos quedó absolutamente relativizado con la Ley sobre Portabilidad Numérica, que está vigente y que prohíbe los amarres. Como lo acota muy bien el diputado Burgos, actualmente resulta mucho más fácil poner término a un contrato que cambiar de partido político.
Reitero que eso quedó resuelto con la ley específica sobre portabilidad numérica. Además, podríamos estar ante una hipótesis de cláusulas abusivas, que también son sancionadas por la ley de defensa de los derechos del consumidor y, por lo tanto, se tienen por no escritas en los contratos respectivos.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía.
Hago presente a la Sala que su articulado es propio de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE EL DERECHO DE REUNIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA (Continuación)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Corresponde continuar con el debate del informe de la Comisión Investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 89ª de la actual legislatura, en 21 de noviembre de 2013.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, a lo mejor este tema ha perdido actualidad, porque se refiere a hechos ocurridos hace mucho tiempo. Es posible que a ello se deba la ausencia de muchos parlamentarios que no tienen interés en participar en su debate.
La verdad es que se trata de una materia bastante relevante en el ámbito de la convivencia social y de la seguridad y el orden público, razón por la cual mi bancada va a apoyar plenamente el informe de la Comisión Investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública, por las conclusiones y el análisis correcto sobre lo ocurrido.
En primer lugar, le da mucha importancia al derecho de reunión; es decir, el derecho de las personas a manifestarse. Hoy no existe una normativa que garantice el derecho constitucional de los ciudadanos a manifestarse públicamente o a realizar protestas sociales pacíficas; solo se garantiza el derecho a reunión y de opinión, que está regulado en forma circunstancial y muy tangencial.
Por lo demás, este derecho de reunión está avalado por el decreto supremo N° 1.086, dictado en 1983; es decir, en plena dictadura, y resulta difícil pensar que este tenía por objeto regular el derecho de reunión, toda vez que conculcó prácticamente todos los derechos públicos de los ciudadanos.
Además, ha habido una serie de irregularidades en la acción policial; las fuerzas especiales han incurrido en excesos, en uso irracional de la fuerza y en falta de criterio para aplicar estrategias orientadas a regular las protestas públicas masivas.
Como conclusión y como propuesta, se hace necesario que se enriquezca nuestra normativa constitucional, en el sentido de establecer el derecho a la manifestación y a la protesta social.
En segundo lugar, falta concordar un reglamento que regule el derecho a reunión, que se derogue el decreto de 1983 y que se dé mayor preponderancia o mayor jerarquía al derecho a reunión, por sobre derechos como la libre circulación o el uso de los bienes nacionales de uso público.
El derecho a reunión de ser consagrado, como se ha hecho dentro de los principios o normas del derecho internacional, en que es considerado como un derecho fundamental para la expresión humana y de las organizaciones sociales.
Chile ha sido muy cuestionado a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la represión inusitada que se ha producido con ocasión de las manifestaciones sociales, lo que, sin duda, desprestigia al país. Por eso, debe establecerse un protocolo o estándar que esté de acuerdo con los principios internacionales en cuanto al actuar policial.
Dentro de sus descargos, el Gobierno se refirió a la autonomía de Carabineros, pero esa aseveración parece bastante curiosa, por cuanto Carabineros no es un órgano autónomo, sino que depende completamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por lo que no se puede hablar de autonomía.
La flagrancia ha sido uno de los puntos más criticados, pues se ha abusado mucho de ella. Se ha detenido a mucha gente a la que se le han imputado actuaciones flagrantes, pero no se puede hacer uso indiscriminado de la flagrancia, porque esta solo se utiliza para detener a alguien cuando está cometiendo un delito, pero no cuando se está manifestando o protestando en forma pública. A modo de ejemplo, con el argumento de la flagrancia se ingresó a la casa central de la Universidad de Chile, hecho que fue muy criticado.
El informe de la Comisión Investigadora recoge todas aquellas situaciones anómalas que se produjeron. A nuestro juicio, debe haber una disciplina interna que sancione a aquellos policías que se excedan o cometan actos arbitrarios, lesivos o irracionales.
Además, en cuanto al tema de los encapuchados, de una vez por todas, el actuar de Carabineros debe hacer una distinción entre esos grupos minoritarios de encapuchados y quienes protestan sanamente, que son la gran mayoría. Incluso, a través de los medios de comunicación, se hace mucho hincapié en la actuación de estos grupos minoritarios que cometen desordenes, pero no valoran del mismo modo el contenido o fundamento de quienes protestan.
Por eso, es necesario establecer una regulación constitucional del derecho a la manifestación y a la protesta social dentro de la Constitución Política de la República y establecer un nuevo reglamento que reemplace a aquel que fue elaborado durante la dictadura, con el fin de que contenga estándares internacionales y racionales para el actuar de los policías. Asimismo, los tribunales militares deben abstenerse de tramitar procesos en que estén involucrados manifestantes, puesto que eso perjudica o deja en la absoluta indefensión a los manifestantes ante detenciones injustas. Se propone también publicitar el número telefónico de los jueces y que los fiscales se constituyan en los lugares de detención.
También es necesario formar una mesa de trabajo, con el objeto de analizar estrategias mucho más racionales y justas para la mantención del orden público. Sabemos que dentro de Carabineros hay un departamento de derechos humanos, pero me gustaría saber de qué manera preparan o forman a los grupos especiales, que a veces actúan de manera desorbitada al reprimir a los manifestantes.
Este informe propone algunas soluciones con respecto a lo que sucede en las manifestaciones públicas. Recordemos lo que fueron las protestas en contra de HidroAysén, las manifestaciones estudiantiles y otras más que fueron objeto de represión y del uso de fuerza excesiva de parte de la fuerza pública.
No obstante existir el derecho constitucional a reunión y que también se debe respetar el derecho al orden público, no hay equilibrio entre el ejercicio del derecho a reunión respecto del orden público. A veces, se exagera en la mantención del orden público, para evitar las manifestaciones públicas.
Por todas estas razones, anuncio nuestro voto favorable a este informe que busca corregir o solucionar los problemas derivados del uso excesivo de la fuerza y también por la introducción de otros elementos que se utilizan para disuadir las manifestaciones o protestas sociales.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en algo tiene razón el distinguido colega que me antecedió en el uso de la palabra, y es que este es un informe absoluta y completamente descontextualizado, porque corresponde a momentos políticos y sociales y a pasiones políticas de hace un año.
Hoy, esas pasiones se han atemperado, se aproxima una elección presidencial; después viene la asunción de una nueva Presidenta de la República, sea cual fuere, y ella va a tener la misma obligación de todos los Presidentes de la República que la han precedido y que es la primera obligación de un Presidente: mantener el orden público y la seguridad ciudadana.
Como este informe está descontextualizado y constituye una exageración política absoluta de “pe a pa”, como lo voy a demostrar, le hará un flaco favor a la obligación de la próxima Presidenta de la República.
Primera mistificación: que la norma que regula el derecho a reunión es ilegitima, porque proviene del gobierno militar -y, por lo tanto, es anatema- y que este es un sistema absolutamente perverso y cuestionable.
Digamos las cosas como son. El artículo 19, número 13°, de la Constitución Política de la República es de larga data y expresa que la Constitución de la República asegura a todos los habitantes de la república “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”. Derecho absoluto.
Y después viene la relativización del derecho, como todos los demás: “Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía;”.
Esta norma existe desde antes de la Constitución de 1980, ha regido después de ella y ha sido utilizada por todos los gobiernos de la Concertación y, por supuesto, de la Alianza. Repito: la primera obligación de la autoridad es mantener el orden público. Sería acusable constitucionalmente si no lo hiciera, y lo debe hacer de acuerdo con esta norma, porque no hay otra.
¿Cuál es la razón de la existencia de esta norma? Una muy elemental; no mistifiquemos. El derecho a reunión se topa con los derechos de otras personas, igualmente legítimos, como el derecho a transitar, el derecho de propiedad, el derecho a llevar a su familia al médico el día en que hay protestas o manifestaciones públicas. Por lo tanto, esa manifestación pública -ese es el problema del derecho- debe darse en un contexto de respeto a los demás derechos de las personas que no están participando en esa manifestación, porque también tienen derecho a no participar. Ese es el problema.
Podríamos legislar sobre el tema, porque se ha tratado de llegar a buen puerto. El Gobierno ha planteado proyectos de ley, pero la Concertación se ha negado -digámoslo claramente- a incursionar en normas de protección de la policía o a perfeccionar las normas sobre orden público. Ha sido imposible aprobar leyes que custodien un valor que es esencial, y que lo seguirá siendo en los años que vienen, cual es el orden público, la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas que no participan en manifestaciones. Ese es el tema de fondo.
¿Cuál era la intención de los parlamentarios que crearon la Comisión en ese momento? Era obvia: coadyuvar a todo el proceso de manifestaciones públicas que se había producido, por la vía de decir que los manifestantes tenían todos los derechos del mundo y la policía era represiva. Y eso es lo que hicieron, excediendo todo límite.
El informe acusa a Carabineros de ciertas prácticas reiteradas -miren el despropósito que significa votarlas hoy-, como detenciones masivas sin discriminación entre manifestantes pacíficos y sujetos que cometen delitos; maltrato verbal y físico hacia los manifestantes; falta de atención a la opinión de las personas, incluyendo la de las autoridades legalmente investidas de poder; uso excesivo y desproporcionado de disuasivos químicos; uso de balines de pintura que han afectado irreversiblemente la salud; empleo de carros lanza agua como medios de agresión; abusos en la aplicación de normas de control de identidad; abuso con numerosos detenidos cuando son menores de edad; trato inadecuado e irrespetuoso a los abogados; procedimientos de registro de detenciones, entre otras. Son alrededor de quinces anatemas.
Todo lo malo radicaría en la policía, como el uso de violencia excesiva contra manifestantes absolutamente pacíficos, que no hacen nada, que se limitan a ejercer un derecho garantizado en la Constitución. Eso, claramente, para cualquier persona que vio la televisión, no es correcto, porque no es así.
De aprobarse este informe, quedará afectado el uso legítimo de la fuerza por parte de Carabineros. Respaldar la acción de orden público de Carabineros ha sido esencial para este Gobierno, y lo seguirá siendo.
Si doña Michelle Bachelet es la Presidenta de la República -lo digo claramente-, enfrentará el mismo problema y tendrá que respaldar a la policía, como lo ha hecho este Gobierno, cumpliendo todas las medidas legales.
En el caso hipotético de aprobarse el informe, le producirá el más grave de los perjuicios al principio de autoridad y al manejo del orden público que, repito por enésima vez, es la primera obligación de una autoridad.
En este momento, en que vienen elecciones y la instalación de un nuevo gobierno, tiene sentido volver las cosas a su sano lugar. Esto fue, sencillamente, una maniobra política de sectores de la Concertación, de acuerdo a las pasiones políticas de ese momento, que ha quedado totalmente desfasada.
La aprobación del informe significará avalar un despropósito de la época y dañar una palanca fundamental del ejercicio del poder público para el futuro gobierno, cual es la mantención del orden y la seguridad pública.
Por lo tanto, vamos a votar negativamente el informe.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, la relación entre el control del orden público y el ejercicio de las libertades ciudadanas siempre ha sido materia de conflicto, dado que, lamentablemente, nuestra legislación no establece un mecanismo de solución de esta natural colisión de derechos de manera adecuada.
Digo esto porque la legislación vigente data de una época de excepción constitucional, en la que la manera de observar las manifestaciones ciudadanas y la ocupación de espacios públicos como forma de expresión era completa y diametralmente distinta a la naturaleza de la observación que se produce en un régimen democrático. En consecuencia, la legislación en esta materia -el decreto de 1983- no ayuda.
No obstante lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha señalado que el legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos -en este caso, el derecho a la libre expresión y a la manifestación pública- es un derecho de carácter absoluto, que admite restricciones proporcionales solo en cuanto pueda significar una afectación de otros derechos igualmente relevantes.
De esta manera, la Corte Interamericana ha ido generando jurisprudencia en esta materia, en el sentido de señalar que se requiere que la legislación de los países y los mecanismos y las decisiones políticas y administrativas tengan, necesariamente, en vista y en consideración que el derecho a la manifestación es un derecho que debe ser respetado.
El problema se produce cuando la autoridad, por la vía administrativa o legislativa, muchas veces coarta en su esencia ese derecho, en función de la protección del legítimo derecho, por ejemplo, de propiedad o para salvaguardar la integridad física y síquica de otras personas.
Por lo tanto, lo que hemos tenido en este último tiempo no tiene que ver de manera necesaria con una carencia de normas. Probablemente, tendríamos que modificar la norma regulatoria en materia de autorización o no, acerca de lo cual no ha habido intento alguno todavía. Pero cuando se nos propone la necesidad de aumentar la sanción penal punitiva, es decir, introducir el orden público -un elemento esencialmente político y de derechos ciudadanos-, en una materia propia del derecho punitivo, creo que el camino no es el correcto.
Todos queremos que la legítima manifestación se realice con apego no solo a las normas, sino también al respeto de los derechos fundamentales de terceras personas, pero para ello se requiere que la autoridad tenga la capacidad de organizar a esos manifestantes e identificar a los que, aprovechándose del legítimo derecho a manifestación, utilicen la violencia como forma de resolver sus planteamientos o de manifestar sus posiciones.
El problema que hemos tenido en el último tiempo no dice relación con un problema de ley, porque hoy en la Ley de Control de Armas está tipificado el porte de objetos incendiarios, con una sanción que va de tres años y un día a diez años, y en el Código Penal está tipificado el robo con fuerza en lugar habitado, el denominado saqueo. Todo eso tiene sanciones penales. El problema que se ha producido es que la autoridad ha sido incapaz de establecer la identificación y, en segundo lugar, la detención selectiva de las personas que realizan esos actos, y ha optado -a mi juicio, de manera bastante poco prudente- por detenciones masivas que, efectivamente, comienzan a generar una afectación del derecho fundamental de reunión, toda vez que se detiene a un conjunto de personas que nada tienen que ver con los incidentes, lo que genera el descrédito del sistema punitivo por cuanto se pone a disposición de los fiscales a un conjunto de personas respecto de las cuales no hay información que indique que haya participado activamente en hechos delictivos. Entonces, como los fiscales no tienen elementos de prueba, los jueces dejan en libertad a los detenidos, con lo cual se genera un círculo vicioso de descrédito del sistema punitivo, solo por un problema de incapacidad de gestión.
Creo que la visión que hoy tenemos no ha sido la adecuada. Debemos modificar las normas que autorizan las manifestaciones en lugares públicos, pero, a la vez, también necesitamos hacer comprender a la autoridad que se requiere mayor capacidad articuladora para organizar las manifestaciones y mayor capacidad de las instituciones encargadas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y las policías, para distinguir entre quienes afectan la seguridad y el orden público y aquellos que ejercen legítimamente el derecho a manifestación.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Investigadora sobre el derecho de reunión y seguridad pública.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 33 votos. No hubo abstenciones.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA CONSTITUIDA EN INVESTIGADORA DE LAS DENUNCIAS SOBRE HECHOS ILÍCITOS OCURRIDOS EN HOGARES DEL SENAME
El señor GODOY (Vicepresidente).- Corresponde conocer el informe de la Comisión de Familia, constituida en investigadora para recabar información y determinar responsabilidades en las denuncias sobre hechos ilícitos ocurridos en hogares del Servicio Nacional de Menores.
Rinde el informe la diputada María Angélica Cristi.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 87ª de la actual legislatura, en 19 de de noviembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 22.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora CRISTI, doña María Angélica (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Familia, constituida por mandato de la Sala en investigadora, paso a informar sobre los antecedentes recabados y la determinación de responsabilidades por los casos de abusos conocidos en el último tiempo por la opinión pública ocurridos en hogares administrados por el Servicio Nacional de Menores (Sename), como, asimismo, sobre las condiciones en que se encuentran dichos hogares, el nivel de preparación de los profesionales que se desempeñan en ese servicio, las medidas de seguridad adoptadas para prevenir situaciones como las investigadas y sobre los planes futuros con respecto a la situación antes descrita, de manera de modernizar esa importante institución.
Constitución y funcionamiento
La Comisión investigadora se constituyó con los siguientes diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Familia: Ramón Barros, Eugenio Bauer, Carlina Goic, Carlos Abel Jarpa, Issa Kort, Adriana Muñoz, Karla Rubilar, María Antonieta Saa, Marcela Sabat, Jorge Sabag, Marcelo Schilling y Mónica Zalaquett, bajo la Presidencia de quien informa, María Angélica Cristi.
El plazo otorgado para la investigación fue de 40 días -muy breve-, contados desde su constitución, el 7 de agosto, el cual venció el 17 de septiembre, que fue prorrogado por 30 días, hasta el 26 de octubre.
Se realizaron 6 sesiones ordinarias y 6 especiales, en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Asimismo, dentro del plazo se alcanzaron a efectuar visitas inspectivas: una a un hogar de administración directa del Sename, ubicado en Playa Ancha, Valparaíso, y otra a un centro administrado por el organismo colaborador Aldeas S.O.S, en El Retiro, Quilpué.
Personas escuchadas
Del Poder Judicial, la juezas de familia señoras Alejandra Valencia, Mónica Jeldres y Cecilia Ruiz; la doctora en Derecho señora Paulina Gómez Barbosa, y la juezas señoras Gloria Negroni y Karen Hoyuelos.
De la Unicef, su representante para Chile, señor Tom Olsen, quien concurrió acompañado por las señoras Soledad Larraín, consultora del Área de Maltrato Infantil, y Carolina Bascuñán, consultora.
Del Sename, su director nacional, señor Rolando Melo; la jefa del Departamento de Protección de Derechos, señora Angélica Marín, y la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, señora Alicia del Basto.
De los organismos colaboradores del Sename, la señora Delia del Gato, gerente general de la Fundación Mi Casa; la señora Leonor Cubillos, asesora técnica nacional de Línea Infanto- Adolescente del Hogar de Cristo; la señora Elena Maldonado, asistente social de la Corporación Municipal de Derecho Social de Iquique; el señor Matías Marchant, sicólogo del centro de salud mental “Casa del Cerro”; la generala de Carabineros señora Mireya Pérez, gerente general de la Fundación Niño y Patria; la señora Alicia Amunátegui, directora de La Protectora de la Infancia; el señor Eduardo Olivera, director ejecutivo de María Ayuda; el señor Andrés Beroggi, director nacional de Aldeas S.O.S., y la señora Alejandra Riveros, asesora nacional de abogacía de Aldeas S.O.S.
Asimismo, asistió la ministra de Justicia, señora Patricia Pérez, y el secretario regional ministerial de Justicia de la Región de Arica y Parinacota, señor Luis Cerda Pérez.
Origen del Mandato
Como es de público conocimiento, en julio del año en curso el Centro de Información e Investigación Periodística (Ciper), dio a conocer a la opinión pública el contenido del informe denominado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial en Chile”, desarrollado por una comisión institucional del Poder Judicial y apoyado por la Unicef, en el marco de un convenio de cooperación mixta existente entre ambos organismos, el cual contiene una síntesis de las acciones desplegadas durante su ejecución en 2012.
El referido informe fue entregado al Presidente de la Corte Suprema el 11 de enero de 2013 y en él se señalan una serie de nudos críticos que dan cuenta de las fallas y debilidades del sistema residencial de menores que se encuentran por orden judicial bajo la protección del Sename, ya sea en hogares administrados directamente por ese servicio o por terceros colaboradores, cuyos datos fueron obtenidos en las visitas que realizaron diversos funcionarios y comisiones del Poder Judicial a 10 regiones del país, con el propósito de crear información única, a través de la aplicación de una ficha individual que comprendiera tanto la información proveniente de los tribunales de familia como del Sename, por medio del trabajo de las duplas sicosociales, en lo referente a la intervención del niño o niña, y, por otra parte, la aplicación de una ficha residencial que registra antecedentes de infraestructura, gestión y recursos humanos.
En esa etapa participaron activamente el Poder Judicial y el Sename, tanto en las visitas a los propios hogares como en las jornadas de transferencia técnica que se realizaban con posterioridad a las visitas, en los que equipos de trabajo de ambas partes compartían el objetivo del proyecto y se exponía el diagnóstico regional.
Es importante destacar la relevancia que adquieren en esta investigación, para el presente y para el futuro, la ficha residencial y los antecedentes de los menores.
Por otra parte, en el marco del convenio celebrado entre el Poder Judicial y la Unicef, los jueces de familia aplican en las visitas -por su propia iniciativa- un cuestionario de supervisión del sistema residencial de protección, que forma parte del informe final, a niños mayores de 10 años, en forma anónima, donde pueden indicar las observaciones que estimen. En la confección y apertura de los mismos no participa el Sename.
El referido cuestionario, que es lo que devela la publicación de Ciper, da cuenta de una serie de casos de maltratos y abusos que constituyen vulneraciones graves a los derechos fundamentales de los niños bajo protección del Estado, lo que causa alarma pública.
Sin embargo, es preciso señalar que durante el curso de la investigación efectuada por la Comisión de Familia, la metodología empleada en los cuestionario fue criticada por expertos que concurrieron a dar su opinión, tanto integrantes del propio Poder Judicial como por sostenedores y colaboradores que administran hogares bajo la tuición del Sename, porque, entre otros argumentos, se trató de un cuestionario anónimo, aplicado a muy pocos niños en relación al universo total, y porque no contaba con un procedimiento de reacción inmediata frente a un resultado adverso, como podría haber ocurrido.
Al respecto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión coincidieron en que es necesario distinguir entre las denuncias específicas contenidas en el informe periodístico mencionado y la vulneración de derechos de los niños bajo la protección del Estado, que la propia Comisión investigara, cuyo resultado forma parte sustancial de este informe.
En cuanto a las denuncias específicas efectuadas por la prensa, la Comisión de Familia reconoce y valora, en su mérito, el esfuerzo desplegado por las comisiones creadas por el Poder Judicial e integradas por jueces de familia para la aplicación de instrumentos específicos que permitan sistematizar datos objetivos respecto de la situación actual de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la protección de Estado, y, por otra, respecto de los hechos denunciados por Ciper, precisa que no le corresponde pronunciarse sobre si la metodología empleada en el cuestionario aplicado por los jueces de familia y elaborado en conjunto con Unicef fue o no la adecuada, o si el anonimato de la encuesta fue o no representativo respecto de lo contestado, o si el número de niños, niñas y adolescentes consultados fue suficiente o resolutivo, toda vez que no es posible concluir en un sentido u en otro, por tratarse de un proyecto de suyo delicado y cuyo objetivo nunca tuvo el ánimo de denunciar ni de perjudicar a quienes trabajan en el sistema residencial; es decir, funcionarios o colaboradores de la función pública, sino que se hizo con el ánimo de mejorar las deficiencias. De modo que cualquier opinión que se emita, podría llevar a conclusiones irresponsables, porque su análisis y conocimiento específico escapan a su competencia. Y tampoco le corresponde a esta Comisión constituida en investigadora pronunciarse sobre los hechos específicos -que no constituyen la regla general- que se consignan en el informe periodístico efectuado por Ciper como delitos o maltratos, toda vez que de ellos dará cuenta el organismo judicial respectivo, por haberse efectuado las denuncias del caso en el Ministerio Público.
Sin embargo, la Comisión de Familia insta a toda persona e institución pública o privada a guardar la reserva y aplicar la mayor diligencia, profesionalismo y cuidado en las opiniones verbales o por escrito que puedan trasgredir gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente en lo que dice relación con la vulnerabilidad propia de su edad y condición. Cualquier otra actitud significaría exponerlos sin consideración alguna.
La Comisión de Familia, en cuanto a la materia primordial y de fondo investigada, que dice relación con la situación en que se encuentra el sistema residencial de niños y niñas bajo la protección del Estado, luego de escuchar a las personas involucradas, de recibir los informes y documentos reunidos, de examinar las respuestas de los oficios despachado y constituirse en centros tanto de administración directa del Servicio Nacional de Menores como de colaboradores del mismo, identificó numerosos aspectos que afectan negativamente el trabajo con los niños, niñas y adolescentes y que constituyen causalidades mediatas o inmediatas de los hechos irregulares detectados recientemente en algunas residencias del país.
En este ámbito, la Comisión da a conocer las debilidades de mayor impacto respecto de las cuales coincidieron todas las personas escuchadas.
Quiero hacer un reconocimiento a quienes trabajaron en la Comisión, tanto a diputados como a funcionarios, porque su cometido fue muy arduo. Incluso, muchos diputados y diputadas, aunque estaban en plena campaña electoral, siguieron trabajando y destinaron gran parte de su tiempo a su labor, incluyendo las semanas distritales.
Respecto de la normativa, se pueden señalar las siguientes debilidades:
-Ausencia de una ley integral sobre la infancia, que disponga el marco jurídico para sustentar la institucionalidad pública, así como el diseño y aplicación de toda norma política o programa relativo al trabajo con menores.
-Cumplimiento imperfecto de los convenios internacionales que ha suscrito el país en materia de protección de los derechos del niño, en tanto existen ámbitos de protección que no son atendidos con la rigurosidad que las disposiciones comprometidas establecen.
-Una estructura institucional incapaz de atender apropiadamente la problemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en tanto el Servicio respectivo sostiene simultáneamente funciones de protección y de orden judicial.
Por su parte, respecto del procedimiento administrativo y la gestión, se pueden mencionar las siguientes debilidades:
-Falta de coordinación formal entre las entidades que participan del sistema, a saber, el Sename, el sistema de residencias y los juzgados de familia. Este estudio se abocó al sistema de residencia. No olvidemos que el Sename es todo un mundo, por las obligaciones que debe cumplir y las coordinaciones que debe realizar.
El proyecto de Ley de Presupuestos que vimos ayer contempla recursos para el Sename por más de 199 mil millones de pesos.
Hay que destacar, también, a los hogares de rehabilitación para los adolescentes y a más de 1.400 organizaciones o colaboradores que ayudan en la labor del Sename, los que no formaron parte de la investigación de esta Comisión. Por lo tanto, toda esa área queda pendiente.
-Rotación constante de directores y profesionales a cargo de los diferentes centros para menores, tanto por insatisfacción remuneracional como por complejas condiciones de trabajo.
-Riesgo de valoración excesiva de factores tales como infraestructura y condiciones de habitabilidad por sobre la planificación y la calidad de los planes de intervención individual de cada niño.
-Información sesgada y/o poco fidedigna sobre el estado integral de los niños, otorgada por la residencia al tribunal.
-Falta de conocimiento de normas mínimas exigidas a nivel internacional en materia de trabajo con menores.
-Existen residencias que no cumplen con estándares mínimos en cuanto a recursos humanos. El personal de las residencias es insuficiente, tanto en número como en las competencias que presentan.
-Ausencia de incentivos para reducir la institucionalización. Las residencias funcionan como depósitos de niños y en ellas existen carencias materiales y afectivas.
-El riesgo latente del cierre de residencias por falta de recursos, lo que para los niños en completo abandono implica desconocer su calidad de personas y generar una nueva vulneración de derechos.
-Complejidades asociadas al régimen laboral dificultan la gestión del personal y aumentan el riesgo de judicialización de los conflictos con trabajadores desvinculados por malas prácticas.
Debemos reconocer que los colaboradores plantearon el grado de vulnerabilidad en que llegan los niños a los hogares, que cada vez es más dramático.
Respecto del procedimiento judicial, se advierte:
-Falta de continuidad en los informes de avance de los niños sometidos a programas de reparación por orden judicial, que incluya sugerencias sobre la evolución de las medidas a decretar.
-Riesgo de coexistencia en las residencias de niños que son víctimas de vulneración de derechos con aquellos que son “vulneradores” de derechos.
-En materia de cantidad y calidad de plazas de internación, se observa desconexión entre tribunales de familia y hogares residenciales, pues en ocasiones las órdenes judiciales desconocen las limitaciones de la residencia seleccionada para internar a un menor.
-El sistema de información sobre los menores en régimen residencial presenta debilidades de integridad y actualización. De ahí, la importancia de la ficha única.
-Riesgo de que primen las metas de gestión institucional, en desmedro del interés superior del niño.
-Falta de objetivos y plazos de la intervención judicial, lo que implica el riesgo de invisibilizar al menor e institucionalizarlo permanentemente.
-Bajo cumplimiento de los informes semestrales, cuyas observaciones permiten revisar los planes de intervención y acelerar los egresos.
-La revisión de la residencia la efectúan los jueces de los tribunales donde aquella se encuentra ubicada. No se incluye al juez de la jurisdicción que decreta la medida cautelar de ingreso a una residencia.
Respecto del plan de intervención de los niños y niñas, se presentan:
-Ausencia de profesionales y de personal especializad o de suficientes horas para atenderlos. Insisto, se hace urgente una solución, debido al grado de vulnerabilidad y deterioro en que llegan los niños. Existe una notoria rotación de profesionales, lo que afecta negativamente la continuidad de los programas aplicados a los niños.
Falta de personal especializado e idóneo en el cuidado cotidiano y el tratamiento de las problemáticas propias de los menores. Falta de especialización en las educadoras de trato directo que atienden a los niños, especialmente si se considera que muchos de ellos presentan necesidades especiales y un perfil complejo y dramático.
-Residencias carecen de programas de apoyo especializado. Los menores se deben adecuar a la oferta, que muchas veces no responde a la complejidad de sus necesidades específicas.
-Medicación coercitiva, sin supervisión de un especialista en materia de salud.
Respecto de la fiscalización del Sename:
-Falta de fiscalización de las residencias a cargo del cuidado de menores.
-Escasez de recursos humanos y materiales para ejecutar supervisiones permanentes a las residencias administradas por organismos colaboradores.
Respecto de la salud y del diagnóstico de los niños y niñas:
-Falta un diagnóstico acabado de la situación integral del menor ingresado.
-Ausencia de planes para atender a niños con salud mental comprometida, con trastornos siquiátricos y/o neurológicos.
-Inadecuada gestión con la red de salud (hospitales y consultorios) para la atención expedita de los menores.
Respecto del trabajo de intervención con las familias:
-Falta de programas de trabajo especializado con el núcleo familiar del menor. Dada la baja dotación de profesionales, no se visualiza un trabajo con la familia, lo que redunda en que los niños y niñas se mantengan por mucho tiempo en la residencia.
-Insuficiente búsqueda o indagación en red familiar extensa. Lo anterior implica que nuestro sistema prioriza el régimen residencial por sobre el familiar, situación que contradice la tendencia mundial en esta materia.
Respecto de la oferta de residencias, se detectó lo siguiente:
-Carencia de oferta programática en cada región para casos complejos y especiales, lo que provoca traslados forzados, desarraigo y distanciamiento con la familia de origen.
-Inexistencia de hogares diferenciados para niños y niñas vulnerados y/o infractores.
-Ausencia de una oferta programática especializada, en particular para infractores de 14 años y niños y niñas con problemas siquiátricos severos.
-Falta de residencias y programas para adolescentes embarazadas con policonsumo, conductas infraccionales y disruptivas, hombres entre 8 y 18 años y adolescentes con problemas de salud mental.
-Falta de residencias especializadas para niños vulnerados en áreas de abuso sexual, consumo grave de drogas para mujeres (niñas y adolescentes de sexo femenino).
Respecto de la infraestructura, encontramos lo siguiente:
-Problemas en la seguridad y vigilancia en algunas residencias.
-Carencias materiales relativas a higiene y bienestar en algunas residencias.
Respecto del personal de centros de administración directa del Sename, hallamos lo siguiente:
-Falta proactividad y creatividad para resolver problemas. Desmotivación de profesionales impacta en el nivel de compromiso.
-Insuficiente cantidad de profesionales y auxiliares.
Respecto de los recursos financieros, observamos lo siguiente:
-Falta de recursos técnicos, profesionales y económicos en residencias, debido al escaso atractivo remuneracional para los postulantes.
-La Unidad de Subvención logra financiar solo una parte del costo de mantenimiento de cada menor. La diferencia debe ser suplida por el órgano colaborador.
-Coexisten en una misma residencia niños con beneficio de subvención Sename y menores sin aporte de esa institución, lo que puede generar discriminación en la atención, pues el Sename solo fiscaliza en la residencia los temas relacionados con los menores beneficiarios de transferencias. Este problema fue planteado por las organizaciones colaboradoras. De hecho, a pesar de que no tengan subvención, reciben a niños que los jueces les envían por su estado de vulneración, por la urgencia de acogerlos.
-Selección de menores con incentivo perverso. El monto total de la transferencia estatal a las residencias depende del número de niños incorporados al programa beneficiado, lo que implica incentivo a que los administradores privilegien el ingreso y la permanencia de los menores por sobre la consideración de soluciones con la familia de origen o extensa.
Respecto de la red de apoyo intersectorial, se pudo constatar lo siguiente:
-Ausencia de coordinación y de convenios especializados entre el Poder Judicial y las redes de apoyo hacia tribunales de familia, tales como las que podrían emanar desde el Senda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Solidaridad, -aún no creado-, el Ministerio Público, entre otros. O sea, falta integralidad de las distintas redes del Estado para atender a los menores en situación irregular.
-Falta de redes para materializar de forma efectiva los diagnósticos y el trabajo de intervención. Se observa poca cooperación de los organismos para trabajar con las residencias.
-Carencia de una coordinación con la red pública para apoyar a las familias de los menores, de modo de satisfacer sus carencias y vulnerabilidades en el área social y concederles acceso expedito a beneficios sociales.
Por otra parte, en su investigación la Comisión de Familia igualmente conoció las fortalezas del sistema; esto es, la existencia de capacidades en condiciones de ser aplicadas para corregir y alcanzar los planes futuros.
Por ejemplo, en cuanto a las fortalezas, existe un acuerdo sobre una nueva institucionalidad, materias en las que se encuentran trabajando el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso Nacional. Este último trabaja en perfeccionar un proyecto de ley de protección integral de la infancia, que responda adecuadamente a los desafíos que enfrenta el tratamiento de los temas de la niñez y de la adolescencia.
Existe unidad en el diagnóstico. En efecto, se destaca como fortaleza, la disposición de un diagnostico general de los problemas existentes en materia de protección de los menores más vulnerables, emanado del Poder Judicial junto con la Unicef. Sin perjuicio de ello, también se reconocen las vulnerabilidades del sector, que en alguna forma ya se están corrigiendo, como pudimos ver en el reciente proyecto de Ley de Presupuestos.
Conclusiones.
De acuerdo con lo expuesto y el trabajo realizado por la Comisión de Familia, surgen dos áreas de conclusiones: las que se traducen en propuestas de acciones a ejecutar por los organismos que se señalan, y otras, que determinan responsabilidades en los hechos investigados en los términos contenidos en el mandato, a saber:
A.-Proposiciones.
I. Rediseño: planes futuros.
Se requiere de un completo rediseño del sistema nacional de modalidades alternativas, de cuidado alternativo de niños y adolescentes sin cuidado parental, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices vigentes, que contemple a lo menos:
-Incluir la definición de los derechos del niño, de la niña o del adolescente que está en acogimiento, y los de su familia, durante el proceso en que se determina el cuidado y mientras el menor permanezca en un hogar o en una familia de acogida.
-Establecer como principio rector que el niño, niña o adolescente tiene, en primer lugar, el derecho a ser cuidado por su familia de origen o extendida; en segundo lugar, por la adoptiva, y como último recurso la internación.
-Determinar a cuáles modalidades de cuidado alternativo tiene derecho, de acuerdo a sus características y condiciones, de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
-Intervenir la familia para que el niño o la niña pueda quedarse en ella; que no sea la pobreza o la marginalidad la causa de internación.
-Incluir un sistema interdisciplinario de formación y habilitación de cuidadores profesionales y especializados.
-Establecer un sistema de supervisión externa e independiente, y regular que garantice objetividad y mejoras permanentes del sistema. Las directrices establecen que, independientemente de que el sistema tenga su propio mecanismo de supervisión, como todo organismo, el cuidado alternativo de niños debe integrar un sistema de supervisión externo, a cargo de un organismo de protección de la infancia o de los derechos fundamentales, único, encargado de fiscalizar y de hacer sus propias transformaciones.
II. Nueva institucionalidad de la infancia, que debe comprender lo siguiente:
1. Una ley de protección integral a la infancia.
Esta debe abordar de manera sistémica las problemáticas y definiciones en materia de infancia, y considerar, entre otras materias, las siguientes:
-Prohibición expresa de todas las formas de maltrato, descuido o negligencia en contra de los niños y las niñas.
-Fortalecimiento de la atención temprana en la vulneración de derechos, ya que tiende a constituirse en factor de riesgo frente al desarrollo de conductas transgresoras.
-Fiscalización periódica de los programas diseñados por el Sename para niños y niñas bajo la protección del Estado, sean estos ejecutados directamente o por medio de instituciones colaboradoras.
-Establecimiento de un sistema de coordinación interinstitucional para el seguimiento y la evaluación de la implementación de la ley N° 20.032, respecto de la oficinas de protección de derechos, centros residenciales o programas de promoción y prevención especializados, y familias de acogida.
2. El Fortalecimiento de la supervisión del régimen de protección residencial, la que debe ser general, periódica y de calidad.
La Comisión tomó conocimiento de que en el país coexisten actualmente tres modalidades en materia de residencias para niños y niñas en régimen de protección ordenado por los tribunales de familia, que contemplan 11.120 plazas. Una de ellos corresponde a los hogares administrados directamente por el Servicio Nacional de Menores, denominados Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), que suman diez establecimientos distribuidos en cinco regiones, con 710 niños y niñas entre 0 y 18 años, y donde trabajan un total de 775 funcionarios. Su financiamiento se contempla en el Capítulo Sename de la Ley de Presupuestos, mientras que su administración recae en funcionarios públicos dependientes de la misma institución.
Por otra parte, existe una red de colaboradores privados, denominados OCAS, que han levantado centros de acogida para menores y que reciben a quienes son derivados por disposición judicial. La participación de estas iniciativas privadas a lo largo del país adquiere una relevancia mayor cuando se advierte que en esta condición se encuentran 285 residencias, distribuidas a lo largo de todas las regiones. De ellas, 43 son residencias de primera infancia.
Para su financiamiento, esos hogares postulan periódicamente a subvenciones del Sename, entidad que les transfiere recursos de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 20.032 y su reglamento, valorizados en Unidad de Subvención Sename (USS).
La supervisión técnica del Servicio Nacional de Menores es insuficiente. No cumple su cometido por falta de capacidad respecto de todos los niños en sistema residencial. La supervisión del Servicio Nacional de Menores debe realizarse no solo en los organismos por los cuales se paga una subvención, pues existe otro porcentaje en que no se ejerce una supervisión respecto de niños que están en una situación de invisibilización y desplazados de su medio familiar y comunitario.
3. Defensor del Niño.
La Comisión de Familia concluye, asimismo, en la urgente necesidad de crear la institución del Defensor del Niño, cuyo objetivo sea la defensa de sus derechos, como igualmente el fomento de la conciencia y difusión de los derechos humanos de los niños, sin distinción de su actual condición; la investigación y el establecimiento de programas educacionales que fomenten su respeto; el análisis de la legislación existente y la canalización de los proyectos de ley; que sea una institución que asuma la representación de los niños y las niñas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus derechos humanos; que tenga un carácter de institución autónoma, que pueda representar los intereses de los niños cuando sus derechos se encuentren en peligro, adhiriendo, en particular, a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
En tal sentido, deberá hacerse cargo de la tramitación de las denuncias recibidas en relación con sus derechos y fiscalizar a los servicios que atienden directamente a niños, niñas y adolescentes.
4. Nueva ley de adopción: derogación de la Ley de Menores.
Con fecha 8 de octubre del año en curso, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, que actualmente se encuentra radicado en la Comisión de Familia.
Cabe hacer presente que la iniciativa presidencial responde, en gran medida, al trabajo que ha venido realizando durante el transcurso del año la Comisión de Familia, la que, tras la colocación en tabla de todas las mociones parlamentarias sobre el particular, y la posterior audiencia pública, en una jornada especial dedicada al efecto, procedió a aprobar, por unanimidad, la idea de legislar, para luego hacerle presente al Ejecutivo una serie de observaciones y concordar el envío del referido proyecto de ley.
5.- Ley de Presupuestos: aumento sustancial de recursos.
-Presupuesto consistente con las prioridades.
Los antecedentes recabados por la Comisión evidencian que numerosas debilidades y carencias del sistema residencial orientado a la protección y rehabilitación de menores, encuentran una raíz causal común en la insuficiencia de los recursos financieros disponibles.
Por otra parte, la Comisión de Familia advierte que, sin embargo, el Estado no puede trasladar su responsabilidad al esfuerzo individual que el privado puede realizar. Si el Estado de Chile desea verdaderamente cumplir con su rol de defensor de los derechos de la infancia y de promotor de una reparación exitosa para quienes ven vulneradas sus prerrogativas, resulta ineludible materializar esa voluntad, en un presupuesto público consecuente. Para ello es necesario elevar gradualmente el monto de la subvención, e introdir en el proyecto actualmente en trámite legislativo un presupuesto consonante con la nueva política pública.
B.- Responsabilidades
Vulneración de niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado.
La Comisión de Familia, luego de nutrirse de la abundante información reunida y de formarse su propia convicción, surgida del debate y de las visitas inspectivas, cuyos antecedentes constan en este informe, puede señalar con claridad que el sistema residencial que debiera acoger a niños, niñas y adolescentes institucionalizados por orden de un tribunal y bajo la protección de Servicio Nacional de Menores, adolece de graves deficiencias que atentan y ponen en riesgo la integridad física y síquica de los mismos, y compromete y vulnera sus derechos más fundamentales, siendo el principal, por una parte, el de restituirles su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia y en la comunidad, y, cuando no sea factible, encontrarles una familia protectora en el menor plazo y no prolongar su situación de abandono con largas muchas veces permanencias en las residencias, sin existir un plazo acotado ni revisión de las medidas judiciales de protección, ni el objetivo claro de su intervención; es decir, en un lugar donde habitualmente sufren el desarraigo de su medio natural.
También existe grave vulneración porque no se cumple con el derecho primordial de los niños, niñas y adolescentes, de ser oídos y respetados en el debido proceso que lleva a la determinación y otorgamiento de su cuidado alternativo, de acuerdo con su condición y circunstancias. Si bien la Comisión de Familia reconoce los esfuerzos hechos por los actores involucrados -públicos y privados- en revertir las medidas, sin embargo, aun teniendo el diagnóstico, el sistema ha sido deficiente e incapaz de ofrecer la oferta adecuada, tanto respecto de un territorio determinado, para no desarraigar a los menores, como por la prácticamente nula red de apoyo intersectorial, especialmente en materia de salud, educación y ayuda en beneficios sociales, y de intervención para la familia de origen.
-Sobre los profesionales que se desempeñan en los hogares.
El personal de residencias es insuficiente, temporal y mal remunerado.
La Comisión de Familia reconoce el esfuerzo por generar instancias, pero esta materia también está muy cruzada por la subvención que recibe cada residencia. En este sentido, debe destacarse la labor de los directores, de las duplas sicosociales -en su mayoría, asistentes sociales y sicólogos recién egresados- y del personal de trato directo, que realizan un esfuerzo artesanal y de acuerdo a sus posibilidades en la intervención de los niños, hecho que resulta del todo censurable si se piensa que se trata de niñas, niños y adolescentes a resguardo del Estado.
La Comisión concluye que el personal debe ser reconocido y mejor remunerado frente a la dificultosa tarea que el Estado le asigna, cual es resguardar a los niños más vulnerables del país.
La Comisión también concluye la importancia de mejorar las medidas de seguridad, y da responsabilidad al Estado de Chile, lo que implica una responsabilidad pública compartida de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Asimismo, la Comisión determinó que el Poder Judicial ha fallado, tanto en sus bases de datos, que se evidencian incompletas, lo que dificulta las decisiones, como en el seguimiento de las medidas cautelares que los tribunales decretan respecto de la institucionalización de los menores. Asimismo, como en la prolijidad referida a la fijación de los plazos de internación y a la revisión de las medidas de protección. En resumen, en lo relativo a realizar los máximos esfuerzos por devolverles a esos niños sus vidas familiares e integración plena a la comunidad, teniendo siempre en vista el derecho a ser escuchado y a vivir en familia; en suma, el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.
Por lo anterior, en forma inédita, la Comisión de Familia, por la unanimidad de sus integrantes, exhorta al Estado de Chile a observar las disposiciones que contempla la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolecente, a la que ha adherido y que ha ratificado, y, en especial, a los ministerios de Hacienda y de Justicia, en lo que corresponda, para que adopten las medidas de corrección inmediatas y necesarias a fin de subsanar las deficiencias observadas durante el arduo trabajo que realizó esta Comisión Investigadora. Y, por otra parte, disponer a la brevedad de los recursos económicos y humanos necesarios para una adecuada implementación de la ley N° 20.032, que establece un sistema de atención a la niñez y a la adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención, así como avanzar rápidamente en el rediseño institucional del Sename, y, principalmente, en la nueva institucionalidad de protección de la infancia, tan necesaria en el país.
Señor Presidente, finalmente deseo agradecer a todos los diputados miembros de la Comisión, quienes participaron y pusieron todo su entusiasmo, como asimismo a la secretaría de la comisión, que hizo un arduo trabajo.
Este informe final es resumido. El original, de más de doscientas cincuenta páginas, está a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, diputada María Angélica Cristi.
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. En consecuencia, la discusión de este informe queda pendiente para la próxima sesión. Hasta ahora se han inscrito para intervenir el diputado Issa Kort, la diputada Carolina Goic, el diputado Jorge Sabag, la diputada María Antonieta Saa y el diputado René Alinco.
Quienes deseen intervenir con respecto a este informe pueden inscribirse posteriormente.
Tiene la palabra el diputado Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, desde ya le solicito que me inscriba, pero se entiende que está abierta la inscripción para la sesión respectiva, porque la discusión aún no se ha iniciado.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Así es.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
INCREMENTO DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO PARA FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES, PREVISIONALES Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD RESPECTO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS (Votación)
El señor GODOY (Vicepresidente).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 809.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Se abstuvo el diputado señor
DICTACIÓN DE REGLAMENTOS DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES
El señor GODOY (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 810.
El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de las diputadas señoras Marta Isasi, Alejandra Sepúlveda y Denise Pascal, y de los diputados señores Enrique Accorsi, Pedro Araya, Jorge Sabag, Cristián Campos, José Pérez, Manuel Rojas y Enrique Jaramillo, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que oficie al Ministerio de Salud, a fin de que ordene la pronta dictación de los reglamentos que dispone la ley N° 20.380 de modo de darle una operatividad y efectividad real a sus destinatarios, conteniendo en especial un procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas por la ley en casos de maltrato animal.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, una de las complicaciones que siempre tenemos para aplicar las leyes es la demora en la dictación de los reglamentos correspondientes. Recordemos que el reglamento hace operativa la ley. Es el caso de la Ley N° 20.380, sobre Protección de Animales, para darle efectividad y operatividad, es necesario que el Ministerio de Salud dicte lo antes posible el reglamento.
Por eso, junto con varios diputados, entre otros, los colegas Accorsi, Sabag, Araya y la diputada Isasi, estamos pidiéndole al Ejecutivo que dicte a la brevedad posible el reglamento de la Ley sobre Protección de Animales. Si no lo logramos, esta norma, lamentablemente, no será operativa, tal como ha corrido en forma reiterada con otras leyes.
Por eso, pido que todos concurramos con nuestro voto favorable.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, aunque no soy patrocinante del proyecto, felicito a las diputadas y a los diputados que lo suscribieron, porque la protección animal es un tema de la mayor importancia para la salud pública, para la seguridad pública y para la calidad de vida de las ciudades.
Por eso, espero que este proyecto de acuerdo se apruebe por unanimidad.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade
INSTALACIÓN EN AEROPUERTOS DE AVISOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS
El señor GODOY (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 815.
El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo de los diputados señores Manuel Rojas, David Sandoval, Carlos Vilches, Cristián Letelier, Joel Rosales, Gonzalo Arenas, Enrique van Rysselberghe y Javier Hernández, y de las diputadas señoras Mónica Zalaquett y Claudia Nogueira, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya al Servicio Nacional del Consumidor y al Servicio Nacional de Turismo a objeto de incluir en todos y cada uno de los aeropuertos de nuestro país carteles informativos que indiquen de forma directa los derechos que les asisten a los pasajeros frente a las empresas de transporte aéreo, de conformidad con la legislación que regula esta materia.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con la petición que se hace para que el Servicio Nacional del Consumidor y el Servicio Nacional de Turismo coloquen en todos los aeropuertos carteles informativos de los derechos de los pasajeros. En uno de los murales del aeropuerto Carlos Hott Siebert, de Osorno, hay colgada una cartilla que informa sobre estos derechos. Pienso que esta medida debiera ser obligatoria y no aplicarse solo en algunos aeropuertos.
Con todo, propongo que en el proyecto se incluya a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que también está obligada a publicar los derechos de los pasajeros en los aeropuertos.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, los antecedentes que tuvimos a la vista al momento de elaborar este proyecto, que pide colocar en todos los aeropuertos carteles que informen sobre los derechos de los pasajeros en tránsito aéreo, dan cuenta de la excesiva vulneración de los derechos de los usuarios.
Respecto de lo planteado por el diputado Ojeda, a juicio del diputado Sandoval y de quien habla -somos autores de este proyecto- es válida la propuesta de incorporar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que regula el transporte aéreo, en esta preocupación sobre los derechos de los pasajeros aéreos.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Araya
El señor GODOY (Vicepresidente).- Por no haberse alcanzado el quorum requerido, se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
Andrade El señor
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
ESTADO DE AVANCE DE TRAZADO DE CARRETERA DE LA FRUTA EN RELACIÓN CON COMUNAS DE LA SEXTA REGIÓN (Oficio)
El señor GODOY (Vicepresidente).- En Incidentes, en primer lugar corresponde el uso de la palabra al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente, quiero hacer presente un tema de mucha preocupación para la zona que represento: la suspensión del proyecto de la carretera de la fruta.
Estamos en un proceso cuyo fin fue anunciado en junio de este año por las actuales autoridades del Ministerio de Obras Públicas, dando cuenta de que se había suspendido la licitación de la construcción de dicha carretera -ya se había adjudicado-, que une la localidad de Pelequén con el puerto de San Antonio. Es una obra muy emblemática, muy significativa para la región. Después de pasar por muchos procesos, como el baipás de San Vicente de Tagua Tagua y temas pendientes en la comuna de Las Cabras, específicamente en la localidad de Quilicura, donde se generaría un impacto significativo para la calidad de vida de su población, hoy. tenemos muy poca información respecto de lo que ocurrirá con este importante y emblemático proyecto para nuestra zona.
En diciembre de 2009, es decir, al término de la administración anterior, fuimos testigos de que el proyecto fue licitado. Independientemente de algunos problemas puntuales en relación con trazados en las localidades que he mencionado y sin perjuicio de que se ha avanzado en algunas expropiaciones y trazados, después de transcurridos cuatro años nos encontramos en una situación bastante parecida.
Por eso, nos interesa saber de qué manera la actual administración dejará encaminado este proyecto. Es la inquietud que planteo desde la perspectiva de conocer qué pasos se van a dejar adelantados y de qué manera se concluirá este emblemático proyecto para la Región de O’Higgins y para la conectividad con el corredor biooceánico con Argentina, en el futuro paso Las Leñas, y con el puerto de San Antonio.
Tenemos una inquietud respecto de la forma en que este Gobierno va a dejar avanzado este proyecto lo más posible. En ese sentido, nos gustaría que se oficie a la ministra de Obras Públicas para que informe del estado de avance de este proyecto y de los pasos que se van a dar.
En junio pasado, cuando se anunció la suspensión del proyecto, se dijo que se iba a licitar nuevamente, con mejores oferentes, con mejor calidad del proyecto e, idealmente, con la posibilidad de tener doble vía en su trazado completo. Hasta antes de su suspensión, el proyecto contemplaba doble vía desde la localidad de Pelequén hasta la comuna de Peumo, lo que, obviamente, significaba un estándar menor al que aspiramos. Por eso, queremos tener claridad al respecto.
En consecuencia, pido que se entregue información de la manera más detallada posible sobre el estado de avance de las expropiaciones realizadas, de los trazados y del reestudio de estos. Nos preocupa de forma especial la localidad de Quilicura, en Las Cabras. Entiendo que se trata de una preocupación compartida con otros parlamentarios, como la diputada Sepúlveda y los demás de la Región de O’Higgins. Al respecto, nos interesa conocer los antecedentes para informar a los vecinos sobre lo que ocurrirá. Hay muy poca información.
Ojalá que este oficio a la ministra de Obras Públicas sirva para que podamos entregar información más detallada a los vecinos de las comunas afectadas, fundamentalmente a las comunas de San Vicente de Tagua Tagua, Las Cabras y Peumo, que represento y que se ven afectadas por la carretera de la fruta.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
DIFUSIÓN A ORGANISMOS QUE INDICA DE RECHAZO A PETICIONES DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES (Oficios)
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, hace un par de años, un particular, Jaime Bertín Hipp, solicitó a la Dirección General de Aguas, a lo menos, cinco derechos de aprovechamiento de aguas para fines hidroeléctricos al interior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
Ante esta situación, la Conaf, como administradora del referido parque, presentó las respectivas oposiciones ante la Dirección General de Aguas, con el objeto de que se rechazara la petición del particular. Dichas oposiciones se fundamentaron en que las riquezas de los parques nacionales no se pueden utilizar para fines comerciales.
Lamentablemente, en 2011 la Dirección General de Aguas no acogió el planteamiento de Conaf, lo cual implicó que el abogado de la Conaf regional de Los Lagos, señor Javier Castro Caro, presentara ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tal como se había hecho con otros casos similares en 2010, cinco recursos de reclamación en contra de las respectivas resoluciones de la Dirección General de Aguas que habían rechazado los planteamientos institucionales.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en fallos de 18 de junio de 2012, acogió esos recursos de protección de manera unánime, y declaró que la solicitud de aguas presentada por el particular quedaba rechazada. Contra esa sentencia se dedujeron recursos de casación en la forma y en el fondo, los que fueron rechazados por la Corte Suprema, acogiendo, por tanto, los fundamentos de la Conaf regional.
Es importante señalar que estas fueron las primeras causas. Sin embargo, en estos últimos años la Conaf ha presentado 42 recursos de protección en contra de resoluciones de la Dirección General de Aguas que otorgan derechos de aprovechamiento de aguas en parques nacionales. Los 42 recursos han sido rechazados por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. De ellos, veinte han sido objeto de recursos de casación, y han sido fallados en el mismo sentido de lo que señaló la Conaf, ratificando, por lo tanto, los fundamentos de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
En consecuencia, solicito el envío de dos oficios. Voy a adjuntar una tabla que tengo a la vista con el rol de las 42 causas.
En primer lugar, solicito oficiar al director general de Aguas para hacerle presente que la Corte Suprema, en veinte oportunidades, y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en 42, han fundamentado que, al perseguirse un fin económico al solicitar estos derechos, se va en contra de la Convención de Washington que, para estos efectos, es ley de la república, la cual señala, entre otros temas, que las actividades que generarían esos derechos de aprovechamiento significaría su uso con un fin comercial, lo que es impedido por la legislación vigente.
Por lo tanto, reitero que se oficie al director general de Aguas, con el objeto de hacerle llegar esta presentación y solicitarle que no vuelva a conceder derechos de aprovechamiento de aguas en parques nacionales.
Por otra parte, solicito oficiar al contraloría general de la República, con el objeto de que tenga presente estas sentencias de la Corte Suprema y que no vaya a interpretar la Convención de Washington de manera distinta a como lo han hecho nuestros tribunales de justicia.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
INFORMACIÓN ACERCA DE CAUSA DE FALLECIMIENTO DE ALUMNO DE COLEGIO SAN JOSÉ, DE ANTOFAGASTA (Oficios)
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, solicito oficiar al Ministro de Educación y al Servicio Médico Legal en razón de que hace unos días falleció un joven después de haber rendido la prueba Simce de educación física.
El tema nos preocupa mucho, porque es posible que se haya cuestionado la medida evaluativa física a través de los test que ha preparado el ministerio correspondiente para determinar la condición física de nuestros niños a nivel nacional.
Se han planteado varias hipótesis sobre la materia, como que el test Simce de educación física no sería adecuado o que no se aplicaría correctamente. Además, es necesario tener en cuenta que la condición física del niño no siempre es la apropiada para enfrentar el test, lo que se condice con el rumor de que el niño habría sufrido una muerte súbita. No obstante los expertos señalan que es válido el test para medir la condición física de los niños, pero queremos saber qué pasó en este caso.
Al respecto, tengo una información que me gustaría corroborar, la cual, por razones de fuerza mayor, debo mantener en reserva.
Solicito la orientación de la Mesa para saber si es factible oficiar al Servicio Médico Legal de Antofagasta, para que nos informe sobre las causas de la muerte del alumno del Colegio San José que falleció después de rendir ese test físico.
Asimismo, en caso de no obtener esa información, solicito oficiar a quien corresponda, con el objeto de que el Sename, Región de Antofagasta, se haga parte de la investigación, para que podamos tener a la vista antecedentes claros y precisos respecto de las causas del fallecimiento de ese alumno del Colegio San José, de Antofagasta.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE AMPLIACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN (Oficio)
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, quiero adherirme a la conmemoración del 28° aniversario de la creación de la comuna de Peñalolén, celebrado el 15 de noviembre recién pasado.
También aprovecharé la oportunidad para agradecer a tantas personas de esa comuna que me han dado su apoyo por muchos años, me han expresado su cariño y han confiado en mí. De hecho, cuando fui a votar allá en la última elección, el impresionante cariño de la gente me emocionó y pensé que no merezco tanto. No obstante, ellos me han permitido permanecer en el Parlamento por tantos años, aunque este será mi último período en la Cámara de Diputados. En consecuencia, tengo que agradecer ese cariño.
Cuando esas personas me preguntan por qué no fui senadora, como ellos querían, siempre les respondo que no estaba dispuesta a cambiarme a otra circunscripción, ya que era muy difícil que pudiera optar a ese cargo por la zona oriente, zona muy codiciada por los líderes políticos, razón por la que seguí representando a ese distrito, compuesto por las comunas de Peñalolén y de La Reina, donde he sido muy feliz.
Quizás mis tiempos como su alcaldesa fundadora fueron los más felices y en los que más me he realizado en mi vida. Eso también me permitió proyectarme a este Parlamento y permanecer por seis períodos consecutivos.
Reitero, quiero agradecer y recordar con mucho cariño a esa gente y a esa comuna, que era absolutamente pobre y abandonada cuando comenzamos a trabajar por ella. Trabajamos mucho para que creciera y se convirtiera en lo que señala su página web, “una comuna residencial, moderna y segura, gracias al fuerte desarrollo inmobiliario de los últimos años y a un equipamiento de primer nivel”, a lo que se suma un patrimonio arquitectónico y una variada oferta cultural y deportiva que la convierten en un lugar preferencial para vivir. Otras cualidades que lo hacen un lugar preferencial para vivir es su ubicación al pie de esa maravillosa cordillera, su aire privilegiado, etcétera.
En la foto que se despliega en la página web de la comuna de Peñalolén se puede ver una casona maravillosa al pie de una cordillera nevada, con palmeras y con tejas, que fue el estilo arquitectónico que se adoptó en un principio para la sede comunal, ya que en ese lugar había viñas, bosques, cordillera, potreros, todo emplazado en la quebrada de Macul. De hecho, cuando me nominaron alcaldesa, me entregaron un proyecto para construir un inmueble que parecía un mall norteamericano, a lo que me negué, porque les dije que se trataba de una comuna campestre.
Finalmente, señalé que si no me dejaban hacer una sede municipal acorde con el entorno de la comuna, no estaba dispuesta a ser alcaldesa. A la larga, me dejaron hacer ese hermoso inmueble respecto del cual muchos opinaban que era una de las municipalidades más bonitas de Chile, lo que promovió el avance inmobiliario de su entorno y llevó el desarrollo hacia la parte alta de la comuna.
Sin embargo, cada vez que paso por la calle Consistorial con la Avenida Grecia, me duele ver que encima de esa casa maravillosa se construyó una mole de cemento para cubrir las necesidades de espacio de la municipalidad, debido a la soberbia del alcalde de la época, quien no pudo realizar un proyecto que continuara con la línea arquitectónica de la casona municipal, ya que los planos correspondientes estaban disponibles.
Me acuerdo que el alcalde me dijo en una oportunidad que tomaría mi idea de construir un centro cívico, pero nunca me aclaró que edificaría esa mole de cemento arriba de la hermosa casona municipal, que hoy está tapada por los edificios ubicados atrás y delante de dicho inmueble, los que cumplían con el objeto que tenía alguien para borrar el pasado que iniciamos con tanto esfuerzo y cariño.
Eso me da mucha pena y desazón. Creo que es una muestra de soberbia y de egoísmo, que le hace daño a toda la comuna, la que, sin querer, adoptó ese estilo colonial, campestre e informal, que la ha convertido en un barrio residencial muy hermoso. Considero que se ha cometido un gran error que no tiene remedio, porque no se puede echar abajo esa mole de cemento.
Lo anterior deja muy claro que el Parlamento debiera estudiar una norma que obligue a las municipalidades a dictar una ordenanza que especifique el patrimonio cultural y arquitectónico innato del municipio, como lo han hecho las comunas de Pucón, Puerto Varas, Frutillar, La Serena y tantas otras que han logrado identidad y pertenencia.
Me duele en el alma que no hayamos logrado eso en la comuna de Peñalolén, porque una construcción tan hermosa y simbólica está tapada con una mole de cemento.
Por lo tanto, solicito oficiar a su actual alcaldesa, quien no inició la construcción de esa mole, con el objeto de que informe a la Cámara cuánto va a costar esa edificación y su mantención, edificio que es de grandes dimensiones.
Insisto, no estamos en desacuerdo con que se amplíen y se mejoren las dependencias municipales, porque eso es absolutamente urgente y necesario; pero hago un llamado a los alcaldes para que cuiden su patrimonio arquitectónico y para que el estilo de sus comunas sean acordes con la naturaleza que las rodea, lo que les permitirá tener su propia personalidad e identidad.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PREOCUPACIÓN POR ALTAS TASAS DE ENDEUDAMIENTO DE POBLACIÓN DE REGIÓN DEL BIOBÍO
El señor GODOY (Vicepresidente).- El turno siguiente, por cuatro minutos y medio, corresponde al Comité Mixto, Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Izquierda Ciudadana.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, deseo manifestar una realidad que todos conocemos, pero que muchas veces pasa solapada: las altas tasas de endeudamiento de la población chilena.
Un reciente estudio de Corbiobío dejó de manifiesto que el 35,8 por ciento de los consultados de la Región del Biobío se encuentra endeudado en dos veces su sueldo. Y la principal razón de esta situación se debe a que las personas no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas como son alimentación, vestuario y cuentas.
Así, el 45,8 por ciento de los más de 1.000 encuestados afirmó que el nivel de endeudamiento se debe a esos ítems.
Ese alto porcentaje grafica la realidad que viven miles de chilenos, y más en una región como la del Biobío, que tiene un crecimiento muy por debajo del nacional y una de las tasas más altas de desempleo en Chile.
La referida consulta incluyó a comunas del distrito que represento como Chillán y Chillán Viejo. De ahí mi preocupación ante las reveladoras cifras que nos alertan sobre la real calidad de vida de los chilenos.
Deseo graficar que la consulta arrojó que dicho nivel de sobreendeudamiento se vincula a áreas fundamentales del desarrollo familiar, puesto que el 5,8 por ciento de los encuestados mencionó que su endeudamiento se debía a una emergencia o imprevisto; el 14,3 por ciento a salud, y el 18,8 por ciento a educación.
El 18,4 por ciento de los encuestados mencionó que el ingreso familiar no es suficiente para llegar a fin de mes; el 50,4 por ciento, que les alcanza, y el 31 por ciento manifestó que apenas les alcanza para llegar a fin de mes.
A nivel de la Región, el 16 por ciento de los consultados dijo que su situación contractual era buena; el 60,3 por ciento, regular, y el 22,9 por ciento, mala.
Finalmente, el 46,8 por ciento de los encuestados manifestó que su nivel de endeudamiento se debía a que era la única manera de mantener a su familia.
Lamentablemente, ese es el reflejo de la necesidad imperiosa de una descentralización económica por la que tanto abogamos y una muestra de que la creación de Ñuble-Región no es solo un capricho de algunos, sino que una necesidad imperiosa para que tengamos una oportunidad de crecimiento que permita generar reales oportunidades de desarrollo para todas las comunas de Ñuble.
He dicho.
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD DE CARRETERA DE LONQUÉN (Oficio)
El señor GODOY (Vicepresidente).- En el tiempo que le resta al Comité, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal por dos minutos y medio.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, deseo refirme a dos materias distintas.
En primer lugar, a la carretera de Lonquén, que une Buin con Talagante, pasando por Isla de Maipo. Semana a semana estamos viendo cómo ahí se producen accidentes de gran envergadura. Este fin de semana se produjo la colisión de dos autos que involucró a cuatro jóvenes, con la consecuente muerte de dos de ellos.
Hemos denunciado la peligrosidad de dicha ruta más de una vez. Se trata de una carretera que ha adquirido gran importancia, dada la unión realizada a través del puente del Río Maipo, que la está llevando a tener mayor tráfico. Sin embargo, no se encuentra en condiciones para ello.
Le hemos pedido al Ministerio de Obras Públicas mejoras a dicha ruta.
Por lo expuesto, solicito oficiar a la ministra de Obras Públicas para que me informe qué está pasando con la carretera de Lonquén, donde todas las semanas se producen diversos accidentes.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
EXPLICACIÓN POR FALTA DE RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE MELIPILLA (Oficios)
La señora PASCAL (doña Denise).- En segundo lugar, quiero hacer una aclaración respecto de mi intervención en la sesión de ayer sobre la Partida Ministerio de Salud del proyecto de Ley de Presupuestos.
En dicha oportunidad, le pedí una explicación a la directora de Presupuestos sobre la construcción del Hospital de Melipilla y me explicó que solo venía indicado el presupuesto para hacer el proyecto y los planos del hospital.
El mes pasado estuvieron en terreno el ministro Mañalich con el subsecretario Castillo, ocasión en la que anunciaron la construcción a fin de este año del hospital, y mostraron la maqueta del futuro recinto.
Al respecto, solicito oficiar a dichos personeros a fin de que me expliquen si ello solo se debió a una compra de votos en nuestra zona en pro de sus candidatos o si nos engañaron y en el proyecto de Ley de Presupuestos no vienen los fondos para construir el hospital de Melipilla, respecto del cual se anunció que se pondría la primera piedra en diciembre. Digo lo anterior porque creo que este uso y mal uso de la información, el engaño a la ciudadanía, no puede seguir ocurriendo. No cabe duda de que esto mismo se revierte contra las personas que intentan utilizar la información solo para buscar la adhesión de ciudadanos de nuestras comunas en favor de cierto sector político. Ello le hace daño al conjunto de la política.
Por lo tanto, solicito oficiar en el sentido expuesto al ministro de Salud y al subsecretario de Redes Asistenciales.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EXPLICACIÓN POR AMEDRENTAMIENTO A SINDICATO DE BOTEROS DE LAGO TODOS LOS SANTOS (Oficios)
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito oficiar a personeros de ciertos organismos del Estado, pues me parece muy importante que puedan dar respuesta a una situación que está ocurriendo en mi región: al ministro de Defensa, señor Rodrigo Hinzpeter; al intendente de la Región de Los Lagos, señor Jaime Brahm; al gobernador de la provincia de Llanquihue, señor Francisco Muñoz; al alcalde de la comuna de Puerto Varas, señor Álvaro Berger y a todos los concejales.
Quiero que ellos tomen conocimiento de un nuevo abuso que se está generando en el Lago Todos los Santos, en la comuna de Puerto Varas, una zona turística que por años ha sido el atractivo de ciertos empresarios que quieren lucrar en la zona con bellezas que pertenecen a todos los chilenos.
No hay que olvidar que en esta misma Sala el diputado que habla denunció hace meses cómo el señor Franz Schirmer, empresario turístico de la zona, quería privatizar los Saltos de Petrohué con la anuencia de la Conaf y otros organismos que han operado por largos años a su favor para beneficiar sus negocios.
Gracias a que la ciudadanía defendió los Saltos de Petrohué, el Gobierno revirtió una medida que ya tenía prácticamente adoptada. Con 500 dirigentes sociales estuvimos en las afueras de los Saltos del Petrohué mostrándole al Gobierno que ese hecho sería algo absolutamente dañino para un patrimonio que le debe pertenecer siempre a todos los chilenos.
¿Por qué hago esta introducción? Porque hoy el señor Schirmer nuevamente está acosando, atosigando, con la anuencia de ciertas autoridades, al sindicato de boteros del Lago Todos los Santos, quienes realizan una actividad tremendamente importante. Se trata de un sindicato de más de 30 personas que se dedica a la actividad del turismo para la gente más modesta, que no tiene los medios para andar en catamarán. De ese modo puede realizar visitas a bajo costo en esa zona.
Pero resulta que hoy mediante la colocación de una cadena no le permiten a la gente el acceso a la playa. Esa medida fue adoptada supuestamente para ordenar el estacionamiento de los vehículos, pero la verdad es que les están privando a los boteros el desarrollo normal de una actividad que han desarrollado por largos años y con la cual llevan el sustento a sus hogares.
¡Hasta cuándo con los abusos con la gente más modesta! Ya basta de que, mediante la participación de algunas personas vinculadas a la Marina, se le haga caso a ese señor que -reitero- recurrentemente realiza este tipo de acciones.
Solicito un informe de la situación por parte de la Marina que permita determinar cuáles son los elementos, las causas y las justificaciones para seguir amedrentando al sindicato de boteros en el Lago Todos los Santos.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR PARTICIPACIÓN DE FALSO TOPÓGRAFO EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAU CAU, EN VALDIVIA (Oficios)
El señor GODOY (Vicepresidente).- En el tiempo adicional de 5 minutos a que tiene derecho cada tres semanas toda bancada, tiene la palabra al diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero solicitar oficiar con la máxima urgencia al Ministerio de Obras Públicas. Con mucha preocupación nos hemos enterado el día de hoy a través de un importante artículo del diario La Tercera que un falso topógrafo fue quien realizó los estudios para la construcción del puente Cau Cau, que significó una inversión de 16 mil millones de pesos.
Se comprobó que el hombre, que solo tiene estudios hasta sexto básico, participó en el proyecto de construcción del primer puente levadizo en Chile.
La Policía de Investigaciones y la Fiscalía indagan el caso. Efectivos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegaron hasta un proyecto de tanques de agua en San Bernardo, donde encontraron a ese señor.
Resulta inadmisible que en una obra de ingeniería de esa naturaleza, que contempla la construcción del primer puente basculante de Chile -obra simbólica en la cual el Presidente de la República puso la primera piedra y que con posterioridad fue visitada por él para verificar su funcionamiento-, el estudio topográfico de la empresa que se adjudicó el proyecto haya sido encargado a una persona que solo cursó estudios hasta sexto año básico.
Esa situación pone en entredicho la seriedad con la que el Ministerio de Obras Públicas siempre ha funcionado, así como el grado de seguridad que tiene la operación de ese puente. Asimismo, lo ocurrido plantea algunos cuestionamientos respecto de los controles establecidos por esa Secretaría de Estado.
No obstante, lo más grave es que hasta este momento -las 13.31 horas- la ministra de Obras Públicas ha señalado que no se referirá a lo sucedido. Es decir, la secretaria de Estado que encabeza la cartera de Obras Públicas de nuestro país no ha emitido opinión alguna ante tamaño escándalo. Lo único que se ha limitado a señalar es que hay un sumario en curso.
En ese caso, la ministra de Obras Públicas debe adoptar medidas claras y precisas: debe hacerse parte, con la máxima diligencia, de la querella que se ha presentado. Además, debe disponer que la cartera que encabeza proceda a investigar si ese topógrafo falso participó en la elaboración de otros proyectos licitados o si llevó a cabo otros estudios de geomensura fraudulentos.
Por lo tanto, reitero que es necesario que los oficios solicitados se envíen con la mayor brevedad posible a la ministra de Obras Públicas y al Presidente de la República, porque en este caso se ha engañado la fe pública en la ejecución de una obra emblemática para la Región de Los Ríos, en la cual se ha observado un nivel de desprolijidad enorme por parte de quienes la han llevado adelante.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al presidente de la unión comunal de juntas de vecinos de Valdivia y a los concejales de esa comuna, porque se trata de una situación que ha causado gran preocupación e incertidumbre en la comunidad.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Cristina Girardi.
INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (Oficios)
El señor DE URRESTI.- En otro orden de cosas, pido que se oficie a la ministra del Medio Ambiente, para que nos informe sobre los aspectos relacionados con los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.
Como es de conocimiento de la secretaria de Estado de esa cartera, en el marco de la Estrategia Regional de la Biodiversidad, se identificaron -entre otros aspectos relevantes- los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad de cada una de las regiones, contabilizándose -hasta la fecha- más de trescientos sitios prioritarios, los que comprenden una superficie total aproximada de catorce millones de hectáreas.
En ese contexto, solicito que nos informe respecto del estado de avance en la gestión de los sitios prioritarios y que nos precise cuáles son los planes o programas que el Ministerio del Medio Ambiente ha definido y tiene contemplado implementar para su conservación, puesto que esos sitios son reconocidos como áreas de alto valor ecológico y de uso sustentable de la biodiversidad.
Asimismo, pido que se nos diga si se considera que Chile ha hecho esfuerzos para cumplir con lo establecido en las convenciones internacionales en materias ambientales. Es de todo interés conocer el estado de situación de dichas estrategias y de su implementación.
Por último, pido que se nos informe cuáles son las prioridades en materia de protección de los sitios señalados, a través de intervenciones o mecanismos de protección contemplados para su puesta en valor y resguardo, en particular en relación con la clasificación y con los ajustes cartográficos de los sitios prioritarios identificados a nivel regional, en concordancia con lo señalado en el punto 2 del oficio ordinario D.E. N° 103008, de 28 de septiembre de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, el cual establece instrucciones para la gestión de esos sitios.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a los consejeros regionales de Los Ríos.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la diputada señora Cristina Girardi.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.34 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓNY DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.02 horas.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
PREOCUPACIÓN POR TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE TRAMO DE RUTA Q-503, LOS ÁNGELES-EL PERAL (Oficios)
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, pido que se oficie al director Nacional de Vialidad, señor Mario Fernández; al director de Vialidad de la Región del Biobío y al director de Vialidad de la provincia de Biobío, a fin de hacerles presente lo siguiente.
La junta de vecinos La Perla está planteando su preocupación porque se está retirando material de un tramo de la Ruta Q-503 que se asfaltó, obra que aún no ha sido terminada ni recibida por la Dirección de Vialidad. Los vecinos se quejan de que la misma empresa que efectuó las obras está retirando material de las bermas, concretamente material de estabilización, para llevarlo a otro lugar cercano a dicha ruta, donde estaría realizando otro trabajo.
Llama profundamente la atención que si se hace un trabajo con una cantidad determinada de material, después este se retire cuando aún no ha sido recepcionada la obra. Los vecinos están preocupados y molestos porque esa situación puede acarrear problemas para el tránsito de bicicletas, de motos y de personas en el referido tramo, ya que están quedando algunos hoyos en el camino.
La respuesta que ha dado Vialidad no deja satisfechos a los vecinos, especialmente al presidente y a los dirigentes de la junta de vecinos La Perla, quienes me hicieron llegar una carta en la que me hacen presente esta situación. Por consiguiente, solicitan que definitivamente se reciba este trabajo y que la empresa Ecopsa, a cargo de las obras, repare este camino, que aún tiene hoyos, partiduras, calaminas y desniveles en su trayecto, que se extiende más o menos en tres kilómetros.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SUSPENSIÓN Y URGENTE CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN CIUDAD DE LOS ÁNGELES (Oficios)
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, al director del Serviu de la Región del Biobío y al delegado provincial del Biobío del Serviu, a fin de que me informen en relación con lo siguiente.
En la ciudad de Los Ángeles se estaba construyendo un paso sobre nivel para unir Avenida Alemania con el camino a Antuco. Es la única conexión que va hacia el oriente de la provincia del Biobío, saliendo de Los Ángeles. Esta obra, que fue adjudicada a la empresa Avac, perteneciente a don Alejandro Vera, quedó abandonada a mediados de octubre. Lamentablemente, en este momento se está retirando arena y una serie de materiales que se habían acumulado durante la realización de las obras, lo que dificulta el tránsito hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur de la ex Ruta 5 Sur, que es la que iba a quedar bajo el paso sobre nivel. Reitero, la obra está paralizada, pues la empresa hizo abandono de ella.
Por ello, quiero que las autoridades señaladas me informen qué otra empresa asumirá la continuación de los trabajos; qué ha pasado con las boletas de garantía de la empresa que abandonó las obras y cuál es la explicación que puede dar respecto de este caso el ministro de Vivienda y Urbanismo, toda vez que el Serviu, que pertenece a esa cartera, era el encargado de adjudicar la licitación para la ejecución de la obra. Lamentablemente, se adjudicó a una empresa que no tenía las espaldas económicas suficientes para llevar adelante un proyecto de esta envergadura.
Reitero, las obras quedaron abandonadas a mediados de octubre, lo que produce una congestión vehicular tremenda. Si se hubiera dado cumplimiento al compromiso asumido por la Dirección Regional de Vialidad de haber construido 4 kilómetros de asfaltado desde Umán hacia el poniente, para conectar Los Ángeles con avenida Sor Vicenta, no tendríamos el tremendo problema de congestión vehicular en el lugar.
Reitero, me interesa que el ministro de Vivienda o el director regional de Vialidad me informen qué empresa continuará con la obra y qué pasó con las boletas de garantía de la empresa que dejó el trabajo abandonado. ¿O es que en este caso se está protegiendo a una empresa que se adjudicó las obras seguramente por algún grado de amistad o de relación con algún ejecutivo del Serviu? Porque hasta aquí no se ha dicho nada sobre qué pasa con las boletas de garantía. La situación está causando un daño tremendo a Los Ángeles y a todos quienes deben viajar a las comunas ubicadas al oriente de la ciudad.
Solicito una pronta respuesta tanto del ministro de Vivienda como del delegado regional del Serviu. Pido que se envíe copia de mi intervención al intendente de la Octava Región, quien no ha dicho ni una palabra sobre el particular.
He dicho.
El señor CHAHÍN (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS POR EMPRESA TECNOREC (Oficios)
El señor CHAHÍN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, en el día de ayer, el programa “Reporteros”, de Canal 13, exhibió un reportaje sobre un tema del cual he venido preocupándome desde hace varios años: los residuos peligrosos, particularmente el arsénico y el plomo, que afectan la salud de la población.
Desde hace bastante tiempo he venido haciendo una denuncia respecto de la misma empresa que apareció ayer en el programa de televisión. Me refiero a Tecnorec, que desarrolla actividades de fundición de plomo y reciclaje de baterías en la Quinta Región, con lo cual tiene contaminado todo el sector. El programa mostró una situación que también he denunciando desde hace tiempo: en las casas aledañas a la empresa hay claras evidencias de contaminación por plomo. En efecto, los trabajadores de la empresa están contaminados con plomo, y hay personas de la población también afectadas por dicha contaminación. Me parece muy complejo cómo están sucediendo las cosas. He denunciado cómo la empresa ha eliminado el ácido que contienen las baterías, el que finalmente termina botado en predios aledaños a la planta y he entregado documentación al respecto a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Fiscalía para que investiguen. Me parece que los organismos del Estado debieran preocuparse de las fundiciones que no hacen bien las cosas, que hacen declaraciones sobre impacto ambiental para obtener los permisos correspondientes y que, finalmente, no llevan a cabo nada de lo que prometen. Las fundiciones de plomo son altamente contaminantes, es decir, dañan la salud de la población.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Salud, al superintendente del Medio Ambiente y al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, con el objeto de que me informen sobre algunos temas que voy a plantear y, especialmente, para que, de una vez por todas, quede establecido en nuestra normativa que todas las empresas que producen residuos peligrosos deben realizar estudios de impacto ambiental antes de obtener los permisos correspondientes.
Quiero plantear mis dudas relacionadas con la empresa Biobío Metales que pretende instalar una planta en Santiago. Después de conocer los casos que he señalado, ¿cómo es posible que con posterioridad a las declaraciones sobre impacto ambiental que se han efectuado se permita que esta y otras empresas instalen fundiciones de plomo en Santiago?
Quiero que el ministro de Salud y el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental me informen, en virtud del Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (Siderep), sobre los balances de masa de la fundición Tecnorec, si esta declara dónde deposita el polipropileno, la escoria y las baterías ácidas; cuántas toneladas de baterías ácidas han ingresado y qué cantidad de plomo, ácido y plástico han salido de la fundición; dónde depositan el ácido y en qué lo utiliza; en qué forma acopia el plástico y qué porcentaje de residuos contiene el mismo.
La empresa se comprometió a incorporar determinada cantidad de residuos de plomo al plástico que produce, pero tengo la impresión de que tampoco ha cumplido con ello. Por cierto, los plásticos de las baterías deben estar repletos de plomo, contaminando otros lugares y a otras personas.
Considero relevante que exista claridad sobre las actividades que estas empresas recicladoras aseguran realizar. Como la fundición Tecnorec no ha cumplido con las exigencias sanitarias, debe ser cerrada, por el bien de los habitantes de San Antonio y Aguas Buenas.
El señor CHAHÍN (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE INCIDENTE ENTRE JOVEN DE VALLENAR Y CARABINEROS (Oficios)
El señor ROBLES.- En otro orden de cosas, tengo en mi poder la declaración de un joven de Vallenar que, por cosas del destino, se cruzó con una pandilla de maleantes, siendo sorprendido en ese preciso momento por carabineros que lo confundieron con uno de ellos. Según su declaración fue agredido por estos en forma muy violenta.
Por eso, pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública, al comisario de Carabineros de Vallenar y al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de que tomen cartas en el asunto y de que me informen acerca del incidente y de la investigación que está realizando la institución.
Considero muy grave que un joven de Vallenar que se encontraba desarrollando sus actividades normales se haya visto obligado a enfrentar tal situación, en circunstancias de que hay otros procedimientos.
El joven en cuestión es Jorge Marcelo Roblero Collado. Voy a dejar a disposición de la Secretaría su declaración y las fotos de las heridas que sufrió, con el objeto de que sean enviadas al comisario de Carabineros de la comuna para que tenga cabal conocimiento de los hechos. Además, quiero que el comisario me informe sobre los procedimientos que se aplican en estos casos.
He dicho.
El señor CHAHÍN (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención y los documentos que dejará a disposición de la Secretaría.
ANTECEDENTES SOBRE ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDOS PARA OBRAS VIALES EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie a la ministra de Obras Públicas, con copia al concejo de Melipeuco, a fin de que me informe en detalle sobre la construcción de la segunda etapa del camino Melipeuco-Icalma, que está quedando en pésimas condiciones.
En realidad, los trabajos realizados son de muy mala calidad, motivo por el cual quiero saber si los inspectores de obras de la Dirección de Vialidad han formulado observaciones. Asimismo, quiero saber si la Contraloría Regional ha realizado alguna auditoría sobre el uso de los recursos, porque los estándares de calidad de ese camino no cumplen con las exigencias mínimas, a pesar de tratarse de un camino turístico, que también es un paso internacional con alto tránsito de vehículos. Sospecho que existen algunas irregularidades que deben ser investigadas por la Contraloría Regional y por el Ministerio de Obras Públicas.
Hemos conocido otras obras en la Región de La Araucanía en que miles de millones de pesos destinados a ellas se han extinguido en tres meses. Además, los trabajos realizados son de pésima calidad. Es el caso, por ejemplo, de la reparación del camino entre Galvarino y Traiguén, que se realizó hace poco más de un año. Como se puede ver, tenemos bastante experiencia sobre la materia.
Asimismo, pido que se oficie al contralor de la Región de La Araucanía, con copia al alcalde de la comuna de Curacautín, con el objeto de que me informe sobre la calidad de las obras del camino entre Curacautín y Tolhuaca.
Se están construyendo los diez primeros kilómetros, y quiero saber si se está cumpliendo con los estándares de calidad que amerita la obra, porque después de haber transitado por ese tramo en las últimas semanas, me he dado cuenta de que se han producido algunos baches, lo que considero muy preocupante. En realidad, toda la obra tiene numerosos hoyos.
Por eso, es necesario que el Ministerio de Obras Públicas y la Contraloría Regional fiscalicen la obra y la forma en que se están invirtiendo los recursos destinados a su construcción.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EXPLICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN RUTA 5 SUR A LA ALTURA DECOMUNA DE ERCILLA. (Oficios)
El señor CHAHÍN.- En segundo lugar, pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de que me informe sobre las razones por las cuales no se ha cumplido con los plazos comprometidos para la instalación de cámaras de seguridad en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Ercilla.
En octubre recién pasado se instaló una cámara que, al parecer, fue de utilería porque posteriormente fue retirada. Considero que eso es una burla porque las obras definitivas estaban comprometidas para febrero de este año, pero todavía no se instalan.
Creo que, por su parte, el contralor regional debiera informar si es legal inaugurar obras que no existen y ordenar la realización de un sumario a las autoridades que participaron en la inauguración de una obra que simplemente no existe, como es el caso de la cámara de seguridad que se inauguró en octubre en la comuna de Ercilla.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EXPLICACIÓN SOBRE RETRASO EN EVACUACIÓN DE INFORME JURÍDICO Y SOCIAL DE LA CONADI (Oficio)
El señor CHAHÍN.- En tercer lugar, pido que se oficie al director nacional de la Conadi, a fin de que me informe por qué hasta la fecha no se evacua el informe relacionado con una causa acogida al procedimiento especial que establece la Ley Indígena. Me refiero a la causa C-776-2010, caratulada Chávez con Quidel, del Primer Juzgado Civil de Temuco.
Dicho tribunal ordenó, aproximadamente en enero de 2011, que la Conadi evacuara un informe jurídico y social para poder resolver sobre la materia. Pues bien, estamos en noviembre de 2013 y el informe aún no es evacuado por la Conadi, lo que ha impedido que se dicte sentencia respecto de la causa señalada.
Considero que la Conadi debiera informar sobre las razones por las cuales no ha dado cumplimiento a su obligación legal de evacuar el informe jurídico y social establecido en el procedimiento especial que contempla la Ley Indígena.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SEDE COMUNITARIA FRANCISCO HUENCHUMIL, DE MELIPEUCO (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Finalmente, quiero que se oficie al director nacional de la Conadi y a la coordinadora nacional del programa Orígenes para que informen cuáles son las medidas que han adoptado para dar cumplimiento al contrato de construcción de la sede comunitaria de la comunidad indígena Francisco Huenchumil, sector Santa María de Llaima, comuna de Melipeuco.
Dicha obra fue contratada en el marco del programa Orígenes; sin embargo, quedó sin terminar debido a que desapareció la empresa constructora y nunca más se tuvo noticias de ella. A raíz de este hecho, la comunidad Francisco Huenchumil no tiene su sede terminada.
Por lo tanto, me parece que el programa Orígenes y la Conadi debieran velar por la ejecución completa de esta obra.
Solicito que se envíe copia de este oficio al señor Moisés Trecanao, presidente de la comunidad indígena Francisco Huenchumil, y al concejo de la comuna de Melipeuco.
He dicho.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.20 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo”. (boletín N° 9170-23).
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, cuyos fundamentos paso a exponer.
I.- ANTECEDENTES.
1) Turismo en el mundo.
El turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento en los últimos tiempos, que ha contribuido significativamente a la economía mundial y es un importante motor del progreso socioeconómico, a través de la creación de empleos, empresas, emprendimientos e infraestructura, tanto para las economías avanzadas como las emergentes.
Durante el transcurso del año 2012, los arribos internacionales ascendieron a 1.035 millones de turistas, lo que significó un aumento de un 3,8% en relación al 2011. Igualmente el año 2010 ya había tenido una fuerte recuperación (+7%) respecto del 2009, periodo en que la demanda por turismo presentara caídas en prácticamente todas las regiones del mundo, por razones relacionadas con las crisis financiera y sanitaria (influenza humana A H1N1) vividas durante el referido año. A pesar de presentar crecimientos, el 2011 no fue un año de buenas noticias para el turismo en el mundo, marcado principalmente por el estancamiento de la recuperación económica, la catástrofe del terremoto en Japón y las implicancias políticas de la revuelta en los países árabes. Esto último, puso freno al protagonismo que venían exhibiendo las economías emergentes, no obstante, la región sudamericana obtuvo un gran crecimiento (10%), alcanzando el primer lugar en comparación con el resto del mundo.
De acuerdo a los datos disponibles sobre ingresos generados por la actividad turística internacional para el año 2012, estos estarían en concordancia con la tendencia positiva en el aumento de las llegadas internacionales, alcanzando USD$ 1.075 miles de millones. Durante el 2010, estos ingresos, si bien mostraron una importante recuperación de la crisis, alcanzando USD$ 919 miles de millones, con un crecimiento del 8% respecto del 2009, no se logró alcanzar los niveles previos a la crisis, en lo que incidió el significativo fortalecimiento del dólar.
En la actualidad, el turismo constituye un 3% del PIB mundial y genera el 3% del empleo en forma directa. Estas cifras aumentan sustancialmente si consideramos los efectos indirectos que produce esta industria sobre otras, alcanzando de esta manera, un 9% del total del PIB mundial y similar cifra en relación al empleo, lo cual corrobora que esta industria es uno de los mayores empleadores del mundo, dando trabajo a 1 de cada 12 personas.
Dado el crecimiento que han mostrado diversas economías emergentes en los últimos años, es que se ha vuelto como uno de los principales desafíos de la actividad turística, captar nuevos mercados como los son Brasil, China, India y Rusia. China se ha transformado en el caso más emblemático de los países emergentes, logrando posicionarse el 2011 como el tercer destino más visitado en el mundo superando a países como España e Italia, y también, a nivel emisivo, como el tercer país con mayor nivel de gastos por turismo internacional, lo que le ha valido posicionarse sobre países como Francia y el Reino Unido.
2) El Turismo en Chile
Tal como se mencionó, el turismo es una de las actividades económicas de más rápido crecimiento en el mundo, y Chile no es la excepción en esta materia. Actualmente, la industria turística nacional ha pasado a ser una actividad de alta relevancia, contribuyendo con un 3,23% al PIB y constituyendo una importante fuente laboral. A su vez, se ha transformado en el cuarto sector exportador de Chile (después de las industrias de la minería, frutícola y de celulosa y papel) y representa el 5% de sus ganancias (equivalentes a USD$ 2.559 millones sólo por concepto del turismo receptivo para el año 2012). De este modo, el sector turístico se sitúa por sobre la industria vitivinícola, forestal y salmonera.
Durante el transcurso del 2012, un total de 3.554.279 turistas internacionales arribaron a Chile, lo que corresponde a un incremento de un 13,3% respecto del año 2011, crecimiento debido, principalmente, al gran aumento en la llegada de turistas brasileños y regionales, entre otros factores. Sin embargo, uno de los principales problemas de Chile es la dificultad de captar a los segmentos de turistas de mayor gasto, llevándolo a presentar el menor gasto promedio diario entre los países competidores. Esta situación se explicaría por el bajo posicionamiento internacional de Chile en relación a sus competidores y por la escasa adaptación de la oferta chilena a los requerimientos de este segmento turístico.
Por otra parte, el turismo interno nacional es parte vital de la industria turística, toda vez que ayuda a sostener los negocios turísticos durante la temporada media y baja, le da mayor dinamismo a la industria y genera una plataforma para el desarrollo de oferta turística exportable.
Considerando todas las actividades ligadas al turismo interno, receptivo y emisivo, se estima que esta industria genera aproximadamente USD$ 11 mil millones de ingresos para Chile al año.
Por otro lado, el ranking de competitividad económica 2012 del Foro Económico Mundial (WEF) sitúa a Chile en el lugar 33 de 140 países, superando a la mayoría de sus competidores directos. Sin embargo, en el ranking de competitividad turística, Chile desciende al puesto 56. Si bien, el país está bien posicionado en aspectos estructurales tales como seguridad o reglas de política y regulación, falta avanzar en factores directamente relacionados con la industria turística, como lo es la priorización por el desarrollo del turismo, la infraestructura turística y la sustentabilidad del desarrollo del sector.
Pero el turismo no solo es un motor económico, también es uno de los principales promotores de la conservación del medio ambiente, del patrimonio histórico y de la identidad cultural de las comunidades, elementos que constituyen su materia prima y fundamentan su enorme atractivo. Es por esto que, a través del turismo, se pueden llevar a la práctica valores que inspiran la sustentabilidad, transmitiendo estos al resto de la sociedad.
II.OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY.
Chile tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo del sector turístico, debiendo alcanzar una posición de liderazgo y convertirse en un destino de clase mundial.
Los factores en que Chile está mal evaluado son todos mejorables mediante una correcta política pública, voluntad y coordinación con el sector privado, y esto, lejos de ser una dificultad, se transforma en una gran oportunidad de crecimiento para el turismo.
Para alcanzar estas metas, se debe dar paso a la consolidación de un proceso de cambios y transformaciones, proceso que comenzó en febrero 2010 con la publicación de la primera Ley de Turismo, la ley N° 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, la cual entre otros, creó el Comité de Ministros para el Turismo y una Subsecretaría para el sector, estableció una Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad, y en general tuvo por objeto el desarrollo y promoción de la actividad turística por medio de mecanismos destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales.
No obstante lo anterior, y ya transcurridos casi 3 años de vigencia de la referida ley N° 20.423, se han detectado algunas falencias, omisiones y problemas interpretativos que dificultan su aplicación, y que por tanto, aconsejan un perfeccionamiento de la misma, con el objeto de poder seguir avanzando en situar a Chile como un reconocido destino turístico, logrando a su vez mejores políticas de conservación y sustentabilidad de los recursos nacionales los cuales son de interés turístico.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
1. Mejora ciertas definiciones y denominaciones legales, en concordancia con las Normas Técnicas Oficiales, dando así mayor coherencia interna a la ley y al sistema en general, facilitando su interpretación y aplicación.
2. Perfecciona la institucionalidad en materia turística. Lo anterior, principalmente, a través de las modificaciones que se proponen a las atribuciones del Comité de Ministros del Turismo, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y de la Subsecretaría de Turismo. En cuanto al Comité de Ministros del Turismo, por su relevancia sectorial se incorpora al mismo, al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Se reserva al Comité un núcleo de atribuciones compatibles con su carácter directivo y colegiado. Luego, se otorgan facultades de índole ejecutiva, al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el que siendo el Ministerio sectorial, paradojalmente carece hoy de atribuciones legales en materia de Turismo. En ese mismo sentido, se perfeccionan las atribuciones de la Subsecretaría de Turismo.
3. En lo referente a las Zonas de Interés Turístico (ZOIT), se integran numerosos vacíos de la normativa vigente.
En primer término, se aclara y explicita que la finalidad esencial de las ZOIT, y por lo tanto aquello que define su naturaleza, consiste en ser un instrumento de fomento y desarrollo del turismo y no uno de protección ambiental, teniendo en especial consideración las distintas materias reguladas en la ley Nº 20.423, que se centran en el desarrollo y promoción del turismo. Este instrumento busca la armonización de las otras actividades que en ellas se desarrollan, con los requerimientos de la actividad turística.
Luego, en cuanto al procedimiento de de-claratoria, se explicitan los contenidos mínimos del acuerdo respectivo del Comité de Ministros, así como la obligación de aprobar junto con la declaratoria de ZOIT, un Plan de Acción para la misma. Este Plan, deberá ser concordante con los lineamientos, establecidos en la Planificación de Desarrollo Turístico Regional elaborada por el Servicio Nacional de Turismo. Esta última circunstancia, unida a la nueva exigencia de explicitar los fines u objetivos concretos que se buscan con el establecimiento de cada ZOIT y la posibilidad de que desde un inicio se establezca un plazo o condición de extinción, pretenden entregar un marco normativo, que tienda a que las ZOIT cumplan con los fines tenidos en vista al momento de su declaratoria.
Se establecen claramente los responsables legales del procedimiento administrativo previo a la declaratoria, correspondiendo esta a nivel regional al Servicio Nacional de Turismo, y a nivel central a la Subsecretaría de Turismo.
Adicionalmente, se mejora la protección de las áreas rurales comprendidas en una ZOIT, ante un eventual cambio de uso de suelo. Lo anterior, dando carácter vinculante al informe del Servicio Nacional de Turismo, que hoy ya exige la ley. Esta mayor protección, se complementa, con el establecimiento del silencio administrativo positivo, para el caso que transcurra el plazo legal establecido para la emisión de dicho informe sin que este sea emitido. Finalmente, en caso que se evacue un informe negativo respecto del cambio de uso de suelo, se contempla, un recurso de reclamación al Comité de Ministros del Turismo.
4. En relación con la realización de actividades turísticas en Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE), se establece que éstas actividades no se podrán realizar en aquellas áreas que no cuenten con un plan o instrumento de manejo elaborado por la institución pública encargada de su administración y aprobado por el Comité de Ministros.
Con la finalidad de potenciar este tipo de desarrollo turístico, se explicita la posibilidad de que una ASPE pueda ser priorizada total o parcialmente. Esto último, es de especial importancia, para aquellas ASPE de gran extensión territorial.
Respecto de aquellos contratos cuyo objeto sea el ejercicio de actividades económicas vinculadas con el turismo al interior de una ASPE que celebre directamente su administrador (hoy esta labor la desarrolla la Corporación Nacional Forestal), se consagra una limitación del plazo y monto de inversión, de manera de permitir la existencia y facilitar el desarrollo de actividades de muy baja escala o impacto, realizadas normalmente por personas naturales de localidades vecinas a las ASPE. Este trato excepcional se justifica, pues es común que el sistema concesional esté fuera del alcance de estas personas, para quienes muchas veces esta actividad desarrollada en temporada veraniega, constituye la fuente principal de ingreso familiar. Esto forma parte de la relación de vecindad, que es importante mantener con la comunidad aledaña a las ASPE, la que es llevada en la práctica, por el administrador de la ASPE. De no contemplarse esta excepción las ASPE se vuelven más vulnerables a actividades ilegales, como talas y todo tipo de ingresos no autorizados.
Finalmente, se contempla que el contrato de concesión que debe celebrar el adjudicatario con el Ministerio de Bienes Nacionales para perfeccionar la adjudicación de la concesión debe ser firmado, además, por la institución encargada de la administración de las ASPE, la que tendrá, asimismo, facultades de fiscalización para verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho contrato. De esta manera se asegura que la institución que administra las ASPE pueda relacionarse de manera directa con el adjudicatario de la concesión para abordar las materias referidas a la ejecución de dicho contrato.
5. Por último, se proponen diversas mejoras al Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos.
En primer lugar, se propone ampliar la cobertura del Sistema de Calidad a aquellos prestadores de servicios turísticos que hayan obtenido la certificación de calidad establecida en la ley, permitiendo una mejor difusión y orden de la oferta de cara a los usuarios y consumidores, mejorando también de paso la información estadística del sector.
Luego se proponen algunas modificaciones sistemáticas que pretenden deslindar de mejor manera los ámbitos propios del Derecho del Consumidor - ya cubiertos por la ley N°19.496 - de los incumplimientos a las normas propias del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad, sin que medien actos de consumo de por medio. Actualmente existe una falta de claridad en cuanto a las competencias de los organismos públicos, procedimientos y sanciones a aplicar, de lo cual el presente proyecto se hace cargo, subsanando además, otros vacíos importantes en temas sancionatorios, con especial referencia al uso indebido del Sello de Calidad Turística y a la divulgación pública de una determinada calificación o categoría de servicio, sin estar amparado por una certificación vigente.
En definitiva, el presente proyecto se orienta a perfeccionar y profundizar una ley que ha constituido un paso muy importante para el desarrollo de la actividad turística del país.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo Primero.- Incorpórense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo:
1) Modifícase el artículo 5° en los siguientes términos:
a) Sustitúyase la letra f) por la siguiente:
“f) Calificación: Determinación del grado, que corresponde dentro de una clase, a un servicio o establecimiento turístico de acuerdo a la norma técnica aplicable.”.
b) Modifícase la letra g) de la siguiente manera:
i) Reemplázase la palabra “competente” la primera vez que aparece por la expresión “certificador”.
ii) Intercálase en la oración final, entre las palabras “según” y “el reglamento dictado” la expresión “la norma técnica de calidad aplicable y”.
c) Incorpórase la siguiente letra h), nueva, pasando las actuales letras h), i), j), k), y l), a ser las letras i), j), k), l) y m), nuevas:
“h) Prestador de Servicios Turísticos o Prestador: La persona natural o jurídica, que habitualmente, presta algún servicio remunerado asociado al turismo. Los tipos de servicios turísticos, serán establecidos por el Reglamento señalado en el artículo 30 de esta Ley.”.
d) Sustitúyase la actual letra h), que pasó a ser la letra i), nueva, por la siguiente:
“i) Servicios de alojamiento turístico: Establecimientos en que se provee comercialmente el servicio de alojamiento, por un período no inferior a una pernoctación; que mantengan como procedimiento permanente, un sistema de registro de ingreso y egreso, con la identificación del huésped; permitan el libre acceso y circulación de los huéspedes a los lugares de uso común y estén habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con fines recreativos, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos, vacacionales u otros fines de turismo en general.”.
e) Incorpórase la siguiente letra n), nueva:
“n) Turismo Cultural: Es aquel cuya finalidad es esencialmente cultural, teniendo por objeto principal la comprensión del hombre a través del tiempo por medio del conocimiento de su patrimonio material e inmaterial, fortaleciendo así las identidades de un país, comunidad o sector, tales como: viajes de estudio, tours culturales o artísticos, festivales, visita a lugares históricos y monumentos, peregrinaciones, viajes para estudiar la naturaleza, el folclore o el arte.”.
2) Modifícase el artículo 7° en los siguientes términos:
a) Intercálase el siguiente numeral 5) nuevo, pasando el actual numeral 5) a ser numeral 6):
“5) El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.”.
b) Sustitúyase el actual numeral 6) que ha pasado a ser numeral 7) por el siguiente:
“7) El Ministro del Medio Ambiente.”.
c) Intercálese el siguiente inciso tercero del artículo 7°, pasando el actual inciso tercero a ser el inciso cuarto, nuevo:
“Los integrantes antes mencionados serán subrogados de acuerdo a la ley.”.
3) Modifícase el artículo 8° en los siguientes términos:
a) Elimínanse los numerales 3), 4), 5) y 6), pasando los actuales numerales 7), 8), 9), 10, 11) y 12), a ser los numerales 3), 4), 5), 6), 7)y 8), nuevos.
b) Intercálase en el actual numeral 7) que ha pasado a ser numeral 3) entre la palabra “Declarar” y la expresión “las Zonas” la frase “revocar o modificar” precedida de una coma (,).
c) Sustitúyase el actual numeral 8) que ha pasado a ser numeral 4), por el siguiente:
“4) Priorizar las áreas silvestres protegidas del Estado a fin de ser sometidas al procedimiento de desarrollo turístico, previa proposición de la Subsecretaría de Turismo.”.
d) Sustitúyase el actual numeral 9) que ha pasado a ser numeral 5) de la siguiente forma:
“5) Pronunciarse, a petición del Presidente de la República, sobre los proyectos de ley y reglamentos relativos a materias vinculadas al turismo.”.
4) Modifícase el artículo 10 en los siguientes términos:
a) Sustitúyase en su inciso primero la palabra “funciones” por la expresión “atribuciones”.
b) Reemplázase en su numeral 1) la expresión “citarlo, fijar su tabla, dirigir las deliberaciones y dirimir los empates.” por la frase “citar a sus sesiones y fijar la tabla a tratar.”.
c) Elimínanse los numerales 3), 4) y 5).
5) Intercálese el siguiente artículo 10 bis, nuevo:
“Artículo 10 bis.- Corresponderá al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
1) Vincularse técnicamente con los organismos internacionales dedicados al tema turístico, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores.
2) Proponer al Ministro de Hacienda el presupuesto anual de la Subsecretaría de Turismo y del Servicio Nacional de Turismo.
3) Aprobar los planes y programas nacionales para el fomento y desarrollo del turismo.
4) Cumplir las demás funciones que las leyes y el Presidente de la República le encomienden concernientes al desarrollo del turismo.”.
6) Modifícase el artículo 12 en los siguientes términos:
a) Sustitúyase en el inciso primero la expresión “al Subsecretario” por “a la Subsecretaría”.
b) Reemplázase en el numeral 1) la expresión “Presidente del Comité” por la frase “de Economía, Fomento y Turismo”.
c) Modifícase el numeral 2) de la siguiente forma:
i) Reemplázase la expresión “Comité” por la frase “Ministro de Economía, Fomento y Turismo”.
ii) Elimínase la oración final “, de conformidad con lo dispuesto en el número 12) del artículo 8º de esta ley”.
d) Sustitúyase el numeral 3) por el siguiente:
“3) Participar, representada por el Subsecretario de Turismo, con derecho a voz a las sesiones del Comité y tomar acta de ellas. Dichas actas serán suscritas por el Ministro Presidente, o por quien haya presidido la sesión respectiva, junto al Subsecretario de Turismo.
No obstante lo anterior, las actas de las sesiones en que se haya declarado, revocado o modificado una Zona de Interés Turístico, aprobado un plan o instrumento de manejo o priorizado un Área Silvestre Protegida del Estado, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de esta ley, respectivamente, deberá ser suscrita por todos los ministros presentes en dicha sesión.”.
e) Intercálanse los siguientes numerales 10), 11) y 12) pasando el actual numeral 10) a ser el numeral 13), nuevo:
“10) Velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Turismo y de la Política Nacional de Promoción del Turismo.
11) Recabar periódicamente la opinión de los actores del sector turístico sobre asuntos de su competencia.
12) Informar al Ministerio de Bienes Nacionales, previo a su otorgamiento o adjudicación, acerca del mérito de las concesiones cuyo objeto o fines principales sean de carácter turístico, que se otorguen por dicho Ministerio conforme con lo establecido en el Título III del decreto ley 1.939 del año 1977, cuando no se trate de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.”.
f) Intercálase en el actual 10) que ha pasado a ser numeral 13) entre la expresión “Cumplir las” y la palabra “funciones” el término “demás”.
7) Modifícase el artículo 13 de la siguiente manera:
a) Agrégase en su inciso primero la siguiente oración final:
“Dicha declaración sólo tendrá por finalidad la promoción de políticas públicas orientadas al fomento del desarrollo de la actividad turística.”.
b) Intercálase los siguientes inciso segundo, tercero y cuarto pasando al actual inciso segundo a ser el inciso quinto, nuevo:
“La declaración de Zona de Interés Turístico, acordada por el Comité, contendrá al menos la delimitación geográfica de la misma; sus fines u objetivos; su duración, la cual podrá ser indefinida o bien estar sujeta a un plazo o condición de extinción.
Al momento de la declaratoria, el Comité deberá además aprobar un plan de acción para la Zona de Interés Turístico. Dicho plan deberá ser concordante con los lineamientos, directrices y pautas establecidos en la Planificación de Desarrollo Turístico Regional elaborada por el Servicio Nacional de Turismo.
La Subsecretaría de Turismo, a nivel central y las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de Turismo, a nivel regional, coordinarán el procedimiento administrativo para la declaración de zonas de interés turístico.”.
c) Reemplázase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser quinto, por el siguiente:
“Un reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, suscrito además por los otros ministros que integran el Comité, normará la forma y condiciones para proceder a la declaración, modificación o revocación de las Zonas de Interés Turístico. Ella se realizará por medio de decreto supremo del mencionado Ministerio, previo acuerdo del Comité de Ministros del Turismo e informe del Servicio Nacional de Turismo. La declaración, requerirá además informes vinculantes de los municipios cuyos territorios, o parte de ellos, se encuentren comprendidos en la Zona de Interés Turístico.”.
8) Modifícase el artículo 16 de la siguiente manera:
a) Reemplázase en su inciso primero la frase “con zonas declaradas de Interés Turístico, se requerirá informe previo del Servicio Nacional de Turismo.” por la expresión “en cuyo territorio existan zonas declaradas de Interés Turístico, y la solicitud se refiera a territorios comprendidos dentro de una Zona de Interés Turístico, se requerirá informe previo vinculante del Servicio Nacional de Turismo en los casos previstos en los incisos 3° y 4° del artículo señalado.”.
b) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
“Este último deberá evacuar un informe fundado suscrito por su Director Nacional, en un plazo de 30 días hábiles, vencido el cual se resolverá prescindiendo de aquél. El informe se pronunciará sobre la procedencia de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones solicitada, en función del impacto de la misma y de los fines y objetivos de la declaratoria de la Zona de Interés Turístico, y sólo podrá pronunciarse sobre materias propias de su competencia.”.
c) Incorpórase el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Si el contenido de dicho informe estima improcedente la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el interesado podrá reclamar del mismo ante Comité de Ministros del Turismo. Este recurso deberá ser interpuesto por el interesado, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación que para dichos fines le efectué el Secretario Regional Ministerial de Agricultura correspondiente.”.
9) Modifícase el artículo 18 en los siguientes términos:
a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:
i) Elimínase al inicio del inciso la palabra “Sólo” pasando a la expresión “se” a ser “Se”.
ii) Intercálase entre la expresión “de propiedad del Estado” y la frase “cuando sean compatibles” la palabra “sólo”.
b) Elimínase los inciso segundo, tercero, cuarto.
c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso segundo, por el siguiente:
“Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado no podrán ser intervenidas ni concesionadas sin contar con los respectivos planes o instrumentos de manejo elaborados por la institución encargada de la administración de dichas áreas y aprobados por el Comité de Ministros al momento de la priorización o de la aprobación de la concesión, cuando se trate de Áreas Silvestres Protegidas del Estado que no han sido previamente priorizadas.”.
10) Incorpórase un nuevo artículo 18 bis del siguiente tenor:
“Artículo 18 bis.- El Comité de Ministros del Turismo, a proposición de la Subsecretaría de Turismo, y previo informe técnico de compatibilidad con el plan o instrumento de manejo aprobado por la institución encargada de la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, priorizará aquéllas que, de acuerdo a su potencial, podrán ser sometidas al procedimiento de desarrollo turístico explicitado en los artículos siguientes. La priorización podrá referirse al total o a una parte del Área Silvestre Protegida del Estado.
Para los efectos de este título, los acuerdos que adopte el Comité, deberán contar con el voto favorable del Ministro bajo cuya tutela se administran las Áreas Silvestres Protegidas del Estado y del Ministro de Bienes Nacionales, quienes en todo evento deberán pronunciarse fundadamente.
El informe técnico de compatibilidad señalado en el inciso primero de este artículo deberá ser emitido dentro de 90 días corridos, contados desde el requerimiento que al efecto le formule la Subsecretaría de Turismo.”.
11) Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:
“Artículo 19.- El Ministerio de Bienes Nacionales será la entidad que, ajustándose a las restricciones que impongan los planes o instrumentos de manejo, otorgará concesiones para fines turísticos sobre los inmuebles que formen parte de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, estén o no priorizadas según lo dispuesto en el artículo anterior, por medio del sistema establecido en los artículos 57 a 63 del decreto ley N° 1.939, de 1977. Estas concesiones podrán incluir una parte del área geográfica y,o sólo usos determinados sobre el territorio. Las concesiones sobre una misma área para usos determinados podrán ser diversas, siempre que sean compatibles entre sí.
Para que la adjudicación de la concesión se entienda perfeccionada, los contratos de concesión que celebre el adjudicatario con el Ministerio de Bienes Nacionales también deberán ser suscritos por la institución encargada de la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, la que tendrá, además, la facultad para verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho contrato relativas al plan de manejo y en general aquéllas que digan relación con el objeto de protección del área, así como contribuir en la fiscalización de los organismos competentes.
No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, y con sujeción al plan o instrumento de manejo respectivo, la institución encargada de la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, sin perjuicio de sus demás atribuciones, sólo podrá celebrar contratos para fines turísticos que contemplen una inversión no superior a 1.000 unidades tributarias mensuales, a la época de su otorgamiento. Dichos contratos, deberán incorporar un plazo de término, el que en ningún caso excederá de 5 años, renovables. La institución encargada de la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, deberá informar mensualmente a la Subsecretaría de Turismo, acerca de la celebración de los contratos referidos, adjuntando copia de los mismos.”.
12) Modifícase el artículo 20 en los siguientes términos:
a) Intercálase a continuación de la frase “podrán ser otorgadas y ejercidas” y antes de la expresión “, no obstante la existencia” la expresión “a organismos públicos o a particulares,”.
b) Elimínase la oración final “a las entidades señaladas en el inciso segundo del artículo 57 del decreto ley N° 1.939, de 1977”.
13) Incorpórase en el artículo 21 el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Del modo en que determine dicho reglamento, la Subsecretaría de Turismo, deberá recibir en forma permanente, las propuestas, ideas o antecedentes que cualquier persona interesada, presente respecto de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado que de acuerdo a su potencial turístico, deban ser priorizadas.”
14) Reemplázase en el numeral 2) del artículo 27, la oración “Elaborar estudios por sí mismo, o encargarlos a terceros,” por la frase “Proponer la elaboración o elaborar estudios”.
15) Sustitúyase en el artículo 32, la expresión “se inscribirán” por la frase “podrán inscribirse”.
16) Modifícase el artículo 33 del siguiente modo:
a) Elimínase la expresión “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, tanto”, pasado el artículo “la” a ser “La”.
b) Sustitúyase la palabra “como” por la conjunción “y”.
17) Sustitúyase el artículo 34 por el siguiente:
“Artículo 34.- Los prestadores de servicios de alojamiento turístico y de turismo aventura deberán inscribirse en el Registro. Estos últimos, además deberán cumplir, con los requisitos de seguridad a que se refiere el artículo 38 de la presente ley.
Además, será obligatoria la inscripción en el Registro, para todos aquellos prestadores de servicios turísticos, que hayan obtenido la certificación de calidad establecida en esta ley.”.
18) Modifícase el artículo 35 de la siguiente forma:
a) Intercálase en el inciso segundo entre las expresiones “mediante resolución fundada” y “, en caso de incumplimiento” la frase “y oyendo previamente al prestador”.
b) Incorpórase el siguiente inciso tercero nuevo:
“El prestador que haya sido eliminado del Registro, podrá solicitar reincorporarse al mismo una vez transcurridos 6 meses contados desde la notificación del acto administrativo que dispuso la eliminación.”.
19) Modifícase el artículo 37 en los siguientes términos:
a) Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:
“La certificación de calidad es la constancia documentada, emitida por un organismo certificador, en la cual consta que un servicio o establecimiento turístico cumple con determinado nivel o estándar de calidad o seguridad previamente definido, según la norma técnica de calidad aplicable y el reglamento dictado por la autoridad competente.”.
b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, nuevos:
“De acuerdo a la norma técnica aplicable, la certificación comprenderá la clase y calificación respectivas, las que en conjunto, determinarán la categoría del servicio o establecimiento turístico.”.
20) Reemplázase en el artículo 39, la frase “certificador de calidad” por “Organismo Certificador”.
21) Reemplázase en el artículo 40, la oración “a que alude el artículo anterior será emitida por la persona autorizada” por la frase “de calidad será emitida por el Organismo Certificador”.
22) Modifícase el artículo 42 en los siguientes términos:
a) Intercálase el siguiente inciso cuarto nuevo:
“Será obligación del prestador de servicios turísticos, exhibir en forma y lugar visibles el Sello de Calidad.”.
b) Reemplázase el inciso final de la siguiente manera:
”Ninguna persona podrá falsificar este sello, ni ningún prestador de servicios turísticos, podrá atribuirse públicamente una determinada calificación o categoría, sin estar amparado por una certificación vigente e inscrito en el Registro contemplado en artículo 31 de esta ley. La contravención de lo señalado, será sancionada, de conformidad a la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.”.
23) Deróganse el Párrafo 7° y los artículos 44 y 45, pasando los actuales Párrafos 8° y 9° a ser los Párrafos 7° y 8° nuevos, pasando el actual artículo 46 a ser artículo 44 y así sucesivamente.
24) Sustitúyase el título del Párrafo 8°, que pasó a ser el Párrafo 7°, por la denominación “De la Supervisión”.
25) Elimínase en el Título del actual Párrafo 9°, que pasó a ser Párrafo 8°, la frase “De la protección al turista.”.
26) Elimínase el actual artículo 49 que ha pasado a ser artículo 47, pasando el actual artículo 50 a ser artículo 47 y así sucesivamente.
27) Modifícase el actual artículo 50, que pasó a ser el artículo 47, en los siguientes términos:
a) Elimínase, al inicio del artículo la expresión “Especialmente”, pasando la expresión “serán” a ser “Serán”.
b) Reemplázase en su letra b), la expresión “de alojamiento o de turismo aventura que haya clasificado deliberadamente” por la frase ”turísticos que haya clasificado, a sabiendas de no cumplir con los requisitos correspondientes,”.
c) Reemplázase en la letra c) la conjunción “y” que precede al guarismo “25” por la preposición “a”.
d) Agréganse las siguientes nuevas letras d) y e):
“d) Con multa de 25 a 35 UTM, el prestador de servicios turísticos, que se atribuya públicamente una determinada calificación o categoría, sin estar amparado por una certificación vigente.
e) Con una multa de 50 a 100 UTM, el prestador de servicios turísticos, que falsificare o hiciere uso indebido del Sello de Calidad Turística del Servicio Nacional de Turismo.”.
f) Agrégase el siguiente inciso final:
“La sanción, para las infracciones o contravenciones a lo dispuesto en las normas del Título VII de esta ley, que no tuvieren señalada una pena especial, será de una multa de 1 a 10 unidades tributarias mensuales.”.
28) Sustitúyase el artículo 51, que pasó a ser el artículo 48, por el siguiente:
“Artículo 48.- Será competente, para conocer de las infracciones o contravenciones a lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley, el Juzgado de Policía Local correspondiente al domicilio del infractor, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley N°18.287. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3° de la Ley N°18.287, el Servicio Nacional de Turismo, también estará obligado a efectuar la denuncia respectiva.”.
29) Intercálase, a continuación del actual artículo 51 que ha pasado a ser artículo 48, el siguiente Título VIII y los artículos 49 y 50 nuevos, pasando el actual artículo 52 a ser artículo 51 y así sucesivamente:
TÍTULO VIII.
De los Derechos y Obligaciones de los Prestadores de Servicios Turísticos.
Artículo 49.- Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en la planificación, la programación y la adopción de las decisiones en materia turística de interés nacional por las vías establecidas en la presente ley y en sus normas complementarias.
b) Acceder a información en las condiciones que fije el Servicio Nacional de Turismo.
c) Participar en programas de promoción turística en las condiciones fijadas por la presente ley.
d) Proponer, por la vía de entidades gremiales o sectoriales, el desarrollo y ejecución de programas de cooperación pública y privada de interés general para el sector, y cualquier otra acción que pueda contribuir al fomento y desarrollo turístico.
e) Los demás que se establezcan en la presente ley y en sus normas complementarias.
Artículo 50.- Sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.496, serán obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:
a) Informar a los consumidores sobre las condiciones de los servicios que ofrezcan, y otorgar aquéllos a que estén obligados según su calificación, en las condiciones pactadas con el usuario, de acuerdo con la presente ley y sus normas complementarias.
b) Exhibir en forma y lugar visibles el precio de los bienes y servicios.
c) Ocuparse del buen funcionamiento y la mantención de las instalaciones y los servicios y demás bienes usados en la prestación, con la finalidad de resguardar la salud y seguridad de los consumidores y de sus bienes.
d) Tratándose de las empresas o agencias que organicen viajes o estadías con objetivos turísticos, poner a disposición de los consumidores un programa o folleto informativo que señale la oferta sobre el viaje a contratar, especificando los servicios y actividades incluidas y sus características.
Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.496 y en especial a lo señalado en el artículo 24 de dicha Ley.”.
Artículo segundo: Modifícase el decreto ley Nº1.224 del año 1975 de la siguiente forma:
a) Modifícase el inciso primero del artículo 1° de la siguiente forma:
i) Reemplázase la palabra “Reconstrucción” por la expresión “Turismo”.
ii) Incorpórase en el inciso segundo la siguiente oración final:
“El accionar de este servicio será coordinado por la Subsecretaría de Turismo.”.
b) Incorpórase en el número 14 del artículo 5° a continuación de “turísticos.” la siguiente oración:
“En virtud de lo anterior, le corresponderá determinar, cuando debe entenderse que un establecimiento o empresa, posee el carácter de hotelero o turístico.”
c) Agrégase en el artículo 5° un nuevo numeral 29) del siguiente tenor:
“29.- Ejecutar programas y proyectos de fomento al desarrollo del turismo, así como las obras de infraestructura y equipamiento necesarios contemplados en los mismos.”
Artículo tercero: Facúltase al Presidente de la República para que dicte, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Turismo y de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
En el ejercicio de esta facultad, dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de la planta de personal que fije.
Artículo cuarto.- Facúltase a la Subsecretaría de Turismo, mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, visado además por el Ministerio de Hacienda, para constituir una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, regulada en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuyo objetivo fundamental sean el desarrollo y la promoción turística internacional de Chile. Del mismo modo, la Subsecretaría estará facultada para participar en la disolución y liquidación de la entidad, con arreglo a los estatutos de esta última.
La referida entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, no podrá ejercer potestades públicas.
La entidad que se forme en ningún caso podrá celebrar ninguna clase de operación que pueda comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado o sus organismos.
Asimismo, la entidad que se forme deberá, anualmente, rendir cuenta documentada al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo respecto de las actividades que hubieren sido financiadas con recursos públicos y que integren sus programas en ejecución, remitiéndole un informe que incluya una memoria respecto al cumplimiento de los objetivos y la inversión de los recursos respectivos. Dicha memoria deberá contemplar un desglose del gasto efectuado por cada programa, la normativa aplicable, su estructura orgánica, su dotación de personal, los recursos recibidos por organismos públicos, y las auditorías realizadas. Toda la información que deba entregarse en virtud de lo dispuesto en este artículo será pública y deberá encontrarse a disposición permanente del público y en el sitio electrónico de la entidad.
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante resolución, nombrarán uno o más representantes que estarán facultados para participar en los órganos de dirección y administración en cargos que no podrán ser remunerados, de conformidad con los estatutos de la entidad a que se refiere el presente artículo. La Subsecretaría de Turismo tendrá derecho a nombrar a un director, quien presidirá la entidad.
En la persona jurídica señalada en los incisos anteriores deberán participar representantes de las entidades gremiales que agrupan los intereses de las empresas que desarrollan su actividad en el sector turístico, en una proporción que deberá ser inferior al 50%. El directorio de la referida persona jurídica deberá tener como máximo nueve miembros, quienes no podrán ser remunerados.
La Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, mediante el acto administrativo que corresponda, autorizarán los aportes ordinarios o extraordinarios que se harán a la referida entidad, encuadrándose en los recursos que anualmente establezca la Ley de Presupuestos para estos fines.
Las donaciones que se efectúen a la entidad estarán exentas del trámite de insinuación y de los impuestos de la ley Nº 16.271.
La entidad quedará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de conformidad con el inciso segundo del artículo 16 del Decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
El personal que labore en las referidas entidades se regirá por las normas laborales y previsionales del sector privado
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda; FÉLIX DE VICENTE MINGO, Ministro de Economía, Fomento y Turismo; LORETO SILVA ROJAS, Ministra de Obras Públicas; RODRIGO PÉREZ MACKENNA, Biministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales; LUIS MAYOL BOUCHON, Ministro de Agricultura; PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones; MARÍA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA, Ministra del Medio Ambiente.”
Informe Financiero
Proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.423, del sistema institucional para
el desarrollo del turismo
Mensaje N° 080-361
I. ANTECEDENTES
En lo principal el Proyecto de Ley incluye los siguientes contenidos:
1) En los artículos primero y segundo, mejora ciertas definiciones y denominaciones legales, en concordancia con las normas técnicas oficiales dando así mayor coherencia interna a la ley y al sistema en general, facilitando su interpretación y aplicación. Perfecciona la institucionalidad en materia turística. Lo anterior, principalmente, a través de las modificaciones que se proponen a las atribuciones del Comité de Ministros del Turismo, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y de la Subsecretaria de Turismo. En cuanto al Comité de Ministros de Turismo, por su relevancia sectorial se incorpora al mismo, al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
2) En el artículo tercero, se faculta al Presidente de la República para que dicte, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Turismo y de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
3) Por último, en el artículo cuarto e faculta a la Subsecretaría de Turismo, mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, visado además por el Ministerio de Hacienda, para constitutir una persona jurídica de dercho privado, sin fines de lucro, regulada por el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuyo objetivo fundamental será el desarrollo y la promoción turística internacional de Chile.
La Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, mediante el acto administrativo que corresponda, autorizarán los aportes ordinarios o extraordinarios que anualmente establezca la Ley de Presupuestos para estos fines.
II. EFECTO DEL PROYECTO SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL.
Las normas señaladas no involucran gasto fiscal.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos.”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 6965-07)
Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
6965-07
Relativo a las federaciones deportivas nacionales.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 9169-08)
Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
9169-08
Modifica textos legales que indica para impulsar la inversión minera.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”
4. Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República. (boletín N° 8851-18)
“Honorable Cámara:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
“AL ARTÍCULO CUARTO QUE APRUEBA LEY SOBRE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES ÍNTIMAS DE PA-REJA SIN CONVIVENCIA
-Para sustituirlo por el siguiente:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase la siguiente ley sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia:
Artículo 1º.- El objeto de la presente ley consiste en proteger a las personas que, en su relación de pareja sin con-vivencia o, con ocasión de su término, sean víctimas de violencia; sancionar a los agresores e, implementar políticas de prevención.
Artículo 2º.- Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física, psíquica, o la libertad o indemnidad sexual, dirigido hacia una persona con la cual se tenga una relación de pareja sin convivencia, será sancionado con multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante. El producto de la multa será destinado a los centros para mujeres víctimas de violencia existentes en la región respectiva, sean estos de financiamiento público o privado.
El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días.
En caso de incumplimiento, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 3º.- Los actos de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, que no constituyan delito, serán de conocimiento de los juzgados de familia, sujetándose al procedimiento establecido en el párrafo segundo del Título IV de la Ley Nº 19.968; sin que estas relaciones se consideren, para ningún otro efecto legal, como relaciones de familia. Podrán utilizarse como medios de prueba, entre otros, los medios electrónicos o audiovisuales.
Artículo 4º.- Además de lo dispuesto en el artículo precedente, el juez podrá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas accesorias:
a) Prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias. Asimismo, el juez podrá decretar y regular la restricción o prohibición de comunicación entre la víctima y el ofensor, incluso a través de medios electrónicos o audiovisuales.
b) Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo, para los fines legales y reglamentarios que correspondan. Esta medida se decretará, cuando el arma de fuego hubiese tenido relación con el hecho constitutivo de maltrato o, en su defecto, cuando la víctima lo solicite por motivos fundados.
c) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.
d) Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez.
El juez fijará prudencialmente el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. Ellas podrán ser prorrogadas, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron.
En el caso de la letra c), la duración de la medida será fijada, y podrá prorrogarse, tomando en consideración los antecedentes proporcionados por la institución respectiva.
Artículo 5º.- El ejercicio habitual de las conductas establecidas en el artículo 2º de esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el que se aplicará sólo la pena asignada por ley a éste.
Para apreciar la habitualidad, se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violen-cia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal absolutoria o condenatoria.
El Ministerio Público sólo podrá dar inicio a la investigación por el delito tipificado en el inciso primero, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los antecedentes que den cuenta de hechos que pueden revestir caracteres de delito, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley N° 19.968.
Artículo 6º.- En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, y aún antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna.
Artículo 7º.- Para decretar la sus-pensión condicional del procedimiento, el juez de garantía deberá oír a la víctima e impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 4°, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal.
Artículo 8°.- En los procesos por delitos constitutivos de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, no tendrá aplicación el artículo 241 del Código Procesal Penal.
Artículo 9°.- En casos calificados por el Servicio Nacional de la Mujer, éste podrá asumir el patrocinio y representación de la mujer víctima de delitos constitutivos de violencia en las relaciones de pareja sin convivencia referidos en el artículo 5° de esta ley, que sea mayor de edad, si ella así lo requiere, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 109 del Código Procesal Penal.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Servicio podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas.
Artículo 10.- En caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra c) del artículo 4°, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Ci-vil, sin perjuicio de imponer al infractor como medida de apremio, arresto hasta por quince días.
La policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagran-te de las medidas mencionadas en el inciso precedente.
Artículo 11.- El Servicio Nacional de la Mujer propondrá al Presidente de la República las políticas públicas de prevención y de asistencia a las víctimas de violencia.
Entre otras medidas, procurará implementar las siguientes:
a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra de la violencia en las relaciones de pareja sin convivencia;
b) Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra naturaleza para prevenir y sancionar la violencia en las relaciones de pareja sin convivencia;
c) Prestar asistencia técnica y capacitación a los organismos que intervengan en la aplicación de esta ley que así lo re-quieran.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS CHADWICK PIÑERA, Vicepresidente de la República; RODRIGO UBILLA MACKENNEY, Ministro del Interior y Seguridad Pública (S); PATRICIA PÉREZ GOLDBERG, Ministra de Justicia; LORETO SEGUEL KING, Ministra Directora Servicio Nacional de la Mujer.”
5. Oficio del Senado. (boletín N° 9078-07) (S)
“Valparaíso, 26 de noviembre de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a la totalidad del proyecto de reforma constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados, correspondiente al Boletín N° 9.078-07.
Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 70 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.989, de 21 de noviembre de 2013.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”
6. Oficio de la Corte Suprema. (boletín 9119-18).
***
7. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2536-13-INA.
“Santiago, 15 de noviembre de 2013.
Oficio N° 9.180
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 14 de noviembre en curso, en el proceso constitucional, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol N° 2536-13-INA, referido a la parte final del inciso undécimo y decimotercero del artículo 19 del D.L. 3.500. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”