Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Manuel Edwards Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Manuel Edwards Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Arturo Squella Ovalle
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- Camilo Escalona Medina
- Eugenio Tuma Zedan
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR HARRY THOMAS LEÓN, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- INTEGRACIÓN
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Gonzalo Arenas Hodar
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Joaquin Tuma Zedan
- Jose Manuel Edwards Silva
- INTEGRACIÓN
- ACUERDO DE LOS COMITÉS
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (Primer trámite constitucional, Boletín N° 8210-06)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Celso Rene Morales Munoz
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- David Sandoval Plaza
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (Primer trámite constitucional, Boletín N° 8210-06)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- REGULACIÓN EN LEY DE CASINOS DE ACTIVIDAD DE JUEGOS ELECTRÓNICOS TRAGAMONEDAS (Preferencia)
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Lautaro Carmona Soto
- Ramon Farias Ponce
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Denise Pascal Allende
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Mario Venegas Cardenas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Luis Castro Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ENVÍO DE PROYECTO SOBRE REGULARIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS MOLESTAS O CONTAMINANTES (Votación)
- DEBATE
- RECHAZO A TRASPASO DE CONICYT DESDE MINISTERIO DE EDUCACIÓNA MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alfonso De Urresti Longton
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Marcelo Diaz Diaz
- Mario Venegas Cardenas
- Patricio Vallespin Lopez
- Ramon Farias Ponce
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REGULACIÓN EN LEY DE CASINOS DE ACTIVIDAD DE JUEGOS ELECTRÓNICOS TRAGAMONEDAS (Preferencia)
- VII. INCIDENTES
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PRESENCIA DE NOROVIRUS EN COMUNA DE OVALLE (Oficios)
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Ramon Farias Ponce
- Gonzalo Uriarte Herrera
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- ATENCIÓN DE DEMANDAS DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Oficio)
- ADHESION
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Carolina Goic Boroevic
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Ximena Vidal Lazaro
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Mario Venegas Cardenas
- Enrique Jaramillo Becker
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SERVICIO ELECTORAL PARA LA CORRECTA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL (Oficios)
- ADHESION
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Carolina Goic Boroevic
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOCALIDAD DE COPIHUE, COMUNA DE RETIRO(Oficios)
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Carolina Goic Boroevic
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- APOYO A DEMANDAS DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Oficios)
- ADHESION
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Carolina Goic Boroevic
- Gabriel Ascencio Mansilla
- ADHESION
- EXPLICACIÓN POR FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE (Oficio)
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- SOLICITUD DE INHABILIDAD DE SEGUNDA CATEGORÍA PARA EXFUNCIONARIOS DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE (Oficio)
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- FISCALIZACIÓN DE NORMAS LABORALES APLICABLES A LOS TRABAJADORES DE LA ZOFRI S.A (Oficio)
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- CUMPLIMIENTO DE PROMESA ELECTORAL CONTRAÍDA POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE. (Oficio)
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- RESPUESTA A CARTA ENVIADA POR VECINO DE CASTRO A MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL (Oficio)
- ADHESION
- Carolina Goic Boroevic
- ADHESION
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PRESENCIA DE NOROVIRUS EN COMUNA DE OVALLE (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN QUE AFECTA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y RESPALDO A MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES (Oficios)
- ADHESION
- Marcelo Diaz Diaz
- Alfonso De Urresti Longton
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- PREOCUPACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE DOBLE VÍA LA SERENA-VALLENAR Y POR MEJORAMIENTO DE TECHUMBRES Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN POBLACIÓN MERMASOL (Oficios)
- HABILITACIÓN DE CAMINO PIEDRA DEL BUITRE, COMUNA DE LA SERENA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES Y EVENTUAL INVESTIGACIÓN POR RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TELETÓN EN VALDIVIA (Oficios)
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- RESPALDO DE FOSIS A PEQUEÑA EMPRENDEDORA DECOMUNA DE TIERRA AMARILLA (Oficios)
- AGILIZACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS DEL FNDR PARA PROYECTO DE BOMBEROS DE TIERRA AMARILLA Y CREACIÓN DE COMITÉ DE EMERGENCIA EN ESA COMUNA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN QUE AFECTA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y RESPALDO A MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Joaquin Godoy Ibanez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Cristina Girardi Lavin
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Denise Pascal Allende
- Pedro Araya Guerrero
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Cristina Girardi Lavin
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Denise Pascal Allende
- Pedro Araya Guerrero
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Cristina Girardi Lavin
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Denise Pascal Allende
- Pedro Araya Guerrero
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Mario Venegas Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Cristina Girardi Lavin
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Denise Pascal Allende
- Pedro Araya Guerrero
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Mario Venegas Cardenas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 72ª, en martes 10 de septiembre de 2013
(Ordinaria, de 11.06 a 14.20 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, Godoy Ibáñez, don Joaquín, y Delmastro Naso, don Roberto.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 12
II. APERTURA DE LA SESIÓN 15
III. ACTAS 15
IV. CUENTA 15
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR HARRY THOMAS LEÓN, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 15
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA 15
ACUERDO DE LOS COMITÉS 16
V. ORDEN DEL DÍA 16
PERFECCIONAMIENTO DE ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (Primer trámite constitucional, Boletín N° 8210-06) 16
VI. PROYECTOS DE ACUERDO 67
REGULACIÓN EN LEY DE CASINOS DE ACTIVIDAD DE JUEGOS ELECTRÓNICOS TRAGAMONEDAS (Preferencia) 67
ENVÍO DE PROYECTO SOBRE REGULARIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS MOLESTAS O CONTAMINANTES (Votación) 71
RECHAZO A TRASPASO DE CONICYT DESDE MINISTERIO DE EDUCACIÓN A MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 72
VII. INCIDENTES 75
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PRESENCIA DE NOROVIRUS EN COMUNA DE OVALLE (Oficios) 75
ATENCIÓN DE DEMANDAS DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Oficio) 76
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SERVICIO ELECTORAL PARA LA CORRECTA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL (Oficios) 77
ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOCALIDAD DE COPIHUE, COMUNA DE RETIRO (Oficios) 79
APOYO A DEMANDAS DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Oficios) 80
EXPLICACIÓN POR FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE (Oficio) 80
SOLICITUD DE INHABILIDAD DE SEGUNDA CATEGORÍA PARA EXFUNCIONARIOS DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE (Oficio) 81
FISCALIZACIÓN DE NORMAS LABORALES APLICABLES A LOS TRABAJADORES DE LA ZOFRI S.A (Oficio) 81
CUMPLIMIENTO DE PROMESA ELECTORAL CONTRAÍDA POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE. (Oficio) 82
RESPUESTA A CARTA ENVIADA POR VECINO DE CASTRO A MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL (Oficio) 83
Pág.
VIII. ANEXO DE SESIÓN 84
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 84
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN QUE AFECTA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y RESPALDO A MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES (Oficios) 84
PREOCUPACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE DOBLE VÍA LA SERENA-VALLENAR Y POR MEJORAMIENTO DE TECHUMBRES Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN POBLACIÓN MERMASOL (Oficios) 85
HABILITACIÓN DE CAMINO PIEDRA DEL BUITRE, COMUNA DE LA SERENA (Oficios) 87
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES Y EVENTUAL INVESTIGACIÓN POR RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TELETÓN EN VALDIVIA (Oficios) 87
RESPALDO DE FOSIS A PEQUEÑA EMPRENDEDORA DE COMUNA DE TIERRA AMARILLA (Oficios) 89
AGILIZACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS DEL FNDR PARA PROYECTO DE BOMBEROS DE TIERRA AMARILLA Y CREACIÓN DE COMITÉ DE EMERGENCIA EN ESA COMUNA (Oficios) 89
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 91
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor. (boletín Nº 9094-12). 91
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8829-01) 111
3. Proyecto iniciado en moción del señor diputado Godoy, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de potenciar la actividad portuaria y estimular la relación entre los puertos y las ciudades que los albergan. (boletín N° 9088-14) 112
4. Proyecto iniciado en moción de las señoras diputadas Sepúlveda, doña Alejandra; Girardi, doña Cristina; Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise, y de los señores diputados Araya y Torres, que fortalece el derecho a pensión alimenticia. (boletín N° 9089-18). 119
5. Proyecto iniciado en moción de las señoras diputadas Sepúlveda, doña Alejandra; Girardi, doña Cristina; Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise, y de los señores diputados Araya y Torres, que prohíbe a los asistentes de la educación a desempeñar labores docentes en los términos que indica. (boletín N° 9090-04). 122
6. Proyecto iniciado en moción de las señoras diputadas Sepúlveda, doña Alejandra; Girardi, doña Cristina; Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise, y de los señores Diputados Araya, González, Torres y Venegas, don Mario, que establece un límite máximo a los aranceles que se cobran por parte de las Instituciones de Educación Superior. (boletín N° 9091-04). 125
7. Proyecto iniciado en moción de las señoras diputadas Sepúlveda, doña Alejandra; Girardi, doña Cristina; Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise, y de los señores diputados Araya, González, Torres y Venegas, don Mario; queTipifica el delito de lucro en la Educación Superior. (boletín N° 9092-04). 127
8. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol Nº 2.509-13-CPT 133
X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Oficios:
Respuestas a Oficios Cuenta 72ª 361 (10/09/2013)
Contraloría General de la República:
- Diputado Martínez, diputado Sauerbaum, Solicita tenga a bien disponer la realización de una auditoría a la comunidad de agua potable Ninquihue, de la comuna de San Carlos, Región del Biobío y emita un pronunciamiento en relación con cada uno de los puntos que se señalan en la solicitud adjunta. (57065 al 10902).
- Diputado Díaz don Marcelo, diputado León, diputado Monsalve , diputado Silber, diputado Campos , diputado Auth, diputado González, diputado Vallespín, diputado Jaramillo, diputada Pacheco doña Clemira, diputado Walker, diputada Muñoz doña Adriana, diputado Lemus, diputado Carmona, diputado Vargas, diputado Rincón , diputado Ojeda, diputado Castro, diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación descrita en la solicitud adjunta, en relación con los cargos públicos que desempeña don Gustavo Flores González. (57077 al 11861).
Ministerio de Interior:
- Diputado Kort, Solicita tenga a bien analizar e informar a esta Corporación sobre la situación que afecta a la Agrupación Artística Cultural y Social Ballet “Gotas de Rocío” de la comuna de Rancagua, Región de O'Higgins, descrita en la petición y antecedentes adjuntos. (1840 al 12593).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Squella, Informar sobre la situación que afecta a doña Herminia del Carmen Parra, en relación con su solicitud presentada ante el Servicio de Administración Nacional de la Seguridad Social (Udai), para ser beneficiaria de una pensión de viudez. (10986 al 12488).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes en relación con la situación descrita en la petición adjunta, que afecta a don José Estay Cuello, pescador artesanal de la Caleta San Marcos de la comuna de Iquique, Región de Tarapacá. Lo anterior, en el contexto de lo solicitado mediante oficio N° 5.229 del pasado 17 de julio, que en copia se adjunta, mediante el cual se hace referencia a la situación de los pescadores de la costa de Iquique, que con ocasión de las fuertes marejadas registradas en la zona durante el invierno, perdieron sus embarcaciones. (2074 al 5370).
Ministerio de Educación:
- Diputado Venegas don Mario, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con los socios fundadores y estatutos correspondientes a las diversas Universidades Privadas del país. (4239 al 11715).
Ministerio de Justicia:
- Diputado Letelier, Solicita informe sobre el proyecto de instalación de un centro de reinserción social para el cumplimiento alternativo de condenas en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana. (6375 al 11970).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Pérez don José, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la instalación de un paradero oficial en el kilómetro 483.300 en el paso nivel “Caliboro”, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. (2058 al 4762).
- Diputado Pérez don José, Reiterar oficio N°4.762 del pasado 11 de abril, relacionado con la instalación de un paradero oficial en el kilómetro 483.300 del paso nivel “Caliboro” de la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. (2058 al 5243).
- Diputado Sabag, Director de Obras Hidráulicas informe sobre el traspaso de las obras mayores del Sistema de Riego Digua a las asociaciones de regantes Canal Matriz Ñiquen, Canal Matriz Perquilauquén y Canal Matriz Digua, que agrupan a sus accionistas, en el plazo de vida útil que resta al sistema. (2059 al 10896).
- Diputado De Urresti, Instruya la fiscalización sobre los reclamos realizados a la concesionaria que estuvo a cargo de las obras de construcción del paso bajo nivel ubicado en la localidad de Ciruelos de la comuna de Mariquina, Región de Los Ríos; por las continuas inundaciones y rebalses de agua servidas que provocan un riego de insalubridad y afectan el tránsito normal en el sector. (2060 al 11447).
- Diputado Letelier, Solicita estudiar alternativas para una pronta solución al contrato de concesión de la Ruta G-60, cuyas obras fueron abandonadas por la empresa Comsa; en especial, la aplicación, por parte de S.E. el Presidente de la República , de la facultad prevista en el artículo 28 ter del decreto con fuerza de ley, del Ministerio de Obras Públicas, N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, esto es, el término anticipado de la concesión mediante la dictación de un decreto fundado del ministerio de Obras Públicas; y, además, instruir se de cumplimiento al compromiso de designar a un abogado que represente a los afectados por las expropiaciones habidas con ocasión de las antes mencionadas obras, para los efectos del pago de sus indemnizaciones. (2067 al 4455).
- Diputado Letelier, Requiere se informe sobre el estado del litigio entre el Ministerio de Obras Públicas y la Sociedad Concesionaria Ruta G-60 S.A. (2067 al 9045).
- Diputado Schilling, Ordene realizar obras de limpieza en el estero El Belloto, ubicado en el sector Bello Norte de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, como igualmente, se sirva estudiar la factibilidad de efectuar un cierre perimetral en el citado estero. (2068 al 3820).
Ministerio de Agricultura:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita que el SAG informe sobre la situación que afecta a los agricultores de la región de O'Higgins en relación con las semillas adquiridas a la empresa Europlant S.A., descrita en la intervención adjunta. (684 al 12026).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita remita un informe referido a la pérdidas experimentadas por agricultores de la Región de O'Higgins, en razón de los inconvenientes que presentaron las semillas adquiridas a la empresa Europlant S.A. (684 al 12027).
- Diputado Sabag, Solicita tenga a bien remitir información sobre las materias descritas en la intervención adjunta, referidas a la situación que afecta a los productores de miel de la comuna de Quillón, Región del Biobío. (685 al 12175).
Ministerio de Salud:
- Diputado Pérez don Leopoldo, Solicita informe sobre el proceso de licitación del Hospital de Puente Alto etapa uno. (833 al 11845).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputado Chahín, Factibilidad de transferir a la señora Luz Elena Naín Collío la titularidad del subsidio habitacional rural otorgado a su cónyuge, el señor David Huincahuán Huenchuleo, recientemente fallecido, con el propósito que en su calidad de heredera pueda ejecutarlo en el terreno de su propiedad. (1945 al 12406).
- Diputada Isasi doña Marta, Tenga a bien adoptar las medidas que sean pertinentes, en relación con la situación que afecta a don Ernesto Pérez, descrita en la solicitud adjunta. (2958 al 5337).
Empresas del Estado:
- Diputado Carmona, Ingresos mensuales de los ejecutivos de la Empresa de Correos de Chile y disponga su publicación en el sitio web institucional en cumplimiento de los dispuesto en la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública. (34 al 12250).
- Diputado De Urresti, Acciones desarrolladas para proteger piezas ferroviarias que han sido declaradas monumento nacional ubicadas en el recinto estación de Valdivia y que serían afectadas por el proyecto de ampliación de la avenida Costanera y las medidas adoptadas con el propósito de potenciar el tren El Valdiviano dentro del programa de trenes turísticos. (61 al 12321).
- Diputado Harboe, Solicita acceder a la incorporación, dentro del catastro de comités de allegados, de viviendas y de campamentos, de los pobladores que recientemente han ocupado uno de los ramales de las líneas de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en la comuna de Yungay, Región del Biobío. (62 al 4289).
Intendencias:
- Diputado Hernández, Informe sobre el estado de avance y plazos de entrega del proyecto vial que contempla la construcción de una parada de locomoción colectiva y la demarcación de un paso peatonal ubicado en la ruta U- 40. (2129 al 11405).
- Diputado Díaz don Marcelo, Regularización de títulos de dominio de los integrantes de la Junta de Vecinos Barrio Nuevo, del sector alto de Coquimbo, indicando las etapas o procesos pendientes. (773 al 10475).
- Diputado Robles, Situación que afecta al Comité de Viviendas Villa Real, de San Félix, comuna de Alto del Carmen, quienes a pesar de haber obtenido un subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, ascendente a 440 UF, para cada uno, dentro del grupo de postulación sin proyecto, han visto imposibilitadas sus expectativas ante el alto costo de las residencias presupuestadas y del empalme de ener-gía eléctrica; y, considerar una solución antes del vencimiento del subsidio, que caduca en el mes de junio de 2014. (779 al 10435).
Servicios:
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don José Ralil Velásquez, descrita en la solicitud adjunta. (1741 al 12048).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Remita informes evacuados por los Juzgados de Familia de la Región de Tarapacá, en relación con los establecimientos residenciales, centros, programas y proyectos de carácter ambulatorio existentes en la región. (1966 al 12308).
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación a la ampliación del plazo habitual de guarda de una menor de 3 años que se encuentra bajo la custodia de doña Jocelyn Bahamonde y don José Luis Paredes. (260 al 11902).
- Diputado Schilling, Solicita informe sobre la materia descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos, referida a la entrega a don Boris Canales del reembolso a Taxis y Transporte Escolar, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° Transitorio de la ley N° 20.630, que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional. (4300 al 12424).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar sobre el estado de tramitación de la apelación presentada por doña Miriam Parraguez Bustamante, en relación con el reclamo presentado por el Instituto de Seguridad Pública ante el dictamen realizado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. (47872 al 11826).
- Diputado Sandoval, Informar sobre el estado en que se encuentran los sistemas de vigilancia del aeródromo de Puerto Aysén, en relación a los supuestos desperfectos o robos de cámaras de vigilancias ocurridos recientemente. (4898 al 12115).
- Diputado Monckeberg don Cristián, tenga a bien adoptar las medidas que sean pertinentes, en relación con la situación que afecta a doña Karina Cares Alvarado, doña Daniela Cares Alvarado, doña Elizabeth Seydewitz Valenzuela y doña Paula Armijo Peña, descrita en la solicitud adjunta. (5366 al 5271).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Estado de tramitación de la apelación presentada por el señor Roberto Carlos Toro Vidal, de la comuna de Pichidegua, por el rechazo de sus licencias médicas. (56892 al 12064).
- Diputado De Urresti, Informar sobre factibilidad de agilizar el procedimiento para determinar la causa de muerte de don Mauricio Ortega Gallardo, con el fin de que su viuda, doña Vitalia Quena Norambuena, pueda efectuar los trámites de defunción. (920 al 12509).
Varios:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar sobre el estado de tramitación en que se encuentra la apelación presentada por doña Gladys Figueroa Hernández, en relación con el rechazo de sus licencias médicas. (56891 al 11925).
Municipalidades:
- Diputado Díaz don Marcelo, Regularización de títulos de dominio de los integrantes de la Junta de Vecinos Barrio Nuevo, del sector alto de Coquimbo, indicando las etapas o procesos pendientes. (1889 al 10471).
- Diputado Espinoza don Fidel, Necesidad de cautelar los derechos de los trabajadores del casino municipal en el evento de su entrega en concesión a privados. (2268 al 5340).
XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputado Marinovic, Adjudicación de la ejecución del proyecto de construcción del Centro de salud de Puerto Williams. (12679 de 30/08/2013). A Alcaldesa y Concejo de Cabo de Hornos.
- Diputado Marinovic, Adjudicación de la ejecución del proyecto de construcción del Centro de salud de Puerto Williams. (12679 de 30/08/2013). A Intendencias.
- Diputado Marinovic, Adjudicación de la ejecución del proyecto de construcción del Centro de salud de Puerto Williams. (12679 de 30/08/2013). A presidenta Junta de Vecinos N° 1 de Puerto Williams.
- Diputado Marinovic, Adjudicación de la ejecución del proyecto de construcción del Centro de salud de Puerto Williams. (12679 de 30/08/2013). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Marinovic, Adjudicación de la ejecución del proyecto de construcción del Centro de salud de Puerto Williams (12682 de 30/08/2013). A Intendencia de Magallanes y Antártica Chilena.
- Diputado Marinovic, Adjudicación de la ejecución del proyecto de construcción del Centro de salud de Puerto Williams (12682 de 30/08/2013). A Alcaldesa y Concejo de Cabo de Hornos.
- Diputado Marinovic, Adjudicación de la ejecución del proyecto de construcción del Centro de salud de Puerto Williams (12682 de 30/08/2013). A Presidenta Junta de Vecinos N° 1 de Puerto Williams .
- Diputado Marinovic, Adjudicación de la ejecución del proyecto de construcción del Centro de salud de Puerto Williams (12682 de 30/08/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Edwards, Personas involucradas, los procedimientos y los protocolos empleados en la atención de la señora Lucía Guadalupe Romero Catalán en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en el mes de julio de 2013 y que habrían concluido con la muerte del feto en el vientre materno. (12805 de 05/09/2013). A Director Hospital Intercultural de Nueva Imperial .
- Diputado Edwards, Personas involucradas, los procedimientos y los protocolos empleados en la atención de la señora Lucía Guadalupe Romero Catalán en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en el mes de julio de 2013 y que habrían concluido con la muerte del feto en el vientre materno. (12806 de 05/09/2013). A Director del Servicio de Salud Araucanía Sur.
- Diputado Hernández, Existencia de proyectos o estudios destinados a solucionar el problema de las fallas permanentes en el sistema de riego de la localidad de Trosco en la comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos. (12807 de 05/09/2013). A Servicios.
- Diputado Marinovic, Informe a esta Cámara sobre la denominada deuda histórica por remuneraciones y asignaciones impagas o no reconocidas a los docentes al momento del traspaso de los establecimientos educacionales a las municipalidades y corporaciones municipales y su inclusión en la Ley de Presupuestos, estudiando nuevas fórmulas de pago de ella. (12808 de 06/09/2013). A Colegio de Profesores de Chile A.G..
- Diputado Marinovic, Informe a esta Cámara sobre la denominada deuda histórica por remuneraciones y asignaciones impagas o no reconocidas a los docentes al momento del traspaso de los establecimientos educacionales a las municipalidades y corporaciones municipales y su inclusión en la Ley de Presupuestos, estudiando nuevas fórmulas de pago de ella. (12808 de 06/09/2013). A Ministerio de Educación.
- Diputado Marinovic, Informe a esta Cámara sobre la denominada deuda histórica por remuneraciones y asignaciones impagas o no reconocidas a los docentes al momento del traspaso de los establecimientos educacionales a las municipalidades y corporaciones municipales y su inclusión en la Ley de Presupuestos, estudiando nuevas fórmulas de pago de ella. (12808 de 06/09/2013). A encargado deuda histórica Colegio de Profesores.
- Diputado Marinovic, Informe a esta Cámara sobre la denominada deuda histórica por remuneraciones y asignaciones impagas o no reconocidas a los docentes al momento del traspaso de los establecimientos educacionales a las municipalidades y corporaciones municipales y su inclusión en la Ley de Presupuestos, estudiando nuevas fórmulas de pago de ella. (12808 de 06/09/2013). A Colegio de Profesores de Magallanes.
- Diputado Marinovic, Proyecto de instalación de un botiquín institucional en la Dirección Regional de Gendarmería de Magallanes, precisando su estado de avance y la fecha de su implementación. (12809 de 06/09/2013). A Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile.
- Diputado Marinovic, Proyecto de instalación de un botiquín institucional en la Dirección Regional de Gendarmería de Magallanes, precisando su estado de avance y la fecha de su implementación. (12809 de 06/09/2013). A Director Nacional de Gendarmería de Chile.
- Diputado Marinovic, Proyecto de instalación de un botiquín institucional en la Dirección Regional de Gendarmería de Magallanes, precisando su estado de avance y la fecha de su implementación. (12809 de 06/09/2013). A Ministerio de Justicia.
- Diputada Sabat doña Marcela, Diversas inquietudes de la Junta de Vecinos N° 25 de Villa Lo Plaza relacionadas con la desratización de la villa, instalación de resaltos, cobertura de maicillo en algunas arterias, reposición e instalación de luminarias, cierre de la cancha Calama y la situación de las máquinas de juego instaladas en el sector. (12810 de 06/09/2013). A Alcalde de Ñuñoa .
- Diputado Sandoval, Planes de saneamiento de la propiedad urbana de la localidad de Melinka y las fechas de su implementación. (12811 de 05/09/2013). A Intendencias.
- Diputado Sandoval, Veracidad de que personas del Valle Chacabuco habrían procedido a enterrar vigas de propiedad fiscal sin contar con las autorizaciones correspondientes. (12812 de 05/09/2013). A Intendencias.
- Diputado Sandoval, Denuncia que formula el señor José Mayorga Navarro relacionada con una supuesta apropiación efectuada por el Fisco de un inmueble de su propiedad ubicado en el sector de Río Blanco, comuna de Chaitén, disponiendo la respectiva investigación. (12813 de 05/09/2013). A seremi de Bienes Nacionales de Los Lagos.
- Diputado Sandoval, Planes de saneamiento de la propiedad urbana de la localidad de Melinka y las fechas de su implementación. (12814 de 05/09/2013). A Servicios.
- Diputado Sandoval, Opciones de jubilación del señor José Vallejos Levín, cotizante de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum. (12815 de 05/09/2013). A Servicios.
- Diputado Sandoval, Efectividad de que personas del Valle Chacabuco habrían procedido a enterrar vigas de propiedad fiscal sin contar con las autorizaciones correspondientes. (12816 de 05/09/2013). A Director de Vialidad de la Región de Aysén .
- Diputado Sandoval, Efectividad de la denuncia que formula el señor José Mayorga Navarro relacionada con una supuesta apropiación efectuada por el Fisco de un inmueble de su propiedad ubicado en el sector de Río Blanco, comuna de Chaitén, disponiendo la respectiva investigación. (12817 de 05/09/2013). A Ministerio de Bienes Nacionales.
- Diputado Sandoval, Proceso de concurso público para Directores de la Escuela Pedro Quintana Mansilla y del Liceo Austral Lord Cochrane de la comuna de Coyhaique. (12818 de 05/09/2013). A Contraloría General de la República.
- Diputado Sandoval, Condiciones de la autorización de faenas de pesca en la caleta Tortel otorgada al señor Honorino Angulo, indicando las medidas adoptadas para el resguardo de los derechos de los pescadores del lugar. (12819 de 05/09/2013). A Director Zonal de Pesca de Aysén.
- Diputado Sandoval, Proceso de concurso público para Directores de la Escuela Pedro Quintana Mansilla y del Liceo Austral Lord Cochrane de la comuna de Coyhaique. (12820 de 05/09/2013). A Ministerio de Educación.
- Diputado Silber, Decreto que nombra al señor Jorge Rodríguez Grossi como integrante del Consejo Directivo del Banco del Estado de Chile, remitiendo su currículo y el detalle de las rentas pagadas, por dicho cargo, desde su nombramiento. (12821 de 05/09/2013). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Squella, Fiscalización efectuada en relación con el estudiante de la Universidad de Valparaíso señor José Ignacio Jerez Torres, remitiendo el pronunciamiento definitivo adoptado por ese organismo contralor y los demás antecedentes que requiere. (12822 de 05/09/2013). A Contraloría Regional de Valparaíso.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolú Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores Vargas.
-Se contó con la asistencia, también, de los senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, Camilo Escalona Medina, y Eugenio Tuma Zedán.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Nicolás Monckeberg Díaz y Ernesto Silva Méndez.
-Por encontrarse con permiso constitucional no asistió el diputado señor Jorge Burgos Varela.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.06 horas.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 66ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 67ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR HARRY THOMAS LEÓN, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Pido a la Sala guardar un minuto de silencio en memoria del señor Harry Thomas León, recientemente fallecido, quien se desempeñó como director de Administración de la Cámara de Diputados por más de 18 años.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Propongo integrar la Comisión Mixta, encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que regula la venta de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas (Boletín N° 5579-03), con la diputada señora Mónica Zalaquett y los diputados señores Gonzalo Arenas, Fuad Chahín, Joaquín Tuma y José Manuel Edwards.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDO DE LOS COMITÉS
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura al acuerdo de los Comités.
El señor LANDEROS ( Secretario ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Roberto Delmastro acordaron, por mayoría, considerar en la Tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana el proyecto de ley que establece el Día Nacional de las Personas de Edad (Boletín N° 7970-24), el cual sería despachado por la Comisión de Cultura y de las Artes en el día de hoy.
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, DE LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (Primer trámite constitucional, Boletín N° 8210-06)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales.
Hago presente a la Sala que los informes de las Comisiones de Gobierno Interior y Regionalización, y de Hacienda, fueron rendidos en la sesión N° 67, celebrada en martes 3 del presente mes, por lo que corresponde iniciar el debate.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 67ª de la presente legislatura, en 3 de septiembre de 2013.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente , ¿ningún ministro estará presente para escuchar un debate, tan importante? Quiero saber si se excusaron de no concurrir.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Señor diputado, el representante del Ejecutivo se va a incorporar en el transcurso de la discusión del proyecto.
El señor FARÍAS.-
Me preocupa que no concurra el ministro que corresponde. Además, hoy es martes, por lo que debería estar presente para tratar un proyecto tan importante como este.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Estamos todos preocupados por eso, señor diputado
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , llama la atención el alcance hecho por el diputado Ramón Farías . Quiero manifestar a la Sala que me parece improcedente que, ante un proyecto de esta importancia y que Chile espera, no esté presente un representante del Ejecutivo.
Quiero que quede en acta la molestia de la bancada del PPD por esta situación.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , quedará en acta que quien preside no le había dado la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a los concejales presentes en las tribunas, quienes representan a todas las tendencias políticas. Este es un proyecto transversal, y como soy una persona optimista, estoy convencido de que los ministros no están presentes porque están pidiendo el visto bueno al Presidente de la República para que las dietas de los concejales suban en 50 por ciento, como fue el compromiso asumido en su momento. Espero que así sea.
Quiero hacer historia en lo siguiente. La semana pasada escuchamos los informes de las Comisiones de Gobierno Interior y Regionalización, y de Hacienda. Sin perjuicio de ello, creo que lo importante es analizar por qué ingresó este proyecto a trámite legislativo. Recuerdo que en su momento a la Comisión de Hacienda concurrió un grupo de concejales de todas las tendencias políticas, quienes informaron que en el Tercer Congreso Nacional de Concejales, realizado en Osorno, en agosto de 2010, se aprobó el siguiente voto político, que constituye el antecedente de la iniciativa en discusión:
1. Impulsar la modernización de las municipalidades de Chile para transitar desde administraciones locales a gobiernos locales.
2. Definir el nuevo rol de los concejales para gestionar el municipio moderno que la ciudadanía exige.
3. Otorgar a los concejales la facultad de requerir información de interés para el trabajo comunal, en forma directa, a cualquier unidad y funcionario municipal que estime necesario, así como para requerir información a otros órganos del Estado.
4. Ampliar la facultad de cada concejal en torno a la gestión y desarrollo de propuestas y proyectos a presentar en el concejo.
5. Revisar la condición de incompatibilidad sanguínea y parentesco para acceder y ejercer funciones o cargos públicos de elección popular.
6. Promover y concretar modificaciones legales que faciliten el acceso de los concejales de Chile a los diversos procesos formativos y de capacitación, en todos sus niveles, para mejorar su gestión y servicios a la ciudadanía.
Este fue el comienzo. Este voto político -reitero- se estableció en agosto de 2010, con la presencia de todas las autoridades del Ejecutivo.
En noviembre de 2010, se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo N° 143, sobre modernización del rol de los concejales, mediante el cual se solicitó al Presidente de la República que impulsara a la brevedad una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En dicho proyecto de acuerdo se dio a conocer una serie de exigencias, que no voy a repetir porque fueron claramente expuestas en su oportunidad.
Pero hay algo que quiero recalcar. El entonces ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Rodrigo Hinzpeter , en el 10º Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades, señaló: “Mayor responsabilidad significa también un mayor reconocimiento, por lo que incorporaremos en dicho proyecto un sustantivo aumento en la dieta de los concejales.”. En una reunión efectuada en dicho congreso, el señor Hinzpeter , en representación del Ejecutivo , manifestó que el incremento de la dieta sería de 50 por ciento, y no del ciento por ciento, como sostenidamente había solicitado la Asociación. Pero hubo un acuerdo, un compromiso. Muchísimas personas fueron testigo de ello.
Hago un reconocimiento a las señoritas concejalas de la UDI de la Región Metropolitana, quienes hicieron sus planteamientos con mucha valentía, como también a los concejales de Renovación Nacional, del Partido Socialista, del Partido Demócrata Cristiano, del PPD y del Partido Radical. Faltó un concejal comunista, que después se integró. Ello demuestra que hay unanimidad respecto de esta iniciativa; es absolutamente transversal. Además, está el compromiso señalado.
Algunos pueden decir: “¿Qué han hecho ustedes?” Hemos hecho muchas cosas. En la Comisión de Hacienda, los diputados Enrique Jaramillo , Luis Lemus , Carlos Montes , Alberto Robles y quien habla presentamos una indicación para intercalar en el artículo 1° del proyecto el siguiente numeral 21):
“21) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 88:
a) Reemplázase en el inciso primero los guarismos “seis y doce” por “nueve y dieciocho”, respectivamente.
b) Sustitúyese en el inciso sexto el guarismo “seis” por “nueve”.
El objeto de esta indicación es incrementar en 50 por ciento el monto de la dieta y de la asignación adicional anual a que tienen derecho los concejales por su asistencia a las sesiones. Lamentablemente, el Presidente de la Comisión la declaró inadmisible, según él, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Quiero ser muy claro. Los seis parlamentarios de la Concertación que somos titulares de la Comisión de Hacienda manifestamos que sabíamos que la indicación correspondía a una atribución exclusiva del Ejecutivo , pero como hasta el momento no han dado ninguna señal positiva, les dijimos que íbamos a rechazar ese numeral, lo que significaría que todo iba a quedar en cero. Sin embargo, cuando se ejerce presión suelen entender. Por eso, si no llegamos a acuerdo en la Cámara, como en el Senado hay 20 senadores de la Concertación y 18 de la Alianza -esta proporción puede cambiar porque hay senadores que ya han manifestado que van a apoyar el aumento de la dieta de los concejales-, en el Senado podrían tener una estruendosa derrota.
Lo dije la última vez en esta Sala: este es el momento para que el Ejecutivo demuestre efectivamente que quiere lograr el diálogo, consenso y acuerdos. Entonces, ¿qué mejor que aumentar en 50 por ciento la dieta de los concejales? Por lo demás, representa cero costo fiscal, porque será de cargo del presupuesto de los respectivos municipios. Además, es un reconocimiento a esos miles de concejales que prestan servicio público a lo largo del país, que trabajan por el bien común y que, día a día, tratan de resolver los problemas de la gente.
(Aplausos en las tribunas)
Como dije, ya presentamos la indicación y solo falta que el Ejecutivo le dé su patrocinio. Todavía hay tiempo para que el ministro de Hacienda y el subsecretario de Desarrollo Regional ingresen la indicación. Por eso, la primera demostración que podría hacer el Ejecutivo en relación con el llamado que hizo ayer, sería aumentar en 50 por ciento la dieta de los concejales.
(Aplausos en las tribunas)
¿Por qué planteo esto? Por algo muy concreto. Durante el debate que tuvimos en la Comisión de Hacienda, obviamente, escuchamos a todos los actores. A mí me interesan los textos oficiales para que el establecimiento de la historia fidedigna de la ley sea claro y preciso y la opinión pública sepa quiénes queremos legislar verdaderamente para todos y quiénes no quieren hacer los reconocimientos que se merecen estos servidores públicos.
Durante el debate en la Comisión, el subsecretario de Desarrollo Regional señaló que el proyecto en estudio aborda esencialmente cinco materias que dicen relación con el fortalecimiento de la labor que desarrolla el concejo, con el reforzamiento del principio de probidad administrativa, con las normas que promueven mayor transparencia, con las disposiciones que promueven una mejor gestión municipal y con las que incentivan una mayor profesionalización de la gestión municipal. Pero en ningún momento reconoció que, en este caso, tenía el visto bueno del Ejecutivo para aumentar la dieta de los concejales en 50 por ciento la dieta de los concejales, y solo ofrece un 20,5 por ciento.
Quiero decirles lo siguiente. Los diputados Jaramillo , Auth , Santana , Robles , Macaya y quien habla; es decir, parlamentarios de la UDI, de Renovación Nacional, del PPD, del Partido Radical Social Demócrata, del Partido Socialista y del Partido Demócrata Cristiano, todos juntos -porque este no es un tema político, sino de responsabilidad con algunos actores sociales importantes del país-, atendidas las nuevas funciones y atribuciones que este proyecto de ley y normativas anteriores encomiendan a los concejales, estuvimos de acuerdo en que era necesario aumentar la dieta de los concejales porque no es razonable mantener las diferencias existentes en la actualidad. Asimismo, hicimos un reconocimiento al trabajo que desarrollan en el ámbito de la administración municipal.
En el informe de la Comisión de Hacienda queda claramente explicitado lo que acabo de manifestar: el proyecto tendrá cero costo para el presupuesto del gobierno central, toda vez que los eventuales gastos que se deriven del aumento de la dieta de los concejales serán financiados con el presupuesto de los propios municipios. Con todo, en lo relativo al fondo concursable para formación de funcionarios municipales, en el informe se expresa que será financiado con los recursos que anualmente se consideren en las respectivas leyes de presupuesto.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Tiempo, señor diputado .
El señor ORTIZ.-
Termino, señor Presidente -le agradezco que me haya concedido la palabra de inmediato, pues me inscribí en la sesión pasada-, solicitando votación separada para el numeral 20) del mensaje, relacionado con la dieta de los concejales.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , la Mesa ha tomado nota de su solicitud.
Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.
El señor MORALES.-
Señor Presidente , para quienes hemos tenido participación en los gobiernos comunales este proyecto resulta muy satisfactorio, pues hace mucho tiempo que se venía buscando el perfeccionamiento de los concejos mediante el otorgamiento de más atribuciones, así como también premiar a estas personas que desarrollan una actividad tan noble y cercana a la gente.
Quiero hacer tres comentarios que considero oportunos y que se relacionan directamente con este proyecto de ley que entrega nuevas atribuciones al concejo y que contiene otras materias que dicen relación con la responsabilidad y con las nuevas sanciones que se podrán aplicar a los alcaldes, una vez que este proyecto se convierta en ley de la república.
En primer lugar, el proyecto entrega al concejo atribuciones que es necesario especificar. No voy a mencionarlas todas, sino solo las más importantes, desde mi punto de vista.
El concejo tiene atribuciones importantes en el ámbito presupuestario, pero lo que más nos interesa es que las nuevas responsabilidades que se le otorgan estén ligadas a todas las facultades que se le entregan.
El fortalecimiento del concejo dice relación con la fiscalización de los actos que realiza el alcalde. Quienes hemos integrado los concejos nos hemos dado cuenta de que para poder fiscalizar muchos de los asuntos que los propios concejales someten a la consideración del alcalde era necesario que tuvieran atribuciones que antes no poseían, situación que los convertía simplemente en un cuerpo colegiado con atribuciones menores que acompañaba al alcalde en algunas materias.
Dentro del ámbito de este proyecto es de suma importancia lo relacionado con el notable abandono de deberes en que pueden incurrir los alcaldes. Para sancionar esta falta, el proyecto entrega nuevas alternativas; es decir, diferentes sanciones que no significan necesariamente la destitución definitiva del infractor, sino otras sanciones intermedias o menores.
Se agrega una situación muy importante que aparece en forma reiterada en los municipios: el no pago de las cotizaciones previsionales. Muchas veces, nos encontramos con municipios que no pagan las cotizaciones previsionales de los profesores o de quienes laboran en el área de la salud municipal.
Hoy, este proyecto de ley agrega como causal de cesación en el cargo de alcalde el no pago oportuno, en forma reiterada, de las cotizaciones previsionales. Esa sanción regirá, por cierto, respecto de las cotizaciones impagas a contar de la fecha de publicación de esta ley.
También, se incorpora el notable abandono de deberes como causal de cesación en el cargo de concejal. Los concejales hoy tienen mayores atribuciones y, por tanto, deben exhibir también mayores responsabilidades.
En cuanto al tema de las votaciones, se dispone que los concejales podrán votar favorable o negativamente sobre las materias sometidas a la consideración del concejo, excepto en aquellas materias en que les asista un motivo justificado para inhabilitarse o abstenerse, debiendo dejar constancia de ello en el acta. La idea mencionada nace ante las reiteradas abstenciones que se producen en el concejo cuando se discuten materias importantes.
Tal como lo señaló el diputado Ortiz , se establece la incompatibilidad entre el cargo de concejal y el de miembro de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil. Así como también es incompatible la condición de cónyuge, hijo, adoptado o pariente, hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los concejales con respecto al alcalde; vale decir, hermanos, cuñados o nietos de la principal autoridad comunal.
Estas normas se aplicarán a los concejales elegidos a partir de 2016; esto es, a contar de las próximas elecciones municipales.
El objetivo principal de esta medida es que los concejos no estén conformados por parientes directos del alcalde, a fin de dar tranquilidad a la comunidad en cuanto a que quienes componen el concejo, cuya labor es fiscalizar la gestión del alcalde, no tengan una relación de parentesco con él.
Por último, este proyecto, incluidas las modificaciones que apuntan a los funcionarios municipales, termina con una situación que no es del gusto de ninguno de quienes estamos en la Sala, especialmente, de quienes hemos formado parte de un concejo municipal. No puede ser que la responsabilidad de fiscalización, las nuevas atribuciones que se les están dando a los concejales no estén en directa relación con la dieta que reciben. El Ejecutivo aquí está en deuda, pues no ha cumplido con el compromiso y con los acuerdos a los que hemos llegado los diputados de las diferentes bancadas. Por eso, pido votación separada para el numeral 20), como también hago un llamado al Ejecutivo , a través del subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores , para que pueda hacer llegar las indicaciones durante esta mañana para que podamos perfeccionar esta justa y legítima aspiración de los concejales de todo el país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente , he tomado conocimiento de que el subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores , se encuentra en la Cámara de Diputados. Él ha sido mencionado en distintas intervenciones y ante la ausencia del ministro sería importante contar con su presencia en la Sala.
Por tanto, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para autorizar su ingreso.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo de las señoras diputadas y de los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Desarrollo Regional.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los representantes de los concejales y a los dirigentes de Asemuch que están presentes en las tribunas, quienes, cada vez que se discuten temas relacionados con los municipios, vienen al Congreso para tratar de resolver los distintos problemas.
Hace menos de un mes, participé en una jornada que se realizó en dependencias de la Biblioteca del Congreso Nacional, oportunidad en la que comprometí mi apoyo a este proyecto de ley. Pero quiero ser claro, la iniciativa tiene una pata coja. Por eso, para aprobarla en su totalidad es preciso que el Ejecutivo envié una indicación, antes de las 14 horas.
A través del proyecto se les está entregando a los concejales una serie de responsabilidades para tener una mejor función fiscalizadora y para cumplir un rol más importante dentro de los concejos; pero no se les está aumentando la dieta, que es algo normal en cualquier trabajo. Su labor es de alta responsabilidad en cada una de las comunas del país y en ese sentido estamos fallando, tenemos una deuda con ellos.
Este proyecto de ley va a permitir que los concejales dispongan de más iniciativas para someter materias a la consideración del concejo, en la medida en que no tengan incidencia presupuestaria; se amplían los permisos que los empleadores deben conceder a los trabajadores que se desempeñan como concejales, así como se advierte un gran fortalecimiento en la participación de estos mismos.
Se establece un plazo de 120 días, luego de su instalación, para que el concejo pueda disponer la contratación de auditorías externas cada vez que se inicia un ciclo alcaldicio. Esto es muy bueno para evaluar la situación financiera y despejar toda duda acerca de si hubo o no una mala administración anterior.
En materia de probidad administrativa, se establece una facultad para que la Contraloría General de la República intervenga en materias municipales; asimismo, se establece, la responsabilidad administrativa del alcalde, mediante la cual se podrá remover de su cargo por notable abandono de deberes o contravención grave al principio de probidad y se establecen sanciones administrativas de multa, censura o suspensión.
Todo lo anterior, nos presenta un escenario favorable y distinto respecto del que poseemos y nos entrega nuevas herramientas para estar seguros de que la administración de nuestras municipalidades va a ser óptima, con un mayor grado de transparencia y un rol fiscalizador en manos de un concejo mucho más potente, y que responde a las necesidades actuales.
Ahora bien, la otra cara de la moneda, lo negativo, es que simplemente se ha dejado de lado por parte del Ejecutivo una real preocupación por las remuneraciones de los concejales. El sueldo que reciben actualmente es tacaño y muy menor.
Hubo un acuerdo, al cual se refirió el diputado Ortiz , que se logró con el exministro del Interior , en cuanto a aumentar la dieta de los concejales en un 50; pero eso no se está cumpliendo. Por lo tanto, espero que el subsecretario de Desarrollo Regional , señor Flores, pueda dar una explicación al respecto y, por lo menos, podamos llegar al 50 por ciento de aumento de las remuneraciones de los concejales para aprobar este proyecto; de lo contrario, con esta patita coja va a ser muy difícil que podamos apoyar un proyecto que, si bien es cierto, busca mejorar la función del concejal ante las municipalidades, no mejora sus remuneraciones.
Lo que se quiere evitar es que debido a las bajas remuneración que reciben los concejales, puedan ser tentados por los viáticos. Incluso, muchas veces se les acusa de viajar mucho, pero si tuvieran una buena remuneración, a lo mejor se dedicarían completamente a su trabajo.
Otra falencia se encuentra en las plantas municipales. En algunas municipalidades pequeñas, rurales, las plantas son de tres, cuatro o cinco personas. Sin embargo, hay contratadas dieciocho personas a honorarios y diez a contrata. Por tanto, en este tipo de proyectos también se debe revisar todo lo relativo a las plantas municipales.
A mi parecer, hoy se ha dejado fuera o se ha intentado restar notoriedad, dentro de los beneficios que este proyecto trae consigo, el hecho de que aquí no se está cumpliendo con las promesas. El 50 por ciento de aumento de la remuneración de los concejales debe ser real. El Ejecutivo lo prometió y hoy no está cumpliendo. Por eso, solo daré mi apoyo al proyecto si trae consigo beneficios, pero falta un cambio radical e importantísimo, en cuanto a la necesidad de entregar a los concejales mayores remuneraciones. ¡Así de claro!
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza para plantear un asunto reglamentario.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , en este momento hay veinte colegas inscritos para intervenir y según el Reglamento no lo podrán hacer más de diez.
Creo que todas las bancadas tienen la intención de apoyar este proyecto y dar nuestros argumentos. Por eso, le ruego que solicite la anuencia de la Sala para reducir las intervenciones a cinco minutos.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, le ruego que de nuevo solicite la anuencia de la Sala para que las intervenciones sean de cinco minutos.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
No hay quorum para ello. Más tarde vamos a recabar la unanimidad de la Sala.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , ojalá pudiéramos hablar cinco minutos cada uno.
Quiero partir manifestando mi desagrado por la ausencia de los ministros que corresponde, porque este tema es muy importante para el país.
El primer lugar, debo decir que la ciudadanía, las personas más humildes, concurren a las municipalidades a resolver sus problemas. Por eso, deseo hacer presente mi preocupación por la compleja situación en que se encuentran los concejales a lo largo del país. Además, quiero rendirles un homenaje a los que trabajan en terreno en forma permanente, lo que hace que sean los primeros en recibir los problemas de la ciudadanía y sean capaces de detectar las complejidades, dificultades y también las cosas positivas que ocurren, pero que se deben estimular para concretarlas de mejor forma.
Como diputada, trabajo con muchos concejales y sé lo complicado que es la labor que a diario realizan. Cuando se dice que viajan mucho es porque muchos de ellos solo se dedican solo a ser concejales, y una forma de complementar lo que tiene que ver con su sueldo es aumentando su dieta.
Deseo plantear al subsecretario de Desarrollo Regional , don Miguel Flores , que aquí hubo un compromiso con los concejales del país. Lo señaló muy bien el diputado Ortiz hace un monumento. Y una de las cosas más importante es definir la función de los concejales. De esa manera, estaremos creando un equilibrio entre el alcalde, que es un pequeño rey al interior de los municipios, y el concejo, que es una organización conjunta elegida por el pueblo. Por lo tanto, les debemos entregar las atribuciones que corresponda para que puedan ejercer lo más importante de su función, de la misma forma que nosotros lo hacemos en la Cámara de Diputados, que es la fiscalización. Sin duda, tal fiscalización debe ir acompañada con el aumento de las atribuciones y, al mismo tiempo, de las remuneraciones.
Por eso hoy pregunto por qué hoy no se cumple la palabra del Ejecutivo en orden a entregar al menos el 50 por ciento de aumento en las remuneraciones a los concejales. No podemos otorgarles más atribuciones si no somos capaces de entregarles también más recursos para ejercerlas.
¿Qué daríamos nosotros para que de la misma forma que estamos aquí sentados con dedicación exclusiva, también ellos puedan tener dedicación exclusiva para ejercer un rol tan importante, como es representar a la ciudadanía en el concejo municipal y fiscalizar?
(Aplausos)
Quiero decir algo que es vital: los alcaldes hacen lo que quieren. Por tanto, si no ponemos cierto equilibrio en los poderes, la única que va a perder es la ciudadanía.
(Aplausos)
La educación y la salud están en manos de los alcaldes. Por eso, dependemos de la voluntad de ellos; de si quieren hacer las cosas o no; de si colocan a sus amigos en algún puesto o no.
La única forma de crear equilibrio es entregando poder al concejo municipal. Me alegro de que hoy pueda fiscalizar, pedir documentos a cada una de las unidades que les corresponde entregar información en forma casi criteriosa. Lamentablemente, por criterio, eso no ocurre. Por eso, debemos legislar respecto de esta materia. Sin embargo, si no va acompañada de presupuesto, los concejales se van a ir. Eso es lo que no queremos. Al contrario, deseamos retenerlos, porque, además, la complejidad de la función municipal necesita experiencia. Cuando uno entra a ser concejal, ¡por Dios que es difícil entender la complejidad de cómo funcionan las cosas!
Por eso, me comprometí con varios concejales -no nombraré a los de mi distrito, sino solo a uno del distrito de Teno-, a solicitar la aprobación de esta iniciativa con recursos.
También vamos a pedir votación separada del artículo 20, no sin antes escuchar del Ejecutivo una explicación razonable respecto de un compromiso que no se ha cumplido.
He dicho.
-Aplausos.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth para plantear un asunto reglamentario.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , el artículo 20 fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización; no fue reingresado como indicación a la Comisión de Hacienda, por lo tanto, no pudo ser rechazado. Pero, igualmente, habría sido rechazado.
Quiero saber, en consecuencia, si se procederá a votarlo. Si el Ejecutivo no ha repuesto la indicación, obviamente, no está.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Se debe votar el artículo 20 en la Sala, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , se debe votar el artículo 20 en la Sala y lo vamos a rechazar si no se incorpora la indicación con, al menos, el 50 por ciento de aumento de la dieta de los concejales.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , llegó la hora de una discusión franca y abierta respecto del verdadero rol que desempeñan los concejales y la retribución que deben recibir por el desempeño de sus funciones.
El 11 de agosto de 2010, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo que recoge la mayor parte de las estipulaciones establecidas en el este proyecto de ley. Fue suscrito por los diputados señores Ascencio , Farías , Sepúlveda , Vallespín , Espinoza, De Urresti , Silber , Ojeda, Jaramillo , entre otros. Esa fue la base y el inicio de la larga lucha por este proyecto de ley que se dio a conocer en el Congreso Nacional de Concejales, que se llevó a cabo en Osorno.
Estas modificaciones legales llegan en un momento límite para adecuar y modernizar el rol fiscalizador de los concejales.
Con este proyecto de ley se pretende -aunque no es todo lo que debe entregarse a los representantes populares- hacer una reforma o adecuación en sus funciones, conforme a la naturaleza de la institución.
Lamentamos la demora que ha tenido este proyecto en su tramitación. Fue presentado en la Cámara de Diputados el 7 de marzo de 2012, a las 8.40 horas. Pero hubo una sorpresa. En él se establecían normas que no tenían relación con los concejales, solo con temas como la transparencia y la probidad de las municipalidades; la creación de cargos y modificaciones de normas sobre el personal y las finanzas públicas. Se rompió el compromiso inicial del Gobierno de enviar un proyecto de ley exclusivo para los concejales, que había sido conversado y estaba consensuado. El tema de los funcionarios municipales no fue considerado en las conversaciones previas. En varias oportunidades, pedimos la separación de materias en proyectos diferentes a los que el Gobierno no accedió, y perdimos inútilmente un año.
Finalmente, rechazamos todo lo relacionado con los funcionarios municipales.
Hoy estamos en esta instancia para valorar la función del concejal y aprobar los artículos que en esencia son sus propias propuestas. Es necesario cambiar la estructura municipal para permitir que se fortalezca en sus funciones. Esperamos que no sea una mera figura decorativa ni que deba estar supeditado a las decisiones y caprichos del alcalde. Queremos que sea lo que realmente es.
Exigimos eficacia y mucho empeño en su función, pero también debe contar con los mecanismos y potestades suficientes para tener un buen desempeño. De lo contrario, no podremos exigirle más.
Queremos que el concejal pueda asumir bajo la coordinación del alcalde en igualdad de condiciones. Hemos establecido tareas de colaboración en la conducción administrativa municipal, pero de igual a igual con el alcalde.
Si el proyecto se convierte en ley, el concejal tendrá iniciativa y el alcalde podrá ser subrogado por el concejal más votado -una larga aspiración-; asimismo, tendrá mayor poder de fiscalización, porque podrá citar a una reunión del concejo a cualquier director de unidades municipales con el objeto de formularle preguntas y requerir información sobre materias propias de su competencia; los empleadores deben dar más tiempo al concejal, como permiso para asistir a las sesiones del concejo y a las comisiones de trabajo; debe contar con mayor dotación de medios de apoyo y útiles apropiados para desarrollar debida y adecuadamente las funciones y atribuciones que la ley le confiere.
Queremos que los cursos de capacitación y de perfeccionamiento, que propusimos como indicación al proyecto de ley y que fue rechazada, como también los seminarios, sean pagados por el municipio. Es justo y lógico.
Los concejales son, en esencia, auténticos líderes comunitarios que representan a sus vecinos a lo largo y ancho del país y trabajan con la gente en forma más directa con un profundo sentido de preferencia y entrega. Son ellos los que están más cerca de la gente y ven más directamente sus problemas cotidianos. La gente llega primero a ellos y ellos llegan primero a la gente. Eso les significa tiempo, gastos y largas distancias, lo que no está reflejado en una remuneración o compensación.
Señor Presidente , el Gobierno se comprometió, a enviar un proyecto con las estipulaciones o disposiciones que he señalado y prometió un cincuenta por ciento de aumento de la dieta de los concejales. Es un compromiso de Estado; pero el Gobierno solo ha otorgado entre el 20 y el 21 por ciento, lo que no es suficiente; es nada. Si queremos un concejal que cumpla eficientemente y realice en plenitud su trabajo, debemos entregarle una dieta acorde. Puede que él igual haga su trabajo, porque tiene una vocación y un profundo espíritu de servicio; quizá no pida nada y siga trabajando con esfuerzo y sacrificio por la vocación que siente. Pero el Estado no puede permitir que un representante de la gente en una función pública tan relevante no disponga de los recursos suficientes y no pueda desempeñar su labor como él quiere, porque es una acción del Estado y debe asumir el gasto. El Estado tiene la responsabilidad de fortalecer las instituciones y los organismos públicos. Eso pasa por entregar mayores atribuciones a los concejales y garantizar la eficiencia de sus funciones con los recursos financieros que el Estado está obligado a suministrar. De no ser así, estamos en una situación intrascendente, en una solución de parche, en un verdadero brochazo y en una aplicación meramente cosmética. Si hay mayores atribuciones, hay mayores esfuerzos, costo y tiempo de trabajo. Y eso debe significar mayores recursos, acorde con las nuevas atribuciones.
Hoy el municipio representa la puerta de entrada de millones de ciudadanos a la atención del Estado. El municipio es educación, servicios sociales y comunitarios, por eso, es vital la participación del concejal.
Tenemos una experiencia acumulada de veintiún años de gestión democrática de los municipios y el tiempo nos demuestra que se requiere un fortalecimiento de la acción municipal como una manera de contribuir a la descentralización. Tiempo suficiente para impulsar reformas para seguir modificando y fortaleciendo el rol de los concejales en las comunas, entregándoles una función, potestades o roles acordes con la representación y demandas de participación que la comunidad les exige de manera creciente.
Señor Presidente , si hablamos de modernización del Estado, aquí está el punto esencial para adecuar, modernizar y establecer las funciones para que el servicio público sea eficiente y pueda responder a las necesidades y requerimientos de la gente.
El municipio es la puerta de entrada de la comunidad, de la gente y de los problemas, y por tanto, debe estar dotado de los instrumentos, mecanismos, procedimientos y recursos suficientes para que su trabajo pueda resultar de manera eficiente.
Envío un saludo a todos los concejales. Este proyecto de ley es de justicia y, por tanto, debemos aprobarlo en su totalidad.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a los concejales que se encuentran en las tribunas, quienes con esfuerzo y sacrificio han llegado hasta nuestro Congreso Nacional.
Lamento la ausencia de los ministros al abordar este proyecto de ley de tanta importancia. Bien podríamos haber postergado su tramitación por eso, ya que deberían estar aquí representando al Ejecutivo para dar respuesta a las inquietudes que tiene el Congreso en materias que están pendientes. Se trata de compromisos que no se cumplen. Es habitual que durante la campaña o en el transcurso del gobierno se suscriban compromisos y no se cumplan. Ha sucedido durante la época de campaña con los profesores, quienes reclaman la deuda histórica; con los reservistas patrióticos de Chile, respecto de los cuales también hay un compromiso que no se ha cumplido. Y, ahora, con este cuerpo de concejales del país, que cumplen con una labor fundamental en cada una de sus comunas, algunas de las cuales son muy extensas y otras rurales. Ellos deben trasladarse de un punto a otro para conocer los problemas de la comunidad, por lo que fácilmente gastan mucho más de lo que reciben como dieta y, por consiguiente, realizan un tremendo sacrificio en cada una de las comunas del país. Me consta lo que hacen, pues son ellos quienes muchas veces llevan al concejo las inquietudes de los distintos sectores, de las juntas de vecinos, de los centros de padres y de adultos mayores, etcétera, para ir dando solución a los problemas de los habitantes de sus respectivas comunidades. La labor de nuestros concejales a lo largo del país, cualquiera sea su color político, es fundamental y debemos considerarla así, con el debido respeto que se merecen.
Por eso, quiero saludar al subsecretario de Desarrollo Regional, señor Miguel Flores. Pero, lamento la ausencia del ministro del Interior, quien debería haber estado presente para escuchar la discusión de un proyecto de tanta importancia.
Sin duda, los diputados radicales reclamamos amargamente que no se haya cumplido con el compromiso de aumentar la dieta de los concejales a lo menos en un 50 por ciento, puesto que su gasto mensual es bastante elevado.
En este caso, se entregarán mayores prerrogativas, por cuanto el proyecto perfecciona el rol fiscalizador del concejo y de los concejales; fortalece la transparencia y la probidad en cada uno de los municipios y modifica normas del personal de finanzas y de otros cargos de importancia. Es fundamental que la gente que ocupa esos cargos tenga la tranquilidad que corresponde a lo largo del tiempo, por cuanto, indudablemente, son cargos que no pueden estar sujetos a modificaciones cada cuatro años cuando asume un nuevo alcalde y decide hacer el cambio correspondiente en cada una de las altas funciones que están realizando los funcionarios, muchos de los cuales han hecho una larga carrera en el municipio. Salvo que ellos no estén cumpliendo bien sus funciones, se establecerán medidas administrativas y se instruirán sumarios e investigaciones sumarias para determinar sus faltas y proceder al cambio respectivo. Para eso, debemos dar estabilidad y tener los mejores funcionarios en cada uno de los municipios para hacer una buena gestión, para utilizar mejor los recursos y para que realmente haya una preocupación cada vez mayor por la comunidad.
Por lo tanto, los radicales vamos a aprobar el proyecto, pero lamentamos profundamente que no se haya hecho en esta etapa de su tramitación; esperamos que el Ejecutivo envíe un proyecto adicional dentro de las próximas semanas, antes de que sea demasiado tarde, para que la dieta de los concejales sea aumentada, a lo menos, en un 50 por ciento, porque es de toda justicia.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA .-
Señor Presidente , pido que recabe el acuerdo unánime de la Sala para que cada señor diputado pueda intervenir por un máximo de 5 minutos cada uno.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
No hay qourum.
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.-
Señor Presidente , analizar y discutir este tipo de proyectos va de la mano con lo que necesitan los gobiernos comunales, que son la instancia en que el Estado se hace presente en la solución de los problemas, sobre todo de aquellas ciudades más pequeñas, como las que el diputado Ward representa en esta Cámara. Se trata de localidades que buscan, por ejemplo, aumentar su calidad de vida y los kilómetros pavimentados, como asimismo mejorar sus redes de alcantarillado y de agua potable y, por ende, su calidad de vida.
En ese sentido, quiero saludar al subsecretario de Desarrollo Regional , señor Miguel Flores , quien se la ha jugado en términos legislativos para modernizar el sistema de descentralización comunal en nuestro país y porque el Fondo Nacional de Desarrollo Regional aumente de manera importante en cada Ley de Presupuestos. Hemos visto cómo se la ha jugado este Gobierno porque los gobiernos regionales dispongan de mayores recursos para incentivar los gobiernos comunales. De manera que destaco la labor del subsecretario Flores.
Asimismo, quiero llamar la atención del subsecretario, en el sentido de que haga un esfuerzo para darse cuenta de la situación que están viviendo nuestros concejales. Sé que está la posibilidad -y se lo pido formalmente- de que el Senado insista en aumentar en a lo menos un 50 por ciento la dieta de los concejales, pues ellos son los representantes naturales de la ciudadanía en el gobierno comunal y nosotros los representantes en el Congreso Nacional. Por lo tanto, necesitamos que ellos tengan un trabajo como corresponde, que va de la mano de un reconocimiento a través de una dieta razonable.
Nosotros celebramos este proyecto, porque busca el fortalecimiento del rol del concejo municipal y de sus integrantes, los concejales. A modo de ejemplo, ellos pueden proponer iniciativas para someter a la consideración del concejo, pero deben ser materias que no tengan incidencia presupuestaria, muy similar a lo que nos sucede a los parlamentarios en cuanto a las materias que son de iniciativa legislativa.
Sin embargo, creemos que el desarrollo de las ciudades y las comunas va de la mano no solo de la administración y la responsabilidad del alcalde como máxima autoridad, como una especie de poder ejecutivo dentro de la comuna, sino que también queremos ver un rol más activo, participativo e incentivado de parte de los concejales.
El distrito que represento tiene diez concejales en su concejo municipal, con una alta representatividad. No obstante, nos gustaría que fueran más participativos, para que su participación vaya de la mano con el reconocimiento.
Por lo tanto, insisto en el llamado que, con mucho respeto, formulo al subsecretario Flores. Asimismo, hago un llamado para que el proyecto vaya de la mano con la modernización y la actualización.
Por lo expuesto, votaré a favor de esta iniciativa.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
Pido que recabe nuevamente el asentimiento de la Sala para que cada diputado pueda intervenir por un máximo de cinco minutos.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor DELMASTRO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente , no tenemos ningún inconveniente; sin embargo, puede citar a Reunión de Comités para ordenar más el debate.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Quedan más de veinte diputados inscritos para intervenir.
¿Habría acuerdo unánime para reducir los discursos a cinco minutos por cada diputado ?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo a los concejales que se encuentran en las tribunas, especialmente a los de la Cuarta Región, que han venido hasta aquí en representación de todos los concejales de Chile.
En segundo término, lamento que no esté presente el ministro del Interior y Seguridad Pública . Si bien este proyecto lo ha llevado adelante íntegramente el subsecretario Flores, quien se encuentra presente en la Sala en este momento, no es menos cierto que el debate del proyecto que se efectuó la semana pasada se suspendió justamente para darnos un tiempo adecuado para que el Ejecutivo repusiera una indicación distinta a la que ha fracasado en las Comisiones de Gobierno Interior y Regionalización, y de Hacienda. En ambas, la indicación del Ejecutivo respecto de la dieta de los concejales fue rechazada prácticamente por unanimidad.
En la actualidad, los concejales tienen un tramo de dieta de entre 6 y 12 UTM. El Ejecutivo propuso subir el primer tramo de 6 a 7,3 UTM, y el segundo, de 12 a 14,7 UTM. Eso ha sido considerado, transversalmente, a través del trabajo de sus comisiones, como absolutamente insuficiente para el objetivo que queremos alcanzar, cual es que, en definitiva, el concejo municipal disponga de nuevas herramientas para fiscalizar y fortalezca su rol. Le dimos nuevas atribuciones y funciones, pero no nos acordamos de su dieta. Dentro del aparato del Estado, quizás el concejo municipal y los municipios son la última instancia y la más directa de trabajo con la gente; sin embargo, para cumplir con su labor, no cuentan con muchas herramientas. Este proyecto intenta corregir esa situación.
Hoy, vamos a lograr algunas cosas; pero nos olvidamos que muchos concejales dedican el ciento por ciento de su labor justamente a realizar esta tarea. Muchos concejales viven de esa dieta para cumplir con variadas responsabilidades en sus comunidades. Me consta que muchos de ellos pasan serios problemas en el mes para poder cumplir con su familia. En el país, no hay concejal que no esté dedicado a su tarea y que no tenga que cumplir con alguna organización social.
Entonces, subsecretario Flores -por su intermedio, señor Presidente -, nos habíamos hecho expectativas de que usted iba a traer una nueva propuesta a esta Cámara para que hoy tuviésemos un resultado, ojalá satisfactorio, para los concejales de Chile.
El año pasado, en un congreso nacional, los concejales del país rugieron muy fuerte para que se sacara la ley que fortalece el trabajo que ellos realizan, y uno de los puntos que pedían era justamente mejorar la dieta. Hubo un compromiso, que no fue cumplido, porque hoy los concejales comienzan un nuevo congreso nacional en la ciudad de La Serena y aún no hay resultados.
Por esa razón, lamentamos que el subsecretario venga con las manos vacías. No contamos con la anuencia del Presidente de la República y no podemos encontrar al ministro del Inte-rior y Seguridad Pública; por lo tanto, hoy no habrá nuevas propuestas. Y si no vamos a tener propuestas -lo dicen las bancadas de gobierno y de la Oposición-, si el subsecretario insiste en la indicación anterior, vamos a tener que rechazarla, pero es lamentable que en un evento nacional, donde el gobierno podría dar cuenta de este nuevo proyecto que fortalece la función del concejo y la institucionalidad municipal, en términos de probidad, de crear nuevos cargos, etcétera -es decir, una iniciativa interesante para el mundo municipal-, no tengamos respuesta a esas inquietudes. Eso es lamentable, porque el Congreso Nacional dio tiempo suficiente para que el Gobierno planteara una nueva propuesta.
Por lo tanto, anunciamos nuestro voto en contra del numeral 20).
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana.
El señor SANTANA.-
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda discutimos ampliamente este proyecto y recibimos a las señoras y señores concejales que representan a este cuerpo colegiado.
Sin lugar a dudas, la búsqueda del fortalecimiento de la labor del concejo municipal como también el de su probidad son temas que van en la línea correcta. Quienes participamos en política entendemos perfectamente la labor de los concejales, de su esfuerzo y sacrificio para poder ejercerla de la mejor manera posible, pero donde no necesariamente los recursos están a su disposición para alcanzar ese objetivo.
Por otro lado, sabemos que a las señoras y señores concejales se les exige tomar posiciones más fiscalizadoras y adoptar decisiones respecto de materias que no son parte de su competencia. Por eso, valoramos este proyecto y el esfuerzo del subsecretario Miguel Flores al respecto, porque conocemos su compromiso por sacar adelante esta iniciativa. Creemos que, cuando se habla de fortalecimiento de la labor del concejo municipal, es fundamental que las señoras y señores concejales estén empoderados, tengan la capacidad de tomar decisiones y cuenten con las atribuciones correspondientes para ejercer un rol mucho más fiscalizador.
Creo que los señores parlamentarios que me han antecedido ya han hecho un enunciado asertivo de este proyecto y me sumo a la opinión de que existe cierto déficit del proyecto en relación con la dieta de los concejales y con su capacitación. Estimamos que para poder exigir también debemos entregar los elementos posibles, de manera que esa exigencia tenga buen propósito.
En ese sentido, la aspiración de la Comisión Nacional de Concejales está consensuada con las distintas comisiones donde han participado y nosotros entendemos la justicia y el derecho de que la dieta se incremente en un 50 por ciento adicional, por una parte, y que no existan factores discriminatorios o diferenciadores entre los concejales del país.
Apoyo el proyecto y quedo a la espera de que la capacitación de los concejales sea materia por resolver, como también el tema de la dieta.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , volvemos a lo mismo de siempre. ¡Cuántos años y cuántas oportunidades tuvo el Gobierno de dar un mejor ánimo a quienes representan a la gente!
Este proyecto fue esperado largamente por todos aquellos que se desempeñan como concejales y concejalas, porque, originalmente, se pensaba en una iniciativa que aumentara las facultades fiscalizadoras del concejo y la dieta de cada concejal por su asistencia a las reuniones. Sin embargo, al estudiar el proyecto, se pensó que iba a ser de fácil tramitación y que su despacho sería rápido, en forma muy fácil. Pero al final se enredo, debido a que en su texto se incorporaron normas relativas a la alta dirección pública municipal. No es que esté en desacuerdo con aquello; pero no es lo esperado ni lo anhelado por los concejos municipales, por aquellos que en un momento decidieron que iban a servir a sus comunas. La respuesta para ese buen servicio -hay que decirlo- no ha llegado nunca.
Por lo tanto, los gremios del sector dijeron que había molestia de parte de sus afiliados. Los distintos gremios provocaron protestas a nivel nacional, reclamos, amenazas de paro, todo lo cual, en definitiva, entrampó el proyecto -o los proyectos- y se tardó más de lo necesario, hasta hoy. Hay que señalar que el destrabamiento se logró gracias a que el Gobierno aceptó que se rechazaran las disposiciones relativas a la alta dirección pública y que, en definitiva, solo quedaran las relativas a las facultades fiscalizadoras del concejo, que eran muy escasas, y a la dieta mínima de los concejales.
El proyecto consigna materias muy importantes, como la ampliación de los permisos en los empleos de los concejales; la incompatibilidad para ser candidato a los parientes cercanos del alcalde; la posibilidad de destituir al alcalde por el no pago de cotizaciones previsionales, algo recurrente en algunas comunas de este país, en especial en una del distrito que represento en el sur de Chile, donde se abuso con las cotizaciones previsionales, y dotar a los concejales de medios suficientes para desarrollar su función. ¿A qué se refiere esto? A los medios económicos.
En fin, esta serie de materias de tanta importancia permitirán un mejor ejercicio de la facultad fiscalizadora del concejo, para bien de la ciudadanía, para bien de la comuna que representan. Hasta aquí -diría yo-, bien por los concejales.
No obstante lo señalado, hay un punto de gran importancia para ellos que durante la discusión no quedó zanjado. Es más, fue rechazado en la Comisión de Hacienda. Me refiero al aumento de la dieta de los concejales. La propuesta contemplaba un incremento económico mínimo, pero no fue aceptada por el Gobierno, representado en la Sala. Por lo mismo, cuando presentamos la indicación, el Presidente de la Comisión de Hacienda la declaró inadmisible. Es curiosa esa inadmisibilidad, porque no he escuchado ningún discurso en contra de lo que proponía. Entonces, me pregunto: ¿sobre qué materias legislativas tenemos atribuciones? No podemos presentar ninguna moción, aunque cuente con el apoyo unánime de los diputados, que considere el mejor servicio de los concejales de la nación. ¡Qué curioso!
La dieta de los concejales permanece invariable. A mi juicio, el Ejecutivo debe reponer la indicación que incluya un aumento, para así despachar un proyecto que respete a los concejales, que les entregue mayores atribuciones y recursos para los siempre minusvalorados concejos. De una vez por todas, démosles el rango de verdadera autoridad que les corresponde. La ciudadanía los considera muy bien remunerados, porque les piden constante ayuda, no solo respecto de trámites, sino también económica, al igual que a los parlamentarios. Los concejales son las autoridades comunales que siempre están a la mano. Entonces, ratifiquémoslas, a través de este proyecto, en el sitial que les corresponde.
Votaré a favor del proyecto y en contra del numeral 20).
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo a los concejales que nos acompañan desde las tribunas, que se reunirán en La Serena en los próximos días.
Tengo el privilegio de haber sido alcalde durante muchos años en tres comunas de mi Región de Aysén: Chile Chico, Cochrane y Coyhaique. En ese entonces, sentí muy de cerca la urgencia y la necesidad de perfeccionar, de mejorar y de introducir los cambios necesarios para situar a los municipios en el rol que les corresponde a un organismo tan importante.
Hoy se habla mucho de regionalización y se cree que con la elección de los consejeros regionales vamos a potenciar, valorar y respaldar la gestión de los gobiernos regionales. Pero créanme que no será así. La verdadera descentralización y la verdadera regionalización las lograremos cuando las regiones tengan la fuerza y el poder para tomar sus decisiones en la gestión de intereses propios, con los debidos resguardos de un marco regulatorio que les dé esa autonomía que tanto necesitan las regiones, para servir de contrapeso, con una muy buena ley de regionalización, a ese exacerbado y asfixiante centralismo de nuestro país.
En ese proceso de regionalización, en el último tiempo ha quedado en segunda instancia un aspecto que, a mi juicio, es fundamental: no habrá nunca una verdadera regionalización mientras no seamos capaces de entregar a los municipios un adecuado marco regulatorio que les permita desarrollar en plenitud la trascedente, importante y relevante labor que ejercen en la administración de los gobiernos comunales. En ese contexto, el proyecto va en la dirección correcta.
Saludo al subsecretario de Desarrollo Regional y, además, excuso la ausencia del ministro . Todos los parlamentarios sabemos que, cuando tenemos que plantear temas relacionados con los gobiernos regionales y los municipios, nos dirigimos al subsecretario de Desarrollo Regional . Me alegra que, por primera vez, se haya accedido a que el subsecretario Miguel Flores esté presente en la Sala, dado que es el interlocutor válido para el análisis de iniciativas legislativas que afectan a los gobiernos comunales. Siempre vemos el vaso medio vacío, en lugar de ver el vaso medio lleno.
En este contexto, el proyecto contempla avances sustantivos, toda vez que perfecciona el importante y trascendente rol fiscalizador de los concejales. Los municipios, por razones por todos conocidas, no gozan del concepto colectivo que nuestro país tiene de los organismos de alta transparencia. Este es un tema que hay que corregir. No por las omisiones y los errores de unos pocos, la inmensa mayoría de los municipios, que despliegan su labor con tanta abnegación, y los concejales, que se entregan con tanta dedicación a su trabajo, se van a ver vinculados a situaciones de organismos que, obviamente, es necesario transparentar.
Las facultades de fiscalización que se entregan a los concejales apuntan directamente a resolver esas materias, que son tan importantes, para asegurarles el verdadero rol de entes fiscalizadores. Entre las facultades que se otorgan a los concejales, el proyecto consulta que podrán requerir, con acuerdo de un tercio de los miembros, la comparecencia de los directores de unidades municipales. Además, fija normas que permiten al concejo contratar audito-ría externa al inicio de cada período alcaldicio, y establece la prestación de servicios básicos mínimos, para que los concejales ejerzan con dignidad la función que las comunidades les encomiendan en cada elección.
Con todo, hay materias que merecen algunas acotaciones. Cuando se define el notable abandono de deberes, ¿qué se entiende cuando se dice: “…cuando el alcalde, en forma reiterada, no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales” de los funcionarios y de los servicios incorporados a la gestión? Habrá que especificar en algún minuto la expresión “en forma reiterada”. Aquí quiero hacer una salvedad, porque en la causal de notable abandono de deberes se establece el no pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los servicios incorporados a la gestión municipal, amparados en el decreto con fuerza de ley N° Nº 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior. Hasta ahí la redacción nos parece bien. Antes de seguir, le pido a la Mesa que recabe la unanimidad de la Sala para presentar una indicación a esta norma, ya que no solamente hay servicios traspasados, sino que también hay servicios incorporados a la gestión, como los jardines vía transferencia de fondos (VTF). A mi juicio, hay que hacer referencia a estos servicios.
En síntesis, y aunque haremos reserva del numeral 20), que afecta la dieta de los concejales, el proyecto resulta ser un avance significativo, toda vez que dignifica la gestión municipal.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , durante todo el debate se ha puesto particular énfasis en la importancia que tienen los municipios en la gestión local, en la lógica de transformarlos desde administraciones locales a gobiernos locales. Esa es una larga demanda que iniciamos, por primera vez, después del restablecimiento de la democracia, cuando se constituyeron los municipios con alcaldes y concejos municipales elegidos democráticamente. Soy parte de esa generación de alcaldes que asumió en 1992.
En relación con el proyecto, quiero hacer referencia a un tema en particular. Me refiero al artículo 1°, número 8), letra b), que señala que “Se entenderá, asimismo, que se configura un notable abandono de deberes cuando el alcalde, en forma reiterada, no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales…” de los trabajadores del sistema municipal y de los servicios de educación y de salud.
Ha habido algunos cuestionamientos de parte de quienes estiman que se trataría de una sanción exageradamente rigurosa para un incumplimiento que no es de la misma entidad.
Me parece que es importantísimo mantener esa norma, porque cuando se elaboran los presupuestos municipales, de educación, de salud y un pequeño presupuesto que corresponde a los cementerios, desde el primer día en que se comienza a ejecutar el presupuesto están definidos los recursos que se destinarán hasta el 31 de diciembre del año en curso para el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales.
Entonces, los alcaldes, a través de modificaciones presupuestarias aprobadas por los concejos municipales, sacan recursos de esas partidas del presupuesto, que corresponden al pago de las cotizaciones previsionales, que representa aproximadamente entre el 19 y 20 por ciento del total del gasto en personal. Eso puede ser considerado como un delito, el de apropiación indebida.
Sin embargo, aunque es importante mantener esta norma -lo he conversado con el señor subsecretario de Desarrollo Regional durante la sesión-, falta algo más, que hemos analizado con el diputado Aldo Cornejo , cual es imponer al alcalde la obligación de informar, a lo menos trimestralmente, acerca del estado de declaración y pago de las cotizaciones previsionales del personal que se señala en el artículo 1°, número 8), letra b), ya que es la única manera de que el concejo pueda enterarse si el alcalde está cumpliendo o no con la obligación de cotizar y pagar las cotizaciones previsionales. El señor subsecretario de Desarrollo Regional ha manifestado su conformidad con esa indicación.
En consecuencia, señor Presidente , junto con pedir votación separada de esa norma, le pido que solicite la unanimidad de la Sala para incorporar la indicación, ya que dice relación con un proyecto que se está tramitando con suma urgencia. Además, tenemos la anuencia del Gobierno para incorporar dicha modificación, que agrega la obligación a los alcaldes a rendir cuenta al concejo trimestralmente, como he señalado, respecto del estado de declaración y pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores del sistema municipal propiamente tal y de los adscritos a los servicios de educación y de salud.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente , a propósito del debate de la legislación sobre las competencias de los concejales y de lo que se denomina gobierno comunal, de nuevo hemos desaprovechado una oportunidad para haber realizado una reforma más integral, que transformase de verdad a ese cuerpo electo por la soberanía ciudadana -me refiero a los alcaldes y a los concejales- en un real gobierno comunal; pero para eso se necesita establecer las competencias respecto del rol del alcalde y de los concejales, tanto las que tengan como concejo y las que deban aplicar como representantes individuales de esa soberanía ciudadana.
Señalo lo anterior porque considero que mientras más se fortalece la gestión real de los llamados gobiernos comunales, que es la instancia del Estado más cercana a la base ciudadana, más se profundiza la democracia en una sociedad; mientras más cerca está el poder de los ciudadanos y mientras los ciudadanos puedan influir más a través de sus representantes, más democrático es el ejercicio. Si ello es así, al descentralizar decisiones estamos potenciando todos los eslóganes de regionalización y descentralización como un dato real y palpable por quienes ejercen los cargos y, sobre todo, por parte de los ciudadanos.
¡Qué duda cabe de que el concejal se transforma, en la práctica, en el representante institucional más próximo al vecino, ya sea que esté vinculado a un sindicato, a una junta de vecinos, a un centro temático, etcétera!
Cuando hay una adversidad, cuando algo es arbitrario o desconocido, ¿a quién acude ese vecino? Al concejal que eligió o al que tiene cerca. Es decir, en la práctica, no hay una función de representación ciudadana que necesite más vocación y menos horarios restrictivos para ejercer la tarea, porque el concejal estará a las 2 de la mañana o las 2 de la tarde para responder las peticiones que le haga la vecindad que representa.
Sin embargo, no permitimos que esa función se profesionalice, desde el punto de vista de la dedicación, cuando no accedemos a una legítima petición de aumento de las dietas que ellos reciben, para que puedan dedicarse de verdad a esa función. Se dice que pueden ejercer su otra tarea profesional, cualquiera sea. Sí, es probable; pero tienen que hacer horas extra cuando la vecindad quiere ser escuchada, y de eso nadie se hace cargo.
Entonces, me parece que se ha perdido una posibilidad de solidificar mucho más esa instancia, con concejales que tengan mayor dedicación porque cuentan con una dieta mejor. Creo que no se ha escuchado, se ha hecho oídos sordos y se ha tratado como una mera reivindicación gremial en que uno pide algo y la contraparte ofrece lo mínimo; pero, al final, se ponen de acuerdo en un punto intermedio. A quienes nos toca consolidar ese espacio, esa instancia, debemos tener una visión de Estado sobre la materia.
Por otra parte, esto favorece todas las atribuciones que tienen los alcaldes. No obstante, si uno hace una comparación entre la discrecionalidad con que puede actuar un alcalde y la que puede utilizar el Presidente de la República , termina concluyendo que la discrecionalidad con que puede actuar el alcalde es mucho mayor en su ámbito, porque tiene menos contrapeso colectivo por parte de los concejales, tanto por sus competencias como también por las limitadas posibilidades de que los concejales se dediquen a tiempo completo a su función.
Puede parecer contradictorio para algunos que quiera que el Estado permita más dedicación de los concejales, con el tema simbólico de la licencia de enseñanza media.
Para ningún concejal será difícil cumplir con el requisito de la licencia de enseñanza media, pero también quiero reivindicar a los vecinos autodidactas, que tienen sapiencia, capacitación, sabiduría y son grandes servidores de la comunidad, independientemente de sus estudios formales y de lo que estipula un certificado de estudios.
La idea de avanzar en estas materias va a contar con nuestro respaldo, pero no la disposición que niega la posibilidad de acceder a una dieta más digna para el trabajo que desarrollan los concejales por la comunidad y en nombre del Estado.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente , en las elecciones municipales de octubre del año pasado se eligieron 2.224 concejales a lo largo de todo el país.
Sin duda, como siempre lo he sostenido, se trata de uno de los cargos de representación popular más importantes para la organización y la articulación de nuestra sociedad.
Por eso, en lo personal, siempre me he preocupado de las herramientas que la ley y el Estado les entregan a los concejales para cumplir de la mejor forma posible su relevante rol. De hecho, el 18 de abril de 2012, intervine en esta tribuna y solicité enviar un oficio al Presidente de la República para manifestarle la necesidad de entregarles mayores atribuciones a los concejales y concejalas, que constituyen requisitos indispensables si queremos tener en las comunas una mejor política vinculada a la ciudadanía, a las necesidades de la gente y al trabajo bien desarrollado en terreno.
En esa intervención señalé, entre otras cosas, que consideraba inaudito que los concejales, por ejemplo, no pudiesen ocupar los vehículos municipales para cumplir su función, a pesar de que también son elegidos por el pueblo, por el simple hecho de no ser funcionarios públicos.
Asimismo, hablé de la falta de previsión social para quienes cumplen ese rol y de los montos mínimos que deberían percibir para garantizar el buen desempeño de su función, sobre todo si se considera que, en muchos casos, los concejales que hacen la pega reintegran -por así decirlo- parte de la dieta que perciben a través de los aportes que realizan a diversas personas e instituciones de sus respectivas comunas.
(Aplausos en las tribunas)
Por ello, nos alegró sobremanera la respuesta que en aquel entonces nos entregó, en nombre del Presidente de la República , el entonces ministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Hinzpeter , quien señaló que el proyecto ingresado por el Ejecutivo -el que hoy discutimos- recogería parte importante de los asuntos planteados.
Efectivamente, el texto legal, que votaremos hoy, considera materias tan importantes como la subrogancia del alcalde, la capacidad de representar protocolarmente a la municipalidad en ausencia del alcalde, la posibilidad de que los ediles presenten iniciativas que no tengan incidencia presupuestaria, la obligación de dotar al concejo de los apoyos suficientes para que puedan desarrollar sus funciones, entre otras materias.
El proyecto también establece la incompatibilidad entre el cargo de concejal y el de funcionario de la misma municipalidad o de las corporaciones en que esta participe. Asimismo, dispone inhabilidades, como manifestaron aquí los colegas y respecto de lo cual se ha hablado mucho.
Adicionalmente, la propuesta del Ejecutivo plantea la creación de un sistema de Alta Dirección Pública Municipal.
Y esto último lo quiero destacar en los pocos minutos de que dispongo, ya que el proyecto agrega un artículo, aunque su contenido no tiene que ver directamente con la labor de los concejales, que define como causal de notable abandono de deberes alcaldicios el no pago oportuno y reiterado de cotizaciones previsionales correspondientes a funcionarios municipales o trabajadores de los servicios traspasados, lo cual me parece muy bien, porque hoy en muchos municipios está ocurriendo eso y los alcaldes tienen una alta responsabilidad al respecto. Ello ocurre en algunas comunas de mi distrito, y eso lo digo con mucha responsabilidad.
En definitiva, se trata de un conjunto de iniciativas que van en la dirección correcta, cual es fortalecer la labor de los actuales administraciones comunales, buscando su desarrollo constante, en la idea de convertirlas en verdaderos gobiernos comunales donde los alcaldes dejen de reinar sin contrapeso, reproduciendo el sistema monárquico presidencial de nuestro sistema político, para someterse a una verdadera fiscalización de los concejos municipales y, lo que es más importante, buscar abrir cada vez más una mayor participación de la ciudadanía, que quiere opinar e incidir, no solo electoralmente, en el futuro de su comuna y territorio.
En el breve tiempo que me queda, también quiero destacar -es conveniente hacerlo- la labor que ha realizado el subsecretario Flores, quien desde su cargo ha tenido la muy buena intención de mejorar esta iniciativa legal. Pero consideramos realmente lamentable que el Ejecutivo , en particular el Presidente de la República , no acoja una petición que, como lo señaló el diputado Ortiz , no le va a significar mayor gasto al erario nacional, sino solo a los propios municipios, para solventar el aumento de 50 por ciento de la dieta de los concejales, tal como se comprometió. Los compromisos son para cumplirlos. Y hay una serie de compromisos de este gobierno que, lamentablemente, no se han cumplido, no solo respecto de esta materia, sino también sobre los asistentes de la educación, las manipuladoras de alimentos y con otros actores de la sociedad. De hecho, hoy, el Servicio de Registro Civil e Identificación se encuentra en un paro relacionado con acuerdos no cumplidos; viene el paro del Servicio Nacional de Aduanas, y la paralización de nuestros puertos puede significar gastos millonarios al Estado, etcétera, porque no se cumplen los compromisos firmados con la mano.
Hago un llamado al Ejecutivo a mejorar la situación y lleguemos al 50 por ciento de aumento de la dieta de los concejales, para que puedan cumplir bien su labor y atiendan a la comunidad en el tiempo debido y como corresponde, lo que dará mayores oportunidades a la ciudadanía. Con la dieta que hoy perciben, obviamente, es imposible que ello ocurra.
Finalmente, anuncio que los diputados socialistas votaremos a favor el proyecto en general, pero absolutamente en contra del N° 20) del artículo 1°, que estipula un exiguo aumento que no corresponde a los compromisos que se habían suscrito.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, en este debate se ha reiterado la importancia del presente proyecto, tesis que también suscribo.
Nuestros anhelos de regionalización, o de mayor descentralización, no son solo una consigna o un discurso, como lo han señalado algunos colegas, sino un deseo genuino, porque son necesarias por avanzar en el desarrollo del país.
Este proyecto apunta en la dirección correcta, porque, en términos generales y en el conjunto de sus normas, constituye un paso adelante para que los gobiernos comunales, las municipalidades, estén dotadas de normas de mayor competencia y autonomía, elementos muy fundamentales para avanzar en el proceso de descentralización. Y para conseguir más competencia, más autonomía y avanzar en la descentralización se requiere dar pasos en materias como mayor transparencia y probidad. Y esta iniciativa lo hace, tanto para los funcionarios municipales como también para las autoridades que ejercen cargos de elección popular, como el alcalde, quien claramente tendrá mayores exigencias si se hace efectiva su responsabilidad administrativa, que en la ley actual es bastante menos exigente.
El proyecto define legalmente el concepto de “notable abandono de deberes”; además, contiene normas clarísimas que aumentan la transparencia y la probidad, que es una exigencia que hace la comunidad para que los gobiernos comunales puedan ejercer una función de mayor competencia y autonomía.
También con la iniciativa se mejora la gestión municipal mediante el establecimiento de normas que así lo posibilitan.
Muchos diputados han reiterado que los alcaldes, los concejales, la municipalidad, es el ente institucional público que se halla más cerca de la gente, que es, probablemente, el primer lugar al que llegan los ciudadanos a pedir alguna solución o a formular algún requerimiento para mejorar las condiciones de sus comunidades. De eso no cabe ninguna duda y, por lo tanto, mejorar la gestión de la municipalidad es fundamental. Los vecinos quieren que la municipalidad sea más eficiente, más rápida, más eficaz en resolver sus problemas, y esta iniciativa contiene un conjunto de normas que posibilitan que las municipalidades tengan una gestión de mayor calidad.
Una cuestión muy fundamental, en lo que el proyecto también contribuye, es que si queremos tener mayor autonomía y más descentralización, también debemos tener más fiscalización y normas que den garantías a la comunidad de que lo que se gestione en el municipio será bajo una normativa de fiscalización y control mucho más rigurosa.
¿Quiénes, finalmente, ejercen el rol de fiscalización? En la función municipal, lo ejercen fundamentalmente los concejales. Y aquí hay que considerar otro elemento.
En mi opinión, para avanzar en la descentralización -insisto en que el proyecto va en la dirección correcta-, se requiere que ese proceso se encuentre legitimado. Y lo legitiman precisamente sus actores principales: los alcaldes y los concejales electos, que son la voluntad de la soberanía popular expresada en el concejo municipal.
Eso finalmente le da legitimidad al proceso de fiscalización y de control, y le otorga garantías a la comunidad de que esa mayor autonomía, esa mayor descentralización que estamos consiguiendo, se pueda materializar y ejercer en forma debida.
Sin embargo, ha surgido una contradicción que, lamentablemente, ha sido el punto negativo del proyecto, debido a que los concejales, que son los agentes de fiscalización que tienen gran responsabilidad en la gestión de las municipalidades, no han sido considerados, en forma debida, en materia de la dieta o compensación económica que deben percibir por el ejercicio del cargo tan importante que desempeñan. En ese sentido, si queremos aumentar la descentralización y la autonomía y que los municipios sean el ente más importante cercano a la gente, entonces se debe dar la consideración debida hacia los concejales, a los que la soberanía popular ha elegido para que ejerzan el rol fundamental de fiscalización.
Por lo tanto, el proyecto no recoge los compromisos asumidos por el Ejecutivo respecto de esa materia ni contempla los recursos comprometidos para tal efecto, de manera que se trata de un aspecto en el que se debe poner el acento.
En ese sentido, me ocurre algo paradójico, puesto que a pesar de que estoy de acuerdo con el proyecto y de que comparto no solo el fondo de la iniciativa, sino también la forma en la que esta aborda el proceso de aumento de la autonomía y de descentralización a través de los municipios, me parece que se comete una grave omisión al no atender como es debido la petición de los concejales.
Precisamente por eso, tengo temor de que si aprobamos todas las disposiciones del proyecto, pero dejamos al margen lo que dice relación con la dieta de los concejales, al final, la tramitación de la iniciativa se dilatará por mucho tiempo más y se retrasará su promulgación como ley, o solo se aprobarán disposiciones que, si bien son importantes, no permitirán mejorar como corresponde la dieta de los concejales.
En consecuencia, aun cuando estoy de acuerdo con el proyecto en discusión, anuncio que en la votación me abstendré y que votaré en contra la normativa que dice relación con el reajuste de la dieta de los concejales.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer dos afirmaciones muy breves, porque creo que todos los gobiernos, sin excepción, están en deuda respecto del fortalecimiento de los municipios y de avanzar por la senda de constituir, más que municipios, verdaderos gobiernos comunales.
Todos los Presidentes, sin excepción, han sido partidarios del fortalecimiento de la descentralización, de la regionalización, pero siempre han estimado que es mejor dejar esa tarea para el gobierno siguiente.
Por lo tanto, creo que hay una deuda respecto del fortalecimiento de la gestión municipal, atendidas las tareas que realizan no solo el alcalde, sino también los concejales, la que llevan a cabo tanto en forma individual como colegiada.
En segundo término, la diputada Alejandra Sepúlveda señaló, con mucha razón, que los alcaldes hacen lo que quieren. Sin embargo, yo diría que los ediles hacen lo que la ley les faculta. Lo que ocurre es que el sistema municipal chileno es, desde el punto de vista político, la reproducción de la estructura del gobierno central en relación con el Congreso Nacional.
No cabe duda alguna de que la ley otorga a los alcaldes excesiva concentración de poderes y facultades, en desmedro de las que otorga al concejo. Lo mismo se repite en el sistema político que tenemos, porque las facultades se concentran en el Presidente de la República, lo que genera un grave desequilibrio respecto del Congreso Nacional.
En tercer lugar, quiero decir que me parece muy bien -con el diputado Saffirio hemos presentado una indicación en ese sentido- que en el proyecto se establezca la obligatoriedad de que el alcalde informe al concejo sobre el estado en que se encuentra el pago de las cotizaciones previsionales. Asimismo, me parece muy positivo que se establezca como causal de notable abandono de deberes el incumplimiento de esa obligación.
Sin embargo, por otra parte, me parece contradictorio sancionar -puedo estar equivocado- al alcalde por incurrir en notable abandono de deberes cuando no cumple con el pago de las cotizaciones previsionales y que, por otro lado, el mismo artículo disponga que cuando la Superintendencia de Pensiones informe a la Subdere que un municipio está atrasado en el pago de las cotizaciones previsionales, a dicha municipalidad la Tesorería General de la República no le entregue la remesa respectiva por concepto de anticipo del Fondo Común Municipal.
Insisto en que estimo contradictorio que el no pago de las cotizaciones previsionales haga incurrir al alcalde en notable abandono de deberes y que, debido a esa situación de no pago incurrida por el edil, se prive al municipio respectivo -y por ende, a la comunidad en general- de los recursos que requiere para atender sus necesidades que, como todo el mundo sabe, son múltiples, de la más variada índole y siempre superiores a los recursos con los que cuenta cada municipio.
El aumento de la dieta de los concejales no necesariamente tiene que ver con una compensación económica o con el mejoramiento de los ingresos respectivos, sino que dice relación, en forma directa, con la naturaleza de la función que cumplen los concejales. Para nadie es un misterio que, respecto de la inmensa mayoría de los concejales, la regla general es que ellos destinen más tiempo del que debieran a los municipios y a las tareas que desarrollan en favor de la comunidad.
En consecuencia, la dieta de los concejales no está relacionada con una necesidad de sustento familiar o personal, sino con la naturaleza de la función que desempeñan. Por regla general, los concejales están en terreno, en directo contacto con la comunidad, con el objeto de recibir requerimientos de diversa naturaleza, a pesar de lo cual están privados de facultades y carecen de los recursos correspondientes para atender las necesidades que la comunidad les plantea. Asimismo, los concejales, en muchos casos, deben recurrir a la buena voluntad del alcalde de turno para satisfacer las necesidades que, en forma legítima, son planteados por la comunidad a quienes han elegido para desempeñar un cargo tan importante como el de concejal.
En consecuencia, sin duda, el proyecto constituye un avance, puesto que propone la incorporación de normas que fortalecen la probidad y la transparencia de la gestión municipal. No obstante, quiero insistir en que nos parece necesario que los concejales perciban una dieta acorde con la función tan importante que desempeñan.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente , el proyecto que se somete a nuestra consideración lo estamos discutiendo desde hace muchísimo tiempo, de manera que hace rato que podría haber estado aprobado, lo que habría permitido a los concejales que se encuentran presentes en las tribunas concurrir al congreso que, tengo entendido, se realizará en pocas horas más, en el que podrían haber dado a conocer la noticia de esa aprobación y explicar las disposiciones de la iniciativa con mayor profundidad al resto de los concejales.
Desgraciadamente, por la tozudez del Gobierno, del ministro del Interior y Seguridad Pública y del subsecretario de Desarrollo Regional , recién hoy estamos debatiendo esa materia y en forma muy apresurada.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero insistir al subsecretario de Desarrollo Regional que eso se debe a la tozudez del Ejecutivo , porque desde el principio planteamos que este proyecto no solo contiene disposiciones que dicen relación con los concejales, sino otros cambios más profundos que pretende establecer el Ejecutivo en la estructura municipal. Por esa razón, desde un comienzo hicimos ver que las materias contenidas en la iniciativa debían ser tratadas por separado; es decir, que debía discutirse en forma separada lo referido a los concejales y las modificaciones que se proponen a la estructura municipal. Sin embargo, el Gobierno, con una actitud obstinada, nunca quiso hacerlo, de modo que en la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización nos vimos obligados a discutir durante horas el proyecto y a rechazar cada uno de los artículos que no tenían que ver con el fortalecimiento del concejo.
Estamos debatiendo la iniciativa sin la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública, y solo con la del subsecretario de Desarrollo Regional.
Más aún, se transgreden la promesa y el compromiso adquiridos en su momento, lo que, en todo caso, no me llama la atención, porque anteriormente el Gobierno procedió del mismo modo luego de la promesa que hizo respecto de la realización de una franja electoral, cuando se discutió la elección de los cores. Señaló que la franja se establecería en un período determinado; sin embargo, finalmente no cumplió. De modo que no me extraña que esta vez tampoco lo haga, a pesar de que el entonces ministro Hinzpeter dio su palabra en términos de que el incremento lógico que debe hacerse a los emolumentos que perciben las concejalas y los concejales iba a ascender, al menos, al 50 por ciento.
Por eso, anuncio que vamos a rechazar el numeral correspondiente, porque el hecho de entregar mayores facultades al concejo y fortalecer su rol implica que los concejales deberán estar mucho más tiempo en el municipio, como de hecho lo están. En definitiva, es un reconocimiento al trabajo que están realizando.
Como dijo un colega, debemos avanzar en orden a que el municipio se convierta en un verdadero gobierno comunal. Para eso debemos tener un alcalde empoderado y un concejo que pueda ser un contrapeso suficiente al alcalde, de modo que se pueda gobernar y avanzar en una municipalización más profunda, real, con gobiernos locales en cada comuna del país.
Por otra parte, me parece bastante contradictorio que el proyecto incorpore como causal de notable abandono de deberes el hecho de que el alcalde no pague oportunamente las cotizaciones previsionales. No me parece correcto. Desgraciadamente, no estuve presente en la votación de esa disposición, porque el hecho de que no se paguen las cotizaciones previsionales que dicen relación con los servicios traspasados no es responsabilidad del alcalde, sino del Ejecutivo, por no entregar los recursos suficientes para mantener esos servicios. La salud y la educación municipales no pueden mantenerse con los recursos que se entregan. Por lo tanto, es injusto castigar a un alcalde por no pagar las cotizaciones previsionales, toda vez que en muchos casos tiene que elegir entre pagar los sueldos o pagar las cotizaciones. Generalmente, los alcaldes deciden pagar los sueldos. En consecuencia, quedan debiendo las cotizaciones previsionales, pues los recursos no les alcanzan para esos efectos.
Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor el proyecto, porque constituye un avance en el fortalecimiento de las funciones y del rol fiscalizador del concejo, salvo el numeral 20) del artículo 1º, que debemos votar en contra por las razones expuestas.
Ojalá que el Gobierno lo discuta, llegue a un acuerdo y cumpla con la palabra empeñada, de modo que nuestros concejales tengan un real reconocimiento por todas las herramientas que les estamos entregando.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, quiero ratificar el acuerdo que en su momento hubo entre el Ejecutivo y los concejales, porque, por razones de la vida, fui testigo cuando el ministro Hinzpeter hizo la propuesta y asumió el compromiso ya mencionado. De modo que me declaro testigo presencial del acuerdo.
Un señor DIPUTADO .-
Un cómplice pasivo.
El señor ANDRADE.-
No soy un cómplice pasivo; soy un cómplice activo del acuerdo al que se llegó.
Dado que ya se ha hablado sobre el referido compromiso, quiero abordar otros aspectos del proyecto, que me parecen relevantes.
Antiguamente, el no pago de las cotizaciones previsionales constituía un delito, porque implicaba que el empleador se apropiaba de los fondos de los trabajadores. Si un alcalde no paga las cotizaciones, comete un delito, pues se apropia de los ingresos de los trabajadores. De manera que me parece muy bien que el proyecto lo considere.
Ahora, la solución del problema no es la que se ha planteado. La solución es muy simple: si el alcalde no paga las cotizaciones previsionales, estas deben ser pagadas con cargo al fondo común municipal asignado al respectivo municipio, y se acabó la dificultad. No veo razón alguna para que eso no sea posible. El hecho de que el alcalde no entere las cotizaciones previsionales debe ser considerado notable abandono de deberes. Me parece bien que así se establezca, toda vez que ello constituye un delito. Pero como hay que cumplir con el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, la solución es que estas se paguen con cargo al fondo común municipal, y se acabó el problema.
Segundo, creo que el proyecto no avanza adecuadamente en algo que para mi gusto es central: el concejo no debe ser resolutivo. Debe ser normativo y fiscalizador, y nada más. No es posible que el concejo cumpla la función fiscalizadora adecuadamente si es parte de las decisiones. ¿Cómo fiscaliza el concejo el servicio de aseo o de recolección de basura, si fue parte de la decisión de la asignación relativa a dicho servicio? En este caso hay un problema concreto. El Parlamento no toma decisiones de carácter resolutivo; estas son adoptadas por el Ejecutivo. Nosotros fiscalizamos. Lo mismo debería hacerse en el municipio. El concejo debería fiscalizar y normar, pero no ser parte de las resoluciones. Reitero, ¿cómo fiscaliza un concejo el servicio de recolección de basura si los concejales fueron parte de esa decisión? Eso es, conceptualmente, una equivocación; sin embargo, no se innovó al respecto.
Tercero, no veo por qué los funcionarios municipales deben tener un estatuto distinto al de los funcionarios del sector público, porque también son parte del sector público. No sé por qué el conjunto de prerrogativas y derechos que tienen los funcionarios del sector público centralizado no puede ser extendido a los funcionarios municipales, si son tan funcionarios públicos como el resto. Se valora mucho la función del municipio; sin embargo, existe un detrimento desde el punto de vista de las facultades.
Cuarto, el proyecto no menciona nada respecto de la regulación de los honorarios. Ese es un tema central en la administración municipal, sobre todo porque buena parte de los honorarios no se declaran, pues están asociados a programas y, en consecuencia, no son objeto de información a la Contraloría. Por esa vía, ¡vaya que se cometen irregularidades!
Quinto, no sé por qué no se innova en materia de negociación en el ámbito municipal. El sector público tiene una aspiración: que exista derecho a huelga y a negociación colectiva. ¿Por qué esto no puede extenderse a las municipalidades? ¿Qué lo impide? Perfectamente podría existir una negociación ramal, en la que se trataran temas de carácter nacional y otros del ámbito local.
Sexto, no voy a renunciar a la aspiración de que en materia municipal, el alcalde sea elegido en segunda vuelta. No entiendo por qué si en el país se instaló como un tema de legitimidad que los presidentes puedan y deban, en caso de ser necesario, ser elegidos en segunda vuelta; es decir, que tengan siempre la aspiración de representar al 50 por ciento más un voto de la ciudadanía, en las elecciones de alcaldes eso no puede ser así. En los municipios se puede dar la paradoja de que un alcalde tenga menos votos que un concejal. Eso es una anomalía; pero puede ser. Esta era la oportunidad para resolver esa anomalía, pero no se innovó al respecto.
Séptimo, no veo por qué la dieta no puede ser imponible. Si vamos a mejorar la dieta, no entiendo por qué no puede ser objeto de cotización previsional. Alguien podrá decir que los concejales también desempeñan otra actividad. Si es así, que se les cotice dos veces. El que tiene dos empleos, cotiza dos veces, se le hacen los descuentos dos veces, paga el 7 por ciento dos veces. ¿Por qué razón a los concejales, que cada vez tienen una integración laboral más nítida -muchos de ellos se dedican casi íntegramente a esa función-, se les debe mejorar su dieta, pero sin que se cotice sobre ella? Cuando llegue el momento de pensionarse, estos ingresos no serán susceptibles de ser considerados. Este Gobierno ha preconizado con mucha fuerza y ha reiterado la importancia de cotizar; pero al momento de “los quiubos” no se hace cargo de esa materia.
Octavo, el estatuto administrativo del sector municipal se quedó atrás, se quedó en la obsolescencia. Si no avanzamos a un estatuto administrativo del sector municipal que se asimile, desde el punto de vista de los derechos, al estatuto administrativo de los trabajadores del sector público en general, vamos a seguir con un problema de arbitrariedad inaceptable.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señoras y señores diputados, ha concluido el tiempo del Orden del Día; sin embargo, como todavía quedan doce diputados inscritos que no han hecho uso de la palabra y el proyecto tiene urgencia calificada de “suma”, propongo continuar el debate en la sesión de mañana.
(Manifestaciones en las tribunas)
Les ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio.
Como dije, podríamos continuar con el debate en la sesión de mañana; sin embargo, varios diputados me han solicitado que recabe el acuerdo unánime de la Sala para cerrar el debate y votar el proyecto de inmediato.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
No hay acuerdo.
El señor NUÑEZ.- Señor Presidente , ¿podría pedir el acuerdo unánime nuevamente?
El señor ELUCHANS (Presidente).- Recabo nuevamente el acuerdo unánime de la Sala para cerrar el debate y votar el proyecto de inmediato y para la inserción de los discursos de los diputados que estaban inscritos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Por lo tanto, cerrado el debate.
El señor SILBER.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor SILBER.-
Señor Presidente , solo para dejar constancia de que me inhabilito para votar el artículo 1°.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
Tengo en mi poder la lista de los diputados que se han inhabilitado para votar, pero solo el artículo 1°: señora Marcela Sabat y señores Browne, Ward y Andrade. Agrego al diputado Gabriel Silber.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , yo también me inhabilito.
El señor ROSALES.-
Señor Presidente , yo también me inhabilito.
El señor KAST.-
Yo también, señor Presidente .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Yo también, señor Presidente .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Yo también, señor Presidente .
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Yo también, señor Presidente .
El señor URRUTIA.-
Yo también, señor Presidente .
El señor ELUCHANS (Presidente).-
La Mesa ha tomado nota de todos los diputados que se han inhabilitado para votar el artículo 1°.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , ¿podría leer la lista de los diputados que no alcanzamos a intervenir?
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Los diputados que estaban inscritos para hacer uso de la palabra son los siguientes: señores Javier Macaya, Ignacio Urrutia, Eduardo Cerda, Jorge Sabag, Joaquín Tuma; señoras Adriana Muñoz y Cristina Girardi; señores Cristián Campos, Germán Becker, Alfonso de Urresti; señora Denise Pascal; señores Marcelo Schilling y Alberto Robles, y señora Marta Isasi.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , no me nombró y también estaba inscrito.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Muy bien, señor diputado , voy a incluir su nombre.
El señor AUTH.-
No, señor Presidente , no puede incluirlo porque ya estaba incluido.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Señor diputado, lo voy a incluir en la lista que acabo de leer.
Lo mismo haré con el diputado Rodrigo González.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala, que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor TUMA.-
Señor Presidente , Honorable Cámara, la primera medida política y administrativa que adoptaron los conquistadores españoles en suelo americano fue la constitución de cabildos. Estos habían nacido como una concesión real por parte de la corona castellana y eran en su versión original una forma de protección de la ciudad y sus habitantes frente a los abusos que podían cometer los agentes del poder real y los señores feudales.
El cabildo y luego el municipio son en un estado tan centralizado como el chileno el seguro de los habitantes de los territorios de que sus problemas cotidianos serán atendidos por una corporación formada por vecinos que viven en la ciudad, conocen sus problemas y disponen de medios para afrontarlos. Su existencia, por tanto desde sus orígenes dice relación con la apelación al deseo del auto gobierno, a la autonomía y a la eficacia de la acción gubernativa.
Es indispensable que Chile haga una revisión profunda de la institución municipal. Es necesario que esta sea actualizada en sus competencias, despejando de ellas muchas competencias y atribuciones que les han sido trasladadas, incluso contra su voluntad y que han derivado en un proceso de déficits presupuestarios enormes y en una merma de la calidad de la prestación de los servicios en el nivel local.
Para tener buenos municipios y buenas administraciones locales requerimos de la mejor gente disponible para servir en su interior. Los ediles, sean los alcaldes o concejales, deben contar con los medios materiales adecuados para asegurar una dedicación plena en lo posible a los quehaceres municipales. La ciudadanía contemporánea exige de sus representantes que se dediquen cada vez con tiempos más crecientes a los asuntos públicos.
En el caso de las zonas con alta preeminencia rural, como ocurre en la costa de La Araucanía que represento en esta Sala, la situación es aún más delicada. La falta de conectividad, la lejanía y aislamiento de muchas comunidades impiden en los hechos la cercanía de la gente con sus concejales. Ellos deberían tener, para acometer bien su función, ojalá dedicación exclusiva. Sabemos que eso no es posible, pero no podemos menos que exigir al menos que se les dote de una dieta acorde a las exigencias de desempeño del cargo.
Señor Presidente , lamentamos que el ejecutivo no haya sido capaz de asumir un compromiso más efectivo con el municipalismo chileno. Lamentamos que el señor subsecretario de Desarrollo Regional no se haya puesto en la situación de los concejales de zonas rurales, que de su bolsillo deben costear largos y azarosos traslados por el territorio, sin contar la mayoría de las veces con el apoyo de la infraestructura municipal. Esto último es lógico. Un alcalde que incumple sus obligaciones no da apoyo a su fiscalizador para que desarrolle su cometido.
Señor Presidente , tampoco parece razonable que municipios con mayor nivel de ingresos tengan concejales mejor retribuidos, cuando debería ser una relación inversa. En los municipios apartados, con altos niveles de ruralidad las dietas y las asignaciones debieran ser mayores, por la sencilla razón que es más difícil acometer la función de representación y fiscalización. ¿Cómo va a fiscalizar un concejal mapuche a un alcalde si no tiene siquiera medios por ejemplo para contratar una asesoría jurídica profesional permanente? ¿Cómo se va a fiscalizar a un municipio cuando no tienen dinero para trasladarse o para llegar a las capitales regionales o provinciales a hacer gestiones ante órganos de la administración. En fin los ejemplos pueden ser infinitos.
Nos parece muy preocupante que se establezca una discriminación en la dietas de concejales de municipios ricos y municipios pobres. En ambos casos se les exigen los mismos requisitos personales para optar a los cargos y no vemos cuál es la justificación de la diferencia que se quiere imponer. Tal vez algunos dirán que en los municipios ricos los concejales atienden más materias y como además la dieta tiene también como justificación asegurar un comportamiento probo, que les impida ser cooptados por intereses económicos, yo digo simplemente, así como en Viña del Mar o Providencia es un riesgo para la estabilidad financiera del municipio que se malgasten 500 millones de pesos, para un municipio como Cholchol el riesgo de que abuse con 2 o 5 millones de pesos tiene idéntico efecto proporcional sobre las arcas locales y, por tanto, para los servicios que se entrega a su población.
Termino haciendo un llamado al Gobierno a revisar su posición en la materia para que este importante proyecto no se empantane y podamos contar con municipios eficaces y probos, para lo cual es indispensable tener concejos autónomos del poder ejecutivo local y dotados de mínimos medios materiales para cumplir su labor.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, con excepción de los artículos 1° y 9° permanentes, y Primero y Tercero transitorios, por tratarse de normas de quorum orgánico constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvo el diputado señor Recondo Lavanderos Carlos.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en general los artículos 1° y 9° permanentes y Primero y Tercero transitorios, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.
-Durante la votación:
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , hemos presentado una indicación al artículo 1°, número 8), letra d).
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señor diputado , estamos votando en general; cuando estemos en la votación particular, se votarán las indicaciones.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvo el diputado señor Recondo Lavanderos Carlos.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Vamos a proceder a la votación particular del proyecto.
Corresponde votar el artículo 1°, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados, con excepción del literal d) del numeral 3) y de los numerales 8) y 21), para los cuales se solicitó votación separada.
También se votará en forma separada el numeral 20) del mensaje, que la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización propone suprimir.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que la diputada señora Karla Rubilar ha presentado una indicación al literal d) del numeral 3) del artículo 1°.
Para proceder a su votación debe existir acuerdo unánime de la Sala.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , ¿podría leerla para poder tomar una decisión?
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Si no hay acuerdo unánime, no procede. En todo caso, el parlamentario que se opuso ya la conoce. Es obvio.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
En votación el literal d) del numeral 3) del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación el inciso cuarto del artículo 60, que propone el literal a) del numeral 8) del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 60 que propone el literal a) del numeral 8) del artículo 1°.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
En votación el literal b) del numeral 8) del artículo 1°.
Hago presente a la Sala que se han recibido dos indicaciones a dicho literal: una, de los diputados señores Cornejo y Saffirio, y la otra, del diputado señor Sandoval.
¿Habría acuerdo para votarlas?
Acordado.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación del diputado señor Sandoval.
El señor LANDEROS ( Secretario ).-
La indicación del diputado señor Sandoval propone agregar
, en el inciso final del artículo 60, a continuación de la frase: “Se entenderá, asimismo, que se configura un notable abandono de deberes cuando el alcalde, en forma reiterada, no pague integra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a sus funcionarios o a trabajadores de los servicios traspasados en virtud de lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, la siguiente frase: “y de aquellos servicios incorporados a la gestión municipal.”.
El señor SANDOVAL.-
Se trata de los jardines VTF, que están en la misma condición.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el literal b) del numeral 8) del artículo 1°, con la indicación del diputado señor Sandoval, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación de los diputados señores Cornejo y Saffirio al literal b) del numeral 8 del artículo 1°.
El señor LANDEROS ( Secretario ).-
Esta indicación agrega un nuevo párrafo en este mismo numeral, cuyo tenor es el siguiente: “El alcalde deberá rendir trimestralmente cuenta al concejo municipal del estado en que se encuentra el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores señalados precedentemente.”.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el literal b) del numeral 8) del artículo 1°, con la indicación de los diputados Cornejo y Saffirio.
Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere del voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que se ha presentado una indicación de la diputada señora Karla Rubilar respecto del número 21) del artículo 1°.
¿Habría acuerdo para proceder a su votación?
No hay acuerdo.
Corresponde votar el numeral 21) del artículo 1°, al cual va a dar lectura el señor Secretario .
El señor LANDEROS ( Secretario ).-
El numeral 21) del artículo 1° incorpora, a continuación del artículo 92, un artículo 92 bis del siguiente tenor: “Cada municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera, deberá dotar al concejo municipal y a los concejales de los medios de apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido el número de concejales de la municipalidad.”.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos, por la negativa 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el numeral 20) del artículo 1° contenido en el mensaje, que la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización propone suprimir.
Hago presente a la Sala que para la aprobación de este numeral se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa 90 votos. No hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Rechazado.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 2°, que modifica, en el inciso final del artículo 118 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la mención hecha “al artículo 76, letra b)”, por “el artículo 60”; y el artículo 3°, que incorpora un artículo 60 bis al decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 4°, que crea el Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar los artículos 5°, 6°, 7° y 8°.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 9°, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 10, que introduce modificaciones en el artículo 38 de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde iniciar la votación de los artículos transitorios.
Hago presente a la Sala que en el Artículo Primero transitorio se ha presentado una indicación de la diputada señora Karla Rubilar.
¿Habría acuerdo para proceder a su votación?
No hay acuerdo.
Corresponde votar el Artículo Primero transitorio, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el Artículo Segundo transitorio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el Artículo Tercero transitorio, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
REGULACIÓN EN LEY DE CASINOS DE ACTIVIDAD DE JUEGOS ELECTRÓNICOS TRAGAMONEDAS (Preferencia)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde tratar con preferencia el proyecto de acuerdo N° 933, que solicita regular en la Ley de Casinos la actividad de los juegos electrónicos tragamonedas.
El señor Prosecretario va a dar lectura a su parte dispositiva.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 933, de los diputados señores Cornejo, Castro, Fidel Espinoza, Jiménez, Carmona, Farías, Schilling; de la diputada señora Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Lemus y Venegas, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República que, en el contexto de los anuncios gubernamentales respecto a introducir modificaciones a la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, se regule legalmente esta actividad, que hoy encuentra su fundamento sujeto a diversas interpretaciones, lo que crea un clima de inseguridad jurídica.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , la razón de la presentación de este proyecto de acuerdo por varios señores diputados, responde a una cuestión fundamental, cual es introducir certeza o seguridad jurídica en esta actividad.
Para nadie es un misterio que existen opiniones diversas, de alcaldes, intendentes, de la Contraloría General de la República, acerca de la regulación que debe tener una actividad de esta naturaleza.
Así como otras actividades que se desarrollan en el país sostienen tener certeza y seguridad jurídica para su funcionamiento, nos parece necesario que se abra un debate sobre una actividad de esta naturaleza, que existe, es una realidad y sobre la cual los señores diputados pueden tener la opinión que les parezca, lo que, naturalmente respeto.
Para terminar con este clima de incerteza jurídica existente en una actividad económica de este tipo, es menester solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley, a fin de que el Congreso Nacional pueda discutirlo con el propósito de establecer su regulación.
El Congreso Nacional no puede -como lo ha hecho en otras oportunidades respecto de otras actividades- negarse a discutir la regulación de una actividad como la señalada.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente , efectivamente como lo dijo mi colega Cornejo , estamos frente a una situación que requiere regulación en forma urgente. No podemos estar al arbitrio de lo que diga un municipio, una ordenanza, una autoridad administrativa que hoy no tiene un poder de discriminación claro acerca de los alcances de esta actividad.
Creemos que es la hora de poner claridad en este tema, en el sentido de que no haya usura ni sea considerada actividad para niños; que se establezca una regulación estricta, pero que sea una materia regulada, es decir, que no quede en el terreno de nadie, como ocurre en la actualidad.
Por eso, pedimos formalmente la aprobación de este proyecto de acuerdo para que el Presidente de la República envíe un proyecto de ley al respecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , agradezco al diputado Matías Walker por cederme su derecho a hacer uso de la palabra.
Anuncio que voy a hablar y a votar en contra del proyecto de acuerdo.
En el recorrido por los sectores populares de nuestros distritos, los diputados hemos visto la forma como la ludopatía llega a la gente. Nadie que haya visitado las poblaciones de sus distritos podrá decir que no ha escuchado que algunas mamás van con sus niños a apostar y se van sin el pan para la casa, porque dejan su dinero en las máquinas tragamonedas. También tenemos el caso de algunos menores que entran a esos verdaderos antros, que ahora algunos quieren definir como casinos.
Entonces, aquí estamos ante un drama social de extraordinaria gravedad, que afecta y permea de manera especial a los sectores más populares y desposeídos de nuestra comunidad.
Con este proyecto de acuerdo se da el absurdo de que nosotros decimos que deseamos proteger a esos sectores, en circunstancias de que queremos dejar abierta la puerta para que esos “casinos” le hagan daño a esa gente.
Los dueños o administradores de establecimientos de juegos electrónicos tragamonedas no se preocupan de sacar la plata de los grandes jugadores porque estos van a jugar a los casinos, sino de la gente que carece de medios. En la comuna de Curicó, por ejemplo, he visto a escolares, en hora de clases y con uniforme, jugando en dichos recintos.
Con esta iniciativa se quiere dar la sensación de que se busca legitimar una actividad ilegal, por la fuerte presión de distintas autoridades. Al respecto, debo decir que, de aprobarse el proyecto de acuerdo, se generaría un precedente muy negativo para el país, en el sentido de que, por la vía de los hechos, se trate de legitimar una actividad ilegal, abusiva y perjudicial para la comunidad.
Por eso, vamos a votar en contra el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, aunque se rían algunos colegas, voy a hablar en contra del proyecto, a pesar de ser uno de sus autores.
El diputado León tiene toda la razón. Cuando se nos propuso adherir al proyecto de acuerdo, fue para regular la actividad en el marco de los planteamientos que expresó dicho colega, cuya opinión comparto.
La masificación de estos juegos en las poblaciones está generando dramas sociales gigantescos. Así, por ejemplo, el fin de semana pasado conocí el testimonio de una señora portomontina, no vidente, la cual me contó que su marido, quien tiene una adicción brutal a este tipo de juegos, le sustrae dinero destinado para comprar los alimentos de ese hogar.
En mi opinión, los parlamentarios tenemos el legítimo derecho de cambiar de posición en un momento determinado. Es lo que estoy haciendo ahora, por más que el diputado Cornejo se ría.
En definitiva, hay que ver la realidad de lo que está pasando en el país. Hay comunas que se han llenado de esas salas de juego, cuyos potenciales usuarios son integrantes de las familias más humildes que, a veces, se quedan sin comprar pan o alimentos, porque se pasan a jugar la plata destinada a ese fin. También tenemos casos de personas que venden sus enseres para seguir jugando. Esa señora me contaba que su marido, en el marco de la enfermedad que padece, vende cosas de su hogar, como un DVD y televisores, para ir a jugar dinero a esas salas de juego.
Por lo tanto, creo que este proyecto de acuerdo amerita una reflexión mucho más profunda. No se trata de establecer una simple regulación que, en definitiva, profundizaría los problemas que están generando dichas salas de juego.
En la vida, si uno se equivoca, debe ser consecuente y reconocerlo. En ese sentido, planteo que fue una equivocación suscribir el proyecto de acuerdo, que voy a votar en contra por la realidad que ocurre en el país.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Ascencio
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Campos
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez-Salamanca
ENVÍO DE PROYECTO SOBRE REGULARIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS MOLESTAS O CONTAMINANTES (Votación)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 780.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvo el diputado señor
RECHAZO A TRASPASO DE CONICYT DESDE MINISTERIO DE EDUCACIÓNA MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo Nº 781.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 781, de los diputados señores De Urresti, Espinoza, don Fidel; Ortiz; de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Schilling, González, Díaz, Venegas, Vallespín y Farías, que, en su parte dispositiva, dice lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1º. Rechazar de forma enérgica la decisión de traspasar Conicyt desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, atendida la implicancia para la institución y de la comunidad científica y educativa del país, y se reconsidere por parte del Ejecutivo tal decisión.
2º. Oficiar a su excelencia el Presidente de la República a fin de que, conforme a sus atribuciones constitucionales, con el objeto de impulsar el desarrollo e innovación de la actividad científica y tecnológica del país, se avance en crear una institución pública e independiente, que pueda asumir la labor de priorizar el desarrollo y conocimiento científico que necesita Chile para enfrentar los futuros desafíos acorde a los nuevos tiempos.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo fue suscrito en forma transversal por varios diputados y tiene por objeto evitar el traspaso de la Conicyt, desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Tenemos una visión muy clara sobre lo que ha aportado la Conicyt al desarrollo de la ciencia, la investigación y la formación de profesionales a lo largo de su historia. Por lo tanto, consideramos que el traspaso no se condice con su espíritu.
Estamos de acuerdo con fortalecer las instancias de emprendimiento al interior del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, pero no con desnaturalizar el trabajo y la trayectoria de una institución como la Conicyt, por medio de un traspaso que puede ir en perjuicio de científicos e investigadores que han estado trabajando durante mucho tiempo. Al respecto, existe consenso en la sociedad científica y en investigadores.
Traspasar esa institución sería una mala señal. Creemos que lo mejor sería el fortalecimiento de la Conicyt y, con ello, de la educación del país. En ese sentido, es necesario apuntar no solo a las denominadas ciencias duras, sino también la investigación en materia humanista.
Por lo tanto, pedimos a los colegas apoyar por unanimidad el proyecto de acuerdo, por medio del cual solicitamos al Presidente de la República no concretar el referido traspaso.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, concuerdo con lo planteado por el diputado señor Alfonso de Urresti.
Al respecto, quiero agregar que el Presidente de la República formó una comisión para discutir el tema de la ciencia y la innovación en Chile. Esa Comisión, bastante transversal en su trabajo, hace algún tiempo presentó sus conclusiones a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, en las cuales expuso sobre la institucionalidad de la ciencia y la tecnología y el lugar donde debieran estar instituciones como Conicyt.
Lo malo es que hasta este momento el Presidente de la República no ha tomado una decisión sobre la propuesta de la referida comisión, la que me parece bastante atingente, pues plantea la creación de un ministerio en el cual dejar radicados ciencia, tecnología y educación superior. Con ello se lograría unir elementos desde el punto de vista institucional para desarrollar la ciencia, la innovación y la tecnología en conjunto con las instituciones que tienen mayor desarrollo en esa materia: las universidades.
La propuesta que presentó dicha comisión es muy transversal. En ella participaron personas de todos los sectores políticos y de todas las sensibilidades, y, por cierto, también hicieron su aporte varios investigadores de alto nivel.
Por lo tanto, respaldo lo planteado por el diputado señor De Urresti . Es mejor que Conicyt se mantenga donde está mientras que no haya un ministerio para la ciencia, la tecnología y la innovación en Chile.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- No hay quorum.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
El señor ELUCHANSN ( Presidente ).- Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Nuevamente no hubo quorum.
En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PRESENCIA DE NOROVIRUS EN COMUNA DE OVALLE (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra, por cuatro minutos y treinta segundos, el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , por todo el país es conocida la alerta sanitaria que ha enfrentado la comuna de Ovalle -que represento en la Cámara-, afectada por un virus identificado como norovirus, que ya ha producido más de 3.000 intoxicaciones, principalmente en el sector urbano de esa comuna.
La situación es compleja. Existe incertidumbre en la población respecto del origen del virus. Los habitantes de esa comuna quieren saber si se ha propagado a través del agua potable distribuida por la empresa Aguas del Valle. Al respecto, las informaciones entregadas por el seremi de Salud de la Región de Coquimbo y el intendente regional son contradictorias. Pedimos que eso se aclare.
Por eso, pido reiterar los oficios que remití a la autoridad sanitaria -me refiero al ministro de Salud y al seremi de Salud de la Región de Coquimbo-, a fin de esclarecer y transparentar cuanto antes los resultados de los análisis efectuados por el Instituto de Salud Pública en cuanto al origen de ese virus, y si está o no presente en la distribución del agua que recibe Ovalle y, en general, en el sistema de agua potable de la empresa Aguas del Valle.
Pido que la autoridad sanitaria adopte todas las providencias del caso en los colegios, las juntas de vecinos y los jardines infantiles, para evitar la propagación del virus, y que la Onemi se haga cargo de la distribución de agua embotellada en los colegios, los jardines infantiles y los establecimientos educacionales, y en cada uno de los recintos asistenciales de salud, en especial en el hospital de Ovalle y en los consultorios. Hoy, en la comuna de Ovalle el ausentismo escolar alcanza prácticamente el 60 por ciento, por lo cual es imprescindible que la Oficina Nacional de Emergencia se haga cargo de la distribución de agua purificada.
Asimismo, deseo reiterar el envío de un oficio al superintendente de Servicios Sanitarios para que, en caso de que existan infracciones a las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias por la Empresa Sanitaria Aguas del Valle, se apliquen todas las sanciones respectivas y al director nacional del Sernac, a fin de que dicho servicio presente, de oficio, la demanda colectiva por presuntas infracciones a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y emprenda las acciones colectivas o de clase, con el objeto de resarcir de los perjuicios a todos los clientes de dicha empresa sanitaria, los cuales, a pesar de que pagan sus boletas y facturas, no han recibido un servicio de calidad.
Finalmente, esperamos que aflore toda la verdad. Los ovallinos tienen derecho a ser informados respecto de si el norovirus se ha propagado por medio de la distribución del agua potable realizada a través del sistema de agua potable urbano de Ovalle.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Goic , Isasi , Sepúlveda y Saa , y de los diputados señores Ortiz , Sabag , Venegas , Farías , González , Jaramillo y Castro .
ATENCIÓN DE DEMANDAS DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , quiero enviar un gran saludo a la señora Nelly Díaz , dirigenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien se encuentra en las tribunas junto a otros distinguidos dirigentes a nivel nacional, entre ellos un penquista.
No es casualidad que a los casi 3 mil funcionarios de dicho servicio se les haya acabado la paciencia e iniciaran un paro de actividades para demostrar al país y a la ciudadanía que no han sido escuchados.
Tampoco es casualidad que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se haya acordado por unanimidad, en forma transversal, citar con carácter obligatorio a la ministra de Justicia para que dé una solución definitiva a los funcionarios de esa repartición pública, ni que la tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, de la cual formo parte desde hace muchos años, haya planteado lo mismo por unanimidad.
¿Por qué lo digo? Porque dicha institución no solo se autofinancia, sino que, además, genera más dinero para el erario nacional. Los cuatro puntos que ellos están solicitando significa un financiamiento de 2 mil millones de pesos; pero los han tramitado desde hace más de un año y medio. Estuvimos a punto de llegar a acuerdo con el exministro de Justicia , señor Teodoro Ribera , pero lamentablemente renunció ese mismo día.
Actualmente, lo único que ha hecho la ministra de Justicia es eludir y tramitar a los funcionarios de dicho Servicio, a los cuales -insisto- se les acabó la paciencia.
¿En qué consiste el petitorio? Primero, en fijar un arancel matrimonial civil a domicilio; segundo, mejorar en dos grados a los 2.221 funcionarios que faltan, de un total de 3 mil; tercero, modificar la ley N° 20.342, que otorga un bono de satisfacción al usuario, y cuarto, establecer la normalización institucional. Sin embargo, hasta el momento ha habido cero respuesta sobre esos puntos. Es decir, al Ejecutivo y a la ministra de Justicia no les importa que los usuarios del Servicio de Registro Civil e Identificación tengan una atención como corresponde.
¿Cómo ha respondido el gremio? Este, a petición de mucha gente y en conciencia de lo que hacen, ha continuado con los turnos éticos. Sin embargo, a contar del 2 de septiembre de este año, comenzó a operar una plataforma tecnológica, pero ésta no funciona. Ese hecho no es de responsabilidad de sus funcionarios y profesionales, sino de la gente que se contrató, mediante licitación pública, para hacer dicha plataforma, la cual costó muchos millones de dólares. Sin duda, es bueno que el país lo sepa.
Más aún, es un servicio al cual todos los años se le hace reconocimientos, pero se le agregan más actividades. Es una institución que siempre está en los momentos difíciles y complicados, como también en los de felicidad.
Queremos que el Gobierno entienda que se debe sentar a conversar, sobre todo si ayer el Presidente de la República hizo un llamado desde La Moneda a dialogar para solucionar los problemas. Esta es la mejor oportunidad que tiene para ello. En definitiva, esperamos que haya una solución de aquí a mañana, porque es algo que se necesita urgentemente. Esos trabajadores son verdaderos servidores públicos.
Por lo tanto, en nombre de todos los diputados de las bancadas de la Nueva Mayoría, representada por los señores Tucapel Jiménez y Enrique Jaramillo , por el PPD; José Pérez , por el Partido Radical; diputada señora Carolina Goic , diputado señor Ricardo Rincón y quien habla, por la Democracia Cristiana; Guillermo Teillier , por el Partido Comunista, y de algunos diputados del Partido Socialista, solicito que se oficie al Presidente de la República para que instruya a su ministra de Justicia y a su ministro de Economía , Fomento y Turismo, a fin de que realicen los ajustes financieros para buscar una solución a los problemas que afectan a los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas Isasi , Goic , Saa y Vidal y de los diputados señores Sabag , Venegas , Jaramillo , Ascencio , Ceroni y Castro .
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL SERVICIO ELECTORAL PARA LA CORRECTA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En el turno correspondiente al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , aunque el padrón electoral auditado está listo y publicado para las próximas elecciones por el Servel, me referiré, lamentablemente, a la nómina auditada de inhabilitados, conformada por electores que no podrán votar en los próximos comicios.
Como diputada, muy pocas veces he personalizado mis intervenciones; generalmente intento parlamentar con mis ideas, conceptos y visiones que interpretan no solamente mi manera de pensar, sino, sobre todo, a las personas que represento, a quienes decidieron dar su voto para darme la primera mayoría por tres períodos parlamentarios.
En esta ocasión, desde lo personal, llamo la atención sobre un hecho que puede afectar a muchas personas debido a la información contenida en la base de datos del Servel.
A mi tío, Manuel Lázaro Medón, único hermano de mi madre, quien muriera hace algunos años, le llegó la siguiente carta, fechada en julio de este año:
“Señor Lázaro Medón, Manuel , cédula de identidad N° 3.674.990-3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.556, comunico a usted que se encuentra inhabilitado para sufragar en las elecciones presidencial, parlamentarias y de consejeros regionales, a celebrarse el 17 de noviembre de 2013, por la causal de condena a pena aflictiva, de acuerdo al comunicado militar de San Antonio. Para sus consultas puede dirigirse a cualquier dirección regional del Servicio Electoral en horario de atención de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 14 horas. Servicio Electoral de Chile.”
Mi tío murió en 2004. No puedo creer que se repitan errores de tal gravedad. ¡Cómo es posible que sigan apareciendo personas fallecidas como si estuvieran vivas! Se supone que el Servicio de Registro Civil, el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, la Policía Internacional de la PDI, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia, entre otros actores que por ley deben proveer la información correcta en un porcentaje desconocido, no lo hicieron como corresponde.
Queremos saber cuántos muertos recibieron cartas como la de mi tío que sufrió una pena aflictiva durante la dictadura, habiendo sido torturado en Tejas Verdes. Salió en 1974 al exilio en España. Volvió a Chile; recibió su pensión; le reconocieron todos sus derechos en democracia y, finalmente, murió en España, aunque sus cenizas ya se esparcieron en nuestro querido puerto de San Antonio.
Al momento del golpe de Estado, mi tío Manolo era secretario municipal del Puerto Rojo, como lo llamaban por los numerosos trabajadores comprometidos con la izquierda. De ahí fue enviado a Tejas Verdes. En fin, no seguiré ejercitando mi memoria afectiva para fiscalizar un tema que es impresentable en la sociedad de hoy y con la tecnología con que contamos.
La ley del Servicio Electoral dice que deberá mantenerse actualizado el Registro Electoral , considerando las siguientes circunstancias: fallecimiento de una persona inscrita, la que deberá ser eliminada del registro. Este gobierno, a través del mal uso de las herramientas de medición ha colocado en jaque a las instituciones; ha profundizado la falta de confianza ciudadana en ellas: el Registro Civil , la Casen, hace pocas semanas, el INE, el censo y, hoy, nuevamente el Servicio Electoral.
Por eso, señor Presidente , exijo información al director del Servicio Electoral , a la ministra de Justicia y al ministro del Interior , en relación con los errores que existen en el envío de cartas por el Servicio Electoral. ¿Cuántas personas, específicamente, y cuáles son las medidas que se están tomando para la correcta actualización del padrón electoral?
He dicho.
El señor CERONI.- Señor Presidente, la señora diputada se ha excedido con mucho de su tiempo.
La señora VIDAL (doña Ximena).- ¡Perdone, señor Ceroni!
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios por usted solicitados, con la adhesión de las diputadas Isasi , Goic , y de los diputados Sabag , Ortiz y Jaramillo .
ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOCALIDAD DE COPIHUE, COMUNA DE RETIRO(Oficios)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, pido a la Mesa que en el futuro sea muy estricta con el tiempo, porque uno, a veces, tiene que hablar cosas muy relevantes que afectan a los vivos, a personas de carne y hueso que, muchas veces, sufren problemas en comunas pequeñas, como las que represento, que son muy importantes.
Hoy quiero hablar sobre un problema sanitario de gran relevancia que afecta a la localidad de Copihue de la comuna de Retiro, que represento. Esa localidad está afectada fuertemente por los pésimos olores que emite la planta de tratamiento de aguas servidas que fue construida, aproximadamente, en 2009. Dicha planta la idearon muy mal; la dejaron emplazada en el centro mismo de todo el poblado y, por lo tanto, los vecinos colindan con ella. Insisto, está emitiendo olores nauseabundos que no permiten que las personas siquiera puedan dormir. Obviamente, es un peligro para la salud. Esas personas, alrededor de dos mil ochocientas, han efectuado protestas; incluso, se han tomado la carretera; han hablado con diversas autoridades y parlamentarios. En 2012, se reunieron con el intendente, señor Rodrigo Galilea , con la gobernadora, con el alcalde, y todos han hecho promesas que, finalmente, no han conducido a nada. Repito, la gente de la mencionada localidad tiene que estar viviendo ahí en una situación absolutamente inhumana e insalubre.
Por lo tanto, solicito que se oficie con urgencia a la Seremi de Salud de la Región del Maule, con el objeto de que informe sobre la situación sanitaria de esta planta de tratamiento y las medidas que ha adoptado a fin de proteger a la población.
Solicito, también, que se oficie al intendente de la región, a la gobernadora de Linares y al alcalde de la comuna de Retiro, respectivamente, para que informen a esta Cámara sobre las medidas y soluciones que han adoptado en resguardo de los habitantes del poblado de Copihue.
Igualmente, solicito que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a fin de que informe respecto de la situación de esta planta de tratamiento de aguas servidas; que la fiscalice y actúe conforme a la normativa existente para velar por que estas plantas funcionen correctamente.
Eso es lo que quiero solicitar en forma urgente, porque esto está afectando la vida diaria de personas sencillas. Basta ya con que se las tramite. Pido que se les dé una solución clara y final.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios por usted solicitados, con la adhesión del diputado Enrique Jaramillo, de la diputada Carolina Goic y del diputado Ascencio.
APOYO A DEMANDAS DE FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Finalmente, en el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras vertidas por el diputado José Miguel Ortiz, con quien estuvimos en conversaciones con funcionarios y dirigentes del Registro Civil.
Las noticias relacionadas con el buen período económico son constantes. La ciudadanía se informa de ello a través de la televisión y otros medios de comunicación. Diariamente se señala que Chile es el país más ordenado en el ámbito económico; que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nos tiene como un país casi desarrollado, que nos felicita continuamente por las reservas espectaculares de que disponemos. Además, seguimos recibiendo excedentes del cobre. En suma, estamos económicamente muy bien. Pese a ello, los funcionarios de la administración pública siguen esperando que el beneficio les llegue en algún momento. Es el caso de los funcionarios del Registro Civil , cuyas precarias remuneraciones no son mejoradas desde 2008.
La situación económica del país es propicia para mejorar de una vez por todas los sueldos de la administración pública, cuyos funcionarios están dolidos. Pensaron que se les iba a reparar el daño causado por las mínimas remuneraciones que reciben. Hay medios suficientes. Si no es ahora, ¿cuándo?
Señor Presidente , quiero apoyar las demandas de los funcionarios del Registro Civil . Ellos están solicitando nada más que justicia en lo económico, de acuerdo con lo que el país tiene.
Solicito que se oficie a este respecto a la Dirección del Servicio de Registro Civil e Identificación y al Presidente de la República , tal como lo pidió el diputado José Miguel Ortiz .
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas Marta Isasi , Carolina Goic y del diputado Gabriel Ascencio .
EXPLICACIÓN POR FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Regionalista, tiene la palabra la señora Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Salud , con el objeto de que explique de una vez por todas la falta de médicos especialistas en el único hospital de la Región de Tarapacá, ya que el que se prometió para Alto Hospicio supuestamente se va a empezar a construir en 2014, compromiso con la región que se hizo en tiempos de campaña.
Es cierto que se han ejecutado algunos proyectos de salud, pero falta mucho. Mientras tanto, la gente que figura en las listas de espera de la Región de Tarapacá termina por fallecer. ¡Hasta cuándo Iquique y el norte de Chile van a ser la billetera del país! ¡Nosotros también somos parte de Chile, señor Presidente ! ¡Hasta cuándo nuestra gente tiene que ir al hospital Solidario de Tacna para atenderse! ¡Es una vergüenza!
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada Carolina Goic .
SOLICITUD DE INHABILIDAD DE SEGUNDA CATEGORÍA PARA EXFUNCIONARIOS DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE (Oficio)
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , también solicito oficiar al subsecretario de las Fuerzas Armadas , señor Alfonso Vargas , quien tiene todos los antecedentes de tres exfuncionarios de la Fuerza Aérea que fueron irradiados por muchos años. Todos sus compañeros han muerto de cáncer. Se le ha solicitado innumerables veces que otorgue inhabilidad de segunda categoría a esas personas. Uno de ellos ya tiene metástasis. ¿Estamos esperando que mueran todos? Subsecretario, por favor, en nombre de esas tres personas y de sus familias, pido que se les otorgue ese beneficio, pero parece que este Gobierno es muy indolente.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada Carolina Goic .
FISCALIZACIÓN DE NORMAS LABORALES APLICABLES A LOS TRABAJADORES DE LA ZOFRI S.A (Oficio)
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , finalmente solicito oficiar al ministro de Economía , porque Zofri S.A, que es una empresa mixta que pertenece al SEP -el 60 por ciento de sus acciones pertenece a Corfo, al Estado de Chile- no es fiscalizada por la Dirección del Trabajo. Sus cargadores y trabajadores no tienen contratos de trabajo, por lo que hoy se van a huelga, lo que afectará también a los usuarios y, por lo tanto, a los clientes de Zofri S.A.
Hemos estado con esos trabajadores en innumerables ocasiones en nuestra oficina parlamentaria. Hemos propuesto soluciones a este Gobierno en relación con esta materia. Porque, señor Presidente , digamos las cosas como son: aquí no solamente hay que fiscalizar, denunciar y judicializar los temas, como algunos están acostumbrados a hacerlo; los parlamentarios también tenemos que ser capaces de proponer soluciones al gobierno de turno, como lo he venido haciendo durante estos siete años como diputada de la Región de Tarapacá .
Por lo tanto, pido al ministro de Economía que, de una vez por todas, escuche a la región; que este Gobierno escuche a la Región de Tarapacá.
Señor Presidente , en nombre de mi amada Región de Tarapacá, quiero soluciones concretas, de verdad y sin demagogia para esos trabajadores.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada Carolina Goic .
CUMPLIMIENTO DE PROMESA ELECTORAL CONTRAÍDA POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA DE CHILE. (Oficio)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- En los cinco minutos adicionales mensuales a que tiene derecho toda bancada, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio, del Partido Demócrata Cristiano.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , los funcionarios de Gendarmería han iniciado hoy un paro que, según entiendo, es a nivel nacional.
A continuación, daré lectura al compromiso que la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile suscribió con el entonces candidato a la presidencia de la República don Sebastián Piñera Echenique .
“En Santiago, 10 de enero de 2010, se firma un acuerdo entre el actual Candidato Presidencial Sr. Sebastián Pinera Echenique y la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile (Ansog), representada por su Presidente Sargento 2° Juan Alarcón Arce .
Con este compromiso se concreta la voluntad que manifiesta el Candidato Presidencial, para que en un próximo gobierno de la “Coalición por el Cambio” se legisle sobre materias atingentes a Gendarmería de Chile, en los siguientes puntos:
Recuperación de Asignación de Riesgo.
Mejorar Capacitación para el Personal Uniformado.
Profesionalización de la Institución y Readecuación de su Escalafón.
Este compromiso satisface los anhelos de todos los Gendarmes y abre las expectativas para continuar reformas y mejoramiento para el Personal de Gendarmería de Chile, en un futuro gobierno de la “Coalición por el Cambio”.
Firman, para dejar constancia de dicho acto,
Sebastián Piñera Echenique , Coalición por el Cambio
Juan Alarcón Arce , Presidente Ansog ”.
Esta promesa no se cumplió, como tantas de este Gobierno, por lo que 16 mil gendarmes se encuentran movilizados y en paro para exigir que el Presidente Piñera , antes de que deje el Gobierno e, incluso, antes de que venza este mes, envíe los proyectos de ley que prometió, con los que ilusionó y creó esperanzas en los gendarmes, lo que le permitió obtener de mala manera, por supuesto, la adhesión de los gendarmes de Chile a su candidatura presidencial.
Por lo tanto, solicito oficiar, en nombre de los diputados democratacristianos Ricardo Rincón , Gabriel Silber , Sergio Ojeda , Patricio Vallespín , de la diputada Carolina Goic , que ha estado trabajando en este tema y apoyando a los gendarmes, y en mi nombre, al señor Presidente de la República , don Sebastián Piñera Echenique , adjuntando copia del texto de mi intervención, con el objeto de exigirle que cumpla con su palabra empeñada con los gendarmes de Chile, para que termine el paro que esos trabajadores han iniciado.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic .
RESPUESTA A CARTA ENVIADA POR VECINO DE CASTRO A MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL (Oficio)
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , el señor Carlos Antonio Ferrada , de 72 años de edad, domiciliado en la ciudad de Castro, ruega en su carta a los diputados Lorenzini y Ascencio que hagamos alguna gestión ante el Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto que resuelva el drama que le contó a don Joaquín Lavín , mediante otra misiva de tres páginas el 24 de diciembre de 2012.
Ese señor dice en la carta que nos envió: “En mi condición de Adulto Mayor (72 años), le adjunto copia de la que le envié en diciembre del año pasado al Sr. Joaquín Lavín Ministro en esa fecha de Desarrollo Social, para que en su calidad de tal, suponiendo su comprensión y ayuda.
Este Señor no tuvo la deferencia de responderme...por ende...sigo con mi drama.”.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Desarrollo Social , don Bruno Baranda , con el objeto de que él, en remplazo de Joaquín Lavín, jefe de campaña de la señora Evelyn Matthei , conteste la carta de este señor, que dejaré en Secretaría, para que lo ayude con el drama que expone en la misiva que envió a Joaquín Lavín y que éste no contestó. Don Joaquín Lavín debiera saber que debe responder a la misma gente a quien le anda pidiendo su voto.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Carolina Goic .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.20 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓNY DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.50 horas.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN QUE AFECTA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y RESPALDO A MOVILIZACIÓN DE TRABAJADORES (Oficios)
El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , quiero manifestar mi reconocimiento y expresar mi solidaridad a los trabajadores del Servicio de Registro Civil e Identificación que se encuentran en paro, el cual tiene por objeto denunciar la situación laboral que los afecta y exigir reivindicaciones que son muy legítimas.
Por lo tanto, pido que se oficie al director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación , con la finalidad de que nos informé qué solución dará a los problemas denunciados por los funcionarios de ese servicio relacionados con el anuncio hecho por la dirección que encabeza sobre el funcionamiento en todo el país del sistema digitalizado, cuya operatividad ha sido desmentida por los funcionarios de ese servicio.
Respecto de las afirmaciones hechas por el director nacional del Registro Civil e Identificación , los trabajadores de esa repartición nos han señalado que con ellas ese director no solamente falta a la verdad, sino que también a la probidad, lo que considero muy grave.
En días pasados me reuní con los funcionarios del Registro Civil de la ciudad de Copiapó, que llevaban diez días de manifestaciones, los que me plantearon que no han podido cumplir a cabalidad con los turnos éticos, porque el sistema computacional no se encontraba en funcionamiento. En la Región de Atacama, el presidente de la asociación de funcionarios de dicho servicio, señor Freddy Arancibia , agregó que han intentado activar cédulas de identidad, pero que ni siquiera ha sido posible inventariarlas.
Considero esa situación muy grave, porque afecta nada menos que a la documentación de identidad formal de cada integrante de nuestra sociedad, situación que representa la exageración misma de falta de prolijidad de parte del Servicio del Registro Civil, cuyo principal responsable es su director nacional.
Los trabajadores movilizados de ese organismo piden un reajuste en grados y que las contratas sean con un estímulo mayor, petición que esperan sea acogida por el Gobierno.
Por otra parte, el nuevo sistema de captura de cédula de identidad -denominado Morpho - presenta deficiencias, porque fue activado por parte de la dirección nacional de ese servicio -en forma indebida- antes de la fecha estipulada, lo que con seguridad llevó a cabo con el objeto de apurar su inauguración.
A diario se han enviado las nóminas a Santiago, pero no hay respuesta, puesto que a quienes trabajan allí les resulta imposible hacer los seguimientos en el sistema de la cédula y pasaportes que fueron efectuadas en cada oficina con anterioridad al 2 de septiembre de 2013, lo cual fue llevado a cabo por la empresa Sonda. Debido a eso, los funcionarios no saben si dichos documentos lograron ser fabricados, si fueron rechazados o si quedaron en el local respectivo.
Asimismo, no se reflejan las actuaciones de captura en las cajas integrales de las oficinas y resulta imposible comunicarse con la mesa de ayuda de Morpho, porque no responde, de modo que es deficiente el soporte técnico en terreno de la empresa, ya que no se obtiene oportuna respuesta a los problemas existentes en las oficinas.
Considero que todos esos hechos son muy graves y que es una falta a la ética que el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, a través de versiones de prensa, tienda a trasladar la responsabilidad de esa deficiencia a los funcionarios, los que no tienen ninguna responsabilidad en la licitación que se hizo en la empresa ni injerencia alguna en la entrada en funcionamiento del sistema de captura de cédulas de identidad, el cual opera de manera centralizada.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al presidente de la asociación gremial de trabajadores del Servicio de Registro Civil e Identificación de Copiapó, al presidente de la asociación nacional de ese servicio, al presidente de la ANEF de Copiapó , así como al presidente de la expresión nacional de ese organismo gremial, a la CUT provincial de Copiapó, a la CUT nacional, al intendente y a los consejeros regionales de Atacama.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Marcelo Díaz , Alfonso de Urresti y Alberto Robles .
PREOCUPACIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE DOBLE VÍA LA SERENA-VALLENAR Y POR MEJORAMIENTO DE TECHUMBRES Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN POBLACIÓN MERMASOL (Oficios)
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , el sábado pasado, los vecinos de la población Mermasol , de La Serena, me dieron a conocer las dificultades que están enfrentado como consecuencia de su emplazamiento. La población se ubica bajo el puente Fiscal, en medio del inicio de las obras de construcción de la nueva doble vía La Serena-Vallenar, que contempla la construcción de un segundo puente paralelo, lo que dejaría al puente Fiscal en desuso para uso peatonal o en condiciones de ser derribado.
Como he dicho, la población Mermasol se encuentra ubicada debajo los puentes mencionados, razón por la que sus habitantes me han planteado su preocupación e inquietud, de las que me quiero hacer cargo, por la vía de pedir algunos oficios de fiscalización.
Primero, ellos esperan que no sea demolida la pandereta que en forma de “L” circunda la población, puesto que les brinda condiciones de seguridad fundamentales. Se trata de un muro perimetral que se emplaza en forma paralela al complejo de la Ruta 5 que se halla bajo los puentes, el que les permite contar con un cerco de la vía y una separación que les brinda mayor seguridad respecto de la conexión con el resto del territorio, lo que para los habitantes de esa población resulta fundamental.
Asimismo, durante mucho tiempo esos habitantes intentaron, por vía del diálogo con el Serviu y con la Municipalidad de La Serena, sacar adelante un proyecto para la reparación de las techumbres de las casas de ese sector, las que correspondían a una antigua toma y en las que había viviendas de autoconstrucción en muy mal estado, obra que no se ha concretado, como tampoco ha ocurrido con el proyecto de ampliación. Además, el trabajo de las maquinarias de construcción de la nueva doble vía La Serena-Vallenar provoca permanentes temblores en el sector, lo que causa mayor deterioro a sus techumbres.
En consecuencia, lo que requieren los habitantes de la población Mermasol es que se les brinde apoyo para concretar el mejoramiento de las techumbres de sus viviendas y que se les asegure que las obras de construcción de la doble vía del puente en ese sector no agudizará el deterioro de sus viviendas.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente de Coquimbo, a los seremis de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo de esa región y al alcalde de La Serena, con el objeto de que se hagan cargo tanto del problema de la pandereta como de los techos de las viviendas de la población Mermasol.
Otro aspecto planteado por sus habitantes se relaciona con la recolección y el retiro de la basura y con el mejoramiento de la plaza del sector, para lo cual pido que se oficie al alcalde de La Serena, con el propósito de que se haga cargo de esas demandas.
Asimismo, pido que se oficie a la ministra de Obras Públicas , al intendente de Coquimbo y al seremi de Obras Públicas de la misma región, con la finalidad de que respecto de la ejecución de la obra del nuevo puente de la doble vía La Serena-Vallenar, la cual si bien ha sido encomendada a una empresa privada es una obra pública, tomen cartas en el asunto para asegurar que haya un mecanismo formal de diálogo, permanente, periódico y estable entre los vecinos de la población Mermasol y la empresa, para asegurar que se cumplan los compromisos que se plantearon durante la participación ciudadana que se llevó a cabo con antelación a la ejecución de esa obra, los cuales incluían la construcción de áreas verdes, un parque recreacional para los niños, la instalación de mallas acústicas y el mejoramiento de la multicancha, entre otras cosas.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la presidenta de la junta de vecinos de la población Mermasol y a la presidenta del club de adulto mayor de ese mismo conjunto urbano, cuyos nombres y direcciones dejaré en poder de la Secretaría.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
HABILITACIÓN DE CAMINO PIEDRA DEL BUITRE, COMUNA DE LA SERENA (Oficios)
El señor DÍAZ.- En otro orden de cosas, quiero plantear un asunto que preocupa a la Unión de Fondos Mutuos Social y Cultural Santo Domingo, cuyos miembros me han planteado que a los vecinos del sector de Las Compañías les resulta fundamental la habilitación del camino Piedra del Buitre , que une el sector de Las Compañías con la Ruta 5, hacia la carretera que conecta al norte de la región; es decir, hacia la comuna de La Higuera.
Hoy, ese camino se encuentra en muy mal estado, puesto que está lleno de calaminas, de manera que requiere ser reparado. Para tal efecto, la pasada de máquinas y el riego podría mejorar su estándar. Por una parte, permitiría acortar el tiempo de desplazamiento de las personas que se dirigen desde el sector de Las Compañías -al norte del río Elqui- hacia el norte de la región, esto es hacia La Higuera , hacia Vallenar o hacia Copiapó , y, por otra, ayudaría a descongestionar las salidas de los buses de la Compañía Minera del Pacífico en los que se trasladan muchos trabajadores hacia el norte. Esos buses podrían tomar un camino alternativo a través de esa vía, lo que también descongestionaría el tránsito de los vehículos que se dirigen al centro de la ciudad por razones laborales, educacionales, etcétera.
Pido que se oficie al intendente de la Región de Coquimbo, a los seremis de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, a fin de que se hagan cargo de la inquietud planteada.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al señor Humberto Álamos , presidente de la Unión de Fondos Mutuos Social y Cultural Santo Domingo, cuyos datos haré llegar a la Secretaría de la comisión.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDADES Y EVENTUAL INVESTIGACIÓN POR RETRASO EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TELETÓN EN VALDIVIA (Oficios)
El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , quiero referirme a una situación que preocupa enormemente a la comunidad de Valdivia y la Región de Los Ríos: el retraso en la construcción del Centro Teletón de Valdivia. La Contraloría General de la República constató que los servicios públicos de la Región de Los Ríos no han solucionado adecuadamente el problema de dicho retraso. La Dirección de Arquitectura ha solicitado suspender hasta noviembre la entrega de las obras civiles. Aún falta por construir un módulo completo de la edificación. Todas las partidas resultantes y los trabajos subterráneos no se encuentran listos.
En octubre del año pasado, la empresa Aguas Décima informó a la Dirección de Obras Hidráulicas que no recibiría las obras del colector de alcantarillado y aguas lluvias, que están bajo el edificio en construcción, porque presentaban deformaciones en las tuberías de aguas servidas.
La construcción del Centro Teletón es financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y tiene un costo total que supera los 4 mil millones de pesos. La obra está a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP, que licitó a la empresa Valko S.A. Los colectores están a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas, que licitó a la empresa Gesvial S.A. Se ha informado que Valko S.A. no ha podido avanzar con su cronograma original, por los problemas de obras subterráneas.
Por lo expuesto, pido que se oficie a la ministra de Obras Públicas , a fin de que nos informe claramente, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas y de la Dirección de Arquitectura, qué sucede con esta millonaria obra, qué responsabilidad tiene la entidad que dirige en el retraso en la construcción del Centro Teletón y cuál es el cronograma de solución. Asimismo, que informe si es efectivo lo señalado por el seremi de la cartera sobre la eventual indemnización que se pagaría a la empresa constructora. Quiero saber si se encuentra en curso algún proceso de cobranza o de demanda por dicha empresa.
Solicito que se oficie al intendente de la Región de Los Ríos , a fin de que informe sobre las acciones adoptadas desde el punto de vista jurídico y administrativo para el cumplimiento de la obra, financiada con recursos regionales, y que indique la fecha en que está considerada su entrega.
Pido que se oficie al contralor General de la República , a fin de que informe si instruyó una investigación sobre las deficiencias e irregularidades señaladas; si existe una investigación en curso, pido que nos informe en qué estado se encuentra. Si no existe, pido que disponga que se inicie una investigación para saber si los contratos realizados fueron los adecuados, si se veló por el fiel cumplimiento de cada uno de ellos y cuáles son los procedimientos sancionatorios que existen para que la obra señalada se pueda llevar a cabo.
La construcción del Centro Teletón de Valdivia es una obra que ha sido apoyada por toda la comunidad de la Región de Los Ríos, y que permitirá atender a una serie de menores discapacitados de nuestra ciudad y de la región que hoy deben desplazarse a Puerto Montt o a Temuco para recibir tratamiento. Es una obra de enorme importancia, por lo que su demora y su retraso afectan enormemente a los ciudadanos. Queremos que ese retraso sea lo mínimo. Por ello, queremos saber qué ocurre.
Pido que se envíe copia de mi intervención al consejo regional de Los Ríos, al alcalde de Valdivia y al concejo, a la señora Isabel Post , coordinadora del voluntariado de la Teletón de la Región de Los Ríos, y al señor Patricio Alarcón , cuyas direcciones y antecedentes dejaré a disposición de la Secretaría de la comisión.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside.
RESPALDO DE FOSIS A PEQUEÑA EMPRENDEDORA DECOMUNA DE TIERRA AMARILLA (Oficios)
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , pido que se oficie al intendente de la Región de Atacama , al gobernador de la provincia de Copiapó y al director del Fosis de la Región de Atacama , a fin de hacerles presente un problema que afecta a la señora Iris Ramírez , quien vive y trabaja en la comuna de Tierra Amarilla.
Hace algún tiempo, la señora Iris Ramírez se adjudicó recursos del Fosis para desarrollar un pequeño emprendimiento, cual es la instalación de un quiosco en el consultorio de la comuna. El Fosis le entregó los materiales para construirlo. Una vez instalado, ella siguió desarrollando gestiones en forma muy perseverante para mejorar sus condiciones de trabajo. Hace poco tiempo tuvo que ser operada, razón por la cual dejó la administración del quiosco a uno de sus hijos. Lamentablemente, ese hijo que, al parecer, tiene problemas de consumo de drogas, vendió y se deshizo de casi toda la mercadería y de algunas maquinarias que la señora Iris tenía en su quiosco.
Me parece muy relevante que se ayude a los microempresarios. Por ello, pido al director regional del Fosis que dentro del presupuesto de apoyo a la pequeña empresa considere la entrega de recursos a la señora Iris Ramírez para que compre mercadería y reponga la máquina plastificadora, que es una de las que más requiere. Ella es la única que hacía plastificado en Tierra Amarrilla. Sin embargo, le vendieron la máquina plastificadora en forma inadecuada. Me parece que el caso de la señora Iris es atendible. Por ello, pido al director regional del Fosis que le dé una mano, y al intendente de la Región de Atacama que la ayude a través de alguno de los programas sociales disponibles para apoyar a la comunidad.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
AGILIZACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS DEL FNDR PARA PROYECTO DE BOMBEROS DE TIERRA AMARILLA Y CREACIÓN DE COMITÉ DE EMERGENCIA EN ESA COMUNA (Oficios)
El señor ROBLES.- Señor Presidente , hace poco me reuní con bomberos en Tierra Amarilla, cuya situación es muy particular. Bomberos es una de las instituciones más prestigiosas del país; en Tierra Amarilla desarrollan un importante trabajo. Por lo mismo, elaboraron un proyecto para la adquisición de uniformes especiales, normados, de tipo estructural, y de un carro de rescate multipropósito, que también requiere equipamiento, a fin de atender de mejor forma los múltiples casos que deben enfrentar, entre otros, rescates mineros -están en una región minera- o quemas de pastizales. Presentaron dicho proyecto al gobierno regional para que sea financiado con recursos del FNDR.
Por ello, pido que se oficie al intendente de la Región de Atacama , a fin de que instruya a la Serplac y a quienes corresponda en orden a que agilicen la aprobación del proyecto de bomberos de Tierra Amarilla. Sé que los consejeros regionales están disponibles para apoyar un proyecto como ese, pero también se requiere el apoyo de las autoridades para que el referido proyecto se gestione lo más rápido posible y quede en condiciones de ser votado y aprobado.
Por otra parte, hace algún tiempo, catorce bomberos de Tierra Amarrida debieron concurrir a efectuar labores de rescate y de atención de 33 personas lesionadas, como consecuencia de un choque ocurrido entre un bus y un camión. A propósito de este accidente, bomberos me comentaron que en Tierra Amarilla no existe un comité de emergencia que apoye casos como el señalado. Solo hay un encargado de emergencia en el municipio, quien, además, debe atender otras secciones, como la de Tránsito, en la que también hay muchas tareas que cumplir. En la municipalidad no hay teléfonos satelitales ni otros medios para desarrollar una acción de emergencia. La información que tengo es que en Tierra Amarilla no funcionó el sistema de emergencia en el último simulacro de tsunami y de terremoto que se realizó hace muy poco tiempo. Además, me informan que ni siquiera en el consultorio hay un grupo electrógeno que se puede ocupar durante una emergencia.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente regional y al director regional de la Onemi , a fin de que me informen sobre la situación actual y se cree un comité de emergencia en esa localidad que pueda apoyar al Cuerpo de Bomberos, a Carabineros, al consultorio y a todas las organizaciones en caso de emergencia. Lo que más me preocupa es que en Tierra Amarilla no existe un comité de emergencia que pueda actuar en caso de producirse un terremoto importante o cualquier otro problema grave.
Es necesario que el concejo reciba a los representantes del Cuerpo de Bomberos en una sesión especial para que puedan conversar con ellos. Me han informado que, desde que asumió su cargo, no han logrado concretar una reunión con el alcalde, con el fin de exponerle los problemas que afectan al Cuerpo de Bomberos de Tierra Amarilla.
Pido que se envíe copia del informe al concejo de Tierra Amarilla.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.11 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor. (boletín Nº 9094-12).
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley que establece el marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor, cuyos fundamentos paso a exponer.
I. ANTECEDENTES
En Chile, desde hace décadas, el manejo de los residuos se plantea como preocupación en los distintos sectores sociales, aunque sin soluciones efectivas. La complejidad del tema nos enfrenta hoy, además, a patrones de producción y consumo que favorecen la generación cada vez mayor de residuos.
Los residuos son sustancias u objetos que su poseedor desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente. El manejo de residuos y su disposición final generan altos costos ambientales, sociales y también un elevado costo económico para los Municipios, quienes, en su gran mayoría, contratan a empresas privadas o mediante manejo propio deben gestionar su recolección, transporte y disposición final. Por su parte, un gran porcentaje de residuos son dispuestos en vertederos y micro basurales ilegales que en su mayoría se ubican en la periferia de la zona urbana, afectando principalmente a comunas de bajos ingresos e impactando negativamente sus presupuestos, debiendo éstas asignar recursos económicos, equipamiento y personal para clasificar, extraer, transportar y eliminar los residuos dispuestos ilegalmente en el espacio público.
El marco regulatorio que actualmente se refiere al manejo de residuos sólidos en el país está compuesto por las siguientes normas:
a) Código Sanitario: establece la obligación de las municipalidades de recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados las basuras, residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la vía urbana (artículo 11 letra b). Por su parte, en el párrafo III del Título II (artículos 78 a 81) se refiere a los “desperdicios y basuras”; en él se establecen las autorizaciones sanitarias de distintas instalaciones de manejo de residuos;
b) Decreto ley N° 3.063/1979, Ley de Rentas Municipales: se refiere al cobro del servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios. Al respecto, establece criterios para cobro diferenciado; programas ambientales, incluyendo reciclaje; frecuencia o volúmenes de extracción; o las condiciones de accesibilidad; todos ellos criterios que deben establecerse por cada municipalidad a través de ordenanzas locales. Finalmente, establece una exención general a usuarios cuya vivienda o unidad habitacional tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 225 unidades tributarias mensuales, así como la facultad para que cada municipalidad exima a ciertas personas del pago de la tarifa por el servicio de aseo (Título III, artículos 5 a 11;
c) Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades: establece como función privativa de las municipalidades el aseo y ornato de la comuna (artículo 3 letra f) y atribuye a la unidad de medio ambiente, aseo y ornato el servicio de extracción de la basura;
d) Decreto supremo N° 685/1992 en que Chile ratifica el Convenio de Basilea: regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su disposición;
e) Ley N° 19.300: exige evaluación ambiental a ciertos proyectos vinculados al manejo de residuos (artículo 10 letras i, ñ y o). Asimismo, esta ley establece como función del Ministerio del Medio Ambiente proponer políticas y formular normas, planes y programas en materias de residuos (artículo 70 letra g);
f) Decreto supremo N° 594/2000 del MINSAL: establece condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo;
g) Decreto supremo N° 148/2004 del MINSAL: establece el Reglamento Sanitario sobre el Manejo de Residuos Peligrosos;
h) Decreto supremo N° 45/2007 del MINSEGPRES: establece la norma de emisión para la incineración y co-incineración;
i) Decreto supremo N° 189/2008 del MINSAL: regula condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios;
j) Decreto supremo N° 6/2009 del MINSAL: regula el manejo de residuos generados en establecimientos de atención de salud;
k) Decreto supremo N° 4/2009 del MINSEGPRES: reglamenta el manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas;
l) Decreto supremo N° 2/2010 del MINSAL: regula la autorización de movimientos transfronterizos de residuos peligrosos consistentes en baterías de plomo usadas; y
m) Decreto supremo N° 3/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: reglamenta el manejo de lodos provenientes de plantas de tratamiento de efluentes de la industria procesadora de frutas y hortalizas.
II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
Chile ha realizado importantes avances en el manejo de residuos domiciliarios. En el año 1995 la totalidad de los residuos domiciliarios se eliminaban en vertederos y basurales y tan sólo diez años más tarde en 2005, más del 60% de los residuos se disponían en rellenos sanitarios que cumplen con una serie de exigencias técnicas sanitarias y ambientales.
Sin embargo, desde el punto de vista regulatorio, el énfasis de la gestión de residuos ha sido puesto en resolver adecuadamente su disposición final, y ha quedado en evidencia que concentrar los esfuerzos en resolver sanitaria y ambientalmente la disposición final no es suficiente y es necesario redefinir el enfoque de la gestión de los residuos en nuestro país de modo tal que se incluya la valorización de los residuos, en todos sus aspectos. Por su parte, las condiciones de mercado actualmente en Chile no permiten internalizar de manera completa la externalidad generada ni permiten racionalizar la disposición final de residuos.
Actualmente, la gran mayoría de los municipios limitan su gestión a la disposición final de los residuos a través de contratos con empresas privadas o mediante manejo propio. En general, dichos organismos no han manifestado una disposición concreta para el manejo integral de sus residuos y buscan, por lo general, eliminarlos sin considerar estrategias como fomentar la prevención de su generación o su potencial valorización. Asimismo, los contratos de disposición final, muchas veces desincentivan las iniciativas de reciclaje, debido a que los costos por tonelada son menores mientras más aumente la cantidad dispuesta. Sin perjuicio de lo anterior, algunos municipios han formalizado el reciclaje a través de contratos para la recolección diferenciada. Asimismo, existe un mercado informal de recicladores e intermediarios para la recolección de papel y cartón, chatarra y otros residuos reciclables y también un mercado formal con empresas recuperadoras y recicladoras de papel y cartón, chatarra, plástico, hojalatas, aceites, baterías y neumáticos, entre otros residuos, empresas que se han desplegado en las principales ciudades del país.
De esta forma, si bien ha existido avances en materia sanitaria, la tasa de valorización de residuos generados en Chile es aún incipiente, del orden del 10%. Entre 2009 y 2010 se realizó el estudio “Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional Sobre Residuos Sólidos de Chile”, el cual presenta resultados en base a la revisión de estudios anteriores y encuestas a municipalidades, empresas generadoras y destinatarios de residuos. Los resultados del estudio presentan las siguientes estimaciones para el año 2009: una generación de 16,9 millones de toneladas de residuos, de las cuales 10,4 millones de toneladas corresponden a residuos industriales y 6,5 millones de toneladas a residuos domiciliarios, de estos últimos un alto porcentaje (33%) corresponde a materiales potencialmente valorizables. Estos datos no incluyen a los residuos mineros masivos. Más aún, algunos residuos domiciliarios de consumo masivo considerados residuos peligrosos no son tratados adecuadamente (e.g. medicamentos vencidos). Por otra parte, una lista acotada de productos de consumo masivo representa un gran porcentaje de la generación de residuos potencialmente valorizables y/o peligrosos (~85%). La siguiente tabla presenta el volumen y tasa de valorización en el país:
Producto
Generación (ton/año)
Crecimiento (%)
Tasa valoriza- ción (%)
Año
Fuente
Neumáticos Fuera de Uso
53,560
3%
22%
2012
CINC (2012)
Aparatos electrónicos
7,674
-
19%
2008
Conama (2009)
Aparatos eléctricos
18,666
-
-
2010
Conama (2010)
Lámparas o Ampolletas
5,269
2%
-
2010
Conama (2010)
Diarios, periódicos y revistas1
252,000
-
-
2011
Infor (2011)
Medicamentos vencidos
92
-
-
2013
Triciclos (2013)
Plaguicidas vencidos
0,5
-
-
2000
Conama (2000)
Vehículos fuera de uso2
67,400
-
-
2009
Lamas (2009)
Baterías Fuera de Uso
26,100
2%
52%
2008
Conama (2009)
Aceites Lubricantes Usados
72,150
4%
52%
2008
Conama (2009)
Pilas
4,337
-
-
2011
MMA (2011)
Envases-Vidrio
292,014
8%
45% 3
2012
Conama (2011)
Envases-Metal-Aluminio
100,665
3%
35% 4
2012
Conama (2011)
Envases-Cartón para bebidas
18,380
7%
20%
2012
Conama (2011)
Envases-PET
60,260
11%
19%
2012
Conama (2011)
Envases-Otros plástico
355,934
4%
10%5
2012
Conama (2011)
Envases-Papel y Cartón
474,650
6%
50% 6
2012
Conama (2011)
Envases-Plaguicidas
1,052
-
25%
2012
Afipa (2012)
Total
1,810,028
Nota: 1) Solo metal vehículos Livianos y Medianos; 2) Solo diarios y periódicos; 3) Vidrio, 54% industrial y 11% domiciliario; 4) Metal, 43% industrial y 10% domiciliario; 5) Otros Plásticos, 12% industrial y 3% domiciliario; y, 6) Papel 82% industrial y 3% domiciliario. Fuente: Elaboración propia
Para enfrentar la complejidad de este problema, ya en 2005 el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente aprobó la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, elaborada por un Comité Técnico, con representantes del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Esta política tiene como objetivo “lograr que el manejo de residuos sólidos se realice con el mínimo riesgo para la salud de la población y el medio ambiente, propiciando una visión integral de los residuos, que asegure un desarrollo sustentable y eficiente del sector”. Para la implementación de la Política se crearon Secretarías Ejecutivas, tanto a nivel nacional como a nivel regional.
Uno de los aspectos relevantes que incorpora esta política es la necesidad de contar con una gestión integral de residuos que abarque todas las etapas de un producto, desde que es elaborado hasta su eliminación. Debe tenerse presente que cuando se habla de gestión de residuos, el primer objetivo es evitar la generación; si esta no es posible de evitar, se debe procurar su minimización; si esto no es posible, entonces se debe recién evaluar su potencial disposición final. Este principio de jerarquía en la gestión de residuos, reconocido en gran parte de los países desarrollados, ha probado su efectividad en el tiempo.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la Evaluación de Desempeño Ambiental del país del año 2005, estableció una serie de recomendaciones para fomentar la valorización de residuos en Chile, tales como: “Profundizar la aplicación de los principios el que contamina paga y el usuario paga mediante cargos apropiados sobre el manejo de residuos” y “evaluar las posibilidades de introducir instrumentos económicos nuevos como cargos por residuos peligrosos, entre otros”. Los instrumentos económicos que propone la OCDE usan las fuerzas del mercado como impulsoras del cumplimiento de las metas ambientales. Este tipo de mecanismos permite entonces internalizar, en el momento mismo del acto de consumo, la externalidad asociada al producto demandado. Entre los instrumentos económicos más utilizados para el control de externalidades se reconocen instrumentos de precio y de cantidad. En el contexto internacional, más de 45 países utilizan instrumentos de cantidad para promocionar la valorización de residuos a través del mecanismo conocido como Responsabilidad Extendida al Productor (REP). La REP corresponde a un régimen especial de gestión de residuos conforme al cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de productos que comercialicen en el país definidos como prioritarios.
El envío de este proyecto de ley es un compromiso que asumió nuestro gobierno en su Programa, compromiso que fue reafirmado en la Cuenta Pública del 21 de mayo de 2011, al señalar que “enviaremos al Congreso un proyecto de ley general de residuos, para fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos”. Junto con lo anterior, es importante destacar el gran consenso político que existe por parte de los Diputados y Senadores sobre la necesidad de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de esta naturaleza. Ello queda reflejado en dos mociones parlamentarias. La primera de ellas corresponde al Boletín N° 8450 presentada el 17 de julio de 2012 por los Diputados señores Eugenio Bauer, Romilio Gutiérrez, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, Iván Moreira, Leopoldo Pérez, Manuel Rojas, David Sandoval, Ignacio Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock, y en el cual se propone incorporar un nuevo artículo 47 bis en la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estableciendo que los productores deberán evitar la propagación de los residuos que se generen con ocasión del desarrollo de su actividad económica debiendo adoptar todas las medidas necesarias para que se efectúe con el menor impacto medio ambiental posible. La segunda moción corresponde al Boletín N° 8854 presentada el 20 de marzo de 2013 por las Senadoras señoras Isabel Allende y Soledad Alvear, y los Senadores señores Guido Girardi y Alejandro Navarro, y en la cual se establece que el generador de un residuo será siempre responsable subsidiariamente de los efectos y perjuicios que éste genere hasta su completa disposición o eliminación. Por su parte, el 9 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo N° 620, en virtud del cual se le solicita a S.E. el Presidente de la República que por su intermedio “solicite al Ministerio del Medio Ambiente que nos indique cuáles son las factibilidades técnicas, administrativas y presupuestarias para hacer el envío inmediato del proyecto de la Ley General de Residuos que contempla dentro de sus principios significativos la Responsabilidad Extendida del Productor”. En este contexto, es importante resaltar la constante preocupación que ha tenido sobre esta materia la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la que en reiteradas ocasiones ha insistido en la importancia de enviar un proyecto de ley de esta naturaleza y ha manifestado su voluntad de avanzar en forma rápida en su discusión y tramitación legislativa.
De esta manera el envío de este proyecto de ley no viene sólo a honrar un compromiso asumido por nuestro Gobierno, sino que también viene a hacerse cargo de una solicitud expresa manifestada por el Poder Legislativo en cuanto a la necesidad de introducir una regulación de esta naturaleza. Asimismo, el envío de este proyecto de ley significa cumplir con una de las recomendaciones hechas por la OCDE.
También, es importante tener presente que para la elaboración de esta iniciativa se tuvieron numerosas reuniones con los diferentes actores del sector regulado por este proyecto de ley, con el objeto de recoger sus inquietudes y establecer una regulación que haga viable su implementación en función a las realidades de los mercados que está regulando. De esta forma, no solo hay un consenso político en cuanto a la necesidad de introducir la REP, sino que también existe un consenso en el sector productivo en cuanto a la necesidad de que los productores introduzcan sistemas de gestión que permitan hacerse cargo de sus productos una vez que éstos se transforman en residuos.
Finalmente, en la elaboración de este proyecto el Gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente, ha realizado una ardua tarea interdisciplinaria y de coordinación con otros ministerios y organismos públicos, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, proceso que culminó con la presentación del proyecto de ley al Consejo Consultivo del Ministerio del Ambiente para su opinión, recibiendo un amplio respaldo de sus consejeros, y sometido al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el pasado 18 de julio, sesión en la cual dicho consejo se pronunció favorablemente por unanimidad con el proyecto, cumpliéndose así con lo dispuesto en el artículo 71 letra f) de la ley N°19.300, por lo que este proyecto de ley cuenta con un amplio respaldo desde el sector público como de la sociedad civil.
III. DERECHO COMPARADO
Aunque con diferencias en el diseño y los productos a los que aplica, la responsabilidad extendida del productor se encuentra implementada en decenas de países. Por lo pronto, encontramos ejemplos en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y los países que la conforman, Australia, Japón y los vecinos Brasil y Colombia. Son los países europeos, sin embargo, los que llevan mayor tiempo de implementación, con regulación que data de principios de los años noventa. Con esto en vista, revisamos las directivas europeas en la materia y su normativa de implementación en Alemania y España. La ley N° 22/2011 de residuos y suelos contaminados de España, recientemente modificada, así como los reales decretos de desarrollo, fueron un referente importante a la hora de elaborar el presente proyecto de ley. En efecto, se rescató el esquema para el establecimiento de las obligaciones y los sistemas de gestión, y además se incorporaron disposiciones destinadas a evitar errores y debilidades observados en la práctica, vinculados a la obtención y manejo de información, al resguardo de la libre competencia y a las facultades de fiscalización y sanción.
IV. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley busca hacerse cargo de este diagnóstico generalizado, incorporando la valorización de los residuos como un elemento primordial en la gestión de los residuos sólidos, e introduciendo en la regulación existente en la materia un instrumento económico que busca generar mecanismos que permitan aumentar los niveles de reciclaje de los residuos que actualmente se disponen en rellenos sanitarios o son depositados en vertederos ilegales. De esta forma el presente proyecto de ley establece algunos instrumentos de gestión ambiental en materia de residuos, destacando entre ellos la REP. La REP implica que los productores de productos prioritarios deben cumplir con ciertas obligaciones tales como registrarse, organizar y financiar la gestión de residuo, cumplir metas de recolección y valorización a través de alguno de los sistemas de gestión y asegurar que el tratamiento de los residuos recolectados se realice por gestores autorizados. De esta forma, el fabricante o importador deberá hacerse cargo del producto una vez terminada su vida útil, debiendo cumplir metas de reciclaje establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
De esta forma, la REP persigue dos objetivos principales: por una parte, promueve el diseño de productos que procuren el aumento de su vida útil y potencial de valorización y, por otra, incentiva la reutilización y valorización de productos al final de su vida útil. Ello permite internalizar las externalidades ambientales propias de los residuos (contaminación suelo y aguas, olores, emisiones, vectores), disminuir la disposición final de residuos, con ello aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios, y formalizar el mercado de reciclaje existente en el país.
V. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley se estructura en nueve títulos. El primero de ellos establece el objeto de la ley, enuncia principios y define conceptos necesarios para la adecuada interpretación. El título II crea dos instrumentos de gestión de residuos que podrán ser desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente -la certificación, rotulación y etiquetado de productos y los sistemas de depósito y reembolso- y explicita las obligaciones de generadores, gestores, importadores y exportadores de residuos. Ambos títulos establecen así un marco general para la gestión de residuos en el país. Al respecto es importante destacar que esta iniciativa legislativa no altera la legislación sanitaria ni municipal existente en materia de residuos, sino que la reconoce y construye sobre ella.
Las secciones siguientes (título III en adelante) introducen y regulan la responsabilidad extendida del productor o REP, definida como un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que se comercialicen en el país. De acuerdo a este proyecto de ley, son productores todas aquellas personas que introducen por primera vez un producto prioritario en el mercado nacional, ya sea como fabricantes o como importadores.
Los residuos tienen un ciclo de vida que comienza a nivel nacional cuando los distintos productos son elaborados o importados. El primer actor en el ciclo de vida del residuo corresponde entonces al productor. Éste se puede definir como la persona que, independiente de la técnica de comercialización, vende un producto por primera vez en el mercado nacional, vende bajo marca propia un producto adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor o importa un producto prioritario para su propio uso profesional. Una vez que el productor elabora el producto, éste será distribuido, con lo cual se integra al distribuidor al ciclo de vida del residuo. A continuación, es el consumidor quien participa del proceso y es quien adquiere el producto y lo desecha como residuo. Una vez que el producto se transforme en residuo, éste pasará por un proceso de tratamiento, entendido como operaciones de valorización (incluyendo la reutilización, reciclaje o valorización energética del residuo) o eliminación. Esta etapa está a cargo de los llamados gestores de residuos. El gestor es quien realiza toda acción operativa para el tratamiento del residuo, incluyendo, entre otras, su recolección, almacenamiento, transporte y pre tratamiento.
La REP aplica a productos determinados, los que son identificados de manera taxativa en el presente proyecto de ley. Se trata de nueve productos priorizados en base a criterios de volumen, peligrosidad, potencial de valorización y experiencia comparada.
La principal obligación de los productores consiste en cumplir con las metas de recolección y valorización de residuos, así como con otras obligaciones asociadas, tales como; etiquetado, información, estrategias de comunicación y sensibilización y medidas de prevención en la generación de residuos.
Si bien los productos prioritarios se establecen a nivel legislativo, la determinación de las metas específicas de recolección y valorización y obligaciones asociadas por cada producto se efectuará mediante un decreto supremo, previa tramitación de un procedimiento administrativo que involucra la participación de todos los actores implicados. Se ha seguido aquí la modalidad de elaboración de las normas ambientales, en la cual se contempla un análisis de impacto económico y social, la consulta a organismos públicos competentes y privados y una etapa de consulta pública, así como el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
El mecanismo a través del cual los productores deben cumplir con sus obligaciones de REP es el llamado sistema de gestión. Se ha estimado prudente establecer flexibilidad en la materia, permitiendo que los productores obligados actúen de manera individual o colectiva, celebrando convenios con municipalidades, recicladores de base y otros gestores, según lo estimen conveniente. En caso de optar por un sistema colectivo de gestión, la persona jurídica que los productores creen al efecto deberá respetar diversos requisitos cuyo fin es garantizar que se cumpla el objeto de la ley y evitar conductas que atenten contra la libre competencia. Ejemplos de ello son la prohibición de repartir utilidades y que los estatutos garanticen la libertad de incorporación y equidad de participación de los productores.
En este mismo título se establece que los productores sólo podrán enajenar productos prioritarios sometidos a un sistema de gestión y en caso de incumplimiento va aparejada una sanción. Se trata de una disposición fundamental para la efectividad del instrumento que busca evitar productores evasores o free riders.
La REP requiere asimismo de otros mecanismos de apoyo para su efectiva implementación, entre ellos la educación ambiental en el manejo de residuos y la cooperación e involucramiento de las municipalidades. El título IV desarrolla estos mecanismos, entre los cuales destaca la creación de un fondo para las municipalidades, destinado a financiar proyectos, programas, estudios y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. También se reconoce en esta sección la existencia y el rol de los recicladores de base, demanda anhelada desde hace bastante tiempo por las asociaciones de recicladores de bases; y se propende a su formalización y participación en la gestión de residuos en el nuevo marco normativo.
El título V establece un sistema de registro, indispensable para asegurar la debida transparencia del funcionamiento de la REP. El registro, que utiliza la plataforma del existente Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), contiene información sobre los productores obligados, los gestores de residuos autorizados y los sistemas integrados de gestión; el cumplimiento de metas de recolección y valorización; las relaciones contractuales entre los productores o los sistemas integrados de gestión. Ello permite que la autoridad conozca los obligados; que la ciudadanía pueda verificar si un productor determinado está o no registrado y, en consecuencia, sometido a REP; que la autoridad y productores sepan qué sistemas de gestión se encuentran autorizados; y que los productores sepan con qué gestores pueden contratar. El registro también incorpora los resultados de la gestión de residuos, que permite verificar el cumplimiento de metas.
El título VI establece el régimen de fiscalización y sanción de la REP, a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente . En términos generales se mantiene el marco normativo ya existente, con precisiones coherentes al nuevo instrumento.
Finalmente, el título VII introduce una modificación acotada a la ley N° 19.300, y el VIII establece normas transitorias.
Por consiguiente, tengo el honor de someter a la consideración del Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley con el cual el Gobierno continúa un proceso incansable tendiente a proteger el medio ambiente y colocar al país en la vanguardia en la región en el diseño y aplicación de este tipo de política pública, que implica poner en marcha instrumentos de gestión ambiental para la gestión de residuos, desde una perspectiva moderna, sustentable y que requiere de la participación y del compromiso de la sociedad toda.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto general establecer un marco jurídico para la gestión de residuos y, en particular, instaurar la responsabilidad extendida del productor, todo ello con la finalidad de incentivar la prevención en la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, protegiendo así la salud humana y el medio ambiente.
Artículo 2.- Principios. Los principios que inspiran la presente ley son los siguientes:
a) El que contamina paga: El generador de un residuo es responsable de hacerse cargo del mismo y de internalizar y pagar los costos asociados a su manejo.
b) Gradualismo: Las obligaciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización serán establecidas o exigidas de manera progresiva, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los residuos, las tecnologías disponibles, el impacto económico y social, entre otros.
c) Jerarquía en el manejo de residuos: Orden de preferencia de manejo, que considera como primera alternativa la prevención en la generación de residuos, luego la reutilización, el reciclaje de los mismos o de uno o más de sus componentes y la valorización energética de los residuos, total o parcial, dejando como última alternativa su eliminación.
d) Libre competencia: El funcionamiento de los sistemas colectivos de gestión en ningún caso podrá atentar contra la libre competencia.
e) Participativo: La opinión y el involucramiento de la comunidad son necesarios para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.
f) Preventivo: Conjunto de acciones o medidas que se reflejan en cambios en los hábitos en el uso de insumos y materias primas utilizadas en procesos productivos, diseño o en modificaciones en dichos procesos, así como en el consumo, destinadas a evitar la generación de residuos, la reducción en cantidad o la peligrosidad de los mismos.
g) Responsabilidad de la cuna a la tumba: El generador de residuos es responsable del manejo de los residuos, desde su generación hasta su valorización y/o eliminación, en conformidad a la ley.
h) Transparencia y publicidad: La gestión de residuos se efectuará con transparencia, de manera que la comunidad pueda acceder a la información relevante sobre la materia.
Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
a) Almacenamiento: Acumulación de residuos en un lugar específico por un tiempo determinado, previo a su valorización y/o eliminación.
b) Comercializador: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que vende un producto prioritario al consumidor.
c) Distribuidor: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que comercializa un producto prioritario antes de su venta al consumidor.
d) Eliminación: Todo procedimiento cuyo objetivo es disponer en forma definitiva o destruir un residuo en instalaciones autorizadas.
e) Generador: poseedor de un producto que lo desecha o tiene la intención u obligación de desecharlo de acuerdo a la normativa vigente.
f) Gestor: Persona natural o jurídica que realiza cualquiera de las operaciones de manejo de residuos y que se encuentra autorizada en conformidad a la normativa vigente.
g) Gestión: Operaciones de manejo y otras acciones de política, de planificación, normativas, administrativas, financieras, organizativas, educativas, de evaluación, de seguimiento y fiscalización, referidas a residuos.
h) Instalación de almacenamiento: Lugar o instalación de recepción y acumulación selectiva de residuos, debidamente autorizado, previo a su envío hacia una instalación de valorización o eliminación.
i) Manejo: Todas las acciones operativas a las que se somete un residuo, incluyendo, entre otras, recolección, almacenamiento, transporte, pretratamiento y tratamiento.
j) Ministerio: Ministerio del Medio Ambiente.
k) Preparación para la reutilización: Acción de revisión, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos desechados se acondicionan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.
l) Pretratamiento: Operaciones físicas preparatorias o previas a la valorización o eliminación, tales como separación, desembalaje, corte, trituración, compactación, mezclado, lavado, empaque, entre otros, destinadas a reducir su volumen, facilitar su manipulación o potenciar su valorización.
m) Producto prioritario: Sustancia u objeto que una vez transformado en residuo, por su volumen, peligrosidad o presencia de recursos aprovechables, queda sujeto a las obligaciones de la responsabilidad extendida del productor, en conformidad a la presente ley.
n) Productor de un producto prioritario o productor: Persona que, independiente de la técnica de comercialización,
(i) enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional;
(ii) enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor; o
(iii) importa un producto prioritario para su propio uso profesional;
En el caso de envases y embalajes, el productor es aquél que introduce en el mercado el bien de consumo envasado y/o embalado.
El decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario precisará el concepto de productor, según corresponda. En dicha determinación deberá considerarse siempre la condición de pequeña y mediana empresa.
o) Reciclador de base: Gestor que consiste en una persona natural dedicada a la recolección selectiva y eventualmente a la gestión de instalaciones de almacenamiento de residuos reciclables para su comercialización.
p) Reciclaje: Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo distinto del que lo generó, incluyendo el coprocesamiento y compostaje, pero excluyendo la valorización energética.
q) Recolección: Operación consistente en recoger residuos, incluido su almacenamiento inicial, con el objeto de transportarlos a una instalación de almacenamiento, una instalación de valorización o de eliminación, según corresponda. La recolección de residuos separados en origen se denomina diferenciada o selectiva.
r) Residuo: Sustancia u objeto que su poseedor desecha o tiene la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente.
s) Reutilización: Acción mediante la cual productos o componentes de productos desechados se utilizan de nuevo, sin transformación previa, con la misma finalidad para la que fueron producidos.
t) Sistema de gestión: Mecanismo instrumental para que los productores, individual o colectivamente, den cumplimiento a las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor, a través de la implementación de un plan de gestión.
u) Superintendencia: Superintendencia del Medio Ambiente.
v) Tratamiento: Operaciones de valorización y eliminación de residuos.
w) Valorización: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética.
x) Valorización energética: Empleo de un residuo como combustible en un proceso productivo.
TÍTULO II
DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Artículo 4.- De la prevención y valorización. El Ministerio, considerando el principio de gradualismo, podrá establecer a través de un decreto supremo los siguientes instrumentos destinados a prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización:
a) Certificación, rotulación y etiquetado de uno o más productos; y
b) Sistemas de depósito y reembolso.
Uno o más reglamentos establecerán el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que establezcan los instrumentos anteriores, el que deberá contener a lo menos las siguientes etapas:
(i) Un análisis general del impacto económico y social;
(ii) Una consulta a organismos públicos competentes y privados;
(iii) Una etapa de consulta pública.
La propuesta de decreto supremo que regule alguno de los instrumentos señalados en los literales a) y b) anteriores deberá ser sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 71 y siguientes de la ley N° 19.300. Tal decreto será reclamable en los términos de lo dispuesto en el artículo 14.
La Superintendencia será competente para fiscalizar el cumplimiento de dichos instrumentos y de imponer sanciones, en conformidad a su ley orgánica.
Artículo 5.- Obligaciones de los generadores de residuos. Todo generador de residuos deberá entregarlos a un gestor autorizado para su tratamiento, de acuerdo con la normativa vigente, salvo que proceda a manejarlos por sí mismo en conformidad al artículo siguiente. El almacenamiento de tales residuos deberá igualmente cumplir con la normativa vigente.
En el caso de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables, éstos deberán ser entregados a la municipalidad correspondiente o a un gestor autorizado para su manejo.
Artículo 6.- Obligaciones de los gestores de residuos. Todo gestor deberá contar con la o las autorizaciones correspondientes y manejar los residuos de conformidad con la normativa vigente.
Asimismo, todo gestor deberá declarar, a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, al menos, la naturaleza, volumen o cantidad, costos, origen, tratamiento y destino de los residuos, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento a que se refiere el artículo 70 letra p) de la ley N° 19.300.
Artículo 7.- Obligaciones de los importadores y exportadores de residuos. Los importadores y exportadores de residuos se regirán por lo dispuesto en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, y por las demás normas legales y reglamentarias que regulen la materia.
Mediante decreto supremo, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y firmado además por el Ministro de Salud , se establecerán los requisitos, exigencias y procedimiento para la importación y/o exportación de residuos hacia o desde el territorio nacional, el que deberá incluir la regulación de las garantías asociadas.
En caso que la autoridad correspondiente advierta que un importador o exportador no cuenta con la autorización correspondiente, y que por las condiciones de transporte y el tipo de residuo pueda preverse un riesgo inminente de daño a la salud de las personas o al medio ambiente, el Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para el adecuado manejo de los mismos, a costa del infractor.
TÍTULO III
DE LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR
Párrafo 1°. Disposiciones generales
Artículo 8.- Responsabilidad extendida del productor. La responsabilidad extendida del productor corresponde a un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que comercialicen en el país.
Los productores de productos prioritarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Registrarse en el registro establecido en el artículo 32;
b) Organizar y financiar la recolección de los residuos de los productos prioritarios en todo el territorio nacional y su tratamiento, a través de alguno de los sistemas de gestión a que se refiere el párrafo 3° del presente título;
c) Cumplir con las metas y otras obligaciones asociadas, en los plazos, proporción y condiciones establecidos en el respectivo decreto supremo;
d) Asegurar que el tratamiento de los residuos recolectados se realice por gestores autorizados.
Artículo 9.- Productos prioritarios. Estarán sometidos al régimen de la responsabilidad extendida del productor los siguientes productos prioritarios:
a) Aceites lubricantes;
b) Aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las lámparas o ampolletas;
c) Diarios, periódicos y revistas;
d) Envases y embalajes;
e) Medicamentos;
f) Neumáticos;
g) Pilas y baterías;
h) Plaguicidas caducados;
i) Vehículos.
Párrafo 2°. Metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas.
Artículo 10.- Metas de recolección y valorización. Las metas de recolección y valorización de los residuos de productos prioritarios a que se refiere el artículo 9 serán establecidas mediante decretos supremos dictados por el Ministerio.
El establecimiento de tales metas se efectuará en relación a cantidad y cobertura, considerando las distinciones necesarias dentro de cada producto, los plazos y condiciones para el cumplimiento, y aplicando los principios de gradualismo y de jerarquía en el manejo de residuos.
Artículo 11.- Obligaciones asociadas. Con el fin de asegurar el cumplimiento de metas, los decretos supremos indicados en el artículo anterior podrán exigir el cumplimiento y desarrollar las siguientes obligaciones:
a) De etiquetado;
b) De información a distribuidores o comercializadores, gestores y consumidores, incluyendo la desagregación del costo de gestión de los residuos en la boleta o factura. Este costo deberá mantenerse en toda la cadena de comercialización;
c) De diseño e implementación de estrategias de comunicación y sensibilización;
d) De diseño e implementación de medidas de prevención en la generación de residuos.
Artículo 12.- Procedimiento para el establecimiento de metas y otras obligaciones asociadas. Un reglamento establecerá el procedimiento para la elaboración de los decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas por producto prioritario, el que deberá contener a lo menos las siguientes etapas:
a) Un análisis general del impacto económico y social;
b) Una consulta a organismos públicos competentes y privados;
c) Una etapa de consulta pública.
Artículo 13.- Pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. La propuesta de decreto supremo que establezca metas y otras obligaciones asociadas deberá ser sometida al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 71 y siguientes de la ley N° 19.300.
Artículo 14.- Recurso de reclamación. Los decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas serán reclamables ante el Tribunal Ambiental respectivo, por cualquier persona que considere que no se ajustan a esta ley y a la cual causen perjuicio. El plazo para interponer el reclamo será de treinta días, contado desde la fecha de publicación del decreto en el Diario Oficial. Los recursos serán conocidos por el tribunal que en primer lugar se avoque a su consideración, excluyendo la competencia de los demás.
La interposición del reclamo no suspenderá en caso alguno los efectos del acto impugnado.
Artículo 15.- De la revisión de las metas y otras obligaciones asociadas. Las metas de recolección y valorización de residuos de los productos prioritarios, así como las demás obligaciones asociadas, deberán ser revisadas al menos cada 5 años, de conformidad al procedimiento establecido en el reglamento.
Párrafo 3°. De los sistemas de gestión
Artículo 16.- Sistemas de gestión. Las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor podrán cumplirse a través de un sistema individual o de un sistema colectivo de gestión para cada producto prioritario, según se trate de un único o varios productores.
Los productores acogidos a un sistema colectivo de gestión no podrán invocar dicha circunstancia para eximirse o disminuir su responsabilidad. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, cada productor responderá en proporción a las metas que le apliquen.
Artículo 17.- Sistemas colectivos de gestión. Los productores que deseen cumplir con sus obligaciones de manera colectiva, deberán hacerlo mediante la constitución o incorporación a una persona jurídica que no distribuya utilidades entre sus asociados, la que será responsable ante la autoridad. Dicha persona jurídica tendrá como fin exclusivo la gestión de los residuos de los productos prioritarios, y en ningún caso se entenderá como organización de interés público para los efectos de la ley N° 20.500.
Asimismo, ella deberá estar integrada exclusivamente por productores, salvo que el respectivo decreto supremo permita la integración de distribuidores u otros actores relevantes.
Sin perjuicio de la normativa aplicable a la persona jurídica que se constituya, los estatutos deberán garantizar la incorporación de todo productor del respectivo producto prioritario, en función de criterios objetivos, y la participación equitativa de productores, que aseguren acceso a la información, así como el respeto a la libre competencia. Los estatutos podrán igualmente establecer una remuneración para el o los directores de la persona jurídica que se constituya.
Los productores deberán financiar los costos en que incurra la referida persona jurídica en el cumplimiento de su función, en base a criterios objetivos, tales como la cantidad de productos comercializados en el país y la composición o diseño de tales productos, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario.
En caso que la persona jurídica se extinga, los bienes de la misma pasarán a otro sistema colectivo de gestión, o bien a los productores asociados, según se establezca en los estatutos.
Artículo 18.- Obligaciones de los sistemas de gestión. Todo sistema de gestión deberá:
a) Constituir fianza, seguro u otra garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 8 letra c), según lo establecido en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario;
b) Celebrar los convenios necesarios con gestores registrados y municipalidades, en los términos establecidos en los artículos 19 y 20;
c) Informar al Ministerio sobre el cumplimiento de las metas y otras obligaciones asociadas, en los términos establecidos en el respectivo decreto supremo. Dicho informe deberá ser certificado por un auditor externo y contener, al menos, la cantidad de productos prioritarios comercializados en el país el período inmediatamente anterior; una descripción de las actividades realizadas; el costo de la gestión de residuos, en el caso de un sistema individual, y la tarifa correspondiente al costo de la gestión de residuos y su fórmula de cálculo, en el caso de un sistema colectivo; y el cumplimiento de las metas de recolección y valorización, así como de las obligaciones asociadas, si corresponde.
d) Proporcionar al Ministerio toda información adicional que le sea requerida por éste, referida al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la responsabilidad extendida del productor.
Artículo 19.- Convenios con gestores. Los sistemas de gestión sólo podrán contratar con gestores registrados.
Para tal efecto, los sistemas colectivos de gestión deberán realizar una licitación abierta, esto es, un procedimiento concursal, mediante el cual el respectivo sistema de gestión realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas para un servicio de manejo de residuos.
Los sistemas colectivos de gestión deberán contar con un informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que declare que en dichas bases no existen reglas que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, debiendo ajustarse las licitaciones a los términos que establezca el citado informe.
Los sistemas de gestión podrán solicitar al Ministerio que se les exceptúe de realizar una licitación abierta por razones fundadas, entre ellas, la ausencia o inadmisibilidad de interesados en una licitación abierta; casos de emergencia, urgencia o imprevisto; y circunstancias o características del convenio que así lo requieran.
Artículo 20.- Convenios con municipalidades. Los sistemas de gestión podrán celebrar convenios con las municipalidades, destinados al establecimiento y/u operación de instalaciones de almacenamiento de residuos de productos prioritarios.
Artículo 21.- Autorización de los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión deberán ser autorizados por el Ministerio, para lo cual se deberá presentar un plan de gestión que contendrá, al menos, lo siguiente:
a) La identificación del o los productores, de su o sus representantes e información de contacto;
b) La identificación de la persona jurídica, copia de sus estatutos e identificación de los asociados, en el caso de un sistema colectivo de gestión;
c) Las reglas y procedimientos, en el caso de un sistema colectivo de gestión, para la incorporación de nuevos asociados y funcionamiento del sistema, que garanticen el respeto a las normas para la defensa de la libre competencia;
d) La estimación anual de los productos prioritarios a ser comercializados en el país, promedio de su vida útil y estimación de los residuos a generar en igual período;
e) La estrategia para lograr el cumplimiento de las metas y demás obligaciones asociadas en todo el territorio nacional, incluyendo las instalaciones de almacenamiento;
f) El mecanismo de financiamiento de las operaciones de gestión y copia de la garantía constituida, si corresponde;
g) Los procedimientos de licitación, en el caso de un sistema colectivo de gestión;
h) Los mecanismos de seguimiento y control de funcionamiento de los servicios contratados para el manejo de residuos;
i) Los procedimientos para la recolección y entrega de información al Ministerio;
j) Los sistemas de verificación de cumplimiento del plan, a través de auditorías externas que serán realizadas periódicamente por terceros idóneos debidamente certificados por la Superintendencia, de acuerdo a su ley orgánica. Existirá incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de labores de auditoría y la gestión de residuos.
Dicho plan tendrá por objeto dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ley y tendrá una vigencia de 5 años.
Para garantizar el cumplimiento de las normas de defensa de la libre competencia a que se refiere la letra c) de este artículo, será necesario que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia emita un informe que declare que en las reglas y procedimientos para la incorporación de nuevos asociados y funcionamiento del sistema colectivo de gestión no existen hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia.
El reglamento establecerá el procedimiento, los requisitos y criterios para la autorización de los sistemas de gestión.
Los sistemas que sean autorizados serán incorporados por el Ministerio en el registro a que se refiere el artículo 32.
Artículo 22.- Renovación de la autorización. La solicitud de renovación de la autorización del sistema de gestión deberá presentarse ante al Ministerio con al menos seis meses de antelación al vencimiento del respectivo plan de gestión. En lo demás se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 23.- Actualización del plan de gestión. Toda modificación al plan de gestión deberá ser inmediatamente informada al Ministerio.
Las modificaciones significativas que recaigan sobre los contenidos referidos en las letras b), c), e), f) y g) del artículo 21 requerirán además de la autorización del Ministerio, en los términos establecidos en el reglamento.
Artículo 24.- Interpretación administrativa. El Ministerio estará facultado para interpretar administrativamente las disposiciones de los decretos supremos de cada producto prioritario.
Artículo 25.- Enajenación de productos prioritarios sometidos a un sistema de gestión. Los productores e importadores sólo podrán enajenar los productos prioritarios señalados en el artículo 9° que estén sometidos a un sistema de gestión y respecto de los cuales se encuentren vigentes las metas y obligaciones asociadas establecidas en los respectivos decretos supremos.
TÍTULO IV
MECANISMOS DE APOYO A LA RESPONSABILIDAD
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR
Artículo 26.- Educación ambiental. El Ministerio diseñará e implementará programas de educación ambiental destinados a transmitir conocimientos y crear conciencia en la comunidad sobre la gestión ambientalmente racional de los residuos.
Artículo 27.- Municipalidades. A fin de colaborar con el adecuado cumplimiento del objeto de la presente ley, las municipalidades:
a) Podrán celebrar convenios con sistemas de gestión;
b) Procurarán destinar suficientes áreas bajo su administración para la instalación y/u operación de instalaciones de almacenamiento, a través de la celebración de convenios con los sistemas de gestión;
c) Incorporarán en sus ordenanzas municipales, cuando así lo estimen necesario, la obligación de recolectar los residuos de manera separada.
Artículo 28.- Del fondo para el reciclaje. El Ministerio contará con un fondo concursable destinado a financiar proyectos, programas, estudios y acciones para a prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, que sean ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas, y cuyo patrimonio estará integrado por:
a) Los recursos que el Estado reciba por concepto de asistencia técnica o cooperación internacional;
b) Las donaciones, herencias y legados que reciba, las que estarán exentas del trámite de insinuación a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil y de toda contribución o impuesto;
c) Las transferencias que conforme a su presupuesto realicen los gobiernos regionales;
d) Los recursos que para este objeto puedan consultarse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación;
e) Los recursos que le asignen otras leyes; y
f) En general, cualquier otro aporte proveniente de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a cualquier título.
Para la ejecución del fondo se podrán celebrar convenios con otras entidades públicas. Los recursos que se transfieran a tal efecto no se incorporarán a los presupuestos de los organismos receptores.
El reglamento establecerá el procedimiento y los criterios para la asignación de los recursos que considere el fondo.
El reglamento deberá contener, a lo menos, las siguientes materias:
a) Bases y procedimiento de postulación;
b) Evaluación y selección de los proyectos, programas, estudios y acciones;
c) Derechos y obligaciones de los proponentes seleccionados;
d) Entrega de los recursos y procedimientos de control.
Artículo 29.- Recicladores de base. Los recicladores de base registrados en conformidad al artículo 32 podrán participar de la gestión de residuos para el cumplimiento de las metas.
Para registrarse, deberán estar debidamente certificados en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la ley N° 20.267.
Artículo 30.- De las obligaciones de los distribuidores y comercializadores. Todo distribuidor o comercializador de productos prioritarios cuyas instalaciones tengan una superficie suficiente, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo que establezca las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario, deberá aceptar sin costo la entrega de los residuos de productos prioritarios que comercialice de parte de los consumidores. La obligación de aceptar la entrega no podrá supeditarse a la venta de un nuevo producto.
Las instalaciones de almacenamiento destinadas a tal efecto no requerirán de una autorización sanitaria adicional a la del mismo establecimiento.
Los distribuidores o comercializadores estarán obligados a entregar a título gratuito a los gestores contratados por el respectivo sistema de gestión, todos aquellos residuos recibidos de los consumidores.
Artículo 31.- De las obligaciones de los consumidores. Todo consumidor estará obligado a entregar el residuo de un producto prioritario en un punto de recolección establecido por el respectivo sistema de gestión.
TÍTULO V
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Artículo 32.- Registro. El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, a que se refiere el artículo 70 letra p) de la Ley N° 19.300, contendrá información sobre:
a) Los productores de productos prioritarios;
b) Los sistemas de gestión autorizados;
c) Los distribuidores o comercializadores de productos prioritarios, cuando corresponda;
d) Los gestores autorizados;
e) El cumplimiento de metas de recolección y valorización;
f) Toda otra información que establezca el respectivo reglamento.
El reglamento respectivo establecerá el contenido y funcionamiento de dicho registro.
El Ministerio estará facultado para cobrar un arancel por la inscripción en el registro. Los ingresos percibidos por este concepto serán destinados al funcionamiento de tal registro.
El Ministerio procurará que la información contenida en el registro sea difundida en un lenguaje inteligible a través de su sitio electrónico.
TÍTULO VI
RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
Artículo 33.- Fiscalización y seguimiento. Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones cuyas infracciones se establecen el artículo siguiente. Para tal efecto se regirá, en lo que corresponda, por lo dispuesto en el Título II de su ley orgánica.
Cuando el Ministerio cuente con antecedentes que permitan presumir una infracción, deberá remitir los mismos a la Superintendencia y solicitar el inicio de un procedimiento sancionatorio.
Con el fin de verificar los hechos investigados, la Superintendencia podrá requerir información a gestores de residuos, a sistemas de gestión, a distribuidores o comercializadores, al Servicio Nacional de Aduanas, al Servicio de Impuestos Internos, entre otros.
Artículo 34.- Infracciones. Constituirán infracciones gravísimas:
a) El no registrarse en el registro establecido en el artículo 32;
b) El no contar con un sistema de gestión autorizado;
c) El celebrar convenios con gestores en contravención a lo dispuesto en el artículo 19;
d) El no cumplir con las metas de recolección y valorización;
e) El incorporar información falsa en la información proporcionada al Ministerio;
f) El no informar al Ministerio sobre el cumplimiento de las metas y obligaciones asociadas, en los términos precisados en el respectivo decreto supremo;
g) El enajenar productos prioritarios no sometidos a un sistema de gestión.
Constituirán infracciones graves:
a) El no declarar información conforme al artículo 6;
b) El no cumplir con lo dispuesto en el artículo 7;
c) El entregar residuos de productos prioritarios a gestores no autorizados, ya sea para su transporte o tratamiento;
d) El no cumplir con las obligaciones asociadas establecidas en el respectivo decreto supremo;
e) El no cumplir con el requerimiento de información efectuado por la Superintendencia;
f) El no renovar la autorización del sistema de gestión;
g) El efectuar cambios al plan de gestión sin previa autorización, en conformidad al artículo 23.
Constituirán infracciones leves:
a) El no constituir fianza, seguro u otra garantía, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 letra a);
b) El no proporcionar al Ministerio la información adicional requerida;
c) El no informar las modificaciones al plan de gestión;
d) El negarse a aceptar residuos y entregarlos al sistema de gestión de manera gratuita, según lo establecido en el artículo 30.
Artículo 35.- Sanciones. Las infracciones gravísimas darán lugar a las siguientes sanciones:
a) Multa de siete mil a diez mil unidades tributarias anuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente;
b) Prohibición de vender el producto prioritario mientras se mantenga la infracción;
c) Revocación de la autorización al sistema de gestión;
d) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.
La multa por la infracción gravísima de la letra d) del artículo anterior se aplicará por cada unidad por sobre la meta incumplida y ascenderá a un monto de 2 a 10 veces de los costos de la gestión de los residuos, estimado por la Superintendencia en base a la información disponible.
Las infracciones graves darán lugar a las siguientes sanciones:
a) Multa de tres mil una a siete mil unidades tributarias anuales;
b) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.
Las infracciones leves darán lugar a las siguientes sanciones:
a) Amonestación;
b) Multa de una a tres mil unidades tributarias anuales;
c) Publicación de los productores infractores en el sitio electrónico de la Superintendencia y del Ministerio.
La Superintendencia aplicará una o más de las sanciones anteriores en conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 3° del Título III de su ley orgánica.
Artículo 36.- Recursos. En contra de la resolución de la Superintendencia que aplique una sanción, procederán los recursos a que se refiere el Párrafo 4° del Título III de su ley orgánica.
TÍTULO VII
MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS NORMATIVOS.
Artículo 37.- Modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Modifícase la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el siguiente sentido:
a) Agrégase el siguiente párrafo 6 bis, a continuación del artículo 48 bis:
“Párrafo 6 bis
De la certificación, rotulación y etiquetado
Artículo 48 ter.- Corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, que sean voluntariamente solicitados y cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país, de acuerdo a los requisitos que establezca el reglamento.
Asimismo, el reglamento deberá determinar el procedimiento al cual se sujetará el otorgamiento de los certificados, rótulos y etiquetas. El Ministerio podrá encomendar a entidades técnicas la verificación del cumplimiento de los requisitos que señale el reglamento. La acreditación, autorización y control de dichas entidades se regirá por lo dispuesto en el reglamento a que hace referencia el artículo 3 letra c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.
La Superintendencia del Medio Ambiente será la encargada de fiscalizar el debido cumplimiento de las disposiciones de que trata este artículo.
La infracción de esta normativa será sancionada de conformidad a lo dispuesto en el Título III de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, encontrándose ésta facultada, además, para revocar el certificado, rótulo o etiqueta como sanción. Sin perjuicio de lo anterior, la falsificación o utilización maliciosa de los certificados, rótulos o etiquetas será sancionada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193, 194 y 196, según corresponda, del Código Penal.”.
b) Introdúcese la siguiente letra t bis) al artículo 70:
“t bis) Otorgar certificados, rótulos o etiquetas a personas naturales o jurídicas públicas o privadas, respecto de tecnologías, procesos, productos, bienes, servicios o actividades, que cumplan con los criterios de sustentabilidad y contribución a la protección del patrimonio ambiental del país, en conformidad a la ley.”.
TÍTULO VIII
NORMAS TRANSITORIAS
Artículo primero.- Certificación de recicladores de base. Durante los primeros dos años de vigencia de la presente ley, los recicladores de base podrán registrarse sin contar con la certificación referida en el artículo 29. Transcurrido dicho plazo, y no habiendo acreditado tal requisito ante el Ministerio, caducará su inscripción.
Artículo segundo.- Obligación de informar. Mientras no entren en vigencia los decretos supremos que establezcan las metas y obligaciones asociadas de cada producto prioritario, los productores deberán informar anualmente al Ministerio, a través del Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes, lo siguiente:
a) Cantidad de productos priorizados comercializados en el país durante el año inmediatamente anterior;
b) Actividades de recolección, valorización y eliminación realizadas en igual período, y su costo;
c) Cantidad de residuos recolectados, valorizados y eliminados en dicho lapso;
d) Indicación de si la gestión para las actividades de recolección y valorización es individual o colectiva.
Dicha información deberá ser entregada por primera vez en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la presente ley.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda ; JAIME MAÑALICH MUXI, Ministro de Salud ; MARÍA IGNACIA BENÍTEZ PEREIRA, Ministra del Medio Ambiente .”
Informe Financiero
Proyecto de Ley Marco para la Gestión de Residuos y Responsabilidad
Extendida del productor
Mensaje N° 182-361
I. Antecedentes.
1. El presente proyecto de ley crea tres nuevos in trumentos de gestión ambiental, la certificación, rotulación y etiquetado de productos, los sistemas de depósito y reembolso y, la responsabilidad extendida al del productor (REP). El principal instrumento que introduce el proyecto
corresponde a la responsabilidad extendida del productor, conforme al cual los productores (fabricantes o Importadores) son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos que introducen en el mercado nacional.
La REP aplica a productos determinados como prioritarios, específicamente a los aceites lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos; diarios, periódicos y revistas; envases y embalajes; medicamentos; neumáticos; pilas y baterías; plaguicidas caducados y, a vehículos.
2. La principal obligación de los productores consiste en cumplir con metas de recolección y valorización de residuos asociadas por cada producto, las que se determinarán mediante un decreto supremo, previa tramitación de un procedimiento administrativo que involucra la participación de todos los actores implicados. Por su parte, el mecanismo a través del cual los productores deben cumplir con sus obligaciones de la REP es el llamado sistema de gestión, el que puede ser individual o colectivo, según lo definan los propios productores.
3. En apoyo a la REP, el proyecto se refiere también a la educación ambiental en el manejo de residuos, al reconocimiento de los recicladores de base a y la cooperación e involucramiento de las municipalidades, incluyendo la creación de un fondo para las mismas, destinado a financiar proyectos, programas, estudios y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.
4. Finalmente, se establece un sistema de registro, para asegurar la debida transparencia del funcionamiento de la REP y su fiscalización. El sistema de fiscalización y sanción queda entregado a la Superintendencia del Medio Ambiente.
II. Efecto del Proyecto sobre los Gastos Fiscales.
Los recursos que pudiese demandar el presente proyecto de ley dependerán de lo que consigne anualmente ley de presupuestos para el Fondo Nacional de Gestión de Residuos.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (boletín N° 8829-01)
Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
8829-01
Crea un registro voluntario de contratos agrícolas.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Proyecto iniciado en moción del señor diputado Godoy, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de potenciar la actividad portuaria y estimular la relación entre los puertos y las ciudades que los albergan.(boletín N° 9088-14)
FUNDAMENTOS:
I. INTRODUCCIÓN.
Valparaíso, debe su creación, desarrollo y características a su condición portuaria. La ciudad, su morfología urbana, su cultura, su patrimonio, entre muchos otros aspectos está ligado a tal condición, que ha dado como resultado la situación actual y su valoración como un activo de la ciudad.
La actividad portuaria ha sido, en distintos momentos de su historia, motor de desarrollo e impronta de la ciudad; en otros, las situaciones que han afectado o requerido la actividad portuaria han sido detonantes de agudas crisis.
Esta relación ambigua -como ha sido hasta este momento- requiere un cambio sustancial que apunte a generar un marco de relaciones que propicie las bases de una relación constructiva entre la ciudad y la actividad portuaria, puesto que ya no se pueden seguir proponiendo modelos de desarrollo que sólo apunten al fortalecimiento de una de las partes en desmedro de la otra.
Esta situación de conflicto no ha sido privativa de Valparaíso, sino que ha sido reconocida como una realidad que afecta en general a las ciudades portuarias y, en tal contexto, se han desarrollado distintas estrategias que buscan hacer frente y fortalecer esta relación.
La Asociación Internacional de Ciudades y Puertos (AIVP), en su congreso del año 2006, aprobó una Carta para el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias, en donde plantean los principios básicos que deben atenderse a fin de alcanzar un desarrollo sostenible de las ciudades puerto.
Así, se definen los siguientes aspectos que permitirían abordar la problemáticas de las ciudades-puertos.
1. Asegurar la coherencia de los proyectos en los territorios de las ciudades y regiones portuarias.
2. Tratar las interfaces portuarias desde el punto de vista del carácter mixto.
3. Respetar los equilibrios entre ciudad portuaria y medio ambiente natural.
4. Reforzar la cohesión social y dinamizar el empleo.
5. Favorecer desarrollos económicos portuarios y urbanos innovadores.
6. Cooperar entre ciudades portuarias.
Estos principios, se formulan a partir de la propia experiencia de las distintas ciudades-puertos que forman la organización.
II. EXTERNALIDADES DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA.
En el estudio “Análisis de la Competitividad entre el Transporte Caminero y Ferroviario respecto del Acceso a Puertos” realizado por INECON Ingenieros y Economistas Consultores S.A. el año 2011 (encargado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) a través de su Subsecretaría de Transportes ), se plantea que la permanente tensión que sufren las ciudades-puerto, no es sólo una realidad nacional, sino propia de esta actividad. Se señala que una de las principales causas de esta situación es la necesidad de relaciones de conectividad de los puertos, y la concordancia de estas con las demandas de la ciudadanía por mejores condiciones de vida para sus habitantes.
Se señala que “la ciudadanía considera que el acceso al borde costero y las facilidades de desplazamiento en lugares aledaños a las instalaciones portuarias, constituyen elementos de gran importancia en el contexto de presentar atractivos turísticos de la ciudad y del fortalecimiento de la identidad urbana. El puerto, por su parte, ve encarecer sus costos de operación al ser sujeto de regulaciones urbanas y ambientales cada vez más estrictas en materia de acopios en sus áreas de respaldo y presión por liberar espacio para la ciudad”.
Se plantea que la gradual disociación de intereses entre los puertos, que abogan por alcanzar mecanismos de mayor eficiencia para competir en un mundo globalizado, y las ciudades, que buscan atraer actividad económica, entre estas actividades turísticas y por otra calidad de vida a sus habitantes.
Se plantea que las principales desventajas de esta convivencia se señalan en:
1. En relación a la Ciudad:
-Obstrucción al borde costero
-Flujo de camiones y cargas pesadas.
-Ruido, contaminación, inseguridad.
-Marginalidad, delincuencia.
-Impactos visuales por infraestructura portuaria (grúas, contenedores)
2. En relación al Puerto:
-Limitación en sus áreas de expansión.
-Limitación a los frentes de atraque.
-Restricciones de horarios.
-Congestión vial.
-Falta de diálogo.
En esta misma línea se plantean las siguientes ventajas:
1. En relación a la Ciudad:
-Identidad histórica.
-Proyección nacional e internacional.
-Desarrollo del comercio y el turismo.
-Desarrollo económico y generación de empleo.
-Buena conectividad.
-Actividades complementarias relacionadas al borde costero: pesca artesanal, gastronomía.
2. En relación al Puerto:
-Mercado laboral.
-Centro urbano, servicios generales.
-Mercado habitacional.
-Servicios especializados (SAG, Aduanas).
-Plataformas logísticas.
-Seguridad.
III. LEGISLACIÓN COMPARADA.
1. España: Puerto de Barcelona.
a) Régimen Legal
El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado . Los principales cuerpos normativos en esta materia son la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, cuyo texto refundido fue fijado por el Real Decreto Legislativo 2/2011 y la Ley 48/2003 sobre régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
Este último cuerpo legal se refiere principalmente a la forma en que la actividad portuaria se debe desarrollar, estableciendo, como regla general, la existencia de un régimen de competencia entre los puertos de interés general y entre las Autoridades Portuarias que los gestionan.
Por su parte, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en lo que dice relación con los puertos, tiene como objeto (artículo 1):
-Determinar y clasificar los puertos que sean competencia de la Administración General del Estado.
-Regular la planificación, construcción, organización, gestión, régimen económico financiero y policía de los mismos.
-Regular la prestación de servicios en dichos puertos, así como su utilización.
-Determinar la organización portuaria estatal, dotando a los puertos de interés general de un régimen de autonomía funcional y de gestión para el ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley, y regular la designación por las Comunidades Autónomas de los órganos de gobierno de las Autoridades Portuarias.
Asimismo, se definen los puertos marítimos “al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades”.
En cuanto a su administración, esta se entrega a nivel estatal a la autoridad denominada Puertos del Estado. Además se establecen las denominadas Autoridades Portuarias, las que se encuentran encargadas de la administración de uno o más puertos de los que componen el sistema portuario español.
b) Normas relativas a la relación entre el puerto y la ciudad que lo alberga
La Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general dispone en el parágrafo 2 del artículo 4º Optimización de la gestión económica, lo siguiente: “La gestión económica se realizará en un marco de desarrollo sostenible que velará por la protección y conservación medioambiental, por la adecuada integración de los puertos en las ciudades de su entorno y por la conservación del Patrimonio Histórico Español afecto al servicio de los puertos.”
Otra referencia que encontramos es el parágrafo 2 del artículo 38 Plan Director de Infraestructuras del Puerto: “Previa a su aprobación y una vez realizada la tramitación ambiental que corresponda por las Autoridades Portuarias, se elevará por Puertos del Estado al Ministerio de Medio Ambiente para la evaluación de impacto ambiental, cuando proceda. Asimismo, y previa su aprobación, se dará audiencia a la autoridad autonómica competente en materia de ordenación del territorio.”
Este mismo cuerpo legal, en su Capítulo III, relativo a la utilización del dominio público portuario establece un procedimiento de aprobación de los “Planes de utilización de los espacios portuarios”, instrumento mediante el cual se define los usos posibles en los recintos portuarios. Este instrumento es distinto de aquellos necesarios para la gestión administrativa del puerto.
Este procedimiento contempla la responsabilidad de la autoridad portuaria en su elaboración y justificación, como también la participación de otros organismos tales como la autoridad urbanística, pesqueras, deportivas, así como todos aquellos ámbitos sectoriales sobre los que pueda incidir el plan de utilización de los espacios portuarios.
Paralelamente, este plan se somete a un mecanismo de información pública durante 30 días en los cuales los interesados pueden formular observaciones, las que deben ser respondidas e incluidas en el proceso.
Luego, el informe es remitido a la Autoridad Portuaria, quien reúne información en otros aspectos relevantes de carácter estratégico nacional, y lo remitirán al Ministerio de Fomento, entidad que en definitiva es quien aprueba el plan.
En el caso de las modificaciones, se distingue entre aquellas que implican una alteración significativa, del resto de las modificaciones. Alteración significativa se conceptualiza como aquella modificación que supone una alteración individual o acumulada superior al 15% de la superficie asignada a un determinado uso o aquellas vinculadas a usos no portuarios.
En el caso de las modificaciones que impliquen una alteración significativa, esta deberá someterse al mismo procedimiento de aprobación del plan, sin perjuicio del cumplimiento de otras exigencias legales como los de carácter ambiental.
2. Argentina
a) Régimen legal por el cual se realiza gestión de puertos
El marco normativo argentino de los puertos se conforma de regulaciones a nivel nacional y a nivel provincial. En el primero de ellos nos encontramos con la Ley 24.093 de Desregulación de la Actividad Portuaria, que en su artículo primero establece su ámbito de aplicación al disponer: “Todos los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los puertos estatales y particulares existentes o a crearse en el territorio de la República, se rigen por la presente ley.”.
En el ámbito de la gestión de los puertos, podemos identificar dos sistemas: uno a través del cual es la autoridad de nivel nacional la que gestiona los puertos y otra en que las provincias asumen dicha función, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley antes citada que permite a solicitud de las provincias, que se les traspasen a ellas la administración de los puertos estatales. A su vez estas provincias pueden gestionar directamente los puertos o bien entregarla a particulares.
Cabe hacer presente que el artículo 12 de este cuerpo legal establece un requisito especial para el traspaso de los puertos estatales en el caso de las provincias de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Neuquén y Santa Fe. Dicho requisito es que, de manera previa a la transferencia se deben haber constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos y, en uno y otro caso, se debe asegurar la participación de los sectores particulares interesados.
Para el caso de los puertos nacionales, es decir aquellos cuya administración no se ha traspasado a una provincia, la forma de gestión de los mismos se encuentra regulada en el artículo 13 de este mismo cuerpo legal. De acuerdo a dicha norma, la explotación puede ser efectuada por:
-La administración de los puertos nacionales;
-Ceder la operatoria y explotación a personas jurídicas estatales;
-Ceder la operatoria y explotación a personas jurídicas mixtas; o,
-Ceder la operatoria y explotación a personas jurídicas privadas.
En los tres últimos casos esto se debe hacer mediante un contrato de concesión de uso o locación total o parcial a través de un procedimiento de licitación pública. En cuanto a la duración de las concesiones, el artículo 16 no fija un plazo máximo, sino que utiliza como criterio para determinar la duración que el plazo de la concesión permita la amortización racional de las inversiones acordadas entre las partes.
En esta legislación no se consideran normas relativas a si se privilegia un sistema multioperador o bien uno monoperador, sino que deja abierta la posibilidad a que, dependiendo del caso se utilice uno y otro sistema, pues se permite el otorgamiento de concesiones totales o parciales de un puerto, con lo que, en un mismo recinto portuario es posible que existan más de dos entes operándolo.
b) Normas relativas a relación entre el puerto y la ciudad que lo alberga
En la ley Nº 24.093 no se contemplan normas que regulen la relación entre los puertos y la ciudad que los albergan. En todo caso, debe tenerse presente que al permitirse que la gestión de los puertos sea entregada a una provincia, esta puede obtener recursos de dicha explotación, lo que dependerá de cada caso.
Así, por ejemplo, en podemos señalar el artículo 5º de la Ley provincial 11.011 sobre Entes Administradores Puerto Santa Fe y Puerto Rosario, que exige como requisito para ejercer como Presidente del Ente Administrador el tener domicilio en la ciudad puerto y una residencia mínima de dos años en la misma.
IV. PROPUESTA DE MECANISMOS PARA COMPATIBILIZAR LA ACTIVIDAD PORTUARIA CON LA CIUDAD.
De la revisión de los aspectos que contempla la Carta para el desarrollo sostenible de las ciudades portuarias y tomando en consideración aquellos aspectos que se señalan como las principales desventajas de la relación ciudad-puerto, es posible formular ciertas propuestas de modificaciones legales a fin de mejorar la relación puerto-ciudad.
Se proponen mecanismos que permitan, por una parte, mejorar las instancias de planificación existentes de manera de establecer obligaciones tanto de las autoridades locales o regionales como de las autoridades de las empresas portuarias en términos de realizar propiciar acciones que apunten al desarrollo conjunto de las ciudades-puertos y por otra, de manera complementaria, mecanismos que permitan dimensionar adecuadamente los impactos y las compensaciones requeridas por las ciudades producto de la actividad portuaria.
1. Mecanismo de planificación.
Entre los mecanismos de planificación se proponen los siguientes:
a. Una modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en relación a la planificación urbana intercomunal, a fin de entregar potestades a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, para realizar estudios y liderar mesas de trabajo que sean pertinentes, con los municipios que contengan recintos portuarios, aéreos u otros similares, y las empresas responsables, ya sean públicas o privadas, a fin de establecer lineamientos conjuntos que promuevan un desarrollo integral y las líneas estratégicas que deben quedar plasmadas en el instrumento de planificación.
b. Modificación de la Ley N° 19.542, en los siguientes sentidos: primero, establecer que al menos uno de los directores sea una persona que represente los intereses de la ciudad que alberga el recinto portuario; segundo, establecer dentro de las funciones del directorio de la empresa portuaria que éste no sólo vele porque no se limiten las posibilidades de desarrollo y expansión de los puertos, sino que además porque este desarrollo sea compatible con el desarrollo del resto de la ciudad; y, tercero, someter el Plan Maestro de cada empresa portuaria, y sus modificaciones significativas, a consultas ante el Consejo Regional, quienes velaran porque las propuestas que allí se contengan sean concordantes con los planes de desarrollo de la región y del Concejo Municipal, a fin de resguardar el impacto en el desarrollo comunal. En ambos casos, las observaciones deberán ser remitidas a la Empresa Portuaria para que sean consideradas dentro del respectivo plan; cuarto, a fin de categorizar las modificaciones al Plan Maestro, introducir el concepto de “alteración significativa” como aquellas que impliquen cambios en una superficie de hasta el 10% de la superficie del recinto portuario o impliquen una modificación del destino o desafectación de los recintos en los usos portuarios.
Asimismo, definimos que se entiende por actividad portuaria para zanjar una discusión que a nuestra opinión, se resolvió de manera errónea y perjudicial para los puertos nacionales.
Finalmente, incorporamos un mecanismo para que los concejos municipales puedan provocar la remoción de los Gerentes Generales, cuando estos realicen gestiones que vayan en contra del mejor interés de la comuna que sirve de asiento para el respectivo puerto.
2. Mecanismos de compensación
Establecer modificaciones en la Ley N° 19.300 tendiente a incorporar las acciones de la actividad portuaria en el Sistema de Evaluación Ambiental, entendiendo que uno de los objetivos de esta regulación es promover el desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva se propone:
a. Incorporación de los Planes Maestros de las empresas portuarias a la Evaluación Ambiental Estratégica, con el objetivo de que estos instrumentos consideren criterios de desarrollo sustentable y normas de coordinación con otras entidades públicas. Con este mismo objetivo, se debe estudiar la vigencia de los planes portuarios. Además, lo anterior incorporara la necesaria participación ciudadana en la definición de estos lineamientos.
b. Incorporar entre las actividades que deben someterse al Sistema de Evaluación Ambiental , a los recintos portuarios, sus modificaciones significativas, áreas de acopio y otras áreas en que se desarrollen faenas relacionadas con la actividad portuaria a fin de sistematizar los impactos y externalidades de esta actividad y las compensaciones que sean necesarias.
c. Sistema Tributario que entregue los recursos a los gobiernos locales acorde a las necesidades adicionales que la actividad portuaria impone a las ciudades. Sin embargo, en este punto en particular, carecemos de las competencias constitucionales para gestionar reformas legales, por lo que abogaremos en el trámite legislativo y ejercicio de nuestra función de representación, para que medidas en esta dirección se materialicen en el corto y mediano plazo.
En definitiva, la presente consiste en una propuesta de modificaciones legales, cuyo objetivo es promover cambios institucionales que permitan el desarrollo sustentable de las ciudades portuarias, tendiente a generar mecanismos que permitan tanto el desarrollo portuario como la calidad de vida urbana. Se intentan abordar distintas perspectivas, que permitan avanzar en el sentido declarado y que sean compatibles con la institucionalidad vigente, a partir de la experiencia internacional relativa a ciudades portuarias.
Las modificaciones legales que se proponen, apuntan a la compatibilización de la planificación urbana y portuaria, a la gestión de la administración de las empresas portuarias y a los aspectos ambientales de los proyectos portuarios.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcción, en el siguiente sentido:
1) Reemplázase el inciso primero del artículo 36, por el siguiente:
“El Plan Regulador Intercomunal será confeccionado por la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, con consulta a las municipalidades correspondientes e instituciones públicas o privadas cuya actividad genera impactos relevantes sobre el área en estudio, sin perjuicio de las normas especiales que se establezcan para el Área Metropolitana.”
2) Incorpórase al artículo 40, un inciso final nuevo, del siguiente tenor:
“En las comunas en que se emplacen recintos portuarios, aeródromos, aeropuertos u otros de similar naturaleza o impacto, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva podrá desarrollar los estudios y mesas de trabajo necesarias con participación de las municipalidades afectadas y las empresas y organismos responsables, públicos o privados, a fin de establecer lineamientos conjuntos que promuevan un desarrollo integral de dichos recintos y las comunas. Los lineamientos estratégicos que se definan deberán incorporarse en el instrumento de planificación.”
3) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 41:
a. Para agregar en el inciso primero antes del punto final (.), la expresión “y ambiental”
b. Para agregar el siguiente inciso final nuevo:
“Cualquier otro instrumento con expresión territorial, tales como Planes de Desarrollo Turístico, Planes Costeros, Planes Maestros Portuarios, Zonas Protegidas, u otros que establezca la ley, deberán considerar al momento de su elaboración, lo establecido en el plan regulador comunal.”
Artículo 2.- Modifícase la Ley N° 19.542, Moderniza el Sector Portuario Estatal, en el siguiente sentido:
1) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo al artículo 11, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero y cuarto y quinto respectivamente:
“Se entenderá que una modificación tiene el carácter de “alteración significativa” cuando implique cambios en una superficie igual o superior al 10% de la superficie del recinto portuario o impliquen una modificación del destino o desafectación de los recintos en los usos portuarios.”.
2) Incorpórase el siguiente inciso cuarto nuevo al artículo 13, pasando los actuales incisos cuarto y quinto a ser quinto y sexto respectivamente:
“El “Plan Maestro” o aquellas modificaciones calificadas como “alteraciones significativas”, antes de su aprobación, deberán ser sometidas a consulta ante el Consejo Regional respectivo, a fin de velar porque las propuestas que allí se plantean sean concordantes con los planes de desarrollo de la región; y ante el Concejo Municipal de la comuna en que se encuentre ubicado el respectivo puerto, a fin de verificar su concordancia con el plan regulador comunal y verificar su impacto en el desarrollo comunal. Las observaciones formuladas por estas entidades deberán ser respondidas y consideradas en el Plan Maestro.”
3) Agrégase al artículo 14, el siguiente inciso segundo nuevo:
“Se entenderá por actividad portuaria, la construcción, operación y administración de puertos, terminales portuarios; los rellenos, dragados u obras de ingeniería oceánica; y, en general, todas aquellas que se efectúen en los puertos y terminales portuarios, con el fin de optimizar su capacidad para el transporte y tráfico de mercancías, desde y hacia ellos.”
4) Agrégase al artículo 24, el siguiente inciso tercero nuevo:
“Uno de los directores deberá corresponder a una persona que, reuniendo las condiciones antes señaladas, represente los intereses de la ciudad que alberga el recinto portuario. Dicha persona será propuesta por el Concejo Municipal respectivo.”
5) Agrégase en el número 3. del artículo 31, antes del punto y coma (;), la siguiente frase:
“ni del desarrollo y calidad de vida de las comunas que los albergan”
6) Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo al artículo 37:
“Asimismo, los Concejos Municipales de las comunas que alberguen el respectivo puerto, podrán por dos tercios de sus miembros, solicitar al directorio que cite a una sesión especial para analizar la solicitud de remoción del Gerente General, cuando a juicio del organismo comunal, este no actúe en el mejor beneficio de la ciudad.”
Artículo 3.- Modifícase la Ley N° 19.300, Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el siguiente sentido:
1) Intercálase en el inciso segundo del artículo 7º bis, entre la expresión “del territorio marítimo” y antes del ilativo “y”, la frase “, planes maestros de las empresas portuarias regidas por la Ley Nº 19.542”.
2) Reemplázase la letra f) del artículo 10 por la siguiente:
“f) Puertos, vías de navegación, astilleros, terminales marítimos y cualquier otra actividad complementaria que se desarrolle en las aéreas portuarias, incluso, aquellas modificaciones que signifiquen alteraciones significativas del recinto portuario;”
4. Proyecto iniciado en moción de las señoras diputadas Sepúlveda, doña Alejandra; Girardi, doña Cristina; Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise y de los señores diputados Araya y Torres, que fortalece el derecho a pensión alimenticia. (boletín N° 9089-18).
“Considerando:
1° Que la obligación de alimentos, es una de las más trascendentales, si es que no es la primera, del Derecho de Familia, y en general de todo el Derecho Civil. Así, se ha definido por la doctrina chilena como aquel derecho “que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, que debe cubrir al menos el sustento, habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de alguna profesión u oficio” [1]
2° Que la legislación chilena ha avanzado consistentemente en otorgarle mayor protección y efectividad al cumplimiento de estas obligaciones. Es así como se han efectuado una serie de reformas legales a las principales fuentes del derecho de alimentos, tanto a la Ley 14.908, relativa al pago de pensiones alimenticias, como también, en menor medida al Código Civil. Tales reformas se han plasmado en la promulgación de las leyes número 19.585, 19.741, 19.947, 19.968, 20.152 y 20.286.
3° Que pese a estas reformas es posible detectar una serie de dificultades prácticas en la aplicación de las normas referidas al derecho de alimentos. De esta manera, este proyecto tiene por intención dar solución a ellos, fortaleciendo y haciendo plenamente efectiva esta fundamental obligación. En consecuencia, el proyecto se hace cargo de tres materias: regulación de los alimentos provisorios posteriores a la declaración de mediación frustrada, el otorgamiento de la calidad de crédito preferente a la obligación alimentaria y finalmente, la extensión del cumplimiento de los alimentos a otros sujetos en caso de imposibilidad material del primer obligado.
4° En cuanto a los alimentos provisorios posteriores a la declaración de mediación frustrada, se ha detectado un vacío en torno a determinados momentos procesales que implican que esta obligación no se cumpla por un largo tiempo. La desprotección real del alimentario se produce entre que se frustra la mediación y se notifica la demanda, que incluye los alimentos provisorios. En este sentido, puede haber un lapso de tiempo importante en que el alimentario no tenga medios de subsistencia. Es por lo mismo que el proyecto propone que, previendo que la mediación se frustre, el alimentario pueda exigir alimentos hasta que el Juez de la causa resuelva algo distinto, sin perjuicio del derecho del alimentante a poder pedir la revisión del monto en un plazo de 6 meses contados desde la solicitud.
Si bien el artículo 109 de la ley 19.968 obliga al mediador a indicar al alimentario de su derecho a solicitar alimentos en cualquier estado de la mediación, este derecho en la práctica no se utiliza ya que se debe pedir al Tribunal de Familia respectivo, órgano que exige que se comparezca en forma legal para solicitarlo, lo que nos devuelve al problema citado. Es por ello que lo ideal sería que el mediador pudiera directamente solicitar esto al Juez, para que lo apruebe en cuanto no sea contrario a derecho.
Una solución como ésta traería múltiples beneficios: por una parte, y la más relevante, es que deja al alimentario protegido frente a cualquier eventualidad que pudiera ocurrir desde que se concurre a la mediación obligatoria y se notifica la demanda. Asimismo, el alimentario no se vería forzado a aceptar un acuerdo en la mediación por el hecho de necesitar medios para subsistir ya que necesita el dinero ahora y no en tres o cuatro meses más. Además, el alimentario podrá tranquilamente asesorarse, sea por un abogado particular o por la Corporación de Asistencia Judicial, teniendo en cuenta que este último órgano tiene períodos de espera y calificación que pueden ser largos. Finalmente, este monto acordado podría servirle como un patrón para el Juez de la causa a fin de que resuelva sobre los alimentos provisorios o definitivos.
5° En cuanto al otorgamiento de la calidad de crédito preferente a la obligación alimentaria se puede apreciar una dificultad práctica derivada del incumplimiento de ésta debido a que el derecho de alimentos es un crédito que no goza de preferencia alguna para su pago. Esta situación se da en el caso del incumplimiento de una pensión en donde el acreedor (el alimentario) utiliza una de las vías que tiene para proceder al pago de la misma, cual es la solicitud de embargo de los bienes del deudor. Esto se hace especialmente importante en el evento en que el deudor pase un largo tiempo sin cancelar sus obligaciones alimenticias, en donde el monto de lo debido asciende a tal punto que justifica el embargo de bienes de mayor valor, tales como automóviles, inmuebles, etcétera.
No obstante lo anterior, frente al remate de los bienes para el cumplimiento de las deudas, la ley civil no contempla una preferencia para el pago de la deuda en comparación a otros créditos, constituyendo un crédito valista o quirografario. Así, por ejemplo, un acreedor hipotecario tiene preferencia para el pago de su deuda hipotecaria frente al alimentario, quien tendrá que esperar el saldo restante para poder recibir algún pago parcial, si es que lo hay.
En el derecho comparado esta noción ya se encuentra incorporada en ciertos ordenamientos jurídicos, así a modo de ejemplo, se puede citar el artículo 171 del Código de la Familia de Costa Rica, que señala: “La deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquiera otra, sin excepción”. La doctrina nacional también se ha pronunciado a favor de incluirla en la prelación de créditos del Código Civil. De este modo, se ha señalado que: “dada la naturaleza del derecho y los intereses que se protegen nos parece objetable no haber incluido el derecho del alimentario entre los créditos que deben pagarse antes que aquellos que tienen un carácter puramente patrimonial [...J. Por lo demás, otros créditos que se originan en relaciones jurídicas del ámbito del Derecho de Familia, sí tienen dicha preferencia, como se establece en los números 3 y 4 del artículo citado (2481)”[2].
El fundamento para incluir a la obligación alimentaria en el catálogo de créditos con preferencia está en la propia naturaleza de la obligación de alimentos, una de las más importantes obligaciones del ordenamiento jurídico civil, tanto así que se le otorga una serie de protecciones por la Ley 14.908 de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, pero no la de tener preferencia frente a otros créditos.
Nos parece seriamente reprochable el hecho que la ley civil otorgue preferencia a los créditos del fisco por los impuestos de retención y recargo por sobre el derecho de alimentos, que es el que permite la subsistencia y el desarrollo físico e intelectual, bajo las mejores condiciones posibles, de los alimentarios. Esto denota la clara prevalencia de las obligaciones patrimoniales por sobre las obligaciones del derecho de familia. Lo anterior obliga a incluir la preferencia de alimentos en la primera clase y en el numeral séptimo, el cual hace referencia a prestaciones de similares características. Además se debe recalcar que el Estado está al servicio de la persona, y no al revés, así lo prescribe el artículo 1 inciso 3 de la Constitución Política de la República.
6° En cuanto a la extensión del cumplimiento de los alimentos a otros sujetos en caso de imposibilidad material del primer obligado, el artículo 232 del Código Civil señala taxativamente que “la obligación de alimentar al hijo que carece de bienes pasa, por la falta o insuficiencia de ambos padres, a sus abuelos, por una y otra línea conjuntamente. En caso de insuficiencia de uno de los padres, la obligación indicada precedentemente pasará en primer lugar a los abuelos de la línea del padre o madre que no provee; y en subsidio de éstos a los abuelos de la otra línea”.
Esta taxatividad no siempre hace cumplir la obligación alimentaria, por cuanto es una práctica, cada vez más común, el hecho de que el alimentante comience a transferir bienes de su propiedad en otros integrantes del grupo familiar, para burlar los derechos del alimentario, particularmente cuando éste nace de una relación pasajera o paralela. Si bien el artículo 5 de la ley 14.908 permite anular los actos del alimentante con terceros de mala fe según la acción que concede el artículo 2.468 del Código Civil, es de pública notoriedad el hecho de que esta acción no es muy utilizada por diversas razones.
Es por ello que se propone que no sólo sean los ascendientes quienes respondan de las obligaciones alimenticias, sino que también los parientes en la línea colateral, en especial, los hermanos, a quienes, en general, se transfieren estos bienes para huir de su cumplimiento. Lo anterior siempre y cuando el alimentante se encuentre en insuficiencia para hacerlo.
7° Que el presente proyecto se dirige a robustecer la protección de la obligación alimenticia como también a actualizar la legislación en torno a ella, en el entendido que es uno de los principales derechos del ordenamiento jurídico vigente. Por todas las consideraciones anteriormente señaladas es que se proponen cambios legales a diversos cuerpos normativos que permitirán un debate fecundo en torno a las dificultades prácticas en la aplicación de estas materias.
Por lo anterior, los diputados que suscriben, vienen en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo primero.- Agréguese un inciso tercero al artículo 109 de la ley 19.968 que crea los Tribunales de Familia del siguiente tenor:
“Desde la primera sesión de mediación podrán el alimentario solicitar un monto provisorio de alimentos, de lo cual el mediador deberá levantar acta según lo prescrito por el artículo 111”.
Artículo segundo.- Modifíquese el Código Civil en el siguiente sentido:
Modifíquese el numeral 7° del Artículo 2472 del Código Civil de la siguiente manera:
“7°. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses. Asimismo, los alimentos que se hayan devengado a las personas señaladas en el artículo 321”.
Agréguese un inciso tercero al artículo 232 del siguiente tenor:
“Si ninguno de los ascendientes, por falta o insuficiencia, puede proveer, la obligación pasará a los hermanos del alimentante”.
5. Proyecto iniciado en moción de las señoras diputadas Sepúlveda, doña Alejandra; Girardi, doña Cristina; Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise y de los señores diputados Araya y Torres, que prohíbe a los asistentes de la educación a desempeñar labores docentes en los términos que indica.(boletín N° 9090-04).
“Considerando
1° La escasa regulación que tienen actualmente los asistentes de la educación y en particular los paradocentes. En efecto, su regulación se limita actualmente a la Ley N° 19.464, con sus modificaciones posteriores, y en particular dentro de ella, su artículo 2° que a continuación se transcribe, constituye la única “definición” que podemos encontrar de dichos asistentes.
“Artículo 2°.- La presente ley se aplicará al personal asistente de la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal, al de los establecimientos de educación particular subvencionada y al regido por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que tenga contrato vigente y que realice al menos una de las siguientes funciones:
a) De carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley N° 19.070, para cuyo desempeño deberán contar con un título de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por éste;
b) De paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento de los establecimientos. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico profesional o por una institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado, y
c) De servicios auxiliares, que es aquélla que corresponde a labores de cuidado, protección, mantención y limpieza de los establecimientos, excluidas aquellas que requieran de conocimientos técnicos específicos. Para el desempeño de estas funciones se deberá contar con licencia de educación media.
Se aplicará, asimismo, al personal asistente de la educación que cumpla funciones en internados administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas”.
2° Que en diversos establecimientos educacionales, se está encomendando a estos asistentes de la educación la labor de reemplazar a los profesores titulares, por ejemplo, cuando están con licencias médicas. Es decir, estos asistentes de la educación están acudiendo a cumplir labores docentes en sala de manera habitual.
3° Que la ley no exige a los asistentes de la educación que sean profesores, por lo que no necesariamente tendrán conocimientos o estudios en pedagogía, sicología ni convivencia escolar, lo que no hace conveniente que estén a cargo de los estudiantes dentro de las salas de clases de forma permanente, ya que para ello están los profesores.
En efecto, en cuanto a la regulación de la actividad docente, el D.F.L. N° 1 de 1997 del Ministerio de Educación, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, prescribe en su artículo 1° que “Quedarán afectos al presente Estatuto los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación básica y media, de administración municipal o particular reconocida oficialmente, como asimismo en los de educación pre-básica subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, así como en los establecimientos de educación técnico profesional administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el decreto ley N° 3.166, de 1980, como también quienes ocupan cargos directivos y técnico pedagógicos en los departamentos de administración de educación municipal que por su naturaleza requieran ser servidos por profesionales de la educación”.
Y a continuación, el artículo 2° señala que “Son profesionales de la educación las personas que posean título de profesor o educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes”.
De lo anterior se sigue que los asistentes de la educación en cuanto tales no se encuentran sometidos al estatuto docente, ya que no necesariamente son profesionales de la educación ni cuentan con estudios necesarios para realizar tales labores.
Por otra parte, la función docente tiene una definición legal expresa en los artículos del estatuto docente que a continuación se reproducen:
Artículo 5°: “Son funciones de los profesionales de la educación la docente y la docente-directiva, además de las diversas funciones técnico-pedagógicas de apoyo. Se entiende por cargo el empleo para cumplir una función de aquellas señaladas en los artículos 6° a 8° siguientes, que los profesionales de la educación del sector municipal, regidos por el Título III; realizan de acuerdo a las normas de la presente ley”.
Artículo 6°: “La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel prebásico, básico y medio.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma continua y sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula será de 45 minutos como máximo.
b) Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias de la función docente de aula, tales como administración de la educación; actividades anexas o adicionales a la función docente propiamente tal; jefatura de curso; actividades coprogramáticas y culturales; actividades extraescolares; actividades vinculadas con organismos o acciones propias del quehacer escolar; actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación y las análogas que sean establecidas por un decreto del Ministerio de Educación”.
En consecuencia, las labores docentes en los términos en que está descrita, sólo pueden ser desarrolladas por profesionales que cuenten con los títulos exigidos por la ley, y no por personal asistente, que no necesariamente tendrá dichos títulos.
4° Que el hecho de que los asistentes de educación estén constantemente a cargo de las funciones de docencia en aula perjudica principalmente a dos actores. Por un lado, a los estudiantes que están al cuidado de dichos asistentes; y por otro lado, al propio asistente, ya que al tener una escueta regulación, que no deslinda responsabilidades ni define con precisión las labores o funciones, los expone a situaciones en que se pueden ver involucrados, las cuales implican una mayor responsabilidad de aquella que han asumido al desarrollar su labor de asistente.
5° Que resulta entendible que los asistentes de la educación puedan acudir a cubrir reemplazos a los profesores cuando éstos se ausenten de manera imprevista. Lo que no resulta aceptable es que permanentemente se esté enviando a asistentes a desarrollar la labor docente en lugar de contratar profesores de reemplazo, debido a los adversos efectos enunciados anteriormente.
6° Que hace muchos años que los asistentes de la educación vienen reclamando por la inexistencia de un estatuto normativo que los regule, estableciendo sus definiciones, funciones y responsabilidades en el quehacer educativo, lo que no se ha podido concretar por falta de iniciativa. Por ello, reconocemos que este proyecto no da una solución de fondo al problema enunciado, pero sin duda constituye un avance que permitirá mejorar tanto las condiciones laborales de tales asistentes, como la educación de nuestros estudiantes. En mérito de lo anteriormente expuesto, los Diputados firmantes venimos a presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Art único: Modifíquese la Ley N° 19.464 en el siguiente sentido:
1) Insértese un nuevo inciso final en el artículo 2°, del siguiente tenor:
“El personal asistente de la educación aludido en este artículo estará impedido de realizar cualquier función de docencia de aula, entendiendo por tal, la definida en el D.F.L. N° 1 de 1997 del Ministerio de Educación, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, salvo para efectuar reemplazos esporádicos o momentáneos a los docentes titulares”.
6. Proyecto iniciado en moción de las señoras diputadas Sepúlveda, doña Alejandra; Girardi, doña Cristina; Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise y de los señores Diputados Araya; González; Torres y Venegas, don Mario, que establece un límite máximo a los aranceles que se cobran por parte de las Instituciones de Educación Superior. (boletín N° 9091-04).
“CONSIDERANDO:
1° Que actualmente existen dos especies de aranceles en el marco del sistema de educación superior: el arancel de referencia, que es el monto de dinero máximo que entrega el Ministerio de Educación para financiar una carrera; y por otro lado está el arancel real, que es el monto de dinero que fija cada institución en las carreras que imparte.
2° Que por regla general, los aranceles de referencia son bastante más bajos que los aranceles reales, por lo que los estudiantes y sus familias que cuentan con alguna especie de beneficio para pagar sus estudios por parte del Estado, de igual forma deben desembolsar una suma de dinero para pagar la diferencia entre tales aranceles.
3° Que lo anterior lleva aparejado el hecho de que existen varios estudiantes que al no contar con el dinero para cubrir tal diferencia, deben cesar en sus estudios pese a contar con el apoyo del Estado
4° Que en ocasiones, la diferencia entre el arancel real y el de referencia supera la mitad del arancel. Es decir, el alumno debe pagar directamente más de la mitad del arancel debido a que el arancel de referencia no alcanza a cubrir ni siquiera esa cantidad. Estos montos pueden llegar a superar los tres millones de pesos anuales, lo que puede generar como efecto la deserción del estudiante por falta de recursos o bien en ocasiones lleva a que los estudiantes recurran a créditos comerciales de consumo, generando el consecuente endeudamiento a tasas de interés altísimas.
Por citar un ejemplo, el arancel real de la carrera de odontología en la Universidad del Desarrollo es de $6.297.000, mientras que el arancel de referencia es de $2.946.638. Como se puede apreciar, el arancel de referencia sólo representa un 47% del arancel real, generando una diferencia a pagar por cada estudiante de $3.350.632. Todo lo anterior considerando los datos del año 2013.
5° Que los aranceles reales hoy se fijan por cada institución, como es la regla general en cuanto a fijación de precios en nuestro país. Sin perjuicio de lo anterior, existen casos en que hay aumentos indiscriminados de los aranceles, los que no siempre se condicen con mejoras en la calidad de la educación entregada ni en los medios de que disponen los estudiantes tales como infraestructura o tecnología, configurando así hipótesis de cobros excesivos.
6° Que en diversos casos, ante un aumento en los aranceles de referencia establecidos por el Ministerio de Educación, algunas instituciones han optado por aumentar sus aranceles reales. Ello bajo la lógica de que el alumno mantiene su poder adquisitivo y la consecuente posibilidad de costear los estudios. Lo anterior queda plasmado en el testimonio que dio Andrés Bernasconi, académico de la Universidad Católica, al señalar que “si una carrera costaba s de pesos y el Estado aportaba un millón, el alumno debía financiar el millón restante. Si al año siguiente, el Estado decide subir su ayuda a un millón y medio, la universidad va a subir su arancel a dos millones y medio, porque sigue calculando que el alumno mantiene una capacidad de pago de un millón de pesos al año”, aunque en la realidad no sea así.
Lo anterior perjudica no sólo al estudiante, que si bien debe seguir pagando lo mismo actualmente, se endeuda a futuro por un monto mucho mayor, sino también a la sociedad toda, ya que el Estado progresivamente va aumentando los recursos entregados para educación, los cuales van en beneficio directo de las casas de estudio y como ha quedado en evidencia últimamente, en último término, de sus controladores. Ello sin implicar una necesaria mejora en la calidad educativa que entrega la institución.
7° Que según cifras estadísticas, los aranceles entre los años 1995 y 2005 se elevó en un 92,8%. Por otra parte, el valor promedio que se paga por concepto de aranceles universitarios es de US$ 3.400 anuales, lo que equivale a un 22,7% del PIB per cápita, lo que nos sitúa entre los países con la educación superior más caras del mundo. Por otra parte, de los dineros que el país invierte en educación superior, el 79% proviene directamente de las familias, el 6% viene de otros fondos privados y sólo el 14,6% del Estado. Todo ello en base a cifras entregadas por un estudio conjunto realizado por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Como recomendación en su informe, éstas organizaciones han señalado a Chile que “como medidas complementarias para proteger a los estudiantes de un excesivo aumento de los aranceles, exigir que las instituciones de educación superior, cuyas tarifas suben más rápidamente que el promedio nacional, justifiquen por qué sus costos son diferentes”. Sin perjuicio de ello, tal medida nos parece insuficiente, toda vez que solo justificar los aumentos arancelarios no beneficia a los estudiantes, quienes ante una justificación igualmente verían aumentados los aranceles reales.
8° Que según la misma metodología que entrega el Ministerio de Educación en virtud de la cual explica cómo se determina el arancel de referencia, se señala que “La lógica del arancel de referencia consiste, en una primera etapa, en agrupar universidades en cuatro tramos de acuerdo al resultado de los indicadores a nivel institucional (indicadores académicos y de eficiencia docente)”. Por lo mismo, dicho órgano utiliza dentro de los parámetros para determinarlo, antecedentes tales como número de jornadas completas equivalentes con magister y doctorado, número de proyectos Fondecyt y Fondef, número de publicaciones ISI y Scielo, tasa de titulación oportuna, etc.
Tales antecedentes permiten agrupar a las universidades según la calidad de la educación que entregan, por lo que en definitiva el arancel de referencia se refleja en la calidad de la educación que entrega cada institución. De este modo, no se corre el riesgo de hacer que una universidad que tiene buenos índices de calidad deba bajar sus precios, ya que si tiene buenos índices, tendrá un arancel de referencia más alto.
Por otra parte, los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica, se agrupan según los años de acreditación que tienen, por lo que el razonamiento antes expuesto se replica para esta clase de instituciones, eliminando, o al menos disminuyendo el riesgo de que una buena institución vea rebajados en exceso sus aranceles de referencia.
9° Que por lo anteriormente expuesto, se hace necesario fijar un máximo en los aranceles que cobran las instituciones de educación superior, toda vez que no resulta justo ni proporcionado los aumentos que actualmente realizan dichas instituciones, los que no se condicen con la calidad de la educación entregada. Por ello, se pretende permitir a los estudiantes gozar de verdaderos beneficios por parte del Estado y que no terminen éstos convirtiéndose en pesadas cargas que de igual forma les impidan estudiar.
POR TANTO:
Los diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Art. Único: “Las instituciones de educación superior que se encuentren acreditadas, no podrán cobrar por concepto de arancel, una suma superior en más de un 10% al arancel referencia) fijado por el Ministerio de Educación, y las que reciban aportes del Estado deberán ajustarse al arancel de referencia”.
7. Proyecto iniciado en moción de las señoras diputadas Sepúlveda, doña Alejandra; Girardi, doña Cristina; Isasi, doña Marta; Pascal, doña Denise y de los señores diputados Araya, González, Torres y Venegas, don Mario “Considerando:
1. Que la educación superior chilena ha sido objeto de numerosas críticas en diversos aspectos tales como la acreditación institucional, la calidad, y especialmente, el lucro en las universidades. En efecto, una de las principales aristas de la agenda pública de los últimos años ha sido el duro cuestionamiento que ha debido soportar el sistema de educación luego de haber pasado décadas, desde su creación, sin una indagación y revisión profunda de lo que ocurría al interior del mismo.
2. En este sentido, el Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministerio de Educación que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, en adelante, el DFL 2, en su artículo 53 consagra una prohibición genérica de constituir universidades con una finalidad de lucro.
3. En cuanto a la naturaleza jurídica de las universidades, el DFL 2 indica que éstas deben constituirse como corporaciones. Las corporaciones sin fines de lucro son personas jurídicas que tienen diversas finalidades, dentro de las cuales no puede existir la de incrementar el patrimonio personal de los miembros de ellas.
En efecto, el Código Civil en su artículo 557-2 señala: las asociaciones y fundaciones podrán realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines. Asimismo, podrán invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración. Las rentas que se perciban de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de la asociación o fundación o a incrementar su patrimonio. A contrario sensu, las rentas de estas personas jurídicas no pueden destinarse a incrementar otro patrimonio que no sea el de éstas.
A nivel contable, la ley 13.011 establece que es función del Colegio de Contadores de Chile dictar normas relativas al ejercicio profesional (art. 13 letra g), dentro de las cuales están aquellas que explican cómo deben prepararse los estados financieros de las organizaciones en el país, una de las cuales son las corporaciones.
En esta línea, una de esas normas es el Boletín Técnico N° 63 del Colegio de Contadores de Chile trata de la contabilidad de las organizaciones sin fines de lucro, definiéndolas como aquellas entidades que persiguen un fin común distinto a la obtención de una ganancia a repartir entre los asociados. Como consecuencia de esto, el exceso de los ingresos sobre los gastos que se produzca en un ejercicio no puede ser distribuido entre los socios y debe incrementar el patrimonio de la institución, para que ésta pueda continuar prestando los servicios para los cuales fue creada. Agrega a norma que pueden ser organizaciones sin fines de lucro, (entre otras las siguientes: 1) Universidades, colegios y otros establecimientos educacionales
De lo anterior es forzoso concluir que la naturaleza jurídica y contable de las corporaciones, y por ende de las universidades, está determinada por la reinversión de sus rentas en la propia institución, sin poder en ningún caso, derivarlas, por cualquier medio, a alguno de sus controladores.
4. Que hoy en día es un hecho público y notorio la existencia de numerosas prácticas que tienen por objeto precisamente burlar la prohibición legal, antes señalada, que se le ha impuesto a las universidades, y particularmente a los controladores de éstas, en torno a que no puedan perseguir fines de lucro. En consecuencia, a través de estos mecanismos, se han destinado utilidades o rentas de estas instituciones a incrementar el patrimonio individual de quienes tienen poderes de dirección y administración sobre las mismas, lo que contraviene el sentido de la ley, y por tanto, constituye un ilícito.
En este sentido se pronuncia el Informe de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior. La conclusión 13° de dicho Informe señala que para los efectos de analizar la contravención de la normativa legal vigente sobre la existencia de lucro en el sistema universitario, es que entenderemos por lucro aquél retiro de excedentes en beneficio de los creadores, organizadores o controladores de la corporación universitaria correspondiente por alguna de las vías, u otras no identificadas aún, que más adelante se mencionan.
El Informe establece variadas maneras en que producirse esta situación, a saber:
-Altos sueldos a miembros del Directorio o ejecutivos importantes pero sin que exista límite legal aceptado tributariamente como gasto para este desembolso, sólo en el caso de las universidades se pueden pagar sueldos más altos que en las demás empresas a personas relacionadas sin sufrir consecuencias tributarias negativas;
-Externalizar servicios relevantes, por este medio las utilidades de la universidad que no pueden retirarse, si pueden pagarse a las empresas relacionadas (sociedades espejo) desde donde sí pueden retirarse o distribuirse a sus propietarios;
-Las universidades están exentas del impuesto a la renta (Primera Categoría), no tienen razones tributarias para adquirir activos fijos relevantes que luego pueden depreciar, por lo tanto los propietarios de las universidades pueden verse incentivados a adquirir el activo fijo mediante empresas distintas que si pueden aprovechar la depreciación y a la vez ser arrendados a la universidad;
-Las empresas señaladas en el número anterior, al igual que cualquier empresa, puede asignar altos sueldos a su propietario o ejecutivos relevantes pero en este caso se financiarían sus pagos con los recursos emanados de la universidad;
-El directorio de la universidad o empresa señaladas pueden incorporar familiares con el objeto de repartir un mismo ingreso eventualmente alto entre distintos contribuyentes relacionados por parentesco disminuyendo la base imponible sujeta a tributo;
-La universidad al igual que cualquier empresa puede vender su cartera de deudores incobrables a una empresa de factoring, los que podrían estar relacionados a los fundadores de la universidad. Por lo tanto, por este medio se logra radicar la cobrabilidad de la universidad donde no tributa y la incobrabilidad en la empresa de factoring donde se puede descontar como gasto necesario para producir la renta;
-Compra y venta de universidades bajo el control de grupos económicos y extranjeros;
-Pagos de royalties, patentes u otros conceptos a terceros, nacionales o extranjeros;
-Aumentar los ingresos o excedentes de las corporaciones universitarias mediante el aumento indiscriminado de matrícula, el alza de los aranceles, la minimización de los costos de operación sacrificando calidad en la actividad académica, el manejo financiero de dineros provenientes de fondos públicos, etc.
-Crecimiento de las universidades, por la vía de donaciones de empresas relacionadas con los creadores/organizadores de las corporaciones y de las sociedades espejos.
Fuera de estas formas, se han constatado otros medios, como por ejemplo, el otorgamiento de préstamos sin intereses ni reajustes entre las universidades y las empresas relacionadas, el establecimiento de remuneraciones altísimas por consultorías de dudosa concreción práctica, el otorgamiento de garantías constituidas por el flujo de los matriculados para caucionar créditos bancarios, etcétera.
De esta manera, el catálogo expuesto está lejos de ser taxativo toda vez que es muy probable que existan más mecanismos, y otros que puedan idearse y aplicarse una vez pesquisados éstos.
5. No obstante lo anterior, estas prácticas denunciadas por diversas instituciones han sido investigadas y sancionadas en algunos casos, como lo es la situación que circunda a la Universidad del Mar. En efecto, el mal estado de funcionamiento de la institución llevó a un procedimiento administrativo de investigación y posterior cierre. La gravedad de esta situación consta en el Acuerdo N°106/2012 del Consejo Nacional de Educación en virtud del cual se procedió a recomendar la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica del plantel. En el punto D.4. de su parte considerativa se señala expresamente:
En conclusión y entendiendo que la naturaleza de la corporación como entidad sin fines de lucro -definida así en la ley y en los estatutos de la Universidad- implica que los ingresos que ella recibe deben ser destinados a solventar los costos de su operación y que, en caso de haber rentabilidad o ganancia, ella debe ser reinvertida en la propia corporación a fin de dar cumplimiento a sus objetivos y/o incrementar su patrimonio, las conductas descritas contravienen dicha disposición.
De las conductas analizadas se aprecia que quien tenía la posición de decidir por la Corporación, lucró en su beneficio particular y no decidió en función de los intereses de la Universidad. Esta conducta reprochable radica en que quienes se han beneficiado de los pagos por diversos servicios han sido precisamente quienes, por su posición en la organización, deciden las contrataciones que hace la Corporación, valiéndose de esa posición -no para resguardar los intereses patrimoniales de la Universidad- sino los intereses propios o de entidades relacionadas con ellos mismos. La manera sistemática en que ello ha ocurrido y el gran perjuicio patrimonial que ha implicado a la Universidad, ameritan calificar esta situación como extraordinariamente grave.
Los perjuicios aparejados con la situación descrita son conocidos, y podrían repetirse en otras instituciones sobre las cuales actualmente pesan investigaciones.
6. Que no obstante que el DFL 2 contenga sanciones para el evento de constatar estas prácticas en las universidades, éstas se aplican a la propia institución, no habiendo consecuencias jurídicas negativas, administrativas o penales, para los que personalmente incurrieron en ellas.
De esta forma, diversos órganos han señalado que no existe una específica conducta penada por la ley para estos eventos, habiendo por su parte sólo algunas figuras típicas que podrían darse en situaciones específicas, como por ejemplo soborno, lavado de activos, fraude al fisco, entre otros.
En este sentido, la ausencia de un tipo penal en específico que castigue estos ilícitos no otorga un marco jurídico claro a fin de poder sancionarlos y poder, en definitiva, re-establecer el proyecto educativo por la vía de excluir de estas actividades a los que precisamente lo denigran en virtud del lucro. El crear un nuevo tipo penal que persiga estas conductas permite dirigirse contra los personalmente responsables más que a la entidad. Por lo demás, así se preservan de mejor manera los derechos de los estudiantes, quienes no son, en ninguna forma, causa de estas situaciones.
7. Que los bienes jurídicos protegidos que justifican el establecimiento de este tipo penal son múltiples.
En primer lugar, el tipo penal se dirige a proteger el orden público económico, el cual es un límite a la autonomía de la voluntad, y particularmente en este ámbito, a la libertad de enseñanza. En efecto, el orden público económico no es sino “el conjunto de normas y regulaciones que permiten el funcionamiento de la economía, dentro del contexto del modelo político y social que el sistema institucional le está dando al país” (Guerrero, Roberto, La Constitución Económica, Revista Chilena de Derecho , N° 6).
En este caso, la actual normativa de las universidades data de la década de los años ochenta del siglo pasado, consagrándose desde un inicio como prohibitiva del lucro.
El diseño de la institucionalidad del nivel de educación superior estaba dirigido a que los planteles que se constituyeran en lo sucesivo reinvirtieran lo que sus actividades le rentaren a fin de contribuir al desarrollo pleno de los estudiantes. El lucro en las universidades ha provocado que sus fundadores se dirijan más bien a la percepción de utilidades personales más que a la consecución de un determinado proyecto educativo, un fin que la norma no perseguía en el momento de ser dictada. Un claro ejemplo podría ser la situación de la Universidad del Mar, en la que el propio Rector de la institución denunciaba que no podía pagar las remuneraciones de académicos y funcionarios debido a gigantescas deudas que se tenían con inmobiliarias relacionadas, lo que impedía absolutamente poder dar continuidad al proyecto educativo. Las conductas que atentan contra ésta repercuten en una distorsión de la institucionalidad del Estado en materia de educación superior por cuanto se burla la recta disposición de las normas que regulan un determinado sector para provecho particular de los controladores de las universidades. El orden que pretendía hacer valer la norma jurídica se ve perturbado por las profundas falencias que se ven a la fecha en el sistema.
Desde este mismo punto de vista, las universidades pueden ser constituidas sólo con determinados fines, no pueden perseguir cualquier objeto social (límite a la autonomía de la voluntad); de la misma forma, la libertad de enseñanza permite abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, pero siempre respetando el orden público (artículo 19, N° 11 de la Constitución Política de la República). Siguiendo este razonamiento, las instituciones valiosas que el Estado debe preservar y resguardar estarían siendo perjudicadas a través de la vulneración de las normas que gobiernan al orden público económico, por ejemplo, no podría señalarse que los arriendos que cobran las inmobiliarias relacionadas con los controladores de la universidad son contratos que están de acuerdo con los principios y normas que regulan el sector. En este sentido, la impunidad de estas conductas estaría incentivando comportamientos nocivos para el sistema de educación superior los que son, a esta altura, visibles a cualquier observador.
Por otra parte se intenta salvaguardar la fe pública, entendida desde un punto de vista público-normativo, esto es, la confianza que las personas tienen en ciertos objetos (en este caso el reconocimiento oficial), en la medida en que el Estado interviene garantizando su autenticidad. En este sentido se compone de dos elementos, por una parte, el subjetivo, consistente en la creencia o confianza colectiva, y por otra, uno objetivo, que se manifiesta en el reconocimiento estatal. El DFL 2 otorga competencias amplias al Estado para que autorice el funcionamiento de una universidad, la cual debe estar revestida en sus estatutos de una prohibición de perseguir fines de lucro. En la medida en que se puedan cometer acciones u omisiones que intenten burlar esta prohibición, se afecta la confianza pública que existe en el reconocimiento estatal, toda vez que se debería entender que en una universidad no pueden existir miembros que retiren utilidades a fin de dirigirlas a su patrimonio personal. Asimismo, y en virtud del cierre de una institución de Educación Superior autónoma, como lo es la Universidad del Mar, ha quedado claro que estas prácticas denominadas genéricamente como lucro afectan el normal funcionamiento que éstas deberían tener, lo cual frustra el componente subjetivo de la fe pública ya mencionado anteriormente, por cuanto se pierde la confianza en dicha institución.
Asimismo, y considerándolo como una protección indirecta, un derecho fundamental asegurado por nuestra Constitución Política de la República y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, es el derecho a la educación el cual es otro bien jurídico que pretende tutelar la norma. El Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Desde este punto de vista, el Informe de UNESCO “Right to Education” señala que este derecho impone tres obligaciones al Estado: respetar, proteger y promover la educación en todos sus niveles. La regulación penal actual no permite tutelar de la mejor manera este derecho, por cuanto, la finalidad perseguida por quienes ejecutan estas prácticas prohibidas no se dirige principalmente al desarrollo de los estudiantes de educación superior sino a aumentar directamente el patrimonio de quienes son controladores de las entidades, lo cual afecta la calidad educativa que se entrega, tal cual fue el caso de la Universidad del Mar. En consecuencia, y, para evitar que se frustre el objetivo del sistema de educación superior que consagra el DFL 2, el Estado debe contar con herramientas que le permitan proteger de manera íntegra este derecho, obligación que emana tanto desde la Carta Fundamental como de los tratados internacionales.
8. Que el derecho penal debe contemplar una sanción para estas conductas ya que se han vulnerado bienes jurídicos de relevancia para la sociedad por lo que urge su inmediata protección. La situación actual que circunda a la educación superior justifica plenamente la intervención del ius puniendi a fin de sancionar a quienes han afectado a miles de estudiantes, académicos, funcionarios y familias en general. Asimismo, en virtud de la sanción penal de estas conductas se busca evitar que se produzcan situaciones de similar naturaleza como las que se han constatado en los últimos años. Es de vital importancia restablecer el imperio del derecho por cuanto existe una ilegalidad tolerada a tal punto que pareciera ser que la ley, particularmente el DFL 2, no tiene una vigencia efectiva en lo que concierne a las prohibiciones que les son impuestas a las universidades y sus controladores.
9. El proyecto considera sanciones privativas de libertad así como las de inhabilitación para ejercer cargos en instituciones de educación superior. Lo anterior facilitará una persecución más precisa de la responsabilidad civil derivada de estos delitos, satisfaciendo así la necesidad de resarcir los perjuicios provocados por estas conductas.
10. Que no obstante lo señalado, la presentación y eventual tramitación y transformación de este proyecto en Ley de la República no obsta al desarrollo de los procesos penales, presentes o futuros, para la sanción de los delitos que puedan estar asociados o relacionados a la ejecución de estos hechos. Las conductas penadas por el articulado propuesto tienen diferencias sustanciales con aquellos eventuales tipos penales, y por tanto, no es óbice para que los órganos de persecución penal del Estado continúen con la más exhaustiva investigación e indagación de los hechos constitutivos de estos delitos. Sin ser esta enumeración taxativa, se encuentran dentro de estas figuras típicas, el lavado de activos, el cohecho, el fraude al fisco, la estafa, etcétera.
11. Que los diputados que suscribimos el presente proyecto manifestamos que éste es insuficiente para poder darle una mejoría completa al sistema de educación superior, pero que contribuye en avances concretos y que es base para una futura reforma mayor y completa que contenga una robusta precisión normativa en torno a las facultades de fiscalización y las sanciones que correspondan a quienes vulneren la prohibición de lucrar con las Universidades.
Por tanto:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifíquese el Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministerio de Educación que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, en el siguiente sentido:
Agréguese el siguiente artículo 84 bis:
El que teniendo a cualquier título facultades de dirección o control sobre las entidades señaladas en el artículo 52 de la presente ley, las usare para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio de éstas, a través de la enajenación de bienes, muebles o inmuebles, sean estos dineros o activos, a personas naturales o jurídicas en que tengan participación, él o su cónyuge o parientes en toda la línea recta, o colateral hasta el cuarto grado, señaladas anteriormente, a cualquier título, sin causa justificada, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, además de la pena de inhabilitación absoluta para realizar actividades, remuneradas o no, a cualquier título, en dichas entidades.
8. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol Nº 2.509-13-CPT
?Santiago, 5 de septiembre de 2013.
Oficio Nº 8.929
Remite resolución
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 5 de septiembre de 2013, en el proceso Rol Nº 2.509-13-CPT, sobre inconstitucionalidad del Nº 9 del artículo primero del proyecto de ley que “permite la introducción de la televisión digital terrestre”, contenido en el Boletín Nº 6.190-19, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”