Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VIII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jose Ramon Barros Montero
- Eugenio Bauer Jouanne
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- PERMISO
- Roberto Delmastro Naso
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Eugenio Bauer Jouanne
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Cristian Letelier Aguilar
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Lautaro Carmona Soto
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Salaberry Soto
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Cristian Campos Jara
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Roberto Leon Ramirez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO,CONSTITUIDA EN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR BANCOESTADO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- DEBATE
- CONVENIO ENTRE CHILE Y TRINIDAD Y TOBAGO SOBRE AUTORIZACIÓN PARA QUE DEPENDIENTES DE PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES REALICEN ACTIVIDADES REMUNERADAS (Segundo trámite constitucional, Boletín N° 8843-10)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- DEBATE
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (Segundo trámite constitucional, Boletín N° 8842-10)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO,CONSTITUIDA EN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR BANCOESTADO
- VI. INCIDENTES
- PREOCUPACIÓN POR FALTA DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DESARROLLO DE MEGA PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS (Oficios)
- PREOCUPACIÓN POR CIERRE DE LICEO SIMÓN BOLIVAR POR PARTE DE AUTORIDAD COMUNAL DE HUALPÉN (Oficios)
- PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISTORSIONES SOBRE REBAJA DE PRECIO A PRODUCTORES LECHEROS (Oficios)
- DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE PARA REGIÓN DEL MAULE POR DAÑOS CAUSADOS EN LA AGRICULTURA POR HELADAS (Oficio)
- INSTRUCCIÓN A CARABINEROS DE CHILE PARA APLICAR CRITERIO OBJETIVO E IGUALITARIO RESPECTO DE PROPAGANDA POLÍTICA EN COMUNAS DEL PAÍS (Oficio)
- MEDIDAS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE PETORCA AFECTADOS POR HELADAS (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 78ª, en jueves 3 de octubre de 2013
(Ordinaria, de 10.10 a 12.11 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, y Delmastro Naso, don Roberto.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- INCIDENTES
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 10
II. APERTURA DE LA SESIÓN 13
III. ACTAS 13
IV. CUENTA 13
PERMISO CONSTITUCIONAL 14
V. ORDEN DEL DÍA 15
INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO, CONSTITUIDA EN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR BANCOESTADO 15
CONVENIO ENTRE CHILE Y TRINIDAD Y TOBAGO SOBRE AUTORIZACIÓN PARA QUE DEPENDIENTES DE PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES REALICEN ACTIVIDADES REMUNERADAS (Segundo trámite constitucional, Boletín N° 8843-10) 32
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (Segundo trámite constitucional, Boletín N° 8842-10) 34
VI. INCIDENTES 37
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DESARROLLO DE MEGAPROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS (Oficios) 37
PREOCUPACIÓN POR CIERRE DE LICEO SIMÓN BOLIVAR POR PARTE DE AUTORIDAD COMUNAL DE HUALPÉN (Oficios) 38
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISTORSIONES SOBRE REBAJA DE PRECIO A PRODUCTORES LECHEROS (Oficios) 39
DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE PARA REGIÓN DEL MAULE POR DAÑOS CAUSADOS EN LA AGRICULTURA POR HELADAS (Oficio) 40
INSTURCCIÓN A CARABINEROS DE CHILE PARA APLICAR CRITERIO OBJETIVO E IGUALITARIO RESPECTO DE PROPAGANDA POLÍTICA EN COMUNAS DEL PAÍS (Oficio) 42
MEDIDAS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE PETORCA AFECTADOS POR HELADAS (Oficios) 42
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 44
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República. (boletín N° 8189-04). 44
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República. (boletín N° 7976-13). 44
3. Oficio del Senado. (boletín N° 8807-04) 45
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de reforma constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados. (boletín N° 9078-07) (S) 45
5. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.505-13-INA. 52
Pág.
6. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2492-13-INA. 52
7. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.493-13-INA. 53
VIII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicaciones:
- Comunicación de la Presidencia de la Cámara por la que informa que el diputado señor Cristián Mönckeberg Bruner no concurrió, por motivos personales, a la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Latinoamericano, los días 27 y 28 de septiembre pasado, en México (305).
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa del reemplazo permanente en la Comisión Especial Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores de los diputados señores Gustavo Hasbún, Felipe Salaberry y diputada señora Andrea Molina, por los diputados señores Ramón Barros, Eugenio Bauer y diputada señora Mónica Zalaquett.
2. Notas:
- Nota del diputado señor León, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 3 de octubre en curso para dirigirse a Ginebra. En Tabla.
- Nota del diputado señor Delmastro, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 5 de octubre en curso para dirigirse a Ginebra.
3. Oficios
- Oficio de la Comisión de Régimen Interno, por el que comunica que asisten los señores diputados Bauer y Rojas a las reuniones de Comisiones del Parlamento Latinoamericano, el 16 de octubre próximo, en Panamá (302).
- Oficio de la Comisión de Régimen Interno, por el que comunica que el diputado señor Bauer reemplazará al diputado señor Urrutia en la delegación que concurrirá al XVIII Pleno de Directiva de Comisiones del Parlamento Latinoamericano , que se realizará el 17 de octubre próximo, en Panamá (303).
- Oficio de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Letelier reemplazará a la diputada señora Cristi, doña María Angélica la delegación que concurrirá a la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se realizará entre el 7 y el 9 de octubre próximo, en Ginebra. (306)
- Oficio de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Carmona reemplazará al diputado señor Aguiló en el Quinto Foro de Parlamentarios, de la Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (Gopac), que se realizará el 27 de noviembre próximo, en Panamá (304).
- Oficio de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Salaberry reemplazará al diputado señor Hasbún en la delegación que concurrirá a la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se realizará entre el 7 y el 9 de octubre próximo, en Ginebra, de conformidad al Acuerdo Marco sobre Participación en instancias internacionales (307).
- Oficio de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Campos reemplazará al diputado señor Rincón en las reuniones de Comisiones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que se realizarán los días 15 y 16 de octubre próximo en Panamá (308).
Respuestas a oficios.
Contraloría General de la República:
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Solicita tenga a bien emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del cobro de peaje por la utilización de las rutas que unen el aeropuerto con una ciudad determinada e indique si este cobro debe estar autorizado mediante acto o resolución de la autoridad competente. (60482 al 10946).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado De Urresti, Informar sobre la petición para la asignación de un área de manejo, efectuada por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Indígenas de Palo Muerto de la comuna de Corral, Región de Los Ríos. (7558 al 12309).
- Diputado Marinovic, Posibilidad de denegar las autorizaciones para el desembarco de pasajeros de cruceros en la Región de Magallanes y Antártica Chilena que constituyan landing por no considerar a los operadores de turismo nacionales. (7713 al 12231).
Ministerio de Educación:
- Diputado De Urresti, Requiere se informe sobre los beneficios a que puede acceder la alumna de la carrera de Historia, de la Universidad San Sebastián de Valdivia, señorita Elizabeth Landskron y, asimismo, acerca de las instancias a que puede dirigirse la interesada para exponer su situación y conocer las opciones para continuar sus estudios. (286 al 10190).
- Diputado Carmona, Tenga a bien remitir los antecedentes señalados en la solicitud adjunta, en relación con la normativa que establece planes y programas de estudio para impartir enseñanza a los niños con trastornos de comunicación, particularmente sobre las normas existentes para las personas sordas que desean cursar la educación media. (287 al 11193).
- Diputado Ojeda, Solicita tenga a bien requerir información a la Universidad San Sebastián sobre el alcance de la medida de suspensión de matrícula para sus estudiantes de la sede de la ciudad de Osorno, para el año 2014 y remita dichos antecedentes a esta Corporación. (289 al 11719).
- Diputado Hernández, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el proceso de cierre de la Universidad San Sebastián Sede Osorno, Región de Los Lagos. (290 al 11785).
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don Cristian Pérez Hernández, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (292 al 12055).
- Diputada Turres doña Marisol, Solicita informar sobre las materias señaladas en la intervención adjunta y que sean de competencia de la cartera a su cargo, referidas a la legalidad y validez de títulos profesionales otorgados en el extranjero. (293 al 11976).
- Diputado Espinoza don Fidel, Instruya la fiscalización sobre las reiteradas denuncias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con la deficiente administración del Instituto de Educación Rural de Castro de la Región de Los Lagos e informe sobre sus resultados. (308 al 11454).
- Diputado Espinoza don Fidel, Instruya la fiscalización sobre las reiteradas denuncias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con la deficiente administración del Instituto de Educación Rural de Castro de la Región de Los Lagos e informe sobre sus resultados. (308 al 11455).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Sandoval, Solicita informe sobre el destino definitivo del terreno ubicado en el sector rural de la localidad de Villa O’Higgins, al costado del camino a Bahía Bahamondez y la factibilidad de destinar otro terreno a don Hugo Alvarado Calluqueo, a quien fue denegada la solicitud de regularización del terreno singularizado. (529 al 10607).
Ministerio de Salud:
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Suspensión de las intervenciones quirúrgicas programadas en el Hospital Regional Ernesto Torres Galdames y la campaña de vacunación contra la influenza originada en el virus AH1N1 en relación con las actividades masivas que se efectuarán en la Región de Tarapacá. (2051 al 12090).
- Diputado Robles, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con los criterios considerados en el proceso de evaluación ambiental de las plantas y proyectos que procesan residuos peligrosos. (3172 al 11898).
- Diputada Molina doña Andrea, Posibilidad de postular a la señora Marta del Carmen López Mercado de la comuna de Quintero al Fondo de Auxilio Extraordinario, con el propósito que pueda acceder a los aparatos auditivos que requiere, debido a que se encuentra diagnosticada de sordera progresiva y no cuenta con recursos suficientes para hacerlo por sí misma. (3173 al 12499).
- Diputado Espinosa don Marcos, Remita a esta Cámara copia de la ficha médica protocolar operatoria de los pacientes señores Jaime Muñoz y señora Gladys Urrutia. (4108 al 12492).
- Diputada Pacheco doña Clemira, Informe acerca de los tres sumarios sanitarios iniciados en contra de la Municipalidad de Hualqui en los que se habría ordenado la instalación de fosas individuales en la localidad de Talcamávida. (4604 al 12561).
- Diputada Vidal doña Ximena, Solicita que el ministerio y por su intermedio a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, informe y remita antecedentes en relación con los sumarios sanitarios instruidos por dicho servicio en las comunas de San Joaquín y La Granja. (64 al 12433).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Estado en que se encuentran las postulaciones a subsidios habitacionales presentadas por las señoras Ida Riquelme Cisterna y Liliana Navas Rodríguez de la comuna de San Fernando. (4432 al 12588).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Rincón, Solicita informe sobre las materias señaladas en la intervención adjunta, referidas a las remuneraciones de los ejecutivos de la Empresa de Correos de Chile. (6272 al 12292).
- Diputado Rincón, Tenga a bien informar sobre el estado de avance en que se encuentra el proceso de elaboración de la propuesta de institucionalidad y estrategia espacial, como asimismo remitir los borradores de referida propuesta y los anteproyectos de ley o decretos formulados en torno a la materia. (6535 al 11084).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita informe sobre el proyecto de relleno sanitario entre las comunas de Yerbas Buenas y Villa Alegre, Región del Maule. (133741 al 12722).
Empresas del Estado:
- Diputado Accorsi, Costos totales invertidos tanto en la realización del Censo 2012, desglosando cada ítem, como en la Comisión de Expertos que lo analizó. (2685 al 12435).
- Diputado Ojeda, Solicita informe sobre cada una de las materias que se precisan en la intervención adjunta, correspondientes a la competencia del servicio a su cargo, referidas al desarrollo de proyectos hidroeléctricos y mineros en el río Quilloimo y Luicura en la comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos. (586 al 12145).
Intendencias:
- Diputado Sandoval, Tenga a bien adoptar las medidas que sean pertinentes, en relación con la licitación anual del servicio de transporte marítimo Chacabuco-Puerto Aguirre de la Región de Aysén, que opera con el subsidio otorgado por el Estado. (1257 al 5260).
- Diputado Rincón, Razones del atraso en la aprobación de las bases del concurso para postular a los Fondos Regionales de Cultura, Deporte y Seguridad del presente año. (1467 al 12522).
- Diputado Campos , Solicita informe sobre los antecedentes técnicos que fundamentan la recomendación positiva de la Comisión Regional del Uso de Borde Costero del Biobío para la autorización marítima del proyecto gasífero "Octopus". (2917 al 12286).
- Diputado Sandoval, Poca utilidad del muelle flotante instalado en la bahía de Chaitén y adopte las medidas de mitigación que permitan su operatividad. (4062 al 12468).
- Diputado Silber, Solicita remitir información relacionada con los altos niveles de arsénico en el agua potable suministrada en la localidad de Valle Grande, en la comuna de Lampa. (4784 al 10307).
- Diputado De Urresti, Informar sobre las medidas adoptadas a la fecha, con el fin de apoyar a los trabajadores de Empresa Lácteos Valdivia que se encuentran cesantes por el cierre de dicha planta, indicando los proyectos de emprendimiento a los que pueden postular a través de Corfo o Sercotec. (554 al 12043).
- Diputado Silber, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con posibles irregularidades en el funcionamiento del denominado Consultorio Maruri. (6152 al 11930).
- Diputado Núñez, Informe sobre las cifras correspondientes a los presupuestos para los programas y fondos concursables señalados en la solicitud adjunta; como asimismo, remita la copia de las bitácoras del año 2013 de los vehículos fiscales asignados a esta gobernación. (988 al 11518).
Servicios:
- Diputado Espinoza don Fidel, Calificación del señor Jorge Saldivia Gallardo como exonerado político, indicando el año y número de decreto o resolución. (17234 al 12443).
- Diputado Rojas , Informar sobre los protocolos de protección y amparo que ha implementado el servicio a su cargo durante el último año, en relación con los menores que se encuentran en situación de abandono o proceso judicial. (2038 al 12485).
- Diputado Chahín , Situación que afecta a la señora Eliana Elizabeth Cifuentes Ramos de la comuna de Lautaro, por presuntos cobros indebidos en su consumo de agua potable, disponiendo una visita inspectiva con el propósito de determinar la probable responsabilidad de la empresa Aguas Araucanía S. A. y se proceda a la eliminación del llamado "medidor de prorrateo". Finalmente Su Señoría solicita una revisión sobre la actuación de los encargados regionales de la Superintendencia. (3256 al 12138).
- Diputado Monckeberg don Cristián, Remitir un catastro sobre la cantidad y estado en que se encuentran los grifos ubicados en el sector de la Unión Vecinal C-23 de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. (3257 al 12305).
- Diputado De Urresti, Situación que afecta a los vecinos del pasaje Santa Hortensia de la Población San Pedro de la comuna de Valdivia debido a las constantes bajas en la presión del agua potable. (3258 al 11960).
- Diputado Monckeberg don Cristián, Tenga a bien adoptar las medidas que sean pertinentes, en relación con la situación que afecta a doña Karina Cares Alvarado, doña Daniela Cares Alvarado, doña Elizabeth Seydewitz Valenzuela y doña Paula Armijo Peña, descrita en la solicitud adjunta. (5862 al 5271).
Varios:
- Diputado Álvarez-Salamanca, Posibilidad de implementar un Plan Cuadrante Rural con el propósito de facilitar la persecución del delito de abigeato y acercar a la policía a la comunidad. (18902 al 12697).
- Diputado Rivas, Solicita, para que informe sobre cada una de las materias descritas en la petición adjunta, en relación con el hallazgo de cóndores intoxicados en el sector de "Los Quilos" de la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. (588 al 12471).
- Diputado Walker, Solicita informe sobre los delitos de mayor connotación policial entre los años 2010-2013 en las comunas que indica, desglosado por Comisaría, Subcomisaría, Tenencia, Retenes y Garitas; como asimismo, las cifras promedio a nivel regional y nacional, en el mismo periodo, respecto de los mismos delitos. (747 al 12639).
- Diputado De Urresti, Informar sobre la petición realizada por la Observatorio Ciudadano, en relación con la posibilidad de efectuar una actividad conmemorativa de los 40 años del golpe militar en el mes de septiembre en las instalaciones de la excárcel de Valdivia de la Región de Los Ríos. (775 al 12113).
Municipalidades:
- Diputado Marinovic, programa de esterilización canina llevado a cabo en la comuna de Punta Arenas. (1288 al 12551).
- Diputado Díaz don Marcelo, Medidas que adoptará para eliminar los micro basurales que han aparecido en las laderas del parque 18 de Septiembre y para impedir que resurjan. (3990 al 11811).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (75)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolú Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Eugenio Bauer Jouanne, Marcelo Díaz Díaz, Pablo Lorenzini Basso y Fernando Meza Moncada,-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.10 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 72ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 73ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , quiero manifestar mi preocupación y molestia porque ayer se suspendió una importantísima sesión especial, cuyo tema tenía que ver con una coyuntura tremenda que hoy se produce en algunas regiones.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señora diputada , no corresponde que haga ese alcance.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- ¡Señor Presidente , le pido que me deje terminar mi intervención! Sé que se retiraron las firmas…
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señora diputada, eso no tiene que ver con la Cuenta.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , solicito reunión de Comités con suspensión de la sesión, por la falta de respeto hacia los señores diputados
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Luego tomaré la decisión, señora diputada .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- ¡No es decisión suya, señor Presidente!
-o-
El señor ELUCHANS (Presidente).- Sobre la cuenta, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , en la Cuenta de ayer se presentó nuevamente una solicitud de interpelación, pero no se consigna en la Cuenta de la sesión de hoy. Por eso, quiero saber si fue retirada por los señores diputados que la solicitaron.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Efectivamente, los diputados que la solicitaron la retiraron y han anunciado que la presentarán nuevamente hoy.
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
-o-
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , la solicitud de reunión de Comités que se ha presentado es con suspensión de la sesión. Respaldo a la diputada Sepúlveda, en el sentido de que la reunión de Comités sea con suspensión de la sesión.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , el Presidente ya adoptó una decisión en tal sentido.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor León , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 3 de octubre en curso, para dirigirse a Ginebra.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO,CONSTITUIDA EN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS POR BANCOESTADO
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, constituida en especial investigadora para analizar los antecedentes, efectos y consecuencias de las prácticas abusivas implementadas a partir del 1 de enero de 2003 por BancoEstado y las consecuencias de la dictación de la circular N° 17 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de fecha 28 de abril de 2006, en el cobro de comisiones por mantención en sus cuentas de ahorro a la vista y otras materias relacionadas, situación que obliga a la institución a devolver más de 12 millones de dólares a los afectados.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Joaquín Tuma.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, mandatada como investigadora, sesión 75ª de la presente sesión, en 1 de octubre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 11.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TUMA (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, constituida en especial investigadora para analizar los antecedentes, efectos y consecuencias de las prácticas abusivas implementadas a partir del 1 de enero de 2003 por BancoEstado, paso a rendir el siguiente informe.
La competencia le fue asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 10.715, que en su parte pertinente señala:
“Que la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo se constituya en Investigadora para analizar los antecedentes, efectos y consecuencias de las prácticas abusivas implementadas a partir del 1 de enero de 2003 por BancoEstado y las consecuencias de la dictación de la circular N° 17 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), de fecha 28 de abril de 2006, en el cobro de comisiones por mantención en sus cuentas de ahorro a la vista y otras materias relacionadas, situación que obliga a la institución a devolver más de 12 millones de dólares a los afectados.”.
La Comisión celebró un total de 14 sesiones y se integró con las señoras diputadas y los señores diputados que se mencionan a continuación: Alinco, don René ; Arenas, don Gonzalo ; Ceroni, don Guillermo ; Chahín, don Fuad ; Edwards, don José Manuel ; Godoy, don Joaquín ; Pascal, doña Denise ; Saa, doña María Antonieta ; Sauerbaum, don Frank ; Tuma, don Joaquín; Vallespín, don Patricio ; Van Rysselberghe, don Enrique ; Velásquez, don Pedro , y Zalaquett, doña Mónica ( Presidenta ).
Se recibieron las exposiciones de las siguientes personas: Hernán Calderón , presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus); Jorge Awad , presidente , y Juan Pablo Araya , fiscal, ambos de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); Roberto Guerrero , profesor de Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Pablo Piñera , gerente general ejecutivo, y Andrés Medina , fiscal, ambos de BancoEstado; Luis Cordero , profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile; José Roa , exdirector del Servicio Nacional del Consumidor; Juan José Ossa , director del Servicio Nacional del Consumidor; Juan Antonio Peribonio , exdirector del Servicio Nacional del Consumidor; Jaime Estévez , expresidente de BancoEstado , y Alberto Chacón , exfiscal, y Arnoldo Courard , ex gerente general, integrantes del Comité Ejecutivo período 2003 de BancoEstado.
Las consideraciones y conclusiones presentadas por el diputado que habla, las diputadas señoras Denise Pascal y María Antonieta Saa , y los diputados señores Guillermo Ceroni y Fuad Chahín, fueron aprobadas por la Comisión.
Votaron a favor las diputadas señoras María Antonieta Saa y Denise Pascal , y los diputados señores René Alinco , Guillermo Ceroni , Fuad Chahín , Joaquín Tuma y Patricio Vallespín .
Votaron en contra la diputada señora Mónica Zalaquett y los diputados señores Gonzalo Arenas, José Manuel Edwards , Frank Sauerbaum y Enrique van Rysselberghe.
-Sobre la eventual responsabilidad de las autoridades políticas de la época en el proceso de toma de decisión respecto del cobro de comisiones de mantención en las cuentas de ahorro a la vista del BancoEstado, implementado a partir del 1 de enero de 2003:
En vista de los antecedentes analizados y del debate suscitado en torno a ellos en el seno de esta Comisión, podemos concluir de manera categórica que ni el Presidente de la República ni el ministro de Hacienda de entonces tuvieron injerencia alguna en las decisiones de administración adoptadas por el BancoEstado en relación con el tema investigado, y así se ha podido colegir de manera inequívoca de las intervenciones y antecedentes proporcionados por los diversos invitados que se pronunciaron ante la Comisión respecto a este tópico. Por tanto, no cabe atribuir responsabilidad alguna a las autoridades políticas de la época en relación a la materia objeto de estudio, ni en cuanto a la estrategia judicial seguida en el litigio iniciado por Conadecus. Tal como se ha explicado anteriormente, la conclusión respecto de la nula participación de las autoridades políticas en la decisión adoptada por BancoEstado se sustenta tanto desde el punto de vista de los hechos acaecidos en torno al proceso de toma de decisión por parte de dicho Banco como desde el punto de vista jurídico-normativo.
-Sobre la eventual conducta abusiva de las autoridades de la administración de BancoEstado respecto del establecimiento e implementación del cobro de comisiones de mantención de las cuentas de ahorro a la vista, a partir del 1 de enero de 2003:
En virtud de lo analizado y del debate sostenido en esta instancia investigadora, la Comisión adscribe a las razones de carácter económico argüidas por las autoridades de administración de la entidad bancaria para justificar el cobro de comisiones, entendiendo que, efectivamente, dicho cobro tuvo por objeto solventar en parte las pérdidas o déficits que estaba generando el producto “cuentas de ahorro a la vista”, como asimismo facilitar la emigración hacia nuevos productos que cumplían a mayor cabalidad con las necesidades de los clientes y con el objetivo general de BancoEstado de masificar la bancarización en atención a su rol social. Desde ese punto de vista, puede concluirse que este cobro de comisiones siempre fue concebido como una medida de mediano plazo destinada a desaparecer junto con el producto que las originaba, en atención a la natural emigración pretendida por el BancoEstado con la creación de los dos nuevos productos que vinieron a reemplazar a las cuentas de ahorro a la vista.
Por otra parte, la Comisión también concluye que, desde el punto de vista normativo, las autoridades competentes del BancoEstado adoptaron esta decisión amparadas en la legislación vigente y, por cierto, en las disposiciones de su propia ley orgánica que las somete a la fiscalización exclusiva de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). En efecto, al igual que todo el resto de las entidades bancarias, el BancoEstado no hizo más que sujetarse a la normativa vigente de la época en que se implementó la medida de establecimiento de comisiones por mantención de las cuentas de ahorro a la vista, esto es, el Compendio de Normas Financieras del Banco Central y Recopilación actualizada de normas de la SBIF.
En vista de ello, esta Comisión concluye que el cuestionamiento y el debate necesariamente debe recaer sobre el rol cumplido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en cuanto autoridad facultada para interpretar las normas aplicables al sector financiero. Si bien estimamos que no existe un conflicto de jerarquía normativa, claramente existió, a lo menos, una errónea interpretación de la entidad fiscalizadora en cuanto al ámbito de aplicación de la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores en relación con la normativa sectorial que rige a la banca, interpretación bajo cuyo amparo se adoptaron las decisiones que motivaron la creación de esta instancia investigadora.
-Sobre el eventual conflicto en torno a la jerarquía normativa de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, en relación con la normativa sectorial para el mercado financiero:
De los antecedentes que obran en poder de la Comisión se concluye, en forma nítida, que no ha existido un problema de jerarquía normativa. La ley del consumidor tiene un rango normativo superior al de cualquier circular u otra norma dictada en virtud de la potestad reglamentaria, y así ha sido entendido por expertos, por la institucionalidad sectorial financiera y por el propio Sernac . Sin perjuicio de lo anterior, es importante aclarar que una cuestión muy distinta es debatir sobre la interpretación del ámbito de aplicación de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores respecto del sector financiero y que, al parecer, ese fue el principal óbice que ha tenido que sortear la referida ley.
-Sobre la interpretación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en relación al ámbito de aplicación de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores al sector financiero:
Queda claro, entonces, que no hubo conflicto normativo. Todos los actores y expertos no podían menos que tener conocimiento de que la ley sobre protección de los derechos de los consumidores se aplica jerárquicamente, con preferencia a las normas de rango infralegal, tal como ya ha sido explicado más arriba. Sin embargo, lo que hubo fue una disparidad de criterios en relación con la esfera de acción de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, tensión que se entiende y circunscribe dentro de un proceso de desarrollo de un mercado que, progresivamente, ha ido siendo más regulado en aras de una mayor transparencia y protección de los consumidores.
-Sobre la actuación del Servicio Nacional del Consumidor ante el caso BancoEstado:
Con las declaraciones de los invitados y demás antecedentes acompañados, esta Comisión Investigadora estima que si bien es acertada la política del Sernac de privilegiar la autonomía y protagonismo de las organizaciones de consumidores, debe hacerlo siempre prestando acompañamiento y asesoría y, en caso de que las organizaciones de consumidores así lo soliciten, hacerse parte de las acciones judiciales interpuestas por estas. Si el principio jurídico involucrado era de relevancia, el Servicio debió haber insistido en hacerse parte. Al respecto, cabe precisar que el señor Hernán Calderón manifestó que la voluntad de la organización de consumidores no fue absoluta en orden a que el Sernac no se hiciera parte, por lo cual resulta contradictorio o carente de explicación que el Servicio, bajo la dirección del señor Peribonio , haya tenido la decisión de hacerse parte en el caso por el principio jurídico involucrado, y que esta se haya materializado tan solo semanas antes de los alegatos ante la Corte Suprema de Justicia.
Por último, esta Comisión ha constatado que el esfuerzo desplegado por el Sernac en las distintas administraciones, en orden a modificar la interpretación jurídica de la SBIF sobre la aplicación de la ley del consumidor a los entes por esta regulados, ha sido sostenido en el tiempo, pero no ha logrado los resultados deseados debido a la resistencia de este último organismo a modificar la normativa sectorial e impulsar las gestiones suficientes para impedir la existencia de cláusulas abusivas u otras prácticas del mismo tipo.
Es todo cuando puedo informar, señor Presidente .
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- En discusión el informe de la Comisión de Economía, constituida en especial investigadora.
Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , el diputado informante afirma que la Comisión Investigadora logró “concluir de manera categórica…”; pero esa conclusión fue categórica solo para la mitad más uno de los miembros de la Comisión, porque el resto rechazó esa conclusión. A mi juicio, el informe es lamentable.
La primera institución financiera en Chile, BancoEstado, es la que inicia la mala práctica de aumentar unilateralmente a sus clientes los cobros por comisiones en cuentas de ahorro a la vista. Después utilizaron esta práctica la banca privada y el retail.
Entonces, concluir que nadie tiene responsabilidad en el aumento unilateral de cobros por comisiones a 600.000 ahorrantes chilenos, la gran mayoría gente vulnerable, me parece francamente inaceptable, sobre todo cuando este informe fue aprobado por diputados que integran la Comisión de Economía. Digo inaceptable, porque la Comisión de Economía tiene en su cultura la defensa del consumidor. Por lo tanto, resulta inexplicable que los diputados de la Concertación que la integran no hayan establecido ninguna responsabilidad por ese cobro injusto, por ese robo a 600.000 chilenos. Es absolutamente inaceptable que hayan aprobado esa práctica abusiva contra los chilenos.
Pero hay más. El BancoEstado inicia la práctica del cobro unilateral de comisiones, en este caso, en las cuentas de ahorro a la vista. Pero después, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet , la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, mediante la circular N° 17, blanquea esta forma de abusar contra los consumidores. Además, el Banco Central, a través de su normativa general, posibilita esta práctica de BancoEstado.
Pero esto no queda aquí. ¿Qué pasa con la acción del Sernac? Fíjese, señor Presidente , que el presidente de Conadecus , quien es parte o ha sido parte -según entendemos- del comité político o es militante del Partido Socialista, pidió al Sernac que se hiciera parte de la demanda por cobro indebido de comisiones. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet , el Sernac no se hizo parte. Por eso, cuesta entender que la Comisión de Economía exima de toda responsabilidad a los involucrados en lo ocurrido en 2003 en BancoEstado. Acá hubo una política de Estado: una circular de la Superintendencia de Bancos, la normativa del Banco Central y la acción del gobierno de la época permitieron a ciertas compañías afectar a cientos de miles de chilenos con prácticas abusivas.
Pero sigamos. Las conclusiones de mayoría tienen el descaro de poner en empate la gestión del señor José Roa , director del Sernac durante la época de la Presidenta Bachelet , con la del señor Juan Antonio Peribonio , en circunstancias de que Conadecus pidió a este último que no se hiciera parte en la demanda colectiva. Se trata de la misma Conadecus , presidida por un militante socialista, que le había pedido al gobierno de Bachelet que sí se hiciera parte, pero el Sernac no lo hizo.
En todo esto hay un doble estándar gigantesco. La Corte Suprema falló en contra de un gran personero de nuestro sector, por haber sido parte en el pasado del alza unilateral de comisiones. Muchos lo criticamos, también los de la Concertación; algunos llegaron a apuntarlo con el dedo por su responsabilidad. Pero cuando esta práctica es de BancoEstado, con directores nombrados por presidentes de la Concertación, no hay responsabilidad. Es más, con independencia.
Señor Presidente , permítame un paréntesis. En uno de sus discursos del 21 de Mayo, la entonces Presidenta Bachelet dijo que iba a solucionar los problemas de los deudores habitacionales con recursos de BancoEstado. Después de estas palabras, la independencia de esta entidad queda bastante cuestionada.
Retomo mi línea argumental, señor Presidente . Cuando el accionar es de un militante de un partido de gobierno, sí hay responsabilidad, pero cuando es de ellos, no la hay. Esto es tener un doble estándar inaceptable, sobre todo el que tuvo la Comisión de Economía, instancia que debe defender a los consumidores, cosa que no hace con sus conclusiones, porque libera de toda responsabilidad a los directores de BancoEstado y al Sernac de la época, en particular desde 2003 en adelante, lo que es insólito.
Además, el informe de mayoría tiene el descaro de concluir que todos estamos de acuerdo en que la ley está por sobre otras normativas. Así las cosas, la ley sobre protección de los derechos de los consumidores no tendría por qué haberse aplicado. Resulta, entonces, que no habría responsabilidad porque se habría incurrido en un error de interpretación de norma.
La candidata Bachelet hizo muy bien en retirar de sus afiches el eslogan “No más abusos”, porque si hay alguien que tiene un tremendo tejado de vidrio en materia de abusos es la candidata Bachelet , por la forma cómo se manejó todo esto durante su gobierno.
Por lo tanto, con mucha convicción, al igual como lo hice durante las discusiones que tuvimos en la Comisión de Economía, reitero que este informe debe ser rechazado, para proteger a la gente y a los consumidores. En cuanto a los abusadores, sean privados o públicos, deben ser tratados de la misma manera y ser castigados.
Si algunas de las 600.000 personas que fueron abusadas por BancoEstado nos están viendo a través del canal de la Cámara o han tenido conocimiento de este informe, se estarán diciendo: ¡Qué increíble que a quienes elegimos para que nos representaran estén liberando de toda responsabilidad a quienes tuvieron el descaro de tomar una medida absolutamente abusiva contra 600.000 chilenos!
Señor Presidente , llamo con mucha fuerza a rechazar el informe, toda vez que no está a la altura de un Congreso Nacional que dice defender a los consumidores de prácticas abusivas de entidades púbicas y privadas.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , yo sí voy a nombrar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra: José Manuel Edwards, quien no me quiso nombrar. En democracia, uno tiene que acostumbrarse a las reglas del juego democrático. Como es natural, en una comisión investigadora existen mayorías y hay que respetarlas. Uno puede diferir de las opiniones que se tengan sobre el voto de mayoría, lo que también es parte del juego democrático.
Señor Presidente , nuestra Comisión de Economía, tal como señalé en el informe que rendí, realizó un detallado análisis de las circunstancias que rodearon el cobro de comisiones no pactadas y, por ende, de modificaciones unilaterales de contratos a los titulares de cuentas de ahorro a la vista en BancoEstado, buscando desentrañar si en aquella situación les cupo responsabilidad política o administrativa a los servicios públicos involucrados de manera indirecta en la fiscalización de dicha entidad bancaria, como la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, o al organismo encargado de la promoción y defensa de los derechos de los consumidores.
De la indagatoria realizada, podemos concluir, a mi juicio, que el obrar del BancoEstado estuvo motivado esencialmente por decisiones técnicas que su administración superior entendía ajustadas al derecho común, o sea, al estatuto jurídico de la actividad bancaria. Tal vez hubo un error técnico de hecho. Ellos trataron de mejorar el sistema de cuentas de ahorro. Las libretas existentes en ese entonces pertenecían al siglo pasado, no obedecían a la modernidad. Por eso, implementaron un nuevo servicio, de tarjeta bancaria plástica, que puede usarse en todos los cajeros automáticos del país. Este nuevo servicio tenía otro costo, pero no lo dieron a entender así y confundieron las cosas. El error de BancoEstado fue no indicar que se trataba de un producto distinto de la cuenta de ahorro a la vista utilizada a través de una libreta, la que ya estaba obsoleta. En ese momento se inicia el gran problema.
De la indagatoria realizada se puede concluir, a mi juicio, que el obrar del banco estuvo motivado esencialmente por decisiones técnicas adoptadas sobre una situación distinta de la que estaba ocurriendo. Esto nos plantea un tema no menor tratándose de instituciones públicas. El BancoEstado lo es, aunque en su actuar esté obligado a desarrollar su giro como si fuera un banco comercial más del sector privado. Surge la cuestión sobre cuál es el estándar de legitimidad política de sus actuaciones. Me explico. Una cosa es decir que se actuó conforme a derecho, o sea, que se cumplió el estándar jurídico, cuestión que tras la conciliación quedará, en parte, en una nebulosa, pues la conciliación ya se efectuó en tribunales para resolver el problema, pero otra es afirmar que se actuó conforme a derecho y, además, con legitimidad política y social, anteponiendo el interés del servicio de una banca estatal que nace de la necesidad de expandir la actividad bancaria a sectores que no son prioritarios para la banca comercial privada.
Entonces, desde ese punto de vista, la actuación del BancoEstado fue ilegítima, porque vulnera su sentido profundo de misión, establecido en su ley orgánica constitutiva y en toda su historia institucional. El Estado de Chile no necesita tener un banco para que actúe con idénticas políticas comerciales que el resto de la banca; sería un despropósito. Para eso, mejor enajenarlo. Chile necesita un banco puesto al servicio de un proyecto nacional de desarrollo económico y social, cuestión que, con el paso de las décadas, claramente, se ha ido diluyendo.
Acá se ha dicho que no hubo intervención de otras autoridades políticas y que las decisiones las adoptaron solamente sus ejecutivos en las instancias regulares del banco. No tenemos razones para dudar de esa versión, la que es compartida por el expresidente del banco señor Jaime Estévez y el gerente general señor Pablo Piñera , quienes han depuesto en la Comisión. Pero, así como no podemos dudar de sus declaraciones, no podemos menos que reprocharles políticamente haber profundizado el abandono de una forma de hacer banca con sentido social.
El desafío de futuro en relación con el BancoEstado es modificar su ley orgánica, establecer con mayor claridad sus objetivos institucionales y hacer de él un banco de fomento, como lo tienen casi todos los países del mundo, y no un banco estatal que actúa como banca privada.
En relación con las actuaciones de la Superintendencia de Bancos, tenemos una mirada crítica. Creemos que no solo en esta administración, sino que también en las pasadas, ha sido refractaria a actuar como ente protector de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Su rol institucional de servir de ente regulador y fiscalizador de la estabilidad y solvencia de la banca se ha hecho prevalecer contra norma expresa, dejando a un lado la parte más débil de toda la actividad bancaria, como son los clientes. Hemos tenido una Superintendencia de Bancos que actúa como si los bancos fueran solamente estados financieros y contables y no como lo que son: empresas que se relacionan a diario con personas, que cuando actúan mal lesionan los derechos de personas y de familias.
Por otra parte, la actitud del Sernac -debo decirlo- es, por decir lo menos, incomprensible. Postular como política no hacerse parte en los litigios cuando intervienen las asociaciones de consumidores es un error. No tiene justificación jurídica ni menos política. Hay ahí un abandono de deberes que me parece digno de reproche; lo decimos asumiendo las consecuencias políticas de nuestros dichos. Celebramos que el director Ossa haya cambiado ese criterio errado. El Sernac, más que ningún otro organismo, debió estar encima de este juicio, siendo parte activa, colaborando en la defensa judicial de los derechos de miles de afectados, aunque la contraparte fuera una institución pública.
Anuncio que votaré favorablemente el informe de la comisión, insistiendo en la necesidad de revisar la ley orgánica del BancoEstado, para reafirmar su sentido profundo de misión institucional y reprochando a la Superintendencia de Bancos y al Sernac sus tibias actuaciones en defensa de los intereses de los clientes de este banco, los que, no por nada, son casi todas personas humildes que están fuera del mercado de la banca privada comercial.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , el informe de la comisión se aprobó por mayoría, pero, claramente, fue consecuencia de un resultado estrecho: empatamos dos veces y, al final, se definió por un solo voto. Si bien oficialmente y formalmente fue aprobado, los diputados que votamos en contra consideramos que tiene falencias graves y que el informe no se relaciona con los antecedentes que se entregaron en la comisión. Por lo tanto, la votación del informe tuvo más bien un carácter político, destinada a defender o blindar a la expresidenta Michelle Bachelet , en cuyo período se realizaron cobros abusivos.
Debemos precisar algunas materias importantes. Primero, claramente, hubo un conflicto dentro del Gobierno respecto de cómo se interpretaban las normas de cobros unilaterales. Por un lado estaba el Sernac; por otro, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ambas instituciones amparadas por el Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, por quien, en ese momento, era ministro de Hacienda , el señor Velasco , mientras la señora Bachelet era Presidenta y el señor Roa director del Sernac. Hubo un conflicto en que se discutió si prevalecía la ley de protección al consumidor o la normativa interna de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El Ministerio de Hacienda apoyó a la Superintendencia de Bancos. Ahí está el origen de la famosa circular N°17, la que, como muchos han dicho, es una especie de blanqueo de las prácticas abusivas que empezó a cometer el BancoEstado desde 2003. Después estalló el escándalo -por todos conocido- de la unilateralidad de los cobros ilegales, principalmente por peleas judiciales que se llevaron a cabo en tribunales, ocasión en que unos y otros actores comenzaron a atribuirse responsabilidades.
Señor Presidente , ya que el concepto está de moda, quiero decir que aquí hay cómplices pasivos en relación con el aumento unilateral de cobros. Esos cómplices fueron, claramente, el ministro de Hacienda de la época, Andrés Velasco , el director del Sernac , señor Roa , los directores y gerentes del BancoEstado, que también tuvieron una responsabilidad importante, y, por último, la propia Presidenta Michelle Bachelet .
¿Qué posibilidad tenía Michelle Bachelet de influir en lo que hacía el BancoEstado? En la comisión siempre se dijo que el BancoEstado era un órgano autónomo, independiente, que no recibía presiones políticas. Pero hay que recordar que, en la misma época, la expresidenta intercede ante el BancoEstado para detener la ejecución de créditos hipotecarios de las personas que forman parte de Andha Chile. Por lo tanto, consideramos que eso de que el Banco es autónomo y que nunca recibió presiones políticas, al menos, durante el período de la Presidenta Bachelet , no se dio.
En consecuencia, conociendo lo que estaba ocurriendo en el BancoEstado, advertida por parte importante del Ejecutivo de que eso no se debía hacer -especialmente por el Sernac-, prefirió escuchar los argumentos del ministro de Hacienda y de la Superintendencia de Bancos , y siguió adelante con esa acción que, como bien dijeron algunos diputados, inauguró los abusos respecto del cobro unilateral de comisiones por parte de la banca.
En consecuencia, consideramos que hay una responsabilidad política de la expresidenta Bachelet , del exministro Velasco , de los exdirectivos de la Superintendencia de Bancos y, por supuesto, del señor Roa , exdirector del Sernac, porque, conociendo lo que ocurría, no hicieron nada. El Sernac esperó hasta prácticamente el último día de gobierno para enviar un supuesto reglamento sobre las condiciones de contratación en materias comerciales, el que quedó entrampado en la Contraloría y no pudo avanzar, para hacer una especie de testimonio, de último gesto, de que la opinión del Sernac era la que se decía, pero que no había sido tomada en cuenta por el Ministerio de Hacienda, ni por la Superintendencia de Bancos, ni por la propia Presidenta Michelle Bachelet .
Por lo tanto, seguimos considerando que el informe omite en forma grave esas responsabilidades, las que debieron haberse incluido en su texto: me refiero, repito, a la de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, del exministro Andrés Velasco, del señor José Roa y de los directivos y gerentes del BancoEstado.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , cuando se constituyó la comisión todos sus miembros teníamos el firme propósito de esclarecer por qué había pasado esto, cómo se po-dían identificar las falencias del sistema y cómo, en pro de los consumidores, se podría elaborar un informe de acuerdo, serio, responsable, con apego a lo analizado y lo planteado por nuestros invitados y en rigor, que es la forma en que debemos hacer la pega los parlamentarios, en lugar de usar la comisión para concluir con un prejuicio previo que se tiene definido desde el comienzo, por el solo hecho de que se había dicho públicamente, porque esa es una actitud irresponsable. Por eso se intentó conversar y llegar a un acuerdo.
Sin embargo, cuando el rigor de la investigación, el peso jurídico de los argumentos y la revisión fundada y seria de los antecedentes reflejaron que no existían las responsabilidades que se señalaron al principio, los colegas de Derecha buscaron una salida de otra índole, mediante consideraciones y conclusiones que no tienen ninguna pertinencia con lo escuchado y analizado en la comisión, lo que me parece que es faltar al rigor profesional en la revisión de los temas.
En la comisión quedó acreditado que no había responsabilidades de la entonces Presidenta Bachelet ni del ministro de Hacienda de la época, argumento que acaban de rebatir algunos parlamentarios de una forma, diría, majadera e infundada, porque si fueran consecuentes con esa conclusión habría que responsabilizar también al actual Presidente de la República , Sebastián Piñera ; al actual ministro de Hacienda , Felipe Larraín , y al actual gerente general del BancoEstado, Pablo Piñera . Eso sería coherente, porque lo que quedó refrendado en la comisión es que la autonomía del Banco Estado para actuar en esas materias es total y absoluta.
Si ese hubiese sido el acuerdo de la comisión, probablemente lo habría suscrito; pero era irreal, era un acuerdo político insensato, porque no tienen responsabilidades la entonces Presidenta Michelle Bachelet , el actual Presidente de la República , el anterior ministro de Hacienda ni el actual ministro de esa Cartera, porque el BancoEstado es autónomo en ese tipo de decisiones, de acuerdo con su ley orgánica, aprobada por el Congreso. Quien diga lo contrario es majadero y falta al rigor jurídico, técnico y profesional.
No se aprobaron conclusiones concordadas porque prevaleció el ataque político por sobre el resguardo profundo y verdadero de los derechos de los consumidores, que se arregla con mejores normas en favor de los consumidores, como las propuestas aprobadas que van en esa línea.
Lo que quedó claro al escuchar a todos los actores es que el BancoEstado creó un producto útil, interesante y bueno para los consumidores, pero que tuvo que ajustarlo, porque, de lo contrario, no hubiese podido seguir prestando ese servicio. Para ello ideó un cobro que viabilizó con resoluciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y que terminó usándolo toda la banca, porque, y lo digo responsablemente, existía una interpretación jurídico-legal que permitía hacerlo, no obstante que a la luz de la sentencia final de la Corte Suprema resultó errónea, porque fue deficiente la protección del Sernac en favor de los consumidores.
Por otra parte, no es efectivo lo que afirma el diputado Edwards , cual es que en el informe no se establecieron responsabilidades, ya que se determinaron las de los directores anteriores del Sernac hasta el señor Juan Antonio Peribonio , porque no se involucraron como correspondía en este asunto, lo que solo se logró con su último director, el señor Juan José Ossa . Eso está acreditado en el informe, pero como se buscaba dañar al exministro de Hacienda y a la entonces Presidenta de la República , se evita decir las cosas como son.
Lo que uno está buscando es que situaciones como ésta no se vuelvan a repetir en el futuro, para lo que se aprueba un conjunto de acciones en esa línea.
Tampoco es efectivo que el Sernac no se haya hecho parte en esa demanda porque no quiso hacerlo, ya que quedó acreditado en la comisión, de acuerdo con lo señalado por los representantes de ese servicio, que el presidente de la Conadecus solicitó que no se hiciera parte en esa causa, porque era la primera vez que se presentaba una demanda colectiva de esas características.
Uno podría criticar ese enfoque, porque quizás los directores pudieron hacer su petición con más fuerza o debieron involucrarse de todas maneras en el caso. Por eso estimamos que en el accionar de los directores del Sernac hubo una cierta falta de prolijidad y de capacidad para advertir que el caso era tan importante que los obligaba a involucrarse. Esa responsabilidad fue identificada, pero se actuó de esa manera para respetar la autonomía de las organizaciones que protegen los derechos de los consumidores para sacar adelante el asunto.
En rigor, uno tiene que evaluar, analizar y sacar conclusiones basado en los antecedentes que se investigan en una comisión, las declaraciones de los distintos invitados y las tesis que cada cual pone sobre la mesa. En consecuencia, las conclusiones aprobadas por mayoría que figuran en el informe de la comisión son las que corresponden y no otras, ya que todo lo demás es una preconcepción para llegar a una conclusión determinada, sin revisar en rigor los antecedentes expuestos en esa instancia. Incluso, tuvimos conversaciones con varios colegas de la Alianza que son miembros de la comisión para llegar a un acuerdo para dejar a un lado todas estas discusiones que generan acaloradas declaraciones públicas para salir en la prensa, las cuales no pueden sustentarse después. No obstante, no hubo voluntad para llegar a esa salida, lo que motivó que en el informe figuraran las conclusiones de mayoría y de minoría, ya que no hubo consenso entre los miembros de la comisión.
Lo importante es que la Cámara de Diputados persevere en potenciar y proteger los derechos de los consumidores, proteger a los consumidores, para lo cual se deben aprobar todos los proyectos de ley, aunque no se han querido discutir en la Comisión de Economía, muchos de los cuales protegen a los consumidores, reducen las posibilidades de abusos de las entidades financieras y de otras instituciones y tienden a equilibrar el sistema. Ese debiera ser el foco del trabajo de la Comisión de Economía, en lugar de que algunos de sus miembros, como el diputado Edwards , lamenten lo que sucede en esa instancia. Podríamos deplorar muchas otras cosas que ocurren en la comisión, como que no se ponen en discusión los proyectos que presentamos con el diputado Chahín para proteger a los consumidores. No se trata de llorar sobre la leche derramada porque ellos son mayoría en esa instancia, y así es la vida.
Las personas deben tener cuidado que los representen en el Congreso quienes defiendan sus derechos con leyes y con propuestas concretas, no con eslóganes de campaña, fáciles de decir, pero que luego, como en este caso, votan en contra de proteger a los consumidores.
Por eso es tan importante la elección de noviembre, no por lo que dijo el diputado Edwards, esto es que utilizamos el eslogan de terminar con los abusos. Nos interesa terminar con todos los abusos, como dice la candidatura de Michelle Bachelet, para lo cual existe una agenda, un programa y una propuesta concreta en materia de protección de los derechos de los consumidores.
Votamos favorablemente las conclusiones porque no hubo la disposición de llegar a un acuerdo para elaborarlas sobre la base de lo efectivamente analizado en la comisión. Esa es la verdad.
Por último, creo que el informe refleja lo que fue posible concluir en cuanto a que acá hubo situaciones que no deben repetirse. Todos debemos estar especialmente atentos a que ello no ocurra.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , la verdad es que el informe terminó en lo que tenía que terminar, porque fue el producto de una operación mediática comunicacional.
Cuando se constituyó la Comisión escuchamos a algunos parlamentarios de Derecha vociferando y responsabilizando a exministros y ex-Presidentes de la República respecto del hecho que nos ocupa. Y cuando tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestros invitados, toda su teoría se les desinfló y se quedaron sin argumentos. Tanto es así que el diputado Edwards , quien habla de manera tan suelta acá, en la propuesta que hizo a la Comisión -y tengo el borrador enviado por él- quería afirmar que el BancoEstado había actuado ajustado a la ley. Es decir, el diputado Edwards quería que aprobáramos un informe que señalara algo distinto a lo que habían resuelto incluso los tribunales de justicia. Porque a él no le interesaba la legalidad de la operación, sino cómo causar un daño político a ciertas autoridades respecto de las cuales quedó absolutamente claro, al escuchar a los invitados de todos los sectores políticos que asistieron a la Comisión, que no tenían ningún nivel de decisión en lo que acordara el banco. No tenían participación en sus decisiones. Ellas se tomaban en el comité ejecutivo.
Pero lo que buscaban esos diputados era generar algún daño político, no intentar ver cómo lográbamos mejoras reales a partir del estudio realizado.
Aquí hay un elemento que considero importante poner sobre la mesa: el rol del BancoEstado. Porque si este tomó una decisión que claramente resultó ser ilegal -aunque lo hizo de buena fe, porque la Superintendencia le dijo que podía hacerlo- fue porque su rol se ha tergiversado. El rol del BancoEstado no está siendo el que todos esperábamos de un banco de todos los chilenos: un rol social, de promoción. Como se lo obliga a someterse a las mismas reglas del juego de los bancos privados, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también de la rentabilidad económica que debe tener, entonces se genera una tensión entre el rol social que el BancoEstado debe cumplir y las exigencias de rentabilidad y de ajuste a las normas del sector financiero. Y eso es complejo para el banco.
Por lo tanto, creo que el elemento más relevante que deberíamos sacar del informe es que hay que restablecer el rol social del BancoEstado. En tal sentido se le deberían hacer exigencias distintas en relación con los bancos privados, ello para que nunca más vuelvan a ocurrir hechos como el cobro ilegal de comisiones a centenares de miles de chilenos.
Un segundo aspecto es el rol del Sernac. Esto lo hemos discutido de manera transversal y hemos llegado a acuerdos en relación con el caso La Polar, investigado por esta Cámara, en cuanto a lo que significaba la evaluación del Sernac Financiero. Hoy, frente a este caso, tenemos nuevamente un Sernac débil. Lo llamo “un león sin garras ni dientes que asusta, pero no muerde”. No hace efectivamente daño: no tiene facultades para aplicar multas; no tiene poder sancionatorio; no tiene la posibilidad de establecer instrucciones obligatorias de carácter particular o general; no tiene un rol regulatorio. Tenemos un Sernac con pocas facultades de fiscalización. De hecho, no tiene facultades de fiscalización intrusiva. Y, por tanto, tenemos prácticamente un Sernac cuyo único elemento para actuar son los medios de comunicación.
Otro aspecto es la posibilidad de presentar demandas colectivas. Quiero detenerme en este punto, porque me parece que el Sernac debería estar obligado a hacerse parte de las demandas colectivas cuando fueran plausibles, aunque las presentaran las asociaciones de consumidores. Y aquí sí hay que hacer una crítica, y la quiero hacer de manera responsable respecto de lo que ocurrió con un exdirector del Sernac, el señor Roa . Él tenía como una política de servicio no hacerse parte de las demandas colectivas que presentaran las asociaciones de consumidores. Creo que ese fue un error, una mala política, una mala decisión. Y eso hay que decirlo con total transparencia.
Sin embargo, también hay que señalar que esa política continuó con el actual gobierno y con el entonces director del Sernac y actual intendente de Santiago , el señor Peribonio . Pero además continuó de manera agravada. Porque el señor Peribonio tuvo a la vista dos fallos, uno de primera instancia del tribunal civil, que declaraba que tenía razón, y, por ende, acogía la demanda colectiva de Conadecus, y otro de la corte de apelaciones, que ratificaba ese fallo de primera instancia.
En consecuencia, el entonces director del Sernac , el señor Peribonio , no solo tenía la demanda colectiva en tramitación, sino también dos fallos: el de primera instancia, ratificado por el tribunal de alzada, que le daba la razón a las asociaciones de consumidores. Sin embargo, ¿qué hizo? ¡Nada! No se hizo parte.
¿Qué hizo entonces el BancoEstado -eso no sucedió en el gobierno pasado, sino en el actual- con los fallos? ¿Los asumió? ¿Los respetó? No, los impugnó, y llegó a la Corte Suprema. Y después de que se conoció el fallo de Cencosud -porque era inminente el fallo de la Corte Suprema contrario también a BancoEstado-, ahí se hizo parte el Sernac, en marzo de este año. Tarde, pero se hizo parte.
Aplaudo y valoro lo que hizo también el director Ossa. Creo que estuvo bien. Porque podría haber mantenido esa posición y no hacerse parte. Se hizo parte. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Eso significó que la Corte Suprema llamara a mediación y se llegara a un acuerdo que fue favorable a los consumidores.
¿Cuál es la lección principal? Antes y ahora existen responsabilidades políticas funcionarias. ¿Nos quedamos en eso o ponemos el acento en lo que importa a los consumidores, esto es cómo restablecemos el rol social del BancoEstado, sin exigirle acogerse a las mismas reglas del juego de la banca privada, y cómo dotamos al Sernac de las facultades necesarias para proteger debidamente a los consumidores?
Eso es lo que está en debate. Y lo que no hicimos ni aceptamos fue prestarnos para un juego político de la Derecha, de los mismos que defendieron a Julio Pereira ; los mismos que bloquearon el informe del caso Johnson´s; los mismos que han intentado ocultar la condonación más grande de la historia del país, que la Contraloría declaró irregular y respecto de la cual ellos le mintieron al país en esta misma Sala diciendo que había un informe que le daba la razón a Julio Pereira, en circunstancias de que cuestionaba el proceso de condonación. No nos vamos a seguir prestando para ese juego.
Por último, tenemos este informe, que pone el foco en lo que importa: en cómo fortalecemos a las instituciones para poder mejorar el amparo a los consumidores y evitar los abusos en el futuro.
He dicho.
El señor BARROS.- Señor Presidente , quiero plantear un asunto reglamentario.
Con la diputada Alejandra Sepúlveda vinimos hoy al Congreso Nacional -muchos colegas se han ausentado-, pero hoy tenemos fijada una reunión con el ministro de Agricultura , a las 13.00 horas, en las dependencias de ese ministerio, para tratar la declaración de la Sexta Región como zona de catástrofe agrícola, a raíz de las últimas heladas.
Entonces, anuncio que con la diputada Sepúlveda nos vamos a parear, pero no vamos a estar presentes al momento de que se efectúen las votaciones, debido al compromiso que tenemos con nuestra región por la señalada situación.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Se dejará constancia de lo que ha expresado, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente, no estaba preparado para comenzar mi intervención de la forma en que lo voy a hacer.
Muchos de los diputados presentes en la Sala no escucharon las destempladas e incontinentes declaraciones pronunciadas por el diputado señor Edwards, probablemente nubladas por la desesperación que le provoca el hecho de que cinco de cada cien chilenos creen que su candidata presidencial, la señora Evelyn Matthei, puede llegar a la Presidencia de Chile.
El informe que estamos tratando es un ejemplo de que en muchas ocasiones se crean comisiones investigadoras para simplemente confirmar lo que algunos ya han declarado y concluido sin necesidad de investigar. En esos casos, la investigación se convierte en una simple excusa para confirmar lo que ya establecieron como verdad absoluta.
El punto en discusión, que surge a partir de lo que concluyó la comisión investigadora, es si es bueno y aceptable que las instituciones financieras cambien, en forma unilateral, las condiciones de los contratos suscritos con sus clientes. En ese sentido, la conclusión inequívoca -entiendo que de la unanimidad de los miembros de la Comisión- es que es inaceptable, malo y censurable que una institución financiera, pública o privada, pueda cambiar, en forma unilateral, las condiciones de los contratos sin que los usuarios firmen un nuevo contrato.
Al respecto creo que no hay dos opiniones, de manera que la totalidad de los diputados, sin importar el sector político al que pertenezcan, debiéramos orientar nuestro enfoque hacia esa nueva verdad. Quiero destacar la referencia que hago, en cuanto a que se trata de una nueva verdad, porque eso no era una cuestión completamente consensuada hace tres, cuatro, cinco o diez años.
De hecho, BancoEstado, al modificar un producto, llevó a cabo un cambio unilateral de las condiciones de pago de miles de clientes. Si bien es cierto que se trataba de un nuevo producto, el cual probablemente era más caro, eso no excluye la obligación del banco de consultar a los clientes si aceptan o no las nuevas condiciones de trato para aplicar a ese producto.
Quiero decir que respecto de la pregunta en cuanto a si BancoEstado procedió bien al actuar como lo hizo, creo que en el informe se responde de manera categórica que esa institución bancaria no estuvo bien al modificar en forma unilateral las tarifas.
Respecto de la segunda consulta, en cuanto a si hizo lo anterior apegado a la normativa legal vigente, creo que tampoco hay dos respuestas, en el sentido de que lo hizo apegado a esa normativa.
La tercera pregunta es si al hacer eso BancoEstado siguió las disposiciones establecidas en su propia ley orgánica, las que obligan a esa entidad a consultar con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. La respuesta a esa consulta también es inequívoca, en cuanto a que sí lo hizo de esa manera, y dicha superintendencia lo autorizó a hacer esa modificación.
Por lo tanto, es evidente que, en ese contexto, BancoEstado y sus autoridades -con mayor razón las autoridades políticas, que están por sobre las autoridades administrativas de esa entidad bancaria- no tienen la responsabilidad que se les pretende imputar, con objetivos electoreros y desesperados de última hora.
Cabe preguntarse por qué lo que hizo BancoEstado, en cuanto a modificar -de manera unilateral- un producto y las tarifas, fue un procedimiento replicado por toda la banca privada, aun sin que de por medio hubiera un cambio de producto. Es decir, por el mismo producto, por el solo hecho de renovarse, se modificaron las condiciones, cambios que -digamos las cosas como son- fueron autorizados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. De allí que no tienen responsabilidad penal ni civil de ningún tipo Laurence Golborne , quien firmó esos documentos de alza unilateral, ni autoridad alguna de los distintos bancos. Sin embargo, respecto de si se procedió de manera correcta y éticamente aceptable, la conclusión inequívoca que escuché en la Comisión fue que eso no estaba bien, por una razón fundamental: porque el Congreso Nacional había aprobado el proyecto de ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
El Sernac no se hizo parte de la querella de los consumidores sino hasta un par de semanas antes de los alegatos ante la Corte Suprema, cuando ya se veía con claridad que el juicio sería favorable a la demanda de los consumidores; es decir, el Sernac de este gobierno recién en ese momento se hizo parte, para no “quedar pagando”, debido al fallo categórico en contra de esa práctica indebida.
Al respecto, lo que estuvo en discusión en el gobierno pasado y en el actual son dos aspectos sobre los que me gustaría que las conclusiones fueran unánimes.
En primer lugar, que debería haber superioridad jerárquica de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores respecto de la Ley General de Bancos, con el objeto de que, cuando ambas se contradigan, la que prime sea la que establece la protección de los derechos de los consumidores; es decir, aquella que está para defender los intereses de las personas.
En segundo término, considero que existe la necesidad de redefinir el rol específico de recuperación de la vocación pública del BancoEstado, porque no puede ser un banco más del conjunto de las entidades financieras que hay en Chile. Si así fuera, en verdad no valdría la pena tener un banco del Estado. Si este existe es para desarrollar políticas públicas, para que sea pionero en la defensa de los derechos de los consumidores; para que promueva el desarrollo en las regiones, hacia las que el capital privado no se desplaza; para reforzar a los pequeños y medianos empresarios; para enfrentar el proceso de concentración monopólica que ha vivido Chile en las últimas décadas, y para que tenga un rol social. Para eso tenemos un banco del Estado.
Creo que la conclusión más importante de este informe es la superioridad jerárquica de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, así como la necesidad de redefinir un rol social y de promoción del desarrollo productivo de Chile, particularmente de las regiones, para el Banco del Estado de Chile.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, no hay duda de que BancoEstado ya no es el banco del Estado porque, tal como se ha manifestado en la Sala, no tiene la esencia para la que fue creado. Por lo tanto, ya no es el banco de todos los chilenos; le queda el puro nombre.
Creo que BancoEstado debe ser sometido a una reestructuración total, porque es un gran instrumento, el cual debe estar al servicio del pueblo chileno.
Voy a dar a conocer algunos nombres en la Sala, que seguramente no significan nada para la gente que está viendo esta sesión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados: José Luis Mardones Santander , Jessica López , Nicolás Eyzaguirre , Sergio Páez Verdugo , Viviana Betancourt Gallegos , Pablo Silva Manríquez y Julio Águila Oyarzún . Esos son los nombres de quienes pertenecían al Consejo Directivo de 2008 .
¿Por qué los nombro? Porque mi sentido común me dicta que en el caso que estamos discutiendo hay responsabilidades políticas y administrativas. ¡No me vengan a decir que el directorio actuó de buena fe! Sin lugar a dudas, en este hecho actuó con absoluta negligencia y con despreocupación -no voy a decir ignorancia, porque algunos méritos deben tener esos señores-, por decir lo menos. Su despreocupación, su inconsecuencia y su irresponsabilidad en el cumplimiento de sus cargos en el Consejo Directivo significaron perjudicar a miles de chilenos pobres, a adultos mayores, a jefas de hogar, a gente discapacitada, a estudiantes. ¿Quién responde por eso?
Fui muy crítico desde que la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, a la cual pertenezco, se constituyó en Comisión Investigadora. Mi opinión siempre fue que debíamos comenzar la investigación desde la cabeza, esto es, citar o invitar a todos los integrantes del directorio de esa época que tienen responsabilidad en lo ocurrido, porque en el BancoEstado, como en cualquier institución pública que tiene un directorio o un consejo directivo, no se hace nada si el consejo directivo no lo aprueba. Tengo en mis manos un documento oficial que señala las funciones del consejo directivo del BancoEstado. La primera de ellas consiste en “Señalar la política general del Banco, estableciendo las normas generales a las que deben ajustarse sus operaciones.”. Ahí está todo. Es la primera -reitero- de las funciones que obligatoriamente debe cumplir el Consejo Directivo.
Creo que los diputados de la Concertación que tratan de proteger a sus amigos integrantes del directorio de esa época están en un error. Asimismo, hay algunos diputados oficialistas que también pretenden proteger a sus amigos que también tienen responsabilidades en este caso.
Aquí las responsabilidades son claras: el Consejo Directivo del BancoEstado, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Sernac. Entre todos se “tiran la pelota” y nadie asume responsabilidades. Este es un nuevo escándalo que se quiere que pase desapercibido.
En su momento solicité que dentro del informe, como sugerencia de la Comisión, se propusiera que los integrantes del consejo directivo de esa época, señores José Luis Mardones , Jésica López , Nicolás Eyzaguirre , Sergio Páez Verdugo , Viviana Betancourt -fue intendenta de mi región durante la administración anterior-, Pablo Silva Manríquez , Julio Águila Oyarzún , al menos, reciban la sanción de no poder ocupar cargos públicos durante un período determinado. Pero el informe no dice nada al respecto.
Por lo tanto, creo que el trabajo de esta Comisión, que respeto, tendrá un resultado nulo, como ocurrió con muchas comisiones que se constituyeron en esta Corporación, como la Comisión Investigadora de Codelco, la Comisión Investigadora sobre extracción ilegal de aguas, etcétera.
Creo que como Parlamento deberíamos sugerir alguna amonestación a esas señoras y a esos señores. ¿Quién me asegura que esos mismos señores y señoras integrantes del consejo directivo del año 2008 no van a ocupar el mismo cargo en un tiempo más u otro cargo de importancia pública? Porque los directorios -para qué estamos con leseras- sirven para apitutar a los amigos de los amigos, tanto en el BancoEstado como en otras reparticiones públicas, donde son nombrados a dedo, aunque algunos ni siquiera tienen las competencias necesarias.
Ahora estamos discutiendo este informe, pero al final del día nos encontramos con que nadie se hace responsable.
La gente que está preocupada por este tema, que fue perjudicada por una mala decisión, usurera, autorizada por el Consejo Directivo de 2008, no tendrá ninguna recompensa, ningún reconocimiento, lo cual me molesta. Mucha gente en mi tierra, en Aysén, me dijo: “Qué bueno que se constituyó la Comisión investigadora del BancoEstado, porque yo fui perjudicado. Espero que esa Comisión aclare las cosas, que señale a los responsables y que estos sean sancionados”. Pero no va a pasar nada.
Está ocurriendo lo mismo que muchos escándalos económicos, como el de La Polar o el caso del señor Ponce Lerou , pariente directo del exdictador Pinochet . Tal vez debemos reconocer que nos falta mayor autoridad o disponer de algún poder extraordinario, porque la gente nos reclama que no pasa nada con las comisiones investigadoras, y este es un ejemplo patente. El BancoEstado es una entidad pública que pertenece a todos los chilenos, por lo que en el informe deberíamos sugerir, al menos, alguna sanción o amonestación. Pero no pasa nada.
En definitiva, aunque respeto el trabajo que se hizo, considero que tal vez faltó un poco más de mano dura en las resoluciones de la Comisión, porque en este caso todos los responsables -el Consejo Directivo del BancoEstado de 2008, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Sernac- se lavan las manos y ni siquiera ofrecen una disculpa a los miles de chilenos que fueron perjudicados por una decisión irresponsable.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo constituida en especial investigadora para analizar los antecedentes, efectos y consecuencias de las prácticas abusivas implementadas a partir del 1 de enero de 2003 por el Banco del Estado de Chile y las consecuencias de la dictación de la circular N° 17 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), de fecha 28 de abril de 2006, en el cobro de comisiones por mantención en sus cuentas de ahorro a la vista y otras materias relacionadas, situación que obliga a la institución a devolver más de 12 millones de dólares a los afectados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 22 votos. No hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas
CONVENIO ENTRE CHILE Y TRINIDAD Y TOBAGO SOBRE AUTORIZACIÓN PARA QUE DEPENDIENTES DE PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES REALICEN ACTIVIDADES REMUNERADAS (Segundo trámite constitucional, Boletín N° 8843-10)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre autorización para que los dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas y consulares realicen actividades remuneradas, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 29 de marzo de 2012.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Eduardo Cerda.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, sesión 69ª de la presente legislatura, 5 de septiembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 75ª de la presente sesión, en 1 de octubre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CERDA (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre autorización para que los dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas y consulares realicen actividades remuneradas, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 29 de marzo de 2012, el que se encuentra sometido a la consideración de esta honorable Cámara, en segundo trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
Según lo señala el mensaje, este instrumento establece el marco jurídico para el ejercicio de una actividad remunerada a los dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas y consulares, sobre la base de un tratamiento recíproco.
Agrega que con ello se reconocen los vínculos de amistad y el interés de ambas Partes de permitir el mejoramiento de las condiciones de vida de dichos funcionarios, haciendo posible, asimismo, una mayor integración entre las sociedades de Chile y de Trinidad y Tobago.
Este Acuerdo, que fue aprobado por el honorable Senado en los mismos términos propuestos por su excelencia el Presidente de la República , consta de un Preámbulo, el cual consigna el motivo por el cual las Partes decidieron suscribirlo, y de ocho artículos, en los cuales se despliegan las normas que conforman su cuerpo principal y dispositivo, que no voy a reseñar por encontrarse insertos en el informe que los colegas tienen en su poder.
En el estudio de este proyecto de acuerdo la comisión valoró la importancia que reviste este instrumento para los dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas o consulares de ambos Estados, el cual les permite mejorar sus condiciones de vida y una mayor integración a las sociedades en que les corresponde actuar. Asimismo, destacaron la relevancia que reviste el hecho de suscribir un Acuerdo con un país de la zona del Caribe, por tratarse de un área geográfica de creciente interés político y comercial para nuestro país.
Por ello, los señores diputados presentes en la comisión expresaron su decisión favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo, y por 9 votos a favor lo aprobaron en forma unánime. Concurrieron con su voto la diputada señora Andrea Molina y los señores Arenas, Ascencio , Cerda, Delmastro , Díaz , Edwards , Jarpa y Moreira.
Por último, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, la Comisión, al igual que el honorable Senado, no calificaron como normas de carácter orgánico o de quorum calificado ninguno de los preceptos contenidos en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus disposiciones no deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió, por la unanimidad de los diputados ya señalados, recomendar a la honorable Cámara de Diputados aprobar dicho instrumento.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago sobre autorización para que los dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de las misiones diplomáticas y consulares realicen actividades remuneradas”, suscrito en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 29 de marzo de 2012.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE CHILE Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (Segundo trámite constitucional, Boletín N° 8842-10)
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Santiago, el 13 de marzo de 2012.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Eduardo Cerda.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 8842-10, sesión 69ª de la presente legislatura, en 5 de septiembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 75ª de la presente sesión, en 1 de octubre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CERDA (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Seguridad de Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Santiago, el 13 de marzo de 2012, que se encuentra sometido a la consideración de esta honorable Cámara, en segundo trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
Según lo señala el mensaje, como consecuencia de la globalización y de la integración comercial y financiera mundial, Chile ha experimentado en las últimas décadas un importante aumento en el flujo de mercancías, servicios y de trabajadores que en forma temporal prestan servicios de apoyo a la inversión.
El crecimiento de Chile y de su economía ha implicado no solo el traslado temporal de profesionales y técnicos de empresas extranjeras que van a prestar servicios en sus empresas filiales chilenas, sino también, en el sentido contrario, que muchas empresas chilenas envían a sus trabajadores más calificados a prestar servicios en el exterior, en empresas de capitales o con intereses chilenos.
Agrega que esta nueva migración laboral temporal permite a los países beneficiarse del acervo técnico y cultural de trabajadores de diversas latitudes, facilitando el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas en las empresas.
Asimismo, plantea que, desde la perspectiva de la seguridad social internacional, la migración es protegida, entre otras instituciones, a través de la figura del desplazamiento de trabajadores contenida en los Convenios de Seguridad Social, que procura mantener la continuidad previsional internacional de los trabajadores, evitando la doble cotización previsional.
En efecto, los Convenios de Seguridad Social establecen una regla general, según la cual el trabajador que se desplaza a prestar servicios por un tiempo determinado al territorio del otro Estado solo pagará las cotizaciones de seguridad social del país de origen; es decir, en cuyo territorio ejerce habitualmente su actividad laboral, impidiendo de esta manera que dichos trabajadores y sus familias queden desafectados de los sistemas de pensiones que normalmente los protegen en el país de origen, y evitando que incurran en un doble gasto por concepto de cotizaciones previsionales para atender la misma cobertura en el país de destino.
Del mismo modo, precisa que, a la fecha, nuestro país ha celebrado más de 25 Convenios de Seguridad Social, los cuales, además de regular temas específicos de pensiones, contienen disposiciones relativas a la legislación de seguridad social aplicable a los trabajadores de un Estado que ejecutan labores en el territorio de otro, mediante la regla general de derecho internacional privado denominada “Lex loci laboris”, en virtud de la cual la prestación de servicios de un trabajador se rige por la ley del lugar en que los ejecuta, así como algunas excepciones a esta regla establecida en favor de ciertas categorías de trabajadores, tales como trabajadores desplazados, trabajadores que prestan servicios a bordo de naves o aeronaves, funcionarios públicos, diplomáticos y consulares, etcétera.
Sin embargo, hasta la fecha, Chile solo había suscrito Convenios de Seguridad Social que contenían normas sobre desplazamiento de trabajadores ya referidas, pero sin extenderse a regulaciones que evitasen otras figuras de doble cotización previsional internacional.
Por ello, el Convenio de Seguridad Social suscrito con el Reino Unido constituye una innovación respecto de los anteriores convenios sobre la materia ratificados por Chile, y plasma el interés común de ambas Partes por estrechar sus relaciones en el campo de la seguridad social, a través de la protección de los trabajadores que se trasladan temporalmente a prestar servicios en el territorio de otro Estado, cuestión que favorecerá a una parte importante del flujo migratorio entre Chile y el Reino Unido.
El mensaje concluye manifestando que, sin perjuicio de la innovación que se introduce en el ámbito de aplicación material del Convenio, este instrumento internacional se estructura sobre la base de los mismos principios contenidos en los demás tratados de seguridad social suscritos por Chile, ampliamente reconocidos por el derecho internacional, incluyendo la igualdad de trato, la cooperación administrativa y la solución de controversias.
El Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contempla regulaciones referidas a la doble cotización previsional, así como al desplazamiento de trabajadores para los fines de sus obligaciones y derechos en seguridad social.
Por último, me permito hacer presente que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, vuestra comisión, al igual que el honorable Senado, determinó que este proyecto de acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional, pero debe ser aprobado como norma de quorum calificado, por cuanto contiene preceptos relativos a leyes que regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad con el artículo 19, número 18°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República. Asimismo, el artículo 10, numeral 5), también debe ser aprobado con quorum calificado, porque establece que la información sobre las personas será confidencial, de acuerdo con el artículo 8°, inciso segundo, de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 66, inciso tercero, de la misma.
Por otra parte, ella determinó que su texto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
Por ello, los señores diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo por 9 votos. Le prestaron su aprobación la diputada señora Molina , doña Andrea , y los diputados señores Arenas, don Gonzalo ; Ascencio, don Gabriel ; Cerda, don Eduardo; Delmastro, don Roberto ; Díaz, don Marcelo ; Edwards, don José Manuel ; Jarpa, don Carlos Abel ; y Moreira, don Iván .
Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió por la unanimidad antes señalada recomendar a la honorable Cámara de Diputados aprobar este instrumento internacional.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Para abrir el debate sobre este proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
VI. INCIDENTES
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DESARROLLO DE MEGA PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS (Oficios)
El señor ELUCHANS (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , quiero denunciar un hecho que se viene repitiendo y que dice relación con la forma de tomar decisiones por parte de este Gobierno. Me refiero a la falta de consulta y participación de los ciudadanos directamente involucrados en megaproyectos de obras públicas.
En relación con esto, los vecinos de la comuna de Macul me han hecho saber que pese a las innumerables solicitudes de participación al Ministerio de Obras Públicas y al coordinador de Concesiones de la misma cartera, no han sido tomados en consideración en el proceso de estudio y construcción de la Autopista Costanera Central, megaproyecto que en materia vial producirá un importante y grave impacto en la calidad de vida de los vecinos de Macul, una gran cantidad de expropiaciones y un sinnúmero de problemas debido al diseño antojadizo que pretende el proyecto, sin tener presente la afectación a la comunidad.
Estos puntos fueron puestos en conocimiento del Ministerio de Obras Públicas y del coordinador de Concesiones de Obras Públicas por los vecinos, los que en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Macul, formaron un Comité Ampliado de Vecinos para el estudio del proyecto de la Autopista Costanera Central, en el marco de la participación ciudadana que debe existir en esta materia.
Este Comité Ampliado viene trabajando desde 2012, entregó una propuesta concreta a la autoridad y cuenta con el constante y activo apoyo del alcalde y del concejo.
Tengo en mis manos el proyecto que presentaron.
El municipio de Macul envió oficios respecto de este proyecto al Ministerio de Obras Públicas el 17 de agosto, el 19 de octubre y el 4 de diciembre de 2012. El Comité Ampliado de los Vecinos envió carta el 15 de enero de 2013, y el 5 de febrero de 2013 el concejo envió el acuerdo tomado respecto de este proyecto.
A la fecha, las autoridades competentes han hecho oídos sordos a los planteamientos y preocupaciones de la comunidad de Macul ante este megaproyecto vial, negándose a aceptar las reuniones que desde hace más de un año vienen solicitando, tanto la comunidad como el municipio de Macul.
Con fecha 22 de noviembre de 2012, se limitaron a contestar que se habían enviado las impresiones de la comunidad a la empresa responsable de los estudios y otras unidades técnicas para coordinar reuniones con los vecinos durante el primer trimestre de 2013.
Estamos comenzando el cuarto trimestre y no ha existido coordinación de reuniones con la comunidad directamente afectada con este megaproyecto. Eso me parece inaceptable, teniendo presente que los vecinos han conformado estamentos formales y serios para hacer presente sus reparos al proyecto, incluso realizando propuestas concretas respecto de la construcción de la llamada Autopista Costanera Central.
Por los motivos expuestos, solicito oficiar a la ministra de Obras Públicas y al coordinador de Concesiones , a fin de que ambas autoridades informen acerca del estado en que se encuentra el megaproyecto Autopista Costanera Central e indiquen en detalle sus etapas de estudio y ejecución. Asimismo, informen cuáles han sido las políticas del MOP en relación con la participación ciudadana en el desarrollo de este tipo de megaproyectos, específicamente acerca de las objeciones y propuestas planteadas por la comunidad y municipio de Macul respecto de este en particular.
En mis manos tengo el informe que prepararon los vecinos. Es el trabajo de años que nadie ha tomado en cuenta, ni siquiera el MOP, respecto del cual hasta el día de hoy no hay respuesta.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
PREOCUPACIÓN POR CIERRE DE LICEO SIMÓN BOLIVAR POR PARTE DE AUTORIDAD COMUNAL DE HUALPÉN (Oficios)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , quiero aprovechar esta oportunidad para dar a conocer algo que hemos venido planteando en el último tiempo desde este Hemiciclo, relacionado con una serie de desafortunadas decisiones que se están tomando por parte de la Municipalidad de Hualpén y su alcaldesa, señora Fabiola Lagos .
A las denuncias de contratos de profesores y órdenes de trabajo por un mes, lamentablemente, hoy debemos sumar el cierre del emblemático Liceo Simón Bolívar , de la comuna de Hualpén, anunciado por la primera autoridad comunal.
Este es un acto inaceptable en una alcaldesa que, además, es docente y profesora. ¿Qué compromiso tiene con la educación pública, cuando los estudiantes y apoderados de la comuna piden a gritos que se rescate la educación pública como uno de sus principales valores?
Entre gallos y medianoche, se anunció a la comunidad escolar el cierre de las matrículas entre 1° y 6° básico. Sin duda, esta es la primera medida para declarar el cierre de este liceo emblemático, según lo manifestado por los apoderados y su director, don Luis Ascencio , de una comuna nueva, pujante, pero con autoridades que van en sentido opuesto al de la sociedad.
En el último tiempo, se han cerrado tres escuelas: Lenga , de la famosa caleta del mismo nombre; Manuel Rojas y Perla del Biobío. Luego, ¿cuál es el compromiso con la educación pública de la alcaldesa y del resto de las autoridades?
Muchos de los concejales se oponen, pero la alcaldesa, de manera tozuda, junto con las autoridades de Educación, quieren cerrar esta escuela, lo que dejará a muchos alumnos sin matrícula.
Por eso, solicito oficiar a la seremi de Educación y a la alcaldesa de la Municipalidad de Hualpén para que se pronuncien de manera oficial ante esta Cámara sobre su decisión de cerrar el Liceo Simón Bolívar .
Me parece que es un completo error lo que se pretende realizar a los alumnos de prebásica al 6° grado.
Eso no debe ocurrir, porque va en sentido opuesto al sentir de la mayoría de los chilenos, que es educación pública gratuita para todos y todas.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los que se adjuntarán copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISTORSIONES SOBRE REBAJA DE PRECIO A PRODUCTORES LECHEROS (Oficios)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , hace algunos días los productores lecheros del sur una vez más fueron sorprendidos por las arbitrarias decisiones de las empresas multinacionales existentes en el país. Me refiero a Soprole, y a Nestlé, empresas neozelandesa y holandesa, respectivamente. Es lamentable, pero aclaro que estas multinacionales absorben más del 50 por ciento de la producción lechera nacional.
Hace algunos días, en forma arbitraria tomaron la decisión de rebajar el precio de la producción lechera en un 30 por ciento, debido a que la importación que hacen es a un vil precio, mínima. Al respecto, debo decir que ellos importan para elaborar en Chile, importan lo que en su momento no pueden exportar a otros países de Europa, África, Asia, en fin, y entregan a un precio vil la producción importada por sus propias empresas al país.
De allí viene esta baja del precio que una vez más castiga a los productores nacionales, quienes han logrado una tecnología digna, del más alto nivel del mundo.
Por desgracia, en vez de resarcirse de los gastos que significa esa inversión, se les castiga con la baja del precio en un 30 por ciento.
Pido oficiar al presidente de la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios , a fin de que se pronuncie sobre esta denuncia y fiscalización de este diputado del sur, que representa a tantos productores de este producto que es orgullo de la tecnología que han logrado; al ministro de Agricultura y al presidente de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).
Repito: ¡las empresas multinacionales en este país se aprovechan de la producción y de nuestros productores!
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras y señores diputados que están levantando su mano y de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.
DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE PARA REGIÓN DEL MAULE POR DAÑOS CAUSADOS EN LA AGRICULTURA POR HELADAS (Oficio)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- En turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , la opinión pública se encuentra preocupada por el drama que afecta a nuestro país desde septiembre debido a las fuertes heladas que han caído últimamente, las cuales no se producían desde 1926. En la actualidad, los agricultores, en especial de la Sexta y Séptima Regiones, se encuentran en una situación de catástrofe.
Como es de conocimiento de su señoría, los medianos y pequeños agricultores no desarrollan sus labores con recursos propios, sino que tienen que recurrir a la banca para poder pagar sus deudas, cosechan y vuelven a endeudarse. Pero esta catástrofe no se va a superar solo por la vía de la emergencia. Ayer, el presidente de la Asociación Nacional de Bancos señaló a través de la televisión que iba a ir en apoyo de los agricultores, pero de aquellos que fueran viables. En ese momento, me acordé de los agricultores de mi zona, de muchos de los cuales, no conozco sus créditos bancarios, pero sí sus vidas. Y ¡por Dios! Mentalmente encontré una lista muy larga de aquellos que para los bancos son inviables.
¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos apoyar a los afectados?
Ayer se nos presentó una muy buena ocasión. No obstante, me pareció lamentable lo que hicieron los partidos de Gobierno de retirar las firmas para no celebrar la sesión especial, porque ese era el momento para que principalmente los parlamentarios de las zonas agrícolas, en especial de la Sexta y Séptima Regiones, pudiéramos hacer propuestas en conjunto, porque las heladas no distinguen si los predios pertenecen a partidarios de Gobierno o de Oposición. Se trata de temas en los cuales debemos tener opinión común.
Sin embargo, se quiso evitar un dolor de cabeza al Gobierno, que habría sido doble, porque no me cabe duda de que habríamos estado de acuerdo en algunos puntos, pero también habrían salido resoluciones que lo habrían complicado.
Y de yapa, se manda un pasecito al ministro de Salud , señor Jaime Mañalich , porque muchos parlamentarios no quieren que venga a explicar los fracasos de la política en Salud de los últimos cuatro años.
Esas situaciones merecen nuestro más enérgico repudio. Me costó entender; no podía comprender cómo mis colegas de sectores rurales, que saben de la urgencia de tomar decisiones, estuvieron de acuerdo con retirar su firma para hacerle un “favorcito” al Gobierno.
¿Con qué nos encontramos hoy? En un rato más, el ministro va a citar a los parlamentarios a su oficina para conocer un asunto con letra chica, porque hay cifras de las cuales no sabemos de qué estamos hablando.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura afirmó que se van a perder 150 mil empleos. El Gobierno sostuvo que son 50 mil. ¡Por Dios! La diferencia en la cifra es grande.
En consecuencia, pido que se oficie al ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de que nos aclare si los empleos que se van a perder son 150 mil o 50 mil, y que lo pueda fundamentar, porque lo que se está diciendo por parte del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura es que a raíz de las heladas muchos trabajadores de temporada no van a poder laborar, porque se han perdido las cosechas.
Si estamos conscientes de la gravedad de estas heladas, que no se producían desde 1926, pido que se envíe un oficio al ministro del Interior , a fin de que el Presidente de la República decrete con urgencia zona de catástrofe para las regiones más afectadas.
Quiero dejar constancia de que espero que no se produzca lo que pasó cuando analizamos el tema de los exconscriptos, porque este Gobierno se está yendo y su coalición sabe que no va a volver. Por eso, están girando todo con cargo a la cuenta corriente del gobierno que viene y con cargo a los fondos de libre disposición, que son bastante menores que los que nuestro gobierno les dejó.
Pido entonces que se oficie al ministro del Interior, con el objeto de que declare zona de catástrofe y disponga del 2 por ciento constitucional para acudir en ayuda de los agricultores, en especial, de la Séptima y Sexta Regiones.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras y señores diputados que están levantando su mano y de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.
INSTRUCCIÓN A CARABINEROS DE CHILE PARA APLICAR CRITERIO OBJETIVO E IGUALITARIO RESPECTO DE PROPAGANDA POLÍTICA EN COMUNAS DEL PAÍS (Oficio)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Por el resto del tiempo de la bancada del partido Demócrata Cristino, tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , es un hecho público y notorio que a lo largo del país, en especial en la Región de Valparaíso, se ha desatado la campaña presidencial y parlamentaria en la vía pública en todas las comunas y distritos, y también en Viña del Mar -a su señoría le consta porque es diputado por esa comuna-, donde sus calles y avenidas están repletas de propaganda política.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior, de cuya Cartera depende Carabineros, con el objeto de que se fije un criterio objetivo sobre la materia y no se cometan arbitrariedades. Cuando hoy mis colegas ingresaron al Congreso Nacional se pueden haber hecho cuenta de que todos los postes del alumbrado de la calle Victoria están plagados de propaganda política. Sin embargo, en algunos casos Carabineros procede, incluso ilegalmente, a retirar la propaganda instalada en las casas particulares.
Por eso, es indispensable que el ministro del Interior instruya a Carabineros, a fin de que en todas las comunas del país se observe un mismo comportamiento y no se proceda de manera arbitraria y al margen de la ley, porque cuando se instala propaganda política en una casa particular ello es completamente legal; no estoy hablando de la propaganda en la vía pública.
Si Carabineros opta por retirar la propaganda puesta en la vía pública y en las casas particulares, debe hacerlo con un criterio igualitario y no discriminatorio.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando su mano y de lo cual la Secretaría esté tomando debida nota.
MEDIDAS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE PETORCA AFECTADOS POR HELADAS (Oficios)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , quiero protestar por haberse suspendido la sesión especial para analizar la crisis agrícola que afecta a algunas regiones producto de las heladas debido a un subterfugio para evitar la votación que decidía la interpelación al ministro de Salud .
En mi zona, hay cientos de campesinos especialmente en la provincia de Petorca, que han sufrido un grave daño a consecuencia de las heladas que han caído en las papas tempranas. Debo recalcar que se trata de una zona que está en sequía y fue muy afectada por las anteriores heladas. Ahora los más perjudicados son los pequeños campesinos, cuyo costo de siembra es cercano a los 2 millones de pesos por hectárea -es el más caro-, por lo tanto es importante ir en ayuda de ellos. Hay que agregar a los pequeños agricultores de las comunas de Pullally y Catapilco , que no están incluidas en la zona de catástrofe y donde se han producido grandes daños en los sembradíos. Insisto, hay que prestarles ayuda a todos, aun cuando no estén inscritos en los registros del Indap. Se ha hablado de un aporte de 400 mil pesos, lo cual significa muy poco debido a los elevados costos de la siembra y la escasez de las cosechas.
Por eso, solicito que se oficie a los ministros de Agricultura y del Interior y al director del Indap , a fin de que dispongan las medidas para solucionar la grave situación que afecta a las plantaciones de pequeños agricultores de hasta 3 hectáreas, los cuales han sufrido un enorme daño.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.11 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República. (boletín N° 8189-04).
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de he resuelto hacer presente urgencia despacho del siguiente proyecto de ley:
8189-04
Establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal.
Hago presente constitucionales esta urgencia para todos sus trámites -incluyendo los que correspondiere cumplir en en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República. (boletín N° 7976-13).
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de he resuelto hacer presente urgencia despacho del siguiente proyecto de ley:
7976-13
Modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo.
Hago presente constitucionales esta urgencia para todos sus trámites -incluyendo los que correspondiere cumplir en en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “sumna”.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio del Senado. (boletín N° 8807-04)
“Valparaíso, 2 de octubre de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 8807-04:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Institúyese el 29 de abril de cada año como “Día de los sewellinos y sewellinas”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado: MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.
4. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de reforma constitucional en materia de integración de la Cámara de Diputados. (boletín N° 9078-07) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de reforma constitucional de la referencia, originado en una moción de los senadores señores Alberto Espina Otero, Carlos Larraín Peña, Fulvio Rossi Ciocca, Eugenio Tuma Zedan y Patricio Walker Prieto.
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de don Sebastián Soto Velasco, Subsecretario subrogante del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y don Andrés Tagle Domínguez, asesor electoral de ese Ministerio.
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.
La idea central del proyecto tiene por objeto modificar la Constitución Política para:
a) sustituir el inciso primero del artículo 47 para establecer que la Cámara de Diputados estará constituida por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales, encomendando a la ley orgánica constitucional respectiva la determinación del número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.
b) reformar el inciso segundo de la disposición decimotercera transitoria para establecer que las modificaciones que se hagan a la Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios relacionadas con el número de diputados y senadores, los distritos y circunscripciones existentes y el sistema electoral, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos de lo establecido en los números 3°, 6° y 7° del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1.- Que se aprobó el proyecto en general por mayoría de votos (9 votos a favor y 3 en contra). Votaron a favor los diputados señora Rubilar y señores Araya, Burgos, Ceroni, Cornejo, Harboe, Cristián Mönckeberg, Rincón y Schilling. En contra lo hicieron los diputados señores Baltolu, Letelier y Squella.
2.- Que no hubo artículos o indicaciones rechazados.
3.- Que se aprobó el texto en los mismos términos propuestos por el Senado.
III. QUORUM DE VOTACIÓN.
De conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política, tratándose de una modificación que incide en su capítulo V y en una disposición transitoria relacionada con ese capítulo, requiere para su aprobación el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio
IV. DIPUTADO INFORMANTE:
Se designó diputado informante al señor Jorge Burgos Varela.
V. CONTENIDO DEL PROYECTO PROPUESTO POR EL SENADO
El texto propuesto consta de un artículo único compuesto por dos números:
a) por el primero sustituye el inciso primero del artículo 47 por el siguiente:
“La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.
b) por el segundo reemplaza los incisos segundo y tercero de la disposición decimotercera transitoria por el siguiente:
“Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.”
VI. ANTECEDENTES.
1.- Los autores de la moción señalan en sus fundamentos que en los últimos años se ha crecentado la distancia entre la ciudadanía y las instituciones políticas y sus representantes, fenómeno que se ha podido constatar especialmente en los altos niveles de abstención electoral según sucedió en la última elección municipal.
Atribuyen esta situación, entre otras razones, a que la actual configuración del sistema electoral no contribuye a una efectiva representación popular, dado que el sistema electoral que se establece, especialmente en el ámbito parlamentario, consagra un modelo electoral de carácter binominal que no estimula la participación ciudadana e impide la incorporación de nuevos actores políticos en el Congreso Nacional. Esta situación ha ocasionado serios cuestionamientos a la legitimidad del sistema, dando origen a diversas manifestaciones sociales que han contado con amplio apoyo ciudadano.
Consideran indispensable efectuar algunas reformas constitucionales y legales como medio para hacer frente a la situación descrita, que permitan favorecer una mayor cercanía de los representantes con sus electores, que aumenten la competencia entre los partidos y que junto con impulsar mayores grados de participación ciudadana, garanticen una mejor correspondencia entre representantes y representados.
Agregan que todo lo anterior torna imprescindible introducir cambios en la Constitución como medio para facilitar modificaciones en las leyes orgánicas constitucionales que regulan el sistema electoral y determinan la actual conformación de las circunscripciones y distritos electorales. Para lo anterior es necesario modificar el número de 120 diputados que establece el artículo 47, por ser ello una verdadera barrera que impide la realización de los cambios legales orientados a democratizar el sistema político.
Terminan señalando que esta reforma, junto con otra que establecerá límites a la reelección de autoridades públicas, incluidos los parlamentarios, permitirán más alternativas para elegir a los electores, favoreciendo la confrontación de las distintas sensibilidades presentes en los diferentes pactos o alianzas políticos y, por ende, mayor representatividad, proporcionalidad y competencia, sin perjuicio de la gobernabilidad y estabilidad que ha caracterizado al país desde la vuelta a la democracia.
2.- Cabe hacer presente que con anterioridad a esta iniciativa, la Corporación trató otros dos proyectos con finalidades similares, como fueron la reforma constitucional, contenida en el mensaje del Gobierno anterior, boletín 4968-07, que “Suprime la referencia al número de diputados” y la moción del diputado señor Auth, boletín N° 7417-07, copatrocinada por los diputados señores Araya, Ascencio, Burgos, Harboe, Hasbún, Nicolás Mönckeberg, Robles, Schilling y Teillier que reforma la Constitución para “Dar mayor proporcionalidad y representatividad al sistema electoral”.
a) La primera de estas iniciativas introducía dos modificaciones en el texto constitucional:
Por la primera suprimía en el artículo 47 el guarismo “120”.
Por la segunda, intercalaba un nuevo inciso tercero en la disposición decimotercera transitoria para establecer que para modificar el número de diputados que estableciera la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, se requeriría el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Esta propuesta, si bien aprobada en su primer trámite constitucional en esta Cámara, no obtuvo el quórum de aprobación necesario en el Senado, siendo rechazada.
b) La segunda introducía, asimismo, dos modificaciones en la Constitución Política:
Por la primera agregaba un inciso final en el artículo 18 para establecer que en las elecciones de diputados y senadores se empleará un procedimiento que de por resultado una efectiva proporcionalidad en la representación popular, así como una adecuada representación de las regiones del país.
Por la segunda sustituía el inciso primero del artículo 47 para suprimir el guarismo 120 y disponer que la Cámara de Diputados estaría integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales y encomendaba a la ley orgánica constitucional respectiva la determinación del número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.
Fue rechazada por falta de quórum de aprobación en su primer trámite constitucional.
3.- La Constitución Política.
a) Su artículo 47 dispone lo siguiente:
“La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.
La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad
cada cuatro años.”
b) Su disposición decimo tercera transitoria establece:
“El Senado estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios actualmente vigentes.
Las modificaciones a la referida Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores, las circunscripciones existentes y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.
Los senadores en actual ejercicio incorporados o designados en conformidad a las letras a), b),c), d), e) y f) del artículo 49 que se derogan, continuarán desempeñando sus funciones hasta el 10 de marzo de 2006.”
VII. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a.- Exposición de los representantes del Ejecutivo.
Durante el debate acerca de esta iniciativa, la Comisión recibió una exposición de don Sebastián Soto Velasco quien, en su condición de Subsecretario subrogante, señaló que la reforma constitucional en análisis presentaba mejoras sustanciales respecto de los proyectos anteriores, puesto que, por ejemplo, no contemplaba la institución de los senadores nacionales, la que consideraban una fórmula que no sólo deterioraba la representación regional sino que discriminaba en la composición del Senado, como tampoco incluía frases poco precisas en la Carta Política tales como que el sistema electoral debía comprender igualdad de votos entre los ciudadanos sin perjuicio de los ajustes que demanda la debida representación de los territorios menos poblados o que en la elección de diputados, el sistema debería permitir la expresión de las distintas opiniones y fuerzas políticas, términos que no harían otra cosa más que transferir la competencia decisoria sobre el sistema político desde el Congreso al Tribunal Constitucional, puesto que a este último correspondería interpretar los alcances de tales expresiones.
Explicó que lo que hacía el proyecto era continuar la reforma constitucional del año 2005 en lo que decía relación con la constitución del Senado, ahora en la Cámara de Diputados, no obstante lo cual creía el Gobierno que la iniciativa no era necesaria, porque era perfectamente posible reformar el sistema electoral binominal sin suprimir el guarismo 120 del artículo 47, es decir, sin necesidad de aumentar el número de diputados. Este aumento presentaba además algunos inconvenientes adicionales porque no contribuía, especialmente en estos momentos, a mejorar la imagen del Congreso Nacional ni de los partidos políticos ni creía tampoco que se justificara como un medio para un mejor funcionamiento de esta Corporación
Señaló, en seguida, que el proyecto que el Gobierno había presentado en el Senado para modificar el sistema electoral, mantenía el número de ciento veinte diputados, comprendiendo un total de treinta distritos que elegían un número variable de dos, cuatro o seis cargos; los nuevos distritos se conformarían sobre la base de la unión de los actuales sin modificar sus territorios manteniéndose el número de diputados por región; los cuatro distritos de las regiones extremas elegirían dos diputados cada uno y el resto, es decir, la mayoría de los demás distritos, elegirían cuatro diputados cada uno salvo en ciertas regiones con un número impar de distritos y que corresponden a la unión de tres distritos antiguos los que eligen a seis diputados.
Agregó que para el Senado se contemplaban treinta y ocho cargos distribuidos en catorce circunscripciones que eligen dos o cuatro senadores; las que eligen cuatro son aquellas que actualmente están divididas por la mitad, las que en consecuencia se unen, lo que sucedería en Valparaíso, la Región Metropolitana, el Maule, Bío-Bío y La Araucanía y el resto se mantendría igual eligiendo a dos. En lo demás, todo seguiría relativamente igual.
En términos porcentuales, señaló que lo que se proponía significaba que el 95% de los ciudadanos no estará sometido al sistema binominal en lo que se refiere a la elección de diputados y el 74% en la de senadores. Igualmente, el nuevo sistema daría mayor acceso y más competencia entre los candidatos por cuanto en el caso de los diputados el 93% no se elegirá por el mecanismo binominal y el 74% en el caso de los senadores, todo ello manteniéndose el número de ciento veinte diputados que el Gobierno preconiza.
Las características del régimen que se propone, mantienen la representación de las regiones en el Parlamento y mejoran la proporcionalidad entre escaños y votos obtenidos por las fuerzas políticas y, lo que parece más importante, incorporan una proporcionalidad moderada, facilitando la constitución de coaliciones amplias y estables, imprescindible para la mantención de la gobernabilidad.
Finalmente, señaló que el Gobierno también había presentado una reforma constitucional que mantenía el guarismo ciento veinte en el artículo 47, pero incorporaba reglas relativas a la reelección y reemplazo de los parlamentarios.
b.- Discusión en general y en particular.
El diputado señor Cristián Mönckeberg explicó que una iniciativa semejante se había discutido anteriormente en esta Comisión y que buscaba como medio para facilitar una posterior modificación a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios , suprimir el número 120 , el que indica la cantidad de diputados, en el artículo 47 de la Carta Política. Si bien ese proyecto no había sido acogido por la Corporación, ahora un grupo de senadores había iniciado tratativas para lograr un acuerdo en cuanto a la posibilidad de efectuar modificaciones en el sistema electoral, para lo cual, como condición previa, se requería modificar el citado artículo 47 en los términos indicados, proyecto que se había aprobado en el Senado y que ahora se sometía a la consideración de esta Comisión. Entre tanto, en el Senado continuaba el estudio del proyecto para modificar el sistema electoral, el que posteriormente, una vez afinado en esa Corporación, se radicaría en esta Comisión.
El diputado señor Ceroni estimó fundamental eliminar del artículo 47 de la Constitución el guarismo “ 120” como un paso previo para avanzar en la modificación del sistema binominal, de tal manera que por la vía de introducir cambios en la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, se pueda establecer un sistema más proporcional. Insistió en que la supresión que proponía esta iniciativa daría una señal potente acerca del verdadero interés en dar una mayor proporcionalidad a la representación en el Congreso.
El diputado señor Schilling recordó que ya se había debatido este tema pero no se había tratado la posibilidad de aumentar o no el número de parlamentarios. A su juicio, lo que realmente interesaba era saber si la actual Carta Política contaba con los mecanismos y la flexibilidad necesarios para llevar adelante su propia reforma o, de lo contrario, debería recurrirse a otras soluciones, dentro de la juridicidad, para lograr los cambios requeridos.
La diputada señora Rubilar expresó su satisfacción porque en los últimos años haya variado la percepción acerca del sistema binominal, se haya tomado conciencia acerca de su pérdida de legitimidad y de la necesidad de cambiarlo, llegando incluso a una situación de consenso en tal sentido en todos los partidos políticos, aún cuando en dicho consenso existan matices como los expresados por la Unión Demócrata Independiente en el sentido de no ser partidaria de cambiar el número 120, es decir, no aumentar el número de diputados. Explicó que lo que se buscaba era eliminar la verdadera camisa de fuerza que impedía efectuar los cambios necesarios y aunque se mantenía el quórum para introducir las correspondientes modificaciones en la ley orgánica constitucional, constituía una señal clara de que el deseo de cambiar el sistema electoral era algo cierto. Terminó señalando que en dos ocasiones anteriores había ya votado a favor de un sistema más legítimo y más representativo.
El diputado señor Squella recordó que lo que se había votado en una ocasión anterior había sido sólo la supresión del número “120” del artículo 47, es decir, la intención implícita de aumentar el número de diputados, lo que no estimaba necesario. Al respecto, quiso conocer antes de pronunciarse, una explicación acerca del contenido del proyecto en estudio para modificar el sistema electoral.
El diputado señor Rincón estimó que lo que procedía en este caso era simplemente votar porque el tema ya se había discutido con anterioridad en forma intensa. No obstante, quería aclarar que lo único que aquí se debatía era la supresión del guarismo “120”, no el aumento del número de diputados por cuanto una modificación como ésta habilitaría tanto para aumentar o disminuir ese número.
El diputado señor Burgos formuló una prevención en el sentido de que el proyecto que se analizaba en el Senado acerca de las modificaciones a la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, sólo respondía a un trabajo de hecho por cuanto no era posible que se efectuara tal análisis antes de aprobarse esta reforma constitucional. Asimismo, recordó que un proyecto similar a éste había sido presentado por un grupo de diputados de la Concertación hace más de un año, con miras a una posterior modificación a la Ley Orgánica Constitucional mencionada, proyecto que como ya se había dicho en este debate, fue rechazado, circunstancia que hacía presente por lo poco usual que parecía que el Senado se ocupara de fijar el número de diputados.
Luego de efectuar una breve explicación acerca de las fórmulas que se habían acordado para modificar el sistema binominal, lo que sintetizó en que el número de candidatos actual a un cargo aumentaría en dos más, es decir, por ejemplo, en aquellos distritos que eligen dos diputados podrían postular cuatro candidatos por pacto o partido político, objetó lo expuesto por los representantes del Ejecutivo en el sentido de ser contrarios a suprimir el número “120” en el artículo 47, lo que daba a esa cifra una connotación especial, connotación que, sin embargo, no se replicaba en el caso del Senado respecto del cual no se señalaba número alguno de integrantes.
Cerrado finalmente el debate, se aprobó la idea de legislar por mayoría de votos ( 9 votos a favor y 3 en contra). Votaron a favor los diputados señora Rubilar y señores Araya, Burgos, Ceroni, Cornejo, Harboe, Cristián Mönckeberg, Rincón y Schilling. En contra lo hicieron los diputados señores Baltolu, Letelier y Squella.
Con la misma participación y votación se aprobó en particular el artículo único, en iguales términos.
-o-
Por las razones expuestas y por las que hará valer oportunamente el señor diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:
“PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
1) Sustitúyese el inciso primero del artículo 47, por el siguiente:
“La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.
2) Reemplázanse los incisos segundo y tercero de la disposición decimotercera transitoria por el siguiente:
“Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.”
-o-
Sala de la Comisión, a 1 de octubre de 2013
Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señores Cristián Mönckeberg Bruner ( Presidente ), Pedro Araya Guerrero, Jorge Burgos Varela, Guillermo Ceroni Fuentes, Aldo Cornejo González, Felipe Harboe Bascuñán, Cristián Letelier Aguilar, Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle.
En reemplazo de los diputados señora Marisol Turres Figueroa, Alberto Cardemil Herrera y Marcelo Díaz Díaz asistieron los diputados señor Nino Baltolu Rasera, señora Karla Rubilar Barahona y señor Marcelo Schilling Rodríguez, respectivamente.
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Abogado Secretario de la Comisión ”.
5. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.505-13-INA.
?Santiago, 24 de septiembre de 2013
Oficio N° 8.979
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 23 de septiembre de 2013, en el proceso Rol N° 2.505-13-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los incisos primero y segundo del artículo 5° de la Ley N° 20.285, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO”.
6. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2492-13-INA.
?Santiago, 24 de septiembre de 2013
Oficio N° 8.982
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 23 de septiembre de 2013, en el proceso sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol N° 2492-13-INA,
referida al artículo 5, N° 3, del Código de Justicia Militar, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento y del a resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO”.
7. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.493-13-INA.
?Santiago, 24 de septiembre de 2013
Oficio N° 8.985
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 23 de septiembre de 2013, en el proceso constitucional sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol N° 2.493-13-INA, respecto de los artículos 5°, numerales 1°, inciso primero y tercero del Código de Justicia Militar, a los efectos que indica.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO”.