Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- PERMISO
- Matias Walker Prieto
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Karla Rubilar Barahona
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- PETICIÓN DE OFICIO : Maria Jose Hoffmann Opazo
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Monckeberg Bruner
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Constanza Sabat Fernandez
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL YADMINISTRADOR DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Y REGULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE SOSTENEDORES EDUCACIONALES (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9333-04)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Jenny Paola Alvarez Vera
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INTERVENCIÓN : Romilio Gutierrez Pino
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Juan Enrique Morano Cornejo
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Karol Aida Cariola Oliva
- CREACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL YADMINISTRADOR DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Y REGULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE SOSTENEDORES EDUCACIONALES (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9333-04)
- VI HOMENAJE
- HOMENAJE A LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE GOBIERNOS INTERMEDIOS (OLAGI)
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Rodrigo Gonzalez Torres
- HOMENAJE : Bernardo Jose Berger Fett
- HOMENAJE A LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE GOBIERNOS INTERMEDIOS (OLAGI)
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- CREACIÓN DE SUCURSALES DE BANCOESTADO EN LAS COMUNAS DE MEJILLONES Y FUTRONO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Cristian Monckeberg Bruner
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Jose Manuel Edwards Silva
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Bernardo Jose Berger Fett
- German Becker Alvear
- Alejandro Santana Tirachini
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Paulina Andrea Nunez Urrutia
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE TURNOS EN EL SERVICIO MÉDICO LEGAL
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Patricio Vallespin Lopez
- Felipe Kast Sommerhoff
- Jose Perez Arriagada
- German Verdugo Soto
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- German Becker Alvear
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- Joaquin Tuma Zedan
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Vlado Mirosevic Verdugo
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE SUCURSALES DE BANCOESTADO EN LAS COMUNAS DE MEJILLONES Y FUTRONO
- VIII. INCIDENTES
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD ENTRE COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL (Oficio)
- PREOCUPACIÓN POR FALTA DE RESPUESTA A OFICIOS DE FISCALIZACIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL FINANCIAMIENTO DE CORFO A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS (Oficio)
- INCORPORACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE REGIÓN DE O’HIGGINS Y DE COMITÉS DE VIVIENDA DE LOLOL Y PICHILEMU EN REGISTROS DE RECONSTRUCCIÓN (Oficio)
- MEDIDAS POR AUSENCIA DE MÉDICOS DE URGENCIA EN HOSPITAL SANTA CRUZ, PROVINCIA DE COLCHAGUA (Oficio)
- CORRECCIÓN DE PROBLEMAS POR OBRAS EN RUTA 160,COMUNA DE CORONEL (Oficios)
- HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL 95° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE ANALFABETISMO EN CHILE (Oficio)
- ANTECEDENTES SOBRE POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN E INCENTIVO A PROFESORES CONTENIDAS EN REFORMA EDUCACIONAL (Oficio)
- RECHAZO A ACTITUD DE INTENDENTE DE VALPARAÍSO POR SUSPENSIÓN DE JURAMENTO DE CONSEJERO REGIONAL DEL PARTIDO RADICAL SOCIAL DEMÓCRATA (Oficios)
- AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE DAMNIFICADO E INCLUSIÓN DE ALLEGADOS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO EN BENEFICIOS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR TERREMOTO (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO “CARRETERADE LA COSTA” EN EL TRAMO DE VALDIVIA Y SOLICITUD DE ASFALTADODE RUTA T-340 (Oficio)
- AUMENTO DE BONIFICACIÓN A AGRICULTORES PARA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUE NATIVO (Oficio)
- RECHAZO A DETENCIÓN DE ESTUDIANTE ACUSADO COMO AUTOR DE GOLPIZA A CARABINERO EN MARCHA DEL 1 DE MAYO
- INTERVENCIÓN : Gabriel Boric Font
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. ANEXO DE SESIÓN
- REITERACIÓN DE OFICIO A SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS SOBRE DETALLE DE OPERACIONES CON ACCIONES DE LAS SOCIEDADES CASCADAS (Oficio)
- RECONOCIMIENTO A DOCTOR JEAN MICHEL BUTTE BARRIOS POR EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO WARREN FELLOWSHIP (Oficio)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Yasna Provoste Campillay
- Marcos Espinosa Monardes
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Jorge Insunza Gregorio De Las Heras
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª
Sesión 27ª, en martes 20 de mayo de 2014
(Ordinaria, de 11.05 a 14.29 horas)
Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo , y Carmona Soto, don Lautaro.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- HOMENAJE
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 8
II. APERTURA DE LA SESIÓN 11
III. ACTAS 11
IV. CUENTA 11
PERMISO CONSTITUCIONAL 11
V. ORDEN DEL DÍA 12
CREACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL Y ADMINISTRADOR DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Y REGULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE SOSTENEDORES EDUCACIONALES (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9333-04) 12
VI HOMENAJE 41
HOMENAJE A LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE GOBIERNOS INTERMEDIOS (OLAGI) 41
VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 45
CREACIÓN DE SUCURSALES DE BANCOESTADO EN LAS COMUNAS DE MEJILLONES Y FUTRONO 45
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE TURNOS EN EL SERVICIO MÉDICO LEGAL 48
VIII. INCIDENTES 51
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD ENTRE COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL (Oficio) 51
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE RESPUESTA A OFICIOS DE FISCALIZACIÓN 52
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL FINANCIAMIENTO DE CORFO A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS (Oficio) 52
INCORPORACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE REGIÓN DE O’HIGGINS Y DE COMITÉS DE VIVIENDA DE LOLOL Y PICHILEMU EN REGISTROS DE RECONSTRUCCIÓN (Oficio) 53
MEDIDAS POR AUSENCIA DE MÉDICOS DE URGENCIA EN HOSPITAL SANTA CRUZ, PROVINCIA DE COLCHAGUA (Oficio) 54
CORRECCIÓN DE PROBLEMAS POR OBRAS EN RUTA 160, COMUNA DE CORONEL (Oficios) 54
HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL 95° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN (Oficio) 55
INFORMACIÓN SOBRE ANALFABETISMO EN CHILE (Oficio) 57
Pág.
ANTECEDENTES SOBRE POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN E INCENTIVO A PROFESORES CONTENIDAS EN REFORMA EDUCACIONAL (Oficio) 58
RECHAZO A ACTITUD DE INTENDENTE DE VALPARAÍSO POR SUSPENSIÓN DE JURAMENTO DE CONSEJERO REGIONAL DEL PARTIDO RADICAL SOCIAL DEMÓCRATA (Oficios) 59
AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE DAMNIFICADO E INCLUSIÓN DE ALLEGADOS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO EN BENEFICIOS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR TERREMOTO (Oficios) 60
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO “CARRETERA DE LA COSTA” EN EL TRAMO DE VALDIVIA Y SOLICITUD DE ASFALTADO DE RUTA T-340 (Oficio) 61
AUMENTO DE BONIFICACIÓN A AGRICULTORES PARA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUE NATIVO (Oficio) 62
RECHAZO A DETENCIÓN DE ESTUDIANTE ACUSADO COMO AUTOR DE GOLPIZA A CARABINERO EN MARCHA DEL 1 DE MAYO 63
IX. ANEXO DE SESIÓN 65
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 65
REITERACIÓN DE OFICIO A SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS SOBRE DETALLE DE OPERACIONES CON ACCIONES DE LAS SOCIEDADES CASCADAS (Oficio) 65
RECONOCIMIENTO A DOCTOR JEAN MICHEL BUTTE BARRIOS POR EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO WARREN FELLOWSHIP (Oficio) 66
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 68
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9333-04) 68
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9326-07) 68
3. Informe del Presidente de la Corpiración, acerca del ejercicio de la facultad conferida en el artículo 15 del reglamento respecto del Reglamento de la Cámara de Diputados. 69
4. Informe final consolidado N° 219, de 2012, emitido por el señor Contralor General de la República, sobre auditoría efectuada en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, intendencias, gobernaciones, municipios y otros integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. 71
5. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina; Cicardini, doña Daniella; Hernando, doña Marcela, y Provoste, doña Yasna, y de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Gahona, Insunza, Rincón, y Ward, que modifica la ley N° 19.137, con el objeto de establecer la licitación de pertenencias mineras traspasadas por Codelco a Enami, en beneficio de la pequeña y mediana minería. (boletín N° 9362-08) 97
6. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.454-13-INA 99
XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Notas:
- Del diputado señor Gutiérrez, don Hugo, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 22 de mayo de 2014, para dirigirse a China y Estados Unidos.
- Del diputado señor Walker
por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 23 de mayo de 2014, para dirigirse a República de Guatemala y Estados Unidos.
2. Comunicación:
- De la diputada señora Rubilar, quien justifica, mediante certificado médico, su inasistencia a la sesión del día lunes 19 de mayo próximo pasado.
Respuestas a Oficios.
Contraloría General de la República
- Diputada Isasi doña Marta, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de investigar posible irregularidad en el anuncio del proyecto habitacional en playa “Lobito” del sector sur de Iquique, que se desarrollaría en terrenos que pertenecen a Bienes Nacionales y al Plan Comunal de Borde Costero, dichos anuncios se estarían realizando con fines electorales. (33335 al 13640).
- Diputado Rincón , Disponer investigación respecto de las razones del retraso en la entrega de recursos acordados por el Gobierno Regional para paliar la crisis que viven muchos agricultores en la Región de O´Higgins e informe de sus resultados (33337 al 13860).
- Proyecto de Resolución 9, “Solicita a S.E. la Presidenta de la República que evalúe la ratificación del Convenio 189.” 6157.
- Diputado Espinoza don Fidel, Número y tipo de denuncias recibidas a nivel nacional durante los años 2012, 2013 y 2014, desagregando la información por cada comuna en la Región de Los Lagos, precisando en este caso, las soluciones otorgadas y las vías utilizadas para ello. (258 al 693).
Ministerio de Obras Públicas
- Diputado Berger, Incluir la ruta T 308, de la comuna de Valdivia, en el Plan de Mejoramiento de Caminos Básicos Intermedios (1293 al 429).
- Diputado Díaz don Marcelo, Adopción de medidas de seguridad en ruta 41 Gabriela Mistral, que une la ciudad de La Serena con el Valle de Elqui, debido a la gran cantidad de accidentes carreteros que allí han ocurrido (1294 al 14027).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Diputado Díaz don Marcelo, Medidas de seguridad que se adoptarán en la ruta 41 Gabriela Mistral, que une la ciudad de La Serena con el Valle de Elqui, debido a la gran cantidad de accidentes carreteros que allí han ocurrido. (1294 al 5487).
Servicios
- Diputado Berger, Incluir la ruta T 308, de la comuna de Valdivia, en el Plan de Mejoramiento de Caminos Básicos Intermedios (1293 al 430).
- Diputada Hernando doña Marcela, Cortes de suministro de agua potable efectuados en la comuna de Antofagasta que señala y acerca del plan anual de mantención de colectores, los canales de comunicación hacia los consumidores por cortes de suministros, las medidas paliativas y los cortes de suministros en los tres últimos años, con el detalle por mes. (1403al 173).
XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputada Hernando doña Marcela, Exposición a radiaciones ionizantes del personal y pacientes del Hospital Regional Doctor Leonardo Guzmán de Antofagasta, disponiendo la instrucción de un sumario administrativo a fin de determinar la responsabilidad de las jefaturas involucradas. (1133 de 15/05/2014). A Dirección Servicio de Salud Antofagasta.
- Diputada Hoffmann doña María José, Estado de tramitación de la solicitud presentada por la Junta de Vecinos2-6 Brisas Algarrobinas de la comuna de Algarrobo para la desafectación de un terreno para la construcción de su sede social. (1138 de 15/05/2014). A intendencias.
- Diputada Molina doña Andrea, Diputado Edwards , Número total de desvinculaciones de funcionarios públicos efectuadas a partir del 11 de marzo del presente año y de contrataciones efectuadas a partir de dicha fecha, remitiendo copia de las resoluciones, debidamente tomadas de razón por la Contraloría General de la República, que les sirven de fundamento, precisando en ambos casos los cargos, funciones y remuneraciones. Además, explique la política de reajuste de remuneraciones aplicada a partir de la fecha señalada, con el detalle de todos los efectuados y su fundamento según cargo y función, incluyendo el porcentaje efectivo del aumento. Finalmente, solicitan el historial de cargos y remuneraciones en el servicio público con su consiguiente información académica de las personas que indican, en la Presidencia de la República y en el Ministerio de Hacienda (1143 de 15/05/2014). A Ministerio de Hacienda.
- Diputado Teillier
, Situación que afecta al ex funcionario de Carabineros de Chile señor Juan Ernesto Alarcón Aravena, quien fue dado de baja por imposibilidad física a raíz de un supuesto trastorno depresivo, en un procedimiento que presentarían irregularidades administrativas. (1151 de 15/05/2014). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputada Girardi doña Cristina
, Funcionamiento de los hospitales San Juan de Dios, Félix Bulnes y del Centro de Referencia de Salud Doctor Salvador Allende Gossens, en cada una las materias que señala, desde enero del presente año a la fecha. (1173 de 19/05/2014). A Ministerio de Salud.
- Diputada Girardi doña Cristina, Participación que tienen en rentas vitalicias las compañías de seguros Principal Financial Group y Metlife. (1174 de 19/05/2014). A Ministerio de Hacienda.
y
- Diputado Monckeberg don Cristián
, Situación que afecta al Teniente señor Javier Luna Lavín, quien a la fecha se encontraría separado del servicio y sin percibir remuneración a pesar de haber cumplido la sanción impuesta, procediendo a su reintegro si correspondiera. (1175 de 19/05/2014). A Varios.
- Diputada Sabat doña Marcela
, Problemas de seguridad que afectan a los vecinos de la plaza General Flores, entre las calles Echeñique y Simón Bolívar de la comuna de Ñuñoa, disponiendo las medidas de control que correspondan y en particular estudiar la implementación de un punto de vigilancia en el lugar que ayude a cuidar el sector por las noches. (1176 de 19/05/2014). A municipalidades.
- Diputada Sabat doña Marcela
, Problemas de seguridad que afectan a los vecinos de la plaza General Flores, entre las calles Echeñique y Simón Bolívar de la comuna de Ñuñoa, disponiendo las medidas de control que correspondan y especialmente fortalecer las rondas preventivas. (1177 de 19/05/2014). A varios.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (114)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio
Álvarez Vera, Jenny
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
Andrade Lara, Osvaldo
Arriagada Macaya, Claudio
Auth Stewart, Pepe
Barros Montero, Ramón
Bellolio Avaria, Jaime
Berger Fett, Bernardo
Boric Font, Gabriel
Browne Urrejola, Pedro
Cariola Oliva, Karol
Carmona Soto, Lautaro
Carvajal Ambiado, Loreto
Castro González, Juan Luis
Ceroni Fuentes, Guillermo
Chahin Valenzuela, Fuad
Chávez Velásquez, Marcelo
Cicardini Milla, Daniella
Coloma Álamos, Juan Antonio
Cornejo González, Aldo
De Mussy Hiriart, Felipe
Edwards Silva, José Manuel
Espejo Yaksic, Sergio
Espinosa Monardes, Marcos
Espinoza Sandoval, Fidel
Farcas Guendelman, Daniel
Farías Ponce, Ramón
Fernández Allende, Maya
Flores García, Iván
Fuentes Castillo, Iván
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
Gahona Salazar, Sergio
García García, René Manuel
Girardi Lavín, Cristina
Godoy Ibáñez, Joaquín
González Torres, Rodrigo
Gutiérrez Gálvez, Hugo
Gutiérrez Pino, Romilio
Hasbún Selume, Gustavo
Hernández Hernández, Javier
Hernando Pérez, Marcela
Hoffmann Opazo, María José
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge
Jackson Drago, Giorgio
Jaramillo Becker, Enrique
Jarpa Wevar, Carlos
Jiménez Fuentes, Tucapel
Kast Rist, José Antonio
Kast Sommerhoff, Felipe
Lavín León, Joaquín
Lemus Aracena, Luis
León Ramírez, Roberto
Letelier Norambuena, Felipe
Lorenzini Basso, Pablo
Macaya Danús, Javier
Martínez Labbé, Rosauro
Melero Abaroa, Patricio
Melo Contreras, Daniel
Mirosevic Verdugo, Vlado
Molina Oliva, Andrea
Monckeberg Bruner, Cristián
Monckeberg Díaz, Nicolás
Monsalve Benavides, Manuel
Morales Muñoz, Celso
Morano Cornejo, Juan Enrique
Nogueira Fernández, Claudia
Norambuena Farías, Iván
Núñez Arancibia, Daniel
Núñez Lozano, Marco Antonio
Núñez Urrutia, Paulina
Ojeda Uribe, Sergio
Ortiz Novoa, José Miguel
Pacheco Rivas, Clemira
Pascal Allende, Denise
Paulsen Kehr, Diego
Pérez Arriagada, José
Pérez Lahsen, Leopoldo
Pilowsky Greene, Jaime
Poblete Zapata, Roberto
Provoste Campillay, Yasna
Rathgeb Schifferli, Jorge
Rincón González, Ricardo
Rivas Sánchez, Gaspar
Robles Pantoja, Alberto
Rocafull López, Luis
Rubilar Barahona, Karla
Sabag Villalobos, Jorge
Sabat Fernández, Marcela
Saffirio Espinoza, René
Saldívar Auger, Raúl
Sandoval Plaza, David
Schilling Rodríguez, Marcelo
Sepúlveda Orbenes, Alejandra
Silber Romo, Gabriel
Silva Méndez, Ernesto
Soto Ferrada, Leonardo
Squella Ovalle, Arturo
Tarud Daccarett, Jorge
Teillier del Valle, Guillermo
Torres Jeldes, Víctor
Tuma Zedán, Joaquín
Turres Figueroa, Marisol
Ulloa Aguillón, Jorge
Urízar Muñoz, Christian
Urrutia Bonilla, Ignacio
Urrutia Soto, Osvaldo
Vallejo Dowling, Camila
Vallespín López, Patricio
Van Rysselberghe Herrera, Enrique
Venegas Cárdenas, Mario
Verdugo Soto, Germán
Walker Prieto, Matías
Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, el ministro de Educación Pública , señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
-Se contó con la asistencia, también, del senador señor Jorge Pizarro Soto.
-No estuvieron presentes por encontrarse en misión oficial, los diputados señores Germán Becker Alvear e Issa Kort Garriga.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.05 horas.
El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 19ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 20ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del diputado señor Hugo Gutiérrez , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 22 de mayo en curso, para dirigirse a China y a Estados Unidos de América.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL CARGO DE ADMINISTRADOR PROVISIONAL YADMINISTRADOR DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, Y REGULACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DE SOSTENEDORES EDUCACIONALES (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9333-04)
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior, y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son los señores Mario Venegas y Enrique Jaramillo, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 20ª de la presente legislatura, en 6 de mayo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 26ª de la presente legislatura, en 19 de mayo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Primer informe de la Comisión de Hacienda, sesión 26ª de la presente legislatura, en 19 de mayo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Educación.
El señor VENEGAS (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Educación, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada suma, que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior, y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
En un acto de justicia, agradezco a la secretaría de la comisión por el importante y esforzado trabajo que realizó, porque debió sortear la tramitación del proyecto y elaborar los informes respectivos en un tiempo récord.
El mensaje del Ejecutivo nos señala que los objetivos perseguidos por la iniciativa legal se pueden resumir en los siguientes puntos: necesidad de crear una figura de interventor de instituciones de educación superior que permita adoptar medidas alternativas al solo cierre de las mismas; corregir las deficiencias del sistema derivadas del débil marco regulatorio relativo a la oportunidad y forma en que deben desarrollarse los procesos de investigación frente a una deficiente gestión de las instituciones de educación superior; fijar atribuciones expresas para disponer coercitivamente el cumplimiento de las medidas y diligencias que deban adoptarse durante el desarrollo de dichos procesos; regular las figuras del administrador provisional y el administrador de cierre de instituciones de educación superior, confiriéndoles las facultades necesarias para permitir el adecuado resguardo del derecho a la educación de los estudiantes; perfeccionar los procesos de revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, sus alcances y consecuencias, estableciendo medidas concretas para el resguardo de los intereses y derechos de los estudiantes, garantizando su continuidad de estudios y la titulación oportuna en la institución afectada por la medida o en otro establecimiento que se determine; sancionar penalmente a quienes, una vez nombrado el administrador provisional o de cierre, continúen ejerciendo las funciones directivas o desvíen los bienes de la institución de educación superior; modificar la ley N° 20.529, en materia de Educación General, ampliando las hipótesis de nombramiento de administrador provisional en los casos en que el sostenedor interrumpa parcial o definitivamente la prestación del servicio educacional; fortalecer el papel del administrador provisional, y ampliar las facultades otorgadas a la Secretaría Regional Ministerial en la protección de los derechos de los estudiantes.
Los contenidos esenciales de la iniciativa dicen relación con la designación de administrador provisional o de cierre de instituciones de educación superior, cuyo objetivo es resguardar el derecho a la educación de los estudiantes y garantizar el adecuado uso de los recursos de cualquier especie de la institución de educación superior, y su ámbito de aplicación se extiende a la generalidad de las instituciones de educación superior a que se refiere el artículo 52 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación.
La designación del administrador provisional y del administrador de cierre se efectúa mediante resolución fundada, previo acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, medida que es antecedida por un período de investigación sobre hechos que puedan afectar seriamente la viabilidad académica, administrativa y/o financiera de la institución de educación superior o que puedan significar infracciones a sus estatutos o escritura social, o a las normas que las rigen, y, particularmente, aquellas derivadas de su naturaleza jurídica, según sea el caso.
Concluida esa investigación previa, puede dar lugar a la designación de un administrador provisional o, si se encontrare acreditada una causal de revocación del reconocimiento oficial, iniciar derechamente el procedimiento destinado a aplicar dicha sanción, acorde con lo dispuesto en los artículos 64, 74 y 81 del decreto con fuerza de ley N° 2. Lo anterior, sin perjuicio de ciertas causales específicas que permiten designar directamente un administrador provisional.
El administrador provisional durará un período de dos años, que puede ser prorrogado por otros dos años, y la medida puede ser alzada por el Ministerio de Educación, previo acuerdo con el Consejo Nacional de Educación.
En cuanto a las facultades, ambos administradores asumirán el gobierno y la administración de la institución, su representación legal y todas aquellas facultades que les permitan ejercer las acciones que garanticen el interés público asociado a la continuidad de los estudios de los estudiantes, entre otras, otorgar títulos y grados, realizar certificaciones y entablar acciones revocatorias.
En el caso de que se decrete la revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, el plan de administración deberá considerar aquellas que permitan la reubicación de los alumnos en otras instituciones de educación superior, caso en el cual debe velarse por que se respeten los planes y programas de estudios, el avance académico por ellos alcanzado y la mantención de sus beneficios o ayudas estudiantiles otorgados por el Estado, como si no hubiesen cambiado de institución.
Además, se considera que los bienes de la institución de cierre queden afectos a la continuidad de esos estudios, por el período que se requiera para estos efectos, y las instituciones afectadas pierdan de pleno derecho la autonomía institucional de que gocen.
Asimismo, el proyecto incluye una disposición penal para sancionar a quienes, una vez nombrado el administrador provisional o de cierre sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, continúen ejerciendo las funciones directivas, o bien celebren actos o contratos respecto de los bienes de la institución de educación superior en perjuicio de su patrimonio.
La iniciativa también contiene algunas modificaciones a la administración provisional regulada en la ley N° 20.529, respecto del administrador provisional en la educación parvularia, básica y media, para hacerla más operativa y dar respuesta a nuevas situaciones no previstas en la legislación, que pueden resumirse en los siguientes puntos: extiende, en ciertos casos, la duración en el cargo del administrador provisional, el cual podrá prorrogarse, por razones fundadas, por el tiempo necesario que asegure la continuidad del servicio educativo; agrega dos nuevas causales que hacen procedente el nombramiento de un administrador provisional: en caso de rechazo de la solicitud de renuncia al reconocimiento oficial por parte del secretario regional ministerial respectivo por incumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente y cuando el sostenedor interrumpe parcial o definitivamente la prestación del servicio educacional, sin cumplir los requisitos para ello y afectando gravemente el derecho a la educación de las y los estudiantes.
Por último, faculta al administrador provisional para coordinar la reubicación de los estudiantes en caso de pérdida del reconocimiento oficial por renuncia o revocación, la reubicación de los estudiantes en conjunto con la secretaría regional ministerial de Educación , y faculta al superintendente de Educación para nombrar, mediante resolución fundada, a un funcionario de su dependencia para que administre un establecimiento educacional, en lugar de un profesional incorporado en el registro respectivo.
Durante la discusión del proyecto, el ministro de Educación , señor Nicolás Eyzaguirre , junto con reiterar los argumentos expuestos en el mensaje, expresó que los estudios superiores han sido teóricamente objeto de supervigilancia por parte del Estado, para lo cual se ha creado una institucionalidad compuesta por organismos como el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación. Sin embargo, el sector ha incurrido en una desregulación que ha permitido excesos en perjuicio de los estudiantes, uno de cuyos ejemplos más dramáticos es, sin duda, el de la Universidad del Mar.
Sostuvo que el proyecto viene en subsanar esta relación ilógica, estableciendo pasos intermedios que protegen y evitan decisiones binarias consistentes en cerrar o sobreseer una institución. Se atenderá de modo más efectivo, seguro y menos arbitrario en virtud de las facultades generales ya existentes en los artículos 64, 74 y 81 de la ley Nº 20.370, permitiendo que se concreten, expliciten y especifiquen situaciones que permitan tomar acciones concretas al Ministerio de Educación para proteger la fe pública.
Apuntó a que con el proyecto se faculta al Ministerio de Educación para cerrar una institución o sobreseerla; formular observaciones a instituciones, a fin de que corrijan los defectos en el plazo de 120 días, previa revisión y autorización del Ministerio de Educación, y nombrar un administrador provisional, con el objeto de garantizar la continuidad de estudios y comprobar la gravedad y entidad final del problema, que, si es subsanable, permitirá la designación de un administrador provisional, o bien, en caso contrario, se designará un administrador de cierre.
Asimismo, destacó que el proyecto contempla una intervención con carácter retroactivo que permitiría hacerse cargo de la grave situación que afecta a miles de estudiantes de la Universidad del Mar.
Luego aludió a que la futura Superintendencia de Educación Superior permitirá una nueva intervención, aun más prematura, propia del resguardo de la fe pública.
En el anexo del informe, los señores diputados y diputadas dispondrán de una síntesis de las intervenciones que hicieron diversos personeros en el curso de las audiencias públicas. Hago presente que escuchamos a representantes de más de veinte instituciones, personas naturales y expertos en representación de las universidades, estudiantes, etcétera. Es interesante la lectura de esos documentos, porque nos muestra las distintas posiciones que asumieron los invitados; algunas de ellas, de clara opinión favorable al proyecto, como las expresadas por el profesor Raúl Atria , para quien la presentación de la iniciativa es una “crónica de una intervención anunciada” y obedece a la necesidad de abordar el tema de la responsabilidad de las instituciones de educación superior, o la del rector de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Claudio Elórtegui , quien compartió los objetivos perseguidos por el proyecto de ley.
En términos similares se planteó el rector Juan Manuel Zolezzi , en representación del Cruch, para quien es un deber del Estado garantizar la fe pública. ¿Por qué? Porque el Estado otorgó la autorización o la atribución para que una determinada institución imparta carreras y otorgue títulos. Este mismo Estado debe tener la facultad y el deber de resguardar la fe pública comprometida. En su opinión, la ciudadanía organizada tiene la necesidad y el derecho de buscar fórmulas para enfrentar las eventuales acciones irregulares en que pueden incurrir ciertos establecimientos educacionales.
Sin embargo, también hubo opiniones críticas, como la que emitió el rector de la Universidad Diego Portales, señor Carlos Peña , quien efectuó reparos jurídicos y afirmó que la figura del administrador provisional es inconstitucional, por cuanto al ser nombrado, vendría a sustituir totalmente la voluntad corporativa de la institución, incluso con facultades expropiatorias. Aseveró que el problema que hoy atañe a muchas universidades es urgente y grave, pero que ello no autoriza cualquier solución. Sostuvo que los problemas en que actualmente se ven envueltas varias universidades obedecen a que en Chile hay un sistema de educación superior absolutamente desregulado -lo que coincide con lo que hemos dicho en las comisiones investigadoras-, donde no hay reglas y cualquier comportamiento, en principio, es lícito.
Las críticas formuladas al proyecto y las eventuales o potenciales aristas de inconstitucionalidad fueron aclaradas por el ministro de Educación , quien incluso recogió varias de ellas en indicaciones que fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes en la comisión.
Finalmente, creo que es mi deber hacer algunas precisiones sobre el tratamiento del proyecto:
1°. Valorar la disposición que tuvo la comisión en su conjunto para despachar el proyecto dentro del estrecho plazo que le asigna la ley a la suma urgencia, que se ve agravado por el hecho de que el término es de días corridos, lo que significa, en la práctica, reducirlo aun más, cuestión que fue reclamada por todos los sectores políticos. Sin embargo, la crisis que afecta a varios establecimientos educacionales del país es una materia que se ha estado debatiendo desde hace varios años, y la necesidad de nombrar un administrador provisional o de cierre se hacía absolutamente impostergable, si no queremos repetir la grave y vergonzosa situación que han vivido los miles de estudiantes de la Universidad del Mar.
2°. Asimismo, valorar que, al contrario de lo sucedido con la reforma tributaria, la idea de legislar en este proyecto de ley fue aprobada por 10 votos a favor, 3 abstenciones y 0 voto en contra. Esta actitud propositiva se vio también reflejada en la discusión y votación particular del proyecto, al punto de que cuarenta y cinco votaciones de artículos e indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados y diputadas, lo que da cuenta de la altura de miras de los integrantes de la Comisión de Educación.
En efecto, se presentaron 126 indicaciones al texto del proyecto; sin embargo, muchas de ellas fueron retiradas, y la mayor parte, si no todas las indicaciones presentadas por el Gobierno, se aprobaron por la unanimidad de la comisión, por cuanto éstas últimas recogieron parte importante de las peticiones y críticas formuladas por los diputados y diputadas, de Gobierno y de Oposición, y por distintas organizaciones, especialmente en el espacio de las audiencias públicas.
3°. De la misma forma, un hecho que ha sido reconocido por todos los sectores es la actitud abierta y dialogante del señor ministro de Educación , más allá de las divergencias y distintas miradas que se tengan sobre la forma de abordar las reformas en la educación, lo que se vio cristalizado en las indicaciones presentadas por el Gobierno, las que, como lo hemos dicho, buscaron recoger las opiniones vertidas durante la discusión del proyecto.
4°. No menos importante es el hecho de que, a pesar de que la urgencia asignada al proyecto eximía a la comisión de la obligación de realizar audiencias públicas, se destinaron muchas horas extras a escuchar a distintos sectores, lo que está recogido en el anexo del informe, donde encontrarán las intervenciones de rectores de universidades, de representantes de instituciones de asesoría y estudio legislativo, y de representantes de organizaciones estudiantiles.
Creemos que en el curso de estas exposiciones se planteó la necesidad de rever algunas de las disposiciones del proyecto que, como lo señaló el ministro Eyzaguirre , no obstante no compartirlas, las recogió en las indicaciones para su mayor claridad.
5°. Creo que también debemos recoger un cuestionamiento que se hizo al proyecto, en el sentido de que no se podía entender alejado del prometido proyecto de Superintendencia de Educación Superior ; para otros, tan o más importante es la calidad de la educación y el fin del lucro, del copago y de la selección, como importante e impostergable es la preocupación por la educación parvularia. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer la urgencia en legislar sobre esta materia para otorgarle facultades al Ministerio de Educación.
Por último, quiero hacer presente un hecho que, lamentablemente, no hemos sabido enfrentar como Corporación y que constituye un flanco que nos hemos abierto para que se critique nuestro trabajo. Me refiero a la urgencia en la tramitación de los proyectos.
No hay ninguna disposición en la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, en la Constitución Política ni en los reglamentos parlamentarios que establezca diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado en cuanto al cumplimiento de los plazos legales y reglamentarios que fijan las urgencias. Sin embargo, mientras la Cámara de Diputados se esfuerza por cumplir dentro de los términos legales, el Senado se da los plazos que estima conveniente para el despacho de los proyectos. Entonces, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Cómo valora la gente esta diferente forma de actuar? ¿De quién es la responsabilidad? Muy simple: se nos reprocha el escaso tiempo que asignamos a las audiencias públicas y, dentro de ellas, la limitación a las intervenciones de los sectores interesados, en tanto que se valora la preocupación del Senado por darse los tiempos para recibir a todos los actores del sistema educacional. Creo que ya es tiempo de que reaccionemos y de que entendamos que debemos legislar con responsabilidad. Ello también nos debiera conducir a fijar nuestros propios parámetros de tramitación, en el pie de igualdad en que la ciudadanía ha colocado a los legisladores, y que, por cierto, el Gobierno se haga cargo de nuestra reclamación. No tenemos por qué tener un trato distinto.
Finalmente, nuestra comisión solicita que esta Sala apruebe lo obrado por ella y le entregue su aprobación a este proyecto de gran urgencia.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor JARAMILLO (de pie).-
Señor Presidente , por su intermedio, saludo en forma muy especial al ministro de Educación , Nicolás Eyzaguirre , quien tiene la responsabilidad de llevar adelante los proyectos emblemáticos del Gobierno de la Nueva Mayoría para que el país pueda tomar decisiones basadas en la realidad que viven los estudiantes del país.
En representación de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre el proyecto que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior, y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales, esto es, por la incidencia que en materia presupuestaria y financiera tiene la iniciativa.
Como el diputado Mario Venegas , informante de la Comisión de Educación, hizo un relato claro y detallado, quien habla se referirá solo a los artículos que analizó la Comisión de Hacienda, que son los siguientes: 11, inciso final; 23, inciso tercero; 27; 29, número 5), 30 y 31.
El artículo 11, inciso final, establece que los honorarios del administrador provisional serán pagados con cargo a los ingresos que perciba la institución de educación superior, debiendo determinarse su cuantía conforme a las normas que señale el reglamento a que se refiere el artículo 27 de esta ley en tramitación.
El artículo 23, inciso tercero, establece que si se determina la necesidad de contar con programas de nivelación académica u otros de similar naturaleza, estos serán financiados con cargo a todos los recursos o aportes que reciba la institución sujeta a la medida de cierre. Con todo, en casos excepcionales y en función de la protección de los derechos de los y de las estudiantes, mediante decreto expedido por el Ministerio de Hacienda bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”, que deberá ser firmado por el ministro de Educación , se podrán financiar con recursos fiscales los antedichos programas.
El artículo 27 dispone que un reglamento del Ministerio de Educación, que además deberá ser suscrito por el ministro de Hacienda , regulará las materias de que trata la presente ley en tramitación, en especial el contenido de los informes que deben presentar, en cada caso, el administrador provisional y el administrador de cierre, de conformidad con la misma.
El artículo 29, número 5), agrega un artículo 97 bis del siguiente tenor:
“Artículo 97 bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando no sea posible el nombramiento de un administrador provisional incluido en el registro, el Superintendente de Educación podrá, mediante resolución fundada, en los casos establecidos en el artículo 89 de esta ley, designar a un funcionario de su dependencia para que administre un establecimiento educacional y arbitre las medidas que permitan mantener su funcionamiento normal, que aseguren la continuidad del servicio educacional y el derecho a la educación de los y las estudiantes.”.
El artículo 30 dispone: “El que, sin autorización del administrador provisional o de cierre, con posterioridad a la designación de éste, realice cualquiera de las conductas que se señalan en los siguientes literales será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 200 a 500 unidades tributarias mensuales.
a) Ejercer cualquier autoridad que corresponda a funciones directivas, llámese esta asamblea de socios, directorio, junta directiva, gerente general, rector o cualquier otra equivalente;
b) Celebrar cualquier acto o contrato sobre los bienes destinados a la prestación del servicio educativo, que utilice la institución de educación superior sometida a la medida señalada.”.
El artículo 31 establece: “El gasto que implique la aplicación de la presente ley será financiado con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Educación , y en lo que faltare con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.
En este sentido, el señor ministro de Educación , don Nicolás Eyzaguirre , y el señor subsecretario de Hacienda , don Alejandro Micco , explicaron a la comisión que se procederá para evitar, en la medida de lo posible, los desembolsos públicos. Es por ello que el uso de recursos públicos constituye la última instancia dentro de las acciones a tomar. Precisaron que la primera medida de intervención es la designación de un administrador provisional, que se financiará con los recursos de la propia institución intervenida, quien actuará respetando los lineamientos educacionales de la institución, teniendo la facultad de congelar la entrada de nuevos alumnos.
En segundo lugar, se puede proceder a firmar convenios con otras instituciones, también con recursos de la institución intervenida. Solo después de estas medidas, correspondería designar a un administrador de cierre y, en caso de insolvencia de la institución, utilizar los recursos fiscales para resolver la situación de los alumnos afectados.
En síntesis, las mencionadas autoridades aseveraron que se garantizará la continuidad de los estudios, dando preferencia a continuar en la misma institución y, si no es posible, en otra, pero bajo las mismas condiciones iniciales, incluyendo malla curricular, aranceles y beneficios, y obteniendo el título de la institución intervenida. En definitiva, se inyectan fondos públicos cuando la institución se encuentra en estado de insolvencia, por lo que no queda otra alternativa que el cierre de la misma y el traslado de sus alumnos.
Por ello, la Comisión de Hacienda aprobó las disposiciones sometidas a su conocimiento, en los mismos términos que la comisión técnica, es decir, por unanimidad.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , estamos en presencia de una figura o institución jurídica que seguramente tendremos presente en muchas oportunidades, la cual nace de la vía del derecho para los objetivos y fundamentos señalados en el proyecto, mediante el cual se crea el administrador provisional y el administrador de cierre de instituciones de educación superior, y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
La iniciativa es interesante y se ha tramitado rápidamente por la urgente necesidad de contar con una especie de interventor para aquellas casas de estudios superiores que enfrenten crisis financieras, administrativas o académicas.
No sé si será demasiado tardía la decisión del Gobierno de crear estas figuras jurídicas del administrador provisional y del administrador de cierre de instituciones de educación superior que estén en crisis, con el objeto de evitar lo que ha ocurrido en casas de estudios superiores como la Universidad del Mar, que, como un barco que zozobra, dejaba a miles de alumnos a la deriva, mientras todos mirábamos estupefactos, sin posibilidades de actuar en la solución del problema.
Creemos que llegó la hora de que el Estado intervenga con sus organismos pertinentes, en este caso, el Ministerio de Educación, mediante resolución fundada y previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, lo que da inicio a un período de investigación preliminar en los casos en que, en uso de las facultades que le confiere la ley, deba tomar conocimiento de hechos que afecten seriamente la viabilidad administrativa o financiera de una institución de educación superior, o el cumplimiento de los compromisos académicos asumidos por ella, o que puedan significar infracciones a sus estatutos o escritura social.
Felicito al Gobierno por la presentación del proyecto de ley. Ojalá sirva de modelo, adecuado, por supuesto, para regular otras áreas, donde está prohibido al Estado intervenir, dados los rígidos principios de la economía social de mercado, que señalan que la acción del Estado es subsidiaria, por lo que no puede intervenir en el mundo privado, porque le está terminantemente prohibido; drástica interpretación del liberalismo, en el que una mano invisible lo regula todo. Voy a citar un caso específico: el Estado no puede intervenir para impedir la fijación arbitraria y abusiva del precio de la leche por las industrias de productos lácteos del sur. Lo mismo ocurre con las isapres, las AFP, los bancos y con todo. Echamos de menos al defensor del ciudadano, al ombudsman, proyecto que duerme en algunos de los cajones de algunas de las comisiones de esta Cámara, en circunstancias de que lo aprobamos en la de Derechos Humanos.
Pero hoy estamos penetrando esa valla, por lo que el Estado sí podrá intervenir en el área privada, particularmente en el de las universidades. Hace un tiempo solicité la intervención del Ministerio de Educación para evitar el cierre de una institución de educación superior del sur de Chile, la Universidad San Sebastián, que anunció que congelaba su matrícula y que no entraban más alumnos al primer año, indicio de que iba a cerrar. Miles de alumnos quedaron desprotegidos, en la incertidumbre; no sabían a dónde acudir. Hubo una estampida; algunos se fueron, otros se quedaron y, al final, nada quedó claro. Es más, se me dijo en alguna comisión que investigaba algo relacionado, que no podían intervenir porque se trataba de una empresa privada. Incomprensible e inaceptable.
Señor Presidente, la empresa privada no puede ser intocable cuando se aparta de los objetivos para los que fue creada por ley, cuando atenta contra los superiores intereses comunes de la ciudadanía o cuando perjudica a miles de estudiantes. En estas circunstancias, el Estado no puede permanecer indiferente.
Por ello, considero que esta es una feliz y muy oportuna iniciativa, ya que crea el administrador provisional y el administrador de cierre definitivo, para resguardar el derecho a la educación de los estudiantes, a permanecer en el establecimiento que ellos eligieron para su educación superior, a la libertad de escoger una carrera y a la universidad donde estudiarla.
La Constitución Política de la República, en su artículo 19, números 10° y 11°, consagra el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza, respectivamente. Claro está que nuestra Carta no los defiende, solo los proclama. Pero ahora comenzamos a defenderlos con la designación de estos administradores, para que se respeten los contratos pactados entre estudiantes y universidades y se garantice el anhelo y la felicidad de los padres de familia, que costean los estudios y que se ilusionan con ver a sus hijos convertidos en profesionales. Se pretende garantizar la continuidad de los estudios y la obtención del título respectivo; para el caso de que la crisis no sea grave, continuar con el giro, y si no hay ninguna posibilidad para seguir operando, decretar el cierre, pero con apego absoluto de los derechos adquiridos de los estudiantes, que son trascendentes en la búsqueda de sus objetivos de formación personal y profesional.
Dentro de las medidas conducentes a asegurar la continuidad del servicio educativo, figuran la reubicación en otras instituciones de educación superior, velar siempre por que se respeten los planes y programas de estudios, y el avance académico por ellos alcanzado. A muchos alumnos de las universidades que han anunciado el congelamiento de sus matrículas, se les están respetando, cosa que no está ocurriendo en los establecimientos que los reciben, donde no se les respetan y quedan como alumnos de segunda categoría. También se contempla la necesidad de contar con programas de nivelación académica u otros de similar naturaleza, que serán financiados con cargo a los recursos o aportes que reciba la institución sujeta a la medida de cierre. De acuerdo con el proyecto, en casos excepcionales se podrán financiar estos programas con recursos fiscales, cuyo gasto será con cargo a los recursos de la Ley de Presupuestos.
Los establecimientos que acojan a esos estudiantes mantendrán plenamente vigentes los beneficios o ayudas estudiantiles otorgados por el Estado, tales como becas y créditos, como si no hubiesen cambiado de institución de educación superior, amén de asegurarles la continuidad y el término de los estudios y la titulación.
Cuando una universidad entra crisis e interrumpe sus actividades, como que tiñe su imagen, por lo que sus títulos no son recibidos con interés y con valor.
El administrador provisional tendrá la facultad de congelar las matrículas de los alumnos que debieran ingresar al primer año. La experiencia nos dice que congelar es comenzar a morir, es achicar el universo estudiantil. Los alumnos comienzan a emigrar; los buenos profesores, a trasladarse a otros establecimientos, y la universidad empieza a perder imagen.
Señor Presidente , el proyecto está en la dirección correcta, porque asegura la continuidad de los estudios y el derecho a la educación de los alumnos, toda vez que el Estado empieza a hacerse cargo de un compromiso que debió asumir hace mucho.
Por otro lado, los establecimientos de educación superior deberán empezar a responder a un interés común, como es el derecho a educar y la obligación de entregar la enseñanza pactada con los alumnos.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez.
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
Señor Presidente , tal como lo consigna un reportaje publicado por Ciper el 24 de marzo, el Instituto de Educación Rural (IER) llegó a ser el tercer sostenedor con más colegios en Chile en 2012. Un año antes había alcanzado su máximo crecimiento al administrar 27 liceos. Pero las cosas cambiaron rápidamente. Hoy, IER cuenta solo con 15 colegios bajo su alero, con un total de 4.000 alumnos.
Entre las razones para este cambio de situación están, por ejemplo, las que se consignan en la resolución exenta 2013, de 21 de junio de 2013, de la Superintendencia de Educación, que aprobó el proceso administrativo por contravención a la normativa educacional, aplicó sanciones y notificó al Liceo Agropecuario y Acuícola de la comuna de Castro, dependiente del Instituto de Educación Rural, y que daba cuenta de las siguientes infracciones graves y menos graves:
Declarar una asistencia mayor a la real, realizar cobros de manera generalizada a alumnos vulnerables, no mantener los requisitos con los cuales obtuvo el reconocimiento oficial, como cambiar o reubicar el local o establecimiento sin autorización de la seremi, y no ajustarse a los planes y programas de estudio propios o del Ministerio.
Por lo anterior, la Superintendencia de Educación determinó una multa de 607 UTM, la revocación del reconocimiento oficial del Estado y la inhabilidad a perpetuidad de la representante legal de la entidad sostenedora.
Por situaciones como esta y otras, como el no pago oportuno de las remuneraciones a profesores, a asistentes de la educación y al personal administrativo, al Instituto de Educación Rural se le cerraron otros seis liceos, el Mineduc le retiró la administración delegada de otros seis, lo que afectó a un alumnado mayoritariamente vulnerable.
Es importante destacar para quienes están preocupados por el gasto fiscal que pudiera representar la aprobación del proyecto de ley, que el 90 por ciento del presupuesto del Instituto de Educación Rural proviene de subvenciones del Mineduc y de aportes del Ministerio de Agricultura.
Hoy, el futuro de los 15 liceos que aún administra el IER depende de un acuerdo con los bancos y acreedores, e el sentido de que acepten renegociar una deuda de 8.500 millones de pesos.
Si una normativa como la que nos propone el Gobierno hubiera estado vigente cuando ocurrió esta serie de situaciones irregulares en la administración de los colegios del Instituto de Educación Rural, sin duda muchas de ellas podrían haberse evitado y, en consecuencia, varios de los establecimientos que dejaron sin educación a cientos de estudiantes, y, además, a tantos profesores y asistentes de la educación sin su fuente laboral, no habrían tenido que cerrar. Esto se hubiera logrado porque el proyecto, que por cierto apoyaré, tiene por objeto evitar el cierre definitivo de los establecimientos educacionales por pérdida de su reconocimiento oficial, evitando la vulneración de los derechos de los estudiantes en la continuidad de sus estudios, a diferencia de lo que hoy ocurre, debido a que el único mecanismo para sancionar a ese tipo de instituciones por el mal uso de sus recursos y su deficiente gestión es el cierre, lo que, ciertamente, no es lo óptimo para garantizar el derecho a la educación.
En síntesis, se trata de un proyecto de ley que no vulnera garantías constitucionales, como el derecho al debido proceso, a la libertad de enseñanza y el derecho de propiedad, como han pretendido algunos. Simplemente, se trata de dar un paso adelante en la regulación del negocio de la educación, que algunos tanto defienden. No podemos permitir que nuestros niños y jóvenes sigan siendo vulnerados en su legítimo derecho a la educación.
El proyecto, que forma parte de los compromisos asumidos por la Presidenta Bachelet , es clave para avanzar poco a poco en una reforma total de nuestro sistema educativo. Mediante el proyecto tenemos la posibilidad de comenzar a reformarlo, ya que vamos a garantizar la continuidad en sus estudios a los estudiantes, para tranquilidad de sus familias.
Por eso, lo votaré a favor.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger.
El señor BERGER.-
Señor Presidente , estamos analizando la formulación de un marco normativo que se pueda aplicar a las instituciones de educación superior, para fiscalizarlas y sancionarlas cuando infrinjan ese marco regulatorio.
A mi entender, la Superintendencia de Educación Superior debería asumir esa responsabilidad. Tengo entendido que ya ingresó hace tiempo un proyecto de ley al Congreso Nacional que dice relación con esa materia. Además, entiendo que es un compromiso que la Presidenta Bachelet debe cumplir dentro de sus primeros cien días de gobierno.
Es importante tener presente que las instituciones universitarias, de conformidad a sus estatutos, gozan de autonomía. Con la iniciativa, ¿no se estaría vulnerando dicha autonomía?
Por lo tanto, es del todo relevante tener en consideración que las funciones del administrador provisional deben estar muy acotadas, para no entrar en conflictos de carácter constitucional.
Finalmente, insisto en dar pronto tratamiento a la creación de la Superintendencia de Educación Superior.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , el ministro tiene la gran responsabilidad en esta ocasión de sacar adelante uno de los muchos proyectos emblemáticos.
Los diputados que optamos por intervenir, deberíamos decir a las generaciones que tuvieron el ánimo de estudiar en la universidad y que han sufrido este problema que disculpen al Chile que les entregó esa mala educación; pero que, aunque tarde para ustedes, se está rectificando esta situación para favorecer a las futuras generaciones.
Los gestores del modelo de educación superior que existe en Chile no pensaron jamás que los planteles privados de educación superior llegarían a tal grado de perversión, que serían afectados por la crisis que viven en estos días, que ha terminado con establecimientos educacionales investigados y, en el caso simbólico de la Universidad del Mar, con el cierre de un plantel de educación superior, lo que ha producido el daño que todo el país conoce, cual es que muchos estudiantes que se ilusionaron por cursar una carrera, hoy miran con desgano un momento que debió ser muy especial en su vida de estudiantes. Para ellos fue una frustración.
El sistema de educación superior no tradicional que existe, lejos de derivar en un mejoramiento de la calidad de la educación y en otorgar más y mejores oportunidades de estudio a miles de jóvenes, ha significado, en la mayoría de los casos, un estupendo negocio para los controladores de los planteles educacionales. Por sobre la excelencia educacional, se ha puesto énfasis en obtener el mayor lucro posible para quienes tienen el manejo de esos establecimientos.
La Universidad del Mar no es el único caso, a pesar de la prohibición legal existente que establece con claridad que las universidades no pueden tener fines de lucro. En efecto, la mayor parte de ellas ha logrado burlar esa prohibición por medio del establecimiento de empresas relacionadas que les prestan servicios a las respectivas universidades, a través de las cuales se obtienen cuantiosas utilidades, con un manifiesto perjuicio para los alumnos, que, en la mayoría de los casos, reciben una educación mala y cara, gracias a un gobierno que tuvo tal ocurrencia que afectó a la educación y a la juventud chilena.
Como señalé, el caso de la Universidad del Mar desveló una realidad muy cruda. No existía en nuestro ordenamiento jurídico un marco regulatorio que permitiera al Estado intervenir los establecimientos que estaban en una situación crítica, y menos proteger el derecho a la educación de los alumnos que allí estudiaban.
Por eso sucedió lo que todos conocemos: se ordenó el cierre de una universidad sin que se tomaran las debidas precauciones para resguardar el interés de los alumnos, quienes, de un momento a otro, vieron suspendidos sus estudios, debieron seguir pagando deudas y, en el mejor de los casos, tuvieron que emigrar a otras casas de estudio, mientras que en otros, simplemente dejaron de estudiar, porque la capacidad económica de sus familias no pudo soportar un gasto mayor.
Por ello es tan importante el proyecto en discusión, ya que significa otorgar al Estado un instrumento que le permita intervenir establecimientos fallidos, realizar procesos de cierre ordenados y, sobre todo, proteger los derechos de los estudiantes que pudieren verse vulnerados por la poca diligencia y consideración de quienes manejaron tales entidades.
Por lo anterior, sin involucrarme en los detalles de la iniciativa, anuncio que la apoyaré; pero lo haré con tristeza y pensando en que tengo hijos y nietos que pudieron haber sido perjudicados con esta situación. Ellos también fueron afectados debido al gran costo que involucró su educación.
Este es el comienzo de un mejor destino para miles de estudiantes y un buen resguardo e instrumento para utilizar cuando la falta de compromiso educacional de los sostenedores obligue a intervenir un establecimiento universitario que esté sirviendo a fines distintos de aquellos para los cuales fue concebido.
Por lo expuesto, con mucha fuerza hoy daremos nuestro voto favorable al proyecto que debatimos.
El sistema educacional en Chile comienza a vislumbrar un futuro mejor. Nuestros jóvenes deben estar conscientes de que hubo un mal momento al respecto, pero que este no podía durar para siempre. La democracia llegó a Chile y se instaló, y la queremos plena.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Se ha reclamado a la Mesa que en este momento no hay quorum necesario para debatir este significativo proyecto, es decir, cuarenta señores diputados presentes en la Sala.
Por lo tanto, se suspende la sesión a la espera de que los colegas se integren.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo.
La señorita VALLEJO (doña Camila).-
Señor Presidente , en primer lugar, celebro que el proyecto haya contado con el respaldo y con la aprobación de la mayoría de los integrantes de la Comisión de Educación, con la sola excepción de tres abstenciones de diputados de la Unión Demócrata Independiente.
Creo que ese respaldo mayoritario demuestra que hemos avanzado a pasos agigantados en reconocer la crisis que vive el sistema educacional debido a la lógica de mercado imperante y en respaldar la necesidad de contar con un Estado responsable y garante del resguardo al derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.
Lo dijimos en las calles, y lo seguimos afirmando aquí: el abandono de la educación pública, el debilitamiento del Estado y la completa liberalización del mercado educativo han distorsionado la idea central de la educación, transformándola en una mera mercancía, en un bien transable, dejando atrás a la persona humana, que tiene el derecho a ser educada y no utilizada.
El mercado y el Estado neoliberal que lo promueve han distorsionado la educación no solo porque permiten que se lucre con ella, sino porque obligan a las instituciones que no lucran a competir por la captación de recursos vía matrícula o venta de servicios para poder sobrevivir, alejándolas progresivamente de su principal misión y vocación, que es educar y mejorar su proyecto educativo.
Es claro que este proyecto resulta de la necesidad de dejar atrás a un Estado desentendido de la educación e indolente con los miles de casos de estudiantes estafados, endeudados, frustrados por un sueño que nunca se cumplió, y pasar a contar con un Estado responsable y garante del derecho a la educación, un Estado capaz de evitar situaciones traumáticas en procesos de cierre de instituciones en crisis, como el caso que ya todos conocemos de la Universidad del Mar, pero que es predecible que podría seguir ocurriendo con muchas otras instituciones, no solamente en la educación superior, sino también en la educación escolar.
Es urgente que este proyecto avance para efectos de contar con mecanismos de apoyo a las instituciones en crisis y de un cierre que respete el derecho de estudiantes y trabajadores a tener condiciones mínimas para la continuidad de estudios y el cumplimiento de los derechos comprometidos, respectivamente.
La propuesta implica que el Estado comienza por fin a reconocer las serias deficiencias regulatorias del sistema educativo chileno, además de establecer mecanismos para asumir una deuda histórica que se posee tras el cambio de modelo en los 80. Se trata de un avance significativo, pues el propósito central es el resguardo de derechos elementales, como es el derecho a la educación de los estudiantes por sobre la mal comprendida libertad de enseñanza, que para quienes defienden el actual modelo y se oponen a este proyecto no es más que la libertad de un negocio en la educación.
La mejor evidencia de lo que se busca evitar -lo señalé- es que vuelva a ocurrir el caso de la Universidad del Mar.
Señalo la urgencia de aprobar este proyecto recordando que hoy, según el informe de la Comisión Investigadora de la Educación Superior (lucro 2), existen cerca de diez instituciones de educación superior que están siendo investigadas por el Ministerio Público.
¿Queremos una Universidad del Mar 2.0? Los que no queremos eso, votaremos a favor este proyecto.
Asimismo, deseo destacar que la presente iniciativa se insertará en lo que será más adelante la Superintendencia de Educación Superior. Las figuras del administrador provisional y administrador de cierre ya existen en la ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. En este sentido, se adecua la normativa actual al modelo ya vigente en el sistema escolar.
Por último, este proyecto viene a revertir un vicio del actual modelo educativo escolar, pues introduce mecanismos para evitar el cierre arbitrario de escuelas y liceos, que ocurre año a año a consecuencia de las arbitrariedades de los sostenedores tanto privados como particulares.
En este punto, quiero recordar un caso que sucedió en mi distrito, en la comuna de La Florida, donde se intentó cerrar cuatro escuelas. Hubo varias familias que trataron de evitar dicho cierre, pero no contaron con el apoyo del Estado, porque no existía el marco legal que lo posibilitara.
Si hubiéramos contado con un administrador provisional de cierre con las características que se proponen en el proyecto en estudio, antes de la decisión del alcalde de cerrar tales establecimientos, no habríamos tenido a cientos de estudiantes en la calle.
Creo que, a propósito de esta discusión, es importante resaltar el debate en torno a si esto resguarda o no el derecho a la autonomía de las instituciones o a la libertad de enseñanza. Lo discutimos en la Comisión de Educación, y creo que es importante abordarlo también en esta Sala. La autonomía se respeta en las instituciones en la medida en que no traspase el límite que signifique la violación del derecho a la educación de los estudiantes y la trasgresión de la fe pública.
Hoy tenemos instituciones que, por la defensa en el sentido de que se debe respetar su autonomía, han tenido la libertad -ello, sin ningún resguardo del Estado- de entregar títulos no reales, de lucrar con el derecho a la educación, de abrir carreras que no tienen mercado laboral. Por lo tanto, autonomía, sí, pero con ciertos límites. No puede estar la autonomía por sobre el derecho a la educación; no pueden estar la libertad de emprendimiento y el derecho a la propiedad privada por sobre el derecho a la educación de los jóvenes y niños de nuestro país.
Este proyecto de ley va en la dirección correcta en el sentido de que en el programa planteamos que lo primero es asegurar el derecho a la educación por sobre cualquier otro interés. El bien jurídico supremo y fundamental que está en discusión es la protección del derecho a la educación.
La autonomía y la libertad de enseñanza son positivas, pero con ciertos límites. Se debe poner fin a la libertad de lucrar con la educación, de defraudar la ley, de entregar títulos falsos en establecimientos de educación superior y de frustrar los sueños de miles de estudiantes.
Nuestra bancada respaldará el proyecto, pero tenemos muy claro que no resolverá el problema de la crisis educacional por completo. Para eso se deben discutir las iniciativas que proponen la creación de la Superintendencia de Educación y del nuevo sistema de acreditación, con el objeto de que las instituciones educativas entreguen educación de calidad, así como la que establece el fin del lucro y las penas para sancionar a los que hagan negocio con la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas.
Por último, quiero señalar que este proyecto, como futura ley corta, apunta en la dirección correcta, porque a través de sus disposiciones se hace cargo de una institucionalidad educativa que está en crisis y de la cual el Estado no puede seguir desentendiéndose.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-
Señor Presidente , sin duda, la presencia del ministro de Educación , señor Nicolás Eyzaguirre , es muy importante para recoger las diversas opiniones que hay en materia de educación y sobre el proyecto en debate, a través del cual se propone la creación de la figura del administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior, y el establecimiento de regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
En relación con la iniciativa, en nuestra bancada discutimos la situación planteada por la diputada Camila Vallejo en relación con las tres abstenciones de diputados de la UDI en la Comisión de Educación. En mi caso, voté a favor, pero ha sido una propuesta legislativa muy debatida por los miembros de esa instancia, porque el proyecto no apunta al aspecto fundamental: mejorar la calidad del sistema educacional en todos sus niveles.
Sin perjuicio de lo anterior, tal como lo dijo el ministro de Educación , la iniciativa es un paso positivo para evitar que se repitan casos como el de la Universidad del Mar. Al respecto, todos fuimos testigos de cómo a muchos estudiantes de ese establecimiento educacional se les cortó la posibilidad de llegar a ser profesionales. Pese al gran esfuerzo económico de sus familias para matricularlos en esa universidad, fueron estafados y engañados por una institución poco seria.
Es positiva la proposición legislativa para crear la figura del administrador provisional de instituciones de educación superior, porque con ello se entregará una herramienta adicional al Ministerio de Educación para evitar el cierre de las instituciones de educación superior que están haciendo las cosas mal. En todo caso, si un establecimiento de educación superior es serio, responsable y se esfuerza por cumplir con su labor e implementar su programa de acuerdo con su proyecto educacional, nunca debiera ser objeto del nombramiento del señalado administrador.
Lo que se propone es la creación de una figura de carácter extremo para que intervenga en el caso de las instituciones de educación superior que han burlado la legislación vigente y engañando la buena fe de los estudiantes. En esa dirección apunta el proyecto en debate.
Reconozco y valoro la actitud del ministro de Educación y de su equipo de trabajo, en términos de abrir un debate profundo sobre los diversos aspectos que aborda la iniciativa, así como su disposición a mejorarla. En la Comisión de Educación logramos eso por amplio consenso, para lo cual se llevó a cabo un debate apretado en días, pero con horas de trabajo muy bien aprovechadas, en las que fueron recibidos muchos especialistas e interesados en el proyecto, lo que permitió su perfeccionamiento.
También, valoramos que la iniciativa proponga el equilibrio de facultades, puesto que en forma original entregaba facultades excesivas al Ministerio de Educación. Ahora están representadas mejor las facultades que tiene el Consejo de Educación Superior, instancia en la que esa cartera de Estado podrá discutir materias relevantes, como la intervención de una institución de educación superior.
Ojalá que la figura del administrador provisional y del administrador de cierre de esas instituciones no llegue a implementarse en ninguna de ellas, pero es evidente que en caso de que así ocurra se deberá contar con todas las atribuciones y facultades que permitan resolver los graves problemas que puede enfrentar la institución involucrada.
Nos preocupa el financiamiento de las medidas que en esos casos se deberán implementar. En ese sentido, la experiencia de la Universidad del Mar demuestra que cuando una institución cae en insolvencia o es intervenida, lo primero que hacen los estudiantes y la comunidad educativa afectada es presionar para no permanecer en ella y buscar su reubicación en otra institución de educación superior. Eso tiene un costo. Lamentablemente, en el informe financiero del proyecto no se consideraron los recursos necesarios para financiar la reubicación de los estudiantes. Si bien es difícil establecer un monto, porque no se conoce la cantidad de instituciones ni el número de estudiantes que puede llegar a estar en esa situación, se debe avanzar en un mecanismo para asegurar los recursos pertinentes. Por ejemplo, se podrían considerar en la glosa correspondiente de la partida del Ministerio de Educación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación, que debe ser discutido todos los años por el Congreso Nacional. Para tal efecto, esa cartera de Estado debería presentar un informe en el que se especifique a qué cantidad de estudiantes estarán dirigidos esos recursos y cuáles son los programas de reubicación en los que se invertirá.
Sin embargo, hemos señalado en forma muy clara que no estamos de acuerdo con el hecho de que con la intervención de una institución de educación superior se pretenda, por ejemplo, mediante el pago de sus deudas para sanear su situación financiera, arreglar los problemas que ella ha generado, porque eso podría significar que a futuro los dueños que provocaron el problema podrían recuperar una institución completamente saludable. Se debe resolver de mejor manera el mecanismo más adecuado para evitar que a futuro se produzcan abusos.
Por otra parte, se debe discutir con mayor profundidad el perfeccionamiento de la figura del administrador en establecimientos educacionales propuesta en el artículo 28 de la iniciativa. Creemos que con esa norma se busca impedir el cierre de los establecimientos educacionales por pérdida de matrícula. No estamos de acuerdo con que todos los colegios deban cerrarse cuando el sostenedor lo determine, pero la reglamentación vigente contempla un mecanismo para tal efecto, el cual señala que el sostenedor debe comunicar al Ministerio de Educación razones justificadas para solicitar la aprobación del cierre de un establecimiento educacional, de modo que esa determinación no queda a merced del capricho del sostenedor. En la actualidad, el cierre de un establecimiento educacional generalmente se debe a la pérdida de matrícula, porque los papás optan por cambiar a sus hijos a un establecimiento que les ofrezca mejor calidad educativa.
Esa disposición debe perfeccionarse, porque, sin perjuicio de que la forma en que quedó establecida en el proyecto original no hará posible su implementación, el margen de discrecionalidad que contempla para los sostenedores de los establecimientos educacionales es excesivo.
También nos preocupa el financiamiento de esa medida, porque si un alcalde o una municipalidad determinan el cierre de un establecimiento educacional con pocos alumnos, el Ministerio de Educación deberá nombrar un interventor. Sin embargo, ¿cómo se financiarán los sueldos de los profesores si ese colegio es deficitario? Hago esa pregunta porque esa cartera no puede exigir al sostenedor respectivo que pague con la plata de otros establecimientos.
Por lo tanto, no está resuelto si será el Ministerio de Educación el que deberá asumir el financiamiento de un establecimiento educacional deficitario. De aprobarse el proyecto tal como está, la primera tentación de los sostenedores municipales será pedir el cierre de todos los establecimientos educacionales con déficit, los cuales no se financian con la subvención. La administración de esos colegios por parte del Ministerio de Educación sería el primer paso para la desmunicipalización.
A nuestro juicio, se debe corregir ese aspecto; pero si la iniciativa se aprueba como está, se deberán contemplar los recursos que se requerirán para dar tranquilidad a las familias cuyos hijos estudian en esos establecimientos educacionales.
Valoro la actitud del ministro . Espero que siga en el camino del diálogo, de la discusión y de la búsqueda de lo mejor para la educación chilena en los próximos proyectos de ley, respecto de los cuales esperamos tener el tiempo suficiente para debatir y mejorar su redacción y su articulado.
Asimismo, es importante que ingresen lo más pronto posible iniciativas que ataquen el problema de fondo, cual es la calidad de nuestro sistema educacional. En ese sentido, aprovecho de manifestar al ministro nuestra preocupación por el proyecto sobre carrera docente, porque si no abordamos con el tiempo suficiente una normativa sobre la relación del profesor con los alumnos y el trabajo en la sala de clases, todas las otras medidas que adoptemos tendrán un efecto tangencial y no llegarán al corazón del objetivo que tenemos: entregar a nuestros estudiantes una educación de calidad que les permita de verdad tener igualdad de oportunidades.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson.
El señor JACKSON.-
Señor Presidente , en la Comisión de Educación se expresó reiteradamente la necesidad y la urgencia de aprobar un proyecto de estas características, sobre todo debido a la incertidumbre y a la desesperanza en que se encuentran muchos estudiantes de universidades que están en proceso de cierre o que están siendo investigadas. Por lo tanto, la premura es algo que se agradece en este caso, pues requerimos tomar medidas sumamente importantes para evitar que se repitan las situaciones que se han descrito en el hemiciclo.
Por supuesto, no es deseable que se cierre una institución de educación superior o cualquier tipo de establecimiento educativo. Lamentablemente, ello se produce porque en Chile hemos entregado al mercado, de manera absolutamente ciega, la posibilidad de otorgar educación a nuestros niños y jóvenes. La competencia absolutamente desregulada que se ha producido y el rol subsidiario que asumió el Estado han traído el inevitable resultado de que personas irresponsables se hagan cargo de instituciones de educación. Hemos llegado a tal nivel de abuso y de exceso, que aquellos que confiaron en una institución educativa están pagando a través de la desolación y de tasas de endeudamiento gigantescas. Si bien es una materia a la que no se refiere el proyecto, de todos modos refleja un aspecto sumamente negativo de la realidad que estamos constatando.
Lamentablemente, tenemos una autoridad y una institucionalidad que no pueden hacerse cargo del todo de proteger el derecho a la educación. El Ministerio de Educación puede comenzar una investigación, para luego sobreseer o cerrar la institución investigada, previo acuerdo con el Consejo Nacional de Educación. El proyecto entrega facultades al Mineduc, previo acuerdo -reitero- con el Consejo Nacional de Educación, para establecer pasos intermedios, como la administración provisional, con el objeto de no generar un trauma y el absoluto abandono de los estudiantes, de sus familias y de los funcionarios de la respectiva institución de educación.
Es cierto que las facultades que se establecen serían propias de una superintendencia. Por lo mismo, se discutió sobre la necesidad y la urgencia de legislar para contar con dicha institucionalidad. Sin embargo, la incertidumbre en que se mantienen más de ciento cincuenta mil estudiantes de instituciones que están siendo investigadas o que podrían serlo, amerita una solución provisoria que priorice y garantice el derecho a la educación.
El proyecto crea el administrador provisional y el administrador de cierre de las instituciones de educación superior, que permitirán que una institución que va derecho al fracaso quede sujeta a adecuados controles y a plazos razonables que permitan cambiar el curso de su situación.
Se entiende que en casos como los que aborda la iniciativa existe un derecho que está siendo amenazado. Eso es lo fundamental. Mediante el proyecto estamos actuando frente al riesgo de que un derecho se vea amenazado. Además, se produce una contraposición de derechos, toda vez que existe un propietario, pero también un estudiante que ve vulnerado su derecho a la educación. En ese escenario, el proyecto prioriza el derecho a la educación por sobre el derecho a la propiedad.
La iniciativa contempla la posibilidad de que la comunidad de la institución educativa también sea escuchada, por la vía del establecimiento de un Consejo Triestamental. La idea es que no se tomen decisiones que pasen por encima de las necesidades de los estudiantes, de los académicos y de los funcionarios. Se trata de un canal formal de articulación con la comunidad de la universidad, de los institutos profesionales o de los centros de formación técnica.
Una institución de educación superior no es una fábrica de salchichas o de zapatillas, como alguna vez se señaló, sino una entidad que requiere de complejidades para ser gestionada. Por lo mismo, en la Comisión de Educación introdujimos bastantes modificaciones a la iniciativa en ese sentido, la mayoría de las cuales fueron aprobadas.
La Comisión recibió a diversos actores, entre ellos, al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación , a rectores y a académicos, quienes expusieron sobre la materia y manifestaron posiciones favorables respecto del proyecto.
Me llamó la atención que en la Cuenta de la sesión de ayer figurara un oficio de la Corte Suprema por el cual remite opinión sobre el proyecto y aclara varias de las dudas generadas durante su discusión. El informe es bastante sólido en favor de la iniciativa, y despeja la campaña del terror que en su momento se comenzó a producir a propósito de ella. Respecto de lo anterior, quiero señalar lo siguiente. Discutir sobre la posibilidad de cambiar el paradigma en educación implicará que nos veremos enfrentados a muchas amenazas de que ello atentará contra el statu quo o lo preexistente. Precisamente se trata de eso: de ir contra la manera como se ha manejado el sistema educacional desde la dictadura hasta la actualidad. No queremos que la educación sea un bien de consumo entregado al mercado, ni que el Estado asuma solo una posición subsidiaria. Creemos que la educación pública debe ser el orgullo de la nación y no la educación para los que sobran. Por lo mismo, si el Estado puede administrar provisionalmente o administrar el cierre de instituciones que han sido irresponsables y que han tirado por la borda la autonomía que el Estado les entregó -por cierto, de manera negligente en muchos casos-, estaremos corrigiendo uno más de los excesos que existen en el sistema educacional.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a la iniciativa. Es muy necesario que contemos con medidas provisorias y de urgencia relativa, pero que no generan impacto en relación con el modelo que quisiéramos seguir en educación; pero también es importante que se en-víen proyectos como los que se anunciaron ayer y como aquellos que permitirán terminar con la lógica del mercado en la educación, que, entre otras cosas, ha instalado la aplicación de pruebas estandarizadas que provocan que las escuelas compitan por subvenciones y por captar más nichos. El objetivo es garantizar a todos la posibilidad de acceder a una educación pública de la mejor calidad, gratuita y sin discriminación alguna.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando.
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente , como aquí se ha señalado, no estamos ante una idea innovadora, pues está contemplada en la actual legislación, sino que se trata de un perfeccionamiento de la norma legal.
Si bien esta propuesta recoge el interés de la mayoría de la sociedad en cuanto a entregar herramientas para resguardar los derechos de los estudiantes y de sus familias respecto de promesas incumplidas por parte de las empresas educativas, las reformas al sistema escolar deben fortalecer al Estado como actor en su papel de garante del derecho de los ciudadanos a recibir una educación de calidad.
Al contrario de lo que dijo el diputado Romilio Gutiérrez , mi observación está dirigida a los criterios exigidos para las figuras de administrador provisional o administrador de cierre. Ello, porque en la actual figura legal estos se nombran entre los inscritos en un registro ad hoc. El perfeccionamiento propuesto solo faculta a la autoridad ministerial de educación para nombrar, mediante resolución fundada -a fin de resguardar el derecho a la educación en los casos establecidos por la ley-, a un funcionario de su dependencia como administrador provisional o administrador de cierre.
A mi juicio, el Mineduc debe recuperar su rol de fiscalizador y supervisor de la educación chilena para lograr el fortalecimiento y el mejoramiento de calidad de la educación pública en todos los niveles del sistema. Seguir entregando responsabilidades a terceros va en contra de la esencia de la reforma. El Estado debe recuperar su rol.
El Partido Radical ha manifestado su coincidencia con la iniciativa de desmunicipalizar progresivamente la educación, y eso implica que el Mineduc retome su rol administrativo, fiscalizador, supervisor y formador de las políticas públicas de la educación.
Salvo esa observación, la bancada del Partido Radical anuncia su voto a favor del proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio.
El señor BELLOLIO .-
Señor Presidente , por su intermedio, quiero saludar al ministro de Educación y agradecerle por la disposición que tuvo para dialogar y mejorar el proyecto del interventor universitario. Esperamos que, en el futuro, se siga esa misma lógica -por ejemplo, en el proyecto, que aún no conocemos, que se firmó el día de ayer-, porque estas son las materias que los chilenos esperan que discutamos, que tienen que ver con el futuro de nuestro país.
Entiendo que el espíritu de este Gobierno, de este ministro y también mío es que conversemos sobre la educación no solo de los próximos meses, sino, ojalá, de los próximos veinte o treinta años.
El proyecto original tenía varias fallas. Tanto es así que el rector Carlos Peña y otros rectores y expertos invitados señalaron que tenía artículos inconstitucionales, lo que lo haría perfectamente inútil. Muchos de esos aspectos fueron cambiados. Por esa razón, si revisan la votación, verán que fue apoyado en forma unánime en la Comisión.
Primero, quiero pedir a la Mesa que califique este proyecto con rango de ley orgánica, puesto que realiza cambios a las reglas que permiten la existencia de las instituciones de educación superior.
Todavía quedan algunas dudas generales.
La primera tiene que ver con la institucionalidad futura del interventor. Hemos sostenido en varias ocasiones que lo razonable y lógico es que exista un conjunto de reglas y un órgano que las fiscalice de manera permanente. Por eso, queremos una Superintendencia de Educación Superior. En el caso de la educación básica y media, existe la Superintendencia de Educación; en el caso de una quiebra, existe la Superintendencia de Quiebras. ¿Por qué no existe en este caso? No lo sabemos. Queremos discutir lo que tiene que ver con la Superintendencia de Educación Superior. Por lo demás, así quedó estipulado en una norma transitoria del proyecto, con el objeto de que, una vez que se apruebe la creación de dicha Superintendencia, el interventor dependa de ella y no del Ministerio de Educación.
¿Por qué creemos relevante que exista una Superintendencia que esté permanentemente vigilando las reglas de las instituciones de educación superior? Primero, porque es una institucionalidad que permitirá que no haya discrecionalidad en la intervención, ya sea de administración provisional o de cierre.
Segundo -esto es algo que el ministro sabe-, la señal que hoy reciben las familias y los alumnos, por el solo hecho de investigar, es que hay una posibilidad de cierre más bien alta. Por eso, la institucionalidad que estamos creando, como es el administrador de cierre y el administrador provisional, tiene que ser utilizada exclusivamente para casos graves.
En ese sentido, nos abstuvimos en el artículo 3° y creemos que debemos hacer reserva de constitucionalidad, porque dice: “…que, en uso de las facultades que le confiere la ley, tome conocimiento de antecedentes graves que afecten seriamente la viabilidad administrativa y/o financiera de una institución de educación superior; o el cumplimiento de los compromisos académicos asumidos por aquélla;…”.
¿Qué significa exactamente la viabilidad administrativa y/o financiera? No lo sabemos. Se deja un espacio o margen muy grande para la discrecionalidad, y no queremos que eso ocurra.
Además, tengo otro problema en este punto, cual es que creo que seguimos viendo a las instituciones de educación superior con una visión un poco añeja. La universidad antigua, desde Atenas a la Ilustración, era una comunidad de profesores y maestros. El término universidad viene precisamente de ese concepto, de volver a la unidad. No por nada universal y universo provienen de la misma palabra. Esa comunidad tenía como lógica el descubrimiento de la verdad en hombres y mujeres previamente formados como libres. Esa es la clave y no otra cosa por la que nos critican algunos diputados de las bancadas de enfrente. ¿Por qué nos interesa la libertad de educación? Precisamente, porque no hay una única manera de enseñar a hombres y mujeres a ser libres; porque no hay una única manera de conocer la verdad.
Por ello, la clave está en que haya diversidad en la educación superior, en los proyectos y en las formas; no puede haber homogeneidad. Tampoco puede haber una única forma de llevar adelante un proyecto académico, administrativo o financiero. No quisiéramos que a través de un interventor se limitaran las formas de aprender, las formas de saber.
Señor Presidente , por su intermedio, aprovecho de pedir al ministro que revisemos lo que hoy entendemos por centros de formación técnica (CFT), por institutos profesionales (IP) y por universidades, para que los miremos como algo continuo y no como islas estancas; como algo que equilibra el saber, la verdad, con el poder desempeñarse como trabajador en los mercados. No podemos quedarnos solamente en la estratósfera ni tampoco el proceso técnico debe ser lo único para saber cómo desempeñarnos en el mercado laboral. Si lo único fuera lo técnico, no discutiríamos sobre la libertad de educación; si lo único fuera el puro saber, tampoco discutiríamos acerca de la intervención.
El rector Peña y otros invitados manifestaron que no se entiende por qué, si una institución está viviendo una crisis grave o gravísima, se podría reemplazar la administración y voluntad corporativa, ya sea de un rector, un cuerpo de decanos o lo que fuese, por la de un interventor, y que ello podría llegar a mejorar el problema de esa institución. Tendría que ser un superhombre, alguien realmente extraordinario. Por qué se podría mejorar la situación si cambiamos la administración de veinte o veinticinco personas por una persona.
Asimismo, hemos planteado otras dudas respecto del proyecto de ley, las que podrán conocer los colegas cuando revisen el detalle en el informe.
Lo anterior tiene que ver particularmente con el artículo 29, que permite que las escuelas básicas y los establecimientos de educación media sean administrados por el Estado. En la prensa y en muchas partes se habla de este proyecto como del interventor universitario. Todos los invitados a la comisión tenían que ver con instituciones de educación superior. Es más, todos tenían que ver con universidades. Ninguno vino a hablar de escuelas.
No obstante, este proyecto de ley, lamentablemente -solicitamos en varias ocasiones sacar esta parte-, establece que el Ministerio de Educación, cuando un sostenedor solicite renuncia al reconocimiento oficial del Estado de un establecimiento educacional, conforme al decreto supremo Nº 315, de 2011, podrá hacerse de un administrador provisional.
A continuación, dice que hoy existe el administrador provisional, pero solo hasta que termine el año en curso y que se puede renovar en un año más. Es decir, en el caso de aquellos alumnos cuyo colegio se va a cerrar, por ejemplo, en junio, lo que se quiere es que esos niños terminen el año escolar y puedan ser trasladados a otra escuela. Sin embargo, aquí se establece de manera indefinida. Es decir, por el solo hecho de que una escuela municipal, subvencionada o particular decida, legítimamente, no seguir, va a pasar a manos del Estado. Ello tomó más relevancia cuando ayer se anunció una reforma que, lamentablemente, en nuestra opinión, va a significar que muchas escuelas subvencionadas van a dejar de serlo. Algunas van a pasar a manos del Estado y otras van a pasar a ser particulares pagadas.
No queremos que este proyecto de ley, específicamente en su artículo 29, en vez de seguir discutiéndose sobre lo que tiene que ver con universidades, CFT e IP, se apunte a una desmunicipalización encubierta. No es el espíritu de este proyecto de ley, y entiendo que tampoco el del ministro , pero es lo que dice ese artículo. Por eso, no queremos que se abuse del mismo.
¿Por qué no podría ocurrir que, una vez aprobada esta iniciativa, una serie de alcaldes se mostrara contrario a seguir con sus escuelas y pidiera que el Estado se hiciera cargo de ellas?
Según esto, bastará que el seremi -persona de confianza política del Gobierno- diga que no se pueden cerrar, para que pasen a la administración de un interventor de manera indefinida. ¿Parece razonable? A mí, no.
Sí me parece razonable discutir si las escuelas deben seguir a cargo de los municipios y sobre quién tiene que hacerse responsable de lo que ocurre hoy en ellas. Lamentablemente, hoy no son los alcaldes quienes se hacen responsables de lo que ocurre en sus escuelas; el ministro no es responsable de lo que ocurre en los establecimientos municipales; tampoco el director de la escuela se hace responsable de los resultados del establecimiento.
Entonces, creo que aquí lo importante es discutir sobre la calidad en las escuelas y en los establecimientos de educación superior.
No quiero que gastemos 2.000 millones de dólares en cambiar el RUT a los sostenedores para que en nada cambie la calidad. Debemos discutir acerca de lo que pasa dentro de la sala de clases y de si los municipios son las instituciones adecuadas para administrar la educación, pero no podemos incorporar en el proyecto de ley un artículo que, por una parte, se diga que es para evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó con los estudiantes de la Universidad del Mar, pero, por otra, sea para proceder a una desmunicipalización encubierta.
Espero que la Cámara de Diputados rechace el artículo 29 y que sea modificado en el Senado. Al respecto, aprovecho de anunciar que pediremos votación separada de algunos artículos.
Este proyecto, tal como está, es mucho más razonable y va a permitir contar con una herramienta para impedir que se repita lo que sucedió con la Universidad del Mar. Debo reconocer el debate adecuado que se dio en la comisión y espero que sigamos actuando así en pro de la educación chilena.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Morano.
El señor MORANO .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar al ministro de Educación , quien nos ha acompañado durante esta jornada.
Mi primera intervención en esta Sala se refirió a las materias que hoy discutimos, motivado por la grave situación que se había provocado por la improvisada intervención de la Universidad del Mar, particularmente en mi Región de Magallanes. Dicha intervención, al no tener el soporte apropiado, generó un desastre peor que el que se quería evitar. Los padres, los apoderados, los alumnos, los docentes y los funcionarios de dicha casa de estudios superiores no tuvieron una solución adecuada, por lo cual hoy aún claman por justicia. En Magallanes, son centenares los alumnos que no pudieron seguir estudiando o se les sugirió continuidad en universidades tradicionales que no pudieron abordar el problema en forma apropiada.
Este proyecto, además de solucionar el problema en escuelas, liceos, centros de estudios superiores y universidades, también abordará el desastre ocurrido en la Universidad del Mar y ofrecerá soluciones alternativas para cientos de desesperanzados que dejó dicha institución.
Me alegra que el debate se haya producido de la forma como se ha abordado, lo que nos permitirá aprobar prácticamente de manera unánime el proyecto.
Espero que esta iniciativa sea el comienzo de una transformación de fondo en la educación chilena.
No creo en una educación pública que no pueda ser fortalecida, que no dé igualdad de oportunidades y que no se mantenga en el ámbito de lo público.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente , sin duda, este proyecto viene a solucionar una serie de inconvenientes y problemas, que pensábamos que debían resolverse mediante la creación de la Superintendencia de Educación Superior.
Estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa, pero hay algunas cuestiones que me llaman la atención.
En primer lugar, advierto un problema en el inciso quinto del artículo 19, que señala:
“La resolución que decrete la revocación del reconocimiento oficial de conformidad al inciso primero de los artículos 64, 74 o 81 del decreto con fuerza de ley N° 2, deberá consignar el plazo para proceder al cierre definitivo de la institución de educación superior.”.
Luego, el artículo 22, establece:
“El administrador de cierre deberá presentar dentro de los 30 días siguientes a su nombramiento un plan de administración, el cual deberá siempre contener las medidas para asegurar la continuidad del servicio educativo de los y las estudiantes de la institución de educación superior y los plazos y procedimientos para concretar el cierre de la institución de educación superior de que se trate.”.
Entonces, ¿quién determina el plazo para el cierre de la institución? ¿Prevalece lo establecido en el decreto de revocación o lo que establece el administrador, conforme al plan a presentar dentro de treinta días siguientes a su nombramiento?
Aquí hay una contradicción que es conveniente resolver para no entrar en interpretaciones.
El artículo 22 se refiere también a las medidas que deberá contener el plan de administración para asegurar la continuidad del servicio educativo .
Al respecto, recuerdo lo sucedido con los procedimientos seguidos para resolver los problemas surgidos con la Universidad del Mar. En mi opinión, lo único que asegura la continuidad del servicio educativo es la continuidad del funcionamiento de la universidad intervenida hasta que egrese el último de sus estudiantes matriculados. No hay ninguna otra posibilidad de asegurar la continuidad del servicio educativo. Lo vimos cuando se intentó resolver los problemas de los alumnos de la Universidad del Mar, donde la solución más viable fue la propuesta por el rector de la Universidad Católica del Maule, quien firmó un convenio con la Universidad del Mar, sede Talca, a fin de administrar -no es el concepto más apropiado- la situación, y permitir que terminaran su período lectivo los más de 1.500 estudiantes de dicha sede.
De igual manera, el proyecto se refiere a la facultad del administrador para firmar convenios con las universidades del Cruch, y la del ministerio para suscribir convenios con otras universidades. Esto también se dio en el caso de la Universidad del Mar, y solo una o dos universidades estuvieron dispuestas a firmar esos convenios y a recibir a los alumnos en las condiciones que establece este proyecto. Pero ninguna de las universidades llamadas estatales, y tampoco las privadas, estuvo dispuesta a recibirlos y reconocerles los años cursados, aun cuando muchos de ellos ya estaban por egresar.
En el proyecto también se habla de un plan de nivelación académica, pero no se precisa quién va a impartirlo: si la misma universidad intervenida o el plantel educacional que eventualmente acogería a los alumnos de aquella.
Del mismo modo, se establece que se podrá financiar con recursos fiscales los antedichos programas si no existen otros. Creo que los recursos fiscales deberían estar consignados.
Señor Presidente , por su intermedio deseo decir al señor ministro que creo que vale la pena analizar con mayor detenimiento la propuesta de los convenios. Lamentablemente, no se invitó a la Comisión a la persona que más conocimiento práctico tiene sobre la materia, debido a su participación directa en la solución del problema: el rector de la Universidad Católica del Maule, don Diego Durán . Seguramente, será invitado al Senado para que explique el proceso que se siguió para llegar a la firma del convenio, en el cual participamos con el diputado Aguiló y los senadores Zaldívar y Coloma , en más de una reunión, para tratar de acercar posiciones y encontrar una solución. Es más, nos comprometimos a contribuir en la instancia en que a cada uno de nosotros nos corresponde participar. Estuvieron presentes el intendente, el ministro de Educación y los parlamentarios mencionados, precisamente para que la solución resultara exitosa, como ha ocurrido hasta ahora. En el proyecto se habla del convenio, pero no se conoce su naturaleza jurídica ni las responsabilidades que se derivarán de él.
Por otro lado, ¿tienen alguna obligación o responsabilidad las universidades del Cruch y las privadas para acoger a los alumnos, tal como se ha planteado aquí? Por lo menos, en el proyecto no está considerada esa posibilidad.
Por estas razones, quiero pedir votación separada para los artículos 19, 22 y 23, porque considero absolutamente conveniente revisarlos, toda vez que tal como están redactados no apuntan a solucionar el problema, como ya lo vivimos en el caso de la Universidad del Mar.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente , en primer lugar, me alegro de que mis amigas y amigos del Centro del Adulto Mayor por la Democracia, de Estación Central, hayan podido asistir a este debate, …
(Aplausos en las tribunas)
…porque en él han primado los argumentos y no las consignas y las recriminaciones mutuas, como suele ocurrir cuando discutimos este tipo de materias.
A pesar de que no está presente, aprovecho de saludar el coraje que han demostrado la Presidenta de la República y el ministro de Educación al anunciar el envío del proyecto que pronto ingresará al Congreso Nacional, que representa un cambio de la lógica sobre la forma en que el Estado chileno concibe la educación, al terminar con el lucro, con la selección y con el copago.
Reconozco este cambio de lógica, y creo que todos nos hemos percatado de que hemos pasado de un período en que los problemas de la educación se entendían como un conflicto entre privados, a asumir la responsabilidad pública que implica asegurar el ejercicio del derecho a la educación; es decir, estamos pasando de la educación considerada como un bien de consumo -así se lo escuchamos decir a otro Presidente de la República -, a la educación considerada como un derecho garantizado por el Estado.
Agradezco el envío de este proyecto porque recoge lo que planteamos con el diputado Rodrigo González , que no aparece identificado en los reconocimientos que se han hecho, pero que es el autor de un proyecto, que también suscribimos el diputado que habla, la colega Cristina Girardi , la actual senadora Carolina Goic , la diputada Alejandra Sepúlveda y el actual Presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas, a propósito de la crisis de 2012. Muy al inicio de la crisis de la Universidad del Mar le propusimos al ministro de Educación de entonces que estableciera la figura que hoy se está incorporando por ley para intervenir en las situaciones de crisis, cuando está en juego la continuidad del proceso educativo y el ejercicio del derecho a la educación.
De las palabras de los colegas que han intervenido deduzco que existe consenso básico sobre la existencia de un débil marco regulatorio y las escasas atribuciones del Estado para defender el derecho a la educación. Por lo tanto, me alegro de que una parte de la UDI haya votado a favor y que otra se haya abstenido, en general. Aplaudo esta disposición, que ha sido diferente de la que ha tenido respecto de otros proyectos.
Aquí la clave es que, por privada que sea la institución que provee educación a niños y jóvenes, está en juego la fe pública y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de asegurar el respeto del derecho a la educación.
El proyecto establece y regula las figuras del administrador provisional de instituciones de educación superior y del administrador de cierre de las mismas, con atribuciones expresas para defender el cumplimiento de las medidas que se adopten, es decir, para disponer la obligatoriedad de su cumplimiento. Asimismo -lo que es muy importante-, establece sanciones penales para aquellos que desvíen fondos destinados a la educación de los jóvenes para resolver sus propios problemas financieros.
Naturalmente, también es importante prevenir una eventual arbitrariedad funcionaria, para lo cual se establece que la designación de un administrador provisional de una institución de educación superior no dependerá de la decisión arbitraria de un funcionario, sino del Ministerio de Educación, mediante resolución fundada, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación y de un período de investigación. Entiendo que son precisamente las investigaciones las que han determinado la urgencia de este proyecto.
Felicito a la Comisión de Educación porque supo trabajar con la premura necesaria, a fin de no tener que enfrentar las crisis que probablemente sobrevendrán en el futuro inmediato con la misma improvisación con que abordamos el caso de la Universidad del Mar.
La clave es garantizar la continuidad de los estudios, la mantención de los beneficios y las ayudas. Obviamente, todos estamos esperando el proyecto comprometido por el Ministerio de Educación, que crea la Superintendencia de Educación Superior -espero que sea aprobado por unanimidad cuando llegue a esta Sala-, medida contenida en el programa de gobierno. Aunque no sea el Corán ni la Biblia, es un compromiso que hay que cumplir.
Quiero decirle al ministro que tiene el apoyo de la bancada del PPD para que el Estado pueda asegurar el respeto al derecho a la educación en situaciones de crisis de las instituciones educativas. Asimismo, puede tener la seguridad de que apoyaremos todos los proyectos comprometidos por su ministerio y el Gobierno de la Presidenta Bachelet, que apunten a reformar integralmente la educación chilena para que vuelva a ser un instrumento de progreso para las familias y de igualdad para el país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Señores diputados, restan algunos minutos para el término del Orden del Día y todavía hay más de treinta inscritos para hacer uso de la palabra.
¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día hasta las 14 horas, suspendiendo el tratamiento de los proyectos de acuerdo y de resolución, y de Incidentes?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
A partir de este minuto quedan cerradas las inscripciones para intervenir.
Tiene la palabra la diputada señora Maya Fernández.
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya) .-
Señor Presidente , lo que busca este proyecto es crear la figura del administrador provisional y del administrador de cierre de instituciones de educación superior. El administrador provisional deberá ser nombrado por el Consejo Nacional de Educación cuando una institución de educación entre en crisis y se haga imposible el correcto funcionamiento de la misma.
Si en situaciones especialmente agudas, el administrador se ve impedido de corregir las deficiencias de la institución, solo entonces se podrá decretar el cierre definitivo de la misma y el nombramiento de un administrador de cierre, que deberá velar por que los estudiantes puedan ser reubicados y por que los compromisos y contratos de trabajo sean terminados correctamente.
Este es el primer proyecto sobre educación que presenta el Ejecutivo , y me alegra que así sea. No es casualidad que se eligiera este tema. Solo refleja la urgencia de solucionar el drama que día a día viven miles de chilenos que ven frustrado su sueño de obtener un título profesional debido a una gestión institucional viciada.
Se ha dicho muchas veces que siete de cada diez estudiantes son los primeros de su familia en ingresar a la educación superior. La repetición inacabable de esta tesis ha pervertido el sistema educacional, pues solo incentiva a más jóvenes a creer que pueden ser parte de ese sueño. Sin embargo, la realidad es otra. Muchos de estos jóvenes ingresaron a universidades que no cumplen los mínimos estándares de calidad. No solo son estos jóvenes los que ven truncados su sueño, sino también sus familias, que deben vivir en la incertidumbre de no saber qué pasará con el tiempo, el dinero y las esperanzas que se pusieron en una carrera profesional.
El sistema actual ha permitido que esto ocurra. Las universidades, una vez obtenida la autonomía institucional, son virtualmente libres de toda regulación. Peor es el caso de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica, donde la mirada de la opinión pública y de las instituciones llamadas a su regulación está aún más ausente. Incluso, se creó una institucionalidad encargada de acreditar, es decir, de darle el visto bueno a las universidades, de manera que los alumnos pudieran ingresar con becas y/o créditos del Estado. Pese a ello, el Estado no asume su responsabilidad cuando las instituciones o los dueños de las mismas actúan negligentemente.
Observamos con desconcierto que el Estado ha sido un actor pasivo. El caso de la Universidad del Mar solo vino a ponerle cara a un fenómeno de explosión de matrículas en educación superior que solo podía terminar mal; una explosión desregulada que el tiempo y la evidencia ha develado como originada por un afán únicamente comercial, que poco tiene que ver con la calidad de los egresados o con el campo laboral disponible.
Los dueños de esa universidad se preocuparon más de retirar sus utilidades que de crear un ambiente académico de calidad. Lo más indignante de este caso es que fueron los propios alumnos, docentes y directivos quienes denunciaron las paupérrimas condiciones en las que se encontraba la institución.
Ante esta situación, el Ministerio decretó correctamente la revocación del reconocimiento oficial, lo que significó que miles de estudiantes y funcionarios quedaran en la incertidumbre de no saber qué pasará con su futuro. El Mineduc, por su parte, desprovisto de mayores atribuciones, ha debido mantener su rol de mero observador.
El proyecto pretende llenar este vacío legal, que mantiene al Estado como observador. Se entregarán al Mineduc las atribuciones para así generar los mecanismos que le permitan enfrentar una situación de manejo irregular de una entidad educacional. Una vez que este proyecto se convierta en ley, cuando se produzcan irregularidades que impidan el correcto funcionamiento de la institución, el Mineduc tendrá las herramientas legales para iniciar un proceso de mediación que pueda evitar el cierre de ella, con el fin de salvaguardar el derecho de los estudiantes a continuar sus estudios y garantizar la protección de los funcionarios, quienes quedan a la deriva cuando se decreta el cierre de la institución.
Es una cuestión de responsabilidad del Estado velar por sus ciudadanos. El caso de la Universidad del Mar nos enseñó lo perverso que puede llegar a ser el sistema cuando inte-reses comerciales priman por sobre un proyecto educativo, así como lo negativo que puede ser que los dueños de la universidad piensen solamente en maximizar sus utilidades y no en el mejoramiento de la infraestructura, de los planes educativos y de la planta docente. Las modificaciones que podamos introducir a una ley de acreditación no aportarán nada si los dueños de las universidades están más preocupados de sus bolsillos que de los alumnos que ingresan a esas casas de estudios superiores.
Finalmente, señor Presidente, por su intermedio quiero felicitar a las comisiones que debatieron el proyecto, por la celeridad con la que actuaron y por las mejoras que le han introducido. Las indicaciones presentadas parecen apuntar en la dirección correcta. Se han modificado aquellos aspectos que generaban dudas y se han fortalecido los procedimientos, las facultades y las atribuciones que dicen relación con el administrador.
Este es un muy buen proyecto, que estoy segura cambiará la vida de miles de chilenos y de chilenas que ven amenazada su educación y que hoy pasan por situaciones muy similares a la vivida por los alumnos de la Universidad del Mar. Otras universidades están siendo investigadas por graves irregularidades, y no queremos que sus estudiantes y las familias de estos sufran la misma suerte que aquellos que tuvieron que observar, resignadamente, el cierre de su universidad sin que el Estado tuviera nada que decir.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola.
La señorita CARIOLA (doña Karol).-
Señor Presidente , tuve el privilegio de vivir la experiencia de ser dirigente estudiantil y ser parte de las luchas permanentes y constantes por recuperar el sistema de educación pública, que fue desmantelado por la dictadura militar.
Los estudiantes denunciamos, discutimos y generamos innumerables propuestas para superar la inminente crisis de la educación chilena. Salimos a la calle a formar conciencia; nos subíamos a las micros para explicar lo que estaba ocurriendo en nuestra educación.
El crecimiento desregulado de la matrícula en la educación superior generó que se crearan cientos de instituciones privadas, cuyo interés estaba lejos de entregar educación de calidad; muy por el contrario, quedó demostrado que el único interés real fue la rentabilidad de un negocio a costa de los sueños de miles de familias que llegaban a sus instituciones en situación de endeudamiento y exclusión del sistema público.
Me siento orgullosa y privilegiada de estar discutiendo el primer proyecto de ley que da inicio a una gran reforma por la que tanto hemos peleado. Pero esta reforma no se termina en el período de un solo gobierno.
Quizá algunos argumentarán que este proyecto no genera un cambio en la estructura del sistema educacional. Tienen razón. Sin embargo, no podemos olvidar que el proyecto se da en el contexto de una discusión mucho más amplia y global: la reforma educacional propuesta al país por la Nueva Mayoría, que ha tenido una gran repercusión y un gran respaldo de la ciudadanía.
No podemos olvidar la crisis en la que se encuentra el sistema educacional, que nos ha obligado a tomar medidas inmediatas para desarticular el mercado de la educación y, con ello, dar inicio a una construcción real de un sistema público de calidad y gratuito para todos los chilenos y chilenas sin discriminación.
Este proyecto permite que el Estado chileno se haga cargo, de una vez por todas, de los errores cometidos hasta ahora, entre ellos, haber permitido la apertura indiscriminada de carreras profesionales sin campo laboral; reconocer oficialmente instituciones que fueron pensadas como un negocio, a pesar de la prohibición explícita de lucrar con las universidades, y haber permitido el lucro en los colegios, en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales, atentando con ello contra un derecho fundamental, cual es el acceso al conocimiento y a la educación.
Queremos que nunca más los jóvenes que quieren ser un aporte al desarrollo de Chile sean estafados a costa del negocio de la educación, tal como ocurrió con los estudiantes con crédito Corfo o los de la Universidad del Mar, que fue cerrada, dejando a miles de ellos desamparados. De la misma manera, se han cerrado colegios en varias comunas, lo que ha sido denunciado tanto por estudiantes como por trabajadores de la educación, vale decir, por profesores y asistentes de la educación que, de un día para otro, quedaron en la calle con la desesperanza de no poder seguir educando. Por eso, hoy debemos anticiparnos a casos similares y resolverlos de forma seria y responsable.
Hace algunas semanas aprobamos un informe del lucro 2.0, que denunciaba a varias instituciones que vulneraban la ley. El proyecto que hoy discutimos permite que el Estado chileno se haga cargo de investigar a esas instituciones y a otras que se encuentran en situación de inviabilidad administrativa, financiera o académica. Con esto, el Estado garantiza y prioriza el derecho a la educación de los estudiantes por sobre el derecho a la propiedad que alegan algunos y que se ha priorizado durante todos estos años. Por eso, este proyecto genera reacciones entre aquellos comerciantes de la educación que, sin duda, prefieren resguardar su bolsillo por sobre el bienestar de toda una sociedad.
Para mí, votar a favor el proyecto de ley es hacer un acto de justicia frente a una deuda que tenemos como sociedad. De ese modo, resguardaremos y garantizaremos una educación para todos los chilenos.
Hace pocas semanas fuimos testigos de una solicitud emanada de estudiantes de derecho de la Universidad Andrés Bello para que el Estado interviniera de forma urgente esa casa de estudios debido a deficiencias estructurales y acusaciones de lucro en contra del grupo Laureate. Con la figura del administrador provisional y el administrador de cierre de instituciones de educación superior, podremos dar respuesta a esos estudiantes que lo único que piden es seguir educándose y terminar sus carreras como corresponde.
El Presidente Pedro Aguirre Cerda decía que gobernar es educar. Por eso, quiero saludar a la Presidenta de la República y al ministro de Educación , porque ambos encabezan un proyecto transformador. Por primera vez, después de veinte años, se está planteando una discusión seria sobre la necesidad urgente de desarrollar y llevar adelante, de manera decidida, una reforma educacional estructural que nos permita garantizar ese derecho tan preciado que es la educación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
En consecuencia, la discusión y votación de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión ordinaria.
VI HOMENAJE
HOMENAJE A LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE GOBIERNOS INTERMEDIOS (OLAGI)
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Corresponde rendir homenaje a la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (Olagi).
En la Tribuna de Honor se encuentran la señora Patricia Easton, directora de Olagi Chile; don Luis Guastavino, director de esa organización; los señores Javier Mallea y Richard Godoy, gerente general e ingeniero de proyectos de BeCool, respectivamente. Junto a ellos se encuentran miembros de la Olagi de la Universidad de Playa Ancha y otros invitados, a todos los cuales damos nuestra cordial bienvenida.
En primer lugar, rinde homenaje el Segundo Vicepresidente de la Corporación , diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ (de pie).- Señor Presidente, estimados colegas:
Rendimos este homenaje a la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (Olagi), en un momento en que Chile vive un proceso de reflexión y de cambios profundos de sus instituciones en materia de descentralización, democratización y fortalecimiento de sus gobiernos regionales.
Hace pocos meses, elegimos en forma directa a los consejeros regionales. Próximamente, se llevará a cabo la elección de los presidentes de los gobiernos regionales. Además, en el programa presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet se anunció la presentación de un proyecto de ley para la elección directa de los intendentes, mientras en las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados se debaten las competencias y facultades de los gobiernos regionales, sus instancias de gobierno y las posibilidades de un sistema de transferencia de competencias que modernizará y profundizará la regionalización y la descentralización.
Más aún, próximamente la Comisión Presidencial, nominada transversalmente por la Presidenta para generar una propuesta de Estado para la descentralización y el desarrollo de las regiones, deberá culminar su trabajo y presentar su propuesta en septiembre, con un diseño de los grandes objetivos y contenidos que deberá considerar la descentralización a que aspiramos para Chile.
En este contexto de grandes decisiones, se realizará en Valparaíso, en junio próximo, el Foro de las Regiones de América Latina y el Caribe, organizado por la Olagi, tal como lo anuncia el hermoso diseño que se exhibe en la Tribuna de Honor.
Aprovechamos de saludar a los organizadores del Foro en Valparaíso que hoy están en la Tribuna de Honor, en especial a un miembro de la Olagi que fue diputado por tres períodos consecutivos: me refiero al exintendente regional de Valparaíso don Luis Guastavino Córdova .
(Aplausos)
Don Luis fue fundador de la Olagi y un gran promotor de este gran Foro de las Regiones de América Latina y el Caribe, que será inaugurado por la Presidenta del Senado en el Congreso Nacional.
La Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios tuvo su origen los días 22 y 23 de abril de 2004, en Valparaíso. Fue una iniciativa del gobierno regional de la época, presidido por el entonces intendente Luis Guastavino , quien convocó a Valparaíso a las autoridades regionales, departamentales y provinciales de diferentes países. Concurrieron 65 representantes de 11 naciones de América Latina y El Caribe y se echaron las bases de esta red, que busca el intercambio, la colaboración y el desarrollo entre los territorios subnacionales de los países Latinoamericanos y El Caribe.
Europa fue un ejemplo para dar vida a esta organización. En efecto, la Unión Europea cuenta con el poderoso Comité de las Regiones, que dispone de financiamiento para la tarea, además del apoyo de los gobiernos nacionales de esos países.
En sus diez años de existencia, la Olagi ha celebrado siete Cumbres a las que han asistido más de trescientos intendentes, gobernadores y prefectos de toda América Latina y El Caribe, junto con decenas de instituciones vinculadas a las tareas de la integración, descentralización y regionalización.
En la Quinta Cumbre, en la ciudad de Cuenca, se acordó la creación de la Escuela de Olagi, cuya sigla es Escolagi, para la capacitación de la gestión pública de los gobiernos intermedios, la que ha tenido una intensa y fructífera labor en distintas regiones de América Latina. Se han constituido filiales en distintos países, siendo la de la Región Centro, capital Córdoba , Argentina, una las más desarrolladas en la actualidad. Allí, recientemente, se preparó un diplomado sobre Gestión de Gobiernos Regionales, que es un ejemplo para nuestros países, patrocinado por seis universidades latinoamericanas.
Olagi ha puesto en marcha la construcción de una red de universidades latinoamericanas dedicadas al tema de la integración y el desarrollo en América Latina y El Caribe desde la educación, la cual ha efectuado un primer y segundo encuentro en Valparaíso y Lima, respectivamente. Está preparando su tercer encuentro para 2015.
Olagi ha realizado y realiza oficialmente, además, trabajos sistemáticos con instituciones de la Organización de las Naciones Unidas, tales como el Centro para el Desarrollo de las Regiones de América Latina (Cepal) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.
Actualmente, la Olagi forma parte de la Organización Mundial de la Regiones ORU/Fogar. Se ha fortalecido de manera positiva al presidir esa organización mundial el ingeniero Paul Carrasco Carpio , expresidente de la Olagi , quien nos honrará con su presencia en Valparaíso en el mes de junio.
Celebrar los diez años de la Olagi en su ciudad de origen, Valparaíso , y tratar la temática de la integración y descentralización en conjunto con los gobiernos subnacionales de Chile, América Latina y El Caribe, es una oportunidad para Chile de recoger toda esa experiencia de países latinoamericanos en materia de regionalización y descentralización. Ello enriquecerá el trabajo de constituir una nueva institucionalidad descentralizadora y regionalizadora para nuestra nación, que esperamos llegar a culminar a fines de este año a través de su sanción en este Congreso Nacional.
Continuar con el posicionamiento, desde los territorios subnacionales, de las decisivas temáticas de la regionalización, descentralización, desarrollos estratégicos y cooperación y amistad entre los gobiernos intermedios y las instituciones de las respectivas sociedades es una meta que nos estamos proponiendo de consuno con la Olagi.
Avanzar en la institucionalización de la práctica de la cooperación constructiva y crecientemente organizada respecto de los temas principales que constituye la convocatoria de los foros de las regiones, forma parte de los objetivos que nos hemos propuesto.
Por eso, con mucha satisfacción y orgullo rendimos un gran homenaje a esta organización latinoamericana, que, aunque nació en Valparaíso, hoy nos da un ejemplo de integración y amistad latinoamericana. Además, nos entrega sus conocimientos y experiencias para los procesos de cambios profundos que queremos vivir en Chile.
Que la Olagi tenga larga vida; también la regionalización y la descentralización en Chile, pues este no será un país desarrollado si no se descentraliza. Estoy seguro de que la Olagi comparte esa meta que nos hemos propuesto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger.
El señor BERGER (de pie).- Señor Presidente , por su intermedio, quiero rendir homenaje a la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (Olagi), la que progresivamente ha contribuido a la instalación de una temática regional y local para determinar importantes políticas públicas en los países de América Latina y el Caribe.
Para un exalcalde como yo, resulta una evidencia indesmentible la necesidad de fortalecer los gobiernos regionales, porque ellos, y no un Estado lejano y centralizado, son los únicos que pueden en forma efectiva solucionar los problemas de las personas.
En Chile estamos avanzando después de largas contiendas con los gobiernos centrales, a fin de imponer la idea del fortalecimiento de los gobiernos regionales.
Como lo han señalado relevantes autoridades que participan en la Olagi, el desafío de hoy es lograr Estados cercanos a la gente y capaces de “ponerle el hombro” a la solución de problemas que afectan a la ciudadanía. Las ideas, acciones y soluciones surgirán desde los distintos estamentos de la ciudad, logrando así implementarse en toda su dimensión.
Con tal aspiración, se reúnen los gobiernos intermedios en la Olagi, con el fin de proponer y defender los intereses comunes mediante la generación de iniciativas de cooperación mutua.
La Olagi se reconoce como una instancia útil para revalorizar el concepto de región, pero bien integrada con las demás y sin perder su identidad. En esa línea, ha sido valiosa la creación de la Escuela Latinoamericana y del Caribe de Gestión Pública, que ha contribuido a la formación y capacitación del personal que se desempeña en las municipalidades de la región. Debido a esa interacción, se han ido creando instrumentos actualizados que permiten aspirar a una administración más eficiente de los territorios.
La Olagi ratifica también el compromiso de los gobiernos intermedios con las grandes urgencias contingentes, ya que su quehacer se despliega no solo en un concepto estático de desarrollo económico territorial, sino también en problemas que han surgido con fuerza, como la seguridad alimentaria y el cambio climático.
La Olagi ha logrado aunar los esfuerzos regionales de Argentina, Colombia, Paraguay , Brasil, Ecuador ; también, de Guatemala, República Dominicana, Colombia , Venezuela y Chile, entre otros. Además, ha tenido un rápido crecimiento. Desde su fundación, en 2004, ha dado identidad y personería internacional a los gobiernos regionales.
Nuestra bancada, que siempre ha tenido una composición intensamente regionalista y ha asumido un compromiso con la descentralización, con la desconcentración de la toma de decisiones y con la autonomía de la gestión local, no puede sino felicitar y adherir a la Olagi en este homenaje.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Así, la honorable Cámara de Diputados ha concluido su homenaje a la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (Olagi), a la que deseamos mucho éxito en sus trascendentales labores.
Muchas gracias.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
CREACIÓN DE SUCURSALES DE BANCOESTADO EN LAS COMUNAS DE MEJILLONES Y FUTRONO
El señor CARMONA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución Nº 42, de las diputadas señoras Paulina Núñez y Marcela Sabat, y de los diputados señores Cristián Monckeberg, Gonzalo Fuenzalida, José Manuel Edwards, Sergio Gahona, Nicolás Monckeberg, Bernardo Berger, Germán Becker y Alejandro Santana, que en su parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de República que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, letra d), del decreto ley Nº 2.079, proceda a instruir al ministro de Hacienda para que interceda ante el Consejo Directivo del BancoEstado a fin de crear sucursales en Mejillones y Futrono, con el objeto de que presten servicios a la población de dichas comunas.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Fuenzalida.
El señor FUENZALIDA.- Señor Presidente , si bien el proyecto pretende favorecer a solo dos comunas, Mejillones y Futrono, la última de las cuales pertenece al distrito que represento, también busca hacerse cargo de las dificultades que tienen muchas pequeñas comunas que no cuentan con el aporte del BancoEstado ni de ningún otro banco.
¿Por qué solicitamos la instalación de esas sucursales? Porque las empresas del Estado deben cumplir su rol social y subsidiario a fin de llevar servicios a lugares donde las entidades particulares no participan. Al respecto, puedo citar el caso de Correos de Chile, empresa estatal, y el caso de algunos bancos que en algunas comunas solo tienen un cajero automático.
Futrono dispone de dos cajeros automáticos, los que muchas veces se echan a perder, dejando a la población sin la posibilidad de disponer de dinero. En tal caso, sus habitantes deben trasladarse a otros lugares donde existen bancos, que se ubican a muchos kilómetros. Futrono tiene más de 15.000 habitantes, y en el verano su población se triplica o cuadruplica, lo que agrava aún más la carencia de servicios bancarios.
Por lo tanto, solicito aprobar el proyecto de resolución para así favorecer a las comunas de Mejillones y Futrono. Esperamos, también, que muchas otras comunas puedan sumarse al beneficio que el BancoEstado podría otorgar si instalara sucursales en los lugares donde los bancos particulares no operan. Así, el BancoEstado podría cumplir mejor el rol subsidiario que debe tener como empresa del Estado al prestar servicios donde los habitantes no tienen acceso a ellos.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA .- Señor Presidente , considero muy importante respaldar esta solicitud, presentada por diputados del sur de Chile que anhelan que el BancoEstado cumpla con su rol social e instale sucursales en los lugares más apartados del país.
Además, es importante reiterar que el BancoEstado debe asumir el desafío con vocación social eficiente y competitiva. Hoy son miles las personas que no tienen acceso al crédito del BancoEstado, por percibir sueldos inferiores a 350.000 pesos. Como muchas personas necesitan créditos, Banco Falabella o el supermercado Líder reciben “en bandeja” la oportunidad de otorgarlos. Hay gente que concurre a este último lugar a comprar un kilo de azúcar y sale endeudada en 20.000 o 30.000 pesos adicionales.
Por último, cabe destacar que no existe fiscalización exhaustiva a esos lugares respecto del interés máximo convencional que aplican.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para hablar en contra del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , quiero manifestar mi preocupación respecto de este proyecto de resolución. A lo mejor, sus autores podrían allanarse a hacer un análisis completo, comuna por comuna, respecto de la posibilidad y la necesidad de que BancoEstado invierta recursos para que muchas comunas del país cuenten con una sucursal bancaria, que es un servicio muy importante para la comunidad. Un ejemplo podría ser Mejillones y Futrono; el diputado Macaya indica la comuna de Pichidegua, pero ya tenemos la resolución y allí se está construyendo una sucursal, a pesar de que nos costó mucho tiempo generar esta discusión.
Nadie se podría negar a que las comunas señaladas en el proyecto de resolución tengan la posibilidad de contar con sucursales bancarias, pero hay otras que también lo necesitan. Por eso, me gustaría saber qué posibilidad existe de que sus autores lo retiren e incorporen a todas las comunas que necesitan contar con una oficina del BancoEstado, o hagan una solicitud general, a fin de que esa entidad financiera tenga cobertura en todas las comunas del territorio nacional.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Sobre el particular, tiene la palabra la diputada señora Paulina Núñez.
La señora NÚÑEZ (doña Paulina).- Señor Presidente , no tengo ningún problema en retirar el proyecto de resolución. Además, estos proyectos requieren de gestión. En tal sentido, el diputado Gonzalo Fuenzalida y quien habla sostendremos una reunión con el presidente del consejo directivo de BancoEstado el próximo lunes 2 junio. En tal virtud, deseo extender la invitación a la diputada Sepúlveda para que revisemos en conjunto las comunas que pueden ser incluidas en la petición. Según lo informado por la entidad bancaria, la resolución depende de una cuestión netamente de presupuesto.
Por lo tanto, propongo que la Cámara adopte el acuerdo de presentar mañana un nuevo proyecto de resolución. Por lo demás, según lo conversado con el diputado Fuenzalida , estamos de acuerdo en tal sentido.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , no puedo estar más de acuerdo con el proyecto de resolución, por cuanto la comuna de Hualaihué no solo está ubicada cerca de mi distrito, sino que, además, parte de mi familia vive allí, la cual vive diariamente la falta de algo tan básico para los habitantes de esa zona como es contar con un cajero automático.
Por lo tanto, más allá de dar todo mi apoyo al proyecto, ojalá hagamos fuerza entre todos para que BancoEstado acoja esta petición y adopte medidas a la brevedad no solo en beneficio de dicha comuna, sino también del resto del país.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- ¿Habría unanimidad para retirar y modificar el proyecto de resolución?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.
El señor TORRES.- Señor Presidente , entiendo que para retirar el proyecto de resolución debería estar presente la totalidad de sus autores, lo cual no ocurre en este momento. Por lo tanto, la idea planteada por la diputada Alejandra Sepúlveda debiera estar reflejada en un proyecto distinto y este ser sometido a votación.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la razón, señor diputado .
En votación el proyecto de resolución.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE TURNOS EN EL SERVICIO MÉDICO LEGAL
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 46, de los diputados señores Jorge Sabag, Marcelo Chávez, Patricio Vallespín, Felipe Kast, José Pérez, Germán Verdugo, Guillermo Teillier, Germán Becker, Gaspar Rivas y Joaquín Tuma, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
En consideración a lo expuesto, la Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar al Ministerio de Justicia que uniforme y extienda el horario de atención en las distintas sedes del Servicio Médico Legal a lo largo de todo el territorio nacional, con el criterio de ampliar en todo lo posible el servicio a la comunidad al menos para los efectos de realizar las autopsias en los casos que disponga el fiscal competente;
2. Sugerir al Ministerio de Justicia y a las autoridades del Servicio Médico Legal que se establezca un sistema de turnos en el que, sin una presencia física permanente de los profesionales idóneos, exista la posibilidad de convocar a quienes se requiere en el caso de la ocurrencia de fallecimientos que requieran la realización de autopsias, y
3. Por último, solicitar a los ministerios de Justicia y de Hacienda que dispongan en los próximos proyectos de Ley de Presupuestos de la Nación que se consignen los fondos para garantizar la atención permanente del Servicio Médico Legal, al menos para la realización de todos los trámites relacionados con la autorización para la sepultura de las personas fallecidas en fines de semana y festivos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en los casos de muertes por razones atribuibles a terceros o por actos delictivos, o simplemente para constatar las causas del deceso, es el fiscal del Ministerio Público correspondiente quien decide practicar una autopsia. En el caso de las zonas en que el Servicio Médico Legal no atiende los fines de semana o lo hace en horarios reducidos, ello puede significar la prolongación del dolor de los deudos, además del trato denigratorio que significa no velar ni sepultar a la persona fallecida.
Esa realidad, que se vive en todas las comunas del país durante los fines de semana largos, puede significar que si una persona fallece un viernes, su cuerpo sea entregado a sus deudos el lunes o martes de la semana siguiente, con lo cual se prolonga el dolor. Hemos vivido eso en carne propia en las comunas de Quirihue y Coelemu, donde si fallece una persona un viernes, el Servicio Médico Legal de Chillán entrega el cuerpo a sus familiares, como ha quedado dicho, el lunes en la tarde o martes en la mañana de la semana siguiente. Esa situación, derivada de que los médicos de dicho servicio no trabajan los fines de semana, resulta insostenible.
Por eso, este proyecto de resolución propone crear un sistema de turnos, para que, sin necesidad de que el médico esté presente en el Servicio Médico Legal los fines de semana, pueda ser llamado rápidamente a practicar una autopsia, de manera de entregar el cuerpo a sus familiares para ser velado y darle cristiana sepultura.
Dada esa realidad, los deudos tienen que esperar 48 y más horas para tener consigo al familiar fallecido y velarlo, lo que hoy hace aumentar el dolor de esas personas. La solución a ese problema es la creación de un sistema de turnos que permita tener un registro de los médicos que estén disponibles las 24 horas del día para practicar una autopsia cuando se requiera.
Creemos que en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para 2015, el Ministerio de Justicia debe contar con más recursos para implementar dicho sistema en el Servicio Médico Legal.
Antiguamente, en las comunas había morgues, como la de Cabrero; hoy, en cambio, los habitantes de las comunas de la provincia de Ñuble deben viajar a Los Ángeles o Chillán.
Creo que el proyecto de resolución puede concurrir a dar una solución al problema descrito y atenuar el dolor de miles de chilenos que sufren cada vez que fallece un familiar.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic.
El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente , quiero apoyar esta iniciativa del diputado señor Jorge Sabag y de los otros nueve diputados que lo suscribieron, que solicita al ministro de Justicia que se establezca un sistema de turnos en el Servicio Médico Legal, sobre todo durante los fines de semana. Son muchos los casos de familias que, tras haber perdido a un ser querido en un accidente fatal un día viernes, deben esperar hasta el lunes o martes siguiente para recibir el cuerpo. A esto hay que sumar el tiempo que toma realizar los trámites administrativos pertinentes para retirar el cadáver.
Me parece necesario modernizar el Servicio Médico Legal, institución que todos respetamos. El ministro de Justicia debe disponer que se establezca un sistema de turnos especiales, para que, sin la presencia física de los profesionales idóneos, se puedan realizar trámites relacionados con personas fallecidas y la entrega de cuerpos, de manera de no prolongar, como dijo el diputado Sabag , el dolor de las familias, que bastante sufrimiento ya tienen con la pérdida de algún ser querido.
Eso es lo lógico y, por eso, apoyo este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para impugnar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, no voy a hablar precisamente en contra, porque nadie duda de la importancia de la petición. Sin embargo, tengo un reparo que formular.
En primer lugar, la administración pública contempla las horas extraordinarias en el ítem remuneraciones, y los jefes de servicio tienen facultad para organizar el tiempo en el lugar de trabajo. Me parece que lo correcto es que el Congreso Nacional pida aumento de presupuesto en la partida correspondiente, toda vez que no puede interferir en normas que otorgan facultades a los jefes de servicio, quienes pueden establecer los turnos que quieran. Naturalmente, una de las dificultades que siempre arrastra el sector fiscal es la falta de recursos disponibles.
Por eso, para respaldar este proyecto sería interesante saber, por ejemplo, si el Instituto Médico Legal gasta el tope, que equivale al 35 por ciento del total de los ingresos propios permanentes, según establece el subtítulo 21, que considera los gastos asociados al personal de la Administración Pública. Si no los gasta, entonces no se justifica aumentar los recursos en la próxima Ley de Presupuestos, habida consideración de que existen normas suficientes para que esto se resuelva.
Ese es mi reparo. Si no tenemos certeza respecto de lo anterior, me parece que no tiene mucho sentido el proyecto de resolución.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
VIII. INCIDENTES
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD ENTRE COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL (Oficio)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Iván Flores.
El señor FLORES.- Señor Presidente , pido que se oficie a la directora Nacional de Obras Portuarias sobre la necesidad de resolver definitivamente los problemas de conectividad entre las ciudades de Valdivia y Corral, sobre todo porque luego de los sucesivos errores o descuidos en la mantención de la barcaza que cruza la bahía, así como el relajamiento en los términos del aplazamiento de un nuevo contrato con la empresa operadora, se dictó un oficio que restringe la navegación a solo buenas condiciones climáticas, lo que dista mucho de la realidad concreta que vivimos quienes habitamos esas comunas. Restringir la navegación de la barcaza solo a las buenas condiciones climáticas significa dejar por varios días sin conectividad a dos comunas completas.
De paso, le manifiesto a la directora Nacional de Obras Portuarias mi molestia por su incapacidad de entender la importancia de mantener más expeditas las relaciones con los parlamentarios. Con ello quiero decir que es necesario que conteste nuestras llamadas.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE RESPUESTA A OFICIOS DE FISCALIZACIÓN
El señor FLORES.- Señor Presidente , quiero hacer presente mi preocupación ante la falta de respuesta a una serie de oficios de fiscalización, sobre todo de parte del Ministerio de Obras Públicas y de algunas secretarías regionales ministeriales y direcciones nacionales.
Entiendo que hay un plazo de treinta días para que los ministerios contesten. En mi caso, aún no recibo respuesta alguna a mis oficios.
He dicho.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión de Reglamento.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra su señoría.
El señor JARAMILLO .- Señor Presidente , pido que la Mesa se pronuncie sobre el problema planteado por el diputado Iván Flores sobre los plazos para responder los oficios de fiscalización.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Señor diputado , efectivamente, existe un plazo de treinta días para responder. Si no hay respuesta, se puede insistir.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL FINANCIAMIENTO DE CORFO A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS (Oficio)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , en momentos en que discutimos sobre el lucro en la educación y la adecuada utilización y focalización de los recursos públicos, me enteré de que, durante el período anterior, una institución respetable como la Corfo, destinada a apoyar el emprendimiento, a focalizar capitales semilla o crear capacidades instaladas donde no las hay, desde el punto de vista económico, habría generado una importante fuente de financiamiento para supuestos emprendedores de la educación, lo que habría permitido el financiamiento de importantes proyectos de inversión para abrir nuevos colegios particulares subvencionados. De acuerdo con la información de que dispongo, los montos involucrados serían bastante abultados.
No se observan motivos por los cuales el Estado favorezca a ciertas personas, para que desarrollen un emprendimiento bastante discutible, sobre todo en un área donde las prioridades debieran ser otras a la hora de destinar recursos tan importantes.
Por lo expuesto, solicito oficiar al vicepresidente ejecutivo de la Corfo con el fin de que me informe si existió financiamiento de capitales de trabajo, por la vía de créditos y condiciones más favorables, para la construcción de establecimientos educacionales. De ser así, pido que me informe sobre la fórmula que se utilizó, cómo se postuló, a quiénes se favoreció con esos recursos, además de toda la información que tenga a la vista dicha corporación, mediante la cual se adjudicaron los recursos antes descritos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión los diputados y diputadas que están levantando la mano.
INCORPORACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE REGIÓN DE O’HIGGINS Y DE COMITÉS DE VIVIENDA DE LOLOL Y PICHILEMU EN REGISTROS DE RECONSTRUCCIÓN (Oficio)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Sergio Espejo.
El señor ESPEJO.- Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a mi colega Jorge Sabag por el tiempo extra que me ha concedido.
Han pasado cuatro años desde el terremoto de 2010 y, pese a todo lo que se nos ha dicho, la reconstrucción en la Región de O’Higgins no es cierta. Monumentos y patrimonio muy propios de nuestra región están literalmente en ruinas. Este año se cumplen doscientos años del desastre de Rancagua, y la iglesia en la que se refugió el libertador general Bernardo O’Higgins -a quien le debe el nombre nuestra región- está a punto de caerse. Lo mismo ocurre con las iglesias de Lolol y de Isla de Yáquil.
Pero hay algo más grave. Cuando se recorren las comunas de nuestra región, es posible encontrar una cantidad impresionante de vecinos que tienen subsidios vencidos, que nunca se pudieron hacer efectivos; tienen certificados de inhabitabilidad que no dieron origen a reconstrucción o, simplemente, tienen viviendas a medio construir, porque el proceso respecto de ellos no terminó.
Me interesa destacar, particularmente, lo que ocurre en la comuna de Lolol con el comité de vivienda Villa Los Alerces, constituida por casi trescientas familias que todavía esperan su vivienda. Lo mismo ocurre en Pichilemu con el comité de vivienda Las Proteas, donde hay doscientas familias que aún esperan sin éxito sus viviendas.
Por lo expuesto, pido que se oficie a la delegada presidencial de reconstrucción, Paula Forttes , con el objeto de solicitarle que incorpore en sus registros la situación de las familias de esos comités y de esos monumentos históricos, con el fin de que se adopten, a la brevedad, las medidas de reconstrucción necesarias.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican.
MEDIDAS POR AUSENCIA DE MÉDICOS DE URGENCIA EN HOSPITAL SANTA CRUZ, PROVINCIA DE COLCHAGUA (Oficio)
El señor ESPEJO.- Señor Presidente , en segundo lugar, por si alguien tiene alguna duda de que este país es centralista y que las soluciones se adoptan solamente respecto de los principales puntos del país, quiero comentar que, el sábado pasado, el hospital de Santa Cruz vivió la experiencia inaudita de encontrase sin médicos de urgencia. Los médicos que estaban de turno abandonaron el lugar y los de urgencia no llegaron.
Por ello, pido que se oficie a la ministra de Salud , no solo para que adopte las medidas correctivas y disciplinarias necesarias, sino también para que, a la brevedad, proceda a llevar a cabo el concurso para nuevo director en dicho hospital.
Todos los chilenos -no solo los de Santiago, ni de Rancagua, sino de todas las comunas de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, así como de las del resto del país, que son tan chilenos como los de nuestras capitales- tienen derecho a respirar y a alimentarse de los beneficios de nuestra patria.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que están levantando la mano.
CORRECCIÓN DE PROBLEMAS POR OBRAS EN RUTA 160,COMUNA DE CORONEL (Oficios)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez.
El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente , en esta oportunidad me referiré a los trabajos que desarrolla la empresa española Acciona S.A. en la Ruta 160, que va desde el baipás de Coronel hacia la provincia de Arauco.
Lamentablemente, esa obra, que debería constituir una alegría para muchos de los habitantes de la comuna de Coronel y de la provincia de Arauco, hoy se ha transformado en un auténtico dolor de cabeza.
Existen múltiples problemas en la ruta. Por mencionar solamente algunos: primero, existe una pésima o casi inexistente iluminación en la ruta al llegar a la comuna de Coronel; segundo, la ruta tiene una mala señalización, lo que se suma a las constantes modificaciones de la misma en el sector del baipás de la comuna de Coronel; tercero, hay evidentes desniveles en la misma ruta. Adicionalmente, existe una escasa relación con las diversas comunidades de Coronel a las que están afectando dichos trabajos.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe acerca de las medidas adoptadas a fin de evitar esas situaciones de grave peligro para la vida de las personas y que realice las gestiones correspondientes ante la empresa Acciona S.A., de capitales españoles, con el objeto de que corrija esa grave situación que tiene intranquilos a muchos vecinos y vecinas de la comuna de Coronel.
Además, solicito que se envíe copia de esta intervención al alcalde de la comuna de Coronel , a su concejo municipal y al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos , don Pedro Rivas .
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que están levantando la mano.
HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL 95° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo que le resta a la Democracia Cristiana, más los cinco minutos adicionales a que tiene derecho, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente , el 14 de mayo nuestra Universidad de Concepción cumplió 95 años al servicio de la educación superior de nuestro país. Durante su existencia ha formado, con calidad, mujeres y hombres libres que aportan al desarrollo humano, social, productivo y económico del país, premunidos de una sólida formación, basada en los principios y valores que fueron instalados como vigorosos pilares fundacionales de esta gran institución, los que han sido mantenidos y fortalecidos con el importante aporte de generaciones de estudiantes, académicos, administrativos, autoridades y trabajadores universitarios a lo largo de estos 95 años.
En estos años, la universidad ha contribuido, de manera relevante, a la creación de nuevo conocimiento y ha cultivado y ha trasmitido cultura a la ciudadanía en múltiples y variadas manifestaciones del arte, como la música, la pintura, la literatura y muchas otras, y, al mismo tiempo, ha estimulado el desarrollo del pensamiento analítico y crítico, lo que ha posibilitado, de manera efectiva, el perfeccionamiento intelectual y cultural de las personas y ha aportado al país, de manera destacada, en la construcción de su identidad, en su crecimiento y en su desarrollo.
Nuestra Universidad de Concepción nació por la iniciativa de la ciudadanía y la participación invaluable de un grupo de personas e instituciones organizadas en un Comité Pro Universidad y Hospital Clínico, presidido por el ilustre abogado y filósofo Enrique Molina Garmendia , quien logró, tras un arduo, valiente y comprometido trabajo, que se dictara el decreto del Ministerio de Justicia que dio vida legal y aprobó los estatutos de la Universidad de Concepción, constituida como una corporación de derecho privado.
Enrique Molina Garmendia fue rector de la universidad por 56 años.
Esta institución es una prestigiosa organización. Posee una junta de socios, constituida, según sus estatutos, por académicos y por personas externas, y un directorio elegido en votación secreta y democrática, como corresponde, por la junta de socios.
Anualmente, la universidad rinde cuenta a la junta de socios, tanto de su ejecución presupuestaria como de la actividad universitaria que realiza. Por tanto, la Universidad de Concepción se debe a la comunidad y le rinde cuenta a ella, representada por la junta de socios.
La universidad tiene una matrícula que supera los 24.000 estudiantes en sus campus de Concepción, Chillán y Los Ángeles, todos ubicados en la Región del Biobío, distribuidos en 91 carreras de pregrado, 28 programas de doctorado, 58 de magíster y 32 de especialidades en el área de la salud.
De esos 24.000 alumnos, el 78 por ciento recibe un aporte especial, ya sea a través de becas o del Fondo Solidario de Crédito Universitario, en función del presupuesto anual de nuestra universidad.
Durante el 2013, la Universidad de Concepción tuvo una destacada participación en todos los concursos a fondos públicos, en especial los relativos a proyectos de investigación, desarrollo e innovación tendientes a mejorar los niveles de desarrollo productivo, social y económico de nuestro país y sus ciudadanos.
Asimismo, durante el presente año, creó un Programa de Formación Propedéutica, que busca contribuir de manera efectiva a la equidad y calidad de la educación media y superior. Este programa fue recientemente incorporado a la Red de Universidades con Propedéuticos, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), nacida en 2007 bajo el lema “Nueva Esperanza, Mejor Futuro”.
De igual modo, creó el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, cuyo foco investigativo es justamente crear conocimiento y tecnología en un aspecto de alta valoración. Se trata de dos ámbitos estratégicos de gran relevancia para el desarrollo del país.
Debido a la relevancia y trascendencia de su quehacer, nuestra Universidad de Concepción ha logrado ser reconocida nacional e internacionalmente. Como muestra de ello, solo basta revisar los diferentes ranking de educación superior nacionales, latinoamericanos y mundiales elaborados por universidades y prestigiosas empresas consultoras, que, bajo criterios de docencia y de investigación, ubican a esta prestigiosa universidad en lugares de privilegio.
Pero al margen de ello, por dos años consecutivos, desde que se creó el ranking nacional de acceso a la información, estudio elaborado por la empresa Adimark, la Asociación Nacional de la Prensa y la Fundación de la Prensa, la Universidad de Concepción ha ocupado el primer lugar nacional y ha sido calificada como la institución más transparente.
Asimismo, en más de dos ocasiones ha sido ubicada en el primer lugar de las mejores instituciones para madres y padres que trabajan.
Además, da empleo a casi 4.000 personas, a nivel de académicos, de personal administrativo y de personal de servicios.
Hace algunos días, en forma ejemplar, democrática, como corresponde, se efectuó la elección de rector de la Universidad de Concepción. Nuevamente, la comunidad universitaria le dio el respaldo, por un período más, al gran rector Sergio Lavanchy Merino , un reconocimiento a su gestión, que data desde el 14 de mayo de 1998.
Quiero hacer también un reconocimiento especial a los decanos, a los académicos, a toda la gente que hace posible nuestra universidad y, en forma especial, al directorio ad honorem, como corresponde, que lo da todo para que la universidad sea cada día más grande.
La Universidad de Concepción es, entonces, una institución de excelencia con una indiscutible responsabilidad pública.
¡Gracias a la Universidad de Concepción! ¡Gracias a sus creadores! ¡Gracias a sus fundadores! A lo largo de estos años, ha pasado por ella muchísima gente de los sectores más vulnerables, en especial de nuestra región, y ella hizo posible que hoy seamos profesionales. Incluso, a algunos de nosotros nos permitió ocupar un cargo de representación popular en este Poder del Estado , a través del voto, que es la esencia de la democracia.
Por último, solicito que se haga llegar copia de mi intervención al señor rector, al directorio, a los decanos, a la Federación de Estudiantes, a los sindicatos y asociaciones de la Universidad de Concepción, que siempre han tenido una relación especial de comprensión y de entendimiento con ella.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Señor diputado , en nombre de la Corporación le doy las gracias por el muy merecido homenaje que ha rendido a la gran Universidad de Concepción, por el gran aporte que ha hecho a la ciencia, la tecnología, las artes, las letras y, en especial, a la Región del Biobío y al país.
Se procederá en los términos señalados por su señoría, con la adhesión de todos los diputados presentes en la Sala y de quien preside.
INFORMACIÓN SOBRE ANALFABETISMO EN CHILE (Oficio)
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER .- Señor Presidente , sin duda alguna, el proyecto de reforma educacional es uno de los pilares fundamentales para los grandes cambios que se han planteado el país y la Nueva Mayoría, encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet .
Sin embargo, en nuestros distritos a veces la gente nos pregunta: ¿Qué pasa con aquellos alumnos cuyos padres son analfabetos? ¿Cuánto apoyo tiene ese niño para desarrollar su educación? No cabe duda de que la familia y el hogar son esenciales en dicho desarrollo.
Por ello, solicito que se oficie al ministro de Educación para que me informe sobre las estadísticas que tenemos respecto de los analfabetos en Chile.
No recurro al Instituto Nacional de Estadísticas para solicitar ese antecedente, porque todos los aquí presentes y el resto de los chilenos sabemos que esa institución se encuentra cuestionada y existen muchas dudas respecto de los datos estadísticos que ella entrega, sobre todo después del fiasco del último censo realizado en el país.
De manera que me interesa que el Ministerio de Educación me haga llegar la información que requerí, porque se trata de una materia de su competencia.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN E INCENTIVO A PROFESORES CONTENIDAS EN REFORMA EDUCACIONAL (Oficio)
El señor LETELIER .- Señor Presidente , en segundo lugar, en la misma línea de la reforma educacional, que es importantísima, deseo referirme a otra situación.
David Wineland obtuvo el Premio Nobel de Física en 2012. No obstante ello, siempre me ha llamado la atención el hecho de que solo lo he escuchado hablar de educación y, especialmente, de los profesores.
David Wineland dice que al profesorado hay que prepararlo, motivarlo, capacitarlo y no quedarse en los viejos discursos sobre los estatutos, ni seguir con lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Queda la sensación de que esta reforma educacional apunta, en términos generales, a garantizar una educación de calidad y gratuita; pero el mencionado Premio Nobel de Física afirma que los grandes actores en el ámbito de la educación son los profesores.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Educación , con el objeto de que me informe sobre cuáles son las políticas concretas de capacitación e incentivos para el profesorado contempladas en la reforma educacional. Todos sabemos que, a partir de la década del 80 y hasta hace poco, algunas universidades comenzaron a preparar profesores con una hora o dos horas de clase a la semana, impartidas en día sábado, de manera que, sin querer ofender a nadie, no es difícil imaginar la calidad de la formación que recibieron.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
RECHAZO A ACTITUD DE INTENDENTE DE VALPARAÍSO POR SUSPENSIÓN DE JURAMENTO DE CONSEJERO REGIONAL DEL PARTIDO RADICAL SOCIAL DEMÓCRATA (Oficios)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El Comité del Partido por la Democracia ha cedido el resto de su tiempo al diputado Alberto Robles.
Tiene la palabra su señoría.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , con motivo del fallecimiento del destacado consejero regional de Valparaíso señor Carlos Alarcón Vega , el secretario ejecutivo de ese organismo, señor Enrique Astudillo , solicitó al Tribunal Electoral de la Región de Valparaíso que aclarara a quién le correspondía asumir en su reemplazo. El Tribunal Electoral respondió. Al no estar conforme con la respuesta, el señor Astudillo consultó al asesor jurídico del consejo regional de Valparaíso, quien determinó que la persona que debía ocupar el cargo del consejero fallecido era su compañero de lista en la pasada elección, el señor Felicindo Tapia Tassara , militante del Partido Radical Social Demócrata.
El intendente de la Región de Valparaíso , señor Ricardo Bravo , citó al gobierno regional para el juramento del señor Felicindo Tapia para el 15 de mayo, fecha en que El Mercurio de Valparaíso tituló: “Tapia asumirá hoy funciones en pleno del Consejo Regional”. Sin embargo, al día siguiente, el titular del mismo diario fue el siguiente: “Duro bochorno sufre Felicindo Tapia en sesión en la que iba a jurar como consejero”.
A mi juicio, el intendente señor Ricardo Bravo no cuenta con las capacidades políticas ni con la mínima rigurosidad que amerita el ejercicio de ese cargo. Lo ocurrido en esa sesión del consejo regional violenta al Partido Radical Social Demócrata de la Región de Valparaíso.
Cuando el intendente coloca en Tabla el juramento de un nuevo consejero regional, debe estar absolutamente seguro y consciente de que la persona que va a prestar juramento es a la que le corresponde ocupar el cargo; por el contrario, si no tenía tal convicción, no debió haberlo puesto en Tabla, lo que habría evitado el problema político que se ha generado. Fue el propio asesor legal de la intendencia que él encabeza el que aseguró que le correspondía asumir al señor Felicindo Tapia , exconcejal de Viña del Mar y gran militante radical.
De allí que me parece inaceptable que el señor intendente suspendiera el juramento del señor Tapia , tal como estaba contemplado, lo que provocó que mi correligionario fuera objeto de una situación bochornosa.
En política debemos ser extraordinariamente rigurosos en ese tipo de materias. Pero como el intendente de Valparaíso no lo ha sido, pido que se oficie a la Presidenta de la República y ministro del Interior y Seguridad Pública , a fin de que se instruya al intendente para que proceda a tomar el juramento de rigor y a pedir públicas excusas, tanto al Partido Radical Social Demócrata como a nuestro correligionario Felicindo Tapia , por el bochorno al que fue sometido sin necesidad alguna.
Asimismo, solicito al ministro Rodrigo Peñailillo que evalúe si el intendente de Valparaíso está afecto a lo establecido en los artículos 222 y 228 del Código Penal, ya que, como
funcionario público, debe desarrollar las acciones que le competen de acuerdo con lo que instruye la ley.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE DAMNIFICADO E INCLUSIÓN DE ALLEGADOS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO EN BENEFICIOS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR TERREMOTO (Oficios)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el turno del Comité del Partido Comunista, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , los terremotos del 1 y 2 de abril del presente año pusieron al descubierto un drama social en mi región. Una catástrofe natural reveló la catástrofe habitacional que existe en la Región de Tarapacá, puesto que en Iquique, comuna que integra el distrito que represento, hay 15.000 personas que no tienen vivienda y que, por lo tanto, son arrendatarias o allegadas, que en muchos casos están obligadas a vivir en pequeñas propiedades junto con otras familias.
En Iquique ha transcurrido más de una década sin que se haya construido una vivienda social, situación que explica por qué en la actualidad hay tantos iquiqueños que no cuentan con una casa propia para vivir.
Si bien se ha dado solución habitacional a los propietarios de Iquique y Alto Hospicio que sufrieron la destrucción de sus casas y departamentos, los que con posterioridad al desastre natural fueron considerados inhabitables, los allegados que en algún momento vivieron con esos propietarios hoy viven en cientos de carpas en esas comunas, porque no son considerados damnificados. Son cientos, si no miles, las personas que aún se encuentran a la intemperie, con el sufrimiento permanente que ello implica para los adultos mayores y los niños, que no reciben solución a su situación, debido a que, por su condición de allegados o arrendatarios, no son considerados como propietarios.
Se requiere dar una solución al drama social que están sufriendo esas personas. Algunos pueden hacerse los desentendidos y señalar que eso se debe a que no son propietarias; pero entonces se presenta un problema político que no ha sido resuelto. De manera que esta es una buena oportunidad para considerarlas como damnificadas.
Por lo expuesto, pido a mi Gobierno que, con generosidad y comprensión, amplíe el concepto de damnificado, con el objeto de que sean considerados en esa condición los allegados que hoy esperan en carpas una solución de parte del Gobierno.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública y a la ministra de Vivienda y Urbanismo, para que dispongan que los beneficios que hoy se conceden a los
propietarios se hagan extensivos a los allegados, los que también deberían ser considerados como damnificados por los terremotos de 1 y 2 de abril pasado.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO “CARRETERADE LA COSTA” EN EL TRAMO DE VALDIVIA Y SOLICITUD DE ASFALTADODE RUTA T-340 (Oficio)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger.
El señor BERGER.- Señor Presidente , por encargo de 6.000 vecinos que habitan el litoral de Valdivia, pertenecientes a las localidades de Curiñanco, Punucapa, Chabelita, El Potrero, Los Pellines , Bonifacio , Las Minas y Pilolcura, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , a fin de que informe detalladamente en qué estado se encuentra el proyecto Carretera de la Costa en lo concerniente al tramo de Valdivia. Hasta ahora existe total hermetismo en la materia y el silencio inquieta a los habitantes del sector, quienes tienen cifradas en el proyecto sus esperanzas de romper el aislamiento que deben sufrir por la falta de inversión vial.
En segundo lugar, la comunidad de esas mismas localidades ha empezado a movilizarse para pedir a la autoridad correspondiente el asfaltado de la ruta T-340 -actualmente de ripio y barro- en el trazado que une Toro Bayo con Curiñanco y en las localidades mencionadas.
La propuesta es totalmente atendible y razonable. Si se mejora la ruta interior y se unen las localidades, no solo se solucionará el aislamiento, sino que también se abrirá una gran posibilidad de desarrollo turístico al unirse el circuito de parques, costa y humedales.
En la Dirección Regional de Vialidad le habrían asegurado de palabra a la comunidad que habría cerca de 370 millones de pesos para que este año se realicen los estudios de factibilidad para dicha obra. Necesitamos que ese compromiso y el que asumió la autoridad sectorial, en el sentido de que la inversión se efectuará, queden consignados por escrito.
Pido que copia de ese documento sea enviada por oficio a este diputado y a los vecinos organizados en el Comité de Agua Potable Rural de Curiñanco. Mucho se ha abusado de las promesas sobre esta tan anhelada aspiración de la costa valdiviana, sin que hasta ahora haya nada concreto.
Los vecinos no piden nada descabellado. En verdad, tienen todo el derecho a exigir el asfaltado de esas vías, porque fueron ellos mismos, sus padres y sus abuelos, quienes en el pasado, con sus propias manos, con palas y picotas, abrieron las huellas y los caminos que ahora utiliza toda la comunidad. Esos caminos son la vía más lógica para conectar a los referidos sectores, y se requiere que sean asfaltados.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
AUMENTO DE BONIFICACIÓN A AGRICULTORES PARA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUE NATIVO (Oficio)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb.
El señor RATHGEB .- Señor Presidente , en las distintas esferas sociales y en la prensa se habla del calentamiento global y de la sequía que se vive en muchas regiones y que afecta a la agricultura y el consumo de agua para los animales y para el ser humano. También se habla mucho de la deforestación y de la necesidad de cuidar el bosque nativo y de efectuar plantaciones.
Hoy, los agricultores tienen la obligación de mantener los bosques nativos que han existido por muchos años en los predios que les pertenecen, porque los han heredado o comprado. En efecto, la ley de recuperación del bosque nativo les impide explotarlos o cosecharlos, por una razón lógica de conservación.
Muchos agricultores se ven en la situación muy complicada de que no pueden subsistir en sus propios terrenos, aunque sean dueños de los bosques. De hecho, a través de la prensa se ha informado del caso de personas que han sido multadas por haber explotado esos bosques -lo hicieron por necesidad-, y que por no haber contado con el dinero para pagar la multa, debieron pagar con cárcel.
La situación se seguirá agravando y será cada día más crítica para los agricultores de mi distrito, conformado por las comunas de Angol, Purén , Los Sauces, que pertenecen a la cordillera de Nahuelbuta, y de Traiguén, Lumaco, Ercilla y Collipulli, que están más cerca de la cordillera de los Andes, y también para los agricultores de otras comunas.
Como parlamentarios siempre debemos estar dispuestos a buscar soluciones que, sin afectar el medio ambiente, contribuyan a disminuir los problemas de sequía y otros derivados del calentamiento global que afectan a nuestro país.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Agricultura , a fin de que considere la posibilidad de incrementar de manera importante la bonificación a la plantación y a la protección del bosque nativo para los agricultores en cuyos predios existen dichos bosques. Sé que existe un proyecto de ley sobre la materia. Si es necesario, pido que se le dé la urgencia del caso, de modo que esta situación, que se padece no solo en la Región de La Araucanía y en mi provincia de Malleco, sino también en muchos sectores rurales del resto del país, no se ahonde. Debemos encontrar una solución para nuestros agricultores, de modo que sigan protegiendo nuestro bosque nativo, para que las nuevas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, también lo puedan apreciar.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
RECHAZO A DETENCIÓN DE ESTUDIANTE ACUSADO COMO AUTOR DE GOLPIZA A CARABINERO EN MARCHA DEL 1 DE MAYO
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo adicional de cinco minutos, solicitado por el Comité Independiente, tiene la palabra el diputado Gabriel Boric.
El señor BORIC.-
Señor Presidente, quiero ocupar estos minutos para expresar una preocupación.
Ayer detuvieron a un compañero que milita en una organización política de Izquierda, acusado de ser el autor de una golpiza a un carabinero en la marcha del 1 de Mayo, a la cual ni siquiera asistió.
El estudiante pasó la noche en cana, su casa fue allanada y su computador y prendas de vestir fueron incautados frente a su familia. Hoy en la mañana fue liberado porque la principal prueba que presentó la fiscalía, una fotografía, fue desestimada totalmente por el juez, quien en el control de detención dijo que era evidente que la persona que aparecía en la imagen no tenía nada que ver con la persona detenida.
Esto no puede pasar como si nada. Si alguien cree que puede amedrentar al movimiento social y al movimiento estudiantil con detenciones arbitrarias como la que describo, está muy equivocado.
No tengo ningún antecedente para acusar a nadie en particular, pero quiero dejar de manifiesto esta preocupación en la Cámara de Diputados. Si ese tipo de actitudes no se detienen desde el comienzo, después se entenderán como condición de normalidad, y no estamos dispuestos a permitirlo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, ¿quiere que su denuncia sea enviada a alguien en particular?
El señor BORIC.-
No, señor Presidente .
Solo quería hacer presente en la Cámara de Diputados lo ocurrido y que quede registrado. No pido que se oficie a alguien en particular, porque no tengo ningún antecedente en este momento. Me parecía importante dejar establecida esta preocupación, más que denuncia, porque, desde mi punto de vista, lo que pasó es muy grave y no es casualidad.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Muy bien, señor diputado .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.29 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
IX. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.46 horas.
El señor OJEDA (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
REITERACIÓN DE OFICIO A SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS SOBRE DETALLE DE OPERACIONES CON ACCIONES DE LAS SOCIEDADES CASCADAS (Oficio)
El señor OJEDA (Presidente accidental).- En primer lugar, tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , con fecha 2 de abril del presente año, mediante el oficio N° 237, solicité al superintendente de Valores y Seguros que nos enviara una serie de informaciones tendientes a aclarar varios puntos relativos a la participación del ex-Presidente Piñera en acciones relacionadas con la denominada operación Cascadas. Pedí enviar ese oficio, por cuanto uno que había sido enviado en el mes de noviembre fue respondido con evasivas.
Como sabemos, todas las instituciones del Estado tienen treinta días para responder; pero, pese a que ya han transcurrido más de treinta días, la Superintendencia de Valores y Seguros no ha respondido ese oficio, despachado el 2 de abril del año en curso.
Por ello, solicito que se reitere el oficio N° 237, al superintendente de Valores y Seguros, bajo el apercibimiento legal correspondiente, porque evidentemente dejó de cumplir con sus obligaciones. Si no cumple con los plazos, pondré los antecedentes a disposición de la Contraloría General de la República para que aplique las sanciones que en derecho correspondan.
Dejaré en la secretaría de la comisión copia del oficio que se despachó en su oportunidad, con las preguntas que formulé en esa ocasión.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio de reiteración solicitado por su señoría.
RECONOCIMIENTO A DOCTOR JEAN MICHEL BUTTE BARRIOS POR EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO WARREN FELLOWSHIP (Oficio)
El señor LEÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , el doctor Jean Michel Butte Barrios obtuvo el premio Warren Fellowship , que entrega anualmente la International Hepato-Pancreato-Biliary Association, que es la Sociedad Mundial de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar, con sede en París, Francia.
El premio fue entregado como galardón y reconocimiento al valor que implica contribuir a un estudio asociado al cáncer de vesícula biliar. El estudio se realizó, junto con otros especialistas, en el Memorial Sloan Ketterin Cancer Center, de Estados Unidos de América , y se centró en el cáncer de vesícula biliar, en que se evaluaron factores moleculares con el propósito de determinar la existencia de diferencias entre los pacientes estadounidenses, japoneses y chilenos que padecen de la misma patología. Es una investigación de importancia, si se considera que en Chile mueren, aproximadamente, 2.000 mujeres al año a consecuencia de este tipo de cáncer.
Jean Michel Butte , refiriéndose a este proceso investigativo, señaló al Diario Austral de Osorno : “En una investigación previa, observamos que las características clínicas, patológicas y terapéuticas eran significativamente diferentes en pacientes tratados en Japón, Estados Unidos y Chile. Esto solo puede significar situaciones asociadas a selección de pacientes o también problemas locales de acceso al tratamiento, pero había que confirmarlo, evaluar y comparar estos tumores desde el punto de vista patológico”.
De esta manera, y luego de la evaluación de doce marcadores moleculares y compararlos en grupos, Butte y sus colaboradores confirmaron sus apreciaciones previas sobre las diferencias que existían entre los tumores, dependiendo del origen de los afectados.
Reitero, el estudio principal se centró en el cáncer vesicular, donde se evaluaron factores moleculares, con el propósito de determinar la existencia de diferencias entre los pacientes estadounidenses, japoneses y chilenos que padecen la misma patología.
El premio le fue anunciado en febrero de 2012. Es una recompensa a la inteligencia, a la capacidad y al espíritu de creación e investigación científica y médica de importancia mundial.
Cabe hacer notar que cuando le fue conferido ese reconocimiento, ninguna autoridad de gobierno se acercó para reconocer su mérito o felicitarlo, sobre todo por ser chileno y estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad Austral de Chile. El mérito también es para el país.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Salud , con el objeto de poner en conocimiento el otorgamiento de este galardón al doctor Jean Michel Butte Barrios y, además, para que esa cartera de Salud o la Presidencia de la República le entregue, en nombre del Gobierno o del país, el reconocimiento que ese profesional merece.
He dicho.
El señor LEÓN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.53 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9333-04)
“Honorable Cámara:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley que crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de Administración Provisional de sostenedores educacionales (boletín N° 9333-04).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria de la Presidencia .
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9326-07)
“Honorable Cámara:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley sustituye el sistema electoral Binominal por un Sistema Proporcional Inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional (boletín N° 9326-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria de la Presidencia .
3. Informe del Presidente de la Corpiración, acerca del ejercicio de la facultad conferida en el artículo 15 del reglamento respecto del Reglamento dela Cámara de Diputados.
“Honorable Cámara:
En uso de la atribución que me confiere el artículo
15 del Reglamento, he procedido a efectuar una revisión completa del texto del Reglamento de la Cámara de Diputados con las modificaciones aprobadas por esta Corporación en las sesiones de 6 de junio de 2013 y 6 de marzo de 2014, sobre la base del informe preparado por una subcomisión creada por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.
Antecedentes
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, mediante acuerdo adoptado el 7 de julio de 2010, conformó, en su seno, una subcomisión encargada de estudiar el proyecto de acuerdo, iniciado en mociones refundidas, que modificaba el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de establecer adecuaciones a lo dispuesto en las leyes Nos 20.050 -de reforma constitucional- y 20 .447 -de reforma a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional-, y relacionadas con el funcionamiento de (boletines N° 52687-16, 3851-16 y otros) . En incorporaron todas las mociones que a otras materias la Corporación este trabajo se esa fecha se encontraban pendientes de tramitación, que tenían por objeto reformar el Reglamento.
Aquella subcomisión celebró 15 sesiones entre el 1 de septiembre de 2010 y el 6 de junio de 2012. Como resultado de su trabajo, en su informe propuso a la Sala una serie de enmiendas al Reglamento que acogían gran parte de las mociones refundidas, el que fue aprobado en general por la Cámara el 6 de junio de 2013.
El estudio en particular de esta iniciativa en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento se llevó a cabo en 11 sesiones, celebradas entre el 28 de agosto de 2013 y el 22 de enero de 2014. El proyecto de reforma del Reglamento fue finalmente aprobado por la Cámara el 5 de marzo pasado, y un extracto de la resolución aprobatoria fue publicado en el Diario Oficial del 10 de marzo.
Revisión del Reglamento
Como producto de las numerosas reformas, que incluían la derogación de algunos artículos, la incorporación de otros nuevos y el cambio de ubicación de varios preceptos, la Secretaría Legislativa de la Corporación ha detectado incoherencias, remisiones inexactas y otros errores nacidos de las enmiendas, a la vez que insuficiencias en la redacción y en otras materias de técnica legislativa.
En relación con ese tipo de fallas, el artículo 15 del Reglamento confiere al Presidente de la Cámara la “facultad para corregir en los textos aprobados los errores de referencia, ortografía, puntuación y redacción, lo mismo que su ordenación según las materias reguladas, salvo acuerdo en contrario de la Cámara”.
Habida consideración de la extensión que supone ejercer esta atribución respecto de un texto tan extenso y complejo como es el Reglamento, propuse en la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento delegar esta función en una subcomisión.
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento acogió esta propuesta en su sesión celebrada el pasado martes 6 de mayo de 2014, y acordó conformar una subcomisión de revisión del Reglamento integrada por tres diputados, en la que estuvieran representados los tres bloques políticos existentes en la Cámara -Nueva Mayoría, Alianza e Independientes- para que, en representación del Presidente de la Corporación , hicieran uso de la facultad que le confiere el artículo 15 del Reglamento en relación con el texto de dicho Reglamento que ha resultado de la aprobación, en sesiones de fecha 6 de junio de 2013 y 5 de marzo de 2014, del proyecto que modifica el Reglamento.
En virtud del mencionado acuerdo, la subcomisión quedó integrada por los jefes de comités diputados señores Víctor Torres, Felipe Ward y Giorgio Jackson (reemplazado por el diputado señor Pedro Pablo Browne) . Esta subcomisión recibió una explicación detallada de cada una de las inexactitudes, errores y discordancias detectadas en el texto del Reglamento, procediendo a analizar cada una de ellas y a prestarle su aprobación a los remedios sugeridos por la Secretaría.
En cuanto al contenido de las correcciones, éstas se pueden resumir en las siguientes:
l. Se ha utilizado uniformemente el orden decreciente para las citas de otras normas, sean constitucionales, legales o reglamentarios (artículo - inciso - número o letra).
2. Se ha efectuado una clara distinción entre la referencia a los jefes de los comités y al órgano “Comités Parlamentarios” cuando éste actúa como tal (arts. 23, 34 inc. 4°; 60, 61, 62, 63).
3. Se han unificado las diversas referencias al sitio web de la Corporación, de modo que en todos ellos se menciona “sitio en internet de la Cámara” (ejemplos: arts. 9º, 11, 67, 143).
4. Las listas contenidas en algunos artículos, unas en letras y otras en números, se han uniformado todas en números y se han corregido las remisiones a ellas (ejemplos: art. 13, 40, 146' 225)
5. Se han introducido precisiones en los casos en que hacía falta complementar una disposición (referencia a los diputados en ejercicio donde sólo se mencionaba a los diputados, art. 74; mención de los proyectos de resolución donde antes sólo se hacía a los proyectos de acuerdo, art. 113; adición de las comisiones bicamerales y supresion de las especiales, art. 212, párrafo 6° del título II del Libro Segundo.)
6. Se le ha dado más ordenación a algunos preceptos, mediante la división de un inciso en dos (art. 82, 271, 281 sexies) y la simplificación lingüística cuando ésta era farragosa o contenía textos carentes de sentido (arts. 14, 17, inc. 4º; 96, 97, 136).
7. Se subsana el uso abusivo de las mayúsculas en todos aquellos sustantivos comunes, tales como diputado , senador, comisión, informante, informe, etc.
Finalmente, para facilitar la tarea de los diputados y diputadas, funcionarios y asesores parlamentarios, que constituyen los operadores jurídicos intervinientes en el proceso legislativo y que han de aplicar los preceptos reglamentarios, solicito la venia de la Sala para proceder a la dictación de un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Dios guarde a US.,
(Fdo.): ALDO CORNEJO GONZÁLEZ, Presidente de la Cámara de Diputados”.
4. Informe final consolidado N° 219, de 2012, emitido por el señor Contralor General de la República , sobre auditoría efectuada en la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, intendencias,gobernaciones, municipios y otros integrantes del SistemaNacional de Protección Civil
?Santiago,07 de mayo de 2014
Cumplo con enviar a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes , copia del informe final resumen ejecutivo Nº 219-1, de 2012 , con el resultado de la auditoría practicada en los servicios señalados en el epígrafe , sobre la labor preventiva que estos desempeñan en materia de emergencias a nivel nacional.
Saluda atentamente a Ud.,
(Fdo.): RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA, Contralor General de la República .
AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA ADMINISTRACIÓN INTERIOR Y JUSTICIA
INFORME FINAL
Oficina Nacional de Emergencia
Número de Informe: 219-2012
7 de mayo de 2014
Santiago, 7 mayo 2014
En ejercicio de las facultades que le confiere su ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y en el marco del Plan de Fiscalización, este Organismo de Control procedió a efectuar una auditoría en la Oficina Nacional de Emergencia, en adelante Onemi, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como asimismo en sus oficinas regionales y en los distintos servicios que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, SNPC, a saber: intendencias, gobernaciones, municipios, además de realizar algunas validaciones en otros servicios públicos y privados, las que dicen relación con la disposición y medidas implementadas por cada entidad para precaver situaciones de emergencia o de catástrofes .
ANTECEDENTES GENERALES
Mediante el decreto Nº 156, de 2002, del ex Ministerio del Interior, se aprobó el “Plan Nacional de Protección Civil”, cuyo objetivo general es disponer de una planificación multisectorial en materia de Protección Civil, de carácter indicativo, destinada al desarrollo de acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias y/o desastres en el país, a partir de una visión integral de manejo de riesgos.
El citado marco normativo establece los objetivos específicos del mencionado plan nacional, a saber:
-Disponer de un marco nacional de gestión en protección civil que, bajo una perspectiva de administración descentralizada, sirva de base estructurada para las planificaciones regionales, provinciales y comunales, según las respectivas realidades de riesgos y de recursos.
-Establecer el ámbito general de las coordinaciones entre los distintos sectores y actores.
-Delimitar las responsabilidades tanto políticas, legales, científicas, técnicas, como operativas, del SNPC, en cada una de las etapas del ciclo del manejo de riesgos.
-Instaurar el ámbito de acción global para abordar sistematizadamente las distintas etapas de ciclo de manejo del riesgo.
-Normalizar los elementos básicos a considerar en un Plan de Respuesta ante situaciones de emergencia o desastre .
Por su parte, la ONEMI debe desarrollar su misión en materia de protección civil a través del plan marco aprobado por el decreto Nº 156, de 2002, citado, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado decreto ley Nº 369, de 1974, que crea la Oficina Nacional de Emergencia y el decreto Nº 509, de 1983, que aprueba el reglamento para la aplicación del decreto ley Nº 369, ambos del ex Ministerio del Interior.
Para el cumplimiento de tales objetivos, la Onemi cuenta con una oficina regional de protección civil y emergencia, en cada región del país, cuya finalidad es hacer frente a situaciones de emergencia en general. Al respecto, es dable señalar que su misión se refiere a planificar, impulsar, articular y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de origen natural o provocados por la acción humana.
Asimismo, en cada una de estas instancias se han establecido mecanismos de coordinación con otras organizaciones tanto públicas como privadas, quienes desarrollan labores de apoyo y/o técnico, tales como Fuerzas Armadas, Corporación Nacional Forestal, Dirección General de Aguas, Carabineros de Chile, Bomberos, Cruz Roja, universidades y empresas del Estado, entre otros.
De igual manera, cabe señalar que el aludido decreto Nº 156, de 2002, dispone que la gestión en Protección Civil debe responder a la realidad de un área jurisdiccional determinada, interrelacionando amenazas, vulnerabilidades y recursos, como base de orientación de la acción en prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación, como un proceso participativo y continuo en el tiempo, de revisión y perfeccionamiento permanente. Por consiguiente, la estructura de los recursos humanos, técnicos y materiales del Sistema de Protección Civil, se configura para dicha gestión por cada comuna, provincia, región o el país de la siguiente manera:
-Comité de Protección Civil: Orientado a la Prevención, Mitigación, Preparación y cumplimiento de planes y programas, siendo su convocatoria amplia, por lo tanto, deben participar, de acuerdo a la realidad local, los actores de las instancias Sectoriales, Técnicas, Científicas, de Servicios y Comunitarias bajo la dirección de la autoridad respectiva, ya sea a nivel nacional, regional, provincial y comunal.
-Comité de Operaciones de Emergencia: corresponde a las entidades, organismos y servicios necesarios de coordinar para la Respuesta y la Rehabilitación ante la ocurrencia de un evento adverso o destructivo, sea este relativo a una emergencia, desastre o catástrofe, en su respectiva área jurisdiccional, sea esta nacional o regional.
Por último, se precisa que en lo que concierne a aquellos desastres o catástrofes que afecten a una determinada provincia o comuna, los Comités de Protección Civil, como órganos de trabajo permanente, se constituirán en Comités Provinciales o Comunales de Operaciones de Emergencia, según corresponda .
OBJETIVO
El trabajo estuvo orientado fundamentalmente, a verificar la labor preventiva en materia de emergencias desarrollada por la ONEMI, entidad que es parte fundamental del SNPC, conforme lo establece el decreto Nº 156, de 2002, y lo consignado en el decreto ley Nº 369, de 1974, que crea la citada oficina y el decreto Nº 509, de 1983, que lo reglamenta, todos del ex Ministerio del Interior, y lo establecido en el decreto Nº 38, de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica el decreto Nº 156, ya citado.
Asimismo, corroborar el nivel de preparación ante un desastre de los demás agentes como los municipios, gobernaciones, intendencias y demás integrantes públicos y privados del referido SNPC en el país.
METODOLOGÍA
La auditoría se desarrolló de conformidad con los principios, normas y procedimientos de control aprobados por este Organismo Fiscalizador, incluyendo, por lo tanto, el análisis de los registros y documentos, como también, validación en terreno y la aplicación de otros medios técnicos en la medida que se estimaron necesarios según las circunstancias .
UNIVERSO Y MUESTRA
El examen incluyó el análisis de la totalidad de los antecedentes recabados respecto de los procedimientos y medidas adoptadas para prevenir situaciones de emergencias o desastres, en cada una de las intendencias, gobernaciones, municipios, las oficinas regionales y nivel central de la Onemi, todo lo cual se encuentra detallado en el anexo adjunto a este informe, y en forma resumida en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 1
/
Además, con el fin de realizar constataciones sobre la materia se visitaron otras 16 entidades públicas y privadas, cuyos resultados se encuentran incluidos en los informes abreviados en el cuadro anterior, totalizando 109 organismos.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado, se determinaron situaciones sobre las cuales a continuación se entrega un resumen ejecutivo, respecto de la auditoría desarrollada a nivel nacional en las distintas instituciones detalladas en el anexo adjunto al presente informe, que está referido a la labor preventiva en temas de desastres llevadas a cabo por algunos de los organismos integrantes del SNPC y coordinados por la ONEMI, en materia tales como: sistema nacional de protección civil; centro de alerta temprana; abastecimiento; comunicaciones y difusión; recursos humanos; coordinaciones a nivel internacional; proyectos; investigaciones y estudios; marco de acción de hyogo; y, el proyecto de ley que establece el sistema nacional de emergencia y protección civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.
1. Sistema Nacional de Protección Civil
1.1. Planes de emergencia
Se observó que todos los planes de emergencia regionales se encuentran elaborados, sin embargo, a nivel nacional los correspondientes a provincias, comunas y otros desarrollados por establecimientos educacionales y servicios públicos que son parte del ámbito de estudio, no todos se encuentran confeccionados, actualizados o formalizados, advirtiéndose las siguientes situaciones:
Cuadro N° 2
/
/
Por último, respecto de estamateria se debe consignar que en algunas provincias y comunas no fue posible comprobar la competencia del personal que asume las tareas de prevención y respuesta ante eventuales sucesos catastróficos, y/o en otras circunstancias se constató que este desarrolla otras funciones de forma paralela, no teniendo dedicación exclusiva para ejercerlas .
1.2. Comité de Operaciones de Emergencia, COE
A través del citado decreto supremo Nº 38, de 2011, que modificó el Plan Nacional de Protección Civil, se determinó la constitución de los COE, como órganos coordinadores, ejecutores de las acciones de respuesta y rehabilitación frente a desastres a nivel nacional y regional. Además, la mencionada norma establece la remisión a través de las oficinas centrales y regionales de la ONEMI, de un instructivo que precise la forma de implementación y operación práctica de los comités, ante lo cual esta última entidad emitió el “Instructivo de Implementación y Operación”, de mayo de 2011, donde se precisa: la forma y lugar de convocatoria y planes de contingencia en caso de inaccesibilidad al sitio designado; sistema de comunicaciones; logística y disponibilidad de recursos; modalidades de traslados de autoridades a zonas afectadas en casos de emergencia; y las demás necesarias para su adecuado funcionamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la materia en análisis se constataron las siguientes situaciones:
Cuadro Nº 3
/
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1.3. Comité de Protección Civil
Sobre esta materia, se verificó que el Centro de Alerta Temprana, CAT, de la Onemi, mantiene un enlace radial directo y en horario continuo con algunos integrantes del Comité de Protección Civil, con el objeto de disponer de información y comunicación fluida y constante y de mantener una coordinación inmediata para las acciones de respuesta, no obstante, se verificaron las siguientes situaciones:
Cuadro N° 4
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1.4. Difusión de los planes de emergencia
En esta materia, se verificó que las gestiones que realiza la Onemi al respecto, se canalizan fundamentalmente a través de los encuentros que se llevan a efecto entre las direcciones regionales de dicha entidad y los distintos organismos integrantes del SNPC, en los cuales se tratan temas relacionados con el plan regional y las coordinaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por la ONEMI, a nivel nacional se han realizado las siguientes difusiones de las posibles vulnerabilidades que se encuentran identificadas en el país:
Cuadro Nº 5
/
Ahora bien, las campañas de prevención efectuadas por la Onemi, no se condicen con los planes de emergencia comunales, provinciales o regionales, ya que no tienen el mismo enfoque ni la misma forma de enfrentar la prevención, producto que los planes no están orientados por cada grupo de interés y los tipos de catástrofes que existen conforme al nivel geográfico que está abordando el citado documento. Cabe agregar, que los municipios que poseen planes de emergencia principalmente los dan a conocer por medio de los sitios web, charlas y folletos.
Seguido, se indica que algunos organismos que son parte del SNPC no efectúan operaciones de difusión, entre las cuales se cita a los hospitales, quienes no transmiten sus planes de emergencia al público general, lo cual no favorece la participación comunitaria, sensibilización y orientación masiva ante eventuales sucesos.
A su vez, del análisis efectuado a las campañas preventivas que realiza la Onemi con los distintos actores del SNPC, se observó que no se incluyen las referidas al invierno altiplánico, y respecto al riesgo de actividad volcánica, no participan todas las regiones que tienen involucrados este tipo de eventos. A la vez, no se evidenció que se hayan realizado difusiones en cuanto a probables desastres químicos o de gases tóxicos , como tampoco coordinaciones efectivas entre la Onemi y el Ministerio de Agricultura .
1.5 Cartas de inundación (mapas de riesgo)
1.5.1. Mapas de riesgo
Sobre el particular, se verificó que si bien existen mapas de riesgo de ciertos puntos críticos de aguas lluvias, desbordes de cauces, no se observan acciones concretas con el fin de disminuir el grado de desastre ante eventuales emergencias, las que deberían ser abordadas y llevadas a cabo técnicamente por cada organismo responsable.
Asimismo, se constató que en algunas de las comunas que se fiscalizaron, tales como: Antofagasta, Caldera, La Serena, Pichilemu, Saavedra, Corral y Maullín, se han otorgado permisos de edificación , no obstante que en los instrumentos de programación territorial y/o mapas de riesgo existentes respecto del borde costero señalan que corresponde a una zona de riesgo de tsunami:
1.5.2. Sistema Integrado de Información de Emergencias , SllE
Cuadro Nº 6
/
Efectuadas las validaciones pertinentes en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), se observó que de las 34 cartas de inundación elaboradas por el SHOA disponibles para cualquier usuario en la página web del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos , SNAM, solo 7 de ellas están actualizadas de acuerdo a la planimetría real de cada zona geográfica.
Adicionalmente , la información proporcionada da cuenta que conforme a las cartas de inundación definidas por el SHOA , y a lo establecido por la ONEMI respecto a la línea de seguridad trazada bajo normas internacionales existirían seis hospitales ubicados en la zona de inundación y quince bajo la línea de seguridad, además de otras instituciones públicas y privadas entre los que se encuentran centros educacionales y jardines infantiles, sobre los cuales se deben redoblar las medidas de prevención y mitigación de catástrofes.
Por último, se precisa que si bien se ha capacitado a personal de la Onemi para operar dicho sistema, en algunas regiones solo se adiestró a un funcionario, sin considerar suplentes que permitan tener un “back up” en caso de eventuales contingencias.
1.6. Señaléticas
Sobre la materia, se verificó que se han instalado innumerables rótulos sobre riesgo volcánicos a nivel nacional, no obstante, en la revisión efectuada por este Organismo Contralor se evidenció que estas no se situaron coordinadamente con el ente técnico, que en este caso es el Sernageomin.
A su vez, durante los años 2011 y 2012, se observó que mediante un aporte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se procedió a colocar de manera parcial señalizaciones de tsunami en el borde costero del país, así como sirenas e identificación de las zonas de seguridad, comprobándose la existencia de algunas indicaciones que se encontraban oxidadas, desteñidas, en mal estado y otras que estaban acopiadas en bodegas.
Es del caso indicar, que no se aprecia un trabajo conjunto de la Onemi con otros organismos técnicos en la instalación de señaléticas relacionadas con riesgos de desbordes de ríos y de aguas lluvia. De igual manera, en distintas visitas efectuadas a centros hospitalarios y educacionales se constató la falta de letreros que guarden relación con vías de escape y demarcación de zonas de seguridad.
1.7. Protocolos
En este sentido, se constatan distintos convenios firmados por parte de la Oficina Nacional de Emergencia con integrantes del SNPC, no obstante, estos no se han suscrito con otras entidades tales como: Ministerio de Salud, Defensa Civil de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Fuerza Área de Chile, entre otros, las cuales podrían colaborar con el sistema de protección civil y fortalecer la respuesta idónea en caso de eventuales catástrofes.
De igual manera, no existen antecedentes que den cuentas de la existencia de protocolos que digan relación con mantener un nivel adecuado de coordinaciones entre las direcciones regionales de la Onemi y la DGAC, específicamente sobre las vulnerabilidades en los aeródromos y aeropuertos, como de otro tipo de incidentes que se puedan presentar en cada región. Esta misma situación se presenta en algunas gobernaciones, intendencias y municipios, por cuanto no se han suscrito convenios o protocolos de acuerdo con otros integrantes del SNPC.
2. Centro de Alerta Temprana
El Centro de Alerta Temprana, CAT, de la Onemi, es el encargado de efectuar un nitoreo permanente de las condiciones de riesgo, manteniendo una estrecha comunicación con cada una de las regiones y con los organismos técnicos y de apoyo, lo cual se realiza mediante la modalidad de 24 horas los siete días de la semana .
2.1. Cantidad de recursos
Para la continuidad de las comunicaciones, recepción y entrega de las alertas, el CAT cuenta, entre otros, con los siguientes equipos comunicacionales: radios VHF, pantallas de operación y programación, equipos electrógenos, conexión con la red Torrente del Comando de Telecomunicaciones del Ejército de Chile, enlace con la red Alfa, equipos HF de respaldo con la red ALE, equipos HF con salida por tres frecuencias, teléfonos e internet satelitales.
Por su parte, se verificó que la mayoría de los murnc1p1os, gobernaciones e intendencias cuentan con un medio de comunicación primario, a saber: teléfono satelital, radio VHF, u otro relacionado, sin embargo, no disponen de un sistema que respalde la continuidad de las comunicaciones en caso de emergencia. Además, se constató que no se utiliza una bitácora que dé cuenta de las pruebas de enlace realizadas para prevenir eventuales fallas en el sistema.
2.2. Pruebas de comunicaciones
Este Organismo de Control se constituyó en el nivel nacional y regional de los CAT e intendencias y en algunas gobernaciones y municipios, para presenciar las pruebas de comunicaciones efectuadas a través de los sistemas de VHF y HF de teléfonos satelitales, en horarios hábiles e inhábiles, comprobándose que estas funcionaban de manera correcta, habida consideración que se desarrollaron en condiciones normales, considerando que no existieron emergencias de por medio.
Respecto de otros enlaces de comunicación, se detectó que a nivel nacional la Onemi no tiene conexión con los hospitales y seremis de Salud, no obstante se evidenció que el Ministerio de Salud, está preparando una red operativa de comunicaciones para actuar en caso de emergencias. Asimismo, se constató que no existe un vínculo radial primario entre el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el Sernageomin y el nivel central de la Onemi, ni una conexión secundaria con las regiones.
En lo que se refiere a la visita efectuada a la Radio Club de Chile, su Director de Emergencia expresó que no es un procedimiento o una práctica habitual por parte de la Onemi realizar pruebas radiales con los radioaficionados, pese que en algunas ocasiones estas se han llevado a cabo.
2.3. Instrucciones internas de la Onemi
La Onemi elaboró instructivos con el objeto desarrollar sus funciones de manera uniforme y mejorar los procesos internos del CAT, tanto a nivel nacional como regional, a saber: listado de “características de llamadas nacionales”1, alfabeto que identifica los actores del SNPC; protocolo para sismo y tsunami en horario de turno noche y diurno, incluyendo los procedimientos a realizar por el CAT, en los primeros 50 minutos; responsabilidades que les competen a los Directores Regionales en prevención de emergencias; se establecen y estandarizan a nivel nacional herramientas tecnológicas para la planificación y toma de decisiones. Además, se describen los pasos más relevantes y los estándares que deben seguir las personas o funcionarios que ejercen los roles ante una emergencia generada por un sismo con probabilidad de tsunami.
2.4. Centros comunicacionales
De conformidad con las validaciones efectuadas en este aspecto y según la información proporcionada por algunas entidades, como la Fuerza Aérea de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil y Radio Bío Bío, no se observó por parte de la Onemi acciones tendientes para generar con dichos organismos, un acuerdo o protocolo que complemente y fortalezca el actual sistema de comunicaciones, con el fin último de disponer de diversos medios de comunicación, que permitan responder oportunamente y de manera continua ante eventuales emergencias.
A lo anterior, se debe agregar que el Director de Emergencia de la Radio Club de Chile señaló que no existe un medio que asegure las comunicaciones en todo momento, añade que lo óptimo sería que la Onemi, en cada una de sus direcciones regionales (CAT), dispusiera de equipos abiertos para radioaficionados, lo que podría significar ser más oportuno en las comunicaciones, haciendo presente que existe la necesidad que en la Onemi exista un experto en telecomunicaciones las 24 horas del día y durante toda la semana de forma centralizada, para efectos de comunicarse eficaz y eficientemente con el SNPC .
3. Abastecimiento
3. 1. Recursos para prevención de emergencias
Se comprobó, que la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército de Chile, las gobernaciones, las intendencias y los municipios, entre otras entidades públicas visitadas, no poseen recursos asignados para la prevención de emergencias, con lo cual no se estaría abordando de manera concreta la reducción de riesgos de desastres.
3.2. Recursos financieros para stock crítico
Sobre este aspecto, se constató que la Onemi por medio de la resolución exenta Nº 1.581, de 4 de septiembre de 2013, definió el stock crítico a nivel nacional, el que se adquiere y controla a través del presupuesto asignado cada año.
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se precisa que no se ha definido un criterio uniforme para la mantención de los stocks mínimos que debieran disponer los municipios, gobernaciones e intendencias, según la zona geográfica de que se trate y las eventuales vulnerabilidades que les pueden afectar. Asimismo, los mencionados organismos en su generalidad no cuentan con información exacta respecto de las disponibilidades existentes o un detalle de ello.
3.3. Planilla Única de Recepción, Entrega y Disponibilidad de Elementos de Socorro (Redes)
Sobre esta materia, se verificó que la ONEMI, las intendencias y las gobernaciones no dan cumplimento a lo establecido en el anexo Nº 8, del referido decreto Nº 156, de 2002, del ex Ministerio del Interior, por cuanto no tienen implementada la planilla Redes, a través de la cual se debe respaldar documentalmente la gestión de satisfacción de necesidades de las personas, los bienes y el medioambiente que surgen al ocurrir un evento destructivo, teniendo como característica, la de mantener actualizada la relación entre los elementos de socorro recepcionados, los entregados y los disponibles, función que le compete al director de protección civil y emergencia, respecto de cada nivel jurisdiccional.
En este sentido, se precisa que se debe informar trimestralmente, a través de los directores de protección civil y emergencia, desde el nivel comunal al regional y desde allí al nivel nacional, remitiendo la planilla Redes -en la fase de prevención, el día primero de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre-, de cada año.
3.4. Control de capacidades y medios disponibles
Se verificó que la Onemi tiene procedimientos internos de recepción, despacho y para preparar el inventario físico de los elementos de emergencia, los que se encuentran descritos de forma narrativa y a través de flujogramas en el documento denominado “Manual de Bodega Administración de Recursos de Emergencia”, antecedente que permite unificar los criterios relativos al tratamiento físico y procedimental de los señalados productos. Para ello, la Oficina Nacional de Emergencia cuenta con un sistema computarizado, en el cual, se controlan los stocks que se mantienen en su institución a nivel nacional y por cada dirección.
Sin perjuicio de lo anterior, es dable mencionar que la Onemi no posee un detalle de las capacidades y medios disponibles tanto de los servicios públicos y privados que eventualmente formarían parte del SNPC, situación que no le permite realizar las coordinaciones y asesoría técnica de forma oportuna, lo cual es necesario para que se mantenga un adecuado nivel de alistamiento para las eventuales situaciones de desastres.
3.5. Contratos de adquisición de bienes de stock críticos en emergencias
La Onemi mantiene convenios firmados con Incal Desarrollos Alimenticios S.A. y Colchones Mantahue, con el objetivo de conservar un stock crítico de colchones, camas y frazadas. No obstante, se comprobó que tanto la casa matriz, como las sucursales de las empresas antes mencionadas se localizan solo en la Región Metropolitana, por lo que se considera relevante efectuar un estudio identificando puntos estratégicos a lo largo de todo el país, de manera tal que en caso de una emergencia que afecte a distintas zonas del país, se pueda responder de forma oportuna y eficaz.
3.6. Equipamiento
En la visita de fiscalización realizada por este Organismo Contralor a entidades de distintos ámbitos, se constataron las siguientes debilidades en cuanto a la preparación que estas poseen para enfrentar una emergencia:
Cuatro N° 7
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4. Comunicaciones y difusión
4.1. Campañas de prevención
Sobre el particular, se precisa que la Onemi del plan de invierno en los años 2011 y 2012 y temporada de incendios ha efectuado numerosas campañas de prevención, las cuales dicen relación con el lanzamiento forestales para los períodos 2010 al 2012, antecedentes que con mayor detalle se mencionan en el punto 1.4 de este informe. No obstante, en lo que concierne a las emergencias químicas o de gases tóxicos, la Onemi no ha realizado las coordinaciones técnicas con la seremi de Salud. Asimismo, no ha llevado a cabo las actividades de adiestramiento en materia de riesgos volcánicos en las regiones Metropolitana de Antofagasta, Tarapacá, La Araucanía, Los Ríos y Aysén, con lo cual se pueda responder de manera eficaz y oportuna frente a eventuales desastres.
Ahora bien, se constató que la Defensa Civil de Chile difunde las medidas de preparación por medio de charlas educativas a la comunidad y participa en diferentes campañas de difusión conjuntamente con otras organizaciones , a saber: Onemi, Policía de Investigaciones, Comisión Nacional de Seguridad Escolar, e intendencias.
Cabe consignar, que la mayoría de los integrantes del SNPC, tales como municipios, gobernaciones, intendencias, entre otros, señalan que no efectúan campañas de prevención o difusión de los planes, por cuanto dicha actividad está centralizada en la Onemi.
Al respecto, se debe tener en cuenta que el Nº. 156, de 2002 , ya citado , estipula que las referidas acciones deben estar a cargo de cada nivel jurisdiccional y coordinadas por la Oficina Nacional de Emergencia.
4.2. Simulacros.
Se verificó que la Oficina Nacional de Emergencia organizó simulacros a nivel nacional, en los cuales, si bien es cierto han participado diversos actores del SNPC , no se advierte la intervención de todas las instituciones de apoyo en materia de emergencia tales como la Cruz Roja, Defensa Civil de Chile, Servicio Médico Legal, Policía de Investigaciones, Radioaficionados, entre otros. Cabe destacar, que dichos eventos estuvieron enfocados en terremotos y tsunamis, sin considerar otras vulnerabilidades existentes en el país, tales como emergencias químicas, gases tóxicos, volcanes, sismos, aluviones, inundaciones, incendios forestales, entre otras, evidenciado con esto la omisión de políticas y un programa para su realización.
Al tenor de lo expuesto, se indica que la mayoría de los integrantes del SNPC no efectúan simulacros de forma periódica, constante y coordinada, participando solo de aquellos que son programados por la Onemi.
4.3. Simulaciones
En el período de mayo de 2011 a agosto del año 2012, se llevaron a cabo cuatro simulaciones a nivel nacional, relacionadas con terremotos, las cuales se desarrollaron en las regiones de Atacama, Coquimbo, Los Ríos, La Araucanía y Los Lagos. Sobre el particular, se constató que en los eventos efectuados en estas últimas dos regiones, no participaron autoridades de la Defensa Civil de Chile, Cruz Roja, Radioaficionados de Chile, entre otras instituciones.
Es del caso indicar, que las simulaciones de terremoto no se han desarrollado en todo el borde costero nacional, como tampoco se han llevado a efecto actividades que digan relación con otras vulnerabilidades que afectan al país. En este sentido, es dable precisar que uno de los objetivos principales de las simulaciones, es ejercitar la toma de decisiones de las autoridades ante eventuales emergencias, por lo que resulta de suma importancia la participación de todos los integrantes del SNPC.
Por su parte, la Academia de Guerra que el Ejército de Chile, a raíz de su eje denominado “responsabilidad manifestó social institucional y cooperación a la ciudadanía”, creó en el año 2003, el sistema llamado Sistema de Gestión y Entrenamiento, Sigen, el cual, según lo manifestado por el experto en administración de riesgos y emergencias de la citada academia tiene como objetivo entrenar en el proceso de toma de decisiones a las autoridades responsables de la gestión de catástrofes a nivel comunal, provincial, regional, nacional e internacional y/o a cualquier organización que requiera comprobar y validar una planificación estructurada para enfrentar una crisis, orientado a la reducción de riesgos de desastres .
En ese contexto, se consultó a la institución castrense si existen coordinaciones con la Onemi para el empleo conjunto del sistema SIGEN, o sobre planificación de simulaciones para la prueba de los planes internos de la Oficina Nacional de Emergencia, como a la vez, de la planificación de algún ejercicio sobre la materia en la que participe personal de la citada entidad, indicándose al respecto, que no se encuentra programada o solicitada coordinación alguna.
Ahora bien, considerando que para llevar a cabo una simulación se deben realizar una serie de procedimientos, a saber: visitar a cada uno de los sectores participantes, entrevistarse con las autoridades, simular algún tipo de emergencia que se pueda suscitar en la zona, analizar estadísticas de eventos catastróficos ocurridos, entre otros, lo cual es de largo aliento, por ello se debería integrar todo el SNPC, en conformidad a lo establecido en el Marco de Acción de Hyogo y a lo dispuesto en el anexo Nº 4 del decreto Nº 156, ya citado, siendo por ello recomendable la incorporación de la Academia de Guerra al SllE.
4.4. Capacitaciones realizadas por Onemi
En materia de protección civil, la Onemi ha realizado una serie de capacitaciones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 8
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Cabe hacer presente, que la mayoría de las entidades que forman parte del SNPC, no desarrollan regularmente capacitaciones sobre planes de emergencia a la comunidad, organismos técnicos y de apoyo, toda vez que no se acompañaron antecedentes que así lo acrediten, siendo ello primordial a fin de mantener un adecuado nivel de alertamiento y coordinación ante las emergencias.
4.5. Capacitaciones cruzadas
La Oficina Nacional de Emergencia ha suscrito protocolos o convenios de colaboración con distintos organismos técnicos, en los cuales se consideran coordinaciones y capacitaciones destinadas a desarrollar y promover una cultura tendiente a la prevención de desastres, que contribuya al bienestar de la comunidad.
Respecto de este tema, se constató que no existe un cronograma de formación cruzada de corto, mediano y largo plazo entre la Onemi y los servicios que participan de una u otra forma en la respuesta ante una emergencia, como asimismo, en las diversas materias de reducción de riesgos de desastres, a saber: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía, Ministerio de Justicia, Carabineros de Chile, Bomberos, Policía de Investigaciones de Chile, Sernageomin, entre otros. Por otra parte, se verificó que en algunas entidades, la capacitación entregada no correspondió a un procedimiento formal, toda vez que esta se efectuó a través de seminarios y talleres conjuntamente con personal de la Onemi y de otras instituciones.
5. Recursos humanos
5.1. Disponibilidad de personal
Cabe señalar, que a nivel nacional el CAT cuenta con operadores y jefes de turnos las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, con el fin de mantener un adecuado nivel de alertamiento. Además, dispone de múltiples profesionales en otras áreas de la entidad.
Es así, que en el examen a las contrataciones a honorarios del personal que desempeña cargos de radio operadores, técnico de apoyo, profesionales de apoyo, operadores del sistema SAE del CAT Nacional, y el de Coordinador de Fondos de Emergencia, se constató que estas no se ajustan a lo establecido en el artículo 11, de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, ya que las labores que realizan no son accidentales, por cuanto corresponden a las habituales de la institución.
Por otra parte, se evidenció que algunas entidades no poseen profesionales de emergencia las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, a saber: los hospitales a nivel regional y nacional, las seremis de Salud, la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático del Ministerio de Agricultura, la Conaf, el Servicio Médico Legal y la Cruz Roja, municipios, intendencias, gobernaciones, entre otros. Cabe consignar al respecto, que deben realizarse las coordinaciones y gestiones necesarias, por parte de la Oficina Nacional de Emergencia, para que el SNPC funcione 24 horas los 7 días de la semana, con el fin de que todas las entidades que la integran puedan responder adecuadamente ante un desastre.
5.2. Capacitación y adiestramiento del personal de la Onemi
Sobre la materia, se observó que la Onemi adiestró a sus directores regionales a través de un curso e-learning llamado “Sistema de operaciones de emergencias para los COE Regionales” y a los radio operadores de dicha entidad, entregándoles una certificación denominada “Radio Operador de Sistemas de Telecomunicaciones de Emergencia de la Onemi ”. A su vez, a los profesionales del CAT, se les impartió las siguientes capacitaciones por parte de organismos técnicos:
a. Erudición del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, SHOA, y de la División de Hidrología de la Dirección General de Aguas, efectuada en julio de 2012. A estas instrucciones no asistieron profesionales de las distintas direcciones regionales de la Oficina Nacional de Emergencia del país.
b. Ciclos de conferencia en protección civil realizados en julio de 2012 sobre terremotos e incendios forestales con la participación de profesionales de la Dirección Nacional de la Onemi, según consta en las respectiva listas de asistencia; y,
c. Curso de 8 horas cronológicas de “Comunicación Efectiva y Enfrentamiento de Situaciones Conflictivas “, realizado por la consultora “Transforma Capacitación Ltda.” en mayo de 2012, verificándose a través de los certificados otorgados a los participantes, que solo asistieron funcionarios dependientes del CAT de la Dirección Nacional y del Departamento de Comunicaciones y Difusión.
Por otra parte, no se advierte la entrega de adiestramientos a los funcionarios del CAT nacional y de cada una de las regiones en materias tales como el manejo de crisis, liderazgo, emergencias químicas, volcánicas, entre otras, necesarias ante una situación de respuesta en caso de desastres, las cuales respondan a las distintas habilidades que debieran contar cada uno de los funcionarios de la Onemi.
5.3. Capacitación a nivel internacional
Como parte de su proceso de fortalecimiento institucional, la Onemi ha enviado en comisiones de servicio al extranjero a distintos profesionales, lo cual se encuentra en el marco de la prevención de catástrofes siendo estas financiadas, en algunos casos, por la propia institución, y en otros, por la entidad que realizó la invitación a participar del proceso.
Sobre el particular, se constató que de un total de 40 funcionarios que formaban parte de las comisiones de servicio al extranjero entre los años 2011 y 2012, un 35% de estos, habían dejado de pertenecer a la institución. Dichos cometidos tenían como exigencia, según lo establecido en los respectivos decretos que las autorizaron, la de emitir un informe con los resultados obtenidos en estas, incumpliendo con lo establecido en dicho acto administrativo.
5.4. Nivel de profesionalización de las labores desarrolladas
Al respecto, se indica que según datos de la Unidad de Planes y Contenidos, la Onemi mantiene vigentes 16 convenios, 34 protocolos, 1 carta de acuerdo, 2 contratos de comodato, 1 carta de intención y 1 marco de entendimiento. En relación con lo señalado, se advirtió que los convenios se exponen en términos generales y no específicos, no evidenciándose la existencia de instructivos internos con la forma de operar ante otro tipo de emergencias distintas a las de terremotos - tsunamis.
Por otra parte, se precisa que se está desarrollando el levantamiento de un manual de descripción de cargos por parte de la División Administrativa de la ONEMI, el que se encuentra actualmente en las etapas de validaciones y revisiones por parte de la jefatura de la Oficina Nacional de Emergencia. Asimismo, es oportuno mencionar que no se pudo corroborar la experiencia en los cargos de la mayoría de los profesionales que se desempeñan en los municipios, intendencias y gobernaciones.
6. Coordinaciones a nivel internacional
En el marco de lo dispuesto en el artículo 7° letra c) del citado decreto ley Nº 369, de 1974, la Onemi ha realizado convenios con organismos internacionales, a saber:
Cuadro Nº 9
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En la revisión de cada uno de los documentos detallados en el cuadro precedente, se verificó que la Onemi no ha efectuado acciones concretas adicionales a fin de fortalecer la reducción de riesgos de desastres.
7. Proyectos
7.1. Sistema de Alerta de Emergencia (SAE)
Cuadro Nº 10
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7.2. Proyecto edificio institucional
Cuadro Nº 11
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7.3. Red trucking P25
Cuadro Nº 12
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7.4. Red Sismológica Nacional
Cuadro N° 13
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Sobre el particular, corresponde señalar que esta Contraloría General llevará a cabo un sumario administrativo a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, por las situaciones planteadas precedentemente, lo cual ha significado que a más de seis años de presentado el proyecto no se encuentre culminado, con el consiguiente impedimento para trasmitir información relevante para el SHOA y a otros servicios que se estimen pertinentes.
Asimismo, es dable manifestar que la Oficina Nacional de Emergencia transfirió recursos a la citada casa de estudios para financiar los siguientes ítems: instalación estaciones sismológicas IRIS; monitoreo de sistema 24 horas los siete días de la semana; fortalecimiento de las estaciones sísmicas instaladas en el país y para aumentar las conexiones que existían a nivel nacional.
8. Investigaciones y estudios
8.1. Estudio de Riesgo y Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago , PRMS, Falla San Ramón, realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu.
Cuadro Nº 14
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8.2. Análisis de riesgos de desastres en Chile (VI Plan de Acción Dipecho)
Cuadro Nº 15
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8.3. Informe final proyecto diagnóstico y fortalecimiento de la Academia de Protección Civil de la Onemi, efectuado por la Agencia Acreditadora Qualitas
Cuadro Nº 16
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9. Marco de Acción de Hyogo, MAH
Al respecto, es oportuno señalar el objetivo del MAH, los miembros y las acciones prioritarias, a saber:
Cuadro Nº 17
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Sobre el particular la Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Unisdr, evacuó un informe el cual surge como resultado de una petición realizada por la Oficina Nacional de Emergencia a través del coordinador residente de las Naciones Unidas en Chile, de forma posterior al terremoto y tsunami ocurridos el 27 de febrero de 2010, del cual en síntesis se resume en lo siguiente:
Cuadro N° 18
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10. Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil
Al respecto, se analizó el proyecto de ley al Congreso Nacional el 22 de marzo de 2011, el cual “Establece el Sistema ingresado Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil”, boletín Nº 7550-06, futura sucesora de la Oficina Nacional de Emergencia, con la finalidad de verificar si la iniciativa legal considera las recomendaciones que se han realizado al actual sistema y además, verificar las modificaciones que realizó la Comisión de Defensa Nacional. Ahora bien, como resultado de la comparación efectuada, es preciso que la ONEMI y el Ministerio del Interior realicen las gestiones tendientes a procurar que se contemplen los tópicos y acciones por cada uno de ellos, según se detalla a continuación:
10.1. Marco de acción de la mencionada Agencia
Cuadro Nº 19
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10.2. Recursos financieros
Cuadro N° 20
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10.3. Coordinación participativa, interinstitucional e intersectorial
Cuadro Nº 21
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10.4. Comunicaciones
Cuadro Nº 22
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CONCLUSIONES
En la auditoría realizada sobre la organización y medidas que disponen las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil en cuanto a prevención de emergencias o catástrofes, se determinaron diversas observaciones que se contemplan en cada uno de los informes señalados en el anexo adjunto, las cuales deberán ser regularizadas por los referidos servicios para dar cumplimiento a las tareas señaladas en el decreto Nº 156, de 2002, del ex Ministerio del Interior, que establece el Plan Nacional de Protección Civil.
Asimismo, la Oficina Nacional de Emergencia deberá dar cumplimiento a su labor de coordinador y asesor técnico sobre la materia, acorde lo establecido en el decreto ley Nº 369, de 1974, que crea la referida oficina y en los decretos N°5 509, de 1983 y 156, de 2002 del ex Ministerio del Interior, ya mencionados.
No obstante lo anterior, esta Contraloría General instruirá un proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, por el atraso y la falta de resguardo de los equipos adquiridos para la Red Sismológica de la Universidad de Chile, según se detalla en el cuadro Nº 13, lo cual ha significado que a más de seis años de presentado el proyecto no se encuentre culminado, con el consiguiente impedimento para trasmitir información relevante para el SHOA y a otros servicios que se estimen pertinentes en tiempo real de los eventuales sismos que ocurrieron.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL
JEFE DE DIVISIÓN SUBROGANTE
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA”.
ANEXO
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5. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina; Cicardini, doña Daniella; Hernando, doña Marcela, y Provoste, doña Yasna, y de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Gahona, Insunza, Rincón, y Ward, que modifica la ley N° 19.137, con el objeto de establecer la licitación de pertenencias mineras traspasadas por Codelco a Enami, en beneficio de la pequeña y mediana minería. (boletín N° 9362-08)
“Fundamentos de la Moción
La concesión minera es un derecho real e inmueble que otorga a su titular las facultades exclusivas de explorar las sustancias minerales concesibles que se encuentren dentro de sus límites, si se trata de una concesión de exploración, y de explotar dichas sustancias y hacerse dueño de los minerales que se extraigan si es de explotación. Dichas concesiones, o pertenencias mineras, pueden ser explotadas tanto por privados o por empresas del Estado, como es el caso de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).
Asimismo, Codelco mantiene actualmente ocho divisiones que explotan cobre y sus derivados a escalas mundiales, (Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Salvador, Andina, Ventanas, El Teniente, Gabriela Mistral), existiendo sin embargo un número no menor de pertenencias mineras que son de su propiedad, pero que no son explotadas debido a sus bajas tasas de producción potencial.
La Ley N° 19.137, por su parte, tuvo por objeto, entre otros, permitir a Codelco en su calidad de mayor empresa minera estatal del país, el traspaso a la Empresa Nacional de Minería (Enami) del dominio a cualquier título de pertenencias mineras que no estén siendo explotadas, y cuyos potenciales recursos mineros y la posible escala de producción hagan inviable la explotación de dichas pertenencias por parte de Codelco. En otras palabras, dicha ley buscaba darle facilidades al directorio de Codelco para deshacerse de pertenencias mineras cuya explotación no fuera económicamente rentable, pero que sí lo podría ser para empresas de menor tamaño.
De tal manera, el artículo 3° de la precitada ley señala: “Autorízase, asimismo, a la Corporación Nacional del Cobre de Chile para que, previo informe favorable de la Comisión Chilena del Cobre, transfiera a la Empresa Nacional de Minería pertenencias de su dominio correspondientes a yacimientos que no se encuentran en explotación y cuyos recursos mineros potenciales y la eventual escala de producción de los mismos, no están dentro de los rangos de explotación con que la Corporación Nacional del Cobre de Chile opera normalmente.
Estas transferencias podrán efectuarse a título gratuito u oneroso y no requerirán del trámite de la insinuación, en su caso. “
El objetivo de este proyecto de ley es asegurar que los traspasos de pertenencias mineras de Codelco a la Enami lleguen efectivamente a la pequeña y mediana minería, a través de licitaciones que efectuará la Enami a tal efecto.
Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 19.137 (1992), hasta el 2010, Codelco ha traspasado a la Enami 66 pertenencias mineras, de las cuales 25 se encuentran en estado de abandono. Esto último significa que, si bien Codelco efectuó los traspasos a la Enami, esta última mantuvo en su poder dichas pertenencias, terminando las mismas finalmente en manos del Fisco, en circunstancias que perfectamente podrían haberse entregado a pequeños o medianos mineros.
Asimismo, varias de las pertenencias mineras que posee actualmente Enami están con posibilidades de ser adquiridas por grandes empresas mineras, tales como Minera Escondida , Cerro Colorado o Collahuasi, lo que, a nuestro juicio, desvirtúa el objetivo de la Ley N° 19.137, y en especial de su artículo 39, ya citado en párrafos anteriores.
La Enami tiene como misión principal el fomento de la Pequeña y Mediana Minería, brindando los servicios de reconocimiento de recursos mineros, asistencia técnica y crediticia, compra, procesamiento y comercialización requeridos por miles de productores mineros a lo largo del territorio nacional. De esta forma un importante sector productivo, como es la minería de menor escala, logra acceder al mercado de metales refinados en excelentes condiciones de competitividad.
Enmarcado en el objetivo anterior, este proyecto entrega una importante herramienta de fomento a la pequeña y la mediana minería, industria que genera aproximadamente 50 mil puestos de trabajo directos, en zonas donde no hay otras alternativas de empleo. Asimismo, junto con la mediana minería, la pequeña y artesanal minería, durante el 2013, registraron una producción de 410 mil toneladas de cobre fino, lo que se tradujo en US$3.500 millones en exportaciones, cifra que supera a lo realizado por industrias como la celulosa, el salmón, la vitivinícola, entre otras.
Lo señalado en el párrafo anterior debe contrastarse con las dificultades en el acceso al crédito que sufre la pequeña y mediana Minería, ya que el mercado financiero califica como “de riesgo” la actividad minera, a pesar de la importancia de ésta en el desarrollo del país, imponiéndole mayores tasas para otorgar créditos.
Por tanto, con este proyecto queremos dar una señal importante de apoyo a la pequeña y mediana Minería, a través del reforzamiento del rol de fomento que le corresponde a Enami, de tal manera que los traspasos de pertenencias mineras que esta empresa reciba de Codelco, sean licitados preferentemente a la pequeña y mediana minería.
Por todas las razones expuestas, los diputados abajo firmantes venimos en presentar el siguiente:
PROVECTO DE LEY:
Agregúese un artículo 3° bis, a la Ley N° 19.137, del Ministerio de Minería, que establece normas sobre pertenencias mineras de Codelco-Chile que no forman parte de yacimientos en actual explotación:
“Artículo 3° bis. - De los traspasos de pertenencias mineras que se hubieren producido durante un año calendario, en virtud del artículo anterior, la Empresa Nacional de Minería deberá licitar dichas pertenencias dentro del plazo de 24 meses, teniendo para estos efectos que utilizar un criterio de rangos de tonelaje producidos por año, partiendo o aperturando las licitaciones iniciales invitando a aquellos productores que no sobrepasen Ias 2000 toneladas año. En el evento que éstas licitaciones quedasen desiertas, el rango se ampliará de acuerdo al criterio de Enami, ampliando el universo de participación desde los menores productores hacia los mayores”
Artículo primero transitorio.- Aquellos traspasos de pertenencias mineras que se hayan realizado a Enami, en virtud del artículo 3° de la Ley N° 19.137, con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, y que se encuentren todavía en su poder, deberán ser licitados a la mediana y pequeña minería de la misma manera que la señalada en el artículo anterior, dentro del plazo de 24 meses de la entrada en vigencia de la presente ley”.
Artículo segundo transitorio.- La presente ley comenzará a regir a partir del 1 de enero del año siguiente de su fecha de publicación en el Diario Oficial.”
6. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2.454-13-INA
?Santiago, 13 de mayo de 2014.
Oficio N° 9.823
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 13 de mayo de 2014, en el proceso Rol N° 2.454-13-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Becerra Márquez respecto del artículo 2.331 del Código Civil, en la parte que indica.
Saluda atentamente a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente (s); MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E.
EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON ALDO CORNEJO GONZÁLEZ
VALPARAÍSO.”