Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Carlos Recondo Lavanderos
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PRESIDENTE
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jorge Burgos Varela
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- ADMISIBILIDAD DE PROYECTO.
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- DEBATE
- SALUDOS Y FELICITACIONES POR PROCESO DE REHABILITACIÓN DE EXINTERNO DE LA CÁRCEL DE VALPARAÍSO.
- PRECISIONES REGLAMENTARIAS SOBRE INTERVENCIONES EN SESIONES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE PLAZO DE REINTEGRO PARCIAL DEL IMPUESTO ESPECÍFICO AL PETRÓLEO DIÉSEL PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- DEBATE
- AUMENTO DE SANCIONES A RESPONSABLES DE INCENDIOS FORESTALES. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS DEL GOBIERNO EN EL DENOMINADO “CASO BOMBAS”.
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Gustavo Hasbun Selume
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- MODIFICACIÓN DE PLAZO DE REINTEGRO PARCIAL DEL IMPUESTO ESPECÍFICO AL PETRÓLEO DIÉSEL PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA. Primer trámite constitucional.
- VI. INCIDENTES
- AGRADECIMIENTOS POR ANUNCIO DE REFORMULACIÓN DE PROYECTO AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE. Oficio.
- ACLARACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE RADIO BIOBÍO EN RELACIÓN CON DECLARACIÓN DE DIPUTADOS DE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS SOBRE CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN DE CALLES Y ACERAS DE ANTOFAGASTA, Y PROYECTOS EN PROCESO DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Oficio.
- PERFECCIONAMIENTO DE LEGISLACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE COTIZACIÓN DE 7 POR CIENTO PARA SALUD A PENSIONADAS. Oficio.
- ADHESION
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Salaberry Soto
- Edmundo Eluchans Urenda
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- ADHESION
- INCORPORACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN PLANES DE ESTUDIO DE ENSEÑANZA BÁSICA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE INSTRUCCIÓN DE CAUSAS POR DELITOS COMETIDOS POR UNIVERSIDADES Y SOSTENEDORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Andrea Molina Oliva
- Marisol Turres Figueroa
- Enrique Accorsi Opazo
- Alfonso De Urresti Longton
- Edmundo Eluchans Urenda
- Javier Hernandez Hernandez
- Leopoldo Perez Lahsen
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Cristian Letelier Aguilar
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Nino Baltolu Rasera
- Eugenio Bauer Jouanne
- Sergio Bobadilla Munoz
- Enrique Estay Penaloza
- Javier Hernandez Hernandez
- Ivan Norambuena Farias
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Araya Guerrero
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Araya Guerrero
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Accorsi Opazo
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Enrique Accorsi Opazo
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Sergio Bobadilla Munoz
- Lautaro Carmona Soto
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Marcos Espinosa Monardes
- Manuel Monsalve Benavides
- Alberto Robles Pantoja
- German Verdugo Soto
- Cristina Girardi Lavin
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 124ª, en jueves 10 de enero de 2013
(Ordinaria, de 10.16 a 13.08 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás; Recondo Lavanderos, don Carlos, y Marinovic Solo de Zaldívar, don Miodrag
Presidencia accidental del señor Ulloa Aguillón, don Jorge.
Secretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- INCIDENTES
VII.- ANEXO DE SESIÓN
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Permiso constitucional 11
- Admisibilidad de proyecto 11
- Saludos y felicitaciones por proceso de rehabilitación de exinterno de la cárcel de Valparaíso 14
- Precisiones reglamentarias sobre intervenciones en sesiones 15
V. Orden del Día.
- Modificación de plazo de reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga. Primer trámite constitucional 17
- Aumento de sanciones a responsables de incendios forestales. Tercer trámite constitucional 29
- Informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del gobierno en el denominado “Caso Bombas” 30
VI. Incidentes.
- Agradecimientos por anuncio de reformulación de proyecto Américo Vespucio Oriente. Oficio 41
- Aclaración sobre información de radio Biobío en relación con declaración de diputados de Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas sobre conflicto en La Araucanía. Oficio 42
- Información sobre planes de recuperación y remodelación de calles y aceras de Antofagasta, y proyectos en proceso de licitación y ejecución. Oficios 43
- Información sobre aumento de horas de educación física en primer ciclo de educación y evaluación de funcionamiento de jornada escolar completa. Oficio 44
- Perfeccionamiento de legislación sobre eliminación de cotización de 7 por ciento para salud a pensionadas. Oficio 44
- Incorporación de educación ambiental y prevención de incendios en planes de estudio de enseñanza básica. Oficios 45
VII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 47
- Información sobre instrucción de causas por delitos cometidos por universidades y sostenedores de establecimientos educacionales. Oficios 47
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.”. (boletín N° 8493-14). (495-360)
2. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica plazo para reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diesel, para las empresas de transporte de carga y, modifica otros aspectos de este mecanismo.”. (boletín N° 8772-05)
3. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Molina, doña Andrea; Turres, doña Marisol y los diputados señores Accorsi; De Urresti; Eluchans; Hernández; Pérez, don Leopoldo y Vallespín, que “Modifica el artículo 30 bis de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en lo relativo a declaración de impacto ambiental”. (boletín N° 8780-12)
4. Proyecto iniciado en moción de los señores Diputados Letelier; Alvarez-Salamanca; Baltolu; Bauer; Bobadilla; Estay; Hernández; Norambuena; Urrutia y Von Mühlenbrock, que “Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de agregar dentro de las medidas cautelares el establecimiento del monitoreo telemático”. (boletín N° 8781-07)
5. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Accorsi; Araya; Cardemil; Sabag y Saffirio, que “Modifica la ley N°20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sobre laboratorios especializados”. (boletín N° 8776-25)
6. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Accorsi; Araya; Cardemil y Sabag, que “Modifica el artículo 4° de la ley N°20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, en lo relativo a su calidad y pureza”. (boletín N° 8777-25)
7. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Accorsi; Cardemil y Sabag, que “Modifica el artículo 131, del Código Procesal Penal, ampliando el plazo de la detención”. (boletín N° 877 8-07)
8. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Accorsi; Araya y Sabag, que “Modifica el artículo 23 del Decreto Supremo N° 355 de 1976, de Vivienda y Urbanismo, estableciendo que el estudio de mecánica del suelo sólo podrá ser realizado por laboratorios inscritos en el Registro Oficial del Ministerio de la Vivienda”. (boletín N° 8779-14)
Pág.
9. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados González; Bobadilla; Carmona; Cornejo; Espinosa, don Marcos; Monsalve; Robles; Verdugo y las diputadas señoras Girardi, doña Cristina y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Renueva la vigencia de la ley N° 19.648 de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados”. (boletín N° 8784-04)
10. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Crea Notarías Públicas en puertos y aeropuertos.” (boletín 8694-07). (1-2013)
11. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de inciso cuarto del artículo 8° de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Rol 2341-12-INA
12. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por varios Senadores para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, numeral 19 y segundo transitorio del proyecto de ley que “modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal”. Ley General de Pesca y Acuicultura N° 18.892. (boletín N ° 8091-21). Rol 2387 (2388)-12. (8121)
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Nota del diputado señor Burgos, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de enero en curso para dirigirse a Londres. En Tabla.
2. Proyecto de los diputados señores González; Bobadilla; Carmona; Cornejo; Espinosa, don Marcos; Pérez, don Leopoldo; Robles; Vilches y las diputadas señoras Girardi, doña Cristina y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Renueva vigencia de la ley N° 19.648 de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados”, se procede a declarar inadmisible, por cuanto corresponde a una materia de iniciativa exclusiva de S. E. el Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 y N° 2, de la Constitución Política de la República.
Respuestas a oficios Cuenta 124ª 360 (10/01/2013)
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Estay, Solicita información desagregada de la Encuesta Nacional de Ingresos, dada a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente a la Región de la Araucanía, particularmente, respecto de las comunas de Curacautín, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Victoria y Vilcún. (3245 al 9471).
Ministerio de Educación:
- Diputado Harboe, Solicita disponer se detenga la fusión de la Escuela G-230 Confluencia con la Escuela Quinchamalí, en la comuna de Chillán. (9 al 4308).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Sandoval, Solicita la colaboración del Cuerpo Militar del Trabajo en los esfuerzos por dotar de una mejor conectividad terrestre a la región de Aysén. (8266 al 4331).
- Diputado Sandoval, Solicita que se considere al Cuerpo Militar del Trabajo, CMT, como entidad alternativa ante los problemas relacionados con la licitación de obras de conectividad que se realizan en la Región de Aysén, particularmente, respecto de aquellas proyectadas para la pavimentación del tramo norte de la Carretera Austral. (8266 al 4346).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre las medidas adoptadas en la investigación por la muerte, el día 4 de marzo próximo pasado, del Cabo Segundo del Ejército señor Rubén Heriberto Jaramillo Mayorga, en las dependencias del Regimiento N° 1, T ocopilla, de la ciudad de Antofagasta; asimismo, acerca de la guardia, vigilancia e iluminación al interior del recinto militar referido, el día del fallecimiento; también respecto de los lugares de esparcimiento, casinos y otros, con que cuenta el personal militar en el mencionado regimiento, y las razones por las que la muerte del militar sólo fue advertida varias horas después de ocurrida. (8267 al 6126).
- Diputada Isasi doña Marta, Disponer las medidas que fueren necesarias para que sea gestionado el cambio de pensión normal de los ex uniformados de la Fuerza Aérea de Chile que en la solicitud se indican, a la de “inutilidad de segunda clase” con motivo del desarrollo de las enfermedades profesionales que les aquejan. (8314 al 4035).
- Diputada Isasi doña Marta, Intercederante la autoridad respectiva, con el objeto de que los ex funcionarios de la Fuerza Area de Chile que estuvieron expuestos por años a radiaciones por la operación de radares en la zona norte, puedan gozar del beneficio denominado “inutilidad de segunda clase”, por sufrir de enfermedades profesionales y, en particular, cáncer a determinados órganos, cuyo tratamiento requiere medicamentos de alto valor. (8314 al 4234).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Chahín, Informe sobre todas las solicitudes en trámite y autorizaciones de derechos de aprovechamiento de aguas en relación con la posible construcción de nuevas pisciculturas en la comuna de Melipeuco. (3455 al 8617).
- Diputado Rojas, Respecto de las eventuales fiscalizaciones que se hubieren efectuado durante el presente año para establecer el estado de la carretera, Ruta 5 Norte, especialmente a la altura del Km. 1406, Región de Antofagasta, y determinar la calidad, mantención y señalizaciones en la misma, con el objeto de establecer responsabilidades y aplicar sanciones a la empresa concesionaria de ese tramo de la carretara, con motivo del accidente ocurrido el día 5 de noviembre en curso en el sector señalado; vinculado con lo anterior, solicita se adopten las medidas necesarias y oportunas para evitar accidentes cuando se realizan trabajos e intervenciones en las autopistas regionales. (3547 al 9111).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Sandoval, Solicita se informe detalladamente sobre las razones por las cuales se prorrogará la puesta en marcha del segundo Tribunal Ambiental, prevista para el próximo 28 de diciembre. (124795 al 9188).
- Diputado Sandoval, Solicita se informe detalladamente sobre las razones por las cuales se prorrogará la puesta en marcha del segundo Tribunal Ambiental, prevista inicialmente para el próximo 28 de diciembre. (124795 al 9189).
- Diputado Sandoval, Solicita reiterar oficio N° 9188 del pasado 21 de noviembre, y, en definitiva, informe sobre las razones por las cuales se prorrogará la puesta en marcha del segundo Tribunal Ambiental, prevista inicialmente para el próximo 28 de diciembre. (124795 al 9468).
- Diputado Sandoval, Reitera oficio N° 9189 del pasado 21 de noviembre, y, en definitiva informe, sobre las razones por las cuales se prorrogará la puesta en marcha del segundo Tribunal Ambiental, prevista inicialmente para el próximo 28 de diciembre. (124795 al 9469).
Servicios:
- Diputado Monsalve, Informe sobre la situación que afecta a las poblaciones Villa Las Araucarias, San Sebastián y El Porvenir, ubicadas en el sector de la comuna de Contulmo, Región del Biobío, por la falta de grifos para surtir el agua destinada a apagar incendios, y adopte las medidas que correspondan para aumentar la cantidad y la presión de su caudal. (5133 al 9332).
Varios:
- Diputado Rojas, Requiere se informe sobre las medidas que se adoptarán para determinar las responsabilidades, y las sanciones respectivas, por la rotura de una matriz de agua, el 15 de noviembre recién pasado, en el sector de la población Prat B, en la ciudad de Antofagasta, que ocasionó daños en numerosas viviendas. (5108 al 9172).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el ministro de Hacienda , señor Felipe Larraín Bascuñán.
-Por encontrarse con permiso constitucional, no estuvo presente el diputado señor Jorge Burgos Varela.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.16 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 118ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 119ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por el diputado señor Jorge Burgos , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ADMISIBILIDAD DE PROYECTO.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , en la Cuenta se informa que la Meza declaró inadmisible una moción parlamentaria que presentamos 10 diputadas y diputados de todas las bancadas; las señoras Cristina Girardi y Alejandra Sepúlveda , y los señores Sergio Bobadilla , Carlos Vilches , Leopoldo Pérez , Germán Verdugo, Aldo Cornejo , Manuel Monsalve , Alberto Robles , Marcos Espinosa , Lautaro Carmona y quien habla.
Quiero señalar que esta declaración de inadmisibilidad se hace en base a lo dispuesto en el Nº 4 del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
La moción presentada tiene como objetivo renovar la vigencia de la ley Nº 19.648, que permite acceder a la titularidad en el cargo a docentes que hayan permanecido contratados por más de tres años continuos o cuatro años discontinuos en los establecimientos públicos subvencionados.
La ley común, el Código del Trabajo, supletorio del Estatuto Docente, establece que los trabajadores que se desempeñan a contrata por dos años pueden adquirir la propiedad de su cargo en forma indefinida. Sin embargo, en Chile hay muchos profesores que llevan hasta 12 años en sus cargos, en una contrata permanente y reiterada, sin que puedan obtener la titularidad.
En ningún caso este proyecto busca fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, como señala el Nº 4 del artículo 65 de la Constitución Política de República invocado por la Mesa. Tampoco irroga un mayor gasto fiscal, pues sus remuneraciones se encuentran contempladas dentro de las subvenciones que entrega el Estado.
Al respecto, quiero puntualizar que el Estatuto Docente, en sus párrafos III, artículo 35 y siguientes, y IV, artículo 47 y siguientes, se refieren a los derechos y beneficios del personal docente. Entre las normas del párrafo III se encuentran las referidas a la remuneración básica mínima, la licencia médica, el feriado, las destinaciones, etcétera. El párrafo IV se refiere a las asignaciones especiales del personal docente, entre otras, la de experiencia, de perfeccionamiento, de responsabilidad y de desempeño en condiciones difíciles.
La moción no está referida a ninguna de las materias relacionadas con los derechos y beneficios establecidos en ambos párrafos del Estatuto Docente ni a otras vinculadas con ellas.
Tal como lo señalé, la moción tiene como objetivo fundamental renovar la vigencia de la ley Nº 19.648, que permite el acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados, mediante la eliminación de la mención de su vigencia “por única vez”, para hacerla permanente.
Esta ley tiene precedentes históricos, ya que es fruto de una moción presentada en 1996, entre otros, por la actual diputada señora María Antonieta Saa y los actuales diputados señores Jorge Ulloa y Carlos Montes . La iniciativa fue declarada admisible por esta Sala y, terminada su tramitación legislativa, se convirtió en la ley Nº 19.648, sin que nadie hiciera cuestionamiento de su constitucionalidad.
Por eso y dado que el actual proyecto tiene el mismo fundamento y objetivo que el de entonces, no me parece que proceda su declaración de inadmisibilidad.
A mayor abundamiento, quiero señalar que el artículo 71 del Estatuto Docente señala que tiene como cuerpo supletorio de sus normas al Código del Trabajo, que en el Nº 4 del artículo 159 establece que la segunda renovación de un contrato a plazo fijo lo transforma en un contrato indefinido.
Por lo anterior, debido a que la moción no se encuentra en ninguna de las situaciones que señala el Nº 4 del artículo 65 de la Constitución Política de la República, en razón de que la iniciativa viene a reafirmar una situación ya regulada por el Código del Trabajo, como cuerpo supletorio del Estatuto Docente, y en virtud de que la ley que se pretende prorrogar con ella es producto de una moción parlamentaria que fue considerada admisible por esta Sala, solicito, para que sea reconsiderada, poner en votación la declaración de inadmisibilidad.
Además, la moción contribuye a restaurar el respeto de la legalidad vigente, dado que es de público conocimiento que casi todos los municipios se encuentran excedidos en el 20 por ciento de profesores a contrata que la ley permite dentro de la dotación docente, incluso algunos superan el 50 por ciento. Asimismo, se vulnera la ley en forma flagrante al permanecer estos docentes a contrata por más de un año en esa condición, algunos han estado contratados 12 o más años continuos, de lo que pueden dar testimonio muchos profesores de distintas partes del país que están presentes en las tribunas.
(Aplausos)
Esta inestabilidad laboral e incertidumbre influye negativamente en la calidad de la educación y constituye una cruel e inhumana violación a los más elementales derechos de los docentes como persona.
Por eso, solicito que la Sala declare -ojalá unánimemente- admisible la moción señalada.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
La posición de la Mesa no es entrar al fondo del proyecto, porque si lo hiciéramos, podríamos encontrar muchas concordancias y coincidencias con todos los argumentos entregados por el diputado señor Rodrigo González. En ese sentido, la función de la Mesa consiste básicamente en ver si tenemos iniciativa para presentarlos de acuerdo a la Constitución Política de la República.
Por lo tanto, al declarar inadmisible la moción, hemos actuado en la misma línea que las mesas anteriores de la Cámara de Diputados, ya que cada vez que se ha presentado un proyecto de esta naturaleza, se ha declarado inadmisible, porque básicamente la Constitución Política de la República le entrega precisamente al Poder Ejecutivo esta facultad.
En segundo lugar, esto se ve reforzado por la circunstancia de que el artículo 121 de la misma Carta Fundamental, entrega esta atribución a los propios municipios, cuestión que no queda regulada al no existir ley orgánica constitucional y, por tanto, continúa siendo potestad del Primer Mandatario.
En este tipo de discusiones muchas veces se ha invocado el Nº 1 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República. A nuestro juicio es inequívoco al señalar que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República proyectos de esta naturaleza.
Más allá del fondo, del mérito del proyecto, creo que cualquier Mesa tiene que resolver estas cuestiones de admisibilidad con estricto apego a la Constitución Política de la República, independientemente de las facultades que la Sala tenga al respecto.
Por tanto, y por los argumentos planteados, una vez más la Mesa declara inadmisible esta iniciativa.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, votemos la admisibilidad.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.- Señor Presidente , más allá de los argumentos del diputado señor González , los cuales comparto, en la Cuenta se señala que la Mesa declara inadmisible esta iniciativa en virtud de lo que señala el inciso tercero del artículo 65 y Nº 2 de la Constitución Política de la República.
Entiendo que el N° 2° se refiere al mismo artículo. Estoy citando lo que dice la Cuenta, pero el inciso tercero del artículo 65 se refiere a las materias que dicen relación con la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63, que no tienen que ver con estas materias, sino que, más bien, son propias de las Fuerzas Armadas.
En seguida, la Cuenta se refiere al N° 2° de la Constitución Política de la República. En la declaración de inadmisibilidad no se hace referencia, al menos en lo expresado en la Cuenta, al N° 4 -de uso frecuente-, sino que al N° 2°, que dice: “Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.”
Si me remito a la Cuenta, ninguna de las dos disposiciones de la Constitución esgrimidos por la Mesa para declarar la inadmisibilidad dicen relación con el proyecto que se está presentando; por lo tanto, me parece que la Mesa ha recurrido a normas constitucionales que no son suficiente fundamento para declararlo inadmisible.
Más allá del fondo de la cuestión -el mismo Presidente nos ha dado la razón- que, al parecer, todos compartimos, para que los miles de profesores a contrata, que sufren inestabilidad todos los años, puedan acceder a la titularidad en el cargo, sabemos de lo que estamos hablando: la titularidad no opera automáticamente, ya que, de acuerdo a la legislación vigente, implica un concurso de oposición y antecedentes, por lo tanto, no es una cuestión que funcione automáticamente, sino que estamos abriendo la posibilidad para que aquellos profesores a contrata puedan optar a ser profesores titulares si cumplen los requisitos.
Señor Presidente , si su señoría insiste -y está en su derecho y lo respeto-, en declarar la inadmisibilidad, le pediría que la pusiera en votación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Así se hará.
Aunque parezca redundante quiero insistir que lo que votaremos es la procedencia legal de que un parlamentario pueda presentar una iniciativa de esta naturaleza y no el fondo del proyecto, en torno al cual puede haber posiciones completamente distintas.
En votación la declaración de inadmisibilidad formulada por la Mesa.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 39 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se declara admisible la moción.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Browne Accorsi
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
SALUDOS Y FELICITACIONES POR PROCESO DE REHABILITACIÓN DE EXINTERNO DE LA CÁRCEL DE VALPARAÍSO.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señores diputados, queremos saludar a don Gonzalo Núñez Enipane, quien nos acompaña desde las tribunas, y dar a conocer su ejemplo. El señor Núñez acaba de cumplir su condena en la cárcel de Valparaíso, donde preparó, con sus medios y esfuerzo personal, la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en la que obtuvo 786 puntos en Historia. Ello le permitirá ingresar pronto a la universidad para estudiar la carrera de Pedagogía en Historia.
Ojalá tuviéramos muchos Gonzalos que crean en la rehabilitación y en las nuevas oportunidades.
(Aplausos)
En nombre de todos los parlamentarios de la Corporación, deseamos a Gonzalo y a su familia el mejor de los futuros. Asimismo, agradecemos al personal de la Seremi de Justicia y de Gendarmería de Chile por esa iniciativa.
PRECISIONES REGLAMENTARIAS SOBRE INTERVENCIONES EN SESIONES.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente , intervengo respecto de una situación que, en mi opinión, fue un tanto anómala y que se produjo en la sesión especial sobre los despidos en el sector público.
Tengo la percepción de que es necesario fijar un procedimiento que nos vincule a todos para que tengamos un conocimiento previo. En esa sesión, usted, señor Presidente , cerró el debate cuando aún quedaba tiempo pendiente para intervenir, y después ofreció la palabra a los ministros. Solicité el uso de la palabra con posterioridad a esa situación, y usted nos la negó sobre la base de que había cerrado el debate.
Debido a que me encuentro en mi primer período como parlamentario, no tengo la experiencia ni el conocimiento que tienen otros, entre los cuales lo incluyo, señor Presidente , pero aún así me parece que si hay tiempo disponible en la sesión y diputados que quieren intervenir con posterioridad a los ministros, incluso, para hacerse cargo de lo expresado en sus intervenciones, no veo razón alguna para que se niegue ese derecho.
Entiendo que es función de la Mesa velar por el correcto andar de una sesión y también, lo digo con el mayor respeto, cuidar fundamentalmente los fueros parlamentarios, porque es la Mesa la que nos representa y, en consecuencia, son los derechos parlamentarios los que tiene que privilegiar al momento de entender e interpretar una norma.
No entiendo por qué no es posible retrucarle a un ministro , ni tampoco por qué razón un ministro tiene derecho a hablar si el debate ya está cerrado. Hasta donde sé, en la Sala los ministros y los parlamentarios nos regimos por las mismas reglas y nos pueden ser aplicadas las mismas disposiciones, aunque reconozco que los ministros tienen privilegio en tiempo y en oportunidad para intervenir, pero eso no debe constituir un obstáculo para que alguien no pueda retrucar lo que diga. En el caso específico, siempre es bueno dejar un lapso, sobre todo, cuando hay una ministra en la que la pasión siempre es parte muy importante de sus intervenciones. En particular, dejé pendiente tiempo de la bancada del Partido Socialista, precisamente para hacer uso de ese derecho. A lo mejor, hay una buena razón para negarnos el uso de la palabra, pero más allá de eso, lo que me parece importante es establecer un procedimiento, de modo de no volver a cometer el error de dejar pendiente un tiempo que finalmente no se va a poder utilizar.
Señor Presidente, le agradecería que me ayudara en este esfuerzo, debido a que tengo menos experiencia, para no cometer ese error nuevamente, si es que fue un error.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , no creo que tengamos que concordar nada para el futuro.
El Reglamento que modificamos este año respecto a las sesiones especiales establece que el ministro debe intervenir inmediatamente después de los 15 minutos previos de la bancada que solicitó la sesión especial. En este caso, ofrecí la palabra al ministro y él, más allá de la introducción que hizo, nos pidió intervenir al final del debate. Recabé el acuerdo de la Sala y señalé: “Si le parece a la Sala, el ministro intervendrá al final.” Así se acordó y el ministro intervino al final.
Como quedaba tiempo, en tres oportunidades ofrecí la palabra, pero no hubo ningún diputado que quisiera hablar antes del ministro , porque todos entendimos que el acuerdo era que el ministro hablaría al final. Reitero, eso lo pregunté al comienzo de la sesión.
Si no hubiésemos acordado lo que acabo de decir, evidentemente, el diputado Andrade tendría toda la razón. El debate se cierra cuando hablan todos, incluido el ministro , no existe la posibilidad de que el ministro hable fuera del cierre del debate, a menos que exista un acuerdo, como entendí que lo había en este caso, en cuanto a que el ministro hablaba al final. Esa es la razón por la cual se produce este malentendido. Pero insisto, de acuerdo al nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados, en las sesiones especiales el ministro debe hablar al comienzo, independiente de que después pueda hacerlo de nuevo, y la sesión termina cuando se agotan todos los tiempos de las bancadas. Insisto, fue distinto en este caso porque recabé el acuerdo al comienzo de la sesión, pero, tal vez, no se entendió en forma expresa que el ministro hablaba al final.
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , hay algunos diputados a los que nos gusta estar en la sesión desde el comienzo hasta el final, y todavía tenemos buena memoria.
Usted, señor Presidente , le ofreció la palabra al ministro de Hacienda y él le expresó que era mejor escuchar para después contestar. Por lo tanto, no es la interpretación que su señoría le está dando y que nosotros acatamos porque esperábamos que nos diera una respuesta. Presentamos varios proyectos de acuerdo y todos fueron aprobados, pero no pasó absolutamente nada. Fue peor cuando se festinó la negociación colectiva que planteó de manera muy seria el diputado Osvaldo Andrade . No me parece correcto. Por eso, perdemos prestigio. Al tergiversar y adecuar, perdemos todos: la política y la institucionalidad.
Cuando uno está al frente, está por sobre “el bien y el mal”, y debe dar todas las facilidades, además de respetar el Reglamento de la Cámara y la Constitución que nos rigen.
En verdad, se le ofreció la palabra, y el ministro de Hacienda dijo que quería escuchar. Pero no respondió nada a las intervenciones serias y profundas que hicimos y, en general, al análisis de la información y de los proyectos de acuerdo.
¿Cuál es la voluntad mayoritaria de la Sala? Buscar entendimiento con los proyectos de acuerdo, más aún con lo que está viviendo el país. Sin embargo, no pasó nada. Quedamos en cero por la forma en que se planteó la situación.
Sucede que la gente mira la sesión por televisión. Algunos se aburrirán y otros tendrán más interés en la discusión, pero se dan cuenta de que no hay una explicación.
Por ende, voy a exigir lo siguiente: en virtud del Reglamento, los ministros y el Gobierno están obligados a contestar todos los proyectos de acuerdo antes de los 30 días. No se trata de que queden en el limbo y no pase nada. Por lo demás, si existe el espíritu, está la posibilidad real y efectiva de sentarse a conversar. Si 12 o 14 gremios firmaron el protocolo, ¿por qué no se sientan a conversar?
Me impactó una frase del señor ministro de Hacienda , cuando dijo: Nosotros cumplimos, porque no fuimos terminantes en que íbamos a parar todas las cosas. Pero por otro lado, me recordó algo que expresé en mi intervención de 3.50 minutos, cual fue que en el último artículo del protocolo, firmado por el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo y Previsión Social, decía que en forma excepcional se analizarían algunos casos. Y yo sigo con el organismo de cooperación internacional.
Claro que lo fueron a revisar, y se largaron a reír. Le entregaron otro tipo de cosas. Entonces, no se está cumpliendo el protocolo desde ningún punto de vista. Lo peor es que ni siquiera se escuchan, lo cual le hace mal a la democracia.
Por eso, exijo que se cumpla el Reglamento. En caso contrario, hago un llamado a los parlamentarios que aprobamos los proyectos de acuerdo, para reiterar los oficios, los que, por ley, están obligados a contestar.
Hagamos uso de ese derecho en los próximos días, para que no se quiebre el diálogo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , sería conveniente que anotara a quien levanta la mano para pedir la palabra. Hace mucho rato que la estoy solicitando, pero, lamentablemente su señoría no me la da. Al parecer, no mira hacia acá, hacia el sector de las tribunas.
En la sesión especial del martes, convocada para analizar los despidos masivos en el sector público, levanté en forma reiterada mi mano para hablar.
A la bancada le quedaban más de cinco minutos, y después que intervino el ministro , nuevamente levanté varias veces mi mano para pedir la palabra. Lamentablemente, usted no la dio.
Por eso, con profundo respeto y fraternidad, quiero decirle que, si existe tiempo, los diputados tenemos todo el derecho a hacer uso de la palabra luego de que intervenga el ministro .
Permanentemente, se ha hecho así. No es bueno actuar en contrario, porque el sentido de la sesión es saber qué piensa el ministro y los argumentos que entrega frente a los planteamientos de los diputados, para luego iniciar un diálogo.
Más allá de lo que ocurrió en esa ocasión, no es bueno que se desvirtúe el sentido de una sesión especial. El ideal es conocer el pensamiento del ministro de la respectiva cartera.
Además, como ministro de fe, está el secretario general de la Corporación. Él me vio y sabía que estaba pidiendo la palabra. Por eso, cuando vuelva a ocurrir esto, pido dejar constancia en acta de que hubo diputados que no pudieron intervenir.
He dicho.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE PLAZO DE REINTEGRO PARCIAL DEL IMPUESTO ESPECÍFICO AL PETRÓLEO DIÉSEL PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje y calificado con discusión inmediata, que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, y modifica otros aspectos de este mecanismo.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Joaquín Godoy.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8772-05, sesión 121ª, en 8 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2, de este Boletín de de Sesiones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rendirá el informe de la Comisión de Hacienda el diputado José Miguel Ortiz.
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, y modifica otros aspectos de este mecanismo.
Constancias reglamentarias,
La idea matriz o fundamental del proyecto en informe es modificar el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, contenido en el artículo 2° de la ley N° 19.764, y modifica otros aspectos de este mecanismo.
El articulado de esta iniciativa no contiene normas de quorum especial para su aprobación.
Expusieron en la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Julio Dittborn , subsecretario de Hacienda ; Ramón Delpiano , jefe de Gabinete del ministro de Hacienda ; Juan Araya ; presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), y Roberto González , ingeniero de Proyectos.
Concurrió, además, don José Egido , presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la V Región y secretario de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, a solicitud de dos parlamentarios, quienes expresaron que este representante no había sido invitado. La petición fue acogida en forma unánime.
Es bueno dejar constancias, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, de lo siguiente. Una vez más queda claro que Chile no tiene petróleo, pues solo produce un 1,5 por ciento del consumo. Es decir, somos dependientes del precio fluctuante a nivel internacional, porque debemos importar el 98,5 de petróleo y sus derivados.
El régimen de reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y que establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles contemplado en la ley N° 19.764, en su artículo 2º dispone que las empresas de transporte de carga que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones con un peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilos, podrán recuperar un porcentaje de las sumas pagadas por dichos vehículos por concepto del impuesto específico al petróleo diésel.
De acuerdo al articulado permanente de dicha ley, el porcentaje de recuperación que rige desde el 1 de julio de 2006, es el 25 por ciento de las sumas pagadas por concepto de impuesto específico.
Desde el 2008, el porcentaje referido se ha venido incrementando excepcionalmente y de forma sucesiva debido, entre otras consideraciones, a las constantes oscilaciones que este commodity ha experimentado en el último tiempo.
En efecto, la ley Nº 20.278 elevó a 80 por ciento el porcentaje del reintegro, lo que se mantuvo vigente entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009. Posteriormente, la ley Nº 20.360 extendió hasta el 30 de junio de 2010 el régimen excepcional de reintegro, en el que a mayores ingresos anuales, menores las tasas de reintegro. Lo mismo se estableció, con diferentes porcentajes y tramos, mediante las leyes Nº 20.456 y 20.561, la última de las cuales expiró el 31 de diciembre de 2012. Es decir, en este instante no rige la ley para hacer uso de la franquicia. Por lo tanto, debemos aprobar el proyecto de ley en los próximos días, porque, de lo contrario, los empresarios de carga tendrán un serio problema.
En la actualidad los porcentajes de reintegro según tramos de ingresos que las empresas de transporte de carga pueden recuperar por concepto de impuesto específico al petróleo diésel pagado, son los siguientes:
a.- 80 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido iguales o inferiores a 2.400 unidades de fomento;
b.- 70 por ciento para aquellos cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 2.400 y no excedan de 6.000 unidades de fomento;
c.- 52,5 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 6.000 y no excedan de 15.000 unidades de fomento, y
d.- 31 por ciento para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 15.000 unidades de fomento.
Como en este instante no rige la ley, y en consideración, además, de la incertidumbre en el concierto económico internacional sobre la materia resulta de suma importancia aprobar el proyecto. Todavía se hace aconsejable mantener el sistema excepcional de reintegro contenido en la ley referida.
El proyecto propone extender el régimen vigente de la ley Nº 20.561 por un período de cuatro años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2016, y adicionalmente incrementar hasta las 20.000 UF el techo del tramo del 52,5 por ciento de reintegro, permitiendo que más contribuyentes en este segmento puedan obtener una devolución mayor.
En cuanto a extender el plazo hasta el 2016, cuando comenzamos a analizarlo en la Comisión, el honorable diputado señor Pablo Lorenzini , después de escuchar a la Federación del Transporte de Carga, presentó una indicación para reemplazar, en el inciso primero, el guarismo “2016” por “2015”. La aprobamos por la unanimidad. Resulta bueno que sea hasta el 2015, porque todo el país sabe que desde el 11 de marzo del 2014, vamos a contar con una nueva Presidenta o Presidente de la República . Entonces, el próximo gobierno va a tener uno o dos años más para abordar el tema, es decir, la mitad del período. Como se aprobó por unanimidad, la ley no regirá hasta el 2016, sino hasta el 2015.
Por otra parte, el señor José Egido , expresó que el 20 de diciembre de 2011, el gremio que representa firmó un protocolo de acuerdo con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones , señor Pedro Pablo Errázuriz , al que concurrieron en calidad de garantes los senadores señores Francisco Chahuán , Hernán Larraín , Juan Antonio Coloma y Alejandro García Huidobro , en el que se estableció un compromiso de parte del Gobierno para revisar la recuperación del impuesto específico en varios aspectos, por ejemplo, diversificar la estructura de descuentos, de manera que la recuperación fuera en función del petróleo consumido y no en base a la facturación de las empresas, y además, buscar una fórmula que permita revisiones periódicas más espaciadas que la revisión semanal actual.
El trabajo en conjunto, según el señor Egido , debía empezar en enero de 2012, pero durante el año pasado no se realizó ninguna reunión de trabajo con el Ministerio para abordar estos temas.
Además, expresó que el cambio en el umbral del tercer tramo de 15.000 UF a 20.000 UF no produce un cambio sustancial y consolida la referencia a las ventas anuales. También, discrepó con que este esquema tenga una vigencia de cuatro años, porque, en opinión de ese gremio, el impuesto específico al petróleo diésel requiere de una discusión y de un análisis más profundos, porque de todas las industrias productivas que hoy operan en el país, solo el transporte terrestre de carga no tiene derecho a la rebaja del ciento por ciento de este impuesto, como sí lo tienen la minería, la construcción, la pesca, la agricultura, etcétera.
El señor Juan Araya expresó el total acuerdo de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones a este proyecto.
El señor Delpiano planteó que la propuesta de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile tiene un costo de 40 millones de dólares adicionales, lo que escapa del marco presupuestario. La propuesta presentada por el Gobierno está enfocada a mejorar los aspectos medios, con un costo de 8 millones de dólares adicionales.
Puesto en votación el artículo único, se aprobó por 7 votos a favor y una abstención. Votaron a favor los diputados señores Lorenzini , Macaya , Marinovic , Ortiz, Santana , Silva y Von Mühlenbrock . Se abstuvo el diputado señor Godoy .
Asistieron al 90 por ciento de la sesión, después de haber dado el quorum requerido en otras, los diputados señores Enrique Jaramillo y Carlos Montes.
En consecuencia, es muy importante aprobar el proyecto, con el objeto de que la próxima semana lo trate el Senado y durante enero se convierta en ley de la República.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , como bien sabe, soy un tipo de ánimo positivo y de espíritu constructivo, pero ahora debo confesarle, por su intermedio, al señor ministro que ayer no tuve el placer de participar en la discusión de la iniciativa.
Sin embargo, quiero manifestar mi irritación por dos razones: primero, por la técnica de obligarnos a legislar con la pistola al pecho.
¿Por qué ingresó a trámite en enero un proyecto para extender un beneficio que terminó el 31 de diciembre? ¿Por qué no ingresó el 1 de diciembre o el 30 de noviembre, de modo que hubiésemos tenido el tiempo suficiente para discutir el sentido del impuesto específico a los combustibles? ¿Cuál es la discusión de fondo? ¿Cuál es el sentido de aplicar un impuesto creado para estimular o aportar a la inversión, mantención y desarrollo de las carreteras de Chile, que obviamente lo pagaron aquellos que las usaban? Actualmente, las carreteras son financiadas por los propios usuarios a través de los peajes. De modo que habiendo de-saparecido la razón que originó este impuesto, este persiste por dos razones bastante comprensibles: la primera tiene que ver con la gran cantidad de recursos que genera, los cuales son indispensables para el Estado, y la segunda está asociada a las externalidades negativas que tiene el uso del combustible y al efecto que tendría sobre el medio ambiente la posibilidad de liberarlo de todo impuesto. Pero lo que no tiene explicación alguna es que todos los automovilistas de Chile paguen ese impuesto a los combustibles, que a los camioneros de Chile les sea devuelto parcialmente y que no lo paguen aquellos que usan petróleo. ¿Por qué ha de pagarlo el camionero que transporta alimentos por las carreteras de nuestro país y no lo hace aquel que maneja un camión tolva que usa petróleo en las faenas mineras? ¿Qué explica que una parte importante de la industria chilena no pague impuesto específico al combustible, pero sí parcialmente el rubro del transporte y en su totalidad todos los conductores particulares de Chile? A mi juicio, francamente eso no resiste análisis.
Por lo tanto, si el problema tiene que ver con los recursos que se generan, ¿por qué no universalizamos la aplicación de ese impuesto y lo reducimos a la mitad? Si lo redujéramos en esa medida e hiciéramos pagarlo con justicia a todo el mundo, no ten-dríamos que hacer devoluciones parciales y específicas a un sector u otro. De esa forma, tendríamos un sentido de justicia en términos de que aquel que consume petróleo, paga, pero no paga gravosos impuestos, como los que actualmente componen buena parte del precio del combustible, sobre todo en un período en que su valor aumenta de manera explosiva debido a las coyunturas internacionales.
Reitero, ciertamente, generaríamos los mismos recursos si redujéramos a la mitad ese impuesto y universalizáramos su aplicación. No escuché este tema en el debate habido el año pasado; este año apenas tendremos la posibilidad de discutirlo, porque estamos legislando con una urgencia obvia, y el proyecto no puede dejar de ser aprobado. Pero me resisto a que debamos debatirlo de esta manera y no entremos en la discusión de fondo para dar una solución estructural al problema que tenemos por delante.
Por eso, me niego a participar en la votación de un proyecto que equivale a tener una pistola en el pecho -por cierto se aprobará-, pero que no entra en la discusión de fondo: es completamente injusto que haya sectores de la economía que paguen impuesto al combustible, aunque sea parcialmente por la vía de la devolución, y que otros, que consumen ingentes cantidades de petróleo, paguen cero peso por ese mismo concepto. ¿Qué puede explicar que el petróleo sea más barato para un camión tolva de una gran compañía minera que para un pequeño, mediano o gran camionero, para un taxista, para un colectivero o para un conductor de vehículo particular que lleva a sus hijos al colegio cada mañana? No hay ninguna explicación para el hecho de que el petróleo y la bencina sean más caros para unos y más baratos para otros.
Por su intermedio, señor Presidente , pido al ministro que explique la razón por la cual en 2013 persista una enorme desigualdad en el precio del petróleo para las diversas actividades productivas, habiendo desaparecido el fin primero para el cual fue creado ese impuesto. El combustible se gravó solo para quienes conducían por las carreteras de Chile, porque dicho impuesto se destinó exclusivamente -y así fue planteado en la ley- para la construcción, el desarrollo y la mantención de las carreteras. Sin embargo, hoy esa tarea es mantenida y resuelta financieramente con el aporte cotidiano de los transportistas y conductores que transitan por todas las carreteras del país.
Por lo tanto, es hora de rebajar sustantivamente el impuesto a los combustibles y universalizar su aplicación.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , por su intermedio, quiero contestar brevemente al diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Debo decirle que tiene mala memoria, porque los impuestos específicos fueron incrementados durante los gobiernos de la Concertación. Incluso, el impuesto a la bencina fue elevado a 6 UTM por metro cúbico y a 1,5 UTM en el caso del petróleo.
Es efectivo lo que él señala en cuanto a que dicho impuesto fue establecido para la mantención de las carreteras cuando no existían las concesiones de las mismas. Pero esa discusión es muy añeja, porque el impuesto específico se instaló y se dejó definitivamente porque es una necesidad del país la recaudación de impuestos.
Pero el Gobierno ha demostrado una flexibilidad que se refleja en el proyecto presentado, toda vez que en él se establece la posibilidad de que pueda haber una escala de recuperación del impuesto específico entre los distintos sectores económicos de los transportistas. Ese es el tema que se está tratando de resolver con esta iniciativa, que votaremos favorablemente. Incluso, hay un mejoramiento en esta materia, toda vez que se aumenta de 15 mil a 20 mil UTM el techo del tramo del 52,2 por ciento de reintegro, lo que beneficia a una gama mayor de transportistas.
Por eso, creo que esta iniciativa es una respuesta más. El gobierno del Presidente Piñera, preocupado de los problemas económicos de todos los sectores y no de uno exclusivamente, ha enviado este proyecto, que debería empezar a regir desde el 1 de enero de 2013. Algunas personalidades importantes que han ocupado la presidencia de la Confederación Nacional de Dueños de
Camiones de Chile, como el señor Juan Araya, han señalado expresamente que están absolutamente de acuerdo con el proyecto.
En ese sentido, me extraña que haya voces disidentes, porque esta iniciativa es absolutamente necesaria.
El proyecto establece una escala para el reintegro; comparto la idea de que es una buena medida. Desde luego, vendrán tiempos mejores que permitirán que el impuesto específico se reduzca aún más o para que su devolución sea aún mayor en promedio. No obstante, considerando el momento económico que vive el país, en el que todos debemos aportar una parte, el sector del transporte de camiones se manifiesta a favor de la aprobación del proyecto.
Pido a los diputados que vean con mucha sabiduría esta iniciativa, porque constituye un avance significativo. En definitiva, si el país crece, también lo hará la recaudación del fisco; pero lo hará mediante ayudas como la que establece el proyecto para el sector de los transportistas.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , no entraré a discutir sobre la pertinencia del proyecto, ni si lo aprobaremos ni si la culpa es del gobierno anterior o de este, sino que me referiré al contexto general.
En primer lugar, este impuesto al diésel no es tal. Con él no se está castigando al petróleo ni a los camioneros. Se trata de un impuesto al pan, a las frutas, a los lácteos, es decir, a todos los productos que deben ser distribuidos desde los centros de producción a los distintos centros de consumo.
Chile tiene 4.200 kilómetros de largo, desde Arica hasta Puerto Williams; por lo tanto, en el kilo de pan y en la fruta se paga ese impuesto. Eso el ministro lo sabe porque se debe acordar de que le regalé una manzana cuando estuvo en Puerto Williams. Con el precio de esa manzana que se compra en Puerto Williams, en Santiago se pueden adquirir cinco o seis manzanas.
¿Y por qué la manzana en Puerto Williams es más cara? Porque hay que transportarla en camión, en barco o en lo que sea. Por lo tanto, cuando se establece un impuesto al transporte, como es este impuesto maldito al diésel, lo que se está haciendo es subir el precio de la manzana, del pan, de la carne, de los lácteos y de la leche a los habitantes de Arica, a los de las zonas más alejadas del norte y, por cierto, también a los de las zonas más alejadas del sur.
Este no es un impuesto a los más ricos, sino que a los más pobres del país, a los que están más lejos de Santiago, de Vitacura, de la Dehesa, de Lo Barnechea. Los más pobres son los que pagan este impuesto perverso al diésel.
Los chilenos no podemos darnos el lujo de aceptar los argumentos de un tecnócrata de oficina, que dice: “No podemos bajarle el impuesto al lolo del barrio alto que tiene un Jeep 4x4 para ir a la nieve el fin de semana, y que usa diésel, porque esa persona tiene muchos recursos.”. Pues bien, en este proyecto se habla de reintegro. Estamos hablando del reintegro del petróleo para los transportistas, para quienes llevan los productos de primera necesidad. Así como la sangre lleva los nutrientes a todo nuestro organismo, los transportistas llevan todo lo necesario a los distintos puntos del país.
Por lo tanto, primer punto: este no es un impuesto al petróleo diésel, sino que al pan y a los productos esenciales.
Segundo punto: tiene razón el diputado Pepe Auth. ¿Por qué los pobres transportistas tienen que ser los que paguen este impuesto, el cual, finalmente, transfieren a los clientes -porque obviamente que lo transfieren-, y las mineras y las generadoras no lo pagan?
Se me dieron dos argumentos que son increíbles e impresentables: congestión y contaminación. Me los dio el ex ministro Velasco , que hoy es candidato a Presidente de la República . Son argumentos que tengo guardados por si llega a avanzar en su candidatura, para recordárselos, porque es el gran contrario a bajar estos impuestos. Él dijo: “Voy a subir los impuestos al combustible si llego a ser Presidente .”.
Primero, respecto de la congestión, no he visto en el taco que se produce en la rotonda Pérez Zujovic , cuando la gente va para el barrio alto, camiones congestionando. Más bien veo Mercedes Benz , BMW u otro tipo de vehículos haciendo tacos y congestionando los caminos de Santiago, pero no a camioneros llevando productos de primera necesidad.
Es evidente que tiene que haber camiones que transporten nuestros productos; por lo tanto, esa externalidad negativa yo no me la trago, no la compro.
Segundo, contaminación. Yo tampoco veo camiones contaminando a cada rato en el centro de Santiago, en la Alameda o en los distintos lugares. Normalmente veo a los camiones en la ruta 5 Sur distribuyendo los productos a lo largo del país, en zonas en las que no hay problemas de contaminación como la que se produce en el centro de Santiago, donde por lo demás tienen impedido el acceso.
En la actualidad, las tecnologías en el mundo han mejorado. En Alemania se usa mucho el petróleo diésel y no tienen problemas de contaminación. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser más papistas que el Papa en esta materia?
El señor Eduardo Bitrán dice en una publicación. “Impuesto al diésel: atentado ambiental y oportunismo político”. Y manifiesta que nosotros cedemos a las presiones de los gremios. No, nosotros cedemos a la presión del ciudadano que quiere comer a un precio justo y no tener que seguir pagando impuestos por recibir un producto más caro que los compatriotas de otros lugares del país.
Por lo tanto, la contaminación tampoco es argumento en este tema.
Como decía Carlos Vilches , el señor Juan Araya , presidente de la Confederación de Dueños de Camiones y muchos otros apoyan esta iniciativa. Pero creo que el reintegro a los transportistas debería ser mayor. Donde se establece a 80 por ciento debería ser de ciento por ciento; donde se establece a 31 por ciento debería ser de 50 por ciento. La idea es que se abarate el costo del transporte de los distintos productos a lo largo de nuestro país, que tiene grandes distancias.
Señor Presidente , este debate ya lo hemos tenido. El plazo se acortó a tres años. Yo hubiese sido partidario de que se renovara por un año, a fin de que el tema sea debatido durante el año electoral, y los chilenos y las chilenas sepan qué posición tiene cada uno de nosotros al respecto.
Personalmente, como parlamentario de la Región de Magallanes, estoy por bajar el impuesto o aumentar el reintegro, de modo de abaratar los productos de consumo masivo en las regiones extremas de nuestro país.
Todos los argumentos que se han dado acá se caen uno a uno y son inaceptables. Tal vez se podría cobrar un poquito más a las termoeléctricas que consumen petróleo diésel, o a las empresas mineras, que están exentas, y bajarles por esa vía el cobro a los camioneros, a fin de no afectar la recaudación fiscal.
Por su intermedio, señor Presidente , hago un llamado al ministro en términos de lo que he señalado. Sé que a esta altura del año el cansancio nos agobia a todos, pero vamos a partir con mucha energía en marzo próximo, porque es un año importante, en el que muchos de nosotros tendremos que asumir desafíos. Y uno de mis compromisos con los transportistas y con los habitantes de mi región es seguir luchando para que este impuesto maldito y perverso pueda bajar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA .- Señor Presidente , por su intermedio, quiero saludar al ministro de Hacienda que nos acompaña en esta mañana.
En primer lugar, quiero señalar que los diputados de la UDI apoyamos este proyecto porque nos parece una buena iniciativa.
En segundo lugar, quiero hacerme cargo de algunas inquietudes y reflexiones planteadas en el debate que ha tenido lugar en la Sala.
La primera tiene que ver con la velocidad de negociación y de tramitación. En efecto, el diputado Auth planteó su inquietud respecto de cómo se había tramitado este proyecto.
Quiero aclarar que el martes la Comisión acordó un procedimiento de trabajo, que se tradujo en que se puso el proyecto a disposición de los señores diputados, se invitó al Ejecutivo y a representantes de la industria para que fueran escuchados en el día de ayer, y se analizó y votó el proyecto.
¿Por qué el Ejecutivo ingresó tan encima el proyecto? Comparto la inquietud de que ojalá tuviésemos más tiempo para trabajar los proyectos, pero hay dos elementos importantes.
Primero, que nos ha costado mucho sacar otros proyectos que nos han mantenido muy ocupados a todos. Quiero recordar lo que fue la tramitación de la reforma tributaria, la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, el reajuste del sector público y otros temas que han mantenido a la Comisión de Hacienda, y al Ministerio de Hacienda, en una discusión permanente en el Congreso. Por lo tanto, no habría tenido un efecto tan práctico que otros proyectos hayan ingresado con igual velocidad. De todos modos, quiero acoger esa inquietud y proponer al señor ministro que ojalá en el futuro podamos planificar, el Ejecutivo y el Congreso Nacional, el vencimiento de los proyectos, a fin de que podamos trabajar en ellos con más calma.
El segundo argumento de por qué me parece bien la forma en que se ha procedido es el hecho de que en esta iniciativa ha habido un trabajo no solo con el Congreso Nacional, que fue lo que sucedió en los días martes y miércoles, sino que también con quienes serán afectados por la ley. Ese proceso toma tiempo y significa ir construyendo acuerdos.
Quiero recordar a la Sala que en el último tiempo hemos tenido buenas noticias. En el reajuste del sector público hubo acuerdos que se construyeron, que implicaron horas hombre y mujer dedicadas a trabajar y a construir confianzas.
En este proyecto se construyó también un importante acuerdo con el principal grupo de dirigentes afectados. Desde ese punto de vista, la inmediatez con que el Gobierno manda el proyecto tiene que ver con la construcción de un acuerdo. Eso como primer punto.
El segundo punto respecto del cual quiero hacer un comentario es sobre la discusión de fondo: el impuesto específico a los combustibles.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al ministro que debemos seguir debatiendo sobre este impuesto. Él sabe que la UDI tiene convicciones en este tema, que las ha planteado en innumerables ocasiones y que las seguirá planteando, pero creo que no tenemos que confundirnos.
Este proyecto de ley establece un incentivo específico de reintegro a los transportistas, que tiene distinto porcentaje, según el monto de las ventas.
La discusión de fondo sobre este tipo de impuesto no se aborda en el proyecto porque sus objetivos son diferentes. Por ello soy partidario de que tengamos un debate al respecto. No comparto el argumento que se ha dado acá en el sentido de que el tratamiento de la distribución del impuesto al combustible deber ser parejo para todo tipo de actividad, porque sí creo que se produce un efecto distinto en el ámbito del transporte, por ejemplo, en términos de congestión y de contaminación, que no se producen en otras actividades, pues tienen incorporado ese impuesto en sus normas ambientales o estándares de regulación ambiental o normas de emisión. A mi juicio, es ahí donde está reflejado ese impuesto en la práctica.
El proyecto es sencillo. ¿Cuáles son los elementos? La ley actual, que venció hace algunos días, señalaba que existía un porcentaje de reintegro para los contribuyentes, dependiendo de cuáles fueran sus ingresos anuales, y se establecían cuatro tramos: para quienes recibían ingresos anuales inferiores o iguales a 2.400 UF; entre 2.400 y 2.600 UF; entre 6.000 y 15.000 UF, y superiores a 15.000 UF anuales. Otro elemento que contenía esa ley es que vencía después de un año, en diciembre.
¿Cuáles son los dos cambios que se proponen en el proyecto de ley?
1. Dar un horizonte de tiempo más largo; no un año. El proyecto que presentó el Ejecutivo instituía un horizonte de cuatro años de duración, hasta finales de 2016; pero la Comisión de Hacienda, ayer, planteó que podía ser conveniente un horizonte no tan largo. Es así que, por indicación del diputado Lorenzini , que fue apoyada por la Comisión y también por el Ejecutivo , se acordó un plazo menor: tres años; es decir, 36 meses. Me parece que dicho plazo otorga un horizonte de tiempo razonable y no provoca la premura que planteó legítimamente el diputado Auth , en cuanto a tener que legislar con presión. O sea, que no sea por un año. Pero, también da un horizonte que no es infinito, de modo que podamos volver a discutir cómo abordamos el impuesto específico y las formas de reintegro. Por eso, de acuerdo con la propuesta que se presenta hoy a la Sala, el proyecto vence en 2015. Es decir, tendrá vigencia para 2013, 2014 y 2015. Ese es el primer cambio.
2. Se amplía el monto de los ingresos que dan origen, en uno de los cuatro tramos, al reintegro de 52,2 por ciento. En el proyecto que venció recibían 52,5 por ciento de reintegro aquellos contribuyentes cuyos ingresos anuales eran de más de 6.000 UF y de menos de 15.000 UF. El Gobierno ha establecido un beneficio mayor para ese grupo, porque dispuso que ese 52,5 por ciento de reintegro se extenderá también para aquellos contribuyentes que perciben hasta 20.000 UF de ingresos anuales. Es decir, se amplía el grupo de beneficiarios de ese porcentaje de reintegro.
El proyecto debe ser evaluado en su mérito, en lo que significa, y no en lo que les gustaría a muchos que fuera. En ese contexto, el hecho de que se amplíe el horizonte de tiempo, de que se mantenga todavía una discusión sobre el impuesto específico y de que se aumente el tramo para la obtención del reintegro de 52,5 por ciento, son motivos suficientes para que esta iniciativa sea aprobada y, ojalá, despachada lo más pronto posible.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , lo que escuché de nuestro apreciado Presidente de la Comisión de Hacienda aclara aspectos que no estuvieron presentes en el debate habido en dicha Comisión, curiosamente. No obstante, solicité hacer uso de estos minutos, porque no estoy conforme y quiero expresar mi malestar por la forma en que el Ejecutivo está ejerciendo sus funciones como colegislador. Estamos tratando algunos proyectos, realmente, en forma inadecuada. No nos corresponde trabajar de esa manera. No es posible que se envíe un proyecto tarde, con poca información, sin perjuicio de que hoy la estemos recibiendo. Porque la vigencia de la ley que se pretende prorrogar venció el 31 de diciembre del 2012, es decir, hace ya casi dos semanas, y este proyecto ingresó, recién, este martes a tramitación.
En la Comisión de Hacienda se ha mencionado el mecanismo que se estableció bajo la vigencia de la ley N° 20.561. Pero no se explicó con claridad el porqué del aumento del tope de 15.000 a 20.000 UF. Sí lo dijo hoy, muy claramente, nuestro Presidente de la Comisión de Hacienda , señor Ernesto Silva . Hoy se puede entender. Pero créame, señor Presidente , que no lo entendí ayer cuando se trató el tema en la Comisión.
A ello debemos sumar el apremio de la urgencia calificada de “discusión inmediata” que, por supuesto, no corresponde.
Vuelvo a la historia de este proyecto. En 2011, en el debate habido en la Sala, el diputado Jaramillo manifestó su incomodidad por la forma en que se legisló sobre este mismo tema; es decir, a través de la utilización de la “discusión inmediata”. Y ahora volvemos a caer en el mismo error.
Por eso, es necesario decirlo. No es que el diputado que habla sea complicado o quiera hacer prevalecer ideas que no corresponden. No, por el contrario. Estamos legislando apuradísimos y, a veces, en lugares inadecuados. Por ejemplo, el lunes estábamos citados a la sede de Santiago del Congreso Nacional para tratar otros proyectos y resultó que concurrieron solo cinco colegas, como gran cosa, en circunstancias de que en la Comisión de Hacienda somos trece. ¿Esa es la forma en que se debe legislar, dada la importancia de las materias de Hacienda? ¡No!
Por eso, di mi voto afirmativo al proyecto que prorroga el reintegro del impuesto específico. No obstante ello -así lo hice notar en la Comisión-, me habría gustado, al menos, una insinuación -ya que no se dice nada al respecto- sobre cómo aliviar la carga impositiva por este concepto a otras empresas y a otras asociaciones, como las que agrupan a las pymes del transporte colectivo. Los representantes de la Confederación del Transporte de Carga fueron invitados, pero llegaron ayer, a última hora, tarde, a la Comisión, cuando todo ya estaba prácticamente aprobado. En consecuencia, no pudieron emitir su opinión. Ésa no es forma de legislar. Reitero, se debería alivianar la carga impositiva a otras empresas como las pymes del transporte colectivo o debería establecerse que se hagan contribuyentes del impuesto grandes empresas mineras que no lo son en la actualidad, u otras grandes empresas que están exentas de pagar este tributo.
¡Creámonos el cuento! La mayoría de los chilenos paga este tributo, en especial nuestra clase media y todos aquellos que con gran esfuerzo han logrado obtener un vehículo motorizado.
Por eso, concuerdo mucho con las opiniones de mi colega Pepe Auth. Hay que aprobar este proyecto. ¡Claro! Con ello se contribuye a disminuir los costos de transporte de carga que, en definitiva, repercuten en la mayoría de nuestra población.
Sin embargo, una vez más, dejo patente mi disgusto por la improvisación y la mala forma de afrontar la labor legislativa.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín.
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, agradezco la oportunidad para comentar el proyecto y hacerme cargo de algunos puntos que han planteado los honorables diputados.
En primer lugar, el proyecto -lo dijo hace un momento el diputado señor Silva- fue trabajado con las asociaciones gremiales. Hemos tenido un diálogo bastante fructífero con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que dirige don Juan Araya, mismo diálogo que hemos sostenido con la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Repito, hemos dialogado con ambas asociaciones gremiales. Por lo tanto, lo que manifestó un dirigente que asistió ayer a la Comisión en términos de que no los hemos escuchado, no corresponde a la realidad. Aquí no hay realidades a medias: o se reciben a los representantes de esos gremios o no se reciben. Y lo que ocurrió fue que los hemos recibido y hemos escuchado sus planteamientos.
Con el proyecto avanzamos en un sentido importante: en el sector medio, esto es, respecto de aquellas empresas de transporte que perciben entre 15 mil y 20 mil unidades de fomento de venta anual. Dichas empresas mejorarán su reintegro, del 31 por ciento, que tenían antes de este proyecto, a 52,5 por ciento, porque pasarán al tramo tres. Este beneficio no es insignificante, como afirmó ayer un dirigente, que no es el presidente de la Confederación , sino que es presidente de una asociación miembro de la Confederación. Por el contrario, son algo menos de mil empresas adicionales las que recibirán el beneficio del reintegro de 52,5 por ciento.
El proyecto es fruto del dialogo. Reitero: hemos escuchado y dialogado con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y con la Confederación Nacional de Transporte de Carga. En suma, el proyecto es reflejo de ese dialogo. ¡Claro! Tal vez no refleja la aspiración de todos. Es parte de la naturaleza humana el solicitar más. De hecho, escuché a algunos diputados decir que el reintegro pudo haber sido mayor. En cada proyecto que presentamos se nos pide un beneficio adicional, y en esos casos nosotros debemos juzgar cómo, dentro de los costos y del erario, podemos atender las distintas demandas. Recuerden que esta demanda de reintegro no es la única. Hay demandas en educación, en salud, en vivienda, y cada vez que traemos un proyecto se nos pide un esfuerzo mayor. Lo entiendo, pero siempre habrá alguien que determine cómo asignar los recursos y hacer una propuesta. Eso es lo que hemos hecho.
Respecto de la premura legislativa, cabe aclarar lo siguiente. Hemos estado llenos de proyectos de ley. Nadie podrá decir que el Gobierno, en este caso, el Ministerio de Hacienda, que le ha tocado liderar este proyecto y varios más, ha estado relajado en materia legislativa. Hemos tenido una seguidilla de proyectos. En cuanto al que nos convoca, disponemos solo de este mes para convertirlo en ley. De lo contrario, el reintegro caerá a 25 por ciento. Esa es la realidad.
Quiero recordar que el año pasado hicimos el esfuerzo de hacer un reintegro, en un esquema que durara cuatro años, pero no pudimos hacerlo, porque se redujo ese plazo. El Ejecutivo acogió esa reducción de plazo a tres años, que es lo que se plantea en el inciso primero del artículo único del proyecto. Eso está bien, da más tiempo. Pero los señores diputados deben entender que la cantidad de proyectos anuales que tenemos es enorme: discusión presupuestaria; reajuste del sector público; discusión del ingreso mínimo, en fin.
También se nos dijo que habíamos traído a última hora el proyecto que postergó los avalúos no habitacionales por un año y que benefició a una cantidad muy importante de personas de clase media. ¡Bueno! Ocurrió por esta misma razón: la enorme cantidad de proyectos.
Ahora, en cuanto a la justificación o no del impuesto específico a los combustibles, una discusión de fondo en la cual no querría entrar, les digo que el gobierno anterior le encargó al Banco Interamericano de Desarrollo un estudio sobre la materia. Se trata de un trabajo independiente, que fue actualizado el año pasado. En él se dan razones y hace un cálculo de cuánto debería ser el impuesto específico a los combustibles. Quienes estén interesados en conocer esas razones, en conocer ese trabajo independiente, que no lo hizo el Ministerio de Hacienda, con el mayor gusto se lo entregaremos.
Volviendo al proyecto, quiero destacar el esfuerzo que está haciendo Ejecutivo al incorporar a más empresas de transporte de carga a un beneficio mayor, cual es el del 52,5 por ciento de reintegro. Es decir, se aumenta el reintegro a un sector medio.
Por último, quiero comentar lo que estamos haciendo con las asociaciones gremiales. Estamos trabajando en dos programas: uno, sobre eficiencia energética. La idea es instalar alerones en los transportes de carga, esto es, piezas móviles que ayudan a reducir el consumo de combustible en casi 15 por ciento. El otro programa dice relación con el recambio de camiones. Se trata del programa “Cambia tu camión”, cuya finalidad es modernizar las flotas, optimizar el uso del combustible y contribuir a descontaminar las ciudades.
También se nos ha planteado el tema de mejorar la capacitación de los conductores profesionales, sobre todo por el desarrollo de la gran minería, rubro en el que uno de los mayores requerimientos es la seguridad. Entendemos la razonable preocupación de las asociaciones gremiales en esta materia, y estamos dispuestos a trabajar con ellas.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Cerrado el debate.
A la espera de que los diputados que están en Comisiones concurran a votar, se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
En votación general el proyecto de ley.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Alejandro;
-Se abstuvo la diputada señora
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
AUMENTO DE SANCIONES A RESPONSABLES DE INCENDIOS FORESTALES. Tercer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 8155-01, sesión 123ª, en 9 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Hago presente a los señores diputados y señoras diputadas que la totalidad de las enmiendas inciden en normas de quorum simple o común.
Asimismo, debo informarles que no hay parlamentarios inscritos para intervenir sobre la materia.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, las votaremos sin discusión.
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS DEL GOBIERNO EN EL DENOMINADO “CASO BOMBAS”.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”.
Diputado informante es el señor René Alinco.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 121ª, en 8 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ALINCO (de pie).- Señor Presidente , paso a rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso bombas”.
La Cámara de Diputados, en la sesión 22ª, celebrada el 8 de mayo de 2012, ante la petición formulada por 49 señores diputados y señoras diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República, acordó por unanimidad “crear una Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso bombas”.
En el marco de su cometido, la comisión deberá recabar información, investigar las actuaciones y determinar las responsabilidades involucradas en el referido caso, recibiendo para tales efectos a todas las personas y representantes de instituciones que puedan ilustrarla en su investigación.
En particular, la comisión deberá investigar las circunstancias, relaciones, actuaciones y omisiones del Ministerio del Interior, sus autoridades y funcionarios, independientemente de su naturaleza contractual, vinculados a los hechos materia de la investigación, incluyendo el paso desde la Fiscalía Sur al referido ministerio del señor Alejandro Peña , precisando las condiciones de su contratación, su responsabilidad administrativa y las funciones que cumple en la actualidad.
La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”.
La Comisión se constituyó el 5 de junio de 2012 y en el cumplimiento de su cometido celebró 25 sesiones especiales.
Prestaron declaración ante la Comisión, las siguientes personas:
a) Autoridades:
- Ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Rodrigo Hinzpeter .
-Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Sabas Chahuán .
-General director de Carabineros de Chile , señor Gustavo González Jure .
-Director general de la Policía de Investigaciones, señor Marcos Vásquez.
b) Funcionarios públicos:
-Fiscal regional metropolitano sur, señor Raúl Guzmán .
-Fiscal regional centro Norte, señor Andrés Montes .
-Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, señor Mauricio Fernández .
-Director de la Agencia Nacional de Inteligencia señor Gonzalo Yuseff (sesiones 3ª y 8ª, celebradas en 19 de junio y 6 de agosto de 2012, respectivamente).
-Mayor de Carabineros de Chile, señor Eduardo Witt.
-Directora de la Asociación Nacional de Fiscales y fiscal de la zona oriente de Santiago, señora Evelyn Kremer .
- Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señor Pedro Orthusteguy .
-Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Subsecretaria del Interior, señor Alejandro Bernhardt.
-Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Hugo Merino .
-Fiscales del Ministerio Público, señores Marcelo Apablaza , Víctor Núñez y Francisco Rojas .
-Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, señora Paulina Ruiz .
-Funcionarios de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Cristián de Feudis y señora Ximena Risco .
-Jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Alejandro Peña .
Subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla .
c) Particulares.
-Ex fiscal regional metropolitano oriente, señor Xavier Armendáriz .
-Periodista y autora del libro “Caso Bombas”, señora Tania Tamayo .
-Ex jefe de Personal del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Ex fiscal del Ministerio Público, señor Juan Pablo Buono-Core .
-Abogados defensores de imputados en el Caso Bombas, señora Valentina Horath , señores Rodrigo Daza y Morris Farachi ; señor Rodrigo Román y señora María Rivera , de la Defensoría Popular.
La Comisión se integró por 13 diputados: 6 de la Alianza por Chile, 6 de la Concertación y el independiente regionalista que informa, quien ejerció como Presidente de la instancia.
2. Conclusiones propuestas.
A partir de la información recabada por la Comisión durante las sesiones realizadas, la documentación recibida y en particular las declaraciones prestadas ante ella por los diversos invitados, y a solicitud de los miembros de dicha instancia parlamentaria, quienes representan a las distintas bancadas, se puede concluir que de acuerdo con los antecedentes recopilados y según consta en la investigación administrativa seguida en contra del entonces fiscal regional Alejandro Peña , se pudo constatar la existencia de prácticas antisindicales por parte de aquel. Dicho funcionario fue amonestado por escrito por el Fiscal Nacional con fecha 17 de junio de 2008.
Asimismo, que dichas prácticas antisindicales constituyeron conductas permanentes y continuas durante el período en que el señor Alejandro Peña Ceballos ejerció como fiscal regional metropolitano de la zona sur y son parte de su normal accionar.
Por otra parte, y referido derechamente al denominado “Caso Bombas”, de acuerdo a las diversas declaraciones recogidas por la Comisión Investigadora, en especial las del general director de Carabineros , señor Gustavo González Jure , es posible concluir la existencia, a lo menos en el Departamento de Criminalística de Carabineros, de prácticas poco claras respecto de la firma de peritajes por parte de peritos que no los habían efectuado, esto bajo el supuesto objetivo de “agilizar” o “por rapidez”, lo cual era una situación habitual.
Dicha práctica, como consta en las actas de sesiones de esta Comisión y en el propio proceso judicial, se habría materializado, también, en informes periciales realizados y requeridos por el Ministerio Publico en el denominado “Caso Bombas”, que habrían sido firmados por peritos distintos a los que habían efectuado el peritaje.
En cuanto a si ese hecho podría, eventualmente, constituir el delito de falsificación de documento público, realizar dicha calificación no es de competencia de la Comisión Investigadora, sino de los tribunales de justicia. Sin embargo, es dable señalar que dicha situación es de alta gravedad y debe ser erradicada de Carabineros de Chile.
Al respecto, es preciso mencionar que resulta necesario legislar sobre el desarrollo de peritajes en causas criminales, en especial, evaluar la pertinencia de la existencia de un órgano público distinto e independiente de las policías y del Ministerio Publico, a objeto de transparentar y dar las garantías necesarias a los intervinientes en procesos penales.
Cabe hacer presente que en la actualidad existen en curso dos investigaciones judiciales sobre la materia: en el Segundo Juzgado Militar de Santiago y en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Asimismo, la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile está llevando adelante un sumario administrativo en el Departamento de Criminalística de dicha institución policial.
El perito cuestionado en este caso fue don Eladio Gallardo Ríos, del Laboratorio de Criminalística (Labocar), quien era el responsable de tres informes periciales del sitio del suceso, de fechas 14 de julio y 22 de septiembre de 2009 y 30 de abril de 2010.
Un aspecto relevante es que tras el reconocimiento de Eladio Gallardo de que el informe usado en juicio tenía una firma que no era la suya, la fiscalía retiró 216 testigos del juicio oral, hecho que afectó directamente a la investigación.
Otro elemento importante detectado por la Comisión se relaciona con la necesidad de implementar medidas legislativas a los efectos de mejorar el trabajo del Ministerio Público. En lo concreto, se detectaron falencias legislativas que dificultan el trabajo del ente persecutor en casos de alta complejidad, destacando entre ellas los plazos para acusar una vez cerrada la investigación, los que resulta-rían precarios, como sucedió en el Caso Bombas. Lo mismo ocurre en cuanto al recurso de nulidad y la sentencia de reemplazo, materias reguladas por los artículos 372, 385 y siguientes del Código Procesal Penal.
En relación con el tema de mayor preocupación de la Comisión, así como de la opinión pública, referido a la relación entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, es dable señalar que al menos ante esta Comisión no se acreditó una relación distinta a la que mantiene la fiscalía con cualquier querellante. Sin embargo, llama la atención la contratación del señor Alejandro Peña por parte del Ministerio del Interior, ya que del trabajo de la Comisión y de las declaraciones vertidas por los distintos invitados, se pudo establecer que las conversaciones para incorporar al señor Peña al Ministerio del Interior, como jefe de la División de Estudios de dicha cartera, se inician el 15 de marzo de 2011, a iniciativa y siendo llevadas directamente por el subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla , las que culminan con el señor Peña iniciando sus funciones el día 11 de abril del mismo año, es decir solo seis días después de hacer efectiva su renuncia al Ministerio Público, y encontrándose aún en tramitación el denominado “Caso Bombas”, que a él le correspondió liderar.
El accionar del subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla , y del entonces fiscal Alejandro Peña , ha significado un grave daño a la imagen y credibilidad, tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior, ya que está acreditado que el señor Alejandro Peña tomó decisiones en la causa, tales como presentar la acusación y solicitar la imposición de las penas, mientras mante-nía conversaciones para incorporarse como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior , como es de público conocimiento.
El solo hecho de que un fiscal regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y, posteriormente, trabajar o prestar servicios a dicho querellante, en este caso el Ministerio del Interior, compromete, sin lugar a dudas, la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público, así como una infracción al principio de probidad administrativa.
La probidad administrativa constituye un principio rector que inspira el funcionamiento de los órganos del Estado en aras del bien común. La ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, señala que dicho principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
Tal es la importancia que reviste dicho principio orientador de la función pública, que el constituyente derivado de 2005, mediante la reforma constitucional contenida en la ley N° 20.050, lo consagró en el artículo 8°, en el capítulo I de la Carta Fundamental, sobre las Bases de la Institucionalidad.
Por tanto, esas actuaciones o negociaciones, entre el subsecretario Ubilla y el señor Peña , lesionan dicho principio, al afectar o interrumpir la labor investigativa del otrora fiscal.
Resulta menester señalar que en virtud de toda la documentación recibida en esta Comisión, consta que según el decreto N° 250 del Ministerio del Interior, de fecha 11 de abril de 2011, se contrata al señor Alejandro Peña Ceballos para desempeñarse en la Subsecretaría del Interior como experto en materias de seguridad, orden público y crimen organizado, asimilado al grado 2° EUR. Desde esa fecha, el señor Alejandro Peña se desempeñaría como jefe de la División de Estudios , dependiente directamente de la Subsecretaría del Interior. No obstante lo anterior, llama la atención el hecho de que no consta que se haya dictado posteriormente ningún decreto o acto administrativo que haya designado al señor Peña en tal calidad, ello a diferencia de las resoluciones N°s. 2167 y 2168, ambas del 1 de junio de 2011, firmadas por el ministro del Interior y Seguridad Pública subrogante, señor Rodrigo Ubilla Mackenney , en virtud de las cuales se designan al jefe de la División de Investigaciones , señor David Huina Valenzuela y a la jefa de la División de Carabineros, señora Constanza Farías Prieto , respectivamente.
En cuanto al trabajo desarrollado por el entonces fiscal Alejandro Peña en el denominado “Caso Bombas”, es preciso señalar que el período del señor Peña como fiscal regional, expiraba en el mes de octubre de 2011. No obstante, el señor Peña señaló ante esta Comisión que no habría podido asistir a la audiencia de juicio oral del referido caso. Sin embargo, el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que la audiencia de preparación del juicio oral se debe realizar entre 25 a 35 días después de la acusación, por lo que, al menos el entonces fiscal Alejandro Peña estuvo en posición de asistir a la audiencia de preparación del juicio oral, información que omitió ante la Comisión y que, por lo visto, no tuvo en consideración al momento de dejar el Ministerio Público.
Por otra parte, se pudo establecer que mientras el señor Peña estuvo a cargo de la investigación, recopiló miles de pruebas que, posteriormente, fueron declaradas por el tribunal como manifiestamente impertinentes. Es razonable sostener que el otrora fiscal actuó de manera arbitraria o, al menos, con total desprolijidad, ya que los elementos de prueba carecían del más mínimo atisbo de verosimilitud, según lo establecieron los propios tribunales de justicia.
Finalmente, se puede señalar que el fracaso del “Caso Bombas” no se puede atribuir a una persona en particular, ya que son diversos los factores que confluyeron a su desplome como, por ejemplo, las deficiencias investigativas e, incluso, falencias legales. No obstante lo anterior, resulta patente que el desenlace del “Caso Bombas” constituye un fracaso para los órganos del Estado, básicamente para el Ministerio Público y el Ejecutivo . Ello se ejemplifica en un dato de la Defensoría Penal Pública: durante los nueve meses que estuvieron los imputados de este denominado “Caso Bombas” detenidos en la cárcel de máxima seguridad, hubo 18 artefactos explosivos, con un promedio de 20 al año. Esa situación es de la mayor gravedad, en una doble dimensión: en primer lugar, porque da cuenta de personas que fueron privadas de libertad durante meses y que, finalmente, fueron absueltas por los tribunales de justicia. En segundo lugar, su gravedad radica en que no obstante estar privados de libertad los imputados -supuestos autores de los bombazos-, estos siguieron produciéndose, pero a la fecha, los verdaderos autores de los atentados explosivos siguen impunes, dejando en evidencia la incapacidad de los órganos del Estado responsables de la seguridad pública y de aquellos que tienen a su cargo la persecución penal.
3. Propuestas sugeridas.
Dadas las conclusiones, particularmente los hechos conocidos durante la investigación llevada a cabo por la Comisión Investigadora del “Caso Bombas”, resultaría pertinente solicitar a su excelencia el Presidente de la Republica y a la ministra de Justicia que el proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo para perfeccionar la Reforma Procesal Penal, considere la modificación del artículo 248 del Código Procesal Penal, ya que este establece que una vez cerrada la investigación, el fiscal tiene un plazo de 10 días para deducir la acusación, plazo que, en casos complejos, puede resultar precario, motivo por el cual resulta pertinente legislar sobre la materia, estableciendo nuevos criterios que permitan mejorar la calidad del trabajo del ente persecutor. Lo mismo ocurre tratándose del recurso de nulidad y de la sentencia de reemplazo, ambos temas regulados por los artículos 372, 385 y siguientes del Código Procesal Penal.
Asimismo, resulta necesario que se contemplen modificaciones al inciso cuarto del artículo 247 del mismo cuerpo legal, el que establece la sanción del sobreseimiento definitivo cuando los fiscales no formulen acusación dentro del plazo de 10 días, contados desde el cierre de la investigación. Con esto se pone fin a la sanción a la causa, lo cual perjudica abiertamente a las víctimas, debiendo reemplazarse por una sanción al fiscal que incumpla con los plazos establecidos.
Otro aspecto relevante que debería incluirse en las reformas anunciadas por el Ejecutivo dice relación con la situación laboral de los Fiscales una vez que dejan de formar parte del Ministerio Publico. Al respecto, se sugiere establecer una limitación legal a quienes cesan en el cargo de Fiscal, que se traduzca en que no podrán prestar servicios profesionales de ninguna naturaleza a quienes hayan sido intervinientes en los procesos penales en los cuales al Fiscal le haya correspondido dirigir la investigación, por el plazo de seis meses, contados desde que se hace efectiva su cesación en el cargo.
En el mismo sentido, se hace necesario y urgente legislar en torno a la carrera funcionaria de los fiscales, ya que esto permitirá dar mayor independencia y autonomía en la tramitación de causas. Esto resulta fundamental y se hace necesario aun a partir del denominado “Caso Bombas”, ya que los fiscales adjuntos, todos fiscales jefes, estaban doblemente sometidos al Fiscal Regional responsable del caso. Es decir, además de obedecer las instrucciones de su superior, el Fiscal Regional, estaban imposibilitados de representar en muchos casos sus desavenencias investigativas con este, dado que su posición de Fiscal Jefe, al ser un cargo de confianza, depende exclusivamente del Fiscal Regional, por lo cual la autonomía de los fiscales se pudo haber visto afectada en éste y otros casos.
Es de vital importancia que el Ejecutivo considere estas medidas dentro del proyecto de ley que ha anunciado, ya que mejorará la función del ente persecutor, no sólo en los casos complejos, como el “Caso Bombas”, sino en todo el accionar del Ministerio Publico.
Del mismo modo, resulta necesario y pertinente legislar a objeto de modificar la actual ley que tipifica las conductas terroristas, a fin de dotar al Ministerio Público de herramientas que le permitan llevar a cabo de mejor manera su cometido, introduciendo técnicas de investigación análogas a las de la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, como son los informantes, los agentes encubiertos, y los agentes reveladores. Dada la complejidad de los delitos terroristas, y en pos de asegurar el éxito de la investigación, se requiere la infiltración de los grupos terroristas, siendo dichas técnicas de investigación las herramientas más eficaces para lograr dicho objetivo.
Finalmente, se sugiere legislar a fin de modificar el Estatuto Administrativo, en orden a permitir que subsista la responsabilidad administrativa del funcionario público después de su renuncia, ello a fin de precaver una posible elusión de responsabilidad administrativa de funcionarios públicos ante una renuncia intempestiva, como el caso del señor Peña , al dejar el Ministerio del Interior.
Eso es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , a propósito del informe que se ha rendido, evacuado por la Comisión Investigadora del “Caso Bombas”, conversé con diputados de distintas bancadas integrantes de la misma, en el sentido de plantear a la Mesa la posibilidad de debatirlo y votarlo en otra sesión que la Mesa tenga a bien disponer durante enero.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Señor diputado , parece adecuada su propuesta.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , quiero proponer una variante a lo planteado por el diputado René Saffirio : debatir hoy el proyecto y votarlo en una próxima sesión.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado don Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , lo planteado por el diputado René Saffirio es muy adecuado. Si bien es cierto que el informe podría debatirse en esta sesión y votarse en una próxima, a mi juicio, lo más conveniente es que el debate se produzca cuando estén presentes en la Sala todos los colegas que van a participar en la votación. De ese modo, contarán con la información adecuada y con los antecedentes del debate.
Por eso, lo planteado por el diputado René Saffirio resulta pertinente, porque persigue debatir y votar el informe en una misma sesión. Con ello -repito-, se logra el objetivo de que los colegas estén debidamente informados del contenido del informe.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo) .- Señor Presidente , es responsabilidad nuestra, como diputados, estar presentes en la Sala cuando se realiza una sesión, más allá de los acuerdos que se puedan alcanzar en cuanto a si se debate y vota el informe en esta sesión o en una próxima.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , es importante señalar que, en varias oportunidades, los integrantes de la Comisión intentamos llegar a un acuerdo sobre esta materia, pero fue imposible. Este informe fue aprobado en la Comisión por 7 votos a favor y 3 en contra.
Por lo tanto, recogiendo lo que se ha dicho, sería conveniente que el debate y la votación del informe se realicen en una misma sesión. En este momento se encuentran sesionando varias Comisiones. Atendido ese hecho, se podría fijar una sesión para debatir y votar el informe que acabo de rendir.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado don Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente , las posiciones ya han sido presentadas. Por lo tanto, pido que aplique el Reglamento. Si hay unanimidad, se debe posponer la votación; de lo contrario, se debe seguir adelante con el debate.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , nuestra bancada no va a dar la unanimidad, pues estimamos que el informe debe debatirse y votarse en esta sesión. Es responsabilidad de cada parlamentario estar en la Sala.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo en relación con la petición formulada por el diputado señor Saffirio.
En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso bombas” se abocó al conocimiento de hechos complejos que estuvieron en el tapete de la discusión pública, relacionados con la imputación efectuada a un conjunto de ciudadanos chilenos, a quienes se les atribuía la responsabilidad de haber colocado una cantidad importante de artefactos explosivos en distintos puntos del país, particularmente, en la Región Metropolitana.
Los cuestionamientos generados por esta Comisión Investigadora tienen que ver con, a lo menos, tres aspectos fundamentales.
El punto central de la investigación tenía que ver, desde mi lógica, con la forma en que el Ministerio del Interior había establecido, a través del subsecretario del Interior , don Rodrigo Ubilla , vínculos con el entonces fiscal regional de la Región Metropolitana Sur, don Alejandro Peña , para lograr que este último se incorporara al Ministerio del Interior como jefe de la División de Estudios de dicha Cartera.
Esto en sí no reviste ninguna dificultad…
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , prefiero esperar, con cargo a mi tiempo, para ver si se logra producir menos bullicio a fin de continuar con mi exposición. Cuesta mucho concentrarse con este ruido.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Ruego a los señores diputados y señoras diputadas tomar asiento y guardar silencio para que el diputado don René Saffirio pueda continuar con su intervención.
Puede continuar, señor diputado .
El señor SAFFIRIO.- Decía que la sola circunstancia del nexo que se establece entre el Ministerio del Interior, a través del Subsecretario y del ex fiscal regional, don Alejandro Peña , no revestiría ninguna característica especial si el diálogo con éste no se hubiera realizado mientras era fiscal regional de la Región Metropolitana Sur y tenía a su cargo la investigación y el equipo de investigadores de la Región Metropolitana Sur, precisamente, abocado a la causa denominada “Caso Bombas”, en la cual el Ministerio del Interior era querellante.
Mientras dirigía la investigación, el fiscal regional, Alejandro Peña , conversó en reiteradas ocasiones con el subsecretario del Interior para negociar las condiciones de su contrato como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior , a pesar de que -repito- dicho Ministerio era querellante en la causa y don Alejandro Peña , el fiscal a cargo.
Pero eso no es todo. Por instrucciones del fiscal nacional, don Sabas Chahuán , el ex fiscal Armendariz , que estaba a cargo de la causa, es reemplazado por el fiscal Alejandro Peña , que acusa a los imputados. Acto seguido -estoy hablando de dos o tres días después- presenta su renuncia al cargo de fiscal regional -ocurrió un día jueves-, a fin de hacer efectiva su renuncia a partir del sábado siguiente, y el domingo se dicta el decreto en virtud del cual el ministro del Interior y Seguridad Pública lo nombra jefe de la División de Estudios del Ministerio , para que asuma a partir del lunes.
Entonces, lo que se ha cuestionado es que se causó un grave perjuicio a la autonomía del Ministerio Público, de lo cual es responsable no solo el Ministerio del Interior -debemos ser claros en ello-, sino también el fiscal nacional, don Sabas Chahuán . Además, hay otros episodios posteriores relacionados con el fiscal nacional, que dan cuenta de una interacción con el Ministerio del Interior que no nos permite presumir que se estuviera salvaguardando y protegiendo la autonomía del Ministerio Público.
Nuestro sistema de encausamiento criminal dejó de ser, afortunadamente, hace muchos años, un procedimiento según el cual se detiene para investigar, pasando a ser un procedimiento en que se investiga, con el objeto de detener. Son dos principios absolutamente distintos que regulan e informan el procesamiento en este tipo de causas.
Es probable que se diga que aquí no hay ilegalidad, con lo cual podría estar de acuerdo; pero, por lo menos, hay falta de prolijidad, acuciosidad y sentido de Estado, tanto por parte del fiscal nacional, como del fiscal regional de entonces, es decir, Alejandro Peña , del subsecretario del Interior , don Rodrigo Ubilla y del exministro del Interior y Seguridad Pública, don Rodrigo Hinzpeter , en todo este procedimiento que siembra un manto de dudas y que permite a la comunidad nacional empezar a hablar de un montaje.
La verdad es que en la Comisión no se logró acreditar que hubo montaje porque, desde mi punto de vista, ello supone el ánimo preconcebido de reunir la voluntad de un conjunto de actores para generar una situación específica y aparente, relacionada con la responsabilidad de los imputados en los hechos. Pero, no se pudo establecer que hubo un montaje, entre otras cosas, porque la Comisión invitó a los jefes de prensa de un importante número de medios de comunicación. Voy a citar solo a uno: don Felipe Gertsen , editor del programa Informe Especial de Televisión Nacional de Chile -lo cito porque se trata de un medio de televisión pública-, pero no concurrió a la Comisión. De acuerdo con los antecedentes que se reunieron en la Comisión, quedó de manifiesto la estrecha relación que existía, mientras se investigaban los hechos, entre la Fiscalía Metropolitana Sur y el editor del programa Informe Especial. Por eso, como dicho periodista no declaró ante la Comisión, no fue posible configurar un cuadro que permitiera hablar de montaje.
En este sentido, quiero destacar la voluntad de la totalidad de los integrantes de la Comisión, en cuanto a que la expresión “montaje” no pasó de ser, por lo menos, en el marco de la investigación, una expresión mediática que no tuvo una manifestación precisa y expresa que se hubiera podido acreditar durante la investigación.
Otro punto importante de destacar es la declaración formulada por el general director de Carabineros , cuando se hizo referencia, precisamente, al uso de una metodología para la entrega de los informes periciales en la misma causa, que daba cuenta de que los peritajes no eran suscritos por los funcionarios que debían hacerlo. En la primera sesión en que compareció el general director de Carabineros , don Gustavo González , reconoció que es una práctica habitual en las investigaciones, sosteniendo que se hace con el objeto de hacer más expedita la tramitación de los peritajes y de los informes a los tribunales. Sin embargo, es importante señalar que también se hizo presente en la Comisión la inconveniencia de perseverar en estas prácticas porque, eventualmente, se podría incurrir en el delito de falsificación de instrumento público.
Por todo esto, pedí que efectuáramos este debate en una sesión separada, porque hay materias que están vinculadas a la investigación del “Caso Bombas” relacionadas no solo con la transgresión del principio de la oportunidad del proceso penal -se mantuvo en prisión por cerca de un año a un importante número de ciudadanos que, finalmente, fueron absueltos-, sino también con un hecho que, desde mi punto de vista, reviste la misma o mayor gravedad: la forma en que, por desprolijidad o falta de acuciosidad, se puso en peligro la autonomía del Ministerio Público, las características que deben tener las decisiones que toma el Ministerio del Interior en relación con el Ministerio Público y la forma en que en nuestro ordenamiento procesal penal se salvaguardan las garantías individuales de los ciudadanos, más allá de la naturaleza del delito que se les esté imputando.
Por esta razones y por muchas más que no alcanzo a señalar, habríamos preferido que este debate se hubiera realizado en mayor profundidad y con la misma riqueza de argumentos con que se llevó a cabo en la Comisión Investigadora.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , después de haber escuchado al colega que me antecedió en el uso de la palabra y a muchos diputados de la Concertación en la Comisión, solo me queda recordar las palabras del diputado señor Saffirio cuando dijo que aquí no solo no hubo montaje, sino que no existió responsabilidad administrativa ni penal alguna del subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla . Sin embargo, en el informe, los diputados de la Oposición tratan de asignar responsabilidad al subsecretario del Interior .
Esas contradicciones son las que, muchas veces, uno no entiende. Eso es lo que desprestigia tanto a la actividad política, sobre todo cuando se trata de desacreditar y descalificar a una persona solo porque piensa de manera diferente; cuando no se expresan argumentos de fondo, sino que se recurre a las descalificaciones para sacar provecho político; es decir, se ataca a la persona, pero no sobre la base de hechos concretos que realmente permitan sostener la existencia de algún tipo de responsabilidad.
En la Comisión Investigadora tratamos de llegar a un consenso, pero, al final, no primó un criterio objetivo, sino el interés político. A pesar de que se dice abiertamente que el objetivo no es hablar de montaje, indirectamente se deja en la nebulosa la posible existencia de ese supuesto montaje, el cual nunca existió. Además, se estableció claramente -así se planteó en el seno de la Comisión- que para la existencia de ese supuesto montaje tendría que haber participación del Ministerio Público, del gobierno de la Presidenta Bachelet , del gobierno del Presidente Piñera con sus respectivos ministros, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones y del Poder Judicial. Es decir, tendría que haber existido una asociación ilícita cuyos integrantes se confabularon para crear toda una artimaña a fin de generar ese supuesto montaje.
Dicho montaje no existe sino en la imaginación de algunos parlamentarios, exclusivamente para tratar de desprestigiar a este Gobierno. Ellos no asumen la responsabilidad de lo que sucede ni toman en cuenta una serie de antecedentes. Se basan en la relación que existía entre el exfiscal Alejandro Peña y el subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla , lo que ni siquiera es una falta administrativa. Como dijo el diputado señor René Saffirio en la Comisión, pudo haber sido una imprudencia, pero en ningún caso una falta administrativa o un delito.
En suma, se trata de consignar hechos para generar duda en la opinión pública. Sin embargo, quienes los plantean no tienen ningún tipo de asidero ni argumentos que avalen su denuncia.
Si uno hace un análisis más profundo, este tema no viene solo de este Gobierno, sino que también afectó al gobierno de la Presidenta Bachelet , al ministro del Interior de la época , señor Edmundo Pérez Yoma , y al entonces subsecretario de esa cartera, señor Patricio Rosende . Posteriormente, asumió este gobierno, y fueron designados como ministro del Interior , Rodrigo Hinzpeter , y como subsecretario de esa cartera, Rodrigo Ubilla .
Entonces, claramente tendría que haber existido una confabulación entre el subsecretario y el ministro de la época y los actuales para generar este supuesto montaje, con lo cual, a su vez, se crea un manto de dudas en la opinión pública.
Señor Presidente , a pesar de que tratamos por todos los medios de llegar a un acuerdo, no se alcanzó. Al respecto, anunció que la UDI votará en contra de este informe por tres razones.
En primer lugar, porque carece de todo tipo de objetividad al referirse a la relación que existió entre el exfiscal Alejandro Peña y el subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla .
En segundo lugar, porque deja entrever una serie de supuestas irregularidades en Carabineros de Chile que son inexistentes, y porque crea un manto de dudas sobre supuestos delitos e irregularidades que nunca existieron.
En tercer lugar, porque creemos que es impresentable el sesgo político de un informe que busca desacreditar y desprestigiar al gobierno de turno, en la persona del subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, y de Carabineros de Chile.
Por lo anterior, pido a los parlamentarios que actúen en mérito de los hechos que se presentaron y no bajo influencias claramente políticas para tratar de desprestigiar a personas e instituciones a fin de generar en la opinión pública un manto de dudas sobre los supuestos ilícitos que se habrían cometido.
Claramente, existieron bombas y hubo sometimiento a proceso y detenidos. Esto fue ratificado no solo por los juzgados de garantía, sino posteriormente por cortes de apelaciones y por la Corte Suprema, y muchas personas imputadas estuvieron privadas de libertad.
Hubo acusaciones de supuesto maltrato de Carabineros de Chile a algunos detenidos, hechos que ocurrieron cuando era ministro del Interior el señor Edmundo Pérez Yoma . También se sostuvo que este Gobierno, dada su relación con el exfiscal Alejandro Peña , tenía algún grado de responsabilidad, en circunstancias de que las pruebas que se desestimaron correspondían al período del exfiscal Xavier Armendáriz .
Por lo tanto, qué sentido tiene insistir en un informe que carece de objetividad, que no ha considerado los hechos en forma objetiva.
Claramente, debemos actuar con mucha responsabilidad. En este caso, reitero, se está actuando con un sesgo político para tratar de sacar un dividendo político, a costa de personas e instituciones que han actuado apegadas a nuestra legislación, a la ley y que, sin duda, han hecho una labor notable.
Por último, considero que generar un manto de dudas respecto de Carabineros de Chile y tratar de desprestigiar o desacreditar al subsecretario del Interior es de una irresponsabilidad gravísima, lo que claramente demuestra el porqué del desprestigio de nuestra institución.
He dicho.
El señor MARINOVIC (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , la razón que tuvo la Sala para formar la Comisión Investigadora del denominado “Caso Bombas” se sustenta, por un lado, en la actuación del exfiscal Alejandro Peña y del Ministerio del Interior, representado en este caso por el subsecretario Rodrigo Ubilla , y por el otro, debido a algunas actuaciones de Carabineros de Chile.
Si bien es cierto que en esto no ha habido ilegalidades, creo que no ha existido una conducta intachable de funcionarios del Ministerio del Interior y de Carabineros de Chile. Eso llevó a que aprobáramos este informe, en el cual quedan claramente establecidas actuaciones indebidas de Carabineros de Chile -reconocidas, incluso, por su director general-, específicamente respecto de informes que fueron firmados por personas distintas a quienes realizaron los respectivos peritajes.
Reitero que esto fue reconocido por el director general de Carabineros de Chile, quien señaló que se están tomando todas las medidas para que eso no se repita.
Al respecto, creo que es muy importante recordar la ley Nº 18.575, modificada por la ley N° 19.653, sobre probidad administrativa, en la cual se exige a todos los funcionarios observar una conducta intachable en sus actuaciones y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
En relación con la contratación del exfiscal Peña como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior , dejó claramente establecido que el único responsable es el subsecretario del Interior , señor Ubilla .
Asimismo, en la Comisión quedó claramente establecido que existieron conversaciones previas entre el subsecretario del Interior , señor Ubilla , y el señor Peña para la futura contratación de este, mientras se llevaba a cabo el proceso judicial denominado “Caso Bombas”, en el cual el Ministerio del Interior era querellante.
Se trató de una contratación realizada en un tiempo récord, pues entre la renuncia del fiscal Peña, la aceptación de su renuncia por el Ministerio Público y su contratación por el Ministerio del Interior, solo pasó una semana. Quiero recordar que el fiscal Peña ya había realizado las formalizaciones cuando decidió abandonar el caso para ocupar el cargo de jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior .
Nadie en esta Sala puede calificar esa conducta como intachable. Existen serios reparos al hecho de que uno de los querellantes en el caso, el Ministerio del Interior, sostuviera conversaciones con el fiscal investigador para ofrecerle contrato como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior. Creo que eso lesiona la probidad que deben observar los funcionarios públicos, en este caso, un funcionario tan importante como el subsecretario del Interior. Eso quiero recalcarlo.
Aquí ha habido una conducta que, si bien no es ilegal, sí deja mucho que desear. Por eso, una de las sugerencias que proponemos es la dictación de una normativa a fin de que no se repita este tipo de situaciones, que derivaron en la contratación del exfiscal Peña. Al respecto, debemos recordar que, además, con posterioridad fueron contratados por el Ministerio del Interior dos de sus ayudantes.
A nadie le puede caber la menor duda de que esta conducta deja mucho que desear y que está muy lejos de ser intachable. De paso, recordemos que el exfiscal Peña ya no forma parte del Ministerio del Interior.
En mi opinión, las actuaciones del señor Rodrigo Ubilla y del exfiscal Peña han producido un serio daño al prestigio del Ministerio del Interior y del Ministerio Público.
Por ello, la Cámara de Diputados, junto con investigar estos hechos, debe proponer las medidas del caso para prevenir que hechos como los acaecidos se repitan, de manera que instituciones tan importantes como el Ministerio del Interior -en este caso, su subsecretaría-, el Ministerio Público y Carabineros de Chile se vean envueltas en situaciones que dejan mucho que desear.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Ha concluido el tiempo del Orden del Día.
En consecuencia, la discusión continuará en una próxima sesión.
¿Habría acuerdo para suspender el tiempo de Proyectos de Acuerdo?
Acordado.
VI. INCIDENTES
AGRADECIMIENTOS POR ANUNCIO DE REFORMULACIÓN DE PROYECTO AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE. Oficio.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , en primer lugar, deseo destacar la importancia de la reformulación del proyecto Américo Vespucio Oriente . Al respecto, en su momento el Ministerio de Obras Públicas y los medios de comunicación informaron en forma errática y no muy acertada sobre esta iniciativa, que implicaba una serie de expropiaciones, pero sin especificar cómo, cuándo, dónde ni cuáles serían los trazados.
Afortunadamente, gracias a numerosas gestiones efectuadas por vecinos, alcaldes de las comunas involucradas y parlamentarios de nuestro sector, dentro de los cuales me incluyo, la ministra de Obras Públicas anunció que se reformuló el proyecto Américo Vespucio Oriente y que lo más probable es que no se realicen expropiaciones.
Esto es una muy buena noticia. Me tocó vivir la angustia de las personas que se sen-tían potencialmente afectadas por las expropiaciones y pude darme cuenta de lo dramático de un proceso como el que se venía planteando.
Por eso, creo que es necesario modificar el sistema o la forma como se planifica una expropiación. Esto es, que se cuente con la mayor participación posible de los vecinos. No es posible que una entidad pública, en este caso un ministerio, anuncie, a través de una resolución judicial o de un receptor judicial, que se va a expropiar determinado sector. Ahí tenemos un vacío. Es importante establecer una regulación en ese sentido, materia que estamos estudiando.
Reitero mi agradecimiento por la reformulación de este proyecto.
Por último pido oficiar a la ministra de Obras Públicas para que, apenas esté en conocimiento del nuevo trazado o nuevas alternativas, informe a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara y a los parlamentarios del distrito para que no se vuelva a producir una especulación y una situación de tanto temor y de-sinformación en los vecinos de La Reina y Peñalolén, quienes la pasaron muy mal.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
ACLARACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE RADIO BIOBÍO EN RELACIÓN CON DECLARACIÓN DE DIPUTADOS DE COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS SOBRE CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA. Oficio.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Por otra parte, quiero hacer una aclaración sobre un hecho que me afectó a mí y a los diputados Cristián Letelier y Arturo Squella . Me atrevo a tomar sus nombres, porque así fue.
Como miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, hicimos una declaración pública en relación con el conflicto de La Araucanía. Al respecto, informamos sobre los múltiples beneficios que ha estado entregando este Gobierno, con lo que se han resuelto una serie de situaciones pendientes. Se ha ayudado al emprendimiento e, incluso, se creó una cámara de comercio; se han establecido comisiones de diálogo, se ha fortalecido la interculturalidad, por medio de la educación, y han aumentado los jardines infantiles. En fin, se trata de una serie de programas sociales destinados a favorecer a las personas de más escasos recursos del pueblo mapuche.
En esa conferencia, hicimos referencia a la situación en general y estuvimos contestes con la ayuda que se otorga al pueblo mapuche. Sin embargo, por una interpretación de un estudiante de periodismo o de alguien que estaba haciendo su memoria, de acuerdo con lo que me explicó la Radio Biobío, se informó profusamente a los medios de comunicación que nosotros habríamos solicitado al Gobierno retirar todos los beneficios al pueblo mapuche.
Obviamente, esto no fue tomado por los principales medios de comunicación, pero sí por medios escritos y por twitter.
Está de más aclarar que, con toda razón -a pesar de los insultos y agravios de que fuimos víctimas-, a cualquier persona le habría parecido que la propuesta era desquiciada; a mí también me pareció así. En suma, se afectó nuestra credibilidad, seriedad y preocupación por lo que sucede en La Araucanía. Fue muy complejo.
La Radio Biobío nos dio la oportunidad de hacer este desmentido, pero, como todos sabemos, el primer golpe es el que queda. Por lo mismo, hasta el día de hoy siguen apareciendo algunas informaciones en que se nos cuestiona como diputados, en el sentido de que habríamos hecho esta declaración absurda y sin sentido.
Por ello, aprovecho el tiempo de Incidentes para desmentir una vez más esa situación. Nunca se nos habría pasado por la mente decir algo tan absurdo. Al contrario, alabamos los beneficios que recibe el pueblo mapuche. Esperamos que siempre sean mayores y que algún día se llegue a un acuerdo en relación con el problema que afecta tan gravemente a La Araucanía.
Solicito oficiar al director de Radio Bio-bío para pedirle una aclaración por escrito -a pesar de que, como dije, se nos dio el espacio necesarios-, en el sentido de que explique que fue un error de una persona que estaba haciendo su memoria y que la radio no puede estar de acuerdo con una desinformación tan grave, que atenta contra nuestra seguridad personal, credibilidad e integridad, contra el respeto que tenemos por el pueblo mapuche.
Reitero, nos alegramos de que ese pueblo reciba beneficios. Ojalá siempre sean más para erradicarlos de su pobreza y darles una situación de equidad y justicia, como al resto de la población.
He dicho.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN DE CALLES Y ACERAS DE ANTOFAGASTA, Y PROYECTOS EN PROCESO DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN. Oficios.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS .- Señor Presidente , nuestra región experimenta un dinamismo económico que, sin duda, no se condice con algunas debilidades que se advierten.
El Estado, más que el gobierno de turno, ha dejado de aportar a nuestra región de manera complementaria a la contribución que hace la actividad privada, a la cual le reconocemos los impulsos que lleva adelante en materia recreativa, cultural y educacional, gracias a los aportes de la actividad minera. Como digo, el Estado ha dejado de participar activamente en el desarrollo de la región, el cual se debe orientar, fundamentalmente, en la calidad de vida.
Nos preocupan las condiciones existentes en Antofagasta, Calama y Tocopilla . A modo de ejemplo, en esta última ciudad se produce gran congestión vehicular por el crecimiento del parque automotor debido al boom minero, y, sin embargo, carece de semáforos.
Por eso, así como pedimos antecedentes para que se actúe en Tocopilla, hicimos un reclamo formal para que se haga lo mismo en Calama, de manera que se dé a sus habitantes la calidad de vida que merecen.
Por lo expuesto, pido oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo y al intendente regional para que nos informen sobre los recursos necesarios para desarrollar un plan de recuperación de calles y avenidas del sector sur de Antofagasta.
Lamentablemente, hoy debemos lidiar con baches y cámaras en mal estado, con todos los riesgos que eso significa. Incluso más, cuando queremos dar un valor agregado a nuestra ciudad en la temporada estival, en que llegan muchos visitantes, tenemos una cara no muy plausible por la falta de desarrollo.
Por eso, reitero, es necesaria la recuperación y remodelación de las principales arterias de la ciudad, proyecto que debe incluir calles y aceras.
Asimismo, solicito oficiar a la alcaldesa de Antofagasta , a fin de que informe sobre los proyectos en proceso de licitación y eje-
cución que tengan como fin la reparación y mantención de las calles de nuestra ciudad.
He dicho.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE AUMENTO DE HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Oficio.
El señor ROJAS .- Señor Presidente , pido oficiar al ministro de Educación para que nos informe sobre las observaciones que ha señalado públicamente sobre el aumento de las horas de educación física -ahora serán cuatro- que ha impulsado el Gobierno en el primer ciclo de la educación. Me gustaría que dicho aumento se extendiera al segundo ciclo.
De igual modo, solicito que no se eliminen las horas de educación física, deportes y recreación en la educación técnico-profesional.
Hemos luchado mucho en ese aspecto para enfrentar la obesidad y el sobrepeso de los jóvenes. En ese sentido, la Primera Dama de la Nación , doña Cecilia Morel , recogió nuestras inquietudes, y hoy estamos ad portas de discutir el proyecto de ley denominado Elige vivir sano.
Creo que encontramos una luz de esperanza para desarrollar las actividades deportivas y recreativas en la juventud y, asimismo, la alimentación sana, que le permita un crecimiento saludable.
También deseo pedir al ministro de Educación una evaluación de la Jornada Escolar Completa, pues en algo ha fallado. Hoy, lo niños permanecen en sus establecimientos educacionales entre las 8.00 y las 16.00 horas, y no todos reciben alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. A ello se debe sumar la mala costumbre -me incluyo, como padre- de tolerar que los niños reciban una alimentación muchas veces no acorde para un buen desarrollo. La población estudiantil del país se está enfermando. De aquí al 2015, el sobrepeso y la obesidad afectarán a aproximadamente 3 millones de niños.
Por lo tanto, pido oficiar al señor ministro de Educación a fin de hacerle ver nuestra profunda preocupación sobre la materia.
He dicho.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
PERFECCIONAMIENTO DE LEGISLACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE COTIZACIÓN DE 7 POR CIENTO PARA SALUD A PENSIONADAS. Oficio.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , en días pasados sostuve reuniones de trabajo con dirigentes de los profesores jubilados de la Región de Aysén, en especial de Coyhaique; con integrantes del Taller Reminiscencias, que preside la señora Nerta Orellana y cuya secretaria es la señora Bernardita Vera , y con profesores jubilados de la comuna de Aysén, quienes me hicieron llegar una minuta en la cual me plantean las dificultades que padecen por su condición de jubilados.
Un profesor que a lo largo de su vida ha cumplido la meritoria labor de formar a tantos jóvenes, algunos hoy profesionales, debido al actual sistema previsional, cuando pasa al sector pasivo, cae en la pobreza. Considero que nuestro país debe hacerse cargo de esa realidad.
No hace mucho se dictó la ley sobre eliminación de la cotización de 7 por ciento para salud de los jubilados. En uno de los puntos de su minuta, los dirigentes me plantean por qué no incorporar a los profesores jubilados y, en general, a todos los pensionados con ingresos iguales o inferiores a 255.000 pesos en la eliminación del descuento del 7 por ciento. Me señalaron que, en algunos casos, debe darse una serie de otras condiciones adicionales.
Al respecto, me he encontrado con muchos profesores jubilados, y también con exfuncionarios públicos de diferentes reparticiones y con pensionados del sector privado que no son objeto de la eliminación del descuento, pese a que sus ingresos son inferiores a 255.000 pesos.
Señor Presidente , por su intermedio, pido que se oficie al Presidente de la República para que perfeccione la legislación sobre eliminación del descuento del 7 por ciento para salud a favor de los jubilados que perciban menos de 255.000 pesos. Se trataría de una medida mínima para beneficiar a profesionales y empleados jubilados que hoy viven en condición de precariedad.
Ayer escuché varias intervenciones a nivel nacional sobre el tema previsional, en las cuales se destacaba que la inmensa mayoría de los chilenos está sufriendo este problema.
Creo que es el momento de darle una pronta solución al problema de docentes y empleados jubilados.
Pido que todos los colegas presentes adhieran a mi solicitud de oficio, especialmente el diputado señor Manuel Rojas, quien, como profesor, conoce bastante bien esta problemática.
He dicho.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Manuel Rojas, Felipe Salaberry , Edmundo Eluchans , Jorge Sabag y de quien preside.
INCORPORACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN PLANES DE ESTUDIO DE ENSEÑANZA BÁSICA. Oficios.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , el incendio de anteayer, martes 8 de enero, en dependencias del Jardín Botánico de Viña del Mar, que arrasó con más de cien hectáreas de bosques tras la alerta roja comunal decretada por la Onemi, obligó a la movilización de Bomberos, de la Conaf y del municipio de la ciudad para controlar el fuego, y también abrió de plano la temporada de incendios forestales que, en esta época del año, comienzan a suscitarse de manera reiterada en la ciudad jardín.
Las estadísticas de Conaf dan cuenta de que en la comuna de Viña del Mar, entre 2011 y 2012, ocurrieron ochenta y nueve incendios forestales, dañando plantaciones tales como pinos y eucaliptus, y vegetación natural, como arbolados, pastizales y matorrales.
Este tipo de siniestros no solo perjudica al ecosistema, sino que también trae efectos colaterales, como fue el caso de anteayer, oportunidad en que por muchas horas la ciudad se vio paralizada debido al daño que se generó en el tendido eléctrico, lo que produjo la suspensión temporal de las actividades productivas y un gran caos vehicular.
Para hacer frente a este tipo de siniestros es necesario arbitrar una serie de medidas preventivas, tales como mejorar los controles de fiscalización en parques, bosques y zonas de pastizales. Esto debido a que un número importante de incendios son provocados por causa humana, ya sea intencional o no.
Por otra parte, es menester incorporar un trabajo más exhaustivo de desmalezado y limpieza de los sectores en los que pueda iniciarse el fuego. Asimismo, es fundamental desarrollar programas de educación en la población con el fin de generar conciencia y tener una actitud más responsable para con el entorno.
Finalmente, creemos que es fundamental apoyar no sólo el trabajo de la Conaf, sino también el de aquellos organismos que pueden contribuir a la prevención de este preocupante y persistente problema que afecta a los chilenos, en particular a los de la comuna de Viña del Mar.
Solicito, por tanto, remitir copia de mi intervención a la alcaldesa de Viña del Mar, al director ejecutivo de Conaf y al ministro de Educación, con el objeto de insistir en la conveniencia de que se incorpore la educación ambiental y la prevención de incendios forestales en los planes de estudio de la enseñanza básica.
He dicho.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.08 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.49 horas.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE INSTRUCCIÓN DE CAUSAS POR DELITOS COMETIDOS POR UNIVERSIDADES Y SOSTENEDORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Oficios.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , tras la formalización del expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación y de dos exrectores de universidades privadas por el delito de cohecho, sumado a las investigaciones que actualmente se encuentran vigentes por delitos de fraude vinculados al lucro en universidades, se forma un panorama especialmente preocupante sobre los efectos que, en materia de probidad, han jugado los intereses económicos sobre las instituciones públicas reguladoras del sistema de educación superior.
A lo anterior, hay que sumar una serie de malas prácticas, como los abusos cometidos por sostenedores de establecimientos de enseñanza básica y media, los cuales, vulnerando la ley de subvenciones, generan falsas estadísticas de asistencia de los alumnos o, en casos especialmente graves, lisa y llanamente defraudan al fisco, al aplicar a un destino diferente los recursos provenientes de la ley de Subvención Escolar Preferencial.
Otro tanto ha sucedido con directores de establecimientos educacionales públicos o privados que se han dedicado a construir verdaderas industrias de certificaciones de estudios falsos. Se trata de instituciones que fingen tomar exámenes especiales a personas sin estudios básicos y medios completos, a quienes regularizan su situación por la vía de exámenes libres que, muchas veces, ni siquiera se rinden.
Estimamos que en cada uno de estos casos el rol del Ministerio Público es indispensable para perseguir penalmente a quienes, violentando ya no solo la ley administrativa, sino también la penal, no dudan en defraudar la fe pública e, incluso, cometer delitos de fraude al fisco.
Por lo expuesto, me permito solicitar que se oficie en mi nombre al fiscal nacional, señor Sabas Chahuán , con la finalidad de que informe sobre la instrucción de causas que ha llevado a cabo ese órgano persecutor penal por delitos cometidos por universidades y sostenedores de establecimientos de educación básica y media, especialmente por violación a la Ley de Subvenciones Escolares y a la Ley Subvención Escolar Preferencial.
Asimismo, solicito que se oficie en mi nombre al fiscal metropolitano Centro-Norte, señor Andrés Montes , con copia de mi intervención, a fin de que, si lo tiene a bien, se sirva informar sobre los resultados del proceso seguido en contra del sostenedor Patricio Núñez Zamora -causa RUC Nº 0700624799-1 y RIT Nº 87-2008, de la fiscalía local de Colina-, quien está involucrado en la falsificación de cientos de certificados de estudios de enseñanza media.
Por último, pido que remita copia de la carpeta de investigación fiscal.
He dicho.
El señor GUTIÉRREZ, don Hugo ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.52 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
3. Moción de las diputadas señoras Molina, doña Andrea; Turres, doña Marisol y los diputados señores Accorsi; De Urresti; Eluchans; Hernández; Pérez, don Leopoldo y Vallespín. Modifica el artículo 30 bis de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en lo relativo a declaración de impacto ambiental. (boletín N° 8780-12).
“Considerando
Que la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente distingue entre la Declaración de Impacto ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental según las características, efectos y circunstancias que presente el proyecto que se ingresará al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. (Descritos en el artículo 11 de la Ley).
Que existe una diferencia importante entre una Declaración de Impacto Ambiental y un Estudio de Impacto Ambiental, que dice relación con la participación ciudadana.
Que la participación ciudadana o participación de la comunidad es fundamental dentro de la evaluación ambiental, porque permite que las personas se informen y opinen responsablemente acerca del proyecto o actividad, como también, que obtengan respuesta fundada a sus observaciones. La ciudadanía aporta información relevante a la evaluación ambiental y da transparencia a la revisión de los Estudios (EIA) y Declaraciones (DIA), otorgando solidez a la decisión de las autoridades.
Que en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), se establece la obligación de informar a la ciudadanía y de publicar un extracto del EIA, dando la posibilidad de que las personas u organizaciones ciudadanas formulen observaciones al mismo, sin tener que solicitar la instancia de participación ciudadana, ya que está contemplada dentro del proceso de evaluación del proyecto, lo cual no sucede en la Declaración de Impacto Ambiental.
Que en las Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generan cargas ambientales para las comunidades próximas, la ley señala que, las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo 10 personas naturales directamente afectadas.
Que el plazo que contempla la ley para la anterior solicitud es de 10 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate.
Que este plazo de 10 días, se considera muy breve, ya que dentro de este plazo las personas interesadas en la solicitud deben organizarse para realizar la solicitud y la práctica ha demostrado que los interesados, muchas veces no se informan de la Declaración de Impacto Ambiental, desde el momento en que se publica en el Diario Oficial, sino después de unos días transcurridos desde la publicación, disminuyéndose aún más el plazo con que cuentan para formular sus solicitudes.
Que en caso, que transcurra el plazo sin haber solicitado la participación ciudadana, se pierde oportunidad de presentar observaciones por escrito al proyecto.
Que en consecuencia, el plazo que se otorgue para solicitar participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, debiera ser más extenso.
Por tanto, venimos en proponer el siguiente:
“PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifíquese la frase final del artículo 30 bis inciso primero de la ley
N° 19.300 en los siguientes términos:
“Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 20 días, contados desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de Impacto Ambiental de que se trate”.
4. Moción de los señores Diputados Letelier; Alvarez- Salamanca; Baltolu; Bauer; Bobadilla; Estay; Hernández; Norambuena; Urrutia y Von Mühlenbrock. Modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de agregar dentro de las medidas cautelares el establecimiento del monitoreo telemático. (boletín N° 8781-07).
“ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS:
El Código Procesal Penal en su artículo 155, establece diversas medidas cautelares personales distintas a la prisión preventiva. En efecto, todos los días a lo largo del país, los juzgados de garantía imponen diversas restricciones a los imputados, tales como no acercarse a determinados sitios o personas, no abandonar ciertos lugares, arrestos totales o nocturnos en domicilios, entre otras.
No obstante, en el último tiempo hemos podidos apreciar, que se ha puesto en el tapete el control de las medidas cautelares distintas a la presión preventiva, pues por diversas circunstancias, aprovechándose de ellas, la persona cuya culpabilidad se investiga se da a la fuga. Podemos citar el caso sociólogo Hans Niemeyer, respecto de quien, luego de que la Corte de Apelaciones resolviera revocar el arresto domiciliario, ha sido imposible decretar su prisión preventiva, por encontrarse prófugo.
Entre las circunstancias, que dan merito a este aprovechamiento, se encuentran los errores administrativos o la falta de personal, no se controla la efectividad de que el acusado permaneciese en el domicilio señalado. A raíz de este caso, de connotación nacional, quedó claro que las medidas cautelares como prisión domiciliaria y otras, como prohibición de acercarse a la víctima son deficientes, ya que nadie las controla ni menos sanciona, cuando se descubre su incumplimiento.
Sin embargo, existe una herramienta que puede ayudar sobremanera en estos casos, cual es el control telemático de medidas cautelares, que, en palabras simples, consiste en la colocación al imputado de un dispositivo que permita determinar su posición geográfica en todo momento.
Estos aparatos, a modo experimental, hace un tiempo fueron usados con excelentes resultados por una fiscalía regional del Ministerio Público, pues permitieron mantener en supervisión a varios imputados que voluntariamente se sometieron a este tipo de control, al ser sustituidas sus prisiones preventivas. No se registró incumplimiento ni falla técnica alguna.
El beneficio de este mecanismo es evidente, tanto para evitar que la persona sometida a la investigación eluda la acción de la justicia, como también para la protección de las víctimas o de los testigos, toda vez que en el caso de que el imputado se acerque, a éstos o se despoje del aparato de ubicación, el sistema da una alerta temprana, que permite tomar medidas de resguardo, como llamar a la persona para que no se aleje o enviar carabineros en protección de las víctimas o de los testigos.
Es evidente que el uso de estos equipos debe corresponder a patrones preestablecidos que aseguren su eficiencia. Además, frente a la duda sobre su uso en base a una probable afectación a la dignidad o derechos esenciales del imputado, queda disipada si se considera que, en general, su uso como mecanismo de control de cautelares es alternativo a la prisión preventiva, situación que, obviamente, es la más gravosa que puede imponerse a una persona en proceso.
El legislador, a través de la modificación a la Ley N° 18.216, recogió el uso de estos aparatos, pero circunscribiéndolo a condenados, esto es, excluyendo a personas en proceso, perdiéndose así la oportunidad de usar una herramienta de probada eficiencia en el control de medidas cautelares y de protección a víctimas y testigos.
En efecto, para mejorar la fiscalización y el real cumplimiento de las condenas alternativas, la ley 20.032 publicada el 13 de junio del año 2012, modificó la ley 18.216, que, entre otros objetivos, amplia el catálogo de medidas alternativas al presidio o reclusión estableciendo como sustituto la reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva, un sistema de monitoreo telemático, esto es supervisión por medios tecnológicos. Se trata de un monitoreo electrónico de los condenados, mediante el uso de brazaletes o tobilleras con sistema GPS de rastreo satelital.
Si bien el sistema de monitoreo telemático aún no entra en vigencia, pues debe previa-mente dictarse su reglamento, estimamos que sería conveniente, agregar este mecanismo como una medida cautelar, a fin de evitar de que quienes se encuentren siendo investigados por la comisión de un delito evadan la acción la justicia y como una eficaz herramienta de protección de víctimas y testigos.
En consecuencia, el presente proyecto ley busca agregar al artículo 155 del Código Procesal Penal, un nuevo Inciso que permita, en mejor forma, vigilar el cumplimiento por parte del imputado, de las medidas cautelares impuestas.
La Cámara de Diputados acuerda el siguiente Proyecto de Ley:
“PROYECTO DE LEY
Agréguese como inciso penúltimo al artículo 155 del Código Procesal Penal, lo siguiente: “El Juez de la causa podrá, en casos calificados, y para seguridad del cumplimiento de la medida cautelar impuesta, decretar el monitoreo telemático o supervisión por medios tecnológicos a que se refiere el título III de la ley 18.216. “
5. Moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Accorsi; Araya; Cardemil; Sabag y Saffirio. Modifica la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sobre laboratorios especializados. (boletín N° 8776-25).
“Antecedentes.
Según las cifras, en el año 2011 se decomisaron 14.565,59 kilogramos de marihuana procesada, 7.059,77 kg de pasta base de cocaína y 1.941,23 kg de clorhidrato de cocaína. En términos de unidades, destacan los decomisos de plantas de marihuana, con 266.015 unidades y de fármacos, con 167.885 unidades.
La ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas dispone que la incautación de presuntas drogas, directamente relacionadas con el tráfico de ilícitos de drogas, será enviada para su análisis a los Servicios de Salud a través de los SE-REMIS regionales, a fin de lograr su identificación y cuantificación, además de mantener en custodia por dos años las contra muestras y la destrucción de los excedentes.
En la actualidad la evaluación de muestras que llegan al Instituto de Salud Pública (ISP), tarda cerca de seis meses para que la cocaína y la pasta base sean analizadas por este organismo, originando una demora indebida en la persecución y procedimiento de tráfico de drogas.
Para ello es fundamental reformular la labor de algunos organismos en que hay problemas de celeridad en la respuesta que se requiere para combatir el tráfico de sustancias ilícitas. Por ende, se requiere acortar los tiempos de evaluación de muestras que llegan al Instituto de Salud Pública (ISP).
El retraso de los análisis de las muestras de droga por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) de Santiago, no sólo ha generado un grave problema a los fiscales del Ministerio Público, que no cuentan con estos importantes protocolos pese a que ya están terminando las investigaciones por tráfico, sino que también ha causado preocupación en la Defensoría Penal Pública, tomando en cuenta que varios imputados por estas causas podrían continuar en prisión preventiva aún cuando se haya cumplido el plazo de investigación de los delitos respectivos.
Tanto el Laboratorio de Policía de Investigaciones de Chile (Labocrim) como el laboratorio de Carabineros de Chile (Labocar) están altamente preparados, con personal capacitado para realizar peritajes criminalísticos en labores científicas de análisis de droga en apoyo a la labor de los fiscales y Tribunales de Justicia competentes.
En razón de lo anterior, se debe descentralizar estos análisis, modificando la ley N° 20.000. en su artículo 41 y 43, permitiendo entregar esta labor además del Servicio de Salud, a los laboratorios de las policías y así contar en forma expedita con estos análisis de droga, permitiendo agilizar la investigación y procedimiento judicial.
Por tanto y en virtud de los argumentos expuestos, vengo en proponer a este Honorable Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley:
“PROYECTO DE LEY.
Artículo 1°: Modifíquese el artículo 41° de la Ley N° 20.000 de 2005, del modo que sigue:
a) Agréguese en el inciso primero, a continuación de la oración “al Servicio de Salud que corresponda” y después del punto aparte que le sigue, remplazándolo por una coma, la frase “los laboratorios de Carabineros de Chile o de Policía de investigaciones de Chile en su caso.”, quedando como sigue:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, las sustancias y especies a que se refieren los artículos 1°, 2°, 5° y 8° y, en su caso, las materias primas empleadas en su elaboración, que sean incautadas en conformidad a la ley, deberán ser entregadas dentro de las veinticuatro horas siguientes al Servicio de Salud que corresponda, los laboratorios de Carabineros de Chile o de Policía de investigaciones de Chile en su caso.”
b) Incorpórese en el inciso final, a continuación de la oración “en el plazo de quince días por el Servicio de Salud”, y antes de la expresión “respectivo”, la frase “o laboratorio”, quedando como sigue:
“Las sustancias estupefacientes o sicotrópicas y sus materias primas y las que contengan hidrocarburos aromáticos deberán destruirse en el plazo de quince días por el Servicio de Salud o laboratorio respectivo, una vez separada una cantidad técnicamente suficiente para los análisis de que trata el artículo 43, siempre que respecto de dichas sustancias no se discuta su legítima tenencia o posesión por terceros.”
Artículo 2°: Modifíquese el inciso primero del artículo 43° la Ley N° 20.000°, de 2005, agregándose a continuación de la frase “El Servicio de Salud” , la oración “O laboratorio respectivo” eliminándose la palabra “deberá” que sigue a continuación, remplazándola por la expresión “deberán”, quedando como sigue:
“El Servicio de Salud o laboratorio respectivo, deberán remitir al Ministerio Público, en el más breve plazo, un protocolo del análisis químico de la sustancia suministrada, en el que se identificará el producto y se señalará su peso o cantidad, su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza, como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública”
6. Moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Accorsi; Araya; Cardemil y Sabag. Modifica el artículo 4° de la ley N°20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, en lo relativo a su calidad y pureza. (boletín N° 8777-25).
“ANTECEDENTES.
La drogadicción es un grave problema social. El adolescente, su familia, amistades y la comunidad donde se desarrolla este son los principales perjudicados por esta actividad.
El que cerca de 200 mil drogadictos mueran al año en el mundo indica el preocupante aumento en el número de personas que ingieren sustancias ilícitas ocasionalmente o que ya son adictos y que están fuertemente influidas o relacionadas con el aumento de la violencia social y la comisión de delitos.
El consumo problemático se ha manifestado con fuerza en las últimas décadas transformándose en un problema social que va en aumento ya que cada vez hay más personas que consumen algún tipo de estupefaciente, en mayores cantidades y a edades más tempranas. Hay una mayor variedad y hay mayores facilidades para acceder a ellas.
La droga y la delincuencia están íntimamente relacionadas, el camino más corto a la delincuencia es justamente sumergirse en este mundo. Las drogas duras como la cocaína y la pasta base son accesibles a los bolsillos de obreros y jóvenes sin muchos recursos económicos, consiguiendo estupefacientes de casi nula pureza y máxima toxicidad.
Constantemente a la droga y delincuencia se las relaciona preferentemente con las clases más desposeídas, los obreros y los jóvenes de las poblaciones, pero hoy en día éste flagelo no tiene fronteras socioeconómicas en nuestro país. La ley N° 20.000 que sanciona el tráfico, crea el tipo penal de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en adelante “microtráfico”, y contenido en el artículo 4° de la ley 20.000, obedeció a la necesidad de solucionar problemas de proporcionalidad de penas, dado que el artículo 5° de la anterior ley 19.366, sancionaba con las mismas penas tanto a quien traficaba con grandes cantidades de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, incluso, en muchos casos traspasando controles fronterizo como a quien comercializaba pequeñas dosis de estas mismas a los consumidor es finales, sin contemplar ninguna diferenciación respecto del disvalor de la conducta ni la mayor puesta en peligro del bien jurídico protegido.
El inciso final del artículo 40 agrega cuándo se entiende que no concurren las circunstancias de autoconsumo y señala varios factores que los jueces van a valorar de acuerdo a las pruebas que se logre recopilar, que sean indiciarias del propósito de traficar y demuestren que no se trata de un uso o consumo personal exclusivo.
Por otra parte, se destacó que la norma agrega otros elementos que el juez deberá tomar en cuenta para distinguir entre consumo y microtráfico. En efecto, aparte de la cantidad de droga que se porta, se agrego el elemento “pureza o calidad” de la misma, lo cual no es indiferente, porque no es lo mismo portar pequeñas cantidades de heroína de alta pureza, de la cual pueden extraerse varias dosis, que de una droga de menor calidad, que pueda presumirse destinada al consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo.
Por lo anterior se ha creado una confusión doctrinaria y jurisprudencia!, de interpretación de la norma en lo relativo a la calidad y pureza de la droga, dado que diversos fallos de Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y Cortes de Apelaciones han coincidido, en rebajar la pena y la calidad del delito de tráfico a microtráfico, o de este último a consumo personal por el bajo grado de pureza considerando que no hay lesión al bien jurídico protegido que es la salud pública. Si bien es cierto, el grado de pureza no es otra cosa que la cantidad de principios activos, metabolitos o componentes productores del efecto alucinógeno, no por ello puede descartarse que aquella parte de baja pureza pueda producir graves efectos tóxicos.
Como consecuencia de lo anterior, se propone en el presente proyecto de Ley, modificar el inciso primero del artículo 4° de la Ley 20.000, en lo relativo a la calidad y pureza de la droga, a fin de dar certeza jurídica a la norma.
“PROYECTO DE LEY.
Artículo único: Modifíquese el artículo 4° de la Ley N° 20.000°, de 2005, agregándose en el inciso primero, a continuación de la expresión “sicotrópicas” y después de la coma que le sigue, la frase “cualquiera sea su calidad y pureza,”, quedando como sigue:
“guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, cualquiera sea su calidad y pureza, productoras de dependencia física o síquica,”
7. Moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Accorsi; Cardemil y Sabag. Modifica el artículo 131, del Código Procesal Penal, ampliando el plazo de la detención. (boletín N° 8778-07).
“El Código de Procedimiento Penal de 1906 otorgaba un plazo de 5 días para poner al detenido a disposición del Tribunal. Posteriormente con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal el plazo se redujo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Código Procesal Penal el detenido no podrá permanecer en el recinto policial o de detención por más de veinticuatro horas hasta el momento de la primera audiencia judicial.
En ciertos casos en que es necesario realizar diligencias investigativas o peritajes criminalísticos que según el tipo de delito requieren de más tiempo y dedicación en su ejecución, el plazo es demasiado breve.
Si nos ponemos en el caso que la detención por un delito de homicidio se practica a las horas de la tarde de un día de semana, a primera horas de la mañana del día siguiente se lleva a cabo el control de detención, el ministerio público no tiene los antecedentes necesarios para solicitar alguna medida cautelar o formalizar la investigación porque por tiempo es imposible obtenerlos.
El artículo 132 del Código Procesal Penal da la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por tres días, con el fin de preparar el fiscal su presentación. El juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida. Sin embargo es difícil obtener ésta ampliación si no es posible presentar al juez datos o pericias indispensables para la investigación.
Como consecuencia de lo anterior, es necesario aumentar el plazo de veinticuatro horas del inciso segundo del artículo 131 del Código Procesal Penal, para el caso de los crímenes o delitos flagrantes de mayor gravedad y complejidad investigativa, como lo son las lesiones gravísimas, robo calificado, violación, homicidio, etc., cuya pena asignada sea igual o superior a presidio yo en su grado mínimo, sin que esto implique una vulneración de derechos del detenido.
Una modificación de esta índole no sólo beneficiaría la labor del Ministerio Público y de las respectivas policías, sino que también al detenido que en algunos casos puede ser formalizado o sometido a prisión preventiva de manera prematura sin que consten los antecedentes necesarios para decretada.
Por tanto y en virtud de los argumentos expuestos, vengo en proponer a este Honorable Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley:
“PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Modificase el inciso segundo del artículo 131 del Código Procesal Penal agregándose a continuación de punto seguido (.), antecedido por la palabra practicado, la siguiente oración: “Cuando se trate de delitos cuya pena asignada sea igual o superior a presidio mayor en su grado mínimo, se ampliará este plazo a cuarenta y ocho horas, siempre que los antecedentes del hecho lo justificaren”
8. Moción de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Accorsi; Araya y Sabag. Modifica el artículo 23 del Decreto Supremo N° 355 de 1976, de Vivienda y Urbanismo, estableciendo que el estudio de mecánica del suelo sólo podrá ser realizado por laboratorios inscritos en el Registro Oficial del Ministerio de la Vivienda. (boletín N° 8779-14).
“Antecedentes
En la actualidad el problema de la calidad de la construcción es un tema muy sensible, sobre todo después de las dramáticas consecuencias del terremoto ocurrido en una extensa zona de nuestro país el 27 de Febrero de 2010. Públicamente quedaron en evidencia graves defectos de construcción, casos prácticamente inéditos como el del Alto Río en la Ciudad de Concepción.
En este mismo sentido, recientemente las viviendas sociales en Alto Hospicio han sufrido grandes socavones, deteriorándose cada vez más los inmuebles situados en la zona debido a la salinidad del suelo en alta concentración. En la Ciudad de Arica se han producido filtraciones de agua en los hogares de cerca de 250 familias como consecuencia de este mismo factor.
Como resultado de los vacíos legales, falta de fiscalización y vicios en la construcción, los más perjudicados son las familias de escasos recursos, beneficiarias de viviendas sociales.
Si bien hoy en día existen normas técnicas de construcción, elaboradas por el INN (Instituto Nacional de Normalización), de acuerdo a estándares internacionales, incorporadas a nuestra legislación, y se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley, correspondiente al boletín N° 8139-14 cuyo objetivo es garantizar la calidad de la construcción, proponiendo la creación del Registro Nacional de inspectores Técnicos de Obra, estableciendo un mecanismo de fiscalización externa y la obligatoriedad para que en las edificaciones se adopten medidas mínimas de gestión y control de calidad, es necesario establecer medidas preventivas a las nuevas construcciones de proyectos sociales, a fin de evitar se produzcan consecuencias tan funestas en la construcción como ocurrió en el terremoto antes mencionado, o los socavones producidos por la concentración de sal en el suelo de gran parte de la zona norte del país.
Actualmente, la letra m) del artículo 23° del D.S. 355 de Vivienda y Urbanismo faculta a la Unidad Técnica de Construcciones y Urbanización del SERVIU, para contratar los estudios de Mecánica de suelos conforme a las atribuciones que su Reglamento Orgánico les establece. No obstante lo anterior, la norma que le entrega esta facultad no es restrictiva ni excluyente ya que se establece en términos generales, señalando que podrán disponer la contratación de proyectos o trabajos que requieran de una especialización técnica o profesional.
Sobre la base de lo anterior, la especialización técnica o profesional del estudio de mecánica de suelos podrá realizarse indistintamente por un Laboratorio especialista o bien por el profesional competente que para esto estos efectos recaerá en el ingeniero civil, ingeniero constructor o constructor civil, a quienes, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, les corresponda efectuar las tareas u obras encomendadas.
El objeto de este proyecto es agregar dentro de las facultades de la Unidad Técnica de Construcciones y Urbanización, contempladas en el artículo 23°, una medida preventiva que es requerir obligatoriamente un informe de estudio de mecánica de suelos, en caso de proyección y construcción de “viviendas económicas”, campesinas, villorrios agrícolas, áreas verdes y parques industriales, locales comerciales, equipamiento comunitario y edificios escolares o destinados a servicios públicos. El estudio solo podrá ser practicado por los laboratorios con especialidad en mecánica de suelo, inscritos en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por tanto y en virtud de los argumentos expuestos, vengo en proponer a este Honorable Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley:
“PROYECTO DE LEY:
Artículo Único: Modifíquese el artículo 23 del Decreto Supremo N° 355 de 1976, de Vivienda y Urbanismo de 1976, Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, en el siguiente sentido:
intercálese a continuación de la letra b), una nueva letra c), pasando las actuales letras c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), ñ), a ser d), e), f), g), h), i), j), k), I), m), n), ñ), o), respectivamente:
“Requerir en los casos de la letra b) del presente artículo, un informe de estudio de mecánica de suelo, considerando especialmente la tipología del terreno de cada área geográfica, y de diversos factores: la zonificación sísmica, el porcentaje de salinidad del suelo, humedad, consolidación, compresión no confinada, corte directo, índice de penetración estándar, densidad máxima seca, densidad mínima seca. El estudio sólo lo podrán realizar los laboratorios con especialidad en mecánica de suelo, inscritos en el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
9. Moción de los señores diputados González; Bobadilla; Carmona; Cornejo; Espinosa, don Marcos; Monsalve; Robles; Verdugo y las diputadas señoras Girardi, doña Cristina y Sepúlveda, doña Alejandra. Renueva la vigencia de la ley N° 19.648 de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados. (boletín N° 8784-04).
“Considerando:
1º Que existe consenso a nivel nacional que uno de los pilares esenciales del proceso de mejoramiento de la calidad de la enseñanza en nuestro país pasa por mejorar las condiciones de desempeño de los docentes, tanto en relación a su cualificación profesional para ejercer sus tareas de conductores del proceso de enseñanza aprendizaje, como también en relación a sus condiciones de trabajo y remuneración.
2º Que en la enseñanza municipal en todos sus niveles existe una duplicidad de condiciones de contratación de los profesores. Existe una planta de titulares en los cargos y existen un importante segmento de docente, que están vinculados a las administraciones municipales o a las corporaciones municipales de educación por la vía de la denominada contrata, que se renueva año a año y que supone una situación de menoscabo de los derechos laborales en la medida en que estas personas tienen que cumplir con los deberes de un servidor público pero no tienen el beneficio esencial asociada a dicha condición como es la estabilidad en el empleo.
3° Que de conformidad a las normas del Estatuto Docente, en cada municipio o corporación municipal se puede destinar hasta un 20% de la planta para ser llenada mediante la contrata, lo que en los hechos es una práctica extendida en casi todos los municipios de Chile. Son varios miles los profesores a lo largo del país que pasan muchos años, algunos superan una década en esta situación lo que supone un estancamiento en sus carreras profesionales y un creciente deterioro de su situación económica.
Un profesor a contrata ni siquiera es sujeto de crédito, pues no tiene un contrato fijo. La renovación anual de contratos los deja a merced de toda clase de abusos por parte de la Autoridad Local, al momento de la renovación contractual.
4° Que a fines de la década de los noventa, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, este Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 19.648 del 19 de noviembre de 1999, mediante el cual se dispuso por única vez que los profesores que hubieren prestado servicios continuos por más de tres años a contrata debían ser incorporados a las plantas municipales en calidad de titulares. Junto al fundamento de la justicia y la retribución legítima a los docentes, se fundamentó la aprobación de la norma durante toda la discusión parlamentaria en el hecho de que estando ya contemplado en gasto en los municipios no iba a incrementarse el gasto de las administraciones municipales al cambiar el vínculo entre el profesor y la Municipalidad o Corporación Municipal respectiva.
5° Que trascurridos 13 años de esa Ley, que supuso en su hora un gran acuerdo político entre las distintas fuerzas representadas en este Congreso Nacional, nos ha parecido necesario revivir la norma antes citada, de manera tal de terminar con la situación de miles de docentes que hoy en día acumulan muchos años de servicios manteniéndose en la contrata municipal.
Creemos sinceramente que este gesto, no solo reivindica la importancia de la función docente, sino que es un estímulo a las nuevas generaciones de jóvenes con talento y vocación que desean ejercer la noble profesión de pedagogo, en el sector donde más se necesitan, como son los establecimientos públicos subvencionados.
6° Que para proceder al efecto es menester introducir una modificación al texto de la norma de la 19.648 con la finalidad de eliminar la expresión “por única vez” que limitaba los efectos de la norma en el tiempo. De esta forma avanzamos hacia un régimen general y permanente en donde la contrata vuelva a ser lo que debe ser, un régimen provisional y el ingreso a la planta funcionarial, el derecho mínimo de cualquier servidor público que ha laborado de manera regular y sostenida en el tiempo.
Por tanto, en mérito de lo expuesto, los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
“PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO.- Elimínese en el Artículo Único de la Ley Nº 19.648 la expresión “por única vez”.