Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gustavo Hasbun Selume
- Cristian Letelier Aguilar
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Cristian Letelier Aguilar
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Andrea Molina Oliva
- Nino Baltolu Rasera
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gustavo Hasbun Selume
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ANÁLISIS DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO SOBRE EL DENOMINADO “CONFLICTO MAPUCHE”, EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Proyectos de acuerdo.
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Enrique Estay Penaloza
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Arenas Hodar
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Mario Venegas Cardenas
- Jose Perez Arriagada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Gonzalo Arenas Hodar
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Sergio Ojeda Uribe
- Pedro Araya Guerrero
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Alberto Robles Pantoja
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Cristina Girardi Lavin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gonzalo Arenas Hodar
- Rene Manuel Garcia Garcia
- German Becker Alvear
- Felipe Ward Edwards
- Mario Venegas Cardenas
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Felipe Ward Edwards
- Jose Antonio Kast Rist
- Enrique Estay Penaloza
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Joaquin Tuma Zedan
- Mario Venegas Cardenas
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Alberto Robles Pantoja
- Pedro Araya Guerrero
- Pepe Auth Stewart
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alfonso De Urresti Longton
- Ramon Farias Ponce
- Marco Antonio Nunez Lozano
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- ANÁLISIS DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO SOBRE EL DENOMINADO “CONFLICTO MAPUCHE”, EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII . DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 126ª, en martes 15 de enero de 2013
(Especial, de 20.05 a 22.50 horas)
Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás, yRecondo Lavanderos, don Carlos.
Secretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Objeto de la sesión.
- Análisis de políticas, planes, programas y acciones del Gobierno sobre el denominado “conflicto mapuche”, en la Región de La Araucanía. Proyectos de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S. E. el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza)”. (boletín N° 8786-27). (239-360)
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Establece elección directa de los Consejeros Regionales.”. (boletín N° 7923-06). (506-3 60)
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica diversas normas que regulan la actividad hípica nacional con el fin de incentivar y promover dicha actividad en Chile.”. (boletín N° 8773-05). (447-360)
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto sobre “Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.”. (boletín N° 8270-08). (508-360)
5. Primer informe de la Comisión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica ley N° 20.416, ampliando plazo de las micro y pequeñas empresas, para impetrar los beneficios de la declaración de estado de insolvencia.”. (boletín N° 8590-03)
6. Primer informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Establece requisitos mínimos para los estudiantes que ingresen a estudiar pedagogía.”. (boletín N° 8449-04)
7. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que “Modifica diversas normas que regulan la actividad hípica nacional con el fin de incentivar y promover dicha actividad en Chile.”. (boletín N° 8773-05)
Pág.
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
8. inciso cuarto, del artículo 348 del Código Procesal Penal. Rol 2312-12-INA. (8028)
9. parte final del artículo 389 del Código Procesal Penal. Rol 2314-12-INA. (8034)
10. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia de la resolución recaída en el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por la cuarta parte de los senadores en ejercicio respecto de los artículos 1°, numeral 19 y segundo transitorio del proyecto sobre Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N° 18.892. (boletín N° 8091-21). Rol 2386-12-CPT. (8163)
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- De la Presidencia de la Cámara de Diputados por la que informa que el diputado señor Iván Norambuena no participó en delegación parlamentaria que acompañó al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones en la gira tecnológica a Japón y China, entre el 29 de noviembre y 8 de diciembre de 2012 (531). Se tomó conocimiento.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa los cambios de sus Jefaturas: Jefe de Bancada , diputado Gustavo Hasbún; Sub Jefe de Bancada , Diputado Cristián Letelier; Primer Comité , diputado Gustavo Hasbún, Suplente Primer Comité Diputada Mónica Zalaquett; Segundo Comité, Diputado Cristián Letelier, Suplente Segundo Comité, diputado Carlos Vilches; Tercer Comité , Diputado Ignacio Urrutia, Suplente Tercer Comité Diputada María Angélica Cristi; Cuarto Comité Diputada Andrea Molina, Suplente Cuarto Comité diputado Nino Baltolu. Se tomó conocimiento.
- Del Jefe de Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente por el cual informa que el Diputado señor Gustavo Hasbún reemplazará al Diputado señor Felipe Ward, en la Comisión Investigadora sobre el Plan Frontera Norte. Se autoriza el cambio.
- Del diputado señor Jarpa, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo el día jueves 17 de los corrientes. Se tomó conocimiento
.
2. Oficios:
- De la Comisión de Régimen Interno por el que informa que el diputado señor Pablo Lorenzini concurrirá en su calidad de Presidente de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile-Parlamento Europeo, a Bruselas, el próximo 26 de marzo, para participar de la Reunión de Mesa Directiva de la citada Comisión Parlamentaria de Asociación (539). Se tomó conocimiento.
- De la Comisión de Régimen Interno, por el que informa que a la convocatoria de la Unión Interparlamentaria (UIP) que tendrá lugar del 20 al 27 de marzo de 2013, en Quito (Ecuador), concurrirán los diputados señores Javier Hernández y Mario Venegas y por ostentar un cargo en las respectivas instancias internacionales la diputada señora María Angélica Cristi y el diputado señor Roberto León (540). Se tomó conocimiento.
- De la Comisión de Régimen Interno, Administración por el que indica que tomó conocimiento de la creación de la red “Whips” por parte de la Unión Interparlamentaria, destinada al intercambio de información entre los distintos parlamentos, la que celebrará su segunda reunión durante la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, a realizarse del 22 al 27 de marzo de 2013, en Quito ( Ecuador ). Conforme a ello, acordó que asistan los mismos parlamentarios que concurrirán a la referida 128ª Asamblea que se llevará a cabo en Quito (Ecuador), lo que no irrogará gastos a la Corporación (541). En virtud de lo anterior, participarán los Diputados señores Javier Hernández y Mario Venegas. Se tomó conocimiento.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrieron, también, el ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Andrés Chadwick Piñera, y el ministro de Desarrollo Social , señor Joaquín Lavín Infante.
-Se contó con la asistencia, además, del senador señor Juan Antonio Coloma Correa.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 20.05 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 120ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 121ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ANÁLISIS DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO SOBRE EL DENOMINADO “CONFLICTO MAPUCHE”, EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Proyectos de acuerdo.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- La presente sesión se motivó en una presentación de 58 señoras diputadas y señores diputados, con el objeto de conocer y analizar las políticas, planes, programas y toda acción de parte del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echenique en torno al denominado “conflicto mapuche”, en la Región de La Araucanía, sobre la base de la consideración del conjunto de dimensiones que abarca tal situación.
A la sesión han sido citados los ministros del Interior y Seguridad Pública , señor Andrés Chadwick, y de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín.
¿Habría acuerdo de la Sala para que los ministros mencionados puedan hacer uso de medios electrónicos en su presentación?
Acordado.
¿Habría acuerdo de la Sala para permitir el ingreso del intendente de la Región de La Araucanía?
Acordado.
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , hemos pedido esta sesión especial con el objeto de iniciar un debate acerca de la situación que vivimos en la Región de La Araucanía. Lo hacemos a partir de acontecimientos trágicos y de nuestra más absoluta convicción de que nadie en Chile tiene derecho a imponer sus demandas por medio de la fuerza, la violencia o el crimen.
Expresamos, desde ya, nuestro repudio más absoluto a la violencia, la que proviene de grupos civiles armados y de abusos de órganos del Estado que han recibido de nosotros el mandato de protegernos sin afectar los derechos que nos asisten por nuestra sola condición de personas y ciudadanos.
Deseamos iniciar un debate acerca de la situación de los pueblos originarios en Chile…
-Hablan varios señores diputados a la vez.
Me permito solicitar a la Mesa que pida silencio a la Sala, pues me encuentro con disfonía.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Pido a la Sala guardar silencio para que el diputado don René Saffirio pueda continuar con su intervención.
El señor SAFFIRIO.- Deseamos levantar la mirada e intentar observar, en conjunto con todos los sectores políticos con representación en esta Cámara, si somos capaces de ofrecer al país una mirada común acerca de una materia que divide a los chilenos, que fragmenta nuestra convivencia política y social y que es fruto de la incapacidad para reconocer nuestra condición de sociedad chilena pluriétnica y pluricultural.
Podríamos destinar todo el tiempo de esta sesión en recriminarnos mutuamente acerca de quiénes somos más o menos responsables de la situación que vive La Araucanía y de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. No creo que ese sea el camino apropiado y tampoco creo que sea lo que el país espera de nosotros.
Permítanme recordar algo de la historia del debate parlamentario sostenido en esta materia.
Entre 1990 y 2005 el Senado celebró veintiuna sesiones para abordar temas relacionados con los pueblos originarios; entre 1990 y 1998 los debates giraron en torno a proyectos de ley, modificaciones legales, becas, etcétera.
En 1999 cambia el rumbo de la discusión y se realizan, también en el Senado, dos sesiones especiales para debatir la situación de los indígenas. En ambas se destaca la importancia de la nación chilena, el peligro del separatismo, la negación a mapuches de su condición de chilenos y la búsqueda de experiencias comparadas en otros países y continentes. En ellas se produce, desde mi punto de vista, una exacerbada preocupación por lo que se llama la identidad chilena.
En 2005, el lenguaje -hay que recordar que el lenguaje crea realidades- vuelve a subir de tono. Habían comenzado los ataques a las empresas forestales y la sesión especial de ese año se denominó “Conflicto mapuche en relación con el orden público y la seguridad ciudadana”.
Por su parte, en esta Cámara, entre 1990 y 2005, se celebraron setenta y cinco sesiones en las que se hizo referencia al tema indígena, debatiéndose, entre otros temas, su reconocimiento constitucional, el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras materias vinculadas.
Con esto quiero representar que este Congreso sí ha debatido la cuestión indígena. Nos asalta, entonces, la siguiente duda: ¿Por qué no hemos podido avanzar y hemos llegado a una situación tan confrontacional que nos tiene nuevamente debatiendo estos mismos temas?
Si uno recorre las actas de las sesiones celebradas por el Congreso Nacional -créanme que lo hice-, se da cuenta de que la brecha ideológica de intereses contrapuestos, prejuicios sociales, políticos, religiosos y racismo existente en la sociedad chilena es tan grande que el resultado no podría haber sido otro. La política no ha sido capaz de abordar esta materia. Todos sabemos que cuando la política fracasa, se impone la fuerza. Es lo que ocurrió ayer con nuestra democracia y es lo que ocurre hoy con los pueblos indígenas.
Hace poco más de veinte años, en 1992, al cumplirse quinientos años de la llegada de los españoles a este continente, se retoma con fuerza un proceso histórico indígena de recuperación de derechos políticos y de territorio que nos pareció novedoso, pero inquietante. Fue entonces cuando despertó con fuerza el factor étnico, hasta ese momento folclorizado, representado en estatuas de Caupolicán cargando el tronco de un árbol, exhibido en piezas de museos, o asignándoles el carácter de gente belicosa y guerrera, tal como narraba el poeta Alonso de Ercilla en La Araucana para referirse a los mapuches. O peor aún, como sostuvo el historiador y Premio Nacional de Historia 1992, don Sergio Villalobos , cuyos textos escolares acompañaron a muchas generaciones de estudiantes de nuestro país: “después de cuatro siglos de evolución los mapuches ya no son propiamente indígenas, sino que mestizos chilenos, igual que todos los chilenos. Todo el alegato de discriminación y de deuda histórica -continúa Villalobos - es falso.”.
A pesar de estos dichos, en 1992 nos comenzamos a dar cuenta de que los indígenas de Chile, especialmente los mapuches, no eran solo historia, sino que presente, y había respecto de ellos una deuda que pagar para enfrentar su futuro; que tenían plena vigencia las demandas que presentaron a la Corona española en el Parlamento de Quilín, a mediados del siglo XVII, y cuyo acuerdo permitió la paz en la frontera durante tres siglos. Esta paz duró hasta que se constituyó el Estado chileno y éste entró con el ejército en el territorio al sur del Biobío, denominando a este proceso “La pacificación de La Araucanía”.
Tal fue el fracaso de esa operación militar que el propio Cornelio Saavedra , en la época, sostenía en una carta que “la solución con los araucanos es política, no militar.”. Lo decía Cornelio Saavedra , un general. Pero los gobiernos no comprendieron la complejidad del fenómeno identitario, o mejor dicho, el despertar de la etnicidad.
Nuestra mentalidad continúa siendo la de los liberales de comienzos del siglo XIX, cuyos principios inspiraron nuestra independencia: libertad, igualdad y fraternidad. De aquello han pasado siglos y la igualdad de hoy no es la misma que inspiró el proyecto de nacionalismo asimilacionista.
La igualdad, en un Estado moderno, existe en la diferencia; de lo contrario, las sociedades están condenadas a padecer eternamente conflictos étnicos y de toda naturaleza, porque no aceptar la igualdad en las diferencias implica claramente no asumir la diversidad. Y aceptar hoy esta última implica para nosotros realizar cambios constitucionales y abrirnos al diálogo político intercultural e interétnico. Ese es el país moderno que mi partido y mi bancada desean.
Señor Presidente , precisamente por no haber recogido en forma oportuna las señales de la Historia, hoy debemos abocarnos a debatir estos temas no resueltos en un ambiente de polarización y desconfianza. Y debemos hacerlo con la pesada carga de llevar sobre nuestros hombros las muertes de Jorge Antonio Suárez Marihuán , en 2002; de Edmundo Alex Lemún Saavedra , también en 2002; de Julio Alberto Huentecura Llancaleo , en 2004; de Zenén Alfonso Díaz Necul , en 2005; de Juan Lorenzo Collihuín Catril , en 2006; de Matías Valentín Catrileo Quezada , en 2008; de Jhonny Cariqueo Yáñez , también en 2008; de Jaime Facundo Mendoza Collío , en 2009, y del matrimonio Luchsinger Mackay , este penoso 2013.
Para hacer aún más grave la situación en mi región, a partir del repudiable homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay , se ha desatado una suerte de catarsis racista que entorpece aún más nuestra convivencia. Por una parte, se ha querido representar que el mapuche es un pueblo de delincuentes y, por otra, se ha pretendido estigmatizar a los colonos provenientes de diversos países, señalando que todos ellos son usurpadores de tierras y abusadores. Ni todos los mapuches son delincuentes, ni todos los colonos han usurpado tierras y abusado de los mapuches. Es una generalización que hace daño, afecta nuestro futuro y crea odiosidades injustificadas. Los últimos acontecimientos, lamentablemente, han desatado lo peor de la naturaleza humana. No tenemos mucho tiempo, pero aún podemos corregir la situación.
Quiero decirles a los ministros del Inte-rior y Seguridad Pública y de Desarrollo Social que es frente a este escenario que alzamos nuestra voz para exigir al Gobierno tres cosas: responsabilidad, rigor y coherencia.
Responsabilidad para comprender que la situación en La Araucanía representa una oportunidad histórica: sentar las bases para la construcción de una sociedad chilena que reconozca, culturalmente, nuestra diversidad étnica y que este reconocimiento sea fruto de la convicción, en cuanto a que las personas debemos ser valoradas por nuestra condición de tales y no por el patrimonio de que disponemos.
Rigor para enfrentar este escenario complejo, largo y difícil, reconociendo que ya no podemos equivocarnos ni asumir las consecuencias desde la tradicional trinchera de Gobierno-Oposición. El país merece más que eso; el país espera de nosotros que, a partir de un diálogo integrador y franco, aunque seguramente duro y directo, podamos tomar las decisiones políticas, legislativas y económicas que satisfagan las demandas de un pueblo entero que deambula entre la indigencia, la miseria y la pobreza.
Por último, pedimos al Gobierno coherencia para que comprenda que no debe haber espacio entre nuestro discurso y nuestras decisiones; que nuestra voluntad esté definida por el convencimiento de estar haciendo lo correcto, desde el punto de vista ético y político, y que nuestras acciones sean compatibles con aquello, sin pretender sacar pequeñas ventajas partidistas de una situación que a mi región duele, perturba y asusta.
Quiero decirle al ministro del Interior que no queremos escuchar más declaraciones suyas legitimando el uso de la fuerza por parte de ningún sector; no queremos escuchar más declaraciones del ministro de Agricultura legitimando el uso de armas para autodefensa; no queremos ver maniobras de su excelencia el Presidente de la República que, aprovechándose de estas dolorosas circunstancias que he intentado describir, le fija urgencia de “discusión inmediata” a un proyecto de ley fuertemente resistido en el Congreso Nacional. Queremos ver a un Gobierno que, con responsabilidad, rigor y coherencia asume una situación dolorosa, saca de ella una enorme experiencia y toma decisiones acertadas pensando en Chile, en los indígenas de Chile, en las generaciones de colonos que habitan en nuestro sur y en que nuestro país sí está en condiciones de asumir el desafío de lograr la paz, abandonando el cálculo pequeño, egoísta y miserable.
Hablamos de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de Chile; hablamos de representación política y democrática de los pueblos indígenas en nuestro ordenamiento institucional, y hablamos del cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado de Chile en relación con sus pueblos indígenas.
En este esfuerzo podremos encontrarnos. Tendrán el apoyo incondicional de mi partido y de mi bancada. Éste es el rumbo que mi partido, el Demócrata Cristiano, y su bancada de diputados desean tomar en este proceso. Espero que esta sesión sea el comienzo de la construcción de una nueva historia.
Permítanme concluir citando una frase del lingüista holandés Teun van Dijk, experto en el estudio del racismo: “La discriminación y el racismo son pensamientos aprendidos; por ello es que, de la misma forma, se desaprenden.”.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- De conformidad con la última modificación del artículo 74 del Reglamento, corresponde que los ministros presentes den una respuesta relacionada con el objeto de la sesión.
Tiene la palabra el ministro del Interior y Seguridad Pública , señor Andrés Chadwick.
El señor CHADWICK ( ministro del Interior y Seguridad Pública ).- Señor Presidente ; honorable Cámara de Diputados; señoras y señores diputados:
Quiero aprovechar las últimas palabras pronunciadas por quien solicitó esta sesión, el diputado René Saffirio, para señalar lo que el Gobierno -y me atrevo a decir que también la Cámara y los distintos sectores políticos y sociales del país- quiere escuchar. Hoy, el Gobierno quiere escuchar, con fuerza, decisión y sin ambigüedades ni debilidades, un rechazo categórico a los actos de violencia que hemos vivido en la Región de La Araucanía, especialmente, en las últimas semanas. Asimilando lo que acabo de decir y teniendo todos una voluntad clara de rechazo. Creo que podemos asumir, en conjunto, una responsabilidad de país y de Estado frente a uno de los problemas que, a juicio de quien habla y del Gobierno, es uno de los desafíos más importantes y significativos que nuestro país debe enfrentar hoy y, fundamentalmente, mañana. No es un problema del gobierno de turno.
Si miramos nuestra historia más reciente, como lo ha hecho muy bien el diputado Saffirio, luego de retornar a nuestro sistema democrático, es muy fácil concluir que éste no es un problema de determinado gobierno, sino de Estado. Desde la perspectiva del Gobierno, lo que queremos lograr, tanto en el país, como en las fuerzas políticas y en la Cámara de Diputados, es que exista la voluntad y la capacidad de asumir esta responsabilidad de Estado y, en conjunto, debatir y buscar los caminos que nos puedan llevar a lograr mayor paz y tranquilidad en la Región de La Araucanía, que reclama y exige la inmensa mayoría de sus habitantes, pertenezcan al pueblo que pertenezcan. Todos, en su inmensa mayoría, mapuches y no mapuches, trabajadores y empresarios, todos los ciudadanos de la Región de La Araucanía piden vivir en paz y tranquilidad en la zona en la cual han nacido y desarrollado sus vidas. Este es un punto fundamental que queremos que se incorpore en el debate de Estado y en la visión de futuro como país.
Sin duda alguna, creemos que no podemos seguir esperando, que ha llegado el momento en que no podemos seguir llegando tarde, tal como lo señaló una persona en las reuniones que sostuvimos en Temuco. No podemos seguir llegando tarde, ni a los actos de violencia que se han producido, porque no necesitamos ni queremos que muera ninguna persona más, ni tampoco podemos seguir llegando tarde a los legítimos y postergados reconocimientos de derechos, aspiraciones y reparaciones que el Estado de Chile debe brindar al pueblo mapuche. Esto nos debe motivar para buscar los caminos que nos permitan reconstruir una región en paz, con justicia, reconocimiento y respeto a los derechos de todos.
Sin embargo, hay preguntas pendientes y, personalmente, como ministro del Interior y Seguridad Ciudadana tengo la obligación de señalarles qué es lo que ha ocurrido en este último tiempo, y por qué tenemos esta sesión especial. Debemos ser honestos: esta sesión especial que hoy tenemos en la Cámara de Diputados -mañana en el Senado- no surge por una preocupación de ustedes ni de nosotros acerca de la situación, los conflictos o los permanentes problemas que pueda tener el pueblo mapuche, sino que ha sido citada por un hecho que ha remecido la conciencia del país: el brutal asesinato de una matrimonio de la tercera edad, el matrimonio Luchsinger Mackay, que murió calcinado en el incendio de su propio hogar provocado por un grupo de personas. Reitero, de su propio hogar. Creo que pocas veces hemos estado en presencia de una situación delictual de esta gravedad y de esta maldad. Por eso estamos aquí.
Gracias a Dios, una situación así, en nuestro país y en nuestras instituciones políticas, no pasa desapercibida ni se entiende como un hecho delictual más, sino que provoca una reacción que debemos orientar en forma constructiva y positiva.
Como ministro del Interior y Seguridad Ciudadana quiero referirme a lo que hemos observado bajo nuestra responsabilidad constitucional del orden público y la seguridad ciudadana en la zona de La Araucanía durante este último tiempo.
Para tener una relación de proporción, en 2009 hubo aproximadamente entre 99 y 100 actos de violencia en la Región de La Araucanía, promedio que se mantuvo durante 2010 y en 2011. Sin embargo, en 2012 se produce un aumento considerable de actos de violencia, al punto de llegar a una cifra cercana a los 180 actos de violencia delictual, los cuales se tienden a concentrar o a dar en mayor proporción en la provincia de Malleco, especialmente en las zonas de Ercilla y sus comunas aledañas.
A mayor abundamiento, en junio de 2012 se produce una situación que, como Gobierno, nos indica que estábamos en presencia de un cambio, o de una explosión, no solo en número de actos delictuales, sino también en la forma en como ellos estaban de-sarrollándose.
Es por esa razón que convocamos en el Palacio de la Moneda a una reunión extraordinaria de todos los actores de la seguridad pública del país y de la Región de La Araucanía, con el propósito de estudiar, evaluar y analizar lo que estaba ocurriendo, llegando a la conclusión de que estamos frente a una situación especial, fundamentalmente, por dos razones.
La primera de ellas es el aumento del número de delitos y la explosión que se ha-bía producido en relación con estos; la segunda se basa en la observación de un modus operandi y de un objetivo distinto en el tipo de delito que se estaba produciendo, porque ya no se concentraban solo en delitos dirigidos a las grandes empresas o a las empresas forestales, sino que se estaban dirigiendo, en aumento considerable, al incendio de viviendas con moradores.
Los incendios iniciales se estaban concentrando en viviendas de personas humildes, de parceleros, de personas de trabajo, muchos de ellos pertenecientes al propio pueblo mapuche, incluidos dirigentes y representantes de dicho pueblo, quienes tenían que observar cómo se destruían sus hogares.
Frente a estos hechos, el Gobierno, actuando con la responsabilidad que le corresponde, tomó la decisión de fortalecer la presencia y acción de los sistemas de orden en la zona de La Araucanía, ampliando las dotaciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, incluida la tecnología e infraestructura necesarias para poder cubrir tan amplio territorio. La coordinación de la acción entre ambas policías ha llevado a que quienes aparecen como responsables comparezcan ante el Ministerio Público y, posteriormente, ante los tribunales de justicia. Asimismo se ha buscado brindar, en la medida de lo posible, apoyo y asistencia a las víctimas de esta violencia.
En noviembre pasado, como ministro del Interior y Seguridad Ciudadana , convoqué a una segunda reunión de coordinación con todos los máximos organismos de la seguridad ciudadana y del orden público del país, para hacer una reevaluación de la situación existente en la zona de La Araucanía. En dicho encuentro tomamos la decisión conjunta de reforzar aún más la acción policial de carácter preventivo y la acción policial en materia de inteligencia y de respaldo y de apoyo al Ministerio Público. Agregamos, nuevamente, distintos apoyos de tecnologías para ser más eficaces en nuestro trabajo. Lamentablemente, estamos en presencia de una zona que es muy amplia y cuya naturaleza colabora a la realización de acciones de violencia.
El 22 de diciembre del año recién pasado se llevó a cabo un atentado incendiario al hogar de la familia Seco Fourcade, en la zona de Vilcún. Por primera vez se abrió la posibilidad de tener el relato de testigos presenciales de la acción delictual, porque -¡gracias a Dios!- el matrimonio Seco Fourcade, que se encontraba en su hogar a la 01.30 de la madrugada, pudo observar las sombras de los individuos que se acercaban a su hogar y tuvieron la suerte de abrir un ventanal. Al resbalarse el dueño de casa este fue reducido de inmediato por las personas que estaban merodeando en torno de la vivienda.
El dueño de casa y su señora han podido relatar la situación que les correspondió vivir. Señalan que eran entre 8 a 10 personas que trabajaban organizadamente bajo una forma de comando, con jerarquía, con un líder, con una acción absolutamente planificada. Tenían completamente organizado el plan y muy claro el objetivo al cual iban destinados. Lograron reducir y pegarle al matrimonio. Este les ofreció dinero y especies, las que fueron completamente rechazadas. Al final, les pidieron un último favor: rescatar a los perros de la familia, por los cuales una de sus hijas sentía un afecto muy particular. Pero así como les fue rechazado el dinero y las especies, también les fue rechazada la petición de retirar sus perros. Luego, les incendiaron la casa completamente. Yo estuve ahí, conversé con ellos y presencié los restos de la casa. No quedó nada. ¡Nada!
A raíz de lo anterior, nuevamente, dispusimos el fortalecimiento de distintas acciones policiales, las que se estaban llevando a cabo cuando el 4 de enero, en circunstancias muy similares, el matrimonio Luchsinger Mackay, a eso de las 02.00 de la madrugada, en su propia casa, habiéndose negado en distintas oportunidades a tener resguardo policial, encontrándose ese sector bajo una protección especial por parte de Carabineros e Investigaciones, nuevamente un grupo de entre 8 a 10 personas llegó al hogar de la familia Luchsinger Mackay con el propósito de incendiarla. El señor Luchsinger intentó defenderse y logró disparar, por lo que se produjo una balacera. En esa balacera uno de los miembros del grupo atacante quedó herido con una bala. Quemaron íntegramente la casa y, como lo señalé anteriormente, el matrimonio Luchsinger Mackay murió calcinado al interior de su hogar.
Considerando estas dos situaciones, el modus operandi, la forma de actuar, el relato y testimonio de la familia Seco Fourcade y la naturaleza de la acción delictual que provocó el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, el Gobierno llegó a la conclusión de que estábamos en presencia de un acto terrorista; un acto terrorista, según la ley antiterrorista que este Congreso en dos oportunidades ha revisado y modificado íntegramente, la última de ellas bajo el Gobierno del Presidente Piñera. Dicha ley indica que un acto terrorista se atiene a dos elementos fundamentales: el tipo de acción que se desarrolla y el dolo terrorista, como se ha denominado, es decir, la intención de causar temor en la población para efectos de obtener determinados objetivos. Se trata del incendio de una casa con moradores, escogida al azar, en cualquier lugar de un determinado territorio, sin saber si me podía haber tocado a mí o al vecino, con una organización y una planificación, provoca la destrucción de una casa y la muerte de sus ocupantes. ¿Hay algo que pueda provocar mayor temor y mayor intranquilidad a una población que vive en un lugar determinado que el verse expuesto a un delito de la misma naturaleza que el que hemos visto en el curso de quince días en una misma zona, con un saldo de dos casas incendiadas y con un matrimonio de la tercera edad asesinado y calcinado?
Estuve ahí, junto a parlamentarios que están hoy en esta Sala, y pude constatar que las personas, mapuches y no mapuches, tienen temor. Me decían: “Señor ministro , aquí están las llaves de mi casa para que usted se quede una noche y pueda percibir el temor que nosotros sentimos”.
El objetivo manifestado y declarado por medio de panfletos, escritos e informaciones de ese grupo es político. Podrá haber discusiones acerca de si la causa es legítima o no, si la demanda es histórica o no, pero lo concreto es que se cometió un delito para obtener un objetivo político: la reivindicación de tierras. Eso es terrorismo, tal como lo expresó el señor fiscal en la audiencia de formalización del viernes pasado ante el juez de garantía: “Si esto no es terrorismo, que alguien me explique en qué consiste un acto terrorista”.
A juicio del Gobierno -lo decimos sin ningún tipo de ambigüedad-, estamos en presencia de dos actos terroristas y por eso invocamos la ley antiterrorista ante los tribunales de justicia, lo que es nuestro deber como autoridad.
El Presidente de la República concurrió a la Región de La Araucanía y al lugar donde fue asesinado el matrimonio Luchsinger Mackay. Estuvo en la puerta de esa casa destruida y se comprometió a distintas acciones, que consideramos necesarias e indispensables: la presentación de querellas por delito terrorista, como lo hemos hecho; la solicitud de un fiscal especial y con dedicación exclusiva, como lo solicitamos -se accedió a ello-; el reforzamiento de la acción de inteligencia de ambas policías, que se ha buscado potenciar al máximo; la coordinación jurídica con un destacado penalista, el abogado Juan Domingo Acosta, que muchos de ustedes conocen, porque ha sido un permanente asesor en nuestras comisiones, y otras acciones con el propósito de desarrollar un trabajo preventivo que resulte más eficaz. ¡Y cómo queremos, como Gobierno, que esa acción preventiva resulte más eficaz!
Por eso adoptamos las medidas que tomamos y hemos iniciado las acciones legales correspondientes.
En relación con ese incendio y con el asesinato de la familia Luchsinger Mackay, se detuvo a una persona, precisamente la que fue herida por la bala que disparó el señor Luchsinger.
Quienes somos abogados no podemos negar, ni menos discutir, que estamos ante una prueba irrefutable de la presencia de esa persona en el lugar de los hechos y de su participación en esos actos; además, fue detenido con una vestimenta que no solo incluía una capucha, sino que se trataba de una vestimenta de combate, para poder ocultar su participación.
Esa persona detenida fue formalizada por el juez de garantía por dos delitos: como presunto autor o partícipe del delito de incendio terrorista con resultado de muerte en el caso del matrimonio Luchsinger Mackay y como presunto autor del delito de incendio terrorista en el caso de la familia Seco Fourcade.
¿Por qué insisto en esto? Porque es fácil entender que, presuntamente, estamos en presencia de un mismo grupo que está de-sarrollando esas acciones violentistas en la zona de Cautín, fundamentalmente en la localidad de Vilcún. Esto es muy importante para los efectos de poder situarnos ante quien o quienes estamos llevando a cabo las acciones que la justicia nos obliga a desarrollar. Esto es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que esperamos seguir realizando, con el respaldo de todos.
Para el país, para la Región de La Araucanía y para el pueblo mapuche es muy relevante que podamos encontrar y poner a disposición de la justicia a ese grupo que desarrolla esas acciones de violencia extrema o terroristas, a fin de concentrarnos en lo fundamental y no esperar más muertes para poder reaccionar.
Todos tenemos responsabilidad compartida ante esta situación, y no se trata de que el Ejecutivo quiera diferir la suya. Nosotros tenemos la primera responsabilidad, porque estamos en el Gobierno; pero todos tenemos una responsabilidad de Estado para encontrar caminos de solución ante los desafíos que nos plantea hoy La Araucanía.
Sin embargo, el Gobierno no ha querido centrarse -aunque es indispensable- solo en el interés de poner a los responsables de estos delitos ante los tribunales de justicia, en las medidas que debemos adoptar para generar mayor tranquilidad o en buscar la forma de prevenir este tipo de actos violentistas.
Precisamente, no queremos seguir esperando y no queremos que haya más muertes. Por eso, en memoria de ese matrimonio y de todas las víctimas en La Araucanía, intentamos construir caminos que nos permitan alcanzar la paz y tranquilidad y, al mismo tiempo, la dignidad, el respeto y el reconocimiento de los derechos y aspiraciones del pueblo mapuche. No queremos seguir esperando.
Junto a un grupo de parlamentarios de La Araucanía -prácticamente todos-, senadores y diputados de todos los sectores, decidimos convocar a un diálogo, para escuchar y comprender qué otros temas deberíamos abordar para dar un paso, aunque sea pequeño -no pretendemos que este gobierno solucione un problema histórico en un tiempo reducido, porque sería absurdo e irracional-, que nos permita empezar a trabajar en la búsqueda de soluciones, como decía el diputado Saffirio, a temas permanentes y a conflictos que han permanecido por muchos siglos en la relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche.
Convocamos a una mesa de trabajo y de diálogo, la que seguramente ha significado varias dificultades a muchos parlamentarios que participan en ella, ya que les debe haber traído malos ratos, reclamos, etcétera. Pero teníamos la convicción de que debíamos hacerlo, con sentido de país, y no caer en los ruidos que a veces impiden avanzar cuando se imponen los extremos de uno u otro sector.
Ayer iniciamos el diálogo con representantes del pueblo mapuche y de diversos estamentos de la sociedad de La Araucanía. También contamos con la presencia permanente de los obispos de la zona y del pastor evangélico, cuyo trabajo está directamente relacionado con el pueblo mapuche.
¿Qué buscamos? Pretendemos escuchar, dialogar e iniciar un camino. Nos hemos propuesto abordar los temas pendientes que tenemos como generación, como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; los mecanismos de representación y participación del pueblo mapuche, para los efectos de contar con una instancia de representatividad real; los mecanismos que permitan definir, ojalá a través de una ley, los procedimientos de consulta para la correcta y debida aplicación del Convenio Nº 169 de la OIT, y compartir también visiones históricas, para acercarlas, y estudiar la forma en que el Estado puede ser eficaz en la solución de problemas.
Queremos avanzar, por el tiempo que sea necesario, para llegar a acuerdos, aunque sea en algunas materias, en dirección a un encuentro que, como Gobierno, consideramos fundamental, que signifique rechazar categóricamente toda forma de violencia y de acción terrorista, y que nos permita aislar a quienes creen que con el uso de la violencia van a conseguir sus objetivos en nuestro país.
Además, vamos a demostrar que los instrumentos de la democracia, del Estado de derecho y de un país que tiene instituciones estables, junto con los instrumentos de la paz y del respeto entre todos son mucho más potentes, más eficaces y más certeros que cualquier atentado, incendio o muerte. Esa responsabilidad la tenemos todos.
Como Gobierno, queremos hacer el máximo esfuerzo y entregar la mayor colaboración posible para lograr ese objetivo.
Estamos agradecidos de los senadores y diputados de La Araucanía que han compartido con nosotros, han comprendido lo que se busca y se la han jugado por ese objetivo.
Finalmente, espero que la Cámara de Diputados, más allá de nuestras legítimas diferencias, se la juegue por que los instrumentos de la democracia logren vencer la acción de los violentistas.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Desarrollo Social.
El señor LAVÍN ( ministro de Desarrollo Social ).- Señor Presidente , seré breve para exponer un documento, que dejaré a disposición de la Sala, y respecto del cual no entraré en el detalle de las cifras.
Como dijo el ministro del Interior y Seguridad Pública , lo sucedido con el matrimonio Luchsinger Mackay no debe impedir -muy por el contrario- que se realicen esfuerzos adicionales en la implementación de nuestra política en relación con los pueblos originarios, en especial con el mapuche.
El Presidente Piñera nos ha pedido seguir dos líneas políticas. Una, lograr la plena integración del mundo mapuche al desarrollo económico y social del país. Sabemos que el problema va mucho más allá de la pobreza, pero no debemos olvidar que la Región de La Araucanía ha sido, por décadas, la región más pobre de Chile. Pese a que se ha reducido sustancialmente ese indicador, sigue siendo pobre. Comunas como Ercilla, por ejemplo, mantienen niveles de pobreza cuatro o cinco veces superiores al promedio nacional.
La segunda línea de acción consiste en el reconocimiento de la riqueza del Chile multicultural, lo que significa el total respeto por la cultura, identidad y cosmovisión del pueblo mapuche.
No me voy a detener en la integración económica y social; pero sí les diré que hemos continuado adelante con la política de entrega de tierras, porque sabemos de su importancia para el pueblo mapuche.
Pero hemos querido dar un giro, para que la entrega de tierras a las comunidades mapuches, que sigue la misma lista establecida en los gobiernos anteriores en el Pacto Re-Conocer, vaya siempre acompañada de un plan de desarrollo productivo.
Para salir de la pobreza no basta con la entrega de tierras. Para eso, hemos desarrollado alianzas entre empresas y comunidades mapuches, y le hemos dado una fuerza muy especial al Programa de Desarrollo Territorial Indígena del Indap (PDTI).
Durante el 2012, 30 mil familias fueron beneficiadas con este programa del Indap, que implica otorgar asesoría, capital de trabajo y maquinaria, especialmente la entrega de tractores y cosechadoras. Como saben, son herramientas muy importantes para las comunidades mapuches de la zona.
Como anuncie, dejaré a disposición de los señores diputados un documento relativo a esta materia. En él podrán apreciar las cifras y el incremento del PDTI, especialmente en la Región de La Araucanía, donde los porcentajes se han multiplicado por ocho en los últimos dos años.
Además, quiero mencionar la inversión en abastos de agua y en agua potable rural, la labor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los emprendimientos indígenas apoyados por la Conadi. Se trata de capitales de trabajo que oscilan entre 1 millón y 3 millones de pesos.
El Ministerio de Obras Públicas ha invertido en caminos, porque la entrega de tierras, sin caminos y sin agua, no permite que esas familias avancen socioeconómicamente.
Esperamos que durante el segundo semestre de este año se haga realidad la creación de un fondo rotatorio -algunos lo han denominado el “banco mapuche”-, con el 50 por ciento de capitales del BID y con el 50 por ciento de capitales de las regiones, en especial de la Región de La Araucanía, que permita que los emprendimientos mapuches de tamaño mediano, que requieren créditos del orden de 1 millón de dólares, que hoy no tienen ninguna posibilidad de acceder a créditos bancarios -como saben, esas tierras no pueden ser vendidas, arrendadas o dejadas en garantía-, tengan la posibilidad de financiar sus actividades.
Al mismo tiempo, quiero señalar que, así como ha ocurrido en otros países -en oportunidades anteriores he mencionado el caso de Nueva Zelandia-, se debe entender que la diversidad cultural es finalmente parte de la riqueza de un país. Hasta hace poco, Nueva Zelandia era conocida por su exportación de kiwis. Hoy, ese país se proyecta al mundo orgulloso de su identidad maorí.
Chile debe desarrollar un proceso similar, y eso significa dar importancia a la lengua mapuche. Hoy, sólo 12 por ciento del pueblo mapuche habla su lengua. Por eso, estamos promoviendo con fuerza un programa de recuperación de esa lengua y la salud intercultural, que hoy se hace presente en varios hospitales de la Región de La Araucanía, con machis que están atendiendo en esos centros.
Además, en educación, se están otorgando becas indígenas, que cada vez llegan a más jóvenes. El 2012, el ciento por ciento de los jóvenes de la comuna de Ercilla que solicitaron esas becas obtuvieron la cobertura. Creemos que llegó el momento de entender que la diversidad cultural también es parte de la riqueza de Chile.
Entre las regiones de Chile, la Región de La Araucanía ocupaba el séptimo lugar en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), pero para el 2013 está en el tercer lugar. En primer lugar está la Región Metropolitana; en segundo, la Región del Biobío, y en tercero, la Región de La Araucanía, mejor ubicadas que otras regiones que tienen bastante más población, como la de Valparaíso y otras.
Eso indica que se reconoce la situación en que se encuentra la Región de La Araucanía y la necesidad de avanzar más rápido. Hoy, la pobreza en dicha región alcanza al 22,9 por ciento. Sin duda, ha experimentado una baja relevante en relación con la encuesta Casen de 2009, pero sigue siendo la más pobre de Chile. Después viene la Región del Biobío.
Ojalá podamos, de común acuerdo, avanzar en temas legislativos que han estado presentes durante muchos años, pero en los cuales no ha habido avances. El ministro Chadwick mencionó algunos; yo agregaré otros. Por ejemplo, se requieren cambios legislativos en la ley de tierras. Algunas comunidades mapuches han planteado que las fórmulas de compensación que reciben en relación con la deuda que el Estado mantiene con ellas puedan ser distintas a la entrega de tierras. Quizás esas tierras tienen demasiadas restricciones, que impiden el desarrollo; por lo tanto, podemos comenzar a liberar tales restricciones.
Como ustedes saben -este es un punto clave-, cualquiera modificación legal relacionada con los pueblos originarios requiere consulta. Chile suscribió el Convenio 169 de la OIT y, por lo tanto, para realizar cualquier cambio, incluso para hacer una reforma constitucional sobre el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios o una modificación a la ley de tierras o al consejo de pueblos, además de todo lo mencionado por el ministro Chadwick, requiere realizar esas consultas. Entonces, uno de los puntos en que pronto debiéramos alcanzar consenso tiene relación con los procedimientos para consultar a nuestros pueblos originarios. Hoy estamos en ese proceso, y ya se entregó un borrador de procedimiento a los pueblos originarios y pronto recibiremos una contrapropuesta, que se suma a las dos que ya se han entregado. Ustedes saben que en Chile no solo están los mapuches, sino también otros nueve pueblos originarios. Espero que ese mecanismo de consulta se pueda establecer a través de una ley, porque otorgaría mucha más certeza jurídica sobre el tema.
Siento que hoy tenemos una gran responsabilidad. Como indicó el ministro Chadwick, siempre nos podemos preguntar por qué no se hizo esto antes o por qué tuvieron que ocurrir determinados hechos para que nos reuniéramos. Realmente, es difícil responder tales interrogantes. Lo concreto es que hoy somos nosotros quienes ocupamos estos cargos de autoridad: ustedes como Poder Legislativo y nosotros como Poder Ejecutivo .
Ojalá que el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, que ha implicado un compromiso de todos, signifique un antes y un después en el tratamiento de esta delicada situación y también un avance, que puede ser pequeño -esperemos que sea grande-, en términos de las políticas de desarrollo económico y social y de reconocimiento de la diversidad cultural de Chile, porque entendemos que también es parte de nuestra riqueza.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente , en primer lugar, saludo a los señores ministros presentes.
Mis primeras palabras son para respaldar la acción del Gobierno en los temas de seguridad y de desarrollo social. En eso debemos actuar en conjunto, como bien expresó el ministro del Interior y Seguridad Pública, para aislar las acciones violentistas.
Además, quiero manifestar mi preocupación por un titular de un matutino de Santiago, que señala que las causas judiciales por lo que denomina el “conflicto mapuche” aumentaron en 77 por ciento durante 2012. Vemos que se nombran fiscales especiales, que hay aumento de las dotaciones policiales y tantas otras medidas, todas ellas recurrentes desde hace varios años. Al igual que el titular mencionado, esta sesión también ha sido enmarcada dentro del título de “conflicto mapuche”, situación que lamento y me preocupa.
¿Por qué señalo lo anterior? Porque se usa a una respetable e importante etnia -que ha sido la base para la conformación de lo que hoy es el pueblo chileno o, más bien, la raza chilena- para estigmatizarla con actos de terrorismo y delictuales que hacen mal uso de las reivindicaciones de dicha etnia. Claramente, ese actuar es de grupos minoritarios que lo único que han logrado es que se pierda más tiempo en tratar de erradicar la violencia que en buscar mejores condiciones de vida para tantos mapuches, a los que aún no llegan los beneficios del desarrollo y del progreso que vemos en muchos sectores de nuestro país.
En la zona que represento existen muchas comunidades mapuches, y por eso puedo decir que los conozco bien. Como sé que mayoritariamente son gente de paz, molesta que unos pocos los usen como excusa para cometer tropelías. Ese no es el camino; el camino es el diálogo, escuchar y actuar, como Estado, en forma responsable. ¿Por qué hago esa calificación? Porque durante muchos años se entregaron tierras sin capital de trabajo, sin determinar el mejor uso de esos suelos y sin asistencia técnica. Esa forma de actuar no fue adecuada y por eso se está cambiando.
Ha llegado la hora de separar lo relacionado con los hechos de violencia de la búsqueda de mejoras reales. No me cabe duda de que quienes buscan y viven de la violencia amparada en supuestas reivindicaciones siempre encontrarán que las medidas son insuficientes, porque su negocio es el caos, el terror, la violencia, y siempre buscarán justificar lo injustificable.
Las mesas de trabajo deben avanzar en paralelo al tema de seguridad. Por ejemplo, se debe analizar, de una vez por todas, el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero esas reflexiones y la búsqueda de soluciones no deben ni pueden realizarse con amenazas.
Hoy, esos responsables, que no avanzaron, son los que más critican e, incluso, casi justifican la violencia. Ese no es el camino. A ellos les digo que no traten de sacar ventajas baratas con un gobierno que sí ha hecho las cosas, para entorpecer el tan necesario avance en soluciones reales, como, por ejemplo, la disminución de la pobreza de las comunidades mapuches. ¡Eso es lo serio y es lo que espera el país!
Finalmente, quiero pedir a los señores ministros diálogo y paz para Chile.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING .- Señor Presidente , no cabe duda de que el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay es un crimen que requiere justicia. Cualquiera sea el pretexto que se esgrima para haberlo llevado adelante, no tiene ninguna validez ni legitima tal acción. Ese asesinato, junto con la reacción inicial del Gobierno, dura y al bulto, ha producido un cambio cualitativo en la situación de la llamada “cuestión mapuche” o “conflicto mapuche”.
La alarma que se provocó no solo tiene relación con lo que pudiera ser el incremento de la violencia en la región; también generó alarma la reacción inicial del Gobierno, que iba precisamente en la dirección de favorecer el incremento de la violencia. En lugar de responder de la manera que corresponde a un Estado de derecho, apeló a una ley de dudosa legitimidad internacional, como es la ley antiterrorista, y a la idea de instalar estados de excepción en la zona. O sea, quiso hacer exactamente lo que desean los grupos que pretenden subvertir el orden establecido: que las democracias se caractericen por ser estados policiales, represivos y militarizados, para justificar el alzamiento. Creo que esto habla de una impericia y de una ineptitud realmente inexcusable en un gobierno que se pretendía de excelencia.
Sin embargo, afortunadamente, el estado de cosas ha ido derivando hacia la búsqueda de una solución de fondo al asunto, aunque todavía se observan intentos en sentido contradictorio; parece que va a predominar -ojalá sea así- la tendencia a asumir el problema de fondo. Y, como se ha dicho en innumerables oportunidades, el problema de fondo no es nuevo ni se le puede imputar al actual gobierno, sino que es una responsabilidad que se ha ido instalando a lo largo de toda la historia de Chile como una deuda del Estado de Chile.
No es nuevo el incumplimiento de acuerdos con el pueblo mapuche y los demás pueblos originarios. Para ponerlo en imágenes gráficas, se ha fumado la pipa de la paz decenas de veces, y se ha defraudado el compromiso con el pueblo mapuche y los demás pueblos originarios en la misma cantidad de ocasiones.
Tampoco es nueva la formulación de intentos para resolverlo. Tengo en mi poder el documento Re-Conocer, Pacto Social por la Multiculturalidad, del 1 de abril de 2008, que haré llegar a las autoridades del Gobierno. En él se incluye todo lo que se ha pretendido hacer, y algunas medidas que se han logrado implementar. Pero no es suficiente.
También tengo copias de varios proyectos de ley: el que crea la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, que está en la Cámara de Diputados, ingresado a trámite el 6 de agosto de 2008; el que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y la Agencia de Desarrollo Indígena, ingresado el 6 de octubre de 2009; el que crea el Consejo de Pueblos Indígenas, ingresado el 28 de octubre de 2009. Esas iniciativas, al igual que la reforma constitucional -como pretexto para no llevarla a cabo, se esgrime que tenemos que hacer una consulta-, duermen el sueño de los justos en esta Corporación.
Simplemente, falta voluntad, no sólo del Ejecutivo , que podría ponerle urgencia, sino también de nosotros, que también podríamos tramitarlos con cierta premura. Esto expresa lo que quiere hoy el Chile oficial respecto de este conflicto, en cuanto a buscar una solución de fondo.
Si bien no se puede justificar el crimen, cualquiera sea -reitero- la bandera que se haya esgrimido, para tener éxito en el combate contra estos grupos violentistas es necesario eliminar todo pretexto que les intente dar visos de simpatía entre la población. Por lo tanto, es necesario convertir estos crímenes en repugnantes, pero para eso es preciso restarles las banderas tras las cuales se pretenden encubrir. Y eso significa hacer justicia, de una vez por todas, con el pueblo mapuche.
Señor Presidente , si es necesario me voy a tomar todos los minutos de la bancada socialista.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Muy bien.
El señor SCHILLING.- Aquí se habla de entregar tierras. El ministro Lavín habla de entregar tierras.
Señor Presidente, ¡se trata de devolver tierras!
Un estudio de la Universidad de Concepción hace el mapa de las tierras y propiedades que tienen doble título, y además hace una estimación del tiempo que se necesitaría para resolver estos conflictos de doble título de dominio sobre las mismas tierras o propiedades: ocho años.
Este informe fue entregado al ministro Cristián Larroulet . ¿Qué ha hecho el señor ministro para apurar las cosas en este sentido? ¡Nada!
El Congreso Nacional también podría hacer más cosas. Varias veces hemos polemizado aquí sobre la forma como hacer la consulta a pueblos indígenas en relación con distintas iniciativas de ley. Señor Presidente , nosotros podríamos modificar nuestro Reglamento para establecer la manera como hacer dicha consulta, y no necesitaríamos pedirle permiso a nadie. Pero lo que predomina es la negligencia, y detrás de todas estas negligencias, falta de voluntad, defraudaciones de la palabra, el pasto seco está preparado para que cualquiera deje caer el cigarrillo.
Nos dicen que ahora todo el mundo tiene miedo después de lo ocurrido a la familia Seco Fourcade . Estudié con Seco en el Colegio De La Salle; también con Fourcade -ahí está René Manuel García para atestiguarlo-, y me duele lo que les ha pasado, me da pena que tengan miedo.
Sin embargo, al respecto cabe preguntarse: ¿Y el miedo que sentía el pueblo mapuche después de Cornelio Saavedra y la pretendida pacificación de la Araucanía? ¿Y el miedo que sienten los Catrileo? Nadie ha resaltado que este episodio, que termina con el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay , está directamente relacionado con Catrileo. Hoy, el ministro Chadwick dice que debieron haber sacado al carabinero que fue sancionado por este crimen, como si el ministro fuera un comentarista. Él es el jefe de las policías y debiera ordenar al general director de Carabineros que apartara de las filas a ese carabinero.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Diputado señor Schilling, ha concluido el tiempo de su bancada
El señor SCHILLING .- Señor Presidente , por último, deseo señalar que el camino de solución está bien. Para aclarar el crimen, la policía y la justicia, pero para resolver la marea de fondo no deben aplicarse la ley antiterrorista y el estado de excepción.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , el crimen de la familia Luchsinger Mackay simplemente no tiene perdón de Dios. Quemar viva a una pareja -eso fue lo que hicieron: los encerraron, no los dejaron salir, los quemaron vivos-, es como traer recuerdos de otra época, de la Inquisición. Su violencia, crueldad, falta de motivos y cobardía han marcado un antes y un después para toda la región.
Según la información que me cuentan los familiares, esta pareja de adultos mayores vivía en cuarenta hectáreas, donde no exis-tían títulos de comisario o de merced. Los autores del crimen no robaron, no había intereses.
Señor Presidente, en ese acto no veo otra motivación que la de generar terror en un grupo determinado de la población, y eso hay que llamarlo por su nombre: terrorismo. Por eso, el ministro Chadwick ha descrito bien los hechos y la forma como se ha actuado.
Lamentablemente, este tipo de casos no son aislados. Fíjense que en la reunión de Temuco, una de las víctimas nos contaba que en su casa tiene más de trescientos impactos de bala, muchos de ellos de balas de 9 milímetros. Han sufrido atentados más de setenta veces.
¡Perdónenme; dónde está la defensa de poder vivir en paz!
¡Dónde está la acción policial, la inteligencia!
La situación en que viven personas en muchas zonas de La Araucanía es de una enorme precariedad. No podemos permitir que eso ocurra en ninguna parte de nuestro país. Hay sectores completos, como el caso de parceleros de Chihuaihue, en los cuales prácticamente no viven personas: allí la mayoría de las casas están quemadas o abandonadas por el miedo.
Hoy está con nosotros la señora Carmen Roa , a quien saludo. Durante varias semanas, la señora Carmen tuvo que tomar el transporte rural en la misma garita en la cual esperaban locomoción los asesinos de su marido, quien era de origen mapuche. Pero, ¡en qué mundo vivimos para permitir que barbaridades como esa puedan ocurrir!
Señor Presidente , el año pasado hubo alrededor de trescientos atentados denunciados -hay muchos más que no se denuncian-, todos focalizados en lugares específicos. ¡Si eso no es terrorismo; si lo que pasó con las familias Seco Fourcade y Luchsinger Mackay no es terrorismo, entonces me pregunto qué es terrorismo! Es la misma pregunta que hace el fiscal. Por eso, quiero entregar mi respaldo absoluto a la aplicación de la ley antiterrorista en estos casos.
(Aplausos en las tribunas)
Señor Presidente, en el conflicto de La Araucanía debemos separar aguas y me parece que el Gobierno lo hace bien. Por un lado, hay que tratar la violencia y el terrorismo, y, por otro, la causa justa que reclama el pueblo mapuche.
Déjeme contarle que más de ochocientas comunidades viven en el distrito que orgullosamente represento, todas ellas de paz, de trabajo, de familia, de la tierra. Todas ellas reclaman justamente por dignidad, reconocimiento, progreso, educación y salud intercultural. Nunca me ha tocado conocer una persona de esas comunidades que justifique la violencia. Por lo tanto, lo que está ocurriendo estigmatiza a las mismas comunidades mapuches.
Quiero separar estas aguas, porque soy católico y cristiano y, a lo largo de la historia, los crímenes más atroces se han cometido en nombre de causas justas, por ejemplo, los que se llevaron a cabo por la Inquisición y en la época de las Cruzadas. Es muy importante que hoy, el Congreso Nacional se pronuncie sin ningún tipo de miramientos en cuanto a que causa alguna, en nombre de ningún dios y ningún pasado histórico, justifica ninguno de los miles de atentados que hemos vivido en La Araucanía.
El Estado le ha fallado al pueblo mapuche y a las víctimas. Pero quiero recalcar que acá hay una responsabilidad muy grande del Poder Judicial , que ha dejado libres, de manera sistemática - en muchos casos a base de tecnicismos- a las personas que le han presentado como imputadas.
Tras los miles de atentados, prácticamente nadie -son contados con los dedos de una mano- está cumpliendo condena.
En La Araucanía se vive en la impunidad y eso no lo podemos tolerar. En su actuar, el Poder Judicial está incurriendo en denegación de justicia a muchas víctimas, que tienen derechos humanos que hay que resguardar; derecho a vivir en paz, a la vida, a la justicia -reitero que les está denegando- y también a compensaciones. Casa quemada, cuando no hay Estado de derecho, debe ser casa pagada; camión quemado -en especial si es de una pyme- debe ser camión pagado. No puede ser que no seamos capaces de garantizar a todos ellos el Estado de derecho.
Por este motivo, doy mi total respaldo a las acciones que está llevando a cabo el Gobierno para encontrar una solución a los problemas de fondo, de reconocimiento al pueblo mapuche, y a aquellos que son consecuencia de que el Estado también les esté fallando a las víctimas de este conflicto.
Paz en La Araucanía bicultural.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda hasta por cuatro minutos.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , por muchos años se ha hablado de la violación de los derechos humanos en materia indígena, y periódicamente los organismos internacionales nos están enjuiciando y condenando por ello.
Creo que nadie está de acuerdo con los actos de violencia; todos los sectores los hemos rechazado y, además, hemos protestado por la horrible muerte que sufrió el matrimonio Luchsinger. Nadie justifica la violencia ni la muerte como vías de solución de los problemas.
Pero también tenemos que analizar cuál es el motivo de la violencia. Creo que el tema de los indígenas, en este caso, de los mapuches, tiene relación con los derechos humanos, porque a ellos se les discrimina y no se les respetan sus derechos ancestrales en cuanto a la propiedad. La ley N° 19.253 señala que la tierra es el fundamento principal de su existencia y su cultura; pero eso no se respeta, porque las represas de las hidroeléctricas inundan sus terrenos; porque tienen un derecho natural sobre el agua, que se está agotando por los derechos de aprovechamiento, porque no se les deja expresar y, cuando lo hacen, les cae toda la represión. Cuando ellos protestan o se expresan es por las demandas respecto de sus necesidades.
Hoy, la preocupación por los temas indígenas es prácticamente coyuntural y circunstancial, ya que solo es por la supuesta violencia que se ejerce. Se habla de penas, de condenas y de todo ese tipo de cosas, pero no del fondo del problema. Solo se nos ocurre dar suma urgencia a un proyecto de ley sobre encapuchados, aunque no tenga ninguna relación con los indígenas. La preocupación por los derechos humanos nos da el derecho de participar en las decisiones del país. Esos pueblos son meros espectadores, no actores. Ellos tienen una cultura y una historia, pero no se respetan sus terrenos sagrados. La pobreza en que están sumidos forma parte del deber no cumplido del Estado de dar a todos el bienestar social y humano que les corresponde.
Entonces, señor Presidente , ¿qué debemos hacer? Sencillamente, lo que se ha dicho aquí, que no hemos podido hacer o hemos dejado de hacer: reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, asignación y entrega de las tierras que les corresponden, aplicación de la consulta, de acuerdo con el Convenio N° 169 de la OIT; que el derecho al agua sea natural, consustancial a ellos; derecho sobre el suelo, su superficie y subsuelo; instalación de un parlamento que integre a las comunidades mapuches, tal como se propuso en abril de 2008, con la propuesta del gobierno de la época de reconocer la multiculturalidad; derecho a elegir y a ser elegido como senador, diputado , consejero regional, concejal o lo que sea, y respeto a la cultura.
El tema de las comunidades indígenas es estructural, de fondo, histórico, por lo cual no puede ser enfrentado de manera superficial o solamente como un problema policial.
Las comunidades condenan la violencia, pero no faltarán los que la utilizarán cuando vean que no se avanza, que no hay atención.
Señor Presidente , habrá motivos para incendios, muertes o protestas -que no justificamos-, mientas existan todos esos componentes, pero no los habrá cuando hayamos resuelto totalmente sus problemas y, en consecuencia, hayan terminados los motivos que justifican todas las protestas.
El pueblo mapuche es pacífico, Chile es pacífico. La fuerza de la violencia surge de las injusticias y la pobreza. No aceptemos, entonces, que siga la injusticia y la pobreza en las comunidades.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay.
El señor ESTAY.- Señor Presidente , por su intermedio, saludo a los señores ministros del Interior y de Desarrollo Social , y al señor intendente de la Región de La Araucanía .
La Araucanía está de duelo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan a todas las personas el derecho a la vida. En ese sentido, qué duda cabe de que el horrible y estremecedor asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay constituyó una flagrante violación a sus derechos humanos.
En amplios sectores de La Araucanía existe la conciencia y el convencimiento pleno de que muchos de los reiterados ataques que han afectado a camioneros, campesinos mapuches y no mapuches, empresarios y agricultores de la región, son gravísimos atentados a los derechos fundamentales que todo chileno debe tener y ejercer plenamente en paz.
Por eso, la condena a los crímenes y otros delitos cometidos en La Araucanía es generalizada, categórica y no acepta justificación en ningún contexto. La violencia criminal jamás ha sido el camino de la convivencia, ni del entendimiento ni de ninguna reivindicación, por legítima que sea. Así lo entiende la inmensa mayoría de los habitantes de la región y la inmensa mayoría del pueblo mapuche, que anhela un trato justo, basado en la paz y el respeto mutuo.
Por esa razón, sabiendo que los atentados provienen de un grupo reducido de extremistas, llama profundamente la atención que estos sigan operando de modo desafiante y con total desprecio por la vida y el Estado de derecho.
Esto no me lleva más que a pensar en el fracaso de las labores de inteligencia, que no han sido capaces de prevenir la comisión de tan deleznables sucesos, fracaso que está haciendo pagar a nuestra región un alto costo humano, económico y de convivencia social, a lo que se agrega el reforzamiento de la presencia policial, la aplicación de la ley antiterrorista y la construcción de una imagen represiva que, ciertamente, daña nuestra imagen país.
El fracaso en las tareas de inteligencia no solo conlleva la incapacidad del Estado de detectar, desarticular y sancionar a las organizaciones terroristas, sino que hace pagar a La Araucanía y al país completo el costo de su incapacidad.
El Estado está obligado a mantener la seguridad pública y a ser implacable en la aplicación de la ley y exitoso en la persecución de todo delito; no puede permitir que ninguno quede en la impunidad, menos los que importan gravísimas violaciones a los derechos fundamentales de los chilenos de La Araucanía. Ahora bien, si los delitos importan conductas terroristas, deben sancionarse según lo que prescriba la correspondiente ley, tal como se ha venido haciendo desde el gobierno del Presidente Lagos.
Señor Presidente , no puedo dejar de hacer un comentario sobre el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, órgano estatal creado para promover y proteger los derechos fundamentales de las personas, pero que en nuestra región actúa de manera sesgada. Espero que su acción sea clara y unívoca, deplorando la confusión de conceptos que le ha inhibido de calificar como terroristas los crímenes cometidos en nuestra región, y de actuar en consecuencia; es decir, en defensa de las víctimas. Bien sabemos que los derechos humanos no son privilegio de algunos, sino de todos.
(Aplausos)
Pero la arista de la violencia y de la acción policial es solo una de las caras de este problema; también hay temas de fondo, que requieren nuestra atención seria y responsable, y que no podemos soslayar, como lo hicieron los gobiernos de la Concertación. Por eso, nos felicitamos de que este Gobierno haya convocado -con coraje y de manera exitosa- a la gran mesa de diálogo para La Araucanía, de la que hemos tomado parte no solo la totalidad de los parlamentarios de la región, sino también -debo entender que con la mejor intención, buena fe y voluntad- actores del mundo mapuche y representantes de los gremios, del mundo académico y de las iglesias católica y evangélica. Confío -quiero ser optimista- en que a la continuación de esta instancia concurran todas las partes con ánimo de acuerdo. Para ello es fundamental que, de manera transparente, honesta y definitiva, se sinceren intenciones, objetivos y estrategias de todos los involucrados.
La Araucanía quiere vivir en paz. Es nuestra obligación para con las actuales y futuras generaciones de chilenos heredar un país unido, en el cual existan condiciones de convivencia política y territorial aceptables para todos.
Debemos actuar de manera que ni agricultores, ni camioneros, ni campesinos del pueblo mapuche, ni ningún habitante de la Novena Región de La Araucanía se sienta solo en esta hora. Absolutamente todos tienen derecho a sentirse acompañados, comprendidos y defendidos, y todos, a su vez, tienen el deber de aportar, desde su óptica, cultura, cosmovisión y experiencia, para la construcción de una Araucanía que supere las actuales divisiones y genere espacios de confianza y de participación, de los cuales nadie puede quedar marginado.
Así como rechazamos de manera categórica el accionar de los encapuchados que solo aportan fuego, balas, muerte y terror, valoramos los esfuerzos de cada una de las personas e instituciones que, en momentos de tormenta, siguen bregando por llevar la paz social y construir un futuro para nuestra querida Región de La Araucanía.
Queremos una Araucanía para todos. El actual estado de cosas ha tocado fondo. Es la hora de un nuevo trato, de que, una vez aislados, desenmascarados y sancionados con el máximo rigor los violentistas, genere un marco jurídico-institucional diferente, inclusivo, participativo y aceptado por todos sus habitantes.
Espero que el dolor de las quince personas muertas y las millonarias destrucciones materiales que hasta el momento hemos debido lamentar, sean los últimos que debamos sufrir. Por el bien de las futuras generaciones, hagamos este esfuerzo de paz y acuerdo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , como Oposición, esperamos que se haga pronta justicia en el caso, que lamentamos y condenamos, el cual se refirió el ministro del Interior .
Sin embargo, no es justo hablar de conflicto mapuche, por cuanto con ello se quiere establecer como únicos responsables de los sucesos de violencia y represión que se han suscitado en la llamada Región de La Araucanía -con varias situaciones de muertes lamentables y condenables, como las de doce comuneros mapuches, desde 2002, y recientemente la del matrimonio Luchsinger Mackay - a los habitantes de ella que forman parte del pueblo mapuche.
En un conflicto siempre hay dos partes. En este caso, la responsabilidad superior recae sobre el Estado, cuyas instituciones no han tenido la capacidad de imponer la paz mediante la negociación y el diálogo, acogiendo, de una vez por todas, las demandas que viene realizando el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo.
Mientras el Estado -debemos hablar de políticas de Estado- no acoja en plenitud los tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, se mantendrá en la zona una situación de inseguridad y de conflicto, que desgraciadamente desemboca en hechos que acentúan el camino de la represión como forma de solución. Ni la violencia con resultado de muerte -como ocurrió en Vilcún-, que no ayuda a la causa mapuche, ni la represión, que también cobra vidas, sirven al propósito de establecer tranquilidad en la zona.
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en su comentario sobre la propuesta del gobierno de Chile para nueva normativa de consulta y participación indígena de conformidad con los artículos 6° y 7° del Convenio N° 169 de la OIT, si bien la considera un paso importante para cumplir con la implementación de las obligaciones del Estado en relación con los derechos de los pueblos indígenas del país, encuentra que es ineludible realizar ajustes y modificaciones al texto de la propuesta, en vista de las normas internacionales sobre la materia. Sostiene, además, que es necesario avanzar en un proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas de Chile, del modo más amplio e inclusivo, para la elaboración del texto final del Reglamento de Normativa de Consulta.
Lamentablemente, vemos cómo se cierran las puertas a este camino de diálogo inclusivo, y se abre otra diametralmente opuesta, la de la confrontación con un pueblo indígena constitutivo de nuestra nacionalidad. Como lo denuncia un representativo grupo de intelectuales y de profesionales mapuches, se ha ido estableciendo una política permanente de agresión social, de discriminación racial y de menosprecio por la cultura mapuche.
El Gobierno debe adoptar una forma distinta. No se puede seguir con una política que significó que fueran imputados 679 mapuches en el año 2010, según consta en la Defensoría Penal Mapuche, mientras que cálculos aproximados señalan que, entre 2000 y 2012, han sido imputados 2.123 mapuches por fiscalías. Este sistema ha fracasado; la sola represión no es el camino. Además, las políticas sociales y de devolución de tierras han sido insuficientes. La cultura del pueblo mapuche no está siendo plenamente respetada y no hay reconocimiento de su calidad de pueblo.
Hay que implementar una política de Estado, en relación con la cual se debieran discutir puntos como los siguientes, que están en las demandas de los pueblos indígenas, en especial del pueblo mapuche:
1. La declaración constitucional de Estado Plurinacional.
2. La implementación real de la consulta, de acuerdo con el Convenio N° 169 de la OIT.
3. El fin de la aplicación de la ley antiterrorista.
4. Una política clara de restitución de tierras al pueblo mapuche, en relación con la extensión, a quiénes se entregarán y la forma cómo el Estado adquirirá y entregará esas tierras y en qué plazos, dando así tranquilidad a todos quienes viven en la zona.
5. Formulación de políticas que permitan formas de autodeterminación y de participación en la institucionalidad del Estado y otras propias a su calidad de pueblo.
6. Una política de carácter social que permita realmente al pueblo mapuche salir del estado de pobreza en que se encuentra hoy.
Por cierto, estos puntos son propuestas que estamos dispuestos a apoyar. Sin embargo, pensamos que es indispensable que los pueblos indígenas entreguen sus demandas y propuestas, y que estén presentes, junto a todos los actores, en cada paso de la discusión sobre su presente y futuro.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , lo primero que quiero señalar es que estamos viviendo un episodio más de un largo conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche; un conflicto que se extiende por más de 130 años y que tiene como antecedente necesario la lucha de los descendientes directos de los primeros habitantes de este territorio por su identidad y su tierra, y por el derecho a decidir sobre su futuro como pueblo.
El pueblo mapuche de hoy es el legatario directo de quienes vieron que, con el nacimiento de la República de Chile, hace casi dos siglos, una sociedad mayor impuso a sangre y fuego el ejercicio del poder más absoluto sobre sus tierras, su cultura y su destino, pasando a llevar los tratados de Quilín y de Tapihue, suscritos, el primero, con la Corona española en 1641, y el segundo, con la República de Chile el año 1825, que lo reconocían como pueblo y que regulaban las relaciones armoniosas entre dos pueblos que deseaban convivir y progresar en paz.
Será el año 1866, con la promulgación de la Ley de Colonización, que declaró tierra fiscal a toda La Araucanía, que se abrió paso al proceso de colonización y, luego, de la reducción y radicación de las comunidades mapuches. El instrumento jurídico empleado en ese momento para vincular a los indígenas con la tierra fueron los títulos de merced otorgados por el fisco de Chile, sin embargo, adrede, no sé con qué intención, no fueron inscritos en los registros de propiedad de los conservadores de bienes raíces, lo que permitió luego asignar y regularizar dos veces una misma tierra, superponiendo el derecho real de dominio al momento de asignar tierras a colonos chilenos y extranjeros.
Además de este verdadero fraude sistemático montado desde el Estado con la complicidad de políticos, jueces y funcionarios de toda clase, se permitió el atropello de los derechos de los indígenas mediante cesiones falsas de terrenos, ventas forzadas, arriendos a 99 años y toda clase de tropelías que eran ideadas por especuladores de todo signo.
En estas prácticas abusivas, que se extendieron por varias décadas hasta bien entrado el siglo XX, se encuentra la semilla de este conflicto que hoy nos conmueve al estallar una violencia irracional que costó la vida del matrimonio Luchsinger Mackay , cruel asesinato que ha sido condenado unánimemente por la comunidad regional de La Araucanía, como no podía ser de otra forma.
Este crimen alevoso ha dado pie a un conjunto de acciones gubernamentales que, a nuestro juicio, no todas son conducentes a superar esta crisis y menos a abordar la profundidad del problema de fondo que la ha creado. El copamiento policial de La Araucanía no es la solución. Las consecuencias de las acciones policiales han ido generando día a día un clima de temor en unos y de mayor radicalización en otros. El caso de la machi Francisca Linconao , de Padre Las Casas, es una muestra de ello. Según la policía, se le encontró una vieja escopeta en una leñera contigua a su hogar. Ella dijo que la plantaron ahí como prueba falsa. Será el juez quien resuelva; pero lo que sí es cierto es que esta mujer, una líder espiritual y autoridad tradicional de su comunidad, delante de los suyos fue detenida, esposada, desprovista de sus vestimentas e insignias tradicionales, humillada ella y lo que representa. Fue la intervención directa del juez de garantía, quien le restituyó su dignidad al ordenar que se le permitiera recuperar sus joyas y ropaje.
¿Cuánto daño se causan con acciones de ese tipo? ¿Cuánto odio y rencor se sembró a título de nada en esa comunidad? Más allá de los cargos formulados, la mujer más importante de la comunidad fue sometida a tales vejámenes.
Señor Presidente , celebro que el ministro Chadwick , un hombre sensato y criterioso, haya asumido la conducción de este proceso. Él, junto al ministro Lavín , han iniciado una instancia de diálogo político que espero sinceramente continúe y fructifique en el más breve plazo en un acuerdo que sea un verdadero nuevo pacto social entre el Estado de Chile y sus pueblos indígenas; un pacto que, como los antiguos parlamentos, siente las bases de una convivencia ordenada y pacífica.
Pareciera que ahora se entiende que no es un problema local de una provincia perdida en el sur de Chile, sino que es un problema nacional, que es una deuda del Estado de Chile. Todos allí son víctimas, los agricultores y los mapuches, los mapuches y los no mapuches; hoy la sociedad entera es víctima.
Me alegra el cambio en la mirada política que el Gobierno está dando, en especial porque ha comprendido que es necesario avanzar en temas tan discutidos y resistidos como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y su participación en la vida política nacional.
Ya he dicho al señor ministro que esta instancia de diálogo no podrá llegar a buen puerto si antes no resolvemos el tema de la representatividad de los pueblos originarios.
El Congreso Nacional y el propio Gobierno necesitan tener interlocutores legitimados democráticamente por sus comunidades para dialogar y buscar soluciones de consenso. El camino para lograrlo lo inició la Presidenta Michelle Bachelet , cuando en 2009 sometió a consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Sin embargo, mi buena disposición a colaborar se altera cuando escucho tan de continuo de autoridades de esta administración que durante los gobiernos de la Concertación poco o nada se hizo. Les recuerdo que desde el año 1989, con el denominado acuerdo de Nueva Imperial, los partidos políticos que conforman la Concertación de Partidos por la Democracia, que sustentaron los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet , fueron construyendo una política integral de promoción del desarrollo social, cultural y económico de los pueblos indígenas.
La primera expresión de ese acuerdo fue la aprobación por parte del Congreso Nacional de la iniciativa que se convirtió en la ley N° 19.253, que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, como agencia estatal encargada de diseñar e implementar la política nacional indígena.
Desde los inicios de la década de los 90 existió conciencia de la necesidad de generar al interior de la Corporación una instancia de representación y participación de los distintos pueblos indígenas. Así, la dirección máxima del organismo quedó encargada a un Consejo, en el que participan ocho representantes electos mediante votación directa por parte de los indígenas.
Un hito muy importante en esta materia es la conformación, en 2001, durante el mandato del Presidente Ricardo Lagos , de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato -le cambié el nombre a “Comisión de Verdad Histórica por un Rato”, porque el nuevo trato nunca llegó-, que tenía como misión presentar al Presidente de la República propuestas y recomendaciones referidas a mecanismos institucionales, jurídicos y políticos para una plena participación, reconocimiento y goce de los derechos de los pueblos indígenas en un sistema democrático, sobre la base de un consenso social y la reconstrucción de la confianza histórica.
Esa Comisión evacuó su informe en 2003 -integraron la instancia 34 personalidades, entre ellos, el actual ministro de Hacienda Felipe Larraín, Juan Claro, el entonces ministro Huenchumilla -, en el que se recomienda expresamente la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas concebido como un órgano representativo de los pueblos indígenas, generado democráticamente, independiente y distinto de las instancias gubernamentales encargadas de la definición y ejecución de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas.
En 2008, por su parte, el Congreso Nacional, tras 17 años de trámites, ratificó el Convenio N° 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo. La única explicación de esa demora fue la permanente y sistemática oposición de los partidos de Derecha, hoy en el Gobierno, para concurrir con sus votos a aprobar la iniciativa.
Ese mismo año, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, pese a que aún no entraba en vigencia dicho Convenio, organizó un proceso de consulta nacional referido precisamente a los lineamientos que debería tener una institucionalidad de participación indígena.
Fruto del trabajo realizado en el año 2009, la Presidenta Michelle Bachelet sometió a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que creó el Consejo de Pueblos Indígenas, cuyo objeto fue representar los intereses y necesidades de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.
El referido órgano, de 43 miembros -se elige mediante votación popular por todos los indígenas mayores de 18 años inscritos como tales en el Registro Electoral Indígena que se creó al efecto-, cuenta entre sus funciones, las siguientes: participar en el diseño y evaluación de la política pública nacional indígena; hacer presente al gobierno las prioridades para los pueblos indígenas en materia presupuestaria; proponer la elaboración de planes y programas destinados al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas y, la más importante para lo que estamos discutiendo, representar a los pueblos indígenas en los procesos de consulta de carácter nacional iniciados por los organismos del Estado, cuando corresponda.
En marzo de 2010, tras asumir el gobierno un nuevo conglomerado político, se ha buscado reformular la política indígena de las administraciones anteriores, sin lograrlo hasta el momento.
Lo anterior generó una paralización de la gestión de la Corporación de Desarrollo Indígena.
Un grave ejemplo de ello es que en 2010 no se ejecutó la cantidad de 35.000 millones de pesos del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, que permite al Estado comprar tierras para los indígenas que han sido privados de ellas por la superposición de títulos de dominio con personas no indígenas. Ese dinero no usado para los fines legales previstos por la manifiesta ineficacia de las nuevas autoridades tuvo que ser devuelto a las arcas generales de la nación, lo que agravó uno de los muchos problemas de acceso a la tierra que tienen los indígenas, en especial el pueblo mapuche.
En materia de participación ha sucedido algo parecido. En lugar de continuar el proceso de generación de una nueva institucionalidad indígena, congeló la tramitación del comentado proyecto de ley, como asimismo del que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y la Agencia de Desarrollo Indígena.
Si a lo anterior agregamos Orígenes, el mayor programa público en América de estímulo al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas, o el Programa Re-Conocer, la obra de la Concertación no deja de ser, por decir lo menos, contundente.
Esa violencia en parte es la consecuencia de la detención de ese largo proceso, que hoy debiera llevarnos a niveles superiores de gestión pública y no al estancamiento que vemos hoy en día.
Hago un llamado a los partidos de la Oposición y al Gobierno a iniciar un diálogo político y legislativo concreto. Para ello, los insto a poner nuevamente en debate el proyecto de reforma constitucional sobre reconocimiento de los pueblos indígenas, el cual fue votado y aprobado en general en el Senado el año 2009, y a discutir, por ejemplo, mi proyecto de reforma constitucional, que se hace cargo de la representación política de los pueblos indígenas y que se encuentra pendiente en la Comisión de Constitución de nuestra Corporación. Este proyecto, suscrito junto con los diputados Gonzalo Arenas, Pepe Auth , Fuad Chahín , Alfonso de Urresti , Enrique Jaramillo , Fernando Meza , Cristián Monckeberg , Guillermo Teillier y Orlando Vargas , busca establecer cupos supernumerarios de concejales, consejeros regionales, diputados y senadores indígenas, de manera de dar presencia permanente a los pueblos originarios en la institucionalidad política chilena.
Si queremos avanzar, más allá de la pura dialéctica de la discusión política, debemos tramitar las señaladas iniciativas junto a las dos de la Presidenta Bachelet , la del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas mencionada y la que reforma la institucionalidad de la Conadi, con la creación, eso sí, del Ministerio de Asuntos Indígenas.
Desde este Hemiciclo hago un llamado a todos los actores de La Araucanía, mapuches y no mapuches; a los lonkos, machis y demás autoridades tradicionales; a los dirigentes sociales indígenas; a los alcaldes y concejales; a las iglesias y otras organizaciones éticas; a la academia, al empresariado y al mundo del agro, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse en un diálogo generoso que nos permita superar esta situación, pues, de lo contrario, se irá agravando y sus consecuencias serán más rezago en el desarrollo de toda la Región.
Son muchos los asuntos económicos, sociales, sanitarios, educacionales, culturales, de infraestructura que La Araucanía debe resolver para darles más calidad de vida a todos sus habitantes: mapuches y no mapuches, pero ello no será posible si no reconocemos primero que el Estado de Chile está en deuda por un daño que ha ocasionado y que debe ser reparado. La forma de reparación, sin embargo, debe ser determinada con la participación de ese pueblo y no impuesta desde el Palacio de La Moneda.
¡Queremos hacerlo con ellos, y no sin ellos!
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente , no pensaba referirme a este tema, pero luego de escuchar al diputado Tuma no puedo dejar de manifestar que estoy en total desacuerdo con él, pues este Gobierno ha hecho más por los mapuches que todos los gobiernos anteriores. Por lo tanto, ahí no está la causa de los problemas que tenemos ahora.
Por otra parte, el llamado a la presente sesión es incorrecto. Este no es un conflicto del pueblo mapuche, sino uno creado por grupos de extremistas, algunos mapuches, algunos extranjeros y, probablemente, algunos chilenos no mapuches, quienes basados en consignas o en peticiones del pueblo mapuche realizan actos terroristas deleznables en nuestra Región de La Araucanía. Por eso, debemos separar los temas.
La gran mayoría de los mapuches en nuestra región es gente decente que quiere trabajar, agricultores, artesanos. Los conozco desde siempre. He convivido con ellos. Hemos compartido. Hemos tenido éxitos y fracasos. Tengo muchos amigos mapuches. Ninguna ONG internacional me va a decir cómo tratar al pueblo mapuche, cuáles son sus reivindicaciones y qué es lo que realmente quiere.
Los mapuches quieren muchas cosas, al igual que todos los seres humanos. Quieren el progreso de su familia, de sus comunidades; algunos desean tener hijos profesionales; otros, mejor salud -así lo dijeron hace algunos días; otros, tener más tierra para trabajarla; quieren apoyo tecnológico -se les está dando- y productivo, y algunos dirigentes -pocos, en mi opinión, pero no por eso menos importantes-, tienen ciertas demandas político-legislativas, como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; la aplicación, de una vez por todas, del Convenio 169 de la OIT; mayor participación, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Como diputados, debemos trabajar y avanzar en esas materias.
Pero desde los integrantes de muchas comunidades con las que compartí durante el fin de semana pasado, hasta los alcaldes y concejales, los consejeros nacionales -todos mapuches- de la Conadi, con quienes nos reunimos ayer, todos condenan la violencia en La Araucanía. Muchos, entre ellos, la consejera Ana Llao , manifestaron en la oportunidad que esas acciones no los representan y que entienden que por esa vía solo se genera dolor y más pobreza, en particular para las personas más vulnerables de La Araucanía, la gran mayoría perteneciente a la etnia mapuche.
Por eso, no tenemos que confundirnos. Por un lado, se debe realizar un esfuerzo por mejorar la calidad de vida y las condiciones de los mapuches en nuestra zona, lo que debemos realizar cuanto antes y en profundidad, pero, por otro, paralelo, distinto, se debe atacar con la mayor firmeza el terrorismo, el cual, en muchos casos, actúa de manera impune en La Araucanía. Reitero, son situaciones muy distintas. La única relación que tienen es la utilización que hacen esos delincuentes terroristas de consignas y reivindicaciones mapuches, con las que pretenden avalar y justificar sus acciones terroristas.
¿Por qué digo que sus acciones son terroristas? Tengo en mi poder un informativo de las Naciones Unidas que habla de los derechos humanos y del terrorismo, en el que se define lo qué es el terrorismo, documento que consta de cinco puntos.
En uno de ellos se señala que el terrorismo amenaza la dignidad y la seguridad de los derechos humanos en un territorio, pone en peligro o cobra vidas inocentes, crea un entorno que destruye el derecho de la población a vivir sin temor, pone en peligro las libertades fundamentales y destruye los derechos humanos.
Hay múltiples ejemplos que grafican esa situación. En La Araucanía se está viviendo con temor. Los agricultores están asustados, y no precisamente los latifundistas, sino que todos los agricultores, como pequeños parceleros. Tal como lo dijo el diputado señor Edwards , en Chihuaihue hay parceleros que por temor tuvieron que abandonar el trabajo de toda una vida y dejar sus parcelas y casas porque no podían seguir viviendo en ese sector.
En la localidad de Pidima, la familia Fuentes ha sido objeto de 76 de atentados, debido a lo cual tienen que hacer turnos en la noche; su casa ha recibido más de trescientos balazos.
Es efectivo que muchas personas en La Araucanía están comprando armas, pero no con el objeto de atacar a alguien, sino porque tienen temor y quieren defender lo poco o lo mucho que han logrado en su vida.
Por otra parte, el informe de las Naciones Unidas señala que los terroristas tienen vínculos con la delincuencia organizada transnacional, con el tráfico de drogas y de armas. En ese sentido, existe evidencia de que hay vínculos de esos terroristas con las FARC, y su forma de actuar también los delata.
Además, el señalado informe consigna que el terrorismo está relacionado con la comisión de delitos graves, como asesinatos, amenazas, secuestros, robos y agresiones. ¡Qué más claro que el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay y el ataque a la familia Seco Fourcade! Además, tal como lo dijo el diputado señor Edwards , en la tribuna de la Corporación se encuentra presente la señora de don Héctor Gallardo Aillapán , parcelero de origen mapuche que fue atacado por esos grupos y que, finalmente, murió por defender su tierra.
En verdad, felicito al Gobierno por aplicar la ley antiterrorista. Debemos seguir trabajando y apoyando al pueblo mapuche, pero también con mucha firmeza, luchar contra el terrorismo.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, saludo a los ministros que se encuentran presentes en la Sala.
Al comenzar mi intervención quiero señalar que con mis palabras voy a representar al diputado señor Fuad Chahín -nuestros distritos se encuentran en la misma región-, quien está pasando un mal momento familiar, situación que le impidió estar presente en la Sala. Él me pidió, de manera expresa, que dijera que se siente representado por lo que voy a plantear.
La Araucanía sufre, sufre como tantas veces. Los hechos que hoy nos conmocionan no son nuevos en nuestras tierras. Desgraciadamente, han estado presentes en buena parte de la historia. Por cierto, hoy han adquirido ribetes dramáticos, de los cuales debemos hacernos cargo, y ello, como tantas veces, es responsabilidad de todos, del Estado que construimos y de la práctica de tantos que, con sus acciones, han generado las condiciones para que hoy, ante la majestad de la muerte, podamos reaccionar, aunque tarde, muy tarde. En mi caso -como diputado de un distrito que se encuentra en la provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía-, y le consta al intendente presente, he venido denunciando el recrudecimiento de los hechos de violencia sin que -a mí entender- se tomara debida atención al respecto.
Demasiadas veces La Araucanía ha sido el reflejo de lo que no queremos ver, pero que ocurre y está muy presente.
La intolerancia ha sido parte de nuestra historia. Primero, para someter a quienes allí estaban; luego, para tratar de borrar las trazas de una cultura y religión diferentes a las de quienes eran los conquistadores, como si la diversidad fuera un pecado.
En otras partes, con más talento, supieron integrar la diversidad con la construcción de estados multiculturales, a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, entendida esta como una fortaleza y no como una debilidad. Pero en la cultura que queremos construir a contrapelo, todo lo diverso parece molestar.
¿Qué hacer entonces? En primer lugar, reconocer que, desgraciadamente, tenemos más preguntas que respuestas, más dudas que certezas y, como siempre, habrá quienes querrán aprovechar la oportunidad en beneficio propio. Así es la codicia. Como en todos los ámbitos, también se da en la política.
Represento el distrito en los que se han producido los mayores conflictos y a cuyos habitantes conozco: a los huincas y a los peñis. Sé que la inmensa mayoría quiere vivir en paz, aun cuando ello les obligue a renunciar a parte de sus expectativas. Nos demandan unidad a fin de buscar soluciones para la región, y no solo para ella, porque este es un tema país. No solo hay violencia en la Región de La Araucanía, sino que también en regiones aledañas. ¿Estaremos a la altura los políticos? ¡Dios quiera que sí!
Cuando los conflictos se alargan mucho, las condiciones de violencia solo pueden aumentar. Espero que colaboremos todos para que eso no ocurra.
Cabe preguntarse, ¿es posible, entonces, que haya paz en La Araucanía en las actuales condiciones? Sí, creo que es posible, con la condición de que nadie quiera sacar ventajas pequeñas de ese conflicto, pero también con la condición de que aceptemos que vivimos en un Estado que se constituye con la colaboración de varias naciones, no de una sola; con la condición de que aceptemos que la cultura de Chile se ha construido con el aporte de diversos orígenes, y que ello nos enorgullece y nos convoca; con la condición de que reconozcamos que no es posible, que nunca más será posible que el orden social en La Araucanía, como en ninguna otra región, sea la imposición de unos sobre otros, porque eso, en esencia, es el germen de la violencia.
Entonces, ¡por el amor de Dios!, disipemos de nuestras cabezas la apelación al uso de más fuerza, como si todos los problemas se arreglaran a palos. Ni los palos de unos ni los incendios de otros; ni las balas peñis ni las balas huincas. Así no se construye nada, tal como lo sabemos y lo ha demostrado la historia hasta la saciedad. Todos reconocen que el pueblo mapuche es, en esencia, pacífico, pero también sabemos que en los movimientos sociales complejos se introducen sectores, siempre muy pequeños, los que derivan hacia la violencia, con justificaciones difíciles de entender.
Allí se espera la acción de la institucionalidad, con rapidez y eficacia, para encontrar, investigar y sancionar, de conformidad con lo que establece la ley, a los que la inclumplen.
En estos días hemos escuchado a todos los dirigentes responsables de la nación mapuche rechazar categóricamente el incendio que derivó en la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay . También lo hizo la bancada de la Democracia Cristiana -que represento- de manera categórica, y yo lo he hecho siempre. Toda violencia, venga de donde venga, siempre la hemos rechazado. Al respecto, todavía espero escuchar a algunos dirigentes de gremios repudiar el llamado a armarse que hacen algunos, incluso, un ministro de Estado , llegó a la zona y dio su apoyo a esta iniciativa. Así no se destierra la violencia; la violencia engendra más violencia.
En los últimos veinte años, se ha llevado adelante un conjunto muy grande y variado de políticas públicas orientadas a integrar a las comunidades indígenas al desarrollo del país. Claro, al modelo de desarrollo dominante, no necesariamente al modelo de desarrollo propio de los indígenas.
El diputado Germán Becker , a quien considero muy serio, dijo algo que no puedo dejar de mencionar: en estos años se ha hecho más que en veinte años. Él reconoce la Ley Indígena, la Conadi, el programa Orígenes, pero no hay que jugar al empate. El diputado René Saffirio señaló que si no somos capaces de levantar la mirada para entender lo que está ocurriendo y no para representarnos políticamente, no vamos a avanzar.
No ha sido posible desarrollar otras políticas más pertinentes. Es más, los colegas deberían reflexionar acerca de su permanente oposición para avanzar en políticas que consideren a los pueblos originarios como una nación y una cultura, a la que no solo se debe integrar, sino que primero respetar y agradecer por su aporte al desarrollo del país.
Todos los proyectos están pendientes. Tal vez, ha llegado el momento de abrir las manos y los corazones para intentar, por primera vez, construir una paz no como fruto de la derrota militar, sino como consecuencia de mirar al otro como un hermano, como un legítimo otro, así como enseña el Evangelio de nosotros, los Huincas, que solo les queremos traspasar a los Peñis en cuanto sirva para la dominación, pero nunca efectivamente para una participación.
Reconocimiento constitucional, por cierto; traspasar las tierras con derecho de aguas, también; educación multicultural, respeto al idioma y las tradiciones, representación de las instituciones del Estado a partir de sus particularidades, por cierto; consulta en el marco del Convenio 169, y muchas otras, son acciones que deben resultar del diálogo que hemos iniciado. Pero, sobre todo, necesitamos un compromiso honesto para que nunca más se desarrollen procesos de dominación que solo conducen, ineludiblemente, a generar condiciones de violencia que nadie quiere.
Los humanistas cristianos, a los que me enorgullezco en pertenecer, desde siempre, hemos sabido que la paz es fruto de la justicia. Ahora es cuando ello debe hacerse realidad. Aquí está nuestra mejor disposición. Esperamos encontrarnos con todos en esta tarea.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente , lo que nos convoca hoy, sin duda, es el terrible y nefasto asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay . En esto quiero ser muy claro desde el principio.
Ninguna demanda, ninguna reivindicación, por justa y por legítima que sea, justifica o legitima moralmente un atentado y el cruel asesinato que afectó al matrimonio Luchsinger Mackay . No es aceptable, tampoco, lo que hemos escuchado por los medios de prensa de algunos líderes de opinión, de condenar rápidamente el atentado y después pasar a un largo “pero”, o a un largo “sin embargo”, como dando a entender que algún contexto histórico, o que algunas vivencias del pueblo mapuche que, por muy trágicas que pudieron ser en nuestra historia, justificarían o darían a entender delitos y atentados de este tipo. No hay ni una sola razón que permita siquiera comprender el atentado que ocurrió a la familia Luchsinger Mackay .
Dicho esto, también hay que señalar que el Gobierno debe ser muy efectivo en perseguir a los responsables, pero debe ser efectivo con mucho cuidado, porque el sobrepasar la ley o el ocupar medios desproporcionados puede dar ventaja a aquellos que quieren polarizar la discusión política en La Araucanía.
La violencia tiene una lógica; la violencia busca que se perpetúe el ciclo de la violencia; que a violencia y ataques inhumanos el Estado responda saltando la ley y, por lo tanto, rebajando su cualidad moral para exigir otra postura por parte de quienes cometen esos delitos.
Eso no nos puede ocurrir. Los países que han fracasado en la lucha contra los grupos terroristas armados, como los que hemos visto en estos últimos días en La Araucanía, han fallado cuando se dejan influenciar por los gritos de quienes piden mano dura en forma irracional, o perseguir a toda costa en forma muy vehemente. Por lo tanto, el Estado y las autoridades tienen el deber, cual locomotora, de avanzar a pesar de los disparos, gritos e insultos que puedan venir tanto de un lado como de otro. De hecho, es posible que, quizás, el mejor síntoma de que el Gobierno lo haga bien es que ningún sector lo aplauda, o que ningún sector encuentre que es tan completa la actuación que ha hecho el Gobierno. Ello, porque el Gobierno no le puede dar la razón a un solo sector, sino que tiene que buscar la unión de ambos sectores.
En este caso, la solución no es mágica. Tenemos que dejar atrás ese infantilismo de decir “cuándo vamos a solucionar este problema” o “hasta cuándo estaremos acá”, porque este problema lo tendremos en los próximos treinta años. De eso, nadie tenga la menor duda. Pero la diferencia está en que en esos próximos treinta años, es decir, de aquí al 2040, podemos llegar de dos formas: conversando, discutiendo apasionada y acaloradamente, pero dentro de los cauces institucionales, o a punta de balazos para llegar a las mismas conclusiones que vamos a sacar hoy, que son que el Estado debe construir una nueva relación con los pueblos originarios, en especial, con el pueblo mapuche.
Ese es el desafío que hoy tenemos. Si no lo hacemos así, esto será la crónica de una violencia anunciada. Todos los grupos extremistas que se han adueñado de causas legítimas -ha ocurrido en muchos nacionalismos y reivindicaciones étnicas- se han demorado treinta o cuarenta años en sacar ese componente ideológico de la violencia. Es lo que ocurre en el País Vasco y en otras realidades. Al final, fallaron porque fueron incapaces de canalizar esa demanda. Hoy, incluso, si se toma detenidos a todos los involucrados en los hechos de violencia, si quedan presos y son condenados, surgirán veinte más. El problema no se acaba con meter presos a los que están involucrados hoy, ni con buscar a los responsables de los atentados actuales. Tenemos que ir a las causas de fondo. Para eso, debemos dar un cauce institucional a una relación de los pueblos originarios con el Estado de Chile, que hoy nuestra actual institucionalidad no es capaz de solucionar.
Por eso, hay que mirar esta situación con altura de miras, sabiendo todos que hay que ceder en algo. El Estado de Chile no va a seguir igual en su relación con los pueblos originarios a partir de hoy, y eso hay que asumirlo. Los pueblos originarios no pueden pedir todas las cosas que leemos en la prensa, porque tienen que asumir que en La Araucanía son minoría. Por lo tanto, ambas partes tienen que ceder en algo. Y es labor del Gobierno crear esas confianzas.
Quiero felicitar al Gobierno por la reunión que tuvimos el lunes pasado, en Temuco, en la que escuchamos dos realidades totalmente contrapuestas. Unos nos decían A y los otros nos decían B. Uno podía tener la tentación de salir totalmente desmoralizado de esas reuniones y decir que aquí no hay cómo lograr que esas personas se pongan de acuerdo. Pero ese es el rol del Gobierno. Para eso somos Gobierno, para eso el ministro viajó a Temuco y para eso escuchamos durante siete horas a todas las personas que tenían que conversar con nosotros. Esperamos seguir en ese diálogo.
Quiero advertir al ministro que se alzarán muchas voces que le dirán: “Condicionamos el diálogo; queremos que el Gobierno haga esto, y ahí nos sentaremos a conversar y a abrir la agenda”. No hay que caer en esta tentación. Los que no quieran conversar, que no conversen; pero el Gobierno siempre tiene que estar ahí, esperando, porque siempre llegarán dirigentes pacíficos, de buena voluntad, que querrán dialogar para llegar a soluciones dignas que nos permitan vivir en paz en la Región de La Araucanía.
Por eso, a pesar de las críticas y de los ataques y de que algunos digan que estas sesiones son inútiles, que no sirven, el gobierno, sea del color político que sea, debe mantener su firme voluntad de defender el camino institucional que representa. Nadie tiene derecho a decir o a creer que tiene en sus manos una solución que no pase por el camino institucional y democrático.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , he escuchado con mucha atención a todos los colegas.
En La Araucanía el bien más escaso y más preciado que deseamos tener es la paz. Si no hay paz, nadie puede sentarse a conversar en una mesa de diálogo. El problema es realmente preocupante porque todos quieren llegar a una solución; pero para lograrlo también es necesario que todos cedan. Muchos diputados se han referido a lo óptimo; pero nosotros no podemos decir lo mismo porque consideramos que es un error. Hay que formar mesas de diálogo, de las cuales salgan proposiciones que apunten a una solución definitiva del conflicto, dentro de lo que sea posible hacer.
El lunes tuvimos una reunión en la Novena Región con obispos, pastores, diputados, senadores, intendente y ministros: todos condenaron la violencia, lo que es un muy buen síntoma. Es decir, todos estamos de acuerdo respecto del bien más preciado y escaso que tiene La Araucanía ; todos estamos de acuerdo, no hay una sola voz disidente. Entonces, ¿será tan difícil que cooperemos todos? ¿Será tanto pedir que podamos vivir en paz en nuestra región? ¿Será tanto pedir que todos empujemos para el mismo lado?
He escuchado decir al ministro Andrés Chadwick y a algunos colegas que el carabinero que le disparó al señor Catrileo debería estar fuera de la institución. Perfecto, pero, ¿se ha referido alguien a lo que piensa la viuda del sargento Albornoz ? Ella también quisiera ver preso a quien mató a su marido.
(Aplausos en las tribunas)
Esas son las razones por las cuales estamos en la Cámara de Diputados discutiendo este problema, no para obtener un beneficio personal. ¡Cómo quisiéramos estar discutiendo otros temas relacionados con La Araucanía! El crimen del matrimonio Luchsinger Mackay fue con alevosía; si esto no es terrorismo, no sé cómo podría llamarse.
Lo único que deseo es que a ninguno de los colegas presentes o que están escuchando la sesión le ocurra lo mismo que le pasó al matrimonio Luchsinger Mackay , porque me imagino lo que deben sentir los hijos que ven morir a su padre y a su madre en una hoguera. Es lo que queremos evitar que siga ocurriendo en la Región de La Araucanía.
El ministro se refirió al caso del matrimonio Seco Fourcade , a quienes todos conocemos desde hace muchos años; pero hay una gran diferencia: ellos solo perdieron sus bienes materiales, que se pueden recuperar con trabajo; en cambio, una vida humana jamás se puede recuperar.
Escuchaba al diputado Arenas decir que el conflicto podría durar 30 años más. Diputado , ¿qué son 30 años más, si llevamos 130 años tratando de solucionarlo? Si dentro de 30 años tuviéramos la llave para abrir la puerta de una solución, nos sentiríamos felices. No importa que sean 30 años más, si lo hacemos con tranquilidad y respetando la vida de los demás. Es la tranquilidad que hoy queremos tener.
Hay quienes creen conocer el problema mapuche. Lo conocen el intendente, los ministros aquí presentes y algunos colegas de la Región de La Araucanía, con quienes hemos coincidido en la necesidad de encontrar una solución. No saben lo difícil que es llegar a un acuerdo con el pueblo mapuche porque, aunque les parezca mentira, la primera reunión se realizó con la presencia de todos los representantes elegidos democráticamente, incluso, con los consejeros de la Conadi, y no hubo ni uno solo que dijera que representaba al pueblo mapuche. No se sienten sus representantes por una razón muy simple: porque las autoridades del pueblo mapuche, es decir, los lonkos y las machis, son elegidos por su comunidad. Entonces, ¿podremos ponernos de acuerdo con tres mil comunidades, cada una de las cuales tiene una autoridad? Ese es el problema de fondo.
¿Qué se requiere? Que el pueblo mapuche también haga un esfuerzo gigantesco, que forme sus propias mesas de diálogo y determine en ellas quiénes serán los representantes de su comunidad ante las mesas de diálogo con el Gobierno, y que respete lo que dichos representantes digan. No es más que eso.
Entonces, ¿valdrá la pena realizar otras sesiones como ésta? ¿Valdrá la pena decir lo que pensamos? No lo sé; pero sí vale la pena traer a los representantes del pueblo mapuche para que nos digan con certeza lo que quieren. Por cierto, es imposible que les demos todo lo que están pidiendo, así como también es imposible darles todo lo que piden a los habitantes de la región. Pero, si queremos lograr nuestro bien más ansiado -lo repito hasta el cansancio- que es la paz, y proteger nuestro bien más preciado que es la vida, deberemos hacer los esfuerzos que sean necesarios.
Se ha pedido que se retire a los carabineros y que se desmilitarice la Región de La Araucanía. Le sugiero al ministro Chadwick que acepte de inmediato eso, siempre que quienes lo están pidiendo se comprometan a respetar la paz y a que nunca más habrá un atentado en la Novena Región. Pero, tal como están las cosas, los carabineros están allí no porque quieran o porque el ministro del Interior los haya mandado; están allí para defender a la gente de paz y de trabajo, sea del lado que sea, que siempre ha vivido en La Araucanía.
Por eso, están allí los carabineros, no por otro motivo.
Por favor, les pido que revisen la lista de los carabineros que están resguardando la Novena Región; verán que muchos de ellos son mapuches que también quieren la paz. ¿Podrían decir, entonces, que van a atacar a sus hermanos? No, porque aquí se dijo que el 99 por ciento de los mapuches de la Región de La Araucanía son personas pacíficas. De manera que no están reprimiendo a todas las personas, sino solo a quienes deben ser reprimidos, es decir, a los terroristas, porque no tienen cabida en una región pacífica como la nuestra.
Ésa es la gran incógnita. ¿Será represión o excesiva fuerza tratar de controlar a esas personas que no sabemos quiénes son? ¿Acaso queremos seguir en una nebulosa y en una incógnita? Creo que ninguno de los diputados presentes, ningún mapuche que esté escuchando la sesión y ninguna persona perteneciente a esa etnia querrán seguir ignorándolo. De esa forma se terminaría con la estigmatización del pueblo mapuche y se podría decir con certeza que ése, éste y aquél, con nombres y apellidos, son terroristas y que la violencia y el terrorismo deben ser condenados. Es algo que no podemos transar, y por eso agradecemos a nuestros diputados y senadores, a nuestro intendente y a nuestros ministros y a la gente que estuvo en la reunión, todos los cuales condenaron el terrorismo en forma unánime, lo que, por cierto, es de gran valor.
Tal vez, el día de mañana podamos decir que en este largo conflicto que ha durado 130 años y que puede durar -repito las palabras del diputado Arenas - 30 años más, fue esta generación, es decir, nosotros los que dimos el primer paso, dejando de lado las ambiciones políticas y las ventajas que po-dríamos sacar. ¡Pero jamás dejaremos de lado la paz y a las personas que viven en La Araucanía! ¡Ese debe ser nuestro norte, de ahora en adelante!
(Aplausos en las tribunas)
Perdónenme que me apasione al referirme a este tema, pero no lo hago porque quiera hacerlo, sino porque hemos vivido allí y conocemos a la gente de La Araucanía, y porque vivimos entremedio de las comunidades mapuches.
Nunca hemos tenido un problema, y eso se lo agradecemos a Dios y a la gente y a la sana convivencia que hemos tenido, y es eso lo que hoy queremos decir aquí.
No he visto ni un solo parlamentario que haya felicitado o avalado lo que está pasando en La Araucanía; ni uno solo. Ello, señor ministro , señor intendente, es un paso gigantesco.
Espero que la gente de La Araucanía que ha asistido a esta sesión, huincas y mapuches, para la próxima sesión se sienten juntos en las tribunas y luego se pongan de pie aplaudiendo los acuerdos que favorezcan a uno y otro lado.
Esa es la verdadera manera de hacer democracia, eso es lo que queremos y esa es La Araucanía que anhelamos. Esa es la gente que queremos favorecer: la gente de trabajo, la gente de bien, la gente de orden.
¡Que Dios bendiga a La Araucanía y le dé la paz que sus ciudadanos tanto han anhelado estos últimos años!
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio para plantear un punto de Reglamento.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , la totalidad de los diputados de La Araucanía pedimos que recabe la unanimidad de la Sala para que los tres proyectos de acuerdo presentados sean leídos y votados en conjunto.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado señor René Saffirio?
Acordado.
Se deja constancia en Acta de que, a petición de los diputados de La Araucanía, se votarán en conjunto los tres proyectos de acuerdo presentados.
Los proyectos de acuerdo son los siguientes:
Proyecto de acuerdo Nº 812, de los diputados Venegas, Pérez, don José, Ortiz, Arenas, Saffirio, Ojeda, Araya, Andrade, Rincón, Robles, Cerda y Girardi, doña Cristina, que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
“La honorable Cámara de Diputados acuerda:
1. Rechazar todos los actos de violencia producidos en diversas regiones del sur del país, independiente de quienes los produzcan o de las motivaciones que invoquen. Con la misma fuerza, rechazar todos los llamados a asumir posiciones de fuerza o a hacer justicia por mano propia.
2. Hacer un llamado a todos los actores presentes en este conflicto no resuelto a manifestarse a favor de una solución pacífica y de largo alcance, que posibilite el desarrollo y la recuperación de la convivencia en las regiones afectadas.
3. Reconocer la dificultad instalada por determinados sectores, en nuestro Parlamento, que ha impedido avanzar con mayor rapidez en legislar a favor de las legítimas demandas de los pueblos originarios.
4. Instar al Gobierno a integrar, desde el inicio, a todos los actores involucrados, reconociendo a los representantes de las diversas comunidades como legítimos depositarios de la representación de los pueblos originarios.
5. Hacer un llamado a todos los sectores políticos a suscribir un acuerdo nacional por el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, a partir de la consideración de la composición pluricultural y multiétnica del Estado de Chile, comprometiéndose a votarlo favorablemente en el Congreso Nacional, a la mayor brevedad.
6. Legislar, en el corto plazo, a favor de la institucionalización del derecho a participar en la definición de leyes, políticas y programas que afecten a los pueblos originarios.
7. Iniciar una discusión, con todas las instituciones del Estado y representantes de los pueblos originarios, tendiente a determinar la factibilidad de:
a) Incorporar representantes de las etnias originarias en el Congreso Nacional.
b) Incorporar la participación directa de representantes de las etnias originarias en los Consejos Regionales y los Concejos Comunales, con alta tasa de participación de población indígena.
c) Institucionalización del derecho de participación en la definición de leyes, políticas y programas que afecten a los pueblos originarios.
d) Crear un “defensor ciudadano” para los ciudadanos pertenecientes a las etnias originarias.
e) Creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas.
8. Implementar, con urgencia, en el marco de las Mesas sobre Recursos Hídricos, una propuesta definitiva para dotar a las comunidades de los recursos de agua suficientes para enfrentar el déficit que las afecta, y establecer que todos los traspasos de tierra, como fruto de la aplicación del programa de tierras de la Ley Indígena, se realizarán incluyendo derechos de agua.
9. Solicitar al Gobierno un pronunciamiento acerca de las conclusiones del estudio encargado a la Universidad de Concepción, acerca de la determinación de la condición de propiedad de las tierras en litigio.
10. Instar al Gobierno a poner urgencia, en el menor plazo posible, a todos los proyectos de ley que afectan a los pueblos originarios y convenir con el Congreso Nacional su más rápido despacho.”.
Proyecto de acuerdo Nº 813, de los diputados Arenas, García, Becker, Ward, Venegas, Saffirio, Edwards, Kast, Estay, Calderón y Von Mühlenbrock, que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
1. Condenar la violencia en la Región de La Araucanía, en todas sus formas, y señalar expresamente que no existe ninguna reivindicación o demanda, por muy justa y legítima que sea, que pueda servir de legitimidad moral a los actuales hechos de violencia que se viven en la zona.
2. Apoyar el diálogo iniciado en la región, liderado por el Gobierno, en el entendido de que se hará un esfuerzo por intentar incluir a todos sus actores relevantes de la región en la búsqueda de acuerdos que ayuden a establecer un nuevo trato entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile.
3. Expresar la plena disposición de la Cámara de Diputados de apoyar y ayudar en todas aquellas materias legislativas necesarias, especialmente las referidas al reconocimiento constitucional, a la aplicación efectiva del Convenio 169 y la creación de una entidad que permita canalizar la representación del pueblo mapuche.
Proyecto de acuerdo Nº 814, de los diputados Tuma, Venegas, Espinoza, don Fidel; Robles, Araya, Auth, Schilling, Ceroni, De Urresti, Farías y Núñez, que en su parte resolutiva dice lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Expresar su condena permanente y absoluta al empleo de medios violentos con la finalidad de reivindicar cualquier clase de derechos por parte de todo tipo de organizaciones o movimientos sociales en general, y en especial cuando se trata de la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
2. Enviar sus condolencias y solidaridad a los hijos del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes fueron muertos por la acción de terceros en la comuna de Vilcún.
3. Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que se convoque a un gran acuerdo nacional que permita, a través del diálogo y la persuasión democrática, sentar las bases de solución definitiva del conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile.
4. Instar a las autoridades de Gobierno, a los dirigentes políticos y sociales, a la Academia, a las iglesias y otras instituciones éticas del país, y, en general, a la comunidad nacional, a implementar las conclusiones y recomendaciones formuladas en 2003 por la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, en especial, sus propuestas en relación con la generación de un Nuevo Trato o Pacto Social entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas que, sobre la base del reconocimiento y valoración de la continuidad histórica de los pueblos originarios, asegure el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos y la promoción de las mejores condiciones de vida para ellos y sus descendientes.”.
En votación los tres proyectos de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el ministro del Interior y Seguridad Pública .
El señor CHADWICK ( ministro del Interior y Seguridad Pública ).- Señor Presidente , solo quiero dar las gracias a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, porque con esta aprobación unáni-
me de los distintos proyectos de acuerdo damos la mejor señal que, en este minuto, necesita el país y la Región de La Araucanía: unidad para buscar la paz y para encaminarnos hacia la solución de los problemas de la zona.
Muchas gracias a todos. La Araucanía se los va a agradecer.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 22.50 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.