Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- PERMISO
- DEBATE
- VIII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Manuel Edwards Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : German Becker Alvear
- PETICIÓN DE OFICIO : Rene Manuel Garcia Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Ascencio Mansilla
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Victor Marcelo Torres Jeldes
- PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Nino Baltolu Rasera
- PETICIÓN DE OFICIO : Nino Baltolu Rasera
- PETICIÓN DE OFICIO : Nino Baltolu Rasera
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Accorsi Opazo
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Accorsi Opazo
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Adriana Munoz D'albora
- Ignacio Walker Prieto
- Juan Antonio Coloma Correa
- Joaquin Tuma Zedan
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Pedro Araya Guerrero
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Mario Bertolino Rendic
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Alejandro Santana Tirachini
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CONCESIONES ELÉCTRICAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE EFECTUAR UNA REVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CODELCO. (Discusión pendiente).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Marcos Espinosa Monardes
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE CESIÓN DE TERRENOS APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN A FIN DE MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CONCESIONES ELÉCTRICAS. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Pablo Lorenzini Basso
- Sergio Ojeda Uribe
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Manuel Rojas Molina
- Patricio Vallespin Lopez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marisol Turres Figueroa
- Marcelo Diaz Diaz
- Ramon Farias Ponce
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Rene Alinco Bustos
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Gustavo Hasbun Selume
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Perez Arriagada
- Leopoldo Perez Lahsen
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Nino Baltolu Rasera
- Eugenio Bauer Jouanne
- Sergio Bobadilla Munoz
- Javier Hernandez Hernandez
- Patricio Melero Abaroa
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Felipe Salaberry Soto
- Ignacio Urrutia Bonilla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 131ª, en miércoles 23 de enero de 2013
(Ordinaria, de 10.43 a 15.04 horas)
Presidencia del señor Monckeberg Díaz, don Nicolás.
Presidencia accidental del señor Meza Moncada, don Fernando.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 10
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Permisos constitucionales 13
V. Orden del Día.
- Modificación del procedimiento para otorgar concesiones eléctricas. Primer trámite constitucional 13
- Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco. (Discusión pendiente) 47
- Establecimiento de sistema de cesión de terrenos aplicable a proyectos de construcción a fin de mejorar el espacio público. Primer trámite constitucional 65
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo.”. (boletín N° 7976-13). (460-360)
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto sobre “Modificaciones a ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y Protección de Datos de Carácter Personal.”. (boletín N° 8143-03). (516-360)
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto sobre “Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.”. (boletín N° 8270-08). (520-360)
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que no reunió el quórum de los dos tercios de sus miembros presentes exigido por el artículo 68 de la Constitución Política de la República para aprobar el proyecto, iniciado en mensaje sobre “Reforma constitucional que establece un principio proporcional y representativo en el sistema electoral.”. (boletín N° 4061-07). (78/SEC/13)
5. Oficio del H. Senado, por el cual comunica que se designó a los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía para integrar la Comisión Bicameral encargada de dar cumplimiento al artículo 6 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (75/SEC/13)
Pág.
6. Primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Sanciona con mayor rigor las falsas alarmas públicas.”. (boletín N° 7018-25). En estado de Tabla
7. Certificado de la Comisión de Minería y Energía recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.”. (boletín N° 8270-08). En Tabla
8. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal.”. (boletín N° 7567-07, 7567-07, 7727-18, 5970-18, refundidos). En Tabla
9. Primer informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto de ley iniciado en mensaje, calificado con urgencia “suma”, que “Crea subvención para los establecimientos educacionales, especial para la clase media.”. (boletín N° 8655-04)
10. Primer informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea el Sistema Elige Vivir Sano.”. (boletín N° 8749-11)
11. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Cerda, Ascencio, Chahín, Lorenzini, Ojeda, Rincón, Rojas, Vallespín, Vilches y Walker, que “Modifica el Decreto Ley N° 2.224 de 1978, que crea el Ministerio de Energía, con el objeto de promover el uso de energías renovables no convencionales en las actividades económicas desarrolladas por las pequeñas y medianas empresa”. (boletín N° 8791-08)
12. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Turres, doña Marisol, y de los diputados señores Díaz, don Marcelo y Farías, que “Modifica la ley N° 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, con el objeto de introducir otras exigencias a los clubes deportivos para el control de acceso de los barristas”. (boletín N° 8793-25)
13. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Marinovic, Alinco, Cardemil, Hasbún, Ortiz, Ojeda, Pérez, don José; Pérez, don Leopoldo; Urrutia y Velásquez, que “Reconoce la jineteada” como deporte nacional”. (boletín N° 8794-29)
14. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Alvarez-Salamanca, Baltolu, Bauer, Bobadilla, Hernández, Melero, Morales, Norambuena, Salaberry y Urrutia, que “Integra al Código Procesal Penal los delitos contra las policías como aquellos de mayor connotación pública, limitando entre otras, las figuras de la suspensión condicional del procedimiento, el archivo provisional”. (boletín N° 8796-25)
Pág.
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
15. inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo. Rol 2364-12-INA. (8142)
16. artículo 29 del Decreto Ley N° 211, de 1973. Rol 2381-12-INA. (8177)
17. artículo 8° letra d) inciso final de la ley N° 18.834. Rol 2344-12-INA. (8191)
18. inciso segundo del artículo 6° de la ley N° 20.545, que modificó normas sobre protección a la maternidad. Rol 2357-12-INA. (8139)
19. artículo 39, inciso primero, del D.F.L. N° 3 de 1977, Ley General de Bancos. Rol 2350-12-INA. (8194)
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Notas
- Del diputado señor Araya, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 23 de enero en curso para dirigirse a Rusia.
- Del diputado señor Bertolino, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 22 de enero en curso para dirigirse a Rusia.
- Del diputado señor Santana, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 21 de enero próximo pasado, para dirigirse a Estados Unidos.
- De la diputada señora Zalaquett, doña Mónica, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 24 de enero en curso.
Respuestas a oficios
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita la remisión de antecedentes que obren en poder del ministerio, sobre el proyecto hídrico Acqua Atacama e informe respecto de la continuidad de los estudios de factibilidad técnica, contemplados en la segunda fase del referido proyecto (46 al 9255).
- Diputado Espinoza don Fidel, Informe respecto de las materias que se precisan en la solicitud adjunta, en relación con los estudios preliminares del proyecto Atacama o también denominado “carretera hídrica”, como asimismo, de otros proyectos similares que hayan sido presentados al Gobierno por empresas nacionales e internacionales. (46 al 9696).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Proyecto de Acuerdo 798, “Solicitar a S.E. el Presidente de la República que asuma íntegramente la responsabilidad que corresponde al Estado en la crisis de la Universidad del Mar.” (7).
- Proyecto de Acuerdo 800, “Solicita la designación de un administrador provisional en la Universidad del Mar.” (7).
- Proyecto de Acuerdo 802, “Solicitar a S.E. el Presidente de la República ingrese urgencia con calificación de “Suma” al proyecto de ley que crea la figura legal del interventor.” (7).
- Proyecto de Acuerdo 646, “Duración de los créditos de las Cajas de Compensación que entregan a pensionados.” (8).
Ministerio de Salud:
- Proyecto de Acuerdo 704, “Ventana de vida o incubadoras protectoras de abandono y parto anónimo.” (149).
Ministerio de Desarrollo Social:
- Proyecto de Acuerdo 666, “Solicita que SENAMA pueda ser parte de procesos por violencia contra adultos mayores.” (45).
- Proyecto de Acuerdo 706, “Respalda las políticas sociales del Gobierno de la Coalición por el Cambio.” (46).
- Proyecto de Acuerdo 663, “Solicita una Ley Integral del Adulto Mayor.” (48).
Empresas del Estado:
- Diputado Teillier, Solicita se considere consultar formalmente con las organizaciones políticas, sociales, y demás relevantes, de las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, sobre el proyecto de modernización del trazado de la vía férrea entre Santiago y Rancagua, cuya implementación significará, eventualmente, un agravamiento de los problemas que ya sufren los habitantes de las comunas mencionadas, esto es, un aumento de los accidentes, de las vibraciones, de la polución, y otros, asociados al tránsito de trenes de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado por la zona. (5 al 4454).
Varios:
- Diputado De Urresti , Dotación total de carabineros en la Región de Los Ríos, la relación existente entre el número de efectivos policiales y la cantidad de habitantes y los proyectos de construcción de nuevas unidades policiales. (36 al 9070).
VIII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Silber, Solicita tenga a bien instruir la realización de una investigación y auditoría en el Instituto Nacional de la Juventud e informar a esta Corporación sobre cada una de las materias que, sobre el particular se señalan en la solicitud adjunta. (9918 de 18/01/2013). A Contraloría General de la República.
- Diputado Walker, Solicita tenga a bien disponer una investigación en relación con la situación de la señorita Valentina Godoy Molina, alumna de medicina de la Universidad Finis Terrae e informe a esta Corporación al tenor de las materias descritas en la solicitud y antecedentes adjuntos. (9919 de 21/01/2013). A superintendente de Educación .
- Diputado Edwards, Solicita informe respecto de cada una de las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con los hechos de violencia ocurridos en las regiones del Biobío y de La Araucanía. (9920 de 21/01/2013). A Ministerio Público.
- Diputado Becker, Solicita informe respecto de cada una de las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con los hechos de violencia ocurridos en las regiones del Biobío y de La Araucanía. (9921 de 21/01/2013). A Varios.
- Diputado García don René Manuel, Solicita informe respecto de cada una de las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con los hechos de violencia ocurridos en las regiones del Biobío y de La Araucanía. (9922 de 21/01/2013). A Corte Suprema.
- Diputado Marinovic, Solicita tenga a bien disponer la fiscalización de las actividades que se realizan en la parcela ubicada en camino Lo Elizondo, San Luis de Coltauco e informar a esta Corporación de sus resultados y de las medidas dispuestas por el servicio a su cargo, en relación con los hechos descritos en la solicitud y antecedentes adjuntos. (9923 de 21/01/2013). A seremi de Salud de la Región de O'Higgins.
- Diputado Ascencio, Solicita tenga a bien disponer la investigación e informar a esta Corporación de sus resultados, de los hechos expuestos en la solicitud adjunta, referidos a los contratos celebrados por el Ministerio de Obras Públicas con la empresas “Dragatec” y “Dragados S.A.”. (9924 de 21/01/2013). A Contraloría General de la República.
- Diputado Ascencio, Solicita informe sobre los resultados del sumario administrativo ordenado por la resolución 201.294/11 de la Contraloría General de la República, detallando si existen sanciones al respecto y las personas que las recibieron. (9925 de 21/01/2013). A Contraloría General de la República.
- Diputado Ascencio, Solicita informe sobre los resultados del sumario administrativo ordenado por la resolución 201.294/11 de la Contraloría General de la República, detallando si existen sanciones al respecto y las personas que las recibieron. (9926 de 21/01/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe respecto de cada una de las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el camping ubicado en la localidad de Pichicuy, comuna de La Ligua, provincia de Petorca, en consideración de los hechos expuestos en la solicitud adjunta. (9927 de 21/01/2013). A Intendencias.
- Diputado Torres, Solicita informar sobre el número de mujeres despedidas del Plan Mejor Trabajo de las comunas de San Antonio y Cartagena, como asimismo, de aquellas que han sido recontratadas a través de dicho plan, con indicación de la fuente de su financiamiento. (9928 de 21/01/2013). A Intendencias.
- Diputado Venegas don Mario, Diputada Muñoz doña Adriana, Diputado González, Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Diputada Girardi doña Cristina, Solicita informe respecto de las materias que se señalan en la solicitud adjunta, en relación con los créditos internos de la Universidad del Mar y la responsabilidad que le correspondería a la cartera a su cargo, en el proceso de cierre de dicha casa de estudios. (9929 de 21/01/2013). A Ministerio de Educación.
- Diputado Santana, Solicita informe respecto del estado de avance y calendarización de la ejecución de las obras correspondientes a los proyectos programados para las comunas de Hualaihué, Ancud, Puqueldón, Castro y Queilen, detallados en las solicitudes adjuntas. (9930 de 21/01/2013). A intendencias.
- Diputado Santana, Solicita informe respecto del estado de avance y calendarización de la ejecución de las obras para la instalación de agua potable rural en la comuna de Queilen. (9931 de 21/01/2013). A director regional de Obras Hidráulicas Región de Los Lagos .
- Diputado Santana, Solicita informe respecto del estado de avance y calendarización de la ejecución de las obras para la ampliación y remodelación del Servicio Médico Legal de la comuna de Ancud. (9932 de 21/01/2013). A directora regional del Servicio Médico Legal de la Región de Los Lagos .
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita tenga a bien disponer la fiscalización en terreno de la explotación de piedra laja en el sector de Quebrada Chorrillos de Maitencillo e informe a esta Corporación de sus resultados. (9933 de 21/01/2013). A seremi de Minería de la Región de Valparaíso .
- Diputado Baltolu, Solicita informe sobre las medidas implementadas por el servicio a su cargo para mitigar los daños causados en los cultivos y obras públicas de diversos sectores de Parinacota, por la crecida del Rio Lluta. (9934 de 21/01/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Baltolu, Solicita informe respecto de cada una de las materias que se precisan en la solicitud adjunta, en relación con la paralización de las obras en la Playa La Lisera. (9935 de 21/01/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Baltolu, Solicita informe respecto de cada una de las materias que se precisan en la solicitud adjunta, en relación con los acuerdos entre el Hospital Regional de Arica y los Equipos de Siquiatría y Saludo Mental Ambulatorio (Essma). (9936 de 21/01/2013). A director de Servicio de Salud Arica.
- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre la fiscalización del acuerdo de mitigación ambiental que existe con la empresa Mina Invierno y las medidas de control que, a través de Carabineros, implementa el servicio a su cargo para el resguardo de los vecinos del sector y las que serán implementadas con tal objeto, en consideración de los hechos expuestos en la solicitud adjunta. (9937 de 21/01/2013). A intendencias.
- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre la fiscalización del acuerdo de mitigación ambiental que existe con la empresa Mina Invierno y las medidas de control que la cartera a su cargo, implementa para el resguardo de los vecinos del sector y las que serán implementadas con tal objeto, en consideración de los hechos expuestos en la solicitud adjunta. (9938 de 21/01/2013). A Ministerio Medio Ambiente.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PRI II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Por contar con permiso constitucional, no asistieron los diputados señores Alejandro Quintana Tirachini y Mario Bertolino Rendic.
-Asistieron los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau; de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira Montes, y de Energía, señor Jorge Bunster Betteley.
-Estuvieron presentes los senadores señores Pedro Muñoz Aburto, Ignacio Walker Prieto, Juan Antonio Coloma y Eugenio Tuma Zedán.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El acta de la sesión 125ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 126ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición que formula el diputado Pedro Araya para ausentarse del país por un período superior a 30 días, a contar del 23 de enero en curso, para dirigirse a Rusia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a la Sala, también se accederá a la petición formulada por el diputado señor Mario Bertolino para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 23 de enero, con el fin de dirigirse a Rusia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Alejandro Santana para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 21 de enero, con el fin de viajar a Estados Unidos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CONCESIONES ELÉCTRICAS. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.
Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Manuel Rojas.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8270-08, sesión 21ª, de la presente legislatura, en 3 de mayo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Certificado de la Comisión de Minería y Energía. Documentos de la Cuenta N° 7 de este Boletín de Sesiones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ROJAS (de pie).-
Señor Presidente , paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , en primer trámite
constitucional y primero reglamentario, que establece perfeccionamientos al procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.
El presente proyecto de ley modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en lo referente al procedimiento aplicable al otorgamiento de las concesiones eléctricas, a través de lo cual se pretende asegurar que en el futuro la población de todo el país pueda contar con la energía necesaria para desarrollar adecuadamente sus actividades y satisfacer sus necesidades personales y sociales, a precios competitivos que hoy el país no tiene; además, de contar con una matriz energética con mayor generación de energía renovable. Sin embargo, para alcanzar estos loables objetivos es urgente perfeccionar el procedimiento concesional que justamente se persigue con el presente proyecto de ley.
La iniciativa fue tratada y acordada en la Comisión de Minería y Energía en sesiones de 16 de mayo, 5 y 12 de septiembre; 3, 10, 17, y 31 de octubre, 7 y 22 de noviembre; 12 y 19 de diciembre de 2012, y 2, 8, 9, 15, 16, 21 y 22 de enero de 2013.
A mediados de la década del 90 se empezó a tomar conciencia de que la regulación eléctrica, referida al sistema de transmisión, era deficiente.
A raíz de eso, a partir del año 2000, se comenzó a pensar y a discutir la posibilidad de regular mejor los sistemas de transmisión, introduciendo un sistema de planificación de largo plazo, que permitiera adelantar las obras de transmisión a las obras de generación para evacuar la energía.
Sin embargo, existe una crisis eléctrica mayor en Chile, crisis que estamos viviendo hoy y que se va a acentuar a través de los próximos años, a menos que se haga algo bastante sustancioso. Por eso, la Comisión acordó trabajar con el Supremo Gobierno y todos los actores para lograr acuerdos políticos, a fin de determinar cómo diversificamos la matriz energética.
A pesar de ello, en los dos últimos años Chile ha alcanzado tasas de crecimiento económico del orden del 6,1 por ciento, en 2010, y de 6 por ciento, en 2011. Esa meta de crecimiento se debiera mantener, para que en el 2018 se llegue a niveles de ingreso per cápita que ubiquen a Chile dentro de los países desarrollados. Sin embargo, para sostener ese crecimiento de la economía, la matriz de generación eléctrica debe ser capaz de incrementar su capacidad de manera análoga. Por ello, estudiamos el presente proyecto, cuya descripción paso a detallar.
La Ley General de Servicios Eléctricos contempla los siguientes tipos de concesiones: de centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica, de líneas de transporte, de subestaciones y de líneas de distribución.
Dichas concesiones son fundamentales para imponer las servidumbres requeridas a fin de construir y tender las líneas de transmisión. De esa forma, ocupar los terrenos necesarios para el transporte de la energía eléctrica, desde la central generadora o subestación, hasta los puntos de consumo masivo.
Sin embargo, conforme a la ley vigente, el plazo máximo para la obtención de una concesión definitiva es de alrededor de 120 días, más 30 días que toma la resolución y publicación en el Diario Oficial de la misma. Pero, en los hechos, el plazo de 150 días que debiera demorar una concesión, se eleva a 700 días, lo que, sin duda, genera una presión enorme en los precios de la energía, y ha transformado a la transmisión en el principal problema que hoy tiene el sistema eléctrico chileno.
En ese sentido, a través del presente proyecto de ley, se pretende revertir dicha situación, y colocar a la transmisión de energía por delante de la generación. Porque, precisamente, la idea matriz de la iniciativa legal en comento, consiste en modificar el decreto con fuerza de ley N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, que contiene la Ley General de Servicios Eléctricos, específicamente, en lo referente al procedimiento aplicable al otorgamiento de las concesiones que en dicho texto se regulan, para agilizar su tramitación
Cabe destacar que no corresponde que el artículo único del proyecto sea conocido por la Comisión de Hacienda.
La comisión acordó calificar como normas de rango orgánico constitucional las siguientes disposiciones: la letra a) y c) del artículo 22 (N° 5); el inciso tercero del nuevo artículo 27 (N° 7); los incisos segundo, octavo y noveno del nuevo artículo 27° ter (N° 9); el nuevo artículo 31 bis (N° 12); el inciso segundo de la letra b) del artículo 65° (N° 18); establecido por el nuevo artículo 66° (N° 19); el nuevo artículo 67° (N° 21), y el inciso segundo del nuevo artículo 68° (N° 22), todos del artículo único del proyecto, de conformidad a los artículos 66, inciso segundo, y 77 de la Carta Fundamental, debido a que se establecen nuevas atribuciones a los tribunales de justicia.
El proyecto se aprobó en general por la mayoría de los diputados presentes, con el voto en contra del diputado Luis Lemus.
Hago un llamado a la Sala a prestarle su aprobación a esta iniciativa, ya que se requiere fortalecer la matriz energética, y contar con las líneas de transmisión necesarias que nos permitan desarrollar energías, como las renovables no convencionales, que propicien la diversificación.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , el diputado informante de la Comisión de Minería y Energía, como acostumbra, fue muy claro en su exposición, pero formuló algunos planteamientos, que me han causado algunas interrogantes sobre este proyecto. Además, quiero hablar del futuro cercano, en cómo solucionar el aumento constante del consumo de energía eléctrica. Es un problema nacional, es decir, de todos.
Tuve la oportunidad de escuchar al señor ministro en la Comisión Mixta de Presupuestos . Asimismo, de opinar y agradecer su capacidad en el Ministerio.
En el futuro cercano, con mayor energía podrán construirse grandes obras de producción. Este proyecto apunta a los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas a fin de conducir la energía que se produzca, lo que también nos lleva a otros comentarios, necesarios, como lo manifestó el diputado Manuel Rojas .
Ahora, el problema de facilitar los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas radica en a quién se afecta. Por ello, debemos establecer las adecuadas compensaciones y mitigaciones por el paso del tendido eléctrico por el impacto que producirá en los distintos predios y propiedades.
Aclaro que hablo con conocimiento de causa sobre esta situación, de hechos que me constan. En la práctica, se están cometiendo muchos abusos, en especial en la Región de Los Ríos. Por eso, he querido elevar mi voz a fin de hacer notar que esto, si bien no es la carretera eléctrica, nos lleva a pensar en cómo vamos a apoyar con mayor energía a las futuras carreteras.
En términos generales, estoy de acuerdo con lo aprobado por los colegas de la Comisión de Minería y Energía. Sin embargo, hay un punto que me genera dudas; la forma en que se fijarán las compensaciones e indemnizaciones a los afectados.
En el actual sistema, para la fijación de los montos existe una comisión de hombres buenos que, por lo señalado, no son muy buenos en mi región. En el proyecto se cambia esta comisión por un panel de expertos, contratado por la concesionaria. Con ello, podría correrse el riesgo de que tal panel tienda a favorecer los intereses de las concesionarias que, como todos sabemos, son grandes empresas, lo que iría, una vez más, en perjuicio de los pequeños propietarios afectados por la concesión, que son pequeños campesinos, pequeños agricultores, gente del sitio o de la hectárea, sin el conocimiento necesario para darse cuenta de la dimensión del asunto.
Otro tema de preocupación es el de las notificaciones. No será tan interesante para algunos, pero sí para los afectados.
Es necesario asegurarse de que los propietarios y meros tenedores de los terrenos puedan acceder a la información oportunamente. Esto me lo dio a conocer el diputado Felipe Harboe , quien ha estado pendiente del asunto, y le encontré toda la razón. El temor es que se enteren de la concesión, solo cuando la empresa llegue a instalar faena. Por ello, la idoneidad del medio de notificación debe quedar muy bien resguardada en el proyecto.
Voy a dar mi aprobación al proyecto. Considero necesario un adecuado equilibrio entre el desarrollo y las compensaciones y mitigaciones de las comunidades afectadas.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.-
Señor Presidente , por su intermedio, saludo al ministro de Energía y señalo que el proyecto constituye un avance para nuestra realidad energética.
Qué duda cabe que los servicios básicos son fundamentales. Actualmente, se encuentran exigidos y enfrentan una gran demanda de la ciudadanía. Además, nos acordamos de ellos cuando nos faltan.
Ayer fue un día complejo para la capital. Más de dos millones de santiaguinos se quedaron sin agua potable, debido a consecuencias de cuestiones climáticas y también a la falta de previsión tecnológica de las suministradoras del servicio. Esa debilidad técnica nos preocupa.
El sistema energético de nuestro país es débil. Le falta mucho. Por su intermedio, se lo digo al señor ministro de Energía , quien, por lo demás, tiene el tema más que claro.
Nuestro sistema energético es precario, tanto para viviendas como para la industria o comercio. El sistema opera con costos demasiado altos para la ciudadanía, que así lo percibe.
Las fuentes de generación también son débiles o muy contaminantes, sucias y afectan el medio ambiente. El sistema de generación de transmisión y de entrega final al consumidor debe ser actualizado. En ese sentido, creemos que este tipo de proyectos son urgentes para mejorar el sistema energético.
Por lo tanto, quiero hacer un llamado de atención a los legisladores para que impongamos energía al sistema energético.
El proyecto constituye un avance transversal. Se estudió hasta muy tarde en la Comisión de Energía. Además, se trabajó el lunes en Santiago, y ayer, en sesión extraordinaria, de 15.00 hasta más allá de las 22.00 horas.
Felicito a los representantes del Poder Ejecutivo ; es decir, al ministro de Energía , señor Jorge Bunster , y al ministro de Economía , señor Pablo Longueira , como también al subsecretario de Energía , señor Sergio del Campo, por su interés en llegar a acuerdos y consensuar la iniciativa.
Asimismo, reconozco el esfuerzo de mis colegas diputados, señores Carmona , Harboe y Latorre , por nombrar a algunos, que formularon indicaciones y realizaron negociaciones para conseguir que anoche el proyecto se aprobara por unanimidad.
Por lo tanto, espero que el proyecto pase prontamente al Senado. Es urgente y necesario su despacho, para que se convierta en ley a la brevedad.
La tecnología ha dado pasos importantes. Quiero hablar a nivel doméstico. Los niños de 10 o 12 años conocen los hervidores eléctricos, en cambio, nosotros conocimos la tetera, que demoraba un poco más en hervir el agua, pero nos ayudaba a cultivar la paciencia. Los niños de ahora están familiarizados con los microondas, los televisores, los equipos de música, los computadores, los cargadores de celulares -hay más celulares en Chile que habitantes-, y todo eso necesita energía, electricidad principalmente.
Por eso, tenemos que defender a los ciudadanos comunes y corrientes y la energía que debe llegar a sus hogares. Una vez que tengamos resuelto el sistema energético habitacional, debemos pensar en las fuentes productivas y generadoras de puestos de trabajo.
El distrito que represento tiene un consumo energético altísimo, no solamente por las grandes empresas y compañías encabezadas por la División El Teniente de Codelco Chile, que tiene un sistema eléctrico diseñado especialmente. También tenemos agroindustrias, viñas y frigoríficos que están demandando cada vez más energía para funcionar. Además, se están creando muchos puestos de trabajo, que celebramos. Esperamos que se trate de puestos de trabajo de calidad, que respeten los derechos de los trabajadores. Al respecto, siempre he dicho que el primer derecho de un trabajador es al trabajo. Por tanto, debemos cuidar las fuentes laborales.
Por ejemplo, un tema preocupante es la situación de agricultores que operan con sistemas de riego tecnificado; o empresarios que, avanzado el año o a partir de abril, se ven enfrentados a restricciones horarias -entran en receso eléctrico en determinada hora-, producto del débil sistema energético, razón por la cual muchos deben parar sus frigoríficos y bodegas, y detener los procesos.
Como dije, estamos ante un proyecto transversal y necesario, que no va a solucionar el problema, por lo tanto no nos debe dejar tranquilos. Es un pequeño paso el que se está dando hoy. Pronto vamos a recibir del Senado el proyecto de ley de carretera eléctrica y que también esperamos tratar transversalmente en la Comisión, con altura de miras, a fin de perfeccionarlo, tal como lo hicimos con esta iniciativa.
Reitero, se trata de un pequeño paso. No pensemos que con él estamos resolviendo el problema. Todo lo contrario, apenas estamos comenzando una caminata, ojalá siga una carrera y termine en una maratón a fin de solucionar los temas energéticos.
Este tema lo he conversado con el diputado Juan Carlos Latorre. Ambos representamos a la Sexta Región. Como dije, los problemas energéticos hay que solucionarlos con urgencia.
Ahora, respecto de los aspectos técnicos del proyecto, no logramos nada con solo legislar para que aseguremos la generación eléctrica más allá de si va a ser termoeléctrica, hidroeléctrica, y, por favor, no saquemos de discusión la energía nuclear. Sé que llama la atención. Lo he conversado con miembros de la Comisión de Minería y Energía. Al respecto, debemos tener una visión a largo plazo y considerar la posibilidad de contar con energía nuclear. Muchos van a decir que en Europa se está bajando el tema de la energía nuclear.
Además, hemos visto con preocupación el caso de Japón, en el que después de un terremoto y de un maremoto muy parecido al que tuvimos el 27 de febrero de 2010, ellos renunciaron a la creación de energía nuclear.
Tenemos que avanzar y analizar las circunstancias para resolver el tema. Al final, todos queremos más aseo, pero nadie quiere vertederos cerca de sus casas; todos queremos más energía, pero nadie quiere energía compleja y que pueda provocar problemas. Por ello, tenemos que llegar siempre a un equilibrio.
Por lo tanto, anuncio el voto favorable de mi bancada, para dar una respuesta a los ciudadanos que representamos en el Congreso, porque se trata de un proyecto que se requiere con urgencia para seguir avanzando. Me alegro de que en esta iniciativa hayamos trabajado transversalmente en la Comisión todas las bancadas, todas las visiones políticas, como debe ser en el Congreso. He mencionado a diputados, pero también quiero nombrar a los asesores, por ejemplo, a la asesora Hedy Matthei , y a los que representaron a cada uno de los parlamentarios para conectar este proyecto de ley, así como a los asesores del Ejecutivo.
Felicito al ministro de Energía , quien se encuentra en la Sala, y también dejo una luz de alerta en cuanto a que esto es solo un pequeño paso para avanzar en la energía que necesitamos. Debemos dar respuesta al futuro y no solo preocuparnos del presente; además, a veces nos preocupamos más del pasado que del presente. Insisto, este es un proyecto de futuro y para empezar a dar respuesta a las generaciones venideras.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente , el proyecto que hoy debatimos en la Cámara está relacionado con la estrategia energética del Gobierno para mejorar los servicios en todo el país. Hay que reconocer que sus políticas posibilitan el desarrollo de una carretera eléctrica para interconectar todos los sistemas, como también tener la aplicación y el avance en las energías convencionales y en las energías renovables no convencionales que se están generando. A ello debe agregarse esta iniciativa relacionada con las concesiones eléctricas, la cual es necesaria para el desarrollo energético.
¿Qué significa este proyecto? La modernización de una ley que tiene más de 30 años. Hoy, el plazo para lograr una concesión eléctrica es más de 700 días y, una vez aprobado todo el mecanismo que se establecerá en la futura normativa, se espera que no supere los 150 días. Por eso es muy importante, su aprobación.
En la actualidad tenemos problemas de precios, de transmisión y de generación de la energía. Es sabido públicamente que proyectos de generación no se han podido materializar por la judicialización de problemas. Tal vez, su rechazo ha atrasado el crecimiento y una respuesta efectiva al desarrollo industrial, minero y de los servicios que necesitamos.
En ese sentido, quiero hacer un reconocimiento al aporte de parlamentarios de todas las corrientes políticas. Es importante reconocer el trabajo de los diputados señores Latorre , Harboe , Lemus , Espinosa, don Marcos ; Bertolino y de todos los de la coalición por el cambio que participan en la Comisión de Minería y Energía.
¿Qué aspectos nuevos contempla el proyecto? Precisamente, perfecciona la notificación, porque existen diferencias respecto del lugar donde se va a desarrollar un proyecto de transmisión. En algunas zonas se encontrarán predios muy bien cultivados, sitios eriazos, cerros, quebradas, ríos, etcétera. Por ello, es necesario tener claridad para que sus dueños no sean perjudicados por el trazado de una línea eléctrica. El proyecto contempla notificaciones para que las personas estén informadas y, además, el pago de una indemnización y la servidumbre, concepto muy arraigado en el país, porque todas las concesiones -de cualquier naturaleza-pagan un monto de dinero, no una tarifa, por la vía de un acuerdo entre privados. Dada la función que cumple el Estado, este proyecto resguarda esas situaciones para hacer negociaciones entre privados y llegar a un acuerdo en el precio según contempla su articulado.
Es muy importante señalar que hoy el país tiene una capacidad instalada que prácticamente supera los 17.000 megawatts, gracias al Sistema Interconectado del Norte Grande , al Sistema Interconectado Central y a los sistemas medianos de Aysén y Magallanes . Esa es la realidad de la actual demanda energética. Pero el crecimiento de entre 5 y 6 por ciento anual durante el período 2020-2024, hará que el requerimiento de energía sea mucho mayor, para lo cual el país se debe preparar. Hoy Chile no tiene el desarrollo para ello, por eso hay un atraso de algunos años en el crecimiento de la generación, porque se han rechazado proyectos termoeléctricos, eólicos y de energía solar. Entonces, la situación que el país está viviendo es el peor de los escenarios. De hecho, tiene una energía cara, porque el precio que finalmente, en algunos casos, se determina para la generación de un megawatt alcanza a 200 dólares, en circunstancias de que hace pocos años costaba solo 30 o 32 dólares. Ustedes se pueden dar cuenta de lo que eso significa. Pero si el país desarrolla energías más baratas y todos sus sistemas de transmisión son adecuados y tienen las potencias requeridas, obviamente bajará el precio por ese concepto. Esa es la meta que queremos alcanzar como país. Este es un problema de Estado.
Por eso, los diputados de todos los partidos políticos deben apoyar este proyecto, porque beneficiará a todos los chilenos.
Por otra parte, una de las materias que se desarrollará en un futuro cercano será la interconexión entre el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y Sistema Interconectado Central (SIC). Eso permitirá que esa línea sea licitada en el más breve plazo durante este año, con lo cual se integrarán a ese mercado, es decir, de Arica a Puerto Montt, más de 1.000 nuevos megawatts que hoy se encuentran instalados en la Segunda Región, y que no son utilizados. Así se recuperará el tiempo perdido por los proyectos de generación no construidos.
Esa es una parte del problema. Este proyecto resuelve la otra parte, cual es licitar líneas que serán capaces de transmitir las potencias necesarias de sur a norte, y viceversa en caso de requerirse. Por eso es tan importante esta iniciativa. De modo que se necesita celeridad en hacerlo y también certeza jurídica para no perjudicar a los dueños de predios. Lo hemos analizado con cuidado, aplicación y conocimiento. Por lo demás, el ministro Bunster y el subsecretario han entregado toda su experiencia para que el proyecto se encauce por los caminos correctos.
Finalmente, me siento muy satisfecho de integrar la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, por cuanto está llamada a analizar y proponer a la Sala proyectos muy técnicos y con muchos detalles. No debemos equivocarnos, porque podrían generarse graves errores. Por ejemplo, es absolutamente necesario observar los compromisos del país en relación con el Convenio 169 de la OIT y las normativas ambientales. En ese sentido, el proyecto contempla en su articulado la idea de respetar todas las normas ambientales que hoy existen en Chile. Eso es importante y debemos sentirnos orgullosos de promover el respeto hacia ellas, porque no estaban consideradas en la ley vigente. Sin embargo, hoy están presentes en el articulado de la iniciativa en discusión y por eso creo necesario aprobarla.
Por estas razones, voy a votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente , si uno analiza las características del sector eléctrico de nuestro país, su función y el impacto en el desarrollo de los sectores industrial y minero, y de lo que significa en los servicios básicos que recibe la gente en sus domicilios, llega a la conclusión de que es fundamental legislar adecuadamente sobre el futuro del desarrollo del sector eléctrico.
Hace muchos años, en Chile se consagró una estructura de desarrollo del sector eléctrico que lleva a que los privados tengan no solo la iniciativa en su desarrollo, sino que prácticamente toda la responsabilidad en el proceso de inversiones en el futuro. Esto, en el marco de una legislación que entrega al Estado chileno una participación bastante exigua. Básicamente, en aspectos regulatorios, los que siempre serán materia de análisis, y en muchas ocasiones podremos introducir mayores o menores exigencias, particularmente frente a una comunidad que cada día es más exigente sobre la forma que espera sea el desarrollo sustentable de nuestro país.
El Gobierno, advirtiendo una situación crítica en el desarrollo del sector eléctrico, inicia una serie de encuentros, particularmente con el sector privado, que tiene una mayor responsabilidad en el desarrollo del área.
Realiza un diagnóstico y llega a la conclusión de que si no introduce ciertas correcciones en el modelo que tenemos sobre la materia, se puede llegar a situaciones críticas asociadas, en primer lugar, a la necesidad de garantizar un procedimiento más expedito en el otorgamiento de las concesiones, particularmente en la constitución de servidumbres y en todo aquello que permite que una concesión eléctrica pueda tener lugar, y así garantizar que se desarrolle normalmente la transmisión y, eventualmente, la distribución eléctrica por parte de las empresas que tienen contacto directo con la red domiciliaria y la red de desarrollo industrial.
En segundo lugar, el Gobierno observa que tiene que estudiarse la posibilidad de transportar la energía eléctrica a lo largo de todo el país y garantizar que exista lo que se ha denominado carretera eléctrica, que permita que la energía se produzca en un centro de producción, en cualquier lugar del país, y llegue a los sectores que la necesitan: industrial, minero o residencial.
Hecho el diagnóstico de la situación, se pide al Congreso Nacional que abordemos tres proyectos de ley que, a juicio de los expertos, podrían enfrentar de mejor forma los principales desafíos que tenemos en este sector.
Uno de esos proyectos es el que hoy analizamos en la Sala, que dispone una serie de mejoras en el procedimiento para otorgar las concesiones y, particularmente, en las servidumbres necesarias para ello.
Otro proyecto es el que se tramita en la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado en el Senado, y que tiene por objeto promover el uso de energías renovables no convencionales en la matriz energética, a fin de que el desarrollo de este sector sea más sustentable, medioambientalmente hablando, y garantizar con ello el uso de energías que en el país existen, cuya aplicación se puede factibilizar solo sí hay una intervención del Estado en esa línea. Me refiero a la introducción de energía solar, eólica y geotérmica, en el futuro, mareomotriz y otras, que nuestro país podría aportar por las características de su territorio.
Quiero hacer presente que esta discusión no es sencilla. El actual Gobierno -las cosas hay que dejarlas planteadas- ha tenido cinco ministros de Energía . Vale decir, no ha habido una clara y nítida continuidad en el desarrollo de una política energética a cuyo cargo haya estado una cabeza clara, enérgica, que colaborara en la interlocución no solamente con el sector privado, sino también con los sectores políticos que representamos.
Entonces, al abordar la discusión de este proyecto hemos tenido que hacer un tremendo esfuerzo no solamente para estudiar los aspectos técnicos involucrados, sino que también hemos tenido que ser capaces de representar debidamente a la comunidad en todas aquellas inquietudes que causa un proyecto de esta naturaleza.
Felicito a la Comisión de Minería y Energía de nuestra Cámara por el trabajo realizado, y no solo como lo ha dicho quien me precedió en el uso de la palabra, el diputado señor Vilches , por el esfuerzo del Presidente de la Comisión y por aquellos parlamentarios que tienen un rol de adhesión al actual gobierno, sino que especialmente quiero destacar el esfuerzo de los diputados que desde una perspectiva crítica al quehacer político del actual gobierno han estado dispuestos a avanzar en un proyecto que contiene aspectos muy sensibles, a los cuales hemos tratado de darle la mejor forma en un texto que ojalá también recoja adecuadamente las inquietudes de quienes hoy representamos.
Al respecto, no puedo dejar de destacar el trabajo de los diputados Marcos Espinosa, Lautaro Carmona, Luis Lemus y Felipe Harboe, porque en general ellos y sus asesores han tenido un trabajo realmente destacadísimo en contacto con los especialistas de los ministerios de Energía y de Economía.
Esta iniciativa cuenta con nuestra adhesión y la vemos en el contexto de lo que el Gobierno ha definido como los proyectos de ley que tendrán que ser analizados tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, y ojalá en un plazo razonable sean promulgados como ley de la república para garantizar estabilidad en el desarrollo del sector eléctrico, que no va a impactar en su aspecto crítico al actual Gobierno. Y lo quiero decir con todas sus letras: si no abordamos esta discusión hoy, podrá afectar seriamente el desarrollo de nuestro país en los próximos años. No hablo solo de lo que puede ser el impacto en el próximo gobierno, sino que probablemente en muchos gobiernos.
Entonces, es de la más absoluta responsabilidad que un grupo de parlamentarios hayamos efectuado un esfuerzo para intentar, en un ámbito tan decisivo para el desarrollo del país, generar ciertos consensos básicos que permitan mejorar la calidad de su matriz energética; que a lo largo y ancho del país existan redes de transmisión y de distribución que garanticen que la generación llegue a su destino, de modo que, por ejemplo, los sectores económicos productivos dispongan de la energía necesaria para cumplir con el objetivo que nuestro país requiere.
En ese sentido, reitero, hemos ido dando forma a un cierto acuerdo con el Gobierno, que obviamente tiene matices, pero quiero señalar claramente en esta oportunidad que también ha sido un aspecto implícito en la disposición nuestra para avanzar en la aprobación de este proyecto, y que dice relación con un aspecto muy sensible que ha estado presente en toda nuestra discusión y que se relaciona con el período de vigencia de las concesiones, particularmente, en la medida en que es el Estado el que interviene a través de una ley para facilitar su concreción. En consecuencia, si el Estado está colaborando para que ese sector tenga un desarrollo adecuado, debiera haber una contrapartida en el sentido de que no puede ser que siempre las concesiones se establezcan en forma indefinida. De manera que si hoy alguien obtiene una concesión, mañana se van a beneficiar de su rentabilidad y de lo que eso significa, sus hijos, nietos, tataranietos; en definitiva, sus descendientes hasta la eternidad, de algo que es propiedad de todos los chilenos y que su traspaso al sector privado está asociado a un objetivo de bien mayor o común.
Ese es un punto de discusión. Lo hemos salvado parcialmente sobre la base del compromiso del Gobierno que, en la iniciativa de la carretera eléctrica, está dispuesto a incorporar en la discusión el concepto de obra pública -actualmente vigente en la Ley de Concesiones- que permitiría que el plazo que se entrega para desarrollar un proyecto de transmisión, la línea y la concesión, esté asociado a la inversión que se debe hacer; a la rentabilidad que, legítimamente pueda obtener el concesionario, pero que no sea necesariamente indefinido.
El segundo aspecto se refiere a la normativa de energías renovables no convencionales sobre la cual también existe voluntad no solo de parte nuestra, sino también del Gobierno, en orden a garantizar un acuerdo básico.
Sobre la base de lo que he planteado, sin perjuicio de discutir más en detalle algunos de los puntos del proyecto en discusión, ayer lo aprobamos no solamente en general, sino que avanzamos en su discusión particular, consensuamos la mayoría de los textos y hubo votación unánime. No obstante, hay un par de puntos en los cuales había mayor expectativa en muchos de nosotros, pero que no lograron ser consensuados ciento por ciento.
Estos temas se relacionan con otros de mucha actualidad: uno, que acoge la inquietud en cuanto a la aplicación del Convenio 169, sobre consultas a los pueblos originarios, y, dos, que las concesiones de carácter indefinido -que he planteado- las hemos dejado para discutirlas, en general, con el debate del proyecto de carretera eléctrica que está en tramitación en el Senado.
En ese contexto, debemos votar favorablemente la idea de legislar de este proyecto, de manera que pueda continuar su tramitación.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).-
Señor Presidente , en su intervención, el colega Juan Carlos Latorre hizo notar cada una de las disposiciones y avances relacionados con este proyecto de ley, y en el hecho de ponernos de acuerdo en modificar algunas normas que nos parecían demasiado flexibles en cuanto al otorgamiento de concesiones eléctricas; pero llegamos a la discusión en la Sala -hay que decirlo- con algunos acuerdos que no prosperaron y, por lo tanto, no fueron recogidos por en el proyecto que vamos a votar hoy.
Sin lugar a dudas, estamos conscientes de que este es un problema país que debemos enfrentar, como asimismo de que no tenemos, ni hemos tenido una política de Estado para el diseño de una matriz energética capaz de responder a los ritmos de crecimiento que sostenidamente ha experimentado el país durante las últimas décadas.
Este proyecto, así como el de carretera eléctrica y el de energías renovables no convencionales 20/20, desnudan una improvisación en materia de política de Estado o de enfrentar desde esa instancia un diseño estratégico que nos permita asegurar la generación eléctrica de una manera no solamente segura, sino también sustentable desde el punto de vista medioambiental.
Estamos frente a un proyecto de ley que, en definitiva, flexibiliza las normas para el otorgamiento de concesiones eléctricas, por la vía de modificar algunos aspectos en materias de plazo y requisitos contenidos en la actual ley que regula dicho otorgamiento.
Ahora, independientemente del acuerdo que hemos alcanzado con el Gobierno -específicamente, con el ministro de Energía y el subsecretario de esa cartera-, es necesario explicitar aquellos puntos que están pendientes en la discusión y que no fueron incorporados en esta iniciativa tal como ha-bríamos querido.
En primer lugar, sobre la base de un acuerdo adoptado ampliamente por la Comisión y el Ejecutivo , el proyecto hace referencia a que, una vez que entren en vigencia las modificaciones al procedimiento de concesiones eléctricas, y una vez otorgadas dichas concesiones, estas no obstarán al cumplimiento, por parte del concesionario, de todas las normas legales y reglamentarias correspondientes que forman parte del ordenamiento jurídico chileno, en especial las que regulan materias medioambientales.
Estoy de acuerdo con ello. Pero me habría gustado que la norma, además, hubiera establecido que el concesionario también deberá dar cumplimiento a las normas que digan relación con consulta indígena, fundamentalmente a las establecidas en el Convenio 169 de la OIT. Este es un sentimiento, un deseo transversal, que estuvo presente en el debate y que marcó la definición del acuerdo a que llegamos con el Ejecutivo .
Estoy consciente de que el Convenio 169, norma internacional reconocida por el Estado de Chile, se encuentra vigente como ley de la República; sin embargo, en la práctica -seamos honestos-, no se cumple. Lo más óptimo habría sido que quedase expresamente señalado en la norma que deben cumplirse las disposiciones del Convenio 169, de modo de asegurar la consulta indígena en aquellos territorios a cargo de comunidades ancestrales, por los que, eventualmente, se establecería una servidumbre administrativa para poner en ejercicio una concesión eléctrica.
También me habría gustado -muy relacionado con el punto anterior- que el texto del presente proyecto clarificara de manera específica que las áreas protegidas no serán susceptibles de concesión, o que, al menos, se hubieran establecido medidas de mitigación adecuadas para dichas zonas, aun cuando las medidas deben implementarse y fiscalizarse por otra entidad, que es el Ministerio del Medio Ambiente.
A pesar de que el Ejecutivo tuvo muy buena disposición para generar acuerdos, me parece que habría sido indispensable, para efectos de mejorar el desarrollo eléctrico de Chile y de no velar solo por los intereses de los empresarios del sector, que estas concesiones, específicamente las definitivas, no hubiesen tenido el carácter de tales y que el tema hubiese quedado zanjado aquí, de modo de no dejar a la discrecionalidad o al supuesto su incorporación en las discusiones sobre la carretera eléctrica. No olvidemos que esta es una mesa de tres patas y hoy estamos discutiendo solo respecto de una. Faltan los temas sobre la carretera eléctrica y sobre la llamada ley 20/20, que incorpora la obligatoriedad de llegar al año 2020 con 20 por ciento de energías renovables no convencionales.
A nuestro juicio, este proyecto de ley responde a la urgencia con que ha sido calificado. Estamos absolutamente conscientes de la responsabilidad que nos asiste como diputados de buscar y encontrar una fórmula de acuerdo que nos permita enfrentar esta urgencia en buenos términos. Con todo, hago presente que la iniciativa no es todo lo perfecta o todo lo buena que hubiéramos querido. Hago este alcance, porque si no enfrentamos la necesaria diversificación de nuestra matriz energética como una política de Estado, seguiremos sometidos a la improvisación que implica tratar proyectos de ley calificados con urgencia.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente , es tarea del Estado abordar un tema insoslayable cual es la crisis energética, de manera de garantizar la generación de energía, pensando en las personas, pero principalmente en el desarrollo del país. En ese contexto, este proyecto de ley juega su papel.
Me habría gustado que hubiésemos llevado a cabo una discusión más integral y haber incorporado a este debate el llamado proyecto 20/20, que incorpora a la matriz energética las energías renovables no convencionales. Espero que haya consistencia, insistencia y perseverancia para abrir ese debate, de manera de contar a la brevedad con una legislación que nos permita cumplir ese objetivo. Otro proyecto vinculado a materias energéticas, que echo de menos, es el referido a la carretera eléctrica. Con todo, esta iniciativa en debate, que facilita los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas, es un comienzo; pero si no se contextúa y si no hay coherencia y cumplimiento de palabra respecto de los otros dos proyectos energéticos que cité, puede que finalmente no contribuya a lo que asumo que será la preocupación de todos, del Estado y del Congreso Nacional: cómo abordar las dificultades de generación energética.
Durante el estudio del proyecto hubo mucho intercambio de opiniones, cuestión que valoro, tanto por parte de la Comisión, que tiene una diversidad de pensamientos, como del Ejecutivo. Se precisaron varias inquietudes tanto de los diputados como de la sociedad chilena. Basándonos en ese trabajo, hicimos nuestra contribución, como le consta a los colegas diputados y a la delegación del Ejecutivo presente en la Sala, de manera de hacer más consistente y preciso el articulado.
Quiero destacar el papel que jugaron quienes trabajan con nosotros -me refiero a los asesores de los diputados- y la consistencia en el intercambio de opiniones entre los diputados de Gobierno y los de la Oposición. Por ello -lo someto a la prueba de la validez-, nadie podrá decir que no hubo disposición a trabajar en forma seria, en jornadas que para algunos colegas fueron más extensas, ya que en el caso personal, otras dimensiones del trabajo parlamentario no me permitieron a veces estar presente. Sin perjuicio de ello, nunca desconocí los avances logrados y asumí mi obligación, como debe ser, de ponerme al día en el debate.
Hay temas sensibles. Se habló del resguardo y protección de la biodiversidad, esto es, de la flora y fauna. Por consiguiente, se logró que no se atropellaran esos resguardos, que también explicita la legislación.
Otro tema que me interesa destacar dice relación con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero antes, quiero decir que, en esencia, nadie podría estar por no legislar en lo que contribuye a resolver -lo que es casi obvio y que hoy constituye un derecho humano- el derecho a acceder a la energía como fuente de desarrollo humano. Es tarea del Estado resolver el acceso a la energía para el funcionamiento de la familia y el desarrollo económico. Se presentaron muchas indicaciones para perfeccionar la iniciativa, lo que da cuenta del papel activo y participativo del los parlamentarios. Si no me equivoco, fueron cerca de 70 indicaciones.
Me sumo a la observación que se hizo en la Comisión en relación con los derechos de los pueblos originarios. En alguna forma, en lo que se refiere a respetar la legislación vigente, uno podría implícitamente dar por hecho -así lo explicó el Ejecutivo - que está integrado a este proyecto el respeto al Convenio 169 de la OIT, referido a los derechos de los pueblos originarios. En virtud de este convenio, cada vez que el Estado o un privado se dispongan a llevar adelante alguna acción vinculada al desarrollo, pero que tenga efecto en el territorio, en la cosmovisión y en todo aquello que da sentido a los pueblos originarios, deberán consultar a dichos pueblos de acuerdo con los mecanismos que ellos se den. A raíz del conflicto en La Araucanía, hubo un intercambio de opiniones que tuvo amplia transversalidad.
Sin embargo, cuando escuché las razones que se dieron en relación con ese conflicto latente, me percaté de la falta de oído, de la falta de sensibilidad y de la falta de madurez, de humanidad y de civilización para entender cuáles son los derechos de los pueblos originarios, particularmente del pueblo mapuche, que numéricamente tiene más presencia. Se argumentó que aunque exista toda la voluntad por aplicar rigurosamente el Convenio 169, se requiere de un interlocutor y que exista acuerdo entre ellos, porque a ratos las comunidades tienen muchos interlocutores. Quienes opinaron de esa forma demostraron desconocimiento de la idiosincrasia y del nivel de organización del pueblo mapuche. Nadie se explica cómo este pueblo fue capaz de resistir durante tres siglos la invasión, a sangre y fuego, de una potencia como España, que les conquistó el territorio. Esa resistencia de siglos se debió a la organización que ellos tienen, caracterizada por una llaneza desde la base y por no tener un Estado centralizado, como ocurría en otros pueblos originarios que tuvieron que resistir esa invasión, como los aztecas, los incas, etcétera.
Suponer que ellos deben tener una organización como nosotros quisiéramos o como la que nosotros nos damos es no respetar esa cultura, esa mirada de organización que le da sentido a su nacionalidad como pueblo originario.
Es bueno precisar lo anterior, si es que implícitamente se va a respetar el Convenio 169. Es decir, si alguien quiere entenderse con un solo representante o werkén respecto de las concesiones que pasarán por territorios de comunidades de pueblos originarios, significa que no entiende la realidad de ese pueblo, ya que debe tener claro que es necesario entenderse con todas las comunidades que habitan los territorios que serán objeto de una concesión eléctrica.
De acuerdo con lo anterior, me habría gustado -lo hice saber explícitamente en el debate habido en la Comisión- que se tuviera muy en cuenta el Convenio 169 de la OIT.
Quiero terminar con lo siguiente, lo cual va a justificar mi voto. Se ha establecido que una vez que las concesiones sean definitivas, también serán indefinidas. Esto contradice lo que se entiende por concesión en economía y en derecho administrativo, esto es, el otorgamiento de un derecho de explotación por un período determinado de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada. En consecuencia, me parece que esta negación de la definición de concesión de un área estratégica es un autoatentado a los deberes del Estado de Chile.
Por ello, planteamos una modificación a esa disposición, la que no fue admisible. Incluso, el propio ministro Longueira señaló que se podía avanzar en muchas materias del proyecto, pero que esa norma era intocable. Ello significa -reitero- entregar una concesión eléctrica a un grupo de personas por un tiempo indefinido, cuestión que me parece que atenta contra las obligaciones de Estado de quienes están transitoriamente en las tareas del Ejecutivo y del Parlamento.
Si no se reconsidera esa materia, me resultará impresentable aprobar un proyecto -a pesar del gran aporte que hicimos en su debate- que entrega, por alguna razón que desconozco, responsabilidades de Estado a un grupo privado privilegiado que, por lo demás, sustenta la contradicción de lo que se ha llamado la brecha de la desigualdad, que de acuerdo con lo señalado por otro diputado , tendría treinta años o más, lo que concuerda con la cantidad de años en que se instaló en Chile un modelo neoliberal de economía que niega los derechos del resto de la sociedad y que entrega a los privados tareas que son propias del Estado.
Por lo expuesto, si no se modifica la normativa que he señalado, lo cual es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, nuestra bancada no aprobará el proyecto, a pesar de lo mucho que aportamos para su desarrollo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , no hay duda alguna de que, como país y como Estado, hemos sido débiles para enfrentar el tema del desarrollo energético, ya que reconocemos que ha estado en manos privadas y que el Estado no ha tenido una vinculación más directa para enfrentar la situación que nos afecta en la actualidad, que podría llevarnos a una crisis de alto costo. Ello conspira negativamente en contra del desarrollo que todos queremos, más aún cuando encarece diariamente el valor del megawatts que se entrega a nuestra comunidad.
Por lo tanto, estamos frente a un tema país que, sin duda, necesita voluntades políticas para ser enfrentado de la mejor manera. El desarrollo energético no es de una parcela política determinada; está íntimamente ligado al desarrollo del país.
Cabe recordar lo que ocurrió tiempo atrás. Cuando Argentina nos cortó el suministro de gas, lo que afectó directamente a mi región, se produjo el desplome de la actividad económica. Ello dejó al desnudo la debilidad que tiene nuestra matriz energética, cual es que no está diversificada, debido a que no se ha tenido la fortaleza para obtener energía eléctrica de fuentes que provienen de la cordillera, como la geotermia, o de otras zonas que pueden proveer energías renovables no convencionales.
Por lo tanto, como legisladores, tenemos que buscar la forma de adecuar todas las normas vigentes para permitir el desarrollo energético que tanto requiere nuestra comunidad.
No es fácil estar a oscuras en la casa ni ver que las industrias no se pueden desarrollar por no tener la energía necesaria. En consecuencia, lo que pretendemos con estas modificaciones es perfeccionar la ley sobre concesiones eléctricas que está vigente y en régimen, porque, como señala el informe, dicha ley señala que se necesitan 150 días para obtener una concesión eléctrica. Pero, seamos sinceros, la verdad es que se necesitan 700 u 800 días para lograr ese objetivo.
Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, tenemos que buscar la forma de perfeccionar las normas de la ley sobre concesiones eléctricas que no funcionan, con el fin de lograr el desarrollo energético que todos queremos.
El diputado Carmona hizo un reconocimiento al esfuerzo hecho por el Gobierno, por el Poder Legislativo y, especialmente, por nuestros asesores, que participaron activamente con los representantes del Ejecutivo , todo lo cual nos permitió alcanzar los consensos necesarios para avanzar en este proyecto, que es muy complejo, muy técnico y muy jurídico, porque se refiere a la toma de posesión de terrenos de terceras personas, lo que muchas veces afecta a gente que está en una situación muy débil en relación con las empresas, lo que se interpreta como un abuso. En consecuencia, el proyecto perfecciona las normas vigentes, acorta los plazos para obtener una concesión eléctrica, simplifica y acorta los plazos para obtener una concesión provisional, aclara las instancias de reclamación. O sea, podemos señalar que este perfeccionamiento de la ley permite acortar plazos para obtener concesiones eléctricas y da seguridad no solo a quienes les van a ocupar sus predios, sino también al desarrollo energético que todos queremos.
Hay un punto que los señores diputados han destacado con mucha fuerza, respecto del cual el diputado Harboe anoche dio una explicación desde el punto de vista jurídico y reglamentario, que vale la pena traer a colación en este debate. Me refiero al Convenio 169 de la OIT, que obliga en estos casos a consultar a los pueblos indígenas.
Sobre el particular debemos ser claros. Chile firmó un tratado, pero tenemos un problema que se puede replicar en muchas otras leyes, cual es que no existe una reglamentación que permita hacer efectivo dicho tratado. Por lo tanto, no pretendemos -espero que los colegas así lo entiendan- que esta ley en proyecto solucione el problema general de que no existe un reglamento del Estado chileno para aplicar el Convenio 169, no solo en la materia que nos ocupa, sino también en cualquier otra.
Nuestro país suscribió el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, hoy necesitamos avanzar al respecto y entender que avanzar no es pasar a llevar a la gente.
Por eso incorporamos al artículo 11 un inciso segundo nuevo, que señala: “El otorgamiento de las concesiones no eximirá al concesionario del cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias pertinentes, en especial las que regulen materias medioambientales.”.
En consecuencia, se hace una salvedad. Y señalo que hubo consenso porque se buscaron caminos de solución como este.
Insisto: en esta ley en trámite no podemos zanjar algo que no hemos resuelto como país. No podemos cargarle a la nueva normativa un ajuste que, de alguna manera, todos queremos. Aquí falta una reglamentación que el Estado tiene que impulsar. Lamentablemente, ella no existe, pero no es problema de esta futura ley.
Por eso llamo a los parlamentarios que han planteado el punto en esta materia para que busquemos los consensos en orden a avanzar, porque debemos discutir otros proyectos.
Reconozco el trabajo impulsado no solo por los diputados Harboe , Vilches , Ward , Kort y el que habla, sino también lo realizado por los diputados Latorre , Lemus y otros, quienes hemos compartido los problemas que hoy tenemos.
En la actualidad, tenemos una normativa -saludo al ministro Longueira , quien acaba de ingresar a la Sala, porque también ha sido parte importante de esto- en la que hemos encontrado los diálogos abiertos. Porque el problema energético no se solucionará simplemente con este proyecto de ley.
Debemos encontrarnos como país para lograr nuestro desarrollo energético -lo estamos haciendo, y es el acuerdo que tenemos- a través de un diálogo abierto con todos los actores: el mundo político y el mundo público. Con ello conseguiremos lo que queremos: una política del Estado chileno sobre desarrollo energético -que no sea responsabilidad de este ni del próximo gobierno- para enfrentar el desafío de tener una matriz diversificada, limpia y que permita crecimiento y desarrollo para todos.
Hay muchos aspectos interesantes desde el punto de vista jurídico que permiten que esta iniciativa avance en la materia que nos ocupa. En este sentido, insto a los colegas a que aprueben en general el proyecto y a que lo tratemos en particular, porque -reitero- da un importante paso que, no me cabe ninguna duda, redundará en un resultado positivo para el desarrollo del país.
Hoy, ello me preocupa por sobre todas las cosas, pues nuestro pilar económico es la actividad que se desarrolla en mi región. En la actualidad, Chile vive al amparo del desarrollo minero y me inquieta que se anunciaran miles de millones de dólares en inversión en este ámbito y que en menos de un año se hayan caído más de 40.000 millones de dólares a causa de una debilidad mayor, cual es precisamente el desarrollo energético. ¿Por qué? Porque hay países que están creciendo a tasas gigantescas y tenemos que entrar a cierto grado de competitividad. Y cito el caso de Perú, que hoy día enfrenta un desarrollo minero con agua y energía baratas, cuestión que no ocurre en nuestro país.
Por lo tanto, tengamos conciencia -esto es más que un capricho- de que este proyecto es un paso que nos permitirá caminar con seguridad hacia el desarrollo que todos queremos para Chile, que es diversificar la matriz energética para beneficio de todos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.-
Señor Presidente , creo que en materia energética ninguno de los que nos encontramos en la Sala no está pensando en el desarrollo y, especialmente, en el crecimiento de nuestro país.
El diseño de la política energética en Chile -esto es una responsabilidad muy importante de este Parlamento y, por supuesto, del Ejecutivo- es extremadamente centralizado, con una discusión muy liviana y extremadamente precaria en sus inicios por parte del Ejecutivo frente al Parlamento. Resultado de ello son los proyectos de ley presentados.
Esta iniciativa relativa a concesiones eléctricas se relaciona básicamente con la intervención de las servidumbres de paso que se constituyen en áreas privadas, en territorios fiscales, en áreas protegidas o en territorios indígenas.
Asimismo, forma parte de un proyecto mayor: el de la carretera eléctrica, que implica una inversión importantísima para la interconexión de energías convencionales, que nada tienen que ver con el criterio concebido respecto de las energías renovables no convencionales.
Consideramos que antes de diseñar una política de ese estilo y de presentar proyectos como estos, deberíamos habernos puesto de acuerdo respecto de cuál sería la estructura real, cómo incorporamos a la matriz energética las alternativas energéticas que tenemos en nuestro país. Ese es el desafío.
Porque si legislamos y dejamos aquello estrictamente al mercado, tendremos como resultado un proyecto que no admitirá técnicamente la posibilidad de incorporar a las energías renovables en el sistema.
A nuestro parecer, ese es un asunto grave. Tiene una visión clara y determinada, dirigida a los grandes proyectos de este país, que tienen nombre y apellido.
Hoy estamos discutiendo la posibilidad de realizar una interconexión entre los sistemas interconectados Central, del Norte Grande y del sur. Nos parece bien, porque es probable que con eso tengamos seguridad en cuanto a la energía y a la posibilidad de que esta sea un poco más barata para los usuarios.
No sé si en el norte efectivamente tenemos un sistema interconectado o si se trata de un desorden en que las empresas eléctricas en forma directa han llegado a construir prácticamente sus propios sistemas.
Por ejemplo, después de haber vendido Edelnor, una empresa eléctrica de su propiedad, Codelco aparece hoy día tratando de construir una nueva central a gas en el norte para generar gas o tener un contrato energético que le convenga.
Esas y otras materias son las que debe-ríamos haber discutido con total claridad. Sin embargo, entremedio -en forma separada-, hemos comenzado a debatir proyectos como el que ahora se somete a nuestra consideración. Lo señalo porque la iniciativa que establece procedimientos para otorgar concesiones eléctricas abre el camino al proyecto superior, de mayor envergadura, el cual propone la creación de la carretera eléctrica pública, puesto que soluciona sus aspectos administrativos. Sin embargo, creo que esa forma de legislar del Ejecutivo no es correcta, debido a la naturaleza de la iniciativa.
Además, quiero decir que -a nuestro juicio- es lamentable que, con posterioridad, no se haya concretado el acuerdo adoptado por la Sala de la Corporación el 10 de mayo de 2012, el que tenía por objeto que el proyecto en debate también fuera tramitado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Lo que estoy planteando no tiene como pretensión poner piedrecitas en el camino para hacer más lenta la tramitación del proyecto, pero creo que una de las Comisiones que, en rigor, debería haberlo analizado es la de Recursos Naturales. Sin embargo, reitero que el acuerdo adoptado en tal sentido, al final no se materializó.
Gracias al esfuerzo que hicimos con los ministros presentes para conformar un equipo para abordar las indicaciones presentadas, logramos que se introdujeran varios mejoramientos al proyecto; sin embargo, algunos puntos centrales -los que para nosotros son el corazón de la discusión- no fueron resueltos de manera satisfactoria.
Según su orden de importancia, el primero de ellos dice relación con asegurar, a todo evento, que en el caso en que la concesión atraviese territorios pertenecientes a indígenas o comunidades indígenas, se deberá aplicar el procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT. Lamentablemente, consideramos que la redacción propuesta por el Ejecutivo , aprobada por la Comisión de Minería y Energía -tal como dijo el diputado señor Rojas -, mediante la cual se modifica el artículo 11 del cuerpo legal vigente sobre la materia, es completamente insatisfactoria, puesto que si bien preceptúa que el otorgamiento de las concesiones no eximirá al concesionario del cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias pertinentes, en especial las que regulan materias medioambientales, eso no garantiza la realización de la consulta a las comunidades indígenas cuyos territorios se vean afectados por la concesión, ya que, hasta la fecha, no existe cuerpo legal alguno que regule tal derecho de nuestros pueblos originarios. En ese sentido, es evidente que nos habría satisfecho la revisión directa del cumplimiento de ese convenio internacional.
En segundo término, presentamos una indicación para agregar los incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, al artículo 22, en la que se dispone que en el evento de que la concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas del Estado, se deberán siempre buscar alternativas de trazado, la cual tampoco fue aprobada. Al igual que en el caso anterior, consideramos que la redacción propuesta en el proyecto no es suficiente, puesto que la mera remisión genérica a la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente que se propone en el artículo 11 del proyecto no satisface los estándares de protección de nuestro patrimonio ambiental, menos aún de las áreas y parques protegidos. Nos habría gustado una mención precisa, que fuera concordante con la Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas de América, suscrita en Washington, en octubre de 1940. Lamentablemente, hasta el momento, esa Convención no ha sido suscrita por nuestro Estado, con la finalidad de establecer la regulación legal. La obligatoriedad de su aplicación solo ha sido reconocida por nuestros tribunales de justicia, sobre la base de la utilización de la casuística, pero no ha sido aplicada en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental .
Por otra parte, en cuanto a los plazos de concesión eléctrica, nos parece inaceptable lo que se establece respecto del artículo 31° del DFL 4-20.018, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, ley general de Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica, en el que se dispone que las concesiones definitivas se otorgarán por plazo indefinido, motivo por el que algunos diputados presentamos una indicación para derogarlo, la que fue declarada inadmisible.
También fue rechazada la indicación que presentamos para agregar la siguiente letra c), nueva, al numeral 4) del artículo único, mediante la cual propusimos agregar los incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, al artículo 22, en la que se señala lo siguiente: “En caso que la concesión atraviese territorios pertenecientes a indígenas o comunidades indígenas, se deberá aplicar el procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En el evento de que la concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas por el Estado se deberá siempre buscar alternativas de trazado.”.
Por último, quiero señalar que el diputado señor Latorre planteó en la Comisión, como alternativa, que las concesiones se otorgaran por un plazo determinado y que el Estado las regulara y tuviera el control de ellas, pero, lamentablemente, su propuesta tampoco fue tomada en cuenta.
He dicho.
El señor MEZA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero explicar la participación que le correspondió al Ministerio de Economía en este proyecto, el cual fue liderado por el ministro de Energía , señor Jorge Bunster, quien se encuentra presente en la Sala. La razón es que el Gobierno ha decidido que en todos los proyectos eléctricos que se están tramitando en el Congreso Nacional se incorpore un esfuerzo con mirada de Estado en materia de la Agenda Pro Inversión.
Al respecto, la iniciativa en discusión ha sido fruto de un trabajo en equipo, en el que hemos tratado de buscar el mayor consenso posible respecto del desafío más importante que enfrenta la economía del país: el alto costo de nuestra energía. Además, hay tres proyectos de ley -más una cuarta iniciativa que será ingresada en marzo- que se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional, que abordan la totalidad de la temática eléctrica del país.
El primero de ellos es el que está debatiendo la Sala, a través del cual se establecen los procedimientos para otorgar concesiones eléctricas. El segundo es conocido por la opinión pública como proyecto de ley 20/20, cuyo objetivo es la ampliación de la matriz energética, hasta alcanzar la meta de contar con 20 por ciento en materia de energía renovable no convencional al año 2020, lo que constituye un porcentaje significativo. El tercero es el que propone la creación de la carretera pública eléctrica, cuya idea de legislar se vota hoy en el Senado, y, el cuarto -el que hemos decidido con la Comisión de Minería y Energía que será ingresado a tramitación durante la primera semana de marzo próximo-, propone modificar la ley sobre concesiones geotérmicas, a fin de aprovechar el potencial que tiene el país en relación con esa fuente de energía.
Quiero dar a conocer a la Sala que con los miembros de la Comisión de Minería y Energía de la Corporación acordamos que para la tramitación de esas iniciativas se llevará a cabo un trabajo de equipo con los asesores de los diputados integrantes de dicha instancia y los equipos de los ministerios de Energía y de Economía, carteras que lideramos el trabajo legislativo de esos proyectos, lo cual forma parte del desafío de la Agenda Pro Inversión.
Asimismo, junto con los equipos técnicos de la Concertación estamos trabajando en una agenda para la elaboración de un proyecto misceláneo pro inversión, el que también esperamos ingresar a tramitación legislativa en marzo, con el propósito de consensuar y tener una mirada de Estado sobre un conjunto de normas que requieren ser perfeccionadas. El objetivo es que el país siga manteniendo tasas de crecimiento importantes, sobre todo en materia energética, aspecto sobre el cual -reitero- es relevante que tengamos una mirada de Estado, porque muchas veces la aprobación de los proyectos lo pagan los gobiernos que los aprueban y los frutos los reciben los gobiernos futuros, así como las futuras generaciones.
Por eso, en lo que dice relación con la energía eléctrica, creo que debemos tratar de alcanzar el mayor consenso posible y de tener la mayor mirada de Estado en esa materia.
Estamos ante un proyecto que solo modifica las formas y plazos para entregar concesiones eléctricas; no es un proyecto como el que crea la carretera eléctrica pública, en el que se establece una institucionalidad en la que el Estado pasa a cumplir un rol muy importante.
En lo que respecta a este proyecto que hoy se someterá a votación, tanto el Ejecutivo , como los asesores y los parlamentarios, hicimos un extraordinario trabajo. Es más, todos los artículos que hoy se someterán a votación fueron consensuados y aprobados en forma unánime en la discusión que hubo ayer en la Comisión, luego -reitero- de un trabajo extraordinario y de un análisis técnico orientado a perfeccionar las normas que permiten entregar concesiones.
Es necesario que este proyecto sea despachado en forma rápida, a fin de dar una señal al país sobre el compromiso y la preocupación del Congreso Nacional, especialmente de la comisión técnica de Minería y Energía y también de esta Sala, de abordar el mayor problema que enfrenta la economía chilena: el costo de la energía, la dificultad para contar con la generación necesaria y su distribución en forma oportuna.
Quiero plantear públicamente que el compromiso del Ejecutivo respecto del proyecto sobre carretera pública ha sido discutir si las concesiones deben ser indefinidas o definidas y los plazos, y respecto del proyecto 20/20 llegar a un acuerdo sobre cuál es la meta que queremos para un año. En ese sentido, hemos acordado constituir una comisión entre el Gobierno y parlamentarios de todos los partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados, cuyo objeto de discutir en forma simultánea ambos proyectos, los cuales se hallan en trámites diferentes.
Por lo tanto, a partir del lunes, una vez despachada esta iniciativa, ojalá en forma unánime, daremos la señal de que queremos avanzar y dar las certezas jurídicas necesarias para que el país tenga instrumentos eficaces en materia de concesiones.
Por eso, quiero separar la discusión. Es precisamente en el proyecto sobre carretera eléctrica en el que debemos discutir materias como el Convenio 169, los requisitos medioambientales y los plazos que deben tener las concesiones que entreguemos a través de dicha carretera.
Por lo tanto, hago un llamado a valorar el trabajo y el esfuerzo que hicimos, que se expresó en recoger todas aquellas indicaciones que presentaron los señores parlamentarios que estaban dentro de las ideas matrices del proyecto, que lo que busca es reducir los plazos para entregar concesiones eléctricas. Por lo demás, se trata de un proyecto eléctrico que no establece otras modificaciones más que en materia de procedimientos.
Asimismo, tomamos el resguardo de que el Estado tuviera un rol más expedito en esta materia, y de que se tuviera presente el debido respeto y cuidado a la propiedad privada para todos aquellos que se pueden ver afectados con la servidumbre que se constituirá. Por eso se hizo un esfuerzo, lo que se tradujo en que ayer en la Comisión se aprobaran todos los artículos del proyecto en forma unánime.
Por tanto, quiero invitar a los parlamentarios a que lo que ha planteado el diputado Luis Lemus -también lo señaló en la Comisión- lo discutamos en la comisión técnica que vamos a constituir para analizar ambos proyectos. Incluso, el diputado De Urresti planteó su interés en que este proyecto pasara por la Comisión de Medio Ambiente, lo mismo respecto del proyecto sobre carretera eléctrica. Quiero aclarar que al respecto no tenemos ningún problema. Si hay algo que tiene sentido es que sobre estos proyectos tengamos una mirada país y una mirada Estado.
Por eso, en esa comisión que vamos a conformar el lunes próximo para discutir ambos proyectos están invitados todos los parlamentarios que quieran participar, ojala, de todos los partidos que tienen representación en el Congreso Nacional. Porque si hay algo que no puede tener sentido es que no seamos capaces de encontrarnos en una mirada común para ver cómo podemos desarrollar nuestra matriz energética y enfrentar el mayor problema para la competitividad de nuestra economía, que es el alto costo que tiene la energía en el país.
Por eso, en representación del ministro de Energía , que ha liderado este proyecto en su tramitación, quería hacer explícito el acuerdo al que hemos llegado con parlamentarios de la Concertación y por cierto de la Alianza, que participan en la Comisión de Minería y Energía, y lo queremos hacer extensivo a todos aquellos a quienes les importe este tema, a fin de que trabajemos juntos en esa comisión en la que se van a abordar los plazos de las concesiones, el Convenio 169 de la OIT y las condiciones y requisitos que establece nuestra ley medioambiental.
Hay algo que quiero dejar muy claro: en este proyecto en debate no se modifica ninguna exigencia ni se relaja ninguna exigencia medioambiental, ni las que tengamos que cumplir como Estado de acuerdo con el Convenio 169. Por lo tanto, se trata de un proyecto que modifica procedimientos, hace más expedita la posibilidad de conseguir la servidumbre y resguarda el debido derecho de todos aquellos propietarios que se pueden ver afectados por dicha servidumbre, tan necesaria para poder desarrollar una matriz energética en el país.
Por eso, los invito a dar una mirada de Estado lo más amplia posible y a votar a favor el proyecto con el propósito de que sea despachado. De esta forma daremos una gran señal a todos los inversionistas del país y a todos los emprendedores de Chile.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para acotar cada intervención a 5 minutos.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , en primer lugar, como miembro de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, lamento que este proyecto no haya pasado por el conocimiento y análisis de esa instancia, como inicialmente fue previsto, decisión que luego fue modificada por la Sala. Si bien las autoridades pueden decir que esta iniciativa no tiene implicancias ambientales directas, forma parte de un procedimiento general y, por tanto, puede llegar a tenerlas. Lo lamento, pero fue una decisión de esta Sala y tenemos que asumirla.
En segundo lugar, es fundamental darnos cuenta de que esta iniciativa es completamente insuficiente. El ministro de Economía señaló algunos aspectos que se deben analizar después en complemento. Pero, sin duda, el desafío que tiene el país es construir una nueva política energética que sea sustentable y diversificada, sin la aplicación del paradigma de la neutralidad tecnológica, que le ha hecho mucho daño a Chile, en virtud del cual es el privado el que decide cómo se va a generar la energía y el Estado renuncia a su rol de definición estratégica de hacia dónde quiere avanzar en materia de política energética y de construcción de matriz energética para que sea a costos razonables. Esos dos componentes se tienen que abordar.
Lamento que cuando se habla de política energética nos limitemos a hablar de política eléctrica. La política eléctrica es una parte de la política energética; sin embargo, se ha transformado en el elemento principal, con lo cual se deja de lado otros temas fundamentales, como es la alta dependencia de los derivados del petróleo. Tampoco juega un papel relevante el tema del uso de la leña, que es una fuente de energía importante en el sur del país para los sectores de menores ingresos. Nada de eso se aborda.
Por eso, debe existir una mirada integral respecto de esta materia. Pido, formalmente, al Ejecutivo , por intermedio de la Mesa -y cuando corresponda, a la futura Mesa-, que los proyectos de carretera eléctrica de 2020, emanados de la Comisión a la que hizo alusión el ministro y el diputado Latorre , ingresen a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, porque la materia se relaciona con la mirada de sustentabilidad que queremos dar a la política energética. Si solo pensamos el tema desde la perspectiva de que es necesario proveer un servicio y que cada privado debe decidir qué le pone a la red, obviamente, actuaremos en forma incorrecta y vamos a propender hacia una política energética insustentable.
Echo de menos dos temas que quiero poner sobre la mesa, para ver si el Ejecutivo asume algún compromiso al respecto. No cabe duda de que es necesario impulsar y establecer incentivos inteligentes sobre ciertos temas. No me queda claro lo que está pensando el Ejecutivo en cuanto a abordar el problema en forma integral. Nada se ha dicho sobre lo que ocurre en otros países, que han enfrentado seriamente el problema energético con la construcción de las denominadas redes eléctricas inteligentes, que tienen menor dependencia de una red troncal absolutamente vulnerable, como la nuestra. Estas redes permiten que en el territorio exista un poco más de autonomía en la generación eléctrica. Sin embargo, ninguna autoridad ha hablado siquiera de estas redes inteligentes, lo que implica una falencia fundamental, puesto que se trata de una tecnología que en muchos países del mundo está dando excelentes resultados.
Hay que repensar la composición de nuestra matriz energética. Al respecto, el Gobierno ha dicho que las energías renovables alcanzarán un 15 por ciento en 2024. Es decir, una opinión del ministro de Economía fue suficiente para cambiar el compromiso asumido por el Presidente de la República , cuando era candidato, y ratificado en alguno de sus mensajes.
Si las cosas se cambian así, lo único que nos puede dar garantías es que el Congreso Nacional y el Ejecutivo -es una tarea de largo plazo y un compromiso país, no solo del actual Presidente de la República , sino también del próximo- precisen esta materia, estudien incentivos inteligentes, creen redes energéticas inteligentes y que la meta de eficiencia energética que reduzca la demanda potencial de generación de energía sea más ambiciosa. Hay mucho más que hacer sobre esta materia, porque los avances se han realizado sobre la base de un piso que ha bajado muchísimo. Lo que se hacía en 2009 en materia de desafíos de eficiencia era más significativo que lo que se plantea en la actualidad.
Por eso, si bien hay que avanzar en este tema, es fundamental tener una mirada integral; no basta con lo planteado por el ministro de Economía . He mencionado algunos aspectos complementarios que son fundamentales, respecto de los cuales el Ejecutivo ha dicho poco o nada. Debemos hablar seriamente de una política energética y no solo de política eléctrica. Sin duda, son asuntos que debemos abordar.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Alinco.
Para que alcancen a intervenir los cuatro diputados inscritos, insisto en que es necesario que acoten sus discursos a cinco minutos, con el objeto de evitar que soliciten la inserción de sus discursos.
¿Habría acuerdo para que los cuatro diputados que están inscritos y que no han intervenido dispongan de un tiempo de cinco minutos?
Acordado.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, no estoy de acuerdo.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Perdón, señor diputado , no le escucho.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , cuando consultó si estábamos de acuerdo en limitar a cinco minutos el tiempo de intervención de los diputados inscritos, quien habla no dio su aprobación.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Entonces, puede hacer uso de los diez minutos que le corresponden, señor diputado.
El problema es que si los cuatro diputados inscritos intervienen por diez minutos, los dos diputados que no alcancen a hacerlo deberán pedir la inserción de sus discursos.
El señor ALINCO.-
Señor Presidente , quiero explicar con mucho respeto y franqueza cuál fue la misión específica, clara y concreta por la cual el señor Pablo Longueira dejó de ser parlamentario para asumir el cargo de ministro de Economía . Su misión concreta y específica era continuar con lo que inició Pinochet: una ley privatizadora que continuaron -hay que reconocerlo- los gobiernos de la Concertación. Se trata de privatizar y privatizar nuestras riquezas básicas y algunas industrias estratégicas, como la de telecomunicaciones y, en este caso, las energéticas.
Es así como hoy vemos que un proyecto que favorece, una vez más, a los poderosos y a la gran industria minera de nuestro país está siendo impulsado por el gobierno del señor Piñera para que sigan enriqueciéndose aún más.
La industria minera no paga los impuestos específicos que pagamos todos los chilenos, lo que se traduce en un gran privilegio. Por otra parte, con este proyecto se acortan los plazos para que las concesiones sean entregadas a la brevedad.
En su intervención, el diputado Lemus decía -lo comparto plenamente- que este proyecto tiene nombre y apellido. ¡Claro! Son las mismas familias poderosas, dueñas de la industria pesquera; son las mismas, con otro rut y otra actividad, pero son las mismas. Obviamente, este proyecto tiene nombre y apellido, pero no se llama Chile. Es lo que nos enerva y, muchas veces, nos defrauda; es decir, que en nombre de Chile, del progreso y del desarrollo se continúe enriqueciendo a los más ricos de nuestro país. Esta iniciativa es un claro ejemplo de lo que estoy planteando.
Este proyecto entrega concesiones indefinidas. ¡Claro!, la ley vigente así lo establece y este proyecto lo ratifica. Lo mismo ocurrió con la Ley de Pesca: durante 40 años, siete familias serán las dueñas del mar chileno. Como digo, este proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos también las transformará, prácticamente, en dueñas eternas.
Desde hace mucho tiempo -sin duda, todos tenemos responsabilidad en ello-, el espíritu patriótico que debe apuntar a defender nuestro derecho a ser dueños de nuestras riquezas básicas, a que las empresas estratégicas, como las generadoras de energía, vuelvan a ser de los chilenos, obviamente, no está en el quehacer del Gobierno ni de la mayor parte del poder político.
En este mismo instante, el Tribunal Constitucional debe estar analizando una presentación que hizo un grupo de senadores y de diputados, a sugerencia de diferentes comunidades indígenas de mapuches, huilliches, pascuenses, etcétera, que están dando una dura pelea para que se respete un documento que fue ratificado por el Congreso Nacional, en 2008: el Convenio 169, de la OIT. Este acuerdo no fue respetado durante la tramitación de la Ley de Pesca. Tampoco se respetará en éste ni en el proyecto de ley sobre fomento forestal, en tramitación en la Comisión de Agricultura. ¿Cómo es posible que un convenio que fue ratificado por muchos diputados y por nuestra Corporación no sea respetado? Nosotros, que decimos ser campeones en respetar los fallos de los tribunales internacionales, hoy nos estamos negando a respetar y a hacer carne el Convenio 169, de la OIT. Tal vez, no nos interesan nuestras comunidades indígenas y privilegiamos los intereses económicos; tal vez, privilegiamos las buenas relaciones con las grandes empresas, en este caso, con la minería.
Por eso, voy a rechazar este proyecto, porque creo que, al igual que el que modificó la Ley de Pesca y Acuicultura, presentado por el ministro Longueira, la iniciativa no respeta nuestra propia Carta Fundamental al contener un vicio de constitucionalidad.
Diputados de la Derecha dicen en esta Sala que la iniciativa está considerado el Convenio 169, de la OIT. ¡Eso es mentira! Asimismo, han manifestado que no se puede aplicar el convenio señalado porque no hay un reglamento al respecto. Se está faltando a la verdad. Derechamente, no se quiere respetar ni consultar a nuestras comunidades indígenas en pos de favorecer a los mismos de siempre.
Es necesario definir rápidamente cómo respetaremos los acuerdos, principalmente los internacionales. No soy yo, como diputado , quien pierde; es nuestro país el que pierde su prestigio y respeto ante la comunidad internacional al no respetar un acuerdo que suscribió.
Este es un proyecto centralizador y privatizador, que sin lugar a dudas representa la “previa” a la construcción de la carretera eléctrica, respecto de la cual y en alguna medida podría estar de acuerdo. Sin embargo, me pregunto cuál va a ser el rol que va a jugar el sector privado y la inversión que hará. ¿El sector privado se va a “poner con lucas” para construir la carretera eléctrica? Ella es necesaria, porque tenemos una crisis energética. Chile necesita energía, pero es importante que la empresa privada también ponga lo suyo. Desde hace mucho tiempo a esta fecha, cuando se trata de cosechar, la empresa privada siempre está presente, pero cuando se trata de sembrar o de incurrir en algunas inversiones, la empresa privada recurre al Estado de Chile, lo que no es justo.
Señor Presidente , debemos ser consecuentes con nuestras comunidades indígenas -rapanui, mapuches, huilliches y otras- y rechazar este proyecto, porque no se está respetando lo que hace un par de años firmamos y hoy borramos con el codo, es decir, el cumplimiento del Convenio 169, de la OIT, que beneficia a nuestras comunidades y ancestros.
En razón de lo anterior, votaré en contra el proyecto, el cual espero sea rechazado por la mayoría de esta Sala.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , quiero señalar al diputado René Alinco que este proyecto corresponde al perfeccionamiento de una ley que ya existe.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Recabo nuevamente el acuerdo de la Sala para que los diputados De Urresti, Harboe y Meza intervengan por un tiempo máximo de cinco minutos.
Acordado
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , nadie en este Parlamento ni en este país está en contra de impulsar y desarrollar una política energética. Sin embargo, el gran inconveniente es que no ha habido una visión de Estado, sino una determinada por empresas o grupos económicos, específicamente proyectos mineros que apoyan este proyecto.
Valoro que el ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira , busque un gran acuerdo nacional en que participen todos los actores, porque hasta hoy, en materia energética, no lo hemos visto.
En una oportunidad le señalé al ministro de Energía , señor Jorge Bunster , que era el cuarto o quinto ministro de este Gobierno en dicha cartera. No tengo impedimento personal al respecto; sin embargo, ha habido un desfile de ministros de Energía , tanto de este gobierno como de administraciones anteriores. Lo que se ha hecho hasta hoy es, simplemente, adecuar la necesidad energética a las demandas de los privados. Esto no tiene que ver con la ciudadanía, ni con el país, ni con las comunidades de mi territorio, la Región de Los Ríos; ni con la necesidad de la gente sencilla de contar con energía eléctrica que el Estado de Chile y el gobierno de turno deben satisfacer mediante políticas públicas: es la empresa minera la que necesita proveerse de energía.
Por lo tanto, la verdad es que gran parte de los proyectos energéticos no van en beneficio de nuestros ciudadanos, sino que tal como ocurre en la Patagonia, son proyectos que buscan llevar energía barata a Santiago y a las empresas mineras.
Esto evidencia un problema de fondo.
Me parece bien que el señor Longueira esté llamando a esta reflexión, al igual que me parece interesante que busquemos una fórmula como Estado, pero en ella deben participar todos los actores.
En estos días hemos visto el cambio, de la noche a la mañana, de un compromiso presidencial. El Presidente de la República señaló como programa de gobierno -y triunfó con ese programa- que en 2020 íbamos a contar con un 20 por ciento de ener-gías renovables no convencionales. Hoy señala que esa cifra será de 15 por ciento y, más encima, que se alcanzará en 2024. ¿Dónde está el equilibrio entre políticas públicas y ordenamiento territorial? ¿Dónde está el equilibrio de una política energética de fondo y definitiva? No la hay, porque no existe.
Aquí no estamos frente a la posibilidad de un apagón en nuestra sociedad o en nuestra economía: lo que ocurre es que debemos seguir inyectando energía a los proyectos mineros. Me pregunto si los responsables de los grandes proyectos cupríferos no están en posición, con sus enormes utilidades, de asumir el costo de producir su energía en lugares más cercanos a sus centros de producción. Con la libra de cobre a un valor de 4 dólares, ¿no existe la posibilidad de tener, efectivamente, provisión de energía renovable no convencional a costa de las empresas mineras, y, de ese modo, evitar reestructurar prácticamente todo el Estado?
Estoy absolutamente disponible para avanzar en una política energética, pero una en donde se tenga la consideración de dotar de energía, en primer lugar, a los ciudadanos. A modo de ejemplo, en la Región de Los Ríos, hay localidades como Tres Chiflones , Cadillal Alto y Quitaqui, donde todavía no existe la energía eléctrica, tan necesaria para superar los inconvenientes que vive su población.
Al hablarnos del costo y de su influencia, me pregunto de qué política pública estamos hablando. Aquí hay dos cosas que son claras y precisas que no vamos a transar. En primer lugar, la protección de las áreas indígenas y la consulta a través del Convenio 169, de la OIT. Habrá posiciones distintas; sin embargo, debe quedar claramente establecido el respeto y la consulta a los pueblos originarios.
En segundo lugar, me preocupa lo que ocurre con el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe). Debe haber una preservación de la naturaleza y la importante consideración de otros trazados eléctricos. No se puede señalar, fácilmente, que por necesidad de las concesiones se traspasará y perforará tal o cual área de protección de la biodiversidad, las cuales están amparadas por la Convención de Washington y son parte de la estrategia de biodiversidad de nuestro país.
Observo dos caminos: por un lado se manifiesta la supremacía de una ley de electricidad, y por otro, la posibilidad de ejercer protección efectiva de los pueblos originarios, de los tratados internacionales, de los convenios suscritos y del medio ambiente. Está claro que no existe un equilibrio al respecto, porque lo último no está en la mesa.
En tercer lugar, la fecha de las concesiones eléctricas es algo que este país no puede tolerar.
Finalmente, se ha puesto fast track a la modificación del decreto ley Nº 701 y a los proyectos de pesca y electricidad. Es en razón de ello que debemos reflexionar y establecer una política energética seria para el país.
Por eso, ¡Patagonia chilena sin represas!
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente , después de examinar el proyecto de ley que establece procedimientos para otorgar las concesiones eléctricas en Chile y de escuchar a mis colegas diputados y al ministro de Economía , quiero hacer notar que la iniciativa en cuestión solo pretende modificar las formas y los plazos para otorgar las concesiones eléctricas. La demás preocupaciones, como la carretera eléctrica, solo podrán ser aclaradas cuando discutamos tales materias con las autoridades de Gobierno.
Existe un proyecto sobre energías renovables no convencionales, pero hoy debemos manifestar nuestra opinión sobre las modificaciones a las formas y al plazo para otorgar las concesiones eléctricas, lo que no quiere decir que no podamos emitir una opinión, por ejemplo, sobre la necesidad de que Chile cuente con una matriz energética sólida, estable, que le otorgue tranquilidad para alcanzar el crecimiento, pues en el futuro nuestro país va a requerir mayor generación de energía.
Recordemos las cuatro etapas que permiten que la luz llegue a cada uno de los hogares y de las industrias de nuestro país. Ellas son la generación, el transporte, la transformación y la distribución. Naturalmente, esperamos que estas concesiones mejoren el servicio en estos cuatro aspectos señalados y que se respeten los derechos de los propietarios de los predios.
Aquí, se ha hecho alusión al Convenio 169 de la OIT, y a su reglamento, que esperamos que en los próximos meses sea aprobado de común acuerdo con los pueblos originarios. Este reglamento dará las garantías necesarias para que no se atropellen -como se está haciendo hoy- los derechos de los pueblos originarios y, también, los derechos de quienes no pertenecen a esas etnias.
El Convenio 169, de la OIT, no está siendo aplicado y, por lo tanto, nuestros pueblos originarios sufren a cada momento el despojo o el maltrato por parte de empresas y de proyectos productivos, como la piscicultura. Ellos no son consultados en relación con esos emprendimientos. En tal sentido, el Estado mantiene una deuda con los pueblos indígenas.
Hemos sostenido conversaciones con los ministros Chadwick y Lavín y con representantes genuinos de las autoridades ancestrales de los pueblos originarios. Estamos seguros de que tanto el Convenio 169, de la OIT, su reglamento, como su reconocimiento constitucional y el establecimiento del Consejo de los Pueblos Originarios, que actúa como una suerte de representación parlamentaria, van a llevar por buen camino las relaciones que necesitan la atención de todos nosotros.
En Chile, en los últimos diez años, la generación eléctrica creció en un 50 por ciento. El consumo de la misma, en igual período, creció 4,3 por ciento. Sin embargo, solo en el primer trimestre de 2012, el consumo eléctrico aumentó en 8,4 por ciento. Si no tomamos hoy las medidas del caso, esto nos llevará derechamente a una catástrofe en materia de generación y distribución de energía eléctrica.
De ahí la importancia de aprobar el proyecto en discusión. Los radicales lo votaremos favorablemente, porque estamos en presencia de un proyecto que va a agilizar el otorgamiento de las concesiones. Tenemos la tranquilidad de que se van a tomar en cuenta las condiciones que ofrecen aquellos particulares que aspiren a generar energía, a transportarla, a transformarla y a distribuirla.
Quiero hacer hincapié en la distribución, donde hay una falla tremenda, sobre todo, en el caso de los pueblos y de los pequeños poblados rurales. La lectura de los medidores muestra un consumo equivocado, pues se miden al azar y se cobran sumas enormes por el consumo de energía eléctrica a gente sencilla, humilde, que vive en los campos de la región de La Araucanía; en Loncoche, Gorbea , Toltén , Curarrehue, Pucón , Villarrica , Cunco y otras localidades. Las quejas de la gente son tremendas. Es ahí donde quiero poner el énfasis, a fin de que a partir del proyecto que vamos a aprobar exista mayor fiscalización y no continúe el abuso que estamos viviendo, sobre todo, en los hogares más sencillos, que reciben la energía eléctrica, tan importante para su desarrollo diario.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , no se puede pretender que con un proyecto de ley solucionemos la crisis energética que estamos enfrentando y que, posiblemente, vamos a enfrentar en los próximos años.
El modelo que se ha implementado desde 1983 deja al mercado la iniciativa en materia de generación eléctrica, relegando al Estado a cumplir un rol no solo subsidiario, sino que bastante reducido, vinculado, principalmente, con cierta regulación, pero aún así con escasa capacidad de decisión y de orientación en cuanto a cómo debemos construir nuestra matriz energética. Eso es materia de un conjunto de proyectos que hemos conversado con el Gobierno, con el objetivo de lograr un acuerdo de largo plazo que permita sacar adelante una agenda energética más allá de los gobiernos de turno.
Este proyecto forma parte de ese engranaje, que muchas veces se confunde con el proyecto de la carretera eléctrica. Son proyectos completamente distintos; complementarios en algún caso, pero distintos. La carretera eléctrica, como bien dijo el diputado Meza , es un proyecto que tiene como objetivo crear un troncal, un mecanismo de transmisión eléctrica, lo cual es distinto a lo que estamos discutiendo hoy, que es el mecanismo, el procedimiento en virtud del cual se han de otorgar las concesiones eléctricas para la transmisión.
En los últimos cinco años se ha quintuplicado la inversión en transmisión, pero aún así es insuficiente, porque los tiempos de tramitación de las solicitudes de concesión son extremadamente largos, lo cual hace muchas veces inviable, desde el punto de vista económico, la realización de pequeños proyectos que tienen la intención de desarrollarse, incluso, con energías renovables no convencionales.
El proyecto mejora el procedimiento, y si tuviésemos que establecer un resumen ejecutivo del proyecto, diríamos que simplifica los trámites, pero resguarda los derechos de los propietarios, de los poseedores regulares y de los meros tenedores, porque establece un procedimiento en virtud del cual el solicitante de una concesión provisional tiene que acompañar un conjunto de antecedentes y notificar al dueño del predio y, también -esto fue fruto de una larga discusión- al poseedor regular y al mero tenedor, cuyos títulos se encuentran inscritos en el Conservador de Bienes Raíces para efectos de hacerles oponibles esta concesión que está solicitando.
Se reemplaza la Subsecretaría de Energía por la Superintendencia de Energía, un ámbito muy importante, porque distingue entre el generador de política pública regulatoria y el encargado de fiscalizarla, que es el superintendente. Se establece que ese superintendente tiene un plazo máximo de veinte días para analizar las solicitudes de concesiones provisionales en materia energética. Así, el proyecto va avanzando en mejorar los procedimientos, de forma tal que va a disminuir de 750 días, como promedio de solicitud, a 150 días. Lo importante es que estos días que se disminuyen no van en desmedro de los propietarios, porque tal como señalamos en la discusión, estos proyectos no se realizan en los centros urbanos, sino que en localidades aisladas, razón por la cual se requiere que los sistemas de notificación, la representación, la capacidad de ejercer los derechos de los propietarios, que son muchas veces pequeños propietarios agrícolas de zonas rurales, estén debidamente salvaguardados. Por eso establecimos, por ejemplo, la participación del juez competente para efectos de notificaciones por aviso. También, se establecieron los sistemas de notificaciones personales y por cédula. Es decir, se creó un sistema, un engranaje de notificaciones que permite -como señala el proyecto- dar garantías a todos los afectados que tengan la posibilidad de ejercer sus derechos, para evitar que se produzcan abusos por parte de los solicitantes de concesión y de quienes pretenden especular a través de acciones dilatorias.
Sin ánimo de entrar en cada uno de los artículos que debatimos en detalle en la Comisión de Minería y Energía -el debate se extendió ayer por más de ocho horas, hasta cerca de las 23 horas-, es importante hacer presente un aspecto relevante.
Aquí se expresó que el proyecto no menciona el Convenio 169, de la OIT, lo que podría generar algún tipo de afectación. Al respecto, quiero precisar que ese convenio es internacional, y como tal se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo establecido en el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República. Es decir, los derechos estipulados en el convenio constituyen un límite al derecho soberano, en este caso, de la legislación, sin necesidad de que la adopción del mencionado convenio tenga que ser ratificada en cada instancia legal.
Por eso, en la Comisión decidimos no incorporar una indicación que se presentó, porque la técnica legislativa de incorporar en la ley un convenio internacional podría darse, incluso, en contra de los intereses de los que quieren proteger las comunidades de pueblos originarios. La pregunta es si se establece en esta ley, ¿por qué no se dispuso en la ley minera, en la de aguas o en otras?
La ratificación de convenios internacionales no requiere ratificación legal. Lo que se requiere es la pronta aprobación del reglamento. Por eso, es importante avanzar en la dictación del mismo. Entiendo que el Gobierno está apurando ese proceso. Con ese instrumento, el Convenio 169, de la OIT, será materialmente aplicable no sólo al ámbito de la ley eléctrica, sino también al medioambiental y al minero, como corresponde.
Estamos en presencia de un proyecto que mejora sustantivamente el procedimiento en materia de concesiones eléctricas. En segundo lugar, significa un aporte a la modificación integral del sector, con el objetivo de superar la crisis energética que nos está restando competitividad en relación con el resto de los países del continente.
En tercer lugar, quiero destacar la voluntad de cooperación. Anoche tuvimos una jornada que partió a las 15.30 horas y terminó a las 23.30. Asesores y diputados de Gobierno y de Oposición logramos alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo que no solo involucró este proyecto, sino que, además, permitió que el Gobierno comprometiera la activación de la discusión del proyecto de energías renovables no convencionales para establecer un incentivo a la tenencia de una matriz energética más limpia y que, a la vez, sea sustentable desde el punto de vista económico y no signifique un aumento de los costos para los consumidores.
Asimismo, se estableció la posibilidad de observar alternativas. Por ejemplo, en materia de concesiones eléctricas, en el proyecto de carreteras eléctricas, radicado en el Senado, podrían observarse aspectos relativos a la duración de las concesiones, haciendo aplicables las normas de la concesiones de obras públicas, tal como manifestó el diputado Juan Carlos Latorre .
Soy un convencido de que este proyecto es un aporte, un avance importante en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo en materia energética. Ello permitirá al país aumentar los niveles no solo de generación, sino de competitividad.
Por último, para la tranquilidad de los pequeños propietarios agrícolas, este proyecto establece en cada una de sus partes -ello fue materia de debate- mecanismos de protección de los derechos de los propietarios poseedores regulares y meros tenedores que tengan sus títulos inscritos en el conservador de bienes raíces. Eso permitirá la adopción de procedimientos más rápidos, pero con garantía y respeto de los derechos de los legítimos propietarios.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA ( ministro de Economía , Fomento y Turismo).-
Señor Presidente , he solicitado la palabra para dar a conocer un acuerdo que alcanzamos con el Ministerio de Energía y la Comisión técnica de la Cámara de Diputados para la tramitación no solo de este proyecto, sino de otras tres iniciativas en materia energética que posteriormente analizará esta Corporación. Me refiero, fundamentalmente, al proyecto conocido como el 20/20 -relativo al desafío que, como país, nos vamos a poner en un determinado año para alcanzar un porcentaje de las energías renovables no convencionales en nuestra matriz energética- y, en especial, al proyecto sobre carretera pública eléctrica.
En este punto, quiero agradecer sinceramente a todos los miembros de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario para entregar una señal de acuerdo, que incluso puede ser unánime, en relación con el proyecto que se someterá a votación en unos minutos. Al respecto, el Gobierno ha suscrito un compromiso de acuerdo.
Quiero recoger puntos que han planteado diputados de la Alianza y también los diputados señores Harboe y Lemus y el resto de los diputados de la Comisión que han hecho llegar indicaciones -los voy a mencionar para prestigiar el esfuerzo que han hecho-: los diputados Bertolino, Carmona, Espinosa, don Marcos; Issa Kort, Juan Carlos Latorre, Lemus, Marco Antonio Núñez, Gaspar Rivas, Pedro Velásquez -quien fue reemplazado por el diputado Miodrag Marinovic en reiteradas ocasiones-, Carlos Vilches, Felipe Ward y, en especial, Manuel Rojas, Presidente de la Comisión , con los cuales se logró un acuerdo que vamos a explicar antes de la votación, en el que se recogen puntos importantes para los señores diputados. Vamos a consensuar el proyecto sobre las concesiones eléctricas, entendiendo que se trata de un proyecto de procedimiento para dicho propósito, a lo cual se ha agregado -voy a leer el último punto, que es el que hemos incorporado a través de este acuerdo- lo siguiente: “En el procedimiento para establecer una carretera eléctrica, nos comprometemos a revisar la legislación vigente en materia de participación ciudadana, de modo de armonizar el necesario desarrollo energético de manera sustentable para Chile, los intereses de la comunidad y los mecanismos necesarios de participación y consulta establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.”.
Adicionalmente, tal como lo señalé, vamos a discutir un plazo determinado y no indefinido para las concesiones entregadas en la carretera eléctrica.
En el entendido de que todas las bancadas representadas en esta Sala van a concurrir con sus votos favorables a la aprobación del proyecto, deseo expresar que hoy la Cámara de Diputados va a dar una señal muy importante, porque todos estamos comprometidos en disminuir el costo de la energía eléctrica, que es el problema más grave que enfrenta nuestra economía.
Antes de terminar, en nombre también del ministro de Energía , quiero agradecer sinceramente a todos los diputados por el esfuerzo que han realizado para que exista una política de Estado y una mirada país sobre un tema que es muy importante para Chile.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.
El señor DE URRESTI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor DE URRESTI.- La primera dice relación con la derogación del artículo 31 del decreto con fuerza de ley N° 4, que se refiere al plazo por el cual se otorgan las concesiones. La segunda es para modificar el número 4) del artículo único del proyecto, que se refiere al derecho a consulta indígena y al respeto a las zonas silvestres protegidas. Como comprendemos el acuerdo a que se llegó y queremos avanzar en la construcción de la carretera eléctrica, consideramos que es importante pronunciarse sobre estas dos indicaciones. Por lo tanto, quiero pedirle que se sometan a votación. Gracias, señor Presidente.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Muy bien, señor diputado .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, una consulta sobre procedimiento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente , si aprobamos el proyecto en general, ¿aprobaremos también las concesiones indefinidas?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
No, señor diputado ; eso se votará durante la votación en particular.
Respecto de las indicaciones a que se refirió el diputado De Urresti, primero se votará su declaración de inadmisibilidad y, después, dependiendo del resultado, el artículo con la indicación.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, considero que la pregunta formulada por el diputado Lautaro Carmona debe ser respondida como corresponde.
El artículo 31 del decreto con fuerza de ley N° 4 no es materia del proyecto de ley, porque es una norma de la ley vigente. Quiero aclararlo porque hemos estado estudiando este proyecto durante tres meses.
Debo decirle al diputado De Urresti que también firmé su indicación porque estoy de acuerdo con ella; pero me interesa aclarar que ningún artículo del proyecto se refiere a la duración de las concesiones. Es decir, la única disposición que se referiría a esta materia sería la indicación.
Por eso, si votamos a favor la idea de legislar, no estaremos rechazando la indicación porque ella nunca ha formado parte del texto de la iniciativa de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Gracias por su aclaración, señor diputado .
En votación general el proyecto, con excepción del inciso octavo del artículo 27 ter, nuevo, del artículo único del proyecto, porque, de conformidad con el artículo 77 de la Constitución Política, se trata de una norma de rango orgánico constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Solo
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el inciso octavo del artículo 27 ter, nuevo, del artículo único del proyecto, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Hay dos indicaciones renovadas que la Mesa ha declarado inadmisibles.
El diputado Alfonso de Urresti me solicitó que someta a consideración de la Sala dicha declaración.
En primer lugar, votaremos la declaración de inadmisibilidad de la indicación al numeral 4) del artículo único, que incorpora una nueva letra c), con los siguientes incisos tercero y cuarto:
“En caso que la concesión atraviese territorios pertenecientes a indígenas o comunidades indígenas, se deberá aplicar el procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En el evento de que la concesión traspase territorios de áreas silvestres protegidas del Estado se deberá siempre buscar alternativas de trazado.”.
Los diputados que voten a favor, sostienen que la indicación es inadmisible; los que voten en contra, que es admisible.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Por lo tanto, la indicación se declara admisible.
En votación el numeral 4) del artículo único, con la indicación que acabo de leer.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 40 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
La Mesa también ha declarado inadmisible la indicación que deroga el artículo 31 del DFL N° 4/20018, por las mismas razones que se esgrimieron en la Comisión, es decir, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , ¿podría dar lectura a la indicación?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
La indicación dice: “Derógase el artículo 31 del DFL N° 4/20018.”
El señor CARMONA.-
Señor Presidente , en la Comisión no fue rechazada en forma unánime.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
La Comisión declaró inadmisible la indicación, pero no se votó su admisibilidad.
En votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
En consecuencia, la indicación se declara inadmisible.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular el resto del articulado, dejando constancia de que se alcanzó el quorum constitucional requerido.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-El señor BURGOS, don Jorge, se inhabilitó para votar en este proyecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE EFECTUAR UNA REVISIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE CODELCO. (Discusión pendiente).
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señores diputados, los Comités acordaron votar hoy el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco. Como ha concluido el Orden del Día y aún restan ocho diputados para que hagan uso de la palabra en relación con ese informe, propongo tres opciones.
La primera es que intervengan los diputados inscritos, con un límite de tiempo de tres o cinco minutos, y votar el informe hoy.
La segunda es aplazar la discusión del informe, y su consecuente votación, para la primera semana de marzo.
La tercera consiste en votarlo hoy, sin discusión.
¿Habría acuerdo para dar por cerrado el debate y votar el informe en la presente sesión?
Antecedentes:
-El informe fue rendido en la sesión 127ª de la presente legislatura, en 16 de enero de 2013.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente , ¿usted se está refiriendo solo al informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la administración de Codelco, o aplicará el mismo procedimiento al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- No, señor diputado . Las opciones planteadas solo se relacionan con el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la administración de Codelco.
El señor HALES.- Señor Presidente , ¿podríamos votar, sin discusión, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , respaldo su solicitud. Me parece que es un proyecto bastante consensuado y, perfectamente, lo podríamos votar hoy, sin discusión, si hubiese acuerdo de la Sala. Con todo, primero, resolvamos lo relativo al Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la administración de Codelco
¿Habría acuerdo para votarlo sin discusión?
No hay acuerdo.
¿Habría acuerdo para que intervengan los ocho diputados inscritos, por un tiempo de tres minutos cada uno, y luego votarlo?
No hay acuerdo.
Al no haber acuerdo, me veo en la obligación de citar a una sesión especial para la tarde de hoy, ello en consideración a que por acuerdo de los Comités se determinó despachar el informe durante esta jornada. Otra opción es revocar dicho acuerdo, para lo cual se requiere la unanimidad de los diputados presentes.
Tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , el Informe de la Comisión Especial Investigadora sobre la administración de Codelco ya fue rendido y solo falta que intervengan ocho diputados. El trabajo de esa instancia se extendió durante un año y tres meses. Por eso, reducir ese trabajo a una intervención de dos o tres minutos me parece inadecuado.
Por lo tanto, acojo su petición en el sentido de citar a una sesión especial para la tarde de hoy, a fin de que intervengan los ocho diputados inscritos. Además, es necesario tener presente que mañana analizaremos el Informe de la Comisión Investigadora sobre La Polar.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , pido que cite a reunión de Comités.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
En discusión el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco.
Se encuentran inscritos -la lista está cerrada- los diputados señores Vilches, Rojas, Kort, Latorre, Jiménez, Lemus, Carmona y Espinosa, don Marcos. Una vez concluido el debate, se procederá a votar el informe.
Por otra parte, los Comités acordaron votar, sin discusión, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, que figura en tercer lugar de la Tabla.
Se han suspendido los tiempos destinados a Proyectos de Acuerdo e Incidentes.
Sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , la Sala nos ha convocado para analizar el informe de la Comisión Investigadora sobre la administración de Codelco.
Al respecto, se confeccionó un solo informe, luego de un amplio trabajo de meses. A la Comisión asistieron importantes dirigentes, trabajadores y funcionarios.
Codelco Chile es la principal productora de cobre del mundo. Por lo tanto, entrega importantes recursos al Estado, los que en los últimos años han alcanzado una cifra que supera los 100 mil millones de dólares.
El gobierno corporativo de Codelco ha hecho crecer la empresa respecto de su estándar internacional y también ha mejorado la situación de sus trabajadores y organizaciones que los agrupan.
Algunas personas que concurrieron a las sesiones de la Comisión Investigadora reiteraron su postura de que Codelco podría ser objeto de una eventual privatización encubierta. Sin embargo, es importante y políticamente correcto sostener que todos los antecedentes entregados por los máximos ejecutivos de la empresa, su directorio y presidencia ejecutiva indican que no hay ninguna estrategia ni señal de que el Gobierno pretenda privatizarla, pues se trata de una empresa que es y seguirá siendo de todos los chilenos.
Del informe destaco la siguiente afirmación:
“La Comisión ha realizado un análisis razonado de todas las presentaciones recibidas y no ha encontrado situaciones que ameriten materializar una denuncia a la Contraloría General de la República o a los organismos fiscalizadores que tengan competencia en materia ambiental, laboral o tributaria.”.
Lo destaco porque permite garantizar que la actual administración de Codelco, pese a toda su complejidad, se enmarca dentro de los estándares mundiales correctos.
Un aspecto importante que quiero destacar se relaciona con las expresiones de los dirigentes sindicales, técnicos y profesionales que asistieron a la Comisión, quienes demostraron tener un conocimiento amplio de la empresa y de su quehacer. Manifestaron que actualmente no existe ningún tipo de irregularidad en la empresa.
Es necesario señalar, también, que los grandes proyectos de la Gran Minería tienen una curva de agotamiento. En la medida que avanzan los años y la producción, la ley del mineral va disminuyendo. ¿Por qué hago esa afirmación? Porque los dirigentes y trabajadores de Codelco reconocen que es absolutamente necesario hacer una capitalización de las utilidades de la empresa en la medida que pueda ejecutar todos sus proyectos estructurales. Normalmente, el Estado ha iniciado un proceso de endeudamiento con Codelco, pero no ha permitido una alta capitalización. Por eso, con motivo de la investigación sobre la administración que se ha llevado a cabo, es perfectamente posible capitalizar un alto porcentaje de las utilidades de la empresa, porque los precios en los mercados internacionales son muy buenos.
Han transcurrido tres años desde la aprobación del proyecto sobre gobierno corporativo. En ese período se han realizado gestiones de alto nivel, como la negociación entre Codelco y Anglo American . Esa operación, que tuvo una proyección internacional y que fue muy difundida en el país, terminó en una negociación extrajudicial, lo que permitió a Codelco aumentar su patrimonio de reservas. Con ello, la empresa ha obtenido utilidades y se ha desarrollado, lo que le permitirá aportar mayores recursos al fisco en los próximos años. Es un camino que Codelco ha materializado con su administración, que hoy quiero destacar.
Siempre se ha afirmado que en nuestro sector hay voces que hablan de privatizar Codelco. Esta negociación, el resultado de ella y las políticas aplicadas actualmente en la empresa echan por tierra cualquier tipo de privatización. Por el contrario, Codelco puede crecer con acuerdos y negocios que desarrolle, como lo hizo con Anglo American , en que integró una parte importante de reservas a su patrimonio. Además, quedó claramente establecido que, a futuro, Codelco podrá comprar acciones de otros proyectos privados del país, con el objetivo de crecer y aumentar sus reservas de patrimonio y así generar más recursos para el Estado.
Desde un tiempo a esta parte, hubo mucha inquietud por el tema de la explotación del litio. De la misma forma como nació este proyecto entre privados, hemos solicitado -y es de público conocimiento- a Codelco que inicie el proceso de explotación de sus reservas de litio que tiene en los salares. Me siento satisfecho y orgulloso de esa decisión, porque en la Comisión Investigadora se planteó la pregunta sobre por qué Codelco no tenía negocios en el tema del litio. Y como consecuencia del trabajo y la insistencia de muchos parlamentarios, de todos los sectores políticos -debo reconocerlo-, hoy eso es una realidad. La explotación de ese mineral se iniciará en muy corto plazo por Codelco Chile.
En el informe, la Comisión Investigadora sugiere políticas comerciales, cambios institucionales y revisiones a algunas normas laborales. Cabe destacar que los diputados hemos tenido la oportunidad de conocer la situación que viven los trabajadores de Codelco, muchos de los cuales se refirieron a la precariedad de los contratos de los nuevos trabajadores. No obstante, quedó demostrado que no hay anomalías ni precariedad y que, si bien los trabajadores nuevos no gozan de los mismos beneficios que los antiguos, al menos reciben muy buenos sueldos, a precio de mercado.
La Corporación Nacional del Cobre, cuya reserva de mineral asegura una producción por más de 50 años, a partir de ahora, seguirá siendo orgullosamente chilena, por su aporte al Estado y, principalmente, por sus trabajadores, lo que permite que mantenga el liderazgo en la producción de cobre, en los resultados y, además, siga siendo de todos los chilenos.
Finalmente, anuncio que aprobaré el informe de la Comisión Especial Investigadora.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , lo primero que quiero destacar es que este informe ha sido consensuado y que, además, hemos desarrollado un trabajo realmente intenso durante meses, tiempo en que un grupo de diputados de todas las bancadas ha desplegado un tremendo esfuerzo por conocer el funcionamiento de Codelco en aquellos aspectos en que nos pareció importante actuar como fiscalizadores. Sin duda, no siempre es fácil realizar ese rol de fiscalizadores en una empresa como Codelco, en la medida en que la ley establece que parte importante de su fiscalización está entregada también a otras instituciones, particularmente a la Comisión Chilena del Cobre y, desde luego, eventualmente, a la Contraloría General de la República.
En ese sentido, respecto de la dedicación intensa al trabajo de la comisión investigadora, agradezco el esfuerzo de todos los colegas, sin excepción, especialmente al diputado Marcos Espinosa , quien presidió la Comisión, a la que le destinó parte muy importante de su tiempo.
Para la elaboración del informe, no solo se contó con la colaboración -debemos reconocerlo- de los trabajadores de Codelco, a través de varios de sus sindicatos de todas sus divisiones y de la Confederación de Trabajadores del Cobre, sino también de los ejecutivos, particularmente de los miembros de su directorio, en varias oportunidades.
Históricamente, cada vez que se ha pretendido fiscalizar lo que corresponde en una empresa como Codelco, hemos enfrentado el obstáculo de la reivindicación de muchos de sus ejecutivos o directivos, en el sentido de que hay áreas que no ameritan el rol fiscalizador de los diputados. Más aún, aludiendo a la existencia de un nuevo gobierno corporativo, hay muchos que afirman que nuestra pretensión de conocer más de cerca lo que pasa o no pasa dentro de esa empresa estaría limitada. Por esa razón reconozco la excelente disposición de parte de los ejecutivos de Codelco para participar prácticamente en todas las sesiones a las que fueron invitados.
Es fundamental destacar que la Comisión, en forma unánime, reiteró que Codelco es una empresa que es y debiera seguir siendo estatal, que debe tener un carácter integrado, que lidere una política laboral transparente, integradora y que conjugue tanto el beneficio de sus trabajadores como de su dueño, que somos todos los chilenos.
El informe recoge muchos antecedentes respecto del funcionamiento actual de esta empresa. Entre los aspectos que dicen relación con la idea de no privatización, obviamente surgen como aspecto central los términos en que esta empresa puede capitalizar parte importante de sus excedentes, de sus utilidades, para asociarlos a sus planes de expansión que resultan estrictamente necesarios en el futuro. De lo contrario, lo que hoy vemos como un éxito, por el aporte que hace la empresa al país, se podría ver muy afectado y mermado en el futuro en la medida en que sus planes estructurales de expansión no cuenten con financiamiento asegurado o tengan solo como fuente financiera el crédito que la empresa pueda obtener en el mercado.
Esta Comisión avanza en afirmaciones que tienen que ser conocidas por la comunidad nacional. Por ejemplo, expresa que “es importante proveer a Codelco Chile de recursos permanentes, previsibles y con un destino claro de capitalizar a la empresa. Para generar recursos en materia estructural y ambiental que se requieren, que no solo tenga que recurrir al endeudamiento como fórmula de financiamiento para el pleno desarrollo de sus proyectos estructurales.”.
En mi opinión, este es un punto importante, en el que hemos coincidido en forma consensual todos quienes integramos la Comisión de Minería y Energía y, particularmente, esta Comisión Especial Investigadora.
También hemos coincidido en afirmar que “es necesario continuar perfeccionando la labor de los organismos tradicionales fiscalizadores de la empresa, para lo cual es necesario que la Comisión Chilena del Cobre debe reforzar sus facultades fiscalizadoras, dada la naturaleza del negocio de Codelco.”.
No quiero dejar pasar la oportunidad para señalar, categóricamente, que nuestra comisión, en forma unánime, rechazó la forma en que actuaron las empresas Anglo American y Mitsubishi -empresas que se prestaron para poner en jaque aspiraciones legítimas de Codelco, que los chilenos respaldamos unánimemente- en las negociaciones que debió enfrentar la empresa estatal para reivindicar derechos sobre pertenencias mineras, que nos parecen muy importantes para el futuro de la minería nacional y, particularmente, de esta empresa.
Quiero dejar planteado que no puede aceptarse que cuando en Chile sostenemos, a veces con grandes discusiones entre nosotros, que hay un cierto grado de conveniencia para el interés nacional el permitir que inversionistas extranjeros participen en la extracción de minerales, recursos naturales nuestros, con una participación importante en la minería en todos sus ámbitos, particularmente en el cobre esos inversionistas, simultáneamente, se sientan con el derecho de afectar el interés nacional.
Felicito a los miembros de la Comisión porque, en forma unánime, en momentos críticos que enfrentaba esa empresa, cuando la comisión investigadora estaba ejerciendo su tarea, supimos actuar con prudencia, con consenso, y acompañamos las legítimas aspiraciones que Codelco defendió en forma directa en las negociaciones y ante los tribunales, las que, sin duda, contaban con la comprensión y el respaldo de toda la comunidad nacional.
También quiero dejar constancia de que no nos resulta grato que algunas empresas que invierten en Chile, subordinadas a la legislación chilena, beneficiadas por una disposición “especial” que los chilenos damos a la inversión extranjera, muchas veces actúen en forma prepotente y afecten el interés legítimo de nuestro país.
Además, quiero destacar que, más allá de las conclusiones de este informe, nos queda una importante cantidad de documentación que, si los parlamentarios fuésemos capaces de estudiar y analizar, podríamos sentirnos en mejores condiciones para entender el desarrollo de nuestra gran industria minera, particularmente del cobre, y poder colaborar mejor, en el futuro, con legislaciones que apunten no solo a velar por el cuidado de nuestras riquezas naturales, sino también que garanticen que su explotación, su proceso de agregar valor, en el cual siempre subyace un interés de dar más trabajo y recaudar más ingresos para nuestra gente. Por lo tanto, debe estar presente dentro de nuestras preocupaciones.
La comisión ha recogido las inquietudes laborales de los sindicatos y hemos sostenido, en forma unánime, que es posible mejorar las relaciones laborales dentro de la empresa. En tal sentido, hay una serie de aspectos en los que la Comisión entró en detalle, que podrán observar en forma mucho más precisa quienes lean el informe.
Finalmente, anuncio el voto favorable de nuestra bancada a este informe.
He dicho.
El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente , quiero recordar que el trabajo de esta comisión investigadora se inició hace bastante tiempo -quince meses- y tenía como objetivo efectuar una revisión de la administración de la empresa cuprífera estatal Codelco, específicamente de sus planes de negocios, de la factibilidad y eficiencia de la eliminación de áreas estratégicas, de las proyecciones financieras, etcétera. Es decir, se trataba de un mandato muy amplio. Incluso, se hablaba de los planes de egreso y desvinculación de los trabajadores, así como del vínculo de la empresa con las dirigencias sindicales.
La Comisión tuvo una duración de quince meses porque, como ya se sabe, durante el desarrollo de su trabajo, se presentó el conflicto con la empresa Anglo American.
Valoro el trabajo de la comisión, particularmente de su Presidente , el diputado Marcos Espinosa , quien realizó una tremenda labor y dedicó gran parte de su tiempo para que el trabajo de la comisión fuera exitoso. Incluso, a la hora de redactar y llegar a consensos en la elaboración del informe, junto con el diputado Vilches , tuvieron una destacada participación.
También valoro la actitud de los ejecutivos de Codelco, porque, tal como lo dijeron mis colegas, tuvieron una muy buena disposición, Todos sabemos cuánto cuesta que las autoridades asistan a las comisiones investigadoras y, por lo general, siempre hay que volver a invitarlos. En cambio, los ejecutivos de Codelco y sus asesores siempre tuvieron la mejor disposición para colaborar y asistir a todas las sesiones a las que fueron invitados.
Recibimos también a los dirigentes sindicales, como Raimundo Espinoza .
En resumen, fue una Comisión que se dedicó a escuchar y a analizar en profundidad todo lo relacionado con la empresa más importante de todos los chilenos.
En cuanto a las conclusiones, que son muchas, puesto que fue el fruto del trabajo de quince meses, trataré de destacar las más importantes y resumirlas en diez puntos. Aunque mis colegas ya se han referido a algunas de ellas y, seguramente, los que vienen a continuación también lo harán, quiero resaltar algunas.
En primer lugar, destaco el carácter estatal de Codelco y la necesidad de que el Estado promueva su capitalización constante, algo que fue pedido hace años por quienes han trabajado en la minería.
En la comisión se suscitó una discusión en cuanto a cuestionarnos por qué vamos a hacer tal recomendación, pues, en el fondo, significa modificar el Código Laboral, pues Codelco no tiene ninguna facultad para hacerlo. Al final, decidimos incorporar ese punto en el informe, porque nunca está de más recomendar ciertos cambios al Código Laboral y mejorar las relaciones con los trabajadores. De esa manera, acogimos también gran parte de las peticiones de los trabajadores.
Por ejemplo, recomendamos al Ejecutivo modificar el Código del Trabajo -sabemos que Codelco no tiene facultades en este ámbito-, puesto que este informe llegará a las autoridades correspondientes, como el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre todo en aspectos que dicen relación con la sindicalización, con los derechos de los trabajadores ante las huelgas y también en materia de vinculación.
Se recogió un planteamiento muy sentido de los trabajadores de la División Norte: volver al criterio de Codelco como una sola empresa. Hoy se entiende a los yacimientos como unidades de negocios independientes entre sí, y la petición de los trabajadores apuntaba a entender Codelco como una empresa.
Asimismo, se sugirió establecer criterios uniformes en la entrega de beneficios a los funcionarios nuevos y antiguos, a fin de evitar conflictos internos y discriminaciones que podrían generarse, así como aplicar los criterios del Convenio 176 de la OIT en las políticas laborales.
Igualmente, se hicieron recomendaciones sobre la tercerización y la seguridad laboral. Esta empresa está muy bien al respecto, pero siempre se puede mejorar; de hecho, en una parte del informe planteamos que siempre es factible mejorar las relaciones laborales con los trabajadores, aspiración muy sentida por ellos.
Otra recomendación fue crear, a partir de Codelco, la Corporación Nacional del Litio e iniciar el proceso de producción de las pertenencias del litio que son propiedad de Codelco, como Pedernales y Maricunga . Al principio, los directivos de la minera que fueron citados a la Comisión declararon que no había interés de Codelco por el litio debido a un balance inviable, tanto de volúmenes de producción como de precios de mercado. Sin embargo, actualmente, se cambió esa decisión y la empresa trabaja en dos yacimientos. Eso es muy importante, porque también constituía una recomendación de la comisión.
En cuanto al funcionamiento de la empresa, primero, hicimos una evaluación positiva del gobierno corporativo, pero pensamos que después de tres años es importante y conveniente hacer una evaluación de dicho concepto, porque siempre es necesario ahondar en la independencia que debe tener esta empresa respecto de los gobiernos de turno.
El texto se hace cargo también del negocio con Anglo American . Este fue un punto totalmente aparte. Mientras la comisión trabajaba en su cometido, se suscitó el conflicto con esa empresa e, incluso, tuvimos que pedir autorización para ampliar el mandato. Cabe destacar que la totalidad de los diputados, en forma transversal, manifestó su apoyo irrestricto a Codelco. Sentimos que esa empresa no solamente estaba pisoteando a Codelco, sino también a todos los chilenos. Por lo tanto, hubo un apoyo irrestricto a la posición de Codelco para adquirir el 49 por ciento. Personalmente, sigo pensando que teníamos derecho a ese porcentaje.
El conflicto entre Codelco y Anglo American significó que se celebraran muchas sesiones. Recuerdo que fue uno de los puntos en que más insistí y, de hecho, el informe especifica claramente que las empresas Anglo American y Mitsubishi realizaron una verdadera colusión para perjudicar los intereses de Codelco y, de esa manera, los de Chile.
Cuando tratamos el proyecto sobre el royalty se hablaba mucho de la invariabilidad tributaria y el argumento de quienes no querían que se subiera el royalty era que Chile siempre aseguraba estabilidad o seriedad al mercado, porque no cambiaba las reglas del juego. Ese era el argumento principal para no cambiar la invariabilidad tributaria de parte de quienes defendían el royalty tal como estaba. Pero resulta que, a la primera oportunidad, las empresas hicieron justamente lo contrario y le pusieron el pie encima a Codelco y a Chile. Estoy seguro de que, en Europa, esas empresas no se hubiesen atrevido a hacer lo que hicieron con Chile.
Por lo tanto, sigo insistiendo en que nosotros, como país, como Estado, debiéramos revisar los contratos con estas empresas que se coludieron para perjudicar los intereses de Chile.
Por último, las recomendaciones más importantes que debieran ser resaltadas -entre muchas-, son las siguientes:
Primero, cumplir con el compromiso de transformar la minera Gaby en una nueva división de Codelco.
Segundo, pedimos considerar que en el proyecto de expansión de Andina se tenga en cuenta la opinión de los trabajadores. Para nosotros, eso es sumamente importante y ojalá se respete.
Tercero, realizar las inversiones que sean necesarias para que Codelco siga creciendo y continúe siendo la empresa minera más importante de Chile y del mundo.
Cuarto, definir una política nacional clara para la explotación del litio. Como dije anteriormente, se revirtió la decisión inicial de no explotar este mineral, y hoy se está trabajando en los primeros yacimientos.
Y quinto -para mí es lo más importante-, la absoluta convicción de la comisión -y creo que de todos los chilenos- de no privatizar nuestra empresa Codelco, la más importante del país.
Se debe proveer a dicha empresa de todos los recursos necesarios, en forma permanente, para capitalizarla, para que pueda seguir creciendo y entregue beneficios al país y, por ende, a todos los chilenos.
He dicho.
El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , no es casualidad que muchas ideas se repitan en diferentes intervenciones, porque, más allá de haber sido miembro de la Comisión Especial Investigadora, hay que reconocer el trabajo que desarrollamos en pos de analizar, con la mayor responsabilidad, qué es esta gran empresa estatal llamada Codelco para todos nosotros.
Fundamentalmente, el objetivo de la comisión se centró en varios aspectos: comerciales, legales, administrativos, sobre contrataciones laborales, etcétera, y en la misma discusión se cruzaron situaciones que ya han sido comentadas, como el caso del conflicto con la empresa Anglo American .
Lo interesante es que, al elaborar el informe, llegamos a un consenso: que Codelco debe seguir siendo totalmente estatal. Ese es el sentimiento de quienes participamos en la Comisión y seguramente también lo es del Congreso Nacional y de todos los chilenos. Eso, sin duda alguna, da un plus a la Corporación.
Esta empresa, la más importante para la economía y el desarrollo del país, necesita la atención de todos nosotros. Por ejemplo, muchas veces se formulan críticas cuando la empresa entrega bonos sustanciosos a sus trabajadores, en el marco de las negociaciones colectivas. A quienes nacimos, fuimos criados y, además, vivimos en la región, nos puede dar una sana envidia esa situación. Pero también debemos ser francos y reconocer que los trabajadores se han ganado esos bonos de manera legítima. Y esto lo planteo no solo en relación con Codelco, sino con toda la actividad minera, en general, que se desarrolla en condiciones complejas, con estándares de seguridad de primer nivel. Trabajar a 3.500, 4.000 o más metros de altura trae consigo varios riesgos. Por esa razón, los incentivos simplemente compensan esos riesgos y los consecuentes problemas para la salud de los trabajadores mineros.
Con todo, debemos dejar en claro que, con el apoyo de todos nosotros, Codelco seguirá siendo estatal, lo que no quita que valoremos cierto proceso de asociatividad que ha desarrollado la empresa, para capitalizarse y desarrollarse en algunas áreas.
Codelco no es la misma empresa de ayer. Hoy está bajo el mandato de un gobierno corporativo, sistema que fue aprobado en el Congreso Nacional, que le da mayor funcionalidad a la empresa, quizás con una mirada desde la perspectiva privada, pero no con las injerencias políticas que tenía en el pasado. El gobierno corporativo implica muchos aspectos positivos, pero también es pertinente evaluar si conlleva situaciones negativas. Por eso, después de casi tres años de vigencia de la ley sobre gobierno corporativo de Codelco, es necesario analizarla y reevaluarla. Tenemos por costumbre elaborar miles de leyes, pero nunca nos damos tiempo para evaluarlas. En tal virtud, deberíamos analizar en profundidad esta norma legal, con una mirada país, para ver si funciona adecuadamente, aunque, a la luz de las intervenciones que se han escuchado, parece que así ocurre. Así y todo, pienso que vale la pena realizar un análisis más profundo sobre cómo ha funcionado el gobierno corporativo, porque a lo mejor podríamos concluir que esta experiencia desarrollada en la minería podría ser aplicada también respecto de los hidrocarburos, a través de la ENAP. Debiéramos explorar y evaluar esas alternativas, para mejorar el desarrollo de nuestras empresas estatales.
Por otra parte, no puedo dejar de agradecer la gentileza y la voluntad de participación mostrada por todos los actores involucrados en esta investigación.
Un tema aparte fue el conflicto que se produjo con la empresa Anglo American . En este caso, ya se dijo que Codelco contó con todo nuestro apoyo. Se trató de una disputa legal entre un privado y una empresa estatal, en que finalmente se optó por un camino que no sabemos si fue el más optimo. Nos dicen que fue la mejor alternativa, pero teníamos la esperanza de que se luchara por el 49 por ciento de las acciones. Pero debemos ser justos y reconocer que ir a un proceso judicial, largo y difícil, podía generar problemas en el proceso de comercialización. Pienso que el acuerdo extrajudicial al que se llegó favorece, en parte, a Codelco, de acuerdo con lo que se nos explicó, lo que valoramos, a pesar de nuestra opinión de llegar hasta el final. Lo concreto es que se reaccionó y se buscaron soluciones. Insisto en que no se trataba solo del interés de Codelco, sino también de una empresa del mundo privado, que también tiene derecho a su defensa judicial.
Permítanme hacer un paréntesis para expresar que me enorgullezco de haber sido alcalde de la comuna de María Elena, herencia salitrera junto a Pedro Valdivia y Quillagua .
Respecto del litio, quiero señalar que, en nuestros salares de la Región de Antofagasta, se explota desde hace más de 30 años. Como país, estamos al debe, porque cuando se entregó la concesión para la explotación del litio a Soquimich y a la Sociedad Chilena del Litio se estableció que el adjudicatario debía pagar al Estado chileno un porcentaje -si mal no recuerdo, de 0,8 por ciento-, para colaborar en el desarrollo de un instituto que analizara las propiedades del litio, para darle valor agregado. Lamentablemente, el Estado chileno no cumplió, pero sí lo hicieron las empresas. Por eso hoy somos testigos de un debate para evaluar cómo entregamos valor agregado a un mineral que está en boga. Recordemos que actualmente se usa mucho en el desarrollo de tecnolo-gías, no solo en el área de las comunicaciones, como las baterías de litio para celulares, sino también de la medicina, entre otros.
Por lo tanto, más allá del desafío de querer que Codelco explore la explotación de sus dos salares, Pedernales y Maricunga , debemos entender que estamos ante un desafío país, en el sentido de analizar cómo le damos valor agregado a nuestros recursos naturales. Ese es el sentido de nuestra pretensión de que Codelco se involucre mucho más en la definición de la explotación de sus yacimientos de litio.
También se han abordado temas relacionados con el aspecto laboral. De hecho, en el informe se hacen algunas recomendaciones en tal sentido, las que comparto.
Pero quiero referirme a un punto, que me parece muy relevante, sobre el que llamo la atención de las autoridades de nuestra empresa estatal, que espero sea analizado en el tiempo con mayor profundidad. Me refiero a los planes de egreso y al tema de la tercerización; es decir, comprar servicios a terceros, los subcontratistas.
Nadie duda que, en el mundo minero, la competitividad laboral pasa por tener profesionales de primera línea. Y nadie duda que el promedio de edad de los trabajadores de Codelco es mucho mayor que el de los que laboran en las empresas privadas. Por lo tanto, se ha buscado un sistema legítimo para ajustar las plantas laborales, a través de planes de egreso, que reconozcan a las personas que, por edad o por enfermedades, tienen que dejar la empresa, a fin de que les paguen lo que corresponda por incentivos e indemnización, porque si hoy Codelco es grande se debe a esos trabajadores que dieron su tiempo, su juventud y su vida para llevar a la empresa al alto sitial que ostenta a nivel mundial.
Por su parte, queremos que las personas que ingresan a Codelco, las que participan como nuevos trabajadores, sean considerados positivamente, no solo en el plano salarial, sino también en cuanto a los programas de seguridad social y de salud. En definitiva, queremos que el joven, el profesional nuevo que ingresa a Codelco, también tenga incentivos, porque el atractivo -esto lo vivimos en carne propia quienes somos de la Segunda Región de Antofagasta- que ejerce la empresa minera privada es mucho mayor. Por eso, muchos de nuestros profesionales, que se desarrollan y se forman en Codelco, al final se van al mundo privado por los incentivos económicos.
No quiero terminar mis palabras sin referirme al modelo de tercerización, que es un tema relevante. En esta materia, la situación es compleja, que deberemos analizar en profundidad. Quiero leer algo que nos dijo don Ricardo Calderón , presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (Fesuc): “La tercerización de funciones se encuentra dentro de la ley y responde a ciertos criterios de eficiencia económica.” Me parece que todos lo entendemos. Y agrega: “Sin embargo, la presencia excesiva de servicios puede aumentar la vulnerabilidad de nuestra empresa.”.
Por lo tanto, hago un llamado de atención a nuestras autoridades, para que los modelos de tercerización se adecuen a la realidad y no sean un mero acomodo. Actualmente, el número de trabajadores bajo la modalidad de contratistas y subcontratistas supera con creces al de trabajadores de planta.
He dicho.
El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , el solo hecho de investigar la gestión en Codelco constituye un punto de gran interés para mí.
A mi juicio, la Comisión Especial Investigadora, presidida por el diputado Marcos Espinosa , ha llevado adelante un trabajo acucioso, serio, responsable y riguroso, que ha permitido abordar todos los ángulos de la investigación. Además, valoro el aporte de otros diputados, tal como lo han reiterado varios colegas en sus intervenciones.
Las conclusiones y recomendaciones a que se arribó tienen mucha fuerza, puesto que personas con puntos de vista muy disímiles coinciden con ellas. No obstante, me pregunto: ¿cuál será el destino de esas conclusiones y recomendaciones? ¿Cuál será la gestión que, como Corporación, haremos frente a la conducción de Codelco, para que tome nota de ellas y las considere? De lo contrario, solo serán ejercicios referenciales que permitirán confirmar hipótesis respecto de cuestiones no menores, pero que no incidirán en la gestión de Codelco, porque no se tomará en cuenta la investigación realizada.
Valoro la disposición de los ejecutivos de Codelco, de los dirigentes sindicales y de todos quienes participaron, ya sea ante una convocatoria o invitación de la comisión.
Sin embargo, a pesar del clima que rodeó la creación de la comisión, debo lamentar la mala noticia que vivimos hace pocos días, ya que más de cien funcionarios, incluidos profesionales de la casa matriz de Codelco, fueron exonerados de sus trabajos. Se suponía que el espíritu que llevó adelante la creación de la comisión se basaba en la idea de resguardar la permanencia de los puestos de trabajo, y que no se evaluaría solo por eficacia, sino por correspondencia con las exigencias o requisitos de los cargos.
Dicho esto, quiero subrayar algunos puntos que estuvieron presentes en ese intercambio de ideas.
El primero se relaciona con la coincidencia que existe en todos los sectores para garantizar la permanencia de Codelco como empresa del Estado. Además, debemos agregar que sigue siendo la que entrega más recursos al erario nacional. Lamentablemente, mediante un decreto ley dictado sin mayor debate durante la dictadura, se permitió que el Estado perdiese potestad sobre dos tercios de la riqueza en yacimientos de la gran minería del cobre.
El diputado Elías Lafferte propuso nacionalizar el cobre en 1952, lo que se consumó en 1971, mediante un acuerdo unánime de todo el Congreso Nacional, lo que motivó la creación del Día de la Dignidad Nacional. Ojalá alguna vez se den las condiciones para recuperar el patrimonio del Estado sobre la gran minería, toda vez que es fuente de ingresos y de riquezas para el desarrollo del conjunto de nuestro país y para beneficio de toda la sociedad.
También reivindico el rol que jugó el Presidente Salvador Allende en la creación del Día de la Dignidad Nacional.
Recuerdo lo anterior, porque se descalificó el paro del 11 de julio de 2011, convocado por los trabajadores en defensa de Codelco. Los hechos demostraron que había sido un acto patriótico, de dignidad y de defensa de un recurso que es clave para el funcionamiento de Chile, en lo que todos coincidimos.
Sin embargo, hay situaciones que espero tenga presente la conducción de Codelco.
En primer lugar, la externalización, la tercerización, la entrega a empresas de subcontratos de funciones de Codelco se justificó diciendo que se realizaría respecto de actividades, servicios u operaciones anexas a la producción misma. No obstante, Ricardo Calderón , quien aceptó la invitación que le formuló la comisión, señaló que en la actualidad dicha empresa tiene 60.588 trabajadores, de los cuales 19.347, lo que equivale al 31,9 por ciento, son de planta; que 41.241, lo que equivale al 68,1 por ciento, son trabajadores bajo la modalidad de contratistas.
Si alguien sostiene que esos porcentajes obedecen a trabajadores vinculados al funcionamiento pleno de Codelco, es decir, producción y servicio, se trataría de algo monstruoso. Lo que ocurre es que una cantidad importante de trabajadores contratistas está vinculada a la actividad productiva. No obstante, aunque desde el punto de vista jurídico Codelco puede mantener la denominación de empresa del Estado, tiene en su seno a firmas privadas: las empresas contratistas.
En ese plano, hay que tomar nota de lo que dicen los trabajadores: hay que recobrar cargos de planta, sobre todo en la actividad productiva, para disminuir la gran cantidad de trabajadores subcontratados que laboran en esa área.
En segundo lugar, las condiciones laborales de los cargos de planta que se recuperan, que no son muchos, no son las mismas que se tenían antes para los trabajadores de planta. Esto no sólo afecta el nivel de ingresos de los nuevos contratados, lo que sería explicable, toda vez que una persona recién contratada no puede ganar lo mismo que otra que tiene veinte años de servicio, sino que perjudica otros beneficios, como las garantías de salud de los trabajadores. Además, hay una segunda diferencia, ya que los trabajadores de planta antiguos tienen un sistema de salud, mientras que los nuevos trabajadores de planta tienen un régimen de salud desmejorado y ni qué hablar del plan de salud que tienen los trabajadores de las empresas contratistas.
En tercer lugar, Codelco puede y debe involucrarse en la explotación del litio, no sólo porque tiene salares bajo su dominio, sino también porque, en tanto no exista una empresa nacional del litio, será el único mecanismo que el Estado de Chile tiene para resguardar su patrimonio e impedir que este sea adquirido a precio de huevo por privados o por transnacionales.
Algo similar ocurrió con el litigio que tuvo Codelco con Anglo American . El primer planteamiento de nuestra empresa estatal fue consultar, con las reservas del caso, a toda la Comisión Investigadora y de Minería sobre la materia, donde existió un respaldo transversal y absoluto, puesto que se señaló que la defensa del patrimonio del Estado, que en ese caso correspondía a la compra del 49 por ciento de los activos de la multinacional, se llevaría adelante sin vacilaciones, porque no estábamos dispuestos a aceptar imposiciones de una transnacional privada que faltaba al compromiso establecido. No obstante, no fue bueno que a mitad de camino, y a pesar de todas las consultas, la conducción de Codelco cambiara su posición para evitar la judicialización de la situación por la vía de un acuerdo extrajudicial.
Indistintamente de los logros, lo que más importa es que la conducción de la empresa dé garantías a todos, incluyendo a esta comisión investigadora, de que defenderá los intereses y el patrimonio del Estado chileno relacionados con esta riqueza tan importante.
Codelco es la empresa que, quizás, tiene la mejor clasificación del país respecto de accidentes laborales, ya que tienden a cero. Por lo mismo, Chile está en la mejor condición, de manera ejemplar, para ratificar el Convenio 176 de la OIT referido a seguridad minera, que otorga a los propios trabajadores la posibilidad de paralizar una faena cuando sus vidas se encuentran en riesgo.
Señalo lo anterior no en la idea de afectar a Codelco, porque no lo hará, sino porque el sistema de contagio de una conducta sobre seguridad minera como la mencionada hacia las gran y mediana minería nos dejaría en una mejor condición como Estado chileno, y no se cargaría la mano en esa materia en la pequeña minería ni menos en los mineros artesanales, sino donde se debe.
Por supuesto, valoro el informe presentado, el trabajo realizado por la comisión presidida por el diputado Marcos Espinosa.
Finalmente, espero que sus conclusiones tengan destino y sean consideradas por quienes las pueden poner en práctica.
He dicho.
El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , esta comisión trabajó durante quince meses, un tiempo bastante prolongado. Pero quiero manifestar que en lo que hubo unanimidad en la comisión fue en cuanto a que Codelco era una empresa del Estado que tenemos que fortalecer.
Debemos preocuparnos fundamentalmente de su plan de desarrollo, aspecto que para la comisión es vital, cuyo financiamiento no se encuentra claramente definido hasta ahora. Pensamos que Codelco tiene mucha claridad respecto a lo que debe hacer, pero no así en cuanto al capital que requiere para ello. Casi siempre, esto se ha basado en deudas que la empresa debe contraer para poder implementar sus planes de desarrollo. Ese punto nos pareció muy importante, y la comisión lo abordó.
Mi voto fue disidente en este informe, porque consideré que no cumplía el mandato que la Sala le entregó a la comisión investigadora.
En resumen, el mandato fue analizar el funcionamiento de la administración de Codelco en el marco de la nueva ley de gobiernos corporativos. Es decir, correspondía estudiar la independencia que debería tener hoy el directorio de la empresa respecto del gobierno de turno. Sobre el particular, pienso que al menos hay tres o cuatro elementos que demuestran que tal independencia no existe.
En primer lugar, quiero dedicar unos minutos a la bullada situación del litio, que además fue una operación fracasada en su intento de no abordar el tema a través de una ley y de dejar fuera al Parlamento.
En esa materia, a nuestro juicio, Codelco tenía y tiene un papel bastante importante. Recordemos que Maricunga y Pedernales , dos de las reservas de litio más grandes de nuestro país, son de Codelco. ¿Qué rol jugó la empresa en esa licitación? Fue invitada para comprar las bases para entrar al proceso. No obstante ello, Codelco siguió argumentando que, en general, el negocio del litio era pequeño y que no tenía relación con la actividad que ellos realizaban.
Es cierto, en la actualidad se trata de un negocio que involucra alrededor de 800 millones o 900 millones de dólares; sin embargo, en 2020, perfectamente podría llegar a unos 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, consideramos que el papel que debía jugar Codelco en esa licitación era relevante.
Pero la empresa cumplió una función más orientada a una alianza, en la idea de que apareciera alguna empresa del Estado y participara en esa licitación. Pero no fue así. No participó y, finalmente, la licitación fue un fiasco. Y creo que eso refleja claramente que hubo una intencionalidad en la determinación del directorio de participar en dicha operación, salvo del director que representa a los trabajadores de la empresa, quien votó en contra de una decisión, a mi parecer, mal tomada.
Un segundo elemento se vincula con la negociación Codelco-Anglo. Aquí hay que decir que Codelco nos convenció a todos, a Chile entero, de que ir por el 49 por ciento de los derechos que estaban en disputa era el negocio del siglo. Sin embargo, terminamos con el 24,5 por ciento, y en la actualidad ni siquiera el 20 por ciento de esos derechos son de Codelco, por la forma de negociar y financiar ese proyecto.
Entonces, el negocio del siglo fue abortado. Recordemos que en el camino cayó Diego Hernández , entonces presidente ejecutivo de la compañía, por sostener esa decisión, abortada por el actual directorio también con el voto en contra del director representante de los trabajadores. Entonces, no podemos decir que fue un gran negocio y una decisión acertada pasar del 49 al 20 por ciento del activo en disputa. A veces, las atribuciones de los directorios van más allá de lo posible.
Existe un seguro tributario que Codelco se compromete a pagar en caso de que la interpretación respecto del impuesto de primera categoría que se debería pagar por hacer esta venta, resulte ser de una tasa distinta. En el negocio se apostó a que la tasa sería del 20 por ciento, pero con la posibilidad de que aumentara a 35 por ciento. Ese riesgo será asumido por Codelco. Es decir, si hoy el Servicio de Impuestos Internos emitiera un dictamen distinto a la interpretación que se hizo durante la negociación, Codelco tendrá que hacerse cargo de esos costos.
Por lo tanto, ese nivel de incerteza existente en dicha empresa del Estado evidentemente no nos augura que este será el mejor negocio del siglo. Esta es una de las razones que justifican mi voto en contra.
El directorio de Codelco está integrado por nueve personas, casi todas nombradas por el Presidente de la República . Incluso más, el director que representa a los trabajadores también es ratificado por el Primer Mandatario. Sus integrantes no tienen la independencia necesaria para operar en un directorio de esta naturaleza.
Señor Presidente , la aspiración de que funcionara un gobierno corporativo profesional que estuviera por sobre los gobiernos de turno y los vaivenes de la política, no fue concretada. Aquí, claramente, los directorios han tenido alguna influencia del Ejecutivo, lo que los ha llevado, incluso, a tomar decisiones que, desde el punto de vista de los intereses de una empresa tan importante como Codelco, no guardan relación con el objetivo de su fortalecimiento.
Reconozco el trabajo minucioso que realizó la Comisión Especial Investigadora, cuya labor se pudo profundizar gracias a los testimonios que se recogieron de trabajadores de la empresa, representados por los distintos sindicatos y federaciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el informe fue bastante exhaustivo.
Sin embargo, reitero que votaré en contra del informe, porque se falló respecto del análisis que había que efectuar sobre la relación del nuevo directorio con el Ejecutivo , desde la perspectiva de su independencia en la toma de decisiones. La administración de Codelco ha fallado en materias trascendentales para el país, como la enajenación que llevó a cabo de la empresa eléctrica Edelnor. Resulta inentendible ese tipo de decisiones, porque, tras la venta del porcentaje que tenía de esa empresa, en la prensa de hoy aparece la noticia de que Codelco planea invertir 750 millones de dólares en la construcción de una central termoeléctrica a gas natural. En consecuencia, creo que en ese aspecto hay un problema que, sin duda, requiere ser revisado.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , es forzoso reconocer que esta Comisión Especial Investigadora tuvo su origen en una sesión que celebró la Comisión de Minería y Energía en la ciudad de Calama, en la que escuchamos los planteamientos de los dirigentes de los sindicatos de trabajadores y de la federación de supervisores de Codelco Norte, División Chuquicamata, quienes dieron a conocer su preocupación, por ejemplo, respecto de la postergación de la ejecución de algunos proyectos que formaban parte de los planes de negocios de la principal empresa estatal del país.
Luego de esa sesión, reunimos las firmas requeridas y se creó la Comisión Especial Investigadora encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco, cuyo informe será sometido hoy a votación.
La Comisión funcionó durante aproximadamente quince meses en forma ininterrumpida, plazo en el que tuvimos la oportunidad de escuchar los planteamientos de los representantes de los sindicatos de todas las divisiones de Codelco, así como la exposición de representantes de distintas ONG especializados en el estudio del funcionamiento de las empresas mineras, en especial de las relacionadas con el cobre. Recuerdo que, por ejemplo, fue de particular interés la exposición del señor Julián Alcayaga , presidente de la ONG “Recuperemos el Cobre para Chile”.
La Comisión trató de abordar de la manera más acuciosa posible, con espíritu investigativo, el funcionamiento de la principal empresa estatal del país. Quiero entregar solo algunos datos para que tengamos en cuenta la importancia que tiene Codelco para el desarrollo de nuestra economía.
La producción de cobre de Codelco alcanza el 11 por ciento a nivel mundial, lo que asegura su presencia constante en el primer lugar de los rankings internacionales. La empresa, desde su fundación, ha aportado más de 40.000 mil millones de dólares de excedentes, con 11 por ciento de los ingresos totales entre 1990 y 2010.
El carácter estatal de la empresa obliga a centrar la atención de la Cámara de Diputados en las formas en que esta se encuentra administrada, así como en su evolución y posibles cambios, en el marco de la ley de gobierno corporativo para Codelco -modificada en 2009, debido a la incorporación de Chile a la OCDE-, la que tenía por objeto entregar mayor independencia en la dirección de la empresa estatal, sin perjuicio de lo cual, en la actualidad, el Ejecutivo tiene facultades considerables -a juicio de la Comisión, excesivas- en la designación de cargos de la principal entidad ejecutiva de Codelco.
En esa materia, los informes de la OCDE ponen énfasis en que, a pesar de que se necesitan directores con un grado de independencia de los gobiernos de turno, el Poder Legislativo debe cumplir una función de supervisión y fiscalización constante del funcionamiento de las empresas estatales. Entonces, tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra facultad fiscalizadora en relación con todas ellas, en especial si tienen la importancia de Codelco a nivel nacional e internacional.
Ese es el elemento fundante sobre el cual descansa el informe con las conclusiones de la Comisión, el cual se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados en sus pupitres electrónicos.
Más allá de las recomendaciones y de las sugerencias que se plantean, queremos poner de relieve algunas materias que nos parecen particularmente importantes.
La primera dice relación con el financiamiento que tiene Codelco en la actualidad. En ese sentido, es francamente inaceptable e impensable que una empresa de la envergadura de Codelco pueda mantener una estructura de propiedad estatal en la cual se adopte como única forma de financiamiento el endeudamiento externo o la venta de activos “prescindibles”. Eso es someter a cualquier empresa a un estrés que, de manera invariable, la puede llevar a resultados negativos y -por qué no decirlo- a la quiebra.
La propuesta que hicimos en la Comisión, en forma transversal -tal como lo señaló el diputado señor Carmona , ojalá ella tuviera un correlato en la práctica-, se expresará en un proyecto de acuerdo -para su presentación solicitaremos la firma de todos los miembros de la Comisión- por medio del cual se solicitará al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que establezca la creación de un comité de inversión y capitalización de Codelco. La finalidad es que los integrantes de ese comité estén facultados para destinar un porcentaje de las utilidades a financiar el desarrollo de proyectos de reposición o nuevos proyectos mineros, los cuales servirán para incrementar las utilidades de la empresa. Ese comité tendrá un carácter independiente, puesto que su directorio estará integrado solo por dos ministros.
Creemos indispensable que no se revise la excesiva tercerización de funciones y el aumento de trabajadores contratistas, sino que se exija el cumplimiento riguroso y adecuado de lo que establece la ley de subcontratación. Hoy, lamentablemente, a pesar de que es una ley plenamente vigente, no se aplica en la principal empresa estatal del país, la cual debe ser modelo a seguir para el resto en materia del cumplimiento de esa legislación. Resulta preocupante observar que el número de trabajadores contratistas ha aumentado de manera exponencial en los últimos diez años. Entonces, es necesario que Codelco cumpla la ley.
Asimismo, sugerimos, como un elemento importante -también está recogido en un proyecto-, la creación de la Corporación Nacional del Litio, con el objeto de aprovechar el conocimiento minero, la expertise de Codelco y el know how de sus trabajadores en materia la exploración y explotación de un recurso estratégico para el país.
Estamos conscientes de que si Chile, a través de Codelco, no aprovecha hoy esa oportunidad, quedará a merced del mercado, el cual tiene intereses distintos a los de esa empresa estatal.
Queremos que se vigoricen las facultades fiscalizadoras de Cochilco. Ella debe fiscalizar todos los contratos de asociación, de joint venture y de explotación que realice Codelco en el futuro, materia que también se recoge en una iniciativa legal.
Del mismo modo, es necesario que el gobierno corporativo tenga independencia y la autonomía en la toma de decisiones respecto del gobierno de turno. Para eso, proponemos, a través de un proyecto de ley, la modificación de la forma como se eligen y designan los directores de Codelco, a quienes se debe otorgar mayor autonomía en las decisiones que adopten en pro del desarrollo de los planes estratégicos y de inversión de la referida empresa estatal.
Por último, estoy absolutamente seguro y tengo la más firme convicción de que Codelco -sentimiento transversal que primó en la discusión de la Comisión- debe seguir siendo una empresa productora de cobre catódico con una estructura ciento por ciento de propiedad estatal, y debe velar de forma inclaudicable e invariable por el respeto de sus trabajadores y el aumento de las utilidades, el ciento por ciento de las cuales van a arcas fiscales.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor don Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente , en relación con el informe de la Comisión Especial Investigadora en estudio, de la cual formé parte como diputado integrante, en primer lugar considero relevante referirme a la importancia de Codelco Chile para el país.
Sin lugar a dudas, Codelco es la empresa más grande del país y una de las mineras más grande del mundo. Por eso, como dice su eslogan -ojalá de se haga realidad constantemente-, es un orgullo para Chile, porque nos permite financiar muchas leyes que nosotros solicitamos a favor de nuestros distritos para atender necesidades de las personas en materia de vivienda, salud, educación, cultura, etcétera, y, en general, representa un importante aporte para el erario.
Por eso, en la Comisión Especial Investigadora profundizamos sobre el rol que cumple Codelco Chile, empresa del Estado que tiene que estar siempre bien administrada y cuyo directorio debe contar con la autonomía necesaria para tomar decisiones que apunten a mejorar sus resultados económicos, que es como medimos el desempeño de Codelco Chile. Se trata de una empresa que tiene que buscar el objetivo de tener eficiencia y eficacia en su administración. Ella tiene un mundo laboral importante; no solo es una empresa productora de cobre, sino una gran fuente de trabajo. En ese sentido, tenemos que buscar la forma de defender siempre la calidad del trabajo que entrega Codelco Chile.
Codelco no solo da trabajo a personas de planta que laboran directamente en el proceso de extracción o producción del mineral, sino que también entrega una amplia gama de trabajo a un mundo de terceros o de contratistas. En este punto, permítanme hacer un especial énfasis. La realidad muestra que ha ido aumentando el trabajo de terceros que tienen relación con el trabajo productivo. Si bien no se trata del trabajo productivo mismo de extracción en la mina -rajo abierto o subterráneo-, sí estamos hablando de un mundo de prestación de servicios que cada día es más importante, vital y eficiente.
Por eso, quiero hacer un llamado a todo el mundo político, administrativo e institucional de Codelco Chile, así como al de sus trabajadores, en orden a perfeccionar y mejorar la calidad de los trabajos de terceros. El mundo de los contratistas siempre necesita ser actualizado y mejorado; es necesario consolidar la relación laboral entre la empresa Codelco y terceros, que apunte a mejorar la calidad de la producción, pero también la calidad del trabajo.
Por eso, en la División El Teniente, de la ciudad de Rancagua, nosotros hemos mantenido relaciones constantes con las confederaciones de trabajadores de terceros, así como con los trabajadores de planta de la mina. Muchas personas sienten una gran necesidad de desarrollarse profesional y laboralmente en esa división.
Reconocemos muchas cosas; se han hecho aportes importantes. A modo de ejemplo, tenemos el plan Puro Rancagua, que busca la descontaminación no solo de la ciudad, sino de todo el valle central, que es una de las cosas que nos apremian y uno de los problemas a los cuales queremos buscar solución.
Reconocemos y agradecemos a la empresa por esto, pero también creemos que es bueno profundizar en una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto de su responsabilidad social empresarial.
Demandamos responsabilidad social empresarial al mundo privado. Por eso, creemos que, por ser una empresa estatal, Codelco tiene que ser el bastión en materia de dirección y conducción de la responsabilidad social empresarial, tan necesaria en nuestro país.
Deseo referirme a un tema importante que se estudio en la Comisión Especial Investigadora: el proceso de licitación sobre el litio. El año pasado, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial para analizar esta materia. Creo que hubiera sido necesario quedarnos, quizá, con las conclusiones que en esa oportunidad se plantearon en la Sala respecto del proceso de extracción y licitación del litio. Chile es el país que tiene las mayores reservas de litio en el mundo; cuenta con reservas para muchos años más, cuyo propietario es Codelco Chile. Por eso, nos gustaría que la experiencia y el know how de Codelco en materia de extracción minera se vieran reflejados en una posible extracción de litio, lo que le permitiría ser no solo empresa vanguardista y número uno a nivel mundial en extracción de cobre, sino también en extracción de litio. Aquí estamos hablando de una gran reserva que debe convertirse en un gran motor para el país.
Destaco el proceso transversal que se llevó a cabo en la Comisión por todos los diputados que participamos en ella.
Por último, felicito a todas las personas que nos visitaron y que aportaron antecedentes y nuevas luces para que la Comisión pudiera lograr su objetivo, que es hacer de Codelco Chile una mejor empresa para nuestro país.
Por las razones expuestas, llamo a votar a favor este informe.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE CESIÓN DE TERRENOS APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN A FIN DE MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
De conformidad con el acuerdo adoptado, a continuación corresponde votar sin discusión el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público, aplicable a los proyectos de construcción.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8493-14, sesión 66ª, de la presente legislatura, en 7 de agosto de 2012. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 129ª, de la presente legislatura, en 17 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Vamos a votar el proyecto en general, con excepción de las normas que tienen carácter orgánico constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Corresponde votar en general las normas que tienen carácter de orgánico constitucional, es decir el artículo 1º, numerales 1), 3), 4), 5) y 10); el artículo 2º, numerales 1), 2), 3) y 4); artículo 4º, numeral 3); el artículo 5º, y el artículo primero transitorio.
Para su aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, los artículos recién votados se darán por aprobados también en particular, con la misma votación, dejando constancia de que se alcanzó el quorum constitucional requerido.
No hay acuerdo.
En consecuencia, a continuación corresponde votar en particular las referidas normas, es decir, el artículo 1º, numerales 1), 3), 4), 5) y 10); el artículo 2º, numerales 1), 2), 3) y 4); el artículo 4º, numeral 3); el artículo 5º, y el artículo primero transitorio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.04 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Moción de los señores diputados Cerda, Ascencio, Chahín, Lorenzini, Ojeda, Rincón, Rojas, Vallespín, Vilches y Walker. Modifica el Decreto Ley N° 2.224 de 1978, que crea el Ministerio de Energía, con el objeto de promover el uso de energías renovables no convencionales en las actividades económicas desarrolladas por las pequeñas y medianas empresa. (Boletín N° 8791-08).
“Considerando:
1° Que, las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) tienen aun un precario desarrollo en nuestro país, y en especial en nuestro sistema económico productivo, salvo las empresas vinculadas a la Gran Minería del Cobre, con uso de fuentes de energía solar, eólica y geotérmica, principalmente. Lo anterior debido a la fuerte inversión inicial que tales proyectos implican, tal cual ha sido la experiencia mundial en la materia.
En la actualidad y al amparo del Ministerio de Energía, desde el año 2009 funciona el Centro de Energías Renovables (CER), cuyos ejes de acción son la promoción y fomento de proyectos, el proveer de información de valor, la formación de capacidades y el promover la participación de actores para favorecer la cooperación, las que se ejecutan por medio de una iniciativa de coordinación intersectorial, que apoya el desarrollo de proyectos de energías renovables de mediana y pequeña escala, a través del soporte técnico a los distintos actores relevantes del país. Es decir, se constituye finalmente en un centro de asesoría a aquellas empresas que desean invertir en este tipo de energía, pero sin apoyo alguno en su financiamiento como ha sido la experiencia internacional.
Conforme a ello y siguiendo con el propósito del señalado CER, este proyecto de ley apunta a que a través del propio Ministerio de Energía, y mediante este centro, se establezca una nueva línea de acción, esta vez de financiamiento parcial o bonificación o subsidio en el uso de las ERNC.
2° Que, el Decreto Ley N° 2.224 que crea el Ministerio de Energía, en su artículo 2, prescribe que corresponderá, en general, a dicho Ministerio, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. Es decir, el órgano público encargado de la promoción y desarrollo de las energías en el país dentro de ella las denominadas fuentes de ERNC, es el Ministerio de Energía. Sin embargo, pese a lo extensa de sus facultades y atribuciones, referida normativa no establece ninguna línea de apoyo para el financiamiento en el uso de las ERNC, sea a través de subsidios o bonificaciones, como si ha ocurrido en los países con mayor desarrollo de este tipo de energías, como ya se ha dicho.
De acuerdo a lo señalado, entonces una reforma necesaria a las facultades del Ministerio de Energía es precisamente otorgarle aquella posibilidad de cofinanciar las inversiones que realicen los pequeños y medianos empresarios en las ERNC.
En todo caso, se sugiere que se aplique un criterio similar al empleado en la Ley N° 18.450 Aprueba Normas para el Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje.
En síntesis, los Diputados y las Diputadas abajo firmantes venimos en presentar el siguiente proyecto de ley.
“PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el Decreto Ley N° 2.224, Crea el Ministerio de Energía, en el artículo 4, agregando una nueva letra k), en el siguiente tenor:
“k) Promover el uso de energías renovables no convencionales para el desarrollo de las actividades económicas productivas, bonificando mediante concurso público a las pequeñas y medianas empresas hasta en 12.000 Unidades de Fomento.
Pase la actual letra k), a ser l).
Moción de la diputada señora Turres, doña Marisol, y de los diputados señores Díaz, don Marcelo y Farías Modifica la ley N° 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, con el objeto de introducir otras exigencias a los clubes deportivos para el control de acceso de los barristas. (boletín N° 8793-25).
“FUNDAMENTOS:
Por más de roo años el espectáculo del fútbol ha convocado a millones de personas a los estadios y hoy es innegable reconocerlo como el deporte más popular y que ha hecho vibrar al país en cientos de ocasiones durante su historia.
En las últimas décadas, lamentablemente, el espectáculo del fútbol se ha visto perjudicado por hechos de violencia reiterados, los cuales, a través de los medios de comunicación, merman la cobertura del juego resaltando las imágenes de desmanes y violencia dentro y fuera de los estadios.
Recientemente la ley que regula estas materias fue objeto de varias modificaciones al respecto, pero creemos que hace falta perfeccionar la normativa a fin impulsar cambios conductuales que nos permitan recuperar estos espectáculos para la familia, para la promoción de la vida saludable y para combatir eficientemente a los incitadores y violentistas que amenazan esta actividad.
Penosamente, los días dónde los estadios se repletaban de simpatizantes que cantaban y familias enteras que apoyaban a sus equipos, no son más que un recuerdo que, casi como anécdota, algún programa deportivo muestra en blanco y negro.
Para erradicar estos problemas, la autoridad ha propuesto y aplicado una serie de normas, planes y estrategias que, hasta el día de hoy, no ha dado los frutos que esperábamos. Muchas de estas medidas han sido importadas de países como Inglaterra y Argentina, donde si se han verificado avances en su implementación, pero su aplicabilidad en Chile ha sido incompatible, generando en varias ocasiones resultados aún peores de los que se pretendió resolver.
El control de la violencia en los estadios es algo delicado, ya que por intentar erradicar el germen de la violencia, muchas veces se pone en riesgo lo que precisamente queremos cuidar y fomentar.
Es imprescindible, por consiguiente, hacer la distinción entre “Barras” y “Barras Bravas”. Mientras la primera tiene como función única y principal alentar a su equipo y ser parte del espectáculo, la segunda tiene por finalidad la búsqueda del poder, utilizando la violencia y la intimidación como herramientas para alcanzarlo.
Asimismo, en conformidad a lo dispuesto ya en la ley y su reglamento, buscamos ampliar las competencias de la autoridad y del personal de seguridad en los recintos deportivos con el requerimiento, a los clubes deportivos, de mantener el listado de barristas actualizado al día del espectáculo, físicamente en el recinto deportivo y con la expresa prohibición de ingreso al sector destinado para ellos a los barristas que no porten su credencial que los identifica como tales. Es nuestra intención transformar esta credencial en algo similar a la licencia de conducir. Sin esta, simplemente no se puede manejar. Con la credencial de barrista será algo similar. Sin esta, no se accederá al sector de barras. Con esto, se agiliza de manera significativa la eficacia del control de carabineros. Se busca crear una conciencia tacita de que el mal comportamiento es causal de retiro de la credencial. La evidencia científica es clara. Cuando a una persona se le puede hacer visualizar de manera previa y física la pérdida que puede sufrir, estos actúan con mayor precaución y cautela.
La eficacia y la eficiencia de la medida radican en el impacto y la simpleza de la misma. Al ser una credencial física, el único requisito que marca la diferencia entre estar dentro y fuera del estadio es la concepción del perjuicio personal y directo que implicaría perderla, haciendo que se genere la conciencia de lo que significa un mal comportamiento en los recintos deportivos.
Otro aspecto mencionado en este fundamento es a urgente necesidad de devolverle al estadio el bombo. Este instrumento es una característica esencial de la cultura futbolística latinoamericana. Lamentable e injustamente ha sido asociado y relacionado con los índices de delincuencia en los estadios, siendo “acusado” de servir de medio de transporte de armas, alcohol y droga. Es por lo anterior e insistiendo en la falta de pruebas concretas y en el desmedro que provoca esto para el espectáculo, que proponemos una reforma que permita hacer que nuestros estadios nuevamente cuenten con sus bombos. El mecanismo es simple. Si el problema o la sospecha radica en que estos son un medio de transporte, eliminemos esa posibilidad y no el bombo. Proponemos entonces que los bombos y otros utensilios que van en pro del espectáculo estén siempre en una bodega a cargo del club dueño del recinto y carabineros. Estos, sólo serán sacados para ir desde el depósito hasta el sector de la barra y del sector de la barra al conteiner respectivo. Así, siempre escoltado y ya dentro del recinto deportivo, se elimina su capacidad de ser usado como transporte ilícito.
“PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO.- Modificase la ley 19.327 en los siguientes sentidos:
a) Agrégase a la letra C del artículo 2° de la ley, entre las voces “recursos tecnológicos” y “cámaras de seguridad”, la siguiente frase: “, como mínimo:” y a continuación, entre las voces “detectores de metales” y “otros que sean”, la siguiente consonante: “y”.
b) Agrégase a la letra E del artículo 2° de la ley el siguiente inciso segundo:
“Las zonas destinadas a los hinchas o simpatizantes de los equipos de fútbol deberán contar siempre con los elementos tecnológicos que indica la letra C del presente artículo y el ingreso a ellas les será permitido únicamente a aquellos que porten su credencial de barrista, vigente al día del espectáculo, en conformidad a lo señalado en el reglamento de esta ley.”
c) Agrégase a la letra G del artículo 2° de la ley, entre las voces “recinto deportivo” y “, que faciliten”, la siguiente frase: “entregar a Carabineros y al jefe de seguridad designado la nómina de los hinchas de los equipos de fútbol actualizada al día del espectáculo”
d) Agrégase a la letra A del artículo 2° A de la ley el siguiente inciso segundo:
“Si las autoridades del fútbol profesional determinaren que el espectáculo se realice sin público, el Intendente respectivo podrá disponer que los boletos de entrada se distribuyan gratuitamente entre las escuelas y colegios de enseñanza básica y media de la Región donde se juegue, en la forma y condiciones determinados por el reglamento de esta ley.”.
e) Agrégase los siguientes incisos a la letra H del artículo 2° de la ley, pasando el actual inciso a ser la letra I y final:
“Disponer de un recinto cerrado o bodega, al interior del recinto deportivo, para almacenar los elementos utilizados por los hinchas tales como: bombos, lienzos, banderas, instrumentos musicales u otros autorizados por el Intendente correspondiente.
La seguridad y operación de dicho recinto será administrad por el organizador o club deportivo, según corresponda, en la forma y condiciones determinados por el reglamento de esta ley.”
Moción de los señores diputados Marinovic, Alinco, Cardemil, Hasbún, OrtizOjeda, Pérez, don José; Pérez, don Leopoldo; Urrutia y Velásquez
“Considerando:
Que la jineteada es un deporte tradicional en buena parte de nuestro país y en particular en la Patagonia, muy arraigado en las costumbres populares de nuestra gente de campo, sobretodo en la pampa patagónica y actividades de la ganadería. Un deporte para adultos y jóvenes que se ha hecho popular y ha propiciado la creación de una gran cantidad de clubes de jineteadas, con grandes competencias para atraer a mucho público y también turistas.
La jineteada como deporte se convierte en toda una fiesta en la zona sur austral de Chile, en especial en las regiones de Magallanes, Aysén y en la zona de Chiloé. Se cuenta con un reglamento, jueces y categorías de competencia, que se extienden también en representación de nuestro país en otros festivales de países latinoamericanos como Argentina, Uruguay y Brasil.
Al respecto la Ley del Deporte señala que se entiende por deporte a “aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas, y cualquier manifestación educativa-física, general o especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de la salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica de las formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares de rendimiento”.
La jineteada comienza la prueba cuando el potro, es montado por el jinete, para luego ser soltado; debiendo el jinete mantenerse sobre el animal durante el tiempo que estipula la prueba. Durante la prueba el jinete, debe mantenerse sobre el animal, y sin castigar al caballo en la cabeza. Al cumplirse el tiempo señalado para la prueba, suena una campana; a partir de ese momento el jinete no debe cesar de jinetear. Los jueces califican según aspectos como: el jinete (el rubro de mayor puntaje), características del potro, y la elegancia, por ejemplo.
Que ya el 10 de enero de 1962, fue declarado el Rodeo como deporte nacional, teniendo como argumentos principales la “gran comunicación entre el huaso y su caballo, que con el tiempo ha forjado una actividad que mezcla la faena agrícola con el deporte”.
Que por su parte, la jineteada que utiliza potros no afianzados, y en su reglamento se resguarda también el cuidado y el no maltrato de los animales.
Por tanto, y en virtud de las facultades que la Constitución Política de la República nos confiere, venimos en presentar el siguiente,
“PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Se declara como deporte nacional a “la Jineteada” que se disputa cuando el jinete se mantiene durante un tiempo determinado montado al potro
Moción de los señores diputados Alvarez-Salamanca, Baltolu, Bauer, Bobadilla, Hernández, Melero, Morales, Norambuena, Salaberry y Urrutia - Integra al Código Procesal Penal los delitos contra las policías como aquellos de mayor connotación pública, limitando entre otras, las figuras de la suspensión condicional del procedimiento, el archivo provisional. (boletín N° 8796-25).
“-Antecedentes.
El presente Proyecto de Ley busca modificar el Código Procesal Penal en cuanto a reconocer procesalmente como delitos graves el de maltrato de obra a Carabineros y Policía de Investigaciones, haciendo más eficaz el procesamiento de quienes cometan estos delitos, limitando así figuras procesales que hacen poco eficaz el esfuerzo del legislador por dar protección a estas instituciones.
La iniciativa sigue la línea de recientes cuerpos normativos que han endurecido la penalidad de estos tipos penales, y que han establecido limitaciones a figuras como la suspensión condicional del procedimiento, la detención, la prisión preventiva, el archivo provisional y los acuerdos reparatorios. Nos referimos a la Ley 20.064, que aumenta las penas en los casos de delitos de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves, y a la ley 20.253 que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías.
Lo anterior se basa, en el creciente aumento de violencia que ciertos grupos han llevado a cabo principalmente contra Carabineros de Chile, a modo de ejemplificación, “domingo, 22 de mayo de 2011;e1 Presidente de la República visitó a los uniformados que resultaron agredidos durante las manifestaciones contra Hidroaysén. El caso más conocido es el del carabinero que fue atacado con un skate en la protesta realizada el viernes en Santiago”; Jueves 25 de agosto de 2011, el cabo Nelson Quintriqueo Pichunleo, luego el mayor Christian Kunstmann Maier y después el capitán Claudio Barrios Oyarzún. Con pocas horas de diferencias, los tres cayeron heridos a bala en los alrededores de la 54° Comisaría de Huechuraba, mientras intentaban controlar los desmanes en la población La Pincoya”; SANTIAGO.- “Con un saldo de diez carabineros lesionados y tres detenidos finalizaron los serios incidentes provocados luego de una protesta de un grupo de jóvenes, muchos de ellos encapuchados, en el sector de Avenida Grecia con Macul, donde se encuentra la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, (UMCE), ex Pedagógico. Los lesionados que presentan mayores complicaciones son el sargento Joaquín Castillo y el cabo primero Onofre Mora, quien presenta una fractura dental de carácter grave”; “Santiago de Chile, 1 I sep (EFE).- El director de Carabineros, general Gustavo González, dijo pasada la medianoche de este martes, que debido a las protestas con motivo del 39 aniversario del golpe de Estado “tengo que informar la trágica muerte de uno de nuestros hombres que recibió una bala en el pecho”, lo anterior entre otros tantos casos que afectan al autoridad.
-Fundamentos
Desde la entrada en vigencia en nuestro país del nuevo Código Procesal Penal (comenzando el año 2000 en regiones y 2005 en la Región Metropolitana), se ha puesto en duda la eficacia de un sistema que ha sido tildado de “garantista”.
Lo anterior, debido a las amplias garantías y derechos reconocidos a los imputados y la facilidad con que ellos son liberados durante el desarrollo de la investigación penal.
En este sentido, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, realizan una labor esencial para el fin persecutor del Estado, cual es, velar por el cumplimiento irrestricto de la Constitución y la Ley.
Así, el artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile N° 18.961, establece que “es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley. Dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se vinculará administrativamente con éste a través de la Subsecretaría del Interior.”
A su vez, el artículo 1° del decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, prescribe que “es una institución policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo personal estará sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto.”
En concordancia con lo anterior, el legislador ha seguido un buen camino mediante el endurecimiento de las sanciones respecto de figuras penales en las que se contienen delitos perpetrados contra Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Entre ellas destaca la Ley 20.064 de Septiembre de 2005, que aumenta las penas en los casos de delitos de maltrato de obra a Carabineros con resultado de muerte o lesiones graves.
Sin embargo, el derecho sustantivo penal resulta ineficiente si existe un sistema procesal penal garantista, en el que se contienen figuras procesales que hacen inaplicable las penas consagradas por el legislador.
Las salidas alternativas, entre otras instituciones, se vuelven así una especie de salvaguarda para delincuentes peligrosos, que por cumplir ciertos estándares de conducta o personalidad, no son sancionados efectivamente por delitos graves.
Nuestra realidad procesal ha mostrado que lo adjetivo se torna en contra de lo sustantivo, invalidando nuestra Justicia Criminal y enviando señales equívocas a los delincuentes, quienes conociendo de dichas falencias procesales, perfeccionan sus técnicas delictuales y judiciales, infundiendo temor e inseguridad en la sociedad, y socavando la labor de las policías en la persecución del delito.
El sistema procesal debe ir de la mano con sus fundamentos últimos y a los cuales sirve, esto es, el derecho sustantivo mismo, puesto que su “independencia” jurídica no es más que una derivación de la validez que el Ordenamiento Jurídico y la Constitución le trasmiten, pero que sin embargo, parece desvincularse en la práctica de ellos, haciéndose de principios propios que lo deslegitiman ante los ojos de la sociedad y los principios últimos de la justicia.
Figuras como la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, el archivo provisional y la excepcionalísima prisión preventiva, han servido a la ineficacia del sistema, el cual frente a hechos graves no responde con la dureza mínima que debiese tener, y más bien aboga por la libertad inmediata de quienes son aprehendidos en la comisión de delitos.
Nos encontramos así frente a la contradicción de que el legislador ha endurecido enormemente las penas frente a hechos que atacan de manera radical el sistema mismo, como lo son los delitos de mayor gravedad o connotación pública, pero que son las instituciones procesales las que no permiten su certera aplicación.
En esta línea, la ley 20.064 de 29 de Septiembre de 2005, ha endurecido con creces la sanción respecto del delito de maltrato de obra a Carabineros, sancionando incluso con la pena de presidio perpetuo calificado, al que matare a un Carabinero.
Pese a estos esfuerzos, este tipo penal no ha tenido un verdadero reconocimiento procesal, desconociéndose que el bien jurídico que se protege no solamente es la vida del funcionario policial, sino también la eficacia del sistema mismo.
Cuando se pierde la vida de un Carabinero, no sólo la pierde su familia, la Institución y la sociedad, sino que también se ha perdido el instrumento invaluable del Estado para preservar la paz social, el respeto a nuestra institucionalidad, el Estado de Derecho y el sustento de la Soberanía.
Durante la tramitación de la citada Ley 20.064 se señaló que “el ejercicio de la función policial, en aspectos tales como la protección y resguardo de los integrantes de la comunidad nacional, la vigilancia, prevención y control de las nuevas modalidades de criminalidad y amenazas emergentes que puedan afectar a nuestro país, la satisfacción de las crecientes demandas en materia de seguridad y los sostenidos esfuerzos de desarrollo institucional suponen, como contrapartida, un marco jurídico adecuado que se constituya en un factor disuasivo para quienes pretendan o intenten interferir en el legítimo accionar policial.
Dicho marco jurídico debe contener sanciones acordes a las conductas que se desarrollen y al resultado dañoso que éstas ocasionen, con objeto de impedir que se produzca una brecha de injusticia entre los requerimientos que se formulan hacia los funcionarios de las policías y la protección que el Estado les otorga en caso de que sufran lesiones o mueran con ocasión del desempeño de la actividad que les es exigible.”
Se destacó “la importancia de dar una señal al país a través de esta iniciativa legal que propone aumentar la penalidad, particularmente si se considera el gran poder delictivo de que gozan las organizaciones criminales en la actualidad, así como también los problemas de seguridad ciudadana que afectan a la sociedad y la tendencia imperante en orden a incrementar la dotación policial.”
Del mismo modo, expresó que, mediante el proyecto de ley en comento, “se refuerza la voluntad del Gobierno de perseverar en la lucha contra la delincuencia y de proteger a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en reconocimiento al enorme sacrificio que conlleva su labor en circunstancias de creciente complejidad.”
El entonces General Director de Carabineros subrogante, General Inspector señor Nelson Godoy, señaló que las cifras indican que en 2001 la cantidad de Carabineros heridos en actos de servicio alcanzó a 145, en 2002 la cifra subió a 177, y en lo va corrido del año llegamos a 179.
Entre 1989 y 1999, fallecieron 54 carabineros cumpliendo tareas de servicio público. En 1999, hubo un muerto, 28 heridos graves, 30 heridos menos graves y 130 heridos leves. En 2000, un muerto, 21 heridos graves, 45 heridos menos graves y 122 heridos leves. En 2001, 46 heridos menos graves y 121 heridos leves. En 2003, 55 heridos graves, 66 heridos menos graves y 139 heridos leves. En 2004, hubo un carabinero muerto, 48 heridos graves, 111 heridos menos graves y 387 heridos leves.
“Éste es el aporte en vidas, en patrimonio moral y físico de Carabineros de Chile en el combate que nosotros mismos le pedimos, al que nosotros mismo lo incentivamos y le decimos cuánto lo necesita el Estado para combatir la delincuencia.”
Durante el 2008 las cifra de aprehendidos por delito de maltrato de obra a Carabineros ascendía a 2.700, durante el 2009 a 1.541, el 2010 a 1.507, y durante el 2011, el total de aprehendidos fue de 2.046, lo que nos da un total aproximado durante los últimos 4 años de más de 8.000 aprehendidos por delitos de este tipo.[1]
La triste y reciente partida del Cabo Luis Moyano (Q.E.P.D.) hace más necesaria que nunca una modificación al sistema procesal penal. Así, la investigación por el crimen del Cabo Moyano se inició luego que cinco individuos asaltarán la sucursal del Banco Security de Agustinas en Octubre de 2007 y lograran un botín de 22 millones de pesos. En la huida, Juan Manuel Aliste Vega y otro de los antisociales se enfrentaron con el uniformado, dándole muerte en el lugar.
A la fecha no se ha dictado sentencia en dicha causa y se teme que el abuso del sistema procesal los termine sancionado ineficazmente.
Como hemos señalado, el sistema procesal que actualmente nos rige, cuyo origen tiene fundamento en gran parte por las corrientes del viejo continente, establece un conjunto de instituciones, derechos y garantías para quienes son perseguidos por hechos que revisten caracteres de delito.
De lo anterior podemos mencionar, entre otras, la facultad de no perseverar, la suspensión condicional del procedimiento, la característica de última ratio de la prisión preventiva, los acuerdos reparatorios, el archivo provisional de la causa, el principio de oportunidad, la facultad de no iniciar la investigación, y en general las salidas alternativas que el proceso concede a los imputados.
Estas instituciones y salidas, pese a que han ayudado enormemente a transparentar un sistema en decadencia a la fecha de la reforma (antiguo sistema inquisitivo), han traído como consecuencia lo que denominados un “descontento generalizado en la población”, y un sentimiento de ineficacia judicial, traducido coloquialmente como la “puerta giratoria” del sistema penal, conceptos falaces si son analizados desde un prisma netamente técnico-jurídico, pero reales desde un punto de vista socio-cultural.
El presente Proyecto de Ley tiene precisamente por objeto darle reconocimiento procesal a los delitos perpetrados contra Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, consagrados en los artículos 416 a 417 del Código de Justicia Militar y 17 a 17 quáter del decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones.
Es de mayor trascendencia comprender la eficacia de un sistema que nos atañe a todos y cada uno de los ciudadanos, especialmente cuando está comprometida la seguridad pública y la justicia, ayudándonos a comprender mejor un sistema que funciona sobre bases probadas y comprobadas en países desarrollados y con una amplísima cultura jurídica, pero no a nivel latinoamericano con la bastedad que debiera tener.
Estudios de este tipo han llevado a cabo instituciones vinculadas a políticas públicas y el sistema penal propiamente tal, como Paz Ciudadana, Libertad y Desarrollo, Carabineros de Chile, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.
Así, por ejemplo, un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo llegó a la conclusión que “de aquellos que participan del sistema cerrado, un 50,5% reincide y por lo general antes de un año (un 61,4% de los reincidentes, lo hace antes de los 12 meses siguientes de ser puesto en libertad), sobre todo en aquellos que cumplen condenas cortas.
El legislador, en sintonía con la necesidad de hacer más eficaz un sistema absolutamente perfectible, ha incursionado por el buen camino a través de pequeñas reformas que han ayudado a la disminución del garantismo extremo de que adolece el sistema[2].
En este sentido, durante la tramitación de la Ley 20.253 de Marzo de 2008, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana, y refuerza las atribuciones preventivas de las policías, se señaló en su mensaje que “El fenómeno de la delincuencia no es un problema político que pueda reducirse a una confrontación entre el Gobierno y la oposición. Este es un problema de Estado, en el que todos los sectores políticos, todos los poderes del Estado y la sociedad en su conjunto tienen deberes y responsabilidades.
Sólo actuando mancomunadamente, teniendo como norte lo mejor para Chile y su gente, podremos dar soluciones adecuadas al fenómeno de la delincuencia, en el marco de la legalidad y el estado de derecho.”[3]
Dicho proyecto, que hoy es ley, permitió establecer dentro del Código Procesal Penal, un conjunto no menor de delitos respecto de los cuales se establecen cortapisas, ahora para las víctimas y querellantes, que permiten disminuir los nefastos efectos de las salidas alternativas y la poca efectividad de la prisión preventiva.
Sin embargo, y pese a que ya estaba publicada la Ley 20.064 (desde el año 2005) la cual agrava enormemente las penas frente a delitos contra Carabineros y la Policía de Investigaciones, no fueron contemplados procesalmente en los artículos 132 bis, 149, 150, 167, 237 y 241 como de mayor connotación pública.
En otras palabras, el legislador del Código Procesal Penal, no reconoce la gravedad de los delitos de homicidio o lesiones contra nuestras policías, por lo que las salidas alternativas, la prisión preventiva y otras instituciones, se aplican sin consideración a la gravedad de estos hechos.
Tanto es así, que en las discusiones de la Ley 20.253 se indicó que el “proyecto de ley busca sancionar de manera más enérgica a aquellos que cometen delitos graves de manera reiterada.”
Dentro de dichos delitos se consideraron: “el secuestro y la sustracción de menores; la violación y la violación de menores; el parricidio y el homicidio y, el robo con violencia o intimidación y el robo con fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, que se aplicarán estas nuevas reglas especiales.”, entre otros, mas no los delitos contra Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
El presente proyecto de ley tiene por objeto, integrar los delitos contra las policías, entre aquellos que conforman el “catálogo procesal” de delitos graves o de mayor connotación pública, para que así les sean aplicables, las siguientes reglas: 1) la mantención de la detención mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que la declara ilegal; 2) que la resolución que niega o revoca una prisión preventiva no surta efectos respecto de la libertad del imputado mientras no se encuentre firme; 3) la limitante respecto a los permisos concedidos durante la prisión preventiva y sólo para efectos de los fines de dicho permiso contemplada en el artículo 150; 4) que el archivo provisional y la suspensión condicional del procedimiento requieran de la aprobación del Fiscal Regional tratándose de los delitos contemplados en los artículos 416 a 417 del Código de Justicia Militar, 17 a 17 quáter del decreto ley
N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones; y 5)que para efectos de los acuerdos reparatorios, se considere de “interés público prevalente” el tratarse de delitos perpetrados contra Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
El sistema actual, por otro lado, genera desconfianza entre la población, dado a que la excepcionalidad de la prisión preventiva, y la fecunda aplicación de salidas alternativas durante el proceso, provoca que delincuentes que cometen delitos de gran connotación pública (daño de obra a Carabineros, violación, robo por sorpresa, lesiones, homicidios y violaciones) difícilmente queden bajo prisión preventiva o reciban un castigo ejemplar, lo que aumenta las posibilidades de que vuelvan a delinquir al poco tiempo de ser liberados en el proceso.
Cabe recordar que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, han sido creados como órganos pertenecientes a la administración centralizada del Estado, a las cuales se les han asignado competencias especiales y exclusivas tendientes a conservar la paz social, con lo cual se contribuye al logro del bien común.
La función policial requiere necesariamente un marco jurídico confortable y disuasivo para quienes pretendan o intenten interferir en el legítimo actuar policial, especialmente, cuando dichas conductas se traducen en atentados directos y graves a la vida o integridad física de la Policía en el ejercicio de sus funciones propias.
Para ello, la normativa debería contener penas acordes a las acciones cometidas y al resultado que éstas produzcan, y especialmente un sistema procesal que haga efectiva dicha responsabilidad, de manera que se equilibren los requerimientos formulados por los funcionarios policiales y la protección que el Estado les debe brindar.
La señora la H.D., doña María Angélica, señaló durante la tramitación de la ley 20.064, en un relato que está plenamente vigente, que “en los últimos hechos de violencia hubo más de cuarenta carabineros heridos, de los cuales tuve la posibilidad de conocer a un par de ellos. A un oficial, que fue herido, la bala le traspasó sus piernas. Se salvó de morir, pero eso demuestra la violencia con que pueden ser atacados los funcionarios de Carabineros. Espero que otras leyes complementarias, como la de control de armas, ayuden a evitar esta situación. No será posible lograr tranquilidad en el país mientras no exista una política integral de atención a los sectores que hoy producen los desórdenes.”
Por estas consideraciones, sometemos a su decisión el siguiente Proyecto de Ley:
“PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:
1. Modifíquese el artículo 132 bis por el siguiente:
“Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, 416 a 417 del Código de Justicia Militar, 17 a 17 quáter del decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones y los de la ley N° 20.000 que tengan pena de crimen, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal, en el sólo efecto devolutivo. En los demás casos no será apelable.”
2. Modifíquese el inciso segundo del artículo 149 por el siguiente: “Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, 416 a 417 del Código de Justicia Militar, 17 a 17 quáter del decreto ley
N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen, el imputado no podrá ser puesto en libertad mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare o revocare la prisión preventiva, salvo el caso en que el imputado no haya sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su ingreso al tribunal de alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.”
3. Modifíquese el inciso sexto del artículo 150 por el siguiente: “Con todo, tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, 416 a 417 del Código de Justicia Militar, 17 a 17 quáter del decreto ley
N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones y de los sancionados con pena de crimen en la ley N° 20.000, el tribunal no podrá otorgar el permiso señalado en el inciso anterior sino por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del citado permiso.
4. Intercálese un nuevo inciso tercero en el artículo 167:
“A la misma decisión se deberá someter la decisión del fiscal, tratándose de los delitos contemplados en los artículos 416 a 417 del Código de Justicia Militar y 17 a 17 quáter del decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones.”
5. Modifíquese el inciso sexto del artículo 237 por el siguiente: “Tratándose de imputados por delitos de homicidio, secuestro, robo con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sustracción de menores, aborto, los contemplados en los artículos 361 a 366 bis y 367 del Código Penal, los delitos de maltrato de obra a Carabineros contemplados en los artículos 416 a 417 del Código de Justicia Militar y 17 a 17 quáter del decreto ley
N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones, y conducción en estado ebriedad causando la muerte o lesiones graves o gravísimas, el fiscal deberá someter su decisión de solicitar la suspensión condicional del procedimiento al Fiscal Regional.”
6. Insértese un nuevo inciso cuarto en el artículo 241:
“Se entenderá también que existe este interés, tratándose de delitos perpetrados contra Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de que tratan los artículos 416 a 417 del Código de Justicia Militar y 17 a 17 quáter del decreto ley N° 2.460, de 1979, ley orgánica de la Policía de Investigaciones.”