Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Enrique Estay Penaloza
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Pablo Lorenzini Basso
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Marco Antonio Nunez Lozano
- PERMISO
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Schilling Rodriguez
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INCLUSIÓN DE PROYECTO EN LA CUENTA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE CESIÓN DE TERRENOS APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN A FIN DE MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO. Primer trámite constitucional. Continuación. (Sobre Tabla).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- CREACIÓN DE SISTEMA “ELIGE VIVIR SANO”. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Karla Rubilar Barahona
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE PLAZO DE REINTEGRO PARCIAL DEL IMPUESTO ESPECÍFICO AL PETRÓLEO DIÉSEL PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE CESIÓN DE TERRENOS APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN A FIN DE MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO. Primer trámite constitucional. Continuación. (Sobre Tabla).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACIONES DEL METRO DE SANTIAGO. (Votación).
- DEBATE
- INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Perez Arriagada
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Enrique Jaramillo Becker
- Marcos Espinosa Monardes
- Adriana Munoz D'albora
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACIONES DEL METRO DE SANTIAGO. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- AGILIZACIÓN EN ENTREGA DE SUBSIDIOS A HABITANTES DE VILLA PADRE HURTADO, COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ADJUDICADAS POR SUBSIDIO EN LOCALIDADES DE COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE POSTULANTES A PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS EN COMUNA DE CHIMBARONGO. Oficio.
- SITUACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. INFORMACIÓN SOBRE CONCURSOS EFECTUADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR, SEDE MAIPÚ. Oficio.
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN DE BANCO MUNDIAL EN GRUPO LAUREATE EDUCATION. Oficio
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Luis Segundo Lemus Aracena
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE COMITÉS DE VIVIENDA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Matias Walker Prieto
- Alberto Robles Pantoja
- Lautaro Carmona Soto
- ADHESION
- TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO DE REMODELACIÓN DE BALNEARIO LA LISERA, DE ARICA. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Matias Walker Prieto
- Alberto Robles Pantoja
- Lautaro Carmona Soto
- ADHESION
- ESTADO DE AVANCE EN DISEÑOS DE NUEVO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HOSPITAL SAN PABLO, EN COQUIMBO, Y DE NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DEL LIMARÍ, EN OVALLE. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Lautaro Carmona Soto
- ADHESION
- RECONOCIMIENTO A DON PATRICIO ALMENDRA, DESTACADO JUGADOR DE FÚTBOL PROFESIONAL. Oficios.
- ADHESION
- Matias Walker Prieto
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Lautaro Carmona Soto
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE OPTIMIZACIÓN DE PROYECTO MINERO CERRO CASALE. Oficios.
- ADHESION
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- FALTA DE PROBIDAD DE FUNCIONARIO EN FINIQUITO DE TRABAJADOR DE COMUNA DE COPIAPÓ. Oficios.
- ADHESION
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN DE PROPAGANDA INJURIOSA EN CONTRA DE ALCALDE Y DE DIRIGENTES SOCIALES DE COMUNA DE FREIRINA. Oficios.
- ADHESION
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Lautaro Carmona Soto
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- MOLESTIA POR CESACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN COMUNA DE RECOLETA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INVESTIGACIÓN DE CONTRAVENCIÓN DE NORMATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE DERECHOS DE LOS PACIENTES EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR "ISABEL RIQUELME", COMUNA DE CHILLÁN. Oficio.
- RESPALDO A MEDIDAS DE REUBICACIÓN Y DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. Oficios.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SANEAMIENTO MEDIOAMBIENTAL EN SECTOR EL CULEBRÓN Y BAHÍA LA HERRADURA, COMUNA DE COQUIMBO. Oficios
- RECUPERACIÓN DE CUPOS DE EMPLEO EN PROVINCIA DEL HUASCO. Oficios.
- ADHESION
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- CUMPLIMIENTO DEL PLAN PEHUENCO EN LA COMUNA DE VICTORIA. Oficios.
- REPARACIÓN DEL PUENTE LA CRUZ EN COMUNA DE PERQUENCO. Oficios.
- HABILITACIÓN DE CAMINO RARIRUCA-BAYONA PARA USO PÚBLICO. Oficios.
- FISCALIZACIÓN DE PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE FORESTAL EN SECTOR LAS MINAS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
- ALCANCE JURÍDICO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE AGUAS ARAUCANÍA Y EL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE HUALLEPENCO, COMUNA DE PERQUENCO. Oficios.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN A SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES SOBRE INCENDIO EN EMPRESA CONFINOR S.A., COMUNA DE COPIAPÓ. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 7. Informe XVIII Reunión Comisión Parlamentaria Congreso Nacional-Parlamento Europeo, efectuada los días 21 y 22 de enero de 2013.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Maria Isabel Allende Bussi
- Jovino Novoa Vasquez
- Jorge Pizarro Soto
- Alberto Espina Otero
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Eugenio Tuma Zedan
- Pablo Lorenzini Basso
- Clemira Pacheco Rivas
- Rosauro Martinez Labbe
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Jorge Tarud Daccarett
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Sergio Aguilo Melo
- Pedro Araya Guerrero
- Jorge Burgos Varela
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Felipe Harboe Bascunan
- Roberto Leon Ramirez
- Jose Perez Arriagada
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Cristina Girardi Lavin
- Adriana Munoz D'albora
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pedro Araya Guerrero
- Jose Ramon Barros Montero
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Issa Farid Kort Garriga
- Cristian Monckeberg Bruner
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Sergio Aguilo Melo
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Fernando Meza Moncada
- Manuel Monsalve Benavides
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Adriana Munoz D'albora
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 7. Informe XVIII Reunión Comisión Parlamentaria Congreso Nacional-Parlamento Europeo, efectuada los días 21 y 22 de enero de 2013.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 132ª, en jueves 24 de enero de 2013
(Ordinaria, de 10.12 a 13.18 horas)
Presidencia del señor Recondo Lavanderos, don Carlos.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 16
II. Apertura de la sesión 19
III. Actas 19
IV. Cuenta 19
- Inclusión de proyecto en la Cuenta 19
V. Orden del Día.
- Establecimiento de sistema de cesión de terrenos aplicable a proyectos de construcción a fin de mejorar el espacio público. Primer trámite constitucional. Continuación. (Sobre Tabla) 21
- Creación de sistema “Elige Vivir Sano”. Primer trámite constitucional 25
- Modificación de plazo de reintegro parcial del Impuesto Específico al Petróleo diésel para empresas de transporte de carga. Tercer trámite constitucional 42
VI. Proyectos de acuerdo.
- Implementación de servicios sanitarios en estaciones del Metro de Santiago. (Votación) 49
- Instalación de circuito cerrado de cámaras en establecimientos educacionales 50
VII. Incidentes.
- Agilización en entrega de subsidios a habitantes de Villa Padre Hurtado, comuna de Las Cabras. Oficio 51
- Construcción de viviendas adjudicadas por subsidio en localidades de comuna de Las Cabras. Oficio 52
- Información sobre situación de postulantes a programa de recuperación de suelos en comuna de Chimbarongo. Oficio 52
- Situación de funcionario de la Cámara de diputados. Información sobre concursos efectuados por la Cámara de diputados 52
- Adopción de medidas relacionadas con el cierre de la Universidad del Mar, sede Maipú. Oficio 53
- Información sobre inversión de Banco Mundial en Grupo Laureate Education. Oficio 54
- Información sobre comités de vivienda de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Oficios 55
- Término anticipado de contrato de remodelación de balneario La Lisera, de Arica. Oficio 55
Pág.
- Estado de avance en diseños de nuevo centro de diagnóstico y tratamiento de Hospital San Pablo, en Coquimbo, y de nuevo hospital provincial del Limarí, en Ovalle. Oficios 56
- Reconocimiento a don Patricio Almendra, destacado jugador de fútbol profesional. Oficios 56
- Información sobre optimización de proyecto minero Cerro Casale. Oficios 57
- Falta de probidad de funcionario en finiquito de trabajador de comuna de Copiapó. Oficios 58
- Investigación de propaganda injuriosa en contra de alcalde y de dirigentes sociales de comuna de Freirina. Oficios 58
- Molestia por cesación de actividades culturales y de programa de seguridad ciudadana en comuna de Recoleta 59
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 61
- Investigación de contravención de normativas sobre protección de datos personales y de derechos de los pacientes en centro de salud familiar “Isabel Riquelme”, comuna de Chillán. Oficio 61
- Respaldo a medidas de reubicación y de capacitación dirigidas a trabajadores de la Universidad del Mar. Oficios 61
- Adopción de medidas de saneamiento medioambiental en sector El Culebrón y Bahía La Herradura, comuna de Coquimbo. Oficios 62
- Recuperación de cupos de empleo en provincia del Huasco. Oficios 63
- Cumplimiento del plan Pehuenco en la comuna de Victoria. Oficios 64
- Reparación del puente La Cruz en comuna de Perquenco. Oficios 64
- Habilitación de camino Rariruca-Bayona para uso público. Oficios 64
- Fiscalización de proceso de explotación forestal en sector Las Minas, Región de La Araucanía. Oficios 65
- Alcance jurídico de contrato de asistencia técnica entre Aguas Araucanía y el comité de agua potable rural de Huallepenco, comuna de Perquenco. Oficios 65
- Solicitud de información a Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre incendio en Empresa Confinor S.A., comuna de Copiapó. Oficio 66
IX. Documentos de la Cuenta.
- Mensajes de S.E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Socialista Democrática de Sri Lanka sobre Exención del Requisito de Visa para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y/o de Servicio”, suscrito en Colombo, el 26 de junio de 2012. (boletín N° 8800-10). (212-360)
Pág.
2. que aprueba el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, entre la República de Chile, la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en Paranal”, Antofagasta, el 6 de junio 2012. (boletín N° 8801-10). (497-360)
3. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con enmienda, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Modifica plazo para reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diesel para las empresas de transporte de carga, y modifica otros aspectos de este mecanismo.”. (boletín N° 8772-05). (81/SEC/13)
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las enmiendas al proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “discusión inmediata”, que “Simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.”. (boletín N° 7328-03) (S). (82/SEC/13)
5. Primer informe de la Comisión Especial de Deportes recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea el Sistema Elige Vivir Sano.”. (boletín N° 8749-11)
6. Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea el Sistema Elige Vivir Sano.”. (boletín N° 8749-11)
7. Informe XVIII Reunión Comisión Parlamentaria Congreso Nacional-Parlamento Europeo, efectuada los días 21 y 22 de enero del 2013
8. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Schilling, Aguiló, Araya, Burgos, Hales, Harboe, León, Pérez, don José y Rincón, que “Adecua la legislación a las exigencias de los Tratados Internacionales, sobre Derechos Humanos en las materias que indica”. (boletín N° 8803-02)
9. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Girardi, doña Cristina; Muñoz, doña Adriana; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Araya, Barros, Ceroni, Cornejo, Kort y Monckeberg, don Cristián, que “Incorpora normas sobre acoso sexual”. (boletín N° 8802-18)
10. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Andrade, Aguiló, Jiménez, Meza, Monsalve, Ortiz, Saffirio, Teillier y las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Faculta al Estado para crear una AFP Estatal”. (boletín N° 8804-13)
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
11. artículo 237 del D.F.L. N° 1, sobre Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Rol 2029-11-INA. (8145)
12. artículos 299 N° 3, 431 y 4 33 del Código de Justicia Militar. Rol 2187-12-INA. (8149)
13. artículos 21 del Código Tributario y 23 N° 5 de la ley sobre impuesto a las Ventas y Servicios. Rol 2225-12-INA. (8155)
Pág.
14. inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo. Rol 2313-12-INA. (8214)
15. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de diputados el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por varios diputados respecto del N° 9 del artículo único del proyecto de ley que “permite la introducción de la televisión digital terrestre. Rol 2358-12-CPT. (8169)
X. Otros documentos de la Cuenta.
Comunicaciones:
- De la Presidencia de la Cámara de diputados por la que informa que el diputado señor Celso Morales no participará en el taller de capacitación para Parlamentarios, convocado por ParlAmericas, que tendrá lugar en Bogotá, Colombia los días 25 y 26 de febrero próximo y en su reemplazo lo hará el diputado señor Ramón Barros (575).
- De la Presidencia de la Cámara de diputados por la que informa que los diputados señores Pedro Velásquez, Tucapel Jiménez y Joel Rosales no viajarán a Quito, Ecuador, del 14 al 18 de febrero próximo, para participar como observadores en las elecciones presidenciales, de asambleístas y de representantes ante el Parlamento Andino. Asimismo se informa que en reemplazo del diputado señor Rosales asistirá don Javier Hernández
(561).
- Del diputado señor Estay, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 5 días, a contar del 24 de enero en curso.
Notas:
- Del diputado señor Lorenzini, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 24 de marzo en curso, para dirigirse a Europa.
- Del diputado señor Urrutia, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 20 de febrero en curso, para dirigirse a Colombia.
- Del diputado señor Núñez, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 24 de enero en curso, para dirigirse a Vladivostok, Federación Rusa.
Respuestas a oficios Cuenta 132ª 360 (24/01/2013)
Contraloría General de la República:
- Diputado Tuma, Se sirva disponer una auditoría al 13º. Concurso del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, informando de sus resultados a esta Cámara. (3808 al 5756).
Ministerio de Interior:
- Diputada Muñoz doña Adriana, Requiere se informe sobre el monto y la ejecución de los recursos destinados a cada una de las comunas de la Región de Coquimbo declaradas como zona de catástrofe por sequía; tanto de aquellos provenientes del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), como los derivados desde la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). (1190 al 8641).
- Diputado Estay, Solicita información sobre las acciones o políticas que se implementarán en coordinación con los organismos e instituciones dependientes de su ministerio, para garantizar una temporada estival segura a los turistas que visiten la Región de La Araucanía, en consideración de los episodios de violencia que afectan la zona, especialmente, a las comunas de Curacautín, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Victoria y Vilcún. (1192 al 9251).
- Diputado Sabag, Requiere se informe sobre el estado del proyecto para la construcción de la comisaría de la comuna de Bulnes; y, además, se disponga extender el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva a las comunas de Bulnes y Yumbel, incluyéndolas, en consecuencia, en el proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2013, en actual tramitación. (1193 al 8935).
- Diputado De Urresti, Informe a esta Corporación sobre los motivos de la confusa e imprecisa entrega de los resultados de las elecciones municipales de 28 de octubre pasado en la comuna de Valdivia, como asimismo sobre todo el proceso eleccionario llevado a efecto en esa ciudad y el papel que en él cupo a la Gobernadora de Valdivia, junto con las restantes interrogantes que figuran en la mencionada intervención. (1194 al 8912).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Remitir información detallada respecto de eventuales irregularidades que se estarían produciendo en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a cargo de la señora Secretaria Ejecutiva de dicho Programa doña Rossy Lama Díaz. (1195 al 8976).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Remitir información detallada respecto de eventuales irregularidades que se estarían produciendo en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a cargo de la señora Secretaria Ejecutiva de dicho programa doña Rossy Lama Díaz. (1195 al 8977).
- Diputado De Urresti, Requiere se informe sobre la factibilidad de incorporar a Carirriñe y Hua Hum dentro de los pasos fronterizos priorizados en convenio con la República Argentina; y, asimismo, acerca de las condiciones en que se encuentra el paso Carirriñe, y aquellas que debiera poseer para elevar su categoría. (1196 al 9135).
- Diputado Sandoval, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes respecto de la situación que se describe en la solicitud adjunta, en relación con la posibilidad de asignar recursos a las municipalidades, para el cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 20.554, que crea Juzgados de Policía Local en las comunas que indica. (253 al 4449).
- Diputado Marinovic, Instalación de un retén de Carabineros en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas. (52 al 9436).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Ojeda, Requiere se informe sobre la situación de los chilenos residentes en España que se encuentran gravemente afectados por la crisis económica que sufre a ese país; además, si lo tiene a bien, disponga se estudie un plan de retorno para aquellas familias en situación grave, y un programa de ayuda a los retornados; intervenga ante el gobierno español para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° del Convenio de Doble Nacionalidad entre la República de Chile y el Reino de España, y para la reposición de las tarjetas sanitarias a los chilenos residente en ese país a quienes les fueron suspendidas; instruya a la embajada y a los consulados de Chile en el país europeo para que se apoye y relacionen con las agrupaciones y asociaciones de chilenos, con el propósito de canalizar la ayuda pertinente, y que los consulados realicen visitas itinerantes para relacionarse más cercanamente con los afectados. (603 al 9570).
- Diputado Jarpa, Copia de su intervención, relacionada con los problemas que afectan a la comercialización de productos agrícolas y pecuarios, particularmente maíz, mezclas alimenticias y carne de pollo, entre Chile y Argentina. (972 al 4441).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Alinco, Se sirva fiscalizar la correcta aplicación de la ley N° 20.555, que modifica ley N° 19.496, sobre protec ción de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac Financiero), respecto del actuar de todas las empresas, bancos e instituciones financieras que otorgan créditos, en especial de las sociedades comerciales Presto Líder , La Polar y ABC-DIN, e informar a esta Corporación. (10783 al 6153).
- Diputado Cerda, informe, en lo que corresponda, acerca de la situación que afectará tanto a los agricultores como a los sistemas de agua potable rural y urbano, con motivo de las “tarifas horarias”, que establecen altos costos adicionales por el servicio eléctrico en horarios de punta, entre las 18:00 y 23:00 horas de cada día, a partir del 1º de abril hasta el 30 de septiembre del presente año, e indique cuáles serán las medidas que se adoptarán para enfrentar esta grave situación que atañe en especial a la Provincia de Petorca , Región de Valparaíso, en las que fueron decretadas “zonas de catástrofe”, por la sequía, las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua, de la región homónima. (533 al 6101).
- Diputado Cerda, informe, en lo que corresponda, acerca de la situación que afectará tanto a los agricultores como a los sistemas de agua potable rural y urbano, con motivo de las “tarifas horarias”, que establecen altos costos adicionales por el servicio eléctrico en horarios de punta, entre las 18:00 y 23:00 horas de cada día, a partir del 1º de abril hasta el 30 de septiembre del presente año, e indique cuáles serán las medidas que se adoptarán para enfrentar esta grave situación que atañe en especial a la provincia de Petorca, Región de Valparaíso, en las que fueron decretadas “zonas de catástrofe”, por la sequía, las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua, de la región homónima. (533 al 6102).
- Diputado Alinco, Se sirva fiscalizar la correcta aplicación de la ley N° 20.555, que modifica ley N° 19.496, sobre protec ción de los derechos de los consumidores, para dotar de atribuciones en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac Financiero), respecto del actuar de todas las empresas, bancos e instituciones financieras que otorgan créditos, en especial de las sociedades comerciales Presto Líder , La Polar y ABC-DIN, e informar a esta Corporación. (535 al 6153).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe y remita los antecedentes correspondientes sobre el convenio suscrito entre la cartera a su cargo y el Ministerio de Salud para la atención de 20.000 funcionarios del ejército y sus familias, en recintos públicos de salud. (226 al 9373).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Harboe, Informe sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad vial de las barreras laterales de contención y la que separa el eje medio de la totalidad de las autopistas concesionadas y carreteras púbicas del país, como igualmente, se sirva disponer de presupuestos y recursos humanos necesarios, con el objeto de fiscalizar la calidad y seguridad de las actuales barreras instaladas tanto en las autopistas concesionadas, como en la infraestructura interurbana pública, y remitir, al efecto, el resultado de la fiscalización. (218 al 6838).
- Diputado Harboe, Reiterar el oficio N° 6338, de fecha 30 de mayo de 2012, remitido al Ministerio de Obras Públicas, cuyas copias se adjuntan. (218 al 8972).
- Diputado De Urresti, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida al proceso de consulta ciudadana sobre proyectos de inversión, en la Región de Los Ríos. (219 al 7918).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre si el ministerio a su cargo tiene planeada la construcción de un muelle en el Lago Todos los Santos, Región de Los Lagos, y si este proyecto sería la razón por la cual su cartera se opondría a la solicitud de concesión permanente realizada por los lancheros del sector. (220 al 9371).
- Diputado Martínez, Solicita informe si la comunidad de Ninquihue, de la comuna de San Carlos, Región del Biobío, figura como beneficiaria en el registros del ministerio a su cargo, principalmente, en el de agua potable rural, con indicación detallada de los montos que le han sido asignados desde el año 2006. (221 al 9458).
- Diputado De Urresti, Informar si existen proyectos de diseño para habilitar agua potable rural en las localidades de Huichaco y Putriguel, comuna de Máfil, Región de Los Ríos, informando de ello también a dichas comunidades. (222 al 8519).
Ministerio de Bienes Nacionales:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar respecto de los fundamentos técnicos en base a los que el Ministerio de Bienes Nacionales ha otorgado concesiones de terrenos fiscales a la empresa Ecopower, que ejecutará el proyecto Parque Eólico de Ancud y, asimismo, acerca de la cantidad de hectáreas concedidas para este propósito a la mencionada sociedad; y además, para que remita el listado de las personas naturales o jurídicas que, desde el año 1989, han solicitado terrenos fiscales a título gratuito, en la zona que abarca el mencionado proyecto; con mención de aquellos a los que, en definitiva, se concedieron tierras. (1146 al 4295).
- Diputado Vilches, Solicita adecuar la política del Ministerio de Bienes Nacionales, de manera que considere los requerimientos de terrenos de proyectos mineros, energéticos y de servicio, en la Región de Atacama. (1147 al 4069).
- Diputado Sandoval, Solicita prestar apoyo y colaboración a los carpinteros de ribera de la localidad de Puerto Aysén, para la obtención de un terreno, entre el muelle de aguas muertas y el muelle de San Pedro, en el que establecer instalaciones para desarrollar su trabajo de mantención, conservación y reparación de embarcaciones menores. (1148 al 4269).
- Diputado Díaz don Marcelo, Disponer se realicen los estudios técnicos necesarios para que la Dirección de Vialidad enrole los caminos interiores de las parcelaciones CORA de la comuna de La Serena, Región de Coquimbo. (18 al 4101).
- Diputado De Urresti, Solicita informar sobre si se ajusta a la legalidad la construcción del muro que impide el acceso público a la denominada Playa Chica, en la localidad de Niebla, en la comuna de Valdivia; en el caso de considerarse aquella obra ilegal, acerca de las acciones que se deben seguir; además, respecto de los límites de lo que corresponde a la propiedad pública y la privada en el sector; la calidad jurídica del acceso a la playa, y las acciones para declarar la referida vía como camino público, e incorporarlo como tal al respectivo plano regulador. (19 al 7726).
- Diputado Tarud, Remitir todos los antecedentes que obren en su poder relativos a la adquisición, por parte del Fisco, del predio denominado “San Antonio de Ancoa Lote A”, destinado al Ejército de Chile por Decreto Exento N° 83, de 21 de junio de 1989, de ese Ministerio. (20 al 8606).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputada Pacheco doña Clemira, Requiere información sobre los fondos otorgados mediante los programas de empleo, en los últimos 3 años, a la Corporación Concilio de Pastores de Iglesias Evangélicas, de la comuna de Coronel, Región del Biobío. (10 al 9348).
- Diputado Ojeda, Requerir de la Dirección del Trabajo una fiscalización de los despidos de quince trabajadoras que se desempeñaban como manipuladoras de alimentos en la empresa Nutriplus, concesionaria que se adjudicó el Programa de Alimentación Escolar en la provincia de Osorno. (2 al 4267).
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita se informe sobre las fiscalizaciones realizadas y multas cursadas respecto de la empresa Aramark Servicios Mineros y Remotos Ltda., contratista de Codelco, la que a pesar de las reiteradas denuncias e instrucciones efectuadas por la Inspección del Trabajo de la Provincia del Loa, desde el año 2010, persiste en infringir los derechos de sus trabajadores, en su mayoría, mujeres. (3 al 9270).
Ministerio de Salud:
- Diputado De Urresti, Criterios médicos tenidos en cuenta para el cambio de medicamentos a los enfermos crónicos usuarios de la red pública de salud y los efectos que ese cambio produce, y dé respuesta a las demás interrogantes contenidas en la mencionada intervención. (150 al 8965).
- Diputado Accorsi, Remitir información detallada respecto de los médicos contratados en el país, tanto en conformidad con las disposiciones de la ley N° 15.076 como en cualquier otro modo de contratación. (151 al 8882).
- Diputado Robles, Informe sobre los médicos de especialidades, enfermeras y técnicos paramédicos que han sido asignados al hospital de Vallenar a partir del año 2010 y las medidas que se adoptarán para suplir las falencias que se presentan en su dotación. (168 al 9414).
- Diputado Monsalve, Denuncia el atentado a la seguridad sanitaria de la población que representa la falta de funcionamiento de tres de las cuatro ambulancias disponibles en el hospital de Lota; y, en seguida, solicita que, a través del Servicio de Salud Concepción, se dispongan los recursos suficientes para la reparación de los vehículos mencionados y la adquisición de otros nuevos, que presten servicios en el recinto asistencial. (170 al 4225).
Ministerio de Minería y Energía:
- Diputado Accorsi, Informar si esa cartera ministerial ha realizado compras o transacciones económicas en los últimos 5 años con la empresa Tecnodata S.A., como asimismo, informar estadísticamente, los productos, cantidades, valores, fechas de transacción de tales operaciones e indicando si existen actualmente negociaciones pendientes. (13 al 8802).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Espinoza don Fidel, Copia de su intervención, en la que, junto con rendir homenaje al destacado dirigente social y político de la comuna de Chaitén, señor José Uberlindo Catín Oyarzo, recientemente fallecido, solicita se implementen en las zonas aisladas de la Región de Los Lagos vías de conectividad adecuadas, especialmente previstas para resolver situaciones de emergencia. (101 al 4425).
- Diputado Sandoval, Solicita tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes y que se detallan en la solicitud adjunta, respecto del transporte marítimo de carga y pasajeros en las comunas australes de Puerto Montt, Quellón, Melinka,Chacabuco e intermedios. (45 al 4406).
Ministerio de Desarrollo Social:
- Diputada Molina doña Andrea, Se sirva efectuar las gestiones pertinentes conducentes a que el matrimonio compuesto por don Gabriel Caruso Yévenes y doña Elsa Ángela Seifert Soto, de la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, pueda acceder a la brevedad al beneficio “Bodas de Oro”. Se anexa documentación relacionada con la materia objeto de este oficio. (254 al 3843).
- Diputado Chahín, Solicita informar sobre la factibilidad de instalar un jardín infantil en la localidad de Manzanar, en la comuna de Curacautín. (255 al 7448).
- Diputado Robles, Solicita informar sobre la situación del señor Armando Díaz Díaz y su cónyuge, quienes, no obstante haber cumplido el 21 de febrero del año 2011 cincuenta años de matrimonio, no han podido acceder al denominado “Bono Bodas de Oro”, debido al puntaje de su ficha de protección social. (256 al 7650).
- Diputada Vidal doña Ximena, Solicita remitir información relacionada con los problemas que ocurren en la determinación de los beneficiarios del aporte previsional solidario, a través de la Ficha de Protección Social. (3 al 8557).
- Diputado Hernández, Iinformar el monto de los recursos destinados a la construcción de nuevos hospitales en la Región de Los Lagos, indicando las fechas de inicio y de término de las obras, como asimismo, las comunas de la región donde se construirían tales centros asistenciales y el número estimado de pacientes a recibir. (47 al 8835).
Ministerio Público:
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita tenga a bien proporcionar antecedentes generales sobre el estado de la investigación por el homicidio del señor Patricio Muñoz Zamora, ocurrido el pasado 30 de octubre, en consideración de la preocupación de la familia de la víctima, quienes no han tenido noticias sobre el particular. (84 al 4393).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Espinoza don Fidel, Informar y remitir los antecedentes que obren en su poder respecto de la denuncia que habrían presentado los habitantes de Pureo, en la zona de Calbuco, en contra de la planta Copec, debido al escurrimiento de aguas sucias que llegarían hasta la zona de cultivo de los productores de ostras del sector. (130175 al 8876).
Ministerio de Cultura y de las Artes:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remita los antecedentes analizados y expuestos en la reunión final del segundo ciclo del informe periódico para América Latina y el Caribe, como asimismo, las medidas contenidas en el plan de acción de salvaguarda y administración de los sitios de patrimonio mundial, elaboradas en el citado encuentro, en relación con la conservación de las Iglesias de Chiloé. (28 al 9550).
Intendencias:
- Diputada Molina doña Andrea, Requiere se envíe información relacionada con el mejoramiento del transporte público en la comuna de Quintero. (148 al 9669).
- Diputado Carmona, Requiere se informe sobre los efectos en la salud de la población de la comuna de Tierra Amarilla, que provocan las emanaciones contaminantes de la planta de la Empresa Nacional de Minería en Paipote. (45 al 8690).
- Diputado Rincón, Informe sobre los recursos para infraestructura con que cuenta el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. (50 al 8952).
- Diputado Rojas, Informe sobre el estudio de un plan de mitigación vial en la ciudad de Tocopilla, los recursos asignados y los plazos considerados para su implementación, considerando como factor determinante la actual carencia total de semáforos en sus calles. (57 al 9504).
- Diputado Accorsi, respecto de la apertura de la planta Agrosuper en Freirina, Región de Atacama, particularmente, el número de cerdos que manejará la planta, el contenido de mercurio de las aguas que utilizará ésta y la frecuencia en la medición de las emanaciones por parte de la autoridad. Asimismo, se solicita la remisión de la documentación que acredite la implementación por parte de la empresa, de las medidas que darán cumplimiento a las normas ambientales vigentes. (62 al 9346).
Servicios:
- Diputado De Urresti, Solicita remitir la nómina de los trabajadores de los astilleros Asenav que el día 2 de septiembre de los corrientes se encontraban a bordo de la motonave Patagón VII, la que, mientras efectuaba pruebas de navegación y máquina, colisionó los pilares del puentes Río Cruces, en la Región de Los Ríos. (267 al 8747).
- Diputado Sandoval, Solicita información sobre las medidas que se implementarán frente a los reclamos de los usuarios del aeropuerto de Balmaceda, en relación con el cobro a los ingresos que se realizan al recinto, sin hacer uso de las playas de estacionamientos (29 al 9278).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remita copia de los antecedentes que obren en el servicio a su cargo, en relación con el proceso de negociación colectiva iniciado por el sindicato de trabajadores Alitec Pargua, en octubre pasado. (307 al 9569).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita información sobre los servicios entregados en el hospital con indicación de aquellos que son proporcionados mediante terceros y los mecanismos que se implementan para la fiscalización de estos últimos. (74 al 9351).
Varios:
- Diputado Jiménez, Solicita tenga a bien disponer la investigación de los hechos que se describen en la solicitud adjunta, acaecidos el pasado 3 de noviembre en la 48° Comisaría de Menores y Familia de Santiago Centro. (40 al 4450).
- Diputado Sabag, Solicita aumentar la dotación de carabineros en la comuna de Coelemu, por ser la actual insuficiente para el adecuado resguardo de la seguridad de sus habitantes; y, además, se eleve a comisaria el rango de la subcomisaria de la comuna mencionada. (49 al 4470).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre las estadísticas, desagregadas por comuna, de los accidentes del tránsito ocurridos durante los años 2011 y 2012 en la Región de Los Lagos, con indicación del tipo de vehículo involucrado, las causas probables, número de personas lesionadas y la edad y sexo de las víctimas fatales. (51 al 9603).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Santana, Solicita informe sobre el estado de avance y calendarización de la ejecución de las obras que se indican a continuación: reposición del cuartel general del cuerpo de Bomberos de Chile de Dalcahue; mejoramiento calles Estela Vejar, Teodoro Kammann y Aniceto, de la comuna de Ancud; remodelación de la plaza de armas de Queilen; reposición escuela Cataratas de Alerce, de la comuna de Hualaihué; mejoramiento integral del gimnasio fiscal de Dalcahue; habilitación del servicio de suministro de energía eléctrica del sector Caulín Alto de la comuna de Ancud. (9940 de 22/01/2013). A Intendencias.
- Diputado Santana, Solicita informe sobre el estado de avance y calendarización de la ejecución de las obras de habilitación del servicio de suministro eléctrico en los sectores de Belbén y el Quilar, de la comuna de Ancud y en el sector de Comuna Yungay, de la comuna de Quellón, Región de Los Lagos. (9943 de 22/01/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputado Harboe, Reitera oficios N°s 6838 del pasado 30 de mayo de 2012 y 8972 del día 6 de noviembre, ambos del año 2012 y en definitiva informe sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad vial por parte de las autopistas concesionadas, como asimismo, el resultado de las fiscalizaciones efectuadas por la cartera a su cargo, sobre la materia consultada. (9944 de 22/01/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Jarpa, Solicita informe sobre el estado de la solicitud efectuada ante la cartera a su cargo, por la Junta de Vecinos San Alberto Hurtado de la comuna de Pinto, mediante la cual postulan a un subsidio habitacional. (9945 de 22/01/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Schilling, Solicita informar sobre cada una de las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el contrato de concesión “supermercado, bar lácteo de grumetes y marineros C.N.I.R y cafetería molo 500”. (9946 de 22/01/2013).
- Diputado Walker, Solicita informe sobre la existencia de estudios para la modificación de la normativa vigente, en orden a regular las mediciones de sales de calcio y magnesio en el control que realiza la autoridad sanitaria de la calidad del agua potable(9955 de 23/01/2013)a Ministerio de Salud.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (83)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrió, además, el ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittbor Cordua.
-Por encontrarse con permiso constitucional no se encuentran presentes los diputados señores Pedro Araya Guerrero, Mario Bertolino Rendic y Alejandro Santana Tirachini.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.12 horas.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor RECONDO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 126ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 127ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor RECONDO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
INCLUSIÓN DE PROYECTO EN LA CUENTA.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente , ayer un grupo de diputados, entre los que me incluyo, presentamos una moción cuyo objeto es autorizar al Estado para desarrollar actividades empresariales en el ámbito de la previsión, el cual no aparece en la Cuenta. Quisiera saber si ha habido algún inconveniente con aquello.
Con todo respeto, entiendo que la industria de las AFP tiene gran poder, y no quisiera que fuese esa la razón que ha provocado esta extraña demora en incorporar en la Cuenta una moción que se presentó el día de ayer.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , la Secretaría me señala que esa moción está en proceso de análisis en cuanto a su admisibilidad. Esa es la razón por la cual aún no se incorpora en la Cuenta.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente , quiero saber si la Secretaría y el equipo técnico que respalda a la Mesa para estos efectos tienen un plazo preciso para resolver sobre dicha admisibilidad. Lo pregunto porque la sapiencia, la experiencia y el conocimiento que cada uno de ellos tiene -que a mí me complace- habitualmente les permite resolver materias como esta muy rápidamente. Me llama la atención que en este caso en particular esa experiencia, sapiencia y conocimiento no haya sido suficiente.
Por ello, quiero saber si ha habido un traspié desde ese punto de vista. ¿Hay algún factor de desconocimiento o algún factor exógeno que pudiera estar influyendo en este caso? Me parece que resolver esta materia es tan simple, dado que hay tanta experiencia acumulada, tanto texto, tantos años de experiencia. Quiero saber si hay que preguntarle a alguien exógeno a la Cámara de diputados para solucionar el inconveniente. Estoy dispuesto a colaborar en aquello.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , me señala la Secretaría que no existe ningún plazo predeterminado para efectos de definir la admisibilidad de la moción. No obstante, mediante un oficio de la Mesa, se declarará la admisibilidad o no de la moción, tras lo cual los interesados podrán señalar el día en que quieran que se incorpore en la Cuenta para discutir su admisibilidad.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente , quiero agregar que, desde mi modesta formación jurídica en una de las universidades tradicionales de este país -no sé si eso será un mérito o un demérito-, entiendo que cuando la ley no fija plazo, el plazo es inmediato. Es lo que aprendí de tratadistas muy importantes. En consecuencia -insisto-, no veo razón alguna para no se haya dado cuenta del proyecto en la sesión de hoy.
Reitero, si hay que acompañar algún antecedente académico al respecto, no tengo inconveniente en hacerlo. Pero, usualmente, ha sido fácil resolver este tipo de situaciones. Me llama la atención lo que está ocurriendo. Espero que no sea otra la razón.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, es cierto que el Reglamento no dice nada acerca del tiempo que la Mesa puede disponer para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de una iniciativa.
Conozco solo un proyecto, del cual soy autor, cuya declaración de admisibilidad todavía está pendiente; pero ese trámite fue acordado con el Presidente . Esa declaración de admisibilidad lleva meses en estudio, lo que está perfectamente bien. No obstante, la práctica inveterada de la Cámara -el Secretario debería corroborarlo- es que a la sesión siguiente de ingresada una moción, la Mesa dé cuenta de ella, haciendo presente si se declara o no admisible, a fin de someter el asunto a la consideración de la Sala. De lo contrario, la presentación de las mociones quedaría al arbitrio de la Mesa, la cual tampoco tiene esa facultad según el Reglamento.
No conozco otros casos -quizás el señor Secretario recuerde alguno- en los que la admisibilidad de los proyectos haya permanecido largo tiempo en estudio, sin la venia de los autores. El único caso que reconozco es la moción a que hice referencia, de la cual soy autor.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señores diputados, la Mesa tomará todas las medidas para que el trámite de incorporación de ese proyecto en la Cuenta se efectúe lo antes posible.
Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , me llama profundamente la atención que ese proyecto haya sido sometido a un proceso de análisis de admisibilidad, porque de su sola lectura queda de manifiesto que su objetivo no es crear una administradora de fondos de pensiones estatal, sino otorgar una facultad al Estado para hacerlo.
De manera que perfectamente podría haberse incorporado a la lista de proyectos que podríamos haber tratado, sin necesidad de que hubiera pasado por el proceso previo de estudio de su admisibilidad.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , quiero sumarme a la aprensión planteada por el diputado Osvaldo Andrade , porque hay algo que me llama la atención en forma particular.
El diputado Marcelo Schilling tuvo la gentileza de invitarme a patrocinar un proyecto de ley, a lo cual accedí diez minutos antes de ingresar a la Sala. De dicho proyecto se dio cuenta en esta sesión. Sin embargo, la interesante iniciativa a que ha hecho referencia el diputado Andrade , ¡oh, sorpresa!, está siendo sometida a un análisis mayor, en circunstancias de que es la Sala la que debe opinar si se estima inadmisible.
Por eso, señor Presidente , formalmente le pido que instruya a la Secretaría en orden a que en el curso de esta sesión se dé cuenta de ese proyecto, porque carece de sentido el no hacerlo. Su no presentación lo único que hace es abrigar sospechas de que hay otras razones para no dar cuenta del mismo.
Esa es mi petición concreta.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señores diputados, se instruirá a la Secreta-ría que trate este asunto y haga lo posible por incorporar ese proyecto a la Cuenta, si así lo amerita.
El señor LEÓN.- Señor Presidente, tiene que recabar el acuerdo de la Sala para incorporarlo a la Cuenta.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , antes de eso, vamos a pedir que la Secretaría indague cuál es la situación del proyecto. Una vez que lo tengamos claro, se recabará el acuerdo de la Sala para incorporarlo a la Cuenta.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente , le puedo evitar esa tarea. No tiene para qué encargarle a nadie indagar, porque el proyecto es muy simple. Fue presentado ayer, donde corresponde, y hoy debería figurar en la Cuenta. Es tan simple como eso. No hay muchos metros desde la Oficina de Partes hasta acá: menos de cien. Por tanto, no hay nada que indagar, salvo que alguien se lo haya llevado o que esté afectando a una AFP en particular. No lo sé; pero no hay nada que indagar. Lo digo para que se evite una tarea.
He dicho.
-o-
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Solicito la autorización de los señores diputados para que ingrese a la Sala el señor Leonardo Palma, arquitecto experto en sonido, quien está efectuando los estudios del audio para la Sala, a fin de hacer las modificaciones que se requieren en febrero.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE CESIÓN DE TERRENOS APLICABLE A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN A FIN DE MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO. Primer trámite constitucional. Continuación. (Sobre Tabla).
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).-
Corresponde rendir el informe, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.
diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Pedro Velásquez.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 8493-14, se inició en la sesión 131ª, en 23 de enero de 2013.
El señor RECONDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor VELÁSQUEZ (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que
modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, calificado con urgencia simple.
Debo aclarar que este proyecto fue votado sin discusión y aprobado por mayoría de votos en la sesión ordinaria de ayer. No obstante, y al calor de la discusión del proyecto sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, se omitió la entrega de su informe.
Por eso, agradezco a la Mesa por permitir que en la presente sesión se cumpla con ese procedimiento y se entregue el informe, a fin de que los señores parlamentarios conozcan esta importante iniciativa que, por una parte, significará mejorar la parte urbana de nuestras ciudades y, por otra, permitirá la concreción de proyectos que irán en directo beneficio de los vecinos de las distintas comunas.
El informe que se somete a la aprobación de la Sala fue tratado y acordado luego de un total de ocho sesiones, destinadas íntegramente a la discusión de este proyecto, con la importante participación de las diputadas señoras Cristina Girardi , Claudia Nogueira y Denise Pascal , y de los diputados señores Pedro Browne, René Manuel García , Romilio Gutiérrez , Patricio Hales , Carlos Abel Jarpa , Juan Carlos Latorre , Roberto León , Iván Norambuena , Felipe Salaberry y Pedro Velásquez. Participaron, además, los diputados, no integrantes de la Comisión, señores Carlos Montes y Felipe Ward .
Hago presente que, con el objeto de realizar un estudio acabado de la materia, durante la discusión general del proyecto la Comisión contó con la importante colaboración del ministro de Vivienda y Urbanismo , señor Rodrigo Pérez Mackenna ; del señor José Ramón Ugarte , asesor legislativo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; de la señora Pía Mora Camus , coordinadora del Programa Pro Urbana del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; del señor Iván Poduje Capdeville , arquitecto y Magister en Desarrollo Urbano; del señor Fernando Herrera , presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción , y de la señora Sandra Gysling , asesora urbanista de la Ilustre Municipalidad de Santiago .
En nuestro país, desde la promulgación de la primera ley sobre construcciones y urbanización, dictada en 1931, se estableció que cualquier proyecto debía contemplar cesiones gratuitas de una parte del terreno para ser destinado a calles, plazas y edificaciones de equipamiento que complementaran las construcciones del propio proyecto.
Posteriormente, el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, introdujo en la materia un cambio relevante consistente en delegar al reglamento de la ley, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el monto de las cesiones obligatorias de terreno.
La disposición quedó recogida en el artículo 70 de la ley con el siguiente texto:
“En toda urbanización de terrenos, se destinarán gratuitamente a circulación, áreas verdes y equipamiento las superficies que señale la Ordenanza General. En estas superficies quedarán incluidas las correspondientes áreas verdes de uso público, ensanches y apertura de calles que se contemplaren en el Plan Regulador. La Municipalidad podrá permutar o enajenar los terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar las obras correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados.
La exigencia establecida en el inciso anterior será aplicable proporcionalmente en relación a las densidades que establezca el Plan Regulador, bajo las condiciones que determine la Ordenanza General de esta ley.”.
Como consecuencia de la norma citada, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece exigencias de cesiones gratuitas de terreno para los dos casos que se definen en el artículo 2.2.1 de la Ordenanza:
1) El crecimiento urbano por extensión y/o densificación, que requerirá previamente de la dotación o incremento de la respectiva urbanización; y
2) La densidad que establezca el instrumento de planificación territorial respectivo.
En ambos casos se establece:
“Para satisfacer las necesidades de áreas verdes, equipamiento, actividades deportivas y recreacionales y circulación que se generen por el crecimiento urbano, sea por extensión y/o por densificación, se cederán gratuitamente las superficies de terreno que resultan de la aplicación de los porcentajes indicados en las tablas siguientes, según los usos de suelo señalados.”.
En seguida, se dispone que dichas cesiones de terreno corresponderían, según la densidad del proyecto, hasta un 44 por ciento de la superficie de terreno del proyecto, porcentaje que se descompone en hasta 10 por ciento para áreas verdes, hasta 4 por ciento para equipamiento municipal y hasta 30 por ciento para vialidad. El porcentaje específico exigible a cada proyecto se determina sobre la base de la cantidad máxima de habitantes que el respectivo Plan Regulador establecía según la superficie de terreno del proyecto, lo que técnicamente se conoce como “densidad”.
Por último, el decreto N° 59, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 2001, que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, estableció la obligación de que determinados proyectos de densificación deban, antes de obtener su correspondiente permiso de edificación, aprobar un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), que se traduce en el compromiso del propietario del proyecto a la ejecución de obras en la vialidad vinculada al proyecto. Según se explica en el mensaje que dio inicio a esta iniciativa, opinión reforzada por los expertos que escuchó la Comisión, no resulta del todo adecuada ni suficiente para abordar el tema del equilibrio que debe existir entre los proyectos de construcción y el espacio público con el que se relacionan.
Contenido del proyecto.
En materia de aportes para el espacio público, la propuesta de la presente iniciativa contiene dos objetivos principales:
1) Generar un sistema que posibilite las cesiones de terrenos por todos los proyectos de construcción, incluidos los edificios y proyectos tales como los centros comerciales o de servicios, y otras edificaciones que por su envergadura o características requieren de un mejoramiento o aumento de capacidad del espacio público y equipamiento.
2) Obtener un mejoramiento del espacio público. Esto se obtiene con una serie de modificaciones legales, constituyendo las más importantes las siguientes:
Ley General de Urbanismo y Construcciones:
a) Nuevas formas de aportes al espacio público.
Para estos efectos, se crea un párrafo que contiene los artículos 70 bis a 70 bis F, denominado “Del cumplimiento de las cesiones mediante aportes al espacio público.”.
En este nuevo párrafo se destaca la posibilidad de que las cesiones de terreno se puedan cumplir pagando el valor equivalente al terreno a ceder a la municipalidad respectiva, ya sea en dinero o mediante la ejecución de obras, valorizadas de acuerdo a la Ordenanza General.
En caso de pagos en dinero, los fondos que las municipalidades recauden deberán administrarse en cuenta aparte y solo podrán destinarse para ejecución de obras identificadas en un Plan de Inversiones en el Espacio Público, que deberá elaborar cada municipalidad sobre la base del Plan Regulador Comunal, que deberá incluir, al menos, la totalidad de las afectaciones de utilidad pública contempladas en el citado Plan, las obras viales asociadas a los futuros proyectos de densificación y una priorización de las obras.
Fruto de una indicación presentada por todos los miembros de la Comisión, se aprobó una norma -artículo 70 bis D)- según la cual los Planes de Inversiones en el Espacio Público requerirán autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo previa consulta al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, en sesión citada expresamente para este efecto.
En este punto, quiero recalcar que en todo proyecto que ingrese a la municipalidad, y cuyo pago sea en dinero, se debe llevar a cabo previamente un plan o un proyecto con todas las obras; pero estas obras no serán tratadas solamente entre el alcalde y el concejo, sino que previamente deberán ser consultadas al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil en sesión citada expresamente para este efecto.
En caso de pago mediante la ejecución de obras, estas deberán formar parte del Plan de Inversiones y se deberán ejecutar o garantizar antes de la recepción definitiva de la construcción.
En el caso de una obra que involucre a más de una comuna, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo establecerá la proporción del aporte que corresponderá a cada comuna.
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Se establece un nuevo artículo 5° bis, según el cual los fondos que la municipalidad recaude por concepto de aportes al espacio público, a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, podrán ser administrados por ella directamente o delegar su administración a otra entidad pública o privada. Además, se limita la administración de los fondos a que se refiere el presente artículo a materializar el Plan de Inversiones en el Espacio Público, a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria.
Se reemplaza el artículo 8°, de manera que los condominios de viviendas sociales de hasta tres pisos de altura deberán contar, a lo menos, con un estacionamiento cada dos viviendas, sin perjuicio de las excepciones que contemple el respectivo plan regulador.
¿Por qué es importante este último artículo? Porque hoy las viviendas sociales mayoritariamente no consideran estacionamientos de vehículos para sus propietarios. Por lo tanto, esta disposición viene a ser un hecho de justicia, pues a contar de ahora el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, deberá exigir que los distintos proyectos no puedan ser recibidos si no cuentan con, a lo menos, un estacionamiento cada dos viviendas en los edificios de hasta tres pisos.
Por los antecedentes expuestos, la Comisión propuso la aprobación de esta importante iniciativa legal, que constituye uno de los avances más importantes en materia de urbanismo para nuestro país. Este proyecto es fruto del trabajo mancomunado de todos sus integrantes a través de la presentación de indicaciones consensuadas, lo que permitirá que contemos con una ley de calidad.
Cabe señalar que el proyecto fue aprobado por amplia mayoría, es decir, por 84 votos en la votación en general y por 80 votos en la particular.
Quiero manifestar mi especial agradecimiento a quienes trabajaron incansablemente para llegar a acuerdos y aprobar el proyecto en forma unánime. A saber, los diputados señores Pedro Browne y Juan Carlos Latorre y las diputadas señoras Claudia Nogueira y Denise Pascal , autora de la indicación que establece que los proyectos no solo deben pasar previamente por el concejo, sino que también por una consulta previa al consejo comunal de organizaciones de la sociedad.
Asimismo, agradezco al diputado señor Carlos Montes, quien, aunque no es integrante de la Comisión, colaboró permanentemente.
Finalmente, agradezco muy especialmente al arquitecto y colega señor Patricio Hales por su permanente contribución y sobre todo por la claridad de sus aportes para que el proyecto se convierta pronto en ley de la República. Estamos ante una iniciativa que mejorará la calidad de vida de las personas y permitirá que los municipios cuenten con mayores recursos -siempre son escasos- para concretar las obras que deban realizar.
He dicho.
CREACIÓN DE SISTEMA “ELIGE VIVIR SANO”. Primer trámite constitucional.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto, iniciado en mensaje, que crea el Sistema “Elige Vivir Sano”.
diputados informantes de las Comisiones de Salud, Especial de Deportes, y de Hacienda son los señores Enrique Accorsi, Manuel Rojas y Alberto Robles, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8749-11, sesión 117ª, en 20 de diciembre de 2012. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 131ª, en 23 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 10.
-Informe de la Comisión Especial de Deportes y Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 y 6, de este Boletín de Sesiones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Salud.
El señor ACCORSI (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que crea el Sistema “Elige Vivir Sano”, iniciado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República .
La idea matriz del proyecto es crear el denominado Sistema “Elige Vivir Sano”, como modelo de gestión pública, integrado por un conjunto de políticas, planes y programas ejecutados por distintos organismos del Estado, destinados a contribuir a generar hábitos y estilos de vida saludables que permitan disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles. Dichas enfermedades, como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la obesidad y el sedentarismo, le cuestan al país cerca de 10 mil millones de dólares anualmente.
Para lograr esos objetivos, se elaboró un programa intersectorial que, a nuestro juicio, va en el sentido correcto de las políticas públicas, a fin de que el tema no solo dependa del Ministerio de Salud, sino que también de otras instancias que permitan logar un mejor resultado.
Fundamentos del proyecto contenidos en el mensaje.
La idea es poner este programa a disposición de la ciudadanía. En Chile se da la paradoja de que teniendo excelentes indicadores en materia de perspectiva de vida, baja mortalidad materno-infantil y superación de la desnutrición, existen hábitos que no contribuyen a una vida sana. Los chilenos somos los más sedentarios de toda América y prácticamente del mundo. Tenemos los índices de tabaquismo y de alcoholismo en los jóvenes más altos del mundo, lo que tiene una fuerte incidencia en las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer, la hipertensión y los problemas cardiovasculares. Asimismo, el tabaquismo afecta a casi la mitad de la población.
Según datos de la OMS, esas enfermedades representan el 83 por ciento de las muertes, las cuales se producen por alteraciones metabólicas graves, como la tensión arterial alta.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud de 2009-2010, el porcentaje de chilenos mayores de 15 años que presentan sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida constituyen el 66,7 por ciento, y las personas denominadas sedentarias, es decir, que en el tiempo libre no hacen actividad física al menos durante 30 minutos y tres veces por semana, constituyen casi el 90 por ciento.
Por otra parte, existe una correlación entre la desigualdad y la obesidad, ya que en los lugares en que hay más pobreza, menos años de escolaridad y mayor vulnerabilidad, hay más obesidad, menos actividad física y mayor cantidad de enfermedades no trasmisibles. Asimismo, es en estos focos en los que una muerte prematura de quien lleva el sustento del hogar puede dejar a una familia con graves carencias.
Este proyecto surgió a raíz de un programa impulsado por la Primera Dama . Es así que, de manera transversal, diputados de todas las bancadas concordaron en respaldar que dicho programa se transformara en una política pública mediante un proyecto de ley.
Es muy importante la misión de esta iniciaitiva: generar hábitos saludables a través de la información y la educación, con participación de las comunas y regiones. Entre dichos hábitos, cabe mencionar el comer sano, mover el cuerpo y disfrutar en familia al aire libre. La idea es que el Sistema “Elige Vivir Sano” se transforme en una verdadera opción.
De acuerdo con las intervenciones que hemos realizado en las comisiones de Salud, Especial de Deportes y de Hacienda, ojalá que en el segundo trámite en el Senado se destinen más recursos a esta iniciativa. Eso es perfectamente factible. Por ejemplo, se podría establecer que por cada región exista un coordinador del Sistema “Elige Vivir Sano” con su equipo, para que trabajaran en conjunto con los gobiernos regionales, de modo de dar mayor celeridad a este proyecto. Ello no está contemplado dentro de su financiamiento.
Señor Presidente , como esta es la última sesión ordinaria de este año, la aprobación de este proyecto sería una muy buena noticia. Reitero, hemos apoyado esta iniciativa de manera transversal y con mucha fuerza, porque creemos que va en la dirección correcta de tener políticas públicas estables en el tiempo en esta materia, cuyo financiamiento se puede ir mejorando en los próximos presupuestos. La idea es contar con una herramienta para combatir las enormes desigualdades que existen en Chile. Queremos que las personas, sobre todo los jóvenes del país, tengan una opción para tener una mejor calidad de vida.
Por eso, estoy seguro de que los diputados de todas las bancadas apoyarán el proyecto.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión Especial de Deportes.
El señor ROJAS (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión Especial de Deportes, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que crea el Sistema “Elige Vivir Sano”, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , con urgencia calificada de “suma”.
La idea matriz del proyecto es crear este sistema como modelo de gestión pública integrado por un conjunto de políticas, planes y programas ejecutados por distintos organismos del Estado, destinados a contribuir para generar hábitos y estilos de vida saludables que permitan disminuir los factores y las conductas de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles.
Las estadísticas en esta materia han generado alarma pública, ya que la mayor parte de la población no lleva un estilo de vida sana. Es una situación compleja que debemos enfrentar con decisión, dado que hoy no solo existe obesidad y sobrepeso en los jóvenes, sino que también sedentarismo y hábitos perniciosos, como el tabaquismo, los cuales están generando un problema muy complejo en materia de salud de nuestra comunidad.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles en Chile representan el 83 por ciento de las muertes producidas por hipertensión y obesidad.
La Encuesta Nacional de Salud de los años 2009-2010 estimó que el porcentaje de chilenos de 15 años que presentan sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida es de 66,7 por ciento de la población, y que las personas denominadas sedentarias alcanzan el 88,6 por ciento. Además, el 35,3 por ciento de los chilenos tiene prevalencia de Síndrome Metabólico, lo cual, sin duda, está afectando el desarrollo de nuestra población, especialmente de nuestra juventud.
El mensaje explica que existe una correlación entre la desigualdad y la obesidad, tema que debemos enfrentar, ya que en los lugares en que hay más pobreza, menos años de escolaridad y mayor vulnerabilidad, hay más obesidad, menos actividad física y mayor cantidad de enfermedades no trasmisibles.
Este proyecto tiene por objeto promover hábitos y estilos de vida saludables, entendiendo por esto aquellos que promueven una alimentación saludable, el desarrollo de la actividad física, la vida familiar y las actividades al aire libre, como también las conductas y acciones que tengan por finalidad contribuir a prevenir, mitigar o revertir los factores y conductas de riesgo para la salud o el bienestar físico.
De esta manera, se pretende que los órganos de la Administración del Estado, con competencia en materias vinculadas a promover hábitos y estilos de vida saludables, procuren incorporar en sus políticas planes, programas y medidas que tengan por finalidad la promoción de dichos hábitos y estilos de vida.
Con esta finalidad, mediante esta iniciativa se propone crear y regular el Sistema “Elige Vivir Sano”, cuya administración, coordinación, supervisión y evaluación de su implementación corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales, salvo respecto de la evaluación, la que se realizará a través de la Subsecretaría de Evaluación Social.
Las políticas, planes y programas que sean parte del Sistema “Elige Vivir Sano” tendrán uno o más de los siguientes objetivos: fomento de la alimentación saludable; promoción de prácticas deportivas; difusión de las actividades al aire libre; actividades de desarrollo familiar; recreación y manejo del tiempo libre; acciones de autocuidado; medidas de información, educación y comunicación.
Además, deberán cumplir los siguientes requisitos para formar parte del Sistema: diseñar y llevar a cabo iniciativas que cumplan algunos de los objetivos precedentes; considerar para sus programas procedimientos de registros de información de beneficiarios y postulantes, que permitan la medición y evaluación, a lo menos, de procesos y resultados tales como cobertura, eficacia y calidad de los programas; contar con un financiamiento apropiado para enfrentar un tema bastante alarmante, cual es el sobrepeso y la obesidad mórbida, especialmente en nuestra juventud. Así lo señalan las estadísticas.
Por lo tanto, si no hay cambios de conducta en nuestra sociedad, lo que tenemos que hacer en el plano legislativo es influir para que esas conductas se orienten en el sentido que todos queremos: el cuidado de la salud.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ROBLES (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , que crea el Sistema “Elige Vivir Sano”, con urgencia calificada de “suma”, y que fue tratado por la comisión en su sesión de 23 de enero de 2013, con la asistencia de los diputados señores Ernesto Silva ( Presidente ), Pepe Auth , Enrique Jaramillo , Pablo Lorenzini , Carlos Montes, José Miguel Ortiz , Alberto Robles y Gastón von Mühlenbrock .
Concurrió, además, el diputado señor Enrique Accorsi .
El proyecto de ley en comento tiene por objeto promover hábitos y estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, a través de la creación del Sistema “Elige Vivir Sano”, que es un modelo de gestión constituido por políticas, planes y programas elaborados y ejecutados por distintos organismos del Estado, dentro de ellos el Ministerio de Salud, destinados a contribuir a generar hábitos y estilos de vida saludables y a prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades no trasmisibles.
Dentro de las políticas, planes y programas que sean parte del Sistema “Elige Vivir Sano” hay varios objetivos, tales como fomento de la alimentación saludable; promoción de prácticas deportivas; difusión de actividades al aire libre; actividades de desarrollo familiar; recreación y manejo del tiempo libre; acciones de autocuidado; medidas de información, educación y comunicación de hábitos y prácticas saludables; contribuir a disminuir obstáculos que dificultan el acceso a hábitos y estilos de vida saludables de las personas más vulnerables.
Por cierto, uno de los aspectos que se destacó en la discusión fue que, al parecer, este es un proyecto solamente sanitario; sin embargo, de acuerdo con la discusión, existe una correlación muy alta entre desigualdad y los aspectos que estamos tratando, ya que en los lugares en que hay más pobreza, menos años de escolaridad y mayor vulnerabilidad, paradójicamente, hay más obesidad, menos actividad física y mayor cantidad de enfermedades no trasmisibles. Por lo tanto, desde un punto de vista sanitario, esas poblaciones tienen más posibilidades de muerte prematura, lo que puede afectar el sustento de esas familias, con las graves consecuencias que ello implica, o donde una enfermedad puede significar un costo económico inabordable.
Lo más relevante que se discutió en particular en la Comisión de Hacienda fue la poca cantidad de recursos asociados al programa. De hecho, el diputado señor Pablo Lorenzini presentó un indicación, que fue declarada inadmisible, en la que planteaba que era necesario que el gasto fiscal no sea inferior a 1.000 millones de pesos.
Además, en la discusión se hizo presente que, como era un programa relevante e importante, en que todos los parlamentarios de la comisión, transversalmente, apoyaron la iniciativa de la Primera Dama , era necesario que este sistema contara con el financiamiento adecuado para satisfacer sus requerimientos, para que no quede simplemente como un intento de dejar en la ley aspiraciones desde el punto de vista teórico, sino más bien implementarlas en términos prácticos, para lo cual se requiere mayor financiamiento que el señalado en el proyecto. Ojalá podamos conseguir desde el Ministerio de Hacienda un presupuesto significativo para apoyar proyectos como este.
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, pero emitió un certificado.
Para finalizar, hago presente que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año de su entrada en vigencia, considerando su efecto en el año completo, tiene un costo aproximado de 417.749.000 pesos, correspondientes a la implementación de la Secretaría Ejecutiva, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social, y se financiará con recursos provenientes de la partida Tesoro Público.
La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes, con la abstención del diputado Lorenzini, por las razones expresadas anteriormente.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , por su intermedio, saludo a nuestro excolega, hoy flamante ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn , quien seguramente hará recuerdos de su paso por esta Cámara, como lo hace cada vez que le corresponde asistir a esta Corporación como representante del Ejecutivo. Lo saludo con gran aprecio, que siempre ha correspondido a quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él.
Como hombre muy profesional en materias económicas, el señor ministro subrogante seguramente concordará con quien habla. Según las normas que reglan la economía, este proyecto en discusión no es muy adecuado -estoy hablando en forma muy personal- en cuanto a su forma de financiamiento. Quiero una opinión más clara del Ejecutivo sobre la forma en que se financiará el sistema y el modelo a utilizar, ya que, a la fecha, el Ejecutivo se ha constituido más bien en un facilitador de donaciones para la empresa privada. Además, me interesa que haga alusión a las evaluaciones que se han efectuado del programa, algo que está un tanto en penumbras.
Por lo tanto, antes de profundizar sobre el proyecto, confieso que estoy algo confundido respecto al informe financiero.
Por ejemplo, en 2012, el Sistema “Elige Vivir Sano” contó con un aporte de 411 millones de pesos provenientes de la Presidencia de la República , destinado a recursos humanos, bienes y servicios.
El informe financiero, firmado por el señor Guillermo Pattillo , director de Presupuestos subrogante , señala: “El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, durante el primer año de su entrada en vigencia, considerando su efecto en el año completo, tiene un costo aproximado de $ 417.749 miles, correspondiente a la implementación de la Secretaría Ejecutiva dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social…”. Pero, si vamos al análisis más profundo de los costos y del financiamiento de este proyecto, los colegas constatarán que en 2011, por ejemplo, Cencosud donó 400 millones de pesos; Unimarc, 400 millones de pesos; Montes-Luchetti , 400 millones de pesos; Carozzi, 300 millones de pesos, etcétera. Esos montos suman 1.700 millones de pesos en ese año.
En el 2012, Cencosud aporta 250 millones de pesos; Ideal, 225 millones de pesos; Luchetti, 200 millones de pesos, etcétera. Las donaciones de empresas durante ese año suman 1.375 millones de pesos.
Entonces, si hablamos de un proyecto de ley financiado con recursos fiscales por un monto de 417 millones de pesos, entonces algo no está bien. ¿Qué pasa si Cencosud, Unimarc o Luchetti, etcétera, no donan los mismos millones de pesos que han donado en los años 2011 y 2012? El informe financiero aparece un tanto desordenado, por decir lo menos. No quiero exigir una explicación, pero me parece que los economistas que elaboraron este informe en la Dipres, a lo mejor, no se percataron del detalle de las donaciones, para incorporarlas en el proyecto.
Esa situación me crea cierta dificultad. El diputado Lorenzini pretendió intervenir para que se entregaran más recursos -me parece que habló de 1.000 millones de pesos- al proyecto a través de una indicación.
En cierto modo, esta iniciativa es el reflejo de la calidad de vida que hoy existe en el país. De acuerdo a los antecedentes que se acompañan al proyecto de ley, el 83 por ciento de las enfermedades que padecen nuestros compatriotas son no transmisibles. Lo expresó muy bien el diputado Enrique Accorsi , informante de la Comisión de Salud. Es decir, no provienen de epidemias ni pandemias, sino que son el resultado del estilo de vida de los chilenos en la actualidad, situación de mucha gravedad.
Ante esta realidad, se deben adoptar medidas desde el sector público, lo que se está haciendo. Por ello, corresponde que se implementen programas tendientes a crear hábitos que promuevan estilos de vida saludables que combatan especialmente la obesidad, el tabaquismo, la drogadicción, el alcoholismo, el sedentarismo, etcétera. Es decir, es necesario establecer mecanismos que fomenten el vivir sano entre los chilenos, de manera de mantenernos mejor y, además, rebajar los altos costos que implican las enfermedades asociadas a ese estilo de vida, que implican, como sabemos, un elevado gasto para quienes las padecen y para el sistema público de salud que, de acuerdo a lo señalado por el diputado Enrique Accorsi , alcanzaría a alrededor del 4 por ciento del producto interno bruto. Es una gran suma, difícil de aceptar; sin embargo, los profesionales técnicos en la materia, como el doctor Enrique Accorsi , constantemente nos han dado a conocer esa realidad. Recuerdo haber discutido también sobre este punto con el diputado Robles , también médico, porque para el que habla no es creíble la cifra de un costo de 4 por ciento del PIB para el Estado de Chile.
No sé si era necesario un proyecto de ley para establecer una política pública al respecto. Esa es otra situación que me provoca alguna interrogante. Quizás bastaba con hacer uso de la potestad reglamentaria del Presidente de la República ; pero el hecho de presentar un proyecto de ley nos indica también la relevancia que se quiere dar al tema y la importancia que tiene para el país el problema de los malos hábitos en el vivir, especialmente en relación con la alimentación, tema sobre el cual tanto ha luchado el senador Guido Girardi .
He conversado con profesores que trabajan en la promoción de la educación física, especialmente con mi colega Manuel Rojas, quien fue maestro y, por lo tanto, está consciente de la necesidad de fomentar la educación física en los colegios. Ahí hay una parte interesante que también deberíamos haber mencionado en este proyecto.
Espero que esta política pública que hoy intentamos materializar en una ley tenga el éxito esperado. Ello va a depender mucho de la capacidad de gestión de quienes la desarrollen e implementen, así como de que las empresas cumplan con los requisitos para que puedan formar parte del sistema. Pero, por sobre todo, va a depender de la capacidad para hacer que los chilenos y chilenas se convenzan de que el vivir sano es bueno para ellos, para sus familias y para el país, en general.
Reitero mi asombro ante la cifra de 4 por ciento del producto interno bruto que representan enfermedades como la obesidad, el tabaquismo, etcétera.
Finalmente, anuncio que apoyaré esta iniciativa, con las interrogantes que he planteado. Espero que en algún minuto, para la historia fidedigna de la ley -como dice nuestro apreciado diputado José Miguel Ortiz-, se recaben antecedentes sobre este tema que, sin lugar a dudas, necesariamente tiene que mejorarse.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Presidente , en primer lugar, saludo al ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn .
Como miembro de la Comisión Especial de Deportes de esta Cámara, que ayer aprobó por unanimidad este proyecto de ley, quiero manifestar mi apoyo entusiasta a esta iniciativa, que ya no solo va a consistir en un programa de gobierno, sino en una ley que establece el Sistema “Elige Vivir Sano” de manera orgánica.
También deseo felicitar a la esposa del Presidente de la República , a la Primera Dama , la señora Cecilia Morel , la gran impulsora de este programa, que se busca institucionalizar a través de este proyecto de ley. Felicito también al diputado Enrique Accorsi por su propuesta para que la Comisión Especial de Deportes también conociera el proyecto, y no solo lo tratara la Comisión de Salud, lo cual se debe a la importancia y relación que tiene este sistema creado por ley con el deporte.
¿Por qué se relaciona con el deporte? Porque en el artículo 4° del proyecto se mencionan los objetivos de las políticas, planes y programas que serán parte del Sistema “Elige Vivir Sano”, entre los cuales se destacan la “promoción de prácticas deportivas: aquellas que fomenten el ejercicio y la actividad física como elementos fundamentales de la salud y el bienestar.”. Este objetivo nos parece del todo coherente, porque bien sabemos que, en la prevención en salud, la alimentación sana y el deporte juegan un rol fundamental. No puede entenderse un objetivo sin lo otro. De nada sirve la alimentación saludable si no va acompañada de actividad física y viceversa.
Esto tiene mucha relación con el proyecto que crea el Ministerio del Deporte, que ayer aprobó el Senado en general, en segundo trámite. Precisamente, una de las funciones del Ministerio del Deporte será fijar políticas y planes tendientes a fomentar la práctica deportiva a nivel nacional, que deberán ser implementados por otros órganos, como el Instituto Nacional de Deportes (IND). De manera que si aprobamos este proyecto, estaremos dando un paso muy importante.
En esta materia, los privados también tendrán algo que decir, toda vez que se podrán establecer convenios con las empresas de alimentos, para que sus productos lleven el sello “Elige Vivir Sano”, para que sean reconocidos por los consumidores, quienes tendrán la confianza de saber que existe una certificación que asegura que esos alimentos son bajos en colesterol, en sodio, etcétera. Para quienes somos padres de familia, esa certificación nos entregará mayor confianza.
Los diputados informantes nos han señalado que Chile es uno de los países con más altos índices de enfermedades cardiovasculares. Además, tenemos altas tasas de enfermedades mentales, entre ellas los trastornos de ansiedad. Somos uno de los países con más altos índices de depresión en toda América Latina.
Por eso pienso que con el Ministerio del Deporte y el Sistema “Elige Vivir Sano” estaremos constituyendo el círculo virtuoso, como parte de la prevención en salud. Bien sabemos que por cada peso que invertimos en promoción de salud, base de la salud primaria, nos ahorramos aproximadamente 10 pesos en rehabilitación, con todas sus consecuencias.
Confío en que no nos agotemos con este esfuerzo y lo complementemos con una verdadera política nacional de inversión en infraestructura deportiva. El esfuerzo que se está haciendo a través del concurso Chilestadios, en cuanto a invertir también en el fútbol amateur, que cuenta aproximadamente con 2 millones de miembros activos, y no solo en el profesional, va en la dirección correcta.
Si somos capaces, como política de Estado, de lograr que en cada población, en cada junta de vecino, haya multicanchas y parques iluminados, no solo estaremos dando un paso efectivo para recuperar los espacios públicos para los vecinos, para las familias, sino que también estaremos ayudando en la promoción de “Elegir Vivir Sano”, de abandonar el sedentarismo, para abrazar con confianza un estilo de vida más saludable, en el que el deporte ocupa un lugar fundamental.
Por esa razón, la Comisión de Deportes aprobó por unanimidad el proyecto de ley, y espero que lo mismo haga la Sala.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, me alegra discutir un proyecto de ley que procura cambios sustanciales en las conductas de vida de los chilenos, sobre todo cuando conocemos los datos que se nos entregaron en los informes sobre lo que sucede en el país, especialmente en nuestra juventud.
Además de la presencia del ministro de Hacienda subrogante, hubiera deseado que estuviera presente también el subsecretario de Deportes, para que se entendiera la importancia de contar con un Ministerio del Deporte.
Las políticas públicas en materia deportiva son fundamentales en el desarrollo formativo de la comunidad. El deporte -o la actividad física, en general- es el pilar más importante para combatir el sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso, flagelos que están afectando al mundo entero y que tienen el carácter de pandemia. Por lo tanto, tenemos que hacerle frente como un tema país.
Nos gusta mucho aparecer en las estadísticas internacionales y compararnos con otros países, pero, en este caso, somos el quinto país con mayor obesidad en nuestra juventud. Repito: ¡el quinto país en el mundo! Esta cifra es alarmante. Por lo tanto, con cualquier iniciativa legislativa que tenga por finalidad cambiar conductas y promover hábitos y estilos de vida saludables, podemos sentirnos satisfechos. Ahora, siento la misma incomodad que planteó el diputado Jaramillo en cuanto al financiamiento del proyecto.
Es de vital importancia contar pronto -desde hace mucho tiempo, vengo dando una lucha en tal sentido- con el Ministerio del Deporte. Siempre he sostenido que el deporte cambia las conductas en áreas sensibles de la comunidad, como la educación. Ahora se aplica la evaluación Simce de educación física -lamentablemente, nunca se hizo antes- en estudiantes de octavo básico. La muestra arrojó que el 40 por ciento de nuestros niños de octavo básico tiene sobrepeso u obesidad mórbida y que solo dos de cada diez niños hacen deporte. Y para qué hablar de la calidad de la alimentación, con alto contenido en grasas y sodio.
Tenemos por delante un gran desafío de salud pública, particularmente con la salud de nuestra juventud. Si al sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso le sumamos el tabaquismo y el alcoholismo, en el corto plazo, nuestra juventud estará muy amenazada por las enfermedades y, lamentablemente, por la muerte.
Por lo tanto, tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y este proyecto, que va en la dirección correcta, es necesario, y lo vamos apoyar.
Es cierto que se necesitan más recursos. Al respecto, recuerdo que hace un par de años, con el diputado Ascencio , fuimos gestores de una glosa -no de una ley-, que se incluyó en la Ley de Presupuestos y que está vigente, para que los gobiernos regionales, a través del FNDR, destinen el 2 por ciento al desarrollo de actividades deportivas. Por lo menos logramos que se incluyera una glosa presupuestaria, que se mantiene hasta hoy, que me parece bastante positiva.
Por otro lado, es importante que el representante del Ejecutivo recoja la recomendación de que hay que evaluar los programas. Tenemos una jornada escolar completa que buscaba que nuestros alumnos se mantuvieran en el colegio desde las 8.00 hasta las 16.00 horas, porque sabemos que ahí se acorta la brecha social: todos tienen computador, todos tienen acceso a internet y todos estudian las mimas materias; pero, al volver a su hogar, no todos tienen internet ni las mismas posibilidades de desarrollo.
¿Y qué ha ocurrido? La jornada escolar completa ha significado dos perjuicios fundamentales: primero, se ha afectado la participación en familia, porque el niño llega con tareas para la casa y, además, nos encontramos con el problema de que ambos padres trabajan, lo que genera un sinnúmero de situaciones complejas en la familia.
Y segundo, la jornada escolar completa ha generado una mala alimentación en nuestra juventud. Hay niños que están amparados por la Junta de Auxilio Escolar y Becas, pero hay otros que se alimentan de lo que les envía la familia o gracias al bono que les entregan o al dinero que les da el papá para comprar alimento, que habitualmente es comida chatarra.
Por lo tanto, aquí no hemos evaluado como corresponde lo que ha significado la jornada escolar completa, que también influye en la mala alimentación y en las malas conductas alimenticias de nuestros jóvenes, que hoy se están enfermando.
¿Hemos hecho cosas positivas? Por cierto. Por ejemplo, hemos pedido la instalación de quioscos saludables, que se aumenten las horas de educación física -reconozco que el Gobierno apoyó una moción que presenté en tal sentido-, pero lo hace sólo respecto de los octavos básicos, pero no en el segundo ciclo. Por lo tanto, tenemos que hacerlo desde el primer ciclo; ojalá que desde los parvularios hacia arriba practiquen deportes y se recreen con actividades físicas, para que podamos avanzar de la mejor manera posible en el tratamiento de este problema que afecta a nuestra población, particularmente a nuestra juventud.
Hoy estamos ante un gran desafío, y tenemos un largo camino por recorrer; este es el primer paso, que debemos valorar -así lo hacemos-, y por eso me interesa que le transmitamos nuestro agradecimiento a doña Cecilia Morel , quien ha acogido nuestras inquietudes. Pero debemos ampliar el concepto del Sistema “Elige Vivir Sano”, para que no abarque solo el aspecto alimenticio, sino que también debemos incorporar la práctica deportiva y la actividad física en nuestra juventud.
Hace poco, el diputado Velásquez informó un proyecto sobre el desarrollo de los espacios públicos cuando se construyen poblaciones. Hoy sabemos que, lamentablemente, la falta de espacios públicos para la actividad física es un serio problema también. Es decir, falta espacio para construir la infraestructura necesaria.
Pero también es necesario plantearse un tema, que hice saber en la discusión en la Comisión de Salud y Especial de Deportes. Hoy, el deporte también está generando una situación compleja que dice relación con la brecha social, pues algunos pueden practicar deporte con calidad, pues cuentan con la infraestructura necesaria para ello, pero otros no lo pueden hacer. Actualmente, existen campos deportivos de primer nivel -lo que valoramos-, con pasto sintético, en distintos sectores de las ciudades, pero solo pueden acceder a ellos quienes pueden pagar 30 mil, 40 mil o 60 mil pesos. Por ejemplo, en Antofagasta, una hora de deporte en una cancha de pasto sintético cuesta 60 mil pesos.
Por lo tanto, aunque queremos acortar la brecha existente en cuanto a la calidad de vida y al desarrollo de nuestra juventud, igual se nos generan problemas y situaciones complicadas.
Por lo tanto, hago un llamado para que los equipamientos, la infraestructura y todo lo que hoy entrega el Gobierno, especialmente el Concurso Chilestadios, una maravilla que valoramos, sea utilizada por toda la comunidad.
Agradezco al Presidente Piñera por el apoyo que nos ha dado para sacar adelante los estadios de Antofagasta y de Calama. La infraestructura existente tiene que ser ocupada por toda la comunidad y no solamente por el fútbol profesional, para que todos los jóvenes se desarrollen en materia deportiva. Sé que esto no es fácil, pero debemos hacer esfuerzos, porque está en juego un problema de salud pública.
Por lo tanto, llamo a todos los parlamentarios a contribuir con un granito de arena y a difundir en nuestra comunidad que el Sistema “Elige Vivir Sano” es el camino correcto para enfrentar el desafío de la obesidad y el sobrepeso que padece nuestra juventud.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, el proyecto viene a consagrar un trabajo y una metodología que desde hace largo tiempo se ha estado implementando.
En ese sentido, quiero destacar que, durante el año pasado, un conjunto de parlamentarios firmamos un proyecto de acuerdo relativo al tema. Entre otros, reconozco la labor del diputado Enrique Accorsi , que recabó la adhesión a ese proyecto de acuerdo, que después fue votado en Sala, que valoraba este programa impulsado por la Primera Dama y las medidas que se estaban adoptando.
Producto de ese proyecto de acuerdo, prácticamente todos los parlamentarios que firmamos y adherimos a él, transversalmente, fuimos invitados a La Moneda, oportunidad en que la Primera Dama expuso las ideas matrices de ese programa. Entre otras cosas, surgió la idea de que se tratara de una instancia legal, para que este programa, que en un primer momento fue impulsado desde la oficina de la Primera Dama, permaneciera en el tiempo.
Creo que podríamos formularle muchas observaciones a este proyecto, como, por ejemplo, que necesita más recursos. Simplemente, estamos estableciendo una coordinación regional, a través de un representante, y un presupuesto pequeño. Pero en lo que debiéramos coincidir -creo que es fundamental que lo destaquemos como Congreso Nacional- es en la necesidad de contar con un programa reconocido legalmente, institucionalizado, que aborde la urgencia de mejorar ciertas prácticas de consumo de alimentos y deportivas, para promover un modo de vida sano. Creo que ese debiera ser el gran objetivo. Después, debiéramos dotarlo de mayor grosor en cuanto a su estructura administrativa. El ministro Dittborn podrá referirse a la opinión del Ejecutivo en tal sentido, porque considero que es ahí donde hay que hacer más robusto este instrumento.
Pero hemos alcanzado absoluto consenso en avanzar, en contar con este instrumento como política nacional. Las políticas de deporte, los índices de obesidad, los esfuerzos desplegados en relación con la comida chatarra, la disposición de alimentos en los establecimientos educacionales, el contenido nutricional, la información que debe entregarse a la población de cada uno de esos componentes, etcétera, son elementos que se han incorporado al quehacer ciudadano, porque son fundamentales para la adopción de una buena decisión en materia de alimentación.
Junto con lo anterior, es clave dar un mayor impulso a las prácticas deportivas. Para lograr ese objetivo, también es importante que quienes vayan a coordinar este programa tengan la prioridad y la capacidad de dotar de infraestructura o de instar para disponer de los recursos necesarios para dotar de infraestructura básica deportiva a todas las localidades de Chile, particularmente a las del sur, donde las permanentes lluvias hacen obligatorio dotar a la comunidad de, al menos, un gimnasio techado en el que se pueda practicar deporte.
Obviamente, votaré a favor de la iniciativa. Sin embargo, solicito al Ejecutivo que provea mayores recursos y establezca en cada región, de manera institucional, la coordinación, la capacidad de articular el deporte, la educación y la alimentación como elementos fundamentales de una vida sana, para que se transformen en una práctica habitual, y no simplemente la motivación de uno o dos profesores empeñosos o de un par de padres, estudiantes o ciudadanos preocupados. Es una política pública que debiera cruzar transversalmente todas las políticas públicas específicas en materia de educación, de deporte y de alimentación.
Espero que este proyecto sea el comienzo de una política de Estado en salud, en deporte, y un combate frontal a la obesidad en nuestro país.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , valoro en alto grado que las comisiones hayan aprobado este proyecto -además, lo hicieron en forma bastante rápida-, por la especial importancia que tiene.
Asimismo, quiero destacar el enorme empeño y esfuerzo que ha puesto la Primera Dama de la nación, señora Cecilia Morel , y su equipo para que esta iniciativa, que es tan importante y necesaria para nuestro país, sea una realidad.
De hecho, hay que reconocer que siempre nuestras primeras damas han intentado -cada cual en su oportunidad- que se implemente algún proyecto que sea trascendental para la vida de los chilenos. Por ejemplo, recuerdo perfectamente bien cuando se implementó el programa de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile en colegios muy modestos y el programa Sonrisa de Mujer, que promovió la señora Luisa Durán , que permitió que miles de mujeres pudieran recuperar su dignidad.
Nuestra primera dama ha sido enfática en reconocer el drama que viven los chilenos, especialmente en consideración a los altos índices de obesidad en el país. De hecho, está comprobado que 35 por ciento de nuestra población tiene prevalencia del síndrome metabólico y que, cada año, aumentan en alrededor de 72.000 los niños que presentan sobrepeso.
Lo más preocupante es que las personas de menores recursos tienen tres veces más posibilidades de sufrir sobrepeso que las que tienen acceso a una mejor educación y alimentación. Estos datos también deben tomarse en cuenta.
El Sistema “Elige Vivir Sano” agrupa muchas iniciativas y ofrece numerosas posibilidades para atacar los problemas descritos, porque, como hoy podemos apreciar, la salud no solo depende de la alimentación, sino también del deporte, la educación, la vida al aire libre y del cambio de hábitos en las personas. Y, definitivamente, nuestro país requiere un cambio de hábitos.
Muchos hemos planteado en algún minuto que no es posible que en un día maravilloso de fin de semana los padres lleven a pasear a sus hijos a un mall en lugar de ir a un parque. El problema es que también faltan parques. La cantidad de áreas verdes y parques en nuestro país ha ido mejorando en el tiempo, pero aún existe una carencia tremenda de esos lugares de recreación.
Me alegro de que el proyecto cuente con presupuesto y que haya sido considerado por parte Hacienda.
En su articulado, se establece una serie de compromisos por parte de distintos ministerios, especialmente los de Desarrollo Social, de Educación, de Hacienda , etcétera, pero siento que falta incorporar una norma a nivel educacional que establezca horarios y programas obligatorios dentro del currículo escolar. Por ejemplo, ¿cuántas horas de Educación Física se exigirán? ¿Qué características tendrán esas clases? ¿Cuántas horas de deporte se considerarán? ¿A dónde van a llevar a los niños a hacer deporte? ¿Tendrán acceso a un estadio? La idea es que se cumplan las buenas intenciones que se declaran en el proyecto.
Todos estamos de acuerdo con la idea de fomentar el deporte. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde practicarán deporte las personas de menores recursos? ¿Se habilitarán calles para ese objetivo? ¿Se les facilitarán los estadios o los recintos deportivos de los colegios?
Creo que el proyecto dependerá mucho de la voluntad del gobierno o del ministro de turno . Por eso, considero que se debería haber sido más enfático en el establecimiento de la forma en que se llevará a cabo este sistema, además de la publicidad que se deberá desplegar.
Por otra parte, por mucho tiempo se han estado previendo el alcoholismo y la drogadicción en nuestro país, pero, fuera de la ley tolerancia cero para los conductores, pocos programas han tenido efectos concretos. De hecho, vemos con alarma que aumentan el consumo y la venta de drogas, así como el alcoholismo en los jóvenes. En el Senado se encuentra detenido, desde hace tres años, un proyecto que busca controlar la publicidad para la venta de alcoholes. No obstante, ello sí se logró respecto de la venta de tabaco.
Espero que este proyecto, tan bien intencionado y sumamente necesario para nuestro país, haga obligatorias ciertas exigencias y modifique algunas normas en tal sentido. Además, es necesario que se establezcan sanciones cuando ellas no se cumplan. En el pasado, asignamos tareas al Ministerio de Educación en esta materia, como, por ejemplo, en cuanto a la prevención del consumo de alcohol y de drogas, pero no se llevaron a cabo.
No me gustaría que esta iniciativa se quedara solo en las buenas intenciones, sino que fuera una realidad lo antes posible, para ayudar a mejorar la salud y a cambiar los hábitos de los chilenos.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , seré muy breve en mi intervención, porque tenemos que discutir otros proyectos.
Saludo a nuestro excolega, hoy ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn .
Por su naturaleza, es muy importante anclar este proyecto en las regiones. Esa es la tarea para el segundo trámite. La idea es que exista un equipo del Sistema “Elige Vivir Sano” en cada región, que pueda coordinarse con el gobierno regional, con los seremis, con el objeto de que se implementen los programas de una manera mucho más fácil. Creemos que perfectamente se puede tener un equipo de tres personas por región que se encargue de coordinar estas materias entre el Ministerio de Desarrollo Social y las regiones. De lo contrario, será muy difícil aplicar el proyecto en las regiones, donde están las falencias más grandes en infraestructura, y no será posible una real aplicación de la iniciativa que debatimos.
Entonces, hago un llamado al Ministerio de Hacienda a fin de que busque la manera de financiar esos equipos, uno por cada región, para que coordinen la aplicación en terreno de este proyecto. Lo mismo habrá que hacer en las diferentes comunas. Ese es el hilo conductor que hará que esta iniciativa sea aún más exitosa.
Hoy, el país se encuentra en condiciones de solventar un gasto de ese tipo, que irá en beneficio de todos los chilenos, especialmente de los más jóvenes.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.- Señor Presidente , en honor al tiempo, intentaré ser muy breve en mi intervención. Sin embargo, no puedo dejar de expresar la opinión de Renovación Nacional frente a este proyecto extraordinariamente interesante.
Todos los parlamentarios que han hecho uso de la palabra se han referido a las bondades del proyecto en discusión. Y ello no podía haber sido de otra manera, ya que esta iniciativa aborda materias fundamentales para la vida de los habitantes de nuestro país.
Los pilares en que se funda -ya han sido mencionados en los informes y también por otros diputados, pero no está de más reiterarlo- son los siguientes: la comida saludable, el compartir en familia, el aprovechar la naturaleza y realizar ejercicio físico. Sin duda, así compartimos el llamado que nos hace la Primera Dama en orden a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.
Quiero referirme a una de las bondades del proyecto: la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo Social celebre convenios con las municipalidades.
Sin duda, a través de las municipalidades, esta futura ley se hará efectiva y el programa llegará a los lugares más distantes de nuestro país. Además, se posibilitará el otorgamiento de recursos para aprovechar la infraestructura de los establecimientos educacionales, que normalmente no se ocupa luego de terminada la jornada escolar. Se puede utilizar esa infraestructura ociosa e incluir en los programas de las diferentes unidades educativas los contenidos del proyecto, que permitirán mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , hoy es un gran día, porque seguramente la Cámara de diputados aprobará un proyecto de ley que nos pondrá a la vanguardia en materia de prevención de enfermedades no transmisibles, puesto que propone la creación de un sistema que es un modelo de gestión pública integrado por un conjunto de políticas, planes y programas, en cuya ejecución el Estado estará completamente involucrado, de manera que no dependerá del gobierno de turno.
El objetivo de la iniciativa es generar hábitos y estilos de vida saludables que permitan disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles. De ese modo, nuestra población será mucho más sana y podrá enfrentar en mejor forma el envejecimiento poblacional que se observa en el país.
La Primera Dama de la Nación , señora Cecilia Morel , ha liderado, en forma brillante, un programa que nos enorgullece a todos y que ha sido objeto de felicitaciones por parte de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Probablemente, el Sistema “Elige Vivir Sano” es una de las marcas más poderosas del país, la cual se asocia, en forma rápida, con algo bueno para la salud de las personas, mensaje que llega directamente a los niños. Mediante el proyecto en discusión se propone que ese programa se transforme en una política constante, con mirada de futuro, la que, sin duda, tendrá el sello de la Primera Dama de la Nación y del Gobierno del Presidente Piñera. Su aplicación no durará solo los cuatros años de su administración, sino que seguirá ejecutándose hacia el futuro, con mucha potencia, pues su finalidad es privilegiar la salud de toda la población, en especial la de los niños.
En la Sala ya se han señalado los pormenores que tendrá la nueva institucionalidad, pero creo que vale la pena destacar un aspecto que considero el más positivo.
Habitualmente la lucha contra los hábitos y estilos de vida que atentan contra la salud de la población la daba el Ministerio de Salud, razón por la que generalmente fracasaba, porque no contaba con el apoyo de todos los ministerios. Al respecto, en el lanzamiento de las metas sanitarias 2011-2020 para el combate de las enfermedades crónicas no transmisibles, el Presidente Piñera hizo algo que no se había hecho nunca: señaló que el ministro de Salud sería uno más de los secretarios de Estado comprometidos con ese plan nacional de salud, lo cual es muy positivo, porque es la única forma en que podremos tener éxito en alcanzar la meta propuesta.
El Sistema “Elige Vivir Sano” ya no dependerá de la Primera Dama, puesto que el sistema que se propone crear será responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y tendrá las siguiente orgánica: Subsecretaría Ejecutiva, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales, tendrá la misión de coordinar a las distintas secretarías de Estado, con la finalidad de tener una mirada integral y una política clara para combatir flagelos como el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo y la obesidad. Si nuestro país, primero en esta materia en la región, es capaz de ganar esa batalla, estará en mejores condiciones para lograr ser desarrollado.
El proyecto apunta al corazón de la equidad, porque la gente podrá “Elegir Vivir Sano”. Gracias a la estructura que se creará se comenzarán a borrar todos los obstáculos que impiden a personas optar por hábitos de vida saludable.
En consecuencia, junto con reiterar que hoy es un gran día para la Cámara de diputados, envío mis felicitaciones a la Primera Dama de la Nación , señora Cecilia Morel , quien ha hecho un trabajo realmente maravilloso, reconocido en forma transversal, con el cual ha dejado un gran legado junto con el Presidente Piñera .
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , hay proyectos de ley que constituyen una mirada de Estado, como el que hoy estamos debatiendo. La Primera Dama creó un programa cuyo objetivo era solucionar algunos de los grandes problemas de salud que hoy enfrenta la población chilena. El proyecto que se somete a nuestra consideración, que crea el Sistema “Elige Vivir Sano”, tiene por finalidad que ese programa tenga una forma de seguimiento y de financiamiento estatal.
El establecimiento de ese Sistema es muy importante. La ley en tramitación es una de las pocas que promueve hábitos y estilos de vida que contribuyan a disminuir los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles.
En nuestro país, en términos sanitarios, hemos estado acostumbrados a trabajar y avanzar muy fuerte desde el punto de vista curativo, lo que nos ha permitido, por ejemplo, alcanzar cifras muy bajas en materia de mortalidad infantil.
Asimismo, hace muchos años el país se distinguió por iniciar una fuerte arremetida en favor de la prevención y la promoción de la salud para la población. En efecto, en gobiernos pasados -especialmente en los gobiernos radicales- se promovieron muchas acciones propositivas en esa dirección. Por ejemplo, la construcción de sistemas de alcantarillado y agua potable, y la incorporación de elementos sanitarios que mejoraran la salud y la calidad de vida de los chilenos.
La gracia del proyecto en debate es que permite avanzar en la solución de un problema muy serio que afecta la salud de nuestra población.
Las principales causas de muerte en Chile -asociadas, entre otros, a problemas cardiovasculares- tienen su partida en estilos de vida inadecuados desde el punto de vista de la salud de la población. El sedentarismo es un problema muy serio, razón por la cual esta iniciativa también fue tramitada por la Comisión Especial de Deportes. Es evidente que en nuestra población existe un alto grado de obesidad, causada por dos factores que se observan en todo el mundo y también en los chilenos: los malos hábitos de alimentación y la comida chatarra, que se ha adueñado de nuestra juventud y de nuestros hogares, a lo que se suma el mal hábito relacionado con la falta de actividad física. En efecto, el sedentarismo es una de las conductas más extendidas que se observan en el país.
Programas como “Elige Vivir Sano” apuntan en la dirección correcta, puesto que promueven que se avance hacia un estilo de vida saludable. La iniciativa propuesta por el Ejecutivo es muy positiva. Por eso, desde la Oposición, felicito a la Primera Dama por haber materializado los objetivos de ese programa en un proyecto de ley.
Tal vez por deformación profesional, tendía a pensar que la coordinación, implementación y seguimiento del sistema que se propone crear debía quedar en manos del Ministerio de Salud. Sin embargo, me parece razonable e interesante que se establezca que eso quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, porque -de una u otra forma- eso significará que dicho Sistema tendrá una impronta social. Además, se dispone que deberá existir una coordinación en todos los ámbitos de la sociedad, algo que nunca se había logrado. Nunca hemos logrado, por ejemplo, que la práctica de la disciplina deportiva en los colegios se incorpore en términos efectivos. Espero que, gracias a la acción del Ministerio de Desarrollo Social, esas políticas puedan incorporarse en todos los establecimientos educacionales.
Estamos debatiendo un gran proyecto, una iniciativa muy interesante. Sin embargo -tal como lo señalé cuando rendí el informe de la Comisión de Hacienda-, uno de los problemas que observamos es el bajo presupuesto relacionado con la dotación que se requiere para efectuar el seguimiento del cumplimiento del programa por el organismo encargado de su supervisión. En ese sentido, por intermedio del señor Presidente , quiero señalar al ministro de Hacienda subrogante que una iniciativa tan interesante como esta debería ser apoyada con mucha fuerza. Por eso, espero que durante su tramitación en el Senado se otorguen los recursos que se requieren para que el sistema que se propone crear se pueda implementar en forma efectiva.
Tal como se planteó en la Comisión de Hacienda, el proyecto no solo se centra en el ámbito sanitario, sino que también hace hincapié en la igualdad. Al observar los problemas sanitarios y las diferencias existentes por grupo económico, se advierten que la obesidad es más importante en los grupos más vulnerables que en los que tienen mayor poder adquisitivo; que el alcoholismo y el tabaquismo también afectan más a los grupos vulnerables. En ese sentido, es absolutamente racional entregar un mayor financiamiento.
Anuncio que nuestra bancada va a apoyar este proyecto de ley y espero que exista unanimidad en la Sala para dar una muestra de que todos estamos con una mirada social y dispuestos a apoyar iniciativas, vengan de donde vengan, que apunten a un mayor bienestar de todos los chilenos.
Por último, reitero que la bancada del Partido Radical va a dar su apoyo a esta iniciativa.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente , proyectos como el que conocemos hoy son de largo aliento, de futuro. Cuando se legisla para entregar calidad de vida a las personas, cuando el Estado se preocupa de entregar herramientas para otorgar una mejor calidad de vida a las personas, en esta Sala debe existir un apoyo unánime, transversal. Por medio de esta iniciativa, el Gobierno y el Estado están entregando las herramientas para poner en funcionamiento el Sistema “Elige Vivir Sano”.
Me tocó reemplazar en su momento al diputado Kast en la Comisión de Salud, donde planteamos nuestros puntos de vista al ministro señor Mañalich . Se trata de un proyecto de largo aliento, que tuvo su origen en un programa de la Primera Dama, señora Cecilia Morel , y que hoy se convertirá en una política pública, que esperamos tenga el apoyo unánime del Congreso Nacional. Por eso, felicitó al Gobierno por esta iniciativa. Por último, espero que, a nivel nacional, las futuras generaciones y las personas de la tercera edad se incorporen a esta política pública.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Sistema “Elige Vivir Sano”.
Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar en particular el texto propuesto por la Comisión de Salud, con la modificación propuesta por la Comisión Especial de Deportes, que consiste en agregar en el artículo 8°, inciso final, la expresión “y de Deportes”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.
Señores diputados, voy a dar lectura a una carta enviada por la Primera Dama, señora Cecilia Morel, para agradecer la aprobación de la iniciativa.
“Honorables y queridos diputados:
No he podido estar hoy con ustedes, pero quiero transmitirles la emoción y alegría que siento por los grandes pasos que ha dado en la Cámara de diputados el proyecto de ley “Elige Vivir Sano”.
Hoy ha terminado la primera etapa en el Congreso y entiendo que con esto termina su primer trámite constitucional.
Tener una institucionalidad que se preocupe por abordar con voluntad y con una política pública este problema es un primer paso para crear oportunidades y disminuir los obstáculos que impiden el acceso a una vida más saludable, especialmente a las personas más vulnerables.
Una ley entrega sustentabilidad y permite proyectarnos a largo plazo.
Estamos frente a un problema que afecta el bienestar sicosocial de todos los chilenos y chilenas y que significa un enorme costo económico y espiritual para cada familia y para nuestro país.
No es solo un problema de salud, es una necesidad social y cultural. Si todos estamos luchando por tener menos pobreza, no podemos cerrar los ojos ante este grave problema.
Por eso, los diputados integrantes de la Comisión de Salud, de la Comisión Especial de Deportes y de la Comisión de Hacienda han trabajado este proyecto con especial preocupación y esmero. Con ánimo de aportar al desarrollo de nuestro país pusieron todos sus esfuerzos y conocimientos para aprobarlo y aportar con nuevas y buenas ideas que reflejan consensos y ánimo de unidad.
Asimismo, todos ustedes aprobaron en general y particular un proyecto que nació como un programa y que hoy ya se transforma en una política de Estado.
“Elige Vivir Sano” es hoy un proyecto de ley de todos y para todos. De todos, porque ustedes han representado el interés común de cada persona por la calidad de vida. Para todos, porque es para nuestros niños y niñas, el mayor tesoro que tiene nuestra nación.
Estoy muy contenta porque los valores de una democracia consolidada y la lucha por el bien común están más presente que nunca en nuestros parlamentarios.
Una nueva generación de chilenos con una cultura de vida más sana sabrá reconocerles el gran aporte que ustedes han hecho por mejorar significativamente su calidad de vida. Por eso quiero decirles muchas gracias y que sigamos trabajando juntos. Muy orgullosa de ser chilena.
Cecilia Morel.
-Aplausos.
MODIFICACIÓN DE PLAZO DE REINTEGRO PARCIAL DEL IMPUESTO ESPECÍFICO AL PETRÓLEO DIÉSEL PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA. Tercer trámite constitucional.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, y modifica otros aspectos de este mecanismo.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 8772-05. Documentos de la Cuenta N° 3, de este Boletín de Sesiones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN ( ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente , en forma muy breve, quiero informar a los señores diputados que el proyecto ha vuelto en tercer trámite constitucional a la Cámara de diputados, para que esta se pronuncie sobre un cambio muy menor que realizó el Senado, en orden a disminuir de tres a dos años la vigencia de la ley en tramitación. Es la única modificación, y espero que sea aprobada por la Sala.
No voy a entrar en los detalles del proyecto. Como todos saben, se trata de un sistema de devolución progresiva del impuesto específico al diésel para los camioneros de Chile, que consiste en devolver un mayor porcentaje del impuesto específico a las empresas que tienen menos camiones, y un menor porcentaje a las empresas más grandes y que tienen un mayor número de camiones.
La justificación de eso es la eficiencia o los costos fijos que tienen que asumir una y otra empresa. La empresa grande tiene costos fijos menores por camión que la empresa chica. Por tanto, tiene sentido el que, proporcionalmente, la devolución del impuesto a la empresa grande sea menor. Ese es el fundamento de la progresividad de esta devolución.
El proyecto, que tiene un costo de alrededor de 47 mil millones de pesos, o sea, alrededor de 100 millones de dólares, es el que más se acerca a una petición que hicieron parlamentarios de todos los sectores, en el sentido de disminuir el impuesto específico a los combustibles. Esta iniciativa se acerca mucho a ese objetivo, pero, en este caso, se focaliza en los camioneros y en el combustible diésel.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , el fundamento de este proyecto de ley es de larga data. Hace muchos años se empezó a discutir sobre el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga.
La futura ley mejora lo que había antes, porque establece una devolución inversamente proporcional: a los que tienen menos camiones, contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido iguales o inferiores a 2.400 unidades de fomento, se les devolverá 80 por ciento del impuesto específico; a los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 2.400 unidades de fomento y no excedan de 6.000 unidades de fomento, se les devolverá 70 por ciento del impuesto específico; a los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 6.000 unidades de fomento y no excedan de 20.000 unidades de fomento, se les devolverá el 52,5 por ciento de dicho impuesto; a los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 20.000 unidades de fomento, se les devolverá 31 por ciento del referido impuesto.
Destaco esto porque la gran discusión que hubo en la Comisión de Hacienda de esta Cámara y luego en esta Sala, fue por qué no se cumplía lo planteado en una reunión de hace un año con el ministro de Hacienda , en la cual participaron dirigentes de dos confederaciones de transporte de carga, una de las empresas grandes y otra de las empresas más chicas, que dirige don Juan Araya . Esta última fue consultada siempre. Incluso más, en la Comisión consulté al ministro de Hacienda y a su asesor directo, quienes nos hicieron ver que existía un total acuerdo; lo mismo nos señalaron los dirigentes de la confederación. No obstante, tras lo planteado hace un año hubo en dicha reunión, los dirigentes de la confederación de las empresas grandes consideraban que no era justo que solo se les devolviera el 31 por ciento del impuesto específico.
Analizando objetivamente esto -tal como lo expresó el ministro de Hacienda subrogante-, naturalmente que los costos tienen relación con el total. Los chicos tienen un mayor costo fijo e ingresos variables; en lo que respecta a las empresas grandes, una que tiene, por ejemplo, quinientos camiones, sin duda tiene un solo gerente, y en ella se focalizan los gastos y disminuyen los costos. Además, tienen mayor posibilidad de entrar a licitaciones de carga.
Hay algo que quiero recordar. Una de las tantas leyes que se han hecho en estos 22 años y fracción, en este caso desde el punto de vista tributario -a muchos de los actuales parlamentarios nos correspondió intervenir en la discusión de la iniciativa y figuramos en la historia fidedigna del establecimiento de la ley-, en que hasta el tercer grado de consanguinidad no pueden existir actividades en paralelo. Me explico. Si una empresa tiene doce camiones, algunos piensan que pueden aumentar el porcentaje de devolución del impuesto y acceder, por ejemplo, al 80 por ciento, sacando cuatro, cinco o seis rut, a nombre de la señora, de la hija, del hijo, del yerno, etcétera, que es algo legítimo; pero de todas maneras pagan impuesto. Esa fue una ley relacionada con la evasión y la elusión tributaria. Después del análisis que hicimos en ese momento, llegamos a la conclusión de que el problema se encuadraba dentro de la elusión tributaria y, por eso, legislamos sobre la materia.
De manera que debemos estar tranquilos porque este proyecto no implicará que algunos empresarios del transporte de carga empiecen a sacar varios rut y que, en determinado momento, puedan recibir otro tipo de devolución. Eso es imposible, porque el Servicio de Impuestos Internos tiene información cruzada de todos los contribuyentes.
En la Comisión de Hacienda estuvimos de acuerdo con el proyecto, posición que reiteramos en la Sala y, por lo tanto, vamos a aprobar la modificación del Senado.
Cabe recordar que la vigencia de la ley termino el 31 de diciembre de 2012. Es decir, este proyecto debe transformarse en ley antes del 31 de enero, de modo que en los primeros días de febrero sus beneficiarios puedan hacer uso de esta franquicia tributaria, que consiste en el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel. Esto beneficia, en particular, a los pequeños transportistas, a las pymes que tienen dos o tres camiones.
Por eso, como dije, estoy de acuerdo con la modificación del Senado, razón por la cual la voy a votar a favor.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Quiero recordar a los señores diputados y a las señoras diputadas que el Orden del Día termina a las 12.25 horas, y como el proyecto tiene urgencia de discusión inmediata, debemos despacharlo en esta sesión.
La única modificación del Senado consiste en reducir en un año el período de vigencia del reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas.
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , voy a ser muy breve, porque la única modificación introducida por el Senado -por lo demás, bastante razonable -tiene por objeto traspasarle al próximo gobierno una discusión más a fondo del problema.
Parafraseando al colega Ortiz , para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, solo quiero manifestar que estamos tratando de resolver parcialmente un problema que afecta a un sector específico que utiliza petróleo diésel, pero no solo a este sector, sino a toda la población, porque el precio del petróleo impacta en forma muy significativa en el transporte, que está directamente vinculado con el precio de los alimentos incluidos en la canasta familiar de nuestro pueblo. Por lo tanto, si se aplicara el ciento por ciento del impuesto específico a los combustibles, obviamente los precios de los alimentos básicos subirían en forma considerable.
Quiero insistir en dos ideas. Primero, el motivo que originó la creación del impuesto específico ya no existe. Como sabemos, este fue creado para solventar la necesidad de ampliar y mantener las carreteras; pero hoy, su ampliación y mantención son financiadas directamente por los usuarios, a través de los peajes.
Segundo, los recursos que genera este impuesto, que son cuantiosos e indispensables para llevar adelante los programas sociales del Gobierno, podrían solventarse perfectamente por la vía de su aplicación universal, pero reduciéndolo a menos de la mitad. En efecto, podríamos generar la misma cantidad de recursos reduciéndolo al 40 por ciento, es decir, a menos de la mitad, siempre que su aplicación se extendiera a todos los consumidores de petróleo. Al no estar vinculado dicho impuesto al uso de las carreteras, sino más bien a la cantidad de recursos que genera y a la externalidad negativa del consumo de petróleo, relacionado con el punto de vista ambiental, en verdad nada justificaría que una retroexcavadora o un camión que trabaje en una faena minera o en cualquier actividad industrial no paguen este impuesto, y sí tengan que hacerlo miles de dueños de taxis básicos y colectivos o, simplemente, usuarios a lo largo de Chile.
Quiero dejar establecido que es la discusión de fondo que deberemos tener a fines de 2014, en cuanto a que este impuesto se reduzca en forma considerable, pero no solo para unos pocos, sino para todos los usuarios del transporte.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , en efecto, ya discutimos este proyecto en su primer trámite constitucional; pero, independientemente de eso, nunca es bueno dejar pasar la posibilidad de insistir en la posibilidad de eliminar el impuesto específico a los combustibles.
La UDI ha venido planteando esta posibilidad desde los tiempos del gobierno de Ricardo Lagos, del cual no formábamos parte, hasta hoy, cuando se supone que formamos parte del actual Gobierno, pero no ha habido forma de lograrlo.
La razón principal es, en parte, la que mencionó el diputado Auth . Resulta incomprensible que grandes empresas del país no paguen el impuesto específico, en desmedro de muchas personas que deben hacerlo, sin posibilidad alguna de descontarlo.
En virtud de este proyecto, se les da esta posibilidad a los empresarios del transporte de carga, que ya la tenían, aunque en un porcentaje más bajo. Desde hace algunos años, se les ha venido otorgando un porcentaje mayor, calculado sobre la base de las ventas que realizan anualmente. Lo ideal sería que se permitiera descontar el ciento por ciento del impuesto a todos; pero no es malo que se haga en la forma diferenciada que establece el proyecto.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero preguntar al ministro de Hacienda subrogante por qué el Senado redujo la vigencia de la futura ley en un año. No creo que la explicación sea la que expresó el diputado Pepe Auth , en cuanto a que será el próximo gobierno el que deberá resolver el problema. La vigencia del beneficio vencerá el 31 de diciembre de 2014, de modo que el próximo gobierno ya llevará algunos meses de gestión cuando ello ocurra. De ser correcto lo expresado por el diputado Auth , su vigencia debería vencer el 11 de marzo de 2014, pero el proyecto establece el 31 de diciembre de 2014.
Respecto de estas leyes transitorias que hemos aprobado para resolver un problema que afecta a los transportistas, cada vez que la vigencia de la ley está por terminar, se envía otra iniciativa que tenga por objeto prorrogarla. En esta oportunidad, debemos despacharla contra el tiempo y muy apurados, porque, como decía el diputado Ortiz , en este caso la vigencia de la ley venció el 31 de diciembre de 2012.
El 31 de diciembre de 2014 -les pido que recuerden lo que voy a decir- pasará exactamente lo mismo: durante los primeros días de diciembre de ese año, se enviará un proyecto para prorrogar la vigencia de la ley en tramitación. En realidad, esto no tiene sentido alguno; lo más lógico sería que la ley estuviera vigente por más tiempo.
Creo que la Cámara hizo bien en mantener el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, por tres años, a fin de poder estudiar durante ese lapso una ley definitiva que solucione el problema que afecta a los transportistas del país. No me parece adecuado bajar a dos años la vigencia del beneficio.
Como bien decían algunos colegas, la urgencia es tal, que no queda otra alternativa que aprobar la modificación del Senado, porque, de lo contario, no habrá ley. Como esta es la última sesión antes del receso parlamentario, que se prolongará hasta el 5 de marzo, no quedará más que aprobar la modificación del Senado. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, no nos queda otra alternativa que votar a favor.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , estamos ante un proyecto bien inspirado, porque busca, de alguna manera, atenuar la carga tributaria de los transportistas, mediante la rebaja del impuesto específico a los combustibles. Está bien orientado porque tiene un sentido redistributivo, en la medida en que un porcentaje mayor de devolución llegará a los pequeños transportistas y, a medida que crecen los montos facturados en unidades de fomento, disminuye el porcentaje de devolución.
Sin embargo, seguimos evadiendo el debate de fondo. Desde hace mucho tiempo, venimos haciendo modificaciones al Sistema de Protección ante Variaciones de Precios Internacionales de los Combustibles (Sipco) y en materia de devolución parcial del impuesto específico al diésel a los transportistas, en circunstancias de que lo que debemos hacer es una evaluación mucho más profunda, en el sentido de saber si dicho impuesto está cumpliendo el objetivo de desincentivar el uso vehicular, en especial de aquellos más contaminantes. En esa línea, considero mejor un impuesto a la cilindrada que al combustible.
Me pregunto por qué tenemos tasas distintas de impuesto específico para la gasolina respecto del diésel. Me gustaría saber por qué este impuesto, en circunstancias de que su origen conceptual ya no existe, dado que fue un mecanismo al cual se echó mano para reconstruir carreteras después del terremoto de 1985. La reconstrucción se realizó y hoy la gran mayoría de las carreteras están concesionadas, lo que significa que existe un pago por su uso.
Hoy enfrentamos una situación muy compleja, porque la industria tiene un reintegro del ciento por ciento, lo que, en la práctica, significa que no paga impuesto específico. Lo que estamos haciendo con eso es desincentivar la eficiencia energética de la industria, por ejemplo, de empresas mineras y termoeléctricas, que consumen mucho combustible y que, además, contaminan mucho. En efecto, al existir un reintegro de ciento por ciento del impuesto, no se está estimulando el uso eficiente de un insumo clave, como es el combustible.
Sin embargo, la clase media enfrenta una situación completamente diferente, porque los pequeños transportistas que tienen vehículos a gasolina, como el dueño de un taxi básico o colectivo, de un transporte escolar, de un taxicargo, y, en general, cualquier persona que usa su vehículo para trabajar, paga el ciento por ciento del impuesto y, además, con una tasa más alta.
Creo que este es el momento de evaluar la posibilidad de emparejar la tasa, de disminuirla a todos, pero también de aplicarla a todos. Hoy, los particulares pagan el ciento por ciento; los transportistas una parte, y la industria, nada.
El sistema actual es inequitativo, porque castiga a la clase media y, fundamentalmente, no estimula la eficiencia energética ni la búsqueda de alternativas menos contaminantes para la industria en nuestro país.
Por las razones expuestas, consideró que llegó el momento de hacer una discusión mucho más profunda respecto de esta materia.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , quiero hacer presente al señor ministro de Hacienda subrogante mi preocupación respecto de la situación que, respecto de esta materia, enfrentan los pescadores artesanales.
En nuestro país son beneficiarios del reintegro del impuesto específico a los combustibles el transporte terrestre de carga y el transporte aéreo, pero no lo son personas que no viven en Santiago y que trabajan en el mar, cuyas embarcaciones tienen motores que funcionan con diésel.
En razón de lo anterior, pido expresamente al ministro que tenga en consideración la realidad que viven muchos pescadores artesanales de la Región de Los Lagos y de otras regiones. Me refiero de manera especial a los pescadores artesanales de más escasos recursos, que tienen botes pequeños, para quienes contar con algún tipo de beneficio en materia de impuesto específico a los combustibles, significaría un tremendo alivio en su carga económica, lo que les permitiría desarrollar su actividad pesquera de mejor manera.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , el proyecto de ley en estudio, que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, es una necesidad a la cual no nos podemos negar. Por eso, lo voté favorablemente en su primer trámite constitucional, y lo mismo voy a hacer ahora respecto de la modificación del Senado.
Sin embargo, no puedo dejar pasar esta oportunidad para expresar al ministro de Hacienda subrogante que, así como es necesario que exista este tipo de beneficios a favor de los transportistas, también resulta necesario que los mismos beneficios lleguen a cada uno de los chilenos. Por eso, tal como lo manifestaron colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, es urgente que se ponga fin al impuesto específico a los combustibles. No existe justificación alguna para que este siga vigente. Cada vez que sube el precio del combustible, también sube considerablemente el precio de la locomoción, a lo cual se suma el alza de los precios de artículos de primera necesidad, como pan, frutas y verduras -debido al traslado de dichas mercaderías, especialmente a zonas extremas como Aysén-, y del transporte escolar, pero los sueldos se mantienen invariables.
Es importante recordar que el impuesto específico a los combustibles nació durante la dictadura de Pinochet, después del terremoto de 1985, con la excusa de reparar daños en la infraestructura vial generados por el sismo. Hasta el día de hoy, ese impuesto sigue engordando las arcas fiscales. En esto, quiero tratar de ser objetivo: la Concertación -no quiso o no fue capaz- y la Alianza no han tenido los cojones para eliminarlo.
Debemos ser claros al respecto, porque tras un impuesto como este se juega el precio de los pasajes de la locomoción colectiva, lo cual, en la práctica, no afecta a los más ricos ni a la denominada clase media, sino directamente a los pobres de nuestro país. Por ello, la eliminación de dicho tributo sería una gran noticia para nuestra gente. Sin el impuesto en cuestión, se reducirían, supuestamente, los valores de los fletes, lo que favorecería a los feriantes, a las pymes y a la microempresa. Reitero que este impuesto perjudica directamente a los más pobres de nuestro país; es decir, a la gran mayoría.
Por las razones expuestas, pido al Gobierno que no sigamos legislando solo para algunos -en este caso, a favor de los transportistas de carga- sino para la gran mayoría de los chilenos, lo cual en esta oportunidad debiera concretarse poniendo fin a este nefasto impuesto específico a los combustibles. Si se llevara a cabo su eliminación, sin lugar a dudas que se produciría una rebaja promedio de doscientos pesos en el precio del combustible, el cual ya supera la barrera de los 850 pesos, lo que beneficiaría no solo a algunos empresarios, sino fundamentalmente a los trabajadores chilenos.
Anuncio mi voto a favor de la modificación del Senado a este proyecto, sin perjuicio de reiterar mis observaciones al Gobierno respecto de esta materia.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , el proyecto en estudio, que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, es simple y ya fue discutido y aprobado en la Cámara de diputados y en el Senado.
Como muy bien dijo el ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn , la única modificación consiste en sustituir el plazo de vigencia de la futura ley, ya que el guarismo “2015” es reemplazado por “2014”.
Quise intervenir porque, con ocasión de la discusión de proyectos como el que conocemos hoy, se utiliza la tribuna de la Cámara de diputados para señalar una serie de conceptos errados y pasar algunos avisos comerciales que realmente no vienen al caso. Así ocurrió en la intervención del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, aunque tiene derecho a decir lo que quiera.
El impuesto específico a los combustibles significa un ingreso importante en la recaudación del Estado.
Por último, cabe precisar que si bien históricamente nuestra bancada ha pedido la eliminación del referido impuesto, esa no es la materia que hoy está en discusión.
Por las razones expuestas, anuncio que vamos a votar favorablemente la modificación del Senado a este proyecto, con el objeto de que se convierta en ley en el plazo requerido.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar la enmienda del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de transporte de carga, y modifica otros aspectos de este mecanismo.
El Senado sustituyó, en el encabezamiento del inciso primero del artículo único, el guarismo “2015” por “2014”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACIONES DEL METRO DE SANTIAGO. (Votación).
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 700, que pide al Jefe de Estado establecer, a través del Ministerio de Salud, la implementación de servicios sanitarios en las estaciones del Metro de Santiago.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ñoz
INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 701.
El señor LANDEROS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 701, de los diputados señores José Pérez, García, Ojeda, Ortiz, Torres, Jiménez, Jaramillo, Marcos Espinosa y señora Adriana Muñoz, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
La Cámara de diputados acuerda solicitar a su excelencia el Presidente de la República que estudie, analice y envíe a la brevedad un proyecto de ley que obligue a todos los establecimientos educacionales, sin exclusión, a instalar un circuito cerrado de cámaras que permitan registrar la actividad diaria del recinto y, a su vez, que la comunidad de padres pueda conectarse mediante internet para la supervisión, todo esto con el fin de evitar los riesgos de abuso sexual en los estudiantes.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Para apoyar del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , este proyecto de acuerdo aborda un tema de gran relevancia En forma permanente somos informados por los medios de comunicación de abusos deshonestos a niñas y niños de distintos establecimientos educacionales, lo que son cometidos por personal administrativo y, muchas veces, por profesores.
Poco a poco, los menores se están atreviendo a informar a sus padres de esta situación, y los padres a denunciar esos hechos ante los establecimientos, muchas veces para los medios de comunicación.
Por eso, hoy es frecuente conocer este tipo de abusos con menores en distintos lugares del país, con el tremendo daño que se hace a los niños y a su familia.
Por consiguiente, este proyecto de acuerdo tiene por finalidad solicitar la instalación de un circuito cerrado de cámaras en los establecimientos educacionales, las que también deberían estar conectadas, a través de los medios modernos, con los hogares de los niños para conocer el trato que se les da y los eventuales abusos de que pudieran ser objeto.
Por tratarse de niños indefensos y expuestos a los abusos de personas enfermas mentales, que nada tienen que hacer en los establecimientos educacionales, solicito la aprobación del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- No hay quorum.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Baltolu Rasera Nino; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Hernández Hernández Javier; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Turres Figueroa Marisol; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Salaberry Soto Felipe; Squella Ovalle Arturo.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Por no haber reunido el quorum suficiente, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Baltolu Rasera Nino; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Hernández Hernández Javier; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Turres Figueroa Marisol; Velásquez Seguel Pedro; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Harboe Bascuñán Felipe; Pérez Lahsen Leopoldo; Squella Ovalle Arturo.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
AGILIZACIÓN EN ENTREGA DE SUBSIDIOS A HABITANTES DE VILLA PADRE HURTADO, COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Regionalista, el que hará uso de cuatro minutos adicionales, cedidos por el Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , solicito el envío de un oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo en relación con el problema que plantearé. Las casas de un grupo de 22 a 25 familias de la Villa Padre Hurtado , de la comuna de Las Cabras, edificadas a orillas del canal Cabrino , fueron afectadas por el terremoto del 27 febrero de 2010. Esas familias han postulado al subsidio, pero lamentablemente aún no lo han podido obtener.
Además, como no pueden construir sus viviendas en el mismo sitio donde estaban antes del terremoto, dadas las dificultades que tenían, el municipio de Las Cabras les entregó un terreno.
Sin embargo, repito, aún no reciben el subsidio. Voy a hacer llegar a la Secretaría el listado de las personas de la Villa Padre Hurtado que están postulando.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su seño-ría.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ADJUDICADAS POR SUBSIDIO EN LOCALIDADES DE COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- En segundo lugar, el 28 de julio de 2011 se asignaron subsidios habitacionales en distintos sectores rurales de la comuna de Las Cabras, como Quilicura, El Manzano, Llavería , El Durazno, La Guañanza, etcétera. Lamentablemente, luego de un año y medio, todavía no se han construido las viviendas.
Tengo el listado de las familias que tienen el subsidio en la mano, pero que aún no cuentan con las viviendas.
La constructora con la que se firmó el contrato hace más de un año y medio, es decir, el 28 de julio de 2011, todavía no ha levantado las viviendas.
Por lo tanto, solicito que el señor ministro de Vivienda y Urbanismo proceda a efectuar una fiscalización, a fin de saber si esa empresa va a cumplir con su compromiso o será necesario contratar a otra.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE POSTULANTES A PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS EN COMUNA DE CHIMBARONGO. Oficio.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Por último, me voy a referir a un requerimiento de algunos agricultores de la comuna de Chimbarongo.
Muchos agricultores de esa comuna postularon al cuarto concurso del Programa de Recuperación de Suelos del Indap. Todos los postulantes fueron aprobados desde el punto de vista técnico, pero no respecto del financiamiento.
Pido que se oficie al ministro de Agricultura, con el objeto de que nos informe sobre las personas que postularon al Programa, que trabajaron, invirtieron recursos en esos suelos agrícolas y a las que, además, sus proyectos les fueron aprobados desde el punto de vista técnico.
Haré llegar a la Secretaría el listado completo de los agricultores de Chimbarongo afectados.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su seño-ría.
SITUACIÓN DE FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. INFORMACIÓN SOBRE CONCURSOS EFECTUADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , jamás ha sido mi intención, ni será, perseguir a los trabajadores.
Sin embargo, por mi formación sindical y por el respeto a los trabajadores, como diputado, me veo en la obligación de denunciar que en el Congreso, donde deben imperar la transparencia y la honestidad, se han cometido irregularidades. La semana pasada ya hice una denuncia en ese sentido.
Estoy seguro -lo sé por los años que llevo en la Cámara- de que la gran mayoría de los funcionarios de esta Corporación son excelentes y sienten devoción por su trabajo, pero otros no.
La semana pasada formulé una denuncia, con nombres y apellidos, porque mi costumbre siempre ha sido no meter a todos en un mismo saco.
Hoy también formularé una denuncia con nombres y apellidos. El funcionario señor Andrés Laso , secretario de Comisiones , lleva dos años y medio sin trabajar. Sin embargo, recibe una remuneración bruta de 10 millones de pesos mensuales. Además, se le paga, sin trabajar, una gratificación de complemento de jornada, lo que constituye una burla para los demás trabajadores del Congreso Nacional que laboran y cumplen sus funciones.
Por eso, pido que se oficie a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento o a la de Ética y Transparencia Parlamentaria -si no pediremos la presencia de la Inspección del Trabajo en la Cámara- a fin de que analice esta situación y otras, que hoy no voy a denunciar por falta de tiempo.
Quiero que quede claro: mi intención es que las cosas se hagan con ciento por ciento de transparencia.
Por último, sobre el acontecer administrativo de la Cámara de diputados, pido que se nos informe sobre los concursos administrativos realizados por lo menos durante los últimos tres años, porque he recibido informaciones extraoficiales de que se han cometido irregularidades.
Nunca he sido alcahuete ni soplón, no lo fui durante la dictadura, ni cuando trabajaba en la construcción. Sin embargo, por mi formación obrera y por mi condición de dirigente sindical, siento un gran respeto por los trabajadores. Hoy, como diputado , por respeto a la mayoría de los trabajadores de la Cámara de diputados.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , los antecedentes van a ser derivados a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, tal como se hizo con su denuncia anterior.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CIERRE DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR, SEDE MAIPÚ. Oficio.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el turno del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , en una reunión que sostuve ayer con alumnos de la Universidad del Mar, sede Maipú , me expresaron que no ha habido administración del cierre por parte del Ministerio de Educación.
Como lo indica la ley, una vez que el Consejo Nacional de Educación resuelve el cierre de una universidad, el Ministerio de Educación debe administrar el cierre. Por lo tanto, cualquier situación al interior de la Universidad del Mar durante ese proceso es de responsabilidad del Ministerio.
Hasta el momento, en la Universidad del Mar, sede Maipú , no ha habido presencia del Ministerio de Educación, ni ningún alumno ha sido reubicado, como lo prometió el ministro .
La página web del Ministerio informa que existen convenios con instituciones a fin de proceder a la reubicación de los alumnos, en especial con la Universidad Andrés Bello y Santo Tomás. Sin embargo, cuando los alumnos de la Universidad del Mar se acercan a esas instituciones, les responden que no existe ningún convenio firmado al respecto, que todo ha sido conversación.
Por otra parte, los bancos han solicitado el embargo de bienes de los alumnos cuyas deudas fueron factorizadas.
Entonces, sería interesante que el Ministerio de Educación al menos se enterara de la situación y tomara cartas en el asunto.
También es necesario señalar que a los profesores no les han pagado sus remuneraciones desde hace más de un año. Sin embargo, les han exigido que pongan las notas y cierre del semestre.
Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha dado ninguna señal sobre el pago de sueldos a los funcionarios, docentes y trabajadores de esa universidad.
También los alumnos están siendo -y esta es una denuncia de los propios alumnos y las docentes de la Escuela de Enfermería- titulados a puertas cerradas, evento en el que solo participa la jefa de carrera, sin que los alumnos cumplan los requisitos respecto de las prácticas y horas lectivas, las que tienen que reunir para acceder a la titulación. Como dije, solo la jefa de carrera procede a la examinación, sin que se cumpla con el reglamento que establece que tiene que haber una comisión integrada por tres docentes de la universidad.
Esto está ocurriendo en la Universidad del Mar, sede Maipú , sin ninguna presencia del Ministerio en ese proceso de cierre. Insisto, es importante señalar que cualquiera situación que suceda al interior de la Universidad del Mar, sede Maipú , es de responsabilidad de dicha cartera, porque esta se encuentra administrando dicho proceso.
Por su parte, el ministro de Educación se comprometió en la Comisión de Educación a que en dicha universidad habría dos principales líneas de trabajo: primero, la reubicación de los alumnos y, segundo, la administración de las sedes con los alumnos que no pudieran o no quisieran ser reubicados. Según él, la administración del Ministerio implicaba que dicho órgano del Estado tomaría las riendas del asunto y de las distintas sedes del país sin contratar a nuevos profesores, pero trabajando con los que ya existían. Sin embargo, hoy esa situación no está ocurriendo en ninguna de las sedes a lo largo del país.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Educación para que adopte las medidas necesarias relacionadas con lo que he planteado.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y del diputado señor Luis Lemus .
INFORMACIÓN SOBRE INVERSIÓN DE BANCO MUNDIAL EN GRUPO LAUREATE EDUCATION. Oficio
.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Por último, en el Cuerpo B de El Mercurio se señala que el Banco Mundial invertirá 150 millones de dólares en el Grupo Laureate, controlador de las universidades Andrés Bello , de las Américas y Viña del Mar. Como ustedes comprenderán, esto constituye un blindaje para esos establecimientos de educación. Sin duda, el trabajo de lobby puede ser muy de-sequilibrante si dicha entidad bancaria interviene para proteger su inversión. Además, se dice que se invertirá en infraestructura, que es la principal vía del lucro.
Por lo tanto, solicito que se oficie al presidente del Banco Mundial , a fin de que informe sobre esa inversión y, al mismo tiempo, que se indique a dicha institución sobre la prohibición del lucro en nuestra legislación.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Sepúlveda y del diputado señor Lemus .
INFORMACIÓN SOBRE COMITÉS DE VIVIENDA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS. Oficios.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , solicito que se oficie al director del Serviu y al seremi de Vivienda de la Región de O´Higgins , como asimismo al intendente, para que informen en detalle sobre todos y cada uno de los comités de vivienda de dicha región, que tienen entre sus integrantes a familias damnificadas como consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010 y también los que dicen relación con los programas regulares de vivienda. Asimismo, pido que en cada uno de los listados se señale exactamente el nombre de los integrantes, los grupos familiares que comprenden y el estado actual en que se encuentran sus respectivas postulaciones, con información detallada de si tienen o no posibilidades de terrenos, si se han comprado para ellos con cargo a los programas del Serviu, y la disponibilidad de recursos financieros exactos que se contemplan tanto para subsidios como para la compra de terrenos para cada uno de los comités señalados. Además, solicito que se indique la fecha estimativa del inicio de las obras en aquellos casos en que los subsidios estuvieren entregados y se contare con terrenos para aplicarlos.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Matías Walker , Alberto Robles y Lautaro Carmona .
TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO DE REMODELACIÓN DE BALNEARIO LA LISERA, DE ARICA. Oficio.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , según informaciones de distintos medios de comunicación de Arica, a fines de diciembre del año pasado, la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas puso término anticipado al contrato suscrito con la empresa encargada de las obras para la remodelación del balneario La Lisera, de la Región de Arica y Parinacota, lo que se habría originado por el atraso e incumplimiento del respectivo contratista.
Se trata de un contrato importante y cercano a los 200 millones de pesos. La situación es preocupante, ya que la ciudad, además de entregar una muy mala imagen para el turismo que busca impulsar como una de sus principales actividades, sucede en plena temporada veraniega y a días de iniciarse el carnaval andino “Con la fuerza del sol”, que atrae a miles de turistas. Más aún, eso ocurre justo cuando la bajada de las aguas del río San José hasta la ciudad, como consecuencia del famoso invierno altiplánico, ocasionaron la inutilización de la playa El Chinchorro, ubicada en el sector norte de Arica, lo cual convierten a La Lisera y El Laucho, de la costanera sur, en los únicos balnearios habilitados para el baño de los habitantes de Arica y los miles de turistas que concurren a esa hermosa tierra.
De ahí la importancia de saber lo que está ocurriendo con ese importante contrato, el llamado a licitación pública, las fiscalizaciones realizadas y, lo más importante, las medidas que se adoptarán para concluir dichas obras, las cuales permitirán poner término a una situación que tanto afecta a los habitantes de Arica y al turismo local.
Por ello, de conformidad con los artículos 293, inciso segundo, y 294, inciso primero, del Reglamento de la Corporación, solicito que se envíe oficio de fiscalización a la ministra de Obras Públicas , para que informe sobre la situación que afecta a las obras de remodelación del balneario La Lisera, de Arica, de acuerdo con los antecedentes detallados que haré llegar a la Mesa.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Matías Walker , Alberto Robles y Lautaro Carmona .
ESTADO DE AVANCE EN DISEÑOS DE NUEVO CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE HOSPITAL SAN PABLO, EN COQUIMBO, Y DE NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DEL LIMARÍ, EN OVALLE. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , intervengo para reiterar un oficio enviado al ministro de Salud , señor Jaime Mañalich , y a la directora del Servicio de Salud de la Región de Coquimbo , doctora Ana Farías , a fin de que informen sobre el estado de cumplimiento de los diseños de la segunda y tercera etapas del nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital San Pablo, en Coquimbo, y del nuevo Hospital Regional de la Provincia del Limarí , en Ovalle, y cuando se comenzaría la ejecución de las obras.
Ambas obras forman parte del convenio de programación suscrito entre el gobierno regional de Coquimbo y el servicio de salud respectivo. Hemos solicitado audiencias con el ministro de Salud para conocer el estado de avance de ambos proyectos. Lamentablemente, no ha sido conferida la audiencia que solicitamos junto con el alcalde de Coquimbo, doctor Cristián Galleguillos.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz y Lautaro Carmona .
RECONOCIMIENTO A DON PATRICIO ALMENDRA, DESTACADO JUGADOR DE FÚTBOL PROFESIONAL. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , el próximo sábado 26 de enero, los habitantes de Concepción, conjuntamente con su alcalde, que asumió el pasado 6 de diciembre, harán un reconocimiento a un jugador que es un ícono del fútbol no solo en la provincia, sino que también a nivel nacional e internacional. Me refiero al señor Patricio Almendra , jugador de fútbol, cariñosamente, llamado el Pato Almendra.
Ahí vamos a estar este sábado 26, en uno de los últimos partidos en nuestro estadio, porque en los próximos días se comienza a construir el nuevo.
¿Por qué creí conveniente intervenir hoy? Porque es como un símbolo y en esta última sesión de enero quiero hacerle un reconocimiento, porque hay que hacerlo en vida, no cuando llega la muerte.
Este jugador, después de 20 años, amateur por un tiempo, pero especialmente profesional, es un ejemplo para nuestra juventud.
Siempre militó en el Club de Deportes Concepción. Es parte de la historia de ese club.
Además, nos dio muchas satisfacciones, y hoy es parte del cuerpo técnico del club de mi ciudad de Concepción.
Creí mi deber y mi obligación hacer este reconocimiento, por una cosa que llevo muy adentro. Desde niño me gustó el fútbol, pero era tronco para jugar, de lo más malo.
Fui vialino y soy vialino -junto con Alfonso de Urresti- hasta el día de hoy. Nací en el Barrio Estación escuchando el pito de la maestranza. Muy joven fui presidente del Centro de ex Alumnos de la Escuela San Ignacio -los jesuitas me formaron, también mis padres-, y como presidente del Club Deportivo San Ignacio fui parte de un hecho histórico: la fundación del Club de Deportes Concepción.
Por lo tanto, hago un gran reconocimiento a Patricio Almendra . Gracias por el ejemplo que has dado a la juventud penquista. Fuerza, porque en la labor de preparación técnica también vas a tener éxito.
Solicito que esta intervención se haga llegar al señor Patricio Almendra, a sus padres y a los directivos del Club de Deportes Concepción.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Matías Walker , Fuad Chahín , Hugo Gutiérrez , Lautaro Carmona , Ricardo Rincón y Alberto Robles .
INFORMACIÓN SOBRE OPTIMIZACIÓN DE PROYECTO MINERO CERRO CASALE. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto PRSD-PC-IC, tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , la señora Ercilia Araya , representante de la Comunidad Colla Pai Ote, ha hecho una presentación en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Tercera Región de Atacama, que evaluó el proyecto Optimización Proyecto Minero Cerro Casale.
Abiertamente, no se consideraron las presentaciones que hizo la Comunidad Colla Pai Ote para impedir que se llevara adelante este proyecto que la afecta directamente por el trazado de un concentraducto que atraviesa sus territorios de pastoreo.
La resolución que entrega la comisión dice que tendría una probabilidad de ocurrencia poco probable. No sé cómo define que sea de ocurrencia poco probable y de intensidad baja, sin mediar estudios concretos.
Se van a extraer 900 litros de agua por segundo, lo que afectará las napas subterráneas que usa esa comunidad.
Además, por las torres de alta tensión no se establecen mitigaciones ni compensaciones a favor de la Comunidad Colla Pai Ote.
Es decir, aquí hay faltas graves, y todo esto se consuma porque la Comunidad Colla Pai Ote no ha sido consultada, tal como lo recomienda y lo define el Convenio 169 de la OIT, que reiteradamente en esta Corporación, en distintos momentos, se ha dicho que es una norma que asume la República de Chile.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama , al seremi del Medio Ambiente y a la ministra del Medio Ambiente , para que expliquen, primero, por qué no fue consultada la comunidad y, segundo, las razones que relativizan los impactos abiertamente demostrados por la Comunidad y que afectan el medio ambiente y los derechos protegidos bajo este convenio.
Pido que copia de este oficio se haga llegar al intendente, a los consejeros regionales, al alcalde y a los concejales de la región, que están vinculados a este tema y, por cierto, a la Comunidad Colla Pai Ote, cuya dirección entregaré a la Secretaría de la Cámara, así como a los trabajadores organizados en la CUT provincial y a los vecinos organizados en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Hugo Gutiérrez y Alberto Robles .
FALTA DE PROBIDAD DE FUNCIONARIO EN FINIQUITO DE TRABAJADOR DE COMUNA DE COPIAPÓ. Oficios.
El señor CARMONA.- En segundo lugar, pido que se oficie al director del Trabajo de la Región de Atacama y al seremi del Trabajo, sobre la situación a la que me referiré.
El vecino Daniel Ramón Flores Pinto , quien fue contratado por jornada completa diaria como cuidador de un establecimiento comercial, acudió a la Inspección del Trabajo el 11 de diciembre de 2012 para solicitar apoyo ante la imposibilidad de concretar una licencia médica, dado que su empleador nunca solemnizó o formalizó su contrato. Más aun, ante esta situación procedió a desvincularlo sin pago de finiquito.
La Inspección del Trabajo asumió un rol mediador, y planteó una cifra a favor del trabajador, que correspondía a la licencia, además de finiquito y vacaciones.
El trabajador aceptó ante la Inspección, donde se deja constancia que las partes leen el texto de acuerdo y lo firman.
En la descripción señalada hay una tremenda burla a este trabajador de parte del inspector y del abogado representante de la parte patronal, quienes lo perjudicaron presentando una firma sin precisar. Pero lo más grave en todo esto es que don Daniel Flores es analfabeto; o sea, no sabe leer y solo domina la capacidad de escribir su nombre. Todo esto se adjunta en la documentación que entregó el trabajador.
El abogado Adolfo Medel fue uno de los seremi del Trabajo de Atacama bajo la dictadura de Pinochet, y uno de sus subordinados fue el funcionario Mauricio Arriagada Cailly .
Esto habrá que precisarlo, porque hay abuso de autoridad y una falta a la probidad para aplicarse a las tareas públicas a las cuales están obligados.
Pido que copia de este oficio sea enviado a la ministra del Trabajo, al seremi del Trabajo, al intendente, a los consejeros regionales, a la CUT provincial y al afectado, señor Daniel Ramón Flores Pinto.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Hugo Gutiérrez y Alberto Robles .
INVESTIGACIÓN DE PROPAGANDA INJURIOSA EN CONTRA DE ALCALDE Y DE DIRIGENTES SOCIALES DE COMUNA DE FREIRINA. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , pido que se oficie al Ministerio del Interior, a la Policía de Investigaciones, a Carabineros, al intendente de la Región de Atacama y a la gobernadora de la provincia del Huasco, para hacer presente una situación que me parece inaceptable.
En las calles de la comuna de Vallenar, y también en otras localidades de la provincia, han aparecido algunos folletos altamente inaceptables, pegados en las paredes, que muestran que hay elementos que no entienden lo que queremos en nuestro país desde el punto de vista del desarrollo local.
Los carteles afectan a los dirigentes sociales de Freirina, señor Yahir Rojas , señora Andrea Cisternas , y al alcalde de Freirina , señor César Orellana .
Los carteles señalan: “Se busca viva o muerta. Se paga recompensa. Interesados llamar al 133”. Todos sabemos que el 133 es el teléfono de emergencia de Carabineros. Asimismo, se llama a denunciar al 134.
Señor Presidente , tanto estos dirigentes sociales como nuestro alcalde de Freirina , electo por amplia mayoría, con gran apoyo ciudadano, están siendo afectados por este tipo de propaganda, a mi juicio, absolutamente inaceptable. Me gustaría saber quiénes son los que están detrás de este tipo de maniobras. Ellas constituyen verdaderos actos de terrorismo para inquietar a dichos dirigentes y a un alcalde electo democráticamente. Además, incorporan en tales folletos los números de emergencia de Carabineros y de la PDI. Insisto, me gustaría saber quiénes son las personas responsables de esos actos.
Como se sabe, la comunidad de Freirina se organizó después de varios meses en que las autoridades no obtuvieron respuesta. Allí, una empresa afectó claramente el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Esa empresa, además, ha tomado decisiones en términos de despedir a un número muy importante de personas de la provincia del Huasco y es la principal causante de lo que hoy ocurre en esa provincia, por su mala gestión ambiental, comunicacional y de acercamiento a las organizaciones. Hoy, a través de este tipo de hechos, vemos enfrentarse a personas que, legítimamente, pelean por tener un trabajo digno y adecuado y desean vivir en un ambiente libre de contaminación.
Por ello, pido que se oficie al señor ministro del Interior , para que, a través de la Subsecretaría del Interior , me informe respecto de las acciones que está desarrollando esa repartición para aclarar la situación planteada. No podemos aceptar que haya personas que motiven esta clase de acciones en la provincia.
Respaldo absolutamente las acciones desarrolladas por los alcaldes de Freirina, de Huasco y de Vallenar, con el objeto de reincorporar a las personas cesantes en distintos puestos de trabajo de la zona, en la medida de lo posible. Respaldo todo el trabajo de comunicación que el gobierno local, el alcalde de Freirina y su concejo, incluidos los concejales de Oposición, llevan adelante, porque están intentando armonizar la situación en la comuna.
Pido que este tipo de acciones realizadas por gente despiadada, desalmada -podrían considerarse, incluso, actos terroristas-, no sigan ejecutándose en la provincia del Huasco.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Gutiérrez , Carmona y Ortiz .
MOLESTIA POR CESACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN COMUNA DE RECOLETA.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el tiempo adicional de 5 minutos, que corresponden una vez al mes a cada bancada, tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente , no pediré el envío de ningún oficio, sino manifestar la profunda molestia y tristeza de miles de vecinos de escasos recursos, de familias vulnerables de Recoleta, por la decisión del alcalde comunista Daniel Jadue de negarles el acceso a la cultura. Este hecho -repito-, lamentablemente, involucra a miles de familias muy pobres y a otras no tanto -sumadas ascienden a miles- que no pueden acceder a la cultura sino en forma gratuita.
¿Qué ha pasado allí? Se ha suprimido el festival de teatro. Éste se realizó durante doce años en forma ininterrumpida en el estadio municipal de la comuna. Más de siete mil recoletanas y recoletanos llegaban diariamente a presenciar funciones, siendo uno de los festivales comunales más grandes del país. Los habitantes de Recoleta y de las comunas vecinas, todos los años, esperan con mucho entusiasmo la llegada de ese festival, ya que representa una gran oportunidad para pasarla bien en familia y de manera absolutamente gratuita.
Señor Presidente , lamento esta situación. Aquí se ha roto una tradición de años muy importante y valorada por los vecinos y vecinas de escasos recursos de Recoleta, quienes no tienen la posibilidad de ir en familia a disfrutar del teatro, como lo permitía este festival tan valioso, cuya tradición -insisto- se pierde, porque el alcalde comunista Jadue decide terminar con ella. Me pregunto si ese alcalde valora la cultura, si le da importancia, si tiene interés en que las familias recoletanas continúen accediendo a algún tipo de evento cultural.
Por otra parte, en la corporación cultural de Recoleta, formada hace doce años, no se les renovó el contrato a los profesores de la orquesta infantil. Dicha orquesta, que tantas alegrías le ha dado a nuestra comuna, entró en un receso indefinido y los apoderados de los alumnos se están organizando para poder manifestarle al alcalde la posibilidad de reponerla.
También se han eliminado los talleres de verano. En esa comuna, todos los años, se realizaban escuelas de verano dirigidas a jóvenes y niños en riesgo social. Esos talleres beneficiaban a alrededor de doscientas personas durante enero.
Asimismo, se han suspendido las actividades en las salas de exposición de la corporación cultural. Las exposiciones agendadas para el primer trimestre fueron canceladas.
Hoy, la comunidad de Recoleta advierte que se ha perjudicado absolutamente su posibilidad de acceder a la cultura, precisa-
mente por un alcalde comunista, lo que, francamente, es insólito en gente que pregona y hace gárgaras con el respeto y la promoción de la cultura en los espacios públicos. Ésta es una clara prueba de que el alcalde comunista, muy lejos de interesarse por la cultura, desea generar daño y dolor a muchas familias de su comuna.
Todo lo anterior se suma a la eliminación del programa de seguridad ciudadana, instaurado hace más de doce años, con lo que también los vecinos son perjudicados. Si uno sufre una enfermedad en un pie busca un remedio, pero no lo corta. Aquí, lo que ha hecho el alcalde comunista Jadue es cortarle el pie a miles de vecinos de Recoleta y ponerse del lado de los delincuentes y de los microtraficantes, pues ha retirado un programa tremendamente importante, una herramienta de apoyo a la gestión municipal y de combate duro al microtráfico y a la delincuencia, por razones, al parecer, ideológicas.
Quiero decirle al alcalde Jadue que los vecinos se van a organizar y a exigir sus derechos. Queremos de vuelta la cultura y la seguridad ciudadana en la comuna de Recoleta.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.18 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 12.40 horas.
El señor DIAZ (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INVESTIGACIÓN DE CONTRAVENCIÓN DE NORMATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE DERECHOS DE LOS PACIENTES EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR "ISABEL RIQUELME", COMUNA DE CHILLÁN. Oficio.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente , en mi condición de médico y de diputado , quiero denunciar un hecho muy grave acaecido en el Centro de Salud Familiar “ Isabel Riquelme ”, atendido por la municipalidad de Chillán.
Durante la semana del 14 de enero pasado, en un mesón de ese Centro de Salud Familiar, se exhibía la lista de pacientes con enfermedades contagiosas. Lo más grave es que figuraban las direcciones de los enfermos de SIDA y de los portadores del virus. De esta situación se percató un usuario del Centro de Salud Familiar, quien, para dejar constancia, tomó unas fotografías y las hizo llegar a los medios de comunicación, los que dieron cuenta del hecho. A mi juicio, se vulneraron los derechos de los pacientes y la protección de sus datos personales sensibles.
Por la gravedad de la situación, pido que se oficie al ministro de Salud para que instruya a la municipalidad de Chillán a fin de que inicie la investigación pertinente, para saber exactamente, o en lo posible, cuánto tiempo estuvo expuesta esa nómina, cuáles fueron las razones que motivaron esa exposición y las sanciones que se adoptarán.
He dicho.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
RESPALDO A MEDIDAS DE REUBICACIÓN Y DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR. Oficios.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra del Trabajo y a la directora Nacional del Trabajo para trasmitirles que hemos sido informados por dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores de la Universidad del Mar del acuerdo logrado con la Dirección del Trabajo para constituir una mesa de trabajo, de manera de ampliar las medidas acordadas en el proceso de mediación. Entendemos que el objetivo de esta mesa es lograr la reubicación de los trabajadores desplazados en otras universidades, entendiendo que la reubicación de estudiantes podría generar demandas laborales en las universidades que los acojan.
Nos parece que ese es el camino correcto. Tal como se han hecho importantes esfuerzos para reubicar a los alumnos de la Universidad del Mar, también debiera atenderse la realidad de los cerca de 4 mil trabajadores de esta casa de estudios que, como consecuencia de su cierre, quedarán “en el aire”.
De ser efectiva la concreción de la mesa, es muy importante que el Ministerio del Trabajo contemple mecanismos de capacitación o dé facilidades para que los trabajadores desplazados se capaciten, atención que también debieran prestar Corfo y Sercotec para facilitarles a muchos la reconversión laboral orientada al autoempleo o al emprendimiento.
Entendemos que en este esfuerzo está involucrada la Dirección del Trabajo, a través de la señora Soledad Neveu , jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección Nacional del Trabajo, a quien queremos transmitirle nuestra solidaridad y respaldo. Nuestro deseo y anhelo es que esa mesa de trabajo se convierta en el vehículo para reubicar a los cerca de 4 mil trabajadores de la mencionada casa de estudios, que también están pagando las consecuencias de la pésima conducción de los ejecutivos de la Universidad del Mar.
Pido que copia de esta intervención se envíe a don César Guisado Aránguiz , presidente coordinador de la mesa sindical de trabajadores de la Universidad del Mar.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SANEAMIENTO MEDIOAMBIENTAL EN SECTOR EL CULEBRÓN Y BAHÍA LA HERRADURA, COMUNA DE COQUIMBO. Oficios
.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra del Medio Ambiente , al director del Servicio de Evaluación Ambiental , al intendente de la Región de Coquimbo y alcalde de la comuna de Coquimbo, en relación con dos situaciones que afectan al medio ambiente de este municipio.
En primer lugar, me referiré a la situación que afecta al sector El Culebrón.
A pesar de los muchos esfuerzos desplegados -fui gobernador de la provincia de Elqui y, el diputado Velásquez , alcalde de la comuna de Coquimbo- el parque que se encuentra en el lugar terminó convertido en un basural. Se trata de un patrimonio ambiental de la comuna de Coquimbo, pero también es un patrimonio de nuestra región y de nuestro país que requiere medidas urgentes de intervención, para evitar que termine convertido en una zona deteriorada. Su valor ambiental se ha depreciado por el uso indiscriminado que se ha hecho de él como lugar de desechos.
Pedimos que se implemente un plan de recuperación del parque El Culebrón, que se pongan en marcha iniciativas, amén de las políticas públicas que se requieren para hacer frente a la depredación medioambiental de ese sector de la comuna de Coquimbo. Este es el momento para que la autoridad ponga sobre la mesa un proyecto completo; que el municipio presente un financiamiento al gobierno regional, para poner en marcha un plan de educación ambiental, de recuperación ambiental y, posteriormente, de conservación ambiental.
En segundo lugar, la bahía La Herradura de Coquimbo está plagada de naves abandonadas, sea porque por orden judicial están con prohibición de zarpe, sea porque están embargadas. El punto es que en la bahía de Coquimbo hay barcos abandonados que están empezando a deteriorarse como consecuencia del paso del tiempo. Tienen filtraciones y fugas de material contaminado, como grasas, aguas, petróleo y aceites. Alrededor de los barcos, el agua de mar tiene un carácter oleaginoso. Además, la contaminación de las aguas está afectando a las especies marinas del lugar. En definitiva, aquí tampoco ha habido una política intensiva para retirar los barcos abandonados o para evitar que la permanencia de estas naves provoque deterioros ambientales, lo que está ocurriendo de manera permanente.
Para este caso, pedimos la intervención de las autoridades. La Herradura de Coquimbo es una bahía rica en diversidad biológica y urge adoptar medidas que pongan fin a esta contaminación permanente, constante, perpetua, de nuestro borde costero. Nos parece que aquí hay responsabilidad de las autoridades públicas.
He dicho.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
RECUPERACIÓN DE CUPOS DE EMPLEO EN PROVINCIA DEL HUASCO. Oficios.
El señor VELÁSQUEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra del Trabajo , al intendente de la Región de Atacama y a la gobernadora de la provincia del Huasco, en relación con el tema que voy a plantear.
Hace poco supe que el Ministerio del Trabajo disminuyó los cupos de empleo de la provincia del Huasco. En efecto, rebajó 20 cupos para mujeres trabajadoras en Freirina, cerca de 16 cupos en Huasco y cerca de 13 cupos en Vallenar.
El problema, señor Presidente , es que tenemos una situación muy particular en la provincia. Como todos saben, la mala gestión ambiental de la empresa Agrosuper acarreó un grave problema comunitario, que se expresó en las calles y que condujo, primero, al Gobierno, y a la empresa, después, a decidir el cierre indefinido de la planta, algo que valoramos, porque entendemos que lo primero que tiene que hacer una empresa -creo que la ministra va a estar de acuerdo conmigo- es tratar bien a sus trabajadores, investigar el trabajo, incorporarse en el territorio, que es lo básico que las empresas deben hacer, y por cierto, respetar el medio ambiente. Cuando una empresa no gestiona bien esos tres aspectos, evidentemente, tiene conflictos con la comunidad, los que se producen con mayor razón en la actualidad.
Creo que la ministra también va a estar de acuerdo conmigo en que el problema de los malos olores se debió a una mala gestión de la empresa. Todos, y me incluyo, queremos que las empresas den trabajo en las zonas en que se ubican, lo que es muy relevante; pero también queremos que lo hagan bien, que no afecten ninguno de esos tres parámetros que he señalado. Y ésta es una empresa que no hizo una buena gestión ambiental. Y, por cierto, si quiere volver a funcionar, estamos llanos a que lo haga, en la medida en que no afecte con malos olores a esos ciudadanos. Es básico solicitar que lo haga bien, que no impacte ni con un pequeño porcentaje de malos olores a esas personas, ya que a nadie le gusta vivir en esas condiciones. Pero la empresa tomó la decisión de cerrar sus faenas, lo que ha provocado el despido de cincuenta personas en Freirina, más o menos sesenta o setenta en Huasco y otras cien en Vallenar, lo que implica necesariamente que debiese implementarse una política de reinserción de esos cesantes. Si además el Gobierno cierra esos puestos de trabajo, afecta en mayor medida a la provincia, sin ninguna razón.
Espero que la señora ministra logre captar que necesitamos mantener los puestos de trabajo financiados por el Gobierno, en el entendido de que tenemos un problema serio, sobre todo porque todos esos trabajos son servidos por jefas de hogar. Además, la restitución de esos puestos laborales no implica un mayor costo para el Ejecutivo , dado que los recursos están contemplados en el Presupuesto de la Nación.
En consecuencia, debe expresar una voluntad de apoyo a la provincia de Huasco, a las trabajadoras que han sido cesadas. Además, quiero plantear a la ministra que fueron despedidas en muy mala forma, porque sólo se les informó la medida, prácticamente, días antes de ser cesadas en sus cargos.
Espero que se puedan recuperar los veinte cupos en Freirina, los dieciséis de Huasco y los trece o más de Vallenar, ya que me parece imprescindible sortear los problemas laborales que tienen las mujeres jefas de hogar de la provincia de Huasco.
Solicito enviar copia de mi intervención a los alcaldes de Freirina, de Huasco y de Vallenar, y a la alcaldesa de Alto del Carmen, así como a los respectivos concejos.
He dicho.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Fuad Chahín y de quien habla.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN PEHUENCO EN LA COMUNA DE VICTORIA. Oficios.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , el Gobierno Regional de La Araucanía hizo un compromiso hace varios años para impulsar el plan Pehuenco para cuatro comunidades del sector que fueron asentadas en los procesos de compra de tierras del artículo 20, letra b), de la ley N° 19.253, que tenía fundamentalmente tres etapas: la primera, de electrificación rural, que se cumplió; la segunda, de agua potable, que está en la fase de diseño, y la tercera, de mejoramiento de caminos, mediante un Programa de Desarrollo Indígena (PDI). Sin embargo, los caminos siguen siendo intransitables en esas comunidades.
Por lo tanto, solicito oficiar el ministro de Obras Públicas , al intendente de la región y al Consejo Regional de La Araucanía, con copia al concejo de Victoria y a don Jorge Nahuel Chachallao , presidente de la comunidad Antonio Millalén , del sector Pehuenco , de la comuna de Victoria, cuyo teléfono dejaré a disposición de la Secretaría, con el objeto de que se preocupen de que se cumpla ese compromiso y que, en definitiva, se establezca un estándar de caminos adecuados para la comunidad indígena Antonio Millalén y, en general, para las cuatro comunidades del sector Pehuenco .
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
REPARACIÓN DEL PUENTE LA CRUZ EN COMUNA DE PERQUENCO. Oficios.
El señor CHAHÍN.- En segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas , con copia al concejo municipal de la comuna de Perquenco, para que informe sobre el estado en que se encuentra el puente La Cruz, en el sector Rinconada de Perquenco, que, según se nos ha informado, está destruido, por lo que requerimos su pronta reparación a través de la Dirección de Puentes.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
HABILITACIÓN DE CAMINO RARIRUCA-BAYONA PARA USO PÚBLICO. Oficios.
El señor CHAHÍN.- En tercer lugar, solicito oficiar a la ministra de Obras Públicas , con copia al concejo de Curacautín, al concejal Raúl Schifferli y a la comuna de Lautaro, con el objeto de que, a través de la Dirección de Vialidad, nos informe respecto del camino Rariruca-Bayona, que era de uso público, pero que ahora una parte está en manos de las forestales y un tramo de tres o cuatro kilómetros no está transitable. Consideramos indispensable que ese camino se abra al uso público, ya que si no está enrolado, debe existir una presunción de uso público desde tiempos inmemoriales.
La habilitación del camino Rariruca-Bayona, que va desde Curacautín a Lautaro y une los sectores de Santa Ema, Las Minas, El Escudo, sería de gran utilidad para el uso público, para la venta de los productos del campo y para la movilización de las familias.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
FISCALIZACIÓN DE PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE FORESTAL EN SECTOR LAS MINAS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficios.
El señor CHAHÍN.- En cuarto lugar, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas y a Carabineros de Chile, para que realicen una fiscalización adecuada del proceso de explotación de Forestal Mininco en los predios del sector Las Minas, donde los camiones transitan a exceso de velocidad para llevar ripio para el mejoramiento de los caminos internos de la forestal, algo que se repetirá posteriormente con los camiones que llevarán los productos madereros obtenidos por la explotación de los predios de la Forestal Mininco.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ALCANCE JURÍDICO DE CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE AGUAS ARAUCANÍA Y EL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE HUALLEPENCO, COMUNA DE PERQUENCO. Oficios.
El señor CHAHÍN.- Finalmente, la Dirección de Obras Hidráulicas ha informado al comité de agua potable Huallepenco, de la comuna de Perquenco, que Aguas Araucanía poco menos que le hace un favor al brindarle asistencia técnica, ya que no se le está pagando por ese concepto. No obstante, nosotros entendemos que la Dirección de Obras Hidráulicas le paga a Aguas Arauca-nía para que brinde asistencia técnica a ese comité.
Hace algunos días se produjo la falla de una bomba que terminó quemando un fusible. Los técnicos de Aguas Andinas sólo remplazaron el fusible, pero no quisieron revisar la bomba, la que se terminó quemando, lo que significó costos cuantiosos para el comité, por la deficiente asistencia técnica que le prestó Aguas Araucanía , pero esa empresa no se quiere hacer responsable de lo sucedido.
Por otra parte, la Dirección de Obras Hidráulicas, lejos de exigir la responsabilidad de la empresa, parece estar en complicidad con ella, porque dice que ésta no es una obligación de Aguas Araucanía, ya que prácticamente estaría haciendo un favor al dar asistencia técnica a ese comité, lo que nos parece inaceptable
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Obras Públicas , con el objeto de que, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de La Araucanía, nos informe respecto de lo que ocurre con la asistencia técnica que debe brindar Aguas Araucanía al comité de agua potable Huallepenco, de la comuna de Perquenco. Asimismo, queremos saber el alcance jurídico del contrato firmado por Aguas Araucanía y por los comités de agua potable rural para brindarles asistencia técnica, en particular respecto del comité de agua potable rural de Huallepenco, de la comuna de Perquenco.
Asimismo, solicito enviar copia de mi intervención, del oficio y de la respuesta al mismo al concejo de la comuna de Perquenco y a la directiva de dicho comité, para lo cual pido a la Secretaría que se contacte con mi oficina parlamentaria de Lautaro
He dicho.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención a los organismos por usted señalados.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES SOBRE INCENDIO EN EMPRESA CONFINOR S.A., COMUNA DE COPIAPÓ. Oficio.
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , solicito oficiar a las máximas autoridades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a fin de que informen a esta Corporación, en particular, a quien habla, si tomaron conocimiento de los hechos ocurridos el pasado 24 de octubre de 2012 en la localidad de Cuesta Cardones, comuna de Copiapó, Región de Atacama. Allí se produjo un incendio de gran magnitud que afectó a Confinor S.A., empresa cuya principal actividad es el manejo y disposición final de sustancias y residuos peligrosos definidos en el decreto supremo N° 149.
En las dependencias de Confinor S.A. se produjo un incendio de tal proporción que para su amago tuvieron que concurrir no solo las compañías de bomberos de Copiapó, sino que también se debió solicitar ayuda a otras. Es decir, Confinor S.A. no contaba con todos los elementos de seguridad para enfrentar dicho siniestro, lo cual queda aún más clarificado con las declaraciones del secretario regional ministerial de Minería de Atacama , don Mauricio Pino , quien señaló que para enfrentar la emergencia se debió recurrir a otras empresas para extinguir el incendio. Asimismo, se requirió ayuda externa. De esa manera, la industria minera se hizo presente en el lugar.
Por esa razón, el seremi agradeció la colaboración de Pucobre, Minera Candelaria , Minera Hierro Atacama y Minera Carola , quienes brindaron toda la colaboración necesaria, poniendo a disposición de la Onemi personal de las brigadas de emergencia para el manejo de sustancias peligrosas y equipos de espuma para el control de incendios.
Esta breve síntesis se complementa con oficios -los dejare a disposición de la Secretaría- dirigidos al intendente de Atacama, don Rafael Prohens Espinoza , entregados en Oficina de Partes de la Intendencia el pasado 13 de diciembre de 2012, y el escrito presentado por el diputado que habla en la Fiscalía de Copiapó por denuncias en contra de quienes resulten responsables por el delito de obstrucción a la investigación, previsto y sancionado en el artículo 269 bis del Código Penal, y por el delito contemplado en el artículo 314 del Código Penal en contra de la empresa Confinor S.A. y de todos quienes resulten responsables.
Todo lo anterior tiene como finalidad ilustrar de lo ocurrido a las máximas autoridades de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que de acuerdo a lo contemplado en la ley orgánica constitucional que la rige, tiene por misión vigilar la adecuada operación de los servicios de electricidad, gas y combustibles, en términos de su seguridad, calidad y precio. Consecuentemente con su misión, y en torno a la última modificación realizada a la ley Nº 18.410, en mayo de 2005, el objeto de la SEC será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y las normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas y que las operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o sus cosas.
En base a lo anterior, que constituye la misión institucional de la SEC, en especial en lo relativo a la fiscalización y supervigilancia para que las empresas, entre otras, las generadoras eléctricas, desarrollen de la mejor manera su función, solicito a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles enviar a esta Corporación la información requerida para esclarecer los hechos y los efectos que generó en el medio ambiente y en el entorno el incendio de proporciones producido en la empresa Confinor S.A., aledaña a tres generadoras eléctricas: Central Eléctrica Ceniza, Central Térmica Cardones y Empresa Generadora del Pacífico S.A..
Entre otras cosas, quiero que la SEC me informe lo siguiente:
1. Si tuvo conocimiento de ese incendio de proporciones originado en Confinor S.A., empresa ubicada en camino C-404, kilómetro 795, Ruta 5, comuna de Copiapó, Región de Atacama.
2. Si tiene conocimiento de que en un área de menos de un kilómetro de donde se ubica Confinor S.A. existen tres empresas generadoras eléctricas: Central Eléctrica Ceniza, Central Térmica Cardones y Empresa Generadora del Pacífico S.A.
3. Si realizó una investigación sobre los hechos acontecidos el pasado 24 de octubre de 2012.
4. Si lo ocurrido en Confinor S.A. puso en peligro la integridad física de las personas y las instalaciones de las empresas generadoras eléctricas antes mencionadas.
5. Qué tipo de ayuda prestaron las empresas eléctricas vecinas a Confinor S.A. a fin de combatir y amagar el incendio.
6. Qué clase de combustible utilizan Central Eléctrica Ceniza, Central Térmica Cardones y Empresa Generadora del Pacífico S.A.
7. La cantidad de combustible diésel o petróleo que utilizan para su funcionamiento las empresas antes mencionadas, cuánto tienen habitualmente de reserva y dónde lo depositan o almacenan.
Asimismo, quiero que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles inicie una investigación sobre los efectos que causó el incendio producido en Confinor S.A. y cómo este afectó a las empresas generadoras eléctricas del sector.
De igual modo, que determine técnicamente qué efecto podría darse si se produjera otro incendio de iguales características en Confinor S.A., teniendo conocimiento de que para extinguir el primero se debió pedir ayuda a lo menos a cuatro empresas mineras y que las generadoras eléctricas concurrieron con su propio personal al lugar.
Además, que emita un informe técnico elaborado por especialistas en el que se determine que de producirse en Confinor un hecho tan lamentable como el relatado, ni las instalaciones ni la actividad productiva de las tres empresas generadoras eléctricas mencionadas corren riesgo pese a ubicarse aledañas a la empresa siniestrada.
De igual manera, quiero saber si las generadoras Central Eléctrica Ceniza, Central Térmica Cardones y Empresa Generadora del Pacífico S.A., de acuerdo con lo estipulado en la ley, informaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de los hechos ocurridos el pasado 24 de octubre de 2012 y qué acciones tomó en los ámbitos administrativo y judicial, en atención a que la seguridad de las personas y de la infraestructura de cada una de esas empresas pudo haberse afectado gravemente.
Por último, quiero que la Superintendencia ponga a disposición de esta Cámara y de quien habla los protocolos técnicos y administrativos para la autorización de la instalación de plantas eléctricas y nos dé su opinión técnica sobre si la ubicación actual de Confinor S.A. constituye o no un peligro permanente para el normal funcionamiento de las empresas generadoras eléctricas ubicadas en ese sector.
He dicho
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.09 horas
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
7. Informe XVIII Reunión Comisión Parlamentaria Congreso Nacional-Parlamento Europeo, efectuada los días 21 y 22 de enero de 2013.
“Honorable Senado
Honorable Cámara
Tengo a honra informar acerca de la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Congreso Nacional Parlamento Europeo, efectuada en Chile, los días 21 y 22 de enero de 2013.
La agenda del primer día, contempló audiencias con los Ministros de Energía, señor Jorge Bunster; de Hacienda, señor Felipe Larrain; de Relaciones Exteriores, señor Alfredo Moreno; Secretaria General del Gobierno, señora Cecilia Pérez; Subsecretario del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, quienes informaron sobre aspectos de sus propias carteras y embajador señor Rodrigo Gaete, acerca de las actividades de la Cumbre Celac-UE.
El segundo día, las actividades se iniciaron con una reunión desayuno con el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Nicolás Miinckeberg, donde se abordaron distintos temas de la relación bilateral y sobre una visión de futuro acerca de lo que implicaría una modernización del Acuerdo de Asociación entre la comunidad europea y sus Estados miembros, y la República de Chile, que dio nacimiento a la Comisión Parlamentaria CN/PE.
La delegación europea estuvo conformada por los eurodiputados señores António Correia de Campos, Copresidente (Portugal); señoras Pilar Ayuso, Primera Vicepresidenta (España),Verónica Lópe Fontagné (España), María Auxiliadora Correa Zamora (España), María Pérez Irigoyen (España), Jutta Haug (Alemania), y señores Agustín Díaz de Mera García (España), Pablo Zalba (España), Vicente Garcés Ramón (España), Bernhard Rapkay (Alemania), Vladko Todorov Panayotov (Bulgaria), Andrés Perrelló (España) Juan Salafranca (EPP) y señora Silvia González del Pino (S&D).
La Parte chilena estuvo representada por los senadores señora Isabel Allende y señores Jovino Novoa, Jorge Pizarro, Alberto Espina, Carlos Ignacio Kuschel y Eugenio Tuma y diputados señores Pablo Lorenzini, Copresidente de la CPCN-PE, señora Clemira Pacheco y señores Rosauro Martínez, Guillermo Teillier y Jorge Tarud.
I. SESIÓN INAUGURAL
Usó de la palabra, el diputado señor Pablo Lorenzini, Co-Presidente de la Comisión Parlamentaria, quien dio la bienvenida a la delegación, a la vez que destacó que la UE se ha convertido en un socio con el que existe una sólida relación basada en los principios democráticos fundamentales y en una visión compartida de futuro. De esta manera, ambas partes trabajan en la promoción de un sistema internacional más justo y menos excluyente, así como en la construcción progresiva de un orden legal e institucional que permita hacer frente de manera colectiva a los grandes retos y amenazas de nuestros tiempos.
En segundo término formuló algunos comentarios en torno a los temas de la agenda, para luego referirse a los diez años del Acuerdo de Asociación y a la necesidad de revitalizarlo y modernizarlo, lo que no sólo dice relación con el compromiso adquirido por ambas partes en su artículo 74, en su denominada “cláusula evolutiva”, para alcanzar un mejor acceso a determinados productos agrícolas y pesqueros, sino además, en cuanto a incluir pilares políticos y de cooperación, de manera que este Acuerdo refleje de mejor forma la situación actual y la evolución de las relaciones durante esta década.
Entre los objetivos a implementar está precisamente, el fortalecer el diálogo político, buscando nuevas áreas y ámbitos de coordinación, que reflejen los desafíos que la actual situación internacional impone y que den respuesta a los debates que se llevan a cabo en los principales organismos internacionales.
En cuanto a la cooperación, destacó que era preciso tener en consideración la situación de desarrollo de Chile, lo cual nos haría merecedores de obtener un cierto tipo de ayuda, teniendo presente, asimismo, que también sería necesario buscar fórmulas que permitan trasladar nuestra experiencia en este ámbito a otros países que pudieran necesitar ese tipo de cooperación.
Finalmente, se refirió a la 1 Cumbre Celac-UE, destacando su importancia.
A continuación intervino el eurodiputado señor António Correia de Campos, Co-Presidente CP-UE, quien agradeció al diputado señor Pablo Lorenzini Co Presidente por las importantes reuniones sostenidas con algunos ministros como se señaló anteriormente, destacando también el encuentro que sostuviera la delegación con representantes de la sociedad civil y celebrando asimismo la celebración de la 1 Cumbre Eurolat UE, a desarrollarse en Chile.
Asimismo, se refirió a los temas de la agenda durante la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria, por el enriquecimiento y contribución al debate político.
Destacó el gran paso dado en cuanto a la integración latinoamericana obtenida a fines del año 2011, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac), la presidencia pro-tempore ejercida por Chile, y por cierto la realización de la I Cumbre Celac-UE.
Del mismo modo, resaltó el nivel alcanzado por las relaciones de ambas partes, tanto en los niveles político como económico, teniendo presente las raíces, culturas, idiomas, tradiciones y objetivos comunes.
Finalmente, tocó aspectos sobre la situación que afecta a la comunidad europea, y a los sacrificios que se han debido imponer para poder sortear los inconvenientes que ello conlleva, como reducir áreas de inversión, destacando el amplio espíritu de unidad para enfrentar las adversidades, lo que ejemplificó en los acuerdos adoptados por Alemania y medidas adoptadas en torno a la zona euro, la unión bancaria, etc.
Por último, también se refirió a los problemas que aquejan a nuestro país, como las protestas estudiantiles, o las demandas de los pueblos originarios, para lo cual manifestó su interés en que se llegara a soluciones de consenso. El texto de su discurso se adjunta en anexo N° 1.
En su alocución, el Embajador de la Unión Europea en Chile, señor Rafael Dochao destacó la importancia de la reunión dentro del contexto mundial actual, desde los puntos de vista económico, social, cultural, actividades extractivas como la minería, también la energía y las corrientes migratorias. Se adjunta el texto de su intervención en anexo N°2.
A continuación se aprobó el Orden del Día, que se desarrollará más adelante.
Del mismo modo, se adoptó el acta de la XVII Sesión, efectuada en Bruselas el día 26 de septiembre del año pasado.
II. AGENDA.
Cabe tener presente que los textos completos con las intervenciones se incorporarán en una publicación que efectuará Redacción.
1.- En primer lugar, se analizó la situación política y económica en la Unión Europea y en Chile, para lo cual usaron de la palabra los senadores señores Espina, (anexo N° 3) Novoa y Pizarro y por la parte europea el euro diputado señor Vicente Gárces Ramón.
2.- En segundo término, se discutió acerca de las perspectivas de modernización del Acuerdo de Asociación, transcurridos diez años desde su entrada en vigencia, para lo cual intervinieron el senador señor Carlos Kuschel y la euro diputada señora María Auxiliadora Correa Zamora.
3.- En tercer lugar, correspondió abocarse al tema Energía: seguridad, sostenibilidad y mercado, donde usaron de la palabra la senadora señora Isabel Allende y el Co Presidente, señor António Correia de Campos, cuyas intervenciones se adjuntan en anexo N°4.
4.- En cuarto lugar, el senador señor Eugenio Turna y el eurodiputado Pablo Salva se refirieron al tema relativo a la deuda consolidada, cuyas intervenciones se adjuntan en anexo N° 5.
5.- En quinto lugar, se analizó el tema Educación Superior, Técnica y Profesional y especialmente en cuanto a la acreditación, donde participó el diputado señor Rosauro Martínez y la eurodiputada señora María Pérez lrigoyen, cuyas intervenciones se adjuntan en anexo N° 6.
6.- Finalmente, el senador señor Jorge Pizarro y el eurodiputado señor Agustín Díaz de Mera se refirieron a los nuevos flujos migratorios entre Chile y la Unión Europea, perspectivas y desarrollos, teniendo como pilar fundamental la crisis financiera y económica que afecta a algunos países como España, etc. Ambas presentaciones se adjuntan en anexo N° 7.
III. CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
Finalmente, se acordó el siguiente calendario de actividades.
-Celebrar la reunión de la mesa directiva el 26 de marzo, en Bruselas.
-Llevar a cabo la XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria CN-PE, el día 28 y de mayo.
IV. DECLARACION FINAL.
Tras un importante diálogo sobre los temas que contemplaba la agenda, ambas partes prestaron aprobación a la siguiente Declaración Conjunta.
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA UE-CHILE
Proyecto de Declaración Conjunta
XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta
Unión Europea-Chile
Martes 22 de enero de 2013
Valparaíso, Chile”
“Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) Unión Europea-Chile, encabezadas por sus Co-Presidentes, Diputado Sr. Pablo Lorenzini Basso y Eurodiputado Sr. Antonio Correia de Campos, al concluir los trabajos de la XVIII Reunión de la CPM y teniendo en cuenta el Reglamento de la CPM y el aríiculo 9 del Acuerdo de Asociación UE-Chile, acuerdan la siguiente:
“DECLARACIÓN CONJUNTA
1. Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo se muestran complacidas por el hecho de que las dos reuniones anuales, previstas en el Reglamento que rige a la CPM, se hayan desarrollado según lo esperado hasta la fecha, habiéndose celebrado su decimoctava reunión, a lo que se han añadido las reuniones regulares de la Mesa, que permiten consensuar la agenda y el programa de actividades conjuntas, todo lo cual contribuye a consolidar, profundizar y dinamizar los lazos bilaterales interparlamentarios en el marco del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea;
2. Se felicitan por haber logrado hacer coincidir la fecha de la presente reunión con la VI Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea EuroLatinoamericana (EuroLat), que se celebrará en los próximos días como antesala del poder legislativo de la I Cumbre Celac-UE, que reunirá a los representantes del ejecutivo, como forma de conseguir mayor sinergia entre los esfuerzos y trabajos de ambos foros para consolidar una dimensión parlamentaria propositiva y eficaz como parte de la Asociación Birregional de la Unión Europea con América Latina y el Caribe;
3. En este sentido, las delegaciones chilena y europea desean el mayor éxito para el desarrollo de la 1 Cumbre Celac-UE, que tendrá lugar en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero, con eje en el tema “Alianza para el desarrollo sostenible: promoviendo inversiones de calidad social y medioambiental”. Consideran que se trata de un asunto fundamental en el actual contexto signado por los efectos de la crisis económica global, ya que apunta a una recuperación centrada en un “crecimiento sustentable” y con generación de empleo, tal como fue impulsado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de junio de 2012;
4. Adicionalmente, ambas delegaciones reiteran la recomendación de incluir, con arreglo a los compromisos previamente asumidos, la cuestión migratoria y la creación del Observatorio EuroLatinoamericano en la materia, como también el compromiso adquirido en la anterior Cumbre UE-ALC (Madrid, 2010) de dar un adecuado seguimiento a las metas del Plan de Acción 2010-2012. Por último, instan nuevamente a que la Fundación UE-ALC, que se puso en marcha de manera provisoria, logre plena vigencia definitiva con la conclusión del respectivo Acuerdo Internacional, para hacer realidad el propósito de que sea un instrumento que contribuya eficazmente al diálogo, al conocimiento mutuo y a otorgar mayor visibilidad a la Asociación Birregional;
5. Manifiestan preocupación ante la actual situación económica mundial, en un momento en que la recuperación de la crisis económica y financiera que se vislumbraba, si bien frágil y desigual, ha dejado lugar a una creciente incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento y con riesgos crecientes a la baja, según los pronósticos más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI);
6. Coinciden en que las autoridades competentes en ambas regiones, como también en el resto del mundo, deberían adoptar todas las medidas que sean pertinentes y oportunas para prevenir una nueva recaída en la crisis, con sus costosos efectos económicos, sociales y humanos. Asimismo, las insta a perseverar en la implementación de las acciones y medidas adecuadas para lograr una reactivación sostenida del crecimiento y la creación de empleo, haciendo esto compatible con la necesaria consolidación fiscal y estabilización de los mercados financieros;
7. La delegación europea presenta un panorama actualizado sobre el estado de la crisis económica y financiera de la eurozona, y ambas delegaciones expresan su convicción de que es necesario que las autoridades europeas continúen reforzando su unión económica y monetaria, haciendo avances sustanciales para establecer una unión bancaria eficaz. Al mismo tiempo, hacen votos para que se adopten medidas que les permitan retomar el crecimiento económico, reducir los niveles de desempleo existentes y mejorar los equilibrios fiscales. En particular, la delegación chilena expresa sus inquietudes respecto al impacto que la persistencia de la crisis europea pudiera tener sobre la actividad económica y el comercio mundial, y sus consecuencias para las economías emergentes como la de Chile, por lo que aboga por la exitosa implementación de las acciones antes reseñadas;
8. Al mismo tiempo, valoran muy positivamente la estabilidad y solidez que ha mostrado la economía chilena, que pese a la grave crisis económica global ha logrado mantener un crecimiento económico sostenido, que habría alcanzado un 5,5% en 2012 y que se estima estará entre el 4,25% y el 5,25% este año, y generar un número significativo de puestos de trabajo que lleven a una situación técnica de pleno empleo. Ello da cuenta de una política sólida y prudente de finanzas públicas, que se ha mantenido en las últimas décadas, sirviendo de base al aumento de la inversión, de la demanda interna y de la capacidad exportadora que explican esas cifras de crecimiento;
9. A casi 10 años de la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación, expresan su satisfacción por el avance cualitativo que han experimentado las relaciones entre Chile y la Unión Europea. Coinciden en que ha sido un instrumento muy eficaz para desarrollar y profundizar los vínculos bilaterales en los ámbitos del diálogo político, la cooperación y el comercio, lo que no implica que los mecanismos en él previstos no sean susceptibles de perfeccionamiento;
10. Se congratulan por el dinamismo que, en esta década, han mostrado los intercambios comerciales bilaterales, con indudables beneficios mutuos para ambas partes. Al mismo tiempo, reiteran la importancia de profundizar el pilar comercial del Acuerdo a través de sus cláusulas evolutiva y de revisión en tanto herramientas que permiten aprovechar de modo flexible y eficaz las nuevas oportunidades que vayan surgiendo en materia de acceso a mercados de bienes y servicios, así como de flujos de capitales e inversiones, sobre la base del principio de reciprocidad y atendiendo a un adecuado equilibrio de los intereses de ambas partes;
11. Reiteran su recomendación tendiente a dar mayor proyección y difusión a los contenidos y oportunidades del Acuerdo de Asociación en beneficio de los emprendedores y el conjunto de los ciudadanos, con particular atención a los beneficios que puede reportar para las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo en Chile y en la Unión Europea;
12. Coinciden en la necesidad de modernizar el pilar de la cooperación establecido en el Acuerdo de Asociación, aprovechando las lecciones aprendidas en su exitosa implementación en su primera década, para adaptarlo a las nuevas realidades socio-económicas de Chile y la UE, así como a su grado de desarrollo. En este sentido, destacan que se requiere reforzar el diseño de nuevos temas de cooperación en que ambas partes puedan aportar de igual manera, profundizar en los temas de interés compartido, y buscar nuevas modalidades de asociación para la cooperación bilateral, incluyendo una mayor participación de la sociedad civil y el sector privado o el despliegue de iniciativas de cooperación triangular;
13. Destacan el significativo aporte que implicó el establecimiento de la Asociación para el Desarrollo y la Innovación (ADI) para el desarrollo de la cooperación bilateral, poniendo énfasis en prioridades de interés mutuo como la cohesión social, la innovación y la competitividad, así como abriendo posibilidades para establecer iniciativas de cooperación triangular con otros países de América Latina y el Caribe en pos de su desarrollo económico y social en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
14. Resaltan que esta evolución en la cooperación bilateral también debe implicar el desarrollo previsto en el artículo 22 del Acuerdo, en materia de cooperación en el sector de la energía. El impulso en esta materia debe estar guiado por el común interés de Chile y la UE por desarrollar energías alternativas renovables que les permitan reducir su dependencia energética externa, garantizando así la seguridad en el abastecimiento, e incorporar progresivamente energías limpias y renovables en su matriz energética para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que agravan el fenómeno del cambio climático y cumplir con el compromiso congruente de contar con un 20% de energías renovables en su matriz energética para el año 2020. En este sentido, se felicitan del anuncio del primer programa de la Comisión Europea en Chile, bajo el Programa Latin Arnerican-Investnnent Facility (LAIF), que va a permitir apoyar la construcción de la primera planta de paneles solares concentrados en Latinoamérica y que puede contribuir a mitigar el cambio climático;
15. Coinciden en resaltar que, en la sociedad de la información y el conocimiento, una alta calificación del capital humano constituye la fuente esencial de la riqueza de las naciones. En este sentido, sostienen que es necesario articular sistemas nacionales integrales de educación superior y técnico profesional, que entreguen a las personas las opciones para desarrollar sus habilidades en estrecha sintonía con las demandas del mercado laboral;
16. Resaltan, además, que la educación en todos sus niveles, y la educación superior y técnico profesional en particular, no sólo son un instrumento en la formación de capital humano, sino que también aportan al desarrollo personal y a la formación en valores ciudadanos, por lo que resulta clave para el crecimiento y el desarrollo sostenible y democrático de los países. Coinciden en la importancia de brindar una educación de calidad, de igualdad equitativa y accesible a todos los ciudadanos, así como en la necesidad de continuar cooperando entre ambas partes, como lo han venido haciendo exitosamente a través del Programa Erasmus Mundus - Ventanilla Chile y otros programas europeos en los que Chile participa como socio, representan un aporte significativo en materia de educación superior;
17. Expresan su preocupación por la situación a que se ven expuestas las personas y las familias que, por diversas circunstancias, caen en el sobreendeudamiento por causas derivadas del costo de la educación, de compra de vivienda o de consumo, viendo comprometidas sus opciones laborales, de desarrollo personal y de proyecto de vida familiar. Teniendo en cuenta este negativo impacto en términos humanos, como también las costosas repercusiones económicas y sociales que tienen para el desarrollo nacional, ambas partes coinciden en la necesidad de adoptar medidas y regulaciones que limiten la incidencia del endeudamiento y sus consecuencias sobre personas y familias;
18. Ambas Partes manifiestan su disposición a impulsar la cooperación en el tema de la protección de datos personales y la consolidación de deuda financiera, mediante el intercambio de información, experiencias y puntos de vista que permitan establecer marcos jurídicos y regulatorios que protejan a las personas de los abusos a los cuales se ven expuestas. En particular, manifiestan el interés en concretar un seminario conjunto con la participación de la OCDE, y proponen tomar como marco conceptual los principios de dicha organización sobre el tratamiento de los datos de las personas;
19. Consideran que los Acuerdos de Asociación entre la UE y las regiones o países de ALC deben incluir disposiciones sobre migración, entre otras, cláusulas sobre integración, no discriminación, transferencia de derechos de jubilación y de otras prestaciones sociales, y así como la lucha contra la migración irregular y el diálogo sobre la política de migración;
20. Se congratulan por los significativos avances que se han realizado para implementar plenamente el artículo 10 del Acuerdo de Asociación que prevé la creación de un Comité consultivo paritario, compuesto por un número igual de miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y de miembros de la institución correspondiente que se ocupe de asuntos económicos y sociales de Chile, con la función de asistir al Consejo de Asociación para promover el diálogo y la cooperación entre las diversas organizaciones económicas y sociales de la sociedad civil de la UE y de Chile. Reciben con gran interés el dictamen de 22 de febrero de 2012 que el CESE transmitió al Parlamento Europeo, e instan a la puesta en marcha definitiva de ese Comité consultivo paritario;
21. Solicitan a la Comisión Europea y a las autoridades de Chile que informen regularmente a la CPM UE-Chile sobre los proyectos legislativos que puedan afectar al Acuerdo de Asociación;
22. Acuerdan incorporar en la próxima reunión la temática relativa a pueblos originarios.
23. Expresan su vivo agradecimiento a los ministros y funcionarios del gobierno de Chile, así como a los representantes de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior, por el apoyo y entrega de información recibida durante esta reunión. Del mismo modo, reconocen el esfuerzo y trabajo realizado por el Copresidente del Capítulo Chileno, señor Pablo Lorenzini, por toda la colaboración y apoyo prestado para la concreción de las reuniones ministeriales, producto de lo cual se reforzaron los contactos en materias de suma importancia para el trabajo desarrollado durante la reunión.
24. Las dos delegaciones acuerdan el siguiente calendario de actividades:
-Reunión de la Mesa Directiva, en Bruselas, 26 de marzo de 2013;
-XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UF-Chile, en Bruselas, el 28 de mayo de 2013;
-Reunión de la Mesa Directiva, en Bruselas, 7 de octubre de 2013;
-XX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, en Chile, enero de 2014.
25. Finalmente se comprometen a enviar la presente Declaración a los miembros del Consejo de Asociación, y renuevan el deseo de que los Co-Presidentes de la CPM Unión Europea-Chile asistan a las futuras sesiones de dicho Consejo.
Firmado en Valparaíso, Chile, el 22 de enero de 2013.
(Fdo.): ANTONIO CORREIA DE CAMPOS, Co-Presidente Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile Parlamento Europeo; PABLO LORENZINI BASSO, Co-Presidente, Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile Parlamento Europeo; PABLO LORENZINI, Diputado Copresidente Comisión de Asociación Congreso Nacional-Parlamento Europeo”.
-Los textos íntegros de los anexos de este documento figuran en la página de internet:
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=CUENTADOCUMENTO&prmID=8502
Moción de los señores diputados Schilling, Aguiló, Araya, Burgos, Hales, Harboe, León, Pérez, don José y Rincón. Adecua la legislación a las exigencias de los Tratados Internacionales, sobre Derechos Humanos en las materia que indica. (boletín N° 8803-02).
“1. Fundamentos. El tema de la jurisdicción penal militar, es uno de los más controvertidos en la vida jurídica nacional, pero al mismo tiempo es uno de los menos estudiados por la doctrina, en los últimos años se ha logrado un consenso en la doctrina especializada que se ha dedicado al estudio de esta disciplina, que la jurisdicción penal militar en Chile se encuentra desbordada, y que no tiene parangón en la cultura occidental, desde la caída de la dictadura franquista, la cual tenía un control social efectivo a través de los tribunales militares, como expresa Jimenez de Asúa, “el estado autoritario franquista, tras de cubrir con toda una fronda bastarda de decretos de índole penal castrense el territorio español, ha compuesto, con carácter totalitarista -por su afán unitario y su contenido político- un Código de Justicia Militar (para los ejércitos de tierra, mar y aire, que se promulgó el 17 de julio de 1945”[1]. Pero la particularidad de la jurisdicción penal militar en Chile es que no es fruto de solamente de situaciones de facto, ya que si bien se aumentó la competencia de los tribunales militares en una época de fuerte represión política, no ha sido modificada sustantivamente por ningún gobierno de inspiración democrática, con la sola excepción de la reforma integral propuesta en el año 2009 mediante los boletines 6739-02 y el 6734-02, y la legislación de emergencia contenida en la ley Nº 20.477 de 2010, que parcialmente restringió el enjuiciamiento de los imputados civiles por delitos previstos en el Código de Justicia Militar manteniendo la competencia en razón d ela persona (imputado militar por delito común). No podemos olvidar que el Código de Justicia Militar que rige en Chile, entró en vigor en 1927, no sufriendo hasta la fecha grandes modificaciones, conforme a los estándares actuales de justicia. La crítica anterior, no se limita al ámbito procesal (competencia) pues desde la perspectiva de la parte especial como señala Mera “la necesidad una reforma integral de la tipificación y sanción de los delitos militares. Deben eliminarse en una futura reforma los títulos II, III, IV, VIII, IX y X del libro tercero. Los hechos allí contemplados no constituyen delitos militares, sino comunes, sancionables de acuerdo con las disposiciones del Código Penal, sin perjuicio de que deba examinarse la posibilidad de una agravación de la pena ya sea en consideración a la calidad militar del sujeto activo o del objeto material”[2].
La literatura jurídica sobre la jurisdicción militar en Chile, no es profusa, más bien son excepcionales los trabajos sistemáticos de los juristas en la materia. Una manera de explicarlo es que está parcial, o deficientemente estudiado en nuestras universidades y a que en verdad no se ha hecho un ensayo totalmente dogmático de su explicación. Pero la falta de estudios críticos en la materia no es la única falencia, pues la legislación vigente y su aplicación en la realidad caracterizan a esta rama como “una jurisdicción excesiva, que padece de una lentitud exagerada que en las últimas décadas resulto fortalecida en su poder decisorio”.
La jurisdicción no es otra cosa que la facultad que corresponde a los Tribunales Militares para conocer de las materias que la ley le entrega. De esta manera, dependerá de la ley la mayor o menor extensión que tenga el fuero militar. En el caso chileno contrasta con los modelos del sistema comparado, como bien señala la prof. Horvitz “pueden clasificarse de la siguiente manera: 1) Sistemas que contemplan la existencia de tribunales militares con jurisdicción militar excepcional, es decir, únicamente para tiempos de guerra o sobre FFAA estacionadas fuera del territorio nacional. Es el caso de Alemania, Francia, países nórdicos. En estos países los delitos militares cometidos en tiempos de paz son juzgados por los tribunales ordinarios; 2) Sistemas intermedios que admiten un fuero restringido a los delitos estrictamente del ámbito castrense cometidos por militares. Esta es la situación actual de Italia, Gran Bretaña o Estados Unidos. En el caso de España, que en principio pareciera pertenecer a este sistema, se han planteado cuestiones de constitucionalidad respecto de normas que atribuyen competencia a los tribunales militares para el enjuiciamiento de delitos cuyo sujeto activo no es propiamente un militar o donde se ha efectuado una asimilación a esta categoría en una interpretación que se ha considerado extensiva e in malam partem, saliéndose del ámbito de lo “estrictamente castrense” […] 3) En la línea de una mayor extensión del fuero militar, existen países en que los civiles son juzgados excepcionalmente por tribunales militares, especialmente tratándose de delitos contra la seguridad del Estado, contra los cuerpos armados o contra el orden público. Es el caso de Argentina, Perú, Brasil, Uruguay y otros países latinoamericanos; 4) Sistema de jurisdicción militar amplio. En este sistema, de carácter excepcional en el derecho comparado, la jurisdicción militar cubre no solo los delitos militares propios sino que además delitos comunes y políticos cometidos por militares y/o civiles que se “militarizan” ficticiamente para encuadrarlos dentro del fuero militar. Es el caso de Chile”[3].
Por su parte, como explica el profesor Ortiz Quiroga, “en el derecho comparado pueden advertirse diversas orientaciones respecto de este punto. Así, hay países, que con un criterio restrictivo, sólo hacen aplicable la ley militar en caso de guerra (Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega). En estos ordenamientos la Justicia Militar no tiene aplicación en tiempo de paz aun cuando se trate de delitos que eventualmente pueden afectar intereses militares”, tal como se afirma en el caso de la República Federal de Alemania “no hay ninguna jurisdicción militar u otra jurisdicción especial para las Fuerzas Armadas, a excepción de las ya mencionadas, los tribunales del servicio militar con jueces civiles, los cuales sólo en primera instancia, deciden sobre asuntos disciplinarios y reclamos de la tropa, mientras que en segunda instancia el tribunal encargado de todo es el Tribunal Administrativo Federal. Un militar que comete un delito según el código penal, se debe enfrentar con el tribunal penal ordinario. Con ello paralelamente al militar le pueden ser impuestas medidas disciplinarias. No obstante, la idea de que un militar pueda ser juzgado en un tribunal militar especial por haber cometido un delito grave en contra de una persona civil, es impensable en Alemania” . Hay un segundo grupo de países en los cuales la ley militar se aplica tanto en tiempo de guerra como de paz. “Dentro de ellos es menester distinguir, entre los que sólo permiten su aplicación cuando los responsables del hecho criminosos tienen la calidad de militares (Estados Unidos, Inglaterra) y donde jamás se juzga a civiles, y aquellos en que se tolera juzgar civiles, pero sólo en casos excepcionales (Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Francia, Italia y otros). Por último, existe un tercer grupo de naciones en el cuál la ley militar permite el amplio juzgamiento de militares como de civiles. Así ocurre en España y Chile”[4].
En los sistemas antes señalados, la jurisdicción militar se establece en razón de la materia o bien, en razón de las personas. En el primer caso es indiferente la calidad del sujeto activo del delito, pues este puede ser civil o militar. En el segundo (razón de la persona) la calidad de militar del sujeto activo no puede faltar.
Situando la discusión sobre la opción sistemática de nuestro sistema jurídico, el profesor Astrosa señala que “nuestra jurisdicción penal militar esta determinada en el artículo 5°, y puede considerarse amplísima; a) porque al comprender los delitos militares, considera como tales todos aquellos contemplados en el Código y en otras leyes especiales que somete al conocimiento de sus infracciones a los Tribunales Militares, y es indudable que numerosísimos de estos delitos son, en doctrina, impropiamente militares ya que pueden perpetrarse por civiles; b) porque abarca delitos comunes cometidos por militares o empleados civiles de los cuerpos armados que concurre, además, alguno de estos factores:
1) estado de guerra o estando en campaña (ratione temporis); 2) en acto de servicio o con ocasión del servicio (ratione legis); y 3) en un recinto militar (ratione loci); c) porque el fuero militar se extiende en los casos de los artículos 11 y 12, o sea, por codelincuencia, por conexidad o por concurso de delitos, comprendiendo dentro de la jurisdicción militar al civil que cometió un delito común conjuntamente con un militar que estaba en servicio; a civiles responsables de delitos comunes cuando alguno de éstos fuere conexo con un delito militar; y al militar por delitos del fuero común cuando además se le imputare un delito de jurisdicción militar”[5]. Por su parte, el profesor MERA en un interesante y documentado informe de investigación, sostiene que “su ámbito excesivo permite el juzgamiento de civiles por tribunales militares en múltiples supuestos y el de militares por delitos comunes cometidos en acto o con ocasión del servicio militar o en recintos militares o policiales, como podría ser el caso, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos realizados por los uniformados. De hecho, la mayoría de los procesos seguidos en los Tribunales militares alcanzan a civiles, en tanto que sólo un porcentaje muy menor de los procesos en contra de militares dicen relación con delitos auténticamente castrenses”[6].
La crítica aludida no es de reciente data y tampoco es novedosa, pues, en el derecho comparado, existen comentarios críticos a la jurisdicción militar. Así en Argentina el profesor Zaffaroni[7], enseña que “en el derecho penal militar se han producido varios malentendidos y, en general, dado que está parcial o deficientemente estudiado en las Universidades”, agregando que “se nos presenta como indispensable al tratarlo de exponerlo desde esta metodología, es su delimitación respecto de otros campos jurídicos que le están próximos y con los que muy frecuentemente aparece confundido o superpuesto”. En este orden de ideas podemos señalar que no hay diferencia alguna entre la función que científicamente debe cumplir la teoría del delito militar con la que cumple la teoría del delito común: ambas tienen por objeto proporcionar un concepto de delito en general caracterizándolo en forma racional, para poder disponer de un instrumento útil que en cada caso concreto nos sirva frente a un fenómeno determinado, para averiguar cuando hay un delito y cuando no lo hay. El delito militar -al igual que el común- es un fenómeno complejo, que no puede ser considerado en totalidad y simultáneamente sino que, sin perder de vista el conjunto del mismo.
Se debe destacar además la especial relevancia tiene el bien jurídico para caracterizar el delito militar. Es por eso que debemos señalar que en nuestra opinión el delito militar ha de menester tanto de la calidad militar del autor como del carácter castrense de los bienes o intereses protegidos. Es por eso, que el delito militar tal como lo hemos visto, es un delito especial propio, pero que debe afectar bienes jurídicos militares.
El derecho penal -incluido el derecho penal militar- se legitima política, ética y socioculturalmente en la necesidad de proteger bienes jurídicos, en el sentido de que en su preservación esté interesada toda la sociedad como tal y no sólo determinados sectores. Como con razón expresa Mera “Los bienes jurídicos protegidos, en los llamados delitos propiamente militares -esto es, infracciones de carácter penal cometidas por militares, y no sólo faltas disciplinarias- tienen, o debieran tener, el carácter de vitales, en el sentido explicado. En dichos delitos no se tutelan intereses que correspondan sólo a las Fuerzas Armadas
-susceptibles de ser resguardados eficazmente por la vía disciplinaria-, sino que a la sociedad como tal. Esta es la que se encuentra interesada en preservarlos, en cuanto constituyen bienes jurídicos colectivos que son funcionales, instrumentales al normal y correcto desenvolvimiento de la sociedad”[8]. En este sentido, “si la institución militar misma es instrumental respecto del Estado, en el sentido que existe para la protección de su seguridad exterior. La función de las Fuerzas Armadas está referida, en definitiva, a la guerra, y en tiempo de paz, a la adecuada preparación para la misma”. El derecho penal militar es, como lo ha subrayado la doctrina anglosajona, “un medio para mantener la eficacia del Ejército como una organización de combate”. Y es toda la sociedad -y no solo las FFAA -la que está interesada en la existencia de dicha eficacia, puesto que resulta necesaria la preservación de la seguridad exterior.
Si se considera lo expuesto anteriormente debe concluirse que es a la justicia ordinaria, y no a la militar, a la que corresponde el juzgamiento de esos delitos castrenses -lo mismo que el de cualquier otra infracción que vulnere un bien jurídico realmente vital-, toda vez que dichos delitos comprometen intereses que afectan a toda la sociedad. Cuando se sancionan penalmente las infracciones graves a la disciplina y a otros deberes militares, es porque se trata de hechos que trascienden la dimensión puramente disciplinaria, por afectar el cumplimiento de la función de las fuerzas armadas, referida, como se ha visto, a la seguridad exterior, esto es, a uno de los intereses más generales y permanentes de la sociedad. En este sentido tiene razón Couso, cuando plantea la necesidad de precisar los alcances que debe considerar el legislador para el delito militar, merecimiento de pena de la conducta, la existencia de una infracción a un deber militar penalmente relevante y la necesidad o conveniencia de su conocimiento por una justicia especializada[9].
2. Historia legislativa.- El Código de Justicia Militar tiene origen legislativo en el año 1925, mediante el Decreto ley N° 63 de 23 de Diciembre de 1925, y no ha sido hasta el momento objeto de transformaciones estructurales. Así lo demuestra el hecho que, con posterioridad se han dictado sucesivas leyes modificativas entre las cuales destacan las siguientes; Ley N° 5341, sobre implicancia y recusación de los auditores del ejército; Ley N° 16.639, que introdujo reformas al procedimiento penal de tiempo de paz y amplio los derechos procesales de los inculpados y las víctimas; y la Ley N° 17.266, con importantes modificaciones al Código Penal y Código de Justicia Militar relativo a la pena de muerte, entre otras modificaciones. No obstante, el golpe militar de 1973 ha contribuido a una alarmante ampliación del fuero militar, pues se dictaron numerosos decretos leyes que entregaron al conocimiento de los Tribunales Militares, delitos contenidos en leyes especiales, ampliando de esta forma su ámbito de competencia, cabe mencionar los Decretos Ley N° 77, que declara ilícito los partidos políticos que señala, el Decreto Ley N° 81 que castiga la desobediencia a los llamamientos públicos del gobierno; Decreto Ley N° 604 sobre prohibición de ingreso al territorio nacional de ciertas personas, entre otras modificaciones a la ley de control de armas y la ley de seguridad del Estado, entre otras reformas de fondo y al procedimiento. Luego de la sentencia del caso Palamara, en octubre de 2009 el Gobierno presentó al Congreso dos proyectos de ley para su tramitación, el Boletín 6739-02 y el 6734-02, destinados a reformar íntegramente la justicia militar y dar cumplimiento a lo dispuesto en la condena. La propuesta legislativa del Boletín 6739-02 establecía que la competencia funcional de la justicia militar incluiría los “delitos militares cometidos por militares”, excluyendo a civiles y reduciéndola respecto de militares que cometieran delitos no considerados propiamente “militares”, quienes deberían someterse a los tribunales ordinarios. El proyecto también incorporaba modificaciones a la normativa procesal, estableciendo un sistema similar a la reforma procesal penal, que se basa en los principios de oralidad, contradicción, derecho a la defensa y publicidad. El segundo proyecto (Boletín 6734-02) contemplaba la parte especial del derecho penal militar, estableciendo un catálogo limitado y restrictivo de delitos militares que se ha tomado como modelo directo de referencia por este proyecto, así como también el evidente influjo de éste por la ley penal militar alemana (Wehrstrafgesetz), las que mantienen cierta amplitud que se ha suprimido en esta propuesta.
Más reciente es la Ley Nº 20.477, que modifica sistema de Justicia Militar que en su ratio legis, busca establecer una restricción de la competencia de los tribunales militares en tiempo de paz, disponiendo el traspaso de las causas seguidas ante la justicia militar a los tribunales ordinarios si los imputados son civiles (cuestión planteada reiteradamente por la Corte Interamericana de derechos humanos en el caso Palamara v/s Estado de Chile). Sobre esta modificación podemos señalar[10], que la ley efectúa una restricción de la competencia de los tribunales militares, estableciendo que en ningún caso, los civiles y los menores de edad podrán estar sujetos a la competencia de los tribunales militares. Ésta siempre se radicará en los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, los que conocerán de conformidad a las normas contenidas en el Código Procesal Penal. Sin embargo, la norma admite diversas interpretaciones y dificultades, pues se entiende que sólo se alude a los “civiles” en calidad de imputados y no a los casos en que son víctimas de delitos militares. Consideró que la expresión “en ningún caso” debiera comprender tanto a los civiles imputados como aquellos que han sido perjudicados por el delito de carácter militar o el delito común cometido por militares (víctimas). La regla del artículo segundo es sumamente discutible, pues existe una dificultad en materia de coautoría y coparticipación, regla con escaso respaldo en la doctrina y derecho comparado, pues se indica que se trata de la “fórmula italiana”, según la cuál, en los casos de coautoría y coparticipación de civiles y militares (decisión común en el mismo hecho), en la comisión de cualquier delito, ya sea militar o común, serán competentes, respecto de los civiles, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda y, respecto de los militares, los Tribunales Militares (en razón de la persona).
3. Déficit de la parte especial del Código de Justicia Militar. Las recientes tentativas de reformas el año 2010 (Boletín 7217-07) que entre otras materias intentó establecer normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos contenidos en el Código de Justicia Militar, así como un reforzamiento de las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías, demostraron el déficit explicativo de una serie de delitos previstos en los artículos 254, 255, 256, 257 (delitos de espionaje), 265, 267 (delitos contra la seguridad interior -rebelión-), 274, 276 (delitos de sedición), 281, 282 (delitos de ultraje a centinelas), 349, 350, 353 (delitos contra los intereses del ejército mediante fraudes, falsificación, incendio u otros estragos en las instalaciones), 354 (delito de robo o hurto de material de guerra), 369 números Nº 1º y 3º (delitos de falsedad), 380, 384, 385 (delitos de desatracamiento, pérdida o avería de buques de la armada) del Código de Justicia Militar[11]; artículos 194, 196 a), 197, 198 y 200 del Código Aeronáutico (delitos de omisión, falsificación, y otros contra la seguridad de la aviación civil; artículos 3°, 13 y 14 de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas (delitos de porte y posesión de armas y explosivos), y a cualquier otro delito que pueda afectar la seguridad de la Nación, cuyo conocimiento esté entregado a los Juzgados de Garantía o en los Tribunales Orales en lo Penal, se regirán por las reglas del Código Procesal Penal con las modificaciones o modalidades que se señalan en el presente Título.
Lo anterior hace necesario un examen pormenorizado de cada delito para precisar el ¿qué? y el ¿porqué? de la selección de cada uno de ellos y si por su entidad (bien jurídico lesionado) se justifica un tratamiento especial para justificar su permanencia en el Código de Justicia Militar, sólo a modo de referencia señalaremos los delitos que fueron objeto de esa propuesta, sobre la base del análisis que efectúa el profesor Mera.
- Delitos de espionaje (Título II: De la traición, del espionaje y demás delitos contra la soberanía y seguridad exterior del estado)
Art. 254. El que en tiempo de paz ejecutare alguno de los actos a que se refiere el artículo 252, será castigado, si fuere militar, con presidio mayor militar en cualquiera de sus grados, y si fuere civil, con presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo.
El tipo es un delito común, atendido que sanciona al militar (con una pena militar) e indistintamente al civil, sobre este último no se advierte que infrinja un deber militar (elemento de la esencia del delito militar) lo que abona al criterio de su naturaleza común y no se entiende su ubicación en el CJM. La figura se remite el tipo del art. 252, que sanciona el espionaje por intromisión en tiempo de guerra, por lo cuál este delito espionaje en tiempo de paz con una penalidad inferior;
Art. 252. Será condenado a la pena de presidio perpetuo como espía:
1° El que subrepticiamente o con ayuda de disfraz, o con falso nombre o disimulando su calidad, profesión o nacionalidad, se introdujere en tiempo de guerra, sin objeto justificado, en una plaza de guerra, en un puesto militar o entre las tropas que operan en campaña;
2° El que conduzca comunicaciones, partes o pliegos del enemigo no siendo obligado a ello; o, en caso de serlo, no los entregare a las autoridades nacionales o jefes del Ejército al encontrarse en lugar seguro;
3° El que, en tiempo de guerra y sin la competente autorización, practique reconocimiento, levante planos o saque croquis de las plazas, puestos militares, puertos, arsenales o almacenes que pertenezcan a la zona de operaciones militares, sea cualquiera la forma en que lo ejecute;
4° El que ocultare, hiciere ocultar o pusiere en salvo a un espía, agente o militar enemigo enviando a la descubierta, conociendo su calidad de tal.
Art. 255. Será castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, el que, sin alcanzar a cometer traición, divulgue en todo o parte, entregue o comunique a personas no autorizadas para ello, planos, mapas, documentos o escritos secretos que interesen a la defensa nacional o seguridad de la República; o comunique o divulgue datos o noticias extraídos de dichos planos, mapas, documentos o escritos; siempre que le hubieren sido confiados o de ellos hubiere tomado conocimiento por razón de su estado, profesión o de un una misión gubernativa, o con motivo de las funciones que ejerza o haya ejercido anteriormente.
Art. 256. La pena del artículo anterior se aplicará en su grado mínimo respecto del que hubiere obtenido extraoficialmente los planos, mapas, documentos o escritos en referencia, o que en la misma forma hubiere tomado conocimiento de ellos.
Art. 257. El que sin tener calidad para tomar conocimiento de los planos, mapas, documentos o escritos a que se refieren los artículos anteriores, se los proporcionare; y el que por negligencia o inobservancia de las leyes o reglamentos diere lugar a la sustracción, divulgación o destrucción de los mismos, serán castigados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
La mayor parte de estas figuras son delitos comunes y delitos de peligro abstracto al no exigir un daño efectivo a la seguridad o defensa nacional, y como formas de espionaje su esencia está vinculada a la violación de secretos, algunas ya se encuentran descritas en el art. 109 del Código Penal, como explica Etcheberry, “el espionaje puede manifestarse en dos formas: introduciéndose indebidamente en la esfera del secreto (intromisión) y difundiendo indebidamente el secreto al que se ha tenido acceso legítimo (revelación)”[12].
En estos delitos el bien jurídico que ofenden es la seguridad exterior del Estado, por lo tanto, no se justifica un tratamiento diferenciado que el resto de las figuras que regula el código penal y la ley de seguridad del estado. En general en estos delitos se trata de proteger, por una parte al Estado de sus instituciones organizativas que lo configuran y en la forma como éstas se relacionan entre sí, para lograr con ello un correcto funcionamiento del aparato estatal, la incolumidad del aparato de control, en el contexto relacional en que está inmerso (interacciones con personas y otras organizaciones estatales), luego la organización político estatal aparece con un carácter totalmente instrumental para la participación y desarrollo de los miembros de la colectividad. De ahí que los bienes jurídicos referidos al control están al servicio de todos los demás bienes jurídicos. Una alteración de este carácter instrumental básico implica una restricción o negación de los demás bienes jurídicos y en definitiva de la concepción de un Estado social y democrático de Derecho. Es por eso que el derecho penal en esta materia, con más intensidad que en las otras, debe de ser última ratio, pues si el derecho penal de por sí es un elemento de control (en cuanto hay una definición política -desde el control- de los delitos y los delincuentes), si además el acento primordial se pone nuevamente en el control -en la salvaguardia de los intereses que lo expresan- ciertamente el derecho penal se convierte en un elemento de control y para el control, que tiende a anular a la persona y sus necesidades […] De ahí que en la escala jerárquica estos bienes jurídicos han de ser situados en el último lugar, porque deben estar subordinados a todos los demás…”[13]
En esta misma línea doctrinal el profesor Mera Figueroa señala que en una futura reforma debieran eliminarse del Código Penal estos delitos por no constituir infracciones penales propiamente militares, sino delitos comunes de traición y espionaje, los que eventualmente- en los casos en que realmente exista un incremento del injusto, por afectarse más intensamente la seguridad exterior del estado atendida la calidad de sujeto activo- podrían agravarse para el caso en que fueren cometido por militares sin perjuicio de aplicar además, las correspondientes sanciones disciplinarias, agregando además que la seguridad exterior del estado debe asegurarse por la legislación penal común, cómo por lo demás ocurre en algunos países, como es el caso de la ley penal alemana, legislación que no contempla delitos contra dicha seguridad[14]
- Delitos de rebelión (Título IV: De los delitos contra la seguridad interior del estado)
Art. 265. Son reos de delito de rebelión o sublevación militar, los militares que incurrieren en cualquiera de los delitos contemplados en el título II, Libro II del Código Penal, y los no militares en los casos siguientes: que estén mandados por militares; que formen parte de un movimiento iniciado, sostenido o auxiliado por fuerzas del Ejército; que formen partida militarmente organizada y compuesta de diez o más individuos; o que, formando partida en menor número de diez, exista en otro punto de la República otra partida o fuerza que se propongan el mismo fin.
Art. 267. Los reos de rebelión o sublevación militar serán castigados con las penas señaladas en el referido Título II, Libro II del Código Penal, aumentadas en uno o dos grados.
Los jefes o promotores del movimiento y el de mayor graduación, o el más antiguo si hubiere varios del mismo grado, serán castigados con las penas aplicadas en sus grados máximos, considerando aun el aumento prescrito en el inciso anterior.
Como se observa en la estructura típica y se desprende del título en que están ubicados se trata de delitos que ofenden al bien jurídico seguridad interior del estado, y cuya única razón de tipificación como delito militar es el sujeto activo, que puede ser un militar e incluso un civil. Por lo anterior coincidimos con el profesor Mera Figueroa en torno a que, claramente no se trata de un delito militar puesto que los hechos constitutivos del delito no tienen un carácter castrense y por tanto debe ser eliminado en una futura reforma[15].
- Delitos de sedición (Título V: Delitos contra el orden y seguridad del ejército)
Art. 274. Todo individuo, militar o no, que sedujere o auxiliare tropas de las instituciones armadas para promover por cualquier acto directo la insubordinación en las filas, será reputado como culpable de sedición y tenido como promotor de ella.
Art. 276. El que, fuera del caso contemplado en el artículo anterior, induzca a cualquier alboroto o desorden, de palabra, por escrito, o valiéndose de cualquier otro medio, o hiciere llegar a conocimiento de las tropas especies destinadas a causarles disgusto o tibieza en el servicio, o que se murmure de él; será castigado con la pena de reclusión militar mayor en su grado mínimo si fuere Oficial, con la de reclusión militar menor en su grado máximo, si suboficial, y con la de reclusión militar menor en cualquiera de sus grados si cabo, soldado o individuo no militar.
El párrafo primero de este título hace sinónimos el delito de sedición y el de motín, aunque el delito de sedición doctrinariamente tiene en estricto rigor como rasgo fundamental el que se trata de hechos de carácter político que atentan contra la seguridad interior del estado, distinguiéndose por tanto, del delito de motín constituido por actos que violan los deberes de los subordinados.
Así los artículos mencionados supra, corresponden respectivamente al delito de sedición (artículos 274) y de sedición impropia (artículo 276) siendo a nuestro juicio y siguiendo al profesor Mera “vagas y difusas (en particular la segunda) e innecesarias para reprimir el auténtico motín-toda vez que son suficientes a este respecto las reglas generales sobre participación criminal y se sancionan, además, expresamente, la proposición y la conspiración para cometer dicho delito- por lo que no figuran el derecho penal comparado contemporáneo” por lo que a deben desaparecer en una futura reforma[16].
-Delitos de ultraje a centinelas
Art. 281. El que en campaña violentare o maltratare de obra a centinela, guarda o fuerza armada, será castigado:
Con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si causare lesiones graves o muerte.
Con la de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si causare lesiones menos graves.
Con la de presidio menor en sus grados medio a máximo, si no causare lesiones o éstas fueren leves.
Art. 282. El que cometiere el mismo delito, no siendo en campaña, será castigado:
Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a presidio perpetuo, si causare lesiones graves o muerte.
Con la de presidio menor en su grado medio a máximo, si causare lesiones menos graves.
Con la de presidio menor en su grado mínimo, si no causare lesiones o éstas fueren leves.
Se desprende de la lectura de los artículos que se tipifican los hechos de violentar o maltratar de obra a centinela guarda o fuerza armada graduándose la pena según si el hecho se realiza o no en campaña y cuáles fueron los resultados[17]
Con la entrada en vigencia de la Lay 20477, la competencia de los tribunales ha sido restringida y sólo pueden juzgar a militares, por lo que, consideramos el delito así contemplado está de más, ya que al sólo poderse perpetrar por militares, constituye en esencia una insubordinación o abuso de autoridad, dependiendo de la relación jerárquica que exista entre sujeto activo y pasivo.
- Delitos contra los intereses del ejército mediante fraudes, falsificación, incendio u otros estragos en las instalaciones (Título VII: Delitos contra los intereses del ejército):
Art. 349. Será castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, el que falsificare estado, relaciones, libros u otro documento militar, aumentando el efectivo de tropa, ganado, equipo, vestuario, armamento u otro material de guerra, o exagerando el consumo de víveres, forrajes u otros consumos, y el que cometiere cualquiera otra falsedad en materia de administración militar por efecto de la cual resulte un perjuicio para el Estado.
Art. 350. Sufrirá la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo el que incendiare o destruyere por medio de mina, bomba u otro explosivo, un cuartel, fortaleza, parque, arsenal, maestranza o fábrica de las Instituciones Armadas.
Si se tratare de otros edificios u obras militares, la pena será de presidio mayor en su grado máximo.
Art. 353. El que maliciosamente y sin cometer alguno de los delitos que se describen en los artículos 474 a 482 del Código Penal, u otro de mayor gravedad que el que se contempla en el presente artículo, causare cualquier daño en el material de guerra o aprovisionamiento de las Instituciones Armadas, en armas, municiones, víveres, efectos de campamento, equipo, vestuario u otro objeto de uso en el Ejército destinado a la defensa nacional, será castigado:
Con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en grado medio, si el importe del daño excediere de cuarenta sueldos vitales.
Con la de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo, si D excediere de cuatro sueldos vitales y no pasare de cuarenta sueldos vitales.
Con la de reclusión menor en su grado mínimo, si el importe del daño no excediere de cuatro sueldos vitales.
Si el culpable fuere militar, la pena llevará siempre como accesoria la de destitución o separación del servicio.
Si bien al igual que en el delito mencionado anteriormente se restringió el sujeto activo sólo a militares, no constituyen delitos castrenses, se trata de delitos comunes que no infringen ningún deber que al militar le corresponda en cuanto tal[18].
- Delito de robo o hurto de material de guerra
Art. 354. Se castigará con la pena superior en uno, dos o tres grados a la señalada por el Código Penal para el delito, al culpable de robo o hurto de material de guerra, ya se trate de armas, municiones, aparatos, instrumentos destinados a los servicios de las Fuerzas Armadas, o de maquinarias o útiles de uso exclusivo para la fabricación de material de guerra.
Se trata de delitos comunes y no de delitos militares, ya que, como bien señala el profesor Mera Figueroa, no es suficiente el que se afecten los intereses materiales de las F.F.A.A., ya que, aún en el evento de que llegare a comprometerse la eficacia de dichas instituciones, estos requieren no sólo de la afectación de un bien jurídico militar (calidad militar del hecho) sino que, además- y esto es lo que confiere al delito castrense su carácter de delito especial propio-, exigen que el sujeto activo sea un militar que infringe un deber militar que le corresponde en cuanto miembro de las Fuerzas Armadas, siendo este el requisito que falta en las infracciones mencionadas[19].
Resulta incomprensible la excesiva agravación que puede incluso llegar a los tres grados en atención a que se trate de material de guerra,
- Delitos de falsedad
Art. 369. Con la misma pena señalada en el artículo 367 será castigado:
1º El que falsificare sellos, marcas o cuños destinados a dar autenticidad a los documentos militares, o a servir de signo distintivo para objetos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile.
2º El que hiciere uso fraudulento de esos sellos, marcas o cuños verdaderos, o que maliciosamente usare de los falsificados.
3º El que falsificare o adulterare cualquier documento, distintivo o credencial destinado a acreditar la calidad de miembro de dichas Instituciones o el que, sin tener la calidad de tal o sin derecho para ello, hiciere uso maliciosamente de cualquiera de éstos, auténtico o no.
Si los delitos a que se refiere este artículo fueren perpetrados en tiempo de guerra, se aplicará la pena aumentada en un grado.
El tipo es una mera hipótesis de falsificación, por lo que no puede en caso alguno estar en los supuestos de secreto, atendida la naturaleza del bien jurídico. Se castiga con la penalidad de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio (de 541 días a 15 años), que establece el art. 367 referida a la falsificación cometida por el militar con abuso de su cargo, lo que es una falta de proporcionalidad inaceptable, pues una falsedad se castiga con mayor rigor que un atentado contra la vida o integridad física.
Otra consecuencia absurda es que si comete el delito un civil en tiempo de guerra se aumentara la penalidad en un grado.
- Delitos de desatracamiento, pérdida o avería de buques de la armada
Art. 380. Será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados, el que sin objeto lícito y sin la autorización competente, desatracase lanchas o botes de buques de guerra, o de otro, al servicio de la Armada, o sacare fuerzas armadas de buques, arsenal, cuartel, destacamento u otro establecimiento militar a cargo de la Armada.
El delito consiste básicamente en desatracar
Art. 384. Toda persona embarcada a bordo de un buque de la Armada u operado por ésta, que maliciosamente ocasionare su pérdida, sufrirá la pena de presidio perpetuo a muerte, si el hecho tuviere lugar en tiempo de guerra o en campaña.
Si no ocurrieren estas circunstancias podrá rebajarse la pena en uno, dos o tres grados.
El tipo penal es un delito común, y supone ocasionar la pérdida de un buque de la armada u otro operado por ésta, para lo cual es necesario que el agente actúe con dolo directo, al exigir que se realice maliciosamente y que este se desarrolle en tiempo de guerra o en campaña, si no concurrieren estas circunstancias se faculta a rebajar la penalidad hasta en tres grados.
Otro aspecto es el de la penalidad que resulta insostenible por la mantención de la pena de muerte asociado a un delito de daño, la que es equivalente para el sujeto que pertenece a la Armada por lo que tiene calidad de militar.
Art. 383. Todo jefe, autoridad, comandante y, en general, cualquier oficial o individuo perteneciente al personal de la Armada, que haya causado la pérdida de uno o más buques de la marina nacional o aliada, será castigado:
Con la pena de presidio militar perpetuo a muerte, previa degradación en su caso, si hubiere obrado maliciosamente y el hecho ocurriere en tiempo de guerra o en campaña.
Con la de presidio militar mayor en su grado mínimo a presidio militar perpetuo, si el hecho hubiere sido el resultado de su negligencia en el cumplimiento de los deberes de su cargo y ocurriere en iguales circunstancias.
Si el hecho no ocurriere en tiempo de guerra o en campaña, podrá rebajarse la pena uno, dos o tres grados.
Art. 385. El que maliciosamente causare daño o avería a un buque de la Armada u operado por ésta, sufrirá la pena de presidio o reclusión militar perpetua a muerte, si el buque estuviere empeñado en combate o en situación peligrosa para su seguridad.
En los demás casos, la pena será de presidio o reclusión militar mayor en cualquiera de sus grados.
Modificaciones al Código Aeronáutico: Artículos 194, 196 a), 197, 198 y 200 del referido Código.
- Delitos de omisión, falsificación, y otros contra la seguridad de la aviación civil, en el Código Aeronáutico;
Art. 194.- El comandante de la aeronave que omitiere dar la información que requiriere el control de tierra para la seguridad del vuelo, o diere datos falsos, será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo y multa de diez a cien ingresos mínimos mensuales.
El tribunal podrá imponerle, además, la suspensión de la licencia hasta por un plazo de tres años.
Art. 196.- Será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo y multa de dos a diez ingresos mínimos mensuales.
a) El que pilotare un avión bajo las alturas mínimas que determine la autoridad aeronáutica, y
b) El piloto que, sin autorización, realizare vuelos acrobáticos sobre zonas o lugares poblados.
El tribunal podrá imponerle, además, la suspensión de la licencia hasta por un plazo de tres años. En caso de reincidencia, podrá decretarse su cancelación definitiva.
Art. 197.- El que, sin autorización legítima, se detuviere o penetrare en la pista de aterrizaje de un aeródromo, o consintiere la entrada de animales en un aeródromo, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales.
Art. 198.- Será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo:
a) El que emitiere comunicaciones o señales aeronáuticas falsas o indebidas;
b) El que, sin autorización legítima, suprimiere señales aeronáuticas;
c) El que omitiere efectuar las señales o comunicaciones debidas;
d) El que interviniere, interfiriere o interrumpiere las comunicaciones o señales aeronáuticas, y
e) El que colocare obstáculos en las pistas de aterrizaje.
Si el hecho fuere cometido maliciosamente por personal de tierra, se aplicará la pena en su grado máximo.
Art. 200.- El comandante de una aeronave en vuelo internacional que se desviare injustificadamente de las rutas aéreas o aerovías fijadas para entrar o salir del país o no utilizare los aeropuertos, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, multa de diez a veinte ingresos mínimos mensuales y suspensión de la licencia hasta por un período de tres años.
En iguales penas se incurrirá cuando se volare en zonas prohibidas o restringidas.
En caso de reincidencia, podrá decretarse la cancelación definitiva de la licencia.
- Delitos de tenencia o porte y posesión de armas y explosivos, de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas;
Art. 3°- Ninguna persona podrá poseer o tener armas largas cuyos cañones hayan sido recortados, armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia
inofensiva; armas cuyos números de serie se encuentren adulterados o borrados; ametralladoras, subametralladoras; metralletas o cualquiera otra arma automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería.
Asimismo, ninguna persona podrá poseer o tener artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases producen esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento o activación, así como tampoco bombas o artefactos incendiarios.
Además, ninguna persona podrá poseer o tener armas de fabricación artesanal ni armas transformadas respecto de su condición original, sin autorización de la Dirección General de Movilización Nacional.
Se exceptúa de estas prohibiciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile. La Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil, estarán exceptuadas sólo respecto de la tenencia y posesión de armas automáticas livianas y semiautomáticas, y de disuasivos químicos, lacrimógenos, paralizantes o explosivos y de granadas, hasta la cantidad que autorice el Ministro de Defensa Nacional, a proposición del Director del respectivo Servicio. Estas armas y elementos podrán ser utilizados en la forma que señale el respectivo Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Institucional.
En todo caso, ninguna persona podrá poseer o tener armas denominadas especiales, que son las que corresponden a las químicas, biológicas y nucleares.
Art. 13°- Los que poseyeren o tuvieren alguna de las armas o elementos señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3º serán sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
Si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el inciso final del
artículo 3º, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo a medio.
En tiempo de guerra la pena será de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.
Los incisos anteriores no se aplicarán a quienes hayan sido autorizados en la forma y para los fines establecidos en el inciso primero del artículo 4°.
Este delito es un mero tipo de posesión, como bien señala Schroeder “con la criminalización de la posesión, persigue el legislador diferentes objetivos; o -dicho de otro modo- en la posesión de objetos ve el legislador diferentes peligros […] algunos objetos son ya, de por sí, peligrosos, por ejemplo, los que pueden explotar o inflamarse, o los agentes patógenos. Otros objetos presentan el peligro de que su uso pueda causar daños a través del poseedor o un tercero o que realmente lo provoquen. Esto vale, sobre todo, para la posesión de armas de fuego […] En general, la penalización de la posesión sirve para ahorrarse la prueba de la adquisición de objetos y para excluir la objeción de la prescripción de las adquisición de la posesión…”[20]. Es en este contexto que no se entiende de que modo esto puede afectar las finalidades que señala el proyecto para la reserva o secreto, más cuando es un delito de común ocurrencia en las poblaciones y de frecuente conocimiento de los juzgados ordinarios.
Art. 14º.- Los que portaren alguna de las armas o elementos señalados en los incisos primero, segundo o tercero del artículo 3º serán sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
Si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el inciso final del
artículo 3º, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio.
En tiempo de guerra, la pena será de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.
4. Un imperativo ineludible (Caso Palamara Iribarne c/ Estado de Chile). Como se desprende de la sentencia de la CIDH, de 22 de noviembre de 2005, Respecto de las Sentencias condenatorias emitidas en contra del señor Palamara Iribarne:
253. La Corte ha determinado que los procesos penales que se llevaron a cabo en la jurisdicción penal militar en contra del señor Palamara Iribarne no revestían la garantías de competencia, imparcialidad e independencia necesarias en un Estado democrático para respetar el derecho al juez natural y el debido proceso. Dadas las características del presente caso, la Corte entiende que el Estado debe dejar sin efecto, en el plazo de seis meses, en todos sus extremos, las sentencias condenatorias emitidas en contra del señor Palamara Iribarne, a saber: la sentencia emitida el 3 de enero de 1995 por la Corte Marcial de la Armada en la Causa Rol No. 471 por el delito de desacato (supra párr. 63.91) y las sentencia emitidas por dicha Corte Marcial en la Causa No. 464 el 3 de enero de 1997 y por el Juzgado Naval de Magallanes el 10 de junio de 1996 por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares (supra párr. 63.66 y 63.68). La Corte estima que el Estado debe adoptar, en el plazo de seis meses, todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto alguno los procesos penales militares instruidos en contra de Palamara Iribarne y sus sentencias, incluyendo la supresión de los antecedentes penales del registro correspondiente.
Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de desacato
254. La Corte valora la reforma del Código Penal establecida mediante la publicación de la Ley No. 20.048 el 31 de agosto de 2005, por la cual se derogaron y modificaron algunas normas que hacían referencia al delito de desacato. Con respecto al ordenamiento interno que continúa regulando dicho delito (supra párrs. 92 y 93), el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, todas las medidas necesarias para derogar y modificar cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de expresión, de manera tal que se permita que las personas puedan ejercer el control democrático de todas las instituciones estatales y de sus funcionarios, a través de la libre expresión de sus ideas y opiniones sobre las gestiones que ellas realicen, sin temor a su represión posterior.
255. Para ello el Estado debe tener especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana, de conformidad con los criterios establecidos en los párrafos 79 a 93 del presente fallo.
Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de jurisdicción penal militar
256. En cuanto a la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, la Corte estima que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares (supra párrs. 120 a 144). El Estado deberá realizar las modificaciones normativas necesarias en un plazo razonable.
257. Además, en el ámbito de la jurisdicción penal militar, los miembros de los tribunales deben revestir las garantías de competencia, imparcialidad e independencia indicadas en los párrafos 120 a 161 de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares, tal como se ha señalado en los párrafos 162 a 189 de este fallo.
258. En lo que respecta a las demás pretensiones sobre reparaciones, la Corte estima que la presente Sentencia constituye per se una forma de reparación.
Creemos que en este punto a toda luces urge una reforma a fin de que no se sigan transgrediendo principios básicos del debido proceso como son la imparcialidad, la independencia, el principio del juez natural y el amplísimo ámbito de la jurisdicción penal militar, cuestiones que se ven aún más agravadas por las amplísima competencia de que gozan estos tribunales en la regulación chilena actual. Así, respecto a la independencia, podemos siguiendo la distinción que hace la profesora María Inés Horvitz identificar dos dimensiones de esta, por un lado es posible considerarla desde un punto institucional, es decir, el poder judicial como tal frente a los otros poderes del Estado, y la personal, esto es, la del propio juez en el caso concreto[21].
Por su parte desde el punto de vista de la independencia personal, cabe destacar que teniendo en cuenta que los tribunales se encuentran integrados regularmente por miembros de las instituciones castrenses, sean de carrera o abogados asimilados a esta instituciones, con un grado jerárquico determinado (oficiales siempre), esto constituye base para una duda más que razonable, que por la organización jerárquica militar puedan darse las condiciones que estos Magistrados se encuentres libres de formas de interferencia en su labor respecto a sus mandos[22]. En este mismo orden de ideas, la imparcialidad por cierto que se ve afectada si tomamos en consideración el hecho “que la estructura militar jerárquica y vertical se contrapone a la necesaria organización estructura horizontal de una judicatura independiente. Parecería entonces que existirían desencuentros estructurales de difícil adecuación”[23].
Así, en primer lugar, desde el punto de vista de su estructura orgánica podemos encontrar innumerables deficiencias:
1. La relación existente entre los fiscales y auditores vulnera la garantía de la imparcialidad en su faz objetiva. El problema se produce si consideramos la estructura de los Tribunales de guerra en tiempo de paz, por las relaciones y subordinación existentes entre el fiscal de primera instancia órgano acusador en el procedimiento militar chileno, a quien según lo dispuesto en el artículo 25 del Código de Justicia Militar le corresponde la sustantación de los procedimiento debiendo para ello recoger todos los antecedentes de cargo y elementos de convicción del caso, además de ejercer jurisdicción (artículo 13 del Código), y el auditor general de la respectiva rama de las Fuerzas Armadas, juez integrante de las Cortes Marciales y de la Corte Suprema en el caso del ejército, ya que el auditor general al tener facultades de supervigilar al fiscal (Así lo dispone el artículo 25 del Código en comento), pudiendo incluso aplicar las sanciones disciplinarias y facultades de dictarle instrucciones generales sobre la forma de actuar en los casos concretos (Artículo 145 del Código), asume necesariamente parte de las responsabilidades en la persecución penal del imputado propias de la fiscalía o de la parte acusadora, perdiendo así la imparcialidad que luego le permitiría actuar como juez en la Corte Marcial o la Corte Suprema[24].
2. Desde el punto de vista subjetivo los jueces militares al ser funcionarios en servicio activo, representan los intereses de la institución supuestamente afectada en el respectivo caso, y por tanto, adolecen de la imparcialidad requerida como condición básica del debido proceso.
Reafirma lo anterior, lo señalado por la Corte Interamericana de justicia en el Caso Palamara expresando que el sistema mismo de justicia militar no es acorde al derecho a ser juzgado por un juez o Tribunal imparcial reconocido en el mismo artículo 8.1, la Corte hizo presente que le imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia (considerando 146)[25].
Otro aspecto importante de destacar en este análisis de la Justicia militar es si se cumple con la Garantía del Juez Natural o derecho al tribunal competente, entendiendo siguiendo a la profesora María Inés Horvitz, que esta garantía tiene dos dimensiones: por un lado la imposibilidad de ser sometido a un proceso ante la autoridad de quien no es juez o que carece de competencia para resolver una determinada controversia; y por el otro, que la competencia de los jueces se encuentre previamente establecida en la ley. Así, señala la misma autora, que la CIDH ha debido examinar las normas jurídicas internas relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales para poder resolver las demandas planteadas ante ella en contra de un determinado estado, destacando que en el caso Loayza Tamayo, en relación a las normas que atribuyen competencia a la justicia militar que los tribunales castrenses “usurparon jurisdicción e invadieron facultades de los organismos judiciales ordinarios, ya que según el mencionado Decreto Ley N°25475 (delito de terrorismo) correspondía a la Policía Nacional y al Ministerio Público la investigación de ese ilícito y a los jueces ordinarios el conocimiento el mismo”[26].
El último y gravísimo tema en que es preciso detenerse y que debe ser reformado para adecuarse a los estándares internacionales en esta materia es que en Chile existe una jurisdicción militar amplísima, como ya fue señalado los fundamentos de este proyecto, esto, a pesar de la reformas introducidas por la ley 20.477 de 30 de Diciembre de 2010, que restringió la competencia sin modificar los artículos pertinentes del Código de Justicia Militar, puesto que en virtud de su artículo primero los Tribunales Militares sólo pueden juzgar a militares.
5. Ideas matrices. Es en este contexto, que si bien las recientes reformas en sobre jurisdicción militar constituyen un avance en la materia, es todavía insuficiente conforme a las exigencias de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo ratifica su jurisprudencia, es por eso que resulta imperativo modificar, diversos cuerpos legales en las siguientes materias:
1. Todos los delitos comunes que cometidos por militares (en el sentido amplio contemplado en el artículo 6 del Código vigente) deben ser juzgados por los Tribunales ordinarios. Entendiendo, por oposición a lo señalado supra, que los delitos militares para ser juzgados por Tribunales Castrenses deben cumplir la doble exigencia que la gran mayoría de los autores[27] consideran indispensables para ello, esto es: a) Como se trata de delitos especiales propios debe haber una infracción por parte de un militar de un deber militar (calidad militar del autor) y b) la afectación del bien jurídico penal (Bien jurídico de carácter castrense) con una relación de medio a fin entre ellos.
Esto no es más que concretar las exigencias de básicas de justicia de un Estado de Derecho, puesto que hay una relación muy estrecha relación entre la existencia y extensión de la jurisdicción penal militar y, por la otra, el sistema político de los estados, sin perjuicio, de que en nuestro país alguna de sus principales ampliaciones hayan tenido lugar durante gobiernos democráticos, situación que parece obedecer a la circunstancia de que atendida nuestra cultura política y jurídica, no siempre se han regulado las instituciones teniendo como norte y fundamento sus presupuestos ideológico políticos, se suerte que no obstante ser estos, por ejemplo, democráticos, en el discurso constitucional las regulaciones legales concretas, lo mismo que las actuaciones de la administración y las decisiones de la jurisprudencia, resultan contradictorios con dichos presupuestos[28]. Sólo de esta forma, estamos convencidos se puede dar cumplimiento cabal a Derechos Fundamentales de rango constitucional como son: la Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso comprensivo este último de las garantías de imparcialidad e independencia.
2. Como consecuencia de lo anterior debe derogarse lo dispuesto por la ley Nº 20.477 que en su artículo segundo que dispone una regla según la cual, en los casos de coautoría y coparticipación de civiles y militares, en la comisión de cualquier delito, ya sea militar o común, serán competentes, respecto de los civiles, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda y, respecto de los militares, los Tribunales Militares. Lo más evidente es que conceptualmente no puede existir coautoría de un no cualificado en un delito militar, pues este es un delito especial propio (el tipo penal exige la calidad de militar), por lo tanto la actuación del no militar (civil) siempre será atípica. Lo anterior ratifica la necesidad inmediata de redefinir el delito militar. Como bien señala Roxin, los delitos especiales “sólo puede ser autor quién reúna una determinada cualidad (“cualificación de autor”)”[29] y por regla general esa cualidad consiste en una posición de deber. En el caso de los delitos especiales propios, el elemento especial de la autoría opera fundamentando la pena, a diferencia de los impropios en que el electo del autor sólo opera agravando la pena construidas sobre un delito común. En definitiva los delitos militares protegen bienes jurídicos, empero, “no pueden ser lesionados por cualquier persona”[30], en otras palabras, al tipo objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo del delito, “según que cualquiera puede ser el autor de un delito (como ocurre en los tipos que comienzan con “el que”) o que la autoría está limitada a determinado grupo de personas”[31], como en este caso a los militares.
3. Creemos que consecuencia necesaria de la redefinción de la parte especial del derecho penal militar es reorganizar los Tribunales Militares sobre la base de jueces letrados profesionales, inamovibles plenamente incorporados al poder judicial, sin relación administrativa ni funcional con las fuerzas armadas y de orden, para lo cual corresponde remitirse a la propuesta contenida en el Boletín (6739-02)[32]. Lo anterior, vinculada a la propuesta de una nueva parte especial de los delitos militares cumplen los estándares de derechos humanos que se desprenden de la Convención Americana sobre derechos humanos y a las cuales Chile ha adscrito y le resultan vinculantes.
Es por eso que sobre la base de estos antecedentes venimos en proponer el siguiente:
“PROYECTO DE LEY
Art. 1º.- Deróguese el Código de Justicia Militar.
Art. 2º.- Para sustituir en el art. 473 del Código Procesal Penal, el ilativo “y” en la parte final de la letra d) pasando a la letra e) a continuación de la expresión “firme” y agregar la siguiente letra f) nueva:
f) Cuando la sentencia firme hubiere sido objeto de impugnación y esta hubiere sido acogida por una sentencia dictada por una Corte o Tribunal Internacional por violación a alguno de los derechos reconocidos y garantizados por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Art. 3º.- Deróguese la ley Nº20.447.
Art. 4º.- Crease el siguiente Código Penal Militar.
“TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1°. Definición de delito militar. La presente ley regula los delitos y cuasidelitos militares y su penalidad.
Son delitos militares sólo aquellas conductas dolosas cometidas por militares descritas y penadas por esta ley.
Los cuasidelitos militares sólo son punibles cuando la ley lo disponga especialmente.
En lo no previsto y en cuanto no se opongan a las reglas contenidas en esta ley, serán aplicables las disposiciones del Código Penal a los delitos, cuasidelitos militares y las penas contempladas para ellos.
“TÍTULO I
REGLAS GENERALES DE LA PENALIDAD
Artículo 2°. Penas militares. Son penas militares principales aplicables en conformidad a esta ley, las siguientes:
Presidio militar perpetuo calificado.
Presidio militar perpetuo.
Presidio militar mayor.
Presidio militar menor.
Prisión militar.
Pérdida del estado militar.
Estas penas se gradúan y tienen la misma duración que sus análogas del Código Penal.
Artículo 3°. Pérdida del estado militar. La pena de pérdida del estado militar producirá el retiro absoluto de la institución, la pérdida del grado y la incapacidad absoluta y perpetua para recuperar la calidad de militar.
Artículo 4°. Penas militares accesorias. Son penas militares accesorias las siguientes:
1° Separación del servicio, que producirá el retiro absoluto de la Institución y la incapacidad absoluta y perpetua para servir en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros. Los que sufran esta pena no podrán ser rehabilitados sino en virtud de una ley.
2° Suspensión del empleo militar, que priva de todas las funciones del mismo y de los ascensos que corresponderían al penado, durante el tiempo de la condena, el que no se le contará para los efectos del retiro ni para la antigüedad en el grado.
Artículo 5°. Efectos accesorios de las penas militares. Las penas de crimen y las de simple delito de duración superior a un año llevan como accesoria la separación del servicio. Las penas de simple delito de duración hasta de un año llevan como accesoria la suspensión del empleo militar.
Son penas de crimen, el presidio militar perpetuo calificado, el presidio militar perpetuo y el presidio militar mayor; y de simple delito, el presidio militar menor. Son penas aflictivas las de crímenes y las de simple delito sancionados con presidio militar menor en su grado máximo u otra superior.
Artículo 6°. Escala gradual de la penalidad. Para los efectos del artículo 59 del Código Penal, se tendrá presente la siguiente escala gradual de las penas militares:
1° Presidio militar perpetuo calificado.
2° Presidio militar perpetuo.
3° Presidio militar mayor en su grado máximo.
4° Presidio militar mayor en su grado medio.
5° Presidio militar mayor en su grado mínimo.
6° Presidio militar menor en su grado máximo.
7° Presidio militar menor en su grado medio.
8° Presidio militar menor en su grado mínimo.
9° Prisión militar en su grado máximo.
10° Prisión militar en su grado medio.
11° Prisión militar en su grado mínimo.
Artículo 7°. Atenuante especial. Será circunstancia atenuante en los delitos militares, el hecho de contar el imputado con un total inferior a dos meses de servicios en las instituciones armadas, cualquiera que sea la época en que ellos se hayan prestado.
Artículo 8º. Error de prohibición. Podrá eximírsele de responsabilidad en tales casos si la ignorancia de los deberes militares que fuere excusables, atendido su nivel de instrucción y demás circunstancias.
Artículo 9º. Agravante especial. Se castigará con la pena superior aumentada en un grado, si procediere, al militar que cometiere algunas de las conductas contempladas en los Párrafos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del Título IX del Libro II del Código Penal, respecto de material de guerra, ya fueren armas, municiones, aparatos, instrumentos destinados a los servicios de las Fuerzas Armadas, o de maquinarias o útiles de uso exclusivo para la fabricación de material de guerra.
“TÍTULO II
DELITOS DE INSUBORDINACIÓN
§ 1. Motín.
Artículo 10. Motín. Los militares que, en número de cuatro o más, o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, serán castigados con la pena de presidio militar menor en sus grados medio a máximo si incurren en alguna de las siguientes conductas:
1º. Rehúsen obedecer las órdenes recibidas de sus superiores;
2º. Hagan reclamaciones, peticiones o exigencias en tumulto o generando una grave alteración del servicio;
3º. Se resistan notoria o públicamente a cumplir con sus deberes militares, o
4º. Amenacen, ofendan o ultrajen a un superior.
Artículo 11. Motín calificado. La pena será de presidio militar mayor en sus grados mínimo a medio si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1º. El delito tuviere lugar frente al enemigo, o a rebeldes o sediciosos.
2º. Tuviere lugar en una situación de peligro para la seguridad de una nave o aeronave.
Artículo 21. Calificación respecto del promotor. El cabecilla, el promotor, el de mayor graduación o el más antiguo si hubiere varios del mismo grado, será castigado con la pena de presidio militar mayor en su grado mínimo a medio.
Si concurrieren en la comisión del delito alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 19, sufrirán la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a militar perpetuo.
Artículo 22. Atenuación o exención de pena. Respecto de los meros ejecutores del delito, siempre que no concurran las circunstancias establecidas en el artículo 20, la pena podrá rebajarse uno, dos o tres grados respecto de los sargentos y cabos.
Respecto de los soldados, el juez podrá extender la rebaja de grados más allá de lo señalado en el inciso anterior o incluso, atendidas las circunstancias, establecer la exención de pena.
Artículo 25. Omisión de contención del motín. El militar que, teniendo conocimiento de que se comete o se trata de cometer el delito de motín, no empleare todos los medios a su alcance para contenerlo, será castigado con la pena de presidio militar menor en sus grados mínimo a medio.
La negligencia para contener un motín será castigada con la pena de pérdida del estado militar.
Artículo 27. Conducción de fuerza armada sin autorización competente. El militar que, sin la autorización competente, conduzca una fuerza armada fuera del destino o misión que le haya sido asignado, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado mínimo a medio, siempre que el hecho no constituyere otro delito.
§ 2. Ultraje a superiores
Artículo 28. Ultraje a superior. El militar que maltrate de obra a un superior sin causarle lesiones o que lo hiera, golpee o maltrate de obra, causando lesiones leves, en acto del servicio o con ocasión de él o en un recinto militar, será castigado con prisión militar en su grado máximo a presidio militar menor en su grado mínimo.
Si le causare lesiones menos graves, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado medio a máximo.
Si le causare lesiones graves, será castigado con la pena de presidio militar mayor en su grado mínimo a medio.
Artículo 30. Coacción al superior. El militar que con violencia o intimidación obligue o determine a un superior a realizar un acto del servicio militar, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado mínimo a medio.
Artículo 32. Calificación de las conductas. Si los delitos contemplados en este párrafo se cometieren en acto del servicio de armas o en presencia de la tropa reunida, las penas se aplicarán en su grado superior.
Si tuvieren lugar en tiempo de guerra, las penas se aumentarán en un grado.
§ 3. Desobediencia
Artículo 33. Desobediencia. El militar que deje de cumplir o que modifique por iniciativa propia una orden impartida por su superior, con daño para el servicio, será castigado con la pena de presidio militar menor en cualquiera de sus grados.
Artículo 34.Desobediencia calificada. La pena será de presidio militar mayor en su grado mínimo a medio si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1º. Si el delito tuviere lugar frente al enemigo, o a rebeldes o sediciosos.
2º. Si se siguiere un perjuicio grave para las operaciones militares nacionales.
“TÍTULO IV
DELITOS EN EL SERVICIO DE ARMAS
Artículo 35. Desobediencia en el servicio de armas. Será castigado con la pena de presidio militar mayor en sus grados medio a máximo, el militar que, en tiempo de guerra:
1º. Rehúse la orden de combatir contra el enemigo, o de realizar cualquier otro servicio de armas en su presencia; o
2º. Huyere o provocare la fuga de otros durante el combate.
Artículo 36. Capitulación indebida. El Jefe de una plaza, puesto o fuerzas que, en tiempo de guerra, la haya rendido o entregado por medio de capitulación, sin haber agotado los medios necesarios para su defensa, será castigado con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo.
Artículo 37. Abandono del puesto durante el combate. El militar que, habiendo recibido orden absoluta de conservar su puesto a toda costa, frente al enemigo y durante el combate, no lo hiciere, será castigado con la pena de presidio militar mayor en sus grado medio a máximo.
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 10 del Código Penal.
Artículo 39. Falta en la iniciativa en el combate. Será castigado con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo, el militar con mando de fuerza o unidad militar que en tiempo de guerra:
1º. No prestare el auxilio a las fuerzas combatientes nacionales o aliadas;
2º. Dejare de emprender o cumplir una misión de guerra; o
3º. Se abstuviere de combatir o perseguir al enemigo.
Artículo 40. Negligencia en el servicio de armas. El militar que, negligentemente, en el curso de las operaciones bélicas y con grave daño para éstas, dejare de emplear todos los medios que imponga la necesidad del combate o el cumplimiento de las órdenes recibidas, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado medio a presidio militar mayor en su grado mínimo.
Artículo 41. Abandono del comandante o jefe. El comandante o jefe que, en tiempo de guerra y sin motivo justificado, abandone su comando, será castigado con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo.
Si la conducta se cometiere en presencia del enemigo o en circunstancias tales que el abandono causa un daño grave a las Fuerzas Armadas o de una parte de éstas, el abandono de su comando será castigado con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a presidio militar perpetuo.
Artículo 42. Evasión del servicio militar mediante engaño. El militar que, en tiempo de guerra y mediante engaño, se excusare de cumplir sus deberes o no se conformare con el puesto o servicio a que fuere destinado, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado medio a máximo.
Artículo 43. Incumplimiento del llamado a movilización. Los reservistas que, sin motivo justificado, no concurrieren al llamado cuando fueren movilizados, serán castigados con la pena de presidio militar menor en cualquiera de sus grados.
Artículo 44. Ataque al enemigo contra la orden del superior. El militar que, contra la orden de su superior, ataque al enemigo, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado medio a máximo o la pérdida del estado militar.
Pero si de este ataque resultare un beneficio para las operaciones militares, la pena podrá ser rebajada en uno o más grados y llegarse hasta la absolución, según el caso.
“TÍTULO V
DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE LOS SUPERIORES
§ 1. Ultraje a inferiores
Artículo 45. Ultraje a inferior. El militar que maltrate de obra a un inferior sin causarle lesiones o que lo hiera, golpee o maltrate de obra, causando lesiones leves, en acto del servicio o con ocasión de él o en un recinto militar, será castigado con prisión militar en su grado máximo a presidio militar menor en su grado mínimo.
Si le causare lesiones menos graves, será castigado con la pena de presidio militar menor en sus grados medio a máximo.
Si le causare lesiones graves, será castigado con la pena de presidio militar mayor en sus grados mínimo a medio.
Artículo 47. Tratos degradantes o inhumanos. El militar que someta a un inferior a un trato degradante o inhumano que por su naturaleza pudiere causar una afectación de su integridad física o síquica, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado máximo.
Artículo 48. Coacción a inferior. El militar que, con violencia o intimidación, obligue o intente obligar a un inferior a realizar un acto del servicio, será castigado con la pena de presidio militar menor en sus grados mínimo a medio.
Artículo 50. Calificación de las conductas. Si los delitos contemplados en este párrafo o en el anterior, se cometieren en acto del servicio de armas o en presencia de tropa reunida, las penas se aplicarán en su grado superior.
Si tuviere lugar en tiempo de guerra, las penas se aumentarán en un grado.
§ 2. Usurpación y atribución de facultades de mando
Artículo 51. Asunción o retención injustificada de mando o destino. El militar que, sin autorización competente, asumiere un mando o destino, o lo retuviere en contra de las órdenes de sus jefes, será castigado con la pena de presidio militar menor en cualquiera de sus grados.
Artículo 52. Usurpación o exceso en el ejercicio de potestades disciplinarias o de mando. El militar que maliciosamente se atribuya facultades de mando o poder disciplinario que no le corresponden, o se exceda en su ejercicio, será castigado con la pena de presidio militar menor en sus grados mínimo a medio o pérdida del estado militar.
Artículo 53.- Calificación de las conductas. Si, en los casos de los dos artículos anteriores, se causare un daño grave para el servicio militar, las penas se aplicarán en su grado superior.
En tiempo de guerra, las penas se aumentarán en un grado.
§ 3. Omisión de deberes
Artículo 54. Omisión de deberes militares de mando. El superior que, dentro de la esfera de sus atribuciones, tolerare respecto de sus subordinados extralimitación de sus facultades; no aplicare las sanciones que correspondan en razón de infracciones a los reglamentos de disciplina o, no adoptare las medidas de protección que corresponda, poniendo con ello en peligro la vida o integridad física de otros militares o de la población civil, será castigado con la pena de presidio militar menor en sus grados mínimo a medio o pérdida del estado militar.
“TÍTULO VI
DELITOS CONTRA EL DEBER DE PRESTAR EL SERVICIO MILITAR
§ 1. Abandono de servicio
Artículo 55. Abandono del servicio. El militar que abandone su servicio y por tal motivo se causare daño o perturbación al servicio militar, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado mínimo a medio.
Artículo 56. Interrupción del servicio. El militar que, en tiempo de guerra, interrumpa su servicio, será castigado con la pena de presidio militar menor en cualquiera de sus grados.
Artículo 57. Abandono del mando de servicio de armas. El militar que, sin la debida autorización, abandone su puesto estando al mando de guardia, patrulla, puesto avanzado o de cualquier otro servicio de armas, será castigado con la pena de presidio militar menor en sus grados medio a máximo.
Artículo 58. Abandono de servicio de armas. Cualquier otro militar, que no estando en la situación de mando señalado en el artículo anterior, abandone servicios de armas, será castigado con presidio militar menor en su grado medio.
Artículo 59. Abandono del servicio por pérdida de conciencia voluntaria. La pérdida de conciencia por embriaguez o por uso indebido de estupefacientes u otras sustancias psicotrópicas, en acto del servicio de armas, se castigará con la pena de presidio militar menor en su grado medio a máximo y pérdida del estado militar.
Cuando se trate de un militar que se encuentre en la situación descrita en el artículo 55, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado máximo y pérdida del estado militar.
Artículo 60. Calificación de las conductas. Si en los casos de los artículos 55, 57, 58 y 59 los hechos se hubieren cometido en tiempo de guerra podrán aumentarse en uno o dos grados. En los casos recién señalados y en el del artículo 56, las penas se aumentarán en dos grados si el delito se hubiere cometido en presencia del enemigo y, con motivo del abandono, se hubieren malogrado las operaciones de guerra de las Fuerzas Armadas nacionales o aliadas, o favorecido las del enemigo.
Artículo 61. Abandono del centinela. Será castigado con la pena de presidio militar menor en sus grados medio a máximo, el centinela que:
1º. Abandone su puesto;
2º. Pierda su conciencia por embriaguez o por uso indebido de estupefacientes u otras sustancias psicotrópicas;
3º. Falte a su consigna o se deje relevar por otro que no fuere su cabo o quien haga sus veces.
Al centinela le serán aplicables las reglas sobre aumento de penas señaladas en el artículo anterior. El aumento en dos grados a que se refiere dicha disposición tendrá lugar, asimismo, si el delito se cometiere frente al enemigo y a consecuencia del hecho se hubiere comprometido la seguridad del puesto o de la plaza donde el centinela se encontraba prestando sus servicios.
Artículo 62. Omisión del centinela. El centinela que no solicite relevo a su superior ni adopte las medidas necesarias para mantenerse en vigilia y se duerma en su puesto, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado mínimo a medio.
Al centinela le serán aplicables las reglas sobre aumento de penas señaladas en el artículo 60. El aumento en dos grados a que se refiere dicha disposición tendrá lugar, asimismo si el delito se cometiere frente al enemigo y a consecuencia del hecho se hubiere comprometido la seguridad del puesto o de la plaza donde el centinela se encontraba prestando sus servicios.
§ 2. Abandono de destino o residencia
Artículo 63. Abandono de destino. El oficial que, sin justificación, se ausente de su unidad, destino o lugar de residencia por más de cuatro días consecutivos o no se presentare dentro del mismo plazo, contado desde el momento en que debió efectuar su incorporación, y por tal motivo se causare un daño o perturbación al servicio militar, será castigado con la pena presidio militar menor en cualquier de sus grados.
En caso de reiteración, el hecho se castigará aunque no se causen dichos resultados.
En tiempo de guerra, el plazo señalado en el inciso primero de este artículo se reducirá a la mitad, y el hecho se castigará con la pena presidio militar mayor en su grado medio a máximo.
§ 3. Deserción
Artículo 64. Deserción. El individuo de tropa que faltare a su unidad o destino a ocho listas consecutivas o cuatro días en su caso, o permanezca alejado de ellos para sustraerse permanentemente al servicio militar, o por el tiempo de una intervención armada, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado medio a máximo.
En el caso de Carabineros, el plazo de ausencia será de cuatro días.
En tiempo de guerra la pena será de presidio militar mayor en su grado mínimo a medio.
Si en los casos de los incisos anteriores el autor se presentare voluntariamente a su cuerpo u otra autoridad militar dentro de los quince días desde la fecha en que la deserción quedó consumada, asumiendo su obligación de prestar el servicio militar, la pena podrá ser rebajada en uno o dos grados.
§ 4. Inhabilitación voluntaria para el servicio
Artículo 65. Inhabilitación voluntaria para el servicio. El militar que, por su propia voluntad y con el objeto de sustraerse a sus obligaciones militares, se provocare por sí mismo o a través de terceros, cualquier daño físico que lo inhabilite para el servicio, aunque sea temporalmente, será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado mínimo a medio.
Artículo 66.Calificación de la conducta. La conducta descrita en el artículo anterior, en tiempo de guerra, será castigada con la pena de presidio militar menor en sus grados medio a máximo.
“TÍTULO VIII
DELITOS DE FALSEDAD
Artículo 69.Falsificación de orden. Será castigado con la pena de presidio militar menor en su grado medio a máximo el militar que, abusando de su cargo:
1°. Falsificare letra, firma, rúbrica o sello de las autoridades, jefes o dependencias de las instituciones armadas, en las órdenes o comunicaciones que dictaren o en cualquiera otra clase de documentos oficiales;
2°. Sin ser autor de la falsificación antedicha, pero conociendo de su comisión, dispusiere que se cumpla la orden, comunicación o documento falsificado, les diere curso o de cualquier otro modo usare de ellos;
3°. Obtuviere, mediante engaño, que el jefe de quien dependa autorice con su firma, rúbrica o sello, un documento falso o contrario al sentido en que se hubiere mandado extender;
4°. Teniendo a su disposición, por razón de su destino, el sello de la autoridad a cuyas órdenes se encuentre, o del cuerpo o repartición militar en que sirva, lo estampare maliciosamente en un documento falso.
Moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Girardi, doña Cristina; Muñoz, doña Adriana; Sepúlveda, doña Alejandra y los diputados señores Araya, Barros, Ceroni, Cornejo, Kort y Monckeberg, don Cristián. Incorpora normas sobre acoso sexual. (boletín N° 8802-18).
“En la Antigüedad, era frecuente diversas formas de agresión sexual por ejemplo la que ejercía un amo o ama en contra de esclava o esclavo o en contra de sirviente sin ser esclavo(a), conducta que no era punible en contra del agresor porque se consideraba dueño de la persona agredida. Si bien esa conducta se repetía cuando los ejércitos invadían otros territorios a título de conquista, muchas veces se incurría en otras formas de agresión que incluía hasta la violación. Mención ejemplar cabe señalar los casos de Roma, Atenas, Babilonia, Persia, China, entre otros.
En la Edad Media, se observaba homólogo comportamiento respecto de la Antigüedad, pero donde imperaba el sistema feudal, el señor feudal se consideraba con derecho a tener relaciones sexuales con las campesinas de su dependencia, lo que se denominó en esa época “derecho de pernada”.
En la Época Contemporánea, la industrialización que comienza específicamente en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII y se expande por Europa en la segunda mitad del siglo XIX, hace crecer exponencialmente el número de trabajadores y en ciertas rubros de trabajadoras, las que en ocasiones se veían expuestas a una conducta de molestia sexual por regla general de parte de empleadores o jefes y en menor grado de trabajadores con igual o similar rango. Las diversas legislaciones penales de los países europeos y americanos solo contemplaban una conducta punible cuando el acto violación o abuso deshonesto, denominación que en esa época se utilizaba, pero no se reconocía como agresión sexual el crear un ambiente intimidante de tipo sexual.
Paralelamente se exigía a los funcionarios públicos un comportamiento probo, y se incumplía esta norma cuando un funcionario público solicitaba favores sexuales a una mujer que tuviera resoluciones pendientes o si era hombre respecto de su cónyuge u otro pariente femenino; en tal caso legislaciones como la alemana, francesa, italiana, española lo contemplaban como delito con penas de prisión de 6 meses a 6 años, además de inhabilitación. Criterios similares se establecían en legislaciones latinoamericanas, entre otras por la colombiana, peruana, chilena. El tipo penal establecida en el derecho comparado de la época era acotado a un funcionario público sea éste genéricamente catalogado como empleado público y específicamente referido al ámbito judicial u hospitalario, en tanto la víctima según la tipificación de la legislación chilena tenía que ser mujer solamente.
De esta manera las legislaciones que datan del siglo XIX y que se recogen en el siglo XX, las que se reforman con el objeto de incluir a hechores y víctimas tanto hombres como mujeres pueden resumirse a manera de ejemplo de la siguiente manera:
En Alemania, el que realizare actos sexuales con un recluso custodiado por orden de la autoridad, que le fue confiado para vigilarlo, educarlo y formarlo y aprovechándose de su posición o con un interno de un establecimiento de enfermos tiene una pena de reclusión hasta 5 años o multa.
En Francia, la agresión sexual abusando de la autoridad que le confieren sus funciones tiene un apena de hasta 7 años y multa.
En Italia, la conjunción camal con persona arrestada o detenida se sanciona con una pena de 1 a 5 años.
En España, la autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una persona que tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior, incurriendo también en el delito si la solicitud se hiciere al cónyuge o persona ligado de forma permanente por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, adopción, afines en los mismos grados, se le impondrá una pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta de de 6 a 12 años; si el hecho fuere cometido por un funcionario de instituciones penitenciarias o centro de protección de menores cometido en contra de las personas o parientes precedentemente señalados la pena será de prisión de 1 a 4 años y la misma de inhabilitación.
En Colombia, el empleado oficial que abusando de su cargo o de sus funciones solicitare a un apersona o a un tercero, incurrirá en prisión de 2 a 6 años e interdicción de derechos y funciones públicas de I. a 5 años.
En Perú, el que aprovechando la situación de dependencia autoridad o vigilancia practica el acto sexual u otro análogo con una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halle detenida, recluida o interna, será reprimido con pena no menor de 4 años ni mayor de 6 años e inhabilitación de 2 a 4 años.
En Chile, los ministros de corte, fiscales y jueces que ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que éste les da, seduzcan o soliciten a persona procesada o que litigue ante ellos, se le impondrá la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años) y la de inhabilitación absoluta para el cargo u oficio público; el empleado público que solicitare a persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución la pena es de inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio; el empleado que solicitare a persona sujeta a su guarda (detenida u hospitalizada) por razón de su cargo, la pena es de reclusión menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años) e inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio, si la persona solicitada fuere cónyuge, conviviente, descendiente, ascendiente o colateral hasta el segundo grado (hermano) de quien estuviere bajo la guarda del solicitante, las penas serán de reclusión menor en sus grados medio a máximo (3 años 1 día a 5 años) e inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio.
Las legislaciones mencionadas reconocen la existencia del acoso sexual acotado a ciertos ámbitos, teniendo como sujeto activo del delito a ministros de corte, fiscales y jueces respecto de la persona que litigue ante ellos; así como empleados públicos respecto de una persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución y funcionario de instituciones penitenciarias y hospitalarias respecto de las personas que tienen a su cuidado. Sin embargo, la realidad del acoso sexual es mucho más amplia que las precedentemente señaladas, y se da en el ámbito de las relaciones laborales, tanto en la administración pública como de la empresa privada, como asimismo en el educacional, deportivo, salud, entre otros.
Antecedente Sociológico
Las sociólogas Rosalba Todaro y Bárbara Délano del Centro de Estudios de la Mujer realizaron un estudio sobre la realidad del acoso sexual en el ámbito laboral en Santiago de Chile en bancos, financieras, establecimientos comerciales, servicios comunitarios e industria. Así del total de entrevistadas, un 20% había sido víctima de acoso sexual, el que se desglosa en: 35.4% de parte de su jefe directo, 30% de otro jefe, 27.4% de otro colega de igual jerarquía, 1.7% de un subordinado. Del total de acosadas un 89.2% lo fue víctima en el lugar de trabajo, un 5.4% fuera del lugar de trabajo, 4.6 dentro y fuera del lugar de trabajo.
Otro estudio de las estudiantes de medicina Caterina Oneto, Paula Díaz, Ana Paula Godoy e lona Soto, realizado en un hospital de Valparaíso, dio como resultado que las mujeres fueron víctimas de acoso sexual severo un 19.4% y moderado 33.3%, porcentajes menores fueron los hombres víctimas de acoso.
Las sociólogas finlandesas Ruda Hogbacka, IrjaKandolin, Elina Haavuio-Mannila y Kaisa Kauppinen-Toropainen, realizaron en 1987 en Helsinki (Finlandia) un estudio sobre acoso sexual en el trabajo. Del total de personas un 34% de las mujeres y 26% de los hombres señaló haber sido víctima de acoso sexual; un 16% de las mujeres y un 9% de los hombres declaró haber sido víctima de un o una superior, un 58% de las mujeres y un 52% de los hombres declaró ser víctima de un compañero de igual jerarquía.
Los estudios sociológicos dan a conocer que en distintas sociedades se da el acoso sexual y en porcentajes similares, siendo los acosadores tanto hombres como mujeres, pero en proporción cuantitativa mucho más los primeros que las segundas especialmente en sociedades con una subcultura machista.
Definiciones
Los abogados Jorge Alberto Rodríguez y Ricardo Felgueras señalan:
“Acoso sexual es todo acercamiento sexual, sea éste verbal o físico no deseado por la persona que lo sufre”.
La psicóloga Sonia Salas establece que entre las conductas que constituyen acoso sexual están: gestos y comentarios de connotación sexual, apretones de hombros, abrazos o roces en diversas partes del cuerpo aparentemente casuales, lenguaje sexual de tipo obsceno o proposiciones de carácter sexual.
El abogado Sebastián Hamel sostiene que la doctrina reconoce dos tipos de acoso sexual por chantaje y por intimidación. El acoso sexual por chantaje se expresa a través de la exigencia formulada por un superior a un subordinado suyo para que acceda a una determinada actividad sexual, si desea conseguir beneficios laborales. El acoso sexual por intimidación son solicitudes indebidas, invitaciones sexuales inoportunas u otras manifestaciones verbales o físicas de tipo sexual que crean un entorno de trabajo hostil.
Las abogadas Marcela Gómez y Pamela Farías en un documento titulado “Acoso Sexual en el Trabajo: De la Impunidad a la Acción” de la Dirección del Trabajo, señalan que de acuerdo a las denuncias recibidas por dicho servicio, la conducta que prevalece es la de intimidación por sobre el chantaje. Además por ser denunciantes, mayoritariamente mujeres, configuran esta conducta como una problemática de género, entendido éste como “la red de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que a través de un proceso de construcción social establecen diferencias entre hombres y mujeres”.
Las autoras señalan que afecta principalmente a mujeres jóvenes con niveles de ingreso inferiores, con educación incompleta y que trabajan en áreas auxiliares, lo que no significa que mujeres ubicadas en otros rangos no sean también víctimas, pero se conocen menos porque las consecuencias laborales son mayores.
Respecto de los acosadores, las autoras señalan que está presente en ellos en forma consciente o inconsciente que la sexualidad -por regla general masculina- es irracional e irrefrenable, y por lo tanto cualquier manifestación de una víctima -por regla general mujer- se entendería como una suerte de invitación a un acercamiento de carácter sexual.
También ellas se refieren a la vida interna de la empresa, que aunque sea habitual y reservada la relación, termina involucrando al resto de la organización; así los trabajadores pueden convertirse en testigos o confidentes de la persona acosada; y por otra los jefes y supervisores no quieran enfrentar dicha situación o lo reduzcan a un problema personal a resolverse fuera del ámbito laboral.
Lo anterior deja de manifiesto que el acoso sexual no constituye un problema menor, sino que por afectar al entorno laboral, lo que incide en su rendimiento o productividad y desde luego en su relación familiar, constituye un problema social.
Normas de Derecho Comparado
En 1991, la Recomendación del Comité Europeo para la Eliminación de la Discriminación en Contra de la Mujer, prevé que los Estados adopten medidas jurídicas eficaces, incluidas las sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida el hostigamiento sexual en el trabajo.
Dicho cuerpo normativo señala además:
“Se recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para fomentar la consciencia de que la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la mujer u hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros, resultas inaceptable si:
a. Dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma.
b. La negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos los superiores o compañeros), se utilizan de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de dicha persona a la formación profesional y al empleo, sobre la continuación del mismo, los ascensos, el salario o cualquiera otras decisiones relativas al empleo y/o
c. Dicha conducta crea un ambiente laboral intimidatorio u hostil para la persona que es objeto de la misma”.
Diversos países han tipificado el acoso sexual como delito, entre otros Rusia, Francia, España, México, Nicaragua.
En Rusia, el que constriña a una mujer a la unión carnal o a la satisfacción del instinto sexual de parte de un individuo del cual ella depende por razones económicas o de servicio, se le impondrá una pena de hasta 3 años de prisión.
En Francia, el que abusando de la autoridad que le confieren sus funciones acose a otro valiéndose de amenazas o coacciones, con el objeto de conseguir favores de naturaleza sexual, tendrá una pena de 1. año de prisión y multa.
En Nicaragua, desde 1992, el que somete a una persona a acoso o chantaje sexual sin consumar el delito de violación o seducción ilegítima, tendrá una pena de 1 a 2 años de prisión.
En México, el que asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición de jerarquía derivada de sus relaciones laborales, docentes domésticas o cualquier otra que implique su subordinación, será penado hasta con 40 días de cárcel.
En Argentina, un decreto de carácter administrativo de 1993, y que rige para los empleados públicos, al que con motivo o ejercicio de sus funciones, se aproveche de una situación jerárquica induciendo a otro a acceder a sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal, se le sancionará administrativamente.
En España, en 1995, se tipificó el acoso sexual, la que fue reformada en 1999, la que queda como sigue:
El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual, con la pena de arresto de 6 a 12 fines de semana o multa de 3 a 6 meses.
Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionada con las legítimas expectativas que aquella pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de arresto de 12 a 24 fines de semana o multa de 6 a 12 meses.
De esta manera, el acoso sexual afecta a tres bienes jurídicos o principios de derecho: la libertad de trabajo, o educación, según el caso, la integridad psíquica y además constituye un peligro para la libertad sexual de la víctima; por eso es susceptible de aplicación penal, lo que en derecho se denomina la última ratio o la última razón de su existencia, lo cual significa que tiene la suficiente gravedad como para ser tipificado penalmente, toda vez que en el ordenamiento jurídico chileno existen numerosos simples delitos o faltas atentatorias de un solo bien jurídico y que importan un menor disvalor que el acoso sexual, con mayor razón deberá tipificarse cuando afecta a tres bienes jurídicos protegidos para estar debidamente tipificados ante el derecho.
Lo importante de establecer el acoso sexual como delito, no es si se topa o no con otro delito, o si es de más fácil o más difícil prueba, sino para sancionar una conducta que perjudica a muchas personas en su relación laboral, educacional, deportiva y por ende familiar, pero sobre todas las cosas les afecta a ellas en su dignidad.
El presente proyecto contó con la elaboración del asesor legislativo Leonardo Estradé-Brancoli.
Por tanto, conforme a lo señalado, se propone al H Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:
1. En el número 3 del artículo 233, después de la palabra “soliciten”, agrégase la palabra “sexualmente”.
2. En el artículo 258, sustitúyese la frase: “El empleado público que solicitare a persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución”, por la frase “El empleado público que solicitare a persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución o acerca de la cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior”.
3. En el artículo 259, después de la palabra “solicitare”, agrégase la palabra “sexualmente” y sustitúyase la palabra “segundo” por “cuarto”.
4. Agrégase el siguiente artículo 364:
“Art. 364. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, deportiva o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva intimidante u hostil, será castigado como autor de acoso sexual con la pena de presidio menor en su grado mínimo.
Si la víctima fuere menor de edad o persona discapacitada, se estimará como agravante del delito.”
Moción de los señores diputados Andrade, Aguiló, Jiménez, Meza, Monsalve, Ortiz, Saffirio, Teillier y las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Sepúlveda, doña Alejandra. Faculta al Estado para crear una AFP Estatal. (boletín N° 8804-13).
“Fundamentos:
1. Desde la creación del sistema de capitalización individual gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, éste ha experimentado diversos ajustes, modificaciones y perfeccionamientos destinados a aumentar la rentabilidad y seguridad en la inversión de los fondos, ampliar la oferta de modalidades de pensión, introducir un pilar contributivo voluntario, mejorar los mecanismos de información a los usuarios, perfeccionar los instrumentos de control, incorporar desarrollos tecnológicos, y en general, contribuir a la correcta gestión y operación del sistema.
2. No obstante todos estos esfuerzos, el desempeño global del sistema no fue el esperado, especialmente en cuanto al nivel de concentración de la industria, algunos niveles de opacidad en su gestión y los mecanismos de fijación del precio por la administración de los fondos de pensiones.
3. Por ello, surgió la necesidad de introducir reformas sustantivas al sistema y transitar desde un modelo de seguro privado, con responsabilidades públicas subsidiarias, a un sistema mixto en el que se integra el sistema privado con un sistema solidario que asegura a todas y todos un nivel mínimo de protección, independiente de sus contribuciones.
4. En el curso de este proceso, la Reforma Previsional aprobada a través de la Ley N° 20.255, de 2008, uno de los ejes centrales del Sistema de Protección Social impulsado por el gobierno de la Presidenta Bachelet, introdujo las reformas y modificaciones más sustantivas al sistema de capitalización individual desde su creación.
5. En primer término, esta Reforma Previsional constituyó las bases de un sistema de pensiones dotado de legitimidad social y política, que entrega protección social efectiva a toda la población, independiente de las oportunidades que hayan tenido durante su vida activa, refuerza el carácter solidario del sistema, amplía su cobertura, supera las discriminaciones de género y establece un nuevo marco institucional que posibilita una gestión del sistema coherente, articulada y eficiente.
6. Asimismo, la Reforma Previsional incorporó importante modificaciones al sistema de capitalización individual, por una parte, modificaciones que son consecuencia natural del desarrollo del sistema, y por otro lado, modificaciones que surgen de la necesidad de aumentar la competencia en precios y la eficiencia del mismo.
7. En el primer orden de medidas, esto es, las que son consecuencia natural del desarrollo del sistema, se destacan las siguientes: flexibilización del marco regulatorio del Régimen de Inversión; creación del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo C-L\PVC); creación de la figura del afiliado voluntario; perfeccionamiento de beneficios previsionales, y el establecimiento de un marco regulaban de los servicios que prestan los Asesores Previsionales.
8. En el ámbito de las medidas destinas a incrementar la competencia y eficiencia del sistema, se destacan, entre otras, las siguientes: la adaptación del marco normativo para que las AFP subcontraten servicios, los que también serán fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones; se establece la licitación de nuevos afiliados como mecanismo destinado a incentivar la competencia en precios, lograr menores comisiones para los afiliados y favorecer la entrada de nuevos actores a la industria de AFP; se autoriza la participación de las compañías de seguro a través de la creación de la AFP filial, con giro exclusivo; se plantea la licitación única del seguro de invalidez y sobrevivencia y se modifica la estructura de comisiones que cobran las AFPs, entre otras importantes medidas.
9. Muchas de estas reformas están en operación y habrá que esperar un tiempo para evaluar sus resultados e impactos, aunque ya existen mediciones sobre los beneficiosos resultados que se han obtenido con la implementación del Pilar Solidario.
10. No obstante existen evidencias auspiciosas respecto de los resultados alcanzados con la Reforma Previsional, se mantiene como una tarea pendiente el incremento de la competencia real entre los operadores del sistema.
11. Las modificaciones introducidas a la industria de administradoras de fondos de pensiones consiguieron atraer a nuevos entrantes solamente a través de la institución de la AFP Modelo, pero las fórmulas creadas para aumentar la competencia en precios en el sistema han mantenido un coeficiente perjudicial para los trabajadores que, básicamente deben enterar el 10% de la totalidad de sus cotizaciones como pago para que una AFP administre sus fondos. Ello, implica entre otras consecuencias, que se haya mantenido una alta concentración del sistema.
12. Por ello, se hace urgente contar con un operador público que, en igualdad de condiciones jurídicas con los operadores privados, tenga como objeto exclusivo administrar fondos de pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el decreto ley N° 3.500, de 1980, sujeto a las mismas regulaciones y al mismo régimen de supervisión y fiscalización que los operadores privados.
13. De esta forma, la creación de una AFP estatal persigue los siguientes objetivos:
a. Contribuye a generar más competencia en un industria altamente concentrada;
b. Implica una presión para que se genere competencia en precios (por la vía de disminuir las comisiones);
c. Aumenta le fe pública y confianza en el sistema;
d. Otorga la posibilidad de optar a las personas entre un operador privado o público.
En este contexto y cumpliendo un compromiso establecido con el Congreso Nacional durante la tramitación legislativa de la Reforma Previsional, se presenta el siguiente proyecto de ley que faculta al Estado para crear una AFP estatal.
PROYECTO DE LEY:
Art 1°.- Agréguese el siguiente inciso segundo en el arto 23 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980 que establece nuevo sistema de pensiones:
“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado podrá desarrollar actividades empresariales con el objeto indicado en el inciso precedente”.