Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Enrique Estay Penaloza
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hernan Larrain Fernandez
- Alejandro Navarro Brain
- Juan Antonio Coloma Correa
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE FISCALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y LAS CONDONACIONES EFECTUADAS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE FISCALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y LAS CONDONACIONES EFECTUADAS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. (Continuación).
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 1.- Moción de los señores diputados Martínez, Becker, Bertolino, Edwards; García, don René Manuel; Godoy; Pérez, don Leopoldo; Sauerbaum; Verdugo, y de la diputada señora Sabat, doña Marcela.
Endurece las penas por corte injustificado a servicios de internet. (boletín N° 8816-03).
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Rosauro Martinez Labbe
- German Becker Alvear
- Jose Manuel Edwards Silva
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Joaquin Godoy Ibanez
- Leopoldo Perez Lahsen
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- German Verdugo Soto
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 2. Moción de los señores diputados Hasbún, Bobadilla; García, don René Manuel; Kort, Latorre, Rojas, Tuma, Velásquez; Venegas, don Mario, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra. Permite ampliar plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. (boletín N° 8817-15).
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gustavo Hasbun Selume
- Sergio Bobadilla Munoz
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Issa Farid Kort Garriga
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Manuel Rojas Molina
- Joaquin Tuma Zedan
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Mario Venegas Cardenas
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 3. Moción de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela; Hoffmann, doña María José; Nogueira, doña Claudia; Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Pérez, don Leopoldo; Sabag, Sandoval, Santana, Squella y Torres. Modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo referente al cierre de votaciones. (boletín N° 8818-08).
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Claudia Nogueira Fernandez
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- David Sandoval Plaza
- Alejandro Santana Tirachini
- Arturo Squella Ovalle
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- 1.- Moción de los señores diputados Martínez, Becker, Bertolino, Edwards; García, don René Manuel; Godoy; Pérez, don Leopoldo; Sauerbaum; Verdugo, y de la diputada señora Sabat, doña Marcela.
Endurece las penas por corte injustificado a servicios de internet. (boletín N° 8816-03).
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 135ª, en miércoles 6 de marzo de 2013
(Especial, de 17.31 a 18.21 horas)
Presidencia del señor Monckeberg Díaz, don Nicolás.
Secretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Tabla.
- Informe de Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar el comportamiento de los grandes contribuyentes y las condonaciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos en los últimos años. (Continuación) 9
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Martínez, Becker, Bertolino, Edwards; García, don René Manuel; Godoy; Pérez, don Leopoldo; Sauerbaum; Verdugo, y de la diputada señora Sabat, doña Marcela, que “Endurece las penas por corte injustificado a servicios de internet”. (boletín N° 8816-03)
2. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Hasbún, Bobadilla; García, don René Manuel; Kort, Latorre, Rojas, Tuma, Velásquez; Venegas, don Mario, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Permite ampliar plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana”. (boletín N° 8817-15)
3. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela; Hoffmann, doña María José; Nogueira, doña Claudia; Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Pérez, don Leopoldo; Sabag, Sandoval, Santana, Squella y Torres, que “Modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo referente al cierre de votaciones”. (boletín N° 8818-06)
VII. Otros documentos de la Cuenta.
- Comunicación de los señores diputados Hasbún y Letelier, por el cual informan que han retirado el patrocinio del proyecto que “Modifica la ley N° 18.678, que señala la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional”. boletín N° 8683-16).
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de Partido Demócrata Cristiano por la cual informa que el diputado señor Jorge Sabag reemplazará a la diputada señora Carolina Goic, en la Comisión de Trabajo, hasta el 30 de abril del año en curso.
- Comunicación del diputado señor Estay, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 5 días, a contar del 04 de marzo próximo pasado.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
Accorsi Opazo, Enrique
Aguiló Melo, Sergio
Alinco Bustos René
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
Andrade Lara, Osvaldo
Araya Guerrero, Pedro
Ascencio Mansilla, Gabriel
Auth Stewart, Pepe
Baltolu Rasera, Nino
Barros Montero, Ramón
Bauer Jouanne, Eugenio
Becker Alvear, Germán
Bertolino Rendic, Mario
Browne Urrejola, Pedro
Burgos Varela, Jorge
Calderón Bassi, Giovanni
Campos Jara, Cristián
Cardemil Herrera, Alberto
Carmona Soto, Lautaro
Castro González, Juan Luis
Cerda García, Eduardo
Cristi Marfil, María Angélica
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso
Díaz Díaz, Marcelo
Edwards Silva, José Manuel
Eluchans Urenda, Edmundo
Espinosa Monardes, Marcos
Espinoza Sandoval, Fidel
Farías Ponce, Ramón
García García, René Manuel
González Torres, Rodrigo
Gutiérrez Gálvez, Hugo
Gutiérrez Pino, Romilio
Harboe Bascuñán, Felipe
Hasbún Selume, Gustavo
Hernández Hernández, Javier
Hoffmann Opazo, María José
Jaramillo Becker, Enrique
Jarpa Wevar, Carlos Abel
Jiménez Fuentes, Tucapel
Kast Rist, José Antonio
Kort Garriga, Issa Farid
Latorre Carmona, Juan Carlos
Lemus Aracena, Luis
León Ramírez, Roberto
Lorenzini Basso, Pablo
Macaya Danús, Javier
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag
Martínez Labbé, Rosauro
Melero Abaroa, Patricio
Molina Oliva, Andrea
Monckeberg Bruner, Cristián
Monckeberg Díaz, Nicolás
Monsalve Benavides, Manuel
Montes Cisternas, Carlos
Morales Muñoz Celso
Muñoz D'Albora, Adriana
Norambuena Farías, Iván
Núñez Lozano, Marco Antonio
Ojeda Uribe, Sergio
Ortiz Novoa, José Miguel
Pacheco Rivas, Clemira
Pérez Arriagada, José
Pérez Lahsen, Leopoldo
Recondo Lavanderos, Carlos
Rincón González, Ricardo
Rivas Sánchez, Gaspar
Robles Pantoja, Alberto
Rojas Molina, Manuel
Rosales Guzmán, Joel
Rubilar Barahona, Karla
Saa Díaz, María Antonieta
Sabag Villalobos, Jorge
Saffirio Espinoza, René
Salaberry Soto, Felipe
Sandoval Plaza, David
Santana Tirachini, Alejandro
Sauerbaum Muñoz, Frank
Schilling Rodríguez, Marcelo
Sepúlveda Orbenes, Alejandra
Silber Romo, Gabriel
Silva Méndez, Ernesto
Squella Ovalle, Arturo
Tarud Daccarett, Jorge
Teillier Del Valle, Guillermo
Torres Jeldes, Víctor
Tuma Zedan, Joaquín
Turres Figueroa, Marisol
Ulloa Aguillón, Jorge
Urrutia Bonilla, Ignacio
Vallespín López, Patricio
Van Rysselberghe Herrera, Enrique
Vargas Pizarro, Orlando
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario
Verdugo Soto, Germán
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
Walker Prieto, Matías
Ward Edwards, Felipe
Zalaquett Said, Mónica
-Diputadas en misión oficial señoras Marta Isasi Barbieri, Cristina Girardi Lavín, Claudia Nogueira Fernández, Marcela Sabat Fernández y Denise Pascal Allende.
-Asistieron el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau.
-Estuvieron presentes los senadores señores Hernán Larraín Fernández, Alejandro Navarro Brain y Juan Antonio Coloma Correa.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 17.30 horas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El acta de la sesión 129ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 130ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
V. TABLA
INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE FISCALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y LAS CONDONACIONES EFECTUADAS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. (Continuación).
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde continuar con el debate del Informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de fiscalizar el comportamiento de los grandes contribuyentes y las condonaciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos en los últimos años.
Antecedentes;
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 134ª de la presente legislatura, en 6 de marzo de 2013.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, fui parte de la Comisión Investigadora que tuvo a la vista todos los antecedentes del caso Johnson’s, que además recibió a múltiples personas que fueron a entregar su testimonio y el detalle de varios de los acontecimientos que se revisaron en la Comisión.
En esta Cámara no vamos a juzgar delitos; para eso están los tribunales de justicia.
Las irregularidades administrativas las revisará la Contraloría General de la República, como tengo entendido que lo está haciendo permanentemente.
Somos una cámara política, a la que le corresponde investigar y fiscalizar los actos de Gobierno y, al mismo tiempo, las responsabilidades que tienen los distintos entes y los diversos actores que hoy ocupan cargos públicos y cargos políticos importantes. Por eso quiero hacer uso de la palabra en esta oportunidad.
Para quien habla, son importantes tres puntos, sobre los que la Comisión recabó antecedentes.
No sé si los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se encuentran en las tribunas…
(Manifestaciones en las tribunas)
Al parecer, sí están.
Puede haber un poco de desorden en la Sala y es posible que no todos escuchen, pero lo interesante es que el país, a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, es testigo de lo que está ocurriendo, al igual que los funcionarios que nos acompañan desde las tribunas.
En primer lugar, quiero destacar la tremenda importancia que tiene el Servicio de Impuestos Internos para Chile, en términos de su prestigio y de cómo esta institución se ha ido modernizando y se ha adaptado a los tiempos. Se trata de un servicio serio, que tiene funcionarios comprometidos, responsables y prestigiosos.
(Aplausos en las tribunas)
Lo digo responsablemente, porque sé que han recibido innumerables premios y reconocimientos, no solo en el país, sino también a nivel internacional.
Esta institución tiene prestigio, es sólida, es capaz de lograr que en el país funcione el sistema de recaudación, a objeto de contar con los recursos que necesita.
Desde el punto de vista de sus trabajadores, de cómo se ejerce la función en la actualidad, esta institución se encuentra destruida en cuanto a las confianzas internas que deben existir y desde el punto de vista de las capacidades y confianzas en lo más importante -esto lo entiendo como exfuncionaria pública-: la jerarquía del mando. Lamentablemente, en estos momentos, tenemos a un director que no da el ancho, que está absolutamente cuestionado, y solo un sector del país no quiere ver que esa persona no puede estar en ese cargo. Entonces, está claro el daño institucional que se ha producido.
En segundo término, se trata de la condonación más importante a una empresa en este país. Se condonó el 99 por ciento de las multas e intereses, algo que nunca antes se había visto, tanto en cuanto al procedimiento y a cómo se realizó administrativamente.
Esto es una nebulosa absoluta, lo cual queda explicitado en este informe, donde, al final, uno se pregunta: ¿Quién autorizó esta condonación? ¿Quién la ordenó? ¿Cómo se hizo? ¿Quién maneja los recursos del país?
En su minuto, lo dijo el propio Presidente de la República: “Yo no sabía lo que estaba ocurriendo en Johnson’s. Yo no sabía de esta condonación que se estaba realizando”. La expresión más recurrente es: “Yo no sabía…”. Es decir, el señor Pereira Gandarillas y el señor Vila Fernández andaban “por la libre”. Nadie sabía nada. Ellos hicieron lo que quisieron al interior del Servicio de Impuestos Internos. Al parecer, el ministro de Hacienda y el Presidente de la República se vinieron a enterar cuando las cosas estaban absolutamente consumadas.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el responsable de que ocurran estas situaciones? Este caballero de apellido Pereira, que está de paso por la institución, hace absolutamente lo que quiere. ¿A quién rinde cuentas? ¿Dónde se controlan las decisiones? ¿Dónde se cautelan los recursos del país? ¿Cómo se cuida a esta institución tan prestigiosa? Repito: personajes como Pereira Gandarillas y Vila Fernández hicieron lo que quisieron.
En tercer lugar, queda absolutamente establecido –lo trabajamos acuciosamente al interior de la Comisión- lo que todos nuestros colegas han planteado en la Sala: el conflicto de intereses.
En la Comisión Especial Investigadora los señores Pereira y Vila señalaron que no tuvieron participación alguna ni en la fiscalización ni en la apertura ni en la negociación de estas operaciones. Además, señalaron ante esa instancia, de manera permanente, que se habían mantenido absolutamente al margen de ellas, que todo se había hecho a través de los canales correspondientes, por ejemplo, a través de las circulares respectivas, como correspondía.
Sin embargo, diferentes funcionarios públicos, como las señoras Mirtha Barra y Elena Amaya, así como los señores Norberto San Martín, Iván Beltrand, Patricio Soto y Juan Alberto Rojas, señalaron en la Comisión que los señores Vila y Pereira monitorearon, instruyeron y revisaron la condonación tributaria de multas e intereses a Johnson´s. De hecho, se llevaron a cabo varias reuniones en las que se tomaron decisiones importantísimas relacionadas con esa materia, en las que siempre estuvieron presentes los señores Vila y Pereira, con el objeto de revisar y chequear, punto a punto, que se hiciera todo lo que era conveniente para la empresa Johnson´s.
No es casualidad que ellos hayan sido funcionarios de la empresa Pricewaterhouse –que todos conocemos- y que estuvieran ligados permanentemente con Johnson´s. Fui testigo cuando uno de los funcionarios públicos que concurrió a la Comisión señaló que cuando uno de ellos era abogado de Johnson´s, estaba al otro lado de la vereda, y que luego, de un minuto a otro, cruzó la vereda y pasó a ser jefe suyo en el Servicio de Impuestos Internos. En ese sentido, ¡por Dios que debe ser difícil negociar cuando una persona que había sido permanente abogado asesor de Johnson´s, con posterioridad cruza la vereda y hace todo el papeleo para condonar el 99 por ciento de deudas e intereses a esa empresa!
Por otra parte, me parece que este gobierno de nuevo se ha hecho un autogol, porque, al igual que en otros casos, al minuto de nombrar a las autoridades respectivas no ha llevado a cabo una revisión exhaustiva –espero que sea como lo señalo y no pecar de inocente- de cuáles son las relaciones de las personas que serán designadas en algún cargo con determinadas instituciones.
El país ya hizo su juicio público, razón por la cual a la mayoría de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos les plantean cuestionamientos como los siguientes: ¿Por qué no se fiscaliza a Johnson´s en lugar de fiscalizarnos a nosotros? ¿Por qué la empresa Johnson´s ha sido beneficiada con la condonación del 99 por ciento de multas e intereses mientras que los pequeños agricultores y comerciantes deben romperse la espalda para reunir los recursos para pagar los impuestos respectivos al país? ¿Por qué hoy los pequeños y medianos comerciantes tienen que pagar lo que Johnson´s no quiso pagar?
Por lo tanto, espero que se vote favorablemente el informe de la Comisión Especial Investigadora. Sin embargo, como no hay peor ciego que el que no quiere ver, parece que nuevamente la Derecha -espero que no sea así, pero el resumen y el cálculo de los votos indica que tal vez ocurrirá de ese modo- dará una nueva señal equívoca al país y a la ciudadanía, a raíz de la cual la opinión de la calle será que se protege a los más grandes, a los que se les condona, y que hay que ser amigos de determinadas personas para poder ser objeto de una condonación tributaria del 99 por ciento de multas e intereses.
Por lo tanto, votaremos con mucha fuerza a favor del informe, porque queremos andar por la calle con la frente en alto y no tener que estar dando explicaciones. En ocho meses más habrá elecciones parlamentarias, en las que se verá reflejada la diferencia entre quienes votaron a favor y en contra del informe. Es necesario decir que no da lo mismo por quién votar, y eso hay que repetirlo en cada distrito, porque hay algunos que protegen los intereses de los grandes contribuyentes…
(Hablan varios señores diputados a la vez)
¡Hay algunos que hoy se ríen, pero después lo pagarán en las urnas! Porque es difícil ir a pedir el voto a la gente cuando en la Sala se ha negado, permanentemente, el voto para que se hagan los cambios que el país requiere, como en este caso.
Espero que quienes actúan de esa forma digan la verdad en los distritos que representan; de lo contrario, nosotros nos encargaremos de hacerlo. En ese sentido, sería muy positivo que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que se encuentran en las tribunas, así como quienes están viendo la transmisión de la sesión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, nos ayuden a aclarar a la gente que en esta Sala no somos todos iguales, que existen diferencias y que para llevar adelante las reformas que se requieren se debe cambiar la correlación de fuerzas políticas de la Corporación, con el objeto de que podamos hacer las modificaciones que se necesitan para dejar de tener el nivel de corrupción que hoy se observa en el país.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un punto de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, con frecuencia quienes presiden la Corporación aplican el Reglamento con el objeto de mantener el orden en las tribunas. Sin embargo, muy pocas veces lo utilizan para pedir a los diputados que hagan lo mismo en la Sala.
Lo menciono porque está resultando francamente lamentable el espectáculo que algunas señoras diputadas y algunos señores diputados están dando en el Hemiciclo mientras otros colegas están interviniendo.
(Aplausos en las tribunas)
Resulta cada vez más incómodo, difícil y molesto tanto intervenir en la Sala, debido al ruido ambiente y a la multiplicidad de reuniones que se llevan a cabo en ella mientras eso ocurre, como escuchar la intervención de algún señor diputado.
Por lo tanto, ruego a su señoría que aplique el Reglamento para mantener el orden no solo en las tribunas, sino también al interior del Hemiciclo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se aplicará el Reglamento, señor diputado.
Tiene la palabra al diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, a mi juicio, así como de varios integrantes de la Comisión Especial Investigadora, el informe que se somete a nuestra consideración es un desastre, porque desde el mismo día en que esta se constituyó para algunos ya había una conclusión sobre la materia que se debía investigar, la cual fue aprobada el último día de su trabajo, en votación dividida, sin prestar atención a los argumentos que se presentaron en la Comisión ni las decisiones dadas a conocer por la Contraloría General de la República.
Lo que se busca con el informe es perseguir a una persona, a una autoridad, no respetar las instituciones y ampararse en el populismo de decir que en este caso se les condona a unos y se perjudica a otros.
Se ha dicho del director de un servicio público, elegido por la autoridad competente, todo tipo de falsedades.
(Manifestaciones en las tribunas)
Reitero: se ha dicho -a pesar de que las personas en las tribunas manifiesten lo contrario- todo tipo de falsedades. Amparados en el fuero parlamentario, muchos han querido enlodar la imagen de una persona. Y ahora, que contamos con más información, no quieren respetar lo que dicen las instituciones. ¿O acaso ahora la Concertación quiere decir que el contralor hizo trampa? ¿O ahora quieren poner en duda la legitimidad de la decisión que ha tomado una autoridad independiente, nombrada, incluso, por gobiernos anteriores? ¿O ahora quieren decir, porque no les gusta lo que ha manifestado la autoridad, que las instituciones no funcionan? ¿O ahora no pueden aceptar perder, después de un proceso democrático, ante el hecho de que las instituciones chilenas han hablado y han expresado que se ha actuado bien? Es el momento de aceptar las reglas del juego, de combatir con argumentos y no con falsedades. Lo demás es populismo y es atentar contra las instituciones que debemos cuidar. Los que lean el informe de la Comisión Investigadora se darán cuenta de ello.
En la página 222 del informe, en lo relativo a las conclusiones, se señala, mediante una curiosa redacción –fue hecho presente por el diputado Burgos en la sesión de hoy en la mañana-, aprobada por la Comisión por 7 votos contra 6, lo siguiente: “A juicio de esta comisión existiría…” –destaco este término- “…una responsabilidad política del ministro de Hacienda don Felipe Larraín porque correspondiéndole la supervigilancia del servicio al Presidente de la República, a través del Ministerio respectivo en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 29 de la ley 18.575, no ha tomado las medidas necesarias para investigar las posibles irregularidades…”.
¡Esto es una irresponsabilidad! Esto es no entender el rol autónomo del Servicio de Impuestos Internos y la manera en que funciona. Es no entender y no respetar la institucionalidad chilena y querer pasar por encima de ella. Esto es lo que se hace cuando una Comisión Investigadora tiende un manto de dudas y ni siquiera tiene la valentía para decir que existe responsabilidad. Dice: “existiría”. Algunos diputados señalaron hoy en la mañana: “si bien es cierto (…) me parece que habría un ilícito…”. ¿Hay o no hay? ¿Hay fuerza para condenar o no la hay? ¿Hay fuerza para plantearlo a la Contraloría? En este primer punto, la Concertación se equivoca rotundamente, y es momento de que lo reconozca.
En la página siguiente de las conclusiones, la Concertación formula una serie de proposiciones administrativas. En la primera de ellas plantea: “Que se remitan los antecedentes recabados por esta Comisión Investigadora a la Contraloría General de la República, para que esta institución se pronuncie sobre la legalidad de la operación, concretamente respecto de los siguientes aspectos:
a) Sobre si correspondía remitir para control de legalidad o Toma de Razón, de acuerdo con la Resolución 1.600 de la Contraloría General de la República, la o las resoluciones de devolución e imputación cursadas en esta operación.”.
¡La Contraloría ya contestó y dijo que no se requería toma de razón! O sea, se actuó bien. Les podemos repartir copia de esa respuesta a todos los diputados. Se formuló esa consulta de la Comisión y fue contestada por la Contraloría. Se mandó y se contestó.
Luego, se pide a la Contraloría que se pronuncie sobre “Si el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Don Julio Pereira Gandarillas, y el Subdirector Jurídico del SII, Don Mario Vila Fernández, a través de su participación en el proceso cumplieron o no con su deber de abstención, y si se vulneraron los principios de probidad administrativa y el de imparcialidad contemplados en nuestro ordenamiento jurídico.”.
Hoy, la discusión se ha centrado en el director del Servicio de Impuestos Internos, niño favorito de la Concertación para ser criticado, sobre la base de decir que hay conflicto de intereses y que lo ha manejado mal. ¿Qué dijo la Contraloría? Aunque no les guste a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a quienes esta administración les tuvo que descontar de su remuneración los días en que estuvieron en paro, y a quienes les ganaron un juicio en la Corte Suprema por ese motivo, en beneficio de los ciudadanos que quieren que el Servicio de Impuestos Internos funcione bien…
(Manifestaciones en las tribunas)
Aunque les moleste a los funcionarios, eso se hizo, y es parte del origen de este conflicto.
-
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Quiero hacer una advertencia al público presente: a la siguiente interrupción pediré que desalojen las tribunas.
Estamos en un debate y se debe el total respeto a cualquier posición y opinión que aquí se emita.
Continúa con el uso de la palabra el diputado Ernesto Silva.
El señor SILVA.- ¿Qué dijo la Contraloría? No formuló cargo alguno respecto del actuar del director nacional del Servicio de Impuestos Internos en este proceso. Por lo tanto, se ha impuesto, a través de las instituciones chilenas, la justicia y la verdad en el caso Johnson´s. Eso indica, le guste a quien le guste, que el director del Servicio de Impuestos Internos, según el órgano independiente que tenemos en Chile, ha actuado bien. Así lo ha dicho la institucionalidad chilena, aun cuando muchos no quieran aceptarlo.
Los parlamentarios de la Coalición que hemos estudiado a fondo esta condonación hemos visto que se ha aplicado el mismo procedimiento que el utilizado en gobiernos anteriores. Y nos parece bien como se ha hecho, porque de esa manera Chile ha ganado. Se han combatido pérdidas malas que hacen que empresas dejen de pagar impuestos, como se hizo en este caso. Reitero que se ha actuado de esa manera en esta administración y en 59 casos anteriores, pero eso no lo dicen los parlamentarios de la Concertación.
No logramos que exdirectores del Servicio de Impuestos Internos concurrieran a la Comisión a dar su testimonio; solo recibimos documentos por escrito. Porque si hubieran concurrido, habrían dicho lo que corresponde: nunca es el director el que autoriza una condonación especial, sino que es el director de Grandes Contribuyentes el que lo pide, y se hace una autorización en ciertos casos especiales. ¡Hay que decir la verdad! Es más, como lo ha planteado el Servicio de Impuestos Internos, la circular que regulaba ese procedimiento tiene que ser especificada aún más, para que el director participe aun menos.
En la vida y en política no hay nada más fácil que enlodar a una persona; no hay nada más fácil que decir que alguien falta a la probidad; no hay nada más fácil que criticar sin argumentos. Y si quienes lo hacen tuvieran razón, el Presidente de la República habría removido de su cargo a un funcionario, como lo ha hecho con los que han faltado a su rol o cuando ha habido una duda.
Pero es deber de las coaliciones políticas y de las instituciones serias estudiar los antecedentes en su mérito. Las conclusiones que ofrece la Comisión Investigadora –el día uno se planteó una conclusión, tanto por su Presidente como por otros integrantes, que fue la misma que se firmó en el informe final- han sido desmentidas en sus aspectos esenciales por la Contraloría General de la República.
Quiero agregar dos aspectos centrales: uno, el fisco de Chile y los chilenos ganaron con la condonación a Johnson´s, porque se logró lo que administraciones anteriores no habían conseguido: cobrarle impuestos a la empresa Johnson´s, y que tuvieran que renunciar a pérdidas que estaban en un proceso de juicio, respecto de las cuales había incertidumbre de si se ganarían o no. Por eso esta operación fue buena para el fisco, tal como fue acreditado. Incluso, los mismos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que cuestionaban en las sesiones de la Comisión el actuar del director de ese organismo reconocieron el beneficio que se produjo, la legalidad de la operación y la forma en que esta procedió.
Y segundo, quiero destacar una preocupación especial de la UDI. Se ha hablado mucho del director y de la condonación, pero no se ha dicho que, en la práctica, se condona mucho más a los pequeños contribuyentes, que son quienes más lo requieren y a los cuales defendemos.
En honor a la honestidad, a la honra de las personas, al respeto de las instituciones chilenas y porque hemos planteado conclusiones que nos parecen mejores, que están a disposición de todos los parlamentarios, para mejorar la institucionalidad en este proceso, anuncio que la UDI y la Coalición por el Cambio votarán en contra el informe de la Comisión Investigadora.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, encuentro valiente a mi colega Ernesto Silva en lo que ha sido su rol en esta Comisión Investigadora y en la forma en que él ha puesto su cara públicamente, a lo mejor convencido de ello, para justificar lo que ha ocurrido en el Servicio de Impuestos Internos en este caso que nos ha ocupado durante el último tiempo. Es más, quiero hacerle ver que, incluso, sus afirmaciones van más allá de lo que el propio Presidente de la República señaló cuando dijo en forma pública que era debatible si esta condonación hablaba en favor del interés nacional.
Al menos, me quedo con esa opinión y, aun cuando es debatible, lo que sí queda claro para todos los chilenos es que en nuestro país existen ciudadanos de primera y segunda categoría, y para garantizar el funcionamiento de grandes empresas y mantener la “estabilidad” del sistema económico muchas veces se cae en decisiones que son vergonzosas frente a la gran mayoría de los chilenos.
Eso es lo que hoy está en juego. A diferencia de lo que ha señalado quien me antecedió en el uso de la palabra, no me motiva intervenir para poner en tela de juicio a ninguna persona en particular por las funciones que haya realizado en el Servicio de Impuestos Internos, porque no me corresponde; no es nuestra responsabilidad juzgar colectiva o individualmente a las personas. Lo que ha ocurrido en este caso –lo que es evidente ante la comunidad nacional- es que ha sido el propio Gobierno el que ha impedido lo que el diputado Ernesto Silva argumenta como necesario: dejar que las instituciones funcionen, porque en el momento en que determinadas instituciones debían pronunciarse con todos los antecedentes, el Gobierno, a través de un show mediático, ha señalado que ya existía informe de la Contraloría General de la República y que ya se había pronunciado respecto de la eventual responsabilidad administrativa en algún sentido de determinados funcionarios.
El diputado Ernesto Silva sabe, igual que yo, que hasta hoy no existe un informe de la Contraloría al respecto.
(Aplausos en las tribunas)
Entonces, toda la argumentación que él entrega cae por su propio peso, precisamente porque lo que él, que aboga por el funcionamiento de las instituciones, está haciendo con su argumentación es impedir que las instituciones funcionen. La diferencia entre lo que aprobó la mayoría y la minoría en esta Comisión Investigadora no dice relación con la capacidad que cada uno de nosotros, como parlamentario, tiene para juzgar el comportamiento individual del director del Servicio de Impuestos Internos o de cualquiera de sus colaboradores. Lo que dice el informe, a la letra, es que se colocan los antecedentes a disposición de aquellas instituciones que, a diferencia de nosotros, sí tienen que pronunciarse respecto de las responsabilidades administrativas. Es necesario que, eventualmente, el Consejo de Defensa del Estado adopte las medidas que corresponden y, si existe la posibilidad de un delito, que el Ministerio Público actúe. Eso es lo que dice el informe de mayoría, el cual, más allá de lo que ha sido la discusión pública, no entra a juzgar, porque no nos corresponde.
Lo que hemos hecho -por eso respaldo absolutamente el informe de la Comisión- es un trabajo en el que parlamentarios de Gobierno y de Oposición estuvieron abocados a investigar lo que había ocurrido en el Servicio de Impuestos Internos, que finalmente concluyen que los antecedentes deben ser puestos a disposición de las instituciones competentes, para resolver respecto de eventuales responsabilidades administrativas y delitos y, además, en el caso de que exista algún daño al Fisco, que intervenga el Consejo de Defensa del Estado.
Por lo tanto, por intermedio de la Mesa, quiero señalar en forma expresa al diputado Ernesto Silva, quien intervino antes que yo, que simplemente eso es lo que ocurrió. Ahora, en esta sesión se intenta, por la vía de una votación, que el procedimiento se interrumpa y que las instituciones no funcionen.
Lo que pedimos en este informe, aprobado por la mayoría de la Comisión es, simplemente, como dice su texto, que se solicite a la Contraloría, en función de determinados aspectos, que intervenga y se pronuncie sobre la legalidad de la operación; al Ministerio Público, para que inicie una investigación por la posible comisión de delitos de fraude al Fisco; al Consejo de Defensa del Estado, para que presente una querella en contra de aquellas personas que resulten responsables por posibles delitos de fraude al Fisco, cohecho y demás que resulten pertinentes. Eso es lo que expresa el informe.
Quiero retomar una discusión política entre nosotros. El propio diputado Ernesto Silva ha señalado claramente cuál es su preocupación, porque ha afirmado que lo que pretende el informe es poner en tela de juicio al ministro de Hacienda y asignarle responsabilidad política. Efectivamente, eso es lo que ha ocurrido en estos días. El Gobierno advierte que está frente a un tema candente ante la opinión pública, que puede generar responsabilidad política a un ministro de Estado y, eventualmente, también podría afectar al propio Presidente de la República, quien señaló expresa y públicamente que el director del Servicio de Impuestos Internos había cometido un error al no informar a su superior, el ministro de Hacienda, sobre el desarrollo de esta operación. Muchos pensamos que, a lo mejor, sí lo informó y, por lo tanto, el análisis de la responsabilidad política podría ser desastroso para la gestión de carácter político del Gobierno, dejando de lado las preocupaciones de carácter administrativo.
Quiero hacer ver que resulta lamentable para las comisiones investigadoras que, al concluir que se deben entregar los antecedentes para que operen las instituciones nacionales que deben pronunciarse sobre estos temas, se bloquee esa posibilidad sobre la base de alterar el trámite de las investigaciones que han tenido lugar durante el período de duración de las mismas.
Coincido con aquellos colegas, particularmente con la diputada Alejandra Sepúlveda, que han expresado que aquí hay un tema de juicio político público.
Por su parte, el Gobierno ha cometido un gravísimo error al impedir que las instituciones funcionen, al adelantarse en reiterar la confianza a una persona cuya gestión debe ser evaluada en detalle por la Contraloría General de la República, que aún no termina su investigación, que debe contar con los antecedentes que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ha elaborado con bastante dedicación durante meses.
Invito a los colegas a meditar sobre esto, porque la aprobación del informe de la Comisión Investigadora significa garantizar que en Chile las instituciones funcionen.
Lo que ha hecho el Gobierno lo veo como una falta de respeto hacia la Cámara de Diputados al intentar impedir que nos pronunciemos en este informe, antes de entregar un juicio político público como el que manifestó respecto del director del Servicio de Impuestos Internos.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Informo a la Sala que el Comité de la UDI ha solicitado el cierre del debate.
Le voy a conceder la palabra al diputado señor Alberto Cardemil. Inmediatamente después, votaremos el cierre el debate.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, estoy inscrito para intervenir
.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- He ofrecido la palabra al diputado señor Cardemil, precisamente, para que los diputados alcancen a votar respecto del cierre del debate. De lo contrario, corresponde votar inmediatamente la petición del Comité de la UDI
.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, somos varios los diputados inscritos para intervenir.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Efectivamente, están inscritos varios señores diputados, pero se ha pedido el cierre del debate y, reglamentariamente, corresponde votar tal petición.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, este es un tema demasiado importante como para impedir que intervengan los diputados que estamos inscritos. Incluso, la diputada señora Adriana Muñoz retiró su inscripción para que pudieran intervenir otros diputados de la bancada del PPD.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Entonces, no voy a conceder la palabra al diputado Cardemil, a menos que se rechace el cierre del debate.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, en la sesión de la mañana, cuando se citó a reunión de Comités
…
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Señores diputados, voy a poner en votación el cierre del debate porque, al respecto, no cabe doble interpretación.
En votación el cierre del debate.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 40 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado el cierre del debate.
Por lo tanto, corresponde votar el informe de la Comisión Investigadora.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités, con suspensión de la sesión
.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, pido la palabra por un punto de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, le pido que se aplique el Reglamento.
Si dos jefes de Comités piden reunión de Comités, la Mesa está obligada a acoger la petición. Es lo que establece el Reglamento.
Por lo tanto, le ruego que cite a la correspondiente reunión de Comités.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por dos minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Continúa la sesión.
Corresponde votar el informe de la Comisión Investigadora.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, los diputados que estábamos inscritos tenemos derecho a intervenir.
Por lo tanto, pido que, por lo menos, se inserten nuestros discursos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Muy bien, señor diputado.
Se podrán insertar los discursos de los diputados inscritos.
En votación el informe de la Comisión Investigadora encargada de fiscalizar el comportamiento de los grandes contribuyentes y las condonaciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos en los últimos años.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca ro;
-Se abstuvo eldiputado señor
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión
-Se levantó la sesión a las 18.20 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Moción de los señores diputados Martínez, Becker, Bertolino, Edwards; García, don René Manuel; Godoy; Pérez, don Leopoldo; Sauerbaum; Verdugo, y de la diputada señora Sabat, doña Marcela. Endurece las penas por corte injustificado a servicios de internet. (boletín N° 8816-03).
“Antecedentes:
1) El uso de internet en nuestro país es parte de nuestra vida cotidiana. En efecto, Chile es el líder en Latinoamérica respecto a conexión a Internet y uso de servicios web [1], por lo que su uso ya no es considerado un lujo, sino una necesidad, desde un punto de vista tanto laboral como social. Esta nueva realidad del Internet hace necesario, más que nunca, asegurar un buen servicio de parte de sus proveedores.
2) La Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en su artículo 25 inciso segundo establece multas y sanciones severas para los proveedores que corten sin justificación algunos servicios que son considerados como “básicos” por el legislador, dentro de los que se incluye la telefonía, agua potable, luz eléctrica, servicios de gas, alcantarillado y recolección de basura y desechos tóxicos. Luego, a nuestro juicio, la importancia actual de internet es asimilable con todos estos servicios, y por ello, su corte injustificado debería ser penalizado en este mismo artículo.
En efecto, el mencionado inciso segundo del artículo 25 señala lo siguiente:
“Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.”
3) La protección al consumidor de este “servicio básico” es de la mayor importancia, toda vez que estamos ante un servicio que ante su carencia puede paralizar las actividades de una persona, sea en su ámbito profesional o personal, de la misma forma que lo hace el corte de la energía eléctrica o el agua.
4) Cabe señalar además que una segunda lectura del actual Artículo 25 de la Ley 19.469 nos da una razón tanto más importante. Los servicios allí enumerados tienen una característica común, cual es la concentración de las prestaciones de estos servicios en pocos oferentes, cualidad que también comparte el servicio de internet.
En efecto, por su configuración de mercado, el mercado de la provisión de internet está muy concentrado, por lo que se ha transformado en un servicio básico que requiere especial tratamiento por parte del legislador.
5) Es por esto que se propone modificar el Artículo 25 inciso segundo de la Ley 19.496, integrando al internet Dentro de los servicios, que están sujetos a multas, por su corte injustificado.
Por tanto, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agrégase, en el Artículo 25 inciso segundo de la Ley 19.496, luego de la frase “Energía Eléctrica,” la siguiente frase “conexión a Intenet.”.
(Fdo.): Rosauro Martínez Labbé, Diputado.- Germán Becker Alvear, Diputado.- José Manuel Edwards Silva, Diputado.- René Manuel García García, Diputado.- Joaquín Godoy Ibáñez, Diputado.- Leopoldo Pérez Lahsen, Diputado.- Frank Sauerbaum Muñoz, Diputado.- Germán Verdugo Soto, Diputado.- Marcela Sabat Fernández
2. Moción de los señores diputados Hasbún, Bobadilla; García, don René Manuel; Kort, Latorre, Rojas, Tuma, Velásquez; Venegas, don Mario, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra. Permite ampliar plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana. (boletín N° 8817-15).
“El presente proyecto de ley cuyo objetivo es ampliar el plazo para que las concesionarias de radiodifusión en mínima cobertura vigentes al momento de entrada en vigencia de la Ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, puedan acogerse a esta última, a fin de evitar la extinción de casi un tercio de tales concesionarias que no presentaron en plazo su solicitud, con el consiguiente perjuicio, para sus titulares, como también especialmente para la audiencia, derivada del abrupto cese de las transmisiones.
I. FUNDAMENTOS.
1.- La Ley N° 20.433 creó, bajo régimen concesional, la categoría de los Servidos de Radiodifusión Comunitaria Ciudadana, llamada a reemplazar a las Concesiones del Servicio de Radiodifusión Sonora de Mínima Cobertura, estableciendo los requisitos para su otorgamiento, modificación y operación.
2.- Dicha norma, en su artículo 2° transitorio, establece que los concesionarios de servicios de radiodifusión de mínima cobertura que al momento de la publicación de la misma mantuvieran vigente su concesión conforme a la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, podrían acogerse a sus disposiciones, para lo cual deberían acreditar ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dentro del plazo de 365 días contado desde la entrada en vigencia del reglamento de la citada ley, el cumplimiento de los requisitos que la misma establece para el funcionamiento de los Servicios de Radiodifusión Comunitaria.
3.- Que dicho plazo posteriormente fue prorrogado por 180 días, hasta el 15 de noviembre de 2012, mediante Ley N° 20.566, publicada en el Diario Oficial el 12 de enero de 2012, surgida de una moción parlamentaria apoyada por el Ejecutivo, que tuvo en especial consideración las dificultades producidas en la implementación de la ley y para la dictación del Reglamento correspondiente, debido a la ausencia de normas que regularan el régimen transitorio aplicable, lo que hizo necesario que la autoridad sectorial requiriera el pronunciamiento de la Contraloría General de la República.
4- Que no obstante la ampliación del plazo para acogerse a la Ley 20.433, llegada la nueva fecha máxima para ello, se ha podido constatar de numerosas inquietudes realizadas a los H. Diputados que suscriben esta moción, que un número significativo de concesionarias de mínima cobertura no han ejercitado de dicho derecho, lo que conllevaría a la extinción de 114 radioemisoras de este tipo, que representan casi un tercio de las existentes, buena parte de las cuales cumplen efectivamente con los requisitos para ser radios comunitarias ciudadanas, mientras que otras no han podido transferir a tiempo sus concesiones por no haberse hecho cargo la reiterada Ley 20.433 de la limitación que a tales efectos impone el inciso segundo del artículo 21 de la Ley 18.168, con el subsiguiente perjuicio no sólo de las mismas radioemisoras sino también de sus oyentes, lo que resulta particularmente grave en el caso de aquellas comunas alejadas y aisladas, donde la radio local es un medio de comunicación fundamental, cumpliendo un rol de integración social insustituible.
Es por ello que, en lo inmediato, mediante el proyecto que se presenta, se propone aumentar, por una última vez, el plazo para acogerse a la Ley 20.433, por un nuevo plazo de 180 días a contar de la publicación de la ley que en su caso se apruebe, así como los demás plazos asociados a dicho proceso de transformación de las radioemisoras de mínima cobertura en radios comunitarias ciudadanas.
6.- Que lo anterior, exige, de un lado, eliminar la exigencia de resolución simultánea de todas las solicitudes de acogerse a la Ley 20.433 que se presenten, a fin que sea posible avanzar paulatinamente en el proceso de transformación en radios comunitarias ciudadanas, y, de otro, adecuar igualmente el plazo para proceder al despeje del segmento espectral reservado a los nuevos servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, por parte de los concesionarios de frecuencia modulada, de manera que los procesos inter-dependientes de despeje y acogerse a la Ley estén coordinados en el tiempo. Por ello, el proyecto ajusta el plazo de despeje al de resolución de las solicitudes para acogerse, estableciéndose ambos en 180 días desde la expiración del plazo para presentar las correspondientes solicitudes.
7.- Por otra parte, la Ley 20.433 no previó un procedimiento especial para facilitar la transferencia de las concesiones de mínima cobertura de cara al procedimiento para acogerse a la Ley 20.433, las que para tales efectos se someten a las normas generales dispuestas, en especial, por el artículo 21° de la Ley 18.168. El inciso segundo de la recién citada disposición, modificado por Ley N° 20.335, establece una prohibición de dos años para poder solicitar dicha transferencia, con el objeto de impedir que quienes se presentasen a los concursos para el otorgamiento de las respectivas concesiones lo hicieren con el solo objetivo de transferirlas inmediatamente después, sin siquiera llegar implementar las radioemisoras. La vigencia de dicha limitación temporal ha impedido a algunas concesionarias de mínima cobertura, cuyos titulares actuales no pueden acogerse a la Ley N° 20.433, transferir sus concesiones a tiempo para que el adquirente pueda ejercer el derecho de acogerse que reconoce a esas concesionarias la Ley, lo que, particularmente en el caso de las concesiones otorgadas en los concursos inmediatamente anteriores a la entrada en vigencia de aquélla, ha supuesto, en la práctica, privarles de ese derecho. En atención a lo anterior es que el presente proyecto pretende eliminar para estos casos la prohibición referida, que aquí no cumple el objetivo por el cual fue incorporada a la Ley.
8- Que, por último, la Ley 20.433 no previó régimen transitorio alguno en relación a las concesiones de mínima cobertura cuyos decretos de otorgamiento ya se encontraran dictados al momento de la entrada en vigencia de aquélla, faltando únicamente la publicación de dichos actos administrativos en el Diario Oficial para producir plenos efectos, y encontrándose el concesionario en plazo para ello al momento en que sobrevino la publicación de la Ley N° 20.433, situación que debe corregirse.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO.
Con la finalidad antes indicada, se propone, por un lado, fijar un nuevo plazo para que las radioemisoras comunitarias puedan solicitar acogerse a la nueva categoría radial de radiodifusión comunitaria ciudadana, adecuándose a los requisitos establecidos por la Ley 20.433 para ser titular de dichas concesiones, y, por otro, facilitar a las concesionarias de mínima cobertura que así lo deseen que puedan transferir sus concesiones, sin la limitación de los dos años, para acogerse al nuevo régimen. El proyecto se hace cargo de la necesidad de adecuar al nuevo plazo propuesto el previsto en la Ley 20.433 para resolver el despeje del segmento especial de espectro reservado a los servicios de radiodifusión comunitaria y ciudadana, siendo que ambos procesos están íntimamente interrelacionados y deben seguir cauces paralelos, de manera que las concesionarias de mínima cobertura que deban cambiar sus frecuencias al segmento reservado no podrán hacerlo hasta que se resuelva el proceso de despeje del mismo. Asimismo, elimina la exigencia establecida en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.433, pensado en el contexto temporal originario del proceso, de manera que pueda avanzarse paulatinamente en la transformación a la nueva categoría radial de las concesiones de mínima cobertura en aquellos casos en que existen todos los antecedentes técnicos necesario para proceder a la misma. Por último, se reconoce la vigencia al momento de publicarse la ley 20.433, y a los efectos de acogerse a la misma, de las concesiones de mínima cobertura cuyos decretos fueron dictados al tiempo de la citada publicación, aun cuando los correspondientes actos administrativos se hubieren publicado con posterioridad a la Ley.
PROYECTO DE LEY:
“Artículo Primero.- Otórguese un plazo suplementario de 180 días contado desde la publicación de la presente Ley para que las titulares de concesiones de radiodifusión sonora de mínima cobertura soliciten acogerse a la Ley 20.433, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° transitorio de la citada norma. Este plazo suplementario será considerado a los efectos de lo dispuesto en la letra c del artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.433.
El plazo previsto en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.433 para resolver las solicitudes para acogerse a esta última, así como el establecido en el inciso primero del artículo 5° transitorio para tramitar de oficio, pero con acuerdo del titular, la modificación de elementos de la esencia de una concesión de radiodifusión sonora a efectos de la ejecución del artículo 3° de la misma norma, contarán a partir del vencimiento del plazo suplementario a que se refiere el inciso precedente.”.
“Artículo Segundo.- Modifíquese la Ley N° 20.433 en el sentido que se indica a continuación:
1.- En el inciso segundo del artículo 2° transitorio elimínese la expresión “en forma simultánea,”.
2.- En el inciso primero del artículo 5° transitorio de la Ley N° 20.433, reemplácese la expresión “dos años” por “180 días contados desde la expiración del plazo para acogerse a la presente ley”.
3.- Incorpórese un artículo 7° transitorio nuevo en los siguientes términos:
“Los concesionarios de radiodifusión sonora de mínima cobertura vigentes a la fecha de publicación de la presente Ley, y que no hayan sido sancionadas con la caducidad por resolución firme con posterioridad a dicha fecha, podrían transferir sus concesiones sin que a los mismos resulte aplicable la limitación temporal establecida en el inciso segundo del artículo 21° de la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones. Con todo, en aquellos casos en que exista un procedimiento de cargo por infracción que pudiera ameritar la caducidad de la concesión, ésta no podrá transferirse en tanto no se resuelva el mismo.”.
4.- Incorpórese un artículo 8° transitorio nuevo del siguiente tenor:
“A los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2° transitorio se entenderán como vigentes al momento de la publicación de la presente ley aquellas concesiones otorgadas con anterioridad a la citada publicación, aun cuando el decreto respectivo haya sido publicado con posterioridad a la publicación de la Ley, siempre que ello haya ocurrido dentro del plazo que establece al efecto la ley N° 18.168.”
(Fdo.) Gustavo Hasbún Selume, Diputado.- Sergio Bobadilla Muñoz, Diputado.- René Manuel García García, Diputado.- Issa Kort Garriga, Diputado.- Juan Carlos Latorre Carmona, Diputado.- Manuel Rojas Molina, Diputado.- Joaquín Tuma Zedán, Diputado.- Pedro Velásquez Seguel, Diputado.- Mario Venegas Cárdenas, Diputado.- Alejandra Sepúlveda Orbenes, Diputada.-
3. Moción de las diputadas señoras Sabat, doña Marcela; Hoffmann, doña María José; Nogueira, doña Claudia; Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Pérez, don Leopoldo; Sabag, Sandoval, Santana, Squella y Torres. Modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en lo referente al cierre de votaciones. (boletín N° 8818-08).
Fundamentos:
-Con el retorno a la democracia y los cambios que ello significó en nuestro sistema político, muchos temieron un caos del punto de vista electoral. Aun mas, gran parte de los ciudadanos carecían de cualquier tipo de experiencia en comicios electorales, muchos de los cuales eran parte de la estructura del sistema, ya sea como vocales o apoderados. Sumado a lo anterior, el clima de confrontación y polarización que se vivía por esos días, auspiciaba un futuro no muy alentador ya sea del punto de vista del funcionamiento como de la transparencia de las votaciones por venir.
-Sin embargo, lejos de las predicciones más pesimistas, la tranquilidad y transparencia con que se han llevado a cabo los comicios electorales han hecho de nuestro país un ejemplo a nivel internacional, dando cuenta del profundo espíritu cívico que nos caracteriza.
-En este éxito y transparencia mucho ha tenido que ver la institución de los “apoderado”, quienes han ayudado a mantener alejados los fantasmas o dudas sobre fraudes electorales. En efecto, estos funcionan como un mecanismo de fiscalización ciudadana que presencian el proceso eleccionario en toda su amplitud, sin perjuicio de defender pactos, partidos o candidatos en particular.
-En estas últimas elecciones, este rol fiscalizador que ejercían otrora los apoderados se vio mermado por la nueva fórmula de cierre de la votación. Por cierto, el hecho que las mesas cierren simultáneamente no permite que el limitado número de apoderados presencie la totalidad de los escrutinios.
A ello, agreguemos que quienes se desempeñan como tales, han participado en muchos comicios electorales, adquiriendo con ello un expertise que podría ser de gran utilidad en un sistema donde muchos vocales o participantes votan por primera oportunidad.
Dicho en términos simples, la forma nueva con que se cierran las votaciones va en desmedro de los apoderados, lo que perjudica la transparencia y la operatividad del sistema.
-Por otra parte, las funciones que deben ejercer las Oficinas Electorales y en particular el Delegado Electoral, se ven afectadas por el cierre simultáneo de las mesas, toda vez que deben recolectar los sobres con las actas de escrutinio y el resto de los útiles de todas las mesas a la vez. Algo similar ocurre con la introducción de los datos relativos al escrutinio en las bases computacionales del Servicio Electoral. Las últimas elecciones demostraron que el sistema colapso con la incorporación masiva y simultanea de datos, algo que se podría evitar si no existiera esta simultaneidad en el cierre de mesas.
-En efecto, con la puesta en práctica de las reformas legales a la ley 18.700, que trajeron consigo el voto voluntario y la inscripción automática; se generaron varias dudas en torno a su conveniencia. Quienes patrocinamos esta moción, estimamos que muchas de las dudas que deja la última elección, podrían ser dejadas de lado en el futuro reponiendo a plenitud el rol auditor de los apoderados. Asimismo, vemos en la experiencia de estos, una herramienta útil para auxiliar el proceso eleccionario que hoy se nutre de votantes jóvenes e inexpertos en un número no menor.
Por lo anterior, venirnos en proponer el siguiente proyecto de ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifícase el inciso 1° del artículo 68 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, reemplazando la expresión “A las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar”, por “Cuando la mesa hubiere funcionado 9 horas consecutivas desde la declaración de apertura de la votación y si no hubiere ningún elector que deseare sufragar, o cuando antes de ese término hubiere sufragado la totalidad de los habilitados para hacerlo en ella”.
(Fdo.) Marcela Sabat Fernández, Diputada.- María José Hoffmann Opazo, Diputada.- Claudia Nogueria Fernández, Diputada.- Mónica Zalaquett Said, Diputada.- Leopoldo Pérez Lahsen, Diputado.- Jorge Sabag Villalobos, Diputado.- David Sandoval Plaza, Diputado.- Alejandro Santana Tirachini, Diputado.- Arturo Squella Ovalle, Diputado.- Víctor Torres Jeldes, Diputado.-