Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Carolina Goic Boroevic
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS.
- V. FÁCIL DESPACHO
- AUMENTO DE SANCIÓN POR FALSAS ALARMAS PÚBLICAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Felipe Ward Edwards
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- DEBATE
- AUMENTO DE SANCIÓN POR FALSAS ALARMAS PÚBLICAS. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- REQUISITO DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE CENTROS DE LARGA ESTADÍA DE ADULTOS MAYORES PARA SU FUNCIONAMIENTO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Orlando Severo Vargas Pizarro
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Cristian Campos Jara
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Ximena Vidal Lazaro
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA ESTUDIANTES QUE INGRESEN A ESTUDIAR PEDAGOGÍA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : German Verdugo Soto
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Romilio Gutierrez Pino
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : German Becker Alvear
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Gonzalez Torres
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.
- REQUISITO DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE CENTROS DE LARGA ESTADÍA DE ADULTOS MAYORES PARA SU FUNCIONAMIENTO. Primer trámite constitucional.
- VII. INCIDENTES
- MEDIDAS DE COORDINACIÓN ANTE QUEMA DE RASTROJOS EN ZONA DECLARADA SATURADA POR CONTAMINACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDAD RESPECTIVA Oficios.
- ADHESION
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Maria Angelica Cristi Marfil
- ADHESION
- CONDONACIÓN DE DEUDA HABITACIONAL PARA EVITAR REMATE DE VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN JUAN PABLO II, COMUNA DE CONCEPCIÓN. Oficio.
- ACLARACIÓN PÚBLICA POR SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN CUENTA DE RED SOCIAL TWITTER.
- HOMENAJE POR CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, RECONOCIMIENTO A LA MUJER PARLAMENTARIA Y A DIPUTADA CAROLINA GOIC. Oficios.
- SALUDOS Y RECONOCIMIENTO DE LA BANCADA DEMÓCRATA CRISTIANA A LA DIPUTADA CAROLINA GOIC, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
- MEDIDAS DE COORDINACIÓN ANTE QUEMA DE RASTROJOS EN ZONA DECLARADA SATURADA POR CONTAMINACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDAD RESPECTIVA Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA LEY QUE OTORGA INCENTIVO PARA EL RETIRO DE LOS FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Oficios.
- CONVOCATORIA A DIÁLOGO SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA CON LA JUNTA DE VECINOS SOR TERESITA DE LOS ANDES, COMUNA DE LA SERENA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE DESPIDOS EN LA MUNICPALIDAD DE OVALLE. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE PLANO REGULADOR INTERCOMUNAL COSTERO DE COMUNAS DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX . DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Edmundo Eluchans Urenda
- Marcelo Diaz Diaz
- Gustavo Hasbun Selume
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Arturo Squella Ovalle
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Nino Baltolu Rasera
- Eugenio Bauer Jouanne
- Sergio Bobadilla Munoz
- Cristian Campos Jara
- Javier Hernandez Hernandez
- Celso Rene Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Ignacio Urrutia Bonilla
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 360ª
Sesión 136ª, en jueves 7 de marzo de 2013
(Ordinaria, de 10.14 a 13.01 horas)
Presidencia del señor Marinovic Solo de Zaldízar, don Miodrag. Presidencia accidental de los señores Ascencio Mansilla, don Gabriel Bertolino Rendic, don Mario
Secretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 13
II. Apertura de la sesión 17
III. Actas 17
IV. Cuenta 17
- Archivo de proyectos 17
V. Fácil despacho.
- Aumento de sanción por falsas alarmas públicas. Primer trámite constitucional 17
VI. Orden del Día.
- Requisito de certificación de la calidad de centros de larga estadía de adultos mayores para su funcionamiento. Primer trámite constitucional 24
- Establecimiento de requisitos mínimos para estudiantes que ingresen a estudiar pedagogía. Primer trámite constitucional 43
- Suspensión de tratamiento de Proyectos de Acuerdo 51
VII. Incidentes.
- Medidas de coordinación ante quema de rastrojos en zona declarada saturada por contaminación y pronunciamiento de autoridad respectiva. Oficios 51
- Condonación de deuda habitacional para evitar remate de viviendas de la Población Juan Pablo II, comuna de Concepción. Oficio 52
- Aclaración pública por suplantación de identidad en cuenta de red social twitter 53
- Homenaje por celebración del Día Internacional de la Mujer, reconocimiento a la mujer parlamentaria y a diputada Carolina Goic. Oficios 54
- Saludos y reconocimiento de la bancada demócrata cristiana a la diputada Carolina Goic, en el Día Internacional de la Mujer 55
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 58
- Información sobre prórroga del plazo de la ley que otorga incentivo para el retiro de los funcionarios de universidades públicas. Oficios 58
- Convocatoria a diálogo sobre seguridad pública con la junta de vecinos Sor Teresita de Los Andes, comuna de La Serena. Oficios 58
- Información sobre despidos en la Municipalidad de Ovalle. Oficios 59
- Información sobre modificación de plano regulador intercomunal costero de comunas de la Región de Atacama. Oficios 59
Pág.
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del H. Senado, por el cual comunica que aprobó la proposición de esa Honorable Cámara en orden a designar como integrantes del Excelentísimo Tribunal Constitucional a los señores Gonzalo Antonio García Pino y Juan José Romero Guzmán. (128/SEC/12)
2. Primer informe de la Comisión de Zonas Extremas recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza).”. (boletín N° 8786-27)
3. Moción de los diputados señores Burgos; Andrade; Ascencio; Calderón; Eluchans; Díaz, don Marcelo; Hasbún; Schilling; Squella y Walker, sobre “Reforma Constitucional que establece limitación de duración del cargo de Ministro y Fiscal de la Excma. Corte Suprema”. (boletín N° 8821-07)
4. Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca; Baltolu; Bauer; Bobadilla; Campos; Hernández; Morales; Norambuena; Urrutia y la Diputada señora Rubilar, doña Karla, que “Sanciona penalmente los atentados a la libre competencia, aumenta las sanciones pecuniarias y modifica la figura de la delación compensada”. (boletín N° 8822-07)
5. Moción del diputado señor Rivas, que “Modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, con propósito de establecer la voluntariedad en el ejercicio de vocales de mesa y miembros del Colegio Escrutador”. (boletín N° 8823-06)
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
6. “artículo 277 del Código Procesal Penal.”. Rol N° 2330-12-INA. (8286)
7. “artículo 2331 del Código Civil.”. Rol 2255-12-INA. (8295)
8. “artículo 132, 63 y 64 del Código Sanitario.”. Rol 2279-12-INA. (8318)
9. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de artículos 276 y 334, del Código Procesal Penal. Rol 2292-12-INA. (8269)
X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicación:
- De la diputada señora Goic, doña Carolina, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 30 días, a contar del 26 de febrero próximo pasado.
2. Oficios:
- De la Comisión Especial del Adulto Mayor, por el cual remite al archivo los proyectos que en anexo se indican. (ver en Cuenta Dinámica). (121/2013).
Respuestas a Oficios Cuenta 136ª
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Ojeda, Informe sobre la decisión de cerrar el tránsito de vehículos pesados por el paso fronterizo Cardenal Samoré, en la comuna de Puyehue, los argumentos que la avalan y considere la posibilidad de dejarla sin efecto. (187 al 9338).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Von Mühlenbrock, Solicita se informe sobre las gestiones que, en resguardo de los derechos y fuente de empleo de los pescadores artesanales del bacalao, se realizarán frente a las barreras establecidas por el Gobierno de Estados Unidos para el ingreso de este producto pesquero a dicho país. (1166 al 9203).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Jarpa, Copia de su intervención, relacionada con los problemas que afectan a la comercialización de productos agrícolas y pecuarios, particularmente maíz, mezclas alimenticias y carne de pollo, entre Chile y Argentina. (298 al 4438).
Ministerio de Educación:
- Diputada Sabat doña Marcela, Eventual traslado de la dependencia de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica desde la cartera de Educación a la de Economía, Fomento y Turismo, y, de ser efectivo lo anterior, las fechas proyectadas para ello, los fundamentos de tal decisión y, en particular, si se mantendrán los recursos para las ciencias médicas. (170 al 10055).
- Proyecto de Acuerdo 618, “Implementación de políticas públicas para abordar el proyecto de superpoblación canina que vive en el país.” (32).
Ministerio de Defensa Nacional:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe y remita los antecedentes correspondientes sobre el convenio suscrito entre la cartera a su cargo y el Ministerio de Salud para la atención de 20.000 funcionarios del ejército y sus familias, en recintos públicos de salud. (1 al 9373).
- Diputada Pacheco doña Clemira, Disponer, en cuanto sea pertinente, se instruya una investigación por parte de la Dirección del Territorio Marítimo, con motivo de eventuales irregularidades ocurridas el día 1° de octubre en curso, en las faenas de pesca de jurel en la Región del Biobío, en las cuales se habría agotado tempranamente la cuota extraíble, suponiéndose la captura anticipada de la especie. (390 al 4154).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre los motivos por los cuales la Gobernación Marítima de Puerto Varas se ha negado, por una parte, a renovar el permiso anual que permite el atraque de las embarcaciones del Sindicato de lancheros del Lago Todos los Santos, y por otra, a otorgar un permiso provisorio que permita a estos lancheros operar mientras se tramita su solicitud de concesión definitiva. (6855 al 9374).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Ceroni, Estudiar la factibilidad de construir una carpeta asfáltica en el camino L-831 de Parral, Región del Maule, en aquella parte del camino que pasa frente a las casa del Villorrio de Pantanillo de dicha comuna, en las que residen aproximadamente doscientas familias cuyo oficio principal es la comercialización de frutas y verduras, y quienes ven dificultado el transporte de ellas por el mal estado del camino. (272 al 4248).
- Diputado Rojas , Solicita remitir toda la información relacionada con las fiscalizaciones a las obras de remodelación del Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta, e informar si se han hecho efectivas las sanciones -establecidas contractualmente- a la empresa contratista por el retraso en la entrega de las obras mencionadas. (273 al 9456).
- Diputado Hernández, Solicita se informe sobre los montos destinados y plazos programados para el inicio y término de las obras de recuperación y mejora de las riberas de los ríos Damas y Rahue, como asimismo, los resultados de la evaluación de impacto ambiental del referido proyecto. (275 al 9197).
- Diputada Muñoz doña Adriana, Tener por acompañada copia del Informe evacuado por la Policía de Investigaciones de Chile que da cuenta de la existencia de contaminación de los cursos de agua y de la red de agua potable de la localidad de Caimanes, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, y, con su mérito, instruir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con el objeto que dicho organismo inspeccione a la brevedad la red de agua potable de la referida localidad y establezca si cumple con la norma chilena NCh409/1.Of. 2005, sobre calidad del agua potable, y, en su caso, adopte las medidas necesarias para sancionar a los responsables y reparar los daños causados, y así para proteger la salud de la población. (301 al 4256).
- Diputado Accorsi, Informar si esa cartera ministerial ha realizado compras o transacciones económicas en los últimos 5 años con la empresa Tecnodata S.A., como asimismo, informar estadísticamente, los productos, cantidades, valores, fechas de transacción de tales operaciones e indicando si existen actualmente negociaciones pendientes. (323 al 8801).
- Diputado Jarpa, Factibilidad de mejorar las condiciones de seguridad de la ruta N-59, en la provincia de Ñuble, debido al elevado tránsito de vehículos y peatones y al creciente número de accidentes en esa vía. (327 al 8911).
- Diputado De Urresti, Solicita información sobre el estado de avance y cronograma definitivo para la ejecución de las obras de reposición del muelle de pasajeros de Niebla , de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. (480 al 9246).
- Diputado De Urresti, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, que dice relación con el programa Bandera Bicentenario que se desarrolla en el país, en especial respecto de la Región de Los Ríos. (482 al 7925).
- Diputado Espinoza don Fidel, Hace presente la necesidad de que se ejecuten cabalmente las obras del denominado “Plan Chiloé”, no obstante la eventual construcción del puente sobre el canal de Chacao; y, además, manifiesta su preocupación por los bajos montos de las indemnizaciones expropiatorias que se estarían ofreciendo a habitantes de la zona de Chacao. (484 al 4426).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informar sobre las medidas que se implementarán respecto de las obras de reparación del puente El Salto , sector Santa Elvira, de la comuna de Puyehue, Región de Los Lagos; particularmente, el material que se utilizará para la construcción de las vigas de soporte. (490 al 9361).
- Diputado Chahín, Remitir un listado, desglosado por regiones, de las obras emblemáticas que se pretenden llevar a cabo, con ocasión de la conmemoración der los 200 años de nuestra independencia, indicando cuál ha sido la participación ciudadana al respecto, en especial en la Región de Los Ríos. (559 al 8262).
- Diputado Chahín, Informe sobre la posibilidad de disponer el ensanche de la carretera internacional que une las comunas de Victoria y Curacautín, a la altura del kilómetro 26 y medio, sector California, en atención a que debido a la carencia de bermas se han producido varios accidentes. (562 al 9867).
- Diputado Venegas don Mario, Copia de su intervención, en la que, a petición de dirigentes de la comunidad mapuche Coñomil Epuleo, de la comuna de Ercilla, solicita a diversas autoridades gestionar con la empresa encargada de la conservación de los caminos en la Región de La Araucanía, ocuparse del desmalezamiento del entorno inmediato y de la reparación del camino entre Collico y Temucuicui, e informar a esta Corporación lo realizado sobre el particular. (564 al 4407).
- Diputado Venegas don Mario, Solicita gestionar con la empresa encargada de la conservación de los caminos en la Región de La Araucanía, se ocupe del desmalezamiento del entorno inmediato y de la reparación del camino entre Collico y Temucuicui; e informar a esta Corporación lo realizado sobre el particular. (564 al 9392).
- Diputado Estay, Solicita información sobre las obras de recuperación y mejoramiento de la ruta Traiguén y Galvarino, particularmente, los plazos de inicio, desarrollo y culminación de las obras; empresas encargadas de su ejecución; tipo de licitación para la adjudicación de las obras; comunidades beneficiadas con el proyecto e impacto en el transporte de dichas localidades. (565 al 9253).
- Diputado Chahín, Informe sobre el mejoramiento del camino Perquenco-Púa, ex Longitudinal Sur antiguo; acerca de la construcción de un puente sobre el río Púa; y, disponga una fiscalización a los trabajos efectuados por la empresa de mantención “Global Sierra Nevada”, en el puente sobre el río Perquenco, todos de la comuna de Victoria. (566 al 9224).
- Diputado Ojeda, Requiere se informe sobre la fecha u oportunidad en que se realizará la prolongación de la pista del aeródromo de Cañal Bajo, ubicado en la ciudad de Osorno. (567 al 9154).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe y remita a esta Corporación antecedentes sobre la licitación ID: 827-60-LP12, para la demolición de inmuebles fiscales situados en la comuna de Chaitén, Región de Los Lagos, particularmente, la singularización de las empresas que han adquirido las bases y las que finalmente postularon una oferta económica, como asimismo, el procedimiento a seguir en caso de declararse desierta la licitación. (568 al 9382).
Ministerio de Agricultura:
- Diputado Díaz don Marcelo, Informe a esta Corporación, al tenor de la intervención adjunta, sobre la situación que afecta a los crianceros de la comuna de Vicuña, señores Bernardo del Carmen Tapia Tapia, Jesús Eleazar Tapia Pizarro, Juan Antonio Ribera Aranibar, Narciso Segundo Cáceres Cáceres, Luis Esteban Rivera Aranibar, y señora Natalia Daysi Guerrero Cortés, por el extravío de la documentación presentada, en la Oficina de Prodesal de la comuna, para optar a la ayuda de Indap, quedando fuera de los mecanismos de apoyo durante el presente año por no estar inscritos; y adopte las medidas que correspondan para subsanarla. (4948 al 9400).
- Diputado Chahín, Posibilidad de incorporar a la Comunidad José Llancao, del sector Llanuco, de la comuna de Vilcún, en el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, o en el Programa de Desarrollo Local, Prodesal, en atención a que no han sido beneficiados con el Programa Orígenes. (7079 al 9902).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Diputado Díaz don Marcelo, Requiere se informe sobre la política del Gobierno en relación con la situación laboral de los trabajadores de la Universidad del Mar; en especial, en lo relativo al pago de las cotizaciones previsionales y de las remuneraciones, luego del anunciado decreto de cierre del centro de educación superior. (11 al 9811).
- Diputado Jaramillo, Copia de su intervención, en la que se refiere a la necesidad de incluir al sector pasivo en los proyectos de ley de reajuste de remuneraciones a los funcionarios del sector público y, también, a la imperiosa necesidad de revisar el sistema de administradoras de fondos de pensiones, para asegurar a los jubilados pensiones justas y dignas. (14 al 4409).
- Diputada Goic doña Carolina, Ordene adoptar las medidas correctivas que sean necesarias, conducentes a que las madres trabajadoras puedan ejercer en tiempo y forma su derecho al subsidio por licencia médica, derivado del descanso de post natal establecido en la ley como igualmente, informe acerca de las causas administrativas y operacionales de los retrasos en los pagos del citado, en especial los efectos que podría estar ocasionando la aplicación de la ley N° 20.585 sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas , y se sirva estudiar el envío de un proyecto de ley, que solucione el problema que aqueja a las madres funcionarias públicas, en orden a que puedan recibir la totalidad de su remuneración, sin que se les aplique el tope de 67 unidades de fomento, al momento de recibir el referido subsidio. (27 al 7581).
- Diputado De Urresti , Situación que afecta a mujeres beneficiarias de pensiones solidarias, quienes, al optar por el bono por hijo, pierden el derecho a la cuota mortuoria. Medidas que está llevando adelante el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Instituto de Previsión Social y la Superintendencia de Seguridad Social para solucionar la situación denunciada. Cantidad de personas fallecidas en la Región de Los Ríos sin poder acceder a la cuota mortuoria y cuáles tipos de otros pensionados se encuentran privados de ese beneficio. (29 al 8772).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre las fiscalizaciones efectuadas y las medidas que se implementarán en razón de éstas, respecto de la Municipalidad de Puyehue, Región de Los Lagos, por el no pago de cotizaciones previsionales y de salud, (35 al 9370).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre la prioridad legislativa que el Ministerio del Trabajo y Previsión social otorga a los proyectos de ley relacionados con la situación de los “reponedores” de los supermercados. (37 al 4175).
- Diputado Díaz don Marcelo, Reitera peticiones de información contenidas en el oficio N° 4175, de 2 de agosto de 2011, sobre la prioridad otorgada a los proyectos de ley relacionados con la situación de los “reponedores” de los supermercados. (37 al 9879).
- Diputado Carmona, Informe sobre el despido de a tres profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Atacama, y de siete funcionarios de la Junta Nacional de Jardines infantiles, Paula Ramírez, Ana María Aguirre, Verónica Monardes, Jaime Velásquez, Danaris Marín, Eliana Villalobos y Fanny Varos, quienes fueron despedidos sin ninguna causa vinculada a rendimiento y cumplimiento de tareas (43 al 9313).
- Diputado García don René Manuel, Solicita informe respecto de cada una de las materias que se detallan en la solicitud adjunta, en relación con el problema la laboral que afecta a don Marcos Valeria Ruiz, abogado del Centro de Conciliación y Mediación de la Región de La Araucanía. (45 al 9834).
- Diputado Andrade, Solicita tenga a bien disponer que la Dirección del Trabajo fiscalice al local comercial que se describe en la solicitud adjunta; e informe a esta Corporación sobre sus resultados. (589 al 9743).
- Diputado Díaz don Marcelo, Mesa de trabajo que se constituirá para resolver la situación de los trabajadores de la Universidad del Mar y las soluciones previstas para su reubicación. (59 al 10034).
- Diputado Ascencio, Solicitarle tenga a bien disponer la fiscalización de la empresa de transportes Cruz del Sur, en razón de los hechos descritos en la solicitud que se adjunta; e informe a esta Corporación de sus resultados y las medidas de sanción dispuestas. (590 al 9753).
Ministerio de Salud:
- Proyecto de Acuerdo 776, “Solicita a S.E. el Presidente de la República que permita el ingreso de médicos especialistas a nuestro país.” (720).
Ministerio de Minería:
- Diputado Carmona, Informe sobre conflicto que afecta a los trabajadores contratistas vinculados con el proyecto Caserones de la Minera Lumina Copper y adopte las medidas que sean conducentes para asegurar el estricto cumplimiento de las normas laborales, especialmente respecto de los bonos por antigüedad. (61 al 9311).
- Diputada Muñoz doña Adriana, Requiere se informe sobre quién ha autorizado las mensuras y la instalación de linderos que realizan medianas y grandes empresas mineras en el sector Plan de Hornos, en la comuna de Illapel, con eventual infracción de la normativa que regula la materia. (62 al 9664).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:
- Diputado Harboe, Solicita dejar sin efecto la demolición del Estadio de Ferroviario, ubicado en el barrio San Eugenio, en el límite de las comunas de Santiago y Estación Central. (891 al 4287).
Ministerio de Desarrollo Social:
- Diputado Delmastro, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes en relación con los proyectos de construcción que presentan las municipalidades a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. (140 al 4466).
Ministerio Público:
- Diputado González, Informe sobre la instrucción de causas por delitos cometidos por Universidades y sostenedores de establecimientos educacionales básicos y medios, especialmente por violaciones a la Ley de Subvención del Estado a Establecimientos educacionales y a la Ley de Subvención Escolar Preferencial. (60 al 9760).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita informe sobre la postura del servicio a su cargo, en relación con la evaluación de impacto ambiental que debiera realizarse a la competencia de motocicletas Rally Dakar. (130458 al 9821).
- Diputado Accorsi, Solicita informe sobre la hora y los medios a través de los cuales, la empresa responsable dio aviso oficial al servicio a su cargo, sobre el corte de agua que afecta a la Región Metropolitana. (130600 al 9963).
- Diputado Robles, Requiere informar sobre las razones y consideraciones técnicas y políticas de su voto, como integrante del comité de ministros a que se refiere el artículo 20 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , recaído en la reclamación interpuesta por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. Endesa contra la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama que rechazó el estudio ambiental del proyecto “Central Termoeléctrica Punta Alcalde”, en la Región de Atacama; y, además, remitir copia del acta de la sesión del mencionado comité, del lunes 3 de diciembre próximo pasado, en que se pronunció sobre el señalado recurso. (130601 al 9481).
- Diputado Díaz don Marcelo, Situación de abandono que afecta al sector de El Culebrón, de la comuna de Coquimbo, convertido en un depósito de desechos; y acerca de la posibilidad de adoptar medidas de intervención mediante un plan de recuperación ambiental. (130602 al 10031).
Ministerio de Cultura y de las Artes:
- Diputada Cristi doña María Angélica, Copia de su intervención, en la que destaca la solicitud formulada a S.E. el Presidente de la República para que ingrese a tramitación legislativa un proyecto de ley que otorgue al señor Vicente Bianchi Alarcón un premio de honor por su trayectoria musical. (33 al 4464).
Intendencias:
- Diputado Venegas don Mario, Solicita gestionar con la empresa encargada de la conservación de los caminos en la Región de La Araucanía, se ocupe del desmalezamiento del entorno inmediato y de la reparación del camino entre Collico y Temucuicui; e informar a esta Corporación lo realizado sobre el particular. (564 al 9391).
Servicios:
- Diputado Sabag, Factibilidad de pavimentar, mediante el programa de pavimento básico, el camino que une la localidad de Chillancito con la ruta 5, en la comuna de Cabrero, en un tramo de 1,7 kilómetros, y el camino Cuadrapangue-Ñinquihue, por Monteverde, en una extensión de 7,7 kilómetros, que también une la localidad de Ñinquihue con la ruta 5, en la comuna de San Carlos. (271 al 8781).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita gestionar el reemplazo del material de las basas del puente El Salto, en construcción en las cercanías de la localidad de Santa Elvira, en la comuna de Puyehue. (274 al 4315).
- Diputado Hernández, Solicita se informe sobre los montos destinados y plazos programados para el inicio y término de las obras de recuperación y mejora de las riberas de los ríos Damas y Rahue, como asimismo, los resultados de la evaluación de impacto ambiental del referido proyecto. (275 al 9199).
- Diputada Turres doña Marisol, Información sobre política en relación con fallos de la Corte Suprema sobre solicitudes de aprovechamiento de aguas para construcción de centrales hidroeléctricas en parques nacionales (280 al 7805).
- Diputado Ascencio, Se sirva ordenar a la brevedad la mantención y conservación de los caminos rurales de la comuna de Quenchi, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, con el objeto de mejorar la conectividad de los habitantes de la zona. (300 al 3832).
- Diputado Arenas, Información sobre criterios de respuesta de direcciones regionales de Vialidad ante consultas de la ciudadanía (322 al 6416).
- Diputado De Urresti , Cumplimiento de lo dispuesto en su Oficio Ordinario N° 1157, de fecha 18 de junio de 2012, por el cual comunicó la creación de circunscripciones electorales en Niebla, Reumén y Pichirropulli, una vez abierto el proceso de actualización, con posterioridad a las elecciones municipales de 28 de octubre de 2012. (418 al 9875).
- Diputado Santana, Solicita informe sobre el estado de avance de las gestiones para la adquisición de una cámara hiperbárica móvil para el Hospital de Quellón. (467 al 9827).
- Diputado Sandoval, informe detalladamente sobre los proyectos con recomendación favorable correspondientes al servicio a su cargo para la Región de Aysén; particularmente el monto de los recursos involucrados, plazos de ejecución y si procede, el estado del proceso de licitación. (64 al 9646).
- Diputado Díaz don Marcelo, Informe sobre las medidas adoptadas para dar mayor protección a los menores con ocasión de las ferias de artesanías que se instalan en la Plaza de Armas de la ciudad de Vicuña. (98 al 9494).
Varios:
- Diputado Accorsi, Solicita se informe sobre la existencia de investigaciones o realización de pericias policiales por la presunta contaminación industrial en el sector de Aguas Buenas, de la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. (70 al 9350).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (87)
NOMBRE
Accorsi Opazo, Enrique
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
Andrade Lara, Osvaldo
Araya Guerrero, Pedro
Ascencio Mansilla, Gabriel
Auth Stewart, Pepe
Baltolu Rasera, Nino
Barros Montero, Ramón
Bauer Jouanne, Eugenio
Becker Alvear, Germán
Bertolino Rendic, Mario
Browne Urrejola, Pedro
Calderón Bassi, Giovanni
Campos Jara, Cristián
Cardemil Herrera, Alberto
Carmona Soto, Lautaro
Cerda García, Eduardo
Ceroni Fuentes, Guillermo
Cristi Marfil, María Angélica
De Urresti Longton, Alfonso
Díaz Díaz, Marcelo
Eluchans Urenda, Edmundo
Espinosa Monardes, Marcos
Espinoza Sandoval, Fidel
Farías Ponce, Ramón
García García, René Manuel
Godoy Ibáñez, Joaquín
González Torres, Rodrigo
Gutiérrez Gálvez, Hugo
Gutiérrez Pino, Romilio
Hasbún Selume, Gustavo
Hernández Hernández, Javier
Hoffmann Opazo, María José
Jaramillo Becker, Enrique
Jarpa Wevar, Carlos Abel
Jiménez Fuentes, Tucapel
Kort Garriga, Issa Farid
Latorre Carmona, Juan Carlos
Lemus Aracena, Luis
León Ramírez, Roberto
Letelier Aguilar, Cristián
Lorenzini Basso, Pablo
Macaya Danús, Javier
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag
Martínez Labbé, Rosauro
Molina Oliva, Andrea
Monckeberg Bruner, Cristián
Montes Cisternas, Carlos
Morales Muñoz Celso
Muñoz D'Albora, Adriana
Norambuena Farías, Iván
Núñez Lozano, Marco Antonio
Ojeda Uribe, Sergio
Ortiz Novoa, José Miguel
Pacheco Rivas, Clemira
Pérez Arriagada, José
Pérez Lahsen, Leopoldo
Rincón González, Ricardo
Rivas Sánchez, Gaspar
Robles Pantoja, Alberto
Rosales Guzmán, Joel
Saa Díaz, María Antonieta
Saffirio Espinoza, René
Sandoval Plaza, David
Santana Tirachini, Alejandro
Schilling Rodríguez, Marcelo
Sepúlveda Orbenes, Alejandra
Silber Romo, Gabriel
Silva Méndez, Ernesto
Squella Ovalle, Arturo
Tarud Daccarett, Jorge
Teillier Del Valle, Guillermo
Torres Jeldes, Víctor
Tuma Zedan, Joaquín
Ulloa Aguillón, Jorge
Urrutia Bonilla, Ignacio
Vallespín López, Patricio
Van Rysselberghe Herrera, Enrique
Vargas Pizarro, Orlando
Velásquez Seguel, Pedro
Venegas Cárdenas, Mario
Verdugo Soto, Germán
Vidal Lázaro, Ximena
Vilches Guzmán, Carlos
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
Walker Prieto, Matías
Ward Edwards, Felipe
-Asistió, además, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia , don Cristián Larroulet Vignau.
-Por encontrarse en misión oficial, no estuvo presente la diputada señora Denise Pascal Allende.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.14 horas.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- El acta de la sesión 130ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 131ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ARCHIVO DE PROYECTOS.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Especial del Adulto Mayor, en orden a proceder al archivo de las siguientes iniciativas:
Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con el objeto de definir el registro de instituciones de larga estadía de adultos mayores (boletín N° 3582-18);
Proyecto de ley que exceptúa de la obligación de votar a los ciudadanos mayores de 75 años (boletín N° 5484-06);
Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para facilitar el voto de los adultos mayores (boletín N° 6227-06), y
Proyecto de ley que establece mecanismos de protección al adulto mayor en la enajenación o gravamen de sus bienes raíces (boletín N° 7061-32).
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
AUMENTO DE SANCIÓN POR FALSAS ALARMAS PÚBLICAS. Primer trámite constitucional.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona con mayor rigor las falsas alarmas públicas.
Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas es el señor Gabriel Silber.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7018-25, sesión 42ª, en 29 de junio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 18, Legislatura 359ª.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, sesión 131ª, en 23 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 6, de la presente legislatura.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SILBER (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que sanciona con mayor rigor las falsas alarmas públicas.
La iniciativa se inició en moción de los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Sergio Bobadilla , Javier Hernández , Celso Morales , de la diputada señora Claudia Nogueira y de los diputados señores Iván Norambuena, Carlos Recondo , Jorge Ulloa , Felipe Ward y Juan Lobos (Q.E.P.D.).
Los autores de la moción parten señalando que el artículo 268 bis del Código Penal dispone que “El que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo”; esto es, la pena señalada es de 61 a 540 días de prisión.
Sostienen que, en la práctica, esta pena puede no cumplirse en términos efectivos, ya que por la penalidad asignada a este delito y por las disposiciones establecidas en las normas sobre remisión condicional de la pena, reclusión nocturna y libertad vigilada del adulto, como sustitutos a las penas de prisión de corta duración para sujetos sin antecedentes penales previos, finalmente el infractor no será privado de libertad por el delito cometido.
Consideran que los hechos anteriormente descritos son más graves aún cuando estas falsas alarmas son advertidas o dirigidas a centros poblados. Por ejemplo, si una ciudad costera es advertida de un falso tsunami, si se hace un aviso de bomba en el Metro, etcétera.
En estos casos, los autores estiman que la sanción penal y económica debe ser aplicada con mayor fuerza o rigor, dado que el despliegue del aparato público -Carabineros, Bomberos, fuerzas de orden y seguridad pública, entre otros- amerita un endurecimiento de nuestra legislación en esta materia
Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión recibió la opinión del presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos , señor Miguel Reyes ; del jefe de la Dirección de Seguridad Privada y Control de Armas, general de Carabineros señor Julio Pineda ; del jefe subrogante de la Central de Comunicaciones de Carabineros , teniente coronel señor Aladino Alfaro ; del jefe del Departamento de Seguridad Privada 0.S.10, coronel de Carabineros señor Ignacio Villarrubia Goycolea ; del abogado de Carabineros de Chile , señor Fernando Molina ; del asesor legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Juan Francisco Galli , y del asesor jurídico de Bomberos de Chile, señor Fernando Recio .
Durante la discusión del proyecto, Carabineros de Chile informó que las llamadas de emergencia en Santiago, durante el 2010, bordearon los siete millones, llegando a cerca de cinco millones en regiones, de las cuales solo generaron procedimientos un millón setecientas cuarenta y cuatro mil trescientas trece en Santiago y un millón veinticinco mil cuatrocientas sesenta y cuatro en regiones, siendo calificadas como inoficiosas casi seis millones de llamadas en Santiago y cuatro millones seiscientas mil, aproximadamente, en regiones.
El 2011 hubo un incremento de las llamadas en regiones -cerca de seis millones-, y, en Santiago bordearon los cinco millones, generando procedimientos cerca de un millón quinientos mil llamadas; fueron inoficiosas casi cinco millones de llamadas.
A octubre del 2012, las llamadas y los procedimientos en la Región Metropolitana se traducen en un porcentaje de casi 82 por ciento de llamadas inoficiosas. A partir de 2011, las llamadas inoficiosas están clasificadas como bromas, cortadas, equivocadas, inaudibles, informaciones e insultos.
Durante el 2010, según la clasificación que hacen los funcionarios de paquetes sospechosos y explosivos, hubo seiscientas cincuenta y siete llamadas, de las cuales cuatrocientas sesenta y seis fueron falsas.
Para el 2011, en la Región Metropolitana la cantidad de llamados por denuncias de explosivos y paquetes sospechosos fue similar a la del año anterior, quinientas cincuenta y siete, de las cuales cuatrocientas fueron falsas. De las cerca de doscientas noventa y dos mil alarmas, resultaron ser falsas cerca de doscientas ochenta y nueve mil.
Para el 2012 se observa una tendencia similar hasta octubre, con alarmas por paquetes sospechosos y explosivos con trescientas noventa y seis llamadas, de las cuales resultaron ser falsas doscientas sesenta y nueve. De las llamadas comerciales, casi el 98 por ciento son falsas.
El proyecto consta de un artículo único, que sustituye el artículo 268 bis del Código Penal, en el cual se tipifica el delito de falsa alarma. Se agrega el término “a sabiendas”, para efectos de evitar que se castigue al que dé una alarma falsa de buena fe. A la pena actualmente contemplada se suma una multa de 20 a 40 unidades tributarias mensuales, a fin de tener la seguridad de que el que cometa este delito a lo menos recibirá una sanción económica.
Se agrega un inciso segundo al mismo artículo, en virtud del cual se aumentará en un grado la pena señalada en el inciso anterior -reclusión menor en su grado mínimo- si con ocasión de la falsa alarma se provocare:
1°. La paralización o interrupción del funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública;
2°. El cierre de avenidas o calles, o
3°. El desalojo o evacuación masiva de recintos públicos o privados.
Finalmente, el numeral 2) del artículo único agrega en el inciso primero del artículo 494 del Código Penal, el siguiente número 22:
“22.- El que realizare una llamada telefónica a un número de emergencia o se comunicare por cualquier otro medio, perturbando o distrayendo al servicio de los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como a los servicios de utilidad pública u organismos destinados a prevenir y reaccionar frente a emergencias.”.”.
De esta forma, se castiga la recurrente pitanza, que no consiste en dar una falsa alarma, sino en una malsana diversión de personas que llaman a números de emergencia para insultar, acosar o burlarse de los operadores de dichos números, produciendo una pérdida de tiempo enorme e impidiendo que otras personas que sí necesitan el servicio, puedan acceder a él.
Destaco el hecho de que la Comisión aprobó por unanimidad en general y en particular este proyecto. Ello, por su evidente pertinencia y la necesidad de perfeccionar una normativa que regula una materia tan sensible.
En consecuencia, solicito a la honorable Cámara la aprobación del proyecto en los términos expuestos.
Es todo cuento puedo informar.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente, luego de escuchar el informe, no surgen muchas dudas. Se trata de un proyecto que, de manera intencional, se puso en la Tabla de Fácil Despacho.
La iniciativa fue patrocinada por diez diputados de esta bancada, y responde a una serie de hechos que se fueron sucediendo en el norte del país, relacionados con la activación de los sistemas mecanismos de emergencia y seguridad pública por inescrupulosos que intentaban jugar una broma de bastante mal gusto, con lo cual ponían en riesgo la presencia de organismos de seguridad -por ejemplo, Bomberos- en lugares donde sí se les necesitaba.
Como dije, a raíz del impacto público de una serie de sucesos que se desarrollaron en el norte, se presentó esta iniciativa, que ahora la Cámara tuvo a bien considerar en Tabla de Fácil Despacho.
En relación con la modificación al artículo 268 bis del Código Penal, me parece correcta la precisión que se hizo durante el debate en la Comisión, ya que en el texto original no consideramos la posibilidad de que una persona, al llamar por teléfono para activar los mecanismos de emergencia establecidos en la legislación, pudiere actuar con culpa, pero sin dolo.
Por eso, en el texto que sustituye al artículo 268 bis del Código Penal, la Comisión resolvió incluir las palabras “a sabiendas”, de manera que la persona que intencionalmente dé falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los cuerpos de Bomberos, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, etcétera -con lo cual, eventualmente, puede ocasionar daño a otras personas que sí requieran atención ante una emergencia- será castigada con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales.
Mediante el inciso segundo del nuevo artículo 268 bis, se aumenta en un grado la pena señalada en el inciso primero, en los casos que se indica, lo que me parece totalmente atinente.
Por eso, llamamos a votar a favor de la iniciativa presentada, reitero, por diputados de esta bancada, ante situaciones ocurridas en especial en el norte.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , en los mismos términos expresados por el diputado señor Felipe Ward , quiero decir que estamos frente a un proyecto que parece poco relevante, pero que sí lo es para los servicios de emergencia, como Carabineros, Bomberos y ambulancias.
De acuerdo con las cifras que conocimos en la Comisión, en la Región Metropolitana y en las demás regiones alrededor del 70 por ciento de las llamadas telefónicas a los servicios de emergencia terminan siendo falsas. Muchas veces se trata de llamadas inoficiosas, de burlas o de bromas que distraen la atención de los respectivos operadores telefónicos, lo cual provoca un efecto bastante peligroso respecto de la seguridad pública, porque, como sabemos, nuestros servicios de urgencia tienen una capacidad limitada en materia de acceso a líneas telefónicas. Al respecto, cabe recordar lo que sucede cuando alguien llama al 133: muchas veces se encuentra con un gran atochamiento, lo que impide que se atiendan llamadas ante una situación de real necesidad. En suma, muchas veces quienes necesitan acceder a Carabineros, Bomberos o ambulancias, no pueden hacerlo debido a las falsas alarmas.
La iniciativa legal en estudio establece la aplicación de la pena de reclusión menor en su grado mínimo y una multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales, a quien a sabiendas diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública.
A mi juicio, nuestro sistema acusatorio penal contará con un procedimiento más efectivo. Esperamos, entonces, que la medida tenga un efecto disuasivo, a fin de evitar el mal uso de esos medios.
El mal uso de las líneas telefónicas, relacionadas con las alarmas, por una broma o pitanza, significa que, muchas veces, Carabineros, Bomberos o las ambulancias concurren a direcciones inexistentes, distrayéndose así medios muy importantes para la comunidad.
Señor Presidente , junto con destacar el aporte de los autores del proyecto, deseo hacer presente que en la Comisión se hizo un trabajo serio y se adoptaron acuerdos en forma unánime, lo que permitió mejorar en términos sustantivos el proyecto, esperamos que a la brevedad se convierta en ley de la República. Claramente, se despejaron algunas dudas respecto de aquel buen samaritano que tal vez yerra en la entrega de datos o los proporciona de manera imprecisa, pero que tiene el ánimo de aportar a su comunidad mediante una denuncia.
Desde esa perspectiva, solo se sancionará a quien de mala fe o dolosamente quiera distraer la atención de los cuerpos de emergencia, como Carabineros, Bomberos, servicios de ambulancias u otros. Como señalé, ese buen samaritano que, por ejemplo, advierte bulla o la ocurrencia de algún tipo de violencia doméstica en la casa de su vecino -al respecto, el Estado está haciendo campañas para denunciar la violencia contra la mujer, delito que muchas veces se invisibiliza y respecto del cual la comunidad no participa a la hora de denunciarlo-, debido a lo cual llama a Carabineros, obviamente quedará resguardado. Quisimos dejar una esfera de protección respecto de la persona que entregue datos imprecisos o errados -por ejemplo, quien avise sobre la posibilidad de un incendio al ver humo, pero que finalmente no sea tal- porque en ese caso la Comisión entendió que no existe delito. Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, es importante que se entienda que existirá una sanción, fundamentalmente de carácter económico, para la persona que, de mala fe, para hacer burla o con el propósito de distracción, haga mal uso de los servicios de emergencia, que prestan gran ayuda a la comunidad.
Por último, esperamos que cuando la iniciativa se convierta en ley de la república, mejoren las condiciones de funcionamiento d dichos servicios.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , a pesar de que el proyecto es de Fácil Despacho, es bastante relevante.
En primer lugar, debemos considerar el enorme esfuerzo que realizan y la cantidad de personal que deben destinar instituciones como Carabineros, Bomberos y otras, cuando reciben llamadas de emergencia. En ese sentido, es conveniente que las falsas alarmas públicas sean sancionadas cuando atenten contra la seguridad de las personas o distraigan el tiempo de los respectivos operadores. Cuando alguien, por ejemplo, necesita, llamar al número telefónico 133, muchas veces resulta difícil que una operadora lo atienda debido a la saturación de la línea.
En el período 2010-2012 se contestaron 18.333.000 llamadas telefónicas, a partir de las cuales se realizaron 4 millones de procedimientos. Las llamadas inoficiosas fueron 14 millones 271.000, o sea, 77,85 por ciento, lo cual no es menor. Como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, eso atenta contra la posibilidad de atender los casos de urgencia.
Las modificaciones introducidas tienen como finalidad establecer una pena más efectiva contra las personas que maliciosamente dieren falsas alarmas públicas de catástrofes o peligro inminente, a causa de las cuales se produjere pérdida de tiempo para atender verdaderas situaciones de emergencia.
La actual disposición del Código Penal sanciona a quien incurra en esa conducta con la pena de reclusión menor en su grado mínimo. Según los autores del proyecto, dado lo bajo de la pena, las fiscalías proceden a archivar la causa. Por eso, el proyecto eleva la penalidad de ese delito, de manera que esa conducta sea sancionada de manera efectiva.
Cabe destacar que algunas de las principales razones para incurrir en esa conducta son bromas, llamadas cortadas, equivocadas o inaudibles, o bien la solicitud de información. Desgraciadamente, muchas de esas llamadas son para proferir insultos.
De conformidad con la iniciativa en estudio, se aumenta en un grado la pena establecida en el inciso primero del nuevo artículo 268 bis del Código Penal si con ocasión de la falsa alarma se provocare la paralización o interrupción del funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública, el cierre de avenidas o calles, o el desalojo o la evacuación masiva de recintos públicos y privados. Esto sucede muy a menudo, con ocasión de amenazas de bomba, debido a lo cual se desalojan edificios, colegios, etcétera.
También se incorpora en el inciso primero del artículo 494 del referido código, un número 22, nuevo, para sancionar al que realizare una llamada telefónica a un número de emergencia o se comunicare por cualquier otro medio, perturbando o distrayendo a los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como a los servicios de utilidad pública u organismos destinados a prevenir y reaccionar frente a emergencias. Eso no es menor, porque sabemos que esa práctica se ha usado para hacer emboscadas a Carabineros o a bomberos, muchas veces con consecuencias bastante lamentables.
Es importante aprobar este proyecto para que el Ministerio Público acoja las denuncias que se hacen respecto de esas conductas, lo que no ocurre con la legislación vigente. Ojalá que cuando la futura ley entre en vigencia, no se aplique el principio de oportunidad y las causas terminen archivándose, como ha ocurrido en tantas oportunidades.
Espero que en el futuro, en materia de emergencias no se pierda tiempo en contestar bromas, y que con la aprobación del proyecto aumente la eficacia de los respectivos servicios.
Solicité que se estableciera una sanción contra quienes usan este medio para insultar o agredir verbalmente a voluntarios de Bomberos o a funcionarios de Carabineros, lo que desafortunadamente no se acogió en la comisión.
Por último, no me cabe duda de que esta iniciativa será aprobada. La Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas hizo un muy buen trabajo, y, aunque el proyecto se trate en Fácil Despacho, fueron necesarias muchas horas de trabajo para que sus integrantes nos pusiéramos de acuerdo y llegáramos a un buen final.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, con este proyecto pretendemos, fundamentalmente, perfeccionar el actual texto legal, aprobado por el Congreso Nacional, particularmente por iniciativa de la Cámara.
El artículo 268 bis del Código Penal establece que el que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo.
La modificación en estudio apunta no solo a la referida pena de reclusión menor en su grado mínimo, sino también a un desincentivo a través del establecimiento de multas.
Las falsas alarmas constituyen un problema real para las centrales telefónicas de las distintas instituciones que atienden emergencias en Chile. En efecto, Carabineros, Bomberos y, fundamentalmente, la asistencia pública, reciben un porcentaje demasiado alto de alarmas que finalmente resultan ser falsas, lo que genera un gasto adicional. Además, existe un peligro permanente cuando las unidades de emergencia salen a las calles, ya que pueden producirse accidentes con heridos, como ha ocurrido. En efecto, aun cuando las unidades que concurren a una emergencia tienen preferencia de paso, muchas veces se encuentran con imprevistos en el tránsito hacia su destino, que pueden provocar gravísimos accidentes.
También es importante destacar que al sancionar con mayor rigor las falsas alarmas, se disuadirá la comisión de este delito, lo que posibilitará que Bomberos, las Fuerzas de Orden y Seguridad y todos los servicios de utilidad pública u organismos que previenen emergencias cuenten con un mejor nivel de atención.
Por último, consideramos que se trata de un proyecto sano y que, por tanto, es necesario apoyarlo.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING .- Señor Presidente , como señaló el diputado Ulloa , el proyecto que estamos discutiendo busca mejorar el artículo 268 bis del Código Penal, que establece que “El que diere falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública a los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado mínimo.”.
En la actualidad, esta norma es de difícil aplicación para los tribunales, puesto que no basta con tipificar el delito como falsa alarma de incendio. Por eso, se agrega una consideración muy importante: que esto se haga a sabiendas, es decir, con la voluntad de provocar una falsa alarma. Lo planteo, porque podría ocurrir, por ejemplo, que por un errónea percepción, un ciudadano llamara a Bomberos para decir que hay un incendio, en circunstancia de que lo que él vio fue solo humo, que no tiene origen en llamas ni en cosa que se le parezca.
Aparte de la sanción propuesta en el artículo 268 bis del Código Penal, se establece una multa de veinte a cuarenta unidades tributarias mensuales, de modo que no todo tenga que ser castigado con la pena de cárcel.
A mí juicio, más importante aún es el hecho de que se tipifican las consecuencias que debe provocar la falsa alarma hecha a sabiendas: la paralización o interrupción del funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública, el cierre de avenidas o calles, o el desalojo o evacuación masiva de recintos públicos o privados. Se podrían agregar otras, como por ejemplo impedir el normal desenvolvimiento del transporte, pero la Comisión estimó prudente dejar la redacción de la norma hasta ahí.
A mi juicio, las modificaciones al artículo 268 bis del Código Penal posibilitarán su aplicación por los tribunales.
Esperamos que, en eta materia, la cultura del pueblo chileno haga innecesario el funcionamiento de los tribunales. Es necesario erradicar de la práctica cotidiana de algunas personas el entretenimiento que algunos llaman chanza o broma.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Corresponde votar en general el proyecto que sanciona con mayor rigor las falsas alarmas públicas.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Gutiérrez
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Despachado el proyecto.
VI. ORDEN DEL DÍA
REQUISITO DE CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE CENTROS DE LARGA ESTADÍA DE ADULTOS MAYORES PARA SU FUNCIONAMIENTO. Primer trámite constitucional.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, sobre certificación de la calidad de los centros de larga estadía de adultos mayores para su funcionamiento.
Diputado informante de la Comisión Especial del Adulto Mayor es el señor Leopoldo Pérez.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 8012-32, sesión 103ª, en 2 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2, legislatura 359ª.
-Informe de la Comisión Especial del Adulto Mayor, sesión 130ª, en 22 de enero de 2013, de la presente legislatura. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor PÉREZ, don Leopoldo (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión Especial del Adulto Mayor, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en una moción de los diputados señores Ramón Barros , Cristián Letelier , Javier Macaya , Patricio Melero , Carlos Recondo , David Sandoval , Ernesto Silva , Gastón von Mühlenbrock , y de las diputadas señoras Andrea Molina y Mónica Zalaquett , que tiene por objeto la certificación de la calidad de los centros de larga estadía de adultos mayores para su funcionamiento.
Idea matriz o fundamental del proyecto.
Otorgar al Servicio Nacional del Adulto Mayor mejores espacios de intervención respecto de los centros de larga estadía, con el objeto de velar por la seguridad de las personas mayores que son acogidas en estos, como asimismo garantizar la debida información tanto del propio adulto mayor como de su familia respecto de la calidad de dichos centros.
La Comisión compartió plenamente los fundamentos de la iniciativa, por cuanto se estima que el número de adultos mayores existentes en nuestro país sobrepasa largamente los 3 millones de personas. El promedio asciende a cincuenta adultos mayores por cada cien menores de 15 años, pronosticándose que en el año 2040 esa cifra crecerá, lo que significará que ambas prácticamente se equiparen.
Por lo anterior, urge desde ya la adopción de medidas o políticas públicas destinadas a enfrentar el desafío que se avecina, para el cual el país, desgraciadamente, no está preparado.
Normativa actual que rige a los establecimientos de larga estadía.
En este contexto, la escasa reglamentación legal impide mayores regulaciones respecto del funcionamiento de centros de acogida, constituyendo tal situación un peligro por los abusos y maltratos hacia personas ancianas, las que, en algunos casos, se encuentran prácticamente abandonadas por su familiares, sin mayores medidas de protección.
La ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, señala, a través de un listado no taxativo, las funciones de carácter especial para la consecución de su objetivo central, en el que no se mencionan expresamente las atribuciones que a dicho Servicio le corresponderían respecto de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. En la letra f) de su artículo 3° se establece la atribución general, consistente en prestar asistencia técnica y supervisar a organismos privados, con o sin fines de lucro, que brinden acogida y atención integral al adulto mayor que facilite su inserción en nuestra sociedad.
Por su parte, el reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, contenido en el decreto supremo N° 14, de 2010, del Ministerio de Salud, confiere atribuciones de fiscalización y supervigilancia desde una perspectiva sanitaria, a la secretaría regional ministerial correspondiente al territorio donde se encuentre emplazado dicho centro.
Estas funciones se relacionan con aspectos relativos a la autorización de instalación y funcionamiento; fiscalización, control y supervisión, y autorización de la modificación posterior de la planta física; aumento del número de camas, y traslado del establecimiento a otra ubicación.
De la normativa analizada es posible concluir que se distinguen dos ámbitos dentro de los cuales ejercen sus facultades las secretarías regionales ministeriales de Salud , a saber, de autorización y fiscalización.
Asimismo, se establece que las sanciones a las contravenciones de las disposiciones legales y reglamentarias son de competencia de la misma autoridad, conforme al procedimiento y sanciones consagrados en el Libro X del Código Sanitario.
Los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, en cuanto a la necesidad de legislar para certificar la calidad de los centros de larga estadía, como una forma, de velar y proteger a las personas mayores que ingresen a vivir en ellos, y otorgar a ellas y a sus familias mayor información respecto de la calidad de las prestaciones que las instituciones realizan.
Discutieron plenamente respecto de la posible inadmisibilidad del proyecto, toda vez que mediante su artículo único se atribuye al Senama una función ejecutiva; esto es, la de certificar la calidad de los centros de larga estadía -actualmente radicada en el Ministerio de Salud, a través de sus respectivas secretarías regionales ministeriales-, por lo que se trata de una función ya existente. Con ello se contraviene lo prescrito en el artículo 65 de la Constitución Política de la República, al otorgar a un servicio público, en este caso al Senama, atribuciones que son exclusivas del Presidente de la República , a quien le corresponde determinar las funciones y atribuciones de los servicios públicos, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de empresas del Estado.
Por otra parte, compartieron el espíritu del proyecto. Concordaron en que se hace necesario establecer un sistema nacional de categorización de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores (Eleam), mediante su certificación, porque coincidieron en que la supervisión y fiscalización efectuada por el Ministerio de Salud es insuficiente.
En tal sentido, con el propósito de salvar un eventual problema de inadmisibilidad, acordaron insertar la idea matriz de la iniciativa en el contexto de las funciones de supervigilancia que la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entrega actualmente a este organismo, acordando, vía indicación, que sean los establecimientos de larga estadía los que deban solicitar al Senama, -es decir, a solicitud de parte-, el cual solo certificará su calidad porque cumple con los requisitos, y en virtud de la facultad de supervigilancia que ya tiene por disposición de la letra f) del artículo 3° referido de la ley N° 19.828, todo ello teniendo presente que la autorización para funcionar previo cumplimiento de requisitos continúa radicada en el secretario regional ministerial de Salud correspondiente.
En tales términos, la Comisión concordó en que es la única forma de que se cumplan los propósitos de la ley que se propone, esto es, informar adecuadamente, tanto al propio adulto mayor como a sus familiares, sobre el tipo de centro donde se quiere ingresar, de modo que la certificación sea un autocontrol de la calidad del mismo.
Por lo anterior, la Comisión Especial del Adulto Mayor llama a la honorable Cámara a aprobar sin más trámite la iniciativa, que contó con el voto favorable de la unanimidad de sus integrantes presentes, diputados señores Juan Luis Castro , Marcos Espinosa , Cristián Letelier , Sergio Ojeda , diputada señora María Antonieta Saa y diputados señores David Sandoval ( Presidente ), Ernesto Silva y quien les habla, Leopoldo Pérez.
Es todo cuanto tengo que informar.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , estamos ante un proyecto que, cuando se convierta en ley de la república, significará un avance en el cuidado de los adultos mayores, quienes constituyen un porcentaje significativo en nuestra población. Hace veinte años, según el Censo realizado en 1992, ya constituían el 9,8 por ciento de la población. En el 2002, ese porcentaje aumentó a 11,4 por ciento; esto es, a 1.717.478 personas de más de sesenta años de edad. Sin duda alguna, los datos del Censo de 2012 dejarán en evidencia que su población aumento.
La utilización de centros de atención y cuidado de adultos mayores es más frecuente con el paso del tiempo. Antiguamente, hace treinta o cuarenta años, no era usual enviar a nuestros padres o abuelitos a esas casas de larga esta-día. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos visto que han florecido a lo largo del país centenares de sitios donde se deja a abuelitos, a adultos mayores, al cuidado de personas respecto de las cuales, muchas veces, no sabemos si tienen las capacidades técnicas o sicológicas para atenderlos.
Pese a esta realidad, no se había velado ni normado por la seguridad de todos estos chilenos y chilenas. Las cifras de maltrato a adultos mayores son abrumadoras. En el país, uno de cada tres es maltratado.
Como decía, en Chile existen establecimientos de larga estadía, pero esos centros carecen de control, de supervigilancia y de certificación que acredite el estado en que se encuentran nuestros abuelitos; es decir, no se sabe si las condiciones de vida a las cuales están expuestos son óptimas para cubrir todas y cada una de sus necesidades, y si se les otorga un trato digno como ellos se merecen.
Hace muchos años, la Unión Europea, al observar los problemas de la tercera edad, se preocupó de buscar estándares de calidad aplicables a su atención de larga duración, y de la necesidad de contar con un concepto de calidad aceptado por toda la Unión, lo que llevó a este bloque a promover el proyecto gestión de calidad, mediante indicadores orientados a resultados hacia una evaluación comparativa de los cuidados en las residenciales de personas mayores.
Señor Presidente , esta ley en proyecto garantizará a las familias de los adultos mayores, que queden al cuidado de estas casas de larga estadía, de que están técnicamente preparadas y capacitadas, y que cuentan con profesionales idóneos para brindar un buen trato a cada uno de los residentes.
Voy a apoyar este proyecto, porque es un avance. El cuidado de los adultos mayores es una tarea compleja, y respecto de esta materia se debe entregar tranquilidad a su familia y al país.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , este proyecto es uno de los tantos que la Comisión Especial del Adulto Mayor ha despachado durante su existencia. Por eso, creo que se justifica cada vez más su constitución. Incluso más, aprovechando la oportunidad, deseo expresar que se justifica también que esta Comisión se transforme en permanente, como lo hemos solicitado en repetidas ocasiones, debido a la relevancia que está adquiriendo en la actualidad éste grupo etario, que aumenta anualmente en forma creciente. Hoy, su población alcanza el 15 por ciento; es decir, tres millones y medio de chilenos y chilenas son mayores de sesenta años. Por tanto, se forma un nuevo grupo social al que el Estado debe dar mayor protección, relevancia y atención, de acuerdo con las nuevas necesidades que surgen.
Este proyecto está dirigido a otorgar la atención que corresponde a los adultos mayores que, por diferentes circunstancias, deben llegar a hogares de ancianos, a hogares de larga estadía, los cuales están muy bien constituidos, regulados y fiscalizados.
Sin embargo, aún falta una mayor regulación. La creación del Senama fue una idea brillante, de acuerdo con la necesidad del momento. No obstante, se han ido incorporando algunas situaciones nuevas al respecto. Es el caso de los establecimientos de larga estadía, respecto de los cuales existe un reglamento que indica que serán regulados por la secretaría regional ministerial de Salud correspondiente. Pero resulta que en la actualidad la regulación apunta al aspecto meramente sanitario; no existe una regulación integral respecto de la calidad de dichos establecimientos y de una serie de situaciones anexas. Hoy se habla de aspectos relativos a la autorización de instalación y funcionamiento, a fiscalización y control, a supervisión y autorización para modificar posteriormente la planta física, pero no sobre lo que estamos legislando. Gracias a los medios de comunicación, conocemos acerca de irregularidades y dramas existentes en hogares de acogida de personas mayores de sesenta años, muchas de las cuales viven en condiciones absolutamente precarias, que no se condicen con la dignidad en materia de tratamiento que deben recibir los adultos mayores. Hay reacciones de momento, pero no una atención integral. Por eso, hoy estamos reaccionando y buscando una solución ante situaciones anormales que se producen.
Por medio del proyecto se busca entregar mayores atribuciones al Senama, con el objeto de que pueda pronunciarse respecto del funcionamiento de esos hogares, en cuanto a calidad y eficiencia. Queremos que los familiares de los adultos mayores tengan conocimiento e información acerca de los hogares bien constituidos, serios, que dan confianza; que conozcan las características de estos y las atenciones que prestan a los adultos mayores.
Se ha planteado la posibilidad de que el proyecto sea inconstitucional, porque entrega atribuciones al Senama. Creo que no, porque estamos entregando a las personas el derecho de que soliciten al Senama una certificación de calidad. Para tal efecto, modificamos el artículo 3° de la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. En su letra f) establece que al Senama le corresponde prestar asistencia técnica y supervisar a organismos privados, con o sin fines de lucro, que brinden acogida y atención integral al adulto mayor que facilite su inserción a la sociedad. Para eso se propone la siguiente redacción: “Los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, administrados por organismos privados. con o sin fines de lucro, deberán solicitar que el Servicio certifique que cumplen con los requisitos que exige para su funcionamiento el reglamento respectivo, con la finalidad de entregar a los adultos mayores y sus familias mayor información respecto de la calidad de la prestación que estas instituciones realizan”. Es decir, los establecimientos de larga estadía para adultos mayores deberán solicitar certificación de calidad.
Estamos ante un buen proyecto, que fue bien analizado por la Comisión. Tenemos que tutelar y vigilar para prevenir irregularidades, como una forma de evitar que, de la noche a la mañana, revienten casos de maltrato y abandono, que después son denunciados por los medios de comunicación. Tenemos que establecer pautas de seriedad, de manera de entregar confianza y tranquilidad a los adultos mayores que llegan a los establecimientos de larga estadía, confianza y tranquilidad que debe extenderse a los familiares de esos adultos mayores.
En la Comisión contribuí al perfeccionamiento del proyecto de ley, que voté a favor. En tal virtud, pido a la Sala que haga su contribución y le dé su aprobación, toda vez que lo que se pretende es resguardar los intereses de los adultos mayores.
Sobre la materia tenemos mucha legislación dispersa. Por eso, pienso que ha llegado el momento de contar con un estatuto del adulto mayor, que otorgue un adecuado marco de protección a este grupo etario.
Por último, anuncio que concurriré con mi voto para la aprobación de esta moción parlamentaria.
He dicho.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , valoro el proyecto de ley en debate, que, sin duda alguna será aprobado por amplia mayoría.
Tal como señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, tenemos que encaminarnos hacia un estatuto del adulto mayor. La incorporación de un párrafo a la letra f) del artículo 3° de la ley N° 19.828, que faculta al Servicio para certificar los centros de larga estadía para adultos mayores, es un avance.
Pienso que todos los diputados, más de alguna vez, hemos recibido denuncias, mucha veces de familiares, sobre las condiciones francamente inhumanas de los centros de larga estadía para adultos mayores. Muchas de estas condiciones son difíciles de fiscalizar, sea porque cuesta verificarlas en terreno o porque no se denuncian.
De acuerdo con las estadísticas, nuestro país envejece a un ritmo alarmante. A esta realidad debemos anticiparnos con políticas públicas dirigidas a los adultos mayores, con acción en salud, previsión, centros de larga estadía, centros diurnos, todo para darles facilidades, protección y la cobertura que se merecen.
Un grupo de parlamentarios presentamos hace un tiempo un proyecto de reforma constitucional para establecer el derecho a una vejez digna. Esa debiera ser la línea central de una política integral para el adulto mayor: consagrar en la Constitución el derecho a una vejez digna, de manera que el Estado, a través de todos sus servicios, en cada una de las áreas competentes, adopte las medidas necesarias para dar efectiva protección a nuestros adultos mayores.
El último censo nos muestra un acelerado envejecimiento de nuestra población, incluso mayor de lo que pensábamos. La Región de Los Ríos, nuestra región, presenta índices alarmantes de envejecimiento. En efecto, las 12 comunas de la nueva Región de Los Ríos presentan un importante y creciente porcentaje de población de adultos mayores.
Así las cosas, repito que tenemos que encaminarnos hacia un estatuto del adulto mayor. Nuestra legislación, por ejemplo, contempla algunas medidas de protección, como la inembargabilidad del bien raíz que sirva de residencia principal al adulto mayor, la obligación de denunciar alguna agresión o maltrato a personas de la tercera edad, etcétera. Asimismo, hemos presentado proyectos de acuerdo y recomendaciones para que las cajas de compensación otorguen créditos regulados, de manera que los afiliados no queden amarrados de por vida, y muchas otras medidas.
El proyecto avanza en la línea correcta, toda vez que establece medidas concretas para que el Servicio fiscalice los centros de larga estadía para adultos mayores. Con todo, el Senama debiera convertirse en Subsecretaría o en una instancia administrativa mayor, única manera de contar con más personal y mayores herramientas para ejercer sus facultades de fiscalización. Muchos centros de larga estadía para adultos mayores se ubican en zonas rurales, en pequeñas poblaciones, en pequeños villorrios en relación con las ciudades principales, lo que dificulta su fiscalización. Muchas veces, el día de la fiscalización coincide con un buen trato a los ancianos. Por eso, dichos centros tienen que ser permanentemente fiscalizados.
Señor Presidente , en estos días vamos a reunirnos con el ministro de Desarrollo Social para impulsar, como política pública de largo plazo, proyectada en el tiempo, una fórmula para abordar a los adultos mayores, no como carga, sino como sujetos activos de la sociedad.
Aprovecho de felicitar al senador Tuma , que en el Senado lidera una reforma al actual sistema de pensiones. Parte de las reflexiones apuntan, entre otros aspectos, a determinar cómo el nivel de pensiones impacta en la capacidad autovalente de los adultos mayores, y cómo lograr un sistema que permita la autonomía de cada adulto mayor para que no tenga que terminar en un centro de larga estadía.
Necesitamos avanzar en materia de salud y mejorar la cobertura de los adultos mayores; debemos desarrollar directrices que permitan modificar las viviendas de los adultos mayores y -sobre todo cuando son de dos pisos- a sus necesidades y estado de salud, de manera que no ocurra que, por falta de movilidad, terminen sus días relegados a la última pieza o a la leñera.
También es importante -lamento la ausencia de algún representante del Ejecutivo o del Servicio Nacional del Adulto Mayor- impulsar el funcionamiento de centros diurnos. En las ciudades debieran existir espacios donde, durante el día, el adulto mayor pudiera recrearse y sociabilizar, tomarse un café, compartir con otros adultos mayores, leer, y no tener que estar todo el día metido en su casa.
En fin, son muchas las iniciativas que tenemos que impulsar, pero este es un pequeño paso que, como diputados debemos respaldar. Además, debemos adoptar el firme compromiso de tener una política nacional e integral para el adulto mayor que, no me cabe duda alguna, será aprobada por unanimidad.
Por eso anuncio mi voto favorable para el proyecto y que seguiremos avanzando en la protección y la garantía constitucional de una vejez digna para nuestros adultos mayores.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a los integrantes de la Comisión Especial del Adulto Mayor, diputados Ramón Barros , Cristián Letelier , Javier Macaya , Patricio Melero , Andrea Molina , Carlos Recondo , David Sandoval , Ernesto Silva , Mónica Zalaquett y Leopoldo Pérez, entre otros, quienes trabajaron y presentaron indicaciones -en la redacción de algunas de la cuales también participamos- para entregar mayor dignidad a nuestros adultos mayores, beneficio que también recibiremos nosotros y quienes son más jóvenes, para que, después de una vida de trabajo en favor del país, podamos disfrutar de una vejez digna y grata, sin temor al abandono en que hoy se encuentran miles de chilenos y chilenas que reciben pensiones miserables y que viven en condiciones inhumanas.
¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias que el conserje o la vecina de un departamento se dan cuenta de un fuerte olor que emana de la vivienda de un anciano, quien había fallecido hacía días, pero nadie se había dado cuenta? ¿Cuántas veces adultos mayores mueren calcinados en incendios porque las condiciones físicas o de salud no les permitieron escapar? Uno puede citar muchas situaciones como estas, que no son un ejemplo para decir que el país va creciendo con equidad.
La ley N° 19.828, que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en su artículo 3° dice: “El Servicio se encargará de proponer las políticas destinadas a lograr la integración familiar y social efectiva del adulto mayor y la solución de los problemas que lo afectan.
En especial, le corresponderán las siguientes funciones:
a) Estudiar y proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas que deban efectuarse para diagnosticar y contribuir a la solución de los problemas del adulto mayor, velar por su cumplimiento y evaluar su ejecución.
b) Proponer, impulsar, coordinar, hacer seguimientos y evaluar programas específicos para el adulto mayor que se realicen a través de la Administración del Estado.”. Y continúa entregando una serie de mandatos que debe concretar el Servicio.
Sin embargo, me referiré a lo establecido en el inciso primero: “El Servicio se encargará de proponer las políticas destinadas a lograr la integración familiar y social efectiva del adulto mayor…”
Señor Presidente , no tengo el ánimo de criticar al Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero el tema que contiene el proyecto que estamos discutiendo, que espero que se transforme en ley gracias a un respaldo unánime, debería ser una permanente preocupación de ese Servicio y no de los parlamentarios, quienes, por cierto, tenemos también la facultad de plantear estas proposiciones.
Soy miembro de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, pero durante estos cuatro años desde que soy diputado no he visto que el Servicio Nacional del Adulto Mayor haya planteado un programa o idea para, por ejemplo, construir condominios especiales para adultos mayores, como los que he visitado en Estados Unidos de América y España, donde el Estado o la empresa privada -lo que también señala la norma citada-, construyen estas viviendas destinadas a los adultos mayores, las que son financiadas a través de sus pensiones y aportes de ellos y de sus familiares. Además, esas construcciones cuentan con una red de servicios, como supermercados, pequeñas clínicas y un médico permanente, lo que permite que esos adultos mayores vivan en comunidad.
Tampoco veo que el Servicio Nacional del Adulto Mayor desarrolle políticas pensando en el futuro; su labor se basa en lo inmediato, en temas transitorios, como concursos para los adultos mayores, paseos, que son importantes; clases de gimnasia, etcétera. Al respecto, queremos que establezca políticas con sentido de país, como lo hace el proyecto en discusión. En ese sentido, hago un llamado a sus máximas autoridades para que generen políticas en las distintas áreas y en los diferentes ministerios para una mejor calidad de vida de los adultos mayores.
Respecto de los centros de larga estadía -en mi comuna existen dos centros cerrados-, debo señalar que algunas personas inescrupulosas arriendan una casa, la subdividen como en cuarenta habitaciones y empiezan a incorporar a adultos mayores, en su mayoría muy pobres, a quienes les exigen la entrega de un mandato para cobrar sus pensiones y, más encima, deben pagar un monto adicional. Las condiciones en que viven esos adultos mayores dejan mucho que desear. A pesar de que deben ser visitados por un técnico médico, a lo menos una vez a la semana, la mayoría de esas instituciones lo contratan prácticamente para ir a colocar la firma y así cumplir con la exigencia.
El proyecto va en la línea correcta, porque dispone que el Servicio Nacional de Adulto Mayor deberá certificar la calidad de esos centros que albergan adultos mayores, algunos de los cuales en la actualidad ni siquiera cuentan con un patio donde los ancianos puedan caminar o estirar sus piernas. Solo cuentan con pequeños livings donde los adultos mayores permanecen hacinados, sin otra posibilidad que mirarse entre ellos.
Existen algunas instituciones de índole religiosa o privada que señalan que no tienen fines de lucro; sin embargo, hacen todo lo contrario, ya que generan grandes utilidades, a pesar de que prestan un servicio muy precario. No obstante, existen otras instituciones de prestigio que se esfuerzan por entregar una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores.
Por eso, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión del Adulto Mayor por el trabajo realizado y por las iniciativas que han aportado, que han sido muchas en estos años. Sin embargo, reitero, veo un Servicio Nacional del Adulto Mayor ausente en la elaboración de grandes políticas.
En ese ámbito, quiero llamar la atención del Ministerio de Salud para que realice una mayor fiscalización en esta materia. Los municipios también debieran incorporarse en estas tareas, ya que entregan las patentes para que funcionen esos centros que albergan adultos mayores, con el objeto de que impidan que nuestros ancianos mueran o vivan en malas condiciones. No debemos olvidar que todos seremos algún día adultos mayores. Por lo tanto, no me queda más que agradecer el trabajo de la mencionada Comisión.
Asimismo, reitero mi llamado al Servicio Nacional del Adulto Mayor para que genere políticas de Estado de largo plazo que se transformen en hechos concretos a los efectos de darles dignidad a nuestros adultos mayores.
Por último, este proyecto debe aprobarse en forma unánime para lograr su concreción. Es necesario que exista una mayor fiscalización en los centros de larga estadía de adultos mayores, que no están cumpliendo las garantías como es debido.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , quienes pertenecemos a la Comisión Especial del Adulto Mayor creemos que iniciativas como esta logran hacer palpable la preocupación por ese grupo etario. Y aunque a lo mejor sean avances no muy significativos, se trata de instrumentos jurídicos que sirven para que los adultos mayores y sus familias tengan más garantías y facultades en el marco de nuestra legislación.
Debemos seguir avanzando en la creación de políticas claras, concretas y en la legislación relativa a los adultos mayores. Sin lugar a dudas, muchos de ellos aún requieren, por ejemplo, fuentes de trabajo. En este sentido, debemos incentivar a las empresas, al propio Estado y a los particulares a contratar adultos mayores. No podemos olvidar que cuando recorremos nuestros distritos, en mi caso las provincias de Melipilla y Talagante, con sus diez comunas, vemos cómo las pensiones exiguas que reciben los adultos mayores muchas veces no les permiten tener los medios materiales necesarios para desenvolverse en su vida diaria. Por eso, sin duda, encontrar una fuente de trabajo que les signifique otro ingreso les sería muy beneficioso.
Asimismo, es necesario fortalecer las políticas de turismo llevadas a cabo por las municipalidades, entes que hacen posible que los adultos mayores disfruten días de playa, ahora que está concluyendo la temporada estival, así como más momentos de recreación. En ese sentido, el Estado, el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Turismo, debe hacer ingentes esfuerzos para que los adultos mayores tengan más oportunidades de gozar una mejor vida.
En relación con los estudios, debo manifestar que el Senama hace esfuerzos para, por ejemplo, mantener el programa de Escuelas de Formación para Dirigentes de Organizaciones de Mayores. Las universidades, los centros de estudios superiores, deberían tener planes de estudio para que, junto con desarrollar su vida por la vía del trabajo y del turismo, los adultos mayores también puedan seguir perfeccionándose en esta etapa de la vida.
Nunca es tarde para estudiar. Insisto en que los centros de estudios superiores debe-rían tener espacios para que los adultos mayores puedan seguir cursos regulares de cualquier naturaleza.
Como organismo público, el Senama debería encargarse siempre de los adultos mayores y estar dotado de recursos para llevar a efecto programas que los beneficien, para solventar sobre todo los gastos que tienen sus organizaciones. Cuando uno los visita siempre manifiestan que no tienen sede social o que quieren una más confortable. Como en todas las cosas de la vida, y también en el servicio público, los recursos son exiguos. Con todo, ojalá que el Gobierno pueda dotar de mayores fondos al Senama para que este, a su vez, logre satisfacer las necesidades de los adultos mayores.
Este proyecto, que perfeccionamos y aprobamos en la Comisión Especial del Adulto Mayor, de alguna manera intenta protegerlo. ¿En qué sentido? En el sentido que, efectivamente, tanto los adultos mayores como sus familias puedan tener seguridad de la información que entregue el Senama en cuanto a la certificación que haga respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de los establecimientos de larga estadía. Es muy importante que el Servicio establezca que tales establecimientos cuentan con las condiciones exigidas para recibir al adulto mayor y darle una vida de confort.
Hicimos un esfuerzo en la redacción de la norma para que no resultara inconstitucional, pues se trataba de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . La disposición quedó redactada de tal manera que nos saltamos ese inconveniente, para así lograr que pudiera aprobarse de inmediato.
Por otro lado, en la Comisión nos percatamos de una situación lamentable: el Senado de la República no tiene una Comisión del Adulto Mayor, por lo que todos los proyectos despachados por esta Sala referidos a esta materia duermen largamente en la Cámara Alta.
Nos gustaría que los representantes de la Mesa de esta Corporación conversen con el Presidente del Senado , a los efectos de agilizar los proyectos que benefician directamente al adulto mayor y que han sido aprobados por nuestra Comisión Especial del Adulto Mayor y por este Hemiciclo, pero que duermen un largo sueño en el honorable Senado de la República. Por tal razón, es necesario llevar a cabo un esfuerzo adicional para seguir luchando y abogando no solamente por las políticas públicas sobre el adulto mayor, sino que también por la legislación, a objeto de que esta, de alguna manera, vaya estableciendo una institucionalidad en relación con este grupo etario. Es lo que intentamos hacer en la Comisión Especial del Adulto Mayor.
Agradezco las felicitaciones del diputado Velásquez. Estamos haciendo todo el esfuerzo por tener una legislación frondosa y protectora y, al mismo tiempo, por crear espacios para que el adulto mayor disfrute de una vida mejor. Esa es la idea de este proyecto. Por eso espero que se apruebe por unanimidad.
Desde luego, el diputado que habla -espero que mi bancada haga lo propio- dará su voto favorable a la iniciativa, a fin de que prontamente se convierta en ley de la república. Insisto en que me gustaría que el Senado de la república se ocupe pronto de ella.
Por lo expuesto, reitero nuestro voto positivo al proyecto de ley que nos ocupa.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- “El Gobierno debiera, el Gobierno debiera, el Gobierno debiera”. He escuchado las intervenciones de mis colegas y en todas han pronunciado la frase “el Gobierno debiera”. Por eso, me permito decir que a este proyecto le falta la obligatoriedad de la certificación. Entiendo que para evitar un problema de inadmisibilidad de la iniciativa los colegas dejaron la certificación como facultativa.
Quizás el Ejecutivo debiera enviar una indicación haciendo lo propio, incluyendo la expresión “debiera”, de modo de establecer que la actividad de que trata la norma, que es cada día mayor, sea regulada y certificada por el servicio público. Es lo que debe hacerse. Motivamos iniciativas de ley con nuestras intervenciones, pero es el Gobierno el que “debiera” subrayar el carácter obligatorio y no facultativo de la norma.
Por ello manifesté que esos establecimientos para los adultos mayores deben ser certificados por el Servicio Público. Para eso estamos creando mociones.
Conversé con el señor Secretario de la Corporación respecto de cómo podríamos hacer para que el Ejecutivo esté presente cuando se elaboren las mociones. La idea es que el contenido de estas no quede en el vacío, en la intención, pues con ello no logramos un efecto legislativo.
En el futuro cercano debemos propender -la Comisión de Régimen Interno tiene mucho que decir al respecto- que en las mociones también esté presente el Ejecutivo .
También quiero hacer una pequeña crítica constructiva.
Hay que tener mucho cuidado con lo que algunos colegas aquí señalaron. Se empleó la palabra “alarmante”. Se dijo que es “alarmante” el crecimiento del sector pasivo. Según el último censo, nuestro país tiene más de 3.000.000 de adultos mayores. ¿Eso es “alarmante”? ¿Por qué no decimos que habitamos un país especial donde se puede vivir más? Debemos dar gracias por el lugar que tenemos para vivir y no alarmarnos porque vivimos más. Créanme que a quienes tenemos años nos duele escuchar palabras que pueden ser hirientes para muchos de los que están observando el debate del proyecto a través del Canal de Televisión de la Cámara de Diputados.
La iniciativa es muy interesante, puesto que, tal como se señala entre sus fundamentos, las expectativas de vida de la población de adultos mayores del país va en franco aumento, de manera que urge la adopción de medidas que tengan por objeto la preocupación creciente por quienes integran ese sector etario, los que, felizmente -tal como lo he señalado-, han logrado llegar a una edad avanzada, la que queremos que vivan en forma digna, como es el propósito del proyecto sometido a nuestra consideración.
Los resultados del último censo arrojan un dato interesante: el número de adultos mayores del país sobrepasa, con largura, los 3 millones de personas. Los diputados que en forma habitual estamos al tanto de las realidades de nuestros distritos, sabemos que la calidad de los centros de larga estadía de adultos mayores o casas de reposo, como comúnmente se les denomina -materia sobre la cual se fundamenta la iniciativa- es un problema emergente.
En la actualidad, se lucra con ese tipo de establecimientos, puesto que quienes los administran se quedan con las pensiones de los adultos mayores internados en ellos para pagar los costos de su estadía. Por eso, cada día aumenta el interés por la instalación de centros de larga estadía, ya que para algunos constituye una actividad económica muy importante. En mi distrito conozco ejecutivos que se dedican a la instalación de casas de reposo o de larga estadía, muchos de los cuales no tienen una casa de ese tipo, sino varias.
Se requiere de un organismo del Estado que supervigile y que garantice la calidad de los centros de larga estadía de los adultos mayores, y qué mejor institución para efectuar esa labor que el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Sin embargo, el Senama no cumple con esa función, a pesar de que fue creado para preocuparse de la situación de los adultos mayores. Al respecto, me genera algunas interrogantes que ese organismo lleve a cabo algunas actividades que hacen más agradable la vida a las personas de la tercera edad, como la organización de paseos y de algunas fiestas, pero considero que también debería preocuparse del aspecto que planteé con anterioridad, pues se trata de un grupo de la sociedad que no crece de la misma forma como lo hace el resto, aspecto que debería ser tomado en cuenta.
Se debe evitar, so pretexto de la instalación de un centro de larga estadía de adultos mayores, que los que emprenden ese tipo de actividad lo hagan solo pensando en el lucro y que desatiendan el cuidado adecuado que deben recibir los adultos mayores que residen en él. Hay que evitar que se cometan abusos con las personas de la tercera edad, motivo por el que se debe garantizar que sean bien tratados y que reciban los cuidados que han motivado el que sean dejados al amparo de ese tipo de instituciones.
En consecuencia, quiero insistir en que en el proyecto en discusión se debió haber establecido la necesidad de legislar para certificar la calidad de los centros de larga estadía para proteger a las personas que ingresan a vivir en ellos. El Gobierno debería preocuparse de ese aspecto, pero como se trata de un proyecto iniciado en moción, no se encuentra en la Sala ningún representante del Ejecutivo a quien formular esa solicitud.
Si bien votaré a favor la iniciativa, quiero señalar que estimé necesario plantear las inquietudes que han surgido a partir de las intervenciones hechas en la Sala. No es alarmante que hoy las personas vivan más, sino que lo considero un motivo de felicidad.
Por último, insisto en que al proyecto le faltó dejar preceptuado lo que el gobierno debería hacer en relación con esta materia.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , me alegra escuchar a los colegas plantear lo que todos queremos: legislar en favor de los adultos mayores. Sin embargo, creo que las propuestas que se deben hacer en ese sentido deben ser aun más interesantes.
Me pregunto cuántas de las diputadas y cuántos de los diputados presentes en la Sala han recorrido los nuevos centros de larga estadía de adultos mayores ubicados en sus distritos. En mi caso, tuve la oportunidad de estar en los de las comunas de Cunco y Loncoche , los que son realmente maravillosos. Esos centros cuentan con piezas para uno, dos y cuatro adultos mayores, con sus respectivos baños, instalaciones de enfermería y salones de ejercicio con personal a cargo. Cuando uno ve esas maravillas se pregunta si lo que se debe certificar es la calidad de esos centros u otros aspectos. Esa es la respuesta que nos gustaría escuchar de parte de las propias personas de la tercera edad, en cuanto a si lo que se debe certificar es la calidad de las camas, de los baños, de la infraestructura en general de los centros de larga estadía o tal vez otra cosa mucho más importante, como la elección del personal a su cuidado, porque en muchos casos es allí donde radica el verdadero problema.
Planteo esa consulta porque en los centros de Cunco y Loncoche vi que el personal era espectacular, gente elegida con pinzas, que trataba a los adultos mayores con amor, con cariño, como los kinesiólogos y todos los que trabajan con los adultos mayores.
En cuanto a otras innovaciones en su favor, hay un programa de gobierno para los enfermos postrados que se quedan en sus casas para recibir los cuidados respectivos de parte de su familia o de otras personas, a los que se otorga una ayuda de 25 mil pesos, en circunstancias de que los centros abiertos cuya administración ha sido traspasada a las municipalidades reciben entre 400 y 600 mil pesos por adulto mayor. Por lo tanto, se debe estudiar qué hay que hacer para evitar que se produzcan esas diferencias.
Por ejemplo, con los diputados señores Germán Verdugo y Alberto Cardemil analizamos que se podían llevar a cabo iniciativas mucho más innovadoras, como el otorgamiento de un subsidio para la ampliación de las viviendas de los adultos mayores postrados que deciden permanecer en ellas para recibir los debidos cuidados de parte de amigos o familiares, con el objeto de que puedan construir o ampliar, por ejemplo, dependencias como piezas y baños, cuya calidad también debería ser objeto de un proceso de certificación, al igual como ocurre en el caso de los centros de larga estadía de adultos mayores. Lo planteo porque la implementación de ese tipo de ayuda es mucho más fácil que lo que lo que se propone en este proyecto.
Los parámetros establecidos por el gobierno para los centros de larga estadía de adultos mayores que han sido traspasados a las municipalidades son los que se debe exigir a los particulares que instalan casas de acogida para las personas de la tercera edad.
Luego de ver algunos reportajes y noticias sobre situaciones de abandono y de falta de cuidado hacia los adultos mayores que se producen en algunos hogares para su cuidado, la pregunta que uno siempre se hace es si quienes los administran tienen un mínimo sentido de vocación de servicio, porque el 80 o el 90 por ciento de los centros que hoy están dedicados a la larga estadía del adulto mayor son negocios, a cuyos dueños lo único que les interesa es el dinero, no cuidar a las personas de avanzada edad a su cargo. De hecho, hemos visto casos de abusos que son tremendamente preocupantes.
En consecuencia, en todos los centros de larga estadía de adultos mayores debería haber instaladas cámaras de vigilancia, con el objeto de efectuar la debida fiscalización. Asimismo, cualquiera que sea el gobierno que dirija los destinos de nuestra patria debe contar con fiscalizadores para una misión tan importante como es la de cuidar a nuestros adultos mayores. Lo que es peor, hay adultos mayores internados en esos centros que están absolutamente indefensos, que no tienen quién los proteja y que quedan abandonados a su suerte.
Cuando uno ve las tremendas injusticias que se cometen con los adultos mayores, en realidad le aprieta el corazón, porque estamos hablando de nuestros antepasados, de la gente gracias a la cual hoy estamos gozando a partir de lo que hizo por el país. Por lo tanto, fuera de las casas de acogida y de lo que pueden hacer los hogares particulares, el Estado tiene la obligación de dar mejores condiciones de vida a los adultos mayores.
Felizmente, las cosas en algo han cambiado. Se debe recordar que en el pasado las personas que cumplían 65 años de edad no eran objeto de crédito ni tenían derecho a abrir una cuenta bancaria; no tenían derecho a nada. En la actualidad, las cajas de compensación, entre otras cosas, organizan viajes para las personas de la tercera edad, lo que les permite tener una vida prácticamente normal y conservar su vitalidad, gracias a lo cual se transforman en una carga menos para el país.
Por lo tanto, cuando a los particulares se les otorgan los permisos respectivos para que se puedan instalar con una casa de acogida, deberían exigirse los mismos requisitos que el Estado ha establecido para las casas de acogida que han sido traspasadas a las municipalidades.
No me canso de alabar al personal que labora en los centros de acogida de larga esta-día de adultos mayores en las comunas de Loncoche y Cunco, porque es gente que tiene vocación de servicio, que realmente se preocupa de las personas a su cargo, que las mantiene limpias, que les da de comer, que las ayuda a hacer sus ejercicios. En definitiva, se trata de gente que justifica que esos centros sigan funcionando en esas condiciones.
Sobre la materia se puede hablar todo lo que se quiera y se pueden proponer todo tipo de iniciativas. Sin embargo, la pregunta que uno se debe hacer es si el proyecto en discusión contempla el número de fiscalizadores que se requieren para que se cumpla con las condiciones que queremos.
Es indudable que apoyaremos el proyecto, porque estamos todos de acuerdo en cuanto a que lo que propone se transforme en realidad, pero también queremos que sus disposiciones funcionen y no sean letra muerta. Todos mis colegas quieren lo mejor para el adulto mayor; hoy ha llegado el momento de demostrar que eso puede ser realidad.
El diputado Jaramillo señaló que falta el certificado de calidad. Si se establece que el Servicio “podrá” certificar la calidad de esos centros, ese solo detalle podría provocar que esta futura ley se convierta en letra muerta y no contribuya a que contemos con los servicios de calidad que queremos para los adultos mayores.
Por lo tanto, propongo que prorroguemos la votación de este proyecto para el próximo martes y pidamos el patrocinio del Ejecutivo , a fin de que presente una indicación que permita incorporar una norma que establezca que el Estado “deberá” certificar la calidad de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. A lo mejor, dos o tres días que esperemos pueden hacer la diferencia entre que este proyecto tenga validez o que sea letra muerta. Lo propongo porque precisamente ese aspecto es el que da el nombre a la iniciativa: “Proyecto de ley sobre certificación de la calidad de los centros de larga estadía de adultos mayores para su funcionamiento”. Sin embargo, el proyecto no dispone que se certifique como lo estamos pidiendo.
Por ello, señor Presidente , solicito que recabe el acuerdo de la Sala -si es que estamos en condiciones de hacerlo- para prorrogar la votación y pedir al Ejecutivo el patrocinio correspondiente, a fin de que, mediante indicación, esta futura ley establezca que el Estado “deberá” certificar dichos centros. Si dice que “podrá” certificar, se convertirá en letra muerta y no tendrá la incidencia y los efectos que queremos.
Espero que se acoja la petición que he formulado. No obstante, si no hay otra alternativa, anuncio que Renovación Nacional votará a favor el proyecto, porque creo que constituye un avance hacia las condiciones de calidad en que deben ser atendidos los adultos mayores en todo el país. Espero que se tome conciencia de lo que son y de lo que representan esas personas que hoy tienen canas y por quienes sentimos un profundo respeto: los adultos mayores.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , en la línea de lo expresado por el diputado García , debo señalar que he visitado centros de larga estadía y he constatado que tenemos un compromiso pendiente con esas instituciones. En ese sentido, con el diputado Ulloa hemos pedido que el Serviu de la Región del Biobío termine la construcción de un centro de larga estadía en la comuna de Hualpén. Las obras tienen un 90 por ciento de avance, pero hace meses que no se termina de construir el 10 por ciento restante. Sesenta adultos mayores de la comuna de Hualpén, en el sector de Críspulo Gándara, ven ese enorme edificio, pero lamentablemente no lo pueden utilizar. Se trata de un centro muy necesario y urgente para los adultos mayores de la provincia de Concepción, particularmente de la comuna de Hualpén, que pertenece al distrito que represento.
Si bien es cierto que el proyecto entrega una nueva facultad al Servicio Nacional del Adulto Mayor, en orden a que certifique el cumplimiento de los requisitos para que funcionen los centros de larga estadía, cabe advertir que para ese propósito no hay presupuesto. Es lamentable, porque mediante esta iniciativa estamos entregando una facultad. Por ejemplo, en la Región del Biobío, la coordinadora regional del Senama señora Lucy Amenábar hace grandes esfuerzos, pero, lamentablemente, con un presupuesto decadente. Los funcionarios de ese organismo no cuentan con automóvil para desplazarse y deben ir a los centros rurales a ver a los adultos mayores en muy precarias condiciones. Tampoco cuentan con el número adecuado de profesionales; la planta es muy reducida.
Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Queremos que se certifiquen los centros de larga estadía, pero no se cuenta ni siquiera con el número de profesionales que merece un servicio tan importante como el Senama, que atiende a los adultos mayores de la Región del Biobío, en las comunas de Talcahuano y Hualpén. La verdad es que no tenemos gente en el Senama. En efecto, se ha sacado personal de otras reparticiones para formar ese servicio, que al día de hoy dispone de un presupuesto realmente miserable. Lo hemos constatado en la Comisión Especial del Adulto Mayor, de la que formo parte, y lo hemos hecho presente: el presupuesto, para atender a la población de adultos mayores, tiene que aumentar de manera considerable, cosa que no ha ocurrido.
El espíritu del proyecto es lograr que los centros de larga estadía para adultos mayores cumplan con los requisitos para su funcionamiento, pero para ello se debe contar con el recurso humano necesario, el cual no existe. Además, como la certificación no será obligatoria, esta futura ley será letra muerta. Esperamos que eso no ocurra. Para evitarlo, es necesario que el Gobierno destine recursos para mejorar las plantas de las distintas reparticiones regionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor. En ese sentido, esta Corporación debería oficiar al Ejecutivo , a fin de solicitarle que, dado que los parlamentarios vamos a aprobar este proyecto, asuma el compromiso de asignar los recursos que se requieren para su implementación, pues tiene facultad para ello; los parlamentarios no la tenemos.
Si bien vamos a aprobar el proyecto, es importante dejar estipulado que en algunos aspectos será letra muerta.
Termino haciendo presente que en la Comisión del Adulto Mayor han sido muchas las materias legislativas que se han aprobado en el último año. Lamentablemente, en el Senado no hemos encontrado el eco necesario para que continúen su trámite legislativo. Muchos proyectos que se aprobaron en la Cámara lamentablemente descansan desde hace mucho tiempo en los laureles del Senado, pues no tiene una comisión especial del adulto mayor. No obstante, la Comisión de Familia del Senado debería priorizar esos proyectos.
En ese sentido, adhiero a las palabras de los diputados que han planteado que es urgente que el Presidente de esta Corporación converse con su par del Senado para que se incorpore en la agenda legislativa de dicha cámara la tramitación final de esas iniciativas. Por ejemplo, el proyecto sobre inembargabilidad de los bienes raíces de los adultos mayores, que hemos difundido y que los adultos mayores esperan, está durmiendo en el Senado.
Anuncio que vamos a apoyar el proyecto, porque va en beneficio de los adultos mayores, aunque sin el presupuesto adecuado, sin un peso adicional para la institución y sin que establezca una certificación obligatoria, como me recuerda el diputado Jaramillo .
Espero que no tengamos que seguir viviendo situaciones como la descrita. Vamos a aprobar este proyecto de ley, pero, como nos ha señalado la experiencia durante los últimos dos años, creemos que va a quedar estancado en el Senado. Esperamos que eso se subsane.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea)- Señor Presidente , estoy absolutamente de acuerdo con las observaciones del diputado Cristián Campos respecto del proyecto. No es posible que no establezca una certificación obligatoria; no es posible que no se le destine presupuesto, no es posible que sigamos haciendo proyectos de ley que no tengan ningún sentido, que definitivamente sean letra muerta.
Soy parte de la Comisión Especial del Adulto Mayor y lógicamente estamos muy preocupados. Hemos elaborado proyectos muy interesantes, en los que hemos trabajado en forma transversal, sin diferencias políticas.
Todos vamos a envejecer. Por eso, también hay una mirada de preocupación sobre cómo llegaremos a adultos mayores. ¿Qué pasa con los geriatras? ¿Tienen cabida en los hospitales? ¿Existe un departamento de geriatría que permita a las personas después de los 50 años de edad empezar a preocuparse de cómo llegar a la vejez en forma adecuada? La idea es que cada día haya menos adultos mayores enfermos. Las enfermedades se originan porque estos no fueron capaces de llevar una vida sana, de preocuparse de recibir una buena alimentación, de hacer deportes. Hay muchos factores involucrados, lo cual concierne, entre otros, al Ministerio de Salud.
Vamos a aprobar el proyecto; no obstante, el tema tiene que ver con que no podemos seguir elaborando proyectos de ley que finalmente descansen en un escritorio bajo cuatro, cinco, diez, cien llaves y que el Senado no los considere. Esa es una realidad. No podemos seguir trabajando en forma separada, porque así las cosas no van a salir como corresponden. Esa es la razón por la cual la gente reclama, sobre todo nuestros adultos mayores, quienes están esperando respuestas concretas.
Por eso, como diputada de la UDI, pido a los ministros de Hacienda y a todos los que corresponda que “se pongan las pilas” con los adultos mayores y que se entreguen los recursos que sean necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos, porque no solo se necesita una certificación y los recursos para su implementación, sino también fiscalización. Ahí las autoridades de Salud tienen mucho que decir. No existe fiscalización. Conozco el tema, porque vengo desde hace muchos años siguiendo los lugares de hospedaje que existen para adultos mayores. Es más, como consecuencia de denuncias aparecidas en el programa Hola Andrea, se cerraron muchos lugares en los cuales lo único que se hacía era aprovecharse de los adultos mayores y donde había familiares que dejaban botados a sus padres, les quitaban sus bienes y, al final, eran violentados física y sicológicamente. Los reportajes que han salido en la televisión hablan por sí solos.
Sin duda alguna, se necesita que esto haga eco donde corresponde. Tenemos un ministro de Hacienda y un Presidente de la República que le han dado énfasis a la rebaja del 7 por ciento en las pensiones. ¿Qué pasa hoy con los centros de larga estadía? ¿Podemos tenerlos como corresponde? ¿Va a haber una fiscalización de parte del Ministerio de Salud? Son preguntas que hasta hoy no han tenido respuesta.
Por eso, espero que, a través de la Comisión del Adulto Mayor, se realice una reunión con las más altas autoridades gubernamentales para lograr resultados y respuestas concretas.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra han expresado distintas argumentaciones sobre el tema de los adultos mayores, específicamente en lo que respecta a la certificación de la calidad de los centros de larga estadía y su funcionamiento, como se establece en el proyecto en debate.
La seguridad necesaria para contar con los espacios y el cuidado para los adultos mayores están contenidos en el decreto ley del Ministerio de Salud de 2010. Efectivamente, existen decretos emitidos por el Ministerio de Salud para fiscalizar los lugares destinados al cuidado de los adultos mayores y para tomar medidas respecto de aquellos que no cubran las necesidades básicas que necesita el cuidado de los adultos mayores.
Entonces, de alguna manera, el marco de seguridad se encuentra establecido y el proyecto apunta a reforzar la supervisión y fiscalización legal para los establecimientos destinados al cuidado de las personas mayores valentes, semivalentes y postrados. Repito, existen las normas legales suficientes que permiten que el Estado actúe. Por tanto, habría que preguntarse qué falta y por qué no se aplica adecuadamente la fiscalización y certificación de estos lugares. ¿No será que en esto, como en la educación y la salud, el Estado de Chile debe garantizar de una vez por todas las instancias necesarias para el cuidado de los adultos mayores?
Creo que se necesita una discusión política sobre el tema de fondo y una mirada país respecto de esta materia que es profundamente política, ya que tiene que ver con implementar las reformas necesarias para avanzar en igualdad de condiciones para todos.
La diputada Andrea Molina argumentó en forma vehemente al respecto, pero también hay que ver cómo podemos ser capaces de llegar a acuerdos políticos que garanticen en forma efectiva a los pobres de Chile una vejez digna en cuanto a los cuidados que deben tener. Como decía el diputado René Manuel García , aquí hay diferencias abismantes. Chile está lleno de senior suites. Se trata de un servicio fantástico para las personas que pueden pagarlo, pero debemos pensar en qué pasa con los adultos mayores que no tienen una pensión suficiente para garantizar el servicio digno y de calidad que ellos se merecen. Ese es el tema de fondo.
Por lo anterior, el proyecto no es suficiente, ya que se necesitan recursos para contar con la infraestructura necesaria y lugares amables para el cuidado de nuestros adultos mayores. Y es el Estado el que tiene que garantizar estos espacios. La discusión y los acuerdos políticos deben estar encaminados a concordar una mayor presencia del Estado en la administración de estos centros de adultos mayores para garantizar la misma calidad para los más pobres. No nos demos más vueltas sobre lo mismo, porque lo único que logramos con eso es pisarnos la cola.
¿De qué estamos hablando? ¿Estamos trabajando en ficción? No, queremos trabajar con políticas públicas reales. Como decía el diputado René Manuel García , entre las senior suites y la Fundación Las Rosas existen diferencias abismantes. Esa simetría es la que duele y avergüenza. Por eso, el proyecto es insuficiente.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado don Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , quiero valorar el proyecto, pues se preocupa de certificar los hogares donde nuestros adultos mayores deben pasar sus últimos días. Con todo, deseo hacer algunos aportes, porque, lamentablemente, muchas de estas acciones requieren recursos y nosotros no tenemos facultad para ese tipo de iniciativas, salvo a través de la presentación de un proyecto de acuerdo para buscar el patrocinio del Ejecutivo.
La certificación de calidad es una necesidad. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto. No obstante, es muy importante que se tomen algunas medidas para la implementación de leyes, por ejemplo, la retrocompra, lo cual significa que un adulto mayor que a través de los años, ya sea junto a su compañero esposo, o pareja, o solo, ha logrado tener un bien raíz donde vive, pueda contar con el canal respectivo para hipotecar su propiedad con el compromiso de venta y retrocompra para que, de esa manera no pierda la independencia. De esa manera, el adulto mayor podrá hacer uso de su legítimo ahorro logrado con su esfuerzo. Creo que este sistema puede ayudar a muchos adultos mayores de clase media, quienes son los que peor la pasan cuando sus familias no los pueden o no los quieren cuidar y deben ir a estos hogares.
En segundo lugar, comparto plenamente lo expresado por el diputado René Manuel García , en el sentido de que es importante avanzar en la creación de más subsidios para ampliar casas. De este modo, los adultos mayores podrán vivir en familia y sentir ese apoyo, porque es una responsabilidad de todas las familias en Chile dar atención y cuidado al adulto mayor. No se trata solo de disfrutar de su compañía mientras están en buenas condiciones para que luego otros, o el Estado, se hagan cargo de él. Por lo tanto, el incentivo de hacerlo vivir en compañía y que disponga de un espacio propio a través de la edificación de una habitación contigua o en algún lugar del patio de la casa, también debe ser desarrollado.
Tiempo atrás, un grupo de parlamentarios de los más diversos sectores, presentamos un proyecto de acuerdo para incentivar, a través de un subsidio entregado por el Estado, el hecho de que un familiar se pueda hacer cargo del cuidado del adulto mayor, para lo cual debería renunciar a su trabajo.
Tenemos que pensar en que todos algún día formaremos parte del grupo de los adultos mayores y, obviamente, quien no se preocupa de ellos no está trabajando para tener una mejor sociedad.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , el proyecto que estamos conociendo, en primer trámite constitucional, constituye, en mi opinión, un avance en la línea de tener una institucionalidad más eficaz en este ámbito.
En diversas oportunidades nos hemos referido en esta Sala a la urgencia de avanzar con mayor celeridad en la fiscalización, pero con resultados efectivos, pues quienes conocemos su realidad y nos hemos involucrado con acciones e iniciativas concretas, es uno de los mayores déficits.
La realidad muestra la existencia de una diversidad de centros de larga estadía en condiciones muy disímiles, porque si bien hemos avanzado, la reglamentación legal existente es escasa y, por ende, dificulta y derechamente impide mayores regulaciones, con el agravante que, tal como lo dice el informe, es un terreno fértil para abusos y prácticas vejatorias de quienes han visto en este tipo de actividad no un servicio, sino una fuente de ingresos económicos. Produce indignación cuando nos enteramos de la existencia de abusos. Pero esos son casos extremos, acumulativos, que en algún momento adquieren notoriedad y alarma pública, pero que pasado su impacto, éste conti-núa entregado a la conciencia y responsabilidad de los sostenedores.
El Senama fue producto de una política pública relevante, pero la práctica revela que requiere de ajustes necesarios para ofrecer un servicio de calidad vía la certificación correspondiente. La serie de requisitos que la normativa establece no será efectiva si el país carece de la institucionalidad que lo haga exigible, no solo con el propósito de entregar información, de por sí valiosa y esencial, sino también para accionar respecto de su continuidad y también como antecedente esencial para efectos de creación de futuros centros.
Me parece que la iniciativa va en la dirección del fortalecimiento de la facultad de supervigilancia que ya tiene por disposición de la letra f) del artículo 3°, de la ley N° 19.828, pero debe ser el fundamento para la autorización correspondiente que otorga el secretario regional ministerial de salud, de manera se hacer efectiva y prácticas las disposiciones.
Señor Presidente , todo lo que apunte a garantizar la calidad y dignidad de los adultos mayores que concurren a estos centros y que es cada vez más recurrente, es prioritario y, es más, me atrevería a decir que es imperioso avanzar hacia una verdadera política de estado en la materia.
En consecuencia, señor Presidente, por las consideraciones señaladas, votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Corresponde votar en general el proyecto sobre certificación de la calidad de los centros de larga estadía de adultos mayores para su funcionamiento.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Núñez
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , mi voto no fue consignado en la votación.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Se agregarán los votos de la diputada María Antonieta Saa y de los diputados Guillermo Teillier, Marcelo Díaz, Hugo Gutiérrez, René Saffirio, Giovanni Calderón y Gaspar Rivas.
Despachado el proyecto.
ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA ESTUDIANTES QUE INGRESEN A ESTUDIAR PEDAGOGÍA. Primer trámite constitucional.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece requisitos mínimos para los estudiantes que ingresen a estudiar pedagogía.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación es el señor Germán Verdugo.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 8449-04, sesión 56ª, en 17 de julio de 2012. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, sesión 126ª, en 15 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 6
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor VERDUGO (de pie).- Señor Presidente , honorable Sala, en representación de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que establece requisitos mínimos para los estudiantes que ingresen a estudiar pedagogía, iniciado en moción de las diputadas señoras María José Hoffmann y Cristina Girardi , y de los diputados señores Germán Becker , Sergio Bobadilla , Romilio Gutiérrez, José Antonio Kast , Manuel Monsalve , Manuel Rojas , Mario Venegas y Germán Verdugo.
La idea matriz o central del proyecto es lograr que ingresen a estudiar pedagogía los mejores estudiantes, para lo cual se establecen ciertos requisitos mínimos: haber rendido la Prueba de Selección Universitaria, haber obtenido un puntaje igual o superior a 550 puntos, en la forma progresiva que se explicará, y haber aprobado una prueba de selección especial.
Los autores de la moción señalan que uno de los compromisos fundamentales del gobierno y de los parlamentarios es mejorar la calidad y la equidad de la educación de nuestro país, a través de una serie de medidas, entre las cuales se cuenta la presentación de este proyecto de ley, cuyo objetivo central es mejorar la excelencia profesional docente y tener una educación de calidad en todos los niveles y para todos los chilenos.
Hacen presente que los países que tienen una educación de calidad, tales como Finlandia, Singapur y Corea del Sur, seleccionan a sus estudiantes de pedagogía estableciendo como requisito que estén, por lo menos, dentro del 30 por ciento de los estudiantes con mejores resultados, propuesta que ha sido planteada en nuestro país, incluso, por el Panel de Expertos para una Educación de Calidad. Sin embargo, es posible observar que sucede lo contrario, habida consideración de que ingresan a esta carrera los estudiantes con menor rendimiento en la Prueba de Selección Universitaria e, incluso, estudiantes que no la rindieron, lo que es preocupante por la calidad de los docentes que se están formando. Esto se refleja en los datos publicados por el Servicio de Información de Educación Superior contenidos en el informe puesto a vuestra disposición y revela la importante brecha existente entre el puntaje mínimo de ingreso a la carrera de pedagogía y el exigido para ingresar a otras carreras.
Se estima que obtener 500 puntos en la Prueba de Selección Universitaria no constituye un requisito inalcanzable o excluyente, en cuanto significa haber contestado en forma correcta solo un 30 por ciento de las preguntas y haber respondido correctamente 26 de 75 preguntas en la prueba de Lenguaje y Comunicación.
En el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de numerosas autoridades y representantes de diversas instituciones, la mayoría de los cuales se manifestaron a favor de la misma: el rector de la Universidad de Santiago de Chile, señor Juan Manuel Zolezzi ; el director ejecutivo de la Fundación Elige Educar, el coordinador de Educación 2020, la directora de Políticas de Educación 2020 , el ministro de Educación , señor Harald Beyer , y otros personajes interesados en el mejoramiento de la calidad de la educación.
En cuanto a su contenido, el Artículo Único del proyecto de ley establece que podrán acceder a matricularse en las carreras de pedagogía, impartidas por cualquier institución de educación superior, aquellos alumnos que cumplan obligatoriamente con los tres requisitos siguientes:
1) Haber rendido la Prueba de Selección Universitaria o su equivalente.
2) Haber obtenido un puntaje igual o superior a los 550 puntos en la Prueba de Selección Universitaria o su equivalente.
3) Haber aprobado una prueba de selección especial, que medirá si el futuro profesional de la educación tiene las aptitudes y competencias necesarias para cursar estudios de pedagogía.
Esta prueba se aplicará en base a un reglamento elaborado por el Ministerio de Educación.
Sin perjuicio de estos requisitos, podrán acceder a matricularse aquellos alumnos que, sin haber obtenido el puntaje señalado precedentemente, se encuentren dentro del 15 por ciento superior de los egresados de su generación. De esta forma, se incorpora el concepto del ranking.
Finalmente, el Artículo Transitorio del proyecto dispone que durante el primer año de vigencia de la presente ley, el puntaje requerido será de 510 puntos, durante el segundo año, de 525 puntos, hasta llegar a los 550 puntos el tercer año.
Cabe destacar que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación, tanto en general como en particular, hecho que demuestra que sus integrantes, transversalmente, están conscientes del grave problema que representa para la educación chilena y para el futuro de nuestra juventud el bajo nivel de preparación de nuestros profesores. Las universidades, con escasas excepciones, han convertido la carrera de pedagogía en un lucrativo negocio, sin importarles para nada que los profesionales que egresan de sus aulas hayan reprobado en porcentajes alarmantes la prueba de evaluación Inicia de 2011.
Así, los resultados de 2011 muestran que dicha prueba fue rendida por 3.271 egresados de pedagogía de 49 instituciones de educación superior. En la Prueba de Conocimientos Disciplinarios de Educación Básica, que mide conocimientos en lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, el 69 por ciento de los egresados (1.074) tuvo un nivel de desempeño insuficiente; el 2 por ciento, un nivel de desempeño sobresaliente y el 29 por ciento, un nivel aceptable. De un total de 25 instituciones de educación superior, con más de 20 alumnos que la rindieron, el 50 por ciento de los egresados de 21 de ellas presentó un nivel insuficiente. Si observamos lo que ocurre en las instituciones de educación superior en las que rindieron la prueba 20 o menos evaluados, nos encontramos con que el 50 por ciento de los egresados de 11 instituciones presentan un nivel insuficiente.
En la Prueba de Conocimientos Pedagógicos de Educación Básica, el 50 por ciento de los egresados (723), presentó un nivel de desempeño aceptable; el 8 por ciento (116), un nivel de desempeño sobresaliente, y el 42 por ciento (597), un nivel de desempeño insuficiente.
La situación de los egresados de Educación de Párvulos también es motivo de preocupación. Después de rendir la Prueba de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos, el porcentaje de respuestas correctas fue de 54 por ciento, obteniendo mejores resultados en la dimensión pedagógica que en la disciplinaria.
En la Prueba de Habilidades de Comunicación Escrita, el 63 por ciento de los egresados de Educación Parvularia y Básica no logró un nivel adecuado en estas habilidades, puesto que solo el 4 por ciento de los evaluados obtuvo un nivel adecuado en ortografía, mientras que el 97 por ciento de ellos logró estructurar adecuadamente un texto.
Por otra parte, el 58 por ciento de los egresados de Educación Básica y Educación Parvularia tiene habilidades tecnológicas de la información y comunicación, con un nivel de desempeño aceptable, y el 42 por ciento tiene habilidades TICs, con un nivel de desempeño insuficiente.
Estos antecedentes demuestran claramente que los futuros profesores no conocen las materias que tienen que enseñar y que las universidades y los institutos profesionales que los están formando no les están entregando las herramientas adecuadas.
Además, se hace imprescindible establecer la prueba Inicia como obligatoria y habilitante para ejercer la docencia; de lo contrario, estaremos condenando a las futuras generaciones a recibir una educación impartida, en gran medida, por docentes que no cuentan con la preparación necesaria.
La aprobación de este proyecto de ley abre el camino a reformas más profundas que deberán implementarse en el corto plazo.
En consecuencia, solicito a la honorable Sala que preste su aprobación al proyecto de ley que se propone en el informe.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , ya se ha descrito en detalle este proyecto que, por lo demás, es bastante sencillo y de fácil comprensión. Quiero aportar algunos antecedentes para que nuestros distinguidos colegas nos puedan apoyar con su voto favorable.
Tal vez, no me equivoco si sostengo que uno de los desafíos más importantes que hoy tiene nuestra sociedad es mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. En este aspecto hay un consenso muy amplio, pero donde surgen las diferencias es en torno a cuál es el camino a seguir, de qué manera alcanzamos ese objetivo.
La bibliografía existente y el trabajo de los investigadores tanto de Chile como del resto del mundo no muestran mayores diferencias, pues todos señalan que es esencial para mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes el rol que cumple el profesor. La calidad de los profesionales de la educación está directamente relacionada con los resultados que obtienen sus alumnos.
Sin embargo, esto no se condice con la desregulación que ha tenido la formación de profesores en nuestro país. Al respecto, solo voy a dar un par de datos ilustrativos.
Las carreras de pedagogía han tenido una expansión desproporcionada en nuestro país. Entre 2000 y 2011 los programas de pedagogía ofrecidos por las más diversas instituciones de educación superior aumentaron de 249 a 897 y ¡ojo! los alumnos aumentaron de 35 mil a 106 mil.
¿Cuál es la capacidad que tiene nuestro sistema educacional para el recambio, para la absorción de esos profesionales que supuestamente se están formando? Entre 8 y 10 mil docentes por año. Por lo tanto, claramente, aquí hay una expansión desproporcionada y sin regulación.
Existe consenso en esta materia y así lo manifestaron en la Comisión, entre otros, los representantes del programa Educación 2020, así como también miembros del Consejo Nacional de Decanos de Educación-Cruch y del Consejo de Rectores. Todos, al analizar este proyecto, sostienen que es una iniciativa que va en la dirección correcta, puesto que exige requisitos mínimos a aquellos alumnos que quieran abrazar esta noble profesión, que para algunos más que una profesión es una vocación.
En este contexto, hemos ido en la dirección que han tomado los países que han tenido éxito en educación. Tengo en mis manos el ranking de los países que registran los mejores resultados en educación, según la prueba PISA, que es una prueba internacional que se aplica para medir la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Ahí aparece Hong Kong , Finlandia y Corea del Sur en los tres primeros lugares. Los diez primeros países que lideran este ranking tienen mecanismos de selección para el ingreso de los estudiantes que postulan a pedagogía. A mayor abundamiento, Corea del Sur, que ocupa el tercer lugar de este ranking, elige a quienes van a estudiar pedagogía entre el 5 por ciento de los mejores estudiantes de cada generación. ¡A ellos se les selecciona para estudiar pedagogía!
En el caso de Singapur, otra nación destacada en este aspecto, lo hace entre el 20 por ciento de los estudiantes con mejores resultados; Finlandia lo hace entre el 10 por ciento; y Hong Kong lo hace entre el 30 por ciento de los alumnos de mejor desempeño. Por lo tanto, los mejores estudiantes son los que ingresan a estudiar esta profesión.
En Chile, ocurre exactamente lo contrario, pues se ha implementado un sistema basado en una visión más de mercado que de bien público de la educación, en donde los jóvenes estudiaban pedagogía porque no había otra cosa que estudiar y porque las exigencias de puntaje prácticamente no existían. De hecho, hay instituciones de educación superior que ni siquiera piden a sus estudiantes haber rendido la Prueba de Selección Universitaria (PSU). ¡Ya no estamos hablando de puntaje! ¡Ni siquiera tienen que cumplir con ese requisito mínimo!
Por todas estas razones, el proyecto plantea, en primer lugar, una exigencia mínima de 500 puntos para el ingreso a estas carreras, puntaje que iría aumentando en el tiempo hasta llegar a 550 puntos en un plazo de cinco años, subiendo 10 puntos cada año. En segundo lugar, se plantea la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, como condición de ingreso; y en tercer lugar, la realización de una prueba de habilidades, porque no cualquier persona puede ser profesor, ya que se requieren ciertas condiciones y atributos para serlo. Esta prueba la hará cada universidad, teniendo como base un reglamento que será elaborado por el Ministerio de Educación.
Por último, como nuestro sistema desgraciadamente es muy inequitativo -me refiero a los desiguales resultados de aprendizaje que obtienen los estudiantes, según los establecimientos en los que estudien- se ha incorporado una indicación en el sentido de que si algún muchacho quiere estudiar pedagogía y está dentro del 15 por ciento de los alumnos que obtuvieron los mejores resultados de su generación, también podrá hacerlo, a pesar de no cumplir con el requisito mínimo que le hemos indicado en la ley.
Reitero mi invitación a mis distinguidos colegas a que apoyen esta iniciativa con su voto favorable.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente , tal como ha señalado el diputado Venegas , los países que han logrado ofrecer una educación de calidad en todo su sistema educacional han tomado una serie de medidas al respecto. No podemos pensar que una medida aislada va a generar un cambio que va a transformar nuestro sistema de educación en uno de calidad.
Evidentemente, en Chile se ha estado haciendo un esfuerzo desde hace varios años y se han tomado una serie de medidas, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, aumentando la subvención. También, se ha creado la subvención escolar preferencial (SEP), que ha ido demostrando su éxito en la asignación focalizada de los recursos, sobre todo en lo que respecta a la educación de calidad de los alumnos de los sectores más vulnerables, pero también creemos que es necesario enfrentar la formación inicial docente.
En Chile, se dieron pasos concretos a fines de la década del 2000 para iniciar un proceso al momento del egreso del estudiante de pedagogía con la implementación de la prueba Inicia, examen que arrojó lamentables resultados, lo que demuestra la realidad de la formación de los profesores.
Recordemos que, además, esa prueba se rendía en forma voluntaria. En otras palabras, se enfrentaban a ella solo aquellos alumnos que se sentían realmente preparados. Hoy, se discute un proyecto de ley que quiere regular la prueba Inicia y su aplicación en forma obligatoria y sistemática, a fin de que esa información permita autorizar el ejercicio profesional.
En virtud de la experiencia internacional y de la opinión de expertos, creemos que es necesario también establecer requisitos de ingreso para estudiar pedagogía. Hoy, existen más de 120 mil estudiantes inscritos en diversas carreras de pedagogía, y no está claro cuántos alumnos cumplen con los requisitos mínimos. De hecho, alrededor de un tercio de los estudiantes no logró el puntaje mínimo de ingreso.
El proyecto establece tres requisitos para acceder a las carreras de pedagogía: haber rendido la Prueba de Selección Universitaria o su equivalente; tener un puntaje igual o superior a 550 puntos, donde se establece una gradualidad: el primer año se deben lograr 510 puntos; el segundo, 525 puntos, y el tercero, 550 puntos. Por último, a propuesta de decanos tanto de las universidades del Cruch como de universidades privadas, que tienen escuelas de pedagogía y facultades de educación, se incorporó un factor de selección adicional, que establece una excepción para aquellos alumnos que se ubiquen entre el 15 por ciento superior de su generación. Creemos que esto considera la variable de que aquellos alumnos que no logran un buen puntaje en la PSU, pero sí pertenecen a los mejores alumnos de su generación, tengan la posibilidad de entrar a estudiar pedagogía.
Por último, se pide a la institución respectiva, bajo su responsabilidad, la aplicación de un test de ingreso, donde se evalúen las habilidades, capacidades y la disposición del alumno para cursar la carrera de pedagogía, que va a estar reglamentada por el Ministerio de Educación.
En la Comisión se debatió profundamente el proyecto. Si bien es cierto que no es muy extenso, hubo consenso unánime respecto de que se trata de un paso positivo que apunta en la dirección correcta. Además, se establece la gradualidad necesaria para que el sistema educacional se ajuste a los nuevos requisitos y se brinde una oportunidad para que los buenos estudiantes que tienen vocación de profesores puedan cursar la carrera.
Consideramos que la beca Vocación de Profesor va en la línea correcta, pues establece que el alumno debe obtener como mínimo 600 puntos para adjudicársela.
Esperamos que la Sala apruebe, ojalá por unanimidad, el proyecto de ley en discusión, ya que se suma al esfuerzo de los gobiernos anteriores por ofrecer a los estudiantes chilenos un sistema educacional de mayor calidad.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- ¿Habría acuerdo para votar el proyecto luego de que intervengan los diputados Robles, Becker y González, que se encuentran inscritos?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en mejorar la educación. Es evidente que una de las formas para hacerlo es contando con mejores profesores.
Está dentro de la lógica de mejorar la calidad de la educación, desde el punto de vista profesional, contar con una sociedad bien preparada. Se deben efectuar reformas para lograrlo. Al respecto, muchos tenemos una visión distinta.
El proyecto pone el foco en el estudiante. Dice: mire, si saca un puntaje de aquí para arriba, puede ser profesor. Pero estamos en una sociedad que se enmarca en un sistema de mercado, donde la oferta y la demanda son realidades.
Por lo tanto, me parece que el foco está mal puesto. Éste no debe estar puesto sobre la base de si el estudiante tiene menos o más puntaje, sino en entregar la oportunidad a quien tiene interés y capacidad, puesto que, si no, tendríamos que ponerle puntaje a todas aquellos profesionales que el Estado requiere: a los alumnos de medicina, de ingeniería, etcétera.
A mi juicio, el tema debe encaminarse más bien a las instancias educadoras para que brinden educación: en las universidades que forman profesores, para que lo hagan de
mejor forma, y en los elementos que se entregan a los jóvenes.
La atención debe estar puesto en el Estado, a fin de que remunere a los profesores en forma adecuada. Además, en buscar a los mejores alumnos para que se interesen en postular a pedagogías. Esperamos entonces que la docencia sea bien retribuida por el Estado.
El foco, a mi juicio, debe estar en que el Estado debe acreditar a las universidades que enseñen pedagogías. Y no cualquiera ponga un pizarrón y enseñe pedagogía. Debe estar puesto en las miradas de desarrollo y de planificación del Estado. No se debe exigir por ley cierto puntaje para hacer posible que se estudie pedagogía.
En verdad, creo que no estamos frente a un buen proyecto. Me parece que el foco se ha orientado con un sesgo distinto. Repito, este debe estar en el Estado como acreditador de carreras y como incentivador para que los jóvenes de mejor nivel estudien pedagogía; debe estar en el Estado para pro-veer a los jóvenes de tecnologías y nuevas formas de enseñar; debe estar en el Estado para capacitar permanentemente a los profesores en materias nuevas y que aparecen a cada rato; debe estar en el Estado, no en el estudiante.
El foco que le estamos dando al sistema educacional debe ser integral. Y entiendo la moción de los parlamentarios y el objetivo final, que comparto. Porque cuando ellos plantean en los considerandos los distintos elementos y necesidades de competencia, etcétera, estoy de acuerdo. Pero la forma de buscar la solución para llegar a esos objetivos, creo que no.
No es el estudiante el que debe tener el mérito de la prueba para llegar a enseñar en los colegios o universidades. Hay que buscar un sistema diferente; hay que buscar un sistema de priorización. Y termino repitiendo que gobernar es educar. El Estado es el res-
ponsable de la educación. No podemos achacarles a los jóvenes esta materia.
Voy a votar en contra del proyecto. Porque me parece que el foco debe estar puesto en otro lado, y no en el de los estudiantes.
He dicho.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente , seré sucinto para señalar que los patrocinantes de la moción queremos mejorar la calidad de la educación.
Los países con mejor calidad de educación, como Finlandia, Singapur o Hong-Kong, como dijo el diputado Mario Venegas , seleccionan entre los mejores alumnos a quienes ingresan a la carrera de pedagogía.
Por supuesto, el diputado Alberto Robles también tiene razón. Debemos preocuparnos de que las universidades impartan buenas carreras, que estén acreditadas, y que la acreditación sea razonable, que funcione bien. Todo eso se está haciendo. Estamos avanzando en esos temas.
También hay que avanzar respecto de las remuneraciones de los profesores. Ello, para que más jóvenes se interesen en seguir carreras de pedagogía.
El tema de la carrera docente también va hacia allá. Pero, ¿qué pasa en Chile con los jóvenes que acceden a pedagogía? ¿Cuáles son?
Las exigencias, señor Presidente, para ingresar a las carreras son muy bajas. Algunas universidades ni siquiera exigen la PSU rendida; en otras, se accede con puntajes de 400 o 334 puntos.
Según la prueba Inicia, el puntaje de ingreso a la carrera de pedagogía determina muy fuertemente la calidad del profesor y los resultados que obtiene en dicha prueba, que se realiza cuando los alumnos egresan para verificar sus conocimientos para impartir clases. Los resultados obtenidos en la prueba Inicia al año pasado fueron realmente deplorables, ya que sólo el 2 por ciento de los alumnos evaluados quedó en la categoría superior y un 29 por ciento en categoría aceptable. Eso indica que prácticamente el 70 por ciento de ellos ni siquiera llegó a un nivel aceptable para hacer clases en nuestro país. En verdad, si queremos mejorar la calidad de la educación, debemos mejorar en todos los ámbitos, es decir, en el trabajo que realizan las universidades y en el monto de las remuneraciones de los profesores.
Pero también debemos exigir algunos requisitos mínimos a los alumnos que estudian pedagogía. No les estamos pidiendo grandes puntajes, sino 550 puntos. En caso contrario, si están en un colegio que no ha podido acceder a dicho puntaje, que por lo menos se encuentren dentro del 15 por ciento de los alumnos destacados de su curso. Con ello damos oportunidades a los alumnos que tengan interés en seguir la carrera de pedagogía.
Por ello, como se trata de mejorar la calidad de la educación y seguir el ejemplo de los países a los que le ha ido bien en este tema, la bancada de diputados de Renovación Nacional votará favorablemente esta moción parlamentaria, la cual es absolutamente transversal.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , comparto la idea del diputado Robles de que para mejorar la calidad del profesorado se requiere un conjunto de medidas de carácter estructural, que sin duda no están incluidas en el proyecto. Desde luego, eso fue tomado en consideración en la Comisión cuando aprobamos en forma unánime el proyecto, que a mi juicio debiéramos aprobar.
Sin duda, dentro de los requisitos están la dignificación de la profesión docente; el mejoramiento de la formación inicial de los profesores en las universidades; la exigencia de mayor regulación a las casi más de novecientas distintas carreras de pedagogía que se imparten en las universidades; el poner término a las carreras “marmicoc” o aceleradas que tienen muchas universidades, y el mejoramiento de las remuneraciones de los profesores. Es decir, se requiere un conjunto de medidas muy globales para mejorar la calidad tanto del profesorado nuevo que ingresa a las universidades como del existente. Este proyecto significa un avance que mejorará sobre todo el ingreso de nuevos alumnos al sistema educacional. Por eso, concuerdo con que deberíamos aprobarlo.
Junto con exigir un puntaje mínimo en la PSU, la novedad que incorpora esta iniciativa es que, si no se logra ese puntaje, se haga una excepción con los mejores alumnos de la enseñanza media o, a lo menos, con el 15 por ciento de ellos. Tal vez podríamos haber incorporado al 20 por ciento de los alumnos de los mejores niveles de estudio y promedios de la enseñanza media.
Otro asunto novedoso que se incluye es la prueba de selección que permitirá conocer las habilidades y competencias de los alumnos para que puedan ingresar a la carrera de pedagogía. No podrá hacerlo cualquiera, sino que deberá ser seleccionado mediante una prueba de admisión que contará con un reglamento determinado por el Ministerio de Educación, en el cual se exigirán las condiciones mínimas en términos de competencias, habilidades, destrezas, capacidad de comunicación y liderazgo.
Por lo tanto, con la aprobación de este proyecto lograríamos un mejoramiento de los alumnos que ingresan a dicha carrera, a fin de que se les pueda asignar de mejor manera las becas y otorgar los beneficios que entrega el Estado.
Por eso, recomiendo aprobar esta iniciativa en forma unánime.
He dicho.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Corresponde votar en general el proyecto que establece requisitos mínimos para los estudiantes que ingresen a estudiar pedagogía.
Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Jarpa
-Se abstuvieron los diputados señores:
Lorenzini
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Despachado el proyecto.
SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para suspender el tiempo destinado al tratamiento de Proyectos de Acuerdo?
Acordado.
En conformidad con el artículo 45 del Reglamento, ¿habría acuerdo para que el diputado Mario Bertolino asuma la presidencia de la Mesa en Incidentes?
Acordado.
VII. INCIDENTES
MEDIDAS DE COORDINACIÓN ANTE QUEMA DE RASTROJOS EN ZONA DECLARADA SATURADA POR CONTAMINACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDAD RESPECTIVA Oficios.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- En el tiempo correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, dentro de nuestro proceso administrativo nacional de repente se producen paradojas.
Una de estas paradojas se ve reflejada en nuestra ciudad de Osorno cuando vemos que la Conaf ha autorizado la quema de los rastrojos de siembras durante este mes por 4.500 hectáreas, aproximadamente.
Eso no llama la atención, porque hoy las técnicas agrícolas generan estas quemas de rastrojos, pero la particularidad que tiene esta situación es que no existe una mínima coordinación con los organismos importantes de la ciudad, como es el caso de Bomberos, los organismos de emergencia, a fin de controlar cualquier situación que se pueda escapar de las manos.
Si uno lo ve en la escala de las cosas que son importantes y prioritarias, sin desmerecer la importancia de lo que he señalado, debo decir que el año pasado se declaró a Osorno zona saturada por contaminación. Por lo tanto, existe esta paradoja.
Por un lado, tenemos a un organismo público, como la Conaf, que autoriza la quema de rastrojos de siembras de 4.500 hectáreas y, por otro, existe una localidad declarada zona saturada.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al Ministerio de Agricultura para que coordine adecuadamente, con todos los organismos necesarios, medidas de prevención, y que indique cuáles son las instrucciones que está dando en este tipo de situaciones a través de la Conaf.
Asimismo, al Ministerio del Medio Ambiente para que se pronuncie respecto de este tema, porque por un lado declara a Osorno zona saturada y por otro se están ejerciendo acciones para contaminar la ciudad, por lo que al menos existe un problema importante de coordinación.
Por lo tanto, si las quemas se van a seguir realizando, que se vayan haciendo de forma programada, de tal manera que no generen mayor impacto de contaminación en la zona de Osorno.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique van Rysselbergue , Pedro Velásquez y de la diputada señora María Angélica Cristi .
CONDONACIÓN DE DEUDA HABITACIONAL PARA EVITAR REMATE DE VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN JUAN PABLO II, COMUNA DE CONCEPCIÓN. Oficio.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , hace algunos días la señora Ana Maldonado , representante del Comité de Protección del Patrimonio Familiar, de la Población Juan Pablo II , comuna de Concepción, planteó personalmente al Presidente Piñera un dramático y prolongado problema habitacional que tiene más de dos décadas sin respuesta.
El problema aqueja a 134 propietarios, a quienes desde 1991 se les inundan sus casas porque fueron construidas en la ribera norte del río Biobío, en terrenos no aptos para ese fin.
Lo peor es que los vecinos de la Población Juan Pablo II han tenido que pagar religiosamente los dividendos por viviendas que todos los inviernos se inundan con aguas que no son ni limpias ni purificadas; es decir, por un producto entregado en malas condiciones.
Desde hace 22 años, y ante la nula sensibilidad y capacidad de respuesta de los gobiernos de la Concertación, los vecinos se han autodenominado como los “damnificados hipotecarios”; esto es, personas que han debido pagar dividendos por dos décadas por una casa que literalmente hace agua en cada invierno y que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
Por esta razón, los vecinos aprovecharon la visita del Presidente Piñera a Concepción, la semana pasada, para solicitarle la condonación de una deuda que a estas alturas resulta incomprensible y claramente injusta.
Los pobladores no sólo han sufrido daños patrimoniales, sino también morales, pues sus familias han estado expuestas de manera permanente a las condiciones de vida que posee un damnificado.
Resulta así evidente que el Estado no les puede seguir cobrando por tan miserable servicio y debe hacer algo a la brevedad.
El actual gobierno, a través de nuestro ministro de Vivienda , señor Rodrigo Pérez , ofreció y está ejecutando una solución a través de subsidios para reparar los terrenos y las casas, pero lo cierto es que el problema de las deudas todavía no tiene solución.
Sin duda, los subsidios para mejorar las viviendas son importantes, pero la verdad es que el dolor de las familias hoy está centrado en el miedo a los remates que pueden sufrir en el corto plazo de sus casas arregladas y en terrenos aptos.
Por todo lo anterior, solicito oficiar al Presidente de la República para que acoja la petición que recibió la semana pasada del Comité de Protección del Patrimonio Familiar, de la Población Juan Pablo II , comuna de Concepción, autodenominados “damnificados hipotecarios”, de modo tal que finalmente puedan terminar con el fantasma del remate y se pueda corregir esta dramática injusticia que lleva más de 20 años.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que lo indican.
ACLARACIÓN PÚBLICA POR SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN CUENTA DE RED SOCIAL TWITTER.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , quiero aprovechar esta oportunidad que me da la Cámara de Diputados para hacer una aclaración pública.
Una vez más se ha creado una cuenta falsa a través de mi twitter, que suplanta mi identidad, y que en esta ocasión ha hecho referencia a mi persona en forma tremendamente grave y que atenta contra lo que pienso, contra lo que soy y contra mis principios.
En esta cuenta se han vertido dichos muy graves y muy ofensivos en relación con la muerte del ex Presidente de Venezuela , señor Hugo Chávez , palabras que jamás expresaría y que ni siquiera me atrevo a repetir en esta Cámara.
Respeto el sentir del pueblo venezolano y el dolor de la familia Chávez y por eso he mantenido prudente silencio, especialmente en mi cuenta de twitter.
Sin embargo, mi identidad ha sido suplantada y a través de esa red social se me ha denostado, incluso se atenta contra mi integridad física por las publicaciones que esa cuenta falsa ha vertido.
Ante este hecho iniciaré acciones legales, que espero sean de rápido curso, lo que no es tan fácil. De hecho, no es la primera vez que esto sucede. Anteriormente hice una denuncia a la fiscalía y después de casi un año se logró anular mi cuenta anterior.
También aprovecho la oportunidad de solicitar, a través de la Mesa de la Cámara de Diputados, que se hagan los oficios pertinentes para evitar que esta situación no solamente afecte a mi persona, sino que también a otros parlamentarios, dado que es tremendamente agraviante, incluso peligroso para la actividad legislativa de tanta importancia y de respeto que debe tener ante la ciudadanía y el mundo.
Lo anterior hace necesario buscar caminos para resolver esta materia, que hasta ahora ha sido tremendamente dificultosa con la red social internacional que maneja el twitter.
Formulo esa petición a la Mesa de la Corporación y hago pública mi denuncia.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- Señora diputada , le informo que la Mesa de la Cámara de Diputados está tomando las acciones pertinentes para poder ayudar a solucionar y esclarecer la situación informativa que le ha afectado.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Gracias, señor Presidente .
HOMENAJE POR CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, RECONOCIMIENTO A LA MUJER PARLAMENTARIA Y A DIPUTADA CAROLINA GOIC. Oficios.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente , como estamos en vísperas del Día Internacional de la Mujer , quiero hacer algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, me siento tremendamente privilegiada de ser mujer y de haber tenido la oportunidad de ser diputada por estos 24 años.
Rindo un homenaje a las mujeres de Chile, especialmente a las que más sufren, a las que tienen más dolor, a las que están enfermas, a las mujeres ancianas; en general, a todas las mujeres.
Pero, también, en forma muy especial, y aunque no estén presentes, a las diputadas y senadoras de nuestro Congreso Nacional, a todas sus funcionarias y trabajadoras con quienes hemos compartido muchos momentos, a veces, felices, otros ingratos, pero que, a la vez, han sido de gran importancia para el país.
Quiero, en forma muy especial, pedir, a través de la Mesa, que se envíe un saludo muy afectuoso a la diputada Carolina Goic , en nombre de todas las mujeres de la UDI, y, al mismo tiempo, reconocer en ella la fuerza, la valentía, la alegría y el apego a la vida que ha tenido en todos estos años, mostrando cualidades que le han permitido luchar día a día, incluso en las circunstancias más adversas. Ella es una mujer tremendamente valiente; la hemos extrañado. Sabemos que es un aporte a la política y a su sector, y, desde lejos, deseamos que reciba toda nuestra amistad, apoyo y cariño, y que Dios permita que pueda estar muy pronto con nosotros.
Señor Presidente , también quiero hacer un pequeño recuerdo. Cuando en 1990 se restableció el Congreso Nacional, sólo siete mujeres fuimos elegidas diputadas y tres senadoras, las que debimos sortear, en ese tiempo, muchas críticas y situaciones que nos hacían enfrentar nuestras diferencias como mujeres, y por el solo hecho de serlo.
Recuerdo cómo muchos de los diputados se mofaban de los proyectos que presentamos en los primeros tiempos y que hoy están en el tapete, y que se les ha dado la mayor importancia por las consecuencias que hubo por no haberlos aprobado anteriormente.
Sí, hemos contado con mucho apoyo; el electorado nos ha dado su confianza y privilegiado con su voto.
Debo también recordar que desde 1951 a 1973, en que se presentaron las primeras mujeres parlamentarias, hubo veintisiete que pasaron por el Congreso. Hoy, desde 1990 hasta la fecha, han pasado cuarenta y una mujeres por este Parlamento. Hoy compartimos este Hemiciclo con diecisiete mujeres y espero que después de las próximas elecciones sean muchas más para que la fuerza de la mujer esté presente para defender nuestros principios, ideas y valores. Para que esto cambie y aumente se requiere de mucha voluntad y decisión de los partidos políticos, más allá de la existencia de una ley o de una norma que imponga exigencias. Digo esto, a la luz de los resultados de las elecciones municipales del 2012, donde, incluso, la UDI fue el partido con la mayor cifra de mujeres candidatas.
Más allá de las dificultades y exigencias que presenta ser parlamentaria, de lo difícil que es compatibilizar con la familia, la distancia, el distrito; con el hecho de ser madre, esposa -como muchas- y desempeñarse laboralmente con eficiencia y profesionalismo, debemos responder a cabalidad ante la sociedad y no nos está permitido fallar.
Nuestro gobierno entendió la importancia del rol preponderante que cumplimos las mujeres y consensuó en que el problema de fondo es originar un nuevo e inteligente equilibrio: que se reconozca la igualdad entre hombres y mujeres y, al mismo tiempo, se resguarden sus naturales diferencias. El Presidente Piñera decía ayer que lo que nosotros requerimos es igualdad de derechos. Y no olvidemos que nunca vamos a ser iguales, porque no lo somos; pero, sí queremos igualdad de derechos.
Es así como el Gobierno, hoy, promulgó una ley en la cual estuvieron presentes casi todas las parlamentarias. Es un verdadero incentivo para que los partidos políticos presenten más mujeres y para que éstas también puedan contar con un incentivo económico que las ayude a paliar el difícil momento y los costos que significa participar en una candidatura. Para las mujeres siempre nos es más difícil conseguir recursos. No es tan fácil como para los hombres. Por ello, más que una ley de cuotas, un apoyo económico será un gran aliciente para que los partidos presenten más mujeres y también haya más candidatas.
Además, no debemos olvidar que en estos años hemos aprobado una serie de proyectos que, si bien es cierto venían de antes, no se les había dado la urgencia para su aprobación. Eran de imperiosa necesidad para garantizar la confianza, la seguridad, el desarrollo y la protección a la familia y a la maternidad, condiciones que, sin duda, generan bienestar y felicidad. Entre otros, están la Ley del Posnatal, una antigua demanda que ningún gobierno anterior pudo materializar; el ingreso ético familiar, una auténtica alianza estratégica entre el Estado y las familias más vulnerables del país para conseguir que mejoren su situación por medio del esfuerzo compartido; la ley de trabajadoras de casa particular; la de bodas de oro, etcétera.
Finalmente, es una verdad afirmar que por medio de las leyes mencionadas, y de varias otras que aún esperan su aprobación, se contribuirá a fortalecer la dignidad de las mujeres, independientemente de su condición social, económica, étnica o religiosa. La dignidad es la base de cualquier ley, de la forma de vivir y de actuar en la sociedad. Siempre hay que respetar y defender la vida, la integridad física y sicológica, y todos los demás derechos inherentes al ser humano, para hombres y mujeres. Sólo así existirá respeto y más amor hacia la humanidad.
Señor Presidente , al término de esta reflexión, pido que se envíe este saludo -también haciéndolo parte de ella- a la alcaldesa de mi distrito de Peñalolén, señora Carolina Leitao , y a las mujeres con conforman el concejo municipal, como asimismo a las mujeres concejalas de la comuna de La Reina. Si es necesario, entregaré sus nombres a la Secretaría.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, en especial el saludo para nuestra colega diputada Carolina Goic , como también para la alcaldesa de Peñalolén , con la adhesión de los diputados de las bancadas de la Democracia Cristiana, de la UDI, de Renovación Nacional y de este diputado .
SALUDOS Y RECONOCIMIENTO DE LA BANCADA DEMÓCRATA CRISTIANA A LA DIPUTADA CAROLINA GOIC, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- El Comité de la Democracia Cristiana ha solicitado hacer uso del derecho a cinco minutos extras que se dispone una vez al mes por bancada.
Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , por su intermedio, deseo señalarle a nuestra colega María Angélica Cristi que la Democracia Cristiana, como bancada, apoyará todas las gestiones que realice por la suplantación de identidad de que ha sido víctima a través de una red social. Creemos que es un hecho grave y debemos ser críticos y reprochar actitudes como esa que no le hacen bien a la democracia ni al país.
Le manifiesto a la diputada todo nuestro apoyo a las gestiones que ella emprenda.
En otro ámbito, la bancada de la Democracia Cristiana, en el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cual celebraremos mañana en cada uno de nuestros distritos, recordando y homenajeando a todas las mujeres de Chile en sus diferentes roles, junto con llevar a cabo una serie de iniciativas que, obviamente, contribuyen a impulsar una real integración de la mujer en igualdad de condiciones, desea expresar, por su intermedio señor Presidente , un especial reconocimiento institucional de esta Cámara a la diputada de nuestra bancada, Carolina Goic , en cuanto sabemos y nos consta, a cada uno de nosotros, que ella ha sido y es una mujer que ha centrado su desempeño parlamentario a favor de los derechos de las mujeres y su plena y equitativa participación en el desarrollo del país. Sabemos que ella es una luchadora incansable por abrir nuevas oportunidades para todos los chilenos y chilenas. Efectivamente, la diputada Goic ha contribuido y, sin duda alguna, seguirá contribuyendo, a la agenda de género del país desde nuestro Congreso Nacional. Pronto estará de regreso y la esperamos para el bien de esta Cámara; pero esta fecha, sin duda, es un momento ideal para valorar su aporte en estas materias.
Destacado fue su rol, y todo Chile lo sabe, en la tramitación y aprobación del proyecto de ley de extensión del postnatal a seis meses. Fue una de sus promotoras desde mucho antes de que se discutiera en el Congreso, con los consabidos positivos efectos para los niños, las niñas, sus madres y padres, y de la familia en general.
Igualmente importante fue su esfuerzo como autora de la ley que establece el Día Nacional del Niño y Niña Prematuros, contribuyendo así a visibilizar y sensibilizar respecto de esta situación que viven miles de familias en el país, en especial madres y padres.
Conjuntamente con otros parlamentarios, varios de nuestra bancada, se encuentra trabajando en la tramitación y aprobación de diversos proyectos que se orientan en el mismo sentido, entre los cuales se cuentan: el proyecto de ley que modifica el régimen de trabajadoras de casa particular en materia de jornada de trabajo y remuneraciones; el proyecto de ley que amplía la licencia médica para madres y padres trabajadores con hijos mayores de un año de edad y menores de dieciocho con enfermedad grave; moción parlamentaria que otorga permiso de alimentación para los padres, iniciativa que complementa la existencia de salas cunas para las trabajadoras y trabajadores; moción que garantiza el cuidado y amamantamiento para hijos e hijas menores de dos años de edad, estudiantes de establecimientos de educación superior; proyecto que otorga cinco días de permiso en caso de celebración de matrimonio civil, además de muchos otros en los cuales la bancada de la Democracia Cristiana pondrá toda la energía para que salgan adelante.
Por último, deseo destacar el próximo envío que la diputada Carolina Goic anunciará a su regreso. Se trata de dos iniciativas de ley. Una, sobre prevención y protección del embarazo adolescente, que está trabajando con la diputada Mónica Zalaquett , y otra sobre perfeccionamiento de las normas de adopción.
Señor Presidente , por su intermedio, en el Día Internacional de la Mujer, que nos aprontamos a conmemorar mañana, 8 de marzo, reiteramos nuestro saludo a Carolina Goic , y vaya para su trabajo parlamentario el reconocimiento y respaldo de esta Corporación.
Asimismo, pido a la Mesa que envíe un oficio de saludo de esta Cámara, incorporando esta intervención, a nuestra amiga y colega diputada Carolina Goic , que sabemos que pronto estará con nosotros defendiendo los derechos de todos los chilenos y de todas las chilenas por tener un país con más justicia, con más igualdad y con menos abuso, como lo ha venido haciendo desde sus comienzos, siempre apoyada por la bancada de la Democracia Cristiana.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras María Angélica Cristi y María Antonieta Saa ; de las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia, y de este diputado que circunstancialmente dirige la sesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.02 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.
-Se abrió la sesión a las 13.10 horas.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INFORMACIÓN SOBRE PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA LEY QUE OTORGA INCENTIVO PARA EL RETIRO DE LOS FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Oficios.
El señor DÍAZ.- La Asociación de Funcionarios de la Universidad de La Serena me ha planteado un problema que existe en relación con la ley N° 20.374, que establece un incentivo al retiro voluntario de los funcionarios de las universidades estatales, ya que, hasta la fecha, no se ha tomado una decisión para ampliar el plazo para acogerse al beneficio.
Me manifestaron que se han realizado conversaciones de los gremios de las universidades públicas con representantes del Ministerio de Hacienda, pero no se ha llegado acuerdo para el pago de una bonificación de once rentas, ya que algunas universidades han dicho que no las van a conceder si la ley no lo señala expresamente, como lo anunció la universidad de La Serena.
Por lo tanto, nos parece fundamental que se extienda el plazo de vigencia de la ley N° 20.374, que otorga un incentivo al retiro voluntario de los funcionarios de universidades públicas, así como también que la ley haga expresa mención de que ese incentivo es compatible con la bonificación de las once rentas.
Además, existe un problema con el bono poslaboral, ya que si la funcionaria o el funcionario cumplen 60 y 65 años, respectivamente, pierde ese beneficio si no se acoge a retiro ese año. En consecuencia, esto configura otra posibilidad de daño patrimonial para esos funcionarios.
Todo lo anterior se transforma en un de-sincentivo para el retiro voluntario de los funcionarios de las universidades públicas, lo que nos parece la pérdida de un objetivo querido y buscado no sólo por la institucionalidad pública, sino que también por los trabajadores.
Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros de Educación y de Hacienda , con el objeto de que nos den a conocer sus opiniones sobre lo planteado. Asimismo, al rector de dicha universidad, para que conozca la situación y se forme una opinión al respecto. Finalmente, pido enviar copia de mi intervención a la Asociación de Funcionarios de la Universidad de La Serena.
CONVOCATORIA A DIÁLOGO SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA CON LA JUNTA DE VECINOS SOR TERESITA DE LOS ANDES, COMUNA DE LA SERENA. Oficios.
El señor DÍAZ.- Los integrantes de la junta de vecinos Sor Teresita de Los Andes, de la comuna de La Serena me han planteado sus inquietudes respecto de lo que ellos denominan las ineficiencias del Plan Cuadrante.
En una conversación que sostuvimos hoy con asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, nos hemos enterado de que se ha licitado un estudio para evaluar el Plan Cuadrante. No obstante, quiero transmitir a las autoridades que la percepción de esos pobladores de la comuna de La Serena es que ese plan no está dando resultados, por lo que se requiere hacerse cargo de esa falencia. Otro problemas que afecta a ese sector son viviendas y sitios abandonados, que se convierten en basurales y en lugares de venta de drogas; ausencias de áreas verdes y de espacios para juegos.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior , al general director de Carabineros , al intendente de la Región de Coquimbo y a la coordinadora general del Consejo de Seguridad Pública, con el objeto de que convoquen a esos pobladores a un diálogo sobre la seguridad pública en ese sector. Asimismo, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo , con el fin de que se pronuncie sobre un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados y que da una solución y destino a las viviendas abandonadas.
INFORMACIÓN SOBRE DESPIDOS EN LA MUNICPALIDAD DE OVALLE. Oficios.
El señor DÍAZ.- En la Municipalidad de Ovalle se ha despedido a cerca de 350 trabajadores sin respetar las normas laborales, por lo que los afectados están preparando una demanda colectiva.
Por lo tanto, solicito oficiar al contralor general de la República , con el objeto de que se pronuncie respecto de la legalidad de esos despedidos. Asimismo, a la ministra del Trabajo y Previsión Social , con el objeto de que nos dé a conocer su opinión sobre esos hechos; si la Dirección Nacional del Trabajo ha recibido denuncias sobre el particular y si ha tomado cartas en el asunto, y para transmitirle nuestra inquietud por lo que los trabajadores han denominado una verdadera razia por razones políticas. También al ministro del Interior y al intendente regional, para darles a conoce de esta denuncia que me han formulado los exonerados de la Municipalidad de Ovalle.
He dicho.
INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE PLANO REGULADOR INTERCOMUNAL COSTERO DE COMUNAS DE LA REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.
El señor El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, uno de los elementos de planificación importante en las distintas comunas y regiones es el Plan Comunal.
En general, las regiones, a través de los distintos métodos de planificación, sobre todo territoriales, deciden dónde se pueden instalar las industrias inofensivas, molestas y contaminantes dentro de su territorio. Evidentemente, ésta es una herramienta muy poderosa al momento de instalar una industria.
El problema relevante en la Región de Atacama es que durante los últimos años hemos tenido dificultades justamente en ese sentido.
En el pequeño espacio que posee la comuna de Copiapó en la Región -no entiendo por qué a Copiapó se le entregó costa; no debiera tenerla- vivimos un problema porque ella no tiene la característica de costera. Es una urbe, una comuna más bien minera, del interior de la región.
Sin embargo, en su minuto el alcalde y el concejo municipal de ese tiempo cambiaron el plan regulador comunal de Copiapó para poder permitir la instalación de industrias molestas en la zona del borde costero. Ello posibilitó que quien fuera la instigadora para poder hacer la referida modificación: la empresa dueña de la termoeléctrica Castilla, hiciera su proyecto.
Por fortuna se estableció claramente que se trataba de una industria contaminante, razón por la cual no pudo instalarse en ese lugar.
Por otro lado, el alcalde de Huasco ha estado particularmente preocupado del plan regulador comunal de Caldera y, por supuesto, del plan regulador intercomunal costero de Atacama. El edil ha hecho todos los trámites necesarios para modernizar, mejorar, cambiar este plano regulador, y hace mucho tiempo y en forma adecuada hizo las respectivas presentaciones.
Sin embargo, la autoridad no ha dado respuesta a los cambios que se solicitan en el mencionado plan regulador.
Por lo tanto, solicito oficiar al Ministerio de Vivienda tanto a nivel nacional como regional, y a las municipalidades de Freirina, Huasco , Copiapó , Caldera , Chañaral para que me informen en qué estado se encuentra el plan regulador intercomunal costero de la Región de Atacama.
Repito: el alcalde de Huasco ha estado pidiendo por años el cambio de dicho plan, ha hecho todo lo requerido para lograrlo y, sin embargo, esto duerme en instancias de Gobierno, lo cual no me parece correcto.
Por otro lado, para no tener que recurrir a la justicia, quiero que el alcalde de Copiapó me informe sobre las medidas que ha tomado a raíz del acuerdo del concejo municipal adoptado hace bastante más de un año respecto del cambio de uso de suelo en la costa de Copiapó.
El acuerdo del concejo fue que iban a retrotraer esa zona a la planificación del plan regulador anterior, es decir, para que la costa de Atacama y la del sector de Copiapó, que es una zona muy particular, hermosísima, solo se pudieran instalar industrias inofensivas que avanzaran en proyectos de apoyo al
desarrollo turístico de la costa y no a la instalación de industrias contaminantes como la que se intentó instalar ahí con la termoeléctrica Castilla.
Asimismo, pido a los nuevos concejales que han asumido sus funciones informarse del referido acuerdo, que hoy día es absolutamente válido, y que fiscalicen que el cambio del uso de suelo de esa zona se traduzca en una realidad.
Por último, pido que se envíe copia de mi intervención a los concejos de las municipalidades de Huasco, Freirina, Chañaral , Caldera y Copiapó y a los consejeros regionales de Atacama.
He dicho.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-La sesión se levantó a las 12.54 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
3. Moción de los diputados señores Burgos, Andrade, Ascencio, Calderón, Eluchans, Díaz, don Marcelo; Hasbún, Schilling, Squella y Walker.
Reforma Constitucional que establece limitación de duración del cargo de Ministro y Fiscal de la Excma. Corte Suprema. (boletín N° 8821-07).
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de nuestras facultades constitucionales, sometemos a vuestra consideración la presente moción de proyecto de reforma constitucional que establece una modificación en cuanto a la duración en el cargo de los Ministros y Fiscal de la Excma. Corte Suprema que se designen a futuro además de la limitación de edad que actualmente se contempla.
ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA
Desde hace años, el propósito de nuestro constituyente ha sido establecer un límite a los años en que pueden permanecer en el cargo las personas que ejercen los máximos cargos públicos y que no sean elegidas en votación popular, sin perjuicio de su límite de edad.
En este sentido, se establece que el Fiscal Nacional y los fiscales Regionales cesan en su cargo al cumplir setenta y cinco años de edad, duran ocho años en el cargo y no pueden ser designados para el periodo siguiente (arts 85 y 86 de la Carta Fundamental).
Por su parte, la Carta Fundamental dispone como normas permanentes en su artículo 92 que los miembros del Tribunal Constitucional duraran nueve años en su cargos y cesan en sus funciones al cumplir setenta y cinco años de edad.
Finalmente, el artículo 98 establece respecto del Contralor General de la República que este es designado por un periodo de ocho años, sin poder ser designado para el periodo siguiente, y que cesa en su cargo al cumplir 75 años de edad.
Sin embargo, este criterio uniforme no se aplica respecto de los Ministros de la Excma. Corte Suprema, puesto que en el artículo 80 de la Carta Fundamental sólo se contempla que cesan en el cargo al cumplir 75 años de edad, pero no se prevé un límite de años de permanencia en el cargo.
Esta falta de limitación de duración en el cargo, además de no tener un carácter uniforme como hemos demostrado respecto de los otros cargos contemplados en la Carta Fundamental, genera el inconveniente de facilitar la permanencia de personas en el cargo de Ministro y Fiscal de la Corte Suprema por más de veinte años, lo que no resulta aconsejable.
Además, en un sistema democrático se considera conveniente que siempre exista una renovación permanente en los cargos públicos y no una ocupación de los mismos de una manera tal que impide el acceso a ellos del resto de los ciudadanos.
Esta renovación se efectuara siempre en forma gradual, dado que no se encuentra contemplada la designación de los Excmos. Ministros y Fiscal de la Corte Suprema en una misma oportunidad.
En consecuencia, se ha estimado necesario contemplar una reforma constitucional que contemple también para los Ministros y Fiscal de la Corte Suprema un límite de años para su designación en el cargo, sin que pueda ser nombrado con posterioridad dentro de un periodo de cinco años.
Esta limitación impide la inmediata renovación, por lo que solo puede luego de cinco años de haber cesado en el cargo ser designado nuevamente, siempre que tenga una edad inferior a 75 años, y sin perjuicio que cesar en el cargo para el cual ha sido nuevamente designado al cumplir aquél límite de edad.
Esta limitación de permanencia en el cargo se considera que debe regir al momento de efectuarse la designación, y por ello no sería aplicable conforme a lo previsto en una disposición transitoria en relación con aquellos Ministros y Fiscal de la Exenta Corte Suprema que estén designados a la fecha en que entre a regir esta reforma constitucional.
En mérito de lo expuesto, sometemos a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:
“Artículo Único.
a.- Incorpórase el siguiente inciso final al artículo 78 de la Constitución Política de la República:
“Los Ministros y Fiscal de la Corte Suprema duraran diez años en sus cargos y no podrán ser designados para ocupar nuevamente ese cargo dentro del periodo de cinco años desde que hubieren cesado en el mismo”.
b.- Incorpórese el siguiente inciso segundo a la disposición novena transitoria:
La modificación contemplada en el inciso final del artículo 78, relativa a la duración en el cargo de los Ministros y Fiscal de la Corte Suprema no se aplicará respecto de aquellos que estuvieren designados en sus cargos a la fecha en ella entrare a regir.
4. Moción de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Baltolu, Bauer, Bobadilla, Campos, Hernández, Morales, Norambuena, Urrutia y la diputada señora Rubilar, doña Karla.
Sanciona penalmente los atentados a la libre competencia, aumenta las sanciones pecuniarias y modifica la figura de la delación compensada. (boletín N° 8822-07).
“El presente Proyecto de Ley tiene por objeto proponer una serie de medidas que tienen por objeto hacer factible un sistema sancionatorio penal acorde a los principios que regulan los atentados a la Libre Competencia en Chile [1]
En este sentido, la doctrina nacional llegó hace algunos años atrás a la convicción de que las sanciones penales, no se condicen con un sistema regulatorio de la Libre Competencia acorde a los principios económicos y de eficiencia que requiere la regulación de estas actividades.
Ello, ya que desde la publicación del Decreto Ley 211 en el año 1973, la normativa ha sufrido cambios importantes, en forma resumida: pasando desde la aplicación de sanciones privativas de libertad a la sola imposición y posterior agravación de multas o sanciones pecuniarias, hasta la creación de la figura de la Delación Compensada, subsistiendo a nuestros día estas dos últimas modalidades.
Han transcurrido 40 años desde que se dictara el estatuto jurídico de defensa de la Libre Competencia, y evidentemente los desafíos actuales a los que debe responder la normativa han variado, principalmente a partir de su verdadera puesta a prueba, como fue el caso de la colusión de las farmacias o los atentados provocados por grupos monopólicos que regulan el transporte aéreo y terrestre, sin perjuicio de su cada vez más amplia aplicación en la regulación de otros mercados.
Así y en su origen, el cuerpo legal respondió a la necesidad del país de adecuarse a una economía con importantes grados de intervención pública, hacia un esquema más abierto, en el cual el mercado sería el principal asignador de los recursos.
La experiencia ha sido indudablemente satisfactoria. En efecto, la institucionalidad de defensa de la competencia ha logrado consolidarse como una instancia regulatoria ampliamente respetada y con plena vigencia y efectividad.
Sin embargo, los profundos cambios de las últimas décadas en la estructura económica del país, que dio paso a la participación privada en casi todos los sectores productivos y a la inserción de Chile en la economía global, junto con la aparición de nuevas estructuras empresariales, por ejemplo derivadas de la creciente ola mundial de fusiones y alianzas, han modificado sustancialmente el contexto en el cual le corresponde funcionar a la institucionalidad de la libre competencia, creando nuevas y mayores exigencias.
Frente a este escenario, parece prudente volver a plantearse la necesidad de consagrar sanciones privativas de libertad que castiguen estos ilícitos. Ello, ya que como hemos sido testigos estos últimos años, los atentados a la Libre Competencia no sólo afectan a los grandes grupos empresariales o el libre acceso a desarrollar actividades económicas por parte de pymes o pequeñas y medianas empresas, sino que han afectado directamente bienes jurídicos de particulares, principalmente de los consumidores, los que frente a estas conductas, han sufridos graves atentados, directa o indirectamente, a su salud, su patrimonio, y a su libertad.
De esta forma, la propuesta normativa aquí planteada, reconoce la naturaleza y las nociones jurídicas y económicas propias que rigen la normativa Antitrust, manteniendo sus instituciones, principios y normativas esenciales, pero reconociendo que determinados atentados a bienes jurídicos relevantes, por su gravedad, deben ser sancionados punitivamente.
En este sentido, debemos aclarar que la propuesta aquí planteada no busca sancionar a los grandes grupos económicos, o en general a personas jurídicas de distinta índole, lo cual sin duda será procedente en ciertos casos mediante las sanciones ya consagradas en la legislación, sino que aplicar sanciones privativas de libertad a aquellas “personas naturales” que mediante actos u omisiones, promuevan o ejecuten actos contrarios a la Libre Competencia.
Finalmente, se propone que el conocimiento de las conductas penales, por su especialidad, de la cual carece el TDLC, y la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad en materia procesal penal, con los principios y garantías que ello conlleva, sean se conocimiento exclusivo de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
Principales modificaciones a la regulación de la Libre Competencia en Chile
El Derecho de la Libre Competencia, como señala un estudio llevado a cabo por la Fundación Jaime Guzmán [2], tiene más de 50 años de historia en nuestro país. De hecho, su origen tiene como antecedente uno de los trances más profundos por los que haya atravesado Chile en materia económica: la crisis de la industria del salitre, producida por la gran depresión de los años 30. Frente a ese escenario, el Estado tomó un papel preponderante como agente del mercado, interviniendo precios y diseñando políticas que lo llevaron a controlar la mayoría de los sectores de la economía.
A raíz de lo anterior, y a pesar de una relativa estabilidad, la inflación pasó a ser un tema cada vez más relevante y preocupante. Por este motivo, el país recurrió al consejo de consultores internacionales, donde destacó la Misión Klein-Sacks, para superar este y otros problemas que en ese tiempo presentaban gran persistencia. Uno de los aspectos que más preocupó a esta Misión fue el control de precios, herramienta preferida de la época para manejar los monopolios y recomendó, entre otras medidas generales, su substitución por una política de mayor libertad, fiscalizada a través de la instauración de una legislación antimonopolios.
Teniendo en consideración lo anterior, durante el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964), se inaugura en Chile el Sistema de Protección a la Libre Competencia, a través de la dictación de la Ley 13.305, que tomó como ejemplo la regulación antimonopolios de EEUU. Cabe decir que este cuerpo legal no tuvo la importancia que se esperaba y, en la práctica, eran muy pocos los casos que llegaban a solución a través de los medios e instituciones que se crearon al efecto.
A partir del siguiente gobierno, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza (1964-1970), se producen transformaciones económicas de relevancia, como la chilenización del cobre y la reforma agraria. Se inicia así un proceso de cambios, que tiene su punto cúlmine en la década de los setenta, cuando nuestra economía vive una de sus transformaciones más radicales y complejas.
En este contexto, Salvador Allende (1970-1973), mientras estuvo en el gobierno, implementó políticas que violentaron los equilibrios propios de una sana economía y que acarrearon la expropiación de todas las empresas y/o actividades que, bajo la particular perspectiva de ese Gobierno, condicionaban el desarrollo económico y social del país.
Lo anterior afectó desde la industria energética hasta la relacionada con las comunicaciones, incluyendo la nacionalización de la banca privada y de los yacimientos mineros.
Así, se consolidó una especie de monopolio estatal que cruzaba todas las actividades económicas. Los resultados de esos cambios fueron desastrosos, pues los índices sociales y económicos de esa época se cuentan entre los peores de nuestra historia y fueron claves en el quiebre democrático.
Sin embargo, a partir de 1973, con el nuevo régimen político, “se dio también un vuelco en términos de la orientación económica. La política progresivamente intervencionista, que con Allende había alcanzado su máxima expresión, fue sustituida por una filosofía liberal-económica, donde el Estado pasó a tener un rol básicamente subsidiario.” El gobierno militar llevó a la práctica las mejoras que se habían propuesto desde la Misión Klein-Sacks, aplicando principalmente los análisis que unos años antes habían preparado destacados académicos chilenos formados en EEUU, y que se dieron a conocer a través del texto conocido como “El Ladrillo”.
Este estudio responsabilizó de la crisis que vivía el país al gran intervencionismo del Estado en materia económica, y señaló los criterios fundamentales para el futuro económico de la nación: El Estado “debe restringirse sólo a aquellos campos que los particulares no quieren o no pueden actuar (...) consagrando la libre iniciativa privada en materia económica como una expresión de la libertad individual”.
Dentro de esta permanente adecuación de la legislación que protege la libre competencia, uno de los aspectos que permanentemente ha ido variando se refiere a la naturaleza que deben tener las sanciones que se imponen a los culpables de la comisión de estos actos. Así, se han establecido sanciones penales, civiles y administrativas, dependiendo, muchas veces, de lo que sucede en la contingencia.
De esta forma, la Libre Competencia en Chile tuvo su reconocimiento formal a través de la dictación en 1973 del Decreto Ley 211. El 21 de mayo de 2002, el Presidente de la República de la época anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar el Decreto, en virtud de los cambios y avances experimentados en la legislación comparada y en la ciencia económica y jurídica relativa a la libre competencia, así como la práctica y jurisprudencia que por casi treinta años se había desarrollado en Chile.
En aquella oportunidad, los ejes centrales del proyecto y de la discusión en el Congreso Nacional, fueron una nueva tipificación de las conductas que se consideran ilícitas, la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
En Octubre del año 1997 se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a adaptar nuestra legislación en este sentido. Sin embargo, tal como se expresó en el Mensaje del mismo, este proceso de revisión de la institucionalidad antimonopolio debía ser gradual, partiendo en dicha ocasión con los cambios y modificaciones tendientes a fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. El citado proyecto de ley se hizo realidad con la Ley N° 19.610, publicada en el Diario Oficial el 19 de mayo de 1999.
La aprobación del referido proyecto de ley por el Congreso Nacional y su posterior promulgación por el Presidente de la República, originó la ley N° 19.911, publicada en el Diario Oficial el día 14 de noviembre de 2003.
Posteriormente, en cumplimiento de la delegación de facultades establecida en la disposición octava transitoria de dicha ley, el Presidente de la República dictó, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, publicado en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2005.
Dicho texto tuvo una nueva modificación, introducida por la ley N° 20.088, publicada en el Diario Oficial el día 5 de enero de 2006, en virtud de la cual se introdujo el artículo 9° bis, que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública, en este caso, a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia [3].
Finalmente la Ley 20.361 de 13 de Julio de 2009, modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2005, sobre Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Bien jurídico protegido o tutelado en la normativa de Libre Competencia
La defensa de la libre competencia no resulta ser un fin en si misma, sino un medio para preservar el derecho a participar en los mercados, promover la eficiencia y por esa vía el bienestar de los consumidores.
Estas normas servirán de principio inspirador o de guía para aquellos que tengan la misión de resolver los conflictos en esta área.
Asimismo, dará más certeza a los agentes económicos tanto sobre los límites que deben considerar en sus estrategias comerciales como sobre la protección de que disponen frente a los abusos de terceros.
Desde sus orígenes, en sus considerandos, el DL N°21 1 sentaba objetivos fundamentales:
1° Que el monopolio y las prácticas monopólicas son contrarias a una sana y efectiva competencia en el abastecimiento de los mercados ya que mediante el control de la oferta o demanda es posible fijar precios artificiales y lesivos al interés del consumidor;
2° Que tales actividades, por otra parte, no incentivan la producción; protegen al productor o distribuidor ineficiente; tienden a la concentración del poder económico y distorsionan el mercado en perjuicio de la colectividad;
3° Que, por tanto, resulta necesario garantizar la libre concurrencia previniendo la existencia del monopolio y de las prácticas monopólicas y sancionando drásticamente su ejecución.
Necesidad del carácter penal de las sanciones
Todo tipo penal debe describir las conductas que sanciona de manera precisa, de forma que los sujetos a los cuales se dirige la norma tengan la certeza de aquello que está prohibido por el legislador.
Lo anterior, ha sido una de las principales críticas que detractores a la penalización de la Libre Competencia han esgrimido, puesto que las normas originarias adolecían de imprecisión y por tanto atentaban contra el Principio de Legalidad constitucionalmente consagrado.
Por otro lado, se ha señalado que el escenario actual en el que se desenvuelven los agentes económicos es complejo, por lo que es importante no introducir reglas que señalen per se las conductas que constituyen atentados en contra de la libre competencia.
Finalmente, se ha dicho que como contrapartida a la eliminación del carácter penal, que rara vez ha dado paso a la acción penal y se estima que no ha logrado disuadir las conductas contra la libre competencia, se propone aumentar las multas y hacer responsables solidariamente de su pago a los directores, gerentes o administradores de las empresas que incurrieren en ellas [4].
Pese a ello, la experiencia ha demostrado que las conductas antimonopólicas muchas veces resultan ser altamente lucrativas, por lo que el costo de delinquir no disuade a los infractores, quienes en persecución de sus fines monetarios -que en circunstancias normales son absolutamente lícitos- optan por la vulneración de la normativa, haciéndose cargo de los costos menores que ello acarrea.
Se suma a lo anterior, el hecho de que durante la vigencia de las sanciones penales en materia de Libre Competencia, no se suscitaron grandes vulneraciones a su normativa, ya sea por la falta de madurez del mercado, por la carencia de los medios tecnológicos para ello, o por no existir los incentivos económicos para ello. Ergo, resulta ilógico pensar que la no aplicación de las normas sea meramente por su poca idoneidad o precisión jurídica.
Quién pondría en duda que de haber existido las sanciones privativas de libertad tras el caso de la colusión de las farmacias, éstas no se hubieran hecho efectivas con todo el rigor de la ley. Prueba de ello, es que se ha recurrido a normas residuales del Código Penal para hacer efectiva una responsabilidad que no fue suficientemente enmendada y subsanada, pues las multas finalmente aplicadas no alcanzan ni a un tercio de los beneficios económicos que las conductas reportaron.
Aumento de las multas y su marco de aplicación
Dado a lo expresado con anterioridad y al problema de costo-beneficio que afectan la efectividad disuasiva de las actuales sanciones consagradas en esta materia, se hace imprescindible que, además de restablecer las sanciones privativas de libertad, se aumenten las multas consagradas actualmente en la legislación, incluso en casos en que se haya dado aplicación a la figura de la Delación Compensada.
En este sentido, la revelación de informaciones no puede soslayar la existencia de una voluntad orientada a atentar contra los bienes jurídicos socialmente relevantes que protege la legislación antimonopólica, por lo que en ningún caso la aplicación de la figura puede tener como consecuencia la exención de toda sanción pecuniaria, sólo por factores probatorios.
Ello representa doctrinariamente un “puente de plata” desde la sanción a su exención, basado en una política orientada principalmente a la eficacia de la detección temprana de un ilícito que puede provocar significativos daños en un mercado y que, sólo por la imposibilidad de su descubrimiento, sin la acción de uno de los que participan en la conducta, la sanción cede exclusivamente respecto de quien efectúa la revelación.
Sin embargo, el beneficio que se establece no anula, por consiguiente, la ilicitud de la conducta de quien revela información importante para la investigación, pero sí representa en todos los casos un estímulo para que el ilícito pueda ser descubierto y evite que se siga cometiendo o, en ciertas situaciones, puede incluso llegar a desarticular su perpetración cuando aún no produce efectos.
La propuesta aquí planteada, reconoce el valor de esta figura, puesto que representa una demostración de buena fe por parte del infractor, equivalente, en términos dogmático-penales, a las causales atenuantes N° 7, 8, 9 y 10 del Código Penal, a saber: si ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias; si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito; si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos; o el haber obrado por celo de la justicia.
Más en ningún caso equivalen, proporcionalmente, a una causal de exculpación o eximente de responsabilidad, puesto que el acto ilícito ya ha sido ejecutado.
Por lo demás, el animus que mueve al infractor no es moralmente un acto de constricción, sino un mero vehículo pecuniario para evitar sanciones mayores frente a un inevitable enjuiciamiento y sanción.
El problema jurisdiccional
Finalmente, debemos tener presente que dada la naturaleza penal de las normas contenidas en este proyecto, y para un correcto procesamiento y sanción de dichas conductas, el standart establecido por la Reforma Procesal Penal, a través de sus principios e instituciones, obliga al legislador a someter estas conductas a la jurisdicción ordinaria (Juzgados de Garantía y Tribunales Oral en lo Penal).
Principios generales como el de debido proceso, y en particular, los de inocencia, juicio previo, única persecución, exclusividad en la investigación, protección de la víctima, autorización judicial previa, entre otros, no resultan suficientemente cautelados por el proceso llevado ante un tribunal mixto como lo es el TDLC.
Así lo señalo la Corte Suprema durante la tramitación de la ley que crea el TDLC, que señaló que la autorización por parte de un tribunal contencioso económico y de composición mixta respecto de sus integrantes, en cuanto a su calidad profesional, no resulta adecuada para garantizar el respeto a los principios de un debido proceso. Ésta debiera ser otorgada por el Juez de Garantía, para lo cual habría que considerar una reforma de las normas pertinentes del Código Procesal Penal [5].
Por estas consideraciones, se somete a tramitación el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Modifíquese el DL 211 en las siguientes disposiciones:
Art. 1.- Agréguese a la letra a} del artículo tercero, el siguiente inciso segundo y tercero:
“Las personas naturales que ejecuten, acepten, u obtengan beneficios económicos de las conductas señaladas en el inciso anterior, serán sancionadas con presidio menor en su grado mínimo a máximo, sin perjuicio de las multas y sanciones establecidas en esta ley.
Para efectos de hacer efectiva esta responsabilidad penal, serán competentes para conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, los Tribunales Ordinarios de Justicia.”
Art. 2.- Modifíquese el párrafo primero del artículo 26 letra c) por el siguiente:
“Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente a veinte mil unidades tributarias anuales y, en el caso de sancionar una conducta prevista en la letra a) del artículo 3°, hasta por una suma equivalente a cien mil unidades tributarias anuales.”
Art. 3.- Reemplácese el texto del artículo 39 bis por el siguiente:
“Artículo 39 bis.- El que ejecute una conducta prevista en la letra a) del artículo 3° podrá acceder a una reducción de la multa cuando aporte a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los responsables.
Para acceder a este beneficio, el ejecutor de la conducta deberá cumplir los siguientes requisitos:
1.- Proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba suficientes para fundar un requerimiento ante el Tribunal;
2.- Abstenerse de divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que la Fiscalía haya formulado el requerimiento u ordene archivar los antecedentes de la solicitud, y
3.- Poner fin a su participación en la conducta inmediatamente después de presentar su solicitud.
Para acceder a la reducción de la multa, además de cumplir los requisitos señalados en el inciso anterior, el ejecutor de la conducta deberá ser el primero que aporte los antecedentes a la Fiscalía, dentro del grupo de responsables de la conducta imputada.
En todo caso, la rebaja de la multa que solicite el Fiscal en su requerimiento, no podrá ser superior al 50% de la mayor multa solicitada para los demás ejecutores de la conducta que no pueden acogerse a los beneficios de este artículo.
En su requerimiento el Fiscal individualizará a cada ejecutor de la conducta que cumplió los requisitos para acceder al beneficio de reducción de la multa.
Si el Tribunal diere por acreditada la conducta, no podrá aplicar una multa mayor a la solicitada por el Fiscal a quien haya sido individualizado como acreedor de una reducción de la misma, salvo que se acredite durante el proceso que dicho acreedor fue el organizador de la conducta ilícita coaccionando a los demás a participar en ella.
Quien alegue la existencia de la conducta prevista en la letra a) del artículo 3°, fundado a sabiendas en antecedentes falsos o fraudulentos con el propósito de perjudicar a otros agentes económicos acogiéndose a los beneficios de este artículo, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 210 del Código Penal.”
5. Moción del diputado señor Rivas
Modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, con propósito de establecer la voluntariedad en el ejercicio de vocales de mesa y miembros del Colegio Escrutador. (boletín N° 8823-06).
“La República de Chile pertenece a un reducido grupo de países, entre ellos, Inglaterra, Finlandia, Noruega y Estados Unidos, que, con orgullo hay que decir, sostiene que sus procesos eleccionarios son gula y ejemplo de transparencia y participación para el mundo.
La elección de alcaldes y concejales, realizada el pasado 28 de octubre de 2012, fue el primer referéndum tras la modificación a la Ley 20.568, que instauró el sistema de Inscripción Automática y Voto Voluntario en el país.
Gracias a esta iniciativa, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera incrementó el Padrón Electoral, de ocho millones ciento once mil setecientas noventa y nueve, a uno de trece millones cuatrocientos cuatro mil ochenta y cuatro. Asimismo, las Mesas Receptoras de Sufragios aumentaron de treinta y cuatro mil trescientas cincuenta y cuatro a cuarenta mil ochocientas dieciocho y, los Locales de Votación, de mil quinientos veintiuno a mil seiscientos sesenta y nueve.
Con lo anterior, no sólo se amplié el número de ciudadanos habilitados para participar en, a mi juicio, el acto esencial de la democracia, sino también, mejoró la “calidad” misma de ésta.
Sin perjuicio de este gran esfuerzo realizado dentro de las reformas políticas planteadas por el gobierno, hubo un detalle que quedo afuera, un punto que causó gran confusión en la ciudadanía. Y que sin perjuicio de ya estar aclarado (pero no resuelto), sigue generando dudas, ya que no genera una consistencia lógica.
“¿Si el voto es voluntario, que sucede con aquellas que deben cumplir el rol de vocal de mesa y miembro del colegio escrutador'?” Pregunta absolutamente valida, entendible y bastante reiterada.
Si se plantea hacer un sistema que como principal atractivo tenga su libertad de participación y libre inclusión, contradictorio resulta que se obligue, de manera aleatoria, a un grupo de personas a cumplirlo y por consiguiente, se excluya a quienes quieran ser parte.
Tomando en cuenta que para las últimas elecciones hubo un total de cuarenta mil ochocientos dieciocho mesas de votación y que cada una de ellas sortea a cinco personas, se requieren doscientas cuatro mil noventa personas para cumplir la función. Sumándole a esto las personas sorteadas para los crecientes sesenta y ocho colegios escrutadores, son doscientos ocho mil quinientos seis los ciudadanos que año a año son obligados a cumplir este deber. Pero además, tal como se expuso anteriormente, son miles también los que por no ser sorteados, quedan excluidos de dicha labor, que no hay que olvidar que aparte de ser una gran acción cívica, es también remunerada.
Es por esto, que el fin de este proyecto es generar un mecanismo inclusivo y participativo, pero fundamentado en la libre elección ciudadana. Un mecanismo que permita generar una instancia previa a la designación de los vocales de mesa y miembros del colegio escrutador, donde los ciudadanos puedan voluntariamente inscribirse para poder ser parte de este ejercicio cívico. Se busca, de esta manera, que quienes quieran cumplir esta noble e importante labor, puedan hacerlo sin sorteo previo, para que sea sur mismo entusiasmo y no el azar lo que les permita hacerlo. Por su parte y para asegurar el buen/ funcionamiento de las elecciones, el remanente de vacantes que no hayan sido ocupadas, serán sorteadas como se ha hecho siempre para así asegurar que los comicios se realicen con la seguridad eficiencia 54, eficacia de siempre.
Este proyecto no busca plantear escenarios desconocidos, ni menos basarse en experimentaciones sin fundamento. Ejemplos donde esta práctica es usada son varios. En Estados Unidos, por nombrar un caso, existe el concepto de “trabajador electoral”. En aquel país, quienes quieran participar de manera administrativa en los procesos eleccionarios, pueden hacer inscribiéndose en su oficina electoral más cercana. Se les remunera al igual que se hace acá y se les capacita de manera tal que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. Al ser una práctica con una frecuencia anual o bianual, los interesados repiten su compromiso, transformándose prácticamente en profesionales. Esto, no sólo logra que la experiencia ganada año tras año hagan que el sistema, compuesto por personas, se vaya perfeccionando, sino que también, propensa la creación y auge del real valor de la colaboración voluntaria en lo cívico.
El primer paso para una libre participación en el ámbito del deber cívico se dio con la llegada de la de Inscripción Automática y Voto Voluntario, proyecto que fue recibido con gran alegría por todos. Necesario resulta ahora, dar un paso más allá y perfeccionar el sistema en su totalidad, para que así se entregue el mensaje de que una sociedad consiente y participativa, es más sana que una creada en base a los deberes y obligaciones.
Por tanto y en virtud de los fundamentos expuestos, vengo en proponer a este Honorable Congreso Nacional el siguiente Proyecto de Ley:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modificase la ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en el siguiente sentido:
a) Agréguese al artículo 39, entre las voces “Mesas Receptoras de Sufragios” y “en conformidad a los artículos siguientes”, lo siguiente:
“preferentemente a las personas que hayan manifestado, mediante una solicitud ante el Servicio Electoral en cualquiera de sus oficinas o a través de su sitio web, desde el nonagésimo día anterior a la elección y hasta el cuadragésimo quinto día anterior a la elección, su decisión de presentarse voluntariamente a su cometido y que cumplan con los requisitos indicados en la presente ley. En el caso de que los voluntarios no sean suficientes para enterar el número requerido a que alude el artículo 41 de la ley, se completará la cantidad faltante”
b) Agréguese al inciso segundo del artículo 41, entre las voces “quinto día anterior a la elección” y “elegirá quince nombres”, la siguiente frase:
Los miembros de la Junta Electoral escogerán, guardando la preferencia señalada en al artículo 39 de la presente ley, treinta nombres que deberán corresponder a treinta ciudadanos con derecho a sufragio, que aparezcan en la nómina por mesa receptora de sufragio del Padrón Electoral con carácter de auditado, señalado en el artículo 32 de la ley N° 18.556, que el Servicio Electoral pondrá a disposición de la Junta”
c) Elimínese el inciso tercero del artículo 41.
d) Deróguese el artículo 47