Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Marco Antonio Nunez Lozano
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Roberto Leon Ramirez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Javier Hernandez Hernandez
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- PETICIÓN DE OFICIO : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Abel Jarpa Wevar
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Enrique Morano Cornejo
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Arturo Squella Ovalle
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR MARIANO GUZMÁN ROJAS, COMERCIANTE DE VICTORIA
- V. ORDEN DEL DÍA
- EXCEPCIÓN DE CUOTA ANUAL DE CAPTURA A PESCA ARTESANAL DE JUREL CON LÍNEA DE MANO Y MODIFICACIÓN DE REGULACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RÉGIMEN DE ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9097-21) [Continuación]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Roberto Fortunato Poblete Zapata
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- DEBATE
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DE NUEVO CONCEPTO DE EMPRESA (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 4456-13)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Patricio Vallespin Lopez
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Gabriel Boric Font
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- INTERVENCIÓN : Ivan Alberto Flores Garcia
- DEBATE
- DEBATE
- EXCEPCIÓN DE CUOTA ANUAL DE CAPTURA A PESCA ARTESANAL DE JUREL CON LÍNEA DE MANO Y MODIFICACIÓN DE REGULACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RÉGIMEN DE ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9097-21) [Continuación]
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA INTEGRAL EN FAVOR DEL ADULTO MAYOR (Preferencia)
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Denise Pascal Allende
- Alejandro Santana Tirachini
- Claudia Nogueira Fernandez
- Leopoldo Perez Lahsen
- Issa Farid Kort Garriga
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Ojeda Uribe
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Andrea Molina Oliva
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- ANTECEDENTE
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EMPLAZAMIENTO DE PLAZA DE PEAJE EN TRAMO PUERTO MONTT-PARGUA
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- DEBATE
- SOLICITUD PARA INCORPORAR EN LA LEY DE PRESUPUESTOS RECURSOS PARA REFORZAR LA INSTITUCIONALIDAD MEDIOAMBIENTAL
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Andrea Molina Oliva
- Sergio Aguilo Melo
- David Sandoval Plaza
- Leopoldo Perez Lahsen
- Patricio Vallespin Lopez
- Pablo Lorenzini Basso
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Christian Erwin Urizar Munoz
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Christian Erwin Urizar Munoz
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA INTEGRAL EN FAVOR DEL ADULTO MAYOR (Preferencia)
- VII. INCIDENTES
- AYUDA PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTOPARA MADRE ENFERMA (Oficios)
- CAMPAÑA PARA TRASLADO A TILTIL DE RESTOS DE PRÓCER MANUEL RODRÍGUEZ (Oficio)
- AMPLIACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE COMPRA DE TERRENOS EN REGIÓN DE O'HIGGINS (Oficios)
- CONSTRUCCIÓN DE CRUCE FERROVIARIO SOBRE O BAJO NIVEL ENCOMUNA DE REQUÍNOA (Oficios)
- REVISIÓN DE LEY SOBRE PENAS SUSTITUTIVAS Y EVALUACIÓN DEALTERNATIVAS A RECLUSIÓN NOCTURNA PARA MADRESDE MENORES DE EDAD (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MAL EJECUTADOS (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN DE ARMAS DE FUEGO POR PARTICULARES Y DECOMISOS DE LAS MISMAS (Oficios)
- FELICITACIONES A DOCTOR ÓSCAR GALINDO POR SU ELECCIÓN COMONUEVO RECTOR DE UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN EN REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS. (Oficios)
- INCORPORACIÓN DE JARDÍN INFANTIL “RAYITO DE SOL”, DE LOCALIDADDE LA JUNTA, COMUNA DE CISNES, A PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAPARA EDUCACIÓN PARVULARIA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRIL SANTIAGO-MELIPILLA Y SOBRE PLAN DE CIERRE DE CRUCES FERROVIARIOS PELIGROSOS EN COMUNAS DE TALAGANTE Y MELIPILLA (Oficio)
- EXPLICACIÓN SOBRE MOTIVOS DE DEMORA EN ENTREGA DE POBLACIONES LOS JAZMINES I Y II, COMUNA DE MELIPILLA (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CASO DEACCIDENTES EN RUTA 78 (Oficio)
- INCUMPLIMIENTO DE LEY DE TELEVISIÓN DIGITAL EN MATERIA DECOBERTURA PARA COMUNAS DE CURACAVÍ, MELIPILLA, SAN PEDRO,ALHUÉ, MARÍA PINTO Y EL MONTE (Oficio)
- ENTREGA A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE INCENDIO OCURRIDO EN LA COMUNA (Oficio)
- IMPEDIMENTO PARA INGRESAR A TERRITORIO NACIONAL Y ASISTIR A CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE FÚTBOL EN VIÑA DEL MAR APERSONAS CONDENADAS EN SUS PAÍSES DE ORIGEN POR VIOLENCIAEN ESTADIOS (Oficios)
- ENTREGA DE ESCRITURAS A PROPIETARIOS DE VIVIENDAS DERECONSTRUCCIÓN EN REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMA DE REMODELACIÓN DE ESTADIO“ALCALDESA ESTER ROA”, COMUNA DE CONCEPCIÓN (Oficio)
- SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA JOVEN AFECTADO POR TETRAPLEJIA,COMUNA DE LA FLORIDA (Oficios)
- ELIMINACIÓN DE COTIZACIÓN DE SALUD A MONTEPIADA (Oficio)
- TÉRMINO DE DESCUENTO A FUNCIONARIOS EN RETIRO DE CARABINEROS (Oficios)
- REGULACIÓN DE COBRO DE INTERESES EN PRÉSTAMOS OTORGADOS POR CAJAS DE COMPENSACIÓN A ADULTOS MAYOYES (Oficios)
- REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE CHOLGUAHUE,COMUNA DE LOS ÁNGELES (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMINO ENTRE PEAJE QUEIME, COMUNA DE QUILLÓN, Y COMUNA DE BULNES, REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
- SUMINISTRO DE FORRAJE PARA ANIMALES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ZONA PRECORDILLERANA, COMUNA DE SAN FABIÁN,REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
- PREOCUPACIÓN POR SUSPENSIÓN DE BENEFICIO DE SERVICIO DEALIMENTACIÓN DE JUNAEB EN RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE CONCEPCIÓN (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN SECTOR PERALES, COMUNA DE COELEMU, Y MEDIDAS ADOPTADAS PORAUTORIDAD COMPETENTE (Oficio)
- PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN ENTREGA DE RECURSOS DE LEY SEP A MUNICIPIOS Y SU IMPACTO EN COMUNIDAD ESCOLAR DECOMUNA DE COPIAPÓ (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE MONTO DE BONO PARA EXONERADO BENEFICIADO CON PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA, SEÑOR JUAN BAUTISTA LAGOS PÉREZ (Oficios)
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA INSTALACIÓN PROVISORIA DE CENTRO DE DIÁLISIS EN COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Issa Farid Kort Garriga
- Roberto Leon Ramirez
- Fernando Meza Moncada
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Gabriel Silber Romo
- Joaquin Tuma Zedan
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Bernardo Jose Berger Fett
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Leopoldo Perez Lahsen
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Alejandro Santana Tirachini
- Arturo Squella Ovalle
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Claudia Nogueira Fernandez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Issa Farid Kort Garriga
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jorge Evaldo Rathgeb Schifferli
- Alejandro Santana Tirachini
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 362ª
Sesión 35ª, en martes 17 de junio de 2014
(Ordinaria, de 11.11 a 14.27 horas)
Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo; Carmona Soto, don Lautaro, y González Torres, don Rodrigo.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 15
II. APERTURA DE LA SESIÓN 19
III. ACTAS 19
IV. CUENTA 19
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA 19
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 21
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR MARIANO GUZMÁN ROJAS, COMERCIANTE DE VICTORIA 22
V. ORDEN DEL DÍA 23
EXCEPCIÓN DE CUOTA ANUAL DE CAPTURA A PESCA ARTESANAL DE JUREL CON LÍNEA DE MANO Y MODIFICACIÓN DE REGULACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RÉGIMEN DE ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9097-21) [Continuación] 23
ESTABLECIMIENTO DE NUEVO CONCEPTO DE EMPRESA (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 4456-13) 30
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN 55
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA INTEGRAL EN FAVOR DEL ADULTO MAYOR (Preferencia) 55
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EMPLAZAMIENTO DE PLAZA DE PEAJE EN TRAMO PUERTO MONTT-PARGUA 57
SOLICITUD PARA INCORPORAR EN LA LEY DE PRESUPUESTOS RECURSOS PARA REFORZAR LA INSTITUCIONALIDAD MEDIOAMBIENTAL 59
VII. INCIDENTES 61
AYUDA PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTO PARA MADRE ENFERMA (Oficios) 61
CAMPAÑA PARA TRASLADO A TILTIL DE RESTOS DE PRÓCER MANUEL RODRÍGUEZ (Oficio) 62
AMPLIACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE COMPRA DE TERRENOS EN REGIÓN DE O'HIGGINS (Oficios) 63
CONSTRUCCIÓN DE CRUCE FERROVIARIO SOBRE O BAJO NIVEL EN COMUNA DE REQUÍNOA (Oficios) 64
Pág.
REVISIÓN DE LEY SOBRE PENAS SUSTITUTIVAS Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS A RECLUSIÓN NOCTURNA PARA MADRES DE MENORES DE EDAD (Oficio) 64
INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MAL EJECUTADOS (Oficios) 65
INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN DE ARMAS DE FUEGO POR PARTICULARES Y DECOMISOS DE LAS MISMAS (Oficios) 66
FELICITACIONES A DOCTOR ÓSCAR GALINDO POR SU ELECCIÓN COMO NUEVO RECTOR DE UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (Oficios) 67
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN EN REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS. (Oficios) 68
INCORPORACIÓN DE JARDÍN INFANTIL “RAYITO DE SOL”, DE LOCALIDAD DE LA JUNTA, COMUNA DE CISNES, A PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN PARVULARIA (Oficios) 69
INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRIL SANTIAGO-MELIPILLA Y SOBRE PLAN DE CIERRE DE CRUCES FERROVIARIOS PELIGROSOS EN COMUNAS DE TALAGANTE Y MELIPILLA (Oficio) 70
EXPLICACIÓN SOBRE MOTIVOS DE DEMORA EN ENTREGA DE POBLACIONES LOS JAZMINES I Y II, COMUNA DE MELIPILLA (Oficio) 71
INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CASO DE ACCIDENTES EN RUTA 78 (Oficio) 71
INCUMPLIMIENTO DE LEY DE TELEVISIÓN DIGITAL EN MATERIA DE COBERTURA PARA COMUNAS DE CURACAVÍ, MELIPILLA, SAN PEDRO, ALHUÉ, MARÍA PINTO Y EL MONTE (Oficio) 72
ENTREGA A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE INCENDIO OCURRIDO EN LA COMUNA (Oficio) 72
IMPEDIMENTO PARA INGRESAR A TERRITORIO NACIONAL Y ASISTIR A CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE FÚTBOL EN VIÑA DEL MAR A PERSONAS CONDENADAS EN SUS PAÍSES DE ORIGEN POR VIOLENCIA EN ESTADIOS (Oficios) 72
ENTREGA DE ESCRITURAS A PROPIETARIOS DE VIVIENDAS DE RECONSTRUCCIÓN EN REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficio) 73
INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMA DE REMODELACIÓN DE ESTADIO “ALCALDESA ESTER ROA”, COMUNA DE CONCEPCIÓN (Oficio) 74
SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA JOVEN AFECTADO POR TETRAPLEJIA, COMUNA DE LA FLORIDA (Oficios) 74
ELIMINACIÓN DE COTIZACIÓN DE SALUD A MONTEPIADA (Oficio) 75
TÉRMINO DE DESCUENTO A FUNCIONARIOS EN RETIRO DE CARABINEROS (Oficios) 76
Pág.
REGULACIÓN DE COBRO DE INTERESES EN PRÉSTAMOS OTORGADOS POR CAJAS DE COMPENSACIÓN A ADULTOS MAYOYES (Oficios) 76
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE CHOLGUAHUE, COMUNA DE LOS ÁNGELES (Oficios) 77
VIII. ANEXO DE SESIÓN 78
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 78
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMINO ENTRE PEAJE QUEIME, COMUNA DE QUILLÓN, Y COMUNA DE BULNES, REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios) 78
SUMINISTRO DE FORRAJE PARA ANIMALES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ZONA PRECORDILLERANA, COMUNA DE SAN FABIÁN, REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios) 79
PREOCUPACIÓN POR SUSPENSIÓN DE BENEFICIO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE JUNAEB EN RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE CONCEPCIÓN (Oficio) 79
INFORMACIÓN SOBRE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN SECTOR PERALES, COMUNA DE COELEMU, Y MEDIDAS ADOPTADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE (Oficio) 80
PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN ENTREGA DE RECURSOS DE LEY SEP A MUNICIPIOS Y SU IMPACTO EN COMUNIDAD ESCOLAR DE COMUNA DE COPIAPÓ (Oficios) 80
INFORMACIÓN SOBRE MONTO DE BONO PARA EXONERADO BENEFICIADO CON PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA, SEÑOR JUAN BAUTISTA LAGOS PÉREZ (Oficios) 81
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA INSTALACIÓN PROVISORIA DE CENTRO DE DIÁLISIS EN COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios) 81
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 83
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, con el que inicia un proyecto de ley que crea una administradora de fondos de pensiones del estado. (boletín N° 9399-13) 83
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 6499-11) 95
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9287-06) 95
4. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio. (boletín Nº 7886-03) 96
5. Informe de la Comisión de Familia y adulto mayor referido al proyecto de ley que modifica el Código Civil, declarando incapaz para suceder al difunto, a quien ejerce violencia con el adulto mayor (boletín N° 8528-32) 124
6. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Farcas, Espinoza, don Fidel; Jarpa, Kort, León, Meza, Rincón, Silber y Tuma, y de la diputada señora Nogueira que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar el rayado no autorizado en la propiedad pública o particular y en bienes de valor histórico o patrimonial. (boletín N° 9395-07) 133
Pág.
7. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, Berger, Coloma, Pérez, don Leopoldo; Saffirio, Santana y Squella, y de la diputada señora Nogueira que modifica el Código Procesal Penal estableciendo normas sobre protección de las víctimas que declaran en la audiencia de juicio oral. (boletín N° 9396-07) 135
8. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina; Hernando y Nogueira, y de los diputados señores García, Kort, Pérez, don Leopoldo; Rathgeb y Santana que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, fortaleciendo la protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental. (boletín N° 9397-12) 137
9. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2505-13-INA 141
X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1 Comunicaciones:
- Del diputado señor Castro por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 12 de junio de 2014, por motivos de fuerza mayor.
- Del diputado señor Rincón por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 12 de junio de 2014, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Fuentes por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, 17 de junio, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Morano por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, 17 de junio, por actividades propias de la labor parlamentaria.
- Del diputado señor Ceroni por la cual justifica su inasistencia la sesión de hoy, 17 en curso, por motivos personales.
- Del diputado señor Núñez, don Marco Antonio, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 1 día, a contar del 12 de junio de 2014.
2. Notas:
Del diputado señor León, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 16 de junio de 2014, para dirigirse a Ginebra
De la diputada señora Cicardini por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 18 de junio de 2014, para dirigirse a Veracruz, México
Del diputado señor Hernández por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 13 de junio de 2014, para dirigirse a Santa Cruz, Bolivia
3. Oficios:
- De la Comisión de Seguridad Ciudadana por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en mensaje, que “Establece asignación de función penitenciaria, para el personal de Gendarmería de Chile”, boletín N° 9246-05, actualmente radicado en la Comisión de Hacienda, por referirse a una materia que corresponde a la competencia de la comisión peticionaria.
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Salvadoreño por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Núñez, don Daniel.
Respuestas a Oficios
Ministerio de Interior
- Diputado Jaramillo, Beneficios que otorga la ley 19.234 a los señores Juan Roa Pérez y Juan Abel Contreras, en su calidad de exonerados políticos. (9444 al 849).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
- Diputada Hoffmann doña María José, Formación de la Junta de Vigilancia para la tercera sección del río Maipo, desde la desembocadura del río Mapocho hasta el mar en la Región de Valparaíso, precisando los motivos que llevaron a modificar el contrato con la consultora Vergara y Cia., la disposición de la Comisión Nacional de Riego para hacerse parte en la causa Rol V-7-2014 del Primer Juzgado Civil de Talagante , los requisitos para conformar la Junta de Vigilancia en el tramo señalado y la posición de la Dirección General de Aguas al respecto. (3970 al 1262).
- Diputada Hernando doña Marcela, Posibilidad de interponer sus buenos oficios ante S. E. la Presidenta de la República a fin que otorgue su patrocinio a la moción que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente , con el objeto de declarar zonas excluidas de la posibilidad de desarrollar actividades o proyectos susceptibles de causar impacto ambiental, boletín N° 9338-12. (3971 al 1213).
Ministerio de Hacienda
- Diputado Accorsi, Existencia de colusiones en los remates de inmuebles y las acciones y medidas adoptadas a fin de investigar, prevenir, impedir y/o sancionar dichas prácticas. (978 al 12538).
Ministerio de Educación
- Diputado Trisotti, Estado de conservación de todos los establecimientos educaciones públicos de las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. (533 al 625).
Ministerio de Justicia
- Diputado Sandoval, Informar a esta Corporación acerca de la factibilidad de propiciar un proyecto de construcción de una nueva cárcel en la comuna de Coyhaique, debido a las precarias condiciones del actual recinto penitenciario, indicando el plazo y lugar en que se ejecutaría tal obra (4108 al 798).
Ministerio de Obras Públicas
- Diputada Álvarez doña Jenny, Situación que afectó a las familias residentes en el primer sector del barrio de palafitos Pedro Montt, por el reblase de aguas servidas desde la planta elevadora de Essal. (1848 al 227).
- Diputado Rathgeb, Disponer una fiscalización respecto de la calidad del agua en la comuna de Los Sauces (1901 al 102).
Ministerio de Agricultura
- Diputado Gahona, Plan de contingencia ante la catástrofe generada por la sequía en la Región de Coquimbo, precisando las medidas, recursos asignados y su distribución. (512 al 1278).
- Proyecto de Resolución 32, “Valorar el cumplimiento de las medidas comprometidas para la agricultura y ratificar el compromiso con la Reforma Tributaria.” 520.
Ministerio de Bienes Nacionales
- Diputada Hernando doña Marcela, Estado de tramitación de la solicitud presentada por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Agricultura y Cunicultura Desierto Verde, RUT 65.002.535-0, postulación N° 022CS472232, para la entrega de un inmueble ubicado en el kilometro 18 camino a Baquedano. (2760 al 224).
- Diputado Rocafull, Informar a esta Corporación respecto de la situación actual del terreno ubicado en Avenida Diego Portales 1262, ciudad de Arica, Rol de Avalúo N° 662-1, cuya dirección según el Servicio de Impuestos Internos es Avenida Diego Portales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, específicamente su dominio y destinación, (342 al 1129).
- Diputado Sandoval, Posibilidad de estudiar un proyecto de ley que permita a los pioneros de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo acceder a la regularización de los terrenos que han ocupado históricamente. (350 al 1123).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Diputado Santana, Cumplimiento de la Resolución Exenta N° 0267, de 17 de enero de 2013, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, destinada al financiamiento de materiales de construcción para el proyecto de mejoramiento de viviendas palafitos en el sector de Matadero de la comuna de Castro, especialmente respeto del señor Claudio Yáñez Paillán. (310 al 551).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Diputado Ward, Diputada Molina doña Andrea, Número total de desvinculaciones de funcionarios públicos efectuadas a partir del 11 de marzo del presente año y de contrataciones efectuadas a partir de dicha fecha, remitiendo copia de las resoluciones, debidamente tomadas de razón por la Contraloría General de la República, que les sirven de fundamento, precisando en ambos casos los cargos, funciones y remuneraciones. Además, explique la política de reajuste de remuneraciones aplicada a partir de la fecha señalada, con el detalle de todos los efectuados y su fundamento según cargo y función, incluyendo el porcentaje efectivo del aumento en proporción a las remuneraciones que correspondían al mismo cargo hasta el 10 de marzo de 2014. (1014 al 1052).
- Diputado Ward, Diputada Molina doña Andrea, Número total de desvinculaciones de funcionarios públicos efectuadas a partir del 11 de marzo del presente año y de contrataciones efectuadas a partir de dicha fecha, remitiendo copia de las resoluciones, debidamente tomadas de razón por la Contraloría General de la República, que les sirven de fundamento, precisando en ambos casos los cargos, funciones y remuneraciones. Además, explique la política de reajuste de remuneraciones aplicada a partir de la fecha señalada, con el detalle de todos los efectuados y su fundamento según cargo y función, incluyendo el porcentaje efectivo del aumento en proporción a las remuneraciones que correspondían al mismo cargo hasta el 10 de marzo de 2014. (1014 al 1075).
Ministerio Medio Ambiente
- Diputado Urizar, Estado del proyecto y cumplimiento de los requisitos legales para la instalación de una antena de telefonía móvil de la empresa Entel en la calle Pedro Enrique del Río de la comuna de La Cruz, remitiendo los antecedentes que lo avalan. (163 al 925).
- Diputado Urizar, Informar a esta Corporación respecto del estado del proyecto de instalación de una antena de telefonía celular en la comuna de Quillota por la empresa Entel Comunicaciones, que se propone instalar en la calle Freire N° 1511 y 1531 de dicha comuna y acerca de los documentos legales que avalan dicha iniciativa, conforme se describe en la intervención adjunta. Asimismo, se solicita informar si este proyecto cumple con los requisitos legales, administrativos y técnicos. (165 al 1154).
- Diputado Urizar, Informar a esta Corporación respecto del estado de participación ciudadana y el nivel de conocimiento de la población del proyecto denominado “Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones-Polpaico”, cuyo objetivo es fortalecer el sistema de transmisión troncal del Sistema Interconectado Central (166 al 1134).
- Diputada Molina doña Andrea, Informar a esta Corporación acerca de los avances y resultados que se hayan obtenido a la fecha respecto a la denuncia realizada por la succión de sardinas en las plantas 2 y 4 de Aes Gener, caleta de Ventanas, Puchuncaví, el 25 y 27 de diciembre de 2013 (880 al 1199).
Intendencias
- Diputado Rocafull, Licitación pública del sector Pampa Concordia Lote H, ubicado a 11 km., al norte de la ciudad de Arica y a 6 km., de la frontera con Perú, ruta 5 Panamericana Norte; individualizados en el plano N° 15101-959- C.R del Ministerio de Bienes Nacionales. (1243 al 832).
- Diputada Molina doña Andrea, Nuevo varamiento de carbón ocurrido el día 4 de mayo recién pasado, en la caleta de Ventanas y los avances en la investigación de los anteriores, disponiendo la respectiva fiscalización (164 al 944).
- Diputado Rocafull, Otorgamiento de tarjeta de control diario a conductores de taxis colectivos que no cuentan con licencia profesional, como el caso publicado en el diario La Estrella de Arica el día martes 6 de mayo. (296 al 945).
Servicios
- DiputadaSepúlveda doña Alejandra, Fecha que se efectuará el pago de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez al señor Juan Esteban Rubio Parada, domiciliado en la comuna de Las Cabras. (11855 al 533).
- Diputado Jaramillo, Razones que impiden pagar la pensión de exonerado político al señor Juan Llanquel Rantul a pesar de que por resolución N° 1952 de ese Ministerio, se señala que reúne los requisitos para acceder a los beneficios que contempla le ley N° 19.234. (17118 al 1006).
- DiputadaSepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de reconsiderar el caso de la señora Myriam Patricia Parraguez Bustamante de la comuna de San Fernando ante el rechazo de la apelación presentada por disconformidad en el porcentaje de discapacidad reconocida. (34963 al 1027).
- Diputado Sandoval, Informar a esta Corporación acerca de la factibilidad de propiciar un proyecto de construcción de una nueva cárcel en la comuna de Coyhaique, debido a las precarias condiciones del actual recinto penitenciario, indicando el plazo y lugar en que se ejecutaría tal obra (869 al 799).
Varios
- Diputado Monckeberg don Cristián, Situación que afecta al Teniente señor Javier Luna Lavín, quien a la fecha se encontraría separado del servicio y sin percibir remuneración a pesar de haber cumplido la sanción impuesta, procediendo a su reintegro si correspondiera. (392 al 1175).
- Diputado Chahin, Posibilidad de proceder a excluir de las bases de datos la información de deudas del señor Bernabé del Carmen Osses Reyes de la comuna de Victoria, en atención a que datan de 1994. (923 al 1254).
Municipalidades
- Diputada Fernández doña Maya, Ubicación de las ciclovías de la comuna de Ñuñoa, identificando su inicio y final, y precisando claramente distancia, longitud y ancho de ellas. (1432al 859).
- Diputado Gahona, Motivos por el atraso en la construcción del Estadio “La Portada” de La Serena e indicando la empresa constructora de dicha obra conforme al detalle que señala. (2686al 539).
- Diputado Insunza, Disponer que la municipalidad que encabeza inicie el proceso de expropiación en el evento que no se llegue a acuerdo con la empresa propietaria del fundo (271 al 484).
- Diputado Paulsen, Estado de ejecución de la construcción del Liceo HC Jorge Teillier de la comuna de Lautaro, precisando el porcentaje de avance, la fecha propuesta para la recepción definitiva y si presenta algún retraso respecto del cronograma inicial. (457 al 1092).
XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Diputada Girardi doña Cristina, Concreción del proyecto de construcción de un gran parque en el sector de La Hondonada de la comuna de Cerro Navia. (1613 de 11/06/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Hernando doña Marcela, Denuncia formulada por el señor Rodrigo Vial Dumas por la existencia de eventuales irregularidades en la licitación pública N° 2430-35-LP13 denominada “Implementación de Energía Solar Fotovoltaica IMA” publicada por la municipalidad de Antofagasta el 6 de diciembre de 2013, cuyos antecedentes se acompañan. (1617 de 11/06/2014). A Contraloría General de la República .
- Diputada Molina doña Andrea, Posibilidad de disponer la realización de rondas preventivas en el domicilio ubicado en camino El Tebo, calle Andrea Molina, casa 36, Horcón, residencia de la señora Ana Ortiz Munizaga, quien tiene una medida de protección vigente decretada a petición del Fiscal del Ministerio Público. (1622 de 11/06/2014). A subcomisario de quintero.
- Diputado Paulsen, Estado de tramitación de la postulación para obtener un inmueble realizada por el Club Deportivo Santa Ema Sur de la comuna de Curacautín, en el marco del programa “Juégatela por tu cancha”, y acerca de la construcción de la plaza del sector. (1623 de 11/06/2014). A alcalde de Curacautín .
- Diputado Paulsen, Medidas que se adoptarán para solucionar los problemas de falta de tapa de alcantarillado y de limpieza del colector de aguas lluvias en la calle 11 de septiembre con Schnneider de la comuna de Victoria. (1624 de 11/06/2014). A municipalidades.
- Diputado Paulsen, Criterios utilizados para seleccionar a los funcionarios de las empresas dedicadas a la recolección de basura en la comuna de Lautaro, precisando el número de trabajadores que recibirá el bono que asignó la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. (1625 de 11/06/2014). A municipalidades.
- Diputado Paulsen, Mecanismos y requisitos para aplicar la encuesta de la ficha de protección social y los motivos que llevaron a efectuar una reevaluación del señor Sergio Gajardo Castillo, detallando las variaciones encontradas entre la primera encuesta efectuada en agosto de 2013 y la reevaluación respectiva. (1626 de 11/06/2014). A municipalidades.
- Diputado Paulsen, Estado de tramitación de la postulación para obtener un inmueble realizada por el Club Deportivo Santa Ema Sur de la comuna de Curacautín, en el marco del programa “Juégatela por tu cancha”, y acerca de la construcción de la plaza del sector. (1628 de 11/06/2014). A intendencias.
- Diputado Paulsen, Estado del proyecto de pavimentación del camino al cementerio en la localidad de Cherquenco de la comuna de Vilcún. (1629 de 11/06/2014). A intendencias.
- Diputado Paulsen, Medidas que se adoptarán para solucionar los problemas de falta de tapa de alcantarillado y de limpieza del colector de aguas lluvias en la calle 11 de septiembre con Schnneider de la comuna de Victoria. (1630 de 11/06/2014). A dirección regional de Vialidad de La Araucanía.
- Diputado Paulsen, Proyecto original y el estado de avance de la construcción de un puente en el kilómetro 2 del camino Cherquenco, sector San Patricio de la comuna de Vilcún. (1631 de 11/06/2014). A dirección de Vialidad de La Araucanía.
- Diputado Sandoval, Estado de avance del proyecto de ley que establecerá condiciones mínimas de habitabilidad para las embarcaciones que se ocupan en labores de apoyo a la acuicultura. (1632 de 11/06/2014). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputado Sandoval, Estado de avance del proyecto de ley que establecerá condiciones mínimas de habitabilidad para las embarcaciones que se ocupan en labores de apoyo a la acuicultura. (1633 de 11/06/2014). A varios.
- Diputado Sandoval, Estado de avance del proyecto de ley que establecerá condiciones mínimas de habitabilidad para las embarcaciones que se ocupan en labores de apoyo a la acuicultura. (1634 de 11/06/2014). a director nacional de Sernapesca.
- Diputado Carmona, Entrega de los recursos de la subvención escolar preferencial a la escuela Hernán Márquez de la ciudad de Copiapó, explicitando el monto adeudado, el período efectivo de atraso en su entrega y acerca de la situación del proceso de selección de asistentes sociales, fonoaudiólogos, sicólogos, psicopedagogos y asistentes de aulas que aún no han sido contratados, en los términos que plantea en la solicitud que se acompaña. (1638 de 12/06/2014). A municipalidades.
- Diputado Carmona, Posibilidad de disponer una fiscalización respecto del accionar de la empresa contratista de Aguas Chañar S. A. con el propósito de verificar los hechos denunciados por vecinos de la Población Cartavio de la comuna de Copiapó conforme se describe en la solicitud que se acompaña. (1639 de 12/06/2014). A jefe regional Superintendencia de Servicios Sanitarios de Atacama .
- Diputado Jackson, Remita a esta Cámara una nómina, con la referencia a los instrumentos normativos, donde se consignen las becas, subsidios y beneficios especiales para estudiantes extranjeros y nacionales en educación general y superior; y, antecedentes sobre situación especial de estudiantes en condición migratoria irregular. (1640 de 12/06/2014). A Ministerio de Educación.
- Diputado Jackson, Información sobre los contribuyentes de Impuesto a la Renta de Primera y Segunda Categoría en los años 2010, 2011 y 2012; montos declarados por concepto de retiros en exceso; pérdida de crédito por operaciones de AFP; y, transformación de un ingreso del artículo 107 de la Ley de Impuesto de la Renta, de ingreso no renta a ingreso tributable al ser pagado por la AFP, en los términos que plantea en la solicitud que se acompaña. (1641 de 12/06/2014). A servicios.
- Diputado Jarpa, Situación de los comités de vivienda de la comuna de Chillán Viejo, que señala en la solicitud que se acompaña, que por diversos motivos han visto retrasadas sus posibilidades de optar a una vivienda definitiva. (1642 de 12/06/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputada Molina doña Andrea, Número de comunas a nivel nacional que cumplen con la conformación del consejo económico social comunal y si existen comunas en la Región de Valparaíso que cuenten con este organismo. (1643 de 12/06/2014). A Asociación Chilena de Municipalidades.
- Diputada Molina doña Andrea, Situación previsional actual de la señora María Eliana Hernández Pizarro de la comuna de Nogales a quien se habría suspendido el pago del beneficio Bono por Hijo desde 2013, evaluando sus antecedentes socioeconómicos a fin de corroborar su Puntaje de Focalización Previsional. (1644 de 12/06/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputada Molina doña Andrea, Situación previsional actual de la señora María Eliana Hernández Pizarro de la comuna de Nogales a quien se habría suspendido el pago del beneficio Bono por Hijo desde 2013, evaluando sus antecedentes socioeconómicos a fin de corroborar su Puntaje de Focalización Previsional. (1650 de 12/06/2014). A servicios.
- Diputada Molina doña Andrea, Situación previsional de la señora Hilda Mireya del Carmen Pereira Ibáñez, de la comuna de La Ligua, a fin que pueda acceder a los beneficios existentes. (1651 de 12/06/2014). A servicios.
- Diputada Molina doña Andrea, Incremento del número de asesores de ese ministerio y de las remuneraciones, en los términos que plantea en la solicitud que se acompaña. (1653 de 12/06/2014). A Ministerio de Salud.
- Diputada Molina doña Andrea, Concesiones otorgadas en la zona de Papudo y sus alrededores que estén vigentes y en vías de caducar. (1655 de 12/06/2014). A Ministerio de Defensa Nacional.
- Diputada Molina doña Andrea, Situación previsional de la señora Elena Villarroel Sánchez de la comuna de Quillota, a fin que pueda acceder a los beneficios existentes. (1656 de 12/06/2014). A servicios.
- Diputada Molina doña Andrea, Situación previsional de la señora Hilda Mireya del Carmen Pereira Ibáñez, de la comuna de La Ligua, a fin que pueda acceder a los beneficios existentes. (1657 de 12/06/2014). A servicios.
- Diputada Molina doña Andrea, Existencia de un catastro de grifos en la provincia de Petorca y el estado de funcionamiento de cada uno de ellos. (1658 de 12/06/2014). A jefe de la oficina de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Valparaiso.
- Diputado Morano, Posibilidad de que una de las estaciones de la red del Metro lleve el nombre de Manuel Bustos Huerta, considerando que ella sea la proyectada en calle Club Hípico esquina Manuel Valdovinos. (1660 de 12/06/2014). A empresas del Estado.
- Diputado Rathgeb, Entrega de capital de trabajo y maquinarias desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, individualizando a los beneficiarios y los montos otorgados. (1661de 12/06/2014). A director regional del Indap Araucanía.
- Diputado Rathgeb, Desvinculaciones y contrataciones realizadas en ese servicio y hospitales dependientes, desde el 11 de marzo de 2014, en los términos que plantea en la solicitud que se acompaña. (1663 de 12/06/2014). A servicios.
- Diputado Rathgeb, Sumarios e investigaciones sumarias llevados a cabo desde enero a junio de 2014 dentro del servicio y hospitales dependientes, indicando las razones que ocasionaron su instrucción y sus resultados. (1664 de 12/06/2014). A servicios.
- Diputado Silber, Posibilidad de entregar en comodato el terreno ubicado en calle Lago Ontario N° 8480 de la comuna de Pudahuel al Club del Adulto Mayor “Siguiendo al Padre Hurtado ”, describiendo los procesos y trámites que se deberían efectuar para tal efecto. (1665 de 12/06/2014). A servicios.
- Diputado Silber, Problemas de conectividad que afectan a los vecinos de Quilicura, señalando la disponibilidad de insertar nuevas máquinas en los recorridos de las empresas SuBus, RedBus y Express Santiago en los recorridos 400, B12, B05 y 428 y adoptar las medidas que propone en la solicitud que se acompaña. (1666 de 12/06/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Silber, Problemas de conectividad que afectan a los vecinos de Quilicura, señalando la disponibilidad de insertar nuevas máquinas en los recorridos de las empresas SuBus, RedBus y Express Santiago en los recorridos 400, B12, B05 y 428 y adoptar las medidas que propone en la solicitud que se acompaña. (1667 de 12/06/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Silber, Diputado Farcas, Registro de molineros que esa Cartera posee. (1668 de 12/06/2014). A Ministerio de Agricultura.
- Diputado Silber, Diputado Farcas, Registro de molineros que esa Cartera posee. (1669 de 12/06/2014). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- Diputado Squella, Cancelación de la adjudicación por parte del actual Gobierno, del Programa de Capacitación Laboral y Formación en Oficios asumida por el Centro de Formación Técnica Industrial Chileno-Francés y el Servicio de Capacitación y Empleo en las Regiones Metropolitana, II, V y VI, indicando el motivo de su cese y las medidas adoptadas para reubicar a los trabajadores cuya capacitación se ha visto interrumpida durante el año en curso. (1670 de 12/06/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Álvarez Vera, Jenny PS X 58
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Arriagada Macaya, Claudio DC RM 25
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bellolio Avaria, Jaime UDI RM 30
Berger Fett, Bernardo RN XIV 53
Boric Font, Gabriel IND XII 60
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cariola Oliva, Karol PC RM 19
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Carvajal Ambiado, Loreto PPD VIII 42
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Chahin Valenzuela, Fuad DC IX 49
Chávez Velásquez, Marcelo DC VIII 45
Cicardini Milla, Daniella IND III 5
Coloma Álamos, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo DC V 13
De Mussy Hiriart, Felipe UDI X 56
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Espejo Yaksic, Sergio DC VI 35
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farcas Guendelman, Daniel PPD RM 17
Farías Ponce, Ramón PPD RM 25
Fernández Allende, Maya PS RM 21
Flores García, Iván DC XIV 53
Fuenzalida Figueroa, Gonzalo RN XIV 54
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hernando Pérez, Marcela PRSD II 4
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Insunza Gregorio de las Heras, Jorge PPD IV 9
Jackson Drago, Giorgio IND RM 22
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 24
Kast Sommerhoff, Felipe IND RM 22
Kort Garriga, Issa UDI VI 32
Lavín León, Joaquín UDI RM 20
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Letelier Norambuena, Felipe PPD VI 33
Lorenzini Basso, Pablo DC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Melo Contreras, Daniel PS RM 27
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Mirosevic Verdugo, Vlado Liberal de Chile XV 1
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz, Celso UDI VII 36
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Arancibia, Daniel PC IV 8
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Núñez Urrutia, Paulina RN II 4
Ojeda Uribe, Sergio DC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel DC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Paulsen Kehr, Diego RN IX 49
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Pilowsky Greene, Jaime DC RM 24
Poblete Zapata, Roberto IND. VIII 47
Provoste Campillay, Yasna DC III 6
Rathgeb Schifferli, Jorge RN IX 48
Rincón González, Ricardo DC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rocafull López, Luis PS XV 1
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge DC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René DC IX 50
Saldívar Auger, Raúl PS IV 7
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel DC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Soto Ferrada, Leonardo PS RM 30
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor DC V 15
Trisotti Martínez, Renzo UDI I 2
Tuma Zedán, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urízar Muñoz, Christian PS V 10
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Urrutia Soto, Osvaldo UDI V 14
Vallejo Dowling, Camila PC RM 26
Vallespín López, Patricio DC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Venegas Cárdenas, Mario DC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Walker Prieto, Matías DC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrieron, además, la ministra del Trabajo y Previsión Social , señora Javiera Blanco Suárez, y la ministra secretaria general de la Presidencia , señora Ximena Rincón González.
-Se contó con la asistencia, también, del subsecretario del Ministerio del Trabajo, señor Francisco Díaz Verdugo.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-Con permiso constitucional: La diputada señora Denise Pascal Allende, y los diputados señores Roberto León Ramírez y Cristián Monckeberg Bruner.
-Con impedimento grave: El diputado Guillermo Ceroni Fuentes.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.11 horas.
El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 27ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 28ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , en el número 8 de la Cuenta figura el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal estableciendo normas sobre protección de las víctimas que declaran en la audiencia de juicio oral, cuyo autor es el diputado Fuenzalida .
Como ha ocurrido otras veces, la Mesa ha decidido enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sin embargo, como se trata de un proyecto que intenta proteger a las víctimas de la delincuencia, lo lógico es que sea remitido a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A mayor abundamiento, sabemos que la Comisión de Constitución está saturada de proyectos de ley -entre otros, examina el que sustituye el sistema electoral binominal-, lo que implica que muchas mociones relacionadas con la persecución del delito no puedan ser tratadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Es el caso de un proyecto de ley que aprobamos el año pasado, que sanciona el delito del secuestro exprés.
Por lo tanto, pido que el proyecto se remita a la Comisión de Seguridad Ciudadana, de la cual son miembros el propio diputado Fuenzalida y otros de sus autores. Con ello se descomprimirá el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente , en relación con este tema, quiero advertirle al diputado Walker que sería bueno, primero, preguntarles a los integrantes de la comisión pertinente respecto de la eventual saturación del trabajo de la comisión a la que alude, porque quién mejor que ellos saben si están o no saturados de trabajo. Sin perjuicio de ello, entiendo la buena intención de facilitar el desempeño parlamentario que está detrás de las palabras del diputado Walker .
Entonces, para no generar una discusión al respecto, como fórmula de salida, propongo que el proyecto sea examinado primero por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y después por la Comisión de Seguridad Ciudadana. Con ello se acaba el problema. De otra manera, no estoy dispuesto a acceder a la petición.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , para tratar de salvar la situación, quiero señalar que en la Comisión de Constitución tenemos bastantes proyectos en marcha, todos muy importantes -entre otros, se ha mencionado el que sustituye el sistema binominal-, pero eso no significa que estemos saturados. De hecho, en todas las comisiones ocurre lo mismo. Es parte del frenesí legislativo.
Por lo tanto, propongo a la Sala acordar que el proyecto a que se refiere el diputado Walker vaya a la Comisión de Seguridad Ciudadana y luego retorne a la Comisión de Constitución. Por la naturaleza de la iniciativa, de la cual también soy suscriptor, no puede dejar de pasar por esa última instancia.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , efectivamente la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se encuentra examinando varios proyectos, pero hemos encontrado los espacios para poder hacerlo. De hecho, el proyecto que sanciona el secuestro exprés va a estar en Tabla en los próximos días, a petición del propio diputado Matías Walker .
Entiendo el legítimo interés de la Comisión de Seguridad Ciudadana por tratarlo. Por lo tanto, lo lógico es que vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que, de manera simultánea, también lo examine la Comisión de Seguridad Ciudadana.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella.
El señor SQUELLA.- Señor Presidente , soy miembro de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Seguridad Ciudadana, por lo que puedo aseverar que este problema lo hemos tenido en varias oportunidades, particularmente en la legislatura pasada.
En todo caso, la mejor solución es remitir primero el proyecto a la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya agenda está más descomprimida, y luego a la de Constitución, Legislación y Justicia, puesto que el proyecto modifica el Código Procesal Penal.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , sin perjuicio del planteamiento de fondo, que comparto, pido un pronunciamiento de la Mesa, por cuanto entiendo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no es una comisión revisora del trabajo legislativo que con mucho esfuerzo realizamos en otras comisiones. En ese sentido, no veo argumentos constitucionales para sustentar esta especie de instancia revisora que se pretende instalar. La Comisión de Constitución no tiene fundamentos para arrogarse facultades de ningún tipo. No hay comisiones de primera o de segunda categoría.
En consecuencia, al margen de este caso concreto, pido a la Mesa que se pronuncie sobre esta cuestión.
He dicho
El señor CORNEJO ( Presidente ).- En su oportunidad daremos respuesta a su requerimiento, diputado Silber.
Señores diputados, ¿habría acuerdo para que el proyecto vaya primero a la Comisión de Seguridad Ciudadana, y después a la de Constitución, Legislación y Justicia?
Acordado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario va a dar a conocer los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Cornejo, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las Tablas de las sesiones ordinarias, que se encuentra a disposición de los señores diputados en sus pupitres electrónicos.
2. Incorporar con preferencia, en la sesión de hoy, el proyecto de resolución N° 73, relativo al maltrato de adultos mayores.
3. Autorizar el ingreso del asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río, durante la discusión del proyecto que establece un nuevo concepto de empresa (boletín N° 4.456-13), mientras se encuentre presente la señora ministra en la Sala.
4. Fijar el inicio de la sesión ordinaria de mañana miércoles 18 de junio, a las 11.00 horas, autorizando a las comisiones para celebrar sus sesiones ordinarias a partir de las 09.00 horas, en reemplazo de las sesiones citadas a las 15.00 horas.
5. Incorporar en el primer lugar de la Tabla de la sesión ordinaria de mañana miércoles 18 de junio el proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que indica (boletín N° 9.389-05), sin la antelación de 24 horas prescrita por el artículo 122 del Reglamento, siempre que sea despachado por la Comisión de Hacienda.
6. Rendir homenaje, en la sesión ordinaria del miércoles 2 de julio próximo, después del Orden del Día y antes de las votaciones, a la inmigración croata a Chile, con motivo de celebrarse el 25 de julio un nuevo aniversario de la declaración de independencia de dicha república. En la oportunidad se autorizará la intervención de tres diputados, con discursos de hasta cinco minutos cada uno.
-o-
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Seguridad Ciudadana, en orden a que le sea remitido el proyecto, iniciado en mensaje, que establece asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería de Chile, actualmente radicado en la Comisión de Hacienda, por referirse a una materia que corresponde a la competencia de la comisión peticionaria.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR MARIANO GUZMÁN ROJAS, COMERCIANTE DE VICTORIA
El señor PAULSEN.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado.
El señor PAULSEN.- Señor Presidente , solicito guardar un minuto de silencio en memoria del señor Mariano Guzmán Rojas , comerciante de la ciudad de Victoria, quien fue muerto de ocho balazos por tres encapuchados que se dieron a la fuga.
Mediante este acto, deseo que la Corporación envíe un mensaje de rechazo a este tipo de hechos criminales.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Así se procederá.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y el público asistente a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor CORNEJO ( Presidente ).- Señoras y señores diputados, deseo advertirles que las peticiones en orden a guardar un minuto de silencio deben formularse antes del inicio de la sesión y a través de un Comité.
V. ORDEN DEL DÍA
EXCEPCIÓN DE CUOTA ANUAL DE CAPTURA A PESCA ARTESANAL DE JUREL CON LÍNEA DE MANO Y MODIFICACIÓN DE REGULACIÓN PARA ESTABLECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RÉGIMEN DE ÁREAS DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9097-21) [Continuación]
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión recaída en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que establece excepción de cuota anual de captura para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel, y modifica regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto se inicio en la sesión 29° de la presente legislatura, en 4 de junio de 2014.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , como hace algunas semanas ya habíamos tenido una discusión inicial sobre este proyecto, solo quiero reiterar que la iniciativa es de toda lógica si se cumplen los objetivos presupuestados. El proyecto pretende exceptuar de la cuota global de captura de la pesca artesanal de la especie jurel las realizadas con línea de mano.
La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos está de acuerdo con esa excepción; de hecho, la aprobó por unanimidad. Sin embargo, es importante que esto no se transforme en un medio para eludir la ley.
Por eso, es necesario un fuerte control por parte de la autoridad pesquera para que los pescadores con línea de mano no capturen en forma indiscriminada y terminen por echar abajo la cuota global de pesca.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente , el propósito fundamental de este proyecto es resolver algunos errores que contiene la Ley Larga de Pesca.
Durante el ejercicio del diálogo que sostuvimos con los dirigentes de las diferentes agrupaciones de pescadores artesanales de la provincia del Huasco, consideramos complicado que solo se autorice la pesca del jurel con línea de mano, toda vez que para los pescadores artesanales de nuestra zona habría sido mucho más adecuado ampliarla a la pesca con red, de manera de no perjudicar a otras especies bentónicas de nuestra zona. En todo caso, entendemos que se trata de pesca de sobrevivencia, es decir, de una captura mínima en comparación con el total de la actividad extractiva. Estamos hablando de pequeños pescadores artesanales que utilizan embarcaciones sin cubierta, de hasta doce metros de eslora.
Esto nos debe llevar a realizar una revisión mucho más de fondo de la ley N° 20.657, conocida como Ley Larga de Pesca, que se elaboró sin escuchar la opinión de los pescadores artesanales y en medio de una situación muy compleja, que, a nuestro juicio, busca eliminar una cadena muy importante de la actividad extractiva como la pesca artesanal.
Si bien reconocemos que este proyecto corrige una serie de errores en que se incurrió durante la tramitación de la Ley Larga de Pesca, así como también de la ley de descarte, formo parte de un conjunto de parlamentarios que esperamos que se pueda avanzar en precisar en detalle la captura por región, y que vayamos a un tema mucho más de fondo, cual es considerar y acoger las opiniones de los pescadores artesanales respecto de las modificaciones que se deben introducir a la Ley Larga de Pesca.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Iván Flores.
El señor FLORES.-
Señor Presidente , como acaba de expresar la colega Yasna Provoste , este proyecto corrige una serie de errores que contiene la Ley Larga de Pesca, así como también la ley de descarte.
Estamos hablando de una pesca de sobrevivencia, no de una actividad con la cual los pescadores artesanales se enriquecen, toda vez que utilizan embarcaciones de hasta doce metros de eslora y sin cubierta.
Asimismo, el proyecto precisa que podrán establecerse áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos y ampliación del régimen de áreas que hayan sido solicitadas hasta el 9 de agosto de 2013. De esta forma, se resuelve un problema de interpretación legal. Insisto en que el proyecto soluciona la subsistencia de miles de pescadores de nuestro litoral que poseen pequeñas embarcaciones.
Tal como lo manifestó el colega Ulloa , si bien la incorporación de nuevas embarcaciones representa un riesgo, puesto que representan un esfuerzo importante en la captura del jurel, el propio proyecto establece que la Subsecretaría de Pesca podrá establecer un límite anual de las toneladas que quedarán exentas.
Este proyecto hace justicia a los pescadores artesanales que durante muchos años han utilizado estas artes de pesca, que no fueron consideradas en la Ley Larga de Pesca.
Por lo tanto, sugiero a los colegas que aprueben con mucha fuerza el proyecto.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señor Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , a través de los años hemos sido testigos de la sobreexplotación de muchos recursos y la forma en que esto ha ido afectando no solo a las grandes empresas, sino especialmente a los pescadores artesanales, que tienen serias dificultades para sobrevivir, por lo menos quienes aún desarrollan esta actividad.
Considero un avance que se les permita efectuar este tipo de captura, porque los incentiva para que sigan practicando un tipo de pesca que han realizado durante toda su vida, en muchos casos, durante generaciones.
Pero hay algo que me preocupa: no obstante que el registro pesquero se encuentra cerrado, existe el peligro de que se reabra para los efectos de burlar el espíritu de la ley, en circunstancias de que lo que persigue es que los pescadores artesanales lleven a cabo esta pesca de sobrevivencia, pero siempre pensando en la protección de un recurso que, como todos sabemos, ha sufrido un tremendo daño y que ha estado a punto de extinguirse.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto, porque es un buen anuncio para la pesca artesanal. Sin embargo, si no existe una debida fiscalización, se podría burlar el espíritu de la ley, cual es beneficiar a los pescadores artesanales.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Roberto Poblete.
El señor POBLETE.-
Señor Presidente , hoy estamos frente a un proyecto de ley cuya idea matriz es modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura y, en menor medida, la ley N° 20.657, conocida como Ley Larga de Pesca, que introdujo numerosas modificaciones de gran magnitud al primer cuerpo legal. Al entrar en vigor la última ley, quedaron en evidencia una serie de errores, básicamente formales y de referencia, que este proyecto pretende enmendar.
Queremos aprovechar esta oportunidad en que se discute un proyecto de ley sobre pesca para decir que no solo deseamos más y mejor distribución de los recursos pesqueros, sino generar una discusión de fondo y de cara a la ciudadanía respecto del tratamiento legal que se le da actualmente al recurso pesquero.
Creemos que la decisión que tomamos sobre los recursos naturales, en este caso los pesqueros, debe efectuarse sin doble lectura, sin ambivalencias y adoptando como guía una repartición eficaz y eficiente de las cuotas de captura. Para lograrlo se debe garantizar el uso sustentable de los recursos pesqueros. ¿Cómo? Entendiendo que el sector de la pesca artesanal captura un recurso natural cuyo aprovechamiento sustentable debe ser cautelado por la autoridad, con el objeto de que las futuras generaciones también puedan aprovecharlo. He ahí la máxima que debe guiar nuestro actuar. A lo anterior debe sumarse que este aprovechamiento se debe efectuar en armonía con el medio ambiente.
Por otra parte, el rendimiento social de las principales pesquerías nacionales podría mejorar sustantivamente si se avanza en su recuperación. Creemos que una propensión al uso sustentable de los recursos pesqueros constituye un requisito previo para que antes de que se pueda siquiera pensar en aprovechar plenamente su potencial se garantice la viabilidad del sector pesquero, tanto industrial como artesanal.
El proyecto que hoy analizamos en este hemiciclo busca enmendar, entre diversos desajustes producidos durante la discusión de la Ley Larga de Pesca N° 20.657, dos aspectos que consideramos de suma importancia.
El primero se refiere al antiguo literal a) del artículo 24 de la ley N° 19.713, que estableció los Límites Máximos de Captura por Armador, que disponía en su inciso segundo una excepción para la actividad pesquera artesanal que se ejercía con línea de mano para la captura de la especie jurel, la cual tenía por objeto reconocer una actividad de subsistencia que siempre se sustentó en este recurso porque que no afectaba su sustentabilidad. Esta norma quedó sin efecto debido al vencimiento de la ley N° 19.713, el 31 de diciembre de 2012, sin que se considerara una disposición similar en la ley N° 20.657, la Ley Larga de Pesca, que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura, lo que produjo, en la práctica, una situación que afecta a los pequeños pescadores artesanales que realizan la extracción del jurel con el arte de pesca línea de mano con una finalidad de subsistencia. Este proyecto apunta a salvar dicho inconveniente de manera satisfactoria.
Asimismo, dentro de las modificaciones que introdujo la ley N° 20.657 se incluyó la derogación de las patentes que debían pagar las organizaciones de pescadores artesanales titulares de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos -en especial, especies del fondo marino, como ostras y bivalvos-, para lo cual se incorporó un artículo transitorio, cuya intención era no entregar nuevas áreas de manejo durante el plazo de tres años desde la entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, la redacción final del artículo vigésimo segundo transitorio de la ley N° 20.657, contrariando el artículo mismo, señaló que no se otorgarán nuevas áreas de manejo ni ampliaciones a las mismas durante el plazo de tres años, a contar de la entrada en vigencia de dicha ley. El proyecto de ley en debate salvó este inconveniente formal.
Se trata de cambios positivos que protegen nuestro sector artesanal, el que debe ser cautelado de mejor forma y con mejor calidad por nuestro Gobierno. Recuperar nuestra soberanía implica hacer efectivo el postulado de que los recursos del territorio son de todos y para todos.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente , el proyecto autoriza la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel, muy apetecida en el mercado. La idea es que dicha pesca que realizan pequeñas embarcaciones no quede reflejada en la cuota que se entrega a las caletas.
La pesca artesanal es muy importante en Chile. Aunque la pesca industrial cumple un rol, no es menos cierto que alrededor de 80.000 pescadores artesanales ven vulnerados sus derechos en forma permanente. Al respecto, la última Ley Larga de Pesca no los consideró como corresponde, por lo que están sufriendo las consecuencias del aplastamiento económico proveniente de las grandes empresas de la pesca en Chile. Por ello, el proyecto de ley que establece la excepción para pescar la especie jurel de manera artesanal con línea de mano alivia en parte el agobio económico que sufren los pescadores artesanales.
En el caso particular de los pescadores artesanales de la Región de La Araucanía, sus precarias condiciones de trabajo también se relacionan con la permanente presencia de naves pesqueras de otras regiones, que capturan especies en nuestra región. He denunciado muchísimas veces esa situación que ha generado una enorme molestia, por ejemplo, entre los pescadores artesanales de la caleta de Queule y de otras de la Región de La Araucanía.
A los pescadores artesanales de mi región no se les entrega cuota de pesca, porque no tienen registro de pesca. Esto es como el perro que se muerde la cola, porque si no hay registro, no hay cuota, y si no hay cuota, no hay registro. Sin embargo, los pescadores industriales y artesanales de la Región del Biobío llegan hasta La Araucanía, invaden las cinco millas destinadas a la pesca artesanal, capturan las especies, las desembarcan en un puerto de su región, por ejemplo Talcahuano, y registran la cantidad capturada, con lo que aumentan sus registros para el año siguiente. Así obtienen cuotas bastante superiores, mientras que los pescadores artesanales de La Araucanía siguen sin poder contar con una mínima cuota de pesca para iniciar sus registros.
Debo mencionar que los pescadores que invaden la Región de La Araucanía muchas veces utilizan pesca de arrastre, que provoca un enorme daño a la biomasa, por lo que no solo debemos condenarla, sino abogar por su término.
La bancada del Partido Radical apoyará esta iniciativa porque va en ayuda de la alicaída economía de los pescadores artesanales.
Quiero hacer conciencia entre los colegas diputados y entre las autoridades de Gobierno, especialmente de la Subsecretaría de Pesca, para que se atienda de mejor manera a los pescadores artesanales, fundamentalmente a los de la Región de La Araucanía y, en particular, a los de la caleta de Queule. A través de este proyecto podemos entregarles mejores posibilidades para desarrollar su difícil tarea. Durante muchos inviernos, ellos nos han solicitado ayuda para mantener su trabajo y llevar comida a sus casas.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco.
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente , desde que comenzamos a discutir este proyecto señalé que su propósito era enmendar un error legislativo derivado de la tramitación de la ley de pesca debatida en 2012. Aquí se corrige no solo el error en cuanto a la cuota de captura de jurel con línea de mano, sino también una serie de otros aspectos.
Quiero clarificar que este tipo de pesca se ha realizado por mucho tiempo, pero quedo fuera de la Ley General de Pesca y Acuicultura. No se relaciona con la cuota global de captura de jurel. Esta es una cuota distinta, que queda exenta de esa cuota global. Quiero clarificar eso porque solo pueden pescar embarcaciones sin cubierta de hasta 12 metros de eslora.
Ahora bien, al no perjudicar la cuota global de pesca del jurel, la Subsecretaría de Pesca debe determinar la cuota de captura de jurel que se debe realizar con línea de mano.
Quería hacer esta aclaración para no confundir esta materia con otras observaciones a la Ley General de Pesca que el proyecto también considera.
Insisto, hay que trabajar en modificaciones futuras. El caso que estamos analizando se trata de un error legislativo respecto de un aspecto que quedó fuera de la Ley General de Pesca.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , la bancada de Renovación Nacional votará a favor el proyecto.
Sin embargo, quiero decir que en la Región de La Araucanía, a uno de cuyos distritos represento junto con el diputado Fernando Meza -él no nombra a su colega de distrito, pero yo sí lo hago porque hemos trabajado muchas veces juntos-, en especial en la comuna de Toltén, hay muchas promesas incumplidas para con nuestros pescadores.
Hace pocos días en la provincia de Cautín los pescadores artesanales se tomaron la intendencia, pues no se han cumplido las promesas hechas por diferentes gobiernos. Estas actitudes desesperadas de los pescadores se explican porque ellos confiaron en sus autoridades, tanto en las del gobierno pasado como en las del actual, en cuanto a que se iba a arreglar este problema; sin embargo, ningún gobierno lo ha hecho y este se ha ido ahondando.
Ahora, tenemos que ayudarlos para que puedan pescar con línea de mano, que es algo que han practicado desde siempre. No veo cuál es la razón para prohibir a un pescador artesanal que pesque con línea de mano. ¡No me cabe en la cabeza tener que aprobar una ley especial para que ellos puedan pescar de ese modo!
Por otra parte, aunque sea majadero, debo señalar que los pescadores artesanales de la Región de La Araucanía son un ejemplo nacional. Han cuidado siempre su pesca y han denunciado a las grandes empresas cuando ingresan al área que la ley establece como de uso exclusivo de los pescadores artesanales.
Nos interesa que se vayan solucionando los problemas, por ejemplo, los de la comuna de Toltén, cuya pesca artesanal presenta graves problemas económicos, a pesar de que existen grandes galpones frigoríficos. Hoy ven disminuidas sus cuotas de pesca porque se las dan a las grandes empresas y ellos quedan al margen.
Repito, anuncio mi voto favorable al proyecto. Espero que las cuotas que se están solicitando a las nuevas autoridades para la pesca artesanal en nuestras comunas sean una realidad a muy corto plazo. Ello dará tranquilidad a nuestros pescadores artesanales.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece excepción para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel, y que modifica regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, salvo los números 5), respecto del artículo 55i, y 10) del artículo 1°.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvo el diputado señor
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Corresponde votar los números 5), en relación con el artículo 55i, y 10) del artículo 1°, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 59 señoras y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvo la diputada señorita
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las normas también en particular, dejándose constancia de que se alcanzaron los quorum constitucionales requeridos.
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
ESTABLECIMIENTO DE NUEVO CONCEPTO DE EMPRESA (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 4456-13)
El señor CORNEJO (Presidente).-
Corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que establece un nuevo concepto de empresa.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 29ª de la presente legislatura, en 4 de junio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , la vida sindical en Chile no es la que debiera tener un país que se dice en vías de desarrollo.
Este proyecto, que data de 2006, va en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores chilenos. Además, viene a enmendar una injusticia.
¡Por fin la tramitación de este proyecto llega a buen término! Los legisladores deberían dar respuesta al país de por qué esta iniciativa no se consideró con mayor premura. Desde su ingreso han transcurrido dos mandatos presidenciales, en el último de los cuales no se hizo prácticamente nada para que continuara su tramitación. Eso duele, porque el mundo en que vivimos busca la igualdad, la que se logra con el esfuerzo de quienes laboran desde los lugares donde están insertos.
Esta iniciativa pretende establecer claramente el concepto de “empresa”, a fin de evitar el abuso cometido en el pasado -aún se sigue cometiendo, y cada día es mayor- por algunos empresarios -es lamentable, pero debo decirlo- que lucran aprovechándose de la estabilidad de nuestro país y eluden responsabilidades frente a sus trabajadores. ¡Así de simple! Además, impiden la organización sindical mediante la creación de múltiples razones sociales y no dan a conocer que todas ellas pertenecen al mismo controlador, al dueño de la empresa principal a la que prestan los servicios. ¡Ese es el tema de fondo! Así, por ejemplo, una empresa que desarrolla un producto equis, tiene empresas internas de aseo, de transporte, de publicidad, de carga, de alimentación, etcétera. ¡Qué abuso! Todas tienen distinto RUT y trabajadores propios, pero son propiedad del mismo dueño de la empresa principal a la que prestan sus servicios. Dan la impresión de que están externalizando sus labores, cuando en realidad ello no es cierto.
La moción se despachó al Senado, donde se le introdujeron modificaciones que permiten, por lo menos, acercarse a su objetivo principal, cual es evitar la proliferación de RUT en el manejo de una misma empresa.
Es de gran importancia que se haya dispuesto que las obligaciones que derivan de los derechos laborales, previsionales, individuales y colectivos de los trabajadores recaen sobre la figura del empleador y no sobre la figura de la empresa. He ahí el meollo del asunto.
Asimismo, resulta de primera relevancia considerar que dos o más empresas tienen un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando tengan una dirección laboral común y concurran a su respecto condiciones tales como similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia de un controlador común.
Considero que es hora de despachar este proyecto, que permitirá mitigar el abuso legal que están cometiendo grandes empresas -nadie dirá lo contrario- y dar mayor seguridad y posibilidad de organización a los trabajadores.
Uno podría agradecerles por dar trabajo, pero Chile no quiere ese tipo de empleo en que se cometen abusos.
Lamento que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social no haya tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las modificaciones del Senado. Algo tendría que haber dicho para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, ya que el primer trámite comenzó allí. No quiero formular una aseveración que involucre temas partidarios, pero nuestra Comisión de Trabajo tenía interés en estudiarlas.
Reitero, el primer trámite del proyecto se llevó a cabo en 2006. Por eso, no entiendo que haya sido considerado tan irrelevante, en circunstancias de que el proyecto pronto se convertirá en ley de la república. Es algo que algún día tendremos que conversar con quienes nos feliciten por el trabajo realizado. Si hacemos historia habría que preguntarse por qué recién hoy tratamos un proyecto de tremenda justicia cuya tramitación -repito- se inició en 2006.
Sin duda, la aprobación debiera ser unánime. Me alegro de haber intervenido respecto de esta materia luego de tantos años.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco.
La señora BLANCO, doña Javiera ( ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a la Cámara de Diputados por el trabajo desarrollado en relación con este proyecto, que establece un nuevo concepto de empresa, lo que se traduce en la superación de los conflictos que derivan de la figura del multirrut. Asimismo, agradezco el apoyo que hemos tenido de parte de todos los parlamentarios. En el Senado, en el segundo trámite constitucional, el proyecto fue aprobado prácticamente por unanimidad. En materia laboral es una potente señal para los efectos de la superación de las actuales limitantes, las que impiden el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de las personas.
¡Qué duda cabe de que en materia comercial las empresas han debido avanzar y ajustarse a muchas de las nuevas dinámicas! En algunos casos eso las ha llevado a operar -es el origen del proyecto- bajo distintas unidades o razones sociales, origen de la figura del multirrut.
En la elaboración de la indicación ingresada a principios de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, nos impusimos como objetivo compatibilizar y equilibrar la libertad de las empresas para organizarse jurídica y comercialmente con el necesario derecho al respeto de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores.
La finalidad detrás de la iniciativa es poner coto y fin a la figura de dispersión de unidades productivas con distintas razones sociales, cuestión que generaba una vinculación irrestricta a una determinada razón social, aun cuando detrás de esas unidades y razones existiera un empleador real común.
En ese sentido, se incorporó un inciso cuarto al artículo 3° del Código del Trabajo, que da cuenta de que dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando tengan una dirección laboral común.
Nos parece que esto es un avance importante que toma en cuenta no solo la jurisprudencia laboral. Hemos tenido a la vista lo que ya los jueces laborales fallan en esta materia. Por lo tanto, no se va a generar innovación o algún margen de duda respecto de estos temas.
Además, hemos tenido a la vista la moción original del diputado Sergio Aguiló. Quiero recordar que este proyecto permaneció siete años en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y que hoy tiene una buena oportunidad de ser aprobado aquí. De esa manera, se respondería a los trabajadores que claman por mayor protección de sus derechos colectivos.
Por otra parte, deseo destacar que también tuvimos a la vista el Acuerdo de Voluntades de la CUT y la CPC de 2012, así como el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet.
La identificación del empleador real común es una situación que quedará radicada en los tribunales laborales a partir de acciones que ejerzan de manera libre los trabajadores o sindicatos de las empresas que sean consideradas como un mismo empleador real común con multirrut.
Es importante que esto haya quedado radicado en sede judicial, justamente por la envergadura de las declaraciones de derechos laborales y previsionales que se desprenden de la declaración de multirrut.
También es relevante que haya quedado establecido que aun estando en jurisdicción laboral, el informe de la Dirección del Trabajo sea siempre un requisito obligatorio para los efectos de la toma de decisión del juez laboral en relación con el multirrut.
Hay importantes efectos en materia de derechos colectivos. En el proyecto se ha establecido la posibilidad de que los distintos trabajadores que forman parte de un multirrut puedan mantener sus sindicatos, además de crear otros nuevos.
Otra cuestión importante -ello sienta un precedente- es la posibilidad de que los trabajadores puedan organizar un sindicato interempresa que involucre a los trabajadores del multirrut. En esos casos, para el empleador va a ser obligatorio negociar con ellos, a diferencia de lo que ocurre hoy, que es absolutamente facultativo.
Creemos que estamos dando una señal importante en relación con lo que se quiere, esto es darle preeminencia al respeto de los derechos de los trabajadores. Parte importante de la agenda laboral tiene que ver con el objetivo final de este Gobierno: superar la desigualdad. En tal sentido, el ámbito laboral es uno de los espacios que exhibe mayores asimetrías entre trabajadores y empleadores. Este proyecto pone límite a esa situación que queremos superar. Creemos que la fórmula que se ha buscado, que esperó siete años en implementarse -así lo recordé en la Comisión de Trabajo del Senado-, es una alternativa real que ya ha mostrado señales de viabilidad en la jurisprudencia laboral y respecto de la cual tenemos importantes apoyos de los distintos actores involucrados.
Espero que el proyecto se apruebe. Son muchos los trabajadores de nuestro país que están esperando esta señal para gatillar las acciones que les permitan negociar colectivamente y hacer efectivos sus derechos previsionales en relación con el empleador real común, no necesariamente con la razón social. Quiero recordar que son múltiples los derechos que se vulneran bajo esta figura, uno de los cuales es el de sala cuna. Para burlar esta obligación, cada razón social contrata un número de mujeres tal que no supere las veinte, límite establecido en la ley para ejercer ese derecho. En otros casos, las gratificaciones no se condicen con las utilidades, porque estas se concentran en una determinada razón social y no necesariamente en la que tiene mayor cantidad de trabajadores contratados. Otro ejemplo se relaciona con las obligaciones previsionales: en ocasiones, no es posible hacerlas efectivas porque la razón social que extendió el contrato desplaza sus utilidades a una tercera.
Los trabajadores esperan una señal de justicia respecto de estas situaciones. Creemos que este proyecto se las entrega.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , agradezco a la ministra del Trabajo y Previsión Social su explicación sobre el contexto del proyecto de ley.
Quienes desde hace tiempo estudiamos esta materia hemos debido escuchar el lamento de muchas personas que, en distintas ocasiones, nos han planteado que bajo un mismo techo, por ejemplo el de una empresa de retail, trabajadores que ejercían similares funciones se encontraban contratadas por empleadores distintos. Lo que pretende el proyecto es revertir esa conducta mañosa e improcedente de algunas empresas, que utilizan ese mecanismo para perjudicar los derechos colectivos e individuales de muchos trabajadores.
Celebro que después de seis años de discusión, en que no hubo acuerdo sobre la forma de abordar esta materia, el Poder Legislativo , el Ejecutivo y los trabajadores, a través de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), apoyaran la iniciativa. Estos últimos consideraron el proyecto como pertinente y manifestaron que los dejaba plenamente satisfechos. Los representantes de los trabajadores estaban conscientes de que existía una tarea pendiente. Ahora, la Cámara de Diputados -tal como lo hizo el Senado- debe resolver sobre el particular.
Si uno revisa el concepto de empresa recogido en nuestra legislación laboral, llega a la conclusión de que es deficiente, porque deja espacios para que se cometan abusos, como ocurre con la subdivisión ficticia de empresas en múltiples razones sociales, con el único fin, muchas veces, de desviar recursos económicos para no acceder a las peticiones de los trabajadores. Esa conducta va en perjuicio directo de ellos, en especial en el ámbito de los derechos colectivos, ya que impide la formación de sindicatos al hacer más difícil los quorum legales para su concreción; dificulta enormemente la negociación colectiva, pues la ley no regula esta materia cuando se trata de interempresas; inhibe el derecho a huelga, porque los trabajadores se encuentran diseminados en distintas razones sociales, a pesar de ejercer la misma tarea en un mismo lugar, e incluso conculca distintos derechos, por ejemplo, el derecho a sala cuna, que requiere agrupar un mínimo de veinte trabajadoras para ejercerlo. Se trata de un sinnúmero de acciones que la empresa puede ejercer en desmedro del derecho individual y colectivo de los trabajadores.
El proyecto señala con mucha precisión que dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales. Así, cuando dos o más empresas respondan a una dirección laboral común, sus trabajadores ejerzan una misma función, o ella se encuentre diseñada con orientaciones similares, eso será considerado una sola empresa, la que no podrá seguir usando mañosamente un RUT diferente para negar tal situación. Ello constituye un avance en la protección de los derechos de los trabajadores. Es necesario subrayar que el proyecto avanza más allá de lo planteado en el programa de gobierno. La iniciativa señala que dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales como la similitud o la necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común. Ello facilitará el actuar de cualquier tribunal a la hora de determinar con precisión el verdadero empleador.
El proyecto también prescribe que los trabajadores de todas las empresas consideradas como un solo empleador podrán constituir uno o más sindicatos que los agrupen, o mantener sus organizaciones existentes, y podrán negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas como un empleador, o bien con cada una de ellas. O sea, se abre la posibilidad para resguardar de mejor manera los derechos colectivos de los trabajadores.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero dar una señal de alerta al Ejecutivo . Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, el proyecto parte con una muy buena intención, busca el mejor tenor en cuanto a planteamientos y la mejor redacción de los puntos que nos preocupan. Sin embargo, debemos estar especialmente atentos a la aplicación de la futura ley. Si nuevamente los maestros en eludir el sentido y el espíritu de la ley comienzan a inventar fórmulas, mecanismos y subterfugios para burlarla, deberemos diseñar los perfeccionamientos y precisiones que correspondan.
Repito, pido a la señora ministra del Trabajo -por su intermedio, señor Presidente - que tengamos especial cuidado en la implementación de la futura ley. Esperamos garantías y que podamos cumplir con nuestro rol fiscalizador. Por su parte, el Ejecutivo también debe estar muy atento en caso de que se inventen otros subterfugios y corregir, si es necesario, el texto de la futura ley.
La bancada del Partido Demócrata Cristiano votará favorablemente el proyecto, que cuenta con el respaldo de la CUT y de muchos trabajadores, quienes esperan que sus derechos colectivos e individuales no continúen siendo vulnerados.
Por lo tanto, votaré favorablemente las modificaciones del Senado al proyecto, que es bueno para la legislación laboral, para los trabajadores y para un Chile que quiere enfrentar los abusos. Aquí había un abuso al cual hoy se le pone término con esta iniciativa.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente , entiendo que la impronta del actual Gobierno, que encabeza la Presidenta Bachelet , tiene que ver con la lucha contra la desigualdad y el abuso. No cabe duda de que en cada uno de los aspectos que contiene su propuesta programática está presente la inequívoca señal de conducción de su gestión.
En materia laboral, este es uno de los aspectos centrales. Si bien es cierto que la Presidenta de la República ha señalado que hay tres reformas estructurales, no cabe duda de que el cuarto eje de su gestión es el ámbito laboral. En ese sentido, su programa de gobierno nos hace un señalamiento muy interesante para enfrentar el tema de la desigualdad y el abuso en materia del trabajo en una interesante propuesta de agenda, cuyo centro está puesto en el diálogo social y en el mejoramiento sustantivo de los mecanismos de la negociación colectiva.
Asimismo, para que haya una auténtica negociación colectiva se debe cumplir con un sinnúmero de aspectos. Pero hay un dato básico: debe estar claro quién es el empleador y quiénes componen la organización de los trabajadores que representan al mundo del trabajo. No cabe duda de que esta necesaria identidad está absolutamente trastrocada a través del subterfugio del multirrut.
En materia laboral, el concepto de empresa es una anomalía en nuestra norma jurídica laboral y en muchas partes no existe; diría que Chile es el único país donde ello ocurre. Es un viejo resabio del plan laboral del hermano del anterior Presidente de la República . Es una anomalía porque confunde la relación virtuosa que debe haber entre el empleador y el trabajador, que finalmente debe regular la norma laboral, incorporando la extraña situación de la empresa y confundiendo cada vez la lógica de la empresa con la del empleador, que no necesariamente es la misma. Por esa razón había que enfrentar esa irregularidad, que se había prestado para un conjunto de graves abusos no solo en materia de derechos colectivos, sino también de derechos individuales, como sala cuna, gratificaciones, entre otros, temas respecto de los cuales la ministra nos debiera convocar a enfrentarlos en el corto plazo.
Entonces, era evidente la necesidad de establecer un mecanismo que corrigiera esa distorsión. El formato más simple para algunos era cortar por lo más sano: eliminar el concepto de empresa de la norma laboral. Sin embargo, es evidente que para que las cosas tengan virtud tienen que ser viables, y desde ese punto de vista teníamos una dificultad.
En el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet se intentó hacer eso, por la vía de la identidad legal, en el proyecto de ley que reguló la subcontratación. Desgraciadamente, a pesar de haber sido aprobado en el Senado, algunos senadores recurrieron a una instancia novedosa que tiene nuestro sistema, el Tribunal Constitucional, y por esa vía se dejó sin efecto esa modificación. Por esa razón esto ha tenido un devenir tan extraño durante muchos años.
¿Qué intenta hacer el proyecto finalmente? Mantener y respetar la facultad del empleador para organizar su empresa como le parezca más adecuada. Por eso, se mantiene la idea de que existan diversas empresas con distintos RUT. Eso duele, pero es así. Eso se ha respetado. Sin embargo, se ha enfrentado el problema de fondo, cual es que los trabajadores de los distintos RUT, en la medida de que son partes del mismo empleador, puedan negociar colectivamente. Ese es el núcleo de la modificación. Si lo que se intenta es enfrentar adecuadamente la lucha contra la desigualdad y el abuso en el ámbito laboral, es evidente que debemos establecer las condiciones para que los trabajadores de los distintos RUT, pero de un mismo empleador, puedan ejercer el derecho a negociar colectivamente.
La iniciativa, tal como está planteada, va en la línea correcta, porque se hace cargo de las dificultades, pone el acento donde corresponde, que es negociar, lo que, además, es el interés de los trabajadores, y, al mismo tiempo, respeta la facultad de administración que el empresario quiere para su empresa.
Por lo tanto, parece interesante la fórmula que se ha empleado y, a mi juicio, es valiosa como mecanismo que aspira a ser el preámbulo de la reforma laboral que se viene en curso y que forma parte del compromiso de gobierno de la Presidenta Bachelet . ¿Por qué lo digo? Porque si queremos mejorar la negociación colectiva hay una pregunta clave que nos debemos hacer: con quiénes. El Gobierno preconiza que haya titularidad y, en consecuencia, que la organización sindical sea la propietaria de la negociación colectiva para así terminar con los grupos negociadores, que han tenido una nefasta historia. Pero, al mismo tiempo, hay que tener claro con quién se negocia: con el empleador. Cuando se utiliza el mecanismo del multirrut se disipa a ese empleador y, en consecuencia, se confunde la interlocución, o sea, con quien se habla. Ese multirrut se usaba para todo tipo de tropelías: se ponían más trabajadores donde no se generaban utilidades y, en consecuencia, no había gratificación; por el contrario, donde había utilidades y, por ende, gratificación, había pocos recursos humanos. Eso lo vimos muchas veces. El proyecto corrige esto, porque se identifica al empleador.
De manera que votaré a favor las modificaciones del Senado al proyecto; creo que hacerlo tiene mucho sentido.
Sin embargo, quiero agregar dos puntos.
Esta es materia de un diálogo entre trabajadores y empleadores. Es verdad que la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) “tiró pa la cola” y no ha estado a la altura de las circunstancias durante la discusión del proyecto; pero fue parte de ese diálogo. En consecuencia, ha sido parte del acuerdo. En ese sentido, quiero felicitar a la CUT, porque sé que en ella eso también generó controversia. No obstante -discúlpenme que use una expresión un tanto antigua-, la sensatez de la clase obrera sigue siendo un factor relevante para quienes siempre hemos sido coherentes con ese principio en el Congreso Nacional. Solo basta recordar la votación de un proyecto de reajuste hace algunos años.
Desde esa sensatez, debemos entender que si se produjo un proceso de diálogo social entre trabajadores y empleadores, y que se ha arribado a un entendimiento de esta naturaleza, en la medida en que entendemos que el diálogo social es la clave para avanzar en materia laboral, nosotros deberíamos respaldar esta iniciativa. Es verdad que nos puede merecer observaciones desde el punto de vista doctrinario, pero lo central es el acuerdo, porque entiendo que es el preámbulo, la base de sustentación de un auténtico proceso de reforma al sistema laboral, que veremos en el corto plazo. Por eso, vale la pena suscribirlo en ese entendido. Si después ocurre una crisis o las chivas de siempre en el sentido de que se generarán problemas, eso quiere decir que nos están haciendo huevos de pato, lo que tampoco le hace bien al Congreso Nacional.
Finalmente, quiero señalar dos preocupaciones que tengo.
En primer lugar, hay que tener clara la agenda, o sea, cuándo se hará esto, porque en la administración anterior ocurrió que, debido a la crisis, quedamos truchos a última hora, debido a lo cual no se presentó el proyecto de negociación colectiva. Entonces, como existen compromisos y sé que la Presidenta los cumple, sería conveniente que quienes están a cargo de la gestión de este compromiso determinen la fecha para no esperar más. Entiendo que eso es parte de la discusión en materia del salario mínimo.
En segundo lugar, por intermedio de su señoría, quiero indicar a la ministra que ella tuvo la oportunidad de acudir a una reunión de la OIT durante estos días. En mi opinión, es un foro tremendamente interesante. Supe que hizo un especial esfuerzo, acompañada por la representación chilena, especialmente la del encargado laboral y los funcionarios de la delegación que estuvieron allá, la cual tuvo una ardua tarea de colaboración con su gestión. Al respecto, cabe mencionar que -la ministra lo debe de haber escuchado-, en los discursos de los empleadores, el modelo a seguir en materia de huelga era el de Chile. Fíjense en la paradoja: para los empleadores del resto del mundo, la experiencia chilena, que no tiene un auténtico derecho a huelga, es un modelo, y nosotros queremos cambiar eso. Lo que estamos haciendo es muy importante, porque incluso trasciende las fronteras de nuestro país. Estoy seguro de que cuando se produzca el cambio, nuestra misión, la embajadora y el encargado laboral que tenemos allá harán de esto una expresión nítida hacia el mundo, porque sé que están muy al tanto de todo esto.
Entonces, permítame señalar que el acuerdo es básico, así como lo es el entendimiento entre trabajadores y empleadores; pero la vocación y la voluntad política del gobierno es lo central. Por eso planteo que si vamos a tener un proceso con titularidad y sin grupos negociadores; si vamos a terminar con los reemplazos, los descuelgues y los polizontes; si vamos a establecer la huelga como un verdadero derecho de los trabajadores y a ampliar los mecanismos de negociación para que los viejos y los patrones se entiendan de buena forma, mirándose a los ojos, entonces vamos en la línea correcta. Créame, ministra -por intermedio del señor Presidente -, que así es más fácil y menos complejo votar favorablemente el proyecto. Si, por el contrario, estos planteamientos habrán de esperar, créame que se hará más difícil.
Señor Presidente, confío en la doctora y en su gobierno.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente , el proyecto surge como respuesta a los reiterados abusos de un grupo de empresas, que hizo una aplicación totalmente dolosa de los objetivos de la norma que las amparó. En tal virtud, el proyecto busca poner fin a esos abusos, que eran reales y empañaban el uso legítimo de la individualidad jurídica que podían hacer las empresas. Recordemos que nuestra legislación reconoce el derecho a conformar sociedades, a conformar personas jurídicas distintas de las naturales, con o sin fines de lucro; a conformar fundaciones, corporaciones, sociedades comerciales, sociedades de responsabilidad limitada. Es legítimo, porque nuestra Constitución Política consagra el derecho de asociación. Pero nada de esto justifica que en virtud de este derecho constitucional y de la individualidad jurídica que se reconoce a una institución o a una sociedad que se constituye, se desconozcan, menoscaben o vulneren los derechos de los trabajadores.
Señor Presidente , por dos razones rescato la indicación que se aprobó en el Senado. En primer lugar, porque es fruto de un acuerdo. Está claro que el diálogo entre Gobierno y Oposición abre espacios para mejorar nuestra legislación. La imposición no es siempre la mejor receta. Con acuerdos se logra destrabar iniciativas como esta, que estuvo congelada por un buen tiempo.
Ojalá que la fórmula que se utilizó en el Senado para lograr ese acuerdo se utilice también cuando tramitemos otras iniciativas, de manera de desbloquear cierta normativa laboral que lleva años entrampada.
Bien por el acuerdo transversal, en el entendido de que no satisface plenamente a todas las partes. Está claro que para lograr acuerdos, alguien tiene que sacrificar parte de sus aspiraciones.
En segundo lugar, valoro esto porque preserva el concepto de empresa. Lo mantiene y reconoce la individualidad jurídica de cada una de las sociedades. En todo ordenamiento jurídico -nuestro Código Civil- se permite constituir personas jurídicas distintas de las naturales, y nadie puede oponerse a que ello así ocurra. Por lo demás, está fundamentado en nuestra Constitución. Por eso, nos parece correcto que el proyecto preserve el concepto de empresa y reconozca su individualidad jurídica.
Por lo tanto, cuando votemos favorablemente el proyecto, le estaremos poniendo fin, de una vez por todas, al mal uso que se hace de la individualidad jurídica; le estaremos poniendo fin al uso ilegal que se hace de la personalidad jurídica en perjuicio de los trabajadores.
Con todo, quiero hacer ciertas precisiones. El proyecto de ley establece que “Dos o más empresas serán consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando -aquí viene la frase fundamental- tengan una dirección laboral común,”, además de otros requisitos que se señalan. Es clave que quede meridianamente claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a una dirección laboral común. Sin duda, la historia fidedigna del establecimiento de la ley es fuente del derecho y será fundamental a la hora de que los tribunales de justicia, ante la petición de sindicatos, apliquen esta norma en tramitación. Por eso, para que quede en el boletín de sesiones, quiero remitirme al concepto que la actual ministra del Trabajo señaló. Lo traigo a colación para que los tribunales de justicia interpreten adecuadamente esta norma cuando deban aplicarla. La ministra precisó que “la noción de dirección laboral común debe ser concebida atendiendo al ejercicio material de la potestad de mando en la relación laboral y comprende, en un sentido amplio, las facultades disciplinarias de dirección, organización y administración de los trabajadores”.
También quiero remitirme a lo que la Dirección del Trabajo señaló en 1998. Describió el concepto “dirección laboral común” como “el conjunto de poderes, facultades y potestades que el ordenamiento jurídico laboral reconoce al empleador con el objeto de organizar, dirigir y fiscalizar la actividad laboral de la empresa, mantener su disciplina y orden y adecuar la naturaleza de los servicios a los requerimientos de la empresa”.
He querido dejar meridianamente claro qué habremos de entender cuando nos refiramos a dirección laboral común, que es el concepto matriz en virtud del cual los tribunales de justicia deberán aplicar la norma.
Mi segunda precisión dice relación con la acción especial que podrán ejercer los trabajadores para requerir ante los tribunales de justicia la declaración de única empresa. Sobre el tema, le pido a la ministra del Trabajo un pronunciamiento, de manera de dejar constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley y evitar lagunas legales. Esta acción, al tenor literal de la norma, está referida -según se lee- únicamente al trabajador. La pregunta es qué va a ocurrir cuando cambien las condiciones que fundamentaron el pronunciamiento del tribunal de justicia que declaró que una pluralidad de empresas con distintos RUT va a responder a una única unidad jurídica. ¿Quién podrá pedir el cambio de esa sentencia? ¿Cómo va operar esta nueva condición? ¿Operará de pleno derecho? Es decir, la empresa que deje de ser parte de esa unidad, por ejemplo, para una negociación colectiva, ¿quedará fuera? ¿El empleador podrá recurrir ante la justicia para que se emita un nuevo pronunciamiento, de manera que la empresa que cambió de propiedad o de giro se excluya de la unidad jurídica?
Es muy importante que este asunto quede claro para la correcta aplicación de la norma. ¿Quién puede pedir que ese cambio de condición sea ratificado en una nueva sentencia judicial? ¿Opera solo con una nueva sentencia judicial o de pleno derecho?
Señora ministra, por intermedio del señor Presidente , no es mi intención alargar el debate, llevar esto a comisión mixta o votar en contra, porque ya dije que votaremos a favor. No obstante, es fundamental lo que usted nos responda respecto de este punto para la correcta aplicación de la norma, para que los tribunales sepan exactamente cuál es el espíritu de la Cámara y del legislador a la hora de solucionar este problema. No quiero que ocurra lo que ha sucedido en otras épocas con la tramitación de otros proyectos, respecto de los cuales después se ha señalado que tienen vacíos legales por no haber precisado aspectos como el indicado.
En concreto, cuando cambian las condiciones que fundamentaron una decisión del tribunal de considerar una sola empresa para los efectos que aquí se establecen, ¿cómo opera eso? ¿De pleno derecho o se requiere un nuevo pronunciamiento del tribunal? Y si se requiere de un nuevo pronunciamiento del tribunal, ¿quién tiene iniciativa legal para solicitarlo?
Señor Presidente, termino diciendo que vamos a votar a favor las modificaciones del Senado, que celebramos el acuerdo que se produjo gracias a un diálogo trasversal que hemos tenido, y hago un llamado a las personas que creen que podrán seguir vulnerando esas normas, para que entiendan definitivamente que no se puede rentabilizar una empresa a costa de los derechos de los trabajadores.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric.
El señor BORIC.-
Señor Presidente , me antecedieron en esta palabra los diputados Osvaldo Andrade y Nicolás Monckeberg , quienes esgrimieron argumentos que apuntan en direcciones contrarias, lo que nos induce a pensar que votarán de manera diferente; pero, desgraciadamente, no será así.
La CUT, la CPC, el Gobierno, la Derecha y sus institutos comparten el mismo diagnóstico, que señala: “Durante años se han vulnerado los derechos laborales como consecuencia de la división o fragmentación de un empleador en varias empresas o razones sociales”.
Si partimos de la idea de que los empresarios y los trabajadores defienden intereses antagónicos e irreconciliables, ¿existe la posibilidad de que el diagnóstico sea el mismo? Sí, pero es imposible que lleguemos a la misma solución, ya que uno de los dos saldrá perjudicado. ¿Quién pierde en esta pasada? Para entender esta discusión es importante remitirse a su origen.
Tal como mencionó el diputado Andrade , el concepto de empresa fue incorporado en 1981 en el Código del Trabajo, mediante la ley N° 18.018, en el marco del Plan Laboral de Pinochet. Su propósito era evidente: limitar la negociación colectiva más allá de la empresa en que el trabajador presta servicios.
La fragmentación del empleador en varias empresas o razones sociales no genera grandes dificultades en materia civil y comercial, pero sí lo hace en materia laboral, ya que genera graves consecuencias en una serie de instituciones que fueron concebidas en la noción clásica de empresa. Pero, sin lugar a dudas, el ámbito más perjudicado es el que dice relación con la organización sindical y con la negociación colectiva, lo que lo convierte en uno de los artilugios más útiles para tornar ineficaces esos derechos colectivos.
Los académicos y la gran mayoría de las organizaciones están contestes en que la iniciativa en análisis no soluciona absolutamente nada. Aun más, incluye una serie de requisitos y eleva los estándares normativos para su declaración, lo que entraba la solución del problema principal, los derechos colectivos y particularmente la negociación colectiva, puesto que complejiza la noción de empresa, cuestión que evidentemente favorece a los empresarios, pues será más difícil para los trabajadores obtener la declaración de empresa.
Nos hemos juntado con representantes de muchos sindicatos, de Magallanes y nacionales, y uno de ellos nos dijo: “La indicación del Gobierno no soluciona los problemas de fondo, cuales son proteger los derechos de los trabajadores respecto sus organizaciones, derechos laborales y de seguridad social, pago de las gratificaciones y una negociación colectiva real. Todas estas materias no se ven reflejadas en la indicación y nuevamente se está llegando al maquillaje del problema”, la que pretende mostrarse como la solución de fondo para esta materia.
Todos los invitados al trabajo en Comisión, incluso la CUT, que hoy apoya el proyecto, reconocen que lo que se requiere es eliminar el concepto de empresa, como sucede en todas las legislaciones comparadas.
Como señala el profesor Caamaño , el concepto de empresa que establece la legislación laboral chilena tradicionalmente ha sido interpretado de manera formalista, particularmente con la dimensión colectiva; pero la jurisprudencia lo ha ido superando desde hace bastante tiempo a partir de la noción de unidad económica, que reconoce una responsabilidad solidaria de los grupos de empresas desde el punto de vista de los derechos individuales.
Sin embargo, el proyecto de ley desconoce esa jurisprudencia y pretende construir un concepto que impide las posibilidades reales de que se produzca una negociación colectiva, desconociéndose así todo el avance que se ha realizado a partir de la aplicación de los principios del derecho laboral, del principio de primacía de la realidad y del concepto de subordinación y dependencia. ¿Por qué en el caso de la negociación colectiva se le deben dar garan-tías adicionales a los empleadores?
La indicación 3g) señala que debe existir una dirección laboral común, junto a diversas condiciones, tales como la similitud o la necesaria complementariedad de los productos o servicios que se elaboren o presten o la existencia de un controlador común. Si bien se ha señalado que tienen carácter indiciario y que no son copulativos, de la redacción se desprende que sí se debe sumar a lo menos una de estas condiciones a la dirección laboral común. Por lo demás, son requisitos absolutamente ajenos a las nociones tradicionales del derecho del trabajo, que harán prácticamente imposible que los trabajadores puedan hacer efectivos sus derechos.
El profesor Ugarte señaló que si se llegara a publicar la ley en los términos planteados, los abogados de las empresas utilizarán las nociones de negocios específicos o negocios directamente complementarios, diciendo que, pese a ser un solo empleador, “sus negocios no son el mismo” o “no son complementarios” -la sección corbatas no es complementaria de las sección lavadoras-, por lo que ambas secciones pueden funcionar por separado.
La mayoría de las empresas que conforman un grupo son suficientes y autosuficientes, tienen su propia personalidad jurídica, tienen sus propios gerentes y tienen su propio cuerpo directivo, por lo que un juez podría resolver que no se ha acreditado que esas empresas puedan desprenderse del grupo de empresas, lo que lleva a que prácticamente en ningún caso se va a poder acreditar que se está frente a un solo empleador, que es lo que se supone pretende en principio el proyecto.
El profesor César Toledo Corsi manifestó su preocupación en este sentido, pues la indicación del Gobierno afecta dramáticamente la autonomía sindical, toda vez que se requiere un trámite previo de cara a los casos de multirrut para poder constituirse y también para ejercer el derecho a negociación colectiva. Añadió que la indicación del Ejecutivo, tal como lo señalaron los abogados del Centro de Estudios del Trabajo, también va a afectar el fuero de la negociación colectiva.
Por último, señaló un tema que nos preocupa sobremanera, cual es que deben cautelarse las facultades de la Dirección del Trabajo, que, en materia de negociación colectiva, le permiten intervenir en el evento de que el empleador hubiere utilizado razones sociales múltiples. La propuesta del Ejecutivo dispone que la Dirección del Trabajo debe emitir un informe durante el proceso judicial que deberá tramitarse ante el juez del trabajo, lo que implica un detrimento notable de las facultades fiscalizadoras que actualmente puede ejercer.
Pasando a un plano más político, y frente a la eventual aprobación del proyecto, quiero dejar constancia de la gravedad del cambio de opinión de los diputados y senadores de la Nueva Mayoría. Durante el gobierno del Presidente Piñera se opusieron tajantemente a este proyecto, que no ha sido objeto de modificaciones sustantivas respecto del presentado por él originalmente. No obstante, pese a no haber cambiado sustantivamente el proyecto en lo referente a sus críticas, hoy dan el sí. Ejemplo de ello es lo señalado por el diputado Andrade , quien en su momento sostuvo que “existe abundante jurisprudencia que ha construido un concepto de empresa, por lo que carece de sentido introducir una reforma legal en este ámbito”; o la indicación número 1, del entonces senador Muñoz Aburto , que proponía sustituir el artículo 1° contenido en el proyecto de ley en estudio, con lo que se eliminaba el concepto de empresa; o lo expresado por el senador Letelier , quien dejó constancia que el Partido Socialista estimó que lo óptimo sería eliminar el concepto de empresa, resultando suficiente el concepto de empleador.
Lo mismo podemos decir de las críticas de Bárbara Figueroa y del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores , señor Nolberto Díaz , quienes en su momento abogaron por la eliminación del concepto de empresa, habida cuenta de los negativos efectos que habría producido para la defensa de los derechos de los trabajadores. Bárbara Figueroa agregó que si la entidad que representa quisiera avanzar en el marco del desafío que se ha propuesto, que es la nueva institucionalidad laboral, evidentemente que la demanda debiera ser terminar con el concepto de empresa.
Al leer la historia de la ley, pareciera que estábamos todos de acuerdo en eliminar el concepto de empresa, pero hoy votaremos un proyecto que lo legitima.
Votaré en contra de la iniciativa, porque las modificaciones del Senado no cambian de manera sustantiva el proyecto, el que, como ya hemos señalado, es claramente un retroceso en materia de derechos de sindicalización, de negociación colectiva y, en definitiva, de transparentar las relaciones entre empleadores y trabajadores. Algo media entre las críticas y los aplausos; hay una fuerza que, sin haber participado abiertamente del debate público, actúa con toda eficacia, descansando en lo que se conoce como el peso de la noche. Y, ciertamente, esa no es la fuerza de los trabajadores. Esa fuerza tiene prohibido organizarse y expresarse.
De eso trata la presente discusión.
Sería una aberrante e injusta simplificación de mi parte achacar toda la responsabilidad a la Concertación o Nueva Mayoría. Ahí están sus críticas declaraciones, en las que defendían lo mismo que he señalado acá. ¿Qué sucede entremedio? ¿Por qué hoy votarán contra las mismas posiciones que antes sostuvieron públicamente? ¿Por qué hoy votarán en contra de los trabajadores?
Quisiera aportar con un punto de vista sobre esta situación, en apariencia contradictoria.
Sucede que hay otros actores que en este país no se exhiben con toda transparencia, pero que disponen de mucho poder de hecho, y tienen mucha conciencia acerca de ese poder; “conciencia de clase” se llama, de la capacidad que poseen de orientar en una u otra dirección a nuestra sociedad. Es el empresariado quien dispone de medios de comunicación que, día a día, van delimitando quién y cómo participa de la discusión pública. Además, financia la política, dispone de lobistas para incidir en el proceso legislativo, y sus funcionarios tienen, en tanto individuos, un cómodo tránsito entre la empresa privada y el aparato público.
No fue sorprendente ver ayer al señor Pérez Mackenna criticando que el proyecto de ley sobre AFP estatal afectará la competencia de dichas entidades.
Desde aquí me tomaré la licencia de hacer una interpretación. Porque no queda nada más que intentar interpretar un comportamiento tan contradictorio como el que tiene hoy la Nueva Mayoría ante la presente iniciativa.
Creo que aquí opera el miedo, el miedo ante los poderes fácticos, a su capacidad de dirigir la sociedad chilena. Ante esto, toman una decisión: para tratar de avanzar es necesario hacerles concesiones a los empresarios. Para tranquilizar al empresariado frente a las reformas tributaria y educacional se les dará una señal de que hay ciertos elementos claves del modelo de la dictadura que se mantendrán incólumes.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiempo, señor diputado.
El señor BORIC.-
Si ustedes, la Nueva Mayoría, votan favorablemente este proyecto, le darán su aprobación a la iniciativa aplaudida por la Fundación Libertad y Desarrollo.
Sin embargo, eso no es lo más grave…
El señor MELERO .-
¡Tiempo, señor Presidente!
El señor BORIC.-
Lo más grave es que ustedes ahora presentan al país este proyecto como pensado para defender los intereses de los trabajadores, como parte de una nueva legislación laboral, como la manifestación de un nuevo ciclo político que no es.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor BORIC.-
Por último, todos debemos formar parte del debate público. Es la única forma de construir en democracia.
Pero si se vota a favor el proyecto, será el empresariado y no los trabajadores quien saldrá ganando.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente , este es un buen proyecto, que llega a buen término luego de un inicio que no tuvo grandes avances, pero que demuestra y fortalece aquello que tantos hoy en Chile echamos de menos y respecto de lo cual hay que trabajar por profundizar, cual es la política de los acuerdos, que es la capacidad de encontrar frente a materias relevantes un camino determinado para poder llegar a una solución.
Así se construyó Chile desde la vuelta a la democracia. Así fuimos ejemplo de una transición de un gobierno militar a un gobierno civil. Así la Concertación, durante veinte años, llevó adelante un proyecto exitoso, que fue refrendado popularmente; y la Alianza por Chile logró también llegar a ser gobierno en un proceso en que el diálogo, el entendimiento, la conversación y la disposición fueron el camino para alcanzar, al final, una legislación que se haga cargo de problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo.
¡Qué duda hay -varios lo mencionaron, y mi partido, la UDI, también lo piensa de ese modo- de que el mal uso del RUT o el uso de múltiples RUT para eludir la sindicalización o la negociación colectiva -”dividir para reinar” es el dicho que tantas veces hemos escuchado al respecto- llega hoy felizmente a término!
Es cierto que la historia de la presente iniciativa ha sido larga. Sin embargo, en pocos meses se han podido resolver las diferencias sobre su contenido, puesto que el Gobierno actual, con la presentación de indicaciones a los artículos 3° y 507 del Código del Trabajo, fue a lo sustantivo y logró despejar los aspectos que, quizá, tenían más entrampado el proyecto, como el concepto de empresa. Quiero resaltar que el clima que se creó a partir de 2011 y 2012, a raíz de las conversaciones entre la CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio, fue de diálogo, lo cual generó este acuerdo.
Me gusta este acuerdo, porque protege en forma adecuada los derechos de los trabajadores sin afectar la facultad de la dirección que le corresponde a todo empleador. Eso es muy importante.
El diputado señor Andrade mencionó la importancia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene algo esencial: la máxima organización para los asuntos laborales del mundo siempre toma todas sus decisiones en forma tripartita: empleadores, trabajadores y gobiernos y parlamentos. Ahí nada se resuelve -ninguno le pone el pie encima al otro- si no concurren las tres partes para ello.
Lo que estamos haciendo en esta oportunidad es eso: nos reunimos en una mesa y compartimos el diagnóstico de que aquí había un abuso impresentable del uso de múltiples RUT para eludir la esencia de lo que nuestro Código del Trabajo debe destacar desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores a sindicalizarse, a negociar colectivamente, a llevar adelante la huelga como un camino legal, si el entendimiento no se da.
Se llegó al exceso en algunas empresas del retail, que llegaron a tener más de cien RUT distintos para impedir justamente que se cumpliera esa legislación, que está en la idea fundamental de los legisladores del Código del Trabajo.
Creo que se está dando un paso importantísimo en la materia. Han primado el diálogo y el buen criterio. Por consiguiente, en lo fundamental, tratándose de empresas con múltiples RUT, será un empleador el que finalmente responderá por todas ellas.
Por otro lado, desde la UDI apoyaremos la iniciativa y el acuerdo final logrado, porque las atribuciones que a través de ella se le dan a la Dirección del Trabajo son una primera instancia para resolver los abusos que se generan con el multirrut. De hecho, esa actuación puede que solucione el problema en forma definitiva, salvo que una de las partes no quede contenta con el dictamen de la entidad fiscalizadora, en este caso, la Dirección del Trabajo.
En consecuencia, negar la posibilidad de los tribunales de justicia es cambiar, no el sistema previsto en el Código del Trabajo, sino el ordenamiento jurisdiccional de nuestro país.
En esta materia, tanto las decisiones administrativas como las de los tribunales de justicia se dan en todo nuestro ordenamiento jurídico. Sin ir más lejos, cabe mencionar, por ejemplo, lo que ocurre con la reciente creación del Consejo para la Transparencia, entidad que ha tenido mucha fuerza y que se encuentra dotada de una enorme autonomía. Sin embargo, si alguien queda disconforme con la resolución de dicho Consejo, siempre contará con la posibilidad de recurrir a los tribunales.
Me parece, por tanto, sano el proceder. Desde un punto de vista conceptual, no es razonable que un órgano administrativo tenga la última palabra en ámbitos propios de las decisiones jurisdiccionales. A mi juicio, es casi una anomalía que la tenga. Así pasaba, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, que era juez y parte en los conflictos de su competencia. Gracias a la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, tal situación también se pudo superar.
Por lo expuesto, por su intermedio, señor Presidente , le señalo a la señora ministra que la fórmula acordada es la correcta por cuanto permitirá un proceso adecuado en la materia.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando.
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente , el proyecto de ley en discusión concuerda plenamente con lo que aspiramos quienes estimamos que los trabajadores están en condiciones muy desmedradas para reivindicar sus derechos laborales, individuales o colectivos.
Tanto la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco , como los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra plantearon que la eliminación del multirrut -figura que ha sido usada en forma abusiva para eludir responsabilidades con los trabajadores- mejora en algo la capacidad de negociación. Por eso, felicito al Ejecutivo por comenzar el tránsito hacia un nuevo trato, puesto que permitirá disminuir la inequidad en el país.
La creatividad de algunos malos empresarios es infinita. De hecho, en la Región de Antofagasta hemos visto malas prácticas de todo tipo. Por ejemplo, acaba de concretarse la quiebra de una faena minera solo porque la ley lo permite, ya que las otras unidades productivas de la misma compañía gozan de excelente salud económica. ¿Cómo se relaciona esa quiebra con la huelga realizada por los trabajadores en diciembre último? Quedará para nuestra reflexión.
Sin embargo, a pesar de todo lo positivo que se ha dicho sobre este proyecto de ley, que corrige el concepto de multirrut, así como de otra iniciativa legal recién ingresada a tramitación legislativa, que propone la creación de una AFP estatal, la que también va en el camino correcto -sin perjuicio de que no solucionará el problema de fondo, referido al pago de pensiones paupérrimas-, la profunda desigualdad que impide avanzar en el desarrollo sustentable del país radica en la precariedad de los salarios de la clase trabajadora. Allí está el pecado original. Por lo tanto, es imperativo avanzar en esa dirección.
Al igual como lo señaló el diputado Andrade , confío en la doctora y en que avanzaremos hacia una profunda reforma laboral. En el intervalo, bienvenido sea este proyecto de ley, porque mejorará el poder negociador, razón por la que la bancada del Partido Radical Social Demócrata lo votará a favor.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente , no cabe duda de que el derecho de los trabajadores y su posibilidad de estar representados en forma organizada para defender y demandar sus intereses es una materia clave y de fondo. Desde nuestra bancada, esperamos con expectación que sea parte de los futuros proyectos de reforma laboral, porque si bien la tasa de desarrollo económico del país demuestra su crecimiento, a diferencia de lo que sucede en el contexto internacional, su tasa de distribución de la riqueza es desigual y vergonzosa.
Si tomamos nota de que buena parte de esos efectos están vinculados a un sector tan importante como el mundo laboral, eso significa, ni más ni menos, que muchos trabajadores que aportan a la economía, ya sea en el plano productivo o de servicio, tienen ingresos que los sitúan en la zona de la pobreza, de modo que se puede decir que son superexplotados, en términos absolutos y relativos.
Cambiar esa situación es caminar en la senda correcta, pues permitirá mejorar la redistribución de la riqueza, aspecto que en algún sentido está dirigiendo el debate del proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, también es clave fortalecer más la organización sindical, para que los trabajadores, con su propia organización y a través de los procesos de negociación respectivos, sean capaces de elevar sus ingresos, sus sueldos y salarios.
Si ha habido una práctica que ha permitido una suerte de perversión -si ese nombre alcanza para manifestar lo que es la desigualdad-, ha sido el ejercicio abusivo de parte de las empresas del llamado multirrut, figura destinada, para hablar en forma muy directa, a privar a los trabajadores de determinados derechos, los que en pleno siglo XXI han sido conquistados a nivel nacional e internacional. Con el multirrut se afecta el pago de gratificaciones, el respeto de los feriados anuales, el derecho a sala cuna, en el caso de las trabajadoras, y se fragmenta la representación de las organizaciones sindicales, con el consiguiente debilitamiento de los procesos de negociación colectiva. El famoso multirrut ha sido usado para abusar de los derechos de los trabajadores, sobre la base del viejo axioma de dividir para reinar, de empequeñecer y segmentar para mejor explotar.
No cabe duda alguna de que un eje clave del programa de la Presidenta Bachelet y de la Nueva Mayoría son las reformas laborales, porque en él se plantea que se debe vencer la desigualdad, lo que está en armonía con las expectativas y los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras.
Desde la perspectiva de las reformas laborales que se requieren, el gremio de trabajadores vinculados a la Dirección del Trabajo ha planteado una mirada crítica respecto de la iniciativa en debate, en cuanto a que esa instancia podría haber tenido un rol fiscalizador mucho más activo, porque los trabajadores vinculados al mundo sindical también sufren las consecuencias del multirrutt. Sin embargo, qué duda cabe que el proyecto es un paso adelante, porque sus disposiciones permitirán aspirar a una negociación interempresa para defender mejor los derechos de los trabajadores que han sido vulnerados por los empleadores sin ningún tipo de compasión.
En ese sentido, sin buscar situaciones de empate, el proyecto avanza en la defensa de los intereses de los trabajadores. Tal como los señaló un colega en la Sala, si bien no establece exactamente lo mismo para los empleadores y los trabajadores, protege a estos últimos ante la implementación del multirrut.
No obstante, nos gustaría que la iniciativa fuera todavía más profunda, clara y explícita, que llegara hasta la esencia de lo que establece la legislación laboral, la que no está hecha para ser árbitro neutro en igualdad de condiciones.
La legislación laboral, en esta interacción, no surge para proteger a la parte más débil, que son los trabajadores. En ese plano, creo que el proyecto permite avanzar, sobre todo si lo vinculamos a las reformas laborales que los trabajadores, con expectativas, no solo esperan, puesto que contribuyen activamente a que se hagan realidad. Esperamos que puedan ser los grandes debates en el período inmediato en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional.
Por ello, la bancada del Partido Comunista, haciéndose cargo de las observaciones y teniendo presente que el proyecto es perfectible, cree que es meritorio entregar un respaldo y se compromete a apoyar esta iniciativa, que limita el ejercicio abusivo de la categoría multirrut.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , como dijo el colega Osvaldo Andrade , el mayor problema de nuestro país es la desigualdad, la cual -lo hemos dicho, pero siempre es bueno repetirlo- se combate de varias maneras: con la reforma tributaria y la reforma educacional que se están tramitando; pero también con reformas laborales, que, en mi opinión, deberían ser el segundo eje de la gestión del Gobierno, porque está demostrado que en los países que tienen menor desigualdad existe mayor negociación colectiva y sindicatos fuertes y poderosos. No estamos descubriendo la pólvora. Eso es así; están los claros ejemplos de los países europeos.
Si bien este proyecto viene a terminar con una injusticia, es bueno hacer historia, porque la memoria del país es frágil. Lo que ha provocado mayor cuestionamiento es por qué no se eliminó el concepto de empresa, lo cual se intentó hacer en gobiernos pasados. Es bueno recordar que un senador, candidato presidencial, llevó este punto al Tribunal Constitucional, y ahí murió esa idea. Esa es la historia del proyecto y ese es el motivo por el que se quedó durmiendo el sueño de los justos durante siete años en el Senado.
De repente, la gente no entiende cuando escucha hablar del multirrut. Es un abuso más en contra de los trabajadores, que consiste en que una empresa se subdivide formalmente para efectos tributarios y, de pasadita, para efectos laborales. Incluso, hay empresas que dividen artificialmente sus negocios en empresas que solo contratan trabajadores y otras que realizan el giro productivo. ¿Con qué finalidad? Una finalidad clara: las primeras empresas, como solo tienen gente contratada, no generan utilidades. De esa forma, evitan pagar las utilidades a los trabajadores. ¡Un abuso por donde se mire!
Por lo tanto, creo que este proyecto va a poner fin a un abuso que existe en el mundo laboral. Ayer, en la Comisión de Trabajo tuvimos una audiencia con dirigentes del Transan-tiago. Es para no creer la cantidad de abusos que existe en ese sector. Este proyecto corrige en algo el abuso que se comete en contra de los trabajadores que no tienen claro cuál es el empleador real.
Creo que es sumamente bueno regular esa situación para que los trabajadores puedan negociar colectivamente. La pregunta que se hacía era por qué no negociaban. Resulta que el actual Código del Trabajo no obliga al empleador a negociar con el sindicato interempresa. Como dividen las empresas, hay muchos sindicatos que no tienen la capacidad de negociar. Ahora, ¿por qué no lo hacen a través de los sindicatos interempresas? Porque, como señalé, los empleadores no tienen esa obligación. Este proyecto de ley corrige esa situación. Los trabajadores van a poder negociar colectivamente con todas las empresas que han sido consideradas como un empleador o con cada una de ellas. Los sindicatos interempresas que agrupen exclusivamente a trabajadores dependientes de empresas que hubieren sido declaradas como un solo empleador podrán presentar proyectos de contrato colectivo, siendo obligatorio para el empleador negociar con dichos sindicatos.
Esto es lo mejor que tiene el proyecto de ley, porque, insisto, una manera de terminar con la desigualdad es dar a los trabajadores la facultad de negociar colectivamente.
¿Qué otra cosa buena tiene el proyecto? Es importante el acuerdo de la CUT y la CPC, que fue consecuencia de un diálogo social. En la Comisión recibimos a los dirigentes de la Dirección del Trabajo, que tenían sus cuestionamientos, y a muchos dirigentes de los distintos sindicatos; pero si la CUT y los propios trabajadores están a favor del proyecto, ¿cómo podríamos oponernos a un acuerdo que lograron tras muchas reuniones? Tiene mucho sentido apoyar eso. Los diputados tenemos un cargo de representación popular, y los trabajadores están reunidos, en su gran mayoría, en la Central Unitaria de Trabajadores. Por consiguiente, debemos rescatar lo logrado entre la CUT y la CPC.
El hecho de que el modelo chileno, como dijo el diputado Andrade, sea un ejemplo para otros empleadores es una interrogante que deberemos hacernos en el futuro. Hablamos de este abuso en contra de los trabajadores, pero el mundo laboral está lleno de abusos. Me habría gustado que se grabara la reunión que tuvimos ayer con los trabajadores del Transantiago, porque fue una cosa realmente impresionante.
Tengo la esperanza de que este proyecto sea el inicio de las reformas que vienen en el segundo semestre, las cuales deben apuntar a fortalecer la negociación colectiva y el rol de los sindicatos -cosa que hace este proyecto-, y a poner fin al famoso reemplazo de los trabajadores en huelga, que es una cosa inédita. Como dijo el diputado Andrade, en la OIT, en Ginebra, hubo un quiebre en este punto, porque los empleadores tenían como modelo el sistema chileno.
Por eso, creo que es sumamente importante apoyar este proyecto, con todos los cuestionamientos que ha tenido, incluso de los mismos trabajadores. Aquí mismo hemos tenido conversaciones entre los diputados. Todos apuntaban a que lo óptimo era eliminar el concepto de empresa, puesto que se habla de la identidad legal y no de la identidad real; pero no quiero que, una vez más, este proyecto termine en el Tribunal Constitucional, como ocurrió hace siete u ocho años, y nuevamente quede entrampado.
Por las razones expuestas, vamos a votar a favor las modificaciones del Senado al proyecto -entiendo que así lo hará la mayoría de los diputados-, porque es un avance para los trabajadores que han sufrido con el famoso multirrut, que lo único que ha hecho es abusar contra ellos.
He dicho.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco.
La señora BLANCO, doña Javiera ( Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , me parece oportuno dar respuesta a las inquietudes expresadas en diferentes intervenciones.
En relación con lo que mencionó el diputado Patricio Vallespín, efectivamente hay preocupación de parte del Ministerio del Trabajo por mantener una vigilancia sobre la forma como sucedan los procesos una vez aprobado este proyecto de ley. De hecho, dado que el procedimiento establecido en la indicación implica la participación de la judicatura laboral y un informe obligatorio de parte de la Dirección del Trabajo, se crea una unidad especializada en la dirección para evacuar estos informes, tutelar el real cumplimiento de los contenidos de esta normativa y adoptar las medidas que surjan a partir de las distintas declaraciones y sentencias que se dicten con ocasión del multirrut.
A este respecto, la indicación también considera el cumplimiento, exigido por el juez, de ciertas acciones obligatorias para el empleador en su condición de empleador real común, y su incumplimiento quedará sujeto a sanciones pecuniarias de entre 50 y 100 UTM. Lo mismo hará la sentencia en relación con las figuras de subterfugio y simulación, para las cuales también están previstas sanciones en caso de que el juez, en el respectivo fallo, acredite su existencia cuando el empleador las haya utilizado mediante la división en distintas razones sociales.
En relación con las inquietudes planteadas por el diputado señor Nicolás Monckeberg, debo señalar que el concepto de “dirección laboral común” no quedó establecido en la norma, como una manera de generar un mayor margen de interpretación para el respectivo juez. Además, hoy se ha sentado jurisprudencia sobre este tema. Pero, tal como lo señaló el diputado Nicolás Monckeberg, nos pareció pertinente que quedara constancia, en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, de la definición que, en general, ha dado la judicatura laboral.
Ahora, ante una inquietud específica planteada por el diputado Nicolás Monckeberg, respecto de qué ocurriría si las condiciones variaran y ya no nos encontráramos frente a la figura de un empleador real común, lo que se aplica es la regla general en materia laboral -artículo N° 420 del Código del Trabajo- y, por lo tanto, los conflictos que se susciten entre partes deben ser resueltos por el juez laboral competente y que se aplique el principio de inexcusabilidad de la judicatura. Las partes afectadas en los respectivos derechos deberían recurrir a la instancia judicial competente para establecer algún tipo de procedimiento declarativo, y esas acciones competen tanto al trabajador como al empleador, a diferencia de las acciones de multirrut, que están efectivamente circunscritas al trabajador o al sindicato.
Respecto de la consulta del diputado señor Gabriel Boric, me parece importante aclarar, primero, que a nosotros nos pareció pertinente e importante referirnos al concepto de empleador, por varias razones. El empleador es la persona que asume las obligaciones laborales y previsionales en materia laboral y es el interlocutor válido en materia de negociación colectiva. Por eso, quedó establecido en la indicación. Además, con anterioridad fue aprobada una nueva definición, preceptuada en el artículo 3°, inciso tercero, del Código del Trabajo, que expresa que empresa es toda organización de medios personales, materiales e inmateriales bajo la dirección de un mismo empleador.
Nos interesa dejar claramente establecido que es el empleador quien asume estas obligaciones y es el interlocutor válido, a los efectos de los procesos de negociación colectiva con los trabajadores.
Respecto de la inquietud del diputado Boric sobre por qué no ir a tribunales, sino directamente a la Dirección del Trabajo, hay varias explicaciones.
Por todos es sabido que si un trabajador recurre a la Dirección del Trabajo y esta falla en contra de su requerimiento, tiene la posibilidad de insistir ante los tribunales, que es lo más probable que ocurra. Esto rige para ambas partes. Por lo tanto, pasar por una instancia intermedia, sea cual fuere la resolución de la Dirección del Trabajo, genera un eslabón más, cual es recurrir a los tribunales. Ahora estamos estableciendo un procedimiento más corto para los trabajadores.
Ahora, no se debe confundir la instancia jurisdiccional con el derecho efectivo a hacer uso de ella. En este aspecto, hemos señalado que los trabajadores tienen el derecho legítimo de recurrir a la defensa laboral para generar un pronunciamiento en materia de multirrut.
En el caso de los sindicatos es distinto, y dijimos que esa posibilidad la vamos a trabajar con el Ministerio de Justicia, a fin de dar mayores facilidades para que sindicatos y trabajadores puedan recurrir a la defensoría laboral, a los efectos de los juicios.
Además, nos parece que por el tipo de materias de que hablamos -la claridad, la definición, la ratificación de obligaciones laborales y previsionales-, es del todo razonable que se resuelvan mediante una sentencia, a nivel de fallo, más que a nivel de resolución administrativa. No debemos perder de vista que la Dirección del Trabajo, como órgano administrativo, también está expuesta a las distintas interpretaciones de los gobiernos de turno. En esto hay que tener certeza jurídica, y qué mayor certeza que aquella que puede dar una sentencia cuando se trata de obligaciones laborales, sobre todo cuando hablamos de obligaciones previsionales que necesitamos hacer efectivas frente a un empleador.
Este proyecto supera con creces indicaciones presentadas con anterioridad. Quizá el diputado Boric recordará que durante el gobierno pasado se introdujo una indicación que incorporaba la figura del panel de expertos, que a todas luces dejaba en la indefensión absoluta a los trabajadores, porque no entregaba claridad; se trataba de expertos economicistas más que laborales. Además, establecía como condición para determinar el empleador real común una serie de requisitos copulativos que, en estricto rigor, hacían inviable que el trabajador lograra un pronunciamiento del tribunal, que reconociera sus derechos laborales respecto del empleador real común.
Han pasado siete años desde que muchos trabajadores y trabajadoras esperan que se les respeten los derechos colectivos.
Por lo tanto, creemos que votar en contra de este proyecto de ley es fallar en contra de los derechos de trabajadores, muchos de los cuales no tienen descanso anual, porque se les reconoce una relación contractual con una determinada razón social; se les cambian los contratos cada seis meses, práctica que vulnera sus descansos anuales. También es fallar en contra de la posibilidad real de que se haga efectivo el pago de una deuda previsional reconocida mediante sentencia judicial. Con estas divisiones artificiosas, se hace imposible para los trabajadores hacer efectiva una sentencia judicial sobre un patrimonio que se ubica bajo otra razón social, y no respecto de aquella que lo vincula contractualmente. En definitiva, votar en contra de este proyecto es fallar en contra de la posibilidad real de que los trabajadores se organicen, generen un sindicato interempresas y negocien colectivamente con el empleador real común.
Han pasado siete años. Por eso, tenemos un compromiso con la Central Unitaria de Trabajadores y con muchos trabajadores que se han acercado a nosotros para manifestarnos que no quieren seguir esperando un octavo año.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, ¿estamos en condiciones de clausurar el debate?
Si es así, se lo pido formalmente.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Señor diputado , ningún jefe de Comité ha solicitado, por escrito, la clausura del debate. Además, solo restan dos minutos para concluir el Orden del Día.
Por lo tanto, tiene la palabra, por el tiempo que resta, el diputado señor Iván Flores.
El señor FLORES.-
Señor Presidente , en primer lugar, saludo y felicito a la ministra del Trabajo y Previsión Social , señora Javiera Blanco , porque con este proyecto de ley comienzan a corregirse las desigualdades entre chilenos y la distancia, a veces difícil de sortear, entre trabajador y empresa.
A mi modo de ver, falta una discusión profunda sobre conceptos de fondo acerca de cómo queremos un Chile más justo, más grande y más estable, y este proyecto no logra ese nivel de discusión.
La modificación del concepto de empresa que recoge nuestra legislación laboral es más que una necesidad; es una urgencia, ya que la actual normativa es deficiente e injusta, lo que ha generado problemas que se manifiestan, por ejemplo, en empleadores que subdividen ficticiamente su empresa y su capital en una multiplicidad de razones sociales, con el fin de desviar los recursos económicos y aparecer, en el papel, con menos dinero y utilidades que las que realmente tienen.
Se han generado severos perjuicios a los trabajadores, especialmente en el ámbito de sus derechos individuales, pero también colectivos, ya que se impide la formación de sindicatos, al hacer más difícil alcanzar los quorum legales; se dificulta enormemente la negociación colectiva; se dificulta e inhibe el derecho a huelga, que solo existe en la negociación colectiva reglada; se disminuye el poder de negociación, y se complica el ejercicio del derecho a sala cuna, que exige un mínimo de veinte trabajadores, entre otros problemas que se evidencian al revisar lo que este proyecto ya empieza a resolver.
Todos queremos que Chile tenga más actividad empresarial, que nuestra economía se robustezca y siga siendo confiable para la inversión. Pero en un país que crece y que se desarrolla, como lo ha hecho nuestro país en las últimas décadas, este crecimiento también debe alcanzar a nuestros trabajadores y trabajadoras, que no pueden quedar al margen de sus bondades.
Por lo tanto, si bien comparto que este proyecto no abarca todo lo que quisiéramos, voy a aprobarlo, porque empieza a poner fin a un abuso recurrente y grave en perjuicio de los trabajadores, principalmente por parte de las grandes empresas. Sin embargo, advierto que esta iniciativa sigue con la también vieja práctica asumida por algunas empresas: mejor pagar una baja multa que corregir malas prácticas.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Se ha pedido la clausura del debate y, por lo tanto, corresponde votarla.
El señor BORIC.-
Señor Presidente, ¿eso significa que debe cerrarse el debate por el solo hecho de haberse pedido?
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Señor diputado , si no hay acuerdo, corresponde votarla.
¿Habría acuerdo para clausurar el debate?
No hay acuerdo.
En consecuencia, corresponde votar.
En votación la clausura del debate.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Boric
-Se abstuvieron los diputados señores:
Núñez
El señor BORIC.-
¡Es una vergüenza que algunos socialistas hayan votado a favor de la clausura del debate!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
¡Diputado señor Andrade!
¡Diputado señor Boric, lo llamo al orden!
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que establece un nuevo concepto de empresa.
Hago presente a la Sala que las modificaciones del Senado inciden en normas propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor CORNEJO ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Boric
-Se abstuvieron los diputados señores:
Gutiérrez
El señor CORNEJO (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA INTEGRAL EN FAVOR DEL ADULTO MAYOR (Preferencia)
El señor CORNEJO ( Presidente ).- De conformidad con el acuerdo de los Comités, corresponde tratar con preferencia el proyecto de resolución N° 73.
El señor Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 73, de los diputados señor Sandoval, señora Denise Pascal , señor Santana, señora Claudia Nogueira, señores Leopoldo Pérez, Kort, Jaramillo, Ojeda, Paulsen y señora Andrea Molina, que en su parte resolutiva expresa lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República:
1°.- La elaboración y presentación al Congreso Nacional de un proyecto de ley integral para el adulto mayor.
2°.- Promover y difundir los derechos de los adultos mayores.
3°.- Desarrollar una política nacional de prevención y de educación del maltrato hacia el adulto mayor.
4°.- Fortalecer el acceso a la justicia y a la defensa jurídica gratuita de adultos mayores vulnerados.
El señor CORNEJO (Presidente).- Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , ayer se celebró el “Día del compromiso por el buen trato al adulto mayor”, y en el contexto de esa ceremonia se plantearon diversas materias que nos parecen interesantes. Según anunció la Presidenta de la República , el Ejecutivo ha acogido algunas propuestas que hemos realizado mediante sendos proyectos de resolución, aprobados transversalmente, como, por ejemplo, el establecimiento de un defensor para los adultos mayores, que en la actualidad no cuentan con este protector, tan necesario e importante, que sí tienen otros sectores de nuestra población.
La Presidenta de la República señaló que existe 30 por ciento de adultos mayores que ha sido víctima de algún tipo de violencia. Nosotros no queremos que ocurran estas situaciones.
En la estructura etaria de nuestro país, hay dos sectores vulnerables: por un lado, los niños -nos parece bien que exista una ley de protección de sus derechos-, y por otro, los adultos mayores, muchos de ellos afectados por diversas formas de violencia, privaciones, abandono y negación de algunos elementos básicos.
Los adultos mayores constituyen un sector significativo de nuestra sociedad, toda vez que nos legaron todo lo que somos y disfrutamos. Por eso, tenemos la obligación de retribuirles su legado con mejores políticas públicas que apunten a mejorar sus pensiones, su atención de salud, su capacitación y su recreación. Los adultos mayores no quieren políticas asistencialistas, sino políticas de inclusión efectiva y real.
Por eso, en este proyecto de resolución planteamos que Chile debe ponerse a la vanguardia a nivel mundial en materia de elaboración de políticas que favorezcan al adulto mayor, como, por ejemplo, la dictación de una ley integral del adulto mayor y una reingeniería profunda del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que ya cumplió su rol. Si queremos asumir nuevos desafíos requerimos, necesaria y obligatoriamente, cambiar la forma en que este servicio ejerce su labor a lo largo del país. En este contexto, el Senama debe pasar a ser, necesariamente, una instancia nueva, distinta, con mayor complejidad. Incluso, los clubes de adultos mayores han planteado la creación de una Subsecretaría del Adulto Mayor. ¿Por qué no?
Pero lo más importante es que la Presidenta de la República haga realidad sus anuncios, que dejemos de lado los discursos y que pasemos a atender los temas de fondo que afectan a todos los adultos mayores a lo largo del país.
Vaya para ellos nuestro afecto, nuestro reconocimiento y nuestro mejor deseo de que estas iniciativas se plasmen a la brevedad posible en iniciativas legales y en nuevas políticas públicas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , este proyecto de resolución no pudo haber sido presentado en un momento más oportuno, puesto que el pasado 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, instituido el 15 de junio de 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, basado en el plan de acción de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, llevada a cabo en Madrid, en 2002, en que se señala que “estamos decididos a eliminar toda forma de violencia, discriminación y maltrato contra las personas de edad.”.
Hemos presentado este proyecto de resolución para instar al Estado a instaurar políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar contra el adulto mayor, así como también a prestarle asistencia a la Presidenta de la República para desarrollar una política nacional de prevención y de educación sobre el maltrato al adulto mayor, así como para fortalecer el acceso a la justicia y a la defensa jurídica gratuita de los adultos mayores vulnerados.
El maltrato no solo se da al interior de las familias, sino también en las calles, en los lugares públicos, en la prestación de servicios, en la forma de atención de los servidores públicos hacia los adultos mayores, porque la violencia hacia este grupo etario puede ser visible como también invisible, la cual es mucho más grave. Puede tratarse de violencia física, psicológica y patrimonial.
Más que aprobar este proyecto de resolución, lo que queremos hacer es un llamado para promover una cultura, una política cultural de respeto y de protección del adulto mayor; una política integral, una política estructural y una política de Estado. Debemos actuar de una vez por todas, porque la población de adultos mayores crece día a día. Eso debe preocuparnos a todos y no dejarnos indiferentes.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para intervenir en contra del proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EMPLAZAMIENTO DE PLAZA DE PEAJE EN TRAMO PUERTO MONTT-PARGUA
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 63, de los diputados señores Alejandro Santana, Leopoldo Pérez, Bernardo Berger, Iván Fuentes, de la señora Marisol Turres y de los señores Felipe de Mussy y Jorge Rathgeb, que en su parte dispositiva expresa lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1.- Solicitar que se realice prontamente un pronunciamiento por parte del ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga, sobre el emplazamiento del peaje Ruta 5, tramo Puerto Montt-Pargua, dado que a la fecha no existe, por parte del organismo que representa, el decreto correspondiente para la creación de la plaza de peaje y valor de este.
2.- A base del artículo 75 del decreto con fuerza de ley N° 850, publicado el 25 de febrero 1998, se solicita a la Presidenta de la República , en razón a lo anteriormente expuesto, que se realice un mecanismo para identificar a los vehículos de la gente que vive en Chiloé, haciendo que estos queden exentos de pago hasta llegar al peaje de salida por Puerto Montt, en razón de la distancia que se recorre y los costos anteriores que deben pagar vinculados al transbordador o, en su defecto, una tarifa diferenciada.
En razón al último punto, se solicita que se considere un subsidio adicional para las personas que viven en las comunas de Calbuco y de Maullín.
3.- Solicitar al ministro de Hacienda , señor Alberto Arenas, si así lo requiere, los recursos necesarios para implementar los puntos anteriormente mencionados.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para intervenir a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente , todo el mundo sabe que la gente de Chiloé tiene el peaje más caro de nuestro país, puesto que para desplazarse a Puerto Montt deben pagar 11.000 pesos por atravesar el canal de Chacao en transbordador. A raíz de la construcción del puente, existe el compromiso de parte del Estado de que ese pago dejará de realizarse.
Por otra parte, se ha construido la doble vía entre Pargua y Puerto Montt, situación que ha agregado una plaza de peaje, lo que significará que quienes viven en Chiloé y viajen a Puerto Montt no solo deberán pagar los 11.000 pesos del transbordador, sino también los 2.700 pesos de esa nueva plaza de peaje.
Hoy, para llegar a Chiloé ya se paga un peaje. Se trata del troncal ubicado en la zona norte de Puerto Montt.
Por ello, pedimos a su excelencia la Presidenta de la República que, de acuerdo al artículo 75 del decreto con fuerza de ley N° 850, publicado en el Diario Oficial el 25 de febrero de 1998, se pueda diferenciar el peaje para quienes viven en Chiloé, ya sea pagando un troncal a menor valor o bien excluyéndolos de ese pago, en función del alto costo que significa trasladarse desde Chiloé a Puerto Montt.
A pocos días de que se inicie el cobro de peaje, solicitamos considerar esta opción, que facilitará de manera significativa el traslado de quienes viven tanto en la Isla Grande de Chiloé como en las otras islas.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez
-Se abstuvo el diputado señor
SOLICITUD PARA INCORPORAR EN LA LEY DE PRESUPUESTOS RECURSOS PARA REFORZAR LA INSTITUCIONALIDAD MEDIOAMBIENTAL
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de resolución N° 64, de los diputados señora Andrea Molina, señores Daniel Melo, David Sandoval, Leopoldo Pérez, Patricio Vallespín, Pablo Lorenzini, Rodrigo González, señorita Camila Vallejo y señores Marcelo Chávez y Christian Urízar, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
Ejerciendo la facultad que nos confiere el artículo 52, número 1), inciso primero de la letra a), de la Constitución Política de la República, solicitamos a su excelencia la Presidenta de la República que, en uso de sus facultades constitucionales privativas, instruya a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Ministerio de Hacienda, en especial a la Dirección de Presupuestos, para que la Ley de Presupuestos del 2015 contemple los recursos necesarios a objeto de implementar un programa de fortalecimiento institucional, presupuestario, de personal y de infraestructura que permita el cumplimiento eficaz y eficiente del mandato legal que debe cumplir la Superintendencia del Medio Ambiente .
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, creo que es absolutamente conveniente destacar el trabajo que han realizado el diputado Daniel Melo y la diputada Andrea Molina, que son los autores principales del proyecto de resolución.
El proyecto de resolución apunta a un tema muy importante, como es el medioambiental, y busca asegurar los recursos suficientes para la Superintendencia del Medio Ambiente, con el objeto de que su mandato legal tenga los mecanismos, los recursos, los medios y la fiscalización eficiente y eficaz para lograr que su importante rol tenga las atribuciones fundamentales que necesita, en especial sobre algo que se ha percibido, cual es la carencia de los recursos necesarios para hacer efectiva esta importante labor en la comunidad.
Cada vez más, nuestra comunidad y las organizaciones sociales han incrementado sus roles en materia de control y de fiscalización respecto del tema ambiental. Es válido y legítimo que la institucionalidad cuente con los medios y recursos necesarios.
Lo que se plantea en el proyecto de resolución va en la dirección adecuada, en el sentido de requerir del Estado recursos suficientes para desarrollar una labor tan relevante como la que ejerce la Superintendencia del Medio Ambiente.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Christian Urízar.
El señor URÍZAR .- Señor Presidente , esta materia fue largamente debatida con el diputado Daniel Melo , que preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; con la diputada Andrea Molina y con los demás miembros de la misma.
Sabemos que en diversas zonas del país se generan situaciones complicadas en torno a la convivencia de los ciudadanos con diversos proyectos empresariales, en las cuales se aprecia una débil institución medioambiental, y cada vez que se debe efectuar algún tipo de análisis, los mismos dueños de los proyectos proponen a los profesionales que realizarán tales funciones.
Por eso, creemos que la Superintendencia del Medio Ambiente debe tener mayor fuerza y presencia en el territorio, para lo cual se necesitan recursos.
Por ende, muchos parlamentarios, de diversos colores políticos, concordamos en que es necesario que este asunto quede solucionado e incluido en la Ley de Presupuestos para el 2015.
Este proyecto de resolución fue presentado en esa lógica, para darle más fuerza y energía a la Superintendencia del Medio Ambiente , que debe cumplir un tremendo rol fiscalizador, el que no ha cumplido a cabalidad principalmente por falta de recursos.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para intervenir en contra del proyecto de resolución.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
-Votó por la negativa la diputada señora
VII. INCIDENTES
AYUDA PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO DE ALTO COSTOPARA MADRE ENFERMA (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , Patricia Inés Vargas Bahamonde , de Osorno, es auxiliar paramédico del Hospital Base San José de Osorno y, actualmente, está con licencia médica. Es madre de dos hijos adolescentes: Sofía y Felipe , de 16 y 18 años de edad, respectivamente.
Su diagnóstico médico es melanoma metastásico dorsal, una grave y muy compleja enfermedad que la aqueja. Su vida depende del medicamento Yervoy , de un alto costo: 30 millones de pesos, más IVA. Cuando me lo dijeron, no lo podía creer; pero ese es el valor de ese medicamento, que ella no está en condiciones de adquirir. Su compra es urgente, dado el avance de la enfermedad, que cada día va terminando con su vida.
Instituciones como la gobernación y el municipio la han ayudado, pero tal ayuda no ha sobrepasado los 200.000 o 250.000 pesos.
La vida de esta persona se va día a día. No es posible que su vida dependa del dinero.
Por ello, solicito oficiar a la Presidenta de la República , a fin de poner en su conocimiento esta situación, y a las ministras de Salud y de Desarrollo Social, con el objeto de que provean los recursos necesarios para que la señora Patricia Inés Vargas Bahamonde pueda adquirir este medicamento, imprescindible para seguir viviendo.
Sabemos que en el mensaje del 21 de mayo, su excelencia la Presidenta de la República , señora Michelle Bachellet , anunció la creación de un fondo para medicamentos. Pero creo que este apoyo llegará muy tarde para esta persona.
Por ello, solicito con urgencia que se envíen estos oficios, para ver la posibilidad de ayudar a esta persona. No es posible que su vida dependa del dinero.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que están alzando la mano.
CAMPAÑA PARA TRASLADO A TILTIL DE RESTOS DE PRÓCER MANUEL RODRÍGUEZ (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , voy a leer parte del poema “Manuel Rodríguez”, del poeta Pablo Neruda .
“Señora, dicen que donde,
mi madre dice, dijeron,
el agua y en viento dicen
que vieron al guerrillero.
Puede ser un obispo
puede y no puede,
puede ser solo el viento
sobre la nieve:
sobre la nieve, sí,
madre, no mires,
que viene galopando
Manuel Rodríguez …”.
Con estas palabras del Canto General, Pablo Neruda rendía homenaje a Manuel Rodríguez , uno de los héroes más importantes y figura emblemática de nuestra historia, cuyos restos están depositados en el Cementerio General, donde la comunidad de Tiltil lo saluda en cada aniversario de su muerte, ocurrida el 26 de mayo de 1818.
Como pocas ciudades de Chile, la comunidad de Tiltil está indisolublemente ligada a la memoria de esta persona que hizo tanto por el país, a quien le rinde homenaje los 365 días del año y no solo en el aniversario de su muerte.
Ayer, junto con el alcalde Nelson Orellana y los descendientes de Manuel Rodríguez tuvimos una reunión con el ministro de Defensa Nacional , señor Jorge Burgos , para comenzar una campaña importante para la comunidad de Tiltil y la provincia de Chacabuco, que busca trasladar sus restos desde el Cementerio General a la comuna de Tiltil.
En consecuencia, desde esta tribuna, pido el envío de un oficio al ministro de Defensa Nacional , a fin de plantearle una solicitud formal, en el entendido de que contamos con la representación de la familia y del concejo municipal en pleno, tendiente a rendir una justa memoria al prócer Manuel Rodríguez .
Queremos que, como quiso la historia, su cripta se quede en nuestra comuna y que el Ejército de Chile nos acompañe formalmente en esta noble misión.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo manifiestan.
AMPLIACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE COMPRA DE TERRENOS EN REGIÓN DE O'HIGGINS (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , en el Presupuesto para el año 2014, la anterior administración nos dejó 1.400 subsidios para la Región de O´Higgins. Por lo tanto, es imposible satisfacer los requerimientos habitacionales con apenas 1.400 subsidios para treinta y tres comunas de la nuestra región. Esa cantidad alcanzará, con suerte, solo para ocho o nueve comités de vivienda.
Entonces, se requiere una urgente modificación o un suplemento en el presupuesto para el 2015.
En consecuencia, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo , con copia a la intendenta de la Región de O'Higgins, que está muy preocupada del tema; al director regional del Serviu y al seremi de Vivienda y Urbanismo de la región, por un requerimiento de compra de terrenos. En la región hay buenos terrenos y a precios convenientes.
Es necesario que, de una vez por todas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo implemente una política de compra de terrenos. No se puede comprar terrenos a última hora, porque esa práctica eleva los valores, encarece los proyectos y afecta el presupuesto fiscal. Pero si se compra con la debida anticipación, se obtienen buenos precios, se resguarda la caja fiscal y se hacen inversiones adecuadas, a fin de que los comités de vivienda dispongan de terrenos para construir sus casas. Sin terrenos, no se pueden construir ni comprar viviendas.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras y los señores diputados que alzan su mano y de los cuales la Secretaría toma debida nota.
CONSTRUCCIÓN DE CRUCE FERROVIARIO SOBRE O BAJO NIVEL ENCOMUNA DE REQUÍNOA (Oficios)
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , por último, pido que se oficie al ministro de Transportes y al presidente del directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado , con el objeto de que ayuden a solucionar un problema de la comuna de Requínoa.
Junto con dividir la comuna de Requínoa, el trazado de la línea férrea ha hecho bastante difícil la comunicación oriente-poniente, y viceversa, y cada vez hay más desarrollo habitacional hacia el sector oriente y más flujo vehicular desde ese sector. Por lo tanto, la posibilidad de cruzar de un sector a otro es bastante restringida y peligrosa, amén de que varios cruces necesitan ser habilitados en debida forma.
En definitiva, hay que buscar un paso desnivelado, sobre nivel o bajo nivel, de manera de asegurar el flujo vehicular, sobre todo para favorecer el traslado de la gente al trabajo y de los alumnos a sus colegios. En este objetivo no solo debe ayudar el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por las obligaciones que le corresponden, sino también la propia Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Además, pido que se remita copia de este oficio al alcalde de la comuna de Requínoa, señor Luis Antonio Silva.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras y los señores diputados que así lo indican.
REVISIÓN DE LEY SOBRE PENAS SUSTITUTIVAS Y EVALUACIÓN DEALTERNATIVAS A RECLUSIÓN NOCTURNA PARA MADRESDE MENORES DE EDAD (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.
El señor ARRIAGADA .- Señor Presidente , el sábado, a las 23.00 horas, estuve en los límites de las comunas de Puente Alto, La Pintana y la Granja, tal vez uno de los lugares más pobres de la periferia de Santiago. En esa oportunidad, pude apreciar a niños de nueve a once años solos en la calle. Y al preguntarles, con los integrantes de mi equipo que me acompañaba, sobre la razón de encontrarse a esas horas de la noche en la calle, me dijeron que sus madres no estaban en sus casas porque cumplen reclusión nocturna, como pena alternativa al encarcelamiento permanente.
Al respecto, he conversado con algunos diputados con experiencia y con abogados de la Corporación sobre la necesidad de revisar la ley sobre penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y estudiar una fórmula, a través del Ministerio de Justicia, para que se permita un tratamiento especial a esas mujeres que tienen hijos menores de dieciocho años, para que el fin de semana tengan alternativas para el cumplimiento de la pena.
Se trata de personas que han cometido faltas y delitos no graves ni peligrosos; por algo se les concede la pena alternativa. Considero inconveniente que una madre deje a menores de edad solos en sus casas durante los viernes, sábados y domingos para cumplir una condena.
No tiene sentido que nuestra acción en esta Corporación sirva para tratar solo los temas relevantes para el país, pero no atendamos aquellos problemas que afectan a miles de chilenos, particularmente a los más pobres.
Por lo expuesto, pido oficiar al ministro de Justicia, a objeto de que evalúe modificaciones a la a ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, en los términos expuestos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras y los señores diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIÓN A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MAL EJECUTADOS (Oficios)
El señor ARRIAGADA .- Señor Presidente , además, quiero denunciar que me he encontrado con una gran cantidad de proyectos de mejoramiento de viviendas que, luego de haber transcurrido el plazo de ejecución -más de un año-, están ejecutados solo en 60 o 70 por ciento, como el caso de la villa Las Dalias, donde pude comprobar el drama del arreglo incompleto de las techumbres, mal efectuado, sin que las inspecciones técnicas de obras (ITO), tanto comunales como del Serviu, hayan cumplido con su rol fiscalizador ni hayan hecho efectivas las boletas de garantía, si es que existen.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al director del Serviu para que me informen cuándo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de los Serviu respectivos, va a resolver los problemas y negligencias ocasionados por proyectos mal elaborados, mal ejecutados y mal controlados por ciertas empresas constructoras, que no sé en qué categorías están inscritas ni cómo acreditan su competencia para efectuar dichos programas.
Lo concreto es que, en la villa Las Dalias, pobladores humildes vieron anegadas sus viviendas y departamentos durante los días de lluvia, con el consiguiente sufrimiento que conlleva para los adultos mayores y niños el tener que vivir con humedad y bajo la lluvia.
Además, pido que me informen cuántos programas de mejoramiento de viviendas se han encontrado con el tropiezo de haber sido ejecutados por malas empresas constructoras y con deficiencias. Se trata de un sistema que requiere de una pronta solución.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras y los señores diputados que así lo manifiestan.
INFORMACIÓN SOBRE INSCRIPCIÓN DE ARMAS DE FUEGO POR PARTICULARES Y DECOMISOS DE LAS MISMAS (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo adicional del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky.
El señor PILOWSKY .- Señor Presidente , sin duda, las políticas públicas más efectivas para disminuir los niveles de delincuencia e inseguridad ciudadana son las que abordan el problema desde una mirada integral, es decir, las medidas que integran planes, programas y estrategias que atacan los factores en todas sus dimensiones, como la prevención situacional, la prevención social, la rehabilitación de los infractores y la sanción punitiva que corresponda a los delitos cometidos.
En tal contexto, la participación de los ciudadanos, la corresponsabilidad, las cámaras de seguridad, las alarmas comunitarias, los espacios públicos por y para los vecinos, la mayor dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones para reforzar la seguridad, o la profundización del plan cuadrante son muy necesarios.
Junto con lo anterior, debemos tender a disminuir la peligrosidad de aquellos delincuentes que, a pesar de los esfuerzos que hacemos como sociedad, deciden continuar delinquiendo y atemorizando a los millones de vecinas y vecinos honestos de nuestro país.
Debemos perfeccionar los mecanismos para el control y la tenencia de armas de fuego en manos de particulares. Algunos estudios sostienen que con la regulación adecuada de las armas de fuego en la población disminuye la posibilidad de los delincuentes de acceder a ellas y utilizarlas en nuevos asaltos.
En la actualidad, la ley Nº 17.798, en su artículo 1º, establece que el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, tendrá la supervigilancia y control de armas y explosivos. Dicha Dirección General actuará como autoridad central en la coordinación de las demás autoridades ejecutoras y contraloras de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Luego, la misma ley establece, en su artículo 2º, que quedarán sometidos al control de la autoridad las armas de fuego, cualesquiera que sea su calibre, incluyendo sus partes y piezas.
Lamentablemente, esta ley no contempla una serie de temas que, a nuestro juicio, deben ser regulados, entre los que se encuentran la tenencia de armas de fogueo, que últimamente ha estado en el debate público a raíz del incidente que hubo en la última marcha estudiantil.
El registro nacional no es interoperable. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras policías, Carabineros e Investigaciones, no pueden acceder en línea a esa base de datos.
El tercer elemento tiene que ver con los requisitos para acceder y transferir las armas de fuego controladas por la ley.
Por eso, con el objeto de iniciar un debate sobre el control y la tenencia de armas, solicito que se envíe un oficio al director general de Movilización Nacional y al general director de Carabineros de Chile para que informen, en lo que corresponda, lo siguiente:
1. El número de inscripciones de armas de fuego por particulares, desglosado por comunas.
2. El número de decomisos o incautaciones de armas, de conformidad con la ley, desglosado por comuna, y los principales motivos para aquello.
Finalmente, solicito que se envíe copia de este oficio al ministro de Defensa Nacional.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que están alzando su mano, incluidos los miembros de la Mesa.
FELICITACIONES A DOCTOR ÓSCAR GALINDO POR SU ELECCIÓN COMONUEVO RECTOR DE UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores.
El señor FLORES.-
Señor Presidente , quiero felicitar al doctor Óscar Galindo por su triunfo en el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad Austral de Chile por el período 2014-2018.
Dicho plantel universitario, fundado hace sesenta años, fue y sigue siendo el referente cultural y tecnológico en la zona sur austral, desde sus comienzos, por la calidad y oportunidad de la investigación y transferencia de tecnologías en las ciencias silvoagropecuarias, las que cambiaron el rostro y estructura a un territorio que hasta esa fecha había logrado posicionarse en algunas áreas industriales y que, gracias a esta universidad, resurge con notable fuerza.
También es de toda justicia destacar que desde el principio, las humanidades y el arte fueron pilares fundamentales, complementarios e indisolubles de la tecnología al servicio del sur.
Con el tiempo, las principales, por no decir la mayoría de las áreas del saber, están presentes de manera destacada en los programas de investigación, docencia y de interacción con el más amplio espectro de la comunidad chilena.
Digamos entonces que la Universidad Austral de Chile ha sido un genuino referente en la formación -no solo en la educación- integral de mejores personas. Su objetivo es lograr no solo profesionales, sino también mejores seres humanos, que podrán devolver al resto de la comunidad sureña, nacional e internacional, los conocimientos que han tenido en suerte obtener.
Aprovecho la oportunidad para reiterar mi preocupación en el sentido de que se pueda dar a la Universidad Austral, una institución privada en lo estatutario, pero pública en su práctica, como lo demuestran miles de testimonios, un trato financiero igual -no menor- que el que reciben las universidades públicas.
Deseo al doctor Galindo un buen y próspero gobierno universitario, para lo cual estaremos prestos a colaborar.
Aprovecho la ocasión para saludar a los valiosos candidatos perdedores, señores Juan Omar Cofré , Ernesto Zumelzu y doctor Jorge Sommerhoff .
En nombre del sur de Chile y de mi región, agradezco al rector saliente, doctor Víctor Cubillos Godoy , quien deseo que siga aportando con su empeño y sabiduría al desarrollo del sur del país.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al rector saliente, al rector electo y a los candidatos señalados.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su seño-ría, con copia de su intervención y con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican a la Mesa.
El señor ORTIZ.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .- Señor Presidente , el diputado Iván Flores puede insertar el resto de su intervención. Así está contemplado en nuestras normas reglamentarias.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Así es, señor diputado .
INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN EN REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS. (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente , en cumplimiento de mi rol fiscalizador como miembro de esta Corporación, paso a dar cuenta de la situación de contaminación en que viven los habitantes de Rancagua y del valle central, particularmente de la provincia del Cachapoal, que nos tiene muy alertados y respecto de la cual el Gobierno ha actuado con demasiada lentitud.
El pasado lunes 16 de junio se registró la tercera alerta ambiental de 2014. En ese sentido, quiero que se informe a esta Corporación, en particular a este diputado , sobre cómo se está comunicando a la ciudadanía la implementación de la alerta ambiental. Creo que no corresponde que dicho comunicado se haga a las 20.00 horas del día anterior, a través de una cuenta de Twitter, a la que solo accede una élite. ¿Qué respuestas les vamos a entregar a los adultos mayores de nuestras comunas que padecen enfermedades respiratorias crónicas? ¿Qué respuestas les vamos a entregar a los estudiantes, que se ven expuestos a hacer ejercicios en un día con alerta ambiental?
Por ello, solicito que se oficie a la seremi de Medio Ambiente de la Región de O´Higgins , señora Giovanna Amaya , así como al seremi de Salud de dicha región, señor Fernando Arenas , a fin de que informen cómo se está comunicando a la ciudadanía la alerta ambiental, cuál será la política de descontaminación que está implementando o implementará el Gobierno, cuándo y cómo será la puesta en marcha del plan de descontaminación vigente, cuál sería la política de fiscalización a los principales focos de contaminación que en este momento se están produciendo en nuestra región, cuál será la política de apoyo a la calefacción, sobre todo en los hogares más humildes de la comuna de Rancagua, y, finalmente, cómo se está fiscalizando la venta de leña seca. Lamentablemente, la saturación por PM10, que es el material particulado respirable, afecta a los habitantes de las comunas de Rancagua, Graneros , Doñihue, Olivar , Coltauco, Coínco , Quinta de Tilcoco , San Vicente , Placilla , Mostazal , Codegua , Machalí , Malloa , Rengo , Requínoa , San Fernando y Chimbarongo.
Es demasiada la gente que se está exponiendo, debido a irregularidades que queremos ver resueltas.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que están levantando su mano.
INCORPORACIÓN DE JARDÍN INFANTIL “RAYITO DE SOL”, DE LOCALIDADDE LA JUNTA, COMUNA DE CISNES, A PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAPARA EDUCACIÓN PARVULARIA (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , en una reciente visita a la localidad de La Junta, en la zona norte de la Región de Aysén, en compañía del concejal señor Claudio Gallardo , de ese mismo sector, tuve la oportunidad de concurrir al jardín infantil “Rayito de sol” para conocer su funcionamiento e infraestructura. En esa ocasión pudimos apreciar que los cuarenta niños y niñas, aproximadamente, que asisten a ese establecimiento, esperan una atención digna como la que reciben alumnos de cualquier otro jardín infantil a lo largo de Chile.
En marco del programa de creación de 4.200 nuevas salas cuna que anunció el Gobierno y de las 1.500 salas para jardines infantiles contempladas en el proyecto de aumentar la cobertura de atención de párvulos, tema que aplaudimos y respaldamos, solicito que se oficie a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji , a fin de que extreme la fiscalización y el cumplimiento de las normas tanto en materia de dotación y calificación del personal que atenderá a los menores como de la infraestructura que deben tener las instalaciones.
Del mismo modo, pido que se oficie al vicepresidente ejecutivo de Integra , a la intendenta de la Región de Aysén , al alcalde de Cisnes y a sus concejales, a fin de que pongan en línea las voluntades para que el jardín infantil “Rayito de sol”, de La Junta, se incorpore al plan de infraestructura para educación parvularia y pueda dar un salto cualitativo. No es posible que las familias de esa importante localidad fronteriza norte de la Región de Aysén, que es la puerta de entrada a la región, deban llevar a sus hijos a un jardín infantil con esas características de precariedad en materia de infraestructura, lo que se traduce en problemas de hacinamiento, de ubicación y de peligro incluso para una eventual evacuación del establecimiento. En ese sentido, destaco el esfuerzo que hacen las dieciséis funcionarias que lo componen. Por ello, es necesario y fundamental dar dignidad al trabajo que realizan, a fin de que los niños tengan las condiciones que se merecen, como cualquier otro niño a lo largo del país. Creo que la Junji ha omitido importantes aspectos sobre fiscalización del cumplimiento de los requisitos establecidos para el funcionamiento de los jardines infantiles.
En su momento, como alcalde de una comuna de la Región de Aysén, me correspondió implementar tres jardines infantiles. Para todos ellos las exigencias dispuestas por la Junji fueron extremadamente rigurosas. Considero que en el jardín infantil “Rayito de sol”, en particular, administrado por Integra en la localidad de La Junta, no se da esa condición.
No es justo para los cuarenta niños y niñas de la citada localidad que un jardín infantil mantenga ese grado de precariedad en términos de infraestructura. Por ello, considerando los recursos, los medios y los anuncios que el Gobierno hizo hace pocos días en el marco del mensaje presidencial, estimo que se dan las condiciones para que la localidad de La Junta cuente, a la mayor brevedad, con un nuevo jardín infantil, digno, adecuado y con la infraestructura y las capacidades necesarias para dar atención integral a la enorme demanda que existe en materia de educación parvularia en la Región de Aysén.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRIL SANTIAGO-MELIPILLA Y SOBRE PLAN DE CIERRE DE CRUCES FERROVIARIOS PELIGROSOS EN COMUNAS DE TALAGANTE Y MELIPILLA (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , solicito que se oficie al director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado , a fin de que informe sobre el cronograma de construcción del ferrocarril que unirá Santiago con Melipilla , el cronograma de licitación de los trenes, y los plazos de los respectivos estudios de ingeniería. Las veces anteriores en que he solicitado dicha información vía oficio, solo se me respondió que se estaba a la espera del nombramiento del nuevo directorio, lo cual ya se produjo.
Asimismo, solicito que me informe respecto del plan de cierre de cruces ferroviarios peligrosos en las comunas de Talagante y de Melipilla.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican a la Mesa.
EXPLICACIÓN SOBRE MOTIVOS DE DEMORA EN ENTREGA DE POBLACIONES LOS JAZMINES I Y II, COMUNA DE MELIPILLA (Oficio)
El señor COLOMA.- Solicito que se oficie al director del Serviu, para que informe sobre los motivos de la bochornosa demora en la entrega de las poblaciones Los Jazmines I y II, de Melipilla, atendido que las casas están listas hace prácticamente un año, pero no pueden ser entregadas a sus dueños por falta de pavimentación de los pasajes que conforman esos condominios.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN CASO DEACCIDENTES EN RUTA 78 (Oficio)
El señor COLOMA.- Señor Presidente , los accidentes de tránsito en la Ruta 78 generan grandes congestiones vehiculares, sobre todo en las mañanas. Todo indica que la Autopista del Sol, concesionaria de esta ruta, no tendría protocolos de emergencia para hacer viable el tránsito en estos casos.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que nos informe si la Autopista del Sol mantiene algún protocolo de emergencia y cómo se relaciona ese protocolo con Bomberos y Carabineros.
Asimismo, solicito que la Inspección Fiscal de dicho Ministerio informe sobre las medidas que estaría llevando a cabo para permitir un flujo vehicular expedito en la referida ruta, sobre todo en las horas punta.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INCUMPLIMIENTO DE LEY DE TELEVISIÓN DIGITAL EN MATERIA DECOBERTURA PARA COMUNAS DE CURACAVÍ, MELIPILLA, SAN PEDRO,ALHUÉ, MARÍA PINTO Y EL MONTE (Oficio)
El señor COLOMA.- Señor Presidente , pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones , a fin de que me informe sobre los motivos por los cuales no se ha dado cabal cumplimiento a la ley de televisión digital, toda vez que sectores importantes de las comunas de Curacaví, Melipilla , San Pedro , Alhué , María Pinto y El Monte han quedado sin cobertura de televisión digital y análoga.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
ENTREGA A MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE INCENDIO OCURRIDO EN LA COMUNA (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública a fin de reiterarle el requerimiento que hice hace dos meses, en orden a que se entregara a la municipalidad de Valparaíso el levantamiento fotogramétrico del incendio ocurrido en la comuna, toda vez que se trata de una importante herramienta de trabajo que permitirá al municipio tener un diagnostico común de los damnificados y definir las soluciones que se les deban entregar.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
IMPEDIMENTO PARA INGRESAR A TERRITORIO NACIONAL Y ASISTIR A CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE FÚTBOL EN VIÑA DEL MAR APERSONAS CONDENADAS EN SUS PAÍSES DE ORIGEN POR VIOLENCIAEN ESTADIOS (Oficios)
El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública , con copia a la ministra del Deporte , señora Natalia Riffo , a fin de hacerles presente mi preocupación en relación con los dos eventos deportivos que se van a desarrollar en Viña del Mar durante el próximo año: la Copa América y la Copa Mundial de Fútbol Sub 17.
Es sabido que para impedir el ingreso al territorio nacional de personas que hayan cometido delitos o faltas graves con ocasión de partidos de fútbol y que hayan sido condenadas en sus países de origen por violencia en los estadios, se pueden aplicar algunas de las causales de la ley de extranjería, decreto ley N° 1094, del 1975, particularmente sus artículos 15 y 16, ya que se trata de actos violentos contrarios a nuestro orden público, que atentan contra el éxito del espectáculo y dañan severamente la imagen del país en el exterior.
Pido que el ministro informe si está considerado aplicar esa u otras herramientas legales para impedir el ingreso de personas pertenecientes a las barras de aquellos países que asistirán a la Copa América y a la Copa Mundial de Fútbol Sub 17, eventos que se desarrollarán en Chile durante el 2015 -Viña del Mar será una de las sedes-, y que hayan sido condenadas en sus países de origen por delitos o graves faltas cometidas con ocasión de partidos de fútbol.
Del mismo modo, le agradeceré que informe si se ha dispuesto la coordinación necesaria con los gobiernos o las policías de los países participantes en los citados eventos deportivos, para impedir el ingreso de ese tipo de público al país y, por ende, su acceso a los estadios donde se desarrollen los eventos deportivos internacionales ya mencionados.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
ENTREGA DE ESCRITURAS A PROPIETARIOS DE VIVIENDAS DERECONSTRUCCIÓN EN REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo , a fin de que me informe cuándo se entregarán las escrituras a los actuales asignatarios de miles de viviendas del programa de reconstrucción.
Solo en Talcahuano se han levantado más de 20.000 viviendas, entre casas y departamentos. En el conjunto habitacional Mirador de Pacífico , ubicado en los cerros de Talcahuano, se construyeron 1.032 departamentos. Solo un edificio de ese complejo ha presentado problemas de carácter técnico, que aún no han sido subsanados; el resto está en buenas condiciones. Por eso, los asignatarios están pidiendo que el Serviu proceda a entregarles, de una vez por todas, las escrituras que los acreditan como legítimos dueños de sus viviendas.
Lo mismo ocurre en el conjunto habitacional El Solar de Haulpén, cuyas viviendas han presentado dificultades de carácter técnico que deben ser revisadas. Sus pobladores también piden que se les entreguen las escrituras. Lo propio solicitan los habitantes de 76 casas y de más de 90 departamentos del sector El Morro, inmuebles que fueron entregados en febrero, pero que no han presentado problemas constructivos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CRONOGRAMA DE REMODELACIÓN DE ESTADIO“ALCALDESA ESTER ROA”, COMUNA DE CONCEPCIÓN (Oficio)
El señor ULLOA.- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra del Deporte para que me informe cuál es la fecha exacta en la que se dará término a la remodelación del estadio “Ester Roa de Pablo”, antiguo estadio Municipal de Concepción. Me interesa conocer el cronograma definitivo para saber cuándo se contará con ese recinto deportivo.
Por último, el minuto que resta a la bancada de la Unión Demócrata Independiente lo hemos cedido al diputado señor José Pérez , del Comité Radical Social Demócrata.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
SOLUCIÓN HABITACIONAL PARA JOVEN AFECTADO POR TETRAPLEJIA,COMUNA DE LA FLORIDA (Oficios)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson.
El señor JACKSON.- Señor Presidente , quiero informar sobre un caso que merece una atención extraordinaria, y cuya solución debe ser abordada fuera de los normales procedimientos que se ejecutan a través de los órganos del Estado.
Cristóbal Bascuñán Henríquez , un joven de 27 años de edad -la misma que tengo yo-, comenzó hace más de 12 años a desarrollar una malformación arteriovenosa en la parte cervical, por lo que fue internado durante más de un año en la UCI del hospital Sótero del Río. Como consecuencia de la enfermedad, Cristóbal quedó tetrapléjico, esto es, sin movimiento en ninguna de sus extremidades, y con dependencia de un ventilador mecánico para sobrevivir.
Sin embargo, esas limitaciones no fueron impedimento para que Cristóbal terminara su enseñanza media en la escuela Vicente Valdés y, posteriormente, comenzara a estudiar ingeniería de ejecución en administración de empresas, con mención en marketing. Se tituló; pero, lamentablemente, en Chile las oportunidades laborales para casos como el de Cristóbal son escasas.
Su situación se ha hecho crítica, toda vez que requiere atención de cuidadores o cuidadoras las 24 horas del día, y su padre, que debe hacerse cargo de casi todas las labores del hogar, es chofer de camiones. Pero hay más: la casa que habitan en la comuna de La Florida es arrendada. Lamentablemente, el dueño del inmueble murió, y sus herederos quisieron vender la propiedad. Ante la imposibilidad de Cristóbal y de su padre de comprar la casa, los referidos herederos solicitaron su desalojo. El problema es que Cristóbal no puede vivir en cualquier casa. En efecto, la vivienda en cuestión fue remodelada por su padre para que el joven pudiera contar con todos los implementos necesarios para el cuidado de su salud.
Actualmente el desalojo se suspendió gracias a la presión generada por un reportaje televisivo y a la organización de los vecinos de Cristóbal. Pero Cristóbal y su padre siguen en la incertidumbre. El joven está desesperado, y ante las dificultades que se le han presentado, incluso ha solicitado que lo desconecten. Su padre no ha accedido a dicha solicitud. Es realmente estremecedor escuchar su testimonio y corroborar que se le ha pasado por la mente esa posibilidad.
Por ello, Cristóbal y su padre han elevado un grito al cielo para solicitar la ayuda que necesitan, del Estado o de privados, para adquirir la vivienda. Incluso, han dicho que podrían lograrlo vía crédito, ya que están dispuestos a pagarlo. Lamentablemente, no hay ningún banco o financiera que les pueda entregar un préstamo para adquirir ese inmueble de la comuna de La Florida.
Al respecto, quiero llamar la atención como sociedad: si no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, de tener la empatía suficiente y de darnos cuenta de que a cualquiera nos podría pasar una situación como esa en nuestras familias, y si no somos capaces de presentar soluciones en forma solidaria a casos tan trágicos como el referido, realmente no tiene mucho sentido que vivamos en comunidad.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo , señora Paulina Saball ; a la ministra de Desarrollo Social , señora Fernanda Villegas , y al director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad ( Senadis ), señor Mauro Tamayo , con el objeto de arbitren las medidas que corresponda para encontrar una solución al trágico problema que aqueja al joven Cristóbal Bascuñán Henríquez , pero que sabemos que también afecta a muchas familias del país.
Solicito que se envíe copia del oficio al alcalde de La Florida, señor Rodolfo Carter.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de todos los parlamentarios presentes en la Sala.
ELIMINACIÓN DE COTIZACIÓN DE SALUD A MONTEPIADA (Oficio)
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , agradezco al Comité de la Unión Demócrata Independiente la gentileza de cederme un minuto y medio.
Señor Presidente , hay situaciones irregulares que se mantienen a través del tiempo, que no tienen ninguna justificación y que afectan a miles de personas.
Una profesora jubilada recibe una pensión de alrededor de 120.000 pesos en virtud del sistema previsional antiguo. Además, recibe un montepío de su esposo fallecido, que cotizaba en una AFP, beneficio al que se le descuenta también el 7 por ciento para salud, lo que no tiene ninguna justificación.
Por lo tanto, solicito que se oficie al superintendente de Pensiones, con el objeto de que estudie esta situación y la corrija definitivamente, porque los fallecidos nunca pedirán un bono para ser atendidos en algún servicio de salud.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios presentes en la Sala.
TÉRMINO DE DESCUENTO A FUNCIONARIOS EN RETIRO DE CARABINEROS (Oficios)
El señor PÉREZ (don José).- En segundo lugar, he recibido en mi secretaría parlamentaria a funcionarios retirados de Carabineros, varios de ellos suboficiales, quienes se quejan de que cuando se construyó el hospital de Carabineros, se les solicitó un aporte de sus sueldos del orden de 4 por ciento, el cual sería descontado durante un año. Cabe mencionar que, además, se les descuenta el 7 por ciento como cotización de salud. Ha pasado el tiempo y se les sigue haciendo el descuento de 4 por ciento en forma indefinida. Estamos hablando de personal en retiro que tiene rentas bajas.
Por consiguiente, solicito que se oficie al general director de Carabineros , al director de la Dirección de Previsión de Carabineros y al superintendente de Pensiones , con el objeto de que dispongan el término del referido descuento del 4 por ciento de sus ingresos a los funcionarios de Carabineros retirados, toda vez que el año durante el cual este se iba a efectuar terminó hace mucho tiempo.
Sin perjuicio de lo anterior, posteriormente pediré, mediante oficio a la Contraloría General de la República, que se investigue el destino de esos recursos.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas presentes en la Sala.
REGULACIÓN DE COBRO DE INTERESES EN PRÉSTAMOS OTORGADOS POR CAJAS DE COMPENSACIÓN A ADULTOS MAYOYES (Oficios)
El señor PÉREZ (don José).- En tercer lugar, he recibido reiteradas reclamaciones de pensionados que recurren a las cajas de compensación a solicitar un préstamo. Dichos organismos señalan que son entidades sin fines de lucro. Por consiguiente, cuando un adulto mayor pensionado tiene necesidad de un préstamo, se le debe aplicar un interés prudente, decente y razonable. Sin embargo, no es así.
Daré a conocer solo un caso, el de la señora Raquel Salazar , de 72 años de edad, quien recibe 124.000 pesos de pensión. Ella solicitó un préstamo de 600.000 pesos a cinco años plazo, pero este se extendió, sin que ella lo solicitara, a siete años. La señora Raquel Salazar terminará pagando 2.631.000 pesos cuando concluya de servir el préstamo de 600.000 pesos que solicitó.
Me parece que esto es un exceso. Otorgar préstamos se ha transformado en un negocio, toda vez que se aplican intereses abusivos, para decirlo con todas sus letras.
Por lo tanto, solicito que se oficie al superintendente de Pensiones, con el objeto de que analice y regule esta situación que no tiene absolutamente nada de transparente. Asimismo, al presidente y al directorio de las cajas de compensación.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas presentes en la Sala.
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUENTE CHOLGUAHUE,COMUNA DE LOS ÁNGELES (Oficios)
El señor PÉREZ (don José).- En cuarto lugar, quiero referirme a la situación en que se encuentra el puente Cholguahue, ubicado a seis kilómetros al oriente de Los Ángeles, que une esa comuna con la de Santa Bárbara. Ese puente se construyó hace más de sesenta años, cuando el camino era ripiado y estaba en muy malas condiciones. Hoy es un camino pavimentado, que tiene un alto flujo de camiones que transportan maderas -no olvidemos que estamos en una zona forestal-, de buses y de vehículos menores. Debido a que el puente es angosto -tiene una sola vía, la que no se ha reparado- se han producido muchos accidentes en el lugar.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, al director nacional de Vialidad y al director regional de Vialidad, con el objeto de que estudien y analicen la posibilidad de construir un puente que reúna las condiciones de seguridad correspondientes, porque no son pocos los accidentes ocurridos en el lugar, muchos con consecuencias fatales.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes en la Sala.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.21 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.54 horas.
El señor CARMONA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMINO ENTRE PEAJE QUEIME, COMUNA DE QUILLÓN, Y COMUNA DE BULNES, REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones y al director nacional de Vialidad para pedir la reparación del camino que va desde el peaje de Queime, en la comuna de Quillón, hacia la comuna de Bulnes.
Dicha vía está pavimentada, pero se encuentra en muy malas condiciones. De hecho, como lo manifestaron algunos concejales de la comuna de Quillón, por ejemplo, Miguel Peña , en ese camino hay hoyos tapados con barro, con tierra.
Se trata de una vía altamente transitada. La comuna de Quillón tiene casetas de peajes para el acceso de vehículos desde las comunas de Florida y Bulnes . Pero ello no se condice con la mantención de la carretera.
Por lo tanto, solicito al director nacional de Vialidad que instruya las medidas necesarias para que se mantenga en buen estado el referido camino. Asimismo, para que se elabore un proyecto para el mejoramiento definitivo de esa ruta tan transitada.
Por último, pido que se envíe copia de mi intervención a los respectivos concejos de Quillón y de Bulnes.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención en los términos señalados.
SUMINISTRO DE FORRAJE PARA ANIMALES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ZONA PRECORDILLERANA, COMUNA DE SAN FABIÁN,REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
El señor SABAG.- Señor Presidente , los recientes temporales registrados en la Región del Biobío, en particular en la comuna de San Fabián, en muchos de los cuales ha caído nieve, han afectado el suministro de alimentos para los animales.
Por tal razón, solicito que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional de Indap , a fin de que estudien una solución para los pequeños agricultores que viven en la precordillera de la región a efectos de poder suministrarles forraje para sus animales.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
PREOCUPACIÓN POR SUSPENSIÓN DE BENEFICIO DE SERVICIO DEALIMENTACIÓN DE JUNAEB EN RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE CONCEPCIÓN (Oficio)
El señor SABAG.- Por otra parte, solicito que se oficie al director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), a fin de hacerle presente la situación que aqueja a una residencia familiar estudiantil de Concepción.
Se trata de una casa ubicada en el secano costero, que los municipios de Ninhue, Cobquecura y Quirihue cofinancian para sus estudiantes universitarios o técnicos profesionales de la capital regional. Dicho inmueble, además, mantiene a niños y tiene una sección para damas, lo que suma un total de aproximadamente cincuenta jóvenes.
En 2013, esos estudiantes recibieron el servicio de alimentación de la Junaeb. Pero a partir de marzo del presente año, la institución comunicó que ya no les entregaría el beneficio.
Por eso, pido al director nacional de la Junaeb que estudie la señalada situación, con el objeto de que se financie esa residencia que acoge a estudiantes de comunas de muy escasos recursos, provenientes de familias tremendamente vulnerables, cuyos padres han hecho un enorme esfuerzo para que ellos puedan estudiar en la universidad o en institutos técnico-profesionales.
Como señalé, los mencionados municipios también se han esforzado para cofinanciar el arriendo del inmueble en comento. Sería muy bueno que esos jóvenes pudieran contar con el beneficio del servicio de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN SECTOR PERALES, COMUNA DE COELEMU, Y MEDIDAS ADOPTADAS PORAUTORIDAD COMPETENTE (Oficio)
El señor SABAG.- Por último, solicito que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles para que envíe un informe a esta Cámara relativo a los cortes de suministro de energía eléctrica que afectaron a la comuna de Coelemu la semana pasada, lo que ocasionó que el sector Perales , en la costa, permaneciera sin ese servicio durante aproximadamente 24 horas.
Quiero que el señor superintendente explique a esta Cámara cuáles fueron las causas de dicho corte tan prolongado y qué medidas se adoptaron al respecto.
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitados por su señoría.
PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN ENTREGA DE RECURSOS DE LEY SEP A MUNICIPIOS Y SU IMPACTO EN COMUNIDAD ESCOLAR DECOMUNA DE COPIAPÓ (Oficios)
El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , como es de su conocimiento, en las últimas sesiones he pedido el envío de una serie de oficios con relación a la aplicación de la ley SEP en la comuna de Copiapó.
Hasta la fecha -hoy es 17 de junio, es decir, estamos en la mitad del año escolar-, aún no se implementa la ayuda que el Estado entrega a los municipios para los colegios y alumnos de mayor vulnerabilidad, lo que ha generado un fuerte impacto y una reacción tremenda y comprensible por parte de la comunidad escolar, que se ha traducido en tomas y movilizaciones masivas.
Históricamente, esos fondos han sido deficientes y tardíamente empleados por parte de la autoridad edilicia de Copiapó. De hecho, aún no se rinde cuenta de los fondos de 2013.
Hoy, de 31 colegios municipalizados, 27 están en paro indefinido. De cerca de seiscientos trabajadores SEP para tareas multidisciplinarias, no se han empleado más de 140, de acuerdo con cifras entregadas por el propio municipio, falta de contratación que altera, retrasa y descontinúa el proceso de aprendizaje de los educandos.
La situación es aún más grave cuando, a pesar del gran movimiento de carácter nacional que puso en el centro del debate la educación pública, gratuita, de calidad y de cobertura universal, razón por la que está presente en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet y de la Nueva Mayoría, esa materia no esté considerada en Copiapó como un tema eje que dé centralidad a la actividad en el plano de la educación de esa comuna.
El problema central es la incertidumbre que genera la entrega arbitraria y a destiempo de esos fondos. La situación provoca constante inquietud en los padres, apoderados, alumnos, profesores, trabajadores de la ley SEP y en la comunidad en general, los que en lugar de sentirse protegidos por ese necesario y urgente aporte del Estado se sienten discriminados, escépticos, vulnerados en sus derechos y burlados por la autoridad.
En consecuencia, pido que se oficie, una vez más, al alcalde de Copiapó , al ministro de Educación , a la subsecretaria de Educación , a la seremi de Educación de Atacama y a la directora de la Superintendencia de Educación de Atacama , a fin de que dispongan las medidas necesarias para dar solución al problema planteado.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a los presidentes del Colegio de Profesores de Chile A.G., de la Región de Atacama y de la comuna de Copiapó, así como a los presidentes de la Asociación de Padres y Apoderados de Copiapó, de la Federación de Estudiantes Secundarios de Copiapó, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, de la CUT provincial Copiapó y al intendente de Atacama , al gobernador de Copiapó y a los consejeros regionales de Atacama.
He dicho.
El señor CHAHIN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE MONTO DE BONO PARA EXONERADO BENEFICIADO CON PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA, SEÑOR JUAN BAUTISTA LAGOS PÉREZ (Oficios)
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.- Señor Presidente , pido que se oficie al director nacional del Instituto de Previsión Social y al ministro del Interior y Seguridad Pública , con el objeto de que dispongan que se efectúe una auditoría y me informen respecto del monto del bono que debe percibir el señor Juan Bautista Lagos Pérez , a quien por su calidad de exonerado político se le concedió el beneficio de la pensión no contributiva. La cantidad que recibió fue muy inferior a lo que percibieron el resto de los exonerados.
Solicito que esa información también sea enviada a la persona interesada.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA INSTALACIÓN PROVISORIA DE CENTRO DE DIÁLISIS EN COMUNA DE CURACAUTÍN (Oficios)
El señor CHAHIN.- Por otra parte, hace poco más de una semana el vehículo que trasladaba a las personas que se dirigían desde Curacautín hacia Victoria para dializarse sufrió un accidente gravísimo, con resultado de volcamiento, como consecuencia de la nieve acumulada en el camino que une ambas comunas, el cual dejó varios heridos y víctimas fatales, entre ellos el menor Boris Beltrán .
El camino desde Curacautín a Victoria por el que debe transitar tres veces por semana el vehículo que traslada a las personas que deben dializarse constituye un riesgo inminente para ellas; es muy peligroso debido al hielo, la nieve y la lluvia.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud y al director del Servicio de Salud Araucanía Norte , con el propósito de que adopten las medidas pertinentes para la instalación de un centro de diálisis provisorio en Curacautín. Todos sabemos que el proyecto de normalización del nuevo hospital de esa comuna considera la implementación de un centro de diálisis, pero mientras tanto se podría llevar a cabo un convenio entre la municipalidad de Curacautín y ese servicio de salud, con el objeto de que se entreguen algunas dependencias del actual hospital y se contraten las horas médicas necesarias para la instalación de un centro de diálisis.
En ese sentido, si se dan los espacios que se requieren y se cuenta con las horas medicas necesarias, hay privados que están dispuestos a instalar un centro de diálisis en Curacautín, lo que evitaría a los pacientes tener que viajar hasta Victoria para llevar a cabo ese procedimiento. Esa medida es muy necesaria, porque el vehículo que los trasladaba quedó inutilizado a raíz del accidente, de modo que un centro de diálisis en esa comuna no solo favorecería a los habitantes de Curacautín, sino también a los de Lonquimay, los que para someterse a diálisis deben viajar 120 kilómetros hasta Victoria, por caminos cordilleranos, con el enorme riesgo que eso implica. Curacautín les queda a mitad de camino y el viaje hasta esa comuna es bastante más seguro, económico y físicamente menos desgastante.
Por lo tanto, solicito que la ministra de Salud adopte las medidas pertinentes y que instruya al director del Servicio de Salud Araucanía Norte , en coordinación con el hospital de Curacautín y con la municipalidad para la instalación de un centro de diálisis en ese recinto hospitalario, lo que permitirá dar pronta respuesta al drama que viven decenas de familias de Curacautín y Lonquimay .
Solicito que se envíe copia de mi intervención al director del hospital de Curacautín , a los representantes de la Agrupación de Personas Dializadas de Curacautín, al director del consejo consultivo de ese hospital, a los concejales de Curacautín y al director del hospital de Lonquimay .
He dicho.
El señor CARMONA ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.05 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia unproyecto de ley que crea una administradora de fondos de pensiones del estado.(boletín N° 9399-13)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto crear una Administradora de Fondos de Pensiones del Estado.
I. ANTECEDENTES.
La Protección Social es una preocupación central de mi Gobierno. En efecto, ya cuando fuera candidata, a través del Programa de Gobierno que propuse a la ciudadanía, comprometí un conjunto reformas y políticas públicas de gran alcance en materias como Educación, Salud, Trabajo, Seguridad Ciudadana y también en materia de Pensiones. En este último ámbito, tenemos importantes desafíos. Debemos avanzar decididamente en mejorar la calidad de los beneficios, enfrentar las diferencias por género, mejorar la cobertura de los trabajadores independientes y los de bajos recursos, disminuir la evasión de cotizaciones previsionales, elevar la calidad de atención, posibilitar un mayor acceso a la información, aumentar la competencia en el Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), entre otras materias. Por ello, hemos decidido emprender un conjunto de iniciativas en este ámbito.
Mediante la Reforma Previsional del año 2008 introdujimos una modificación estructural al Sistema de Pensiones a través de la cual se devolvió al Estado su rol de garante de la Seguridad Social. Gracias a ello, hoy cerca de 450.000 hombres y 750.000 mujeres son beneficiarias del Sistema de Pensiones Solidarias, creado en virtud de dicha Reforma.
Asimismo, se introdujeron importantes cambios en el Sistema de Pensiones de Capitalización Individual, con el objetivo de aumentar su competencia y rentabilidad, disminuir los costos y fortalecer el ahorro previsional voluntario. Más aun, con la incorporación de la licitación de cartera de nuevos afiliados en la Reforma Previsional del año 2008, se generó una nueva etapa competitiva en el mercado de las Administradoras de Fondos de Pensiones, reduciendo el nivel de las comisiones que cobran a los trabajadores que ingresan por primera vez al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual.
Sin perjuicio de estos importantes avances, la creación de una AFP del Estado obedece a la necesidad de enfrentar algunos de los desafíos descritos al inicio. En efecto, mediante la creación de una AFP del Estado se busca, por una parte, aumentar la cobertura para pensiones de la población que presenta bajos niveles de participación en el Sistema, como son los trabajadores independientes y los trabajadores en zonas geográficas alejadas de centros urbanos y, por otra, introducir mayor competencia entre las Administradoras de Fondos de Pensiones, respecto del nivel de las comisiones que cobran y la calidad de servicio que prestan a los afiliados.
La presente iniciativa se enmarca dentro de un conjunto de propuestas que apuntan a enfrentar los retos del Sistema de Pensiones. En efecto, se ha convocado una Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Pensiones que tiene, entre otros objetivos, realizar un diagnóstico y propuestas de política que permitan superar los déficits que se identifiquen en el Sistema, en particular los referidos a la calidad de las pensiones percibidas por los sectores de la población de mayor vulnerabilidad y los sectores medios. Esta Comisión deberá entregar su informe con recomendaciones en el mes de enero de 2015.
Es dable recordar que esta iniciativa no es nueva, ya en el proyecto de reforma previsional del año 2008 propuse facultar a los bancos a constituir filiales como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones como una forma de permitir la entrada de un actor Estatal como filial de Banco Estado, propuesta que finalmente no prosperó. Adicionalmente, este proyecto toma como base la moción ingresada en el año 2013 por las H. Diputadas Muñoz y Sepúlveda y los H Diputados Andrade, Aguiló, Jiménez, Meza, Monsalve, Ortiz, Saffirio, Teillier y, que facultaba al Estado para crear una AFP Estatal.
En este contexto, nos comprometimos a que dentro de los primeros 100 días de mi Gobierno enviaríamos al Congreso Nacional un proyecto de ley que crearía una AFP del Estado. El envío de esta iniciativa no solo viene a cumplir con la promesa antes señalada, sino que también aborda algunos de los problemas que aún persisten en el Sistema de Pensiones.
II. OBJETIVOS
1. Cobertura
Como se señaló en un comienzo, los beneficios introducidos mediante la Reforma Previsional del año 2008 no han favorecido a todos los trabajadores. En efecto, hoy persisten problemas de baja cobertura en grupos de trabajadores de menores rentas, trabajadores independientes y trabajadores de zonas geográficas alejadas de centros urbanos. La AFP del Estado tendrá una especial preocupación por aumentar la cobertura de estos trabajadores, lo cual se verá plasmado en su estrategia de afiliación, el diseño de las acciones de acercamiento a los posibles afilados, la ubicación geográfica de las sucursales y agencias, y otras acciones comerciales.
2. Competencia y Calidad de Servicio
A pesar que la Reforma del año 2008 logró instalar mayores niveles de competencia respecto de las comisiones cobradas a los nuevos afiliados, a través del mecanismo de licitación de cartera de ellos, esto no se ha traducido necesariamente en menores valores para los antiguos afiliados. En efecto, las AFPs que cuentan con el mayor número de trabajadores han mantenido su nivel de comisiones prácticamente sin variación desde el año 2010. Esto implica que el 61,4% del total de afiliados no ha percibido el efecto de la mayor competencia en sus comisiones.
Así, resulta de gran relevancia introducir una mayor competencia en el mercado, no sólo en los procesos de licitación de carteras de nuevos afiliados (que han mostrado una disminución sustantiva del nivel de la comisión que se cobra a los cotizantes), sino también en lo que respecta al resto de los afiliados, que presentan un comportamiento caracterizado por una baja movilidad entre las AFPs y una escasa sensibilidad a las comisiones que se cobran en esta industria.
De esta manera, la incorporación de una AFP del Estado, junto con ofrecer bajas comisiones a sus afiliados, podrá incrementar la competencia y propiciar una disminución de las comisiones en el Sistema.
La AFP del Estado ofrecerá un servicio de calidad a sus afiliados. Esto se expresará particularmente en materia de información periódica a ellos del conjunto de aspectos relevantes en materia del Sistema de Pensiones. De esta forma, los afiliados contarán con la información necesaria para tomar las mejores decisiones, tanto en su vida activa como al momento de acceder a una pensión.
Adicionalmente, se realizará un esfuerzo por contar con los mejores estándares de tiempos de tramitación de pensiones, gestión de las cotizaciones declaradas y no pagadas, seguridad en los procesos de inversión y contabilidad, capacitación de personal ligado a la atención y venta del servicio, eficiencia en el pago de pensiones, tiempos de espera en la atención, tecnología al servicio de los afiliados, entre otras áreas.
En suma, esta iniciativa se enmarca dentro del esfuerzo que como Gobierno hemos emprendido en el ámbito de la revisión del actual Sistema de Pensiones, con miras a contribuir a que todas las personas puedan acceder a él en condiciones de igualdad y competencia, de modo de asegurar que puedan gozar de una vejez digna.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
1. Objetivos.
La presente iniciativa tiene por objeto aumentar la cobertura en materia de pensiones de los trabajadores de menores rentas, trabajadores independientes y trabajadores de zonas geográficas alejadas de centros urbanos. Adicionalmente, busca introducir mayor competencia en el Sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
2. Principio de Igualdad ante la ley.
Es dable recordar que de acuerdo al artículo 19 N° 21 de nuestra Constitución Política de la República, el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, en la medida que una ley de quórum calificado los autorice y que dichas actividades se sometan a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley.
En este contexto y con el objeto de garantizar el principio de igualdad de condiciones entre empresas públicas y privadas que operen en un mismo mercado, el presente proyecto de ley sujeta prácticamente de forma integral a la AFP del Estado a las exigencias que en materia de creación, funcionamiento y disolución rigen a las AFPs privadas. Ello incluye los estándares vigentes en materia laboral, comercial, de libre competencia y protección al consumidor, entre otros, así como la plena sujeción a la fiscalización de los respectivos organismos sectoriales (Superintendencia de Pensiones; Superintendencia de Valores y Seguros y la Contraloría General de la República, en lo que fuera pertinente).
Sin perjuicio de lo anterior, sobre la base de la excepción constitucional precitada, y con miras a que la AFP del Estado pueda actuar en las mismas condiciones que el resto de las Administradoras respecto del cumplimiento del benchmark definido por el requisito de rentabilidad mínima, es que se considera un tratamiento diferenciado en materia de inversiones con personas relacionadas.
En este contexto, resulta fundamental considerar la naturaleza distintiva de los títulos y documentos financieros emitidos por la Tesorería General de la República, el Banco Central y los bonos emitidos por las empresas públicas. A febrero de 2014, las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones en títulos emitidos por la Tesorería General de la República representan en promedio un 21,5%, y en bonos emitidos por empresas del Estado un 5,1%, donde un 3,85% corresponde a instrumentos de Banco Estado.
Desde ya, una restricción a la inversión en títulos y documentos financieros emitidos por la Tesorería General de la República, el Banco Central y los bonos emitidos por las empresas públicas pone en riesgo evidente el cumplimiento del objeto social, pues implica para el caso de la AFP del Estado una posición desmedrada frente al resto de las Administradoras.
Pero además, y tal vez más importante aún, una eventual prohibición de inversión en los referidos títulos implicaría privar a la AFP del Estado de instrumentos financieros de alta rentabilidad y menor riesgo que cualquier otro del mercado nacional, toda vez que cuentan con la garantía del Fisco para su cumplimiento. Sin duda, el no permitir a la AFP del Estado invertir en dichos instrumentos la dejaría en una posición muy desmejorada respecto de las demás Administradoras.
Lo anterior constituye, naturalmente, un motivo de suyo justificado para eximir a la AFP del Estado de la prohibición de invertir en personas relacionadas a las que se refiere el artículo 47° bis del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en cualquier otra disposición que tuviere por objeto prohibir la inversión o contratación bajo cualquier modalidad en títulos y documentos financieros con el grupo empresarial, el controlador o las personas jurídicas relacionadas, del mismo grupo empresarial o su controlador en los términos de las leyes N° 18.045, de Mercado de Valores y N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
Sólo en la medida que se incorpore la exención a dicha prohibición se garantizará la efectiva igualdad de condiciones para que la AFP del Estado opere respecto del resto de las Administradoras, a fin de que pueda tener igual nivel de rentabilidad que éstas.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que en las restantes materias el régimen de inversión que actualmente se aplica a las Administradoras de Fondos de Pensiones será igualmente aplicado a la AFP del Estado, quedando sujeta a los límites de inversión que se establecen para los diversos instrumentos financieros.
Asimismo, y para garantizar una mayor transparencia en sus inversiones, la AFP del Estado deberá publicar, en los plazos establecidos en el presente proyecto de ley, un informe con el detalle de todas las inversiones en instrumentos financieros de cualquier naturaleza emitidos por personas relacionadas.
3. Estructura del Proyecto de ley.
El presente proyecto de ley se estructura sobre la base de 21 artículos permanentes y tres disposiciones transitorias.
a) Autorización de Creación de una AFP del Estado. En primer término el proyecto autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales referidas específicamente a la administración de fondos de pensiones, otorgamiento y administración de prestaciones y beneficios establecidos en el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de una sociedad anónima creada al efecto que constituirán el Fisco (1%) y la Corporación de Fomento de la Producción (99%).
b) Funcionamiento de la AFP del Estado. A este respecto se han tenido en cuenta los más altos estándares de Gobierno Corporativo en base a las recomendaciones que la OCDE (2014) ha formulado sobre la materia, asegurando que la estructura de gobierno corporativo de la AFP del Estado sea seleccionada, evaluada, remunerada y removida de acuerdo a estándares más exigentes que para las restantes Administradoras de Fondos de Pensiones privadas. Así pues, la administración de la AFP del Estado la ejercerá un Directorio que estará compuesto por 7 miembros, tres de los cuales serán nombrados libremente por el Presidente de la República y los cuatro restantes serán nombrados por el mismo, a partir de una terna propuesta, para cada cargo, por el Consejo de Alta Dirección Pública por el voto favorable de los cuatro quintos de sus miembros. De manera adicional, estos últimos directores, tendrán la calidad de autónomos en los términos contemplados en el inciso primero y segundo del artículo 156° bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, garantizando así que la administración esté sujeta a un nivel de independencia en la toma de sus decisiones compatible con el estándar que se les exige al resto de las administradoras. Lo anterior es complementado con un amplio catálogo de inhabilidades y el establecimiento de estrictos requisitos para desempeñarse como director, a fin de garantizar una buena gestión de la AFP del Estado, sobre la base de los principios de eficiencia, eficacia, probidad y transparencia.
c) Administración Financiera de la AFP del Estado. La AFP del Estado estará sometida a las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas, quedando sometida a la fiscalización de las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros. Lo anterior, sin perjuicio del rol que cabe a la Contraloría General de la República en materia de fiscalización del uso de los recursos públicos.
d) Régimen Presupuestario y de Endeudamiento de la AFP del Estado. Se autoriza que el Fisco pueda realizar los aportes de capital necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones financieras de la AFP del Estado. Para el cumplimiento de dicha tarea, el proyecto establece que la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año establecerá el monto máximo que el Fisco podrá desembolsar por concepto de aumento de capital a la mencionada empresa.
e) Disposiciones Transitorias. En primer término, se establecen las disposiciones para la renovación parcial del primer directorio. En segundo lugar, se autoriza al Ministerio de Hacienda para que, con cargo a la Partida 50, Tesoro Público, efectúe, durante los treinta y seis meses siguientes a la constitución de la AFP del Estado, le efectúe un aporte extraordinario de capital. Previendo que en los años restantes, la Ley de Presupuestos del Sector Público, establecerá el monto máximo que podrá enterar por concepto de aumento de capital.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DEL ESTADO
Párrafo 1°
De la autorización para el desarrollo de la actividad empresarial
Artículo 1°.- Autorizase al Estado para desarrollar actividades empresariales referidas a la administración de Fondos de Pensiones, otorgamiento y administración de prestaciones y beneficios establecidos en el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su normativa complementaria, en conformidad y con estricta sujeción a los artículos 4° y 5° de esta ley, a través de una sociedad anónima creada al efecto que constituirán el Fisco y la Corporación de Fomento de la Producción.
Artículo 2°.- De acuerdo con la autorización establecida en el artículo anterior, el Fisco, representado por el Ministro de Hacienda , y la Corporación de Fomento de la Producción en conformidad a su ley orgánica, constituirán, dentro del plazo de diez meses contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, una sociedad anónima que se denominará “Administradora de Fondos de Pensiones del Estado S.A.”, en adelante, “A.F.P. del Estado S.A.”, la que se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas, por las normas de la presente ley y, en lo que fuera pertinente, por las normas del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su normativa complementaria.
Artículo 3°.- Facúltase al Ministro de Hacienda para que, en representación del Fisco y conjuntamente con el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción , concurran a la aprobación de los estatutos sociales, de sus modificaciones posteriores y suscriban los documentos pertinentes.
Los referidos estatutos y sus modificaciones deberán ajustarse a las normas contenidas en esta ley, y, en lo que fuere pertinente, a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su normativa complementaria.
Párrafo 2°
Del objeto, atribuciones y obligaciones de la Administradora de
Fondos de Pensiones del Estado S.A.
Artículo 4°.- La “A.F.P. del Estado S.A.” tendrá por objeto aquel señalado expresamente en el artículo 23° del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece la administración de los Fondos de Pensiones y el otorgamiento y administración de las prestaciones y beneficios establecidos en dicho decreto ley.
Para atender el cumplimiento de este objeto y las demás finalidades que la ley le encomiende, la “A.F.P. del Estado S.A.” podrá realizar las funciones y operaciones que la presente ley le autorice expresamente, así como aquellas que de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y su legislación complementaria le encomienden , y, en general, cualquier otra que le fuere autorizada, en virtud de una ley general o especial, a las Administradoras de Fondos de Pensiones .
Artículo 5°.- En particular, la “A.F.P. del Estado S.A.”, estará facultada para realizar:
1) La administración de los Fondos de Pensiones en los términos que expresamente establece el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y su normativa complementaria;
2) El otorgamiento y la administración de las prestaciones y beneficios contenidos en el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
3) La constitución de sociedades anónimas filiales que complementen su giro, previa autorización de la Superintendencia de Pensiones, de conformidad a los artículos 23° y 23° bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
4) Otros servicios conexos, complementarios y auxiliares que digan relación con el objeto social a que se refiere este párrafo; y,
5) Las demás que expresamente se establezcan para las administradoras de Fondos de Pensiones ya sea en el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, como en su normativa complementaria u otras leyes.
Párrafo 3°
De la constitución y del patrimonio de la Administradora de Fondos de Pensiones del Estado S.A.
Artículo 6°.- En la constitución de la sociedad anónima, “A.F.P. del Estado S.A.”, corresponderá al Fisco una participación del 1% del capital social y a la Corporación de Fomento de la Producción una participación del 99%.
En ningún caso la suma de las acciones del Fisco y de la Corporación de Fomento de la Producción podrá ser inferior al 100% del total de las acciones de la sociedad respectiva.
Artículo 7°.- El patrimonio de la “A.F.P. del Estado S.A.” estará constituido por el capital inicial y por los activos y pasivos, derechos, rentas y beneficios, cualquiera sea su naturaleza, que perciba o posea a cualquier título.
Párrafo 4°
De las inversiones y de los servicios
Artículo 8°.- La “A.F.P. del Estado S.A.” efectuará las inversiones y operaciones financieras propias de las administradoras de Fondos de Pensiones a las que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con sujeción a los fines, mecanismos y plazos que dicho decreto ley y su normativa complementaria contemplan, sin perjuicio de lo señalado en el artículo siguiente.
Artículo 9°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, a la “A.F.P. del Estado S.A.” no le será aplicable lo preceptuado en el artículo 47° bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en cualquier otra disposición que tuviere por objeto prohibir la inversión en títulos y documentos financieros con personas relacionadas, del mismo grupo empresarial o su controlador en los términos de las leyes N° 18.045, de Mercado de Valores y N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
En razón de lo dispuesto en el inciso anterior, la “A.F.P. del Estado S.A.” podrá invertir en los títulos y documentos financieros de cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 45° del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el único objeto de obtener una adecuada rentabilidad y seguridad respecto de los Fondos de Pensiones de sus afiliados.
La “A.F.P. del Estado S.A.”, una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 26° del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deberá publicar mensualmente un informe contable y financiero con el detalle de todas las inversiones y operaciones que hubiere efectuado, precisando los títulos y documentos financieros de cualquier naturaleza emitidos por las personas a las que se refiere el inciso primero.
Un reglamento expedido por el Ministerio de Hacienda en un plazo no superior a diez meses contados desde la entrada en vigencia de la presente ley, determinará la forma y condiciones bajo las cuales deberá realizarse el informe que establece el inciso anterior.
Artículo 10°.- La “A.F.P. del Estado S.A.” podrá, para el ejercicio de las facultades a las que se refieren los artículos 4° y 5° de la presente ley, contratar bajo cualquier modalidad los servicios de operación y de administración, a que se refiere el artículo 62° de la ley N° 20.255, así como aquellos que su normativa complementaria y otras leyes autoricen para las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Artículo 11°.- La “AFP del Estado S.A” deberá mantener un activo denominado “Encaje”, equivalente a un uno por ciento de cada Fondo, conforme a lo establecido en el artículo 40° del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Para dar cumplimiento a la inversión en cuotas del respectivo Fondo a que se refiere el inciso segundo del precitado artículo, la “A.F.P del Estado S.A.” estará sujeta a las mismas disposiciones que las demás Administradoras de Fondos de Pensiones, salvo respecto de aquellas inversiones en títulos y documentos financieros de cualquier naturaleza, que a continuación se indican de los señalados en el inciso segundo del artículo 45° del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: los de las letras b), c) y d) cuando fueren garantizados por Banco Estado y aquellos de las letras e) y f) cuando se trate de empresas públicas. Respecto de los precitados documentos financieros, y para efectos de responder a la rentabilidad mínima, en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto del artículo 45 del precitado decreto ley, se determinarán los instrumentos y mecanismos en virtud de los cuales se reemplazará dicha inversión.
TÍTULO II
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DEL ESTADO
Párrafo 1°
De la administración y organización del Directorio
Artículo 12°.- La administración de la “A.F.P. del Estado S.A.” estará sujeta, en lo que fuere pertinente, a las normas del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; a las normas del Título IV de la ley N° 18.046 sobre administración de sociedades anónimas y, en ambos casos, a su normativa complementaria, sin perjuicio de las normas a que se refiere este párrafo, las que prevalecerán respecto de aquéllas.
La administración la ejercerá un Directorio que estará compuesto por 7 miembros, designados de la siguiente forma:
a) Tres directores nombrados por el Presidente de la República.
b) Cuatro directores nombrados por el Presidente de la República , a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, con el voto favorable de cuatro quintos de sus miembros. Las ternas deberán ser presentadas por el Consejo de Alta Dirección Pública al Presidente de la República con una anticipación de, a lo menos, sesenta días a la fecha en que haya de producirse la expiración del plazo en el cargo del director respectivo. Para la confección de las ternas, el Consejo de Alta Dirección Pública establecerá un procedimiento especial de búsqueda y selección de candidatos a director. Dicho procedimiento podrá contemplar la participación de una empresa de reconocido prestigio internacional en materia de selección de directivos, la que deberá proponerle al Consejo de Alta Dirección Pública una nómina de posibles candidatos a director.
El Presidente de la República designará, entre los directores señalados en la letra a), al Presidente del Directorio . En su ausencia, asumirá como Presidente de éste uno de los directores elegido por el propio Directorio entre los señalados en dicho literal.
Los directores señalados en la letra b) tendrán el carácter de autónomos, entendiendo por éstos, aquellos directores que no mantengan vinculación alguna con la Administradora, las demás sociedades del grupo empresarial del que aquélla forme parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio, de conformidad a lo establecido en el artículo 156° bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Con todo, estos directores, podrán desempeñar labores académicas en una universidad del Estado sin que ello permita presumir que carecen del carácter autónomo en los términos del inciso tercero del referido artículo 156° bis. Los precitados directores deberán contar con reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en macroeconomía o materias financieras o de mercados de capitales o en la administración de carteras; además deberán tener un suplente en los mismos términos previstos en el artículo antes mencionado, los cuales serán nombrados de conformidad a la letra b) del presente artículo.
Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser designados por nuevos períodos. El directorio se renovará por parcialidades y no podrá ser revocado en su totalidad. Si alguno de los directores cesare en sus funciones antes de cumplirse el período respectivo, se procederá a designar, por el período restante, a él o los nuevos directores que corresponda en la misma forma prevista en este artículo, para lo cual deberá seguirse el procedimiento de designación correspondiente según si el director que ha cesado en su cargo era uno de los directores a los que se refieren las letras a) o b) del inciso segundo. En el caso de los directores a que se refiere la letra b), el Consejo de Alta Dirección Pública deberá presentar al Presidente de la República la respectiva terna, dentro del plazo de treinta días contado desde la fecha en la que el director correspondiente hubiere cesado en el cargo.
Artículo 13°.- Sólo podrán ser nombrados directores de la “A.F.P. del Estado S.A.” las personas que cumplan, a lo menos, con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad;
b) Estar en posesión de un título profesional de una carrera de, a lo menos, diez semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o de un título de nivel equivalente otorgado por una universidad extranjera, y acreditar una experiencia profesional de a lo menos cinco años, continuos o no, como director, gerente, administrador o ejecutivo principal en empresas públicas o privadas, o en cargos de primer o segundo nivel jerárquico en servicios públicos;
c) No haber sido condenado ni encontrarse formalizado por delito que merezca pena aflictiva, de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, por delitos tributarios o por los contemplados en la ley N° 18.045, de Mercado de Valores;
d) No haber sido declarado fallido condenado por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta o por delitos concursales, o haber sido administrador o representante legal de personas fallidas o condenadas por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta o por delitos concursales, y si lo hubieren sido, no encontrarse rehabilitados;
e) No tener dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que se justifique su consumo por tratamiento médico.
f) No haber sido afectado por la revocación a que se refiere el artículo 77° de la Ley N° 18.046; y
g) Poseer antecedentes comerciales y tributarios intachables. Para estos efectos, se entenderá que una persona posee antecedentes comerciales intachables cuando no registre protestos de documentos no aclarados. Asimismo, se entenderá que una persona posee antecedentes tributarios intachables cuando se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de acuerdo al certificado que emita al efecto la Tesorería General de la República dando cuenta de este hecho.
El director que deje de cumplir con alguno de los requisitos señalados en el inciso anterior, se considerará inhábil para desempeñar dicho cargo.
Artículo 14°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán ser nombrados directores de la “A.F.P. del Estado S.A.”:
a) Los Senadores y Diputados.
b) Los Ministros, Subsecretarios y los demás funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
c) Los jefes de servicio, el directivo superior inmediato que deba subrogarlo y aquellos funcionarios que desempeñen funciones o cargos equivalentes.
d) Los presidentes, vicepresidentes, secretarios generales o tesoreros de las directivas centrales, regionales, provinciales o comunales de los partidos políticos y de las organizaciones gremiales y sindicales.
e) Los Alcaldes, Concejales y los miembros de los Consejos Regionales.
f) Los candidatos a cargos de elección popular, desde la declaración de las candidaturas y hasta cumplidos seis meses desde la fecha de la respectiva elección.
g) Los funcionarios públicos que ejercen directamente y de acuerdo con la ley, funciones de fiscalización o control en relación con las Administradoras de Fondos de Pensiones.
h) Los Jueces o Ministros de cualquier Tribunal de la República .
i) Los Consejeros del Banco Central.
j) El Fiscal Nacional del Ministerio Público .
k) Los miembros que conforman el alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
l) Los Intendentes y Gobernadores.
m) Las personas que desempeñaren un cargo diplomático o consular.
El director que deje de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior o adquiera alguna de las calidades a que se refiere el inciso precedente, se considerará inhábil para desempañar dicho cargo y cesará automáticamente en él, sin perjuicio que deberá comunicar de inmediato dicha circunstancia al Presidente del Directorio .
Para efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, las personas que hayan sido designadas para desempeñarse como directores deberán presentar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos antes dispuestos y que no se encuentran afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en este párrafo. Tratándose de los directores a que se refiere el literal b) del artículo 12° de la presente ley, dicha declaración deberá presentarse al Consejo de Alta Dirección Pública.
Todos los directores de la “A.F.P. del Estado S.A.” deberán presentar las declaraciones de patrimonio e intereses a que se refiere el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575.
Artículo 15°.- Serán causales de cesación en el cargo de director las siguientes:
a) Expiración del plazo por el que fue nombrado.
b) Renuncia notificada al directorio o gerente general de la empresa.
c) Incapacidad legal sobreviniente para el desempeño del cargo.
d) Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad.
e) Falta grave al cumplimiento de sus obligaciones como director. Serán faltas graves al cumplimiento de sus obligaciones, entre otras, la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a cuatro sesiones del directorio, ordinarias o extraordinarias, durante un semestre calendario; el haber incluido maliciosamente datos inexactos o haber omitido maliciosamente información relevante en la declaración de intereses o patrimonio, o en la declaración jurada de incompatibilidades e inhabilidades a las que se refiere el artículo anterior; el haber intervenido o votado en acuerdos que incidan en operaciones en las que él, su cónyuge, o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, tengan un interés de carácter patrimonial; el haber infringido alguna de las prohibiciones y deberes a que se refiere la ley N° 18.046; y el haber votado favorablemente acuerdos de la empresa que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de los estatutos y/o de la normativa legal que le es aplicable a la empresa y/o le causen un daño significativo a ésta.
Los directores que hubieren incurrido en alguna de las causales de las letras c) o d) anteriores cesarán automáticamente en sus cargos.
TÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES DEL ESTADO
Párrafo 1°
De la administración financiera, de la contabilidad y del personal
Artículo 16°.- De conformidad a lo preceptuado en el decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la “A.F.P. del Estado S.A.”, estará sujeta a las mismas normas financieras, contables y tributarias que rigen para las sociedades anónimas abiertas. Sus balances y estados de situación financiera deberán ser sometidos a auditorías de firmas auditoras externas, de conformidad al procedimiento que establezcan las referidas normas.
Artículo 17°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, a la “A.F.P. del Estado S.A.”, le serán aplicables las normas contenidas en el inciso segundo del artículo 3° del decreto ley N° 1.056, de 1975, del Ministerio de Hacienda, y en el artículo 44° del decreto ley N° 1.263, de 1975, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 18°.- La “A.F.P. del Estado S.A.” deberá confeccionar anualmente su Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de cada año de conformidad a las disposiciones que rigen a las sociedades anónimas abiertas.
Artículo 19°.- La “A.F.P. del Estado S.A.” quedará sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso anterior, la Contraloría General de la República ejercerá su función fiscalizadora de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 16° de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Artículo 20°.- Los trabajadores de la “A.F.P. del Estado S.A.” se regirán exclusivamente por las disposiciones del Código del Trabajo y sus normas complementarias.
Párrafo 2°
Régimen Presupuestario y de Endeudamiento
Artículo 21°.- Autorícese al Fisco para realizar los aportes de capital necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones financieras de la “A.F.P. del Estado S.A.”, emanadas de la aplicación del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año establecerá el monto máximo que el Fisco podrá desembolsar por concepto de aumento de capital a la mencionada sociedad.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Primero Transitorio.- Para los efectos de la renovación parcial del Directorio a la que se refiere el artículo 12° de la presente ley, los miembros del primer Directorio de la “A.F.P. del Estado S.A.”, designados de conformidad a lo dispuesto en esta ley, durarán en sus cargos el número de años que a continuación se indica, sin perjuicio de que podrán ser designados por nuevos periodos:
a) dos de los directores que corresponda nombrar de conformidad a la letra a), del inciso segundo del artículo 12, serán elegidos en sus cargos por un periodo de dos años;
b) uno de los directores que corresponda nombrar de conformidad a la letra a), y uno de los directores que corresponda nombrar conforme a la letra b), ambas del inciso segundo del artículo 12°, serán elegidos por un período de tres años; y
c) los tres directores restantes serán nombrados por el período completo de cuatro años.
El Presidente de la República, en el decreto de nombramiento que corresponda, deberá indicar quienes de los directores nombrados son elegidos para cada uno de los periodos correspondientes.
Artículo Segundo Transitorio.- Autorícese al Ministerio de Hacienda para que mediante decretos expedidos bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”, y con cargo a la Partida 50, Tesoro Público, efectúe, dentro de los treinta y seis meses siguientes a la constitución de la “A.F.P. del Estado S.A.”, un aporte extraordinario de capital por un monto de hasta 70 millones de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional, en una o más transferencias.
Artículo Tercero Transitorio.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante los años siguientes se financiará con los recursos consultados en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público , pudiendo efectuarse las modificaciones presupuestarias que se requieran para estos fines.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; ALBERTO ARENAS DE MESA, Ministro de Hacienda ; LUIS FELIPE CÉSPEDES CIFUENTES, Ministro de Economía , Fomento y Turismo; JAVIERA BLANCO SUÁREZ, Ministra del Trabajo y Previsión Social ”.
Informe Financiero referido al Proyecto de ley que crea una
Administradora de Fondos de Pensiones del Estado
Mensaje N° 186-362
1. Antecedentes.
El proyecto de ley de la referencia tiene por objeto autorizar al Estado para desarrollar actividades empresariales referidas a la administración de fondos de pensiones, otorgamiento y administración de prestaciones y beneficios establecidos en el D.L. N° 3.500, de 1980.
De acuerdo a dicha autorización, el Fisco, representado por el Ministro de Hacienda , y Corfo, de conformidad a su ley orgánica, constituirán una sociedad anónima que se denominará “Administradora de Fondos de Pensiones del Estado S.A.”, la que se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas, por las del proyecto de ley que se presenta y, en lo que fuere pertinente, por las del D.L. N° 3.500, de 1980.
2. Impacto Fiscal
Dado que la norma transitoria del proyecto de ley autoriza al Ministerio de Hacienda para que, mediante decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ” y con cargo a la Partida Tesoro Público, efectúe dentro de los 36 meses siguuientes a la constitución de la A.F.P. del Estado S.A., un aporte extraordinario inicial de capital hasta por MMUS$ 70, a suscribir y enterar por el Fisco y/o Corfo, con el fin de financiar principalmente los requerimientos del Encaje, de acuerdo a la aplicación del artículo 40° del D.L. N° 3.500, de 1980, y de gastos de puesta en marcha, se genera impacto fiscal en transacciones de activos financieros del fisco por dicho monto.
Con todo, este aporte de capital inicial incluye lo requerido por el artículo 24° del D.L. N° 3.500, de 1980, es decir, 20.000 Unidades de Fomento (UF), a suscribir y enterar en un 99% por Corfo y, en un 1%, por el Fisco del siguiente modo:
Por Corfo
:
19.800 UF
Por el Fisco
:
200 UF
Total
:
20.000 UF
(Fdo.): SERGIO GRANADOS AGUILAR, Director de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 6499-11)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos. (boletín N° 6499-11).
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República. (boletín N° 9287-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica. (boletín N° 9287-06)
Al mismo tiempo, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República ; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia ”.
4. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley queregula el tratamiento de la información sobre obligaciones decarácter financiero o crediticio. (boletín Nº 7886-03)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 220 del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República, en la actualidad sin urgencia.
2.- Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por ésta.
El artículo 27 y el artículo cuarto transitorio (que por error en el informe de la Comisión técnica menciona como quinto transitorio, al momento de señalar las disposiciones de competencia de esta Comisión).
3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
4.- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión Técnica y calificación de normas incorporadas
Ninguna.
5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
Los dos artículos sometidos al conocimiento de la Comisión de Hacienda, esto es el artículo 27 y el cuarto transitorio.
6.- Se designó Diputado Informante al señor Marcelo Schilling.
Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas.
1) Felipe Larraín. Ministro de Hacienda .
2) Rodrigo Vergara, Presidente del Banco central.
3) Jorge Awad, Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras .
4) Corina Arteche, Representante del Banco Mundial .
5) Aysén Etcheberry, Abogada del Ministerio de Economía.
6) Adrián Fuentes, Abogado del Ministerio de Economía.
7) Rosario Celedón, Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda .
8) Kevin Cowan, Gerente de la División de Política Financiera del Banco Central .
9) Ricardo Matte, Gerente General de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
Disposiciones de competencia de la Comisión
La Comisión de Educación dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del artículo 27 y del artículo cuarto transitorio del proyecto (que erróneamente identificó como quinto).
El artículo 27 fija las obligaciones y responsabilidades de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como administradora del Sistema de Obligaciones Económicas (en el que se efectúa el tratamiento de los datos de obligaciones económicas en la forma, términos, condiciones y plazos que se determinen por la ley, el reglamento y las normas impartidas por la Superintendencia) y se le faculta para que, en el cumplimiento de dichas funciones pueda celebrar convenios con municipalidades y otros organismos de la Administración del Estado que tengan presencia regional.
Por su parte, el artículo cuarto transitorio, incrementa en 25 cargos la dotación máxima de personal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y se señala que el mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley, durante lo que resta del año calendario de su publicación en el Diario Oficial, se financiará con cargo a los recursos incluidos en el presupuesto de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para dicha anualidad y, en lo que no fuere posible, con cargo a aquéllos que se consulten en la Partida Presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.
Se agrega que los recursos que fueren necesarios para la ejecución de los convenios que la Superintendencia pueda celebrar con otros organismos de la Administración del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27, se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.
El propósito de la iniciativa consiste en establecer un nuevo estatuto para el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero y crediticio.
Incidencia en materia presupuestaria y financiera
El informe financiero explica que, para cumplir con el mandato que importa la aprobación del proyecto de ley, se ha estimado un aumento total de 13 cargos (3 directivos, 8 profesionales y 2 administrativos) creándose una Dirección, constituida por dos Departamentos, y 3 unidades (Jurídico Normativa, Control y Tecnología, y Atención a Usuarios) en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
La creación de la nueva Dirección, expresa el informe financiero, con sus Departamentos y Unidades, significará un mayor costo de M$ 733.771, de los cuales M$564.998 son de carácter permanente, asociados principalmente a remuneraciones permanentes y M$ 168.773, son gastos por una vez, asociados a habilitación de espacios físicos para funcionamiento. Además, se estima un costo adicional por dos asesorías, una por concepto de estudios legales en la etapa de instauración del sistema, por M$ 21.812 y la otra por concepto de diseño e ingeniería del sistema, por M$ 239.931, esta última se financia en tres años.
Respecto del gasto en personal, el detalle que entrega el informe, el detalle es el siguiente:
Descripción cargo
N°
Mensual (M$)
Año (M$)
Directivo G° 3
1
5.842
70.107
Directivo G° 4
2
4.953
118.883
Profesional G° 5
3
4.165
149.930
Profesional G° 10
5
2.564
153.853
Administrativo G° 17
2
864
20.742
Totales
13
18.389
513.515
El informe también señala el gasto total por subtítulo, desde su implementación (1° año) al año en régimen.
Resumen de Gasto por Subtítulo
M$
1° año
2° año
3° año
Año en régimen
Subtítulo 21
Gasto Permanente
513.515
513.515
513.515
513.515
Subtítulo 22
322.044
131.460
131.460
51.483
Gastos generales (1)
Gasto Permanente
51.483
51.483
51.483
51.483
Habilitación de Oficina
Gasto por una vez
168.773
Asesorías (2)
Gasto por una vez
101.788
79.977
79.977
Total Costos Anuales
835.559
644.975
644.975
564.998
(1) Incluye arriendo inmueble, gastos comunes y servicio de vigilancia.
(2) Incluye asesoría por UF 1.000 en 1 año + asesoría por UF 11.000 en 3 años.
El informe indica que, el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2011 se financiará con cargo al Presupuesto vigente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Para los años siguientes se consultará en los presupuestos anuales del Servicio.
En virtud de indicación presentada por el Ejecutivo al proyecto, se procedió a reemplazar el artículo 36°, que pasó a ser el actual artículo 27, asumiendo la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la administracion, operación y mantención del Sistema de Obligaciones Económicas (SOE).
Esta nueva labor requiere recursos adicionales, ya que contempla la creación de una Unidad de Supervisión y el reforzamiento de la Unidad de Desarrollo y Producción y de la Unidad de Atención de Usuario, para lo cual se estima un aumento de 12 cargos adicionales para la SBIF.
De esta forma la Unidad de Supervisión contará con 4 profesionales adicionales; la Unidad de Desarrollo y Producción (ex Unidad de Control y Tecnología) se reforzará con 1 profesional y 6 fiscalizadores. Por su parte la Unidad de Atención de Usuarios, se reforzará con un profesional.
Finalmente el artículo 8° dispone que las Distribuidoras que deseen acceder a la información del Historial deebrán pagar anualmente a la SBIF una tarifa para ello. Esto implica que la SBIF deberá realizar un estudio tarifario que determinará el valor base de la tarifa, su forma de cálculo y cualquier mecanismo de reajustabilidad. La tarifa deberá absorver los costos del sistema.
Estas modificaciones producen el siguiente impacto (a marzo de 2012) sobre el Presupuesto Fiscal: se estima un mayor costo de $ 1.250.472 miles, de los cuales $516.554 miles son de carácter permanente, asociados a remuneraciones permanentes, gastos generales y sistemas informáticos y $ 733.918 miles son gastos por una vez asociados a habilitación de espaciones físicos para funcionamiento de la nueva dotación, estudio tarifario y hardware y software que soportan el requerimiento total de información que generará el SOE.
Respecto del gasto de personal, el detalle es el siguiente:
Descripción Cargo
N°
Mensual (M$)
Año (M$)
Profesional G° 5
2
4.373
104.951
Profesional G° 9
4
3.146
151.021
Fiscalizador G° 13
6
1.917
138.040
Totales
12
9.436
394.012
El gasto total por subtítulo desde su implementación (1° año) al año en régimen, es el siguiente:
Resumen de Gasto por Subtítulo
M$
1° año
2° año
3° año
Año en régimen
Subtítulo 21
Gasto Permanente
394.012
394.012
394.012
394.012
Subtítulo 22
856.461
122.543
122.543
122.543
Gastos generales (1)
Gasto Permanente
47.595
47.595
47.595
47.595
Habilitación de Oficina
Gasto por una vez
127.234
Sistemas (2)
Gasto Permanente
74.948
74.948
74.948
74.948
Hardware y software (3)
Gasto x 1 vez
539.274
Estudio tarifario
Gasto x 1 vez
67.409
Total Costos Anuales
1.250.472
516.554
516.554
516.554
(1) Incluye arriendo inmueble, gastos comunes y servicio de vigilancia
(2) Incluye arriendo de equipos informáticos, servicios informáticos, enlaces de telecomunicaciones e Internet y mantenimiento y reparación de equipos informáticos
(3) Incluye servidores, equipamientos de seguridad, conectividad y servicios de soporte para la continuidad operacional del sistema SOE, proyectado por la SBIF.
Finalmente, el informe complementario señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2012 se financiará con cargo al presupuesto vigente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Para los años siguientes se consultará en los presupuestos anuales del Servicio.
DEBATE DE LA COMISIÓN
En el debate de la Comisión el señor Felipe Larraín ( Ministro de Hacienda ), destaca que el proyecto en estudio se discutió en la Comisión de Economía por más de un año y por la Comisión de Constitución durante 6 meses, e indica que los sistemas de información comercial son un conjunto de relaciones de intercambio de datos entre los agentes del mercado financiero que les permiten contar con información crediticia de las personas y así aminorar una serie de fallas del mercado.
Sostiene que, entre otras fallas que distorsionan la operación de los mercados financieros y que los sistemas de información buscan corregir, pueden mencionarse:
-Asimetrías de información entre prestatarios y prestamistas.
-Distintos niveles de información disponibles en el mercado y su desigual distribución entre los agentes que en él operan. Por ejemplo, los bancos tienen información positiva y negativa de sus deudores, pero el retail sólo tiene información negativa a través del Boletín de Información Comercial.
-Costos asociados a la obtención de esa información.
Asevera que estas fallas producen problemas de selección adversa, puesto que el oferente del crédito no puede observar el comportamiento del deudor y por lo tanto, los individuos de alto riesgo se concentran en los mercados con menor información, es decir, los buenos sujetos de créditos no se sienten atraídos a esos mercados porque la tasa de interés es más alta; dificultades en el acceso al crédito y encarecimiento del mismo al producirse un equilibrio a mayor precio (se funciona en base a riesgos promedios) y, en consecuencia, una menor disponibilidad de crédito; debilitamiento de la competencia en el mercado y creciente problema de movilidad de los deudores.
Opina que los sistemas de información comercial, permiten corregir estas fallas pues otorgan herramientas para que los oferentes de crédito puedan evaluar el riesgo financiero en forma más exacta, en menor tiempo y con menores costos. Esto se traduce en beneficios para los consumidores quienes acceden en mejores condiciones al crédito, con tasas más bajas, promoviéndose la competencia en el mercado y la movilidad de los prestatarios; refuerzan la disciplina de los deudores, cuestión que es valiosa y deseable; facilitan el acceso al crédito a pequeños y medianos empresarios. Sin ella, los proveedores de crédito se verían obligados a exigir garantías adicionales y eventualmente no estarían dispuestos a conceder el crédito a pymes o personas que tienen dificultades para establecer garantías adicionales.
Por todo lo anterior, afirma que los sistemas de información bien regulados, juegan un rol clave en el correcto funcionamiento de los mercados financieros, sirviendo a la vez importantes propósitos de supervisión financiera y de seguimiento de los riesgos sistémicos.
En consideración a lo anterior, indica que la mayoría de los países del mundo cuentan con una institucionalidad y marco regulatorio adecuado para el intercambio de información comercial.
Expresa que el diagnóstico de la realidad nacional da cuenta que los sistemas de información comercial que funcionan en Chile presentan importantes debilidades, por lo que se necesita hacer avances en términos institucionales, de manera de tener una infraestructura que asegure y permita un mejor funcionamiento del mercado del crédito.
Manifiesta que la existencia de una regulación sólo a nivel general, por ley N°19.628, de 1998, provoca vacíos en el ámbito de la información comercial, en términos de una insuficiente definición de los derechos de los titulares y los mecanismos para hacerlos exigibles.
Asimismo, considera que es clave aumentar la información comercial disponible en el mercado, en cantidad y calidad, y asegurar que exista una mayor competencia por parte de los oferentes de crédito en su búsqueda de clientes.
Piensa que lo anterior, permitirá asignar más y mejor el crédito, a tasas de interés más competitivas, y con una mejor administración de los riesgos crediticios. Además, señala que la consolidación de la información de la banca, comercio y otros oferentes de crédito, va a permitir a las autoridades monetarias, fiscal y al regulador un mejor control de los riesgos sistémicos de la economía, como ha destacado recientemente el Banco Central y el Consejo de Estabilidad Financiera, que ha emitido un pronunciamiento formal respecto de la importancia de este proyecto de ley.
Da a conocer que, por su parte, tanto el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, recomiendan una reforma integral del sistema de información comercial, debido a su baja cobertura, ausencia de intercambio de información positiva, débiles derechos de protección a los titulares de los datos y deficiente calidad de la información.
Asimismo, da a conocer que existe la urgencia de avanzar en las siguientes materias: fortalecer los derechos de los titulares; consolidar la información negativa de los deudores, incorporando a la totalidad de los agentes crediticios relevantes; incorporar información positiva al sistema; incorporar a las personas jurídicas como titulares de datos y mejorar la fiscalización en el uso y manejo de los datos de obligaciones económicas.
Opina que el proyecto de ley, por tanto, está orientado a establecer una institucionalidad que se adecúe al modelo que recomiendan los principales organismos internacionales. En términos de fuentes de información existen dos tipos: la que es plena, donde están todos los oferentes de créditos como bancos, retail y agentes no financieros, y fragmentada donde la información no se intercambia entre los distintos oferentes de créditos. En cuanto al tipo de información que se conoce de los deudores está la opción de conocer tanto la información positiva como negativa del deudor o sólo la negativa. En el caso de Chile al tener acceso sólo a la información negativa y de forma fragmentada, nuestro país está en el peor de los escenarios con un mínimo de poder predictivo, de acuerdo a los estudios internacionales. La idea es que con este proyecto se avance hacia un escenario de alto poder predictivo con intercambio de información positiva y negativa y entre todos los oferentes de créditos.
En cuanto al proyecto de ley, destaca que sus objetivos centrales y ejes son:
1. Reforzar los derechos de los titulares de los datos, entendiendo que éstos son los dueños de su propia información, y establecer normas y principios básicos que resguarden la privacidad y el control de la información por parte de los titulares.
2. Ampliar la información sobre obligaciones financieras y económicas que actualmente está disponible en el mercado, agregando información sobre el buen comportamiento de pago de las personas y la incorporación de nuevos aportantes.
3. Establecer una regulación orgánica y ordenada del sistema de información comercial e introducir mecanismos de control de calidad, seguridad y veracidad de los datos. Todo oferente de crédito que otorgue más de 100.000 UF de crédito y que tenga al año más de 1.000 operaciones queda sujeto a este mecanismo. Se trata, por tanto, de requisitos copulativos.
4. Dotar a una instancia administrativa, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF, de las facultades necesarias para regular y fiscalizar a los agentes del sistema.
5. Establecer mecanismos efectivos para hacer valer los derechos reconocidos en la ley a los titulares de los datos.
Afirma que estos objetivos se logran consolidando la información en un recopilador central, el Sistema de Obligaciones Económicas, SOE, administrado por la SBIF; mejorando la calidad de la información comercial, al ampliar el universo de entidades crediticias obligadas a reportar al SOE; mejorando la calidad y cantidad de información disponible, permitiendo que los deudores se beneficien de contar con su información actualizada y completa; reafirmando el principio de la titularidad sobre los datos de las personas, estableciendo mecanismos efectivos para hacer valer sus nuevos derechos; estableciendo un procedimiento efectivo para rectificar y cancelar datos, además de un catálogo de sanciones aplicables a los aportantes de información y distribuidoras en caso de infracciones a la ley; estableciendo procedimientos efectivos que aseguren que exista consentimiento para comunicar la información económica del titular a terceros que no se dediquen a evaluar riesgo de crédito, y mejorando el acceso al crédito de un importante número de personas y pymes que a través de su capital reputacional podrán acceder a mejores condiciones crediticias.
Respecto del funcionamiento del Sistema, explica que el proyecto propone la creación de un Registro Consolidado de Deuda, lo que implica:
- Establecer el Sistema de Obligaciones Económicas (SOE), administrado por la SBIF, encargado de recopilar, conservar, consolidar y estandarizar la información sobre obligaciones económicas. En este punto aclara que este Sistema no se va a crear tomando las bases de datos ya existentes sino que creando a partir de los flujos de información nuevas bases de datos.
- Establecer y regular la categoría de aportantes de información, estableciendo sus obligaciones y responsabilidades, quienes deberán mantener los datos actualizados y entregar la información al SOE, de manera oportuna y en cumplimiento de los requisitos legales. Estos aportantes de información son los bancos, cajas de compensación, cooperativas, administradores de mutuos hipotecarios endosables y compañías de seguro. Además, aquellas personas naturales o jurídicas que en forma habitual registren anualmente operaciones de crédito de dinero, leasing o factoring, por sobre las 100.000 UF y más de 1000 operaciones.
- Regular el mercado de la distribución de información comercial (burós de crédito), estableciéndose requisitos, obligaciones y prohibiciones.
- Establecer la obligación de los aportantes y distribuidoras de contar con todas las medidas técnicas y organizativas que garanticen, en todo momento, la seguridad, control y resguardo de los datos de obligaciones económicas, el debido tratamiento de los mismos y que impidan la difusión o acceso no autorizado de éstos.
- Establecer un regulador común a todos los agentes del sistema, la SBIF, que supervisará el buen funcionamiento del sistema.
En cuanto a la fiscalización del Sistema, informa que la SBIF será el organismo encargado de velar por el buen funcionamiento del sistema en todos sus aspectos operacionales, de seguridad y resguardo de la información, y de cumplimiento de las obligaciones de los aportantes y distribuidoras de información de conformidad a esta ley. Con ese objeto, la SBIF deberá dictar la normativa que establezca los estándares de seguridad, confiabilidad y confidencialidad, que deberán cumplir los agentes del Sistema; constituir y administrar el registro de aportantes y la nómina de distribuidoras; eliminar de la nómina a las distribuidoras que no cumplan con lo establecido; elaborar estadísticas que permitan evaluar los estándares del servicio entregado; requerir a las entidades fiscalizadas, asesores, auditores, subcontratistas o personal, cualquier información o documento para fines de fiscalización; pronunciarse y resolver sobre las infracciones que se cometen; supervisar a los aportantes y distribuidoras y aplicar las sanciones a las infracciones realizadas por las entidades fiscalizadas.
Respecto a las sanciones que el proyecto contempla, da a conocer que éstas se califican como leves, graves y gravísimas, las que se sancionarán con multas a beneficio fiscal, cuyos montos específicos se determinarán en virtud de la gravedad de la conducta adoptada.
Explica que constituyen infracción leve las siguientes conductas:
-Cometer hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto establecido en esta ley o en el reglamento que no sea considerado como grave o gravísima.
Se considerarán infracciones graves:
-La alteración maliciosa de datos.
Constituyen infracciones gravísimas:
-No dar respuesta a solicitudes de información de la SBIF.
-No entregar oportunamente la información solicitada.
-La no remisión o remisión tardía de la información comercial.
-El incumplimiento de la normativa.
-La reiteración de infracciones leves.
-La no inscripción en el registro de aportantes.
-El incumplimiento de las entidades fiscalizadas de los indicadores de calidad.
-El incumplimiento de los requisitos establecidos por la SBIF a las distintas entidades bajo su fiscalización.
-La reiteración de infracciones graves.
Asevera que los organismos públicos y su personal que accedan a los datos del SOE deberán guardar absoluta reserva y secreto.
Manifiesta que los derechos de los titulares son:
1. Derecho al olvido. Los datos de información negativa y positiva podrán comunicarse a terceros hasta 5 años después de la extinción total de la obligación o desde que ésta se hubiere hecho exigible.
2. Derecho de información, los titulares deben ser informados por los aportantes del SOE sobre la existencia del Sistema y la obligación que tienen éstos de remitir al Sistema la información sobre morosidades del titular; del propósito del tratamiento de datos por parte del Sistema y de quienes serán los potenciales destinatarios de la información; de la obligatoriedad de remitir las obligaciones económicas al día cuando el titular hubiese otorgado su consentimiento para tal efecto y el derecho a conocer la información que el Sistema tiene respecto a cada uno, y el registro de quienes accedieron a dicha información.
3. Derecho de acceso sobre los datos que contiene el Sistema y los que han sido entregados por las distribuidoras. Al respecto se requiere el consentimiento del titular para comunicar información positiva y también se necesitará consentimiento para comunicar información negativa que sea solicitada por una entidad distinta de aquellas que tengan por objeto proveer créditos a las personas.
4. Derecho de aclaración, cuando las deudas aún vigentes en el Sistema han sido pagadas o se hayan extinguido.
5. Otros derechos de los titulares:
- A modificar, rectificar o cancelar, datos erróneos, incompletos, caducos, carentes de fundamento legal, estableciéndose los procedimientos expeditos para ello.
- A recurrir al SERNAC como instancia que puede propiciar el entendimiento voluntario de las partes.
- A que los datos no puedan ser utilizados para condicionar atenciones de salud o en procesos de contratación de personal en sanciones asociadas a éstas prácticas.
- A exigir indemnización, cuando el titular pueda verse afectado por el mal uso de sus datos.
Respecto de los plazos de implementación, destaca que el proyecto de ley considera plazos escalonados para incorporar las modificaciones contempladas. Los aportantes de información deberán comunicar al SOE datos de obligaciones económicas que se generen sólo a contar de la fecha de entrada en vigencia de la ley.
-El tratamiento fraudulento de información comercial.
-El almacenamiento de los historiales por parte de entidades fiscalizadas que contengan datos caducos.
-La oposición u obstaculización a labores de fiscalización de la SBIF.
Expresa la importancia y urgencia de este reforma debido a que en el país se observan altas tasas de interés en los créditos de consumo. Para bajarlas, precisa, es necesario aumentar el nivel de competencia en la industria de los créditos, en especial en el segmento de consumo.
Asimismo, expresa que se requieren avances institucionales que permitan el surgimiento de una infraestructura que asegure un mejor funcionamiento del mercado del crédito y es fundamental aumentar la información disponible en el mercado, en cantidad y calidad, asegurando que exista mayor competencia de los oferentes en su captación de clientes. Ello permitirá asignar más y mejor los créditos a tasas de interés más competitivas y con una mejor administración de los riesgos crediticios.
Por su parte, estima que la generación de un historial de pago más comprensivo y de uso más extendido proveerá incentivos a un mejor comportamiento de pago de parte de los deudores y la consolidación de la información de la banca y el comercio, permitirá a las autoridades y al regulador un mejor monitoreo de los riesgos sistémicos de la economía.
Finalmente, indica que el informe financiero del proyecto original, de 12 de julio de 2011, daba cuenta que el mayor gasto fiscal de esta iniciativa era de $ 835.559 miles para el 1° año, $ 644.975 miles para el 2° y 3° año y $ 564.998 miles en régimen. Por su parte, el informe financiero complementario de 12 de marzo de 2012, indica que al asumir la SBIF la administración, operación y mantención del SOE los costos se incrementan a $ 1.250 miles, de los cuales $ 516.554 miles son de carácter permanente, asociados a remuneraciones permanentes, gastos generales y sistemas informáticos y $ 733.918 miles son gastos por una vez relativos a habilitación de espacios físicos para funcionamiento de la nueva dotación, estudio tarifario y hardware y software que soportan el requerimiento total de información que genera el SOE.
El señor Rodrigo Vergara (Presidente del Banco Central) expresa que el proyecto de ley busca incrementar la información de deuda tanto negativa (comportamiento de no pago) como positiva (endeudamiento).
Opina que hoy en día se cuenta con información de no pago de distintos oferentes de crédito. Sin embargo, respecto de la deuda al día no se dispone de esta información para un conjunto significativo de oferentes de crédito.
Por otra parte, señala que esta iniciativa busca balancear los derechos de los titulares de la información, es decir, busca mejorar la protección al consumidor, destacando el mecanismo de consentimiento explícito. En este proyecto, precisa, la información pertenece al deudor, al consumidor. Este proyecto, añade, podría generar una serie de efectos positivos en el mercado del crédito, a saber:
- Mejor acceso al crédito: los oferentes de crédito tienen mejor información del deudor al momento del otorgamiento de éste.
- Mejor gestión de riesgos por parte de las instituciones financieras, pues la información positiva permite complementar la información de no pago.
- Constituye una herramienta valiosa para la supervisión financiera.
- Reduce el costo del crédito para los pagadores con historial positivo como consecuencia de los puntos anteriores.
- Fomenta la competencia en el mercado del crédito, facilitando la movilidad entre los oferentes.
Explica que, de acuerdo al estudio denominado “Improving Credit Information, Bank Regulation and Supervision: on the role and design of Public Credit Registries”, documento de trabajo del Banco Mundial, la creación de registros con deuda positiva permite aumentar el acceso al crédito.
Asevera que, en conformidad a este mismo estudio, la creación de registros con deuda positiva también permite reducir el riesgo de no pago, conduciendo así a un menor costo del crédito.
Asimismo, agrega, que los beneficios asociados a la generación de mayor información crediticia son coherentes con su adopción en numerosas economías.
Además, sostiene que estos sistemas de información crediticia han sido recomendados para evitar crisis financieras generadas por falta de información. A modo de ejemplo señala que luego de la crisis asiática (1997-1998), Corea y Hong-Kong exhibieron un proceso de recuperación del ingreso de los hogares. En este proceso, algunos hogares fueron, por primera vez, sujetos de crédito, observándose, además, un mayor uso de tarjetas de crédito no bancarias, principalmente orientadas a la población más joven. Ambos países tenían sistemas de información crediticia basados mayoritariamente en información de no pago. En este contexto, se materializó un significativo aumento de la morosidad en tarjetas de créditos en el 2002, producto de lo cual estos países implementaron reformas para mejorar sus sistemas de información crediticia, propendiendo a sistemas con mayor información crediticia (positiva y negativa).
En relación al proyecto en discusión, enfatiza la relevancia de esta iniciativa para el país, y en particular para los hogares, puesto que los oferentes no bancarios son actores relevantes en el mercado del crédito de consumo, con una alta participación en este mercado, ya que el 40% del stock de créditos de consumo es otorgado por oferentes no bancarios. En contraste, la deuda local de empresas es 80% bancaria y 20% corresponde a bonos.
Además, opina que los oferentes no bancarios son relevantes en hogares de menores ingresos. De conformidad a la Encuesta Financiera de Hogares (EFH) la deuda con oferentes no bancarios tiene mayor relevancia relativa en los hogares de menores ingresos. Esta misma encuesta sugiere que el acceso al mercado del crédito de consumo se ha dado a través de los oferentes no bancarios, por lo que han tenido un importante rol en el proceso de bancarización.
Estima que las cifras agregadas pueden esconder heterogeneidad, especialmente en un mercado con variados oferentes de créditos. De acuerdo a datos del Banco Central en base a información de la SBIF, SuSeSo y SVS, la distribución de la deuda de hogares no-hipotecada el año 2012 es la siguiente: bancos, 61%; otros que incluye crédito automotriz y universitario, 13%; casas comerciales, 12%, Cajas de Compensación y Asignación Familiar, 9%; Cooperativas de Ahorro y Crédito, 5%. De manera que los oferentes no bancarios representan casi el 40% de la deuda total de consumo, con fuerte presencia relativa en los hogares de menores ingresos.
Considera que los oferentes no bancarios son activos en el proceso de bancarización.
En relación al proyecto de ley, sostiene que, en términos generales, el sistema de información que se defina en una iniciativa legal sobre Sistema de Obligaciones Económicas (SOE) debe cumplir con algunos principios básicos:
1. Mayor información: el sistema debe converger a entregar más información que la actualmente disponible.
2. Estándares mínimos y homogeneización de la información: el sistema debe procurar mecanismos de validación para asegurar la calidad de la información.
3. Utilización de la información: el sistema tiene que ser empleado tanto para el otorgamiento del crédito como para el seguimiento y monitoreo del crédito.
4. Privacidad de la información: la información pertenece al deudor.
Afirma que estos principios están en línea con las recomendaciones propuestas por el Banco Mundial en un estudio del año 2011, con excepción del último punto. Agrega que el logro de estos principios requiere de un mecanismo de implementación adecuado, dada la complejidad del SOE.
Informa que la implementación de un proyecto de deuda consolidada de esta naturaleza es compleja, tal como se refleja en las experiencias recientes de Uruguay y Perú. En el caso de Uruguay, la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) amplió la cobertura de información positiva y negativa desde los mayores deudores hacia el universo de los deudores. Dicho proceso tomó 9 años (2005-2013). Por su parte, Perú, con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) transitó desde un sistema de deuda positiva y negativa a nivel de deudores hacia uno basado en operaciones. El proceso tomó 6 años (2006 y 2012). En ambos casos, tanto la SSF como la SBS mantuvieron de forma paralela el sistema antiguo para no perder información en el proceso de la transición.
Afirma que, dadas esas experiencias, se recomienda gradualidad en el proceso de implementación del SOE. Así, en el caso del proyecto de ley se recomienda un período de transición mayor a los dos años que contempla actualmente esta iniciativa, considerando un poblamiento gradual de la base de datos, manteniendo de forma paralela el sistema vigente hasta que se complete exitosamente la transición.
Aclara que la condición de exclusividad vigente en el proyecto de ley, no permite mantener sistemas paralelos, lo que es visto con preocupación por el Banco Central. Por su parte, el acceso a la información del SOE debe ser tanto para el otorgamiento del crédito como para su monitoreo en el tiempo. En este tema, el proyecto restringe el uso de la información sólo al momento de otorgar el crédito, lo que limita los beneficios del proyecto, pues restringe la capacidad de los oferentes para monitorear la evolución de las deudas contraídas. Ello es importante para determinar no sólo la calidad del deudor sino que las provisiones que tiene que hacer el oferente del crédito.
La señora Rosario Celedón ( Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda ) explica que el texto original del proyecto establecía el acceso permanente de los oferentes de crédito al SOE para el monitoreo de las obligaciones contraídas, pero la Comisión de Economía lo restringió solamente al momento del otorgamiento del crédito.
Al respecto, la representante del Ejecutivo concuerda con el planteamiento del Presidente del Banco Central en el sentido que es importantísimo que el oferente del crédito pueda acceder al SOE tanto para el otorgamiento del crédito como para monitorear el seguimiento de las obligaciones del deudor.
En línea con esto, opina que el proyecto debiera ajustar el consentimiento del consumidor de forma que los oferentes puedan acceder al sistema mientras la obligación financiera esté vigente y en caso de que se haya otorgado un mecanismo de crédito contingente (tarjeta, línea de crédito, etcétera), mientras permanezca en vigencia el contrato. Asimismo, considera que el proyecto de ley debe lograr generar mayor información a la actualmente disponible. Para ello deberá converger a una base de datos que contenga mayor información, tanto en cantidad como en estándares de disponibilidad.
En este sentido, añade, el reglamento técnico que diseñará la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) deberá considerar los mecanismos para asegurar lo anterior. Por ejemplo, la mayoría de las bases de datos con información negativa (no pago) hoy en ejercicio son actualizadas semanalmente.
Sostiene que, por su parte, los organismos que ejercen las funciones de supervisión y regulación del sistema financiero, esto es la SBIF y el Banco Central, debieran contar con acceso al SOE.
Al respecto, indica que el proyecto señala que la información del sistema estará disponible de manera agregada tanto para las comercializadoras de reportes crediticios como para otros agentes privados y públicos. Por ende, el Banco Central contará con acceso limitado a la información del SOE, afectándose así las capacidades de análisis de riesgo sistémico y estabilidad financiera.
Finalmente, a modo de resumen, indica que los principales aspectos que el proyecto debe mejorar son los siguientes:
1. En materia de transición, se sugiere establecer mayores plazos y mantener el sistema actual vigente hasta al final de la transición.
2. Establecer que el acceso al SOE por parte de los oferentes de crédito no sólo sea para el otorgamiento del crédito, sino que también para el seguimiento de las obligaciones económicas.
3. Establecer mayor información a la actualmente disponible.
4. Permitir que los organismos que ejercen las funciones de supervisión y regulación del sistema financiero, SBIF y Banco Central, tengan acceso al SOE.
El Diputado señor Silva consulta al Presidente del Banco Central si este organismo está de acuerdo con el instrumento que eligió el Ejecutivo para tener acceso a mayor información de los deudores, cuya administración está a cargo del Estado.
Al respecto, expresa su inquietud de otorgarle acceso a tanta información a una entidad administrativa que puede cambiar dependiendo de los ciclos políticos. Ante ello pregunta, ¿existen otros mecanismos en derecho comparado para cumplir el mismo propósito, pero con mayores resguardos?
Asimismo consulta, ¿es posible estimar el impacto que puedan tener en el tiempo estas medidas en el otorgamiento de créditos y en las tasas que se cobran? Algunos entendidos han sostenido que con esta iniciativa la tasa promedio se mantiene, pero cambia su composición, de manera que a las personas más riesgosas se les cobrarían tasas muy altas, con lo cual podrían salir del sistema.
Por último, solicita la opinión del señor Vergara acerca de la relación de esta iniciativa con el proyecto de ley que establece la tasa máxima convencional, consultando cuáles serían los efectos de ambos proyectos en la economía del país, de aprobarse estas iniciativas.
El Diputado señor Marinovic estima que este proyecto tiene por objeto disminuirle los costos a los bancos porque al entregarle en forma completa a estas instituciones la información positiva y negativa del cliente, no se requerirán los departamentos de análisis que son los encargados de determinar las tasas de riesgo de las personas o empresas que van a solicitar un crédito.
Por tanto, si este proyecto no está asociado a la reducción de la tasa máxima convencional, esta iniciativa, a su juicio, sólo mejorará las utilidades de los bancos y no necesariamente va a reducir los pagos y los costos de los deudores por sus créditos. Eventualmente, podría beneficiar a los deudores con buen comportamiento, pero a los malos deudores se les castigaría con altas tasas, lo que redundaría en que estas personas deban salir del sistema.
Consulta, ¿cómo opera el consentimiento del deudor para que su información sobre morosidades y su información relativa a obligaciones económicas al día ingrese al SOE? Al respecto, opina que la información acerca del endeudamiento es de propiedad del deudor.
El Diputado señor Macaya solicita al Presidente del Banco Central que profundice en dos conceptos que se han vertido en esta sesión:
1. ¿cómo va a afectar esta iniciativa el acceso al crédito para las personas más riesgosas?
2. ¿cuál es la razón para otorgarle a los oferentes de crédito acceso al SOE no sólo para el otorgamiento del crédito, sino que también para el seguimiento de las obligaciones económicas del deudor?
El Diputado señor Silva pregunta, ¿en qué se traduce que el proyecto establezca la privacidad de los datos del deudor?
El señor Vergara, en relación a las diversas consultas formuladas por los parlamentarios en relación a la privacidad de los datos, indica que la experiencia comparada da cuenta que es factible mantener la privacidad de la información en este tipo de sistema. Concretamente este proyecto establece sanciones para el evento que se incumpla el deber de resguardo de la información, pero la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como supervisor debe contar con este tipo de información para cumplir cabalmente su rol.
Lo anterior, añade, se relaciona con la propiedad de los datos. De acuerdo a este proyecto es la persona la que da acceso a su información, por lo tanto, es la dueña de su información.
En relación a la discusión en relación a la propiedad de las diversas bases de datos existentes, el señor Vergara aclara que esta iniciativa no pide las bases de datos anteriores, ya que el nuevo sistema se empieza a poblar hacia el futuro, con la nueva información.
En relación a los efectos de este proyecto sobre la tasa de interés y el acceso al crédito, indica que la evidencia tiende a mostrar un mayor acceso al crédito o, lo que es lo mismo, para el mismo acceso un menor costo del crédito.
En cuanto al proyecto sobre tasa máxima convencional, indica que el Banco Central ha manifestado su visión positiva de esta iniciativa, con dos aprensiones:
- La tasa final que se cobrará, que puede tener como efecto una des bancarización de algunos deudores, y
- La transición, que a su parecer debiera ser gradual para ver los efectos en el tiempo.
Hace presente que desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero y de la correcta determinación de las provisiones es importante que los oferentes de crédito tengan acceso al SOE para el seguimiento de las obligaciones económicas del deudor y no sólo que ese acceso sea para el otorgamiento del crédito.
El señor Kevin Cowan ( Gerente de la División de Política Financiera del Banco Central ), complementa la explicación anterior, indicando que a lo que debiera apuntar un oferente de crédito es que sus activos sean el más fiel reflejo de la capacidad de pago de sus deudores. En ese contexto si otorga, por ejemplo, un crédito en cuotas a tres años con un deudor que al momento de otorgarse el crédito no tiene ninguna otra deuda con el sistema financiero, con un buen comportamiento de pago, probablemente va a contabilizar ese crédito al 100%. Si en el proceso de esos tres años el oferente ve que hay un aumento fuerte del endeudamiento de esa persona con otros oferentes del sistema financiero, el oferente debiera tener la capacidad de adecuar vía provisiones la situación de pago de ese deudor. Ello porque en Chile, a diferencia de otros países, las provisiones en el caso de los créditos de consumo, se basan en el comportamiento esperado de pago y no solamente en deterioros observados. En ese sentido busca ser un reflejo más real de la capacidad de pago y constituye una herramienta útil de gestión para el supervisor.
En relación al acceso al crédito de las personas más endeudadas, el señor Vergara sostiene que efectivamente con este proyecto estas personas van a acceder a créditos más caros, porque uno de los objetivos de esta iniciativa es evitar el sobreendeudamiento y también que haya mayor competencia entre los oferentes de crédito, de manera que una persona sobre endeudada naturalmente tendrá más dificultades para acceder a tasas bajas.
Ande diversas consultas formuladas por los señores parlamentarios acerca de la privacidad de la información relativa a las obligaciones económicas del deudor, la señora Celedón explica que el texto aprobado por la Comisión de Economía de esta Corporación en materia de resguardo de la privacidad, establece la obligación de informar al sistema de todos los créditos que se otorgan y respecto de las personas, prescribe que la información negativa se reporta inmediatamente al sistema, tal como se reporta hoy día al Boletín Comercial, sin exigirse el consentimiento del deudor, pero en materia de información positiva del deudor, esto es, información sobre las obligaciones económicas al día, el proyecto establece la necesidad de requerirle al titular de los datos su consentimiento para que esa información ingrese al sistema. Al respecto indica que el proyecto es bastante exhaustivo en incorporar resguardos para obtener ese consentimiento. La Comisión de Economía incorporó en esta materia el resguardo de que este consentimiento no puede ser parte de otro contrato ni condición para su suscripción. Además, ese consentimiento tiene una vigencia que no podrá ser superior a 15 días y opera solamente respecto del otorgamiento del crédito.
En este orden de ideas, reitera la importancia de reponer vía indicación la posibilidad de que el oferente del crédito una vez otorgado éste pueda acceder al sistema para saber cómo está el comportamiento de crédito de ese deudor, ya que esta información le permitirá saber si está gestionando en forma correcta el riesgo de crédito y si los niveles de provisión que tiene son los adecuados.
Los Diputados señores Robles, Jaramillo y Ortiz expresan sus aprensiones acerca del uso de los datos de los deudores relativo a su nivel de endeudamiento, del resguardo de la privacidad de esta información y de cómo el uso de dicha información puede afectar el acceso al crédito especialmente de los pequeños deudores. Por ello solicitan se recabe mayor información para conocer las diversas aristas que tiene un proyecto de esta naturaleza.
Al respecto, el Diputado señor Robles manifiesta que este proyecto en definitiva va a permitir a los bancos conocer la información financiera de los pequeños deudores, que son los que en su gran mayoría solicitan sus créditos en el sector no bancario como el retail, lo que va a perjudicar su acceso al crédito bancario.
Ante las diversas inquietudes expresadas por los señores parlamentarios el señor Vergara, Presidente del Banco Central reitera que la experiencia internacional de los principales países del mundo es contar con un sistema de obligaciones económicas que contenga tanto la información negativa como positiva de los deudores. Ello, entre otras razones, permite prevenir crisis económicas, salvaguardar la estabilidad financiera del país y reducir los problemas de solvencia, ya que el supervisor tendrá a su disposición una gama más amplia de información.
Respecto del efecto de esta iniciativa en los pequeños deudores, estima que los va a beneficiar en la medida que sean buenos pagadores porque hoy la información de que son buenos pagadores pertenece al retail, lo que dificulta que ese deudor pueda acceder a créditos con condiciones más beneficiosas dado su historial. Al establecer este proyecto que el deudor es dueño de su información financiera aumenta la competencia entre los oferentes de crédito lo que permite a los buenos pagadores acceder a mejores condiciones. Respecto de los pequeños deudores que no pagan al día sus obligaciones, evidentemente se verán perjudicados con este nuevo sistema.
Opina que, en definitiva, con esta iniciativa el buen pagador tendrá más opciones al momento de solicitar un crédito. Con respecto a la privacidad de los datos del deudor, reitera que el proyecto resguarda adecuadamente esto porque la información del deudor no pasa a los demás oferentes de créditos
Finalmente, insiste que desde la perspectiva del Banco Central es importante que el oferente del crédito tenga acceso al seguimiento de las obligaciones económicas del deudor.
El señor Jorge Awad ( Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras) plantea que una mejor información permite mejorar el desarrollo de los mercados y tener una banca sólida, que pueda prestar dinero con un adecuado nivel de conocimiento. Cuando en todo el mundo se alaba éste, no cabe más que insistir en lo que significa para las instituciones financieras, que tienen una relación 10:1 entre lo que deposita el público y lo que tienen para prestar y lo que corresponde al dueño, habida cuenta de la obligación fiduciaria que les asiste, contar con más información para prestar bien. El proyecto en comento apunta precisamente a que los bancos puedan saber más, pero en él no se despoja a nadie de su información personal, la cual es privativa de cada deudor. Lo importante es hacer una buena carretera de información y que la industria sea capaz de utilizarla con todos los resguardos que establecen las leyes sobre la privacidad de los datos de los consumidores, de modo que todos los oferentes de crédito -de los cuales la banca representa la mitad- puedan operar con más oxígeno, que en este caso es el conocimiento.
Se declara fanático del proyecto en comento, porque cada día que pasa se convence más de que Chile no merece otra cosa que tener justicia a través de la equidad en el manejo de la información. Los bancos están funcionando con el 50% del conocimiento que requieren para que el sistema sea sustentable y esto no puede seguir ocurriendo en el país.
El señor Ricardo Matte ( Gerente General de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras) señala, a modo de introducción, que para prestar dinero se debe evaluar el riesgo de no pago del potencial deudor, y una adecuada evaluación necesita más y mejor información, por lo que adquiere gran importancia el historial crediticio del potencial deudor. Haciendo una analogía con las carreteras vehiculares, advierte que las restricciones de información pueden resultar muy caras. Así, borrar el DICOM de una persona equivale a oscurecer o generar neblina en la carretera del crédito, lo que puede producir problemas. Homologando esta situación con la contratación de un seguro de auto, plantea que conocer el registro de multas de cada conductor permite a las compañías aseguradoras evaluar mejor el riesgo inherente y lo justo sería que un mal conductor pagara una prima de seguro mayor y, un buen conductor, una prima menor. Sin embargo, para un mal conductor es buen negocio “esconderse en el promedio”, de modo que su prima no resulta proporcional a su verdadero riesgo, mientras que un buen conductor no querrá “subsidiar” al malo, por lo que preferirá que su historial sea conocido. Por tanto, conocer los historiales beneficia al buen conductor (probablemente, si las aseguradoras conocieran quiénes han sido buenos conductores durante la vigencia de una póliza, les ofrecerían productos más baratos al vencimiento de la misma), limita la circulación de los más peligrosos y descuidados, y baja el riesgo de accidentes. Del mismo modo, entregar esta información es beneficioso para quienes tienen un buen comportamiento en el mercado financiero.
Refiriéndose a los objetivos del SOE (Sistema de Obligaciones Económicas), señala que ellos son básicamente dos:
1. Permitir mayor cobertura y alcance del sistema de información, incluyendo información positiva no bancaria, para posibilitar una mejor evaluación de riesgos por parte de los oferentes de crédito, tanto individual como sistémico.
2. Reforzar los derechos de los titulares de los datos, exigiendo siempre su consentimiento para utilizarlos.
En cuanto a los efectos de contar con más y mejor información, indica que ésta:
1. Mejora el acceso al crédito de los consumidores, con mejores condiciones de montos y tasas para los buenos pagadores, al poder mostrar su historial de cumplimientos;
2. Permite a todos los oferentes de crédito realizar una mejor evaluación de riesgo de sus respectivas carteras, y
3. Acota el acceso al crédito de los malos pagadores, quienes corren el riesgo de caer en sobreendeudamiento y morosidad, poniendo en riesgo a las personas y al sistema en general, que es considerado un bien público.
Ampliando lo aseverado, destaca que, tal como afirmara el Presidente del Banco Central, intercambiar información positiva de deuda lleva a:
1. Una menor tasa de rechazo de solicitudes de crédito, porque es menos probable que un buen pagador sea rechazado.
2. Menores tasas de interés para los buenos pagadores. En efecto, estimaciones preliminares permiten proyectar una caída de hasta 7 puntos porcentuales en algunos segmentos. Esta caída se explica por una menor probabilidad de mora (default) de 21%, que multiplicada por una pérdida esperada de 32% -según el modelo de una entidad representativa del mercado chileno- da un menor cargo por riesgo de cartera de 7 puntos porcentuales.
3. Una mayor competencia entre oferentes por captar a los buenos pagadores, lo que va en directo beneficio de los clientes y consumidores, y
4. Una mejor supervisión financiera, puesto que mejores tasas de cumplimiento en pagos reducen el riesgo de crédito agregado en la economía.
Consultado al respecto, afirma que la tasa de riesgo en créditos de consumo de 0 a 50 UF, es de 8,3% y el cargo por ello promedia el 34,7%. En cambio, en los créditos de 51 a 200 UF, el riesgo es 5% y, en los de más de 200 UF, es de 2%. Contando con mayor información, se cree que habría posibilidad de rebajar entre 3 y 7 por ciento el cargo por riesgo, favoreciendo con menores tasas de interés a los créditos más pequeños, que en promedio son de $ 2,5 millones a 36 meses plazo.
Por otra parte, sostiene que un sistema amplio de información, que considere tanto elementos positivos como negativos, tiene las siguientes ventajas:
1. “Ensancha la carretera” del crédito, porque ofrece más y mejores condiciones a las personas.
2. Promueve una mayor inclusión financiera, elemento muy importante para que Chile “se sienta cercano” a ser un país desarrollado.
3. Beneficia a los consumidores y evita la cultura del “no pago”. Hoy en día, existe un relajamiento en la cultura de pago de los deudores y, en tal sentido, el proyecto la combate directamente, favoreciendo al buen pagador.
4. Genera más equidad, por ejemplo, mediante un mayor acceso de mujeres al mercado de crédito debido a su menor nivel de morosidad.
Agrega que distintos estudios realizados por múltiples instituciones, entre ellas el Banco Mundial, la OCDE, el Cato Institute, el Policy and Economic Research Council y el Banco Central de Chile, destacan los efectos favorables de incluir información positiva sobre los clientes bancarios.
Destaca el expositor que la protección de la privacidad de los datos se garantiza al requerirse el consentimiento previo del potencial deudor para que su información sea consultada por los oferentes de crédito.
Indica que para que el SOE funcione adecuadamente, la ABIF considera necesario perfeccionar el proyecto en comento en los siguientes aspectos:
1. Transición. Como lo manifestó el Presidente del Banco Central , hasta que la base de datos esté totalmente poblada con información histórica, deben mantenerse los sistemas de información existentes. No hacerlo reduciría el nivel de información disponible respecto de la situación actual (aunque se recomienda apurar el poblamiento del SOE). En el estado actual del proyecto, sin embargo, hay una limitación a la información en lo que respecta a los deudores, pues, dentro de los dos primeros años de vigencia de la nueva ley, las instituciones financieras sólo podrán acceder a información de sus propios clientes, lo cual tiene consecuencias negativas para el proceso de evaluación de riesgos con miras al otorgamiento de créditos y limita la competencia al no poder conocer los bancos el estado de situación de los deudores de sus pares.
2. Acceso permanente. Para una adecuada evaluación del riesgo de crédito de los clientes, la autorización que éstos otorguen al oferente para acceder a su información debiera poder mantenerse durante toda la vigencia de la deuda (contingente o efectiva).
3. Prohibir y sancionar la revelación a terceros. Vinculado con lo anterior, en lugar de impedir a los aportantes el almacenamiento de la información positiva (aspecto esencial para permitir el monitoreo de los riesgos y la auditoría de procesos), lo que se debiera castigar es su revelación a terceros, salvo excepciones que la ley autorice.
En conclusión, afirma que el proyecto beneficia directamente al buen pagador, porque permitirá ofrecerle mejores condiciones de crédito, menores tasas, más inclusión y beneficios para las mujeres; favorece la estabilidad financiera, porque permite conocer cuánto se debe y, por ende, reducir el riesgo total del sistema; favorece la competencia entre oferentes de crédito por captar a “buenos pagadores”, y refuerza los derechos de los titulares sobre sus datos, bajo la premisa de que la información es del cliente. En definitiva, el proyecto implica más acceso al crédito, menores tasas de interés, mayor competencia entre oferentes y menor segmentación del mercado crediticio, todo lo cual redunda en más inclusión financiera, más movilidad y más equidad en el sistema.
El Diputado señor Robles pregunta, ¿cómo se administra hoy en día la información sobre las deudas bancarias? Cree que la información personal pertenece al individuo y no tiene por qué darse a conocer a terceros si el deudor está al día en el pago de sus obligaciones. Asimismo, si el potencial deudor no autoriza el acceso a sus datos, seguramente no será sujeto de crédito, pero con su autorización todos sus datos pasarán a ser de dominio público. Plantea que las personas de menores ingresos suelen endeudarse con casas comerciales y no tienen acceso a crédito bancario. Consulta, ¿cuál sería el efecto de este proyecto en la situación de ellas?
El señor Awad responde que actualmente existe información en línea de las deudas bancarias, tanto vigentes como en mora (información positiva y negativa) que la SBIF resume una vez al mes y a la que todos los bancos pueden acceder. En cambio, no hay información del endeudamiento que tiene cada persona con el retail, razón por la cual los bancos prestan dinero teniendo la mitad de la información que requieren. En cuanto a las personas de menores ingresos, señala que ellas acceden a crédito a través de las divisiones de consumo de los bancos.
El Diputado señor Auth comparte la necesidad de que los bancos tengan información completa sobre sus eventuales deudores y entiende que esto es positivo tanto para la banca como para los buenos pagadores. No obstante, previene sobre la conveniencia de que la información positiva siga siendo de propiedad de las personas y no sea accesible a los bancos con los que el individuo no tenga relación comercial alguna.
El Diputado señor Marinovic consulta, ¿en qué momento deberá entregar el deudor su consentimiento para que su información comercial sea conocida por un banco? Entiende que, si lo hace al momento de solicitar un crédito, la autorización para que el banco acceda a sus datos sería voluntaria, pero si lo hace al suscribir un pagaré, sería forzada, pues operaría como requisito para obtener el crédito.
El Diputado señor Silva pide invitar al encargado del Banco Mundial en Chile, para que dé a conocer la experiencia internacional en materia de registros de información comercial. En segundo lugar, reitera su apoyo al proyecto, aun cuando no le gusta que el SOE vaya a estar a cargo de la SBIF. Al respecto, se manifiesta sorprendido de que actualmente esta repartición pública maneje información positiva sobre los deudores bancarios. En tercer lugar, pide ampliar la explicación sobre el efecto que esta iniciativa tendría sobre las tasas de interés. Finalmente, pregunta qué tan efectivo es que el consentimiento del deudor para proporcionar información personal será voluntario, en el entendido de que operaría como requisito ya sea para acceder al crédito o a tasas de interés más convenientes.
El Diputado señor Recondo consulta, ¿cuál sería el efecto del proyecto de ley relativo a la tasa máxima convencional sobre la iniciativa en comento? Cree que, al contar con más información sobre sus eventuales clientes, los bancos deberían elevar las tasas a quienes parezcan más riesgosos, pero se verían constreñidos a rechazarlos al no poder exceder la máxima convencional.
El Diputado señor Marinovic pregunta si existe en los formularios de solicitud de crédito o en los contratos de mutuo alguna cláusula que permita a los deudores autorizar a los bancos para transmitir sus datos a la SBIF, como de hecho ocurre. Pide hacer llegar los estudios que han permitido a la ABIF proyectar la caída de las tasas de interés a raíz de esta iniciativa. Pregunta si lo informado por el SOE será la capacidad de endeudamiento de las personas o sólo su deuda efectiva. Solicita remitir un certificado de deuda anónimo que permita apreciar qué tipo de información se está entregando hoy a la banca. Por último, pregunta qué porcentaje de las operaciones de crédito se realizan actualmente por los bancos y qué proporción corresponde al retail.
El Diputado señor Ortiz consulta si el acceso a mayor información sobre sus clientes permitiría a los bancos rebajar la tasa de interés aplicable a las líneas de crédito asociadas a las cuentas corrientes.
El señor Awad señala que resulta paradojal tratar lo obvio, y es que, o existe un fenómeno de desconfianza generalizada hacia la banca, o simplemente se trata de un problema operativo, que se resuelve “iluminando la carretera”. Plantea que, cuando se conozca información sobre los deudores que hoy no se entrega, se podrá apreciar lo justo, equitativo, razonable y transparente que es lo que está requiriendo la banca, donde las decisiones se toman sobre datos y no sobre impresiones. Invita a reflexionar sobre esta materia, pues cuando el retail financiero no acepta informar acerca del endeudamiento de sus clientes y tampoco quiere consolidar las deudas en un sistema único, nos encontramos con un mercado en el que hay asimetría de información. De lo que se trata es únicamente de que todo el que quiera acceder a crédito entregue su perfil económico completo, tal como el que quiere acceder a una buena atención de salud debe proporcionar su información de salud completa. Es muy importante cuidar la salud del sistema financiero y no hay mejor sistema conocido para ello que contar con información de calidad. Hace presente, por último, que la autorización para acceder a la información de los deudores tendrá que ser otorgada por éstos al momento de solicitar un crédito y que ella se conocerá de manera agregada, sin identificar a los acreedores y sin posibilidad siquiera de tener copia de ella porque el proyecto prevé que sólo pueda ser vista a través de la pantalla del ejecutivo bancario.
Invita, finalmente, a pensar cómo el país puede llegar a contar con un sistema prudencial de estabilidad financiera y ahorrarse miles de millones en pérdidas al evitar que los bancos presten mal el dinero que administran. Destaca que la capacidad de servicio de la banca está probada, pues existen 24 millones de contratos en ella, pero no se puede seguir aumentando la bancarización con el nivel de información actual.
La señora Rosario Celedón ofrece efectuar una presentación más detallada del proyecto para que los miembros de la Comisión puedan entender cabalmente el funcionamiento del SOE.
Respondiendo a algunas de las preguntas formuladas, señala que, en sesión del Consejo del Banco Central efectuada la semana pasada, el Presidente del organismo trató de ilustrar que alrededor del 50 ó 60 por ciento del mercado crediticio está cubierto por la banca y el resto presenta una cantidad de oferentes de crédito bastante dispersa, que incluye créditos automotrices, del retail, de cajas de compensación, de cooperativas, de compañías de seguros (a rentistas vitalicios), todo lo cual configura un mercado muy segmentado según las características de los clientes. En ese contexto, la intención de consolidar y tener información de endeudamiento global, indispensable para tener una mirada sistémica y definir políticas públicas sin necesidad de esperar que el Banco Central haga encuestas de financiamiento de hogares cada cuatro años, es un anhelo de larga data en el país. En efecto, la primera vez que se planteó este tema fue en 1997, cuando se discutía la actual Ley de Bancos, y el gobierno de la expresidenta Bachelet presentó en su momento un proyecto sobre la materia que no prosperó en el Congreso, siendo la presente iniciativa muy similar a aquél. Se trata de introducir algunos perfeccionamientos al sistema de información comercial que hoy se compone básicamente de un boletín que contiene sólo información negativa de distintas fuentes, cuya publicación está expresamente autorizada por la Ley de Protección de Datos Personales y regulada por un decreto supremo del año 1928.
Por otra parte, explica que el tratamiento de esa información ha llevado a que la legislación dictada en el último tiempo haya apuntado en sentido contrario a lo que plantea la ABIF, ordenándose dos veces en los últimos diez años suprimir información de ese registro. Ante la falta de confianza en la calidad de la información contenida en el boletín comercial y la dificultad para aclararla, se ha optado por eliminar los datos sobre el comportamiento histórico de los deudores, por ejemplo, perjudicando a los buenos pagadores.
Manifiesta que lo que se propone, entonces, es crear un sistema de información de deuda consolidada, que en principio sería administrado por un privado, previa licitación y sujeto a una serie de reglas y a un régimen de fiscalización, lo que en la Comisión de Economía se vio como un obstáculo para lograr un consenso, optándose por encomendar su gestión a la SBIF, que ya administra un sistema equivalente, como es el registro de las deudas bancarias. En el SOE, la información negativa se reportaría automáticamente tal como sucede hoy, mientras que la positiva entraría al sistema en forma automática, pero se requeriría el consentimiento del titular de los datos para que ella pueda salir del mismo y ser conocida por los oferentes de crédito, que en el proyecto se denominan también aportantes de información, y por las distribuidoras.
En relación con las aprensiones manifestadas por los miembros de la Comisión en cuanto a la propiedad y al uso de la información, señala que los artículos 1º al 7º del proyecto resultan claves para clarificar qué es información positiva o negativa, cómo funciona el sistema y quiénes son sus actores relevantes. Destaca especialmente el artículo 3º, que la Comisión de Economía discutió durante ocho meses y que probablemente sea el que requiera también más atención de la Comisión de Hacienda. Precisa que la información tendrá que ser entregada por el titular de los datos al momento de solicitar un crédito, debiendo comunicársele que será incorporada al sistema, el propósito de ello y las personas o entidades que podrán consultar la información recibida.
Aclara finalmente que la información sobre deudas bancarias que administra la SBIF, si bien se rige por los mismos principios que el SOE, tiene una lógica distinta, pues dice relación con la supervisión de entidades que prestan dinero del público a sus clientes. Por eso es que todas las deudas bancarias se reportan en línea y la SBIF consolida esa información y la devuelve a los bancos para que éstos puedan saber cómo se comportan sus carteras y hacer las provisiones correspondientes. Sugiere invitar al Superintendente de Bancos para que pueda exponer sobre la materia.
El señor Matte explica que en los bancos existen modelos para medir riesgos y calcular probabilidades de incumplimiento, lo que permite identificar clientes buenos y regulares, y distinguir entre éstos clientes nuevos y antiguos. Es evidente que los clientes antiguos son menos riesgosos porque de ellos se tiene mucha más información. Así, se ha determinado que, en el caso de los clientes regulares nuevos, que son desconocidos para los bancos, la probabilidad de incumplimiento fluctúa entre 18 y 28 por ciento, mientras que en el caso de los regulares antiguos la probabilidad de incumplimiento varía entre 7 y 13 por ciento. Tomando ambos extremos, la diferencia (28-7) da 21, valor que debe multiplicarse por la pérdida esperada, que en este caso es de 32% para todos los deudores, lo que da como resultado una tasa de riesgo de 7% para los créditos de menor cuantía. Tratándose de créditos de montos superiores, se ha calculado que la tasa de riesgo disminuye al 3%. De ahí que, teniendo los bancos información positiva e histórica sobre sus potenciales deudores, se podría reducir significativamente la tasa de interés aplicable a las operaciones crediticias. Por el contrario, cuando no se conoce el historial de un cliente, los bancos se protegen elevando las tasas, lo que responde a un fenómeno económico denominado “selección adversa”, pero posibilita también el ingreso de deudores más riesgosos al sistema. En tal sentido, el proyecto contribuye no sólo a rebajar las tasas crediticias, sino también a bancarizar.
El Diputado señor Recondo se manifiesta partidario del proyecto, pero confirma que la población siente desconfianza hacia la banca, debido justamente a la asimetría de información existente entre ambas.
El Diputado señor Auth tiene la impresión de que la disponibilidad de información positiva tendrá el efecto de reducir o anular la importancia de la información negativa, porque, si un banco sabe que una persona cayó en mora hace años, pero luego ha cumplido todos sus compromisos y está mínimamente endeudada en relación a su capacidad de pago, es obvio que la morosidad pasada tendrá menos importancia que la que tendría si los bancos sólo pudieran conocer esa circunstancia.
El Diputado señor Robles observa que las tasas de colocación se aplican tanto a los buenos como a los malos pagadores hoy en día. Por lo mismo, no confía en que el proyecto contribuya a la rebaja de tasas e insiste en que no hay motivo para que un buen pagador esté obligado por ley a entregar información a la banca sobre su comportamiento crediticio. Pide antecedentes de legislación comparada sobre la materia.
La señora Corina Arteche (representante del Banco Mundial) indica que el Banco Mundial en los últimos 11 años ha tratado el tema de sistemas de información de créditos, SIC, en todo el mundo y especialmente en América Latina, donde han participado en casi todos los países.
Hace presente que en el año 2007, el Banco Mundial realizó un estudio en nuestro país acerca de los sistemas de información crediticia, concluyéndose, entre otras cosas, la ausencia de un marco regulatorio integral en este tema, habiendo solo normativa parcial como la de la Superintendencia de Bancos para el sector bancario; una fragmentación importante de la información crediticia: por un lado estaba la información que manejaban los bancos a través de la central de deudores a cargo de la Superintendencia de Bancos y por el otro, de una manera muy dispersa, estaba la información de otros proveedores de créditos como las casas comerciales, e inexistencia de una normativa que protegiera los datos de los consumidores.
Agrega que en estos años Chile ha avanzado en estas materias; en efecto se dictó una ley de protección de datos personales y se está discutiendo esta iniciativa legal que cubre muchas de las materias que bordó el Banco en su informe del 2007.
Hace presente que el Banco Mundial elaboró unos estándares generales para los sistemas de información de créditos, que han sido de mucha utilidad, puesto que sirven como una hoja de ruta a los países para conocer las mejores prácticas internacionales en esta materia. Estos principios generales fueron publicados en el año 2011, con el objetivo, entre otros, de sistematizar toda la experiencia de los países que han modificado sus legislaciones en esta materia y para conocer, también, cuáles son los aspectos básicos que deberían ser considerados en toda reforma legislativa.
Precisa que el documento elaborado por el Banco Mundial sobre los principios generales se encuentra en la página web de esta institución.
Indica que estos principios generales fueron elaborados por el Banco Mundial por las siguientes razones:
- Toma de conciencia de la importancia de los SIC en la infraestructura financiera de un país. Se ha demostrado en estos años que tener más información financiera mejora el acceso al crédito, mejora la protección a los titulares de estos datos y mejora la medición de los riesgos sistémicos.
- Los responsables de reformas en el sector financiero incluyendo autoridades, bancos centrales, agencias de protección al consumidor solicitaron apoyo para llevar a cabo sus reformas.
- No existían estándares internacionales que aseguren la fiabilidad y eficiencia de los sistemas de información crediticia.
- La experiencia del Banco Mundial en esta materia, donde ha participado en la reforma de sistemas de información crediticia en más de 60 países desde el año 2001.
Afirma que los objetivos de estos principios generales son contribuir a la estabilidad financiera, al acceso a financiación y al crédito responsable y guiar a las autoridades, operadores de sistemas, proveedores y usuarios de datos, y a sujetos objeto del tratamiento de datos.
Manifiesta que estos principios, agrega, son flexibles, de aplicabilidad universal, genéricos, de carácter neutral, es decir, no tratan de favorecer a ninguno de los participantes dentro de un sistema de información de créditos, procuran lograr un equilibrio entre los derechos de los sujetos cuyos datos se intercambian y el intercambio de información, y considera una guía para su implementación.
Explica que para la elaboración de estos principios, se conformó un grupo de trabajo coordinado por el Banco Mundial con el apoyo del Banco de Pagos Internacional, compuesto por reguladores, autoridades, organizaciones multilaterales y asociaciones que representan a los operadores privados de sistemas de todo el mundo. En este grupo estaban representadas todas las áreas geográficas, lo que permitió conocer la realidad tanto pública como privada de todo el mundo. Este grupo, añade, basó la toma de decisiones en el consenso y comenzó a trabajar en mayo de 2009, con un periodo de consulta pública entre febrero y mayo de 2011. La fase de implementación comenzó en septiembre de ese mismo año.
Señala que los objetivos de política pública de este estudio radica en que los sistemas de información crediticia deben ser seguros y eficientes, así como respetar los derechos de los consumidores y la protección de la información, debiendo facilitar eficientemente la extensión del crédito responsable en la economía y servir de base para la creación de mercados de créditos sólidos y competitivos.
Da a conocer que estos principios generales son 5, a saber:
1. PG 1: Calidad de la información. Los sistemas de información crediticia deben contener datos exactos, oportunos y suficientes - incluyendo datos positivos - que sean recogidos de una manera sistemática de todas las fuentes relevantes y disponibles. Además, esta información se debe conservar el tiempo necesario.
En relación a este principio, relata que el Banco Mundial entrega ciertas directrices para lograr este principio:
- Exactitud, la información que se obtiene no debe tener errores.
- Oportunidad, la información deber ser actualizada y estar disponible.
- Suficiencia, que se incluya tanto información positiva como negativa.
- Recepción sistemática de todas las fuentes, es decir, debe incluir a todos los proveedores de créditos y, además, la información debe ser entregada con ciertos formatos, bajo determinados modelos que permita hacerla comparable.
- Debe indicarse el tiempo de mantenimiento de la información en las bases de datos.
Acota que este principio en el proyecto de ley en estudio está recogido en los artículos 4°, 5°, 6° y 9°.
Aclara que el hecho que un determinado principio esté recogido en el proyecto no significa que se cumple con el principio, porque debe implementarse.
2. PG 2: Seguridad y eficiencia en el procesamiento de datos. Los sistemas de información crediticia deben establecer estándares rigurosos de seguridad y fiabilidad y ser eficientes.
Señala que las directrices para este principio general dicen relación con:
- Medidas de seguridad en el tratamiento de esta información.
- Fiabilidad de la información disponible.
- Eficiencia en el manejo de la información.
Considera que este principio es sumamente técnico, por lo que debe desarrollarse en el respectivo reglamento, pero el proyecto los contempla en los artículos 12, 27 y 29.
3. P.G 3: Acuerdos de gobierno corporativo que gestionen riesgos operativos, legales y de reputación. Los acuerdos de gobierno corporativo de los proveedores de servicios y de los proveedores de datos deben asegurar la responsabilidad, transparencia y efectividad en la gestión de los riesgos asociados con los negocios y el acceso equitativo de los usuarios a la información.
Da a conocer que las directrices para este principio dicen relación con:
- La rendición de cuentas. En este proyecto se establece la realización de auditorías externas tanto para el sistema que se está creando como para los distribuidores de la información.
- La transparencia.
- El manejo apropiado de riesgos. Debe haber procedimientos para la identificación, la medición y la mitigación de los riesgos que están presentes en estos sistemas.
- El acceso equitativo a la información.
Precisa que este principio está incluido en los artículos 27 y 34, con las auditorías externas. Al respecto, estima que se podría incorporar un sistema de rendición de cuentas adicional para la Superintendencia de Bancos en cuanto administrador del SOE, por ejemplo mediante una cuenta ante alguna comisión del Congreso Nacional. Asimismo, respecto del manejo apropiado de los riesgos es necesario una mayor explicitación en la ley, para que luego fuera desarrollado en el reglamento respectivo.
4. P.G 4: Marco legal y regulatorio. El marco jurídico y regulatorio relativo a la elaboración de informes de crédito debe ser claro, predecible, no-discriminatorio y proporcional, a la vez que amparar los derechos de los titulares de datos. El marco jurídico y regulatorio debe establecer mecanismos eficientes de resolución de conflictos ya sean estos judiciales o extrajudiciales.
Indica que las directrices para este principio son:
- Claridad y predictibilidad.
- No discriminación.
- Proporcionalidad.
- Derechos de los consumidores y protección de datos. Este tema está muy desarrollado en el proyecto.
- Resolución de conflictos.
Opina que este principio se está cumpliendo al estar discutiéndose este proyecto y al haberse dictado la ley de protección de datos personales.
5. P.G 5: Flujo de datos transfronterizos. La transferencia de datos de crédito transfronterizos debe ser facilitada, en los casos apropiados, si existen requerimientos al respecto. Esto se da generalmente en países que tienen acuerdos de cooperación económica como la Unión Europea o Centroamérica.
Explica que las directrices dicen relación con:
- Condiciones previas para la transferencia de datos.
- Requerimientos para la transferencia.
Afirma que este principio, por tanto, está más bien dirigido a los países con uniones económicas o de integración.
Expresa que todos estos principios generales deben estar sustentados en una vigilancia efectiva. Para ello sería interesante que algún organismo como el Congreso Nacional o el Consejo de Estabilidad Financiera supervise que efectivamente los objetivos que este proyecto de ley propende se estén cumpliendo. Esto permite ir viendo en el camino si la ley realmente está logrando los objetivos para los cuales se dictó.
Informa que las recomendaciones para una vigilancia efectiva que entrega el Banco Mundial son: regulación y vigilancia de los SIC; contar con poderes y recursos regulatorios para la vigilancia; publicación de los objetivos y las políticas en relación con los SIC; aplicación de los principios generales para los SIC, y la cooperación entre las autoridades porque los SIC son un tema transversal, ya que dice relación con la protección de datos, protección del consumidor, con la Superintendencia de Bancos y con el Ministerio de Hacienda.
Considera que estos principios generales pueden implementarse a través de notas de orientación, notas técnicas, seminarios y conferencias. Además, mediante la asistencia técnica, las iniciativas regionales, viendo cómo se están implementando estos principios en otros países de la región y buscando metodologías de evaluación una vez que se aprueba el proyecto.
Sostiene que la implementación de estos principios es un largo y difícil trabajo. En el caso de este proyecto, se establece en sus disposiciones transitorias el plazo de un año para la dictación del reglamento, y 2 y 5 años para su entrada en vigencia. Al respecto, sugiere pensar muy bien los tiempos porque para poder hacer el reglamento, la Superintendencia de Bancos debe efectuar un diagnóstico de la situación, ya que si bien esta institución conoce perfectamente la información bancaria y la información que le envían las casas comerciales, debe ver cómo armoniza dicha información puesto que hoy esa información se recibe en diferentes formatos técnicos. Además, debe facilitarse a los que otorgan créditos que creen sistemas para poder remitir la información al nuevo sistema.
En su opinión, es preferible tomarse un tiempo mayor para la dictación del reglamento y la implementación del sistema a fin de minimizar la posibilidad que deban efectuarse correcciones en el camino.
Finaliza su exposición felicitando el Gobierno y a los parlamentarios por la presentación de esta iniciativa que va a permitir al país estar al nivel de los países europeos y de muchos latinoamericanos que cuentan con sistemas con las características ya explicadas.
El Diputado señor Robles estima que de aprobarse esta iniciativa, los consumidores quedarán en una situación de desprotección frente a los bancos y el retail porque su información comercial positiva como negativa fluirá libremente entre estos oferentes de crédito.
Expresa no entender las razones por las cuales el buen pagador, que cancela al día sus obligaciones financieras al sistema, deberá develar su información comercial al sistema.
Para entender la experiencia comparada en esta materia formula las siguientes preguntas a la invitada:
1. Desde la experiencia del BM ¿existe algún precedente a nivel internacional del sistema que se quiere implementar en Chile? Se refiere particularmente a la disponibilidad de información negativa y positiva a la vez, y que el sistema sea obligatorio, y exista una mezcla de sistema público y privado?
2. ¿Cómo explica usted que en Estados Unidos, país que cuenta con toda la información positiva y negativa por acuerdo voluntario de los emisores, haya sido el causante de la crisis sub prime donde ningún emisor de crédito se inhibió de mal prestar, pese a tener toda la información a su disposición?
3. Dice saber que desde el 2003 el parlamento francés ha intentado avanzar en consolidación de información positiva, descartándose definitivamente. ¿Cuál es la razón por la que Francia no ha querido avanzar en la consolidación de información positiva? Francia sólo opera con información negativa, al parecer. Ni siquiera los bancos tienen información positiva como acá en Chile.
4. ¿La reciente legislación en Brasil hace obligatoria la consolidación de información positiva o es una legislación que permite que voluntariamente los actores puedan consolidar información? En resumen es obligatoria o voluntaria?
5. ¿Cuántos países en el mundo tienen un sistema igual al que en Chile se propone implementar?
6. Israel es un país que por tradición manejan gran volumen de información. A su juicio, ¿por qué no han querido avanzar en materia de consolidación de información positiva?
7. Desde la perspectiva del BM, y dada todas las situaciones de inseguridad informática que se han visto en el mundo en el último tiempo y que son de conocimiento público ¿el BM igualmente cree conveniente que se avance hacia un gran repositorio universal aumentando los riesgos de filtraciones o de hackeo?
8. ¿Usted cree razonable que el ente fiscalizador, que sería la Sbif, cumpla un doble rol de fiscalizador y comercializador de información a sus fiscalizados? ¿Existe el riesgo de desvirtuar la función principal?
9. ¿Usted conoció el caso de filtración de bases de datos de la Sbif durante el año 2012 dado a conocer en un programa de denuncia de TVN?
10. ¿El sistema crediticio francés es menos profundo y más inseguro que el sistema chileno ya que sólo opera con información negativa?
11. En Australia y en Bélgica que sólo opera con información negativa (incluyendo la banca) su sistema financiero tiene mayor morosidad que el chileno y existe mayor sobre endeudamiento que en Chile?
12. ¿Por qué Alemania escogió como modelo contar sólo información negativa y consolidar deuda positiva sólo de las operaciones sobre USD$1.5 millones?
13. ¿Considera que el sistema alemán es menos robusto que el sistema chileno?
14. En Estados Unidos ¿en virtud de qué ley o normativa se consolida la información negativa y positiva?
15. ¿Dada su experiencia en estas materias, ¿cuál cree usted que es la inversión necesaria y la infraestructura requerida para operar este sistema como el propuesto a nivel nacional?
16. ¿El Banco Mundial tiene una evaluación respecto de la calidad de la información que administra el boletín comercial que maneja la Cámara de Comercio de Santiago?, ¿Cuál es la nota promedio de los países de la OCDE versus Chile?
17. ¿A juicio del Banco Mundial existen problemas serios de calidad de la información en Chile que justifiquen avanzar sobre esta materia, poniendo en jaque la protección de datos de las personas?
18. ¿Según el Banco Mundial existe desconfiada de parte de los emisores sobre la información que produce la Cámara de Comercio de Santiago?
19. ¿Cree que en Chile el problema es de falta de información o de protección de la vida privada de las personas?
20. El Banco Mundial ¿cómo evalúa el riesgo de derribar los actuales sistemas de información en Chile, que le han permitido tener una gran seriedad comercial y cultura de pago de los chilenos, para avanzar a un sistema como el que propone este proyecto de ley?
21. ¿El BM tiene conciencia del riesgo que se asume? ¿No podría esto transformarse en un Transantiago financiero o un nuevo caso “INE- Censo”?
La señora Arteche se compromete a enviar sus respuestas a la Comisión, dejando establecido que éstas deben ser visadas por las autoridades del Banco Mundial, lo que podría retardar el envío de esta información. Por su participación en todas las evaluaciones de los países de latinoamérica circunscribirá sus respuestas a esta realidad. Indica que en estos países el tema de los sistemas de información de crédito siempre ha comenzado como un tema de supervisión bancaria, razón por la cual todas las Superintendencias de Bancos tienen centrales de riesgo que se manejan entre los bancos con mayor o menor grado de apertura, dependiendo de cómo es su sistema de supervisión. En algunos países, como Perú, Uruguay, Argentina, México, Ecuador y Bolivia las Superintendencias entregan toda la información de todos los deudores tanto positiva como negativa a todos los bancos, en cambio, en otros países sólo se entrega a cada banco la información positiva y negativa de sus deudores, que es el modelo que se quiere implementar en Chile.
Explica que, en la medida que otros proveedores de crédito empezaron a dar masivamente créditos, los actores se percataron que esa información no la tenía la Superintendencia de Bancos porque dichas proveedores no están sujetos a la regulación de la Superintendencia. Frente a esta realidad surgieron los buros privados que tienen por objeto entregar a los oferentes de créditos una mayor información acerca de los deudores a fin de que los oferentes tengan más herramientas para poder hacer un análisis del riesgo. La creación de estas empresas privadas generó una serie de dudas con respecto a la protección del titular de los datos comerciales, a la manera en qué operaba el traspaso de esta información, entre otras. En definitiva, estas empresas carecían de regulación, por lo que se comenzó a dictar leyes. En el caso de Chile, Colombia y Argentina, se optó por dictar leyes de protección de datos, es decir, se prefirió regular el manejo de la información en lugar del sistema de información de créditos. Para estos dos últimos países la información crediticia bancaria no es de carácter confidencial, de hecho en Argentina con el RUT de una persona se puede acceder, a través de la página del Banco Central a la información positiva y negativa de una persona, lo mismo ocurre en Colombia, donde estiman que tener información positiva y negativa pública mejora la capacidad de las personas para acceder a créditos.
Agrega que otros países han optado por regulaciones de las Superintendencias de Bancos, en que se regulan los buros, de forma tal que se regula el tipo de información que pueden difundir y cuáles no. Este es el caso de Perú, Bolivia y Costa Rica.
Señala que países como México, Honduras, Ecuador y República Dominicana han dictado leyes que regulan el sistema de información de crédito en forma integral.
En el caso de Estados Unidos, no hay legislación en relación a estos temas porque el Estado no se involucra. El detalle de la forma en que los oferentes de crédito obtienen la información de los deudores lo contestará por escrito.
En cuanto al tipo de información que se debe considerar, indica que México, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Argentina se maneja y se entrega información tanto positiva como negativa de los deudores, con consentimiento del deudor, salvo el caso de Argentina. Estos países consideran que la información positiva favorece al deudor porque si una persona tiene por ejemplo 6 créditos de consumo en 6 casas comerciales distintas y se atrasa en una cuota de unos de esos créditos, si sólo se entrega la información negativa lo único que va a aparecer en el sistema de esa persona es que está morosa en una tarjeta de crédito, pero no va a aparecer que en las otras cinco paga puntualmente. Por tanto, en la medida que se tenga más datos de un deudor, si es un buen pagador, es más fácil que a esa persona se le conceda un crédito porque el análisis de riesgo es distinto. Como el sistema ya tiene mis datos malos es importante que conozcan los datos positivos porque dicha información va a ayudar a los deudores a acceder a los créditos. Es, en definitiva, información que beneficia a las personas.
Finalmente, explica que generalmente hay dos tipos de bases de datos: una pública, que maneja la Superintendencia de Bancos con fines de supervisión, que puede entregársela o no a los buros privados y una privada a cargo de los burós. En su opinión, no importa tanto si el ente que administra la base de datos es público o privado, lo que importa es que esté regulado.
El señor Adrián Fuentes, Abogado Asesor del Ministerio de Economía , Fomento y Turismo, señaló respecto del proyecto de deuda consolidada, que se busca contar con una base de datos que permita al sistema financiero contar con información sobre las acreencias de las personas, de modo de contar con un marco jurídico común en la forma, uso y entrega de esta información.
Explicó que el texto del proyecto entrega una serie de definiciones y se efectúan una serie de modificaciones tanto desde el punto de vista regulatorio como institucional, de modo de obtener la información de la forma más expedida posible
La señora Aisén Etcheverry, Abogada Asesora del Ministerio de Economía, Fomento y Desarrollo, precisó que el proyecto en estudio se basa y funda su contenido en el boletín N° 8143-03, por lo que la cartera de Economía, está estudiando indicaciones respecto de ambos textos, de modo de contar con un marco homogéneo de regulación sobre la materia.
El señor Lorenzini, Presidente de la Comisión , explicó a los representantes del Ejecutivo que la Comisión de Hacienda no era la Comisión Técnica del proyecto y que sólo al tenor del informe de aquella (Comisión de Economía) a esta instancia legislativa sólo le correspondía pronunciarse sobre dos disposiciones del proyecto artículo 27 y artículo cuarto transitorio, referidos, por una parte a las funciones de la Superintendencia de Bancos e instituciones financieras y planta del personal y gasto fiscal que origina el proyecto, respectivamente.
Después de un debate se procede a votar las disposiciones pertinentes.
VOTACIÓN
Las disposiciones que la Comisión técnica dispuso son de competencia de esta Comisión, son el artículo 27 y el artículo cuarto transitorio. Los cuales son del siguiente tenor:
“Artículo 27. La Superintendencia, como administradora del Sistema, tendrá las siguientes obligaciones y responsabilidades:
a) Efectuar el tratamiento de la información del Sistema, conforme a exigentes estándares de confiabilidad, resguardo y seguridad, para cumplir con las funciones definidas en la ley y en su reglamento.
b) Elaborar y comunicar el historial a las entidades fiscalizadas de conformidad a lo dispuesto en esta ley y en el reglamento y elaborar y mantener disponibles las bases de datos a que se refiere el artículo 5°, en los términos de dicho artículo.
c) Mantener permanentemente disponibles la infraestructura y los soportes electrónicos que sean necesarios para recibir y almacenar en el Sistema la información que le entreguen los aportantes, y para entregar el historial a las entidades fiscalizadas, velando por la seguridad, el control y la confidencialidad de la información.
d) Velar por la continuidad de los servicios que debe proveer como administrador del Sistema.
e) Implementar mecanismos que permitan asegurar el expedito ejercicio de los derechos de los titulares de los datos.
f) Recibir, derivar o resolver las solicitudes de no inclusión, modificación, actualización, aclaración o cancelación de datos efectuadas por el titular cuando corresponda, de conformidad a lo dispuesto en esta ley.
g) Encargar la realización de una auditoría externa de procesos del Sistema cada dos años, cuyo resultado deberá ser publicado en su sitio electrónico oficial. Aquélla deberá ser realizada por una empresa de auditoría externa inscrita en el registro que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 de la ley N° 18.046.
h) Requerir de las distribuidoras o de los aportantes, cuando corresponda, copia de los documentos que acrediten el consentimiento de los titulares para comunicar los datos de obligaciones económicas, cuando éste fuere exigible de conformidad a esta ley.
i) Cumplir con todas las demás obligaciones y disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento.
Para efectos de dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades que le caben como administrador del Sistema y brindar adecuada atención ciudadana, la Superintendencia podrá celebrar convenios con municipalidades y otros organismos de la Administración del Estado que tengan presencia regional.”.
“Artículo Cuarto. Increméntase en 25 cargos la dotación máxima de personal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras vigente a la fecha de publicación de esta ley.
El mayor gasto que irrogue la aplicación de esta ley, durante lo que resta del año calendario de su publicación en el Diario Oficial, se financiará con cargo a los recursos incluidos en el presupuesto de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para dicha anualidad y, en lo que no fuere posible, con cargo a aquéllos que se consulten en la Partida Presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.
Los recursos que fueren necesarios para la ejecución de los convenios que la Superintendencia pueda celebrar con otros organismos de la Administración del Estado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 de esta ley, se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.”.
Sometido a votación el artículo 27, es aprobado con los votos favorables de los Diputados señores Auth; De Mussy; Jaramillo; Osvaldo Urrutia (en reemplazo del señor Macaya); Monsalve; Ortiz; Santana; Silva, y Walker.Votó en contra el señor Schilling, y se abstuvo el señor Lorenzini ( Presidente de la Comisión).
Sometido a votación el artículo cuarto transitorio, es aprobado con los votos favorables de los Diputados señores Auth; De Mussy; Jaramillo; Osvaldo Urrutia (en reemplazo del señor Macaya); Ortiz; Santana; Silva, y Walker. Se abstuvieron los señores Schilling y Lorenzini ( Presidente de la Comisión).
En consecuencia, habiéndose sometido a la consideración de la Comisión de Hacienda los artículos 27 y cuarto transitorio del proyecto, éstos fueron aprobados en los mismos términos que la Comisión Técnica.
-o-
Tratado y acordado en sesiones de fechas 3 y 31 de julio de 2013; 7 y 14 de agosto de 2013, y de 10 de junio de 2014, con la asistencia de los Diputados señores Sergio Aguiló; Pepe Auth; Joaquín Godoy; Enrique Jaramillo; Pablo Lorenzini; Javier Macaya; Miodrag Marinovic; Felipe De Mussy; Manuel Monsalve; Carlos Montes; José Miguel Ortiz; Carlos Recondo; Alberto Robles; Alejandro Santana; Marcelo Schilling; Ernesto Silva; Gastón Von Mühlenbrock, y Matías Walker. También asistió el Diputado señor Osvaldo Urrutia, en reemplazo del señor Macaya.
Sala de la Comisión, a 12 de junio de 2014.
(Fdo.): PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE, Abogado Secretario de la Comisión ”.
5. Informe de la Comisión de Familia y adulto mayor referido al proyecto de ley que modifica el Código Civil, declarando incapaz para suceder al difunto, a quien ejerce violencia con el adulto mayor (boletín N° 8528-32)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Familia y Adulto Mayor pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley señalado en el epígrafe, originado en moción del Diputado don David Sandoval Plaza, con la adhesión de los diputados señores Javier Hernández Hernández, Leopoldo Pérez Lahsen e Ignacio Urrutia Bonilla, y de los ex diputados (as) Giovanni Calderón Bassi, María Angélica Cristi Marfil, Enrique Estay Peñaloza, Manuel Rojas Molina, Carlos Vilches Guzmán y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO
Constituir una protección jurídica para los adultos mayores declarando incapaz para sucederlo a quién siendo su asignatario forzoso precisamente por el lazo familiar que los ha unido, lo haya maltratado o abandonado.
2.- ARTÍCULOS RECHAZADOS:
La Secretaría hacer presente que no los hay, toda vez, que la idea central contenida en el artículo único del proyecto, fue recogida ampliamente en el artículo nuevo que se propone.
3.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
No hay norma en tal carácter
4.- TRÁMITE DE HACIENDA:
No requiere de este trámite.
5.- VOTACIÓN EN GENERAL
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de diez de sus integrantes presentes, diputados (as) Daniella Cicardini Milla, Marcos Espinosa Monardes, Ramón Farías Ponce, Juan Enrique Morano Cornejo, Claudia Nogueira Fernández, Sergio Ojeda Uribe ( Presidente ), José Miguel Ortiz Novoa, Marcela Sabat Fernández, David Sandoval Plaza y Germán Verdugo Soto.
6.- DIPUTADO INFORMANTE: El señor David Sandoval Plaza
II. ANTECEDENTES
1.- De hecho
Fundamentos de la iniciativa.
Los autores señalan que muchos adultos mayores, hoy en día son abandonados por sus hijos, nietos y demás familiares o sufren violencia de parte de éstos. El abandono y la violencia, constituyen formas de maltrato recurrentes que tienen lugar cuando son considerados una carga potencial de gastos o un estorbo para el núcleo familiar a que pertenecen.
Enfatizan que habitualmente se encuentran adultos mayores que no obstante tener familia están solos, olvidados y marginados de toda actividad familiar, algunos institucionalizados en centros de larga estadía y otros, sencillamente abandonados en hospitales o en la calle, rompiéndose los lazos de comunicación y afectividad con hijos, nietos y familia en general.
Por otro lado, hacen hincapié que la violencia contra el adulto mayor es una situación que va en aumento y que genera en la víctima un daño físico, emocional y psicológico, y lo que es peor, en innumerables ocasiones es producido en su domicilio por parte de sus propios familiares.
Sin embargo, tanto en los casos de abandono como de violencia hacia los adultos mayores, los hijos, nietos y demás familiares maltratadores, siguen manteniendo sus derechos hereditarios sobre el patrimonio de la víctima.
Lo anterior, porque en materia de sucesión existe un sistema de libertad restringida, en el sentido que el causante no tiene plena facultad para disponer de sus bienes, estando obligado a respetar las asignaciones forzosas para aquellos que le ley ha señalado como sus legitimarios, es decir, los hijos, -personalmente o representados-, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente.
Por tanto si alguno de los legitimarios violentó o abandonó al causante adulto mayor, igualmente mantendrá su calidad de legitimado, salvo que mediare desheredamiento el cual procede en virtud de disposición testamentaria expresa y solo por las causales señaladas en la ley, y requiere ser probada.
A mayor abundamiento, en general opera mayormente la sucesión intestada, por lo que el desheredamiento tiene poca aplicación.
Asimismo, se debe tener presente que para suceder a una persona se debe ser capaz y digno de suceder.
Actualmente quién abandona o violenta a un familiar adulto mayor, no pierde su capacidad para suceder al causante, no obstante la gravedad de estos hechos, por lo tanto una vez abierta la sucesión podrá participar libremente de la misma.
Sus autores precisan que atendido el inmenso dolor que genera para el adulto mayor, tanto el abandono como la violencia por parte de sus familiares, estiman procedente considerar ambas situaciones como causales de pérdida de aptitud legal para suceder al causante o de su calidad de legitimarlo.
Es por ello que proponen una modificación legal, en orden a incluir como incapacidad relativa y excluir como legitimarlo a quiénes hubiesen ejercido violencia o abandonado al adulto mayor.
2.- De derecho: Normas aplicables
I.-Protección jurídica actual de los adultos mayores
-Ley N° 20.427 de 2010, incluyó al adulto mayor en la legislación nacional, modificando normas de la Ley de Violencia Intrafamiliar y de los Tribunales de Familia, en la forma que a continuación se explica:
A.-Ley de Violencia Intrafamiliar:
1.--Específicamente, como sujeto vulnerable especial al que el Estado debe protección, en el artículo 3° de la ley Nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar:
Efectos
-Se establece expresamente que las personas mayores son sujetos de políticas de prevención de violencia que el Estado debe adoptar.
-Se deben incorporar en los planes y programas de estudios, contenidos destinados a modificar las conductas de maltrato hacia las personas mayores.
-Desarrollar planes de capacitación orientados a los funcionarios públicos relacionados con la aplicación de la ley de VIF.
-Desarrollar políticas y programas de seguridad pública para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar ejercida contra mayores.
-Favorecer iniciativas de la sociedad civil para el logro de los objetivos de la ley de VIF.
-Crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos relacionados con la violencia intrafamiliar ejercida contra mayores.
2.-Se incorpora al adulto mayor como sujeto posible de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, mediante la modificación del inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Violencia Intrafamiliar:
Efectos
-Se reconoce el maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de una persona mayor.
-Sanciona a quien ejerza maltrato en un mayor autovalente o con dependencia y que lo tenga bajo su cuidado, sea cónyuge, conviviente, o pariente consanguíneo o por afinidad en toda la línea recta (hijos, nietos, bisnietos) o en la colateral (hermanos, primos) hasta el tercer grado inclusive.
-Se sanciona, dependiendo de la gravedad, desde multa, prohibición de acercarse a víctima, abandonar hogar común, hasta pena restrictiva de libertad, (61 a 540 días) cuando se trate del delito de maltrato habitual.
3.-Se incorpora al adulto mayor dentro de las personas susceptibles de riesgo inminente de sufrir maltrato, mediante la modificación del artículo 7° de la Ley de Violencia Intrafamiliar referido a “situaciones de riesgo”:
Efectos
-El tribunal debe tomar medidas de protección o cautelares, con el sólo mérito de la denuncia, ante situaciones de riesgo de violencia intrafamiliar aún cuando no se hayan llevado a cabo.
-Se incluye el abuso patrimonial como situación de riesgo inminente, explicitando justamente las situaciones por las que son abusadas las personas mayores.
4.-Se incorpora al adulto mayor como persona a la que el Estado debe proteger cuando es víctima del delito de maltrato habitual, esto es, en el ejercicio habitual de violencia física o síquica respecto de las personas protegidas por la ley de violencia intrafamiliar. El requisito determinante de este delito es que los actos de violencia intrafamiliar sean repetidos porque para apreciar la habitualidad el tribunal atenderá al número de actos ejecutados y a la proximidad temporal de los mismos.
Efectos
-El tribunal de familia debe enviar los antecedentes al Ministerio Públicos para que inicie la investigación por el delito de maltrato habitual. -Lo mismo ocurre si de los antecedentes examinados en la audiencia preparatoria o de juicio, aparece que el denunciado o demandado ha ejercido violencia en los términos del artículo 14 de la ley Nº 20.066 (maltrato habitual).
Tribunales competentes en caso de maltrato de un adulto mayor
-Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan delito sino una falta.
-El Ministerio Público, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan delito, esto es, dará curso a la investigación pertinente en caso de que se trate del delito de maltrato habitual, de acuerdo a la calificación que efectúe el respectivo juzgado de familia y le remita los antecedentes.
La diferencia entre uno y otro se encuentra, desde luego, en la diversa gravedad de sus consecuencias jurídicas, pero también en relación a quién tiene competencia para investigarlos y sancionarlos.
CONDICIÓN DEL ABANDONO
El abandono de la persona adulto mayor constituye un tipo de maltrato, y se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño y vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos humanos. Se produce cuando cualquier persona o institución no asume la responsabilidad que le corresponde en el cuidado de un adulto mayor, o que habiendo asumido su cuidado o custodia, lo desampara de manera voluntaria.
Dicho lo anterior, el maltrato puede ser físico, psicológico, sexual, patrimonial, estructural, por negligencia o por abandono.
Puede realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por desconocimiento de manera no intencionada.
El maltrato puede ocurrir en el medio familiar, comunitario o institucional. La violencia contra las personas de edad puede adoptar muchas formas y se produce en todas las esferas sociales, económicas, étnicas y geográficas.
1.- Maltrato físico
Agresiones que dañan la integridad corporal y que son hechas con la intención de provocar dolor, lesión o ambas (empujones, zamarreos, bofetadas, golpes, cortes, quemaduras, ataduras, pueden ser acompañados de aislamiento físico y afectivo). Se trata de lesiones visibles como cortes, quemaduras, moretones.
2.- Maltrato psicológico
Actos intencionales que producen malestar mental o emocional en la persona, como son las agresiones verbales, aislamiento, amenazas de intimidación, humillación, falta de respeto a sus creencias, ridiculización y cualquier otra conducta degradante, amenaza de abandono, o de envío a un establecimiento de larga estadía, sin su consentimiento, falta de consideración de sus deseos y sobreprotección que genera sentimiento de inutilidad o limita la capacidad de decidir.
Este actuar puede producir perjuicio en la salud psicológica, en la capacidad de decidir, en la pérdida de la autoestima y en el deterioro de su bienestar.
El maltrato psicológico es más difícil de reconocer, pues afecta al mundo interior de cada persona, y cuando se empieza a notar, el maltrato está en un estado bastante avanzado. Sin embargo, existen conductas que podrían poner en alerta, como lo son llanto, gestos de angustia, mirada temerosa, aislamiento, sobresalto, miedo y depresión
3.- Abuso patrimonial
La utilización de la pensión o jubilación del adulto mayor o una parte de ella, en beneficio propio, así como también la apropiación de bienes, propiedades o del patrimonio en general, mediante fraude, engaño o amenazas.
Este tipo de maltrato se puede observar cuando la persona va sufriendo un deterioro elocuente respecto a su nivel socio económico, como por ejemplo, cambio en el vestir, dispone de menos dinero que lo habitual, el traslado de su pieza al interior de su propia vivienda por orden de un tercero.
4. Negligencia
La negligencia consiste en no entregar los cuidados o supervisión necesarios de alimentación, vestuario, higiene y cuidados médicos apropiados que un adulto mayor requiere.
Este tipo de negligencia puede ser pasiva, cuando es consecuencia de un desconocimiento o incapacidad por parte del cuidador. En cambio, pasa a ser activa cuando se realiza de modo intencional.
5. Abuso sexual
Realización de actos sexuales con una persona mayor sin su consentimiento, empleando fuerza, amenaza o aprovechándose de que existe un deterioro cognitivo que lo incapacita para dar dicho consentimiento.
6. Maltrato estructural
Ocurre cuando no se han generado las condiciones para la adecuada satisfacción de las necesidades básicas de las personas, afectando el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos.
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La iniciativa en estudio consta de dos artículos:
Por el artículo 1°
Se propone agregar un inciso tercero en el artículo 1182 del Código Civil, el que se refiere a las personas que son legitimarias, esto es, quienes deben recibir de manera legal y forzosa una asignación en el caso de sucesión testada. La legítima es una asignación forzosa que sólo podría evitarse en caso de desheredamiento o indignidad del asignatario forzoso. Lo que se propone, es evitar que los asignatarios forzosos, -cónyuge e hijos-, hereden cuando hayan abandonado o maltratado físicamente, moral o patrimonialmente al causante.
La norma propuesta distingue dos situaciones:
1.- Que el causante sea un adulto mayor que haya estado internado y abandonado por quienes eran sus legitimarios forzosos, hecho que deberá constar por escrito, y, por ende, constituirá medio de prueba en juicio.
2.- Que el causante haya sufrido violencia y ésta haya sido declarada por sentencia ejecutoriada, es decir, debe haberse incoado denuncia por violencia intrafamiliar en los tribunales de familia, de conformidad con la ley N°20.066 (VIF).
Por el Artículo 2°
Se propone agregar un inciso tercero en el artículo 964 del Código Civil el que se refiere a las incapacidades para suceder a un causante como heredero o legatario, esto es, la falta de aptitud legal. El inciso que se propone agregar, declara incapaz, igualmente, para suceder al difunto, a quien lo hubiera abandonado o maltratado, con las mismas exigencias de prueba indicadas en el artículo anterior.
IV. INTERVENCIONES ANTE LA COMISIÓN
Por la sencillez de las normas jurídicas propuestas, no se efectuó audiencia pública.
V. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS
-Discusión y votación del proyecto
1.- EN GENERAL
Los integrantes de la Comisión se manifestaron todos muy de acuerdo con los fundamentos de las iniciativas en cuanto a la necesidad de legislar porque coincidieron en que no existe una protección civil respecto de las personas adultos mayores desvalidas y maltratadas por sus familiares más directos, desde la mirada del derecho sucesorio.
Asimismo, concordaron en que el aumento en las denuncias por agresiones contra adultos mayores, -en un 71,3% entre 2011 y 2012-, justifican plenamente la incorporación en el Código Civil de una medida que sancione ejemplarmente a quienes maltrataron, en cualquier forma, a quien precisamente debían asistencia y cuidado, en definitiva, de modo que les impida ser los continuadores de los bienes que pudo llegar a adquirir el adulto mayor a lo largo de su vida.
Por lo anterior, y puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de diez de sus integrantes presentes, diputadas y diputados Daniella Cicardini, Marcos Espinosa, Ramón Farías, Juan Enrique Morano, Claudia Nogueira, Sergio Ojeda ( Presidente ), José Miguel Ortiz, Marcela Sabat, David Sandoval y Germán Verdugo.
2.- EN PARTICULAR
Sin embargo, y estando todos plenamente de acuerdo con la idea matriz de la iniciativa, manifestaron aprensiones en cuanto a las normas que el proyecto propone modificar para cumplir su objetivo, es decir, los artículos del Código Civil 1182 que señala las personas que son legitimarias, y 964, que se refiere específicamente a la incapacidad de suceder de una persona condenada por el delito de dañado ayuntamiento.
Los integrantes de la Comisión concordaron, siguiendo a la doctrina, que la incapacidad dice relación únicamente con la falta de aptitud legal de una persona para suceder a otra, como en el delito de dañado ayuntamiento mencionado en el art. 964, el que hoy, por lo demás, no existe en Chile.
Asimismo, agregaron que igualmente se debe tener presente que la formulación de una incapacidad para suceder opera de pleno derecho, no siendo necesaria una declaración judicial en tal sentido. Debe considerarse, por tanto, que la incorporación como incapacidad de hechos constitutivos de abandono o de maltrato supone objetivizar, desde un punto de vista normativo, circunstancias de base subjetivas, cuyos hechos podrían ser discutibles, en razón de las circunstancia de su comisión o ejecución. En otras palabras, la incapacidad por abandono o maltrato y sus circunstancias no podrán ser objeto de revisión o discusión a nivel judicial, bastaría para que ser afectado por una incapacidad, en el caso del abandono, por ejemplo, que la última institución donde estuvo el causante así lo certificara.
Lo anterior podría dar lugar a la utilización dolosa de la causal de incapacidad propuesta, o derivar su aplicación en un resultado contrario a la voluntad del causante. Así queda demostrado con los siguientes ejemplos:
-Que un coheredero o legatario denuncie de violencia o abandono al coheredero o a otro legatario a objeto de excluir a éste de la sucesión y beneficiarse de un aumento de su asignación;
-Que un cónyuge denuncie al otro de violencia, siendo éste condenado por actos de violencia, por ejemplo psicológica. Luego, se reconstituya el matrimonio, manteniéndose unidos los cónyuges hasta la terminación del matrimonio, por muerte de uno de los cónyuges. En este caso, el cónyuge denunciado sería incapaz de suceder a su cónyuge, sin tener la posibilidad de discutir las circunstancias que derivaron en tal sanción;
-Que el establecimiento que acoge al adulto mayor, eventualmente beneficiario de asignaciones testamentarias, declare el abandono por parte de un familiar del causante, con el único fin de aumentar su pretendidas asignaciones.
Por otra parte, en cuanto a los legitimario mencionados en el artículo 1182 donde se propone incorporar una de las modificaciones, los integrantes de la Comisión concordaron en que si bien es cierto se refiere a quienes deben recibir de manera legal y forzosa una asignación en el caso de sucesión testada, no es menos cierto que la propia normativa se encarga de precisar que solamente se podría evitar en caso de desheredamiento o indignidad del asignatario forzoso, y, precisamente, es este último concepto, el que concluyeron, se adapta de mejor manera al espíritu de la iniciativa; efectivamente, el proyecto de ley busca evitar que las personas que hubiesen cometido abandono o maltrato físico, moral o patrimonial, o violencia contra el mayor adulto causante, sean sus herederos o legatarios, y atendido la naturaleza de las causales establecidas en el 968, parece razonable incluir a quienes comenten las conductas como indignos de suceder porque se podrá ser legitimario, pero indigno de suceder.
La doctrina define a la indignidad para suceder, como la falta de mérito que tiene una persona para suceder a otra, y que se funda en haber tenido un comportamiento inadecuado, o conductas que implican un atentado grave para el causante, su cónyuge o parientes más cercanos. La indignidad de una persona para suceder a otro, se refiere a “conductas desleales para con él (causante) o para con su cónyuge o parientes más próximos”, esto es, en palabras del profesor Claro Solar, una sanción establecida en contra de un asignatario que carece de méritos para suceder por estar incluido en alguna de las causales que la ley taxativamente establece y en cuya virtud no puede conservar lo que ha adquirido el causante.
Asimismo, es necesario tener presente que de conformidad con el artículo 974 del mismo Código Civil, a diferencia de la incapacidad, la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno, y, declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos.
Por otra parte, cuando opera una indignidad para suceder actúa el derecho de representación del art. 984, sucediendo los hijos de los legitimarios indignos.
En virtud del análisis y debate efectuado, los diputados y diputadas de la Comisión concluyeron en que:
-Los hechos constitutivos de la exclusión de la calidad de legitimario y de la incapacidad propuestas en la iniciativa, se incorporen como una nueva causal de indignidad al artículo 968 del Código Civil, de manera de que se puedan discutir judicialmente sus circunstancias, entregando al juez la resolución del asunto; y
-Que los hechos constitutivos de la sanción de indignidad se limiten a actos de violencia intrafamiliar conforme lo dispuesto en la ley Nº 20.066 sobre violencia intrafamiliar, específicamente, en cuanto al concepto de violencia habitual, según lo define el artículo 14 de la citada ley, excluyendo la circunstancia del abandono, la cual ya configuraría una causal e indignidad de acuerdo al numeral 3º del artículo 968, que dispone: “Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios; “3º El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo;”.
En consecuencia, las diputadas y diputados presentes en el debate, señorita Cicardini, y señores (as) Espinosa, don Marcos, Farías, Morano, Nogueira, Ojeda ( Presidente ), Ortiz, Sabat, Sandoval y Verdugo, concordaron una indicación con el siguiente texto:
Agrégase, en el artículo 968 del Código Civil, la siguiente nueva causal de indignidad para suceder al difunto como heredero o legatario:
6°- El que haya sido condenado por hechos ilícitos ocurridos en contra de la persona adulto mayor, en los términos que prescribe el artículo 14 de la ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.”
Puesta en votación, fue aprobada por la unanimidad de los diez integrantes anteriormente señalados.
-o-
Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el señor Diputado Informante , la Comisión de Familia y Adulto Mayor recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.-. Agrégase, en el artículo 968 del Código Civil, la siguiente nueva causal de indignidad para suceder al difunto como heredero o legatario:
“6. El que haya sido condenado por hechos ilícitos ocurridos en contra de la persona adulto mayor, en los términos que prescribe el artículo 14 de la ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar”.
-o-
Se designó Diputado Informante al autor del proyecto don David Sandoval Plaza.
Tratado y acordado según consta en el acta de la sesión celebrada el día 11 de junio del año en curso, con la asistencia de las siguientes señoras (ita) diputadas y señores diputados: Daniella Cicardini Milla, Marcos Espinosa Monardes, Ramón Farías Ponce, Juan Enrique Morano Cornejo, Claudia Nogueira Fernández, Sergio Ojeda Uribe ( Presidente ), José Miguel Ortiz Novoa, Marcela Sabat Fernández, David Sandoval Plaza y Germán Verdugo Soto.
Sala de la Comisión, a 13 de junio de 2014.
(Fdo.): MARÍA EUGENIA SILVA FERRER, Abogado Secretaria de la Comisión ”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Farcas, Espinoza,don Fidel; Jarpa, Kort, León, Meza, Rincón, Silber y Tuma, y de la diputada señora Nogueira, que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar elrayado no autorizado en la propiedad pública o particular y en bienes de valor histórico o patrimonial. (boletín N° 9395-07)
Hace años se ha venido instaurando en nuestro país la tendencia de ensuciar las ciudades con rayados, símbolos, dibujos, mensajes, entre otros, que se estampan generalmente en muros, mobiliario urbano, buses de locomoción colectiva, lo que provoca daño a la propiedad y disminuye su valor relativo.
Daño similar es el que se provoca con estos “rayados” a monumentos, y bienes que forman parte del patrimonio cultural o histórico de la nación, y en algunos casos en bienes que han sido declarados patrimonio de la humanidad, todo lo cual causa grave daño, el que incluso a veces no puede repararse o su reparación es de alto costo.
Estos “rayados” no debemos confundirlos con aquellas manifestaciones artísticas que cuentan con la debida autorización de la autoridad, la comunidad o los propietarios de los bienes en que estas expresiones de arte se manifiesten. Estas expresiones de arte urbano deben ser fomentadas y facilitarse su expresión.
En cuanto a los rayados no autorizados, que es lo que nos ocupa, no existen reglas únicas o de aplicación general, ya que estamos hablando de un asunto relacionado con normas de aseo y ornato contenidas en ordenanzas municipales, las que suelen ser distintas entre sí. Por otra parte, nuestro Código Penal establece figuras que podrían asemejarse a las conductas que se busca sancionar por medio de este proyecto, sin embargo estas no resultan suficientemente precisas. Por ello resulta necesario establecer normas de aplicación general, claras y univocas que permitan sancionar estas conductas.
El proyecto que venimos en presentar tiene por objeto modificar nuestro código penal, estableciendo una categoría específica para la sanción de estas conductas, proponiendo la revisión del catálogo de los daños mediante la incorporación de una nueva hipótesis en la figura calificada, así como el establecimiento de un criterio objetivo sobre responsabilidad civil, mediante una regla especial de responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos menores, atendida que en muchos casos la responsabilidad en estos hechos recae en menores de edad y el sistema seguido de nuestro código de culpa presumida sumado a los efectos que se atribuye a la cláusula de exoneración que establece el Art. 2320 del Código Civil, requiere de un tratamiento especial.
Así mismo, se establece una diferenciación en la penalidad atendiendo a si la propiedad afectada tiene un mayor valor histórico o patrimonial, con lo que se da una fuerte señal en el sentido de que existe un especial interés del Estado y la sociedad en proteger estos bienes cuyo aporte cultural o histórico pertenece a todos los chilenos.
Es por lo anterior que venimos en presentar, el siguiente
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE SANCIONES POR EL RAYADO NO AUTORIZADOS EN LA PROPIEDAD PÚBLICA O PARTICULAR Y EN BIENES DE VALOR HISTÓRICO O PATRIMONIAL
Artículo único.- Agrégase un nuevo artículo 486 bis al Código Penal, con el siguiente tenor:
“El que mediante carteles, avisos, u otros medios impresos, o sirviéndose de pinturas de cualquier tipo, procediera a la fijación de mensajes, firmas, rayados, dibujos, u otras figuras y expresiones, en bienes muebles o inmuebles ya sea públicos o privados, sin contar con autorización, serán sancionados con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 5 a 20 Unidades Tributarias Mensuales.
Si se tratase de mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras y expresiones que promuevan la discriminación por razones ideológicas, políticas, religiosas; nacionalidad, raza, etnia o grupos sociales; sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad, la pena se agravará en un grado.
Si se tratase de bienes que hayan sido declarados por la autoridad como patrimonio cultural, monumentos públicos, monumentos históricos o patrimonio de la humanidad, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 30 a 60 unidades tributarias mensuales.
Tratándose de los hechos establecidos en los incisos precedentes el padre, y a falta de éste la madre, es responsable civilmente de los hechos de los hijos menores. Asimismo el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.
En todo caso, el tribunal podrá, con acuerdo del condenado, conmutar la pena por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad o a la reparación del daño causado, señalando expresamente el tipo de trabajo, el lugar o institución donde deba realizarse, su duración y la persona o entidad encargada de controlar su cumplimiento. La sanción tendrá una extensión mínima de treinta horas y máxima de ciento ochenta y, en el caso de los menores de edad, no podrá exceder del límite establecido en el artículo 11 de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. Los trabajos se realizarán, de preferencia, sin afectar la jornada laboral o de estudio que tenga el infractor, con un máximo de ocho horas semanales. La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin efecto la conmutación por el sólo ministerio de la ley, deberá cumplirse íntegramente la sanción originariamente aplicada y no procederán las medidas alternativas de remisión condicional de la pena y reclusión nocturna.”
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida, Berger, Coloma, Pérez, don Leopoldo; Saffirio, Santana y Squella, y de la diputada señora Nogueira que modifica el Código Procesal Penal estableciendo normas sobre protección de las víctimas que declaran en la audiencia de juicio oral. (boletín N° 9396-07)
Fundamentos
La víctima dentro del proceso penal, hoy en día tiene un papel preponderante en comparación con el antiguo sistema de procedimiento penal, puesto que se le ha concedido una serie de derechos y garantías, que promueven su participación activa dentro del proceso penal.
Al respecto debe señalarse que la víctima constituye un interviniente fundamental dentro de la estructura que conforma el sistema procesal penal de marcado carácter acusatorio que contempla nuestro código procesal penal. Desde el punto de vista legal se encuentran consagrados sus derechos en el artículo 109 del Código Procesal Penal, la letra A de la norma en comento reza que la víctima tiene durante el proceso penal el derecho a solicitar medidas de protección frente probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia.
Como un fiel reflejo del espíritu ya señalado, nuestra Constitución Política de la República establece en su artículo 83, la obligación del Ministerio Publico de velar por la protección de víctimas y testigos, nuestra carta fundamental junto con consagrar constitucionalmente al ente encargado de la persecución penal, ha establecido que le corresponde además una función primordial dentro de la investigación de los delitos, la adopción de medidas para proteger a víctimas y testigos.
Sin embargo, el mandato constitucional antes referido y las diversas disposiciones legales plasmadas en el articulado de nuestro código procesal penal, establecidas precisamente en pro de los derechos de la víctima quedan en letra muerta llegado el momento en que tanto víctimas como testigos tienen que cumplir la obligación legal de comparecer ante los tribunales de justicia y deben enfrentar a su agresor.
Para que el sistema de justicia penal funcione de manera satisfactoria, en esta materia, es imprescindible contar con normas expresas que garanticen el trato digno y que aseguren la integridad física y psicológica de la víctima ante los tribunales de justicia.
Puesto que son los jueces de nuestra República, los llamados a impartir justicia para mantener la paz social y el debido respeto por nuestra leyes, también pesa sobre ellos la obligación de proteger a las víctimas y testigos, no solo durante la etapa investigativa sino también en la etapa final de dicha investigación, que es en la audiencia de juicio oral, ya que será en esta instancia, donde la víctima o el testigo se enfrentan con el agresor en busca de justicia, pero la gran mayoría de las veces, esta víctima o testigo, producto del delito sufrido ha quedado con graves secuelas psicológicas, o teme con justa razón ser intimidada o sufrir represalias, no solo por parte del acusado, sino también por parte de la familia de éste.
Estos temores se acrecientan particularmente, en cierto tipo de delitos de, a modo ejemplar tratándose de delito de homicidio, delitos con connotación sexual, como violación, abuso sexual o cuando el acusado es parte de un grupo delictivo, por lo que la norma contemplada en el artículo 307 del Código Procesal Penal, que dice relación con la facultad que tiene la víctima o el testigo de reservar su domicilio particular a fin de resguardar su seguridad, se vuelve inoficiosa, puesto que reservamos su domicilio, pero lo obligamos a mostrarse ante el acusado y su familia, quienes podrán reconocerlo en cualquier lugar donde la víctima o el testigo se encuentre.
Lo que aumenta el nivel de angustia para la víctima o el testigo, quienes desean declarar en el juicio, pero el temor hacia el acusado y su familia es tan grande, que ante la presencia directa de ellos, no declaran correctamente o lisa y llanamente se niegan a prestar declaración, con la consecuencia que esto acarrea en el proceso penal.
Son los jueces, quienes deben tener la obligación de resguardar la seguridad no solo física de la víctima o el testigo, sino de proteger y otorgar seguridad psicológica de quien declara en estrado.
Por lo tanto consideramos que los jueces deben dar medidas de protección a las víctimas y testigos al interior de las salas donde se ventila el juicio respectivo, otorgándoles un tratamiento cortés y respetuoso, puesto son ellos, quienes deberían ser uno de los principales garantes de la seguridad de la víctima y testigos llamados a testificar.
Consideramos que el tribunal debe otorgar la aplicación de medidas tendientes a proteger no solo la identidad de la víctima o el testigo, sino también impedir su intimidación por parte del acusado o su familia, cuando así el Ministerio Publico o la victima lo requiera.
Las medidas que proponemos, consisten en el uso de pantallas protectora o biombos cuando la víctima desee testificar en la audiencia de juicio oral, pero no quiera, por las razones ya explicadas estar frente al acusado o su familia. O bien permitir, preste testimonio por medio de sistema de videoconferencia ( utilizando los medios que la tecnología al efecto nos provee en estos tiempos), cuando la víctima o el testigo no desee estar presente en la misma sala donde se encuentra el acusado y su familia por la presión o daño psicológico que esto le causa, independiente de lo dispuesto en el articulo 329 inciso final, del mismo Código, que señala la posibilidad a los peritos y testigos de testificar por videoconferencia cuando exista un motivo grave o difícil de superar, puesto que esta norma está enfocada a casos de enfermedad invalidante o distancia que se encuentren los testigos y peritos de la causa.
Si bien, consideramos un gran paso el que ha dado el pleno de la Corte Suprema, en el sentido de aprobar la implementación de salas especiales para que los menores de edad víctimas o testigos de delitos presten su declaración en estas salas, resguardando así el interés superior del niño en su derecho a ser oído y su dignidad. Este instructivo debería ser extensivo a toda víctima o testigo de delito violento sin distinción de edad, cuya exposición frente al acusado o su familia le acarree graves inconvenientes psicológicos. De igual forma consideramos que el uso de estas salas, no debe ser facultativo del juez, sino esta facultad debe ser otorgada al fiscal del Ministerio Público, quien es el encargado por mandato constitucional de velar por la seguridad de las víctimas y los testigos, y quien sin duda, sabrá discernir por la investigación efectuada, si la víctima debe comparecer a estrado utilizando estas salas especiales.
En el derecho comparado, en Estados Unidos de América, en el Estado de Connecticut, su constitución establece entre otros derechos de la víctima: Ser tratado con justicia y respeto durante todo el proceso judicial y recibir protección razonable contra el acusado durante todo el proceso judicial.
Por lo que estas modificaciones estaremos garantizando el derecho de toda víctima a ser tratada con respeto dentro del sistema procesal penal, velando su integridad no solo física, sino también psicológica, acordes con normas establecidas en nuestras leyes y en el derecho comparado.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Introdúzcase las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:
Agréguese el artículo 308 bis del Código Procesal Penal en el siguiente tenor:
Art. 308 Bis. Declaración de Víctimas y Testigos. Tratándose de delitos de los cuales se desprendan antecedentes que permitan establecer la existencia de un riesgo cierto de que se atente contra la integridad física o psíquica de la víctima o testigo en el evento de que esta deba prestar declaración en juicio oral ante un tribunal de juicio oral en lo penal, o bien en aquellos delitos en que existan víctimas y testigos menores de edad, el tribunal de juicio oral en lo penal deberá disponer, a solicitud del Ministerio Público, alguna de las siguientes medidas de protección a favor de las víctimas y testigos: la utilización de pantallas protectoras o biombos; la omisión de antecedentes relativos a la identidad y domicilio de estos durante la realización del juicio oral, con anterioridad y posterioridad al mismo; la declaración por medio de sistema de videoconferencia, circuito cerrado y/o cualquier otro medio tecnológico análogo; la constitución de los jueces del tribunal en una sala y/o dependencia distinta de aquella en la cual se realiza el juicio respectivo para la recepción de la declaración de la víctima y/o testigo respectivo.
Las medidas de protección señaladas en el inciso anterior deberán ser adoptadas por el tribunal de juicio oral en lo penal, a solicitud del Ministerio Público, pudiendo utilizarse una o bien todas ellas, dependiendo de las características y complejidad del caso sometido a juicio.
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina; Hernando y Nogueira, y de los diputados señores García, Kort, Pérez,don Leopoldo; Rathgeb y Santana, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, fortaleciendo la protección y reparación a personas afectadas por daño medioambiental. (boletín N° 9397-12)
Fundamentos:
1. Existen numerosas actividades productivas que generan externalidades negativas para su entorno. Es, por ejemplo, el caso de la minería o de la termoelectricidad: en el primer caso, de las diferentes faenas productivas se desprenden diversos residuos o sub¬productos que son nocivos para el medio ambiente, como ciertos lodos o desechos provenientes de las fundiciones, sin contar las emisiones a la atmósfera, especialmente de gases y polvo; en el segundo, la termoelectricidad puede generar importantes emisiones de dióxido de carbono y otros componentes altamente tóxicos. Como estas dos, prácticamente toda actividad productiva genera externalidades que, directa o indirectamente, pueden ocasionar daños a las personas.
2. La relación entre las actividades productivas y el medio ambiente se encuentra regida por la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; sin embargo, esta ley no se hace cargo, explícitamente, de los daños concretos que puedan sufrir las personas. Ello se explica porque el ámbito de aplicación de la citada ley versa sobre “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia”, como Índica su artículo primero.
3. A su vez, la ley 19.300 contempla que las actividades o proyectos que deben presentar estudios de impacto ambiental durante su proceso de evaluación de impacto ambiental deben considerar, entre otras, “las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente”. Dichas acciones de reparación se entienden, de acuerdo a las prescripciones de la ley como ““la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas'“; y, para precisar aún más el concepto, estas acciones de reparación recaen sobre el medio ambiente, el cual es entendido como “el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.
4. Por otro lado, en materia de responsabilidad, la ley 19.300 solamente contempla una acción especial para reparar el medio ambiente. Respecto del “directamente afectado”, esto es, aquella persona que se ha visto menoscabada en su salud y calidad de vida, solamente se contempla una acción indemnizatoria civil ordinaria.
5. Respecto de dicha de acción civil ordinaria, la ley solo salva el plazo de prescripción, indicando que la acción prescribirá a los cinco años desde la manifestación evidente del daño cuando el daño provenga de la contaminación ambiental. Sin embargo, nada se dice respecto de la forma de probar la culpa o el dolo, que son elementos esenciales de la responsabilidad. De este modo, la ley deja abierta a la discreción judicial la determinación de la culpa o el dolo aun cuando los proyectos que pueden ser fuente de emisiones contaminantes cumplan con todo cuanto la ley exige.
6. Además, es importante que la ley establezca una forma de repartir los costos de la contaminación tanto entre el sector público y el privado. Así. aun cuando se reconoce el esfuerzo que ellos realizan en materia de protección al medio ambiente y su cumplimiento de la ley ambiental, es menester establecer mayores y mejores reglas para que cada cual responsa por sus hechos y no se produzcan situaciones de free rider.
7. También, es importante explicitar la responsabilidad del Estado en la prevención de los daños a la salud por contaminación ambiental, habida cuenta de que la estructura de la Administración del Estado cuenta con herramientas, recursos y personal suficiente para poder prever las situaciones que puedan derivar en daño a las personas.
8. En este sentido, no debe olvidarse que, de acuerdo al artículo 1° de nuestra Constitución “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. La norma constitucional agrega, además, que “El deber del Estado [...] dar protección a la población [... ) y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
9. De las normas precitadas se siguen, en general, obligaciones difusas y, en particular, aquellas que le determinan la Constitución y las leyes. Cuando dichas obligaciones se incumplen, el Estado incurre en responsabilidad. Así, por ejemplo, entre otras normas, el artículo 4° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado prescribe que “El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”; y el artículo 152 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual indica que “Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servició”. Por último, la Constitución Política prescribe, en el inciso primero de su artículo 39, que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.
10. Parece, pues, que la responsabilidad por los daños a las personas que emanan de actividades o proyectos que, habiendo superado el proceso de evaluación ambiental favorablemente, generan daños a las personas es de carácter mixto: por un lado, las empresas, junto con la responsabilidad por daños que les quepa, tienen una innegable tarea en la mitigación de aquellos ocasionados con motivo de sus faenas. A su vez, la Constitución, visto lo previamente razonado, es clara respecto a las obligaciones del Estado que, en estos casos, debe actuar concretamente, sin perjuicio, por lo demás, de las acciones civiles que puedan ejercerse contra él, cuando corresponda. Si bien hay antecedentes de que estas acciones concretas se hayan tomado, como la promulgación de la ley 20.590 que estableció un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica, cuyo objetivo es resarcir los efectos negativos que trajo la presencia de metales contaminantes a los habitantes afectados en la comuna de Arica mediante programas de salud, educación, vivienda y subsidios habitacionales, no hay una política clara que pueda abarcar otras situaciones de daños a las personas por contaminación medioambiental.
11. Además, el referido programa de intervención reconoció lo complejo de los daños que se ocasionan en estos casos: no solamente basta entregar una suma de dinero como indemnización, sino que atendida la realidad multidimensional del daño al medio ambiente que se genera, se hacen necesarios los traslados de las personas afectadas, programas de salud y, para igualar las condiciones con otros sectores, diversos programas de becas y subsidios que resarzan de algún modo la precariedad generada. Con todo, este programa, por su naturaleza particular, así como los antecedentes que se ofrecen ponen de relieve que, en esta materia, hay serios vacíos regulatorios.
12. Atendiendo lo previamente considerado es que el proyecto de ley establece dos grandes tipos de medidas: por un lado, aquellas que fortalecen la protección de las personas y el medio ambiente, incrementando los requisitos de los estudios de impacto ambiental y estableciendo obligaciones de prevención y detección de focos de contaminación para el Estado; y, por el otro, medidas que apuntan al fortalecimiento de la reparación para las víctimas de daños por contaminación medioambiental. Dentro de estas, se establece la responsabilidad objetiva de quien cause daño a las personas por contaminación medioambiental; pero también, se contempla una excepción para evitar la litis si la empresa realiza acciones de reparación que sean aprobadas por la Superintendencia de Medioambiente.
Por las razones expuestas, los diputados que suscribimos venimos en someter a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Modifícase la ley 19.300, que aprueba ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en la forma que a continuación se indica:
1.- En el artículo 12, suprímase en el literal “d” desde la frase iniciada en “cuando el proyecto deba...”“ hasta el punto final.
2.- Agrégase un nuevo artículo 12 bis, pasando el actual a ser 12 ter:
Artículo 12 bis.- Cuando el proyecto deba presentar un Estudio de Impacto Ambiental por generar alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 11 se considerarán en dicho estudio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, las siguientes materias:
a) Una predicción y evaluación del impacto en la salud de las personas que pueda derivarse del transporte y acopio de materiales, sustancias o residuos, especialmente cuando ellos se hallen próximos a zonas habitadas.
b) Las acciones de reparación que se implementen a favor de las personas que puedan verse perjudicadas directamente en su salud en razón del transporte y acopio de materiales, sustancias o residuos cuando ellos se hallen próximos a zonas habitadas.
c) Las acciones de reparación que se deberían implementar a favor de las personas que puedan, en el largo plazo, ver perjudicada su salud y calidad de vida en razón del transporte y acopio de materiales, sustancias o residuos cuando ellos se hallen próximos a zonas habitadas.
d) En los casos en que no existiera Norma Primaria de Calidad o de Emisión en Chile o en los Estados de referencia que señale el Reglamento, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas.
3.- Reemplácese el artículo 56 por el siguiente:
Artículo 56.- Para los efectos del ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado no será necesario probar la culpa o el dolo:
1.- En los casos en que la actividad o proyecto que causó el perjuicio por contaminación medioambiental haya contado con una resolución de calificación ambiental favorable;
2.- En los casos en que el responsable de fuentes emisoras sujetas a planes de prevención o descontaminación, o a regulaciones especiales para situaciones de emergencia, según corresponda, acreditaren estar dando íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en tales planes o regulaciones.
4.- Reemplácese el artículo 57 por el siguiente:
Artículo 57.- Si los responsables de la actividad o del proyecto que ha causado la contaminación ambiental que es fuente de perjuicio a personas en su salud y calidad de vida propone planes de reparación que consideren todos los aspectos del daño y los hace ejecutar, a su costa; y siempre que dichos planes fueren aprobados por la Superintendencia de Medio Ambiente, podrá oponerse este hecho como una de las excepciones que contempla el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.
Con todo, si la ejecución del plan no inicia o, habiendo iniciado su ejecución esta no concluye, en ambos casos por causa justificada, la acción indemnizatoria que se funde en el daño no reparado se tramitará según las reglas del juicio sumario y al monto que se otorgare como indemnización deberá recargársele un cincuenta por ciento.
5.- Reemplácese el artículo 58 por el siguiente:
Artículo 58.- Sin perjuicio de las disposiciones previas de este párrafo, el Estado, a través de sus organismos respectivos, tiene la obligación de ejecutar las acciones y tomar las medidas necesarias para garantizar una adecuada protección de la salud y calidad de vida de las personas, especialmente, en zonas donde se desarrollen actividades o proyectos a los que aluden los artículos 10 y 11 letras a), b), d) y e).
Cualquier persona que sea afectada en su salud y calidad de vida producto de un daño al medio ambiente podrá, ante el juzgado de letras respectivo, reclamar por la acción negligente de la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, por falta de servicio en la oportuna detección y prevención de dicho daño al medio ambiente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar a el o los funcionarios que hubieren actuado negligentemente en la prevención del daño”.
9. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol N° 2505-13-INA
?Santiago, 10 de junio de 2014
Oficio N° 9.861
Remite sentencia
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 10 de junio en curso, en el proceso Rol N° 2.505-13-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras respecto de los incisos primero y segundo del artículo 5° de la Ley N° 20.285.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E.
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON ALDO CORNEJO GONZÁLEZ
VALPARAÍSO”.