Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Denise Pascal Allende
- PERMISO
- DEBATE
- XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Tarud Daccarett
- PETICIÓN DE OFICIO : Nino Baltolu Rasera
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RECLAMACIÓN CONTRA LA CONDUCTA DE LA MESA
-
FELICITACIONES A ABOGADA MARÍA SOLEDAD CISTERNAS POR SU
NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTA DEL COMITÉ SOBRE DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS
- INTERVENCIÓN : Enrique Accorsi Opazo
- CONDOLENCIAS A DIPUTADO GIOVANNI CALDERON
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DEL 25 DE MARZO COMO EL “DÍA DEL QUE ESTÁ POR NACER Y DE LA ADOPCIÓN” (Segundo trámite constitucional)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Joel Rosales Guzman
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- ESTABLECIMIENTO DEL 25 DE MARZO COMO EL “DÍA DEL QUE ESTÁ POR NACER Y DE LA ADOPCIÓN” (Segundo trámite constitucional)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.169 SOBRE OTORGAMIENTO DE PREMIOS
NACIONALES E INSTAURACIÓN DE PREMIOS REGIONALES. (Votación)
- DEBATE
- POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN ZONAS RURALES EN FAVOR DE DISCAPACITADOS
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Nino Baltolu Rasera
- Romilio Gutierrez Pino
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Cristian Campos Jara
- Celso Rene Morales Munoz
- Manuel Rojas Molina
- David Sandoval Plaza
- Jose Perez Arriagada
- Felipe Ward Edwards
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Ramon Barros Montero
- DEBATE
- CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL ACCESO AL AGUA POTABLE Y ESTABLECIMIENTO DE ROYALTY ANUAL A LAS GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Pablo Alvarez-salamanca Ramirez
- Cristian Campos Jara
- Celso Rene Morales Munoz
- Joel Rosales Guzman
- Nino Baltolu Rasera
- Andrea Molina Oliva
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Sergio Bobadilla Munoz
- Alfonso De Urresti Longton
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- DEBATE
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.169 SOBRE OTORGAMIENTO DE PREMIOS
NACIONALES E INSTAURACIÓN DE PREMIOS REGIONALES. (Votación)
- VII. INCIDENTES
-
NECESIDAD DE REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA
FINANCIAMIENTO DE BONO EN FAVOR DE EXONERADOS (Oficios)
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Alfonso De Urresti Longton
- Alberto Robles Pantoja
- Rodrigo Gonzalez Torres
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
- ESTUDIO DE MEJORAS A PROGRAMA PRAIS (Oficio)
- ADHESION
- Fernando Meza Moncada
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Alfonso De Urresti Longton
- Alberto Robles Pantoja
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Sergio Ojeda Uribe
- ADHESION
-
DESTINACIÓN DE TERRENOS FISCALES A COMITÉ DE VIVIENDA
LA ILUSIÓN, EN ISLA TEJA, COMUNA DE VALDIVIA (Oficios)
- ADHESION
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Fernando Meza Moncada
- ADHESION
- ESTUDIO SOBRE CREACIÓN DE NUEVAS COMUNAS EN REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO VIAL EN CIUDAD DE VALDIVIA (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA COMUNAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE ANÁLISIS QUÍMICOS DE COMPOSICIÓN DE AGUAS
DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE SECTOR LA PUNTA, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA (Oficio)
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Fernando Meza Moncada
- Maria Angelica Cristi Marfil
- ADHESION
- DOTACIÓN DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN FAVOR DE LOCALIDAD DE ÑANCUL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
- RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE JARDÍN INFANTIL DE LOCALIDAD DE CATRIPULLI (Oficio)
- IMPLEMENTACIÓN DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE POSTA RURAL DE CATRIPULLI, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficio)
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
- RECHAZO A INSTALACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASO EN RÍO AÑIHUARRAQUI, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
-
NECESIDAD DE REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA
FINANCIAMIENTO DE BONO EN FAVOR DE EXONERADOS (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- INVESTIGACIÓN SOBRE ACTUACIÓN DE SÍNDICO DE QUIEBRAS EN RELACIÓN CON DESPIDO DE TRABAJADORES DE UNIVERSIDAD DEL MAR, SEDES LA SERENA Y REÑACA, Y SOBRE DISPOSICIÓN DE FONDOS PARA PAGO DE SUELDOS (Oficios)
- ENTREGA DE INMUEBLE EN COMODATO A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE BELLAVISTA, COMUNA DE LA SERENA (Oficios)
- MEDIDAS EN RESGUARDO DE PATRIMONIO REGIONAL DE MAGALLANES (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN EN CONSULTORIOS A PESCADORES ARTESANALES DE LA REGIÓN DE ATACAMA (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN DE COMUNIDAD HUINCA RAILAO, COMUNA DE LAUTARO, A PROGRAMA DE DESARROLLO INDÍGENA (Oficios)
- TARDANZA EN CONCRECIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL PARA SECTOR TRES ESQUINAS, COMUNA DE LAUTARO (Oficios)
- INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN DE COMITÉ A SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA EN COMUNA DE LAUTARO (Oficios)
- DENEGACIÓN DE BENEFICIOS DEL ESTADO A VECINA DE TEMUCO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAUTARO (Oficios)
- CELERIDAD A TRAMITACIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE LONQUÉN (Oficios)
- EVALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RECINTO PENAL EN COMUNA DE SAN CARLOS (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE CREACIÓN DE COMUNA DE MONTE ÁGUILA (Oficio)
- APOYO A PRODUCTORES DE TOMATES DE QUILLÓN Y RÁNQUIL (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Rene Alinco Bustos
- Pepe Auth Stewart
- Eugenio Bauer Jouanne
- Alfonso De Urresti Longton
- Issa Farid Kort Garriga
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Ernesto Silva Mendez
- Carolina Goic Boroevic
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Accorsi Opazo
- Alfonso De Urresti Longton
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Jose Perez Arriagada
- Leopoldo Perez Lahsen
- Alberto Robles Pantoja
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Patricio Vallespin Lopez
- Cristina Girardi Lavin
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Harboe Bascunan
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alfonso De Urresti Longton
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Patricio Vallespin Lopez
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Felipe Harboe Bascunan
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Alfonso De Urresti Longton
- Jose Manuel Edwards Silva
- Edmundo Eluchans Urenda
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Joaquin Godoy Ibanez
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Patricio Vallespin Lopez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Burgos Varela
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Cristian Monckeberg Bruner
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Jorge Tarud Daccarett
- Matias Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 18ª, en jueves 18 de abril de 2013
(Ordinaria, de 10.15 a 13.01 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, y Godoy Ibáñez, don Joaquín.
Presidencia accidental de los señores Marinovic Solo de Zaldívar, don Miodrag, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- ANEXO DE SESIÓN
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 11
II. Apertura de la sesión 15
III. Actas 15
IV. Cuenta 15
- Reclamación contra la conducta de la Mesa 15
- Felicitaciones a abogada María Soledad Cisternas por su nombramiento como presidenta del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 16
- Condolencias a diputado Giovanni Calderón 16
V. Orden del Día.
- Establecimiento del 25 de marzo como el “Día del que está por nacer y de la adopción” (Segundo trámite constitucional) 16
VI. Proyectos de acuerdo.
- Modificación de ley N° 19.169 sobre otorgamiento de premios nacionales e instauración de premios regionales (Votación) 46
- Políticas de financiamiento e implementación de equipamiento en zonas rurales en favor de discapacitados 47
- Consagración constitucional del derecho al acceso al agua potable y establecimiento de royalty anual a las generadoras hidroeléctricas 48
VII. Incidentes.
- Necesidad de reasignaciones presupuestarias para financiamiento de bono en favor de exonerados (Oficios) 51
- Estudio de mejoras a programa Prais (Oficio) 52
- Destinación de terrenos fiscales a comité de vivienda La Ilusión, en Isla Teja, comuna de Valdivia (Oficios) 53
- Estudio sobre creación de nuevas comunas en Región de Los Ríos (Oficio) 54
- Información sobre proyecto vial en ciudad de Valdivia (Oficio) 54
- Información sobre proyectos de agua potable rural para comunas de Región de Los Ríos (Oficio) 55
- Información sobre análisis químicos de composición de aguas de comité de agua potable de sector La Punta, comuna de San José de La Mariquina (Oficio) 55
- Dotación de alcantarillado e instalación de retén de carabineros en favor de localidad de Ñancul, Región de La Araucanía (Oficios) 56
- Recursos para mejoramiento de jardín infantil de localidad de Catripulli (Oficio) 57
Pág.
- Implementación de comedor para funcionarios de posta rural de Catripulli, Región de La Araucanía (Oficio) 58
- Rechazo a instalación de centrales hidroeléctricas de paso en río Añihuarraqui, Región de La Araucanía (Oficios) 58
VIII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 59
- Investigación sobre actuación de síndico de quiebras en relación con despido de trabajadores de Universidad del Mar, sedes La Serena y Reñaca, y sobre disposición de fondos para pago de sueldos (Oficios) 59
- Entrega de inmueble en comodato a comité de agua potable rural de Bellavista, comuna de La Serena (Oficios) 60
- Medidas en resguardo de patrimonio regional de Magallanes (Oficios) 61
- Información sobre atención en consultorios a pescadores artesanales de la Región de Atacama (Oficios) 62
- Información sobre postulación de comunidad Huinca Railao, comuna de Lautaro, a programa de desarrollo indígena (Oficios) 62
- Tardanza en concreción de proyecto de agua potable rural para sector Tres Esquinas, comuna de Lautaro (Oficios) 63
- Información sobre postulación de comité a subsidio para la vivienda en comuna de Lautaro (Oficios) 63
- Denegación de beneficios del estado a vecina de Temuco (Oficio) 64
- Información sobre proyecto de agua potable para comunidades indígenas de Lautaro (Oficios) 64
- Celeridad a tramitación de proyecto para construcción de embalse Lonquén (Oficios) 65
- Evaluación de construcción de nuevo recinto penal en comuna de San Carlos (Oficio) 65
- Información sobre creación de comuna de Monte Águila (Oficio) 65
- Apoyo a productores de tomates de Quillón y Ránquil (Oficios) 66
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los proyectos que se indican en anexo.(67-361)
2. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado la observación formulada por S. E. el Presidente de la República, al proyecto, con urgencia “discusión inmediata”, que “Perfecciona las disposiciones introducidas por la ley N° 20.568 sobre inscripción automática y que modernizó el sistema de votaciones.”. (boletín N° 8819-06). (280/SEC/13)
Pág.
3. Oficio del Senado por el cual comunica que de conformidad con lo dispuesto en el N°1) del artículo 53 de la Carta Fundamental, acogió la acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados en contra del señor Harald Beyer Burgos, Ministro de Educación, por 20 señores senadores, de un total de 38 en ejercicio, por la causal de haber dejado sin ejecución la Constitución o las leyes, en el capítulo relativo a la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente, la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación. (278/SEC/13)
4. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que “Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Guyana, de Eliminación Parcial de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, de Servicio y Oficiales adoptado por Cambio de Notas, fechadas el 6 de mayo de 2011 y el 28 de septiembre de 2011, en Georgetown y Santiago, respectivamente. (boletín N° 8835-10). En Tabla
5. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto, iniciado en mensaje que “Modifica D.F.L. N° 161, 1978, Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto Orgánico, que otorga al Subsecretario de Relaciones Exteriores, atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales surgidos en el extranjero, que afecten al Estado de Chile.”. (boletín N° 8853-10). En Tabla
6. Primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.”. (boletín N° 7886-03)
7. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Marinovic, Alinco, Auth, Bauer, De Urresti, Kort, Sabag, Silva, y de la diputada señora Goic, doña Carolina, que “Declara el 6 de noviembre como Día de la Antártica Chilena”. (boletín N° 8891-06)
8. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Accorsi, De Urresti, Marinovic, Pérez, don José; Pérez, don Leopoldo; Robles, Teillier, Vallespín, y de las diputadas señoras Girardi, doña Cristina y Sepúlveda, doña Alejandra, sobre “Reforma Constitucional, sobre derecho al agua”. (boletín N° 8898-07)
9. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Harboe, Ceroni, De Urresti, Espinoza, don Fidel; Jarpa, Rincón, Vallespín, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Muñoz, doña Adriana y Saa, doña María Antonieta, que “Prohíbe la cláusula de aceleración de la deuda en un contrato de mutuo hipotecario cuando el bien hipotecario es declarado “bien familiar”. (boletín N° 8901-05)
Pág.
10. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Harboe, Ceroni, De Urresti, Edwards, Eluchans, Espinoza, don Fidel; Godoy, Rincón, Vallespín, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica la ley N° 18.840 Orgánica Constitucional del Banco Central, con la finalidad de permitir a las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la SBIF, acceder a crédito”. (boletín N° 8902-05)
11. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos, Ceroni, Monckeberg, don Cristián; Sabag, Tarud y Walker, que “Suprime en el artículo 53 N°1, de la Constitución Política de la República, la frase “no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular por el término de cinco años”. (boletín N° 8900-07)
- Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
12. inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo. Rol 2398-12-INA. (8456)
13. artículo 16 B, de la ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Rol 2425-13-INA. (8516)
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación y nota
- Comunicación del diputado señor Calderón, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 2 días, a contar del 16 de abril próximo pasado.
-Nota de la diputada señora Pascal, doña Denise por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 21 de abril en curso para dirigirse a Bogotá, Colombia.
Respuestas a oficios.
Contraloría General de la República:
- Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre las materias consultadas en la solicitud adjunta, en relación con el criterio aplicable para la habilitación e instalación de salas cunas de uso común para los hijos de las funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. (21780 al 9802).
Ministerio de Interior:
- Diputado Chahín , Estado de tramitación de la solicitud de pensión de viudez solicitada por la señora Ana Reyes, ex cónyuge del causante exonerado señor Gustavo Herrera. (8732 al 10312).
Ministerio de Relaciones Exteriores:
- Diputado Jaramillo, Solicita informe sobre las exportaciones e importaciones de productos frutícolas, forestales y lácteos, efectuadas durante el año 2012; con indicación de las empresas compradoras, en el caso de las importaciones. (2214 al 10540).
Ministerio de Obras Públicas:
- Diputado Gutiérrez don Romilio, Solicita tenga a bien disponer los recursos técnicos y económicos para llevar a cabo con la mayor prontitud posible, el proyecto de pavimentación del camino embalse Ancoa-Linares, en la comuna de Linares, Región del Maule. (893 al 4599).
- Diputado Accorsi, Solicita fiscalice e informe sobre la causa del alud que produjo la lata turbiedad del agua del Río Maipo. (895 al 9981).
- Diputado Espinosa don Marcos, Solicita informar respecto de cada una de las materias descritas en la solicitud adjunta, en relación con materias de su competencia. (897 al 9862).
- Diputado Espinosa don Marcos, reitera oficio N° 9862 del pasado 16 de enero, y, en definitiva informe sobre la admisibilidad de la solicitud de estudio y sus resultados, en relación con el estado actual del Río San Pedro y la cuenca que lleva su mismo nombre, ubicados en la Región de Antofagasta. (897 al 10521).
- Diputado Pérez don José, Solicita intervenir para que la empresa Colbún S.A., titular del proyecto Central Hidroeléctrica Angostura, en las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, solucione los problemas relacionados con la iniciativa, pendientes con los vecinos del lugar. (898 al 4378).
- Diputado Hernández, Informe si existe un proyecto para dotar de nueva infraestructura a los tribunales de Familia, Garantía y Juicio Oral de Osorno; los plazos para la ejecución de la mencionada iniciativa; y, en su caso, respecto de los mecanismos más adecuados para solucionar el problema de la dispersión de los señalados tribunales, y para mejorar las condiciones de trabajo y atención al público en los mismos. (899 al 10362).
- Diputado Chahín, Estado de los caminos del sector Las Minas, explotados por la empresa Forestal Mininco, y afectados por la carga y velocidad de los camiones madereros; y disponga una fiscalización exhaustiva. (909 al 10019).
- Diputado Chahín , Disponga la fiscalización de la obra camino de acceso a la comunidad Ancao Ancatén, en la comuna de Victoria, debido a defectos en su construcción, e informe de su resultado. (910 al 8756).
- Diputado Carmona, Existencia de estudios sobre la realidad hidrogeológica de la provincia de Chañaral; y, en el evento de no existir, disponga su realización remitiendo sus resultados. (912 al 10112).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social:
- Proyecto de Acuerdo 634, “Solicita aplicación de cuota mortuoria para las pensiones básicas solidarias.” (110).
Ministerio de Desarrollo Social:
- Proyecto de Acuerdo 676, “Solicita a S.E. el Presidente de la República que se proceda a crear un beneficio social consistente en la entrega de bicicletas a las familias más vulnerables.” (380).
Empresas del Estado:
- Diputada Isasi doña Marta, Requiere se informe sobre el proceso de descontaminación del derrame de petróleo de la empresa Petrobras ocurrido en la playa El Colorado, en Iquique. (36 al 10142).
Intendencias:
- Diputada Hoffmann doña María José, Solicita informe sobre la situación jurídica actual y los plazos de renovación del comodato otorgado a la Junta de Vecinos N° 2 de Punta de Tralca, Aguas Claras, respecto del terreno denominado Parcela 38, ubicada al extremo sur de la Quebrada o Estero Huallilemu, de la comuna del Quisco y la factibilidad de que éste sea objeto de una nueva cesión gratuita en favor de dicha organización social por 25 años más. (2778 al 10491).
- Diputado Díaz don Marcelo, Informe sobre las medidas adoptadas para dar mayor protección a los menores con ocasión de las ferias de artesanías que se instalan en la Plaza de Armas de la ciudad de Vicuña. (396 al 9493).
- Diputado Álvarez-Salamanca, Fiscalice in situ la actuación de la empresa Ecomaule, con ocasión de la existencia de un relleno sanitario en los sectores de Rio Claro y Camarico, Región del Maule, que se encuentra en condiciones insalubres, y que afecta gravemente la salud de sus habitantes. (87 al 4706).
Servicios:
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes en relación con la situación que aqueja a don Sergio Sazo Soto, descrita en la solicitud adjunta. (13764 al 4598).
- Diputado De Urresti, Observaciones efectuadas al proyecto de construcción de la central hidroeléctrica Neltume, indicando el valor cultural que posee el sitio ceremonial y el palenque que deberá trasladarse para la inundación del sector; y, si se ha dado cabal cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. (202 al 10452).
Varios:
- Diputado Sandoval, Imparta las instrucciones a las entidades pertinentes, conducentes a que los cajeros automáticos existentes en las comunas de Cochrane y Chile Chico, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campos puedan tanto dispensar dinero a personas, especialmente turistas extranjeros, que operan tarjetas de débito o de crédito emitidas en el exterior, como asimismo, ampliar sus servicios respecta de las citadas tarjetas. (2071 al 4703).
XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita informe sobre el mecanismo a través del cual el Hospital Dr. Torres Galdames elimina sus desechos patológicos y contaminantes; con indicación de la empresa encargada de su recolección y eliminación. Asimismo, se solicita la remisión de la copia del contrato en virtud del cual ésta última presta sus servicios. (10847 de 16/04/2013). A ministro de Salud .
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita informe y remita la información que se señala en la solicitud adjunta, en relación con la recolección de los desechos tóxicos y contaminantes del Hospital Dr. Torres Galdames, de la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá. (10848 de 16/04/2013). A contralor general de la República.
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita informe sobre la situación que afecta a don Víctor Cáceres, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (10849 de 16/04/2013). A Ministerio de Educación.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remita los antecedentes estadísticos que se señalan en la solicitud adjunta, en relación con los montos invertidos y beneficiarios del Programa de Subsidios en Zonas Aisladas. (10850 de 16/04/2013). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con las normas que regulan el retiro de fondos de la cuenta de ahorro para la vivienda (10852 de 16/04/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre las medidas adoptadas por la cartera a su cargo, en relación con los extensos plazos de tramitación de las licencias médicas en la Comisión Médica, Preventiva e Invalidez, Compin, Región de Los Lagos y remita los antecedentes estadísticos que sobre la materia se precisan en la solicitud adjunta. (10854 de 16/04/2013). A ministro de Salud .
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita informe sobre cada una de las materias señaladas en la solicitud adjunta, referidas a la dotación de fiscales en la Región de Los Lagos. (10855 de 16/04/2013). A Ministerio Público.
- Diputado Chahín , Solicita informe sobre los montos de los recursos asignados por el servicio a su cargo desde el año 2011 a la fecha; con indicación expresa de cada una de las materias que se señalan en la solicitud adjunta. (10856 de 16/04/2013). A varios.
- Diputado Tarud, Solicita informe sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con la disminución del caudal y mortandad de los peces en el Río Ancoa, Región del Maule; la situación en que se encuentra el muro de contención del Embalse Ancoa, recientemente inaugurado y el estado de los caminos aledaños, con ocasión de la ejecución de las obras de construcción del referido embalse. (10857 de 16/04/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Baltolu, Solicita bien informar sobre las evaluaciones efectuadas por el servicio a su cargo, en orden a coordinar e implementar en el corto plazo, las medidas o políticas públicas educativas en las comunas de General Lagos, Putre y Camarones. (10866 de 16/04/2013). A seremi de Educación de Arica y Parinacota.
- Diputado Walker, Solicita informe sobre las fiscalizaciones efectuadas y sanciones impuestas por el servicio a su cargo a la empresa Súper Abarrote Económico S.A., ubicada en calle Los Clarines N°2281, comuna de Coquimbo; en consideración de los hechos denunciados ante la autoridad sanitaria por los trabajadores de la referida empresa y que se señalan en la solicitud adjunta. (10868 de 17/04/2013). A seremi de salud de la Región de Coquimbo.
- Diputado Teillier, Solicita informe sobre la factibilidad de disponer las medidas que sean procedentes, en relación con las operaciones realizadas por taxis colectivos que prestan sus servicios en sectores populares del distrito 28 correspondiente a las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, de la Región Metropolitana. (10869 de 17/04/2013). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita informe si el servicio a su cargo, cuenta con equipos tecnológicos especializados para detectar la presencia de hidrocarburos y midan los niveles de contaminación del medio ambiente. (10871 de 17/04/2013). A varios.
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita informe si el servicio a su cargo, cuenta con equipos tecnológicos especializados para detectar la presencia de hidrocarburos y midan los niveles de contaminación del medio ambiente. (10872 de 17/04/2013). A servicios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe sobre las razones por las cuales no se hizo entrega del denominado Bono Marzo, a don Christian Núñez Flores, individualizado en la solicitud adjunta. (10873 de 17/04/2013). A Ministerio de Desarrollo Social.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe si doña Primitiva Valenzuela Arévalo, individualizada en la solicitud adjunta, reúne los requisitos para optar a una pensión de vejez; con indicación de los trámites que debe realizar para postular. Del mismo modo, y en caso de ser negativa la respuesta, señale los beneficios estatales a los que sí puede postular, como por ejemplo, la pensión básica solidaria o la pensión de gracia. (10874 de 17/04/2013). A servicios.
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe si se han realizado fiscalizaciones en el sector de Loncura Bajo, comuna de Quintero; y en caso de ser negativa la respuesta, tenga a bien disponer su realización. (10875 de 17/04/2013). A intendencias.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (88)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.15 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 12ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 13ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
RECLAMACIÓN CONTRA LA CONDUCTA DE LA MESA
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón para plantear un asunto reglamentario.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , por las razones por todos conocidas, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Corporación, pero sin ahondar en mayores detalles respecto del mismo, porque los fundamentos los entregaremos in extenso por escrito a la Mesa, los que serán materia del correspondiente debate, los jefes de los Comités de la Oposición presentamos formalmente una reclamación contra la conducta de la Mesa.
Esperamos que esto contribuya a dar una solución al problema que se ha presentado en la Corporación.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , queda registrada la censura de la Mesa y, en conformidad con el Reglamento, corresponde que la discutamos y votemos en la próxima sesión ordinaria, el lunes 29 del mes en curso.
FELICITACIONES A ABOGADA MARÍA SOLEDAD CISTERNAS POR SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTA DEL COMITÉ SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , informo a la Sala que una colaboradora nuestra, la señora María Soledad Cisternas Reyes , abogada no vidente que todos conocen, ha sido elegida como presidenta del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, por lo que pido que la Corporación le envíe las felicitaciones correspondientes.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Así se procederá, señor diputado .
CONDOLENCIAS A DIPUTADO GIOVANNI CALDERON
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Hago propio el sentir de esta Corporación y expreso, en nombre de los diputados presentes, nuestras condolencias al diputado señor Giovanni Calderón, quien está pasando por momentos difíciles debido a la muerte de su madre. Desde esta testera le expresamos todo nuestro afecto y cariño en un momento tan complejo como este.
V. ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DEL 25 DE MARZO COMO EL “DÍA DEL QUE ESTÁ POR NACER Y DE LA ADOPCIÓN” (Segundo trámite constitucional)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la adopción”.
Diputados informantes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Familia son los señores Felipe Salaberry y Ramón Barros, respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 7254-07, sesión 140ª de la legislatura 359, en 6 de octubre de 2012. Documentos de la Cuenta N° 14.
-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 4ª de la legislatura 360ª, en 20 de marzo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 10.
-Informe de la Comisión de Familia, sesión 8ª de la presente legislatura, en 2 de abril de 2013. Documentos de la Cuenta N° 9.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.-
Señor Presidente , solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que discutamos hoy este proyecto, pero que sea votado en la próxima sesión del lunes 29.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado Issa Kort.
Acordado.
En reemplazo del diputado señor Felipe Salaberry, rinde informe el diputado señor Joel Rosales.
El señor ROSALES (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que establece el “Día del que está por nacer y de la adopción”, iniciado en moción del honorable senador señor Jaime Orpis .
Para el despacho de esta iniciativa, su excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de simple para todos sus trámites constitucionales.
Constancias reglamentarias previas.
1. La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en declarar el 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la adopción”.
2. Normas de carácter orgánico constitucional. No existen artículos que revistan ese carácter.
3. Normas de quorum calificado. No existen normas en tal sentido.
4. No requiere trámite de Hacienda.
5. El proyecto fue rechazado por mayoría. En sesión 65ª, de 14 de marzo del año en curso, se rechazó por 6 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Baltolu, don Nino ; Hasbún, don Gustavo ; Letelier, don Cristián ; Pérez, don Leopoldo ; Rosales, don Joel, y Salaberry, don Felipe .
Votaron por el rechazo la diputada señora Vidal , doña Ximena , y los diputados señores Aguiló, don Sergio ; Ascencio, don Gabriel ; Espinoza, don Fidel , y Ojeda, don Sergio .
Se abstuvo el diputado señor Jiménez, don Tucapel .
Fundamentos del proyecto.
La moción señala que la Constitución Política del Estado, en su artículo 19, numeral 1°, garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona, mientras que su inciso segundo establece que la ley protegerá la vida del que está por nacer.
Agrega que nuestra Carta Fundamental reconoce que el comienzo de la vida se produce con anterioridad al nacimiento, sin precisar desde qué momento comienza esta protección, lo que sí hace el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Chile el 14 de agosto de 1990, el cual establece en su artículo 4° que se protege la vida desde el momento de la concepción.
Por lo anterior, indica que en nuestra legislación se protege la vida desde sus inicios, esto es, desde la concepción, lo que se refleja en la prohibición de todo tipo de abortos. De esta manera, sostiene que Chile cuenta con una de las legislaciones más protectoras de la vida del que está por nacer.
En esta misma línea, señala que proteger la vida desde la concepción tiene un profundo significado desde un punto valórico, especialmente porque se está frente a un ser en la más infinita indefensión, realzando en toda su dimensión la dignidad humana al proteger al más débil. En efecto, continúa la moción, proteger la vida del que está por nacer es reconocer el derecho a vivir a todo ser humano, incluso en contra de la voluntad de sus propios progenitores. De este modo, enfatiza, nadie puede disponer de la vida de otro.
Refiere que esta premisa, que aparece tan clara en nuestra legislación, no lo es en el resto del mundo, puesto que la tendencia en general es aprobar legislaciones que permiten el aborto.
No obstante, expresa que prácticamente en todo el mundo se celebra el día del que está por nacer el 25 de marzo de cada año, con la finalidad de realzar el valor de la vida, condenar el genocidio en contra de seres indefensos e intentar revertir las legislaciones que consagran el aborto.
En seguida, hace presente que el valor de la vida no se agota con la protección legal del que está por nacer desde el momento de la concepción, pues existe un número importante de embarazos no deseados de los cuales deben hacerse cargo para facilitar la decisión de las mujeres que, pese a la condena social, familiar, razones económicas o de otra índole, optan por la vida. Expresa que, por difíciles que sean estas circunstancias, nunca será justificable privar de la vida a otro.
Para los casos a los cuales se ha hecho referencia, declara que uno de los caminos más eficaces es la adopción, permitiendo a las madres que no se encuentran en condiciones de asumir la maternidad, contar con la certeza de que ese niño no sufrirá abandono, ya que será recibido por una familia en calidad de hijo, que le entregará afecto, cariño y formación.
Sobre este mismo punto, recuerda que son numerosas las familias en nuestro país que están esperando recibir a estos hijos, no por razones de caridad, sino para asumir en plenitud los roles de la maternidad o la paternidad.
Hace presente, además, que la calidad de hijo no está asociada a un origen biológico. De hecho, nuestra legislación no hace ninguna diferencia entre hijos biológicos o adoptados, por lo que, para todos los efectos legales, tienen la misma calidad.
Por las razones expuestas, señala que esta iniciativa legal busca rescatar el valor de la vida del que está por nacer y, además, brindar una salida a aquellas madres que tienen embarazos no deseados.
Discusión general y particular.
Por tratarse de la discusión sobre la base de un artículo único, esta se realizó en general y en particular a la vez.
Durante el debate, algunos señores diputados fundamentaron su voto negativo y señalaron que, a pesar de no tener reparos con aquella parte de la norma que se refiere a la adopción, ya que promoverla en nuestro país, a través de la instauración de una fecha, es algo muy noble, sí manifestaron no tener claridad respecto del alcance de la expresión “y del que está por nacer”, específicamente en cuanto a los fundamentos de la moción, la que, en su opinión, tiene elementos muy preocupantes y ofensivos hacia las mujeres, en particular en lo que se refiere al aborto terapéutico.
Finalizado el debate, la Comisión procedió a la votación del proyecto, el cual fue rechazado en la forma que se detalló enteriormente.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MARINOVIC (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Familia.
El señor BARROS (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Familia, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en moción del senador señor Jaime Orpis Bouchon , que tiene por objeto establecer el 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la adopción”, iniciativa que fue rechazada por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en su segundo trámite constitucional y primero reglamentario, a pesar de que había sido aprobada por unanimidad en el Senado de la República.
Con fecha 20 de marzo de 2012, la Sala de la Corporación accedió a la solicitud efectuada por la Comisión de Familia para que el proyecto le fuera remitido luego de evacuado el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Con fecha 5 de marzo del año en curso, se hizo presente la simple urgencia para su tramitación.
En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento al primer trámite reglamentario por parte de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el que se refiere a lo hecho por el honorable Senado en su primer trámite constitucional, la Comisión de Familia emitió informe solo respecto de lo resuelto por aquella.
La idea matriz o fundamental del proyecto es realzar, por una parte, el valor de la vida del que está por nacer y, por otra, unir la protección legal que rige desde el momento de la concepción con la adopción, para relevarla como alternativa frente a los embarazos no deseados y la opción por la vida, idea que se materializó mediante la presentación de un proyecto de ley para declarar el 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la adopción”.
Durante el estudio de la iniciativa concurrieron especialmente invitados las siguientes autoridades y los representantes de distintas instituciones: la señora Carolina Schmidt , ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer ; el señor Claudio Arqueros , director del Área de Formación de la Fundación Jaime Guzmán ; la señora Camila Maturana , abogada de la Corporación Humanas; la señora Patricia Gonnelle , directora de la ONG Investigación, Formación y Estudio sobre la Mujer (Isfem); la señora Verónica Hoffmann , directora de la Fundación Chile Unido; el señor Mario Bravo , presidente del Movimiento Vida y Solidaridad, y la señora Claudia Dides , académica de la Universidad Central.
Los integrantes de la Comisión de Familia debatieron respecto del motivo que tuvo el autor de la iniciativa para proponer un mismo día para conmemorar ambas situaciones -esto es, establecer el 25 de marzo tanto para el establecimiento del día del que está por nacer como para el día de la adopción-, cuestión que fue materia de controversia y que llevó a que esa Comisión rechazara el proyecto.
En el debate, algunos de sus integrantes coincidieron en que si bien podían estar de acuerdo con instaurar el “Día de la adopción”, no lo estaban en cuanto a mezclar ambas ideas, toda vez que consideraron que no existe consenso sobre el aborto terapéutico -hecho implícito en los fundamentos del proyecto, según su parecer- ni sobre el momento en el que se produce la concepción. Así las cosas, se manifestaron de acuerdo en establecer dos fechas distintas para ambas situaciones.
Asimismo, quienes estuvieron en contra de la idea de legislar sostuvieron que una moción como la que se discute no es más que un intento de desincentivar en el país la discusión que se encuentra pendiente en la sociedad respecto del aborto terapéutico. Expresaron que si bien el proyecto no se refiere directamente al aborto, está íntimamente relacionado con el mismo, constituyendo un verdadero manifiesto en su contra, aspecto que es verdad para muchos miembros de la Comisión.
En todo caso, fundamentaron que si el Ejecutivo apoya el proyecto al hacer presente la urgencia, debe materializarlo vía decreto y en ningún caso pretender que se reconozca un día para el que está por nacer mediante una moción parlamentaria que se transforme en ley.
Por otra parte, la mayoría de sus integrantes manifestó su total acuerdo en términos de dejar intacta la moción, dado que al establecerse días distintos perdería fuerza la iniciativa.
En ese mismo sentido, expresaron que existe consenso en la intención de que la criatura nazca, sin perjuicio de que puedan suceder imprevistos o riegos y de que, tratándose de niños vulnerables que por diversas razones carezcan del cuidado de sus padres, existe la posibilidad de que estos sean adoptados.
Quienes estuvieron a favor de la idea de legislar compartieron los fundamentos de la iniciativa, en el sentido de que existe un número importante de embarazos no deseados, de los cuales la sociedad se debe hacer cargo para facilitar la decisión de muchas mujeres de optar por la vida y de no interrumpir su embarazo. Consideraron que lo anterior tiene su fundamento en que, por difíciles que sean las circunstancias, nunca será justificable privar de la vida a otro. En ese sentido, uno de los caminos más eficaces, tanto para la mujer como para el niño que está por nacer, es la adopción. Por ende, la mujer que no se encuentre en condiciones de asumir la maternidad tendrá la posibilidad de que su hijo sea recibido en igual calidad por una familia que desee asumir en plenitud los roles de la maternidad y de la paternidad.
Asimismo, sostuvieron que, aun cuando existiera una legislación sobre el aborto, respecto de la cual -reitero- la mayoría de los miembros de la Comisión está en contra, es perfectamente válido instaurar el “Día del que está por nacer”, fecha reconocida a nivel internacional, puesto que incluso se celebra en países en los que se acepta el aborto, de manera que no se trata de ideas incompatibles.
Ejemplo de lo anterior es España, país en el que se llevó a cabo el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid, en 2003, en el que se inicia un procedimiento con la finalidad de instaurar el “Día del que está por nacer”.
En 1993, El Salvador fue el primer país que celebró el “Día de la Vida” en forma institucionalizada.
En 1999, Argentina llevó a cabo la primera celebración oficial del “Día del Niño por Nacer”. Algo similar ocurrió luego en Nicaragua, República Dominicana, República del Perú, México, Filipinas y otros países en los que se ha instaurado el “Día del que está por nacer”.
Por su parte, el Congreso Nacional de Chile aprobó la concesión de tres días de duelo en caso de fallecimiento del padre, madre, cónyuge y del niño que está por nacer, de modo que ya existe un reconocimiento de su existencia.
Respecto del análisis del artículo único del proyecto, mediante el cual se propone declarar el día 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la adopción”, que fue aprobado por unanimidad por el Senado y rechazado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de esta Corporación, la Comisión de Familia, en la tramitación de su primer informe reglamentario, adoptó los siguientes acuerdos:
Rechazar por mayoría la indicación presentada por la diputada señora María Antonieta Saa , con la adhesión de la diputada señora Adriana Muñoz y de los diputados señores Jarpa , Silber y Schilling , en orden a sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente texto: “Declárese el 25 de marzo de cada año como el día de la Mujer embarazada y la adopción”.
En definitiva, la mayoría de los integrantes de la Comisión aprobó, en los mismos términos, el texto propuesto, en forma unánime, por el Senado:
“Artículo único.- Declárase el 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la adopción”.”.
Por lo tanto, por las razones señaladas, la Comisión de Familia recomienda la aprobación del proyecto en los mismos términos.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Presidente accidental ).-
En discusión en proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , cuando revisé la Tabla de la sesión de ayer me llamó enormemente la atención los proyectos que hoy serían sometidos a nuestra consideración. Lamentablemente, no leí los informes respectivos sino hasta avanzadas horas de la noche, luego de lo cual me surgieron algunas inquietudes.
Los días conmemorativos en nuestro país suman cientos, y cada uno de ellos ha sido fijado por ley, aunque algunos conllevan una importancia tal que se declararon días feriados.
Yo no tendría reparos respecto de este proyecto y de establecer un día conmemorativo de la adopción, que constituye un acto noble, tan escasos en el siglo XXI. En efecto, es un acto noble por parte de los padres adoptantes, quienes acogen a una vida en desarrollo, pero la sociedad debe hacerse cargo de tantos niños desamparados y desvalidos.
Sin embargo, existe una situación que me provoca disparidad de ideas. Me parece que conmemorar al que está por nacer es problemático. Fue lo que me llamó la atención del título del proyecto. En primer lugar, en las comisiones en que se trató esta materia surgieron posiciones absolutamente divididas sobre cómo debe entenderse la conmemoración de ese día. Incluso, hubo discusiones interesantes de orden filosófico y jurídico, que permiten entender mejor el proyecto.
Uno de los puntos en discusión fue cuándo se entiende que la persona debe ser considerada como tal. De acuerdo con los informes, se produjeron encuentros con quienes rechazan el aborto y quienes lo aceptan en determinadas condiciones terapéuticas. En definitiva, no hay un acuerdo unívoco en esta materia. Muestra de ello es que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, tan respetable y tan válida en el día de hoy, rechazó el proyecto, y la de Familia lo aprobó en votación dividida. En consecuencia, algo que parecía tan simpático, agradable y fácil, provocó una gran discusión jurídica y filosófica.
Considero que, para establecer un día conmemorativo del que está por nacer y de la adopción, es necesario que exista una amplia mayoría a favor, y no que se imponga esta idea por una mayoría circunstancial, pues posteriormente podría ser usada como bandera de batalla para afianzar tesis sobre temas que hoy son controversiales en la sociedad, como el aborto.
En razón de lo anterior, salvo que se llegue a un acuerdo, anuncio que votaré en contra el proyecto, porque creo que más que unir respecto de una materia, está dividiendo, una vez más, a quienes tratamos de hacer bien las cosas. En ese sentido, me parece que debe ser objeto de un mayor análisis.
Señor Presidente , pido que me confirme si se acordó o no votar hoy esta iniciativa -no lo escuché con claridad-, a solicitud del colega Issa Kort .
En todo caso, aunque parece un proyecto simple, por sus implicancias jurídicas y filosóficas, sería conveniente analizarlo con mayor profundidad.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , efectivamente, el proyecto no será votado en esta sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.-
Señor Presidente, las ideas centrales de este proyecto indican que estamos ante una iniciativa importante.
Me produce cierta curiosidad el hecho de que el Senado de la República, en forma unánime, haya respaldado un proyecto limpio como este y que, por el contrario, en la discusión desarrollada en la Cámara de Diputados se produzca una suerte de polarización.
Por su intermedio, señor Presidente , confirmo a mi colega Enrique Jaramillo que por supuesto que la cosa está dividida, porque una parte pequeña de Chile quiere el aborto y una gran mayoría no lo quiere. Por lo tanto, es obvio que las posiciones estén divididas. Pero quienes en este país estamos por la vida debemos tener posturas. Aquí ya no se puede andar con medias aguas.
El proyecto pretende relevar una fecha -en muchos países ya se celebra- para conmemorar a aquel ser indefenso que está por nacer y que muchas veces el mundo olvida.
Por lo tanto, está claro que las posiciones están divididas, pero hay que tener una postura. No podemos evadir el debate; estamos dispuestos a hacerlo, pues tenemos los elementos técnicos y jurídicos para ello.
Esta iniciativa es muy simple: instituye una fecha para que los chilenos reflexionemos respecto del que está por nacer. No busca iniciar un debate sobre el aborto, aunque tenemos los argumentos para enfrentarlo y quisiéramos hacerlo.
En Chile se conmemoran muchos días. En la Tabla de esta sesión figura, además, un proyecto de ley que establece el “Día Nacional del Hincha del Fútbol”, en conmemoración del accidente del bus en el que fallecieron hinchas del Club Deportes O’Higgins de Rancagua.
Espero que esta iniciativa se apruebe, tal como lo hizo el Senado, que lo aprobó en forma unánime. Por alguna razón lo habrá hecho. Incluso, el hecho de que algunas personas propugnen el aborto no debiera impedir que se celebre y que se refuerce la identidad y la defensa del que está por nacer. Es legítimo hacerlo.
Ahora quiero referirme a los argumentos técnicos. El proyecto llegó a la Comisión de Familia, luego de haber pasado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en que fue rechazado. No obstante, en ambas comisiones sus integrantes no tuvieron reparos ni problemas en aprobar aquella parte de la norma que se refiere a la adopción. Esto es importante, porque algunos diputados plantearon que las dos situaciones deberían conmemorarse en fechas distintas. Pero la adopción es una alternativa al aborto, y es importante reforzar esta idea. De hecho, en la Comisión de Familia estamos analizando diversos proyectos que buscan modificar y acelerar los procesos de adopción en Chile, como una forma alternativa al aborto. La idea es que quien decide dar en adopción, incluso en caso de un embarazo no deseado, cuente con mecanismos más efectivos para ese propósito.
Los diputados que estuvieron a favor de la iniciativa estimaron que su objetivo es relevar por sobre todas las cosas el valor de la vida, de modo que en ningún caso la discusión debe centrarse en el aborto ni menos pensar que se está condenando a las mujeres.
Ante la pregunta “¿Desde cuándo debe protegerse la vida del que está por nacer?”, surge la respuesta: a nuestro juicio, desde que existe la vida humana; es decir, desde la concepción. Siempre se escucha que esa afirmación debe plantearse frente a los argumentos técnicos o científicos que existen. Es cierto que la ciencia ayuda a definir los cambios que afectan al embrión. Sin embargo, dichos cambios de las cualidades no definen la vida.
Un ser humano es cuando existe; es decir, se puede desarrollar la vida humana solo en la medida en que existe. Por lo tanto, desde el momento en que comienza la existencia de ese ser comienza su desarrollo y, en consecuencia, es una persona. En efecto, el estatuto de la persona se encuentra en su ser mismo, y no en un momento determinado del desarrollo, ni en un accidente, ni en una cualidad determinada.
Entonces, si el ser subsiste y es uno mismo desde la concepción -esto es, desde ese momento se va desarrollando-, se puede decir que la vida humana comienza desde la concepción.
Así como se celebra el Día del Campesino, el Día del Minero , el Día Nacional del Ejecutado Político -próximamente existirá el Día Nacional del Hincha del Fútbol-, lo que propone conmemorar el proyecto es valioso. Así lo entendió el Senado y espero que así también lo entienda la Cámara de Diputados, en cuanto a poner de manifiesto nuestra intención de establecer el día 25 de marzo como el “Día del que está por nacer y de la adopción”.
Esos seres humanos -a diferencia de nosotros, que podemos hablar y defendernos- no tienen defensa posible respecto de ellos mismos. Por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos que ponerlos en el sitial que corresponde.
Estamos por la defensa de la vida y, por eso, vamos a aprobar este proyecto de ley para instaurar el “Día del que está por nacer y de la adopción”, como ha ocurrido en muchos países, incluso en aquellos donde, lamentablemente, existe el aborto. Es importante hacer también esa reflexión en nuestro país.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MARINOVIC ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).-
Señor Presidente , como lo ha dicho también el colega Ramón Barros , este proyecto, necesariamente, nos lleva al tema del aborto, que divide a la sociedad chilena, porque tenemos visiones y posiciones distintas que entran en conflicto y en contradicción con los derechos reproductivos de la mujer. No debemos olvidar que aquí hay un ser humano muy importante en el proceso de gestación de una vida: la mujer.
Por cierto, todos estamos por la vida, pero cuando el diputado Ramón Barros hace esa afirmación y mira hacia las bancadas de Izquierda, le debo recordar que siempre hemos luchado por la vida y los derechos humanos, y nos hubiera gustado que durante la dictadura se hubiera respetado la vida de miles de chilenas y chilenos que fueron asesinados por el Estado de Chile. Pero no quiero profundizar ahora en ese debate.
No es posible que a través de un proyecto de ley se pretenda instalar, de soslayo, el debate sobre el aborto. Chile merece un debate serio, con conflictos, tensiones, peleas, con lo que sea, pero un debate serio y transparente sobre el aborto y no tapado, de soslayo, con el establecimiento de un inocente “Día del que está por nacer y de la adopción”.
El autor de esta moción, senador Jaime Orpis , señaló que con esta propuesta se trata de revertir las legislaciones que consagran el aborto. Ese es el trasfondo de esta propuesta. Por eso, parlamentarios de la Oposición que integramos la Comisión de Familia lo rechazamos, porque creo que si se quiere impedir el aborto en Chile se debe hacer un debate serio y transparente, pero no soslayado en este ingenuo “Día del que está por nacer y de la adopción”.
En todos los países que mencionó el diputado Ramón Barros donde se ha instaurado ese día, ha sido vía decreto con fuerza de ley y no a través de una ley, que son categorías jurídicas legislativas distintas. Cuando otros Presidentes de la República han instaurado en Chile el “Día del Detenido Desaparecido”, un tema que divide a nuestro país, o el “Día de los Ejecutados Políticos”, lo han hecho a través de decretos con fuerza de ley. Ningún Presidente de la República de la Concertación envió al Congreso Nacional, vía proyecto de ley, temas que dividen y causan conflicto en el país.
Entonces -voy a hablar como defensora de los derechos de las mujeres-, quien debería tener un día de conmemoración es la mujer embarazada, porque si se quiere garantizar la vida de los que se gestan en el vientre de las mujeres, hay que velar para que esa madre tenga garantías sociales y económicas para parir a sus hijos y no solo buscar su satanización o demonización cuando se ve obligada a abortar, por distintas razones, cuestión que muchos no compartimos, pero debemos comprender que hay condiciones sociales y económicas que llevan a muchas mujeres a tener que abortar.
Ese es un tema tan serio para la sociedad y para nosotras las mujeres, que hay que debatirlo con claridad y no de soslayo, metido en el establecimiento del “Día del que está por nacer y de la adopción”.
Por lo demás, se vinculan sujetos de ley absolutamente distintos. El que está por nacer no es una persona; es vida, y, por cierto, está reconocido en la legislación, pero quien tiene los derechos legales y constitucionales es la persona, vale decir, el que nace. Para proteger al que no ha nacido, hay que proteger a la mujer, que es la que gesta y pare a ese ser humano.
Tengo una encuesta de 2008, realizada por Adimark, en que se señala que Chile es visto como una sociedad que no apoya la maternidad. El 54,30 por ciento de las personas que fueron encuestadas en esa oportunidad señalaron que en Chile no se apoya la maternidad; se la demoniza, porque no hay un estatuto.
Yo crearía un estatuto social y económico para el que está por nacer; vale decir, que se les garantice a esos niños y niñas que están gestándose en el vientre de una mujer que van a nacer en condiciones sociales y económicas humanas, para desarrollarse como seres humanos libres, en derechos y en condiciones de desarrollo. Pero hoy es muy distinta la situación. Hay mujeres que tienen hijos en condiciones paupérrimas y la sociedad no se preocupa de proteger esa maternidad.
Por eso, junto a otros colegas, en la Comisión de Familia presenté una indicación para cambiar el título del proyecto y dejar el debate sobre el aborto para otra oportunidad, para tener una discusión clara desde nuestras distintas posiciones y con toda la valentía que eso implica.
En 1990, presenté una moción sobre el aborto terapéutico, que repone una norma que existió en Chile hace unos setenta años, que fue eliminada por la Junta Militar, no sé si días antes o días después de que había sido elegido don Patricio Aylwin como Presidente de la República . Esa norma protegió la vida de la mujer cuando estaba en peligro por un embarazo que se producía en forma normal. Es una interrupción del embarazo. Ese proyecto nunca ha podido ponerse en Tabla en el Congreso Nacional.
Entonces, creo que este proyecto debería denominarse el “Día de la mujer embarazada y de la adopción”, porque ahí se pone en equilibrio a dos sujetos: el niño o niña que va a ser adoptado, que es una persona, y la mujer embarazada. El que está por nacer es vida, pero no es una persona en nuestra legislación.
Entonces, para proteger al que está por nacer, habría que empezar, primero, por proteger al ser humano que gesta a ese otro ser y que lo da a luz, que es la mujer.
Por eso, sugiero que se instaure el “Día de la mujer embarazada y de la adopción”.
He dicho.
El señor MARINOVIC Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , me siento bastante emocionada y triste por el hecho de que un proyecto tan loable, como es establecer el día del niño que está por nacer y de la adopción, en caso de que, por alguna razón, su madre decida que le complica o le afecta su vida el tener ese niño. Eso es lo que se pide a través de este proyecto, pero me confunde y amarga que se aproveche la oportunidad para entrar a discutir una propuesta que está pendiente, como es la pretensión de legalizar el aborto en Chile. Pero ese no es el objetivo del proyecto, sino promover que niños que podrían ser abortados puedan ser adoptados. Incluso, las propias personas que han puesto este tema en la mesa han dicho que nadie quiere el aborto, porque es lo más terrible que le puede pasar a una mujer. Entonces, no entiendo por qué insisten en tratar de impedir que esto sea una posibilidad y continúan con sus argumentos para instaurar esa discusión que, según ellos, está pendiente.
Me parece increíble que la Comisión de Derechos Humanos haya rechazado esto en forma tan simple, porque es la instancia que, supuestamente, debiera defender los derechos humanos de todos. Está claro que se ha convertido en una Comisión absolutamente parcial.
Además, me extraña que aquí siempre se citen los tratados internacionales, pero se les olvida que el Pacto de San José de Costa Rica, que Chile ratificó hace muchos años, defiende la vida desde el minuto de la concepción; también se les olvida que nuestra Constitución Política defiende la vida del que está por nacer, al igual que nuestro Código Civil, al establecer claramente que el juez debe proteger la vida del que está por nacer en caso de que sienta que está en riesgo.
Asimismo, me llama mucho la atención que cada vez que tocamos el tema de defender la vida del que está por nacer, desde el momento de su concepción, inmediatamente se saca a colación el tema de los derechos humanos en tiempos del gobierno militar, o de la dictadura, como dicen ellos. ¡Qué curioso! ¿Acaso no hubo muertes y atropello a los derechos humanos antes, durante y después del gobierno militar? Incluso, en esta Sala se sienta un diputado que se jacta de haber sido miembro de un movimiento terrorista que trató de asesinar al general Pinochet, que mató a cinco de sus escoltas y dejó inválidas a diez personas, entre otras cosas. Francamente, no puedo comprender tanta incongruencia.
El Senado decidió aprobar este proyecto en forma unánime y sin discusión -en esto se portó mucho mejor que ayer-, simplemente porque consideró que era una opción maravillosa para dar protección a la vida del que está por nacer y para ofrecer otra oportunidad a las mujeres con embarazos no deseados.
No es cierto que en Chile no se proteja la maternidad, y menos durante este gobierno, porque todos colaboramos para sacar adelante el posnatal de seis meses, un regalo para las madres, para sus hijos y para nuestra sociedad.
Además, se han impulsado muchas iniciativas muy loables, como, por ejemplo, el programa Acoge una Vida, de la Fundación Chile Unido, que ha apoyado y acompañado a miles de mujeres durante su embarazo, y que ha salvado la vida de más de 4.000 niños, que podrían haberla perdido si no hubiera habido una mano que los acogiera. Lo que debemos hacer es dar más ayuda a las mujeres embarazadas y habilitar más lugares donde puedan acudir las niñas que no tienen un hogar y que, muchas veces, son rechazadas por la sociedad e impulsadas a realizar un aborto; a ellas tenemos que tenderles una mano.
En nuestro país no podemos hablar tan livianamente de los derechos reproductivos y de la mujer. Las mujeres tenemos muchos derechos y debemos ejercerlos, pero no tenemos derecho a decidir terminar con la vida de un niño que está dentro de nuestro ser; eso no tiene que ver con los derechos reproductivos.
La mujer tiene derecho a decidir respecto de su cuerpo, sobre muchos aspectos físicos; pero no puede decidir sobre la vida del niño que lleva dentro. Dios nos dio el privilegio de ser madres y nosotras no podemos determinar que una vida sea destruida como si nada.
Desafortunadamente, este proyecto fue rechazado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de esta Cámara. Me sorprende que no sea esa la instancia que haya defendido con más fuerza esta iniciativa.
Por eso, hago un llamado a los diputados para que no confundan las cosas y para que no aprovechen esta oportunidad para abrir debate sobre un tema que está pendiente y que dice relación con el aborto. Tengamos esa discusión, pero no nos aprovechemos de esta coyuntura; seamos consecuentes. Por ejemplo, la diputada María Antonieta Saa ha dicho que para una mujer no hay nada más terrible que cometer un aborto. Entonces, démosle la posibilidad de que su hijo pueda ser adoptado y de que decida, una vez que su hijo nazca, si está dispuesta a continuar por el mismo camino o si prefiere conservarlo a su lado, como les ocurre a miles de mujeres.
Reitero que los colegas no deben confundir una cosa con otra. En muchos países del mundo en los cuales el aborto es legal se han aprobado proyectos similares a este; pero esta iniciativa no dice relación con el aborto, sino con dar una oportunidad para que los niños vivan y, en caso de que no puedan permanecer al lado de su madre, para que sean acogidos por otras persona que les den amor, afecto y que los proteja por el resto de su vida.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Ofrezco la palabra al honorable diputado Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING .-
Señor Presidente , aparentemente, este proyecto de ley es inocuo, inofensivo, más bien positivo, por lo que no debiera encontrar objeción ni resistencia alguna para ser aprobado. Sin embargo, lo que en realidad hace, de acuerdo con una inveterada costumbre nacional, es abordar un problema espinudo de manera oblicua, aviesa, casi a traición.
Bajo esta supuesta inocua apariencia, lo que se está introduciendo -es algo que ha quedado en evidencia con las intervenciones de los diputados de las bancadas de enfrente, es decir, de la Derecha- es un debate sobre el aborto. Si de ello se pretende discutir, pues que lo digan derechamente y abordemos el problema del aborto.
Se nos invita a asumir una posición, pero como corrientemente el lenguaje es usado en forma inapropiada, en vez de invitarnos a tomar una posición, se nos invita a tomar una postura, que tiene que ver más bien con otras actividades humanas que con definiciones personales respecto de tal o cual problema o con empujar el proyecto en una u otra dirección.
No soy partidario del aborto como algo libre y general, que se pueda practicar sin mayores inconvenientes, entregado a la voluntad de cada quien. Pero no es el tema en discusión; si se tratara de eso, debiéramos discutir sobre las implicancias religiosas -para quienes profesan un credo-, filosóficas, científicas, médicas y jurídicas. Creo que, una vez más, en este caso, vamos a generar un problema a nuestra sociedad con nuestra imprecisión, ligereza y superficialidad conceptual.
Veamos lo que dice el título: “Proyecto de ley que establece el Día de la adopción y del que está por nacer”; es decir, el día de un ser humano, y le agregan “de la adopción”, es decir, un acto. Si pretendemos que sea un proyecto adecuadamente formulado, desde este punto de vista, debiera referirse al día de la maternidad -ser madre es una acción- y de la adopción, que es otro acto para proteger y favorecer el crecimiento del niño dentro de una familia que no es la biológica. Pero, no es así, porque estamos acostumbrados a aprobar leyes de las cuales después nos arrepentimos y tenemos que hacerlas de nuevo. Todavía hay personas que se andan golpeando el pecho con el voto voluntario porque su propósito era estimular la participación ciudadana; sin embargo, terminamos disminuyéndola considerablemente. Aprobamos un proyecto de ley que instituye las elecciones primarias que salió malo y, a matacaballo, tuvimos que hacerle correcciones. Fue despachado por el Congreso Nacional con el beneficio de que la ciudadanía se pueda informar a través de los canales de televisión, pero la Anatel presiona al Gobierno y el proyecto despachado por el Congreso debe ser modificado.
El modo de salir del paso es referirnos a seres o a acciones, pero no a ambos conceptos, porque no son compatibles. Reitero, debiéramos adoptar el día de la maternidad y el día de la adopción y, tal vez, en una iniciativa aparte establecer, por qué no, el día del ser que está por nacer, que es una idea diferente y que requiere un trato distinto.
Lo que se plantea aquí es un contrabando, porque no nos atrevemos a discutir este tema de cara a la sociedad, que es lo que la sociedad le critica a la política y al Parlamento en especial. De insistirse en esto, naturalmente, voy a votar en contra del proyecto y a favor de la indicación que propone cambiar la naturaleza de este día.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.-
Señor Presidente , lamento que haya tan pocos diputados presentes en la Sala -algunos se encuentran en comisiones-, porque no estamos debatiendo un tema menor, sino que estamos frente a un asunto de principios, de concepción de la vida, de filosofía, en qué creemos, cuál es la esencia del ser humano y cómo queremos plasmar nuestro pasar por la vida. Por eso, celebro que se produzca este debate.
También, celebro la aprobación unánime de este proyecto de ley en el Senado. Sin embargo, me llama la atención la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de nuestra Corporación para rechazarlo, pero reconozco el aporte que los diputados de la Comisión de Familia han realizado. Me tocó presidir esa Comisión durante la discusión de este proyecto, por lo tanto, conozco en profundidad los argumentos que se esgrimieron tanto a favor como en contra y, por lo mismo, ratifico mi voto afirmativo al mismo.
Al igual como lo hizo el Senado y la Comisión de Familia, es bueno discutir este proyecto y otros temas relacionados, porque contribuyen al país.
Más allá de la figura de la madre o del padre, el eje central de la iniciativa es el niño que está por nacer. Quienes están a favor del aborto creen que tienen el derecho a cortar el desarrollo de una vida humana. Recién, en la bancada del frente nos plantearon que tenemos que ser consecuentes con los valores inherentes a la defensa de los derechos humanos. ¡Hay que ser consecuentes! La unión entre un óvulo y un espermatozoide no produce otra cosa que vida humana, por lo tanto, el respeto de los derechos humanos parte del momento mismo de la concepción, pues de la unión entre un óvulo y un espermatozoide no sale una planta, sino que nace un ser humano.
¡Seamos consecuentes en la defensa de los derechos humanos desde el momento de la concepción! Esa persona tiene derecho a nacer, aunque hay algunos que creen que pueden pasar a llevar ese derecho por una decisión.
Tenemos que buscar, a través de este tipo de proyectos de ley, un símbolo, un hecho concreto, más allá del poder coercitivo que tenga. La iniciativa busca refrescarnos la memoria, instaurando el día 25 de marzo como un día de reflexión, de análisis respecto de la vida. Gracias a una madre que optó por la vida, que nos educó y que nos crió estamos aquí. También, destacamos a la madre adoptiva, quien a pesar de no haber engendrado esa vida humana, decide criarla, ayudarla a construir su vida.
El próximo mes se celebra el día de la madre a nivel nacional e internacional. Estoy seguro que gran parte de los diputados que aspiran a la reelección van a hacer grandes fiestas en sus distritos para celebrar a las madres, porque este es un año electoral, y de seguro van a entregar regalos y celebrar junto a ellas ese día. Un buen regalo para las madres sería aprobar este proyecto de ley, decirles que opten por la vida, y si no pueden criar al hijo que está por nacer, que den a luz a esa criatura para que tenga la posibilidad de ser adoptada.
La iniciativa reafirma a los que tenemos verdaderos valores en la vida, a los que creemos que la vida es la mejor y única posibilidad del ser humano de cooperar con la sociedad.
Invito a reflexionar a aquellas personas que quieren hablar de aborto. Si queremos hablar de él que sea en un proyecto de ley sobre el aborto, no en uno como el que estamos discutiendo, que lo que busca es celebrar a la persona que está por nacer. Si quieren presentar un proyecto de ley sobre el aborto, discutámoslo en las comisiones que corresponda, pero no confundamos el espíritu de este.
Por último, reitero que con este proyecto de ley lo que se busca es afianzar la vida y ser consecuentes con la defensa de los derechos humanos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , coincido con mi colega Marcelo Schilling en su crítica sobre la forma oblicua y solapada con la que se abordan temas muy importantes para el país y para sus ciudadanos.
Este proyecto es un ejemplo de lo anterior. El senador Orpis , autor de la moción, pidió en la sesión del 31 de enero pasado al presidente accidental del Senado , don José Antonio Gómez , votar de inmediato y sin debate esta iniciativa signada en el número 4 de la Tabla de Fácil Despacho, referente al establecimiento del día del que está por nacer y de la adopción, que contiene un artículo único. Es decir, la votación unánime del Senado fue incitada por el senador Orpis , señalando que era una materia sobre la que no había mayor problema para aprobarla y por eso pidió que no se discutiera. El senador Gómez , que presidía accidentalmente la sesión, accedió a tal petición. ¡Muy mal hecho! El senador Gómez debió haberse dado cuenta que con tal iniciativa se quería pasar gato por liebre.
El proyecto que establece el “Día de la adopción y del que está por nacer” señala en sus fundamentos que es el día en contra del aborto. ¡Eso es! Y fue propuesto y establecido en el primer Congreso Internacional Provida, celebrado en Madrid, en 2003. Todos sabemos lo que son los grupos Provida; todos sabemos que estos grupos son parte de la sociedad y tienen todo el derecho a participar, pero no pueden imponer a toda la sociedad su concepción de la vida. ¡Por supuesto que tienen derecho a existir! Pero no pueden, por secretaría, imponer a un país entero la celebración de un día que tiene detrás de la inocencia de su título el tema del aborto.
Todos sabemos que el aborto es un tema complejo y, por su intermedio, señor Presidente , le quiero decir a mi colega Issa Kort que ya se han presentado iniciativas sobre el aborto terapéutico en este Congreso, pero no se han logrado debatir. Por eso me gusta que él diga que ahora sí quieren discutir al respecto. ¡Pero hagámoslo en serio!
Muy pronto vamos a presentar un proyecto de aborto terapéutico y quiero ver cómo se tramita, porque los dos presentados con anterioridad, uno en 1992 por la diputada Adriana Muñoz, y otro en 1997 o 1998, nunca lograron ser discutidos, porque la Derecha no quiere tocar ese tema, la Derecha tiene una venda en los ojos. El aborto es un problema nacional, es un problema de las mujeres. Ninguna mujer aborta porque quiere, sino porque sufre un embarazo no deseado.
La Derecha se opone a la entrega de la píldora del día después, se opone a la entrega de anticonceptivos. Fue una vergüenza que treinta y dos diputados de Derecha presentaran ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para que se suspendieran los anticonceptivos en Chile. ¡Qué locura! ¡Los anticonceptivos que usan dos millones de mujeres! ¡Eso fue lo que presentaron! Hoy, está comprobado que la píldora del día después no es abortiva, pero muchos alcaldes de Derecha no la quieren repartir. Entonces, se tapan los ojos, porque el aborto es un riesgo de vida para las mujeres, y lo único que quieren es tener una ley que diga eso, pero les importa un “pito” el Estado de derecho, porque en Chile igual suceden abortos, pero no se preocupan. Tampoco les preocupan las adolescentes embarazadas.
¿Qué les parecen estas cifras, señores de la Derecha?
Fíjense que en las comunas populares, que tienen menos dinero, por ejemplo, en Alto Hospicio, hay una tasa de 80.7 nacidos vivos por mil mujeres entre 15 y 19 años; sin embargo, en la comuna de Las Condes la tasa es de 8.
¿Por qué esta situación?
Las niñas de Las Condes, que las veo representadas ahí, arriba, van al ginecólogo, no tienen relaciones sexuales...
(Manifestaciones en las tribunas)
Creen que el drama de una embarazada adolescente, es un drama de...
(Hablan varios diputados a la vez)
¡Ya, pues, diputado Bauer , déjeme hablar, no se ponga como Savonarola! Tenemos que poner el tema del aborto acá, y derechamente, no chuecamente. No podemos obligar a los chilenos a celebrar un día...
(Manifestaciones en las tribunas)
Pero, ¡que me dejen hablar, señor Presidente!
(Hablan varios diputados a la vez)
¡Que me dejen hablar!
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Por favor, señora diputada .
La señora SAA (doña María Antonieta).-
¡Tengo derecho a expresarme!
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señora diputada , por favor.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Tengo todo el derecho a expresarme.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Solicito a las tribunas...
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Solicito a las tribunas... Escúcheme, colega Bauer .
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Veo que se exaltan los ánimos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Solicito que aprendamos a escucharnos. Hay varios colegas de la UDI inscritos, que después podrán contestar.
Continúe con el uso de la palabra, señora diputada.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
A mí me da mucha pena, señor Presidente , realmente, me da mucha pena, y me da vergüenza, que en este Hemiciclo no seamos capaces de ver la realidad del país, que no seamos capaces de ver que los ciudadanos, a través de encuestas, han expresado que quieren que en este Congreso Nacional se discuta el problema del aborto. Pero lo impiden constantemente. Las encuestas son claras con respecto a eso. Ustedes, la mayoría que está enfrente, son hombres, ¿saben el drama que tienen las mujeres con un embarazo no deseado? No tienen idea. No saben lo que significa eso para una mujer adolescente. No tienen la menor idea el drama que significa eso. No tienen la menor idea.
Aquí, hay un movimiento Provida, que está en ciertos sectores sociales, además. Es cierto que quiere obligarnos, a los chilenos -a través de este proyecto de ley oblicuo, que no se debatió en el Senado, debido a que el senador Orpis lo impidió, porque pidió que se votara sin discusión-, a tener un día, donde va a desarrollar -es cierto- una propaganda y una falsedad a todo trapo, porque tiene mucha plata.
El otro día adquirió una página entera de El Mercurio. ¿Cuánto cuesta una página entera de “Vida Social”, de El Mercurio, con los Provida y con “El día del que está por nacer”? Se utilizan todos los recursos del mundo para que las mujeres no puedan optar, porque, como decía Jaime Guzmán , en las actas constitucionales, es la mujer la que tiene que martirizarse; la mujer tiene que morir, para salvar al hijo. Aquí hay un problema profundo, que evitan discutir. Yo desafío a los colegas, que hoy día alegan, a que cuando ingrese el proyecto del aborto terapéutico sea puesto en Tabla para su discusión. No saben el drama que significa, para una mujer violada, quedar esperando un hijo. La mayoría, aquí, son colegas varones, y no saben lo que le pasa a las mujeres.
Creo que es muy importante que este proyecto no se apruebe, porque van a obligar al país a soportar por un día a estos grupos Provida, que son una minoría, en el desarrollo de su activismo, que El Mercurio va a reflejar, por supuesto.
Apoyemos políticas públicas de protección del embarazo. El programa “Chile crece contigo” está absolutamente disminuido en este Gobierno. Es un proyecto muy relevante, en términos de la relación de la mujer con su embarazo y lo que significa el nacimiento de un niño. Pero, acá, quieren tapar el sol con un dedo, lo único que les importa es que haya una prohibición; no les preocupan los verdaderos dramas que viven las mujeres, lo cual habla muy mal de esta Cámara de Diputados, de este Congreso Nacional. Primero, el Senado, evitando la discusión, aprobando un proyecto por secretaría, y, hoy día, el fanatismo de algunos, en fin.
Creo que el día de la adopción sería estupendo. Por eso, presentamos una indicación, para que celebremos un día de la adopción, que es algo noble, claro. Pero tras lo del día del que está por nacer, hay, realmente, una cosa oblicua, como ha sido, precisamente, la acción de los conservadores. Teníamos la nulidad matrimonial, que anulaba matrimonios constituidos, de años, con hijos, en vez de tener claramente el divorcio.
Así que los desafío a no aprobar esta iniciativa, porque es una bofetada a la mayoría del país. Los desafío a que cuando presentemos nuestro proyecto, sobre todo a Issa Kort , que fue presidente de la Comisión de Familia, lo discutamos, pero en profundidad, sin caricaturas, sin los profamilia, sin eslogan que digan: aquí estamos los que defendemos la vida y, allá, los de la muerte.
Espero que el diputado Issa Kort cumpla su palabra y nos ayude a que esto sea puesto en Tabla y se debata.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor KORT.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Estimado colega, hay tres diputados de la UDI inscritos: los señores Felipe Salaberry , Ernesto Silva y Gustavo Hasbún . Si usted quiere, lo inscribo, porque hay tiempo. En todo caso, usted dispone del tiempo de su segundo discurso.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , voy a intervenir para apoyar este proyecto, que establece el día de la adopción y del que está por nacer, porque creo que contiene un profundo mensaje humanista, una señal clara, y cultural de protección de la vida de todos los seres humanos, independiente de nuestras condiciones.
Si en el siglo XVIII se hubiera propuesto el día del hombre de color, en Estados Unidos, seguramente habrían surgido muchos que hubieran reclamado, porque no se había resuelto el problema de la esclavitud. Pero eso no obsta a que nosotros pongamos, en el tapete público, un tema que es relevante y requiere mayor atención de las políticas públicas. Ello sin perjuicio de que, en virtud de la autonomía parlamentaria, se pueda presentar todo tipo de proyectos que, en su momento, llegarán acá y se discutirán. Eso no es un obstáculo para aprobar este día, que pretende relevar la importancia de la vida, puesto que, el que está por nacer, como establece la iniciativa, es un individuo de la especie humana, no una cosa, no un objeto: es un sujeto de derechos.
Y ese es, quizá, el mensaje más profundo contenido en el proyecto, que no veo por qué pueda ofender a nadie, pues lo que pretendemos es que nuestra sociedad apoye al binomio madre-hijo, al que está en gestación y a la madre, sin divorciarlos, sin separarlos. La vinculación con la adopción es una ligazón feliz, porque sabemos -no somos ciegos- que muchas mujeres chilenas enfrentan dificultades, por razones socio-económicas, médicas, en fin, por las cuales el embarazo se transforma en conflicto. Ante esa situación, la adopción es una opción para muchas mujeres.
En este punto, quiero hablar del Proyecto Esperanza, de la Fundación Chile Unido, de María Ayuda, del movimiento Anónimos por la Vida, que se orientan a atender a esas mujeres que están en esa situación de conflicto. ¿Cuántas vidas ha salvado la Fundación Chile Unido? ¿Cuántas vidas ha salvado el Proyecto Esperanza?
Esas entidades han ayudado a dichas madres -a las que no juzgo, y creo que nadie está en condiciones de hacerlo- que se encuentran en una situación de conflicto por diversas razones. Por eso, quiero felicitarlas porque han hecho una tremenda contribución, y en forma anónima, para que muchos chilenos que caminan por la calle estén vivos.
Felicito también al doctor Jorge Neira , de la Facultad de Medicina, de la Universidad Católica, quien ha sido vanguardista y ha creado una unidad especial en esa facultad para el seguimiento y acompañamiento de la mujer con un embarazo complejo y complicado desde el punto de vista de la medicina, porque no existía en Chile una iniciativa semejante.
Lo que queremos con este proyecto de ley, que establece el 25 de marzo como el Día de la adopción y del que está por nacer, es precisamente que el Estado y la opinión pública trabajen en políticas públicas para apoyar a la mujer en etapa de embarazo.
Por lo tanto, a las diputadas señoras Saa y Muñoz , les digo que no tenemos inconveniente, en que votemos un proyecto sobre la maternidad o la mujer embarazada. Pero ese sería otro proyecto, porque con el que estamos analizando queremos realzar, en sintonía con nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de quien está por nacer.
El artículo 19, Nº 1°, de la Constitución, que se refiere a los derechos y deberes constitucionales, consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer”. Es decir, esto no es más que una consecuencia de ello.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José”, en su artículo 1º, que establece la obligación de respetar los derechos señala que los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar el derecho a la vida. Es decir, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley. En general, a partir de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En otras palabras, este proyecto de ley está en plena sintonía con ese ordenamiento.
Por lo tanto, nos interesa que el Estado pueda avanzar en políticas públicas como las que están realizando personas del mundo privado, del mundo católico, del mundo evangélico y del mundo laico, a quienes también felicito, porque están haciendo un gran aporte a la vida.
La discusión sobre el aborto está entregada a la autonomía parlamentaria. Se han presentado proyectos en el Senado y en la Cámara. En su momento, los vamos a estudiar. Ahora, lo que queremos es avanzar en la protección a la vida, tanto de la madre como del que está por nacer. Ello, porque hay muchas situaciones complejas en el embarazo que requieren de atención y acompañamiento.
Es importante que los parlamentarios votemos este proyecto bastante sencillo y simple. Lamento que se haya ideologizado el debate pero no hay aquí intenciones ocultas de demonizar o de atacar. Solamente deseamos ser coherentes con el respeto a los derechos humanos en dictadura y en democracia.
Para finalizar, quiero señalar que en la Democracia Cristiana siempre hemos estado por el derecho a la vida, tanto en dictadura como en democracia.
Tengo cinco puntos en la frente, porque cuando era estudiante universitario recibí un golpe por oponerme a las violaciones a los derechos humanos. Ahora, estoy dispuesto a recibirlos en democracia.
Con un debate sereno, vamos a aprobar el proyecto, porque pretende generar más políticas públicas de apoyo a la madre y a la criatura que está por nacer. También, destrabar la tremenda burocracia en materia de adopción.
En Chile se adoptan anualmente cerca de quinientos niños, y a tardía edad, de cuatro o seis años. Necesitamos acelerar ese proceso, para que el paso por las casas de acogida de menores sea el más breve posible, y esos niños puedan ser entregados a personas que, por diversas razones, no han podido ejercer la paternidad y maternidad biológicamente, pero sí quieren ejercerla espiritualmente a través de la adopción. Se trata de una alternativa válida que debemos potenciar.
En la Comisión de Familia hemos iniciado el debate de varias mociones. El Ejecutivo , también anunció el envío de un proyecto, que debe llegar pronto, mediante el cual se van a analizar todas las temáticas de la adopción.
Llamo a votar favorablemente esta iniciativa. En esto, no hay divisiones entre Izquierda y Derecha. Creo que es un tema humanista. Su mensaje es defender al que está por nacer y la adopción.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , voy a partir rindiendo un merecido homenaje a todas las madres que han decidido tener su hijo y no abortar. Es decir, que han respetado el derecho a la vida. Eso deben promover los parlamentarios y quienes dictan las leyes.
Aquí nos dicen que la Derecha no quiere que se promulgue una ley de aborto. Quiero agradecer esas palabras. Si defender la vida y rechazar los abortos es ser de Derecha, perdónenme, pero no sólo soy de Derecha, sino ultraderechista, porque voy a defender la vida a ultranza, a como dé lugar. Las madres de nuestro país necesitan el respeto de todos.
¿Cuántas madres y matrimonios lo único que anhelan es tener un hijo? Y cuando adoptan uno, vuelve la felicidad y el encanto a la casa. Se produce una buena y nueva manera de vivir.
Con este proyecto se busca algo muy simple -no tergiversemos las cosas-: establecer que el 25 de marzo es el día de las personas que adoptaron un niño. Es tan simple como eso, así como existe el Día del Padre , el Día de la Madre, el Día del Comercio, etcétera.
Entonces, ¿qué se persigue con venir a vociferar, a gritar, a ofendernos unos a otros, porque, simplemente, el Senado no debatió un proyecto?
O sea, el Senado es bueno cuando favorece lo que uno quiere y malo cuando hace lo contrario. En verdad, si no lo discutió es porque tiene la absoluta convicción de que se trata de una materia simple, pero de enorme beneficio para miles de madres.
Señor Presidente , fíjese que curioso es lo siguiente. Dicen: “Vivan las “pepas” y las fiestas. Hagamos lo que queramos. Después, matamos la guagua.”. ¡Es muy fácil esta cuestión! ¿No será mejor fomentar la educación y que la gente tenga derecho a una sexualidad informada?
Es bien fácil decidir por los demás. Pero aquí el único que no puede decidir es el niño en el vientre de la madre.
Y la pregunta del millón es; ¿tenemos derecho a cometer este crimen? ¿Podremos pasearnos tranquilos por ahí a sabiendas que hemos aprobado una iniciativa que lo único que incentiva es que la madre que no quiere un hijo, lo mate, lo deseche? En verdad, habría que ser muy caradura para aprobar un proyecto de este tenor. No voy a aprobarlo.
Me siento orgulloso de haber rechazado siempre los proyectos referidos al aborto, porque creo firmemente en la vida. La gran diferencia se presenta porque pienso que cuando se une un espermio con un óvulo empieza la vida. Otros creen que a los tres o cuatro meses, o cuando empiezan a pensar, tienen derecho a la vida y que ahí recién son seres humanos. Creo firmemente que la vida comienza desde el momento en que se junta el óvulo con el espermio. No se trata de un convencimiento religioso ni mucho menos. Cuando se empieza a desarrollar el embrión, ¿qué es? ¿Un auto? ¿Una máquina? No, es un ser humano en las primeras fases de la vida. ¡Entendamos: están la concepción y la muerte! Son etapas de la vida. Una, es la primera y la otra, la última. ¿Tendremos derecho a interrumpir eso? Podemos ser médicos, pensadores, librepensadores, pero no ocupemos nuestro pensamiento para asesinar criaturas inocentes.
Perdóneme, señor Presidente , son palabras duras, pero a lo mejor esa dureza puede hacer entrar en razón a algunos y hacerles ver que estamos defendiendo la vida. Aquí, en ningún caso, se está hablando de aborto. ¡Mire lo que estamos defendiendo! Estamos defendiendo el día de la adopción, cuando un matrimonio adopta a un hijo, y del que está por nacer. ¡Miren el tremendo delito que estamos cometiendo! ¡Estamos estableciendo un día especial al que está por nacer!
La pregunta es si una madre embarazada querrá tener a ese hijo al tener un día dedicado a él. A lo mejor, si es libre pensadora, decidirá abortar. ¡No señor, porque aquí estamos defendiendo al niño que está por nacer!
Nunca se ha hablado de un aborto ni de otra cosa. Lo que pasa es que hay gente que cree que los diputados de Derecha no queremos la vida. En verdad, seamos consecuentes. La vida debe ser defendida por la persona de Izquierda, de Centro y de Derecha. La vida de una persona es la vida. Lo que podemos discutir es cuándo creemos que hay vida.
De manera que con fuerza, entusiasmo y mucho coraje, y yendo por una línea clara y precisa, felicito a los padres de los miles y miles de niños adoptados en este país, a quienes los apoyaré para darles su día, como también a los que están por nacer, que también lo merecen.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente , después de leer los fundamentos que se tuvieron en consideración para aprobar el proyecto en el Senado, que señalaban que eso significaba proteger al niño que está por nacer, tal como se consigna en el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Chile el 14 de agosto de 1990, específicamente en su artículo 4, que establece que se protege la vida desde el momento de la concepción, en ese momento pensé que estábamos en presencia del Día Internacional del Niño por Nacer.
Me he tomado el tiempo de buscar si existe ese día y si está amparado por las Naciones Unidas o por el sistema internacional de protección de los derechos humanos. No hay ningún día internacional del niño por nacer, ni día mundial del que está por nacer, ni día internacional del niño o de la niña por nacer. No existe en ninguna parte. ¿Por qué? Por razones propias de la construcción de Naciones Unidas.
Como bien sabemos, el 14 de octubre del año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco del “Cairo + 10”, reafirmó su voluntad de imponer en todo el mundo los derechos sexuales y reproductivos que incluyen el aborto. Más aún, en una instancia en que participamos, como es la Reunión de Parlamentarios, en Estrasburgo, se adoptó el compromiso de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, en las reuniones a las que solemos asistir en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, que reúne a los parlamentarios de todo el mundo, se acordó avanzar en la construcción y protección de los derechos sexuales y reproductivos. En consecuencia, no podría existir el día internacional del niño o del que está por nacer. Por eso no existe. Si lo buscan, no lo van a encontrar. Insisto, Naciones Unidas no ha establecido ese día internacional.
Según algunas informaciones, el 25 de marzo fue incorporado como Día Internacional del Niño por Nacer, porque los católicos celebran la Fiesta de la Anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el seno de María. Otras informaciones expresan que en diversas partes del mundo, coincidiendo con la celebración católica de la Anunciación de la Virgen María, que se celebra el 25 de marzo, también se producen manifestaciones en favor de la vida y en contra del aborto justamente en ese Día Internacional.
Viendo la página web del Obispado de Valparaíso , se dice “Invitamos a las comunidades a celebrar y resaltar este hermoso día en todas sus actividades celebrativas, con rezos, oraciones y saludos, tanto por los niños por nacer como por sus madres, quienes los engendran y que son la fuente de vida”.
En algunas partes de América Latina, el 25 de marzo se celebra el Día Internacional del Niño por Nacer con grandes marchas por la vida y en contra del aborto. Como dije, esa fecha fue escogida justamente por la Fiesta de la Anunciación, cuando Jesucristo fue concebido por María.
No tengo ningún sesgo ni nada que se parezca en contra de ninguna religión, pero creo que hay que defender el Estado laico, que prescinde de lo religioso. Es un estado neutral y que no recibe incidencia o no puede ser permeado por ninguna confesión religiosa. Si así fuese, no sería un Estado laico, que prescinde y que puede hacer sus leyes sin la presión de grupos económicos o religiosos.
Aquí estamos precisamente para hacer leyes, pensando en todos los chilenos y todas las chilenas. Como alguien manifestó, es un tema que tiene divididos a los chilenos, porque el aborto igual se mete de contrabando. Tanto es así que muchos de los senadores que, supuestamente, apoyaron este proyecto presentaron una moción para consagrar el aborto terapéutico en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, los mismos senadores a los que hoy estamos alabando por aprobar esa iniciativa, ya presentaron una moción a favor del aborto terapéutico.
Lo que me preocupa es que tenemos un Estado laico, que se consagró a partir de la Constitución Política de 1925. Pero justamente cuando se nos dice que este es un día internacional, yo digo categóricamente que es una mentira. No existe tal día. Malamente Naciones Unidas podría haberlo establecido como día internacional -como muy bien se reconoce en el proyecto-, por cuanto ha manifestado que hoy la tendencia general es aprobar legislaciones que permiten el aborto. No se trata de que eso sea la tendencia mundial, sino que Naciones Unidas está promoviendo -y a lo cual nuestros parlamentarios que asisten a Estrasburgo dan su voto favorable- la protección de los derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial. Entonces, malamente podría existir ese día. Como muy bien se señala en muchas páginas web -reitero-, este es el día en que se celebra la Fiesta de la Anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el seno de María.
Créanme que no tengo ninguna dificultad de que esos días sean celebrados nacional o internacionalmente; sin embargo, aquí estamos para pensar en la sociedad en su totalidad. Como alguien indicó, hay algunos que dicen estar a favor del aborto y que son una minoría. Pero creo que son la mayoría, porque hasta el día hoy no tenemos la posibilidad de realizar un plebiscito para saber si el país quiere o no el aborto terapéutico. Podríamos someter esa materia al escrutinio popular. Si nadie tiene miedo, sometámosla a la discusión del soberano: el pueblo. Veamos si éste está a favor o en contra del aborto terapéutico. Creo que hay que ser prescindente en temas religiosos. Hoy, estar fijando un día a propósito de la Anunciación de María, creo que no corresponde hacerlo aquí.
Uno puede estar de acuerdo con proteger a los padres que adoptan; en celebrar a los padres que deciden la adopción, pero no puedo dejar de defender este Estado, que quiero que siga siendo laico, que aceptemos todas las religiones, y no una que nos imponga un día especial porque estima que ese día es el que los católicos celebran la Fiesta de la Anunciación.
No creo eso, porque el día de mañana cualquiera fe religiosa nos va a decir que tal día está este tema; otra religión nos va a decir que tiene otro punto. ¡No! Estamos aquí para plantear asuntos que interesen a toda la sociedad, aun cuando la mayoría de este país sea católico, y está bien que lo sea, hay que respetarlo y, por supuesto, no tengo inconveniente en que así sea. ¿Cómo voy a estar en contra de que si alguien tiene una opción de fe la pueda profesar? La libertad de conciencia es fundamental en toda sociedad democrática. Pero distinto es que estemos aquí para legislar en función de un credo determinado. No me parece que eso sea correcto.
Además, si hay un tema que nos divide, deberíamos debatirlo, pero no meterlo de contrabando, porque acá estamos discutiendo supuestamente el día del que está por nacer y de la adopción, y un diputado toma la palabra y habla del asesinato, de los que quieren desechar seres humanos. No estoy por eso. Es decir, si a mí me preguntaran si estoy en contra del aborto, estoy en contra del aborto, pero también estoy en contra de que penalicemos a las mujeres que se hacen abortos. No me gusta eso.
No estoy de acuerdo con el aborto, pero tampoco estoy de acuerdo con que penalicemos a las mujeres que se hacen abortos, pero esa es una opinión personal que puedo dar con toda libertad dentro mi libertad de conciencia, pero tampoco se la quiero imponer a nadie.
Acá tenemos que hacer debates sin meter ideas de contrabando, menos ideas que son de una concepción religiosa, que me parece que es correcto que exista, pero que no venga a pretender que nosotros la impongamos como ley cuando en América Latina y en el mundo entero eso no ocurre.
No existe el Día Internacional del Niño por Nacer. ¡No existe!
Las Naciones Unidas no lo ha consagrado en ningún lado del mundo, y no lo ha hecho justamente porque ese lugar de discusión tiene que ser esencialmente pluralista, y malamente se podría establecer un día como ése. Los países que lo han consagrado en Latinoamérica, como bien se señalaba acá, ha sido a través de decretos supremos o de otras normativas.
Acá estamos para circunscribir un tema, esto es, si estamos de acuerdo o no con este día puntual que se nos está planteando, el día del que está por nacer y de la adopción.
Estoy muy de acuerdo en que celebremos el día de la adopción, y me sumo a la idea de algunos parlamentarios en cuanto a presentar una indicación con respecto al nombre.
También estoy de acuerdo en que discutamos con claridad, no con materias de contrabando. No estoy de acuerdo con esto de meternos ideas de contrabando, que hablen de los que son partidarios del asesinato y no tienen valores, que le faltan principios, etcétera.
No sé si a mí me faltarán principios o valores, pero no creo ser partidario de una cultura de la muerte. Lo único que creo es que aquí los temas hay que debatirlos.
En nuestra sociedad hay un problema, como lo decía recién a propósito del cual un senador está patrocinando este proyecto y otros senadores presentaron una moción parlamentaria a favor del aborto terapéutico. Bueno, creo que son materias que se deben discutir con claridad, honestamente y de cara a la ciudadanía.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Para continuar con el debate, tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , solicité la palabra luego de escuchar algunas intervenciones y los argumentos que se han entregado esta mañana.
En la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía nos sorprendió la opinión contraria de una mayoría circunstancial que se opuso, hace un año, en marzo de 2012, a una iniciativa del senador Jaime Orpis , que había sido aprobada por la unanimidad del Senado.
Hoy se señala en esta Sala, ninguneando la opinión de los senadores, que no fue discutido, que no fue examinado, que aquí hay cosas que se pasan de contrabando, que se trata de un proyecto ingenuo e inocente. Esto no tiene nada de ingenuo ni de inocente. El proyecto establece un día en que celebramos a las familias que adoptan. Pero para que las familias tengan la posibilidad de adoptar alguien debe nacer, y si no cuidamos al que está por nacer no podemos celebrar a las familias que puedan adoptar. Por lo tanto, aquí no hay contrabando. Alguien más agregó que existe una conducta de soslayo. Simplemente recalco que si no cuidamos al que está por nacer nadie podría adoptar.
Señor Presidente , quiero decir, con respeto, que aquí se hacen gárgaras con el hecho de que nosotros nos oponemos a discutir ciertos temas. Ayer, hoy y mañana el que proponga un proyecto de aborto va a contar con nuestra negativa para aprobarlo, pero no para discutirlo. Nadie se puede negar a discutir un proyecto de ley.
Un par de comentarios sobre lo que señalaba la diputada señora Muñoz . No me referiré a lo señalado por la diputada señora Saa , que en este momento no se encuentra en la Sala, porque estos temas la apasionan.
La diputada señora Muñoz hacía referencia a que en Chile no nos preocupamos de la maternidad, y dio cifras. Decía que cerca del 60 por ciento de los chilenos señalan que el Estado, el Gobierno, no se preocupa de la maternidad, pero olvidó decir que las cifras son de 2008, época en que no gobernaban ni el Presidente Piñera , ni la Coalición por el Cambio, sino la actual candidata socialista a la presidencia de la República . Ese año el 54 por ciento de los chilenos expresaba con mucha fuerza y convicción que no había preocupación por la maternidad.
¿Qué ha hecho nuestro gobierno? Preocuparse de la maternidad; acoger a aquella mujer que muchas veces ve con dificultad un embarazo y evitar que aborte; que los chilenos y chilenas tengan la posibilidad de hacer familia.
Si bien lo que persigue el proyecto no está sancionado por las organizaciones que señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, a las que tanto le gusta recurrir, sí está consagrado a nivel internacional.
Por otra parte, se hacen gárgaras diciendo que lo que persigue la iniciativa no fue consagrado por una ley, sino por un decreto. Qué mejor, entonces, que sea la representación del soberano, expresada aquí en la Cámara de Diputados, la que lo resuelva a través de una ley.
El Salvador, Argentina, Guatemala , Costa Rica, Perú , Ecuador , la mayoría de los países latinoamericanos consagraron este día a nivel internacional. No sé cómo decirlo para que lo entienda el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Claro, a él le gustaría que este día estuviera sancionado por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, cabe preguntarse si la Constitución protege la vida del que está por nacer. La respuesta es sí. ¿Se celebra en otros países el Día de la adopción y del que está por nacer? Sí, se celebra.
Señor Presidente , insisto, si vamos a cuidar al niño que está por nacer ello es absolutamente coincidente con cuidar, felicitar y celebrar un día para las parejas que tienen la posibilidad de adoptar.
No sé si los parlamentarios presentes en la Sala recordarán que hace dos o tres días una joven mujer de Temuco fue asaltada porque se arrepintió de abortar. La partera, quien iba a realizar ese aborto, fue detenida por el delito de robo y por el intento de cometer el delito de aborto, de asesinato. Esa chica se arrepintió. Es decir, es posible acoger a aquellas mujeres enfrentadas a embarazos que no desean, con el propósito de que entreguen a sus hijos a otras parejas o familias para que cuiden una vida a través de la adopción.
Señor Presidente , quiero terminar con unas palabras expresadas por una destacada dirigenta nacional: “Dentro de mí crece otra potente razón para seguir luchando por un país sin abusos, verdaderamente justo y más feliz, que es donde quiero que crezca mi bebé.”.
Y continúa diciendo: “Quiero decirle a todos y a todas que nada en esta vida, menos en este país, es fácil y que son millones las mujeres que llevan sus embarazos hasta el final en contextos, probablemente, más adversos que el mío.”. Palabras de Camila Vallejos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , no cabe duda que este proyecto va a generar polémica y debate en esta Sala, como lo está provocando. Me parece bien que se cite a distintos autores, a distintas personas, en relación con sus comentarios. Sin embargo, hay que partir de la base de que no corresponde imponer las creencias religiosas, las visiones personales que cada uno tiene de la sociedad a través de lo que nos corresponde legislar.
El proyecto -su nombre lo indica- establece el Día del que está por nacer y de la adopción. No logro entender por qué en un día se van a celebrar dos situaciones que son respetables, atendibles, pero que no tienen relación una con otra. ¿Quién puede no estar de acuerdo con la adopción, con poder establecer esa hermosa institución, vía alternativa para miles y miles de familias que no pueden procrear; con fortalecerla, impulsarla y contar con una legislación que la favorezca? Pero vincular eso con el día del que está por nacer -permítanme señalarlo, con mucho respeto, a los autores de la iniciativa- es eludir una discusión de fondo. Así como este Parlamento discute la consagración de un día para celebrar o conmemorar ese tipo de situación, se niega a discutir, como una forma de resolver democráticamente nuestras posiciones, temas de fondo como el aborto. De manera elíptica queremos, a través de la consagración de este día, vincular dos situaciones que no tienen que ver a la hora de establecer un día de conmemoración.
Felicito que los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra hayan hablado de la fertilidad. El país, con las tasas de natalidad que tiene, necesita una mayor tasa de fertilidad. Pero, ¿por qué el Gobierno se ha negado a reconocer la infertilidad como una enfermedad, como lo establece la Organización Mundial de la Salud? Hombres o mujeres que sufren de infertilidad deben tener la posibilidad efectiva de acceder a una codificación de su programa y atenderse a través de su isapre o Fonasa. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué las personas que sufren de infertilidad -un 10 por ciento comprobado en el país- no pueden acceder a un tratamiento en el sistema público y deben peregrinar, con altos costos, para lograr ser padres o madres?
Entonces, aquí se evidencia una contradicción. No hay ningún problema en avanzar en medidas que generen un espacio para la adopción, pero no hablemos de que eso significa fomentar la fertilidad. Para ello, establezcamos planes públicos, financiados por el Ministerio de Salud, a fin de que, efectivamente, cualquier hombre o mujer que padezca infertilidad sea tratado y cubierto por el sistema de salud. Eso se elude, porque hay posiciones dogmáticas, integristas, que establecen que la fertilización asistida no es natural, sostenidas, precisamente, por quienes impulsan este proyecto. Luego, la contradicción salta a primera vista.
Avancemos en establecer que, efectivamente, la adopción y la fertilidad sean reconocidas y amparadas por el Estado. ¿Por qué nos negamos a la fertilización in vitro, a cubrir efectivamente los programas de infertilidad a través del sistema público, o que estén codificados para que los sistemas de salud los cubran? Ahí, claramente, reitero, hay una contradicción.
Señor Presidente , creo que este Congreso está evitando la discusión política respecto de una ley de aborto que varios de los países enumerados acá, que consagran este día, la han establecido. Nosotros hemos planteado la necesidad -así lo ha hecho, también, nuestra candi de contar con una ley que regule el aborto terapéutico, norma que existió hasta 1989, y que rige, prácticamente, en todos los países del mundo. Esa ley establece que las mujeres pueden ejercer ese derecho en casos puntuales. ¿Por qué a una mujer violada, a una menor, a una niña, el Estado le va a imponer una visión religiosa, o un determinado camino, sin lugar a alternativas? ¿Por qué nos negamos a eso y buscamos cerrar ese debate a través del establecimiento del Día del que está por nacer? Si nuestras posiciones son minoritarias, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero lo que no voy a aceptar jamás es evitar el debate y eludir una realidad enorme que existe en Chile. ¿Por qué las estadísticas -así lo hacía notar una diputada que me antecedió en el uso de la palabra- demuestran que es sustancialmente menor el número de niñas y de jóvenes embarazadas en comunas con mayores recursos que en aquéllas con menores recursos? ¿Esas niñas tienen menos relaciones sexuales? ¿Tienen menos acceso a compartir con su pareja? ¡No! Aquí hay una discriminación social. Las adolescentes y jóvenes de familias de mejores ingresos tienen la oportunidad de acceder a ginecólogos, a pedir la asistencia de un pariente médico, o a contar con redes sociales. Eso es discriminación social. Hay una cifra negra en los sectores populares, en los que vive la gente más sencilla, y manga ancha en los sectores acomodados, donde la población femenina cuenta con alternativas efectivas en la materia que debatimos.
Hagamos el debate. Veamos las cifras. Aquí están. No mienten. Generemos una discusión no de forma elíptica, o indirecta, traducida en el establecimiento del “Día del que está por nacer y de la adopción.” Permítame, señor Presidente , discrepar de ello. Valoro cada opinión. No voy a descalificarlas. Pero, miremos la sociedad, la enorme brecha e inequidad que se produce en los embarazos adolescentes. ¿Por qué las cifras son tan dispares si se considera el estrato social al que pertenece la adolescente embarazada? Sería bueno que me lo expliquen algunos de los autores del proyecto. ¿Por qué las cifras son tan diferentes si se comparan Alto Hospicio y Vitacura? ¿Hay un acceso distinto a la información? ¿Es que acaso no es cierta la cifra negra de más de cien mil abortos clandestinos, ilegales y subrepticios?
Sostengamos un debate, pero sin posiciones integristas o de imposición de criterios. No nos neguemos a la discusión. Recuerdo que hace unos ocho años, mucha gente se negaba en este Congreso a discutir, sea por problemas religiosos o por convicciones personales, una ley de divorcio. Chile era uno de los tres países que no tenía ley de divorcio. Se daban las razones más increíbles: que iba a destruir la sociedad, que iba a destruir la familia. Hoy tenemos una ley de divorcio que permite resolver judicialmente una relación que no resultó, y el país sigue funcionando. Lo mismo ocurrió hace años, cuando no se podía establecer igualdad entre niños, cuando imperaba el anacronismo de dividir a los hijos en legítimos, si nacían dentro del matrimonio, e ilegítimos, si lo hacían fuera de él. Se escribieron innumerables artículos condenando a aquellos niños. Hoy, más de la mitad de los niños que hoy nacen fuera del matrimonio son igual de ciudadanos y tienen los mismos derechos que los que nacen dentro del matrimonio. Estos dos ejemplos, son el reflejo de un Estado que avanza, de un Estado democrático, en el que sus legisladores no se quedan anclados en sus convicciones religiosas ni tratan de imponer sus criterios a la sociedad.
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con este proyecto, porque no avanza en la línea que se persigue. Creo que se quiere evitar la discusión de fondo.
A los autores del proyecto y a quienes lo sustentan, les digo con mucho respeto que creo en un Estado laico. Las convicciones religiosas son personales y no cabe imponerlas a nuestros semejantes, menos consagrarlas en una ley o en la Constitución.
Por eso, votaré en contra el proyecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , el artículo único del proyecto señala: “Declárase el 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la adopción”. ¿Es esto lo que genera toda esta histeria? Se invoca los debates, los “si bien es cierto” y los “pero no es menos cierto”? El diputado Gutiérrez no está favor del aborto, pero tampoco está a favor de la pena, es decir no está a favor de lo blanco, pero tampoco de lo negro. En este año de definiciones es mejor hacerlo y decantarse a favor o en contra, por el blanco o por negro. ¿Cuál es el problema? ¡Debatamos, discutamos! Debatan todo lo que quieran, pero digan si están a favor o en contra.
El proyecto propone celebrar, propone una fiesta, por un día, del que está por nacer. Yo estoy a favor de esta fiesta. Me parece bueno celebrar la vida.
Señor Presidente , por su intermedio, la diputada Saa se refería a las organizaciones Provida como si se trataran de algo terrible, en circunstancias de que, precisamente, defienden la vida. Me parece legítimo estar en contra de celebrar por la vida y quienes así piensan tienen derecho a manifestarlo así en su voto. Lo que es yo, la defenderé siempre, y a diferencia de otras bancadas, la mía no se confundirá nunca y siempre defenderemos la vida.
Respecto del proyecto, algunos han dicho que es un proyecto oblicuo, indirecto, que quiere ir por el lado. Los invito a leer el texto del proyecto y la norma constitucional. En el primero se lee: “Artículo único.- Declárase el 25 de marzo de cada año como el “Día del que está por nacer y de la adopción”. Por su parte, el inciso segundo del número 1) del artículo 19 de la Constitución establece: “La ley protege la vida del que está por nacer”. Es decir, el proyecto de ley es consistente con la Constitución. Nada de oblicuidades: derechito y de frente, en consistencia con el ordenamiento jurídico.
Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron, también, a la laicidad del Estado. Ello es así desde la Constitución de 1925, como consecuencia de las disputas de secularización de la segunda mitad del siglo XIX. Pero una cosa es el Estado laico y, otra, atentar contra la vida. ¿Acaso, para el Estado laico, la vida da lo mismo? El día que eso pase, estaremos muy mal.
Todos somos consistentes y coincidentes con el principio de la laicidad del Estado, pero reconozcamos que esta condición no es óbice para que el Estado defienda la vida desde la concepción y no admita el aborto.
También han planteado la falta de debate. Eso es falso. Hay que hablar con la verdad. En abril del año pasado, la Sala del Senado de la República voto tres mociones de los senadores Rossi , Escalona , Girardi y otros, que se trabajaron en un proyecto refundido. ¿Saben cuál fue el resultado? Se rechazaron las tres mociones. Hubo debate, pero igual se votaron en contra.
Digan lo que quieran. Continúen con sus “si bien es cierto” o sus “no es menos cierto”, pero ese no es el tema de fondo. El proyecto propone celebrar, dentro del ordenamiento jurídico, la vida desde la concepción. Quienes quieran sumarse a esta celebración, háganlo; quienes no quieran que se destine un día para celebrar al que está por nacer, voten en contra. Lo mismo para quienes están a favor del aborto. Pero díganlo de frente, plantéenlo, porque es especialmente útil conocer posiciones en un año de elecciones.
La bancada que represento, así como lo han dicho otros diputados, está y estará siempre por la vida. Por eso, apoyamos el proyecto, tal como apoyamos cualquier otra iniciativa que esté por defenderla.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , estamos llamados a votar un proyecto de ley que pretende declarar el 25 de marzo de cada año como el día del que está por nacer y el de la adopción. En Tabla figura otro que busca consagrar una fecha equis como el día nacional del hincha del futbol. A mi modesto modo de entender, tiene lógica que un Estado determine consagrar un día del calendario para conmemorar hechos o resaltar valores, por ejemplo, el día del profesor. Creo que todos estamos de acuerdo en el valioso aporte que realizan los profesores a la sociedad, independientemente de la persona que ejerce esta profesión. En esa virtud, el Estado, como una forma de reconocer la labor del profesor, consagró un día para reconocerlo. ¡Pero declarar un día para celebrar al hincha del futbol me parece un exceso! Con esa lógica, deberíamos instaurar el día del hincha de basquetbol o el de vóleibol.
Ahora, consagrar el día del que está por nacer, conmemorar el día de lo que viene, de lo que todavía no es persona, genera un debate complejo. Primero, porque la conmemoración tiene que tener algún sentido. En segundo lugar, la frase “el que está por nacer” indefectiblemente nos lleva a una discusión de carácter valórico, discusión en la que, como es evidente, vamos a tener diferencias. No ocurriría lo mismo con el día de la adopción, entendiendo que el Estado de Chile quiere promover la adopción de niños que no tienen padres que los sustenten, lo que parece razonable. Creo que podría lograr unanimidad en la Sala una cosa por el estilo
Repito, cuando se habla del “Día del que está por nacer” entramos a un debate valórico sumamente complejo, respecto del cual las sociedades no se han puesto de acuerdo, ya que en todos los países donde se producen debates valóricos de este tipo se pueden observar diferencias notables.
Cuando uno revisa el desarrollo de esos debates en nuestro país, puede darse cuenta de que ha sido razonablemente cuerdo, porque nadie está por la muerte, todos estamos por la vida. ¿Qué ser vivo no quiere seguir viviendo y qué especie no quiere mantenerse en el mundo en que vivimos? ¡Si es parte de la biología humana reproducirse y mantenerse con vida!
Quiero ir al fondo de la discusión que se está planteando y no al contenido del proyecto, porque, evidentemente, este no es lo que pretende ser, tal como se ha planteado en la discusión.
El artículo 74 del Código Civil -estoy hablando de Bello y de los principios de nuestra República- señala: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás.”.
Señor Presidente , esto lo señala el Código Civil de Bello, establecido hace muchos años. La norma busca en la sociedad una respuesta clara a la pregunta desde cuándo se es persona y desde cuándo existe embrión o feto, dependiendo del ciclo del desarrollo del embarazo. Por eso, señor Presidente , nuestro ordenamiento jurídico en este sentido es claro y determina lo que es una persona y, por cierto, la vida.
A mayor abundamiento, el artículo 75 del mismo código dispone: “La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.”.
Nuestra legislación plantea eso por una razón muy cierta: el Estado quiere mantener, preservar la existencia humana y, por lo tanto, lo incorpora en la legislación. No obstante, señor Presidente , cuando se debaten temas valóricos como éstos, tal como dice una de las escrituras más importantes de occidente, ¿quién tiene derecho a tirar la primera piedra?
Señor Presidente , por la cantidad de abortos que se realizan en Chile, como médico, me ha tocado conocer a muchas familias, por lo que estoy seguro de que en toda familia chilena, incluso en la suya, ha habido alguna vez un familiar que ha tenido un aborto, ya sea producido o espontáneo.
Reitero, señor Presidente , en Chile hay 16 millones y tanto de personas -tenemos una población escasa-, pero las tasas de aborto que señala el Ministerio de Salud indican que en toda familia existe alguna mujer que ha sufrido un aborto. ¿Las vamos a juzgar? ¿Las vamos a condenar? ¿Las vamos a afectar por la decisión que tomaron en su minuto, quizás por cuál razón?
Como han dicho otros parlamentarios, el proyecto encierra un debate que no es inherente a él, que no está relacionado con la materia que estamos examinando. Lo mismo ocurrió hace un tiempo en la Comisión de Salud cuando estuvimos legislando sobre el genoma humano, respecto del cual miradas conservadoras plantearon y establecieron en la ley una definición sobre el inicio de la vida, porque estimaron que podían legislar sobre ello, sobre algo que la ciencia todavía no es capaz de determinar.
Creo que podríamos avanzar en establecer un día relacionado con algo en que estemos de acuerdo en promocionar unánimemente, como el Día del Profesor, el Día de la Parvularia, el Día del Bombero, etcétera; pero, por cierto, cuando se trata de temas valóricos, debemos tener el respeto por las mayorías, por las minorías y por todos quienes, de una u otra manera, disienten de determinada visión valórica.
Por eso, señor Presidente, me parece que estamos frente a un mal proyecto, que no aportará a que tengamos una mejor convivencia social en Chile.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Ha concluido el tiempo del Orden del Día, por lo que vamos a continuar debatiendo el proyecto en una próxima sesión, debido a que hay muchos diputados inscritos para intervenir.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.169 SOBRE OTORGAMIENTO DE PREMIOS NACIONALES E INSTAURACIÓN DE PREMIOS REGIONALES. (Votación)
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 737.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Ascencio
POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN ZONAS RURALES EN FAVOR DE DISCAPACITADOS
El señor GODOY (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 738, de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Baltolu, Gutiérrez, don Romilio; Calderón, Campos, Morales, Rojas, Sandoval, Pérez, don José, y Ward, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Instar al ministro de Desarrollo Social y al Senadis a que unan esfuerzos con el objeto de propender al financiamiento e implementación en las zonas rurales de nuestro país de equipamientos, tales como materiales para terapia motora, para trabajos en ergoterapias, elementos para entrenamiento en actividades básicas de la vida diaria y para trabajo didáctico. Sin perjuicio de lo señalado, solicitamos se evalúe la factibilidad y posterior estudio, en que se plasme la posibilidad de construir diversos centros de rehabilitación en las localidades rurales de nuestra región, principalmente en la comuna de Constitución.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente , hemos avanzado mucho en materia de establecimiento de políticas en favor de los discapacitados, pero ese avance no es simétrico, puesto que en las zonas urbanas hay mayor conciencia sobre la situación de los discapacitados y en ellas se realiza mayor inversión que en las zonas rurales, en las que cuesta mucho alcanzar esos objetivos.
De partida, cuesta mucho que los discapacitados que viven en zonas rurales se inscriban en los programas de rehabilitación diseñados para ellos, puesto que para hacerlo deben realizar largos viajes y, en muchos casos, no son atendidos cuando llevan a cabo ese esfuerzo.
Por lo tanto, como nos interesa relevar la discriminación y otros problemas que sufren los discapacitados de las zonas rurales, hago un llamado a la Sala a aprobar el proyecto de acuerdo en discusión, porque tiene por objeto establecer algún grado de simetría entre los problemas que deben enfrentar los discapacitados de zonas rurales con los que afectan a los que habitan en centros urbanos.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , solo quiero manifestar mi apoyo a la brillante idea del proyecto de acuerdo en debate, al cual ya se refirió el diputado señor Ramón Barros , cuyo contenido me interpreta, razón por la que lo votaré a favor.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Ascencio
CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL ACCESO AL AGUA POTABLE Y ESTABLECIMIENTO DE ROYALTY ANUAL A LAS GENERADORAS HIDROELÉCTRICAS
El señor GODOY (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 739, de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Campos, Morales, Rosales, Baltolu, de la diputada señora Molina, doña Andrea, y de los diputados señores Van Rysselberghe, Bobadilla, De Urresti y Calderón, que en su parte dispositiva establece lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que estudie la factibilidad de enviar a este Congreso Nacional dos proyectos de ley: en primer orden, se legisle con el objetivo central de reformar la Constitución Política de la República, y así garantizar, fomentar y reconocer el acceso al agua potable, como un derecho humano universal, indivisible e imprescriptible; en segundo orden, proponemos a su excelencia el Presidente de la República se establezca por ley un royalty a las utilidades de la generación hidroeléctrica, el que deberá ser pagado tanto al gobierno regional respectivo como a las municipalidades de los territorios que son afectados por los proyectos. Esto permitiría un desarrollo más equilibrado y sustentable del territorio donde se instalan las ya mencionadas centrales.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , uno de los objetivos del proyecto de acuerdo en discusión, el cual fue suscrito en forma transversal, es solicitar al Presidente de la República que envíe a tramitación un proyecto de ley para reformar la Constitución Política, con la finalidad de establecer y garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental.
En la actualidad, a través de todo el país se extienden las dificultades que imposibilitan el acceso a los recursos hídricos, de manera que lo que busca este proyecto de acuerdo es que se envíe a tramitación legislativa un proyecto de reforma constitucional para garantizar en la Carta Magna el derecho al acceso al agua potable.
Por otra parte, mediante el proyecto de acuerdo se solicita que a las empresas que utilicen el agua para proyectos de generación hidroeléctrica, se les establezca, a través de una ley, un royalty, un gravamen, por la utilización de ese recurso. Eso es fundamental, puesto que el agua es un recurso de todos los chilenos que es utilizado con un fin privado. El establecimiento de ese royalty propende a la obtención de ingresos mediante su pago a las municipalidades relacionadas con los territorios afectados por los proyectos.
Quiero insistir en que este proyecto de acuerdo ha sido firmado por diputados de todas las bancadas. En ese sentido, quiero hacer un reconocimiento, entre otros, al diputado señor Álvarez-Salamanca , a la diputada señora Andrea Molina y a los diputados señores Morales, Bobadilla y Accorsi , quien se ha sumado a la suscripción del proyecto de acuerdo, lo cual constituye una señal de preocupación de carácter transversal por el futuro de los recursos hídricos, con el propósito de que el Ejecutivo envíe una iniciativa legal para reformar la Constitución Política, a fin de consagrar en ella la protección de ese recurso fundamental.
En consecuencia, invito a los colegas a votar a favor este importante proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, voy a apoyar el proyecto de acuerdo en debate, pues tiene por propósito algo fundamental.
Por cierto, el agua es fuente de vida, porque sin ella los seres humanos no tenemos la capacidad de vivir. De hecho, si una persona se abstiene de beber líquido, en cualquiera de sus formas, la probabilidad de vivir más allá de una semana es prácticamente nula.
Por eso, de una vez por todas se debe establecer en nuestra Constitución Política el derecho al acceso al agua potable como un derecho humano indivisible e imprescriptible.
Los especialistas en la materia señalan que el principal objeto de controversia durante los próximos siglos será el agua potable, debido a su carácter de elemento fundamental para la vida humana. Por lo tanto, sin la consagración del derecho al acceso al agua potable en nuestra Carta Fundamental será difícil que un asentamiento humano pueda sobrevivir.
El proyecto de acuerdo busca que se reconozca desde ya una necesidad que se producirá a futuro, toda vez que la competencia entre el desarrollo humano y el desarrollo empresarial en algunas zonas, como las del norte de Chile -una de las cuales represento-, traerá consigo una discusión incluso legal. Por ello, me parece fundamental que se consagre en la Carta Magna el acceso al agua potable como un derecho humano universal, indivisible e imprescriptible.
En segundo lugar, algunas legislaciones establecen que parte de las utilidades de la producción de energía hidroeléctrica queden en las zonas donde esta se genera, debido a los impactos ambientalmente negativos y colaterales que esa actividad trae consigo. En ese sentido, el proyecto de acuerdo apunta a que se establezca por ley un royalty a las utilidades de la generación hidroeléctrica. Lo mismo debería disponerse en relación con las empresas termoeléctricas y las que producen otro tipo de energía, en beneficio de las comunidades que viven cercanas a esas fuentes emisoras que contaminan y que producen pasivos ambientales severos y daño a la población.
Por lo expuesto, la bancada Radical votará a favor el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- No hay quorum.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se va a repetir la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Nuevamente, no hay quorum.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- La votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
NECESIDAD DE REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA FINANCIAMIENTO DE BONO EN FAVOR DE EXONERADOS (Oficios)
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Hacienda y a la directora de Presupuestos , a fin de que me informen si respondieron el oficio que les enviara el contralor general de la República mediante el cual les hace presente la necesidad de efectuar modificaciones presupuestarias que aseguren recursos nuevos para el financiamiento del bono otorgado a los exonerados por motivos políticos en virtud de la ley N° 20.134.
En dicho oficio, remitido el 22 de enero de este año, el contralor solicita a la directora de Presupuestos que se incorporen nuevos recursos fiscales para el financiamiento del bono o, de lo contrario, que exprese las causas que impiden ese ajuste. La razón de dicha solicitud es que en la Ley de Presupuestos para el sector público correspondiente a 2013 no se consideran recursos para el pago del referido bono.
Respecto de la factibilidad de efectuar un ajuste presupuestario, la directora de Presupuestos señaló que esa dirección iba a evaluar la situación del gasto público durante el presente ejercicio, previo a efectuar un ajuste, el cual estaba supeditado al cumplimiento de los objetivos y compromisos fiscales para 2013.
Nos parece fundamental que la directora de Presupuestos y el ministro de Hacienda efectúen la modificación presupuestaria que se requiere, a fin de que se disponga de los recursos para pagar el bono que contempla ley N° 20.134. No es posible que las leyes que implican gasto fiscal, respecto de las cuales el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva, y que fueron aprobadas por el Congreso Nacional, no se cumplan simplemente porque no se dispone de los recursos. En este caso, se trata de un bono garantizado por ley, pero cuyo otorgamiento no se cumple, lo cual afecta a los exonerados.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Meza , Ortiz , Lemus , De Urresti , Robles , González y Ojeda .
ESTUDIO DE MEJORAS A PROGRAMA PRAIS (Oficio)
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en segundo término, pido que se oficie al ministro de Salud , a fin de hacerle presente una inquietud que me han transmitido usuarios del programa Prais, que otorga atención de salud a personas afectadas por violaciones a los derechos humanos.
Lo que ellos quieren saber es si el Ministerio de Salud tiene contemplado mejorar dicho programa, en orden a que se les permita comprar bonos, como pueden hacerlo los beneficiarios del Fonasa tramo B. Ello ampliaría las opciones de atención médica, especialmente de los pacientes que viven en zonas apartadas, donde no hay una amplia oferta de especialistas médicos, lo que los obliga, muchas veces, a atenderse en el sistema de salud privado.
Pido al ministro de Salud que nos informe si se encuentra en estudio una mejora del programa Prais. De lo contrario, le solicito que considere hacerle las modificaciones pertinentes para aumentar los beneficios de los usuarios de ese sistema.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Meza , Ortiz , Lemus , De Urresti , Robles , González y Ojeda .
DESTINACIÓN DE TERRENOS FISCALES A COMITÉ DE VIVIENDA LA ILUSIÓN, EN ISLA TEJA, COMUNA DE VALDIVIA (Oficios)
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , hace un par de días, la prensa local de Valdivia informó que los terrenos en los que antes funcionó la cárcel ya están listos para ser licitados. De acuerdo con la información, el director regional de Gendarmería de Chile y el seremi de Justicia de Los Ríos traspasaron un total de diez hectáreas al Ministerio de Bienes Nacionales, lotes que serán vendidos.
Durante largos años, el comité de vivienda La Ilusión, de Isla Teja, conformado por sesenta familias, hijos, hijas y nietos de los fundadores de los núcleos habitacionales de esa isla, ha estado bregando por acceder a parte de esos terrenos, que se desocuparon a causa del traslado de la cárcel.
Hoy se habla de proyectos de integración social, destinados a generar barrios con distintas vocaciones productivas. En ese sentido, en las diez hectáreas que se venderán se podrían impulsar importantes proyectos inmobiliarios y de industrias creativas.
El comité La Ilusión se ha reunido en innumerables ocasiones con distintas autoridades de Vivienda, de Bienes Nacionales, de Gendarmería y del gobierno regional, a fin de solicitarles que les destinen al menos una hectárea de los referidos lotes. Se trata de personas que han vivido toda su vida en Isla Teja. Me parece que la autoridad del Ministerio de Vivienda y de Bienes Nacionales no debería simplemente buscar el mayor rédito económico, en el sentido de vender a cualquier postor esos terrenos, sino que debería impulsar una política de integración social que permita la inclusión del comité de vivienda La Ilusión.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al biministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, y al intendente de la Región de Los Ríos , a fin de que me informen si se destinará alguno de los referidos lotes al comité de vivienda La Ilusión.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora María Angélica Cristi y de los diputados señores Ortiz , Von Mühlenbrock , Lemus y Meza .
ESTUDIO SOBRE CREACIÓN DE NUEVAS COMUNAS EN REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficio)
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , hace un par de semanas, en una importante reunión en la costa valdiviana, en el sector de Niebla, el Consejo de Desarrollo La Costa, las juntas de vecinos y distintas organizaciones constituyeron un comité para trabajar a largo plazo sobre la posibilidad de convertir la costa valdiviana en una comuna, cuyo nombre sea Niebla o el que se le quiera poner. Al respecto, cabe agregar que hay una serie de organizaciones e instituciones que han planteado esta inquietud.
La gente de la costa valdiviana se ha organizado y logrado importantes avances, por ejemplo, la mejora de su unidad de bomberos, la Décima Compañía, que hoy posee un importante cuartel en la costa; la reposición del retén de Carabineros y el avance en materia de asfaltado. Luego de innumerables gestiones, hemos conseguido tener una circunscripción electoral. En efecto, el Servicio Electoral ha establecido que, a partir de las elecciones parlamentarias y presidencial a realizarse este año, se podrá votar en el distrito Costa, circunscripción Niebla , que abarcará toda la delegación Costa de Valdivia.
En este sentido, como digo, los vecinos legítimamente han planteado la necesidad de estudiar la posibilidad de crear y convertir esta importante parte del territorio de la comuna de Valdivia en una nueva comuna.
Por eso, pido que se envíe un oficio al subsecretario de Desarrollo Regional para que nos informe sobre los procesos requeridos -dentro de un listado que tiene el departamento que ve eso- para la creación de nuevas comunas y cuándo pueden recibir a los representantes del comité Nueva Comuna para que expongan sus antecedentes.
Además, que informe sobre otra petición relativa a la Región de Los Ríos, que dice relación con la posibilidad de crear una nueva comuna en la localidad de Coñaripe, comuna de Panguipulli, lo que también se ha solicitado en innumerables oportunidades. Incluso más, existe un registro de las veces que nos hemos reunido con el subsecretario de Desarrollo Regional para hacerle esta petición.
Por eso, pido que se envíe este oficio para que nos informe de qué manera se está trabajando en relación con dichas solicitudes.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO VIAL EN CIUDAD DE VALDIVIA (Oficio)
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , durante largo tiempo la ciudad de Valdivia ha estado bregando por la ampliación de la calle Errázuriz . Se requiere una inversión de varios miles de millones de pesos para dicha arteria, que es fundamental -se trata de una calle paralela a Picarte-, y que permitirá descongestionar e integrar una serie de barrios y poblaciones; a la vez, permitirá al transporte vehicular desplazarse de mejor manera.
Hemos recibido algunas informaciones de que vendría luego la licitación.
Por ello, pido que se envíe un oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo para que nos informe qué ocurre respecto del eje Errázuriz, de Valdivia; cuáles son los plazos de concreción y cuáles son los antecedentes que existen para ello.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE AGUA POTABLE RURAL PARA COMUNAS DE REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficio)
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio al ministro de Obras Públicas para que informe sobre los programas que se están llevando a cabo en materia de agua potable rural.
El domingo recién pasado, me reuní con los vecinos de la localidad de Pufudi, comuna de San José de la Mariquina; lo mismo hice el lunes con vecinos del sector Tralcao, de la misma comuna, quienes me hicieron presente la necesidad de contar con mayores recursos e inversiones.
El lunes pasado, en Tralcao, se hizo la participación ciudadana para el mejoramiento del Agua Potable Rural (APR) que existe en esa localidad.
Por eso, es importante que el ministro de Obras Públicas nos indique cuáles son los proyectos en esta materia que se están estudiando -en etapa de diseño o de ejecución- para cada una de las doce comunas de la Región de Los Ríos. Necesitamos tener la información del caso, a fin de conocer de qué manera se llegará a este importante resultado de cobertura de agua potable en la Región de Los Ríos.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ANÁLISIS QUÍMICOS DE COMPOSICIÓN DE AGUAS DE COMITÉ DE AGUA POTABLE DE SECTOR LA PUNTA, COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA (Oficio)
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , por último, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud y, por su intermedio, a la autoridad sanitaria de la Región de Los Ríos, para que informe sobre los análisis químicos de composición del agua del Comité de Agua Potable del sector La Punta, en la comuna de San José de la Mariquina.
Allí se ha realizado la inversión; no obstante, los vecinos aún no pueden disponer de este vital elemento, porque los análisis de composición del agua no son favorables, lo que los tiene muy preocupados.
Por ello, es preciso que la secretaría regional ministerial de Salud envíe un informe que indique cómo van los análisis químicos de composición del agua del Comité de Agua Potable de dicho sector.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Von Mühlenbrock , Lemus y Meza , y de la diputada señora María Angélica Cristi .
En el turno del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
DOTACIÓN DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE RETÉN DE CARABINEROS EN FAVOR DE LOCALIDAD DE ÑANCUL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- El turno siguiente corresponde al Comité Mixto Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Izquierda Ciudadana.
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , me quiero referir a la situación que están viviendo distintas localidades que represento, del distrito N° 52.
La localidad de Ñancul, ubicada en el camino que une Villarrica con Loncoche, está bastante olvidada de la mano de Dios y de las autoridades que deciden el destino de las mejoras a través de los recursos económicos. Allí no hay alcantarillado. Los parlamentarios de la zona hemos luchado incesantemente, con distintos ministros y autoridades de distintos gobiernos, con el objeto de dotar a Ñancul de alcantarillado, tan necesario desde el punto de vista sanitario, para, así, de una u otra forma, levantar un poco el ánimo de una localidad que necesita una fuerte autoestima.
Desde el 2005 se han presentado distintos proyectos para instalar el alcantarillado en esa localidad de tres mil habitantes. Se ha probado por la vía del FNDR y de la Municipalidad de Villarrica. Sin embargo, no hay respuesta al respecto.
Allí hay cañerías de asbesto, que, como todos sabemos, son muy negativas para la salud. Hay que reemplazar más de un kilómetro de cañerías que están absolutamente fuera de servicio. Más de doscientas familias solo tienen un grifo para enfrentar eventuales incendios y otras necesidades.
Por lo tanto, ya que la población aumenta, necesitamos que en Ñancul se instale a la brevedad el alcantarillado.
Por lo expuesto, pido que se envíe un oficio a los ministros de Obras Públicas, de Salud y del Medio Ambiente , al intendente de la Región de La Araucanía y al superintendente de Servicios Sanitarios para que busquen poner remedio a esta desagradable situación que vive Ñancul.
Asimismo, pido que se envíe un oficio al general director de Carabineros de Chile y al subsecretario del Interior en relación con lo que paso a exponer.
Ñancul también lucha y sufre por la ausencia de seguridad; digo ausencia, no déficit, porque allí no hay carabineros.
Junto con mi colega parlamentario del distrito, llevamos años luchando para tener allí un retén de Carabineros, lo que hasta el momento no ha sido posible.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE JARDÍN INFANTIL DE LOCALIDAD DE CATRIPULLI (Oficio)
El señor MEZA.- Señor Presidente, en terreno hemos descubierto falencias que es necesario destacar para la búsqueda de soluciones.
En la comuna de Curarrehue existe una localidad denominada Catripulli, conocida porque todos los inviernos es afectada por inundaciones. El río Trancura suelta sus caudales y los vecinos tienen que vivir anegados.
Allí se ubica el jardín infantil We Kimún -nombre mapuche-, que alberga a cincuenta y dos niños. Tiene una directora ejemplar y un personal magnífico que lucha a diario contra las deficiencias que la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene a la hora de mantener los recintos en esas localidades. El edificio es muy bonito, pero está deteriorado al máximo. Han pasado más de cinco años sin que se realice reparación alguna. La estufa tiene el cañón en mal estado, por lo cual hay peligro de incendio, las puertas de la sala cuna y el baño del personal están en mal estado, el calefón no funciona, los forros de las planchas se hallan en mal estado, la fosa séptica está colapsada, las tazas de los baños están quebradas. A ello hay que agregar que, en una zona donde llueve tanto, las ventanas tienen filtraciones de agua y los vidrios están rotos. En fin, se trata de una serie de deficiencias que he podido constatar y fotografiar en terreno.
Por tanto, pido que se envíe un oficio a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, señora María Francisca Correa , para que dote de los mínimos recursos a esas instalaciones para superar esta desagradable situación.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
IMPLEMENTACIÓN DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE POSTA RURAL DE CATRIPULLI, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficio)
El señor MEZA.- Señor Presidente, en la posta rural de Catripulli, de la comuna de Curarrehue, los funcionarios, para comer y realizar su convivencia a la hora de colación, tienen que utilizar parte de la sala donde se atiende y se cura a las personas.
Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud para que vea la forma de dotar a la Municipalidad de Curarrehue de los recursos necesarios para superar dichas dificultades de la posta de Catripulli.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados José Miguel Ortiz , Hugo Gutiérrez y Rodrigo González .
RECHAZO A INSTALACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE PASO EN RÍO AÑIHUARRAQUI, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)
El señor MEZA.- Finalmente, pido que se oficie al director de la Conadi y al superintendente del Medio Ambiente , a fin de informarles que se están atropellando los derechos de los indígenas del sector Trancura , junta de vecinos N° 12, en la comunidad indígena Camilo Coñoequir .
Sin consultar a nadie, se están instalando centrales hidroeléctricas de paso en el río Añihuarraqui. A los lugareños se les paga hasta 500.000 pesos para que suscriban un supuesto acuerdo con las empresas, lo que implica un atropello, en este caso, a la voluntad de los ciudadanos que se oponen en forma civilizada a la instalación de ese tipo de centrales en esos lugares ancestrales.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Hugo Gutiérrez y Rodrigo González .
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.01 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 12:47 horas.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INVESTIGACIÓN SOBRE ACTUACIÓN DE SÍNDICO DE QUIEBRAS EN RELACIÓN CON DESPIDO DE TRABAJADORES DE UNIVERSIDAD DEL MAR, SEDES LA SERENA Y REÑACA, Y SOBRE DISPOSICIÓN DE FONDOS PARA PAGO DE SUELDOS (Oficios)
El señor ROBLES (Presidente accidental).- En primer lugar, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , a propósito de lo que ha ocurrido con la Universidad del Mar, en los últimos días hemos tenido muchas noticias, como la destitución de un ministro y la revocación de la quiebra, y, por tanto, la devolución a los inversores de la administración de la universidad. Pero también existen otros actores que están pagando las consecuencias de la debacle de esa institución, como los trabajadores de dicha universidad.
Los despidos en la Universidad del Mar afectaron solo a dos sedes: La Serena y Reñaca; en el resto no han existido despidos. La síndico de quiebras, quien fue suspendida el 27 de marzo, está impedida de gestionar la quiebra, porque la justicia revocó dicha decisión.
En relación con esta materia han existido situaciones muy complejas. Así, por ejemplo, en la sede de La Serena se despidió a dos dirigentes sindicales con fuero. Al respecto, se hicieron las denuncias correspondientes en la Dirección del Trabajo y estamos esperando el resultado de la investigación.
Por lo tanto, pido que se oficie a la directora del Trabajo y a la ministra de Justicia , para que, por su intermedio, la superintendenta de Quiebras investigue la labor de la síndico durante el período de suspensión, en relación con los despidos ocurridos en la Universidad del Mar, sedes La Serena y Reñaca . Asimismo, pido que se investigue la disposición de fondos para pagar los sueldos, ya que los dirigentes de los trabajadores temen que alguna parte de esos recursos, particularmente los que ingresaron por concepto de matrícula en 2013, pueden haber sido destinados para los controladores y para pagar los honorarios de los directivos de la universidad, en vez de pagar los sueldos de los trabajadores.
Pido que se envíe copia de mi intervención sobre esta materia al señor César Guisado Aránguiz , presidente del sindicato de trabajadores de la Universidad del Mar, sede La Serena.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ENTREGA DE INMUEBLE EN COMODATO A COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE BELLAVISTA, COMUNA DE LA SERENA (Oficios)
El señor DÍAZ.- En segundo lugar, pido que se oficie a la ministra de Obras Públicas -uno más para su colección de oficios sin respuesta- en relación con una situación que ocurre con el comité de agua potable rural de Bellavista, de La Serena, que está a la espera del comodato que se le entregaría para hacerse cargo de una parte de la escuela G-23, de Bellavista.
La corporación municipal quedó de ir a visitar el lugar para definir los espacios de infraestructura que serán parte del comodato y determinar la servidumbre de paso, necesaria para que el municipio acceda al lugar donde se ubica esa propiedad, destinada a una escuela y que actualmente es ocupada como bodega de la corporación municipal.
La visita había quedado programada para marzo pasado. La idea era concretar la reunión para generar el comodato, que beneficiaría a todos los APR de la región con capacitación de personal administrativo y de los operadores del sistema. La idea es que sirviera como una escuela de concientización sobre la protección del agua y del medio ambiente.
Parte de esto se refleja en el anteproyecto Escolagua, de don Eduardo Monreal , director del comité del APR de Bellavista. Necesitan la habilitación de oficinas para comenzar ahí las capacitaciones y, además, un espacio para un nochero, ya que donde están actualmente les robaron: se llevaron la caja fuerte con los cheques, además de artículos de oficina y de línea blanca de la cocina.
Queremos que la ministra instruya a alguna repartición de su cartera -aún está en el Senado el proyecto que crea la Dirección General de Agua Potable Rural- para que tome contacto con el comité de agua potable rural -la DOH podría contactarse con dicho comité, porque históricamente, dicha Dirección ha llevado estos problemas- y colaborare con las gestiones que debe realizar ante la municipalidad y otras reparticiones para concretar este proyecto. Se trata de una iniciativa que tiene un objetivo notable, sobre todo en una región como la nuestra, afectada por la sequía, donde los comités de agua potable rural hacen tremendos esfuerzos por mantener disponible ese recurso vital para los vecinos que viven en zonas de secano y, en general, donde hay escasez de agua.
Señor Presidente , como su señoría sabe, los sistemas de APR han suplido la ausencia del Estado en zonas importantes, en relación con la disponibilidad de un bien esencial, como es el agua potable. Sin embargo, muchas veces han tenido que trabajar en condiciones de total orfandad.
Con mi oficina parlamentaria, estamos planificando una reunión de formación, a fin de mes, con todos los comités de agua potable rural del valle del Elqui, entre otras cosas, porque sobre estas materias nadie dice ni hace nada desde el Estado. Por eso, nosotros hemos tenido que suplir la labor de respaldo, de formación, de información y de apoyo a la heroica, y a estas alturas titánica labor que hacen los APR en una región declarada zona de catástrofe como consecuencia de la sequía.
Pido que se envíe copia de mi intervención al comité de agua potable rural de Bellavista y al alcalde de La Serena.
He dicho.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención.
MEDIDAS EN RESGUARDO DE PATRIMONIO REGIONAL DE MAGALLANES (Oficios)
El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , como su señoría sabe, soy diputado por un distrito de una región del norte. Sin embargo, desde mi mirada regionalista, me han pedido que apoye algunos procesos de defensa de instituciones de otras regiones. En tal sentido, como diputado de la república, uno debe tener una visión respecto de todas las regiones.
Hace un tiempo, personas que pertenecen a la Cámara Franca de Punta Arenas me pidieron que iniciara una gestión relacionada con la zona franca de esa ciudad austral.
Al respecto, agradezco a la Contraloría General de la República por hacer las investigaciones administrativas pertinentes en relación con un patrimonio que pertenece a Punta Arenas y que no ha sido bien resguardado por el intendente, primera autoridad regional.
Tras analizar los documentos enviados por la intendencia, aún subsiste una serie de dudas. Por lo tanto, pido que se remita un oficio al contralor general de la República, a fin de que adopte medidas indagatorias para resguardar, con celo, el patrimonio de una región tan importante como la de Magallanes.
Para estos efectos, preparé un oficio en el que explico al contralor las razones de mi requerimiento y los elementos que fundan la petición. En uno de los puntos sustantivos, le solicito que, con el objeto de prevenir un daño al patrimonio fiscal, considerando que el referido intendente omitió información relevante para el proceso de toma de razón sobre las obras ejecutadas por una concesionaria en Magallanes, tenga a bien dejar sin efecto algunos documentos emitidos por dicha autoridad regional, respecto de los cuales se procedió a la toma de razón.
Asimismo, le pido que se pronuncie respecto de argumentos presentados en la solicitud, relacionados con algunas resoluciones del intendente, y que tome las medidas pertinentes para evitar que la resolución de la intendencia se convierta en un instrumento jurídico que perjudique el patrimonio fiscal ubicado en la zona franca de Magallanes.
Por lo tanto, señor Presidente , en este mismo acto voy a firmar y entregar a secretaría una carpeta con información, a fin de que sea remitida al contralor general de la República y al contralor regional de Magallanes y Antártica Chilena , con copia a la Cámara Franca de Punta Arenas.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los que se adjuntará el documento a que hizo referencia.
INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN EN CONSULTORIOS A PESCADORES ARTESANALES DE LA REGIÓN DE ATACAMA (Oficios)
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en otro orden de cosas, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud , a fin de que esa cartera solicite información a los municipios de Caldera, Huasco y Chañaral respecto de la forma de atención de los pescadores artesanales de la Región de Atacama en los respectivos consultorios. Como se sabe, hay varios meses en que esos pesacadores no trabajan, no tienen actividad productiva, por lo cual su régimen de ingresos es bastante variable. En general, sus recursos son muy precarios.
Por eso, quiero saber cómo procede Fonasa a la atención de esta población. No queremos que en Chile haya personas que no tengan derecho a la salud, como ocurre en Estados Unidos de América, donde personas de bajos recursos y que no cuentan con seguro de salud, no son atendidas. Son dejadas a la voluntad de Dios. Queremos que los pescadores artesanales de Atacama sean atendidos como corresponde, sin cobros mayores, porque se trata de gente que no posee riquezas, sino que depende de su esfuerzo, de su trabajo, y que muchas veces no tiene dinero para pagar los costos de la atención médica privada, que hoy se ve obligada a sufragar.
Por último, pido que se envíe copia de mi intervención a los concejos de Caldera, Chañaral y Huasco , y a las asociaciones gremiales de pesacadores artesanales, de buzos mariscadores y de tripulantes de la Región de Atacama.
He dicho.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN DE COMUNIDAD HUINCA RAILAO, COMUNA DE LAUTARO, A PROGRAMA DE DESARROLLO INDÍGENA (Oficios)
El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , pido que se envíe un oficio a la ministra de Obras Públicas , a fin de que tenga en consideración la postulación de la comunidad Huinca Railao , de la comuna de Lautaro -de la cual es presidente don Reinaldo Zúñiga - a un Programa de Desarrollo Indígena (PDI). Luego, entregaré a la secretaría de la Comisión su número de teléfono, a fin de que se le envíe copia de este oficio.
Resulta importante considerar a esa comunidad dentro de ese programa, porque enfrenta muchos problemas en materia de acceso.
Pido que se remita copia del oficio a don Raúl Schifferli Díaz, concejal de Lautaro, con el objeto de que pueda gestionar que ese municipio postule el proyecto.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
TARDANZA EN CONCRECIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL PARA SECTOR TRES ESQUINAS, COMUNA DE LAUTARO (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Por otra parte, solicito que se oficie a la ministra de Obras Públicas y, por su intermedio, al director nacional Obras Hidráulicas , sobre un proyecto de agua potable rural para el sector Tres Esquinas, comuna de Lautaro.
El proyecto se encuentra preseleccionado por la Dirección de Obras Hidráulicas para la prefactibilidad desde hace once años. Originalmente, favorecería a 78 familias y ahora existen otros interesados.
El financiamiento, según se informó, debería llegar en abril, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Se trata de un proyecto muy importante que, después de once años, recién está en etapa de prefactibilidad, dilación que nos resulta inexplicable.
Según me indicaron los miembros del comité, la persona de contacto en la Dirección de Obras Hidráulicas es don Roberto Navarro .
Por último, pido que se remita copia del oficio a don Raúl Schifferlial , concejal de la comuna de Lautaro, y también a don Eduardo Michelod , cuyo número de teléfono haré llegar a la secretaría de la comisión.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN DE COMITÉ A SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA EN COMUNA DE LAUTARO (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Pido que se oficie al ministro de Vivienda , con copia al director del Serviu de la Región de La Araucanía , con el objeto de que nos informe sobre la situación de un comité que ha postulado en seis oportunidades al respectivo subsidio. Según la correspondiente Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), se trata del Comité de Ampliación San José, de la comuna de Lautaro, cuya presidenta es la señora Matilde Cofré , domiciliada en la villa Pillanlelbún, comuna de Lautaro.
Después de tantas postulaciones, creo muy importante entregar una respuesta a esos vecinos. Por lo menos, que les diga dónde están las fallas, si las hubiere.
Se trata de un comité que cuenta con pocos socios, solo diez. Por lo tanto, no debiera haber mayor dificultad para que, después de tantas postulaciones, se les otorgue el subsidio.
Sería bueno que el Serviu informara directamente a la presidenta del comité sobre la referida postulación.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
DENEGACIÓN DE BENEFICIOS DEL ESTADO A VECINA DE TEMUCO (Oficio)
El señor CHAHÍN.- Además, pido que se oficie al ministro de Desarrollo Social , con el objeto de que responda directamente a la señora Flor Cecilia Mella Vergara, cédula de identidad Nº 14.386.737-4, con domicilio en la villa Los Ríos, de Temuco, en relación con lo siguiente.
La señora Flor no recibe ningún tipo de bono, a pesar de contar con su Ficha de Portección Social y de tener un puntaje muy similar al de su hermana. Como no recibe beneficios del Estado, quiere saber cuál es la explicación. No recibió el bono de alimentación; tampoco los bonos de apoyo a las familias vulnerables.
Por lo tanto, esperamos una respuesta del ministro de Desarrollo Social .
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAUTARO (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Por último, solicito oficiar al ministro de Desarrollo Social y al director de Obras Hidráulicas en relación con problemas que afectan a las comunidades de Lebío y Maripe , de la comuna de Lautaro.
Pido que se consideren distintos proyectos para esas dos comunidades. Por ejemplo, que el Ministerio de Desarrollo Social con la Dirección de Obras Hidráulicas coordinen un proyecto de agua potable para las familias de ese sector, que se hallan integradas en el Comité de Huallepenco. Algunas familias que han quedado fuera, solicitan saber en qué estado está ese proyecto y qué ocurre con la conexión al proyecto de agua potable de Huallepenco. Además, cómo se pueden integrar nuevas familias interesadas.
He dicho.
El señor SABAG ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
CELERIDAD A TRAMITACIÓN DE PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE LONQUÉN (Oficios)
El señor CHAHÍN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , pido que se oficie al ministro de Desarrollo Social y a la ministra del Medio Ambiente , con el objeto de que se aceleren los trámites de aprobación de un proyecto muy importante: la construcción del embalse Lonquén , obra que pretende regar y dar seguridad de riego a las zonas de Ninhue, San Nicolás y Cauquenes , en cuya tramitación hasta el momento ha existido dilación.
El proyecto ha sido calificado por la Comisión Nacional de Riego como de interés público, porque regará propiedades de pequeños agricultores que aumentarán su productividad.
Reitero, mi petición de celeridad a su tramitación en los ministerios de Desarrollo Social y del Medio Ambiente, entidades donde, según entiendo, se encuentra radicado el proyecto.
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EVALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RECINTO PENAL EN COMUNA DE SAN CARLOS (Oficio)
El señor SABAG.- Pido que se oficie a la ministra de Justicia, con el objeto de que evalúe la construcción de un nuevo recinto penal en la comuna de San Carlos.
En la actualidad existe un centro de reclusión diseñado para cincuenta personas privadas de libertad. Después del terremoto llegó a contar con más doscientos internos, y a la fecha tiene alrededor de un ciento.
Se trata de un penal que ha sido un verdadero centro de rehabilitación para personas privadas de libertad, y que nunca ha sido fuente de conflictos. Su edificio, que data de 1939, está en muy malas condiciones.
Por lo tanto, es importante que dicha autoridad analice la situación de la actual infraestructura y estudie el diseño de un nuevo recinto penal, para lo cual será neceario postular a recursos regionales o del gobierno central.
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CREACIÓN DE COMUNA DE MONTE ÁGUILA (Oficio)
El señor SABAG.- Además, pido que se oficie al subsecretario de Desarrollo Regional , con el objeto de que remita a la honorable Cámara toda la información referida a la creación de la nueva comuna de Monte Águila, que hoy pertenece a la comuna de Cabrero.
La comunidad de Monte Águila ha crecido bastante. Dicho sector, vecino al Salto del Laja y que abarca comunidades como Pillancó, La Mata, Charrúa , etcétera, tuvo un gran auge en la época dorada del ferrocarril. Lamentablemente, la falta de preocupación de las autoridades por ferrocarriles significó que su estación dejare de funcionar.
Pese a que Monte Águila perdió fuerzas en ese aspecto, hoy cuenta con alcantarillado, pavimento, centros culturales y otros avances, como un cuartel de Bomberos.
Su comunidad desea que se transforme en comuna. Al respecto, hay un estudio en la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Por lo tanto, pido que se remita esa información para reactivar el proyecto.
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
APOYO A PRODUCTORES DE TOMATES DE QUILLÓN Y RÁNQUIL (Oficios)
El señor SABAG.- Por último, solicito que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap respecto de la situación que afecta a los productores de tomates de las comunas de Quillón y Ránquil , quienes por razones que se están estudiando, sufrieron una importante merma en su producción.
Solicito que el director nacional del Indap implemente un proyecto de apoyo a esos agricultores, a través de los Prodesal o de un proyecto especial que permita enfrentar la situación, en el sentido de cambiar las semillas o bien desarrollar nuevas especies de tomates que sean más resistentes.
Se trata de ayudar a un grupo importante de agricultores que da trabajo a muchas personas, los cuales hoy están de brazos cruzados, puesto que sufrieron la pérdida casi total de su producción.
Ante eso, creo que el Gobierno debe apoyarlos por medio de algún programa especial del Indap.
He dicho.
El señor CHAHÍN ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.10 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8563-07
Ajusta normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile, en materias de requisitos de ingreso y de promoción de cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes.
6523-11
Modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las farmacias.
8467-12
Administración del borde costero y concesiones marítimas.
6189-06
Establece normas sobre la actividad de lobby.
7975-25
Fortalece el resguardo del orden público
7886-03
Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.
8330-15
Modifica Ley de Fomento a la Marina Mercante , (Decreto Ley N° 3.059 de 1979) y ley sobre Impuesto a la Renta (Decreto Ley N°824 de 1974), permitiendo que naves mercantes chilenas y extranjeras, puedan realizar cabotaje.
8034-15
Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
8143-03
Modificaciones a ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y Protección de Datos de Carácter Personal.
8335-24
Regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de abril de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que perfecciona las disposiciones introducidas por la ley N° 20.568 sobre inscripción automática y que modernizó el sistema de votaciones, correspondiente al Boletín Nº 8.819-06.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.679, de 16 de abril de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de abril de 2013.
De conformidad a lo preceptuado en el artículo 52 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo el honor de comunicar a vuestra Excelencia que el Senado tomó conocimiento de la acusación constitucional a que dio lugar esa honorable Cámara en contra del Ministro de Educación , señor Harald Beyer Burgos, por la causal de infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, establecida en la letra b) del número 2) del artículo 52 de la Constitución Política de la República.
El Senado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 1) del artículo 53 de la Carta Fundamental, acogió la referida acusación, declarando culpable al señor Ministro de Educación , con el voto favorable de 20 senadores, de un total de 38 en ejercicio, por la causal de infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, en el capítulo relativo a la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente, la de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación.
En consecuencia, por la declaración de culpabilidad pronunciada por la mayoría señalada, el señor Harald Beyer Burgos ha quedado destituido de su cargo de Ministro de Educación .
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio N° 10.652, de 4 de abril de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a vuestra Excelencia.
(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente del Senado ; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado ”.
4. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Guyana de eliminación parcial de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales”, adoptado por cambio de notas, fechadas el 6 de mayo de 2011 y el 28 de septiembre de 2011, en Georgetown y Santiago, respectivamente. (boletín N° 8835-10-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo del epígrafe, que se encuentra sometido a la consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental de este Proyecto de Acuerdo, como su nombre lo indica, es aprobar el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Guyana de Eliminación Parcial de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, de Servicio y Oficiales”, adoptado por Cambio de Notas, fechadas el 6 de mayo de 2011 y el 28 de septiembre de 2011, en Georgetown y Santiago, respectivamente.
2°) Que este Proyecto de Acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Asimismo, no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
3°) Que la Comisión aprobó el Proyecto de Acuerdo por la unanimidad de la Diputada (5) señora Saa, doña María Antonieta, y de los señores Arenas, don Gonzalo; Ascencio, don Gabriel; Cerda, don Eduardo, y Jarpa, don Carlos Abel.
4°) Que Diputado Informante fue designada la señora Saa, doña María Antonieta.
II. ANTECEDENTES.
Según lo señala el Mensaje, este Acuerdo, que constituye una excepción a la legislación de extranjería vigente en nuestro país, contenida en el Decreto Ley N° 1.094, de 1975 y en el Decreto Supremo N° 597, de 1984, ambos del Ministerio del Interior, encuentra su plena justificación en el deseo de ambos Estados de fortalecer los lazos de amistad que los unen.
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ACUERDO.
El presente Acuerdo se encuentra estructurado sobre la base de once numerales que conforman su cuerpo principal y dispositivo, en donde se despliegan las normas centrales del mismo.
El numeral uno dispone que los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales válidos de una Parte, podrán ingresar o salir del territorio de la otra Parte sin necesidad de visa y tendrán derecho a permanecer por un período no superior a noventa (90) días y, en el caso que deseen permanecer por más de noventa (90) días, el numeral dos consigna que deberán obtener visa en la misión consular o diplomática o ante las autoridades de inmigración del otro país.
Seguidamente, el numeral tres indica que los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio u oficiales que sean designados funcionarios diplomáticos o consulares de misiones diplomáticas o consulares en el otro país y los integrantes de sus familias que formen parte de su grupo familiar serán autorizados para ingresar y permanecer sin visa, pero deberán ser acreditados dentro de los treinta (30) días posteriores a su arribo.
El numeral cuatro señala que los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio u oficiales podrán ingresar al territorio de la otra Parte en todos los puertos de entrada autorizados sin ninguna otra restricción aparte de las normas legales sobre seguridad, inmigración, aduana y salud aplicables a los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio u oficiales. Además, el numeral cinco consagra el derecho de cualquiera de las Partes de denegar la entrada o reducir el periodo de permanencia de los nacionales de la otra Parte por razones de seguridad, orden público o salud pública.
El numeral seis estipula que las Partes podrán suspender temporalmente la aplicación de este Acuerdo, en su totalidad o parcialmente, por razones de seguridad, orden público o salud pública, lo que deberá ser comunicado a la otra Parte por la vía diplomática.
Por su parte, el numeral siete prescribe que las Partes intercambiarán, por la vía diplomática, ejemplares de sus pasaportes válidos, incluida una descripción detallada de esos documentos. Asimismo, si modificaran dicha documentación, deberá enviar a la otra Parte los nuevos ejemplares al menos 30 días antes de que se ponga en práctica su uso.
El numeral ocho prevé que las Partes pueden denunciar este Acuerdo y notificar al respecto a la otra Parte por la vía diplomática, caso en el cual el Acuerdo permanecerá en vigor durante 30 días a contar de la fecha en que la otra Parte reciba dicha notificación.
En cuanto a los conflictos que surjan de la interpretación, implementación o aplicación de este Acuerdo, el numeral nueve consigna que serán resueltos por las Partes por la vía diplomática.
El numeral diez señala que el Acuerdo tendrá duración indefinida y el numeral once que las modificaciones del mismo se realizarán vía intercambio de Notas Diplomáticas.
Finalmente, en cuanto a su entrada en vigor el Acuerdo indica que regirá sesenta (60) días después de la fecha de la última Nota de una de las Partes en que comunique a la otra el cumplimiento de los requerimientos jurídicos internos.
IV. DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y DECISIÓN ADOPTADA.
En el estudio de este Proyecto de Acuerdo la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro de Relaciones Exteriores (S), don Alfonso Silva Navarro, quien, además de refrendar los fundamentos del Mensaje que da origen a este Proyecto de Acuerdo, explicó que este instrumento tiene por propósito facilitar el tránsito de personas titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales exceptuándolos parcialmente y mutuamente, del requisito de visa de ingreso a sus respectivos territorios a los nacionales de ambos países que posean dichos pasaportes.
Agregó que la República de Guyana ha tenido históricamente una escasa relación con Chile; sin embargo, con la incorporación de dicho país a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se ha constituido en un destino tradicional de conferencias, reuniones e intercambios de índole político, en el ámbito de la integración.
Hizo presente, asimismo, que este Acuerdo constituye una excepción a la legislación de extranjería vigente en nuestro país, contenida en el Decreto Ley N° 1.094, de 1975 y en el Decreto Supremo N° 597, de 1984, ambos del Ministerio del Interior, y encuentra su plena justificación en el deseo de ambos Estados de fortalecer los lazos de cooperación que las unen.
Por su parte, los señores Diputados presentes expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este Proyecto de Acuerdo, teniendo presente la importancia de este instrumento para la consolidación de las relaciones entre ambos países, facilitando el ingreso de personas titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales a sus respectivos territorios jurisdiccionales.
Por ello, por 5 votos a favor, ningún voto en contra y cero abstenciones prestaron su aprobación al Proyecto de Acuerdo en Informe , la Diputada señora Saa, doña María Antonieta, y los señores Arenas, don Gonzalo; Ascencio, don Gabriel; Cerda, don Eduardo, y Jarpa, don Carlos Abel.
V. MENCIONES REGLAMENTARIAS.
En conformidad con lo preceptuado por el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que vuestra Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en Proyecto de Acuerdo en informe. Asimismo, ella determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió por la unanimidad antes señalada recomendar a la H. Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo, cuyo texto es el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Guyana de Eliminación Parcial de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, de Servicio y Oficiales”, adoptado por Cambio de Notas, fechadas el 6 de mayo de 2011 y el 28 de septiembre de 2011, en Georgetown y Santiago, respectivamente.
-o-
Discutido y despachado en sesión de fecha 16 de abril de 2013, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado don Gabriel Ascencio Mansilla, y con la asistencia de la Diputada señora Saa, doña María Antonieta, y de los Diputados señores Arenas, don Gonzalo; Cerda, don Eduardo, y Jarpa, don Carlos Abel.
Se designó Diputado Informante a la señora Saa, doña María Antonieta.
Sala de la Comisión, a 16 de abril de 2013.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión ”.
5. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su estatuto orgánico, que otorga al Subsecretario De Relaciones Exteriores la atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales surgidos en el extranjero que afecten al Estado de Chile. (boletín N° 8853-10-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República , que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto Orgánico, que otorga al Subsecretario de Relaciones Exteriores la atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales surgidos en el extranjero que afecten al Estado de Chile.
A la sesión que vuestra Comisión destinó al estudio de esta iniciativa legal asistió el señor Ministro de Relaciones Exteriores (S), don Alfonso Silva Navarro.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- Idea matriz o fundamental del proyecto: modificar el D.F.L. N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto Orgánico, que otorga al Subsecretario de Relaciones Exteriores la atribución para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales surgidos en el extranjero que afecten al estado de Chile.
2.- Normas de quórum especial: el proyecto requiere ser aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados en ejercicio, en virtud de que regula el ejercicio del derecho a la seguridad social contemplado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, al otorgar facultades al señor Subsecretario de Relaciones Exteriores para transigir en conflictos laborales y/o previsionales.
3.- Artículos de competencia de la Comisión de Hacienda: no existen normas que requieran estudio por parte de dicha Comisión.
4.- Aprobación en general del proyecto: fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.- Artículos e indicaciones rechazadas por la Comisión: no existen disposiciones con tal carácter.
6.- Diputado Informante : se designó al señor Diputado don Gonzalo Arenas Hödar.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
1.- Consideraciones preliminares.-
Hace presente el mensaje que nuestro Código Civil, en su artículo 2446, define la transacción como “un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”. Por su parte, agrega, el artículo 2447 del mismo cuerpo legal, indica que “No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción.”. Añade, a continuación, que el artículo 2448, agrega que “todo mandatario necesitará de poder especial para transigir.”.
Manifiesta, asimismo, que precisado lo anterior, y considerando que en el ámbito del derecho público, acorde con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, el que es reiterado en términos similares en el artículo 2°, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos que integran dicha Administración deben someter su acción a la Constitución y a las leyes, actúan válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, y no tienen más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.
En dicho contexto, señala, los servicios públicos no pueden disponer ni renunciar a las acciones y derechos que les corresponden, y por ende transigir, a menos que exista una autorización expresa en la ley. Siendo esto así, agrega, habrá que determinar en cada caso específico, si la entidad estatal en cuestión está dotada de tal atribución.
En particular, continúa el Mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con la facultad de transigir, lo que le ha significado verse expuesto en el extranjero a enfrentar juicios de larga duración. Asimismo, añade, se debe incurrir en elevados gastos derivados de la tramitación de los procesos judiciales y del pago de los honorarios a profesionales contratados para la adecuada defensa del Estado de Chile, lo cual ciertamente podría evitarse o reducirse a través de una transacción.
En dicho contexto, expresa S.E. el Presidente de la República , el otorgarle a esa Secretaría de Estado la facultad de transigir, permitiría cautelar los intereses del Estado de forma más eficiente, facilitando el término de conflictos jurídicos de manera más rápida de lo que hasta ahora ha venido ocurriendo y en condiciones en definitiva más favorables, evitando la prosecución obligatoria de litigios de incierto pronóstico.
Menciona, asimismo, que el órgano del Estado a quien compete la defensa del Fisco en todos los juicios, como es el Consejo de Defensa del Estado, de acuerdo a su Estatuto sí cuenta con la facultad de transigir en los procesos que intervenga, siempre que cuente con el voto de las tres cuartas partes de sus miembros en ejercicio.
Finalmente, concluye el Mensaje, en aras de la modernización del Estado y del Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, es imprescindible contar con una norma que permita transigir en los conflictos jurídicos indicados, lo que obviamente generaría mayor eficiencia y eficacia en el actuar de la aludida Secretaría de Estado, en este caso, en el extranjero.
2.- Estructura y contenido del proyecto de ley.
El proyecto se encuentra estructurado en un artículo único mediante el cual se incorpora en el artículo 8º del Decreto con Fuerza de Ley N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, una disposición que confiere al Subsecretario de Relaciones Exteriores la facultad para transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales y que afecten al Estado de Chile en el extranjero, estableciendo como requisito previo un informe favorable del Consejo de Defensa del Estado.
Además, permite delegar la facultad de transigir en los Jefes de Misión Diplomáticas, Jefes de Misión ante Organizaciones Internacionales y Jefes de Oficinas Consulares de Chile en el exterior.
III. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.
El proyecto requiere ser aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados en ejercicio, en virtud de que regula el ejercicio del derecho a la seguridad social contemplado en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política de la República, al otorgar facultades al señor Subsecretario de Relaciones Exteriores para transigir en conflictos laborales y/o previsionales.
IV. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
La Comisión recibió al señor Ministro de Relaciones Exteriores (S) don Alfonso Silva Navarro.
V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
No existen disposiciones que deban ser conocidas por dicha Comisión.
VI. DISCUSIÓN GENERAL.
En el estudio y discusión general de este proyecto el señor Ministro de Relaciones Exteriores (S), don Alfonso Silva Navarro, además de refrendar los argumentos contenidos en el Mensaje que le da origen a este proyecto de ley, manifestó que esta facultad que se otorga al Subsecretario de esa Secretaría de Estado se encuentra radicada hoy en día en el Consejo de Defensa del Estado, lo que hace dificultosa y, además, onerosa, la defensa de los intereses del Estado de Chile en el extranjero cuando es demandado en conflictos jurídicos y/o previsionales. En efecto, agregó, al día de hoy se encuentran en tramitación más de 25 juicios de esa naturaleza, en los cuales se encuentran involucrados alrededor de 3.500.000 dólares, mayoritariamente en honorarios de abogados y/o costas procesales, por lo que la aprobación de este proyecto significará para el Fisco chileno un significativo ahorro de recursos.
Por su parte, la señora y señores Diputados, presentes en la discusión del mismo, concordaron unánimemente en la procedencia de este proyecto, por lo cual, sin discusión, por 5 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, le prestaron su aprobación en general y particular, a la vez.
Prestaron su aprobación, en general y particular, al proyecto en informe, la señora Saa, doña María Antonieta y los señores Arenas, don Gonzalo; Ascencio, don Gabriel; Cerda, don Eduardo, y Jarpa, don Carlos Abel.
VII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.
No hubo en el seno de la Comisión opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación en general del proyecto en Informe.
VIII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.
No existen disposiciones en tal condición.
-o-
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO: Agrégase en el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 161, de 1978, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el siguiente número 8, nuevo:
“8. Transigir en conflictos jurídicos laborales y/o previsionales surgidos en el extranjero que afecten al Estado de Chile, previo informe favorable del Consejo de Defensa del Estado, pudiendo delegar dicha facultad en los correspondientes Jefes de Misión Diplomática, Jefes de Misión ante Organizaciones Internacionales y Jefes de Oficinas Consulares de Chile en el exterior, en conformidad al artículo 41 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.
-o-
Se designo diputado informante , a don Gonzalo Arenas Hödar.
Sala de la Comisión, a 16 de abril de 2013.
Acordado en sesión de fecha 16 de abril de 2013, celebrada bajo la presidencia del H. Diputado don Gabriel Ascencio Mansilla, y con la asistencia de la Diputada señora Saa, doña María Antonieta, y de los Diputados señores Arenas, don Gonzalo; Cerda, don Eduardo, y Jarpa, don Carlos Abel.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Abogado, Secretario de la Comisión ”.
6. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio. (boletín N° 7886-03)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República .
Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración de don Julio Dittborn Cordua, Subsecretario de Hacienda ; doña Rosario Celedón Förster, coordinadora de Mercado de Capitales de ese Ministerio; don José Joaquín Fernández Chicharro, asesor del Ministerio; don Carlos Pavez Tolosa, Director Jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras , don Mario Fernández Baeza, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Los Andes, don José Francisco García García, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile y don Héctor Mery Romero, abogado de la Fundación Jaime Guzmán.
Para el despacho de esta iniciativa el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de suma para todos sus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un término de quince días corridos para afinar su tramitación, plazo que vence el 19 de abril en curso, por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 4 del mismo mes.
Cabe hacer presente que este proyecto cuenta con un primer informe reglamentario de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo y fue derivado a esta Comisión por acuerdo de la Corporación, adoptado en sesión 78, de 6 de septiembre de 2011, por el que se convino remitirlo una vez que la Comisión mencionada despachara su informe, recibiéndolo finalmente ésta con fecha 11 de septiembre de 2012.
Por último, dado que lo que motivó el envío de este proyecto a esta Comisión, fueron las observaciones de constitucionalidad que formulara el diputado señor Aldo Cornejo González, se acordó analizarlo únicamente desde ese punto de vista.
I. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.
De conformidad a lo señalado por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, la idea central de esta iniciativa tiene por objeto establecer un nuevo estatuto para el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero y crediticio.
II. DIPUTADO INFORMANTE.
Se designó diputado informante al señor Cristián Mönckeberg Bruner.
III. SÍNTESIS DE LAS OBSERVACIONES DE CONSTITUCIONALIDAD FORMULADAS POR EL DIPUTADO SEÑOR CORNEJO.
En la parte general de su exposición, el diputado sintetiza el objetivo de este proyecto, señalando que establece un sistema “por el cual una repartición del Estado se apropia y comercializa indebidamente los datos comerciales privados de todos los deudores del país, obtenidos forzosamente de las personas acreedoras que los custodiaban bajo su confianza y sin contar con un consentimiento preciso e informado de los titulares de tales derechos sobre sus datos, para su utilización discrecional en el mercado de los usuarios”.
1° Sobre la base de esta afirmación de carácter general, sostiene que el proyecto afectaría derechos fundamentales de las personas contenidos en el artículo 19 números 2°, 4°, 5° , 21°, 24° y 25°, es decir, la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la reserva legal impuesta al Estado y a su organismos para desarrollar actividades empresariales, el derecho a la propiedad de las cosas incorporales y el derecho a la propiedad industrial.
Destaca, a continuación, como núcleo de la inconstitucionalidad, el artículo 2° del proyecto el que irradiaría su efecto a toda la iniciativa. Dicha norma establecería para todas las personas jurídicas acreedoras, denominadas aportantes, la obligación de entregar todos los datos de obligaciones económicas confiados por sus clientes, denominados titulares, a su custodia y depositada en sus propios sistemas de datos, y sin consentimiento de aquéllos en materia de morosidades, a un sistema centralizado administrado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, quien los tratará mediante una multiplicidad de operaciones y los entregará, previo pago de una tasa o tarifa, a las distribuidoras para que éstas los comercialicen con los usuarios o directamente a éstos cuando se encuentren habilitados por la ley.
Expresa que, no obstante el complejo entramado de esta norma, es posible percibir las lesiones constitucionales que se desprenden de su texto:
a.- En efecto, el mencionado artículo 2°, en su letra a), junto con señalar la naturaleza de la información de que se trata, dice que ésta debe ser entregada describiendo así el deber de los aportantes de facilitar al Sistema de Obligaciones Económicas, todos los datos privados comerciales existentes bajo su custodia, es decir, la totalidad de los datos de todos los deudores, entregados a cualquier título a todos los aportantes. En otras palabras, como se trata de todos los datos, si un deudor afiliado a una caja de compensación ha debido adjuntar sus antecedentes personales de salud a fin de obtener alguna prestación de esa institución, deberá aceptar que tal información sea entregada al Sistema y quede, por tanto, disponible para todos los usuarios, todo lo cual vulneraría la garantía constitucional del respeto y protección de la vida privada.
A esa finalidad conduciría el proyecto, a que actores del circuito financiero del país tengan acceso a datos personales que no están a su alcance porque están bajo la tutela de determinadas instituciones comerciales o sociales a las que sus titulares se los han confiado, transformando así una relación de confianza bilateral perfeccionada mediante un contrato, en una autorización abierta para que ese producto se transe en el mercado, lo que dado lo anómalo que resulta, podría asimilárselo a lo que en la legislación penal se denomina ley penal en blanco, puesto que lo que este proyecto consagra sería una verdadera “ley económica en blanco”.
b.- En directa relación con lo anterior, hace presente el diputado que de acuerdo a la parte final de la letra a) de este artículo 2°, el deber de entregar la información al Sistema de Obligaciones Económicas debe incluir los antecedentes sobre la naturaleza de las obligaciones, su estado de cumplimiento, montos, saldos, plazos y otras variables que se determinen en el reglamento, es decir, se estaría confiando a una norma infra legal la regulación de una materia que la Constitución reserva a la ley.
Esto último vulneraría abiertamente la garantía constitucional de la inviolabilidad de toda comunicación privada, toda vez que los contratos celebrados por los deudores con las entidades comerciales o cajas de compensación y demás antecedentes que se exigen para su celebración tales como declaraciones de impuestos o informes médicos, serían documentos privados para todos los efectos jurídicos. Lo anterior significaría dejar en manos de la discrecionalidad administrativa, los datos de la vida privada de las personas que deberán entregarse al Estado para que éste los venda a los usuarios por medio de la Superintendencia la que percibirá una tasa o tarifa por ello.
Lo anterior, aparecería reforzado por lo señalado en el inciso primero del artículo 4°, el que señala que “el contenido específico y los atributos de los datos de obligaciones económicas que deberán ser entregados por los aportantes al Sistema, serán determinados por el reglamento.”
Lo anterior lo lleva a afirmar la poca utilidad de las disposiciones del Título IV de este proyecto en lo referente a la tutela de derechos de los titulares de los datos, si se otorga carta blanca a la autoridad administrativa para fijar el contenido específico de los antecedentes que los aportantes deben entregarle.
Agrega que si se quiere remediar esta anomalía por la vía de suprimir la remisión al reglamento, debería tenerse en cuenta que ello no es tan simple, toda vez que deberá ser la ley la que especifique exacta y detalladamente la información económica que será obligatorio entregar al Sistema, salvaguardando así no sólo la garantía constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados sino también las normas de la ley N° 19.628, sobre protección de datos personales.
2° Refiriéndose, luego, al artículo 8° señala que esta norma dispone que para acceder a los datos de obligaciones económicas del Sistema, deberá pagarse a la Superintendencia una tasa o tarifa que será establecida por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República ”.
Respecto de esta disposición, observa tres nuevas infracciones a la Carta Política:
a.- En primer término, el cobro de tasas o tarifas por parte de una repartición pública puede considerarse como una actividad económica o empresarial del Estado, que, de acuerdo al artículo 19 N° 21 de la Constitución, requiere para su concreción de una norma aprobada con quórum calificado. Al respecto, expone que de acuerdo a la doctrina la actividad económica sería el género y la actividad empresarial la especie y si bien el inciso segundo de la norma mencionada se refiere a esta última para regular la actividad estatal, lo hace con relación a las empresas del Estado, las que podrían realizar actividades económicas, las que se caracterizan por tener una finalidad lucrativa. Por tanto, la tasa o tarifa que debe pagarse a la Superintendencia como medio para acceder a la información, no podría equipararse al pago de derechos que se hace a un ente público en retribución a un determinado servicio, como sería el caso de las contribuciones de bienes raíces o los derechos de aseo, por el hecho que las adquisiciones de datos que efectúan las distribuidoras tienen una finalidad comercial, toda vez que de acuerdo al artículo 28 los tratan, comunican y comercializan. Se trataría, en consecuencia, de un producto que se transa en un mercado y la Superintendencia, por el hecho de cobrar por la entrega de los datos, participa también en esa cadena comercial.
b.- La situación anterior, presentaría una segunda arista de dudosa constitucionalidad, toda vez que los datos que la Superintendencia entrega contra una tarifa, han sido obtenidos por ella sin costo alguno y sin que les hayan sido expropiados a los aportantes o a sus titulares y sin que ninguna ley autorice tal expropiación, como expresamente lo señala el inciso tercero del N° 24 del artículo 19 de la Carta Política, por lo que si ya suscita dudas la obtención de los datos por parte del Sistema, el cobro de una tasa o tarifa por parte de la Superintendencia, no hace otra cosa más que reforzar tales cuestionamientos.
c.- Finalmente, y relacionado con lo dicho en las letras a.- y b.- anteriores, el artículo 19 N° 22 de la Constitución establece la no discriminación arbitraria que el Estado y sus organismos deben observar en materia económica, garantía que estaría en contraposición con el manejo monopólico que se entrega a la Superintendencia del Sistema de Obligaciones Económicas . Al efecto, recuerda el diputado que el Tribunal Constitucional ha resuelto que la garantía mencionada establece perentoriamente el principio de igualdad ante la ley en materia económica y que este principio fundamental debe ser considerado en toda actividad que realice el Estado o alguno de sus organismos, cualquiera sea su forma jurídica.
3°.- En el siguiente capítulo de sus observaciones, el diputado plantea la conveniencia y pertinencia de entregar la administración del Sistema de Obligaciones Económicas a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, señalando que al encomendarle el artículo 25 del proyecto tal administración, modifica la Ley General de Bancos por cuanto amplía las facultades de la Superintendencia ya que le corresponderá administrar no sólo las informaciones provenientes de entidades sujetas a su fiscalización sino también de aquellas que no lo están, dejando a estas últimas en desigualdad de condiciones y de trato frente a las primeras, circunstancia que pugnaría con la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, constituyendo una diferencia arbitraria.
Por otra parte, y sobre este mismo punto, cree necesario aclarar la naturaleza jurídica con que la Superintendencia actuará respecto de esta administración, toda vez que la Ley de Bancos la define como una entidad autónoma, con personalidad jurídica de duración indefinida y que se relacionará con el Gobierno por medio del Ministerio de Hacienda, agregando que no obstante su carácter de institución de derecho público, no se considerará como integrante de la Administración Orgánica del Estado ni le serán aplicables las normas generales o especiales que se dicten para el sector público, rigiéndose, en consecuencia, tanto ella como su personal por las normas del sector privado.
Lo anterior, lleva al parlamentario a preguntarse en qué calidad asumirá la Superintendencia tal administración: si en cuánto institución autónoma relacionada con el Gobierno por medio de un Ministerio o como entidad ajena a la Administración, regida por las normas del derecho privado. Al respecto, estima que lo ambiguo de la situación pugna con la necesaria idoneidad para administrar datos de las personas, protegidos por derechos fundamentales, especialmente debido a la falta de nitidez en lo que se refiere a la responsabilidad pública de la autoridad correspondiente.
4° Finalmente, plantea una última objeción de constitucionalidad fundado en que de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Bancos, que se refiere a las informaciones que la Superintendencia debe entregar al Ministerio de Hacienda, al Banco Central y al público general acerca de las instituciones bajo su fiscalización, su inciso tercero añade que debe entregar información sobre los deudores de los bancos a firmas especializadas que demuestren un interés legítimo en evaluar a las entidades fiscalizadas así como mantener una información permanente y refundida sobre esta materia para el uso de las instituciones financieras sometidas a su fiscalización.
El proyecto, en su artículo 46, suprime este inciso y agrega una nueva norma que omite a las firmas especializadas, pero mantiene la obligación de mantener una información permanente y refundida sobre los deudores de las entidades que fiscaliza y la facultad para dar acceso a tal información a estas entidades para la gestión integral de sus riesgos y sólo respecto de los deudores de la cartera de colocaciones de cada una de dichas instituciones. Lo dicho entregaría a la Superintendencia un dualidad de funciones, es decir, como administradora del Sistema de Obligaciones Económicas y como fiscalizadora de un grupo de sus aportantes y clientes.
Agrega que esta dualidad de funciones podría dar lugar a una diferencia arbitraria, contraria a la igualdad ante la ley que prevé el artículo 19 N° 2, pues al acceso de las instituciones fiscalizadas a la información se suma el que ellas mismas ya tienen como aportantes y clientes del Sistema, todo lo cual haría necesario que el proyecto dispusiera con claridad que la Superintendencia no pueda dar un trato especial a las entidades bajo su fiscalización en cuanto tal, como tampoco permitir que éstas se beneficien de información sobre deudores a la que el resto de los partícipes del Sistema no pueda acceder.
IV. POSICIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
El Ministerio de Hacienda, haciéndose cargo de las objeciones del diputado, expuso los siguientes puntos de vista:
1ª. La primera objeción se refiere a los artículos 19 N°s. 4 y 5 que garantizan el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, señalando que al encomendar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la administración y fiscalización del Sistema de Obligaciones Económicas, se estaría creando un mecanismo “por el cual una repartición del Estado se apropia y comercializa indebidamente los datos comerciales privados de todos los deudores del país, obtenidos forzosamente de las personas acreedoras que los custodiaban bajo su confianza y sin contar con un consentimiento preciso e informado de los titulares de tales derechos sobre sus datos, para su utilización discrecional en el mercado de los usuarios”.
El Ministerio, contestando esta argumentación, señala que la creación del Sistema de Obligaciones Económicas que estará a cargo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no significa en modo alguno la transferencia de la propiedad sobre los datos de obligaciones económicas, por cuanto las normas del proyecto, contrariamente a lo señalado, reafirman la propiedad de los datos en sus titulares, toda vez que exigen su autorización para proporcionarlos a terceros. Los datos que los aportantes, vale decir, bancos, instituciones financieras, etc., entregan al Sistema son los mismos que tales instituciones exigen a los titulares para acceder al crédito y sopesar los riesgos asociados a su otorgamiento. No son, en consecuencia, datos tutelados bajo relación de confianza por los aportantes.
Asimismo, respecto de la afirmación acerca de que la entrega de la información correspondería a todos los datos del titular, incluso los sensibles, señala que los datos sobre deuda morosa y deudas al día se refieren exclusiva y expresamente a antecedentes de carácter económico, dejando fuera cualquier otro dato sensible como los relacionados con la salud del titular según señala el diputado .
Por último, recuerdan que la divulgación de información sobre morosidades equivale a aquellos datos cuya publicación ya se encuentra aprobada por el artículo 17 de la ley N° 19.682, sin que hasta la fecha se haya producido alguna objeción de constitucionalidad.
2ª. En cuanto a los reparos relacionados con el artículo 19 N°s. 21 y 22 en cuanto a que el Estado sólo puede desarrollar actividades empresariales en la medida que una ley de quórum calificado lo autorice y a la no discriminación arbitraria que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, el Ministerio indica que durante la tramitación de esta iniciativa se acordó entregar la administración del Sistema a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por tratarse de una entidad con experiencia en el manejo de bases de datos económicos y a la que corresponde la fiscalización de aportantes y distribuidoras.
La radicación de estas funciones no implicaría entregar a esta entidad fiscalizadora el desarrollo de actividades empresariales sino simplemente una ampliación del ámbito de sus funciones y de supervisión, lo que se traduciría en el otorgamiento de facultades y competencias legales y de recursos humanos y materiales necesarios.
El simple hecho de que aportantes y distribuidoras estén afectos a un derecho para acceder a los datos contenidos en el Sistema, no sería otra cosa más que una tasa destinada a contribuir al financiamiento operacional del mismo. Un ejemplo de lo anterior lo constituirían los cobros contemplados en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros por inscripciones de bonos y acciones en el Registro de Valores .
En cuanto a la garantía constitucional de no discriminación arbitraria, sostiene que se reconoció como una necesidad mantener el estado de deudores como una herramienta de supervisión necesaria para garantizar una adecuada gestión de riesgo bancario, para lo que se introduce, a su vez, una modificación en la Ley de Bancos. Agrega que la diferencia de regulación aplicable a los bancos respecto de otros oferentes de crédito, se justifica en la necesidad de cautelar la estabilidad financiera y prevenir riesgo sistémico para lo cual se acude al marco legal estricto de supervisión bancaria y normas de solvencia exigidas a estas entidades, dado que éstas no prestan con fondos propios sino con los que captan del público y existe la garantía estatal comprometida.
Agrega, asimismo, que las modificaciones que introduce el proyecto en su artículo 46, acotan en forma sustancial la asimetría de información entre los bancos y los otros oferentes de crédito, por cuanto a contar de la entrada en vigencia de esta iniciativa, la información a que podrán acceder los primeros por medio del Estado de Deudores, se referirá únicamente a su propia cartera de colocaciones. En consecuencia, la información respecto de futuros clientes, solamente podrán obtenerla del Sistema de Obligaciones Económicas al igual que cualquier otro oferente de crédito, lo que evidencia el potencial que este último tendrá como promotor de mayor competencia en el mercado de crédito.
3ª. En lo que dice relación con la delegación de materias al reglamento, el Ministerio señala que la incorporación de otras variables asociadas a los créditos que se encomiendan al reglamento, obedece a que las obligaciones crediticias pueden ser catalogadas bajo numerosas variables, algunas de las cuales se traducen en pormenores, como por ejemplo el tipo de moneda, que no justifican su inclusión en una norma de rango legal.
V. INTERVENCIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
Antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la iniciativa, la Comisión recibió una explicación acerca del contenido de la misma de parte de la Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, señora Rosario Celedón Förster y del Subsecretario de la Cartera señor Julio Dittborn Cordua, la primera de los cuales luego de hacer una exposición acerca del proyecto en su integridad, explicó que había ingresado a tramitación legislativa en agosto de 2011 y luego de casi un año en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, se había alcanzado consenso en sus aspectos medulares, entre los que se contaba la mantención del Registro de Deudores que lleva la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras , según lo dispone el artículo14 de la Ley General de Bancos, como un medio de supervisión para garantizar la adecuada gestión de riesgo bancario, concordándose en un marco regulatorio, de fiscalización y sanción para el uso indebido de dicha información. Agregó que el proyecto mantenía el sistema de deudores, atendida su importancia para los efectos de la supervisión financiera, pero le introducía una modificación disponiendo que la información acerca de los deudores que la Superintendencia entregará a las instituciones que fiscaliza, se referirá únicamente a aquéllos que integran sus respectivas carteras de créditos.
Terminó señalando que, según entendía, las objeciones de constitucionalidad que se habían formulado y que dieron lugar al envío de la iniciativa a esta Comisión, obedecían a la posible afectación del derecho a la privacidad que podría surgir de la existencia de la base de datos de los deudores.
El señor Subsecretario , a su vez, precisó que al Sistema de Obligaciones Económicas que se creaba, concurría información de los bancos, de los notarios al protestar documentos y de todos los oferentes de créditos, la que era entregada a las distribuidoras pero sin descuidar la protección de los derechos de los titulares de las deudas en relación con el uso de esta información. En forma paralela, se mantenía, con algunas modificaciones, el sistema que utilizan los bancos para calificar el riesgo bancario y establecer las provisiones necesarias en el caso de los créditos fallidos, cuestión que el diputado señor Cornejo había objetado.
Luego de estas explicaciones, la Comisión como una forma de cumplir con el mandato de la Sala y con la finalidad de alcanzar una decisión acerca de esta materia, acordó recibir las opiniones de dos constitucionalistas designados por los mismos señores diputados.
1.- Don Mario Fernández Baeza, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Los Andes inició su intervención recordando que de acuerdo a lo señalado por la Comisión de Economía, la finalidad de este proyecto consistía en establecer un nuevo estatuto para el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero y crediticio y que el mensaje establecía con claridad este propósito, dando cuenta, a la vez, del consenso existente en el espectro político de lo beneficioso que resultaba para el desarrollo de la economía, del mercado financiero y de las personas en general, contar con una información comercial a la luz de las externalidades positivas que se producían, puesto que ello evitaba el sobreendeudamiento y la mala asignación del crédito, pero que, no obstante, también había consenso acerca de que estos beneficios no podían obtenerse por la vía de sacrificar los derechos de las personas.
Agregó que lo anterior permitía contrastar el loable propósito de disponer de información consolidada sobre las obligaciones económicas de las personas y el deber del legislador de velar por los derechos de los titulares de esa información, aspectos que no siempre armonizaban en el articulado de la iniciativa, por cuanto había importantes disposiciones del proyecto que sacrificaban tales derechos a prioridades de carácter técnico.
Explicó que el proyecto se estructuraba sobre la base de cuatro ejes: ampliar la información sobre obligaciones financieras; introducir una regulación orgánica y ordenada del Sistema de Obligaciones Económicas; dotar al Sistema de una instancia administrativa para regular y fiscalizar a los agentes, y reforzar los derechos de las personas sobre los datos.
Agregó que contrariamente a lo que había sucedido con un proyecto similar presentado en 1997, aquí los problemas de constitucionalidad no aparecían agrupados en un mismo Título sino que figuraban subsumidos en disposiciones aparentemente irreprochables, no obstante lo cual los argumentos que habían fundamentado la declaración de inconstitucionalidad de aquella disposición, podían también replicarse respecto a ésta por cuanto en esa oportunidad se había sostenido que al obligar a entregar información sobre el hecho de ser una persona deudora de una determinada casa comercial, con indicación del monto del crédito recibido, implicaba compelerla a entregar parte de sus secreto comercial y exponer su activo más importante
Sostuvo que en el proyecto era posible detectar dos tipos de vulneraciones constitucionales las que afectaban a definiciones y disposiciones. Entre las primeras figuraban conceptos equívocos que, considerados separadamente, parecían inocuos, pero si se vinculaban con disposiciones constitucionales podían ser objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional. De aquí la necesidad de su enmienda.
Precisó que la letra a) del artículo 2° englobaba la totalidad de los problemas de constitucionalidad que afectaban al proyecto al definir los datos de obligaciones económicas como la información relativa a las obligaciones de carácter crediticio, financiero, bancario o comercial de las personas, naturales y jurídicas, derivadas de operaciones de crédito de dinero, en los términos definidos en la ley N° 18.010 o de operaciones de leasing, préstamo o crédito, que debe ser entregada por los aportantes al Sistema de Obligaciones Económicas, incluyendo antecedentes sobre su naturaleza, estado de cumplimiento, montos, saldos, plazos y otras variables y atributos que se determinen en el reglamento al que se refiere el artículo 48 de la misma iniciativa
A su juicio, el proyecto debería establecer un sistema de registro y consolidación de datos económicos de las personas naturales y jurídicas, radicado en un ente público, establecido por ley para ese solo efecto, el que debería proporcionarlos a los titulares de esos datos cada vez que éstos los solicitaran para obtener un crédito o realizar una gestión en que se les exigieran, pero, por lo contrario, lo que la iniciativa consagraba era la obligación de los aportantes de entregar dichos datos a la Superintendencia, sin mencionar a los titulares, es decir, prescindiendo de su consentimiento, cuestión que también podía verificarse en normas posteriores como el artículo 3° y en el Título II al tratar de los derechos de los titulares. Se omite en estos casos la protección que debiera darse a los titulares antes de entregar los datos al Sistema. Lo anterior contrastaba con la autorización que, conforme al mismo artículo 3°, se debe tener del titular cuando se trata de entregar datos por parte del Sistema o de las distribuidoras a un tercero que no es aportante.
Insistió en la importancia que han cobrado en la actualidad los datos de las personas, especialmente por la facilidad para difundirlos por los medios electrónicos, de tal manera que cuando son entregados por un tercero a un sistema, quedan en realidad liberados. Agregó que estos datos, desde el punto de vista constitucional, tienen una doble dimensión vinculada a los números 4° y 5° del artículo 19 de la Carta Política, exigiendo este último que los documentos privados, entre los que se encuentran los que contienen información económica, puedan ser registrados en la forma que determine la ley, sin que ello pueda afectar, tal como lo determina el número 26 del mismo artículo, los derechos en su esencia, lo que sí sucedería con el proyecto. Añadió que si bien el proyecto exigía el consentimiento del titular para entregar los datos registrados en el Sistema a un tercero, dudaba que desde el punto de vista práctico pudiera ello ser posible, pareciéndole mucho más lógico que la misma persona interesada en la obtención de un crédito, pida el documento que le exija la entidad a la que ha recurrido para obtenerlo.
En lo que respecta a la nueva función que se encomienda a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, consistente en la administración del Sistema de Obligaciones Económicas, señaló que, además de la gran envergadura de las tareas que ello significaba, se le imponía una función dual incompatible, puesto que, por una parte, continuará fiscalizando a las entidades de siempre, es decir, bancos e instituciones financieras, más las que se le añaden y, por la otra, debe recibir la información de los aportantes al Sistema, lo que contraviene la garantía de igualdad ante la ley. En efecto, se estaría estableciendo una diferencia arbitraria entre los antiguos fiscalizados y los nuevos aportantes, por cuanto el sistema agruparía bajo la Superintendencia a dos tipos de instituciones, las que formarían parte de un mismo segmento pero que tendrían un tratamiento distinto, puesto que los antiguos fiscalizados, vale decir, bancos e instituciones financieras, y los nuevos aportantes deben entregar información a la Superintendencia, pero, a la vez, los primeros están facultados por la Ley de Bancos para recibir información de esta última.
Observó, asimismo, que de acuerdo a la letra a) del artículo 2°, las materias que se dejaban a la regulación reglamentaria parecían excesivas, por cuanto dada su redacción, la ausencia de una coma (,) después de la palabra plazo, no dejaba claro si en la información que debe ser entregada por los aportantes, las cuestiones relacionadas con la naturaleza de los créditos, su estado de cumplimiento, montos, saldos, plazos y otras variables y atributos deben ser todos determinados en el reglamento, o bien, solamente las demás variables y atributos, aspectos estos dos últimos que, en todo caso, no se precisaban, situación que le parecía grave, especialmente, en el primer caso, haciendo presente que el número 5° del artículo 19 establecía una reserva legal para la interceptación, apertura o registro de los documentos privados, por lo que ninguna característica o requisito de los mismos debería regularse por un reglamento sino por la ley.
Señaló, asimismo, que la letra p) del artículo 2°definía el tratamiento de datos de obligaciones económicas como cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permita recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, etc., es decir, se trataría de una definición muy amplia que permitiría cualquier forma de manipulación de los datos, lo que no dejaba de ser importante de considerar si, como lo señala el artículo 1°, el tratamiento de los datos es el objeto de esta regulación. Recordó al efecto que, de acuerdo al artículo 3°, resulta necesario el consentimiento del titular para la entrega de datos de obligaciones económicas al día por parte del Sistema o de las distribuidoras cuando se refieran a un titular determinado o de los relacionados con las morosidades cuando los destinatarios de estos datos no tiene la calidad de aportantes, por cuanto si no se cuenta con tal consentimiento el Sistema sería inútil.
Finalizó su exposición recomendando subsanar la omisión relativa al consentimiento de los titulares, o bien, establecer que corresponde directamente al titular obtener sus datos; eliminar la diferencia arbitraria y la vulneración de la igualdad ante la ley y crear un ente, distinto de la Superintendencia, encargado de la administración del Sistema.de Obligaciones Económicas.
2.- Don José Francisco García García, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile, señaló, en términos generales, que los reproches de constitucionalidad formulados al proyecto carecerían de sustento y ante una eventual impugnación de sus disposiciones, la aplicación del examen de proporcionalidad que lleva a cabo el Tribunal Constitucional, declararía sus normas ajustadas a la Constitución.
Indicó que respecto de esta iniciativa deberían tenerse en consideración las obligaciones contraídas por el país con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la que no sólo evalúa bien el proyecto sino que lo considera de trato prioritario.
En lo que se refiere a las objeciones de constitucionalidad que se formulaban al proyecto, señaló que podían clasificarse en generales y específicas, incluyendo en las primeras la que se formulaba a la letra a) del artículo 2° de la cual irradiaban causales específicas para otras disposiciones, las que trató separadamente:
1° Infracción al principio de reserva legal en la protección de datos privados, consagrado en el N° 5 del artículo 19.
Esta observación se basaría en la circunstancia de que la información que debe ser reportada y consolidada por el Sistema de Obligaciones Económicas no estaría acotada, comprendiendo, entonces, los datos sensibles del deudor. No obstante, la iniciativa delimita la información a entregar únicamente los datos de naturaleza económica, por lo que los antecedentes sensibles quedarían fuera de su ámbito de regulación. Más aún, el proyecto refuerza este predicamento con las normas referidas al consentimiento preciso e informado que deben entregar los titulares de la información positiva y su forma de revocación, enfatizando, además, el derecho de propiedad que tienen los titulares sobre la información.
No obstante lo anterior, se manifestó de acuerdo con la observación que se hacía al reenvío al reglamento efectuado por la letra a) del artículo 2° y que hacía recomendable su modificación, por cuanto a pesar de que el proyecto establece las características y atributos centrales de la información que debe ser entregada, la excesiva amplitud de la disposición podría llevar a interpretar que toda la regulación quedaría entregada al reglamento. En todo caso, creía que la referencia a variables y atributos apuntaba a aspectos menores como el tipo de moneda o la existencia o no de garantías. Similar precisión podría efectuarse en el artículo 4°.
Igualmente, le parecía que no podía afirmarse que el proyecto significara la derogación de la ley N° 19.628, puesto que solamente daba a sus normas un carácter supletorio, por lo que reafirmaría su aplicación para todo aquello que no tratara el proyecto.
2° Infracción al estatuto del Estado empresario, previsto en el N° 21 del artículo 19; al derecho de propiedad consagrado en el N° 24 del mismo artículo y a la no discriminación arbitraria económica reseñada en los números 21, 24 y 22 del citado artículo 19.
En lo que se refiere a la objeción de que el artículo 8° disponga el pago de una tasa o tarifa para acceder a los datos de obligaciones económicas del Sistema, significaría la realización de una actividad económica o empresarial del Estado, la que exigiría autorización otorgada por medio de una ley de quórum calificado, señaló que tal como sucede con otras Superintendencias o reparticiones públicas, el cobro de una tasa constituye una técnica de general utilización por parte del legislador para contribuir al costeo de la entrega de un servicio, es decir, financiar la operación del sistema. Agregó que al respecto el Tribunal Constitucional al definir la tasas o derechos señaló que se trataba de prestaciones pecuniarias “exigidas del administrado para contribuir a solventar, siquiera parcialmente, el costo que para la Administración Pública significa la prestación de un servicio al erogante”, descartando que se esté ante lucro.
Además de la claridad de esa definición, agregó que mal se podría estar ante lucro cuando en la tramitación de este proyecto se había dejado de lado la posibilidad de entregar la administración del Sistema, vía licitación, a un ente privado, asignándolo a la Superintendencia, precisamente para evitar cualquier reproche en materia de responsabilidad o la independencia con que se podrían manejar los datos.
Las mismas razones anteriores llevarían a desvirtuar la afirmación de la que la Superintendencia formaría parte de una cadena de comercialización, porque la entrega de información mediante el pago de una tasa sería la única actividad que ésta realizaría en la materia, la que es totalmente independiente de los motivos que tenga quien paga el derecho.
En lo que se refería a la posible vulneración del derecho de propiedad, señaló que los objetores no entregaban justificación alguna acerca de las razones que pudieran fundar tal reparo, agregando que, en todo caso, plantear el estatuto de expropiaciones físicas a la de bienes incorporales no se avenía con la práctica del Tribunal Constitucional.
Tampoco existía infracción respecto del derecho de propiedad de los titulares de la información, estableciendo reglas precisas respecto del consentimiento de los mismos y reafirmando q ue los dueños de los datos son las personas. Por lo mismo, al ser la información propiedad del titular no es posible sostener que le haya sido expropiada al aportante.
En cuanto a la posible infracción a la prohibición de discriminación arbitraria en el trato que el Estado o sus organismos deben dar en materia económica, señaló que no se aportan antecedentes que justifiquen tal infracción, salvo que se estaría en presencia de un monopolio de carácter lucrativo a favor de la Superintendencia, insistiendo en que se trataría de una conducta que debería regularse bajo la forma del estatuto del Estado empresario, algo ya desvirtuado en este mismo punto.
3° Infracción a la igualdad ante la ley, garantía establecida en el N° 2 del artículo 19.
Respecto de esta observación, señaló que la jurisprudencia del Tribunal consideraba discriminación arbitraria todo diferenciación o distinción realizada por el legislador o cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos que no tenga justificación racional o razonable, es decir, debería tratarse de una diferenciación irracional o contraria al bien común.
Al efecto señaló que la diferente regulación aplicable a los bancos respecto de otros oferentes de crédito, como, por el ejemplo, el retail, encuentra su justificación en la necesidad de cautelar la estabilidad financiera y prevenir el riesgo sistémico que justifican el estricto marco legal bancario y normas de solvencia exigidas a los bancos, atendido que éstos captan fondos del público y que existe garantía estatal comprometida, por lo que mal podría hablarse a este respecto de discriminación arbitraria. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, este diferente tratamiento sería constitucionalmente admisible por cuanto obedece a presupuestos objetivos, pertinentes y razonables; resulta proporcionado e indispensable y su propósito sería perseguir finalidades necesarias y tolerables.
De acuerdo a las modificaciones introducidas por el artículo 46 a la Ley General de Bancos, se explicitaría la justificación de esta regulación especial al enfatizar que el estado de deudores cumple una función de supervisión bancaria y al introducir normas para regular y sancionar el uso indebido de estos datos. Además de lo anterior, la asimetría de esta información entre los bancos y otros oferentes de crédito, quedaría sustancialmente acotada al entrar en vigencia este proyecto, toda vez que la información a la cual podrán acceder los bancos a través del Estado de Deudores se referirá únicamente a su cartera de clientes, por lo que respecto a la información de nuevos o potenciales clientes, deberán hacerlo en igualdad de condiciones con cualquier otro oferente, lo que evidenciaría el potencial del Sistema como promotor de mayor competencia en el mercado del crédito.
4° En cuanto a la objeción que se hacía acerca de la naturaleza jurídica de la Superintendencia, en el sentido de que por el hecho de estar sujeta en cuanto a la contratación de personal se refiere, a las normas del sector privado, no sería una institución de derecho público, señaló que las superintendencias integran la organización administrativa, que de acuerdo al artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, está constituida por los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, todo lo cual concordaría con la definición contenida en el artículo 2° del decreto N° 3551, de 1980, el que señala que las entidades fiscalizadoras son instituciones autónomas, con personalidad jurídica, de duración indefinida, que se relacionan con el Ejecutivo a través de los Ministerios de los cuales dependen por las actividades que realizan.
Agregó que en el plano doctrinario se consideraba que preceptos como el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, sobre la Superintendencia, al señalar que no obstante su carácter de institución de derecho público, no se considera como integrante de la administración orgánica del Estado ni le serán aplicables las normas generales o especiales dictada o que se dicten para el sector público y, en consecuencia, tanto la Superintendencia como su personal se regirán por las normas del sector privado, podrían inducir a confusión si no se tiene en consideración una serie de elementos claves que permiten una conclusión más ajustada a la realidad jurídica de dichas entidades administrativas pertenecientes a los cuadros orgánicos de la Administración estatal. Por último, el mismo legislador les daría el tratamiento de instituciones de derecho público.
Finalmente, ante la propuesta de que se creará un organismo ad hoc para la administración del Sistema, señaló que si ello no pugnaba con las ideas matrices del proyecto y, por lo mismo, no contradecía las restricciones que establecía el artículo 69 de la Constitución, podría ser objeto de análisis, pero, en todo caso, no había problemas de constitucionalidad vinculados a una supuesta incertidumbre acerca de la naturaleza jurídica de la Superintendencia.
En la parte conclusiva de su exposición afirmó que las objeciones de constitucionalidad planteadas podían ser descartadas, salvo en lo relativo a las referencias al reglamento establecidas en la letra a) del artículo 2° y en el artículo 4°, respecto de las cuales creía podían establecerse parámetros más precisos sobre el contenido específico y atributos de la información que debe entregarse al Sistema.
Hizo presente que la iniciativa no sólo contenía reforzamientos claros de derechos sino que su artículo 1° transitorio establecía un plazo de vacancia de dos años, tiempo que no sólo serviría para la dictación de los reglamentos sino que para que los distintos actores puedan adecuarse a la nueva legislación.
Por último, sostuvo que si se evaluara el proyecto sobre la base del examen de proporcionalidad, no se le formularían reparos porque cumple con las exigencias de ese test; en efecto, los fines que persigue son legítimos, los medios empleados son idóneos para la consecución de tales fines y, además, necesarios al ser los menos lesivos para los derechos afectados de entre las alternativas disponibles y, por último, guarda una relación proporcional entre los beneficios a alcanzar con la limitación y la afectación de los derechos.
VI. DISCUSIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO.
El diputado señor Calderón señaló que la regulación que se proponía discurría sobre la idea de ser lícito obligar a las personas a proporcionar información sobre su situación financiera negativa, probablemente dado que desde una perspectiva economicista eso parecía fundamental para el manejo del sistema financiero. No obstante, dada la evolución propia del derecho, ello resultaba discutible a la luz de lo establecido en la ley N° 19.628, por lo que tenía dudas acerca de la constitucionalidad de la iniciativa, pero como los posibles vicios serían de fondo, pensaba que lo lógico sería presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, no siendo competente la Comisión para pronunciarse.
El diputado señor Díaz coincidió con la opinión anterior porque no parecería congruente que la Comisión se pronunciará sobre una inconstitucionalidad de fondo respecto de una iniciativa que deberá someterse al control preventivo de constitucionalidad y haber, en consecuencia, instancias en las que podrán presentarse las correspondientes objeciones.
En cuanto a la iniciativa misma, expresó extrañeza ante la idea de considerar ajustado a la Constitución la entrega de información sobre datos negativos y, en cambio, se estime inconstitucional la proporción de datos si estos son positivos.
Señaló no tener reparos respecto del hecho de encomendar la administración del Sistema de Obligaciones Económicas a la Superintendencia, aún cuando habría sido preferible el establecimiento de un órgano autónomo especializado.
Coincidió con la objeción acerca de la amplitud de las materias entregadas al reglamento, lo que le parecía no sólo excesivo sino también vago y proclive a la violación de derechos fundamentales y a discriminaciones arbitrarias, como también que la entrega de datos financieros debería requerir siempre la autorización del titular, puesto que a partir de una sola entrega, podría formarse un mercado y los agentes privados comercializarlos sin necesidad de autorización alguna.
El diputado señor Burgos coincidió, asimismo, con la observación acerca de la excesiva laxitud de las materias encomendadas al reglamento, como también que las nuevas funciones que se entregaban a la Superintendencia harían necesario un aumento de su personal, pero en lo referente al consentimiento del titular de los datos, creía que, en la práctica, éste siempre se verificaría implícitamente en forma previa a su ingreso al Sistema.
El diputado señor Cornejo explicó que su solicitud de envío de esta iniciativa a la Comisión, obedecía a las dudas de constitucionalidad que le merecían algunas de sus disposiciones, remisión que se había acordado en forma unánime, no creyendo que esta Comisión careciera de competencia para pronunciarse al respecto, salvo sobre cuestiones de forma, ya que ello sería despojarla de las facultades que le corresponderían dada su especialidad.
El diputado señor Harboe señaló que la falta de una normativa constitucional autónoma en materia de protección de datos, llevaba a una fórmula para entender su concepción dentro del derecho a la propiedad o el derecho a la vida privada. Explicó que entre los datos personales y los comerciales había una relación de género a especie, quedando englobados en los primeros los datos sensibles, los públicos y los privados. Estimaba incomprensible que se hubieran presentado al respecto dos proyectos por medio de distintos Ministerios: el de protección de datos por medio del de Economía y el de deuda consolidada por medio del de Hacienda , recordando que con anterioridad se había planteado elaborar una sola iniciativa para tratar el tema de la protección de datos, la que debería contener en un capítulo la regulación de datos comerciales, fórmula con la que podrían resolverse los problemas de naturaleza jurídica, de los principios y de la finalidad de los datos, idea que no prosperó, probablemente debido al influjo de la industria y que ahora significaba que se tramitará esta iniciativa con más urgencia que la referida a la protección de datos personales.
Reconoció avances en esta iniciativa, como era el caso del establecimiento de un plazo de caducidad para la entrega de la información, pero no le parecían suficientes porque la tecnología marchaba más rápido que la ley, por lo que los datos que se entregan a la Superintendencia y que ésta, a su vez, proporciona gratuitamente a los bancos, son vendidos por la Asociación que los agrupa por medio de una empresa especializada. A su juicio, se habría optado por una regulación parcial del tema, acotada a la información comercial y no a una visión integral sobre la materia, lo que sería la causa de los planteamientos formulados en esta Comisión.
Estimó que los perfeccionamientos introducidos por la Comisión de Economía no salvaban las incoherencias que daban lugar a las observaciones que se formulaban, por cuanto no guardaban relación con el espíritu original. Explicó que el tratamiento de los datos comprendía una gran variedad de acciones entre las cuales se encontraban la venta y la cesión de los mismos, lo que podría dar lugar a cuestionar el hecho que la Superintendencia actuara como distribuidora de estos datos y, a consecuencias de ello, pudieran lesionarse derechos fundamentales. Así sucedía con los derechos a la salud y al trabajo los que, a su juicio, serían conculcados al exigirse informes comerciales para ejercerlos.
Terminó señalando que al entregar la administración del Sistema a la Superintendencia, podría producirse un efecto negativo porque se le estaría ocasionando un daño institucional irreparable a una entidad esencial para la estabilidad del sistema financiero y bancario, por cuanto, según el parecer sustentado por los propios funcionarios de la institución, la Superintendencia carece de una estructura provincial, comunal o regional, lo que necesariamente afectaría su capacidad de fiscalización. Agregó que el refuerzo que le otorgaba el proyecto, de acuerdo a su artículo 4° transitorio, se limitaba a incorporar veinticinco nuevos funcionarios, cantidad insuficiente si se tenía en cuenta que habían transacciones por más de diez millones de datos al mes. Por todo lo anterior, no le parecía adecuado encomendar a la Superintendencia la administración del Sistema de Operaciones Económicas si no se la dotaba de recursos suficientes.
El diputado señor Squella, opinando sobre la competencia de esta Comisión para pronunciarse sobre las objeciones de constitucionalidad, señaló que este tipo de objeciones podrían surgir respecto de cualquier proyecto y no por eso tendría la respectiva iniciativa que ser derivada a esta Comisión. A su juicio, se habría mal entendido su rol, obedeciendo su denominación al hecho que dentro de su competencia le corresponde analizar las reformas constitucionales.
En cuanto al proyecto mismo, no compartía la objeción de constitucionalidad manifestada en relación a la falta de consentimiento por cuanto cuando alguien contrae una deuda, lo que está implícito en ella es parte del dominio del acreedor, por lo que, más allá de la novación por cambio de acreedor, no veía problema en este aspecto, lo que, por lo contrario, sí notaba en lo referente a la amplitud de las materias encomendadas al reglamento, cuestión que debería subsanarse.
Cerrado finalmente el debate, los diputados señores Burgos, Ceroni y Díaz presentaron una indicación para suprimir en la letra a) del artículo 2° las expresiones “ y otras variables y atributos” y para suprimir en el artículo 4°, en su inciso primero, las expresiones “ y los atributos”, todas las que se aprobaron por mayoría de votos ( 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención). Votaron a favor los diputados señora Turres y señores Burgos, Ceroni, Cornejo, Díaz, Harboe y Cristián Mönckeberg; en contra lo hizo el diputado señor Squella y se abstuvo el diputado señor Calderón.
VII. PROPUESTA DE LA COMISIÓN.
De conformidad a lo señalado, la Comisión viene en proponer las siguientes indicaciones al texto aprobado por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo:
1.- Para anteponer en el primer párrafo de la letra a) del artículo 2°, la conjunción “y” a la palabra “plazos” y suprimir las expresiones “y otras variables y atributos” .
2.- Para suprimir en el primer inciso del artículo 4° los términos “y los atributos”.
-o-
Sala de la Comisión, a 10 de abril de 2013
Acordado en sesiones de fechas 16 de enero, 19 de marzo y 3 y 10 de abril del año en curso, con la asistencia de los diputados señor Cristián Mönckeberg Bruner ( Presidente ), señora Marisol Turres Figueroa y señores Pedro Araya Guerrero, Jorge Burgos Varela, Giovanni Calderón Bassi, Alberto Cardemil Herrera, Guillermo Ceroni Fuentes, Aldo Cornejo González, Marcelo Díaz Díaz, Edmundo Eluchans Urenda, Felipe Harboe Bascuñán, Ricardo Rincón González y Arturo Squella Ovalle.
En reemplazo de los diputados señores Felipe Harboe Bascuñán y Cristián Letelier Aguilar asistieron los diputados señora María Antonieta Saa Díaz y señor Nino Baltolu Rasera, respectivamente.
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Abogado Secretario de la Comisión ”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Marinovic, Alinco, Auth, Bauer, De Urresti, Kort, Sabag, Silva, y de la diputada señora Goic, doña Carolina.
Declara el 6 de noviembre como Día de la Antártica Chilena”. (boletín N° 8891-06)
“Teniendo en consideración:
1.- Que el decreto N° 1.747, de 6 de noviembre de 1940, reviste especial significado para los intereses de nuestro país, por cuanto precisó los límites del territorio chileno antártico.
2.- Que por decreto supremo N° 778, de 10 diciembre de 1965, se estableció el 6 de noviembre como día de la Antártica Chilena.
3.- La necesidad y conveniencia para al interés nacional de otorgar rango legal a tal conmemoración.
4.- Que a juicio de los diputados que suscriben este proyecto de ley, es deber del Estado fortalecer el reconocimiento y promoción de los valores, principios e intereses que orientan la política antártica nacional, a través de los diversos organismos e instituciones del sector público, especialmente los establecimientos educacionales, quienes debieran modificar sus mallas curriculares para el cumplimiento de ese fin.
5. Asimismo, los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores, en sus respectivos ámbitos, debieran velar por el cumplimiento del deber señalado en el número anterior.
6. Que la Comisión especial de Política Antártica de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado señor Miodrag Marinovic, en cuyo seño se ha elaborado esta iniciativa, han manifestado expresamente su afán por reconocer, promover y fortalecer los intereses y derechos de nuestro país en el territorio antártico, así como por apoyar la labor que diversas instituciones nacionales realizan en este ámbito.
Por consiguiente:
Los diputados que suscriben vienen en someter a vuestra consideración el siguiente,
PROYECTO DE LEY QUE DECLARA EL 6 DE NOVIEMBRE COMO DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA
Artículo 1°.- Declárase el 6 de noviembre como Día Nacional de la Antártica Chilena.
Artículo 2°.- El Estado fomentará, a través de los diversos organismos e instituciones del sector público, especialmente en los establecimientos educacionales, el reconocimiento y promoción de los valores, principios e intereses que orientan la política antártica nacional, así como los planes y programas en los que se concreta dicha política”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Accorsi, De Urresti, Marinovic, Pérez, don José; Pérez, don Leopoldo; Robles, Teillier, Vallespín, y de las diputadas señoras Girardi, doña Cristina y Sepúlveda, doña Alejandra.
Reforma Constitucional, sobre derecho al agua. (boletín N° 8898-07)
“Considerandos
En Chile, nominalmente, “Las aguas son bienes nacionales de uso público”. (art. 595 del Código Civil y art. 5 del Código de Aguas ). Sin embargo, en la práctica ello no es así ya que la propia legislación establece que sobre ellas “se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento.”
El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe la ley.
El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien puede usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley. (art.6 C° Aguas).
Este derecho se extiende a 'los medios necesarios para ejercitarlo. Así, el que tiene derecho a sacar agua de una fuente situada en la heredad vecina, tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido en el título.” (art.8 C° Aguas) y habilita a su vez a su titular a “hacer, a su costa, las obras indispensables para ejercitarlo.” (art. 9 C° Aguas).
Pese a que el propio Código señala en su artículo 20 que el derecho de aprovechamiento se constituye originariamente por acto de autoridad y que la posesión de los derechos así constituidos se adquiere por la competente inscripción, esta definición presenta la anomalía jurídica de otorgar a una declaración de voluntad unilateral del Estado sobre un bien nacional de uso público, el carácter de derecho real con los mismos atributos del dominio.
El artículo 12 clasifica los derechos de aprovechamiento en consuntivos y no consuntivos. Esta definición fue introducida por el Código y era desconocida hasta el año 1981 en nuestro derecho. Según el artículo 13, “derecho de aprovechamiento consuntivo es aquel que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad”. En cambio, según el artículo 14, “derecho de aprovechamiento no consuntivo es aquel que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla en la forma que lo determine el acto de adquisición o de constitución del derecho”.
El Código de Aguas de 1981 fundó e instauró un “nuevo régimen jurídico” a partir de su promulgación y vigencia.
En primer lugar, al otorgársele el carácter de “derecho real” y los atributos del dominio, el legislador pretendió asimilar el derecho de propiedad con los derechos de aprovechamiento sobre las aguas.
En segundo lugar, se puede señalar la distinción que hace entre derechos de aprovechamiento consuntivos y no consuntivos, que tiene importantes consecuencias jurídicas y prácticas respecto de la utilización de los recursos hídricos por parte de sus titulares.
En tercer lugar, el Código separó los derechos de aprovechamiento de las aguas del dominio de los predios superficiales donde ellas se desplazan o escurren, eliminando la antigua categoría de cosas accesorias a un inmueble o de inmuebles por destinación. Esto generará importantes consecuencias, ya que no es necesario que los derechos de aguas se utilicen para el uso y beneficio de un predio determinado, adquiriendo el carácter de un bien comerciable autónomo e independiente. Ello con la finalidad de crear un verdadero “mercado de aguas” entre los usuarios.
En cuarto lugar, se eliminó el listado de prioridades de uso del agua para asignar los derechos. Antiguamente, se privilegiaba el otorgamiento de derechos de aguas para agua potable por sobre sus usos agrícolas o industriales. Hoy en día da lo mismo el uso que se le dará equiparándose en esto también al derecho de propiedad.
En quinto lugar, el otorgamiento de los derechos de aguas era hasta hace poco - 2005- gratuito, y no estaba sujeto a ningún pago de tasa, derecho, impuesto o patente, por parte del peticionario o titular, lo que ha dado origen a una verdadera especulación en que es bastante frecuente que las grandes empresas e incluso particulares, constituyan derechos de agua con la sola finalidad de transarlos posteriormente a precios que estarán sujetos a las condiciones de mercado, casi siempre elevadísimos en situaciones de sequía o escasez, vulnerando con ello la función social de la propiedad. Incluso se da el caso de empresas, como ENDESA, que son propietarias de la casi la totalidad de los derechos no consuntivos de una determinada región, sin que la adquisición de estos derechos esté sujeta a algún proyecto o actividad propia de su giro.
La modificación al Código de Aguas, realizada por la ley 20.01711 estableció un canon por el no uso del agua y algunas normas de carácter ambiental, como aquellas que establecen un “caudal ecológico mínimo” como requisito para otorgar derechos de aguas (art. 129 bis 1), pero resultó ser una reforma inocua para los grandes consorcios dueños del agua que han mantenido un control total del mercado del agua.
De otra parte la función estatal sobre los recursos hídricos no se encuentra asignada a una única autoridad, ni menos autónoma, encargada de la gestión, administración y protección de las aguas. Tampoco existe como tal la figura de la autoridad de cuenca, que responde a enfoques ecosistémicos ausentes en el país y donde predominan aún, como ya lo hemos dicho, los enfoques sectorialistas y mercantilistas que conciben al agua como un recurso natural más del mercado y además separado e inconexo del resto. Este enfoque queda claramente reflejado en que la principal agencia estatal sobre las aguas es la Dirección General de Aguas, repartición dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
Si el estatuto propietario de los derechos de agua no ha variado mayormente en Chile en los últimos años, una situación radicalmente inversa ha tenido la propiedad sobre los servicios de aprovisionamiento de agua potable para la población. Estos en menos de una década -a contar de la década de los 90-, han pasado de manos estatales a manos privadas casi en su totalidad a lo largo del país. Esta transformación no ha variado el estatuto jurídico del agua que sigue perteneciendo en teoría a todos los chilenos, pero por la vía de los “servicios” adosados al agua y del otorgamiento masivo de derechos de aprovechamiento de aguas a privados, se ha generado en la práctica una “privatización encubierta” del recurso mismo.
El sistema adoptado en este cambio -promovido fuertemente por el sistema financiero internacional- ha sido sencillamente la venta de las empresas públicas que proveían de agua potable a consorcios privados que pasaron a ser “dueños del negocio” y “dueños del agua” quedando una regulación y fiscalización mínimas de la actividad en manos del Estado, que actúa a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios2, como ente regulador y contralor. En otras palabras, el Estado pasó de ser el garante y prestador del servicio público de provisión de agua potable para la población a un mero regulador, entregando el servicio a empresas privadas cuyos capitales y activos -entre ellos el agua- son transados libremente en los mercados bursátiles. Este sistema si bien ha mejorado la calidad y cantidad de servicios de aprovisionamiento de agua potable ha implicado al mismo tiempo una transferencia del costo desde el Estado a los consumidores que en la práctica terminan financiando las inversiones y las utilidades de estas empresas.
El negocio eléctrico basado en la fuerza y potencial hidráulica o del agua es otro buen ejemplo de la privatización del agua. Las grandes obras de infraestructura hídrica es actividad y decisión privada, debiendo el Estado entregar las condiciones institucionales para que el mercado opere libremente. Así la nueva legislación ambiental contenida en la Ley 19.300 sello se limita a establecer que todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental, entre ellos las grandes obras hidráulicas, debe someterse al SEIA.
En Chile, dadas las características de la legislación hídrica y eléctrica, no han existido políticas ni verdaderos controles normativos hídrico-ambientales que definan o determinen la manera cómo se desarrollan los proyectos hidroeléctricos. Por el contrario, trasnacionales como Endesa o AES Gener o la nacional COLBUN, titulares de grandes proyectos hidroeléctricos del país, han encontrado en la legislación de aguas y eléctrica, un aliado natural, permitiéndoseles poseer y adquirir caudales estratosféricos sin restricción e imponer sus obras hidráulicas con el debido resguardo legal y constitucional y así desarrollar megaproyectos sin los debidos contrapresos ambientales aunque no exentos de escándalos y cuestionamientos políticos.3
Así, creemos, se explica en términos sencillos cómo hemos llegado a un sistema absolutamente monopúlico, controlador y concentrado en unas pocas manos de los recursos hídricos y de los medios y servicios asociados a ellos, entre los que destacan los de orden energético. El cambio de esta situación pasa necesariamente por un cambio de paradigma jurídico institucional para el que Chile no parece estar preparado aún dadas las trabas del régimen político chileno y el control que sobre él mantienen los grandes grupos económicos de nuestro país.
Por ello es que se requiere comenzar con una reforma constitucional que cambie el paradigma existente estableciendo el derecho constitucional al agua como lo han establecido recientemente los foros internacionales de Naciones Unidas y la OEA:
-La Resolución 64/292 titulada “El derecho humano al agua y el saneamiento” de 28 de julio de 2010, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;
-La Resolución AG/RES. 2760 (XLII-0/12) titulada “El derecho humano al agua potable y al saneamiento”, de la Asamblea General de la OEA aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2012 que invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con sus realidades nacionales, sigan trabajando para asegurar el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento para las generaciones presentes y futuras.
Por estas consideraciones es que proponemos la siguiente,
REFORMA CONSTITUCIONAL
1.- Agrégase un nuevo numeral 25 al artículo 19 de la Constitución Política pasando el actual a ser numeral 26:
“El derecho al agua en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas.
El Estado deberá, para garantizar este derecho, proveer de los servicios básicos necesarios para un adecuado suministro.
Asimismo, el Estado podrá restringir o priorizar el uso del agua en las actividades económicas que la requieran, para garantizar este derecho.”
2.- Agrégase en el artículo 20 de la Constitución Política a continuación del guarismo “24°,” el guarismo “250” y reemplázase el actual “25°” por “26°”.
3.- Derógase el inciso 11º del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, que establece:
“Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;”
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Harboe, Ceroni, De Urresti, Espinoza, don Fidel; Jarpa, Rincón, Vallespín, y de las diputadas señoras Isasi, doña Marta; Muñoz, doña Adriana y Saa, doña María Antonieta.
Prohíbe la cláusula de aceleración de la deuda en un contrato de mutuo hipotecario cuando el bien hipotecario es declarado “bien familiar”. (boletín N° 8901-05)
“La Ley dispone que existiendo un matrimonio, el inmueble de dominio de cualquiera de los cónyuges (marido o mujer) que constituya la residencia principal de la familia, puede ser declarado bien familiar. Dicha declaración se lleva a cabo por la vía judicial y trae corno consecuencia que el inmueble y los bienes muebles que lo guarnecen no podrán ser enajenados, hipotecados, dados en usufructo, comodato o arrendamiento sino con la autorización expresa del cónyuge no propietario.
Esta institución creada el año 2005 toma real importancia en el caso que los cónyuges se encuentren casados bajo el régimen de separación total de bienes, o de participación en los gananciales, ya que en estos regímenes matrimoniales el cónyuge propietario puede llevar a cabo los mencionados contratos sin necesidad de la autorización del otro cónyuge, por ende la declaración de bien familiar en una restricción a dicho derecho individual, que en definitiva protege al cónyuge no propietario.
Además, la sola interposición de la demanda transforma transitoriamente en familiar el bien de que se trata. Esta última es la razón por la cual los bancos e instituciones financieras exijan en las ventas e hipotecas de propiedades la comparecencia a la escritura de compraventa e hipoteca del cónyuge no propietario declarando que no ha interpuesto ninguna demanda de bien familiar y así evitar que, incluso durante el juico ejecutivo, vaya a ser declarado familiar el bien pues los mismos tribunales de justicia han señalado que la circunstancia de encontrarse el procedimiento reglado por las disposiciones contenidas en los artículos 103 y siguientes de la Ley General de Bancos no es, per se, óbice para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 148 del Código Civil, toda vez que la disposición contenida en el artículo 106 de la Ley General de Bancos dice .relación con las interdicciones y prohibiciones que afecten al respectivo predio, calidad ninguna de las cuales es originada por la declaración de Bien Familiar (sentencia recaída en causa rol c-247-2007 CA de Talca.)
Sin embargo, lo preocupante y que representa el fondo de la presente moción, se refiere a una práctica habitual de los bancos y otras instituciones financieras que consiste en la utilización de la cláusula de aceleración o de plazo vencido, cuando el bien hipotecado y que garantiza el pago del mutuo, es declarado bien familiar por resolución judicial firme. De este modo, la declaración de familiar el bien, provoca que por efecto de una cláusula abusiva, se acelere la deuda y el plazo se entienda vencido, haciéndose exigible su total.
La situación anteriormente descrita es a todas luces, injusta y abusiva pues por una parte desvirtúa la finalidad de una institución de orden público y por otra afecta a cientos de consumidores que como único bien propio es el bien familiar.
La cláusula de aceleración ha sido cuestionada por nuestra doctrina y tribunales, sin embargo, su validez no se puede cuestionar ya que la misma ley 18.092 la contempla, pero eso si, con aplicación restringida y en ningún caso puede ser instrumento para efectuar abusos y poner en marcha prácticas de mala fé. Lo anterior cobra especial importancia, cuando a través de la misma se pretende burlar los efectos de una institución de orden público como es la “declaración de bien familiar”. A su turno el gobierno con fecha 12 de agosto de 2011 y con ocasión de mejorar la transparencia en las cajas de ahorro sociales o cajas de compensación, reafirmó la validez de las cláusulas de aceleración al señalar que: “Se deberá explicitar el número de días que deben transcurrir desde el no pago de la primera cuota, para que pueda hacerse efectiva, de esta manera el afiliado deudor debe estar plenamente consciente de las obligaciones que adquiere al momento de contratar un crédito social y de las acciones que realizará la Caja en caso de no pago de éste. La aceleración deberá ser puesta en conocimiento del deudor con un período de anticipación, antes que ocurra. En el caso del cobro total de la deuda acelerada, el pagaré deberá señalar la fecha que se tomará en cuenta para fijar la tasa de interés, que podrá ser la tasa de interés vigente al momento de la mora, del cobro ó del pago.”
Es claro que la cláusula debe aplicarse en un ámbito restringido, redactada con total claridad y jamás puede usarse de mala fé y ser instrumento para desvirtuar una institución de orden público.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Agréguese el siguiente inciso final al artículo 91 de la Ley General de Bancos ; “Asimismo, no podrán extenderse con cláusula de aceleración que se haga efectiva cuando el bien hipotecado para garantizar el pago de la deuda, sea declarado como “familiar” por resolución judicial”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Harboe, Ceroni, De Urresti, Edwards, Eluchans, Espinoza, don Fidel; Godoy, Rincón, Vallespín, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra.
Modifica la ley N° 18.840 Orgánica Constitucional del Banco Central, con la finalidad de permitir a las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la SBIF, acceder a crédito”. (boletín N° 8902-05)
Fundamentos.
En la serie de estudios n° 10, denominado Análisis de Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de octubre de 2007 elaborado por la SBIF, al referirse a la cooperativas señala que: Las cooperativas en Chile se rigen por el D.F.L. N° 5 de 2003, Ley General de Cooperativas (LGC), del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sus Artículos N°s 86 al 90 se refieren a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Éstas tienen por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios. Además de los artículos contenidos en la LGC, se rigen por el Capítulo 111.C.2 del Banco Central de Chile (BCCH) y por la Circular N° 108 de lo SBIF.
El artículo N° 87 de la LGC establece que todas aquéllas que superen las UF400.000 de patrimonio, quedarán sometidas a la fiscalización y control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respecto de las operaciones económicas y financieras que realicen en cumplimiento de su objeto.1
De lo anterior se colige que las cooperativas se erigen como un actor importante en el mercado del crédito siendo fiscalizadas igual que cualquier banco por la SBIF. En efecto, actualmente su participación en el mercado del crédito ronda el 10%, al respecto Enrique Marshall, Miembro del Consejo del Banco Central , en un seminario sobre cooperativas en octubre de 2010, señaló: El sector de las cooperativas de ahorro y crédito cumple un rol importante en la prestación de servicios financieros en nuestro país. Sus operaciones cubren a más de un millón de personas y sus préstamos alcanzan una suma del orden de 2.500 millones de dólares.2 En este mismo orden de cosas, las cooperativas tienen fuertes políticas que incentivan y favorecen la inversión y el ahorro, así mismo lo reconoció Marshall Enrique Marshall al señalar que: “Otro aspecto que debe ser destacado es el equilibrio en sus prestaciones. Las cooperativas de ahorro y crédito, a diferencia de otros proveedores de servicios financieros, no se limitan a otorgar créditos. Promueven al mismo tiempo los productos de ahorro. Demás está señalar que ese equilibrio favorece un desarrollo financiero sano”3.
Las cooperativas al ser un actor activo en el marcado y debería enfrentar en igualdad de armas en relación a las que tienen los Bancos y otras instituciones financieras, los vaivenes del mercado, en efecto cuando un Banco tienen un problema de liquidez, puede el Banco Central facilitarle un préstamo con la finalidad –dice la propia ley- “de cautelar la estabilidad del sistema”. En por ello que esta asimetría no tienen un justificativo fáctico ni jurídico, más aún, se trata de una norma que debe actualizarse, ya que al momento de su promulgación las cooperativas no eras un actor relevante y no estuvo en la mente del legislador incorporarlas. Frente a este nuevo escenario es imperioso, que al existir un problema de liquidez, y con la finalidad de salvaguardad el sistema financiero, las cooperativas puedan acceder a un crédito o préstamo que otorgue el Banco Central. También es necesario que el Banco Central pueda adquirir activos de las cooperativas, tal y como ocurre en la actualidad con otras instituciones financieras.
Un mercado competitivo debe tener igualdad de condiciones y las asimetrías que provienen de normas deben superarse en aras a que frente a una situación de crisis financiera, puedan todos los actores recurrir al Estado con las mismas garantías. Más aún cuando pensamos que las Cajas de Compensación y las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen como nicho de mercado al segmento C2, C3 y D y les ofrecen mejores condiciones. Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la tasa de interés que ofrecen en promedio las cajas para créditos de consumo de 1 a 3 años y de hasta $ 500.000 es de 25,46%, mientras que la de la banca es de 27,53% (para todos los montos), de acuerdo al Banco Central. En el mismo sentido, las cooperativas entregan una tasa más baja debido a sus menores costos, dice el académico de la Universidad Andrés Bello, Víctor Valenzuela. Entre otras cosas, están habilitadas por ley para hacer descuentos por planilla, es decir, tomar directamente de la remuneración del trabajador la cuota mensual pactada.4
El presente proyecto de ley, tiene por objeto, modificar el artículo 36 de la ley orgánica del Banco Central con la finalidad que permitir a las Cooperativas de ahorro y crédito acceder a un crédito otorgado por el BC, cuando la cautela de la estabilidad financiera lo haga menester. Asimismo, permitir que el BC pueda adquirir activos de las Cooperativas de ahorro y crédito en los casos ya expresados. Debe dejarse claro, eso sí, que las Cooperativas incluidas en este proyecto son aquellas fiscalizadas por la SBIF.
Tal y como ha reconocido el propio BC, en entorno financiero del mercado del crédito es propicio para un avance y consolidación institucional de las Cooperativas de Ahorro y crédito.
PROYECTO DE LEY.
Artículo único: Modifíquese el artículo 36 de la ley 18.840 Orgánica del Banco Central de Chile, en los términos que sigue:
1.- en el numeral 1 del artículo 36 de la ley, entre las voces “bancarias” y “créditos”, intercálese la oración que sigue: “e instituciones financieras, incluidas las cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras,”
2.- en el numeral 2 del artículo 36 de la ley, entre las voces “bancarias” y “en”, intercálese la oración que sigue: “e instituciones financieras, incluidas las cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras,”.
Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Burgos, Ceroni, Monckeberg, don Cristián; Sabag, Tarud y Walker.
Suprime en el artículo 53 N°1, de la Constitución Política de la República, la frase “no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular por el término de cinco años. (boletín N° 8900-07)
“Fundamento: El artículo 53 N° 1, de la CP de la R, en su inciso 4, contiene la siguiente sanción; “Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular por el termino de cinco años”.
La frase destacada, tiene su origen en el constituyente primitivo de la carta de 8o, y pretendió evitar la práctica del denominado “enroque” ministerial, sin embargo, la solución pretendida y que figura en el texto desde su origen, constituye en el hecho una sanción injustificada y propia de un estatuto penal, equivale a una inhabilitación absoluta temporal en su grado medio.
No se entiende que el propio constituyente en el inciso final del artículo en comentario, remita al tribunal competente la posible investigación delictual, si previamente asume para si parte de una sanción típica de la sede penal.
Nuestro país, producto de esta regla de discutible juridicidad, ha sido llevado a los tribunales internacionales, por quién con razón entiende ha sido objeto de un juicio y sanción penal infundada e impropia de un estado de derecho.
Por las razones anteriores, vengo en someter a la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de reforma constitucional, al artículo 53 N° 1, de la carta fundamental:
Proyecto de Ley
Artículo único; Suprímase en el artículo 53 N° 1 inciso 4 la siguiente frase “, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el termino de cinco años”.
Sustitúyase la coma posterior a la palabra cargo, por un punto aparte”.
12. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 2 de abril de 2013.
Oficio N° 8.456
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 1 de abril de 2013, en el proceso Rol N° 2.398-12-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducida por Carlos Lara Pavez, presidente , Jesús Muñoz Gómez, secretario, y Manuel Garcés Barra, tesorero, todos del Sindicato de Empresa Transporte Rural Tur Bus Limitada derivado de Inter Sur, respecto del inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo en causa RIT T-654-2012, seguida ante el Segundo Juzgado Laboral de Santiago . Asimismo, se adjunta copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
VALPARAÍSO”.
13. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 12 de abril de 2013.
Oficio N° 8.516
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de las resoluciones dictadas por esta Magistratura, en el proceso Rol N° 2425-13-INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovido ante este Tribunal en los autos sobre recurso de reclamación, caratulados “Energía Casablanca S.A. con Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo el Rol IC N° 2136-2012, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ
VALPARAÍSO”.