Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Nicolas Monckeberg Diaz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Felipe Ward Edwards
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Romilio Gutierrez Pino
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Enrique Estay Penaloza
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REVOCACIÓN DE ACUERDO DE ENVÍO DE PROYECTO DE LEY A COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- ANÁLISIS DE LA GRAVE SEQUÍA QUE AFECTA A VARIAS REGIONES Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Proyectos de acuerdo)
- INTERVENCIÓN : Luis Segundo Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- INTERVENCIÓN : Rene Alinco Bustos
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Adriana Munoz D'albora
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Matias Walker Prieto
- Adriana Munoz D'albora
- Mario Bertolino Rendic
- Andrea Molina Oliva
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Gabriel Silber Romo
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andrea Molina Oliva
- Jorge Ivan Ulloa Aguillon
- Matias Walker Prieto
- Alfonso De Urresti Longton
- Felipe Ward Edwards
- Gustavo Hasbun Selume
- Edmundo Eluchans Urenda
- Jose Perez Arriagada
- Cristian Letelier Aguilar
- Eugenio Bauer Jouanne
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosauro Martinez Labbe
- Jose Perez Arriagada
- Pablo Lorenzini Basso
- Fernando Meza Moncada
- German Verdugo Soto
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Enrique Jaramillo Becker
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Andrea Molina Oliva
- Edmundo Eluchans Urenda
- Joaquin Godoy Ibanez
- Marcela Constanza Sabat Fernandez
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Cristian Letelier Aguilar
- Claudia Nogueira Fernandez
- Rosauro Martinez Labbe
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANÁLISIS DE LA GRAVE SEQUÍA QUE AFECTA A VARIAS REGIONES Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Proyectos de acuerdo)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- Clemira Pacheco Rivas
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Alberto Robles Pantoja
- Gabriel Silber Romo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- German Verdugo Soto
- Mario Bertolino Rendic
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Rosauro Martinez Labbe
- Leopoldo Perez Lahsen
- Alejandro Santana Tirachini
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 22ª, en martes 7 de mayo de 2013
(Especial, de 19.33 a 21.42 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, y Godoy Ibáñez, don Joaquín.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Revocación de acuerdo de envío de proyecto de ley a Comisión de Trabajo y Seguridad Social 9
V. Objeto de la sesión.
- Análisis de la grave sequía que afecta a varias regiones y de las medidas adoptadas por los órganos de la administración del Estado (Proyectos de acuerdo) 10
VI. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica Estatuto Orgánico de las Mutualidades de Empleadores.”. (boletín N° 8573-13). (85-361) 46
2. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Muñoz, doña Adriana y Pacheco, doña Clemira, y de los diputados señores Ascencio, Castro, Cornejo, Gutiérrez, don Hugo; Núñez, Robles y Silber, sobre “Interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas”. (boletín N° 8925-11) 46
3. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Verdugo, Bertolino; García, don René Manuel; Martínez; Pérez, don Leopoldo; Santana y Sauerbaum, sobre “Reforma Constitucional para aumentar el quorum de aprobación de Acusaciones Constitucionales”. (boletín N° 8927-07) 64
4. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Modifica la ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar, estableciendo que el Ministerio Público podrá ordenar medidas cautelares hasta que se pongan en conocimiento del juez competente.”. (boletín 8890-18). (56-2013) 67
- Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
5. “artículo 86 del decreto ley N° 3.500”. Rol 2196-12-INA. (8492). Rechazado 70
6. “artículo 25 del Código del Trabajo.”. Rol 2186-12-INA. (8538). Rechazado 70
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por la cual informa que el diputado señor Nicolás Monckeberg, reemplazará al diputado señor José Manuel Edwards, en la Comisión de Derechos Humanos.
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de Partido Demócrata Cristiano por la cual informa que el diputado señor René Saffirio reemplazará al diputado señor Ricardo Rincón, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Felipe Ward
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Romilio Gutiérrez
- Comunicación del diputado señor Estay, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 5 días, a contar del 6 de mayo en curso.
2. Nota:
- Nota del diputado señor Ulloa, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 8 de mayo en curso, para dirigirse a Europa.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Aguiló Melo, Sergio IC VII 37
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el ministro de Agricultura , señor Luis Mayol Bouchon.
-Asistió también el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Felipe Martin Cuadrado.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 19.33 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 16ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 17ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
REVOCACIÓN DE ACUERDO DE ENVÍO DE PROYECTO DE LEY A COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en la mañana discutimos el proyecto de ley que prohíbe la existencia de guarderías infantiles en los casinos de juego. Por una decisión, que estimo mal adoptada -espero que la Mesa la rectifique-, se acordó que la iniciativa se remitiera también a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, lo que es absolutamente improcedente, porque el proyecto no aborda materias de derecho laboral, ya que no se refiere a salas cuna o guarderías para hijos de trabajadores. Se trata de salas cuna o guarderías que funcionan ad hoc, para dejar a los niños mientras los padres o tutores van a jugar. Por lo tanto, no tiene ninguna vinculación con la legislación laboral.
Por lo tanto, solicito dejar sin efecto la remisión del proyecto a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a objeto de votarlo mañana en la Sala.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , conversé el punto con el diputado señor Fuad Chahín, quien está de acuerdo con retirar su solicitud.
Por lo tanto, no se remitirá a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sino que corresponde continuar con su discusión, porque aún hay diputados inscritos.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido que se aplique el Reglamento.
Su señoría debe solicitar el asentimiento unánime de la Sala, porque en la mañana se adoptó un acuerdo de la Sala. No basta solo con que el diputado Chahín retire la solicitud.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Tiene razón, señor diputado . Así se procederá.
Solicito la unanimidad de la Sala para dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la mañana para enviar a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el proyecto de ley que prohíbe la existencia de guarderías infantiles en los casinos de juego.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
ANÁLISIS DE LA GRAVE SEQUÍA QUE AFECTA A VARIAS REGIONES Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Proyectos de acuerdo)
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Esta sesión se ha convocado a petición de 54 honorables diputados y diputadas, con el objeto de discutir sobre la grave situación que afecta a varias regiones del país a raíz de la prolongada sequía que las afecta, en especial a las regiones de Coquimbo, Metropolitana -provincias de Melipilla y Chacabuco-, Valparaíso -provincias de Petorca, Quillota, Los Andes y San Felipe-, Atacama, Biobío -provincias de Biobío y Ñuble-, del Libertador Bernardo O´Higgins -provincias de Cardenal Caro, Colchagua y Cachapoal- y del Maule.
Del mismo modo, la sesión pretende revisar y discutir la falta de respuesta a esta problemática por parte de diversos órganos de la administración del Estado como paliativo a los graves efectos que la sequía provoca en las regiones afectadas, no obstante existir diversas instancias de fiscalización en que esta Corporación ha solicitado medidas.
A esta sesión han sido citados los ministros del Interior y Seguridad Pública , señor Andrés Chadwick; de Agricultura, señor Luis Mayol, y de Obras Públicas, señora María Loreto Silva.
Hago presente a la Sala que se han recibido oficios tanto del señor ministro del Interior y Seguridad Pública como de la señora ministra de Obras Públicas , mediante los cuales excusan su asistencia a esta sesión.
En el tiempo previo de quince minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano, harán uso de la palabra los diputados señores Matías Walker y Luis Lemus.
Solicito autorización para permitir el ingreso a la Sala del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Felipe Martin, quien acompaña al ministro de Agricultura . Su participación es importante para el buen desarrollo de la presente sesión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En primer lugar, tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus, hasta por 7 minutos y medio.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los regantes, agricultores y campesinos de la provincia del Choapa, de la Cuarta Región, presentes en las tribunas.
También saludo, de manera muy especial, a los alcaldes de las comunas de Canela y Los Vilos, y a los concejales de las comunas de Salamanca, Illapel, Canela y los Vilos.
(Aplausos en las tribunas)
Antes de iniciar mi intervención, pido a la Mesa que nos informe que pasó con la presencia del señor ministro del Interior y Seguridad Pública, que era uno de nuestros principales invitados, porque lo que vamos a hacer es revisar completamente y en forma territorial lo que está pasando con la sequía en cinco regiones del país.
Los decretos de catástrofe dependen fundamentalmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la mayoría de las decisiones para paliar la emergencia dependen de ese ministerio. Por lo tanto, me parece muy negativo que no esté presente el ministro del Interior y Seguridad Pública .
Por lo tanto, le pido una explicación sobre lo que ha pasado con los ministros.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , como informe recién, el ministro de Interior y Seguridad Pública se excusó por no poder asistir y solicitó que, en su reemplazo, concurriera el señor subsecretario del Interior .
Hoy en la mañana, en reunión de Comités, solicitamos la autorización correspondiente para que el subsecretario del Interior concurriera a esta sesión, la que fue negada.
En consecuencia, por esa razón no está presente ni el ministro ni el subsecretario.
El señor LEMUS.- Señor Presidente , lamento profundamente que haya ocurrido lo que señala, por lo siguiente. Estamos viviendo una de las sequías más prolongadas de las que se tengan antecedentes históricos en nuestro país. Se tienen antecedentes desde hace 130 o 150 años, y esta es la más prolongada, la más profunda y la que ha tenido mayores efectos.
Como representante del distrito 9, de la Cuarta Región de Coquimbo, quiero decir que la situación de los embalses de riego y la forma de vida del sector campesino de la Cuarta Región están profundamente afectadas por esta sequía tan prolongada.
(Aplausos)
Los antecedentes científicos que se han entregado en nuestra región y en el país nos hacen concluir que el impacto del fenómeno del cambio climático ya es plenamente perceptible en Chile y se ha instalado en nuestras regiones. Hoy, el límite del desierto, la Región de Coquimbo, se ha corrido. Científicamente, hoy se está afirmando que ese límite ya está localizado en la Región Metropolitana.
Por lo tanto, se hace imprescindible abordar este tema tan complicado para algunas regiones y para el país. El problema del agua es hoy un tema estratégico para el desarrollo de nuestro país. Las apuestas de Chile están centradas en el desarrollo minero y en el desarrollo energético, pero nos hemos olvidado de algo fundamental: el agua.
Indudablemente, las regiones del norte del país, donde está acentuada la minería, donde también tenemos la posibilidad de desarrollar una buena agricultura, por el clima de la zona, hoy enfrentan un problema estratégico y estructural, que afectará a todo Chile. La infraestructura con que actualmente contamos -léase embalses y canales- ha sido ampliamente superada por esta sequía.
Quiero entregar algunos datos importantes a esta Cámara. Los pronósticos meteorológicos advierten que el invierno tendrá, probablemente, pocas precipitaciones, con tendencia a mantenerse por debajo del promedio, en una condición de pluviometría semejante al año anterior. Es decir, nuestro futuro no es muy auspicioso en este tema.
Permítanme entregar algunas cifras de nuestra región. Por ejemplo, el embalse Puclaro , con una capacidad de 250 millones de metros cúbicos, en este momento tiene cero por ciento; en Limarí, el embalse La Paloma, con una capacidad de 750 millones de metros cúbicos, el más grande de Chile, en este momento tiene cero por ciento; el embalse Recoleta , cero por ciento: el embalse Cogotí, en Limarí, cero por ciento; el embalse El Bato, en la provincia de Choapa, cero por ciento. ¡Esa es la realidad! Hoy, el almacenamiento de agua de nuestras regiones está en el orden de 4,2 por ciento de la capacidad normal. Esa es la real situación.
En la Cuarta Región de Coquimbo, en que tenemos alrededor de 60.568 hectáreas, distribuidas en frutales, uva pisquera, uva vinífera y hortalizas, nuestra capacidad productiva entrega una cantidad no menospreciable de ingresos a la región -y también al país; por qué no decirlo-, que asciende a 726 millones de dólares, y solo por esa pequeña producción agrícola.
Tenemos una ocupación de mano de obra de 50.000 trabajadores, que en estos momentos tienen serios problemas de empleo, en una región muy complicada por la sequía.
Como el tiempo es limitado, no alcanzaré a entregar toda la información.
Hubiese preferido contar con la presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública, para expresarle que las medidas que se han adoptado hasta este momento son absolutamente insuficientes. La sequía que sufrimos es equivalente a un terremoto. Recuerden que lo que decretó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es zona de catástrofe, lo mismo que se declaró cuando se produjo el último gran terremoto en el sur de Chile, hace poco más de tres años. Esas mismas condiciones hoy se traspasan a la economía de nuestros campos, a los crianceros, a la gente que desarrolla la agricultura e, incluso, a quienes practican la minería, que están en una situación muy complicada.
Lamentablemente, en razón del tiempo, no voy a poder desarrollar las propuestas. Espero que mi colega Matías Walker sí lo pueda hacer.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , estamos celebrando una sesión especial sobre la situación de sequía que afecta al país desde la Región de Atacama hasta la del Biobío.
El diputado Luis Lemus sintetizó muy bien el diagnóstico de la situación en la Región de Coquimbo y yo me voy a referir a las propuestas concretas de soluciones contenidas en el proyecto de acuerdo que hemos trabajado con las diputadas Adriana Muñoz , Andrea Molina y con los diputados Lemus , Bertolino , Latorre , León y otros de las regiones involucradas.
En primer lugar, se debe facilitar y, ojalá, obtener que el Ejecutivo ponga urgencia al proyecto de reforma constitucional presentado a fines del gobierno de la Presidenta Bachelet, a fin de que el agua sea declarada, constitucionalmente, como bien nacional de uso público, que pertenece a todos los chilenos.
(Aplausos en las tribunas)
Es necesario dar prioridad al proyecto que se está discutiendo en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara de Diputados, suscrito, entre otros, por la diputada Alejandra Sepúlveda y el diputado Patricio Vallespín , que establece usos esenciales y prioritarios para el agua, comenzando por el consumo humano y también por el riego.
Necesitamos un delegado presidencial con dedicación exclusiva en la Región de Coquimbo, en la provincia de Petorca, y en todas las regiones afectadas por la sequía. No sirve tener como delegado presidencial para la sequía al subsecretario del Interior , que viaje a las regiones cada quince días. Necesitamos un delegado presidencial con amplias facultades, con recursos extraordinarios, para ofrecer soluciones en terreno a la gente de regiones.
También es preciso que la Onemi garantice la distribución del agua para el consumo humano de manera permanente. En las tribunas se encuentra el alcalde de Canela , quien, hasta hace muy poco, reclamaba que tanto allí como en Choapa, Limarí y Petorca hay localidades rurales que están recibiendo agua cada quince días, y eso no puede ser. Necesitamos que la Onemi entienda que esta es una situación de catástrofe, en que hay que actuar con mayor celeridad. Por eso, lamento que no pueda estar con nosotros el ministro del Interior y Seguridad Pública ni el propio delegado presidencial para la sequía: el subsecretario del Interior.
Además, es necesario focalizar la entrega de geomembranas a través de la Onemi. Creemos que los concursos de la Comisión Nacional de Riego -nos gustaría escuchar a su director al respecto- son un procedimiento engorroso y lento. Como estamos en zona de catástrofe, quisiéramos que toda la ayuda se entregara de manera directa, a través de la Onemi, para no demorar tanto esa ayuda, en concursos que demoran meses y meses.
Se requiere aumentar sustancialmente los recursos provenientes del gobierno central. No podemos recargarles la mano en exceso a los gobiernos regionales, que ya están con una cartera de proyectos FNDR absolutamente colapsada.
Asimismo, necesitamos que el Gobierno ponga urgencia al proyecto de ley que presentó el diputado Eduardo Cerda, para no aplicar en invierno las tarifas de horas punta a las comunas incluidas en las zonas de catástrofe.
Es muy necesario que se utilice la facultad del director del Servicio de Impuestos Internos para condonar y suspender el cobro de contribuciones a los agricultores afectados por la sequía y que hoy se encuentran en cesación de pagos. Con el diputado Lemus y con la diputada Adriana Muñoz nos reunimos con la directora subrogante del Indap, y ella nos confirmó que se pueden condonar las deudas a los usuarios de dicho organismo, porque estamos en situación de catástrofe, de fuerza mayor.
(Aplausos en las tribunas)
Igualmente, es imperioso que los bonos de mitigación se entreguen con más recursos. No basta un bono de mitigación de 100.000 pesos, porque la gente gasta 10.000 pesos solo en viajar desde las localidades rurales hasta Ovalle a recibir el bono de mitigación. Necesitamos que esos bonos se entreguen a los usuarios del Indap y también a quienes no lo son, pero que sí desarrollan la agricultura familiar campesina en nuestras regiones.
Tenemos que pensar en los proyectos de largo plazo. Creo que debemos avanzar seriamente en los estudios para aplicar procesos de desalinización del agua.
La carretera hídrica también es un proyecto estratégico para todas las regiones afectadas por la sequía. Se ha desarrollado en Estados Unidos, en Australia y en Perú. ¿Por qué no lo podemos hacer en Chile? Chile no puede estar partido en dos territorios en materia hídrica.
Apoyaremos los programas de estimulación de nubes, pero queremos que no se recargue la mano a los gobiernos regionales. Tiene que aplicarse una política permanente en materia de estimulación de precipitaciones, con apoyo financiero continuo del Ministerio de Agricultura, para no recargar la mano -repito- a los gobiernos regionales.
En fin, necesitamos avanzar en la fiscalización y sancionar drásticamente el uso irregular del agua, así como perseguir el delito de robo y uso irregular del recurso en nuestras regiones. Para eso necesitamos aumentar las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas.
Como puede apreciar el señor ministro de Agricultura , no nos hemos quedado solamente en los diagnósticos; también hacemos propuestas, que hemos conversado con nuestros alcaldes y concejales. Ellos plantearon una propuesta concreta al ministro del Interior y Seguridad Pública cuando se obtuvo la declaración de zona de catástrofe para las quince comunas de la Región de Coquimbo.
Demandamos la presencia permanente del Gobierno en la región, con un delegado presidencial para la sequía que esté en forma permanente en las tres provincias de la Región de Coquimbo, como asimismo en todas las regiones afectadas por la sequía, especialmente en las declaradas como zonas de catástrofe, y no que solo vayan de visita a las regiones cada quince días.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ruego a los asistentes a las tribunas mantener silencio, para que pueda desarrollarse adecuadamente esta sesión.
Para iniciar el debate, en el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por ocho minutos, la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , en primer lugar, agradezco la presencia del ministro de Agricultura , señor Luis Mayol , y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Felipe Martin .
El tema en discusión es muy importante y ellos lo saben mejor que nadie, porque han estado trabajando día a día para generar estimulación de nubes e infiltración de napas subterráneas, así como muchas otras acciones, a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR).
La inversión que ha realizado este gobierno en temas relacionados con el agua, a partir del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha sido muy relevante y, diría, marcan un antes y un después.
Pero el problema de fondo es que en los gobiernos anteriores no se implementaron políticas que se preocuparan del cambio climático, del sobrecalentamiento global, de una sequía que llegó para instalarse en muchas zonas, situación que hoy está haciendo crisis. Si hace años se hubiesen realizado las inversiones acorde a las necesidades, esto no estaría pasando. Sin duda, ese es un punto que hay que hacer notar.
En la actualidad, estamos en una crisis que ha sobrepasado las inversiones y todas las medidas que se han adoptado. Por ello, necesitamos que a través del decreto de catástrofe, aplicado en muchas zonas y regiones del país, como la Cuarta, Quinta y Séptima, así como también en el norte del país, donde hay tremendos problemas, se pueda desarrollar un trabajo específico.
Como decía el diputado Walker, no basta con designar un delegado que concurra cada cierto tiempo a las regiones afectadas. Lo importante es que exista un delegado 24/7, a tiempo completo y que conozca todos los problemas de cada una de las zonas; que no sea necesario informarle sobre los problemas a alguien que aparece cada quince días.
Creo que el gobernador de cada provincia decretada como zona de catástrofe debería hacerse cargo de la responsabilidad de encontrar y de hacer gestión con el resto de los interesados: gobierno regional y La Moneda. Debe trabajar con los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, y ver de qué forma podemos derivar ciertos recursos.
Actualmente, el MOP se encuentra de manos atadas; además, tenemos que las aguas provenientes del programa APR están contaminadas y estamos dejando de entregar agua a niños menores de un año. Por ejemplo, necesitamos filtros, pero cada uno vale 20 millones de pesos, recursos con los que no contamos. ¿Dónde vamos a pedir financiamiento? ¿Al gobierno regional? ¿Al MOP?
Esta situación no da para más. Sabemos que el Gbierno está haciendo todo lo necesario, pero hay que hacer mucho más. Tenemos que trabajar con el Indap en relación con los créditos, que hoy tienen a nuestros pequeños y medianos agricultores colapsados.
Desde hace meses venimos trabajando con el diputado Matías Walker para paralizar el pago de las contribuciones de pequeños y medianos agricultores. Hemos ido a todas las Comisiones a pedir unidad y hacer fuerza para que nuestros agricultores tengan la posibilidad real de contar con una herramienta que permita aliviarles el bolsillo. Con sus predios secos, con sus árboles marchitos o colapsados, no pueden generar recursos para pagar las contribuciones. Hemos concurrido al Ministerio de Hacienda, al Servicio de Impuestos Internos; incluso, he hablando personalmente con el señor Presidente . En conclusión, necesitamos más voluntad política. ¿Quieren o no ayudar a nuestros agricultores? Ese es el problema actual. Por lo tanto, se hace necesario priorizar, y lo más importante es garantizar la provisión del agua para el consumo humano.
Con todo, los pequeños y medianos agricultores se ven enfrentados a muchas otras problemáticas para salir adelante. La Región de Valparaíso es una zona de productos agrícolas para exportación, pero hoy está absolutamente colapsada. No podemos seguir plantando paltos en zonas de tierras de rulo, donde no hay agua. Por lo tanto, se hace necesario reconvertir a esos agricultores y tenemos que trabajar con el Indap para enfrentar hoy la problemática que se avecina para los próximos años.
Estamos haciendo grandes inversiones, pero no son suficientes. Por ejemplo, es preciso revestir canalones. Hemos levantado más de 4.500 millones de pesos para terminar de revestir un canalón que baja por el río Aconcagua, para llegar con agua a la tercera y cuarta sección. Ese tipo de obras es relevante. Se hacen obras, pero aun así la sequía nos tiene colapsados.
Por eso, a través del proyecto de acuerdo que hemos trabajado en conjunto, que cuenta con apoyo transversal, pedimos que el decreto de catástrofe funcione, que sirva, y no que se transforme en un mero papel firmado.
Asimismo, queremos que se suspenda el pago de las contribuciones y se detengan los remates que afectan a nuestros pequeños y medianos agricultores. Igualmente, nos interesa que el Indap renegocie los créditos con BancoEstado. En definitiva, queremos herramientas concretas, y el decreto de catástrofe las facilita. Por ejemplo, se pueden congelar esos pagos por un año. ¿Por qué no se ha dado la mano a nuestra gente? ¿Acaso habrá que esperar que se vean obligados a vender sus campos a precio de chaucha a los grandes productores?
Sin duda, se han hecho cosas concretas. Solo basta ir a verlas para comprobarlo. Pero, así y todo, no damos abasto. Esas inversiones se debieron haber hecho hace veinte años, pero no se hicieron. En cambio, nuestro gobierno ha desarrollado muchas de las obras que se necesitaban, como los embalses que se están construyendo en la provincia de Petorca. Pero esas obras están en proceso de construcción y la sequía ya está aquí y nos está afectando ahora.
Por eso, le pedimos a los ministros, no solo al de Agricultura, aquí presente, sino también a la titular de Obras Públicas y a muchos otros, que no asistieron y que son relevantes para la toma de decisiones, que conformen una mesa de trabajo para que las autoridades designadas para solucionar los problemas en las zonas de catástrofe se dediquen a ese objetivo a tiempo completo, 24/7, tal como lo ha hecho este gobierno.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , se ha hablado lo suficiente sobre los efectos de la sequía. No cabe duda de que la Región de Coquimbo es una de las más afectadas y de que la de Valparaíso padece una situación parecida, particularmente La Ligua y otras zonas cercanas. Pero muchas veces se olvidan de que la Región Metropolitana tiene un entorno que limita con la Región de O´Higgins y con la Cordillera de la Costa, donde se ubica la provincia de Melipilla, que comprende las comunas de Alhué, San Pedro , Melipilla , María Pinto y Curacaví, que también han sido declaradas como zona de emergencia hídrica, dada la alta escasez de agua de los últimos años.
Esa situación, que se ha dado particularmente en la parte sur de la provincia de Melipilla, no da para más, al extremo de que el acceso al agua para el consumo humano, que constituye un derecho, se realiza con camiones aljibe. Por ejemplo, en la comuna de San Pedro se están utilizando alrededor de diez camiones aljibe para repartir agua a la población. Como contrapartida, grandes empresas gastan el agua para lavar cerdos. Esa es la realidad de nuestra zona. No solo se trata de la falta de agua para la producción agrícola, sino también para el consumo humano, drama presente en muchos lugares del país.
¿Qué pasa con el agua en Chile?
Hace poco celebrábamos el Día Internacional del Agua y hace un año defendíamos el agua en Río de Janeiro -hablábamos del agua 2.0-, pero, al parecer, en nuestro país solo se nos escucha cuando le gritamos al gobierno de turno que la situación del agua no da para más.
Desde hace más de veinte años venimos manifestando nuestra preocupación, porque vemos que el agua se pierde en el mar, ya que faltan estructuras para su contención. Lo dijimos cuando se elaboró el Código de Aguas y se separó el agua de la tierra y se la entregó, en propiedad eterna, sin ningún costo, a muchos empresarios, sin considerar que los pequeños y medianos agricultores también tienen derecho a regar sus predios. Eso pasó al olvido.
Podemos hablar de las grandes obras para solucionar este problema, como los contenedores de agua, las acequias para conducirla, etcétera, pero mientras no hablemos de un nuevo Código de Aguas, de los derechos de agua para las personas que realmente la necesitan y no solo para los grandes industriales, que no son capaces de repartir una sola gota de agua de sus reservas. Sabemos que grandes empresarios disponen de muchos litros por segundo de agua, que no la ocupan toda, en circunstancias de que, al lado, existen predios completamente secos. Por ejemplo, los productores de frutillas de San Pedro no tienen agua para regar sus tierras, pero, al lado, está la empresa Agrosuper, empresa a la que le sobran litros de agua. Realmente, vivimos en un país en que falta equidad; no queremos más abusos.
En nuestro proyecto de acuerdo le decimos al ministro lo que queremos para la agricultura, pero también le pedimos que el ejercicio del derecho al acceso del agua se haga con igualdad y equidad, porque no queremos más abusos hacia los pequeños agricultores.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente, para nadie es un misterio que el país presenta una escasez de agua importante, lo que afecta la productividad de los cultivos, que necesitan de ese vital elemento para subsistir.
En nuestra provincia de Ñuble, la zona del secano es la más dañada, lo que ha obligado a que muchos municipios se hayan visto en la necesidad de destinar recursos para comprar agua y repartirla racionadamente entre sus habitantes.
El panorama no es alentador, sobre todo si arrastramos una deuda en infraestructura hídrica desde hace más de 30 años, lo que se ha transformado en un obstáculo importante para enfrentar de mejor manera este escenario.
En efecto, hoy utilizamos apenas el 16 por ciento del agua que escurre por las cuencas y solo acumulamos un 4 por ciento en embalses, y perdemos el 84 por ciento del agua apta para el riego en nuestros mares. Solo en nuestra provincia, durante el pasado invierno, se perdieron 2.500 millones de metros cúbicos.
Durante el pasado 2012, el déficit de aguas lluvia fue de 25 por ciento. Para peor, solo acumulamos 35 por ciento durante las precipitaciones. Los ríos Laja, Ñuble y Chillán no funcionaron a su máxima capacidad, lo que perjudicó a los productores de la zona.
Adicionalmente, no son menores los problemas externos que se producen por la falta de este vital elemento. Aquellas familias que viven de la agricultura de subsistencia, como las nuestras, se han visto imposibilitadas para continuar comercializando sus productos, lo que ha traído como consecuencia que muchas de ellas hayan tenido que emigrar del campo a la ciudad.
Sin embargo, a la luz de todos estos antecedentes, por primera vez, y después de muchos años de postergación, este Gobierno comenzó a hablar en serio sobre las necesidades de nuestros productores y se comprometió a solucionar de la mejor manera las nefastas consecuencias que la sequía ha producido en nuestras provincias.
Solo a modo de ejemplo y como prueba de ese compromiso, no puedo dejar de mencionar que, a través de la Ley de Fomento al Riego, se han invertido más de 21 mil millones de pesos para obras civiles, como revestimiento de canales y obras de acumulación; 19 mil millones de pesos para obras intraprediales de tecnificación, y 1.400 millones para concursos de telemetría. Adicionalmente, Indap ha destinado más de 13 mil millones de pesos a riego tecnificado, obras de acumulación y mejoramiento de conducciones.
Del mismo modo y en apoyo a la gestión de la Comisión Nacional de Riego, los gobiernos regionales de Arica y Parinacota, de Coquimbo, de O'Higgins y de nuestra Región del Biobío han aportado 14 mil millones de pesos para obras de acumulación, telemetría y mejoramiento de conducciones en sus respectivas comunas, a través de los fondos concursables que otorga dicha institución.
Todo lo anterior se tradujo en que sólo durante 2012 se destinó una cantidad inédita de 68 mil millones de pesos para el desarrollo y mejoramiento de obras de riego, presupuesto que al inicio de este Gobierno no superaba los 36 mil millones de pesos.
Señor Presidente , estas cifras hablan de la importancia que ha adquirido en los últimos años la protección de recursos como el agua. Sin embargo, enfrentamos un gran obstáculo, pues el clima nos azota cada vez más fuertemente y nos ha encontrado desprovistos de herramientas para enfrentarlo.
Lo anterior también ha sido visto como una oportunidad, gracias a lo cual hoy contamos con una real estrategia nacional de recursos hídricos, iniciativa que pretende ser una carta de navegación para el país en esta materia, ya que propone medidas que permiten asegurar tanto a la actual como a las futuras generaciones el acceso a este vital elemento, un medioambiente libre de contaminación y, a su vez, potenciar el desarrollo económico y sostenible de las actividades económicas que demanda este recurso.
Asimismo, y para dejar atrás los cuarenta años de atraso de Chile en infraestructura hídrica, esta administración, a través del Ministerio de Obras Públicas, ha desarrollado un Plan Priorizado de Embalses, en el que se destacan dieciséis de ellos, los que se han concentrado en su mayor parte en las zonas norte y centro del país, las cuales han sido afectadas por la sequía.
Es más, aquí me quiero referir especialmente al gran sueño que tienen nuestros agricultores de la provincia de Ñuble. En nuestra provincia, y tras noventa años de espera de más de cinco mil pequeños agricultores, el anhelado embalse Punilla comienza a transformarse en realidad, lo que permitirá dar seguridad de riego a unas 66 mil hectáreas de las comunas de Coihueco, Chillan , Ñiquén , San Carlos , San Fabián de Alico y San Nicolás.
Señor Presidente , al igual que la implementación de una política de embalses e infraestructura hídrica, que claramente son esenciales, también es necesario promover el buen uso del agua, para lo cual debemos capacitar a los agricultores de todo el país y entregarles los conocimientos necesarios para hacer de sus producciones un ejemplo de sustentabilidad para el sector.
La ciudadanía exige hoy que todas las iniciativas que intervengan el medio ambiente se hagan con pleno respeto de la normativa actual, para lo cual se necesita un trabajo coordinado entre todas las autoridades relacionadas con esta materia, como las de la Dirección de Obras Hidráulicas, del Servicio Agrícola y Ganadero y del Medio Ambiente.
Un ejemplo de la importancia que tiene la coordinación en estas áreas es lo que hemos denunciado hace algunos días y que ocurrió en la comuna de Bulnes, en el llamado tranque Milahue , que fue vaciado sin considerar la fauna acompañante y las especies nativas.
Finalmente, quiero recalcar que la escasez hídrica en nuestras provincias está siendo enfrentada con soluciones a mediano y largo plazo, con convicción y visión de futuro, para que las futuras generaciones nunca se vean privadas de este importante recurso.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , es indudable que no podemos dominar ni manejar la naturaleza, como sucede con el problema de la sequía que afecta a nuestro país. Pero eso es solo parte del problema. Sin embargo, hay cosas que los seres humanos sí podemos hacer, como es administrar las aguas que la naturaleza y Dios nos dan.
Efectivamente, existe un problema de administración y de decisión política. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que analizar y solucionar el problema de fondo, que es quién administra las aguas en Chile. A mi juicio, es el sector privado.
Por lo tanto, si queremos producir cambios radicales y reales, deben nacionalizarse las aguas en Chile; no hay otra forma. Mientras los grandes terratenientes y las grandes empresas transnacionales sean dueños de las aguas en Chile, van a manejar ese poder a su antojo, en beneficio de sus empresas y en perjuicio del pueblo y de los campesinos chilenos.
(Aplausos)
Por lo tanto, no es demagogia cuando digo que hay que presentar un gran proyecto de nacionalización de las aguas, como lo han señalado otros parlamentarios.
Administrar bien esa riqueza natural significa, tal vez, no ocupar el agua en la explotación minera, en la que se podría usar agua del mar chileno, que nos sobra. Lo otro que sí podemos hacer los seres humanos es que la Dirección General de Aguas sea un ente que realmente regule este recurso y que sea transparente.
Recuerdo que hace algún tiempo fui parte de la Comisión Investigadora de Aguas, lo que nos permitió ver con nuestros propios ojos cómo “personajes ilustres de nuestro país” roban el agua de todos los chilenos; pudimos ver que los pequeños campesinos de la Ligua, de Petorca y de otros lugares no tienen agua para sus hijos ni para tomar un café o un mate, como decimos en la Patagonia.
Entonces, creo que hay que buscar las soluciones de fondo y desenmascarar la corrupción, porque hay parlamentarios que han usufructuado con el agua en Chile.
(Aplausos)
Senadores y diputados son propietarios de miles y miles de litros de agua de la Patagonia, de mi tierra, que es la reserva mundial de agua dulce. Le aseguro, señor Presidente , que si se hiciera una buena investigación, real y efectiva, se descubriría que más de algún diputado y más de algún senador son dueños de las aguas de la Patagonia chilena, porque hace muchos años que esas aguas no pertenecen a los patagones.
Administrar bien significa que quien roba agua se va preso, al igual que el pobre que a veces hurta una gallina para saciar su hambre. Pero hay exministros de Estado, como el señor Pérez Yoma , que son intocables. Lo citamos varias veces a la Comisión Investigadora de Aguas, pero nunca asistió. Vimos con nuestros propios ojos cómo roba el agua de los campesinos que están en el valle de Petorca. La ley y la justicia no han tocado a ese personaje ni a otros.
Otra cosa. En su momento, el director de la Dirección General de Aguas, el señor Rodrigo Weisner , le otorgó concesiones de agua cuando el señor Pérez Yoma era ministro del Inte-rior . Ese señor es el abogado que defiende los intereses de Pérez Yoma en la actualidad. Eso es corrupción y poca transparencia, dos males que debemos terminar. Mientras los parlamentarios y la gente que tiene el poder no seamos capaces de denunciar a quienes corresponda, el problema va a continuar.
Por eso digo que se tienen que tomar las medidas pertinentes respecto de este problema: nueva administración, que las aguas vuelvan a ser del Estado chileno y que los que roban agua, se llamen como se llamen, se vayan presos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , lamentablemente hay que hablar contra el tiempo.
Intervine en la Sala hace dos años para solicitar el envío de sendos oficios a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura , con el objeto de que adoptaran medidas para enfrentar esta grave situación que vive el país.
Hoy, todas las comunas están preocupadas de entregar agua a los sectores rurales que no la tienen, porque las napas de agua se profundizaron y los pozos se secaron.
Entonces, tenemos que implementar aquello que va con mucha lentitud: agua potable rural (APR). Lamentablemente, la forma en que está operando hoy la Dirección de Obras Hi-dráulicas hace que ese sea un proceso demasiado lento, que toma muchos años. Esto hay que agilizarlo. No es posible que en algunos casos se demoren siete u ocho años en entregar agua potable rural.
Aquí tengo un informe respecto del Agua Potable Rural en la provincia de Biobío. Hay algunos proyectos en ejecución: el pozo se hizo hace siete años y todavía la gente está esperando la entrega del agua. Eso no puede ser; hay que darle más urgencia. El APR es fundamental para que la gente tome agua sana en los campos.
Lo otro que me importa mucho -lo manifesté en esa oportunidad-, lo tienen que implementar el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el de Agricultura, es la construcción de embalses a lo largo de todo el país para poder retener las aguas lluvias que, vía esteros, canales y ríos, se escurren al mar, y destinarlas fundamentalmente para el consumo humano y para regar los cultivos que producen alimentos.
Pero no debemos permitir que empresas como Endesa, que hacen uso y abuso del Lago Laja, sigan explotándolo con el tremendo daño que se le hace a un recurso natural, como es el agua. El lago forma parte del Parque Nacional Laguna del Laja y no debería ser intervenido de esta manera. Muy por el contrario, debería ser declarado santuario de la naturaleza y permitir solo el uso de las aguas que se producen como consecuencia del derrame para el riego de cultivos, y fundamentalmente para el consumo humano.
No es posible que empresas transnacionales hagan uso abusivo de esas aguas, que constituyen un bien nacional de uso público que debemos preservar. Porque el día de mañana, si continúa esta crisis, prefiero alumbrarme con una vela, pero no dejar de tomar agua, ni dejar de regar nuestros cultivos a lo largo del país que producen alimentos para nuestro pueblo chileno.
De ahí entonces que debemos avanzar rápidamente con la entrega de recursos para realizar ahora lo que corresponde y no el próximo año o después, cuando sea demasiado tarde.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , como parlamentario del distrito 10, de las provincias de Quillota y Petorca, frente a la gravedad de los hechos, quisiera saber si existe conciencia de la situación a la que están sujetos miles de habitantes que toman agua potable a veces solo ciertas horas del día; si existe conciencia de que hay miles de hectáreas que tuvieron que ser cortadas y arrancadas por falta de agua; si existe conciencia del atraso que existe en muchas soluciones a proyectos de Agua Potable Rural, que verdaderamente tienen sus aguas con nitritos y necesitan con urgencia que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) les instale filtros. Le debo decir de verdad, señor ministro , que no hay conciencia.
Vengo de la intendencia, donde me entregaron un libro -lo tengo en mis manos- con las inversiones programadas por este gobierno. Al respecto, debo decir lo siguiente:
En el libro figura la Ampliación del Servicio Agua Potable Rural La Vega-La Viña. Ahí están desesperados haciendo turnos, porque cortan el agua durante la noche.
Obras 2015-2016. ¿La gente va a tener que esperar dos o tres años más para tomar agua? Este es el libro del Gobierno: Obras de agua potable.
Aquí aparecen el sector de El Quemado, de Cabildo; la población Puyancón, de La Ligua; El Sobrante, de Petorca. Figura también el Agua Potable Rural de Bartolillo. Los habitantes de ese sector recién van a tener agua para su sustento en uno o dos años más.
También se ha hablado del sistema de agua potable rural de Hierro Viejo. Estuve en Hierro Viejo la semana pasada. Ese sector vive una situación muy grave, ya que recién tendrán agua para el 2014-2015.
Fui también a La Ñipa, en Petorca. Allí la gente está desesperada porque falta arreglar la situación de los nitritos en el agua. ¿Sabe para cuándo está programada el agua, señor ministro ? Para el 2019-2020. Los pobladores deberán seguir esperando.
¿Y esto qué tiene que ver con el regadío? Comparamos nuestra zona con la Cuarta Región. En esa zona se está muriendo la agricultura, porque tiene un déficit de 1.300.000 metros cúbicos de aguas embalsadas. Allá no tienen agua y se está acabando la del embalse.
Señor ministro , ¿sabe cuántos embalses tenemos en la provincia de Petorca? Ninguno. Llevamos años estudiando los diseños. Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se formó una comisión técnica para analizar esta materia. Se trabajaba todos los meses. Llegó este gobierno y se cerró la oficina técnica que funcionaba con los pequeños y medianos agricultores, y con representantes del Ministerio de Obras Pública y de la DOH. ¿Y qué propone el Gobierno? Ya vienen los embalses. Todos los años la gente está esperando la construcción de los embalses, los cuales siguen en la etapa de diseño.
¿Sabe qué dicen en el libro que se me entregó respecto de las obras de regulación? En 2013-2014, siguen los estudios de diseño; en 2014-2015, continúan los estudios de factibilidad. Se habla de lo que se necesita con urgencia.
Construcción del embalse Las Palmas. Allí ya no queda ni un árbol. ¿Sabe para cuándo está proyectado? Que lo escuche la gente de la provincia, para el 2021-2022; el embalse Pedernal , para el 2016-2019; el embalse Los Ángeles, para el 2016-2019.
¿Esa es la respuesta? ¿Qué pasa, señor ministro , que no hay inversión? En Chile -y este es un problema también del Ministerio de Hacienda y respecto del cual usted tiene que golpear mejor las puertas- se están gastando en esta materia 150 millones de dólares a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, y alrededor de 100 millones provenientes de la CNR. Reconozco que Felipe Martin -aquí presente- ha hecho todos los esfuerzos para mejorar la situación que afecta a la zona a través de la siembra de nubes, pero todavía falta mucho para esas instalaciones. ¿Sabe cuánto está gastando Perú…?
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor CERDA.-…1.500 millones de dólares; en Israel, están desalinizando el agua…
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Le reitero que ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor CERDA.-…y producen 400 millones de metros cúbicos de agua potable.
Señor ministro , terminemos con este juego. Necesitamos hacer una reforma profunda al Código de Aguas…
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Diputado Cerda, lamentablemente, ha terminado su tiempo.
Tiene la palabra el diputado don Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , qué duda cabe de que el mundo, y Chile en particular, vive el problema de la escasez de agua. El calentamiento global es una realidad. Esto será motivo de enfrentamiento entre muchos países, porque cada día este vital elemento será más escaso.
Sin embargo, más que criticar, creo que en esta materia debemos aportar un conjunto de ideas que permita al Gobierno, a la Oposición y a todos afrontar esta grave situación, que en el caso del distrito que represento afecta particularmente a las comunas de Alhué, San Pedro y Melipilla .
Frente a esta situación, sería bueno aplicar lo que en derecho se llama “beneficio de competencia”, esto es, que los agricultores que se encuentran afectados por la sequía tengan la posibilidad de pagar sus créditos tanto al Banco del Estado como al Indap en lo que buenamente puedan, mientras mejora su situación. Asimismo, que a dichos agricultores se les otorguen créditos blandos a través del Indap que les permitan enfrentar la emergencia, y que se siga repartiendo el forraje entre los afectados por la crisis, lo que normalmente se hace en las oficinas de Melipilla. Además, creo que se debe continuar con lo concerniente a la lluvia artificial, lo que en San Pedro fue muy exitoso.
(Manifestaciones en las tribunas)
Respecto de la fiscalización, le entregué al director general de Aguas un mapa de la comuna de San Pedro donde aparecen todos los puntos en los que había pozos que, conforme al Código de Aguas, no están regularizados. Creo que aquí se necesita una mayor fiscalización para racionalizar en mejor forma el recurso hídrico, para enfrentar el problema de su escasez y ver que alcance para la mayor cantidad de gente.
En particular -por su intermedio, señor Presidente -, quiero pedir al ministro de Agricultura que disponga la utilización de un camión aljibe pequeño para la entrega de agua a los habitantes de las localidades de Talamí, Nihue Alto , Nihue Bajo, Santa Rosa y Corneche, de la comuna de San Pedro. De igual modo, para los habitantes de Melipilla, en particular de las comunidades de Las Tinajas y Popeta. No pedimos tanto, solo la provisión de estanques de almacenamiento de agua para que la gente de nuestra zona tenga la posibilidad de regar sus tierras y disponer de agua potable.
Por lo tanto, pido al ministro de Agricultura la adopción de medidas para que, sin perjuicio de los proyectos de acuerdo que espero sean aprobados en esta sesión, las personas de esas zonas agrícolas, especialmente los frutilleros de San Pedro y de Alhué, puedan seguir cultivando su tierra y así disponer de lo mínimo para su sustento como es el agua potable, derecho humano elemental que está consagrado en la Constitución Política de la República.
Solicito al ministro de Agricultura que adopte las medidas pertinentes, a fin de que todos los agricultores afectados puedan tener las facilidades para enfrentar de la mejor forma posible el lamentable fenómeno de la sequía.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señor Adriana Muñoz.
La señor MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , es muy grave que no estén el ministro del Interior y Seguridad Pública y la ministra de Obras Públicas en la Sala, porque en la Región de Coquimbo y en varias provincias de otras regiones está en vigencia el decreto de Zona de Catástrofe, que establece que luego de seis meses de aplicado en las regiones es deber de los ministros concurrir al Congreso Nacional para dar cuenta de las medidas que se han adoptado frente a esa situación.
(Aplausos en las tribunas)
Lo que hoy queremos es que los ministros -a través del ministro de Agricultura - nos den cuenta qué se ha hecho en favor de la Región de Coquimbo, donde desde agosto de 2012, en diez de las quince comunas que la integran está en plena aplicación el decreto de Zona de Catástrofe, el cual contiene una disposición que obliga a los ministros a concurrir al Congreso Nacional a dar cuenta sobre las medidas adoptadas.
Por lo que he sabido, en nuestra región se ha hecho poco o nada. La ayuda no llega a las comunidades, a los pequeños agricultores y a los crianceros en la forma que se requiere.
(Aplausos en las tribunas)
Pongo como ejemplo el bono de los cien mil pesos para los crianceros. En las tribunas se encuentran crianceros de la zona del Choapa -a quienes saludo con un gran abrazo-, los que están sufriendo hoy, en carne y hueso, el problema de la sequía.
¿Cuánta ayuda ha significado el bono de 100 mil pesos para comprar fardos de pasto? Tuve en mi poder una boleta que el Indap le exige a los crianceros, a los pequeños agricultores, quienes tienen que comprar con IVA. Con los 100 mil pesos que recibieron, pudieron comprar quince fardos de pasto, a 7 mil pesos cada uno, lo que suma un total de 105 mil pesos; además, tuvieron que pagar un IVA de más de 19 mil pesos, lo que les dio un total de 125 mil pesos, lo que demuestra que tuvieron que sacar de su bolsillo 25 mil pesos.
Tal como lo señaló el diputado señor Walker , ¿qué ayuda real es esa? Los crianceros y los pequeños agricultores deben gastar 10 mil pesos diarios para trasladarse de sus comunidades a las capitales provinciales, a lo cual se debe adicionar el pago de un flete para que les lleven los fardos de pasto a sus comunidades respectivas.
Entonces -por su intermedio, señor Presidente -, quiero reiterar la consulta al ministro de Agricultura , en el sentido de qué tipo de ayuda es esa: cero. El ministro puede decir que no hay plata. Claro que es así, porque aunque el decreto de Zona de Catástrofe faculta al gobierno para echar mano al 2 por ciento constitucional del monto de los gastos que autorice la ley de Presupuestos, no lo ha hecho.
El delegado presidencial en este caso, el subsecretario del Interior -que también debería estar presente en la Sala-, fue designado para enfrentar el problema de la sequía. Quiero recomendar a las regiones de Valparaíso y del Libertador General Bernardo O´Higgins que no lo inviten como delegado presidencial, porque respecto de la Región de Coquimbo ha sido sumamente ineficiente.
(Aplausos en las tribunas)
El subsecretario del Interior ostenta un alto cargo y no puede estar en la contingencia diaria relacionada con el problema de la sequía, debe haber una persona de la región a cargo del problema.
No entendemos por qué no se ha echado mano a todas las facultades que entrega el decreto de Zona de Catástrofe. Hoy el gobierno regional está aportando parte de sus platas para implementar medidas paliativas que permitan enfrentar la sequía.
Por otra parte, la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía -de la cual soy Presidenta - sesionó en la Región de Coquimbo en marzo de este año, ocasión en la que acordamos el envío de siete oficios: al ministro de Agricultura -que no nos ha contestado-; al entonces ministro de Obras Públicas -tampoco lo ha hecho-; al intendente de Coquimbo -que no ha respondido-, etcétera.
¿Cuál era el objetivo que perseguíamos con la Comisión que sesionó en Coquimbo y a la que asistieron más de sesenta dirigentes de todo el sector rural de la zona, entre otros, campesinos y agricultores de la Sociedad Agrícola del Norte? Tomar en cuenta el planteamiento concreto que se hizo en esos momentos, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna. Recién hoy recibí la respuesta de la Dirección General de Aguas, organismo al que solicitamos que no pusiera en vigencia la resolución 2455, que entrega derechos provisionales de aguas en cuencas que están agotadas. Aquí no solo estamos ante el problema de la lluvia que no cae, sino ante una dificultad de gestión del agua, sustentado por el mercado, donde hay una serie de personas que tienen en su poder todos los derechos de aprovechamiento del agua. Las cuencas están agotadas, se han entregado todos los derechos de agua, y, más encima, la DGA establece resoluciones que permiten que, de acuerdo con una fórmula matemática, hay un residual de agua en las cuencas y que, pese a que están agotadas, se pueden entregar derechos provisionales de agua.
Entonces, hay algo que está funcionando mal en todos los aspectos, no solo en lo que respecta a la llegada del agua solamente para el consumo humano, recurso del cual no disponemos. De hecho, hace mucho tiempo que en el valle Quilimarí se secó el embalse Culimo , porque ahí las grandes empresas han robado agua como malos de la cabeza. Debido a esa situación, en pleno Siglo XXI, a toda la comunidad de Quilimarí la están surtiendo de agua a través de camiones aljibe. Entonces, además de que no llueve, también hay un sistema de gestión del agua sustentado en el mercado que tocó fondo.
Por eso, es imperioso que el Ejecutivo le ponga urgencia al proyecto de ley de reforma constitucional para que el agua sea un bien nacional de uso público, y evitar así que los derechos de aprovechamiento de aguas se sigan acumulando en muy pocas manos.
Esa es una situación que deberemos enfrentar en todas las regiones. De hecho, el diputado señor Enrique Jaramillo , cuyo distrito se encuentra ubicado en la Región de Los Ríos, me ha señalado que incluso allí se está discutiendo la necesidad de construir embalses. También está faltando el agua en la Región de La Araucanía, así como en el resto de las regiones del país.
A lo mejor, el bombardeo de nubes y la entrega de geomembranas son buenas medidas, pero la construcción de una carretera hídrica es una ilusión. Cabe preguntarnos por qué no nos ponemos a trabajar como país en la búsqueda de una solución de fondo, la cual, por supuesto, debe pasar por una modificación normativa, puesto que se debe cambiar la legislación sobre la materia y establecer que el agua es un bien nacional de uso público. Asimismo, en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía debemos aprobar un proyecto que disponga la existencia de prioridades en el uso del agua. Chile es el único país del mundo que no tiene prioridades en el uso del agua, y ante una situación de emergencia y de catástrofe, como la que hoy nos afecta, el Estado no dispone de la facultad para disponer que la poca cantidad de agua que queda se destine, primero, al consumo humano y, luego, a actividades productivas. Estamos sumamente atrasados en ese sentido.
No es el momento de preguntarse qué hubiera pasado si se hubiera invertido hace cuatro años en materia hídrica, ni señalar que la Concertación, durante los veinte años que estuvo en el gobierno, es la culpable de la situación de escasez hídrica en la que nos encontramos. Si es por eso, yo debería echarle la culpa a Pedro de Valdivia, porque desde 1555 que hemos tenido períodos de sequías drásticas, es decir, desde hace más de 400 años, y ningún gobierno ha sido capaz de enfrentar esa situación de manera permanente, como un problema de Estado.
Entonces, no es el momento para venir a sacar pequeñitas ganancias políticas, porque, en verdad, desde la época de Pedro de Valdivia y de Bernardo O´Higgins que no hay preocupación por el agua, pese a la sequía drástica que hemos tenido.
Quiero que tomemos un acuerdo solemne. Por su intermedio, señor Presidente , le pregunto al ministro de Agricultura si llegará ayuda a la Región de Coquimbo y a las otras regiones afectadas. ¿Llegarán los 10.000 millones de pesos, plata fresca que está en Santiago? La centralización nos tiene ahogados. El intendente no tiene facultades para tomar decisiones, porque todas se adoptan en Santiago. En verdad, estamos en un callejón sin salida.
Me gustaría que el ministro de Agricultura , el ministro del Interior y los otros ministros competentes en esta área nos digan cuántas de las solicitudes que han hecho los alcaldes a la Onemi, al Indap, a la Comisión Nacional de Riego, etcétera -son muchas- se han cumplido. Por ejemplo, se solicitaron canastas familiares. El año pasado, el alcalde de Monte Patria , don Juan Carlos Castillo , pidió 2.030 canastas familiares. Le han llegado 364. Me parece que hay poca seriedad en las respuestas que se nos dan y poca seriedad para asumir el gran drama que estamos viviendo. Y la ausencia del ministro del Interior y de la ministra de Obras Públicas en esta sesión nos demuestra que hay cero interés en buscar aquí, Gobierno y Parlamento, una solución real, seria y responsable a la situación de la sequía.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, su señoría.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , este es un tema tremendamente importante, no solo para las comunas y regiones afectadas, sino para todo el país. Si bien es cierto que no han concurrido algunos de los ministros convocados, tampoco es posible que en la Sala se encuentren presentes solo veinte parlamentarios. Por ello, por respeto a la gente que nos acompaña en las tribunas, que ha venido desde tan lejos, pido que aplique el artículo 76 del Reglamento y convoque a los colegas a hacerse presentes en la Sala.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se aplicará el Reglamento en los términos señalados por el diputado Marinovic.
Se suspende la sesión por cinco minutos para llamar a las señoras diputadas y a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ELUCHANS (Presidente).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING .- Señor Presidente , a diferencia de las intervenciones de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, quiero hacer una pequeña reflexión, que tal vez tenga más de filosófica que de práctica.
La situación del agua tiene que ver directamente con los problemas de la supervivencia, de la proyección y de la realización del destino de nuestra especie. Necesitamos el agua para el consumo humano, para el desarrollo de nuestras industrias, para la agricultura, sin la cual no nos alimentamos; para la minería, para la producción de energía, para la producción de celulosa, etcétera. Existen problemas globales graves en relación con la disponibilidad de este bien esencial para la vida y la realización del ser humano, debido al cambio climático y al aumento de la desertificación. En consecuencia, es necesario racionalizar y priorizar su uso.
Esta situación nos lleva, inevitablemente, a buscar una solución, que no es pedir, como ha ocurrido desde la bancada de enfrente, un camioncito para San Pedro o unas migajas a través del Indap -como la condonación de pequeñas deudas-, paliativos que no entran al problema de fondo: un bien nacional de uso público, que pertenece a todos los chilenos, ha sido convertido en concesiones, que, a su vez, se han convertido en derechos adquiridos, que finalmente se transforman en propiedad privada. Si queremos entrar al fondo del asunto y solucionar este problema debemos abordar un cambio constitucional que restituya la propiedad del agua a todos los chilenos.
En la provincia de Quillota y de Marga Marga tenemos a 5.000 pequeños y medianos agricultores afectados, el 80 por ciento de los cuales posee menos de 5 hectáreas de riego básico. Las pérdidas a nivel de empleo bordean los 20 mil puestos de trabajo anuales; las pérdidas económicas bordean los 300 millones de dólares anuales.
Quiero informar que el caudal del Aconcagua, en el inicio de la tercera sección, recibe 1 metro cúbico por segundo, aproximadamente, mientras que en la primera y segunda secciones -quienes las aprovechan se han opuesto a toda medida racionalizadora y a toda medida de acumulación y reserva de agua para tiempos de “vacas flacas”- disponen de 30 metros cúbicos por segundo.
El Gobierno ha promovido la clásica solución del pensamiento de Derecha: que los privados se autorregulen. Esta medida se adoptó en noviembre de 2011 en las cuatro secciones del Aconcagua, avalada por el Ministerio de Obras Públicas. La primera y segunda secciones se comprometieron a entregar 36 horas de agua semanales a la tercera y cuarta secciones. En diciembre, la junta de vigilancia de la tercera sección denuncia el reiterado incumplimiento del acuerdo por parte de la primera y segunda secciones. La autorregulación, señor ministro , no funciona. ¡Intervengan! ¡Háganse cargo de que están gobernando el país y no estén de contempladores!
Julio de 2012 fue el mes más seco de los últimos diez años. En diciembre de ese año se firmó otro acuerdo de autorregulación entre los regantes. La junta de vigilancia de la tercera sección denunció su incumplimiento reiterado. La Dirección General de Aguas afirmó que el acuerdo se cumplió en un 95 por ciento, lo que fue públicamente desmentido por representantes de los pequeños y medianos agricultores de las provincias de Quillota y de Marga Marga. Para empeorar la situación y sembrar aún más inquietud entre los pequeños y medianos agricultores, en enero de 2013, Codelco anuncia el proyecto de expansión de la minera Andina, el cual requerirá nuevos recursos hídricos.
Como veo que la diputada Denise Pascal consumió prácticamente todo el tiempo de la bancada Socialista, quiero concluir expresando que mientras en la Cuarta Región se han construido embalses para acopiar 1.325 millones de metros cúbicos de agua -menciono Recoleta , La Laguna, Cogotí, La Paloma, Puclaro , Corral , El Batro y Culimo -, y que, además, tiene aprobado la construcción del embalse Valle Hermoso, con otros 20 millones de metros cúbicos, la Región de Valparaíso solo tiene 87 millones de metros cúbicos, gracias a que habría un embalse en Chacarillas que aportaría otros 27 millones de metros cúbicos. Ésa es la realidad de la Quinta Región.
Por ello, le pido al ministro Agricultura -es el único que está presente en la Sala- que tome cartas en el asunto y que deje de hacer diagnósticos y de limitarse a contemplar la situación.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra al diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , después de escuchar los discursos que se han pronunciado, se puede concluir que el problema de la sequía se repite en todas las regiones. Lo conversaba recién con el diputado León , con quien representamos a la Región del Maule .
Quiero hacer un llamado al Gobierno, en particular, al Presidente Piñera . Más allá de la política, éste es un problema de todos. Así como en algún minuto hemos dicho que el salario mínimo afecta a todos los ciudadanos y que una reforma tributaria debe ser integral, una política pública sobre lo que está sucediendo en el agro debe estar por encima de las diferencias políticas existentes. De hecho, se han presentado varios proyectos de acuerdo, firmados por diputados de los distintos sectores políticos. La Región del Maule que sí tiene, normalmente, mucha agua, hoy está con el 18 por ciento de su capacidad: de 1.400 millones de metros cúbicos, hoy apenas supera los 200 millones. Es decir, se ha superado el límite de emergencia.
En nuestro caso, lo que nos queda es intervenir las aguas. Hemos solicitado, a través del Ministerio del Interior -lamentamos que no esté presente el ministro -, la dictación de un decreto presidencial para que el director de Obras Hidráulicas , que es funcionario de gobierno y que está imbuido del problema, pueda manejar la distribución del vital elemento. Obviamente, entre lo agrícola, lo industrial y el consumo humano, las discusiones comienzan a subir de tono.
Por lo tanto, en primer lugar, hay que descentralizar el asunto. Tal vez, las autoridades de Santiago no tienen tiempo, no le dan la importancia que amerita el problema o no tienen los conocimientos regionales requeridos para poder tomar decisiones. Necesitamos una política que descentralice, por lo menos, mientras estemos en emergencia, el uso de nuestras aguas. Podría ser el gobernador, una persona ad hoc, el director de Obras Hidráulicas ; es decir, alguien de la región que sea interlocutor válido porque, además, hay que considerar a los industriales, a los productores agrícolas, grandes, pequeños y medianos, y también el consumo humano. Asimismo, se debe conversar con los alcaldes que, por lo demás, no tienen recursos. El problema se agrava cuando los pronósticos que nos han dado en forma seria indican que el próximo año lloverá un poquito más, pero no lo suficiente. Es decir, la demanda es y seguirá siendo mucho mayor que la oferta.
Entonces, ¿qué necesitamos? Una política pública integral, implementada en conjunto con el gobierno regional. En el caso de la Región del Maule se ha hablado del bombardeo de nubes. El gobierno regional tiene algunos recursos para ello y se está conversando con los privados; tenemos grandes empresas eléctricas, como Colbún y Endesa , a las cuales les cuesta mucho aportar 100 o 200 millones de pesos, a pesar de que se los ganan en un día. Pero no tenemos posibilidades de efectuar bombardeos porque no se pueden hacer en los valles, sino en la cordillera, donde hay agua nieve, con la cual se pueden llenar los embalses. Además, en la zona no hay ingenieros hidráulicos ni técnicos especialistas; es decir, hay que destinar más recursos. En esto, el Indap puede llevar a cabo una labor importantísima, desde programar la capacitación de los pequeños agricultores, hasta condonar las deudas que no puedan pagar.
También se ha hablado de la recuperación de tranques, como un recurso alternativo; pero, hay que hacerlo ya. Estoy de acuerdo con algunas medidas de parche, pero hay que llevarlas a cabo pronto porque, de lo contrario -éste es un problema que me asusta, después de haber trabajado en una época en el sector eléctrico-, me da la impresión de que, de continuar la sequía, por lo menos en mi región, nos estaremos aproximando a un racionamiento eléctrico, y eso sí que es terrible, porque estaríamos pasando de un problema de seguridad ciudadana a otro tipo de acción.
Por lo tanto, me gustaría conocer la opinión del ministro de Energía para saber cómo proyecta el trasvase de energía del Sistema Interconectado Central y del Sistema Interconectado del Norte Grande , a través del país, porque en algunas zonas podríamos llegar, en junio o julio, a un racionamiento. A lo mejor, sería bueno que ocurriera en época de elecciones; como no habrá primarias parlamentarias, la luz podría cortarse durante las primarias presidenciales; entonces, la gente tendría que votar con una linternita, solita, en la cabina secreta. Tal vez, sería interesante.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Tiempo, señor diputado .
El señor LORENZINI.- Termino, señor Presidente .
En ese sentido, ojalá podamos hacer algo en conjunto y en forma rápida, porque las regiones lo están pidiendo. Descentralicemos. Como decía la diputada Adriana Muñoz , no falta plata. Lo único que sobra en este gobierno y en este minuto es plata. Entonces, llevemos esa plata a las regiones para salvar a nuestros pequeños agricultores.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , el análisis que estamos haciendo en esta oportunidad es recurrente y, por cierto, va en franca progresión. De ahí su importancia, no como una instancia para hacer de él una crítica política al Gobierno o una defensa a ultranza del mismo, sino como una posibilidad de profundizar en el tema y, sobre todo -es lo que interesa finalmente-, sacar conclusiones de fondo respecto de una problemática que, lamentablemente, llegó para quedarse. Así, se pueden aplicar políticas públicas atingentes a las necesidades de cada región, de acuerdo a sus características particulares.
En este contexto y focalizando la situación en las comunas de la provincia de Ñuble, que represento, las lluvias de los últimos días vinieron a ser una muy buena noticia para todos, especialmente para nuestros agricultores, que se encuentran en la etapa crucial de preparación del suelo para la temporada venidera e, incluso, para la siembra de empastadas.
Como dije, fue una muy buena noticia, aunque no resuelve el problema de fondo. Estamos en presencia de un año seco, porque no se registraban precipitaciones desde el 11 de abril. Según la Dirección Meteorológica, Chillán presenta un déficit de lluvias de 56 por ciento. Lo acumulado a la fecha suma 57,7 milímetros, en circunstancias de que en un año normal se acumulan 130,4 milímetros. Comparativamente, el año pasado, a igual fecha, ya habían caído 130,1 milímetros de agua. Señalo esto para reflejar la necesidad de que el Estado actúe con mayor celeridad. Reconozco que se han hecho gestiones y que existen medidas concretas, pero falta generar políticas públicas. Espero que este, mi gobierno, las profundice en el tiempo que le queda.
Es esencial avanzar en la gestión del agua, en el sentido de optimizar su uso, a través de mecanismos como la aspersión y el goteo, y de profundizar en forma urgente la descentralización de la administración del recurso hídrico, a través de la construcción de embalses y, esencialmente, de acumuladores. Hay anuncios de estudios de prefactibilidad de embalses en diferentes comunas de la provincia, lo que está muy bien, pero su construcción requiere mucho tiempo, lo que hace imperioso explorar otras alternativas. Por eso, considero esenciales los acumuladores, que son más rápidos y permiten, por ejemplo, aprovechar las aguas lluvia que, aunque escasas, todavía caen en zonas como la nuestra.
Asimismo, se ha anunciado apoyo a la constitución de juntas de vigilancia, lo que también es correcto; sin embargo, se debería incorporar en su administración a ingenieros hidráulicos, lo que significaría mayor capacidad técnica y profesionalización de su labor de administrar eficientemente el recurso.
Es importante avanzar también en intensificar la política de profundización de los pozos existentes y de los estudios hidrogeológicos en busca de cursos de agua y el diseño del proyecto respectivo, incorporando nuevas tecnologías para la infiltración en las napas subterráneas, lo que es vital para el sector rural, domiciliario y para los establecimientos educacionales y de salud.
No se puede perder de vista la importancia de iniciar un proceso de adecuación de los cultivos existentes a especies que necesiten un nivel inferior de aguas, y hacer lo propio con el sistema de riego. Nuestros agricultores deben conocer las características de los cultivos y avanzar en esa línea, lo que implica que los organismos del Estado lleven a cabo acciones consistentes. Por otro lado, se debe avanzar también hacia un sistema de riego por goteo, que para nuestros pequeños y medianos productores agrícolas es caro. Aquí el actuar del Estado es clave, pues, de lo contrario, vamos a tener consecuencias sociales que nadie desea.
En definitiva, estos puntos que he señalado van en la línea de generar una política nacional que enfrente esta situación y en la que es fundamental el aporte público, privado e, incluso, de las universidades, especialmente de aquellas de reconocido prestigio en el ámbito agropecuario y de la ingeniería.
Este es el momento de dejar atrás los diagnósticos y enfrentar, desde todos los ámbitos, esta problemática que, como dije, llegó para quedarse.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , el tema que nos convoca hoy no está circunscrito al calentamiento global, sino más bien a hechos y decisiones concretas de personas, organizaciones, empresas y autoridades que, actuando o no en contravención al ordenamiento vigente, contribuyen a dificultar el aprovechamiento del agua, con lo cual propician la sequía. Es decir, no solo hay falta de agua, sino también abuso en el ejercicio de los derechos otorgados. Así las cosas, la sequía se puede atribuir no solo a factores climáticos, sino también a abusos derivados de los derechos que ofrece el propio ordenamiento jurídico.
En nuestro país se han multiplicado las denuncias relacionadas con la apropiación indebida de las aguas continentales y han surgido una serie de conflictos donde se exige el acceso a este vital elemento. Entre otras problemáticas se destaca la destrucción de glaciares, napas subterráneas y contaminación del agua por parte de empresas mineras multinacionales; la compra de derechos de aguas por parte de grandes agroexportadoras en desmedro de las comunidades rurales y de los campesinos. En las zonas urbanas los cortes de agua y los cobros excesivos por parte de las empresas sanitarias constituyen un abuso que no tiene ninguna justificación. En el plano de la generación energética todos sabemos que el 90 por ciento de los derechos de uso de agua están en manos de Endesa, una corporación de propiedad extranjera.
El origen de esta injusta distribución y el uso de los recursos hídricos del país se encuentran en los preceptos legales que estableció la llamada Constitución de la libertad, la Constitución de 1980, así como en la normativa que contiene el actual Código de Aguas. El numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política señala: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;”. Es importante destacar que estos derechos de propiedad sobre el agua son transables en el mercado y, además, son entregados a perpetuidad a quienes usufructúan de ellos, por lo que son heredables. La normativa vigente tampoco establece su caducidad si ellos son mal utilizados o no se explotan, generándose la paradoja de que una comunidad puede necesitar agua para su subsistencia y ella estar disponible, pero el propietario puede negar su uso. Finalmente, el recurso termina en manos privadas.
¿Tiene esto algo que ver con la sequía? Por cierto que sí. Debido a que el agua es esencial para la existencia de cualquier tipo de vida y tiene un rol preponderante en muchas actividades esenciales de los seres humanos, el acceso a su aprovechamiento se ha convertido en un derecho fundamental. Es más, el Consejo de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas ha demandado el cumplimiento del mandato de la Asamblea General y ha llamado a los gobiernos a concretar el derecho humano al agua, como principio universal. Por ello, nos parece urgente nacionalizarla.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , tengo solo algunos minutos y en ellos quiero destacar que el déficit hídrico es una realidad que ha sido diagnosticada, anunciada y prevista a través de la implementación de diversas medidas por el Gobierno para amortiguar esta situación que ocurre en todo el país.
En la Sexta Región hay 33 comunas, de las cuales 22 fueron declaradas por el Ministerio en emergencia agrícola por déficit hídrico. En consecuencia, lo que uno puede observar es que, efectivamente, en materia de diagnóstico, tal como lo decía el diputado Schilling , el Gobierno ha sido certero, tarea que le ha correspondido al Ministerio de Agricultura. Evidentemente, el impacto que más nos preocupa se relaciona con aquellos que utilizan un porcentaje mayor de aguas destinadas al riego, lo que impacta y afecta a miles y miles de familias chilenas.
La reacción frente a esta situación ha sido débil. Quiero destacar el hecho de que hoy, una vez más, al ministro de Agricultura se lo deja solo aquí en la Sala, como Toribio el Náufrago. Todos sabemos que no está al alcance del Ministerio de Agricultura aplicar las medidas que puedan, efectivamente, enfrentar con éxito esta gravísima situación de sequía que afecta al país. Lamento la ausencia de otros ministros, en particular de la ministra de Obras Públicas , porque de acuerdo a lo que hemos escuchado en diversas intervenciones lo que se requiere es una política mediante la cual distintos ministerios concurran con soluciones, algunas de corto plazo y otras, inevitablemente, de mediano y largo plazo.
En materia de ley, el trabajo realizado hasta la fecha en la Cámara de Diputados apunta a dejar sin efecto el numeral 24° del artículo N° 19 de la Constitución Política de la República de 1980, con el objetivo de reformular el régimen jurídico de la propiedad del agua y recuperar de manera eficiente y cierta el dominio de carácter público sobre ella. Me parece que no es razonable que recibamos solo una explicación de aquellos que por responsabilidades del Ministerio de Agricultura no están en condiciones de responder a la gravedad de esta situación en distintas regiones del país.
Reitero lo señalado por el diputado Lorenzini y abogo porque el Presidente de la República asuma directamente la importancia que la situación amerita, la que no tiene ninguna posibilidad de solución si el Ministerio de Hacienda no destina recursos y los ministerios de Economía, Obras Públicas y Agricultura no ejercen una acción eficaz. Eso me parece que debiera ser un acuerdo formal de esta Sala, porque no creo que el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, aquí presente, o el propio ministro de Agricultura , por mucha voluntad que demuestren, puedan resolver una situación que obliga a una acción integral del Gobierno.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gaspar Rivas.
El señor RIVAS.- Señor Presidente , también quiero lamentar la ausencia de la ministra de Obras Públicas , señora Loreto Silva . Me habría gustado que estuviera aquí, porque lo que voy a expresar se relaciona con su ministerio.
Todos sabemos lo que es la solidaridad: darle un poco al que no tiene de parte de aquel que tiene un poco más. Pero, desgraciadamente, en la zona del valle de Aconcagua, en las provincias de Los Andes y San Felipe , la consigna de la solidaridad se resume en “desvestir a un santo para vestir a otro”. En Curimón y en Panquehue tenemos un total de cuarenta pozos, a través de los cuales el Ministerio de Obras Públicas se está llevando el agua a la provincia de Quillota.
Nosotros no tenemos problema con ser solidarios. El asunto es que las napas de los sectores de Curimón, Panquehue , Parrasía y Plaza de Armas de San Felipe se están secando; ya no tenemos agua. En verdad, es un problema bastante grave. Necesitamos una respuesta de parte del Ministerio de Obras Públicas. Por eso, lamento la ausencia de la ministra.
Se me ha informado que el subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla , fue designado por el Presidente Sebastián Piñera como delegado presidencial para enfrentar la sequía en la Región de Valparaíso. Espero que ahora tengamos una política real de puertas abiertas -no como la que hemos tenido hasta el momento con la ministra, lamentablemente- y que podamos conversar, porque el tema del agua es tremendamente grave en el valle del Aconcagua.
Queremos ser solidarios, pero no deseamos que esta situación convierta al valle de un vergel verde en un desierto, debido a que se están llevando el agua a otro sector.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Agricultura, don Luis Mayol.
El señor MAYOL ( ministro de Agricultura ).- Señor Presidente , desgraciadamente, me acaban de informar que dispongo solo de diez minutos para intervenir. Me había hecho la ilusión de que tendría más tiempo para contestar todas las preguntas que se me han formulado.
Parto reconociendo y compadeciendo a la gente que está sufriendo la sequía. Me ha tocado recorrer gran parte del país, he estado varias veces en la Región de Coquimbo y he visto el drama que existe en ese lugar. Es impresionante la sensación que se genera cuando los agricultores no tenemos agua. Al respecto, hace un año y medio -cuando yo recién había asumido-, el gobierno del Presidente Piñera entregó instrucciones a dos ministerios para abordar el problema hídrico del país. Ello, porque el cambio climático es un hecho que viene a quedarse, y en atención a que hace muchas décadas que no se llevan a efecto políticas hídricas. Por eso, nos encontramos en la situación de no poder enfrentar la actual sequía.
De hecho, en los últimos treinta años jamás se realizó un catastro de la existencia de agua en las respectivas cuencas. Por ello, por ejemplo, en el valle de Copiapó, en La Serena, en Petorca y en La Ligua se otorgaron cinco veces más derechos que la capacidad de recarga que tenía el acuífero. Si a eso le sumamos que en el valle de Petorca hace diez años había una plantación de 2.500 hectáreas de paltos y hoy existen 12.500 hectáreas, es obvio que se produce un déficit de esa naturaleza. Por eso, se tuvieron que cortar 3.000 hectáreas de paltos en el valle de Petorca.
Ahora bien, sabemos que en Copiapó ocurrió lo mismo, con el agregado de la explotación de agua de las mineras, que es un uso distinto del que realiza la agricultura. Estamos conscientes de que la utilización del agua que hace la agricultura no es continuo, sino en algunas épocas del año y cuando realmente se necesita. En cambio, el consumo minero es mucho más permanente en el tiempo y en el año. El valle de Copiapó cuenta con un acuífero que no se ha secado. Sabemos que a mayor profundidad existe agua. Algunos estudios así lo han determinado.
El programa hídrico o la estrategia hídrica que se dio a conocer hace veinte días establece la construcción de quince embalses -se encuentran todos en etapa de diseño- de aquí al año 2020. De esos quince embalses, cuatro se han iniciado o se iniciarán en este Gobierno. Estoy hablando de Chacrillas, en la Región de Valparaíso; Valle Hermoso, en la Región de, Coquimbo, Chironta, en la Región de Arica y Parinacota, y Punilla, en la Región del Biobío.
Para tener una dimensión de lo que estamos hablando, quiero destacar que Punilla, que estaba en estudio desde hace sesenta años, se empieza a construir durante este Gobierno, y con un costo de 600 millones de dólares.
Estas son las grandes obras. Después tenemos inversiones medianas, que pasan por la infiltración de napas subterráneas. Como se ha dicho varias veces acá, esta técnica consiste en recargar los acuíferos, que son verdaderos embalses que nos dio la naturaleza. Hoy, están dimensionados, la cantidad de agua que tienen y cómo se recargan.
Para poner esto en perspectiva, un metro cúbico que se acumula en un embalse superficial cuesta alrededor de 1.000 pesos; infiltrado, costaría entre 30 y 50 pesos.
Se han comenzado cuatro proyectos de infiltración, uno de ellos en el valle del Aconcagua, en Curimón. Se comenzó en enero para recargar el acuífero.
Aprovecho de comentar que en Curimón, hay cincuenta y dos pozos, no cuarenta, y que en este momento se está haciendo un canal, paralelo al río, de cuarenta kilómetros, cuya agua pasará directamente a la tercera sección del río Aconcagua. De esos cuarenta kilómetros, veinticinco ya están construidos. Así es como vamos dando soluciones a un problema bastante grave.
También está por comenzar la infiltración de las napas subterráneas del río Copiapó y de Marchigüe, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Esos proyectos ya están comenzando a funcionar con éxito.
Se mencionó aquí que el 80 por ciento del agua se pierde en el mar. Si lográramos aprovechar solo el 50 por ciento del agua que se pierde, podríamos regar 5.200.000 hectáreas más de las que se riegan en la actualidad. Hoy regamos 1.200.000 hectáreas.
Naturalmente, estas obras deben realizarse entre el sector público y el privado. Este último las hará en la medida en que tenga certeza jurídica de que podrá aprovechar en el tiempo la inversión que haga.
Deseo hacerme cargo de algo que se mencionó.
El artículo 595 del Código Civil establece: “Todas las aguas son bienes nacionales de uso público”. Y el artículo 5° del Código de Aguas dice: “Las aguas son bienes nacionales de uso público”. Por su parte, se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”. Eso significa que cuando hay escasez en ciertas cuencas es porque no se hizo un catastro ni se midió el agua que había, y la autoridad del momento otorgó más derechos de aprovechamiento que el agua que existía. Ese es el problema.
Soy un convencido de que quienes mejor fiscalizan y controlan el agua son los usuarios, quienes tienen derechos de aprovechamiento del agua, y no la autoridad, porque esta no tendrá los fiscalizadores suficientes y puede ocurrir que estos no sean idóneos. En suma siempre habrá un problema. Por eso, estamos promoviendo la constitución de asociaciones de regantes, de comunidades, de juntas de vigilancia.
A propósito de ello, puedo agregar que, por medio del Indap, 25 abogados se encuentran destinados a regularizar los títulos de agua. Se han regularizado 9.000 títulos de agua de pequeños propietarios del Indap. También podría señalar el número de comunidades constituidas, de manera que los usuarios sean los que administren el recurso.
Por otra parte, quiero expresar que una tercera etapa de la estrategia hídrica consiste en que la Comisión Nacional de Riego, cuyo secretario ejecutivo se encuentra a mi lado, disponga de recursos que antes no tenía. En 2009, el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego fue de 29.000 millones de pesos; el año pasado fue de 41.000 millones de pesos.
Si a ese monto se suman los recursos de los gobiernos regionales y los del Indap -en este último caso, 15.000, millones de pesos- administró 72.000 millones de pesos, los cuales permitieron tecnificar 60.000 hectáreas de riego y, por ejemplo, revestir 733 kilómetros de canales. Esas son obras comprobables, se pueden chequear.
En la Séptima Región del Maule, por ejemplo, se limpiaron 47 embalses o tranques pequeños, lo cual le consta a los diputados de la zona. Así, hemos ido construyendo. Desgraciadamente, esto no se podrá arreglar en uno o dos años; es una política de Estado que debemos asumir todos. A eso estamos destinando más y más recursos.
También se habló del bombardeo de nubes. Se trata de un proyecto que iniciamos, en enero del año pasado. Había muchos escépticos, pero es algo que se realizó en Copiapó, en 1987 o 1988, con resultados. Lo hacen muchos países. Firmamos un acuerdo con el gobierno chino -este maneja el clima-, que nos ha asesorado. Iniciamos este proyecto en cuatro regiones: Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta. Lamentablemente, en la Tercera y en la Cuarta no hubo frentes de mal tiempo para bombardear. En la Cuarta a Región especialmente, este año esperamos hacerlo doble: aéreo y terrestre. Están instalados los quemadores o cañones en la superficie, y los aviones están en el aeropuerto de La Serena. Por lo tanto tenemos que esperar que exista un frente de mal tiempo. Lo mismo se hará en la Tercera Región.
En la Región de Valparaíso, del centro hacia la costa, el año pasado hubo un déficit de solo 4 por ciento gracias al bombardeo. Agrego que con ocasión de la lluvia de la semana pasada, se bombardeó en la zona de San Antonio y Casablanca, y en la de San Pedro, señora diputada -por intermedio del señor Presidente -, la lluvia alcanzó los 41.3 milímetros. En cambio en la Región Metropolitana, donde no se bombardeó, las precipitaciones fueron de 8.2 milímetros.
En la Sexta Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, el déficit fue de 8 milímetros, por cuanto hubo bombardeo de nubes aguas arriba del Cachapoal y del Tinguiririca. De hecho, el embalse Rapel es el único que está al ciento por ciento de su capacidad, gracias a la generación de nubes. Esto no es un invento nuestro; se hace en Estados Unidos de América, desde hace cincuenta años, y también en Australia y en China.
Desgraciadamente, me queda poco tiempo. Me quería extender, también, a los recursos que han destinado el Indap y la Comisión Nacional de Riego. Baste decir que en la Cuarta Región de Coquimbo, este año el Indap destinará 10.500 millones de pesos a 10.500 usuarios. En 2009, había 3.500 usuarios. Por su parte, la Comisión Nacional de Riego este año destinará 7.400 millones de pesos. Si a eso se suman los 5.000 mil millones de peso del gobierno regional, administrará alrededor de 12 mil millones de pesos. Solo en geomembranas llegaremos a alrededor de 300 kilómetros de revestimiento de canales.
Estas son las cosas que se están haciendo.
Pero la sequía no se reduce solo a estas regiones. Hace un mes -se lo digo al diputado Alinco, por intermedio del señor Presidente - estuve en el Lago Frío, provincia de Coyhaique, en la Undécima Región de Aysén, donde tendremos que desarrollar proyectos con la Comisión Nacional de Riego para llevar agua a los animales, situación que nunca antes había ocurrido.
Por eso, reitero que este es un problema de todos, que debemos enfrentar con una estrategia hídrica, con una mirada de mediano y largo plazo, de futuro.
Yo, que represento a los agricultores, les digo que una de las cosas que tenemos que hacer para invertir es tener la certeza jurídica de que podremos seguir utilizando el recurso en el tiempo. Nadie hará una plantación que demora tres o cuatro años, y que para estar en régimen tarda diez años, si no tiene la certeza jurídica de que podrá utilizar el recurso en el tiempo.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Felipe Martin.
El señor MARTIN (secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego).- Señor Presidente , quiero ahondar respecto de las cuestiones que estamos desarrollando, sobre todo en la Cuarta Región de Coquimbo, que enfrenta una de las situaciones más críticas, pero que, en este momento, es un ejemplo en materia de infraestructura a nivel nacional, pues cuenta con un sistema de embalse muy potente. El 25 por ciento de los recursos embalsados a nivel nacional están en dicha región.
Lamentablemente -hay que decirlo de manera clara-, esa región ha enfrentado ocho años de sequía. Así, no hay sistema que aguante. Si a eso sumamos que la región debe seguir creciendo, a futuro no habrá sistema que aguante si no mejoramos la infraestructura de baipás o sistemas buffers. Cuando hacemos un edificio, hablamos de un sistema de tuberías hacia arriba, con varios medios de bombeo que nos aseguran su buen funcionamiento. Sin embargo, si en el caso que nos ocupa fallan los sistemas de embalse, nunca más se produce en la región. Esto no puede ser; es falta de planificación.
Como dijo el ministro , aquí estamos trabajando en el largo plazo. Se elaboró una estrategia nacional de recursos hídricos, se diseñó un plan de embalse, se desarrolló un plan de infiltraciones, se introdujeron modificaciones a la ley -la iniciativa ya está en el Congreso Nacional, y esperamos que sea aprobada rápidamente-, se consideró el doble de presupuesto para la Ley de Riego y Desarrollo de Infraestructura. En suma, aquí hay un trabajo profesional.
Desgraciadamente, tenemos más de cincuenta años de atraso, y cuesta empezar a mover la rueda. Acá, con franqueza, faltó liderazgo. En este minuto, el Presidente Sebastián Piñera lo asumió.
En cuanto a los ejemplos más claros, hoy, en relación con la Cuarta Región de Coquimbo, hablamos de 7.400 millones de pesos, única y exclusivamente vía ley de riego. Eso corresponde, aproximadamente, a 25 por ciento más de lo que se tenía al iniciar esta administración.
Sumado a esto, tenemos 5.000 millones de pesos adicionales, 1.000 millones de pesos del Ministerio del Interior y 4.000 millones de pesos mediante concurso.
Nos dijeron que los concursos eran burocráticos; sin embargo, durante esta administración ha disminuido en 50 por ciento el tiempo de ejecución de los programas. Lo mismo ha ocurrido con los pagos. Por lo tanto, es importante que sepan que se ha realizado una muy buena gestión.
A lo anterior, debo agregar que en la región estamos estudiando el estero Derecho, el mejoramiento de los canales Bellavista y Villalón, y el mejoramiento del sistema de riego del Pan de Azúcar. Se están haciendo los diagnósticos del consumo que tendría una carretera hídrica para mejorar las condiciones de la Cuarta Región de Coquimbo. En este momento, si no hay embalses llenos, es la única alternativa para controlar el consumo humano.
También, debemos considerar la constitución de juntas de vigilancia, como las de Quilimarí y del Aconcagua, con información para la buena administración; el saneamiento, regularización y perfeccionamiento de títulos en la zona del Limarí; el fortalecimiento de la organización de usuarios de Illapel; la constitución de derechos de aprovechamiento del estero Derecho; el saneamiento y la regularización de derechos en el sector de Chalinga, en fin.
Todo esto se suma a los trabajos desarrollados por el Indap y otros servicios del Ministerio de Agricultura. Puede que falte, pero se está haciendo un trabajo profesional, de largo plazo, que se lleva a cabo de muy buena manera.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, se han presentado cuatro proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 870, del diputado señor Walker, de la diputada señora Muñoz, doña Adriana; del diputado señor Bertolino, de la diputada señora Molina, doña Andrea; de los diputados señores Lemus, Torres, de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, y de los diputados señores Schilling, Latorre y Silber, cuya parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República, Sebastián Pinera Echenique:
1. Facilitar la discusión en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados de los proyectos de reforma constitucional que modifican el artículo 19, numerales 23° y 24° de la Constitución Política de la República, y la reforma al Código de Aguas, y que tienen como idea matriz realizar las modificaciones pertinentes a la Constitución para así declarar el agua como un bien nacional de uso público y real. Ello, puesto que actualmente en la Constitución no se permite de manera efectiva considerar de esta manera al recurso hídrico.
2. Modernizar las políticas públicas que tratan la gestión del agua, estableciendo prioridades claras para el consumo humano y riego.
3. Se establezcan usos, prioridades y funciones que el Estado debe garantizar en relación con el uso del agua, caudales naturales, derechos de uso y aprovechamiento; normar y fiscalizar a los sectores productivos que hacen uso de este recurso: minería, agricultura, servicios hídricos, usos rurales y urbanos.
4. Considerar la opción de construir tranques acumuladores de agua en los sectores precordilleranos para lograr preservar con mayor efectividad las aguas de las precipitaciones.
5. Considerar una actualización, en el manual de riego, en situación de sequía para el presente año 2013, manual que considere la especial y crítica condición a la cual se han visto sometidos los agricultores, con especial hincapié en los que pertenecen a la zona norte de nuestro país.
6. Designar delegados presidenciales con dedicación exclusiva en la Región de Coquimbo y la provincia de Petorca, actualmente declaradas como zonas de catástrofe.
7. Garantizar, a través de la Onemi, la distribución del agua para consumo humano en las localidades rurales bajo situación de catástrofe o de emergencia agrícola.
8. Decretar la suspensión y condonación del cobro de impuesto territorial a los predios agrícolas bajo zona de catástrofe.
9. Decretar la condonación de las deudas de usuarios de Indap en comunas bajo zona de catástrofe, y buscar fórmulas para facilitar o condonar el pago de contribuciones de los agricultores no usuarios de Indap.
10. Focalizar la entrega de geomembranas para el revestimiento de canales a través de Onemi, de manera directa e incluyendo a pequeños campesinos.
11. Llevar a cabo los estudios que permitan visualizar la viabilidad de una política de Estado que promueva procesos de desalinización del agua y de concreción del proyecto denominado Carretera Hídrica.
12. Aumentar sustancialmente los recursos provenientes del Gobierno a nivel central, para ir en apoyo de agricultores, criadores, comunidades agrícolas y comités de agua potable rural.
13. Agilizar procesos de concursos de la Comisión Nacional de Riego, aumentando recursos para dichos proyectos.
14. Dar urgencia al proyecto de ley sobre el no cobro de recargo en “horas punta” de energía durante los meses de invierno para comunas bajo zona de catástrofe.
15. Aumentar los recursos dispuestos por Indap para financiar obras menores de riego.
16. Aumentar los recursos para que los bonos de mitigación se extiendan tanto a usuarios como a no usuarios del Indap.
17. Utilizar a cabalidad las facultades que otorga la declaración de zona de catástrofe, deteniendo todo remate en la zona y agilizando los procesos de adquisición de los bienes que conforman los programas de ayuda social y productiva.
18. Fortalecer el control de cuencas, suspendiendo en forma inmediata la entrega de derechos de aprovechamiento en zonas de protección o cuencas agotadas y anulando aquellos decretados irregularmente en años anteriores.
19. Perseverar en la fiscalización y sancionar drásticamente el uso irregular de aguas.
20. Considerar un programa de estimulación de nubes para el aumento de las precipitaciones en forma permanente por parte del Ministerio de Agricultura, en las zonas en que históricamente se está conviviendo con el estado de sequía.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , de acuerdo con el Reglamento, su señoría debe exigir a los colegas que se encuentran en la Sala, que se pronuncien sobre el proyecto de acuerdo. No puede ocurrir que varios no hayan votado.
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 871, de la diputada señora Molina, doña Andrea, y de los diputados señores Ulloa, Walker, De Urresti, Ward, Hasbún, Eluchans, Peréz, don José; Letelier y Bauer, cuya parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República, Sebastián Pinera Echeñique:
1. Que otorgue urgencia a los proyectos de reformas constitucionales y reformas al Código de Aguas que se encuentran en el Congreso y que buscan fortalecer el marco normativo que rige las aguas.
2. Que otorgue urgencia al proyecto de ley que actualmente está en la Comisión de Obras Públicas del Senado, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (boletín 8149-09). Este proyecto de ley, entre otros cambios, sanciona con mayor fuerza los delitos tipificados respecto a la extracción ilegal de aguas, perfecciona las herramientas de la Dirección General de Aguas permitiéndole contar con una adecuada administración de recursos hídricos y fomentar una efectiva operación y distribución óptima de los derechos de aprovechamiento de aguas.
3. Modernizar las políticas públicas respecto a la gestión del agua.
4. Designar un delegado especial y con dedicación exclusiva para la Región de Coquimbo y un delegado especial y con dedicación exclusiva para las provincias de Petorca y Ñuble, actualmente declaradas zonas de catástrofe, de modo que este delegado especial disponga de una atención exclusiva para su zona designada.
5. Decretar la suspensión y condonación del cobro del impuesto territorial a los predios agrícolas bajo zona de catástrofe.
6. Decretar la condonación de deudas de usuarios de Indap en comunas bajo zona de catástrofe.
7. Aumentar en forma sustantiva los recursos para ir en apoyo de los agricultores, criadores, comunidades agrícolas y comités de agua potable rural.
8. Aumentar los recursos dispuestos por Indap para financiar obras menores de riego.
9. Que los bonos de mitigación se extiendan a los no usuarios de Indap (pequeños y medianos agricultores).
10. Que se le otorguen mayores recursos a la Dirección General de Aguas y a la Dirección de Obras Hidráulicas para que puedan mejorar su gestión fiscalizadora, aumentando de tal forma el número de fiscalizadores por zona.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo Nº 872, de los diputados señores Martínez, Pérez, don José; Lorenzini, Meza, Verdugo, García, Jaramillo, de la diputada señorita Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Saffirio y Sauerbaum, cuya parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a S.E. el Presidente de la República que lidere una gran política nacional para enfrentar la sequía, aprovechando la gran cantidad de recursos hídricos que como país poseemos.
2. Proponer un sistema de autoabastecimiento de agua potable, de manera permanente y expedita, que asegure la existencia de este recurso en las viviendas y establecimientos de salud y educacionales del país.
3. Promover medidas tecnológicas para aprovechar al máximo los recursos hídricos de las regiones, como nuevas metodologías en la infiltración en las napas subterráneas, en el riego por goteo, o en el caso de los acumuladores de agua, que permiten incluso captar las aguas lluvia. Asimismo, se plantea contar con un número mayor de ingenieros hidráulicos en faenas que permitan lograr una mayor utilización del agua.
4. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Agricultura, así como a los servicios que de ellos dependen, que establezcan una debida coordinación para fomentar y llevar a cabo las medidas, incluyendo créditos, subsidios e iniciativas privadas o público-privadas, que permitan superar la crisis por falta de agua, que hoy sufren todos quienes viven o trabajan en el mundo rural.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votó por la negativa el diputado señor
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del último proyecto de acuerdo.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 873, de la diputada señora Molina, doña Andrea; de los diputados señores Eluchans, Godoy; de la diputada señora Sabat, doña Marcela; de los diputados señores Marinovic, Letelier; de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, y de los diputados señores Martínez, Calderón y Rivas, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar al Ministerio de Agricultura que continúe ejecutando las medidas que ha desarrollado a raíz de la sequía, procediendo con la mayor celeridad posible en la ayuda de los pequeños agricultores y de la población en general.
2. Solicitar al Ministerio del Interior, a través de la Onemi, y al Ministerio de Obras Públicas, que establezcan todas las medidas que sean necesarias para garantizar la disponibilidad del agua para el consumo humano, fortaleciendo principalmente los sistemas de Agua Potable Rural.
3. Solicitar al Ministerio de Agricultura que continúe ejecutando medidas de impermeabilización de estanques artesanales, entregando a los pequeños agricultores los medios físicos (geomembrana) y asesoría técnica para su rápida implementación.
4. Solicitar al Ministerio de Agricultura que aumente los fondos destinados a la rehabilitación de obras de acumulación, rehabilitación de canales y tecnificación intrapredial, así como también al programa de siembra de nubes.
5. Solicitar al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Obras Públicas que, en el marco de desarrollo de una política nacional de gestión del recurso hídrico de mediano y largo plazo, generen todas las condiciones para la construcción de embalses y obras de riego, que permitan dar estabilidad y garantía de provisión de agua para los agricultores de las zonas afectadas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votó por la negativa el diputado señor
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
NÁLISIS DE LA GRAVE SEQUÍA QUE AFECTA A VARIAS REGIONES Y DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Proyectos de acuerdo)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.42 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8573-13
Modifica Estatuto Orgánico de las Mutualidades de Empleadores.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Muñoz, doña Adriana y Pacheco, doña Clemira, y de los diputados señores Ascencio, Castro, Cornejo, Gutiérrez, don Hugo; Núñez, Robles y Silber.
Interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas. (boletín N° 8925-11)
Presentación
El proyecto de ley sobre interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas, es una iniciativa de Miles-Chile que tiene por objeto mejorar la actual situación de las mujeres chilenas, a quienes se castiga penalmente por interrumpir su embarazo, en cualquier circunstancia, sin que se medien excepciones justificadas para su realización. Es por ello que, como ciudadanas y ciudadanos, consideramos indispensable la legalización de la interrupción del embarazo, con tres causales específicas. Ellas son:
1. Patologías relevantes de la mujer que hagan peligrar su vida y salud;
2. Malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida extrauterina;
3. Por agresión sexual.
Para lograr una modificación de la actual legislación, aspiramos que el país reflexione y debata el tema para que, finalmente los y las parlamentarios/as se pronuncien, a través de una legislación que repare la actual situación.
PARTE I: DIÁGNOSTICO
1. Antecedentes
En nuestro país, el estado actual de la legislación sanitaria y penal restringe derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con lo cual desconoce la personalidad moral y la ciudadanía política de éstas, así como también, su capacidad de decisión en ámbitos que pertenecen a su intimidad y desarrollo personal. El hecho de forzar a una mujer a que culmine un embarazo que pone en riesgo su vida, supone atentar no solo contra su libertad, sino que también, contra su dignidad. Lo antes dicho es así porque, la penalización sin excepciones de la interrupción de un embarazo, genera no solo un impacto negativo en la salud de una mujer, sino que también en sus oportunidades y la planificación de sus planes e ideales de vida, con lo cual se afecta de modo grave el libre desarrollo de su personalidad.
Es por eso que en Chile urge una reglamentación sobre la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, la cual deberá focalizarse en resguardar derechos básicos de las mujeres, tales como: el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la salud y, de la misma manera, deberá apuntar al tratamiento igualitario de aquellas mujeres que se encuentran en situaciones sociales desaventajadas.
Actualmente, la legislación sanitaria, en lo referido a la interrupción legal del embarazo, difiere completamente de la que rigió en Chile durante gran parte del siglo XX (específicamente, 58 años). Hoy en día, el Código Sanitario del 15 de mayo de 1931, en su artículo 119, regula la interrupción del embarazo en los siguientes términos: “No podrá ejecutarse ninguna acción destinada a provocar el aborto”.
Tal redacción, data del año 15 de octubre de 1989, momento en el cual la dictadura militar eliminó por medio de la Ley Nº 18.826, la institución de la interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas.
Con esta modificación, la interrupción del embarazo quedó casi totalmente prohibida, ya que se morigeró únicamente por la aplicación de la tesis del doble efecto, cuya elaboración teórica corresponde a la teología moral católica. En aquel momento, se argumentó que los avances de la medicina hacían innecesario la realización de este tipo de intervenciones, lo cual, años después de esta modificación legal, continúa siendo un argumento cuestionable.
En efecto, autoras como Juana Sanhueza Romero, consideran que la actual redacción del artículo 119 del Código Sanitario no hace sino reiterar la existencia de una prohibición de interrumpir un embarazo, pero que, al mismo tiempo, se debe considerar que las normas penales que castigan la ejecución de un aborto, exigen causarlo “maliciosamente”, componente de la acción que, según dejó constancia la comisión redactora, falta en el médico cirujano que realiza un aborto con fines terapéuticos[1].
Desde un punto de vista de su legitimidad política, la derogación en Chile de la vigencia de la causal de interrupción no punible de un embarazo, bajo razones terapéuticas, a través de la modificación del artículo 119 del Código Sanitario, se produjo de forma arbitraria, dadas las deficiencias democráticas del proceso de reforma de la norma en cuestión.
Hasta el año 1989, el derecho penal chileno definía la interrupción no punible del embarazo por razones terapéuticas como “la terminación del embarazo antes de que el feto sea viable con el propósito de salvar la vida de la madre o salvaguardar su salud”[2]. La expresión “terapéutica,” buscaba resguardar la vida y/o salud de la mujer gestante. Esto significó que, desde el año 1931 hasta el año 1989 -aún bajo el imperio de la Constitución Política de 1980-, el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad de interrumpir legalmente un embarazo por motivos terapéuticos. Para ello, Las condiciones eran: tener por objeto fines terapéuticos y la autorización de dos médicos cirujanos.[3]
El Código Penal sancionaba el ilícito especificando “...el que maliciosamente causare aborto será castigado: La doctrina penal autorizada interpretaba la expresión “maliciosamente” en el sentido de no impedimento a la interrupción del embarazo, bajo circunstancias tales como el peligro el para la vida o la salud de la mujer gestante; hipótesis que es propia de la causal terapéutica. Por su parte, el antiguo artículo 119 del Código Sanitario regulaba el aborto terapéutico en los siguientes términos: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a estas intervenciones se requiere la opinión documentada de dos médicos-cirujanos”. Esto quiere decir que, hasta el año 1989, la normativa penal y sanitaria resultaban complementarias en estas consideraciones. La interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas era considerada lícita y socialmente aceptada, pues estaba plenamente justificada en aras a evitar un mal actual o inminente.
Hoy en día, desde un enfoque del derecho internacional de los derechos humanos, la penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo, tal como está regulado en nuestro país, constituye un incumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile ha adquirido en materia de derechos humanos de las mujeres. En efecto, la prohibición total del aborto, obliga a las mujeres a buscar la realización de este procedimiento en condiciones inseguras o insalubres, o bien, a esperar pasivamente la muerte en el caso de la indicación terapéutica, padeciendo en silencio el tormento de un embarazo producto de una violación, o respecto del cual se tiene la certeza que el feto no sobrevivirá una vez nacido.
Al respecto, en relación al Estado de Chile, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha dicho que: “...al Comité le preocupan las consecuencias para la salud de la mujer de la prohibición legal del aborto, sin excepciones, en el Estado Parte. Aunque no hay estadísticas oficiales del número de abortos que se practican anualmente, el gran número de mujeres que se hospitalizan por complicaciones de abortos cada año (34.479 en 2001) da una indicación de la amplitud del problema...”[4]. Es por eso que la recomendación fue enfática: “...el Comité recomienda al Estado Parte (Chile) que revise su legislación y despenalice el aborto cuando se trate de abortos terapéuticos y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto...”.[5]
De igual manera se ha expresado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien en sus observaciones finales sobre el Estado de Chile, en agosto del año 2006, expresó que “...el Comité expresa su preocupación por la insuficiencia del reconocimiento y la protección de los derechos relacionados con la salud reproductiva de la mujer en Chile. Le sigue suscitando preocupación el hecho de que el aborto en cualquier circunstancia constituya un delito enjuiciable con arreglo a la legislación chilena, lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida y su salud, así como por el hecho de que los abortos clandestinos sean la causa principal de mortalidad materna...”.[6]
En este mismo sentido, cabe hacer presente que el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, en sus Observaciones Finales del 24 de octubre del 2012, específicamente en su observación Nº 34, volvió a reiterar su preocupación por el hecho de que el Estado de Chile tiene una criminalización absoluta y sin excepciones de la interrupción del embarazo. Asimismo, el Comité lamentó profundamente que todas las iniciativas parlamentarias recientes encaminadas a la despenalización del aborto han fracasado en el Estado Parte. Es por eso que el Comité recomendó al Estado de Chile en su observación Nº 35, letra (d), que se revise la legislación vigente sobre el aborto con miras a la despenalización en casos de violación, incesto o amenaza a la salud o la vida de la madre.[7]
De igual forma, este Comité ha sido severo en hacer presente la inidoneidad del castigo penal para aquellas mujeres que interrumpen su embarazo pues, si observamos la evidencia empírica, podremos verificar que la punición del aborto sin excepción alguna genera el incentivo perverso de efectuarlos en la clandestinidad bajo condiciones indeseadas de higiene y seguridad[8]. De ahí que el Comité: “...recomienda que el Estado Parte considere la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten a abortos y les dé acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos inseguros y reduzca las tasas de mortalidad materna...”[9].
En este contexto, cabe agregar que la penalización excesiva del aborto, tal como se regula hoy en día en Chile, contribuye a que éste no sea salubre para las mujeres que lo ejecutan por tres razones esenciales:
1) métodos abortivos inseguros, antihigiénicos y de acceso restringido;
2) ausencia de responsabilidad médica de quienes lo practican clandestinamente; y
3) porque desalienta la atención médica post-aborto ante el temor de la persecución criminal.
Por otra parte, desde el ámbito de la bioética, sus principios sirven de soporte teórico para abordar el asunto de la toma de decisiones para la realización de un acto médico que se correlaciona con el derecho a decidir de las mujeres, para la interrupción de modo legal un embarazo cuando se coloca en riesgo la vida o la salud, ya sea por inviabilidad fetal o por consecuencia de una violación sexual.
Este documento tiene como propósito consensuar aspectos relevantes relacionados con la Interrupción legal del embarazo, en el marco de la reunión desarrollada por Miles Chile con profesionales de la salud en el mes de junio de 2011.
1.2. Las Cifras en Chile
Chile es uno de los tres países en América Latina que penaliza el aborto sin excepción. El número de abortos que se practican actualmente es desconocido, dada la alta dificultad para contar con números y cifras exactas que reflejen la magnitud total de la práctica de abortos en los países donde éste es ilegal. Las estimaciones más conocidas de abortos clandestinos fluctúan entre 200.000[10] a 60.000[11].
Por otra parte, se ha calculado en el 2007 que la tasa de abortos inducidos en Chile sería de 50 por cada 1000 mujeres en edad fértil (con edades entre los 15 a los 44 años). Lo cual estaría muy por sobre la media de América Latina, donde la tasa es de 37 abortos inducidos por cada 1000 mujeres en edad fértil.[12]
En este contexto, el informe de The Alan Guttmacher Institute (1994), señala que de 451.800 embarazos, 35% terminaron en un aborto inducido. Estadísticas del Ministerio de Salud por su parte declaran que los egresos hospitalarios por aborto, en servicios de salud públicos y privados, disminuyeron entre 1990 y 2000, de 36.528 a 29.546, respectivamente.
Las tasas de mortalidad por aborto disminuyeron drásticamente después de que se inició el Programa de Planificación Familiar (1960) disminuyendo de 10.7 a 0.5 muertes por cada 10.000 nacidos vivos entre 1960 y 2000.[13]
No existen estudios que expliquen la reducción en el número de abortos complicados, sin embargo, es posible que los procedimientos que se están realizando sean más seguros.
Según los egresos hospitalarios entre el 2001 y 2006 existió un promedio anual total de 39.192 casos, tal como se señala en la siguiente Tabla Nº 1.
Tabla 2: Egresos hospitalarios por aborto en Chile por año
1.3. La visión de la ciudadanía
A pesar de la mayor o menor presencia del tema de la interrupción del embarazo en la agenda pública, y de los proyectos de ley presentados al Congreso Nacional a lo largo de estos años, desde un punto de vista legal, no ha habido cambios significativos.
Esta situación, que afecta especialmente a las mujeres de menores recursos y en situaciones de vulnerabilidad social, quienes se atienden en los servicios públicos de salud, es un problema relevante de salud pública, y así es percibido por la población.
De acuerdo a una encuesta del año 2009, realizada por Dides et al (2010) en Brasil, Chile, México y Nicaragua, un 86,8% de los/as encuestados/as de Chile consideró que el aborto constituye un problema grave. En los cuatro países un 89% de la población apoya la legalidad del aborto terapéutico. Respecto de la situación de la ley en Chile, un 90% de la población considera que debería ser revisada[14].
Así, entonces, encontrándose Chile en una situación legislativa que lo sitúa en un grupo reducido de países que no contemplan la posibilidad de interrumpir un embarazo por razones terapéuticas, el país cuenta con una población que espera modificaciones y mayor apertura respecto al tema. En efecto, se constatan vacíos sobre la problemática, especialmente en lo que dice relación con las posibilidades de establecer instancias de discusión y poner a disposición de la opinión pública, de los parlamentarios y de los medios de comunicación, información y opiniones[15]. Se observan similares tendencias de apoyo al aborto terapéutico en los estudios de opinión pública realizados por la Corporación Humanas y la Universidad Diego Portales durante entre 2008 y 2010[16].
En general es posible advertir que la opinión pública es favorable al aborto terapéutico, específicamente por las causales que hemos señalado como Miles-Chile: problemas de salud de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y violación.
Esta sección pretende clarificar aspectos de cada una de las causales señaladas en las que una mujer podría solicitar una interrupción del embarazo. Tal como señala Rodrigo Hess (2007)[17] las situaciones que se exponen a continuación son aquellas en las que se requiere el derecho a decidir la interrupción del embarazo: riesgo vital de la mujer, malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina y violación.
2.1 Riesgo Vital: Algunos casos en que la condición de embarazo o su patología, amenazan a la mujer [18]
a) Corioamnionitis clínica: cuadro clínico caracterizado por fiebre y algunos de los siguientes síntomas o signos: taquicardia materna, contracciones uterinas o dolor uterino, flujo purulento genital, leucocitosis (Criterios de Gibbs). Esta condición constituye una emergencia obstétrica que puede causar un shock séptico y la muerte materna. Al momento de consulta el feto puede estar vivo o muerto, y tener una edad gestacional mayor o menor de 23 semanas de gestación. Este último cuadro sería considerado un aborto, y por lo tanto, debe realizar el vaciamiento uterino inmediatamente para remover el foco infeccioso. La legislación chilena obliga a esperar la muerte fetal en caso de tener una edad gestacional menor de 23 semanas, elevando así el riesgo de muerte de la mujer.
b) Embarazo ectópico (tubario, ovárico, cervical o abdominal): no llega a término, su evolución en el tiempo puede provocar la rotura tubaria, ovárica, cervical o una lesión visceral abdominal que puede poner en riesgo la salud de la mujer por hemorragia, ocasionar secuelas permanentes e incluso ocasionar su muerte. La legislación chilena obliga a constatar ausencia de latidos cardiofetales para proceder al tratamiento, aumentando el riesgo de muerte de la mujer o el deterioro de su salud.
c) Descompensación de una patología materna preexistente: antiguamente esta descompensación indicaba la práctica de la interrupción terapéutica del embarazo. Hoy, gracias a los avances médicos existen oportunidades de tratamiento, sin embargo siguen constituyendo una eventual indicación de interrupción de embarazo. Entre estas enfermedades se consideran, entre otras: la insuficiencia cardíaca, renal, hepática, respiratoria, endocrina, o diabetes, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, mujeres sometidas a trasplante de órganos y la necesidad de quimioterapia o radioterapia.
d) Casos en que es el embrión o cigoto el causante directo o indirecto del compromiso vital de la mujer.
Entre ellos hay que destacar situaciones que corresponden a procesos incontrolados que desestabilizan o invaden el organismo materno en forma grave, como la mola hidatidiforme[19] y el coriocarcinoma. Si bien la mola es un tumor, tiene dotación cromosómica idéntica al ser humano. Si bien el tratamiento de esta patología consiste en la interrupción del embarazo molar, la actual legislación no lo permite.
2.2. Inviabilidad fetal: Malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina[20]
Una malformación congénita incompatible con la vida extrauterina es aquella donde un feto presenta gravísimas malformaciones, irreversibles e incurables, que producirán su muerte intraútero o a las pocas horas de nacer.[21]
La anencefalia, patología que implica la ausencia de cerebro, falta de calota craneana, de cuero cabelludo y que generalmente puede comprometer otros órganos del feto[22], es uno de los ejemplos al que más se recurre para ilustrar este tipo de situaciones. Sin embargo, la anencefalia no es la única malformación congénita incompatible con la vida, también existen patologías como la osteogenesis imperfecta, el síndrome de Turner, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, el onfalocele, la sirinomelia, espina bífida entre otras malformaciones.
En tal sentido, la patología de la concepción misma comprende las alteraciones genómicas del cigoto que llevan a procesos de desarrollo no humano por ejemplo en polisomías, triploidías[23]. Aunque una proporción importante de triploides pueden parecer embriones normales, casi todos ellos tienen malformaciones sistémicas, alteraciones histológicas y citológicas o retardo severo del crecimiento y, excepcionalmente, sobrepasan el primer trimestre.
Hasta el 70% de los embriones humanos, interrumpen espontáneamente su evolución en el período pre implantacional (período de 7 días comprendido entre la fecundación y la implantación, en que la existencia del embrión no es reconocible), debido a anomalías cromosómicas (aun no se diagnostican defectos genéticos propiamente tales). La mayoría de estos defectos cromosómicos que se observan en embriones humanos son letales y pueden determinar la imposibilidad de implantación (interrupción pre-implantacional) o, más tardíamente, abortos espontáneos. Sin embargo, existen embarazos con anomalías severas que siguen adelante, pese a ser incompatible la vida de ese feto fuera del útero.
De acuerdo a lo señalado por Ramiro Molina[24], son situaciones extremas en las cuales el feto aunque continúe su desarrollo no tiene ninguna alternativa de sobrevivencia al poco tiempo de nacer. La mujer debe ser informada de la situación tanto por razones legales como éticas. Casos como estos son:
-Anencefalia
-Holoproscencefalia alobar
-Encefalocele severo
-Agenesia renal bilateral (Síndrome de Potter)
-Riñones multi o poliquísticos bilaterales asociados a hipoplasia pulmonar
-Malformación de Tallo Corporal
-Secuencia banda amniótica con malformaciones incompatibles con la vida
-Gemelos acárdicos
-Gemelos siameses con malformaciones incompatibles con la vida
-Trisomía 13
-Trisomía 18
-Triploidía
Hoy día a estos casos se les debe permitir llegar al término de la gestación. La legislación chilena no establece una edad gestacional para definir aborto, por lo tanto, si se estima que se está infringiendo un daño innecesario al feto, aun cuando sobrepase las 20-22 semanas de gestación podría ser considerado aborto. Por esta razón sólo algunos equipos (minoritarios en el espectro nacional) manejan estas situaciones basándose en que desde el punto de vista legal la extracción de un feto vivo inmaduro no es un aborto si el feto puede eventualmente ser cuidado en una Unidad de Tratamiento Intensivo que le ofrecerá mejores condiciones que al interior del útero. Aún en ese contexto la mujer debe mantener el embarazo hasta etapas avanzadas, alrededor de 26 semanas, imponiéndose a ella y su familia una carga no sólo psicológica sino además física relevante.
Varias de las consecuencias psicológicas que sufre la mujer que lleva a término un embarazo sin viabilidad se manifiestan a través de la incertidumbre, angustia, sufrimiento, desesperación y frustración ante una noticia de un embarazo que no será viable, es decir, aquel en el cual el feto no sobrevivirá y en el cual se obligará a la mujer a parir pues el derecho penal no prevé una excepción para estos casos.
Desde el punto de vista del cuidado de la salud mental y la integridad psíquica, el que una mujer sea portadora de un feto con embriopatía incompatible con la vida, representa una seria amenaza para la autoestima de ésta pues socialmente se les considera “defectuosa”. Asimismo, pueden generarse sentimientos de culpa relacionados con la incapacidad de la mujer de criar un niño/a “normal y sano”.[25]
2.3 Violación sexual
Frente a aquellos embarazos que responden a una situación fundada en la desigualdad de poder y violencia —como los que resultan de una agresión sexual—, dada la condición aberrante en que tales ataques se producen, la sociedad no debiese obligar a las mujeres a asumir sus consecuencias, sino que, por el contrario, debiese respetar su propia decisión. En efecto, no deja de ser paradójico que como sociedad seamos cómplices del Estado cuando éste fuerza a una mujer a llevar a término un embarazo contra su voluntad, en un evento que fue causa de un hecho socialmente reprobable, es decir, un resultado que es consecuencia de un hecho constitutivo de delito.
Es por ello que, una vez constatado el hecho delictivo, la sociedad debiera apoyar a la brevedad la interrupción del embarazo cuando así lo requiera la víctima, incluyendo aquellos casos en que la ley no les confiere decisión autónoma, ya sea por edad o discapacidad. La voluntad de las víctimas, o bien, de sus representantes, no puede ser transgredida so riesgo de incurrir en una victimización secundaria, atentatoria contra todo derecho a la salud e integridad psicológica de la persona.
Antonio Bascuñán[26] explica que el fundamento constitucional de la imposibilidad de exigir a una mujer tolerar un embarazo producto de una agresión sexual, reside en la ausencia de consentimiento libre, cuyo fundamento jurídico-constitucional lo encontramos en el artículo 1 de la Constitución Política, el cual dispone que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto significa que hay un reconocimiento constitucional de la personalidad moral de la mujer, a quien le corresponde decidir sobre su propia vida, sobre lo bueno y lo malo, así como también, sobre el destino de su propia existencia. Autoras como Tamar Pitch han dicho que, en términos jurídicos, la autonomía implica para la mujer “la capacidad para elegir en orden a lo que precisamente la diferencia de varón, es decir, la potencialidad procreativa”.[27] Por eso, la amenaza de castigo penal destinada a una mujer que toma la decisión de practicarse un aborto supone ignorar que se trata de un ejercicio de subjetividad moral, de auto-construcción como un sujeto que elige[28]. En ese sentido, la autonomía para la mujer opera como una expresión de responsabilidad y no como una reivindicación de ejercicio de un individualismo abstracto y a-histórico.
Ahora bien, cuando el cuerpo de la mujer es sometido por la fuerza a la voluntad de un tercero agresor, deviene injusto que ésta deba soportar un embarazo, pues aquél se generó a consecuencia de la acción de un agente que ha utilizado a la mujer como un mero objeto. Es decir, la ha utilizado como instrumento procreativo, con lo cual se vulnera la dignidad personal de la mujer atacada. De ahí que la afectación a la autonomía de la víctima (que es inherente al embarazo producido) se vea intensificada exponencialmente por la afectación a la autonomía que dio origen a ese embarazo no deseado. Esto quiere significar que la afectación sería en dos niveles, a saber, al momento del ataque sexual y, luego, durante el soporte del embarazo.[29] No obstante, no es menos cierto que estos dos niveles de afectación se refieren a las acciones que lo constituyen, lo cual no excluye el hecho de que el sufrimiento psicológico padecido por la mujer sea un continuum en el tiempo, que se extiende incluso más allá del nacimiento del producto de la violación.
Por ende, la causal de interrupción del embarazo por violación sexual se funda, constitucionalmente, en lo inicuo que resulta la afectación de la dignidad de la mujer. Asimismo, le es desconocida y socavada su autonomía, entendida ésta como la capacidad para poder determinar y establecer los planes e ideales de vida que la mujer estime pertinente. De igual manera, la indicación opera, penalmente, como un justificante ante la ausencia de consentimiento válido de la mujer en la realización (o tolerancia) de acciones con eficacia reproductiva.
Antonio Bascuñán agrega que lo usual es que la existencia del embrión se justifique por la realización voluntaria de una acción con eficacia reproductiva por parte de una mujer. A partir de tal antecedente, la mujer que consciente en una interacción sexual, origina la posibilidad de concepción y, por ende, debe hacerse responsable de su concreción. Dicho esto, si la responsabilidad de la mujer por la concreción de la posibilidad reproductiva es un fundamento que se alega para que ésta deba soportar el embarazo, entonces, cuando el embrión es producto de la ausencia de consentimiento de la mujer, ese embarazo deja de ser exigible, no siendo razonable ni proporcionado obligar a esa mujer a llevar a término un embarazo del que no es responsable.
Esto adquiere mayor fuerza si se considera la inexistencia, en nuestro sistema normativo, de deberes jurídicos de socorro a otras entidades respecto de las cuales nosotros no somos de algún modo responsables de acuerdo al principio de voluntariedad en la asunción de los compromisos. Pensar lo contrario, significa sostener que la mujer tiene deberes (naturales) de maternidad, aun contra su voluntad, lo cual, por cierto, es desconocer su dignidad en tanto éstas son instrumentalizadas para los fines reproductivos de la sociedad. Asimismo, el forzar a una mujer a parir un hijo producto de una agresión sexual, conlleva un trato discriminatorio por parte de la ley. Algo que sin duda resulta intolerable en un Estado democrático.
A este respecto, cabe hacer presente lo dicho por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su considerando Nº 9.2., donde especificó que la coacción a una mujer para que lleve a término un embarazo producto de una violación constituye un trato cruel e inhumano. Asimismo, el Comité consideró que al no garantizarse el acceso a la interrupción del embarazo conforme al Código Penal Argentino, una vez que se ha solicitado, conlleva que la mujer padezca un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del Pacto, que prohíbe la aplicación de tratos crueles, inhumanos o degradantes.[30] Aquello es así porque, tal como subrayó el Comité, el sufrimiento incluye no solo el dolor físico, sino que también, el padecimiento psíquico.[31]
De otra suerte, sobre la grave afectación de la dignidad humana y la autonomía de la mujer embarazada en los casos de violación, cabe citar algunos apartados expuestos en la aclaración de voto a la sentencia C - 647 de 2001 de la Corte Constitucional de Colombia que entrega una razón adicional a favor de la indicación por razones de agresión sexual: el abandono de la mujer, por parte del Estado que la forzó a llevar a término un embarazo, respecto de asistencia social y económica una vez que ésta dio a luz. En ese sentido, la Corte Colombiana dijo:
“...Siempre que una mujer ha sido violada o instrumentalizada para procrear, lo excepcional y admirable consiste en que adopte la decisión de mantener su embarazo hasta dar a luz. A pesar de que el Estado no le brinda ni a ella ni al futuro niño o niña ninguna asistencia o prestación de la seguridad social, la mujer tiene el derecho a decidir continuar su embarazo, si tiene el coraje para hacerlo y su conciencia, después de reflexionar, así se lo indica. Pero no puede ser obligada a procrear ni ser objeto de sanción penal por hacer valer sus derechos fundamentales y tratar de reducir las consecuencias de su violación o subyugación...”
Por otro lado, en cuanto a la exigencia de ciertos protocolos y formalidades. Lo idóneo es que la indicación opere siempre y cuando haya existido una denuncia previa ante las autoridades competentes (Carabineros, PDI, Fiscalía del Ministerio Público, Juez de Garantía u otro) y existan razones fundadas para creer que el embarazo es una consecuencia de ese hecho. Esto es relevante pues estamos hablando de un hecho constitutivo de delito.
A ese respecto, la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia C - 355 de 2006 recomendó que “...el legislador podrá efectuar regulaciones siempre y cuando no impida que la interrupción del embarazo se pueda realizar, o establezca cargas desproporcionadas sobre los derechos de la mujer, como por ejemplo, exigir en el caso de la violación, evidencia forense de penetración sexual o pruebas que avalen que la relación sexual fue involuntaria o abusiva; o también, requerir que el ataque sexual se confirme a satisfacción del juez; o pedir que un oficial de policía esté convencido de que la mujer fue víctima de una violación; o, exigir que la mujer deba previamente obtener permiso, autorización, o notificación, bien del marido o de los padres...”.
Por su parte, en ese mismo sentido, en la Argentina se ha reglamentado que el personal médico-sanitario podrá ser responsable penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o la psicología, cuando existan maniobras dilatorias en el proceso de constatación, cuando se suministre información falsa, y/o cuando exista negativa injustificada en practicar el aborto.
De otra suerte, no debemos dejar de considerar que la violencia sexual ejercida contra una mujer apareja severas consecuencias sobre ésta, algunas imperceptibles desde un punto de vista físico. De hecho, los efectos mentales en una mujer que ha sido violada repercuten en diversos aspectos de su derecho a la salud, entre los que se cuentan el padecimiento de depresiones, trastorno generalizado de ansiedad, stress post-traumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos alimenticios, uso de drogas y alcoholismo.[32] Por eso, en lo que concierne a los aspectos empíricos que muestran los efectos negativos sobre la salud mental y la integridad psíquica de la mujer que ha sido objeto de una violación sexual, cabe consignar los siguientes datos:
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales del año 2008, el 9,2% de las mujeres declaró haber sufrido algún delito sexual fuera de la pareja (después de los 15 años)[33]. En ese sentido, no se debe dejar de considerar que los índices de cifra negra de los delitos sexuales serían cercanos al 91,3%[34].
Bajo ese contexto, datos del Ministerio del Interior indican que en el 2002 aumentaron en un 69,7% las denuncias de agresiones sexuales cometidas contra las mujeres; entre el 80% y 90% de las víctimas de esa violencia es menor de 15 años. Las estadísticas indican que en un 57% de los casos las violaciones son ejecutadas por personas conocidas de la víctima, mientras que en un 11% es un desconocido quien protagoniza este delito.
En atención a tales números, resulta interesante apelar al daño psíquico seguido de una violación, en tanto implica una afectación al derecho a la integridad psíquica y el derecho a la salud de las mujeres.
Estudios médicos como el de I. T. Bownes, E. C. O’Gorman y A. Sayers[35], muestran que el 70% de las mujeres violadas sexualmente presentan trastornos de stress post-traumático [posttraumatic stress disorder (PTSD)] y sufrirán las consecuencias del acto por muchos años. En efecto, otro estudio[36] ha mostrado que el 94% de las mujeres violadas ha padecido los efectos del PTSD a las dos semanas de haber sido atacada. El mismo estudio, explica que 9 meses después, cerca del 30% de las mujeres aún reportaba patrones de los síntomas vinculados al trastorno de stress post traumático.
En este contexto, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo producto de una violación, incrementa los efectos perniciosos a la salud seguidos del PTSD. Esto es así pues, a los trastornos psicológicos seguidos exclusivamente del ataque, se suma la perturbación psíquica de soportar un embarazo cuyo desarrollo no se agota en un periodo corto de tiempo, sino que, al contrario, se extiende por un largo periodo. Lo dicho acá es relevante pues, tal como lo indico la Corte Suprema de la República de Irlanda, el procedimiento de interrupción de un embarazo es un tratamiento médico, cuya intención (en un caso de violación) es, justamente, evitar el riesgo que se produce cuando una mujer que ha sido perturbada psíquicamente por el trauma de la agresión sexual, opte por suicidarse en el evento de que se le impida terminar su embarazo, aún cuando la víctima sea una menor de edad.[37]
Una objeción común a la que apelan algunos sectores que se oponen al establecimiento de esta indicación, se funda en que ante este tipo de situaciones (altamente traumáticas), el hecho de interrumpir el embarazo, no disminuye, sino que incrementa el daño psíquico de la mujer. Es lo que se conoce como síndrome de stress post-aborto (post-traumatic stress disorder in cases of post-abortion). Lamentablemente, tal objeción es falsa. De acuerdo a un estudio realizado por Sarah Schmiege & Nancy Russo[38], el cual fue publicado en el British Medical Journal, se concluyó que:
“…terminating compared with delivering an unwanted first pregnancy was not directly related to risk of clinically significant depression (odds ratio 1.19, 95% confidence interval 0.85 to 1.66). no evidence was found of a relation between pregnancy outcome and depression in analyses of subgroups known to vary in under-reporting of abortion…”.
Esto implica que aquellas mujeres que se practican un aborto de modo voluntario no tienen más riesgos de padecer trastornos psicológicos que aquellas que deciden llevar a término su embarazo y ser madres.
PARTE III: JUSTIFICACION JURIDICA
Chile es un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Además, ha ratificado diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Entre ellos se cuentan: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer (Cedaw), la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y Otros tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros. Cuando un país se hace signatario y más aún, ratifica un instrumento internacional de Derechos Humanos, significa que el Estado se compromete a cumplir con las normas establecidas en tales tratados. Sin embargo, el cumplimiento no se basa únicamente en la modificación de leyes internas, sino que también se compromete a hacer esfuerzos institucionales, en el ámbito de las políticas públicas para generar las condiciones necesarias para la realización y protección de tales derechos.
En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, todas las personas son titulares de éstos, los cuales se fundamentan en los principios de dignidad humana e igualdad. Las mujeres, sin embargo, juegan un papel único en el proceso de reproducción humana y se ven afectadas de manera singular por las políticas gubernamentales. Los derechos reproductivos, de acuerdo con la legislación internacional de los derechos humanos, son un compuesto de una serie de derechos humanos separados.[39] Como subrayó la Profesora de Derecho Verónica Undurraga, “los derechos reproductivos no son más que aplicaciones de los derechos humanos clásicos en áreas de la vida en las que originalmente no se pensó, por razones históricas y un evidente sesgo de género, cuando se identificaron como fundamentales los derechos a la vida, la integridad física y psíquica, la autonomía, la privacidad, libertad de conciencia, la información, el acceso igualitario a las acciones de salud, el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes, entre otros”[40]. Si bien una perspectiva de derechos humanos no está limitada a principios legales, las demandas de autodeterminación reproductiva deberían basarse en la legislación internacional de los derechos humanos.
Hoy en día, los derechos reproductivos se encuentran contemplados y respaldados por distintos instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Chile. Así, por ejemplo, el Artículo 12.1 de la Cedaw establece que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”; por su parte el artículo 12.2 de la misma Convención dispone que “Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”. Además, el Artículo 16, letra e) establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.”
Por su parte, el artículo 12.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” Es así como el Estado de Chile tiene un compromiso internacional con la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Más aún, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en el año 1993, se “reconoce la importancia del disfrute por la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida”. En el contexto de la Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como de la Proclamación de Teherán de 1968, la Conferencia reafirma, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles.”[41] De lo anterior se desprende que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, y por lo tanto, son fundamentales, así como también lo es el cumplimiento del Estado en cuanto al compromiso contraído con éstos.
Más aún, siguiendo a González Vélez (2011) es posible afirmar que tanto en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo como la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se abordaron los temas pertinentes a los derechos sexuales y reproductivos, la salud de las mujeres y el aborto. La Conferencia de El Cairo da lineamientos claros para la realización y protección de los derechos reproductivos de las mujeres, “en tanto insta a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a incrementar su compromiso con la salud de la mujer y ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de familia”[42] La Conferencia de Beijing aborda directamente el tema del aborto, analizando los costos humanos y sociales de los abortos inseguros, e instando a los Estados a tomar medidas. Es así como se plantean lineamientos claros (Ídem).
“En esta misma línea, en las revisiones quinquenales de Cairo y de Beijing, se recomendó la capacitación de profesiones para atender a las mujeres en casos de aborto legal así como la formulación de programas para la salud de las mujeres en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. En el documento de Beijing +5 se señala la necesidad de revisar las leyes que criminalizan las prácticas del aborto inseguro, compromiso que junto con otros, fue reafirmado en Beijing +15 cuando se exhorta a todos los Estados a aplicar plena y efectivamente la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. En este mismo documento se invita a los estados a maximizar sus esfuerzo por eliminar la mortalidad y morbilidad maternas prevenibles mediante el fortalecimiento de servicios de salud completos para las mujeres y las niñas, en particular adolescentes, incluido el acceso a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva (Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 2009)”.[43]
De esta forma, queda en evidencia que la legislación chilena actual sobre el aborto va en contra del cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Chile en materia de no discriminación de las mujeres en cuanto al derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos. Además, es lamentable la falta de cumplimiento del Estado con los tratados internacionales en materia de la penalización del aborto y el derecho a la salud de las mujeres. Así, Suecia, recomendó a Chile en el Examen Periódico Universal del año 2009 que “hiciera más esfuerzos para ajustar la legislación sobre el aborto a las obligaciones de derechos humanos de Chile”[44], recomendación que fue rechazada por el Estado. De esta misma forma, anteriormente, el Comité de la Cedaw instó a Chile, el año 2006, que “considere la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten a abortos y les dé acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos inseguros y reduzca las tasas de mortalidad materna, de conformidad con la recomendación general 24, relativa a la mujer y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”.[45] De esta forma, el no cumplimiento de parte del Estado con los compromisos internacionales afecta la imagen de Chile en la arena internacional de Derechos Humanos. Además, da a entender que el compromiso del país con los Derechos Humanos es superficial, ya que al no proteger y promover la realización completa del derecho a la salud de las mujeres, está incurriendo en una acción discriminatoria en contra de un grupo social, por motivos de género, lo cual se opone completamente al espíritu de la normativa internacional de DDHH. Paradójicamente, Chile ha firmado y ratificado esta normativa, acogiendo, en teoría, las obligaciones con el objetivo de no discriminación y protección y garantía de derechos humanos.
En efecto, la legalización del aborto propuesta por motivos de riesgo de salud de la madre, inviabilidad extrauterina y violación tienen directa relación con el deber del estado de asegurar el “disfrute por la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida”. En conjunto con lo anterior, cabe destacar que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”[46]. Por lo tanto, el acceso a políticas de planificación familiar en las que no se considere el aborto como opción no debiera ser excluyente del acceso al aborto legal en los casos previstos anteriormente. Principalmente, porque estos casos son los que quedan fuera, en la práctica, de las políticas de planificación familiar usadas en nuestro país. Es así como si bien por una parte el Estado debe asegurar los medios para que todas las mujeres accedan libre y responsablemente a métodos de planificación familiar, a su vez debe asegurar la máxima calidad posible en la salud reproductiva de éstas, con lo cual se debe considerar la interrupción del embarazo en los casos mencionados. La justificación para esto se vio largamente en los motivos médicos al inicio de este documento.
PARTE IV: PROYECTO LEY
ARTÍCULO PRIMERO.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:
1).- En el artículo 344:
a).- Reemplácese en su inciso primero la frase “presidio menor en su grado máximo” por la expresión “presidio menor en su grado mínimo”.
b).- Deróguese su inciso segundo.
2).- Agréguense los siguientes artículos 345 bis y 345 ter, nuevos:
Art. 345 bis. Podrá un médico-cirujano interrumpir un embarazo, previo consentimiento expreso y escriturado de la mujer, cuando:
1.- Evite un peligro para la vida de la mujer embarazada o una amenaza de afectación grave a su salud corporal, y que este riesgo no pueda evitarse de otro modo exigible a la mujer;
2.- El embrión o feto padezca por predisposición hereditaria o efectos dañinos anteriores al nacimiento, una patología grave que resulta incompatible con la supervivencia del feto después del nacimiento, no pudiendo exigirse a la mujer la continuación de su embarazo. En este caso, no se podrá interrumpir el embarazo una vez transcurridas las veintidós semanas de gestación;
3.- Hay razones fundadas para presumir que la mujer ha sido objeto de violación u otro abuso sexual, inseminación o transferencia de embriones contra o sin su voluntad y que el embarazo es una consecuencia de aquellos actos. En estos casos, no se podrá interrumpir el embarazo más allá de la semana doce de gestación.
En los casos precedentes se presume el consentimiento de la mujer embarazada que es incapaz de prestarlo, a menos que antecedentes fidedignos demuestran convincentemente la voluntad de la mujer de sobrellevar el embarazo hasta su término, aun en las circunstancias expresadas anteriormente.
Para los casos de los numerales primero y segundo, el médico-cirujano que interrumpe un embarazo deberá dejar constancia escrita de su diagnóstico y contar con la ratificación escrita y previa de ese diagnóstico por otro médico-cirujano. En caso que la condición de salud o cuadro clínico de la mujer implique riesgo vital o secuela funcional grave para ésta, de no mediar atención médica inmediata e impostergable, la ratificación podrá obtenerse dentro de los tres días siguientes a la interrupción del embarazo.
Artículo 345 ter. Para todos los efectos legales, la interrupción del embarazo autorizada por el artículo 345 bis constituye una legítima prestación de salud.
Ningún establecimiento de salud podrá negarse a otorgar las prestaciones señaladas en los números 1°, 2° y 3° del artículo 345 bis.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Deróguese el artículo 119 del Código Sanitario”.
3. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Verdugo, Bertolino; García, don René Manuel; Martínez; Pérez, don Leopoldo; Santana y Sauerbaum.
Reforma Constitucional para aumentar el quórum de aprobación de Acusaciones Constitucionales. (boletín N° 8927-07).
ANTECEDENTES
1. Si bien el participar en la formación de la ley es uno de los más antiguos y nobles fines del Congreso Nacional, tal como se encarga de aclararnos el artículo 46 de nuestra Constitución Política de la República, lo cierto es que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen otros roles adicionales, relativos con la representación política de los ciudadanos, la fiscalización de los actos del Estado, y la práctica de “frenos y contrapesos” que le dan vigor a la teoría de la separación de los poderes del Estado.
2. En virtud de estas atribuciones políticas, la Cámara de Diputados puede crear comisiones investigadoras y celebrar sesiones especiales -destinadas no a tramitar proyectos legislativos- sino a tratar temas de contingencia nacional. Además, desde la gran modificación a la Constitución realizada el año 2005 -y que implicó el nacimiento de una nueva Constitución, con la rúbrica del entonces Presidente de la República , don Ricardo Lagos- la Cámara puede interpelar en el Hemiciclo a Ministros de Estado . Y también, como último recurso, puede promover Acusaciones Constitucionales contra diversas autoridades estatales, las que -de ser aprobadas en esta instancia- serán en definitiva falladas por el Senado, con la finalidad de hacer valer las responsabilidades políticas que ciertas autoridades estatales puedan tener, según reza el procedimiento que dictan los artículos 52 N° 2 y 53 N° 1 de nuestra Carta Fundamental.
3. De acuerdo con estos artículos, sólo se puede acusar a través de la Constitución a lentes autoridades, y por los siguientes conceptos:
i. Contra el Presidente de la República , por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.
Contra un Ministro de Estado , por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.
iii. Contra los Magistrados de los Tribunales Superiores de justicia (Corte Suprema y Cortes de Apelaciones), por notable abandono de sus deberes.
iv. Contra el Contralor General de la República, también por notable abandono de sus deberes.
v. Contra los Generales o Almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación.
vi. Contra los Intendentes, Gobernadores y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 12.6 bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.
4. Como se puede apreciar, se trata de hechos graves, en los que se hace imperioso perseguir la responsabilidad política del condenado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que se pueda hacer valer en Tribunales. Por algo la pena política es alta: destitución e imposibilidad de ejercer cargos públicos (con o sin elección popular) por cinco años.
5. No obstante lo anterior, no debemos olvidarnos de la naturaleza de la acusación constitucional, la que dice relación también con la naturaleza de nuestro sistema institucional de Gobierno: en Chile nos rige un Sistema Presidencialista, en el cual los Ministros de Estado, así como los Intendentes y Gobernadores, son de exclusiva confianza del Presidente de la República . Entonces, ¿cómo es posible que otro poder del Estado, a sabiendas, el Poder Legislativo , interfiera en su actuar?
6. Para dar respuesta a dicha pregunta, debemos entender que la Acusación Constitucional no es un “juicio político a secas”, como sucede en los regímenes parlamentarios. En dichos sistemas, los Ministros deben rendir cuenta ante el Congreso, y éste puede perfectamente removerlos porque a los parlamentarios no les parece la forma cómo están llevando a cabo una determinada política pública. De hecho, y siguiendo la misma lógica, En Gran Bretaña, ícono del parlamentarismo, el antiguo impeachment o juicio político dio paso al moderno “voto de censura”, por el cual los comunes le piden al Primer Ministro (o a su Gabinete) que dé un paso al costado.
7. Sin embargo, la acusación constitucional encuentra un trasfondo diametralmente distinto en los regímenes presidencialistas. Aquí no es un juicio político, sino un juicio técnico con raíces jurídicas y consecuencias políticas, llevado a cabo ante el Congreso, como representante de la ciudadanía, con el solo fin de establecer responsabilidades políticas. Por algo la Constitución sólo la permite en casos extremos como traición a la patria o notable abandono de deberes.
8. La acusación constitucional, en países presidencialistas, no puede transformarse en la evaluación de la gestión de un Ministro . Para eso está la opinión pública, y en último término, la decisión soberana del Presidente de la República . Por eso llama mucho la atención la ingravidez con que se ha tratado, en el último tiempo, esta materia.
9. En Estados Unidos (país de raigambre presidencialista, tal como Chile), por ejemplo, el impeachment se ha utilizado sólo en 17 ocasiones, a lo largo de toda su historia republicana. Y en la mayoría de los casos se ha referido a Ministros de Cortes Federales . Sólo una vez en la historia se ha acusado a un Ministro de Estado (en 1876), pues se parte de la base que los Ministros son funcionarios de exclusiva confianza del Presidente .
10. En Chile, en cambio, vemos que las acusaciones constitucionales se han ido deteriorando con el tiempo. Si bien al principio de la década de 1990 cumplieron un rol importante en la persecución de atentados contra la probidad -como la acusación que terminó con la destitución del Ministro Cereceda, por graves y notorias faltas al artículo 7o letra a) del Código de Justicia Militar- en el actual Gobierno la oposición ha optado por una nefasta estrategia: promover una acusación contra un Ministro de Estado cuya gestión ha sido reconocida por todos los sectores técnicos como impecable, y cuyo respaldo se ha escuchado fuerte desde diversos sectores intelectuales, incluyendo diversos Premios Nacionales y figuras de talante internacional.
11. El problema suscitado radica en que la acusación constitucional no se analiza en su mérito, sino en base al apoyo que cada sector político tiene en las dos ramas del Congreso. Por ello es que creemos necesario aumentar el quórum a los que está sujeta la acusación constitucional, tanto para que sea promovida por la Cámara de Diputados, como para su sentencia en el Senado. En la actualidad, sólo se exige mayoría de los presentes en la primera parte, y mayoría absoluta[1] en el Senado, lo que se traduce en que una “mayoría accidental” puede alterar y entorpecer no sólo el programa de Gobierno que intenta a llevar a cabo un Presidente de la República , sino además la credibilidad y solidez de nuestras instituciones políticas.
12. Con nuestra propuesta, las nuevas exigencias para promover y aprobar acusaciones constitucionales quedaría así:
13. Por último, este Proyecto de Reforma Constitucional también avanza, al considerar que las votaciones de todas las acusaciones constitucionales, tanto en la Cámara de Diputados (etapa previa) como en el Senado (para fallar la acusación ya presentada) deben ser secretas.
El fundamento de esta última propuesta es evitar que los parlamentarios sean eventualmente presionados para fallar en una u otra dirección, en conjunto con sus pares, y no votar en conciencia, como corresponde de acuerdo con la naturaleza de la decisión que cada Diputado y Senador debe tomar, de manera individual.
En virtud de lo anterior, los Diputados que suscriben, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único.- Modificase la Constitución Política de la República, en los siguientes términos:
1) Reemplázase, en el inciso quinto del artículo 52 N° 2, la frase “el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio” por “el voto secreto de tres quintos de los diputados en ejercicio”.
2) Reemplázase, en el inciso sexto del artículo 52 N° 2, la frase “el de la mayoría de los diputados presentes” por “el voto secreto de la mayoría de los diputados en ejercicio”.
3) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 53 N° 1, la frase “la mayoría de los senadores en ejercicio” por “el voto de tres quintos de los senadores en ejercicio”.
Agregar, en el inciso tercero del artículo 53 N° 1, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “En cualquier caso, las declaraciones a las que se refiere este inciso se realizarán en votación secreta”.
4. Oficio de la Excma. Corte Suprema.
“Oficio N° 56-2013
Informe proyecto de ley 12-2013
Antecedente: Boletín N° 8890-18
Santiago, 7 de mayo de 2013
Por Oficio N° 10.674, de 11 de abril de 2013, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, remitió a esta Corte el proyecto que modifica la Ley N° 20.066, sobre violencia intrafamiliar (Boletín N° 8890-18).
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 3 de mayo del presente, presidida por el suscrito y con la asistencia. de los Ministros señores Milton Juica Arancíbia, Nibaldo Segura Peña, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Pedro Pierry Arrau, Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Goüet, señores Juan Eduardo Fuentes Belmar y Lamberto Cisternas Rocha, y el Ministro suplente señor Alfredo Pfeiffer Richter, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
Santiago, seis de mayo de dos mil trece.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 10.674, recibido el 13 de abril pasado, el señor Presidente de la Cámara de Diputados, ha remitido a esta Corte el proyecto de ley –iniciado por Moción- que modifica la Ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, para que este Tribunal se pronuncie en las materias orgánicas que le competan, conforme a lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Segundo: Que dicha iniciativa de ley tiene por objeto principal “(...) que denunciado un hecho de violencia contra la mujer o su simple amenaza, las policías deberán ponerla inmediatamente en conocimiento del Fiscal de turno del Ministerio Público, quién podrá ordenar ciertas y determinadas medidas cautelares inmediatas y provisorias, que sean estimadas como necesarias para proteger a la mujer de una manera eficaz y oportuna, hasta que se ponga en conocimiento del juez competente, quién las revisará (...)”.
Para el logro del objetivo anterior, se pretende agregar a la Ley N° 20.066 un artículo 16 bis del siguiente tenor:
“Denunciado un hecho que revista caracteres de violencia intrafamiliar o su simple amenaza en contra de una mujer, acompañada de antecedentes que la hagan verosímil, el Ministerio Público podrá ordenar de inmediato en contra del ofensor, la medida de prohibición de aproximarse a la ofendida o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél.”
“Dicha medida será revisada por el Juez de Familia o por el Juez de Garantía , según correspondiera, en la primera audiencia que se efectúe o aquella notificada al efecto, el que podrá ampliarla a otra medida, mantenerla o dejarla sin efecto.”
“En casos calificados, el Ministerio Público podrá ordenar además el resguardo policial de la ofendida y/o su familia.”.
Tercero: Que la propuesta legislativa busca permitir que ante la denuncia de un hecho que revista caracteres de violencia intrafamiliar o su simple amenaza en contra de una mujer, el ministerio público pueda ordenar de inmediato la prohibición para el ofensor de aproximarse a la ofendida o a su familia y, en su caso, ordenar la obligación de abandonar el hogar común. Esta medida deberá ser revisada por el Juez de Familia o por el Juez de Garantía , en la primera audiencia que se efectúe. Se establece que en casos calificados, el ministerio público podrá ordenar además resguardo policial de la ofendida.
Cuarto: Que al respecto cabe señalar que lo que pretende la modificación legal, se aparta claramente de lo que dispone el artículo 83 de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone que el Ministerio Público, en caso alguno, podrá ejercer funciones jurisdiccionales y que las actuaciones que privan al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura o los restrinjan perturben, requerirán la aprobación judicial previa. Normativa que además se expresó a ley. Así el artículo 9° del Código Procesal Penal, establece que “(...) toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinja o perturbare, requiere de autorización judicial previa. En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía (..)”.
Por su parte, el inciso 3° del aludido artículo 9° expresamente soluciona los casos de urgencia como el que se pretende regular, al establecer que “(..) Tratándose de casos urgentes, en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo a/ efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior, en el registro correspondiente. No obstante lo anterior, en caso de una detención se deberá entregar por el funcionario policial que la practique una constancia de aquélla, con indicación del tribunal que la expidió, del delito que le sirve de fundamento y de la hora en que se emitió (...)”.
De otro lado, el artículo 70 inciso 1° del Código Procesal Penal dispone que: “El juez de garantía llamado por la ley a conocer las gestiones a que de lugar el respectivo procedimiento se pronunciará sobre las autorizaciones judiciales previas que solicitare el ministerio público para realizar actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren el ejercicio de derechos asegurados por la Constitución (..)”. Esta regulación establece como principio general que las privaciones, restricción o perturbaciones que deban ser impuestas al imputado sólo pueden emanar de una resolución judicial y en ese contexto la labor que le corresponde al Ministerio Público es ser parte solicitante o requirente de tal actuación de los tribunales.
Asimismo, el artículo 7 de la Ley N° 20.066, establece que en caso de “(...) situaciones de riesgo inminente para una o más personas de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el sólo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que corresponda (...)”. Esta regla confirma en materia de violencia intrafamiliar el criterio general descrito en la norma citada en el párrafo anterior.
Quinto: Que además, el artículo 15 de la Ley 20.066 dispone que, en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establece el artículo 92 de la ley N° 19.968 y las aludidas en el artículo 7° de esta ley.
Y, finalmente, el artículo 92 de la Ley N° 19.968 preceptúa que: “El juez de familia deberá dar protección a la víctima y al grupo familiar. Cautelará, además, subsistencia económica e integridad patrimonial. Para tal efecto, en el ejercicio de su potestad cautelar y sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, podrá adoptar una o más de las siguientes: Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias (...)”.
Sexto: Que de las normas examinadas se evidencia que las medidas que restringen derechos constitucionales de potenciales agresores de víctimas que el ordenamiento jurídico protege, son adoptadas en uso de la llamada “potestad cautelar”, que es una atribución genérica que diversas áreas del derecho nacional otorgan al juzgador. Esta potestad cautelar integra la atribución jurisdiccional, que por mandato constitucional le corresponde de manera exclusiva y excluyente a los tribunales de justicia creados por ley, y que en virtud del inciso primero del artículo 83 de la ley fundamental le está expresamente vedada al ministerio público.
Séptimo: Que, en consecuencia, en mérito de lo señalado, en opinión de esta Corte, corresponde informar desfavorablemente el proyecto de ley en cuestión.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar el proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, en los términos ya consignados.
Ofíciese.
N° 12-2013”.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): RUBÉN BALLESTEROS CÁRCAMO, Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA, Secretaria
AL SEÑOR PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO
5. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 9 de abril de 2013.
Oficio N° 8.492
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 9 de abril en curso en el proceso Rol N° 2196-12-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos acumulados Roles N° 1873-2011 y 16.914-2011, sobre juicio ordinario de declaración de mera certeza, de que conoce el Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO”.
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
?Santiago, 18 de abril de 2013.
Oficio N° 8.538
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 18 de abril en curso en el proceso Rol N° 2186-12-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 25 del Código del Trabajo, en los autos caratulados “Sindicato de Trabajadores de la Empresa Buses Ahumada R.S.U. con Buses Ahumada
Ltda.?, de que conoce el Segundo Juzgado del Trabajo de Los Andes, bajo el RIT O-49-2011.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO”.