Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- PERMISO
- Alejandro Santana Tirachini
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Frank Carlos Sauerbaum Munoz
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- XII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marta Eliana Isasi Barbieri
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Victor Marcelo Torres Jeldes
- PETICIÓN DE OFICIO : Enrique Accorsi Opazo
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Raul Andrade Lara
- PETICIÓN DE OFICIO : Osvaldo Raul Andrade Lara
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Araya Guerrero
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (Primer trámite constitucional)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Alfonso De Urresti Longton
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (Primer trámite constitucional)
- VI. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL DIBUJANTE Y CARICATURISTA RENZO PECCHENINO, LUKAS
- HOMENAJE : Edmundo Eluchans Urenda
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL DIBUJANTE Y CARICATURISTA RENZO PECCHENINO, LUKAS
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- INCLUSIÓN DE ABOGADOS Y CONTADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN FORMA INDEPENDIENTE EN FRANQUICIA TRIBUTARIA QUE ESTABLECE NUEVO ESTATUTO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (Votación)
- DEBATE
- CREACIÓN DE BONO ESPECIAL DE MOVILIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Mario Venegas Cardenas
- Ximena Vidal Lazaro
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Pedro Araya Guerrero
- Sergio Ojeda Uribe
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, SILLAS DE RUEDAS Y VEHÍCULOS ESPECIALES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Perez Arriagada
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Marta Eliana Isasi Barbieri
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Enrique Jaramillo Becker
- Fernando Meza Moncada
- Ximena Vidal Lazaro
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Pepe Auth Stewart
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN DE ABOGADOS Y CONTADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN FORMA INDEPENDIENTE EN FRANQUICIA TRIBUTARIA QUE ESTABLECE NUEVO ESTATUTO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (Votación)
- VIII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE ESTADO DE AVANCE DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE PEDREGOSO, COMUNA DE LONQUIMAY (Oficios)
- FISCALIZACIÓN A LICEO POLITÉCNICO DE PAILAHUEQUE, COMUNA DE ERCILLA, Y EVALUACIÓN DE ACCIONES CIVILES Y PENALES (Oficios)
- SOLUCIÓN A CONFLICTO DE PESCADORES ARTESANALES DE COMUNA DE DALCAHUE POR CUOTAS DE CAPTURA DE CONGRIO Y MANTARRAYA (Oficios)
- FINANCIAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EN COMUNA DE OSORNO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE GASTO DE RECURSOS DE LEY SEP ASIGNADOS PARA 2012 A COMUNAS DE REGIÓN DE O’HIGGINS (Oficios)
- INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE MATERIALIZACIÓN DE PROYECTO RANCAGUA EXPRESS EN REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS (Oficios)
- INFORMACIÓN Y SOLUCIÓN A SITUACIÓN QUE AFECTA A DOÑA PATRICIA ESCOBAR PEREIRA, BENEFICIARIA DE BECA CONICYT (Oficio)
- SANCIÓN A PROGRAMA TELEVISIVO “HAZME REÍR” POR EMISIÓN DE RUTINA CON CONTENIDO OFENSIVO Y DISCRIMINATORIO (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE ACCIDENTE EN LICEO AGRÍCOLA JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ MURÚA, EN AZAPA, ARICA (Oficio)
- FELICITACIONES A COOPERATIVA DE TRABAJO PRYMAVE, COMUNA DE MAIPÚ (Oficio)
- IRREGULARIDADES EN CENTRO DE ESTUDIOS E INTEGRACIÓN LABORAL PIAGET, DE CONCEPCIÓN (Oficios)
- CARTA GANTT DE PROYECTO HABITACIONAL EN CALETA TUMBES (Oficio)
- ANTECEDENTES SOBRE EXCLUSIÓN DE SECTORES DE ALTA VULNERABILIDAD DE COMUNA DE HUALPÉN EN PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (Oficios)
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE PRODESALES Y SOLUCIÓN A IMPASSE PRODUCIDO ENTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ E INDAP REGIONAL (Oficio)
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS MIGRATORIOS QUE AFECTAN A LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y A OTRAS ZONAS DEL NORTE DEL PAÍS (Oficios)
- OTORGAMIENTO DE ASIGNACIÓN DE ZONA A DOCENTES Y PARADOCENTES DE ESCUELA RURAL DE LOCALIDAD DE RAÚL MARÍN BALMACEDA, REGIÓN DE AYSÉN (Oficios)
-
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA REALIZACIÓN DE VUELTA
CICLÍSTICA DE CHILE (Oficios)
- ADHESION
- Alfonso De Urresti Longton
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- RESTITUCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELAS RURALES (Oficios)
- HOMENAJE A CLUB DEPORTIVO ELADIO ROJAS EN EL DECIMOQUINTO ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN (Oficios)
- RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A SOBREVIVIENTES DEL TERREMOTO Y TSUNAMI QUE AFECTÓ A LA REGIÓN DE LOS RÍOS EL 22 DE MAYO DE 1960 (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. ANEXO DE SESIÓN
-
PARO DE TRABAJADORES DE TAXIS COLECTIVOS Y
DE TAXIS EJECUTIVOS EN COPIAPÓ (Oficios)
- ADHESION
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
-
MAL USO DE VEHÍCULO FISCAL Y MALTRATO A TRABAJADORES
DE LA SALUD POR PARTE DE DIRECTOR REGIONAL
DE SALUD DE ATACAMA (Oficios)
- ADHESION
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
-
COBRO INDEBIDO DE 7 POR CIENTO DE SALUD A JUBILADO
DE LA CIUDAD DE COPIAPÓ (Oficios)
- ADHESION
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
- INFORMACIÓN ACERCA DE EVENTUAL MODIFICACIÓN UNILATERAL EN CONTRATO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS (Oficios)
- ANTECEDENTES SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE DOBLE VÍA MARIQUINA-VALDIVIA (Oficios)
-
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE BASES
SAMU EN REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficios)
- ADHESION
- Marcelo Diaz Diaz
- ADHESION
-
PARO DE TRABAJADORES DE TAXIS COLECTIVOS Y
DE TAXIS EJECUTIVOS EN COPIAPÓ (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- David Sandoval Plaza
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Enrique Estay Penaloza
- Leopoldo Perez Lahsen
- Manuel Rojas Molina
- Joel Rosales Guzman
- Alejandro Santana Tirachini
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- David Sandoval Plaza
- Nino Baltolu Rasera
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Enrique Estay Penaloza
- Manuel Rojas Molina
- Joel Rosales Guzman
- Alejandro Santana Tirachini
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- David Sandoval Plaza
- Nino Baltolu Rasera
- Cristian Letelier Aguilar
- Miodrag Arturo Marinovic Solo De Zaldivar
- Patricio Melero Abaroa
- Leopoldo Perez Lahsen
- Manuel Rojas Molina
- Alejandro Santana Tirachini
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Marisol Turres Figueroa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- David Sandoval Plaza
- Nino Baltolu Rasera
- Giovanni Oscar Calderon Bassi
- Leopoldo Perez Lahsen
- Manuel Rojas Molina
- Joel Rosales Guzman
- Alejandro Santana Tirachini
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Claudia Nogueira Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 30ª, en miércoles 22 de mayo de 2013
(Ordinaria, de 10.42 a 14.06 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, y Delmastro Naso, don Roberto.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- HOMENAJE
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 13
II. Apertura de la sesión 17
III. Actas 17
IV. Cuenta 17
- Acuerdos de los Comités 18
- Réplica a alusión personal 18
V. Orden del Día.
- Creación de Superintendencia de Telecomunicaciones (Primer trámite constitucional) 20
VI. Homenaje.
- Homenaje en memoria del dibujante y caricaturista Renzo Pecchenino, Lukas 49
VII. Proyectos de acuerdo.
- Inclusión de abogados y contadores públicos que trabajan en forma independiente en franquicia tributaria que establece nuevo estatuto de capacitación y empleo (Votación) 51
- Creación de bono especial de movilización para personas con discapacidad física 52
- Eliminación de impuestos de importación de artículos ortopédicos, sillas de ruedas y vehículos especiales 55
VIII. Incidentes.
- Información detallada sobre estado de avance de reconstrucción de la escuela de Pedregoso, comuna de Lonquimay (Oficios) 57
- Fiscalización a liceo politécnico de Pailahueque, comuna de Ercilla, y evaluación de acciones civiles y penales (Oficios) 57
- Solución a conflicto de pescadores artesanales de comuna de Dalcahue por cuotas de captura de congrio y Mantarraya (Oficios) 58
- Financiamiento para transporte escolar rural en comuna de Osorno (Oficio) 59
- Información sobre gasto de recursos de Ley SEP asignados para 2012 a comunas de Región de O’Higgins (Oficios) 60
- Información detallada sobre materialización de proyecto Rancagua Express en Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (Oficios) 60
- Información y solución a situación que afecta a doña Patricia Escobar Pereira, beneficiaria de beca Conicyt (Oficio) 61
Pág.
- Sanción a programa televisivo “Hazme Reír” por emisión de rutina con contenido ofensivo y discriminatorio (Oficio) 61
- Información sobre accidente en liceo agrícola José Abelardo Núñez Murúa, en Azapa, Arica (Oficio) 62
- Felicitaciones a Cooperativa de Trabajo Prymave, comuna de Maipú (Oficio) 63
- Irregularidades en centro de estudios e integración laboral Piaget, de Concepción (Oficios) 64
- Carta Gantt de proyecto habitacional en Caleta Tumbes (Oficio) 65
- Antecedentes sobre exclusión de sectores de alta vulnerabilidad de comuna de Hualpén en programa mejoramiento de barrios (Oficios) 65
- Implementación de medidas para funcionamiento adecuado de Prodesales y solución a impasse producido entre municipalidad de Longaví e Indap regional (Oficio) 66
- Implementación de medidas para abordar los problemas migratorios que afectan a la Región de Antofagasta y a otras zonas del norte del país (Oficios) 66
- Otorgamiento de asignación de zona a docentes y paradocentes de escuela rural de localidad de Raúl Marín Balmaceda, Región de Aysén (Oficios) 68
- Implementación de medidas para realización de vuelta ciclística de Chile (Oficios) 69
- Restitución de transporte escolar para alumnos de escuelas rurales (Oficios) 69
- Homenaje a Club Deportivo Eladio Rojas en el decimoquinto aniversario de su fundación (Oficios) 70
- Reconocimiento y homenaje a sobrevivientes del terremoto y tsunami que afectó a la Región de Los Ríos el 22 de mayo de 1960 (Oficios) 71
IX. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 73
- Paro de trabajadores de taxis colectivos y de taxis ejecutivos en Copiapó (Oficios) 73
- Mal uso de vehículo fiscal y maltrato a trabajadores de la salud por parte de Director Regional de Salud de Atacama (Oficios) 74
- Cobro indebido de 7 por ciento de salud a jubilado de la ciudad de Copiapó (Oficios) 74
- Información acerca de eventual modificación unilateral en contrato de pólizas de seguros en créditos hipotecarios (Oficios) 75
- Antecedentes sobre estado de proyecto de doble vía Mariquina-Valdivia (Oficios) 77
- Información sobre programa de instalación de bases Samu en Región de Los Ríos (Oficios) 78
Pág.
X. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que “Establece elección directa de los Consejeros Regionales.”. (boletín N° 7923-06). (105-361) 79
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que aprueba el “Acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, firmado en Santiago, Chile, el 16 de abril de 2012”. (boletín N° 8951-10). (106-361) 79
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.”. (boletín N° 8034-15). (105-361) 80
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.”. (boletín N° 8034-15). (517-360) 80
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.”. (boletín N° 8034-15). (071-361) 81
6. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “suma”, que “Modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las farmacias.”. (boletín N° 6523-11, 6037-11, 6523-11, 6331-11, 6858-11, refundidos). En Tabla 81
7. Primer informe de la Comisión Especial del Adulto Mayor recaído en el proyecto, iniciado en moción que “Establece acción popular en caso de maltrato y abandono hacia el adulto mayor.”. (boletines N° 5740-18, y 8162-32, refundidos). En estado de Tabla 99
8. Primer informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Renueva la vigencia de la ley N° 19.648 de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados.”. (boletín N° 8784-04). En Tabla 115
9. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en moción que “permite al padre y a la madre, indistintamente, abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos.”. (boletín N° 7519-05). En estado de Tabla 127
10. Primer informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana.”. (boletín N° 8618-11) 131
Pág.
11. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Calderón, Estay, Pérez, don Leopoldo; Rojas, Rosales, Santana, Vilches, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José y Turres, doña Marisol, que “Modifica el artículo 401 del Código Penal aumentando las penas por agresiones a profesores”. (boletín N° 8953-07) 158
12. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Baltolu, Calderón, Estay, Rojas, Rosales, Santana, Vilches, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José, y Turres, doña Marisol, sobre “Reforma Constitucional que modifica los artículos 48 y 50 de la Constitución Política de la República, estableciendo un nuevo requisito de elegibilidad para el cargo de senador y diputado”. (boletín N° 8954-07) 159
13. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Baltolu, Letelier, Marinovic, Melero, Pérez, don Leopoldo; Rojas, Santana, Vilches, y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que “Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, incorporando a las embarcaciones de apoyo a la acuicultura condiciones de habitabilidad y bienestar de la dotación”. (boletín N° 8955-21) 160
14. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Baltolu, Calderón, Pérez, don Leopoldo; Rojas, Rosales, Santana, Vilches, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José y Nogueira, doña Claudia, que “Modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo un nuevo caso de inhabilidad para ser elegido alcalde y concejal”. (boletín N° 8956-06) 161
15. Informe de la participación del señor diputado Rincón, en la instancia parlamentaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) con motivo de las reuniones de la Subcomisión de Políticas Carcelarias de la Comisión de Derechos Humanos, de la Directiva de Comisiones, de la Junta Directiva y de la Sesión XXVIII de la Asamblea Ordinaria, realizadas en República de Panamá, desde el día 27 de noviembre hasta el día 1° de diciembre de 2012 162
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones y notas:
- Nota del diputado señor Santana, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 17 de mayo próximo pasado, para dirigirse a Bakú, Azerbaiján.
- Nota del diputado señor Cerda, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 22 de mayo en curso, para dirigirse a Panamá.
- Comunicación del diputado señor Sauerbaum, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 3 días, a contar del 14 de mayo en curso próximo pasado.
- Comunicación del diputado señor Velásquez, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 10 días, a contar del 10 de mayo próximo pasado.
2. Oficio:
- Oficio de la Comisión de Trabajo, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Perfecciona materias relativas a la incautación, enajenación temprana y ejecución de bienes en el sistema penal.”, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. (boletín N° 8928-07. En Tabla.
Respuestas a oficios.
Ministerio de Interior:
- Diputado Chahín , Evaluación estratégica comunal de seguridad pública y de la aplicación del Plan Cuadrante en la comuna de Victoria, con los respectivos indicadores de violencia y victimización. (335 al 10581).
Ministerio de Hacienda:
- Diputado Díaz don Marcelo, informe si dio respuesta al oficio que la remitiera el 22 de enero de 2013 el señor Contralor General de la República a la señora Directora de Presupuestos , en relación a la necesidad de modificaciones presupuestarias que aseguraran recursos nuevos para el financiamiento del bono de la ley N° 20.134, que concede un bono extraordinario a los exonerados por motivos políticos que indica. Asimismo, y solicita al efecto que se lleven a efecto las referidas modificaciones para, de esa forma, dar cumplimiento a la ley. (1076 al 10936).
Ministerio de Educación:
- Diputado Schilling, Solicita analizar la situación descrita en la solicitud adjunta y disponer las medidas que sean procedentes. (1097 al 4760).
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remita los antecedentes estadísticos señalados en la solicitud adjunta, en relación con los libros solicitados en las comunas de la Región de Los Lagos. (327 al 10982).
Ministerio Público:
- Diputado Espinoza don Fidel, Número de denuncias recibidas por las distintas Fiscalías de la Región de Los Lagos, en los últimos dos años, respecto del robo de embarcaciones y motores marinos, precisando cuántas de ellas han terminado en investigaciones, juicios y condenas y cuántas de ellas han sido archivadas por falta de antecedentes, señalando las comunas en que se produjeron los hechos denunciados. (51 al 10258).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputada Isasi doña Marta, Requiere se informe sobre el proceso de descontaminación del derrame de petróleo de la empresa Petrobras ocurrido en la playa El Colorado, en Iquique. (131478 al 10140).
Intendencias:
- Diputado Squella, Informar sobre el convenio celebrado entre Fenur S.A. y Oscar Cantero Monsalve, Patricio Molina Cáceres, Rolando Osorio Buzeta y otros, particularmente la fecha de incorporación y otorgamiento del subsidio, rebajas de tarifas pactadas, el monto del aporte y forma de pago del subsidio. (1025 al 11088).
- Diputado De Urresti , Proyectos de electrificación rural que se encuentran en etapa de diseño o en ejecución en la Región de Los Ríos, especialmente respecto de los sectores de Tres Chiflones y Cabillar, en la comuna de Corral; y, de Quitaqui, en la comuna de Valdivia. (1222 al 10609).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe si se han realizado fiscalizaciones en el sector de Loncura Bajo, comuna de Quintero; y en caso de ser negativa la respuesta, tenga a bien disponer su realización. (211 al 10875).
- Diputado Monckeberg don Cristián, Solicita pronunciamiento sobre los hechos expuestos, referidos a la existencia de una plaga de murciélagos en la comuna de Nacimiento. (2334 al 10516).
- Diputado Monsalve , Remita la información detallada en la intervención adjunta, en especial, con la que dice relación con el estado de avance de la pavimentación de la calle Augusto D’Halmar, población Cornelio Saavedra, Región del Biobío. (784 al 10630).
Servicios:
- Diputado Espinoza don Fidel, Solicita remitir antecedentes sobre la situación que afectara al señor Arnoldo Caicheo Álvarez, fallecido el 28 de enero próximo pasado, quien se encontraba detenido en el recinto carcelario de Alto Bonito, en Puerto Montt; con señalamiento de la causa, lugar y hora de su deceso; asimismo, acerca de la constancia de su condición de persona alcohólica-dependiente; y la razón formal de su detención; y, además, para que tenga a bien disponer se realice una investigación sobre las causas y circunstancias de la muerte del detenido. (10280 al 10280).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a don Mario Núñez López, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (10882 al 4838).
- Diputada Isasi doña Marta, Solicita informe si el servicio a su cargo, cuenta con equipos tecnológicos especializados para detectar la presencia de hidrocarburos y midan los niveles de contaminación del medio ambiente. (215 al 10872).
- Diputado Gutiérrez don Hugo, Solicita remita un listado de las rutas que a lo largo del país, conectan las ciudades con los aeropuertos y que efectúen cobros por su utilización. (2808 al 10947).
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita informe sobre los resultados de los exámenes practicados a don Felipe Carrillo Nencuante, lamentablemente fallecido en un accidente del tránsito el 20 de octubre de 2009, en el sector Colegual de la comuna de Llanquihue, Región de Los Lagos; particularmente, la causa probable de su muerte y el nivel de alcohol en la sangre. (550 al 10984).
Varios:
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita informe sobre el estado de tramitación en que se encuentra la apelación presentada ante el servicio a su cargo, por doña Ana Luisa Silva Calderón, individualizada en la solicitud adjunta. (28040 al 10796).
Municipalidades:
- Diputado Díaz don Marcelo, Posibilidad de disponer los estudios para el desarrollo de proyectos de pavimentación en los pasajes Hernán Mery y Prisco Conta, del sector de Coquimbito; y en el sector de María Elena, en la comuna de La Serena. Asimismo, mediante recursos del Programa de Mejoramiento de Barrios, se mejore el alumbrado público del sector de María Elena, en El Romero, en la misma comuna. (2367 al 10613).
- Diputado Espinoza don Fidel, Número o porcentaje de personas que han renovado sus antecedentes socioeconómicos, tras las modificaciones introducidas a la Ficha Social; y, la cantidad de personas que se encontraban encuestadas con el formato anterior de este instrumento. (396 al 10241).
XII. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- Diputada Molina doña Andrea, Tenga a bien informar sobre el estado en que se encuentran los caminos señalados en la solicitud adjunta; particularmente, si existen proyectos de reparación o de mejoramiento de éstos. (11242 de 14/05/2013). A seremi de Obras Públicas de la Región de Valparaíso .
- Diputada Molina doña Andrea, Tenga a bien informar sobre los motivos considerados para separar de sus funciones a los 8 profesores municipales señalados en la solicitud adjunta. (11245 de 14/05/2013). A Municipalidad de Hijuelas.
- Diputado Silber, Tenga a bien instruir la fiscalización sobre la situación descrita en la solicitud adjunta, que afecta al humedal de Batuco y el sector de Lo Fontecilla de la comuna de Lampa e informe sobre sus resultados. (11246 de 14/05/2013). A Superintendencia del Medio Ambiente.
- Diputado Espinoza don Fidel, Tenga a bien remitir los antecedentes sobre la formulación de cargos efectuada a la Sociedad Marina Tornagaleones de la Región de Los Lagos, en relación con el proyecto Centro de Engorda de Salmonídeos del sector Punta Quillaipe e informe sobre la infracción que se le atribuye, su calificación y las eventuales sanciones. (11249 de 15/05/2013). A superintendencia del medio ambiente.
- Diputado Espinoza don Fidel, Tenga a bien remitir los antecedentes sobre la fiscalización realizada por la cartera a su cargo a los colegios municipalizados y subvencionados e informe sobre las cifras correspondientes a las infracciones cometidas por los establecimientos de la Región de Los Lagos en la última fiscalización. (11250 de 15/05/2013). A superintendente de Educación .
- Diputado Silber, Instruya la fiscalización sobre la situación descrita en la solicitud adjunta e informe sobre los procesos administrativos y las investigaciones gestionadas a la fecha. (11251 de 15/05/2013). A Contraloría General de la República .
- Diputado Silber, Instruya la fiscalización sobre la situación descrita en la solicitud adjunta e informe sobre los procesos administrativos y las investigaciones gestionadas a la fecha. (11252 de 15/05/2013). A Superintendencia del medio ambiente.
- Diputado Silber, Instruya la fiscalización sobre la situación descrita en la solicitud adjunta e informe sobre los procesos administrativos y las investigaciones gestionadas a la fecha. (11253 de 15/05/2013). A seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana .
- Diputado Silber, Instruya la fiscalización sobre la situación descrita en la solicitud adjunta e informe sobre los procesos administrativos y las investigaciones gestionadas a la fecha. (11254 de 15/05/2013). A intendencias.
- Diputado Harboe, Remitir los antecedentes estadísticos sobre las cifras correspondientes a los ingresos de causas judiciales; desglosadas por materias, de las comunas de Chillán y Los Ángeles de la Región del Biobío. (11256 de 15/05/2013). A Ministerio de Justicia.
- Diputado Harboe, Remitir los antecedentes solicitados anteriormente en el Oficio N°10.561 con fecha 2 de abril de 2013, en relación con el estudio de evaluación del plan cuadrante de seguridad preventiva realizado por la Fundación Paz Ciudadana; particularmente, las bases de licitación, su publicación, número de postulantes, profesionales que participaron del estudio, montos comprometidos, pauta de evaluación, criterios de adjudicación y acta de adjudicación. (11259 de 15/05/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputado Venegas don Mario, Remita los antecedentes solicitados anteriormente en el Oficio N°10.561 con fecha 2 de abril de 2013, en relación con el estudio de evaluación del plan cuadrante de seguridad preventiva realizado por la Fundación Paz Ciudadana; particularmente, las bases de licitación, su publicación, número de postulantes, profesionales que participaron del estudio, montos comprometidos, pauta de evaluación, criterios de adjudicación y acta de adjudicación. (11262 de 15/05/2013). A ministra de Educación .
- Diputado Hernández, Tenga bien informar sobre presuntos casos de negligencias médicas acontecidas en el servicio de urgencia del Hospital Base de Osorno de la Región de Los Lagos; particularmente, la existencia de sumarios internos, resultados de éstos, las medidas que se adoptaron para prevenir estos hechos y los protocolos de seguridad referentes a la atención de los pacientes desde que ingresan hasta que reciben el alta médica. (11263 de 15/05/2013). A Ministerio de Salud.
- Diputada Isasi doña Marta, Informe sobre todos los proyectos ejecutados o que se ejecutarán en la Región de Tarapacá bajo la propuesta Mejorando Mi Barrio; particularmente los montos comprometidos, quienes lo ejecutaron y los nombres de los condominios sociales favorecidos con el proyecto. (11264 de 15/05/2013). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Diputado Cerda, Informe sobre los proyectos habitacionales entregados durante el año 2012 en la Región de Valparaíso; particularmente en el distrito 10, que agrupa a las comunas de Cabildo, La Calera, Hijuelas, La Cruz, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero y Zapallar. (11265 de 15/05/2013). A dirección regional del Serviu de la Región de Valparaíso.
- Diputado Walker, Solicita disponer la fiscalización del sector de La Quebrada de Punta Mira, en la comuna de Coquimbo e informe a esta Corporación de sus resultados. (11266 de 16/05/2013). A intendencias.
- Diputado Walker, Solicita remita los antecedentes, estudios e informes del proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto “área seco en línea de tren de propiedad de Ferronor” que se realizará en el sector Punta Mira, comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo; particularmente, la descripción de las medidas de mitigación que en él se proponen. (11267 de 16/05/2013). A Ministerio del Medio Ambiente.
- Diputado Torres , Solicita informe sobre el cierre del acceso directo a la ruta 68 en el sector de la Vinilla, comuna de Casablanca, Región de Valparaíso e indique si se contempla por parte de la concesionaria Litoral Central, la construcción de veredas con salida de aguas lluvias y acceso a la ruta, en el mismo sector. (11269 de 16/05/2013). A Ministerio de Obras Públicas .
- Diputado Accorsi, Tenga a bien remitir todos los antecedentes vinculados a dictámenes o procesos administrativos, en relación con el proyecto Pascua Lama. (11271 de 16/05/2013). A Contraloría General de la República .
- Diputado Cerda, Informe sobre el estado de avance de los proyectos de imprimación asfáltica de las calles Hermanas Solari y Exequiel Silva del sector del cajón de San Pedro de la comuna de Quillota. (11272 de 16/05/2013). A director regional de Vialidad de la Región de Valparaíso .
- Diputado Cerda, Informe a esta corporación sobre las medidas que se adoptarán en el corto y largo plazo para mejorar el acceso por la Ruta E-35 a la localidad de Artificio de la comuna de Cabildo, Región de Valparaíso. (11291 de 16/05/2013). A Ministerio de Obras Públicas.
- Diputado Andrade, Solicitar a la Dirección Nacional del Trabajo la fiscalización de normas laborales y previsionales en la empresa Eco Vial, a cargo de la obra de mejoramiento de la ruta G-25 y la pavimentación de sus veredas anexas, en la comuna de San José de Maipo. (11302 de 16/05/2013). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Diputado Andrade, Instruya la fiscalización por la contaminación, ruidos molestos e infracciones a normas medioambientales realizadas por las empresas individualizadas en la solicitud adjunta. (11305 de 16/05/2013). A Ministerio de Salud.
- Diputado Araya , Informe sobre el estado de tramitación en que se encuentra la apelación presentada por doña Zulema Elier Lillo Alfaro, en relación con el retiro del beneficio de pensión básica solidaria. (11306 de 16/05/2013). A director nacional del Instituto de Previsión Social .
- Diputado Araya , Informe sobre el estado de tramitación en que se encuentra la apelación presentada por el Instituto de Previsión Social, en relación con el caso que afecta a doña Graciela Ramírez Aliste. (11307 de 16/05/2013). A varios.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe sobre los trámites que deben realizar los trabajadores individualizados en la solicitud adjunta para recuperar sus cotizaciones previsionales que fueron declaradas y no canceladas. (11309 de 16/05/2013). A director del trabajo de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe sobre la factibilidad de realizar una revisión de los antecedentes previsionales de don Jaime Medina González. (11310 de 16/05/2013). A director nacional del Instituto de Previsión Social.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrió, además, el subsecretario del Ministerio de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton Palma.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Roberto León Ramírez, Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Alejandro Santana Tirachini.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 24ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 25ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Trabajo, a fin de que se le remita el proyecto, iniciado en moción, que perfecciona materias relativas a la incautación, enajenación temprana y ejecución de bienes en el sistema penal, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Para adoptar el acuerdo se requiere de la unanimidad de la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , no tengo reparo alguno siempre y cuando después vuelva a la Comisión de Constitución, tal como se acordó la semana pasada respecto de otro proyecto.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , recién en la Comisión de Régimen Interno nos referimos a los problemas que se suscitan cuando los proyectos se cambian de comisiones. Por eso pido que su señoría se pronuncie respecto de cuál es la comisión técnica en relación con dicha iniciativa, de manera que no existan dificultades.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señor diputado , la comisión técnica es la de Constitución, Legislación y Justicia, instancia en la cual se encuentra radicado el proyecto.
¿Habría unanimidad de la Sala?
No hay acuerdo.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Edmundo Eluchans, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:
1. Tomar conocimiento de las Tablas de la semana, documento que se acompaña en anexo;
2. Rendir homenaje a la Policía de Investigaciones de Chile, con ocasión de su octogésimo aniversario, al término del Orden del Día, con la intervención de hasta dos diputados y un miembro de la Mesa, y hacer entrega de la medalla Cámara de Diputados a su director general, y
3. Rendir un homenaje a la Logia Luz y Perseverancia Nº 43, de Curicó, por su centenario, al término del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 5 de junio.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Gracias, señor Secretario .
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL
El señor ELUCHANS (Presidente).- La diputada señora Marta Isasi ha solicitado hacer uso de la palabra en virtud de lo establecido en el artículo 34 del Reglamento.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , desde el 10 de mayo a la fecha, he sido víctima, junto con mis hijas y mi familia, de descalificaciones y denostaciones brutales.
El 4 de noviembre del 2011 denuncié ante el Ministerio Público a mi exasesor Georgio Carrillo , por haberse apropiado en forma ilícita de recursos de la Cámara de Diputados y de mi persona, a través de la falsificación de mi firma en instrumentos administrativos, lo que fue ratificado por la investigación de la PDI, dándose los delitos de estafa, fraude al fisco y falsificación de firma.
En la querella presentada por mi persona también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado, el 9 de mayo de 2013.
Mi exasesor fue formalizado por esos delitos. Boris Paredes , asesor del diputado Hugo Gutiérrez y funcionario de esta Cámara de Diputados, pagado con fondos públicos, hoy es abogado defensor de mi exasesor en los tribunales, quien también estafó a la Cámara de Diputados.
Quiero decir que habiendo sido diputada informante de la Comisión de Pesca, sobre el proyecto de la Ley de Pesca, por derecho propio me correspondía integrar la Comisión Mixta.
Según este montaje político que ha armado el señor Gutiérrez , yo no debería haber estado el 10 y 12 de diciembre representando al Congreso de Nacional y a Chile, en Roma, en la Corte Penal Internacional.
Queridos colegas, si a mí me hubieran pagado por el voto en el proyecto de Ley de Pesca, como dice el señor Gutiérrez , yo debería haber estado presente en la Comisión Mixta. Sin embargo, el 10 y 12 de diciembre, cuando sesionó la Comisión Mixta, yo me encontraba representando al Congreso de Chile en la Corte Penal Internacional, en Roma, Italia.
Pero, además, el 18 de diciembre, cuando ese proyecto de ley se encontraba en su último trámite legislativo, yo voté en contra. ¡En contra, de cara al país!
Señor Presidente , queridos colegas, esperé un tiempo prudente; creí que más de alguno de ustedes, Ciper o los medios de comunicación podrían haber revisado mi votación en la Cámara de Diputados. Esto demuestra este espectáculo brutal y asqueroso del diputado Hugo Gutiérrez .
Señor Presidente , exijo disculpas públicas del diputado Gutiérrez y de todos los parlamentarios que han enlodado mi nombre. El señor Gutiérrez ha vulnerado los derechos humanos de mis hijas, de mi familia, creando este Corín Tellado , prestándole micrófono a un tipo al cual yo denuncié el 4 de noviembre de 2011.
Si de acuerdo con este montaje político, la empresa Corpesca me hubiera pagado, ¿ustedes creen que yo hubiese ido a Roma a representar al Congreso Nacional? No; me hubiera quedado en la Comisión Mixta, como lo planteó Gutiérrez . Pero Gutiérrez debió haber sido más inteligente y haber revisado mi votación, que finalmente fue en contra.
Señor Presidente , pido a usted y a todos los colegas que por favor trabajemos en serio por el bien de este país, por el bien de las regiones a las que cada uno representamos. ¡Este triste espectáculo ha enlodado no solamente a mi persona, sino también a la Comisión de Pesca completa y a la Cámara de Diputados!
El señor Gutiérrez no merece ser diputado , porque ha enlodado a toda la Cámara de Diputados. Ha enlodado mi prestigio en un año electoral, solamente para sacar ventaja política, tal como lo hizo siendo candidato en 2009, oportunidad en que se dedicó a denostar y descalificar mi nombre. Yo demostré mi inocencia y salí reelegida con primera mayoría, y él también fue elegido diputado . Lo perdoné.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Señora diputada , se ha cumplido su tiempo.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente , estimados colegas: ¡Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece!
He dicho.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (Primer trámite constitucional)
El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Diputados informantes de las comisiones de Ciencia y Tecnología; Obras Públicas y Telecomunicaciones, y de Hacienda, son los señores Ramón Farías, Javier Hernández y Pablo Lorenzini, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8034-15, sesión 107ª de la legislatura 359ª, 10 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología, sesión 70ª de la legislatura 360ª, en 13 de agosto de 2012. Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 1ª de la presente legislatura, en 16 de enero 2013. Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 21ª de la presente legislatura, en 7 de mayo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 13.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
El señor FARÍAS (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, me corresponde informar sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La idea matriz o fundamental de este proyecto es crear la Superintendencia de Telecomunicaciones como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y cuyas funciones y atribuciones serán las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
En los últimos años, Chile ha vivido una explosiva masificación en el acceso a servicios de telecomunicaciones, y hoy es el mercado con el mayor número de usuarios que existe en Chile.
La red de telefonía móvil tiene alrededor de 18 millones de abonados; la de telefonía fija, 3,5 millones; la televisión pagada, 1.8 millones, y la televisión abierta, más de 16 millones.
En un año se producen más de 580 millones de llamadas de larga distancia nacional y 40 millones de llamadas de larga distancia internacional. Existe 1,8 millones de conexiones fijas a internet y 5,3 millones de conexiones móviles a internet. Además, 33 por ciento de los hogares tiene acceso a internet y se cuenta con más de 29 proveedores de este acceso.
Un antecedente fundamental es que las telecomunicaciones constituyen un servicio indispensable para el desarrollo económico, social y cultural del país.
En los últimos años, la aparición de internet y de la tecnología IP ha modificado la estructura de las telecomunicaciones, transformando la forma en que nos relacionamos y accedemos a los distintos bienes y servicios en un mundo globalizado.
Con respecto a los operadores de servicios de telecomunicaciones, constatamos que hay 28 concesionarios de telefonía fija y 5 de telefonía móvil. Además, hay 15 concesionarios de VoIP, 19 de telefonía móvil virtual y 23 de larga distancia. A ellos se suman 3.500 permisionarios de servicios limitados de telecomunicaciones, de los cuales 218 son de televisión pagada, 94 concesionarios de televisión abierta; 1.995 concesionarios de radiodifusión sonora, y un numeroso conjunto de titulares de licencias como radioaficionados. Estos últimos de-sarrollan una importante labor cotidiana en beneficio de la comunidad, la que se hace totalmente evidente durante las emergencias, como la vivida por el país tras el terremoto de febrero de 2010.
Esta masificación de las telecomunicaciones es inédita en nuestra historia y explica en buena parte la presencia significativa que tiene hoy el sector en el PIB nacional.
Sin embargo, este mismo desarrollo de las telecomunicaciones provoca que el soporte institucional de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que data de 1977, no responda a los requerimientos que hoy demanda este sector.
La dictación de la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones , y de otra dedicada a la energía eléctrica, ciertamente constituyeron un avance, pero aún es insuficiente.
Uno de los temas fundamentales a este respecto es la ambigüedad de la competencia de la autoridad sectorial, que en sí reúne las tareas de diseño de política y normas, y tareas de fiscalización del cumplimiento de estas normas, además de su sanción en caso de incumplimiento. En síntesis, es juez de sus propias normas, lo que provoca un doble problema desde el punto de vista de la corrección institucional y de la práctica. El primero se genera porque no parece correcto que quien dicte las normas sea el mismo que las fiscalice y las sancione, ocasionando un delicado riesgo para los ciudadanos, en el sentido de que, al radicarse ambas tareas en un mismo sujeto, es posible que la fiscalización y sanción de las normas sea contagiada con los objetivos de política a los que esas normas apuntan.
La experiencia en estos más de treinta años muestra de una manera ineludible la necesidad y conveniencia de introducir mejoras a esa arquitectura, que le permitan dar debida cuenta de una realidad en que los servicios de telecomunicaciones tienen una masificación inédita y que, gracias a la tecnología digital, están experimentando un proceso de convergencia que desafía las categorías con que tradicionalmente hemos entendido dichos servicios. La telefonía IP y la televisión digital son solo dos ejemplos de la desafiante realidad que hoy enfrenta la regulación sectorial.
El informe conocido como “Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado”, que produjo la Comisión Presidencial de Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado, en 1998, destacó la necesidad de separar las tareas básicas de definir la política y las normas de fiscalización y sanción, y se propuso la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones. Importante es considerar que la OCDE ha enfatizado la corrección y eficacia que hay en la separación del diseño de la política y las normas para un sector, de su fiscalización y sanción. Recordemos que en abril de 2010, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo Nº 27, de varios señores diputados, mediante el cual se solicitaba al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones “el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que cree la Superintendencia de Telecomunicaciones”.
Todos estos antecedentes apuntan hacia la corrección y conveniencia de crear una Superintendencia de Telecomunicaciones que concentre las tareas fiscalizadoras, sancionatorias, en materia de autorizaciones y las vinculadas a la fijación de tarifas que la ley determine. Aquí se radicarían los objetivos de política pública, cuyo órgano será la Subtel. En la Superintendencia, en cambio, quedarían las tareas que suelen considerarse más “neutrales” o “técnicas”, tales como fiscalizar, sancionar, participar en la entrega de las autorizaciones a fin de prestar los servicios de telecomunicaciones y conducir el procedimiento para la fijación de las tarifas, sobre la base de las definiciones que adopte el órgano regulador.
Este nuevo contexto requiere de una mejora sustantiva del papel fiscalizador del Estado para que sea capaz de enfrentar desafíos de una envergadura incomparablemente mayor a los que existían al crearse la Subtel, partiendo del hecho de que la fiscalización que hoy se lleva a cabo por dicho organismo es, básicamente, reactiva, generada en respuesta a denuncias, reclamos de los usuarios, solicitudes de los interesados o a requerimiento de otras autoridades. A su turno, la evaluación que la Subsecretaría realiza de la calidad de los servicios de telecomunicaciones es más bien marginal e insuficiente, pues está focalizada fundamentalmente en los servicios de telefonía fija y móvil. La supervigilancia de los fenómenos tecnológicos e industriales y de los operadores de telecomunicaciones también se ha complejizado de una manera sustantiva.
Existe consenso en el país de que la modernización del sector requiere crear un nuevo órgano especializado en esas funciones y atribuciones, de alto nivel técnico y profesional, que tenga la independencia, estabilidad y flexibilidad necesarias para acometer las tareas que el país demanda en materia de telecomunicaciones.
Sobre la naturaleza jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, debemos precisar que será un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sus funciones y atribuciones serán las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública. Su independencia se hará posible, porque el nombramiento del superintendente se sujetará al Sistema de Alta Dirección Pública. Además, por la definición clara de las funciones y atribuciones del nuevo órgano, y por la relativa independencia económica derivada de que al patrimonio se integren ciertos ingresos propios.
En su competencia se radicará la fiscalización del cumplimiento de la normativa sectorial y, en caso de incumplimiento, su sanción administrativa. El procedimiento administrativo-sancionatorio que se propone está en línea con los últimos avances alcanzados por nuestro ordenamiento en esta materia.
Asimismo, forma parte de la competencia básica de la Superintendencia la participación en el otorgamiento y terminación de las autorizaciones para entrar al mercado de las telecomunicaciones y velar por el correcto uso del espectro radioeléctrico, según la normativa sectorial. Se le encarga, además, conducir los procedimientos para la fijación de las tarifas en los servicios de telecomunicaciones que aún están afectos a ellas. También se incluye otra tarea de la mayor relevancia pública, cual es la recolección de la información relevante del sector telecomunicaciones para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones.
Por el proyecto se contempla modificar también el régimen de sanciones de la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones, que se considera deficiente y poco sistemático. Además, carece de suficiente proporcionalidad en relación a la gravedad de algunas infracciones.
También se propone una clasificación sistemática de infracciones en gravísimas, graves y leves, y se les asignan las correspondientes sanciones, lo que permitirá corregir la situación actual.
Paralelamente, se aumenta el monto de todas las sanciones, atendida la envergadura económica que ha adquirido el mercado de las telecomunicaciones, por una parte, y su inédita masificación, por la otra, que extiende un vasto campo de usuarios titulares de legítimos derechos. Para definir los montos que se proponen para este aumento se ha seguido la línea trazada por las últimas reformas a órganos fiscalizadores.
Es destacable que la iniciativa incluye un plazo de caducidad de las medidas provisionales adoptadas por la administración a la hora de formalizar investigaciones; se exige autorización judicial para solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso de que esta sea necesaria para el cumplimiento de las funciones y atribuciones fiscalizadoras de la Superintendencia, y, por primera vez, se regulan legislativamente dos puntos relativos a la prescripción de las infracciones y las sanciones impuestas.
Sobre el procedimiento administrativo-sancionatorio propuesto, tengamos en cuenta que este queda en línea con el sentido básico de la legislación vigente sobre procedimiento administrativo. Además, el proyecto establece una serie de mecanismos para maximizar su carácter racional y justo, cuestión que se busca también mediante la separación de las unidades de fiscalización e instrucción, por una parte, y la de sanción, por la otra. También se formalizan las posibles medidas provisionales y se les da un carácter exclusivamente cautelar y excepcional; se refuerza el derecho a defensa y se reduce el centralismo, al proponer que quien reclame en contra de la resolución que pone término al procedimiento administrativo-sancionatorio, pueda hacerlo ante la corte de apelaciones de su domicilio.
La Superintendencia tendrá la facultad de atender y resolver los reclamos y denuncias que los usuarios formulen en contra de los operadores, sin perjuicio de sus atribuciones sancionatorias. A fin de conocer las inquietudes de los usuarios, la Superintendencia podrá elaborar estudios sobre las materias propias de su competencia. Con estos se espera, en general, tener información para mejorar el ejercicio de sus funciones y atribuciones y, en especial, respecto de la calidad de los servicios prestados por los operadores y la protección de los derechos de los usuarios.
Existe un informe emitido por la Corte Suprema respecto de este proyecto de ley, en cuanto a esa antigua deuda del ordenamiento jurídico chileno relativa a la creación de los tribunales contencioso-administrativos y, en su defecto, a la necesidad de sistematizar los diversos procedimientos contencioso-administrativos dispersos en la legislación, unificándolos en uno solo, cuyo conocimiento quede entregado a los tribunales del país.
La idea de legislar fue aprobada por unanimidad. En la discusión particular, se presentaron numerosas indicaciones por diputados y el Gobierno, cuya votación se verifica en cada una de las disposiciones.
Por último, es justo reconocer la valiosa participación y disposición al diálogo y a la negociación que siempre tuvo el subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton .
Es todo cuento puedo informar.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García, quien rendirá el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
El señor GARCÍA, don René Manuel (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Reseña del proyecto.
Honorable Sala, el proyecto tiene por objeto crear la Superintendencia de Telecomunicaciones como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -esto demuestra que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la instancia técnica- y cuyas funciones y atribuciones serán las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
La honorable Sala, en su sesión 70ª, de 13 de agosto de 2012, acordó enviar el proyecto de ley a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, para que informara sobre el texto del proyecto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, y propusiera indicaciones que permitieran su perfeccionamiento.
Trabajo de la Comisión.
El proyecto fue tratado y acordado en las sesiones de 2 de octubre; 6 y 27 de noviembre, y 11 de diciembre de 2012, y de 2, 9 y 16 de enero de 2013, con la asistencia de las diputadas señoras Clemira Pacheco y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Pepe Auth , Sergio Bobadilla, René Manuel García, Gustavo Hasbún , Javier Hernández, Juan Carlos Latorre , Fernando Meza , Iván Norambuena, Leopoldo Pérez, Joaquín Tuma y Mario Venegas .
Asistió, además, por la vía del reemplazo, el diputado señor Carlos Montes .
Para el estudio del proyecto, la Comisión contó con la colaboración y asistencia del subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton Palma , y de su jefa de gabinete, señora Daniela González .
Además, participaron invitadas por la Comisión, las siguientes personas o instituciones: el presidente de Asociación de Telefónicas Móviles (Atelmo), señor Guillermo Pickering de la Fuente ; el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), señor Luis Pardo Sainz ; el gerente de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (Arcatel), señor Rodrigo Moreno Moreno ; el presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), señor Eduardo Corona Bozzo ; la dirigente de la Asociación Funcionarios de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Afunmtt), señora Margarita Portuguez González ; el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), señor Hernán Calderón ; el presidente del Consejo Consultivo de Conadecus , señor Guillermo Henríquez , y el asesor de Conadecus, señor Ernesto Evans .
En el estudio realizado por la Comisión, 102 indicaciones se aprobaron, 26 se rechazaron y 12 fueron declaradas inadmisibles.
Las indicaciones aprobadas por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acogen los planteamientos y sugerencias recibidos de los actores involucrados en el tema de las telecomunicaciones durante las audiencias públicas celebradas por la Comisión, y su materialización es fruto del consenso alcanzado con el Ejecutivo , en la persona del subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton Palma .
Hago presente que la mayoría de las indicaciones obedecen a adecuaciones de forma y de fondo a la nueva normativa propuesta, y tienen por objeto regular que determinados aspectos que son de competencia de la Subtel queden radicados en la esfera de atribuciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Cabe destacar que una de las principales modificaciones que se proponen al texto del proyecto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, guarda relación con modificaciones tendientes a evitar una eventual superposición de competencias, para generar una delimitación clara de los organismos competentes, además de evitar abusos en el ejercicio de la facultad de pedir información.
Otro aspecto que se busca mejorar por medio de indicaciones es el concerniente al régimen de multas, ya que las contempladas por el proyecto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología son demasiado gravosas, según lo manifestado por la unanimidad de las organizaciones invitadas.
En ese sentido, se propone, además, precisar las conductas sancionables y clasificarlas en infracciones gravísimas, graves y leves, y rebajar los montos de las multas a unidades tributarias mensuales. Al respecto, cabe recordar que, en su mayoría, se encontraban fijadas en unidades tributarias anuales, por lo cual, independiente de su monto, harían imposible pagarlas y llevaría a las empresas a la quiebra.
Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Sala.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor LORENZINI (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Durante su estudio, asistieron a la Comisión el subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton ; su jefa de gabinete, señora Daniela González ; la directora de la Asociación de Trabajadores de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, señora Margarita Portuguez ; el presidente de Anatel , señor Ernesto Corona ; el gerente general de Arcatel , señor Rodrigo Moreno ; el presidente nacional de Archi , señor Luis Pardo , y el representante de Amarc Chile, señor Raúl Rodríguez .
El sector de las telecomunicaciones, según se dice por ahí, es el mercado con mayor cantidad de usuarios en Chile. Por lo tanto, es factor clave en nuestro desarrollo, en áreas como la educación, la medicina, campos productivos y socioculturales, etcétera. Se trata de un mercado 35 millones de relaciones comerciales, en permanente evolución tecnológica. Al respecto, Chile se quedó institucionalmente atrasado, se quedó en el pasado. Su arquitectura, que es de los años 70, no ha cambiado mucho, y las fiscalizaciones y sanciones -nos decía el subsecretario- son de los años 80; es decir, poco o nada hemos avanzado.
En la percepción de los usuarios, existe un deterioro de la calidad de los servicios y de las prácticas comerciales; además, existe poca transparencia -repito la expresión “transparencia”-, y respuesta de las empresas a los consumidores.
Este mercado -lo dice el Sernac- ostenta la mayor cantidad de reclamos de los consumidores. ¡Claro, junto a la banca y el retail! Pero este mercado, si consideramos esos tres, es el que más quejas genera. Esto explica la singular importancia de este proyecto, sobre todo en defensa de los derechos de los consumidores.
Según algunos datos, que parecen sacados de otras décadas, solo cuatro países latinoamericanos no tienen Superintendencia de Telecomunicaciones: Barbuda , Barbados, Cuba y Chile. Interesante: estamos entre Cuba, Barbuda y Barbados. Esto demuestra la importancia del proyecto, que modifica una serie de cuerpos legales ligados a la Ley General de Telecomunicaciones. En primer lugar, separa el rol de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Su personal, que hoy se desempeña en fiscalización y concesiones, se irá a la Superintendencia. Hay que evitar la superposición de funciones, lo que significa tener cuidado con lo que hacen el Sernac, la nueva Superintendencia y el Consejo Nacional de Televisión.
En ese sentido, se ha creado una superintendencia tradicional. Al respecto, los diputados Silva, Marinovic y quien habla llevamos diciendo desde hace mucho tiempo en la Comisión de Hacienda que no es lo mejor, por lo cual es necesario buscar otra solución. Incluso, el diputado Burgos anunció un proyecto de ley para crear un ente colegiado y no seguir la tradición de establecer superintendencias a la antigua. Este tema no fue considerado, por lo que quedó pendiente para un debate futuro.
Luego, se dice que el superintendente será nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública.
Algunos miembros de la Comisión de Hacienda, como los diputados Jaramillo y otros, se referirán en detalle a la preocupación que demostramos respecto del traspaso de personal desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la nueva Superintendencia de Telecomunicaciones. Queremos que en este caso no se repita lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social o en la Superintendencia de Educación, en los cuales no se tomaron los resguardos adecuados en relación con el personal. Aquí logramos que se adoptaran las garantías correspondientes respecto de los cargos traspasados y de sus remuneraciones, los cuales no podrán ser inferiores a los originales.
En este sentido, quien habla y otros diputados presentamos varias indicaciones, que el Gobierno, a través de su subsecretario, acogió y respaldó, lo cual mejoró absolutamente el proyecto respecto de las garantías que tendrá el personal en su traspaso a la Superintendencia que se crea.
Otro tema que conversamos con el señor subsecretario, pero que también quedó pendiente, ya que no tiene atribuciones para concretarlo, es la creación de un ministerio de telecomunicaciones, lo que es respaldado por lo que dijimos: las 35 millones de relaciones comerciales y el hecho de que es uno de los sistemas más atrasados en Sudamérica. Muchos diputados pensamos, entre ellos el diputado Ortiz , que se requiere de un ministerio para atender todos esos reclamos de los consumidores y otras materias que le incumben. También se planteó como alternativa en la discusión sacar a Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, porque no tiene mucho que ver con esa cartera, y traspasarla al Ministerio de Economía.
También es importante que los contenidos programáticos se excluyan de las facultades de esta Superintendencia; o sea, que todo lo que sea caducidad de concesiones esté radicado en el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de que la Superintendencia se encargue de lo suyo, de lo técnico, en fin, pero no se meta en lo relacionado con los programas. Como tiene poder sancionatorio, tal como lo han señalado los diputados informantes de las otras comisiones, hay que tener cuidado en el sentido de no otorgar a la Superintendencia la facultad de suspender transmisiones. En este sentido, tras las dudas que plantearon varios diputados, el proyecto regula este tema en forma más clara.
La señora Daniela González y el subsecretario de Telecomunicaciones explicaron varias indicaciones de diputados, que, como dije, fueron respaldadas por el Gobierno, por lo que la Comisión de Hacienda las incluyó en el proyecto.
Otro tema que planteamos los diputados fue otorgar mayores recursos. En regiones se visualiza que existirá muy poca representación, no obstante que existen reclamos públicos de consumidores de todo Chile.
En ese sentido, hay que descentralizar más. Al respecto, quedó la impresión de que esta Superintendencia podría no ser capaz de enfrentar los problemas que se presentarán en el futuro.
Presenté una indicación, que fue aceptada, acogida por el Ejecutivo , para aplazar la entrada en vigencia del cambio de las labores o del cese de funciones de algunos empleados por necesidades de la Superintendencia. Dicho plazo era muy corto. Por eso, se alargó para dar garantías y tranquilidad a los trabajadores hasta el próximo gobierno.
El diputado Auth dijo ser partidario de establecer sanciones más duras a los operadores del sistema que incumplan las leyes sectoriales, pero no de exigirles conductas imposibles de observar.
El diputado Silva señaló en el debate que el incumplimiento del deber de proporcionar información genera una sanción muy severa, por lo que planteó la conveniencia de definir en la propia ley su contenido y demás características relevantes.
Estos son los aportes realizados por los diputados miembros de la Comisión de Hacienda.
En cuanto a las platas, señor Presidente , en la actualidad se gastan 5.240 millones de pesos para el pago de 299 funcionarios que trabajan actualmente en la Subsecretaría de Telecomunicaciones; 116 de ellos quedarían en esa repartición y 183 se trasladarían a la Superintendencia. Es decir, se mantiene la cantidad de personal, ya que el 60 por ciento se traslada a la Superintendencia de Telecomunicaciones y el 40 por ciento restante permanece en la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones. En suma, se potencia mucho más a la superintendencia.
Los 5.240 millones de pesos que se gastan en la actualidad, se distribuyen en una proporción similar, ya que 65 por ciento de esa cantidad se destina a la nueva Superintendencia de Telecomunicaciones y 35 por ciento permanece en la actual subsecretaría.
Los gastos de operación ascienden a 1.408 millones de pesos, que se distribuyen en la misma proporción. No obstante, en el primer año se producirá un gasto adicional por dicho concepto de 305 millones de pesos. En el segundo año se incluyen otros gastos por 185 millones de pesos. El financiamiento adicional requerido para el primer año alcanza 410 millones de pesos, recursos que se destinarán para equipamiento y mayor costo base de personal para el primer año. Para el segundo año, y de ahí en adelante, el mayor gasto adicional llega-ría a 867 millones de pesos, cifra que deberá ser incluida en el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año, debate que tendremos en algunos meses más.
Los diputados Auth , Godoy , Letelier , Lorenzini , Núñez , Montes, Ortiz , Robles , Silva y Vilches , formularon indicación al artículo 4° permanente, para modificar su inciso tercero, en el sentido de intercalar, después de la coma que sigue al adverbio “Además”, la expresión “en situaciones de catástrofe”; sustituir la frase “a que se refiere el inciso segundo del artículo 37 de la Ley N° 18.168” por “sobre fallas significativas que puedan afectar el normal funcionamiento de los servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones”, y anteponer a la palabra “reglamento” el vocablo “respectivo”.
Los diputados Marinovic y Ortiz presentaron indicación al artículo 49, N° 2°, para reemplazar la expresión “UTA” por “UTM”, todas las veces que aparece.
Apoyado por los diputados Marinovic , Montes y Ortiz , presenté indicación al numeral 4 del artículo primero transitorio, para intercalar, entre la palabra “traspaso”, la segunda vez que aparece, y la coma (,) que le sigue, la frase “manteniéndose en el intertanto tales calidades y cargos”, para asegurar la inamovilidad por un año completo de los funcionarios de la Subtel que se traspasen a la Superintendencia después de la aprobación del proyecto en discusión.
Todas las indicaciones planteadas por los diputados de la Comisión de Hacienda fueron aprobadas por unanimidad, luego del respaldo del Gobierno, a través del subsecretario Jorge Atton.
A petición del diputado Silva , la Comisión votó separadamente los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 33.
Los artículos 1°, 9°, 12, 14, 19 y 30 se aprobaron en forma unánime.
Los artículos 20 a 26, y 33 se aprobaron con el voto en contra del diputado Silva y con la abstención del diputado Vilches.
Por lo tanto, el resto de los artículos se aprobó en forma unánime.
La Comisión de Hacienda dedicó cinco sesiones para el estudio del proyecto, con la asistencia de los diputados señores Marinovic , Presidente ; Auth , Godoy , Jaramillo , Núñez , reemplazante; Lorenzini , Macaya , Montes, Ortiz , Recondo , Letelier , reemplazante; Robles , Santana , Leopoldo Pérez, reemplazante; Silva, Von Mühlenbrock y Vilches , reemplazante.
Es cuanto tengo que informar.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , quiero hacer una pregunta.
A algunos nos llamó la atención que en el artículo 2° del proyecto de ley, que es muy importante, porque fija las atribuciones de la nueva Superintendencia, no se abría un procedimiento de reclamo. Si bien es cierto que en el artículo 42, si no me equivoco, se establece un procedimiento de reclamo respecto de las resoluciones que apliquen sanciones, lo que me parece lógico. Sobre el particular, el texto de la Comisión de Ciencias y Tecnología me parece más claro que el de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Ojalá que se pudiera votar separadamente el punto, porque no había un procedimiento de reclamo frente a las atribuciones de fiscalización y de superintendencia de la Superintendencia.
El señor subsecretario nos ha hecho llegar al diputado Saffirio y a mí una indicación del Ejecutivo -no podía ser sino de dicho Poder- mediante la cual se establece un nuevo inciso tercero en el artículo 2°, que señala: “Los afectados que estimen que los actos u omisiones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de ellas ante la corte de apelaciones respectiva en la forma dispuesta en el artículo 42”. O sea, aquí se aplicaría la misma lógica de las multas. Nos parece que eso recoge la inquietud que planteamos respecto de la ausencia de un procedimiento, que exponía al proyecto a un grave problema de constitucionalidad.
Entonces, como la iniciativa tiene suma urgencia, le solicito, señor Presidente, que cuando haya el quorum suficiente, pida la unanimidad de la Sala para poder votar la referida indicación.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Diputado señor Burgos, están presentadas las indicaciones.
Cuando haya quorum, procedamos en consecuencia. Puede continuar, su señoría.
El señor BURGOS.- Para tranquilidad de los presentes, solo quería plantear eso, señor Presidente.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Muy bien, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, este es un gran proyecto, por medio del cual se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La creación de esta Superintendencia es una gran oportunidad, desde el punto de vista de la corrección jurídica del sector, y permitirá adaptar la institucionalidad pública de las telecomunicaciones a su evolución tecnológica.
La Subtel es un organismo público que ha servido durante muchas décadas y que ha cumplido una etapa de desarrollo importante para el país. Sin embargo, hoy es necesario que se transforme en un órgano independiente, ya que la administración del espectro radioeléctrico es un tema muy delicado, que se puede prestar para abusos y para que algunos tengan acceso a las comunicaciones y otros queden al margen.
Una de las materias aquí presentes es la fiscalización que se haga en todos los servicios relacionados con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Por ejemplo, ella tiene relación con todo lo relativo a telefonía celular, a radiocomunicación, a las comunicaciones en los distintos puntos del país. Además, se vincula con la televisión por cable, con la televisión abierta. En este sentido, en el tiempo hemos conocido las dificultades, respecto de las licitaciones para vender espacios, las que no han tenido, a lo mejor, la debida fiscalización para permitir que se den las garantías a todos los chilenos que quieran participar.
Quiero detenerme en este punto, ya que es muy importante que la Superintendencia de Telecomunicaciones tenga una reglamentación que permita la fiscalización para terminar con los abusos.
¿Cuáles son los abusos? Hay empresas que venden servicios de telefonía celular, cuyas cuentas son poco claras y la gente no las entiende. Muchas veces se han producido cobros indebidos, los que, en algunas oportunidades, han tenido respuesta positiva de las compañías, y en otras, no.
Además, todos sabemos que cuando, por ejemplo, una persona deja de usar su teléfono celular, las cuentas siguen corriendo. En efecto, muchas veces ocurre que, aunque muchas veces se den los avisos correspondientes, las cobranzas siguen llegando.
¡Cómo no va a ser importante tener una fiscalización adecuada, que permita proteger a los usuarios, a los consumidores!
El desarrollo de la tecnología ha permitido nuevas formas de servicios. Esto, sin duda, ha generado, por ejemplo, que la telefonía fija pase a ser de segunda importancia, porque la telefonía celular hoy resuelve los problemas en cada punto del país. A esto debemos agregar la política tarifaria que se está aplicando en telefonía celular, que permite que ya no existan los cobros de larga distancia, sino por el valor del minuto, indistintamente del lugar donde se ubique el usuario de aquel y al cual se quiera comunicar.
Por eso es tan importante esta nueva Superintendencia de Telecomunicaciones y su reglamentación. Esta tendrá que ser muy conocida por los usuarios, de manera de evitar suspensión de servicios, demoras en los servicios, etcétera.
Además, la nueva Superintendencia tendrá que ver con una política para la instalación de las antenas repetidoras. Al respecto, todos sabemos que ellos han invadido muchas de nuestras ciudades y que son rechazadas por las personas. En efecto, muchas veces la gente se encuentra con que, de la noche a la mañana, aparece en su sector una nueva antena incluso compartida por varias compañías. Entonces, ante la poca claridad que existe a ese respecto, a la gente le es más difícil oponerse a la instalación de ciertas antenas.
Por las razones expuestas, considero que se trata de un rubro muy importante. Pareciera que se tratara de un cambio más, pero no es así.
A mi juicio, es fundamental la instalación de este órgano independiente, de manera que realmente dé garantías a todos.
Por otra parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones va a poder reglamentar, a fin de terminar con las barreras que existen hoy, por ejemplo, en relación con las radios comunitarias, que son tan importantes para localidades alejadas del centro del país.
Por tal motivo, anuncio con entusiasmo que vamos a apoyar este proyecto, que constituye un cambio muy significativo en materia de telecomunicaciones.
Existen otras situaciones que deben ser fiscalizadas.
Así, por ejemplo, a muchos nos ha tocado vivir la experiencia de que algunos radiocomunicadores o radios ensucian el dial, pues tienen salida por dos o tres frecuencias en una misma ciudad. Por eso, la fiscalización es absolutamente necesaria para dar garantías a todos los radiocomunicadores.
Considerando, la masificación de los servicios en materia de tecnología, sería muy importante la creación de un Ministerio de Telecomunicaciones, tal como lo señaló un diputado informante , posibilidad que se podría explorar más adelante. Por último, reitero que la iniciativa en estudio -después la discutiremos en detalle- es un muy buen cambio, una excelente propuesta del gobierno del Presidente Piñera y del subsecretario señor Jorge Atton , por lo cual tenemos que apoyarla.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , los extensos informes de las comisiones de Ciencias y Tecnología; de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda , me permiten alcanzar un conocimiento sobre el proyecto, respecto del cual no tuve mucha participación en la Comisión de Hacienda, porque durante los días en que se trató yo participé en otra comisión. Sin embargo, estuve en algunas de las sesiones en que se analizó la iniciativa. Digo “en algunas”, porque se llevó a cabo una gran cantidad de reuniones para tratar el proyecto en las distintas comisiones.
Por eso, el aporte de los diputados René Manuel García , Pablo Lorenzini y Ramón Farías en sus respectivos informes nos llevan a un conocimiento un poquito mayor a quienes no participamos en todo el tratamiento del proyecto. La intervención del diputado Carlos Vilches también fortalece el apoyo del proyecto.
Tal como lo señaló el diputado informante de la Comisión de Hacienda , señor Pablo Lorenzini , en Chile era necesaria la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones, servicio público que es funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República , a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y cuyas funciones y atribuciones se enmarcan en su carácter fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
La finalidad del proyecto, además del objetivo específico que persigue -del que ya he hablado-, es separar las funciones de la Subtel en dos áreas y organismos distintos. La Superintendencia de Telecomunicaciones será la encargada de efectuar todas las tareas de fiscalización y tendrá, entre otras, facultades sancionatorias y de autorización. Además, será la encargada de establecer la fijación de las tarifas que la ley determine, mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones será el organismo que definirá la política sectorial y el que deberá dictar las normas pertinentes para el sector.
Sin embargo, hay algunas observaciones que reiteraré aquí en la Sala.
Las críticas a la iniciativa -tal como lo manifesté en la Comisión- apuntan a que el régimen de multas y sanciones, en ciertos casos, resulta excesivamente gravoso y desproporcionado. Con posterioridad, conoceremos las observaciones del Ejecutivo al respecto. Por ejemplo, en materia de comunicaciones y de telecomunicaciones, el proyecto alude a una serie de empresas que desarrollan una serie de actividades y que tienen algunos elementos en común, pero de muy diverso impacto, como las empresas de televisión de señal abierta o restringida, las radiodifusoras masivas y comunitarias -ojo con ellas- y las empresas de telefonía fija y móvil, de manera que considerar un solo rango de multa para todas ellas no se condice con la calidad y con la realidad del sector. Una multa por infracción leve, por ejemplo, como lo señaló el diputado señor Pablo Lorenzini al rendir el informe de la Comisión de Hacienda -aspecto que comparto-, podría llevar a la quiebra a una radiodifusora comunitaria. Por lo tanto, resulta necesario establecer criterios obligatorios para la aplicación de multas por parte del superintendente, los cuales deben considerar el tipo de actividad a la cual se dedica el operador sancionado, su capacidad económica, el daño causado y el número de usuarios afectados.
Consulté al subsecretario de Telecomunicaciones respecto de ese punto, quien me manifestó que el Ejecutivo acordó regular que las multas para las radios comunitarias alcanzarían un monto máximo de 10 Unidades Tributarias Mensuales -si esa cifra no es correcta, solicito al subsecretario de esa cartera, por su intermedio, señor Presidente , que me aclare el punto-, lo cual, felizmente, deja a un lado la diferencia que al principio establecía el proyecto.
Por las razones señaladas, voy a apoyar el proyecto, pero pido votación separada de los artículos 2° y 42, porque el artículo 2° podría ser objeto de reserva de constitucionalidad, según me lo han planteado los colegas juristas señores René Saffirio y Jorge Burgos , cuyo aporte agradezco, puesto que me permite tener mayor claridad respecto de lo que voy a aprobar.
Tengo la íntima convicción de que el país requiere, tal como lo propone el proyecto en discusión, la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones, iniciativa que espero sea aprobada hoy por la Sala.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente , nuevamente estamos en la discusión de un proyecto que demuestra que este Gobierno tiene una real preocupación por los inte-reses de los consumidores.
Hoy, más que nunca, las telecomunicaciones son de vital importancia para los habitantes de nuestro país, de manera que el gobierno del Presidente Piñera ha tomado las riendas en materia de telecomunicaciones y ha propuesto la iniciativa más importante en las últimas décadas.
No hay duda de que el mundo de las telecomunicaciones ha cambiado en forma espectacular en los últimos años. Los servicios de internet, la telefonía celular y la televisión digital son las tres grandes áreas que hoy rigen ese ámbito. Sin embargo, hasta hoy contamos con una legislación extemporánea, que se ha quedado atrás, de modo que es momento de que la pongamos al día en la materia.
Antiguamente, no era común que una empresa otorgara múltiples servicios, como ocurre en la actualidad, en la que la misma empresa entrega tres servicios, lo que hace de importancia vital tener un ente que lleve a cabo la fiscalización efectiva de los prestadores de esos servicios.
En este caso se nota -tal como en otros temas, como lo relacionado con el Sernac financiero- la innegable preocupación del Gobierno por la defensa de los consumidores. Muchas veces los chilenos se ven sometidos a abusos por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, pero sin lugar a dudas una Superintendencia del ramo incidirá, en forma positiva, en el establecimiento de una regulación efectiva, que permita tanto el desarrollo empresarial de los prestadores de servicios de telecomunicaciones como la adecuada protección de los consumidores.
No hay que olvidar que esos servicios están presentes en un número importante de hogares del país, lo que hace que las empresas que los ofrecen tengan una penetración importante a nivel nacional, razón por la que es fundamental establecer una institucionalidad clara y concisa, con el objeto de fiscalizar, de manera efectiva, todos los servicios de esa área. En ese sentido, el proyecto busca asegurar a los consumidores de esos servicios que las empresas que hoy otorgan telefonía, televisión digital, internet y telefonía celular no caigan en prácticas abusivas o reprochables.
Debemos considerar que ese mercado ha dejado de ser solo para sectores acomodados y ha pasado a ser parte de un servicio vital para la mayoría de las familias del país, pues es utilizado tanto por familias de clase media como de sectores vulnerables. Lo cierto es que servicios como internet, la telefonía celular o la televisión dejaron de ser un lujo. Hoy son tan importantes como otros servicios que se requieren para el desenvolvimiento integral de las familias, como el gas, la electricidad y los servicios sanitarios.
Las telecomunicaciones es el mercado con más consumidores en Chile. Contamos con 16 millones de celulares -prácticamente uno por habitante-; 3,5 millones de clientes de telefonía de red fija; 1,8 millones de clientes de televisión pagada; 580 millones de llamadas de larga distancia nacional; 40 millones de llamadas de larga distancia internacional; 1,6 millones de conexiones de internet fijas al año; 7,3 millones de conexiones móviles de internet al año; casi un millón de accesos móviles a internet -vía red 3G- y un porcentaje muy importante que no debemos olvidar: 40 por ciento de hogares con internet.
Por otra parte, es importante fortalecer la legislación de las telecomunicaciones para hacer frente a situaciones de emergencia. Todos recordamos lo ocurrido el 27 de febrero de 2010, ocasión en la que todas las vías de comunicación sucumbieron en las zonas afectadas por el terremoto y posterior maremoto. Por eso, es importante tener una institucionalidad sólida, que permita estar mejor preparado para ese tipo de situaciones.
Por todos esos efectos, hoy se pone en discusión de la Sala de la Corporación la creación de un nuevo órgano. Una superintendencia en este ámbito no es, en ningún caso, motivo para pensar en burocracia o en la persecución de los proveedores de internet. Por el contrario, es un espacio de transparencia, de probidad y un filtro para que los proveedores entreguen y los consumidores reciban servicios de mejor calidad y a precios razonables.
El proyecto establece y legitima las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Su primera tarea será fiscalizar el cumplimiento de la normativa sectorial. Para ello, estará dotada de la posibilidad de coacción a través de la aplicación de sanciones administrativas.
La iniciativa también busca perfeccionar el régimen de sanciones contenido en la ley N° 18.168, el que ha sido criticado por dos razones: primero, porque es poco sistemático. En la citada ley no existe un capítulo sobre sanciones; las penas están repartidas por todo el texto legal. Segundo, porque propone penas desproporcionadas en relación con la gravedad de ciertas infracciones. En este sentido, el mensaje no solo mejora la técnica legislativa, sino que además crea un catálogo de sanciones más justo.
Pero el proyecto no se queda ahí. También permite que la Superintendencia que creamos realice estudios para poner en conocimiento de la opinión pública los últimos avances en materia de telecomunicaciones, así como de la calidad de los servicios ofrecidos.
Hoy, la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de renovar una institucionalidad que no está acorde con los tiempos en que vivimos. Las telecomunicaciones son una herramienta del presente, que será cada vez más necesaria con el pasar de los años. Por eso es importante generar una organización que esté a la altura de los tiempos actuales, que pueda prever futuros escenarios en esta materia y que siempre persiga un único fin: la adecuada protección de los derechos de los consumidores.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, antes de referirme al fondo del proyecto, quiero hacer mención al tratamiento que tuvo en las comisiones respectivas.
Cuando una iniciativa es conocida por tres comisiones en forma sucesiva es muy difícil que podamos evaluar bien el trabajo realizado. En otras oportunidades hemos hecho presente situaciones como esta, las cuales tienen mucho que ver con la cantidad de comisiones que existen en el Congreso Nacional. Por lo tanto, sería bueno que la nueva Mesa revise esta dinámica, porque la iteración de comisiones en el tratamiento de un proyecto hace difícil tener una visión global del mismo, especialmente si deberá cumplir su siguiente trámite constitucional en el Senado.
El proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones responde a la necesidad de que la definición de las normas quede separada de la fiscalización y de la sanción. Por eso, apoyaré la idea de legislar de esta iniciativa, pues me parece bien.
Sin perjuicio de ello, quiero expresar algunas inquietudes en torno al proyecto, las cuales hice presente al subsecretario de Telecomunicaciones durante el debate habido en la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, estoy convencido de que establecer un gobierno corporativo colegiado en una superintendencia es mucho mejor que un gobierno corporativo unipersonal, pues aquel genera un sistema de contrapesos que permite tomar mejores decisiones. De hecho, el mensaje así lo plantea cuando señala que es necesaria la creación de un nuevo órgano de alto nivel técnico y profesional, que tenga independencia, estabilidad y flexibilidad para acometer sus tareas propias. Sin embargo, lo que propone el artículo 1° del proyecto es dejar la Superintendencia a cargo de una sola persona, designada por el Presidente de la República a través del Sistema de Alta Dirección Pública, en virtud de la ley N° 19.882.
Si bien es cierto que tanto el subsecretario de Telecomunicaciones como su asesora plantearon en la Comisión de Hacienda que per se no hay una estructura mejor que otra, estoy convencido de que establecer un gobierno corporativo colegiado para superintendencias que han sido reconocidas como ultrapoderosas y ultradiscrecionales es una solución mejor que disponer que estén encabezadas por una autoridad unipersonal.
Si la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá por funciones, entre otras, las de fiscalizar y sancionar, la existencia de un gobierno corporativo colegiado al interior de ella estará acorde no solo con ciertas iniciativas de ley que se presentarán a futuro -por ejemplo, la que crea la Comisión de Valores, que reemplazará a la Superintendencia de Valores y Seguros-, sino también con principios, como el del debido proceso, que deben garantizarse a quienes serán fiscalizados. Una superintendencia bien reconocida y legitimada es mejor. Hoy podríamos decir que las superintendencias en Chile están estructuradas con un modelo muy ochentero, como dijo alguna vez un columnista.
Por ello, establecer la dirección de este nuevo organismo desde la perspectiva de las autoridades unipersonales parece ser un error. Invito al Gobierno a que revise esta propuesta en el segundo trámite constitucional, porque la forma como está presentada no asegura una visión ordenada y con proyección hacia el futuro en relación con los modelos de supervisión y de fiscalización que se quieren aplicar.
En efecto, cuando la comisión que lideró Jorge Desormeaux revisó las materias asociadas a la reforma de la regulación y la supervisión financiera, planteó lo siguiente: “Las Superintendencias gozan de amplios poderes de fiscalización y sanción, para lo cual disponen de una significativa discrecionalidad, sujeta sólo a la prudencia de la autoridad unipersonal del organismo de que se trate.”. Los expertos lo señalan. Establecer autoridades unipersonales para superintendencias que fiscalizan y sancionan, tentadas por la televisión y los medios de comunicación, es algo en lo que debemos tener cuidado. Desde ese punto de vista, aportar a esta nueva institucionalidad con un organismo colegiado o con otra estructura de gobierno corporativo puede ser una buena decisión.
Desde ya solicito votación separada del artículo 1°, que dispone la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuyo inciso segundo establece la forma de nombrar a su autoridad unipersonal; esto es, a través del Sistema de Alta Dirección Pública, en virtud de la ley N° 19.882.
En segundo lugar, quiero referirme a las infracciones contenidas en el proyecto. Dado que se plantea la existencia de una autoridad unipersonal, me preocupa de manera especial la forma en que se tratan las infracciones en la iniciativa. En la Comisión de Hacienda voté en contra los artículos referidos a ellas, sobre la base de ciertos criterios.
¿En qué estoy de acuerdo y en qué no lo estoy en relación con esta materia? Estoy de acuerdo en que es necesario ordenar la regulación existente, tal como se propuso respecto de la Ley Única de Fondos. Es bueno sistematizar. Un marco regulatorio ordenado es necesario. También creo acertada la incorporación de circunstancias agravantes y atenuantes para decidir respecto de las infracciones. Pero no estoy de acuerdo en la tipicidad; esto es, en la forma como están planteadas las infracciones. Por ejemplo, en el inciso tercero del artículo 4° se establecía una severa sanción para el incumplimiento del deber de información, la cual se pudo corregir. Ello demuestra que es necesario revisar esta materia.
Valoro la disposición que tuvo el Ejecutivo para modificar el inciso tercero del artículo 4° permanente. Este asunto fue discutido en la Comisión de Hacienda. Dicho inciso exigía tener información en línea disponible en gran abundancia. Señalaba: “Con todo, tratándose de información estandarizada que los operadores deban proporcionar a la Superintendencia regularmente, se podrá establecer una periodicidad determinada. Además, la información a que se refiere el inciso segundo del artículo 37 de la Ley N° 18.168, deberá ser proporcionada en línea, en la forma y condiciones que determine el reglamento.”. Esta disposición era de una amplitud tal que podía transformarse en una exigencia incumplible. Es así que se acordó con el Ejecutivo introducir ciertas modificaciones -figuran en la página 12 del comparado, en la columna correspondiente a las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda- que ordenan y acotan el tipo de información que se requiere.
Consistente con lo que he argumentado, pido votación separada del artículo 1°, de los artículos 20 al 26, de los artículos 32, 33, 50, números 1 y 2, y 53, letras a), c) y d), estos últimos referidos a infracciones.
Para terminar, quiero manifestar mi discrepancia con la forma en que se definen las infracciones, especialmente, en el ámbito de la existencia de una autoridad unipersonal que tiene, a mi juicio, demasiada discrecionalidad al respecto.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , estoy muy emocionado porque, si mira alrededor, verá que en la discusión de este importante proyecto estoy rodeado de futuros senadores: los diputados De Urresti , Díaz, Ward , Moreira y Ascencio ; es decir, quienes van a regir los destinos de nuestro país en los próximos ocho años. Espero que su señoría también esté en el Senado.
Estamos ante un proyecto que a uno le causa controversia. Está claro que el sector de las telecomunicaciones es el más dejado de la mano de Dios. Como todos sabemos, el sector sanitario tiene una superintendencia; la banca -en realidad, no sirve de mucho porque es pagada por los mismos bancarios- también tiene la suya; el sector eléctrico tiene superintendencia; sin embargo, en este, que es uno de los principales servicios del país, con 35 millones de transacciones, porque todos los chilenos, de una u otra forma, están relacionados con las telecomunicaciones, no tenemos nada. En todo caso, lo que propone el proyecto es un avance, es positivo, aunque, como he dicho, faltarían muchas cosas que ojalá sean consideradas.
¿Qué es lo que exige la gente? Lo mismo que exige de sus parlamentarios: calidad de servicio -su señoría conoce esta materia-; eliminación de las malas prácticas -también es un problema conocido-; transparencia -está muy de moda-, y respuesta a las demandas de los votantes, en este caso, de los consumidores. ¡Miren cómo podemos relacionar la futura superintendencia de Telecomunicaciones con algo que no tiene nada que ver, es decir, con el trabajo parlamentario!
De manera que hay una serie de causales que explican el malestar que existe con el servicio de las telecomunicaciones, aparte de la debilidad institucional, como lo ha reconocido el propio subsecretario de Telecomunicaciones presente en la Sala, por lo que se requiere un rol más activo de la futura superintendencia; no hablo de los políticos, porque cualquier semejanza podría ser objeto de una demanda. ¿De qué se requiere? De una superintendencia activa, nueva y que proteja al consumidor.
Pero aquí empiezan a surgir los problemas. En primer lugar, ¿de quién debe depender la superintendencia? Por ahí hay una canción que dice: “Depende, todo depende”. ¿De quién depende? ¿Del Ministerio de Transportes? Sería un poco extraño. Por la potencia que tiene el sector, tanto yo como diversos parlamentarios de la Comisión de Hacienda -entre otros, recuerdo muy bien al diputado Jaramillo - quisiéramos que las telecomunicaciones tuvieran su propio ministerio. Por lo que significan para el país, dan para eso. Hay ministerios que tienen mucho menos potencia que este sector. Tal vez, podría pertenecer al Ministerio de Economía, pero no al de Transportes, salvo que fuera para transportar las señales del Transantiago, lo que es medio complicado. Creo que sería lo primero que habría que hacer: evaluar si este sector debe tener la potencia de un ministerio.
En segundo lugar, ¿qué dice la OCDE? Somos el tercer país con mayor incremento del uso de la banda ancha y el quinto con más conexiones a la banda ancha móvil. Es decir, es un mercado dinámico, básico; sin embargo, con el diputado Rincón conversábamos sobre el problema que se presenta en el mundo rural. Por ejemplo, se está utilizando la factura electrónica por obligación, porque con ello se evitan la evasión y la elusión tributaria. Pero, ¿qué ocurre con el mundo rural, en los cerros de Temuco? Sucede que las personas tienen sus computadoras, saben digitalizar las facturas, pero no tienen internet. Por lo tanto, este proyecto tiene una importancia crucial en esta materia y, por lo mismo, representa un gran avance.
Y siguen los problemas. Separemos lo que es fiscalizar y sancionar de lo que es regular y subsidiar porque son cosas distintas. Regionalización: ¿Acaso no hay telecomunicaciones en las regiones? ¿No hay telecomunicaciones en Osorno o en Valdivia? ¿Por qué va a haber una superintendencia en Santiago?; ¿A quién van a recurrir los habitantes de una pequeña comuna? En el caso de mi distrito, al seremi de Transportes, que es un gran seremi; es de la UDI, pero hay que reconocer que ha trabajado bastante bien. El otro día, me decía que ni siquiera tenía un inspector y que él no entendía nada de esto; si había un reclamo, lo ponía en un sobre y lo enviaba a Santiago. El diputado René Manuel García tendrá que ir a la futura superintendencia en Santiago para tener una repuesta, y el diputado Latorre ni siquiera lo intentará.
Entonces, le pregunto al subsecretario, ¿por qué no podemos tener en regiones, por lo menos, un delegado de la superintendencia, un fiscalizador por región, que es lo mínimo a que podemos aspirar? No están considerados en el proyecto. El centralismo no funciona. Por último, podríamos conseguir recursos en los gobiernos regionales; pero, ¿de quién dependerá? ¿Del seremi de Transportes? No tendría sentido. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Más recursos.
Muy pronto vendrá la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Entiendo que será para el próximo gobierno y será este el que tendrá que ocuparse del asunto. El diputado Silva , que entiende de números, estará de acuerdo en que hay que meterle más recursos a la futura superintendencia para que pueda tener presencia en las regiones, para que pueda fiscalizar efectivamente y recibir los reclamos de los usuarios.
Lo que sí está bien -agradezco al Ejecutivo que haya acogido nuestras indicaciones- es lo relacionado con los funcionarios, a fin de evitar los errores que hemos cometido con otros ministerios y superintendencias que se han creado. Como estamos en período eleccionario, es necesario garantizar a los actuales funcionarios que seguirán en sus cargos, por lo menos, hasta fines del próximo año. Las nuevas autoridades verán lo que hacen; pero esto no debe ser utilizado políticamente. Como digo, el Ejecutivo acogió las indicaciones que presentamos para solucionar este problema. Los funcionarios no serán tocados; podrán ser trasladados, pero manteniendo sus categorías y sus remuneraciones, y no serán exonerados por “necesidades del servicio”, como ocurre en política. Por “necesidades del servicio” se bajan senadores y diputados, pero se suman otros. ¡A veces cómo se cruzan las cosas! Sin embargo, no sabemos resolverlas.
En este sentido, se dan garantías -así lo establece el proyecto- a todos los funcionarios. Sin embargo, debemos enfrentar el mal de Chile: de 310 funcionarios, 40 serán de planta y 270 a contrata y a honorarios. ¿Qué pensaría el señor Landeros , nuestro Secretario, si en la Cámara hubiera 40 funcionarios de planta y 270 a contrata y a honorarios? El subsecretario decía que son personas expertas, técnicas, especializadas. Pero, con tantos funcionarios a contrata, cada vez que cambie el Gobierno, tendrán que irse, para que vengan otros. Para regiones estamos pidiendo solo uno, que sepa, que conozca la materia; pero, si al ministro o al subsecretario no les gusta, lo cambiarán. Obviamente, es otro tema pendiente.
Con el diputado Rincón presentamos un proyecto que según entiendo está en el Senado, que tiene por objeto postergar el vencimiento del permiso de las radios comunitarias, a las cuales se refirió el diputado Jaramillo . Espero que el subsecretario apure la tramitación de ese proyecto en el Senado.
Como dije, hay temas que quedan dando vuelta; hay otros en los cuales se avanza, pero no se solucionan totalmente. El diputado Chahín ha intentado hacerlo, porque cree que el subsecretario lo va a escuchar; lo veo muy activo. Pero, si a pesar de todo el respaldo que nos ha brindado el subsecretario no ha podido solucionar los temas que estamos planteando, menos podrá hacerlo el diputado Chahín , de quien no puedo decir que será senador, porque entiendo que todavía no le toca.
De manera que vamos a aprobar este proyecto. El diputado Silva ha dicho algo que no voy a repetir -me gusta que lo haya dicho un diputado de Gobierno-: que las superintendencias unipersonales son un chiste, como ocurre con la banca y con otros sectores. Se va el jefe y llega otro que ha trabajado en los mismos lugares que se van a fiscalizar. Veamos el caso de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y del Servicio de Impuestos Internos. ¿De dónde vienen los funcionarios, los auditores, etcétera? Obviamente, es mucho mejor, como en el caso del Banco Central, tener superintendencias independientes, de largo plazo, con ciertos años garantizados para sus funcionarios.
Agradezco, por su intermedio, señor Presidente , al subsecretario de Telecomunicaciones su buena disposición para aceptar nuestras indicaciones. Si bien entiendo que él no podrá resolver los temas que he planteado, al menos le pido que en el trámite en el Senado nos asegure un fiscalizador por región. Junto con el diputado Ortiz nos encargaremos en la discusión presupuestaria de aprobar los recursos necesarios para asegurar la implementación de esa medida.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, los antecedentes, el contenido y los principales objetivos de este proyecto ya los expuse en la lectura del informe.
En la discusión del proyecto, que se desarrolló mientras fui presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tuvo una participación muy activa y propositiva el subsecretario de Telecomunicaciones señor Jorge Atton . Como miembro de esa instancia quiero expresar mi satisfacción por la presentación de este proyecto sobre el que quisiera destacar algunos aspectos.
Un elemento positivo es la separación de la función normativa, que quedará en la Subtel, de la función fiscalizadora y sancionadora, que recaerá en la nueva Superintendencia de Telecomunicaciones. Por lo tanto, se establece un campo de acción diferenciado entre ambos órganos, lo que es fundamental.
También, se le dota de la calidad de servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; se encontrará bajo la supervigilancia del Presidente de la República , a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La Superintendencia de Telecomunicaciones cumplirá un rol relevante tanto en el otorgamiento como en la determinación de las autorizaciones para entrar al mercado de las telecomunicaciones. Para otorgar los permisos y las licencias, la Superintendencia de Telecomunicaciones deberá elaborar obligatoriamente un informe técnico previo a la entrega de los permisos y de las licencias.
Uno de los temas largamente discutido en la Comisión de Ciencia y Tecnología fue el referido a la facultad de la Superintendencia de Telecomunicaciones para velar por el correcto uso del espectro radioeléctrico, según la normativa sectorial, sobre todo en lo relacionado con las radios comunitarias, a las que me referiré más adelante.
La Superintendencia de Telecomunicaciones fijará las tarifas en los procesos que aún están afectos a ella. De igual forma, se le entrega a la Superintendencia de Telecomunicaciones la facultad para dictar medidas provisionales dentro de un debido proceso a objeto de que se pueda garantizar, entre otros aspectos, la salud de las personas. En este sentido, me refiero a la ubicación de las antenas de telefonía móvil que se colocan, incluso, dentro de los patios de las casas.
La Superintendencia podrá suspender total o parcialmente la instalación de determinados sistemas técnicos que provoquen o amenacen con provocar interferencias perjudiciales o generar daños a las personas o a determinados bienes. Esto es muy importante porque se va acotando la legislación en torno a estas antenas.
Esta última facultad es fundamental, ya que se establece en sentido genérico. Hoy, en la práctica, el mayor problema no resuelto del todo son las antenas de telefonía celular; sin embargo, en el futuro pueden ser otros los sistemas o la infraestructura de telecomunicaciones que pueden generar conflictos o eventuales daños a la población. Por ello, esta facultad de establecer medidas provisionales que tendrá la Superintendencia de Telecomunicaciones es absolutamente fundamental.
Por otra parte, se establecen varios procedimientos y sanciones para que la Superintendencia de Telecomunicaciones pueda desarrollar su rol fiscalizador. Al respecto, en la discusión realizada en la Comisión de Ciencia y Tecnología se logró mejorar notablemente el proyecto, en particular, sobre los siguientes temas.
Se deroga la pena privativa de libertad en caso de uso no autorizado del espectro radioeléctrico. Esta indicación la presenté junto con la diputada María Antonieta Saa , pues a nuestro juicio era de la mayor relevancia terminar con esta norma. Nuestro país es uno de los pocos que sancionaba como delito, con pena de privación de libertad, el uso no autorizado del espectro radioeléctrico, lo que era inaceptable. En un principio el proyecto de ley no contemplaba un cambio en esta materia.
La realidad de nuestros distritos nos muestra que existe un creciente número de radioemisoras comunitarias que cumplen un importante rol social y que transmiten no al amparo de la norma. Dicha actividad conllevaba, a mi juicio de forma completamente desproporcionada, que las personas responsables de estas radios enfrentaran procesos penales con penas asociadas a la privación de libertad. Sin duda, era un exceso. La norma afectaba los derechos humanos y la libertad de expresión.
Al interior de la Comisión hubo consenso en que la conducta de transmitir sin autorización debe seguir siendo sancionada, para lo cual se establecieron las respectivas infracciones y sanciones. No obstante, este proyecto no aborda un tema muy importante: la necesidad de políticas que faciliten el acceso autorizado al espectro radioeléctrico para las radios comunitarias. En resumen, si bien sigue existiendo el delito, este tendrá calidad de acción privada y, además, se estableció una multa. Esta y otras sanciones serán aplicables en el caso de reincidencia, sobre la base de una sanción previa de la Superintendencia de Telecomunicaciones por el mismo motivo; esto es, el uso sin autorización del espectro radioeléctrico. Con ello se limita el tipo y calificación penal.
No soy abogado, pero sé que esta modificación, apoyada por el Ejecutivo y votada favorablemente en la Comisión, constituye un avance fundamental que recoge la preocupación de las emisoras y radios comunitarias llamadas, en mi opinión injustamente, radios piratas.
Cabe mencionar que estas radios comunitarias también quedan bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Telecomunicaciones y se establece una regulación, con multas bastante más bajas, ya que las radios comunitarias no persiguen fines de lucro, a diferencia de las radios comerciales. Ese es el fundamento de la rebaja de las multas.
Respecto de las modificaciones efectuadas en las comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda , me voy a pronunciar a favor, ya que se establecen resguardos relacionados con la carrera funcionaria del personal que se traspasará desde la Subsecretaría a la Superintendencia de Telecomunicaciones . Aquí me refiero a mantener los grados de los funcionarios, no a reducir las remuneraciones y garantizar la tan esquiva estabilidad laboral.
Finalmente, anunció mi voto favorable al proyecto, porque es bueno para el sector, el que quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones, fortaleciendo indirectamente la calidad de los servicios y protegiendo a los ciudadanos que reciben estos servicios.
Al contrario de lo que opinaba un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, las multas están absolutamente dentro de los márgenes lógicos. Incluso, algunos queríamos ir más allá: suspender la señal a aquellos que reincidieran en reiteradas ocasiones, pero finalmente se sancionó esa conducta con multa.
Esta regulación y la separación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones son vitales para que no tengamos un organismo que actúe como juez y parte a la vez, sino un juez, por un lado, que sanciona, y por otro, una parte que dicta normas y entrega facultades para que pueda usarse el espacio radioeléctrico y protege a las personas en todo lo relacionado con las antenas o futuros sistemas de transmisión radioeléctrica.
Anuncio mi voto favorable al proyecto.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , nuestro país ha sido pionero respecto de muchas materias en América Latina. La dictación de la Ley de Telecomunicaciones 3A el 10 de marzo de 1994 fue emblemático. Significó una revolución, una transformación total y absoluta en lo relacionado con la radiotelefonía y los celulares. Esa fue la última ley que firmó el Presidente de la República , don Patricio Aylwin , a pocas horas de entregar su mandato.
Durante su discusión, en la que estuvieron presentes los diputados René Manuel García , Carlos Vilches y quien habla, ocho parlamentarios presentamos una indicación para legislar sobre el multicarrier, algo que favorecía a los usuarios de todas las regiones. Nosotros inauguramos ese sistema.
La proyección que hicieron los mejores especialistas que escuchamos en esa época fue que en tres o cuatro años habría un millón de celulares, y que en diez años habría ocho millones de celulares. Sin embargo, se quedaron cortos, porque ahora hay más celulares que habitantes en el país. Eso ocurrió gracias a la voluntad, decisión política y de servicio público de representantes de todas las tendencias políticas para realizar lo mejor para Chile.
No obstante, en la discusión de esa ley quedó algo pendiente: la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que la materia fuera realmente fiscalizada en forma eficiente. Cuando ingresó el proyecto en discusión a la Comisión de Hacienda fui partidario de su aprobación, con lo que pagaríamos esa deuda, ahora con mayor razón con el ingreso de Chile a la OCDE.
Existen 24 millones de clientes en la red de telefonía móvil, es decir de celulares; 3.300.000 clientes en la red de telefonía fija, y 2,1 millones de clientes en la televisión pagada. En un año se producen 429 millones de llamadas de larga distancia nacional y 76 millones de llamadas de larga distancia internacional; existen 2,2 millones de conexiones fijas a internet, 8,8 millones de conexiones móviles a internet y el 37 por ciento de nuestros hogares tiene acceso a esa red. Estas son cifras reales y efectivas que nos colocan a la vanguardia dentro de nuestro continente. Es decir, ha habido crecimiento e inversiones. Reflejan lo que hicimos con el multicarrier y que hay competencia. También ha habido hitos en este sector, como la portabilidad numérica, el desbloqueo de equipos, la ley de torres para antenas celulares, con lo que se ha cautelado la salud de las personas, protegido el paisaje urbano y fomentado el modelo de compartición de infraestructura.
Con el hecho de que entre el 70 y 90 por ciento de Chile esté comunicado por internet, se culmina la puesta en servicio de la tercera etapa de este proyecto bicentenario, con 1.400 localidades rurales y 3 millones de personas conectadas. Este tema fue discutido en 1993. No podía ser que solo algunos tuvieran acceso a las comunicaciones y los sectores rurales no.
En la Comisión de Hacienda escuchamos a todos los actores. Esa es nuestra labor, responsabilidad y obligación. Por ejemplo, oímos a la persona que dirige las llamadas radios comunitarias, la que reconocía que las multas significarían un daño muy grande para ellas. Eso se solucionó.
El trabajo que se efectuó en las tres comisiones permanentes de la Cámara ayudó mucho. ¿Cuál es nuestra inquietud? Habrá un traspaso de la gente más preparada desde el punto de vista profesional desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Eso quiere decir que estamos autorizando un aumento de la planta. Pero tenemos tristes experiencias. En la Comisión de Hacienda llegamos a un acuerdo cuando facultamos al Presidente de la República para fijar las plantas de uno de los ministerios, pero ello no fue concretado. Al revés, hubo gente que sufrió lo más cruel que puede pasarle a una persona: quedar cesante.
Ese fue un tema de larga discusión en nuestra Comisión, como le consta al señor subsecretario de Telecomunicaciones . Los colegas Pablo Lorenzini , Enrique Jaramillo , Carlos Montes , Alberto Robles y Pepe Auth se refirieron a una eventual cesantía. El Ejecutivo estuvo dispuesto a solucionar ese problema mediante indicaciones.
Sé que el personal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones se encuentra observando esta sesión. Llegamos a un acuerdo. Pedimos que eso no volviera a suceder con la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. El Gobierno patrocinó la indicación. Creo que es bueno que esto quede establecido en la historia fidedigna de la ley.
Se avanzó muchísimo, porque, por ejemplo, el grado de encasillamiento o de asimilación será aquel cuya remuneración total sea la más cercana a la que el funcionario percibe en la Subsecretaría, se trate de una diferencia positiva o negativa. Para su determinación se considerará la suma del total de haberes brutos mensuales de cada funcionario percibidos en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, excluidos sólo los pagos por trabajos extraordinarios y la asignación por funciones críticas cuando corresponda, comparándolas con el total de haberes brutos mensuales que percibirá en la Superintendencia de Telecomunicaciones al momento del traspaso según la escala de remuneraciones que se determine, incluyendo las rentas variables en su aplicación transitoria determinadas para el primer período de vigencia.
Este es uno de los temas, pero el más importante está relacionado con la estructuración de las nuevas plantas, en el sentido de que, cuando se conformen, no se produzca ningún deterioro y todos tengan la seguridad total y absoluta de mantener sus cargos.
Al respecto, se presentó una indicación para que esta facultad no se aplique este año, sino el próximo.
Creo que el proyecto de ley es positivo para los trabajadores y apunta en la dirección correcta. Por eso, voy a votar a favor la iniciativa, tanto en general como en particular, por cuanto lo que no estaba claro fue perfeccionado.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , en verdad, este es un proyecto de ley bastante interesante, pues regula cuestiones que estaban al margen de nuestra legislación. Es muy importante, pues norma situaciones de las telecomunicaciones relacionadas con valores fundamentales, como es, por ejemplo, la libertad de expresión. En este sentido, el Estado tiene que velar por todo aquello que se relacione con el espectro radioeléctrico, la televisión, etcétera.
Presenté varias indicaciones; unas fueron rechazadas, pero otras fueron tomadas en cuenta. En esto quiero destacar la disposición del subsecretario, don Jorge Atton , por ser un caso atípico dentro de este Gobierno. Es un subsecretario que dialoga, que escucha y acoge las sugerencias, a diferencia de otros. Me ha tocado estar en varias comisiones, en la de Educación, por ejemplo, pero en ella los ministros imponen los contenidos cual aplanadora, sin escuchar nada, y, así, tantos otros. En cambio, en la Comisión de Ciencia y Tecnología trabajamos con mucho diálogo. Allí, presenté varias indicaciones, muchas de las cuales, como dije, fueron rechazadas o declaradas inadmisibles, pero mis planteamientos fueron escuchados.
Por ejemplo, planteé que era muy importante que en el objeto de esta ley se excluyera el contenido de las comunicaciones y transmisiones cursadas a través de los distintos medios telecomunicacionales. Era muy importante dejar establecido que aquí no se fiscalizan contenidos, sino solo ciertos aspectos técnicos.
Pero quiero referirme a una indicación que presentamos con mi colega Ramón Farías respecto de las radios comunitarias, que considero tremendamente importantes.
En primer lugar, la ley no distinguía entre radio comunitaria y radio comercial. O sea, daban lo mismo, y las multas eran exactamente las mismas para todos, a pesar de que sabemos que hay grandes monopolios. En este sentido, todavía tenemos mucho por hacer en la democratización del espectro radioeléctrico. La superintendencia fiscaliza, pero también es cierto que existen grandes cadenas de radiocomunicación, que ahogan a las pequeñas radios de provincia. Por eso, hay que avanzar hacia la democratización de este espacio, para que la comunidad pueda expresarse. Debemos terminar con el centralismo, con las cadenas dirigidas desde Santiago .
Es en este sentido que me preocupa el problema de las radios comunitarias, y esta cosa horrorosa que es la cárcel, la prisión, el encarcelamiento, cuando no se cumple con ciertas regulaciones.
El hecho de que las radios comunitarias sean sancionadas por emitir sus opiniones, como si fueran asociaciones criminales, fue tratada por la doctora Catalina Botero en su informe de la relatoría especial para la libertad de expresión. Al respecto, saludó la eliminación de las penas de cárcel y señaló que “toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido de que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria.”. Esto fue considerado y se aprobó una indicación para agregar en el numeral 1 del artículo 50, el siguiente artículo 36, letra C:
“Artículo 36 C.- Comete delito de acción privada:
a) El que opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad competente, será sancionado con multa de 5 UTA”.
Una multa, no la cárcel. Pero estoy preocupada, porque en la Comisión de Ciencia y Tecnología se agregó a la multa de 5 UTA la pena de comiso. Realmente, esto no puede ser. Las radios comunitarias, en general, las verdaderas radios comunitarias que tenemos en nuestros distritos -porque también a este espectro se han sumado cadenas comerciales- y que hacen un tremendo esfuerzo en favor de la comunidad se ven enfrentadas, además, a la pena de comiso. Repito, esto no puede ser. Por eso llamo a votar en contra la indicación de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Además, se suma una indicación presentada por el colega Fernando Meza, que está presente en la Sala y a quien ruego que me escuche.
Quiero que votemos en contra dicha indicación; es importante votar en contra de algo que él presentó como indicación.
Colega Meza , ¿me puede escuchar? Creo que debemos votar en contra una proposición suya, porque limita la libertad.
Como dije anteriormente, la indicación aprobada en la Comisión de Ciencia y Tecnología señala: “Para ejercer dicha acción -se refiere a la pena de comiso- será requisito que se hubiera sancionado previamente al ofensor por hechos de la misma naturaleza por resolución firme de la Superintendencia de Telecomunicaciones”.
Pero el diputado Meza , en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, formuló una indicación para reemplazar el inciso final del artículo 36 c), introducido en el N° 2 del Artículo 49, por el siguiente:
“El Tribunal competente podrá solicitar a la Superintendencia un informe, que tendrá valor de prueba pericial, a efectos de determinar si la transmisión denunciada posee o no autorización legal para operar.”.
Esto restringe; con lo anterior es suficiente.
Creo que tenemos que velar por la libre expresión de estas radios comunitarias. Por eso, pido votar en contra la indicación para reemplazar el inciso final del artículo 36 c), presentada en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
Creo que la Superintendencia de Telecomunicaciones es necesaria en nuestra institucionalidad. La Comisión de Ciencia y Tecnología, que integro, desarrolló una gran discusión sobre la materia, donde hubo mucho diálogo y una buena recepción por parte del Ejecutivo.
Reitero mis felicitaciones al subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton , por su actitud proclive al diálogo, lo que es más democrático que adoptar una conducta que pasa por encima de los demás, sin escuchar, actitud que han tenido otros ministros o subsecretarios.
Por lo tanto, voy a votar favorablemente el proyecto. Además, las indicaciones van a corregir las limitaciones al libre ejercicio de las radios comunitarias, las cuales son muy importantes para mantener la libertad de expresión.
Tenemos muchos temas pendientes sobre la materia. Por lo tanto, tenemos que avanzar en democratizar el espectro, ya que todavía hay limitantes graves a la libertad de expresión.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , me sumo a las palabras vertidas por la diputada señora María Antonieta Saa . Además, quiero reconocer el trabajo del subsecretario de Telecomunicaciones , quien, como es valdiviano, es bueno. También voy a destacar su capacidad de diálogo y facilidad para generar consensos y perfeccionar un proyecto que mejorará la capacidad de fiscalización y de sanción, para lograr que en el país se respete una serie de derechos.
Agradezco al diputado René Manuel García por el tiempo que me ha cedido.
Más allá de los aspectos técnicos y operativos, quiero hacer una referencia. Es muy importante que la Superintendencia de Telecomunicaciones tenga la capacidad técnica y operativa para fiscalizar a nivel nacional. Es fundamental que sea un organismo lo suficientemente robusto, dotado de atribuciones -las tendrá- y del equipo técnico que se requiera -me parece bien que se resguarde su presencia desde el punto de vista territorial-, pero también necesitamos la capacidad ejecutiva y territorial para que opere el brazo de la Superintendencia en las regiones. Estamos hablando de macrozonas, y tengo entendido que habrá una ampliación de las macrozonas, para tener cubierto todo el territorio.
Además, es fundamental contar, ojalá a corto o mediano plazo, con representatividad regional y fortalecer en cada región la capacidad operativa, y no solo tener todo concentrado en esas macrozonas. Muchas veces quedan zonas aisladas y con imposibilidad de acceso -ha habido reclamos de algunos usuarios en tal sentido-, y se genera, a veces, una sensación de desamparo. Creo importante dejar esto consignado. Por lo tanto, dada la transversalidad en el apoyo al proyecto, no me cabe duda de que se aprobará. Espero que, a mediano plazo, podamos contar con un horizonte de instalación y de desarrollo regional.
Quizás en algunas zonas sea necesario que haya mayor concentración, por lo que es necesario que exista la correspondiente dotación de personal, de equipos técnicos y de capacidad operativa para desplazarse.
Reconozco la capacidad de gestión del subsecretario de Telecomunicaciones para llevar adelante este y otros temas en materia de telecomunicaciones. Ojalá que nuestro país tenga, a partir de esta Superintendencia, la capacidad técnica de desarrollar sus telecomunicaciones y los instrumentos para atender a los ciudadanos y para que el Estado pueda supervisar su funcionamiento como corresponde. Espero que en las zonas aisladas, como la comuna de Corral u otras de la Región de Los Ríos, los ciudadanos cuenten con la Superintendencia de Telecomunicaciones, con la mano del Estado, para que se resguarden sus derechos.
Finalmente, anuncio que votaré a favor de la iniciativa, con la salvedad que he señalado.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , este proyecto de ley ha sido largamente esperado por quienes se dedican a la radiodifusión y a la televisión, porque norma ciertas situaciones. Con la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones se pretende generar un ordenamiento respecto de quienes desarrollan esas funciones.
Sin embargo, aquí ha habido una tremenda confusión por parte de diputados que no estuvieron las Comisiones técnicas. Algunos se preguntan por qué esto depende del Presidente de la República . Por una razón muy fácil y sencilla de entender: porque esta Superintendencia no dicta normas, sino que las ejecuta, a diferencia de otras superintendencias, como la de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores, que dictan normas. En consecuencia, estamos contribuyendo fuertemente a la transparencia en las telecomunicaciones.
Además, por otra razón muy simple: al haber un cuerpo colegiado, indudablemente, no habrá la misma transparencia que si el Presidente o la Presidenta de la República estuvieran a cargo de ese organismo. Esa es la razón fundamental; no hay otra. No se debe a que queremos tener más burocracia.
Y una de las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones es elaborar informes técnicos y cumplir las demás funciones que señale expresamente la normativa sectorial de los procedimientos para otorgamiento y renovación de las concesiones para la instalación, operación y explotación de servicios de telecomunicaciones. Esa es la función básica que estamos viendo, y no otra.
Entonces, si hablamos toda la mañana y empezamos a opinar sobre esto y lo otro, vamos enredando el cuento. En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se trabajó a conciencia para que el proyecto resultara lo mejor posible, de la manera más consensuada entre todos. Muchos parlamentarios establecieron multas en unidades tributarias anuales. ¿Qué significa una unidad tributaria anual? Lo menciono para que la gente tenga absoluta claridad. Significa que una unidad se transforma en doce, porque es una unidad mensual, o sea, cada mes; no se trata de unidad tributaria mensual, que es una sola vez. Entonces, cuando se hablaba de 10, de 20 o de 100 unidades tributarias anuales, en el fondo eran 120, 240 y 1.200 unidades tributarias, respectivamente, lo que llevaría a la quiebra a todas las radios medianas y pequeñas de provincia, a las comunitarias, a las que se dedican a difundir las noticias en nuestras regiones.
Entonces, por eso se bajó a unidades tributarias mensuales. Y ahí se trabajó fuertemente. Vinieron representantes de la Archi, de la televisión, etcétera. Mucha gente vino a dar su opinión.
Cuando vimos qué era lo mejor, empezamos a aprobar el proyecto. No se hicieron las cosas a tontas y a locas. Se trabajó intensamente. Seguramente, hoy muchos colegas querrán hablar, pero no van a alcanzar a hacerlo y, por lo tanto, lo más probable es que hoy no se alcance a votar el proyecto, por lo que quedará pendiente para después de la semana distrital.
Cuando se analizan las funciones de la Superintendencia, de cómo se ha trabajado respecto de este proyecto de ley, cuáles son las atribuciones que va a tener ese organismo, entonces nos podemos dar cuenta a cabalidad de que se ha elaborado un proyecto que se enfoca directamente hacia lo que tanto hemos esperado.
Quiero recordar lo que señaló el diputado Ortiz . Cuando empezamos a discutir los proyectos de ley relacionados con los multicarrier, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se enfrentó a algo desconocido. Quiero contarles una anécdota. Por ejemplo, cuando empezamos a estudiar el tema, los técnicos nos empezaron a hablar del “descreme”. Nosotros nos preguntábamos qué diablos es el “descreme”. Después nos dimos cuenta de lo que significaba. Por ejemplo, cuando la telefonía móvil era incipiente, el Hotel Sheraton generaba más recursos a la compañía que toda la ciudad de Temuco. Ellos priorizaban esas cosas. Recuerden que antes, para tener un teléfono fijo, había que pagar un disparate; hoy no es así.
En ese tiempo, alguien dijo: “Legislemos sobre los teléfonos celulares”. Y todos nos reímos, porque había 100.000. Incluso, dijimos que no valía la pena perder el tiempo en eso. Hoy hay casi 20 millones de celulares. Esto demuestra cómo han evolucionado las telecomunicaciones, particularmente la telefonía. Esto es absolutamente necesario para el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones.
Entonces, cuando se produzca un problema en regiones, indudablemente los seremis algo van a tener que decir. Ellos informarán y analizarán el problema. Todo el mundo quiere transparencia, para que, cuando haya una concesión y alguien postule a ella, la gane en buena lid.
En la actualidad, hay empresas que se dedican a ver quiénes presentan alguna concesión radial -el señor subsecretario lo podrá corroborar o negar-, para entrar inmediatamente en el tema, aunque no tengan ningún interés particular en esa zona; pero se meten, elaboran los proyectos y lo más probable es que ganen ese proyecto, para después vender la radio.
En consecuencia, la gente que quiere trabajar, que quiere hacer cosas en las regiones, que realmente quiere tener una radio comunitaria que ayude a su comunidad, muchas veces se ve impedida de hacerlo por esas verdaderas mafias que existen y respecto de las cuales la superintendencia no puede hacer nada, a pesar de que sabe que existen.
Entonces, esto le va a dar absoluta transparencia al sistema y la gente va a tener seguridad de que va a competir de igual a igual, porque no habrá gente dedicada a lucrar con el negocio de la radio.
También se ha tomado en cuenta una larga aspiración que hemos tenido todos los parlamentarios, de todos los colores políticos: no queremos que mueran nuestras radios regionales de baja cobertura. Y hemos ayudado a ese objetivo. Por ejemplo, se han aprobado normas para puedan transparentar su situación por no haber alcanzado a inscribir sus radios dentro de los plazos establecidos por la ley.
Entonces, cuando se observa el trabajo que desarrollan esas radios y la televisión por cable, hay que reconocer que hacen un tremendo trabajo. Gracias a normas como esas, mucha gente escucha las radios en su comuna y se entera de lo que está pasando.
En la comisión comentábamos que al transitar por caminos de Curarrehue, de Cunco o de Toltén -estoy hablando de mi distrito- o, como me señaló el diputado Delmastro , cuando iba donde don Segundo Chepo, entre Lanco y Loncoche, en la radio siempre se escuchaban noticias sobre choques con varios muertos. ¡Pero en Arica! ¡Nunca escuchábamos noticias sobre lo que sucedía en la zona! ¡Escuchábamos propaganda de todo Chile, pero no de las tiendas de nuestra zona!
Es importante este proyecto de ley, y lo hemos votado en conciencia. Por eso la Comisión de Ciencia y Tecnología lo ha defendido fuertemente, a pesar de que la comisión técnica es la de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por una razón muy simple, porque, como su nombre lo indica, las telecomunicaciones se encuentran su ámbito.
Esta superintendencia es autónoma y con patrimonio propio. ¿Qué significa eso? Que no va a tener que mirarle la cara a nadie para cumplir el mandato que se está estableciendo. O sea, son absolutamente autónomos, no abusivos; pero si se crea un consejo, como quieren algunos, no va a tener la transparencia como la que hemos determinado aquí, en que sea el Presidente de la República el que guíe los destinos de esta superintendencia. Por lo tanto, nos sentimos muy tranquilos con el proyecto.
Creo que hoy no alcanzaremos a votar el proyecto, porque quedan varios diputados inscritos para intervenir y, a continuación, corresponde realizar un homenaje.
Espero que para la próxima sesión nos acompañe el señor subsecretario -y que contemos con el consentimiento de la Sala para su ingreso-, porque es una de las personas que ha trabajado con los parlamentarios en todas las comisiones: en la de Ciencia y Tecnología, en la de Hacienda y en la de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
Es fundamental que esta iniciativa se vea lo más pronto posible, que contemos con la presencia del subsecretario y que sea aprobada a la brevedad, para que se publique en el Diario Oficial y se empiece a trabajar en la gente que va a ser traspasada, en las mejores condiciones para el personal y que se va a resguardar la continuidad de sus carreras funcionarías.
Mucha gente se pregunta: ¿Qué han hecho? Pero aquí tenemos los informes de las comisiones: son más de 400 páginas, que reúnen todo el trabajo realizado sobre el proyecto. Por esa razón se ha producido una demora muy grande. Pero no me cabe duda de que se ha elaborado con mucho cariño, con mucho amor, con mucho aprecio y, lo que es más importante, para favorecer a nuestra gente de las radios regionales, de las radios de baja cobertura, que muchas veces tienen que rogar para que les contraten un aviso publicitario.
Por lo tanto, creemos que ahora, con esta futura ley, la superintendencia podrá normar y hacer las cosas mucho mejor.
Como diputado de Renovación Nacional y como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, anuncio que votaré favorablemente este proyecto de ley cuando se someta a votación, que seguramente será la próxima semana.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Ha concluido el tiempo del Orden del Día.
Aún quedan varios diputados inscritos.
Por lo tanto, queda pendiente su discusión y votación para una próxima sesión.
VI. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL DIBUJANTE Y CARICATURISTA RENZO PECCHENINO, LUKAS
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Corresponde rendir homenaje al dibujante y caricaturista Renzo Pecchenino, conocido como Lukas.
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans, Presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la Fundación Renzo Pecchenino, Lukas.
-El señor Eluchans complementa su intervención con la proyección de imágenes de la vida y obra del señor Renzo Pecchenino.
El señor ELUCHANS (de pie).- Señor Presidente , honorable Cámara de Diputados, la tarde del domingo 7 de febrero de 1988, falleció Renzo Pecchenino Raggi, el recordado Lukas. Por ese motivo, la Fundación Lukas, que me honro en presidir, ha desarrollado, y está desarrollando durante el 2013, una serie de actividades con el propósito de conmemorar esta importante fecha.
Ello me llevó, además, a solicitar a esta honorable Corporación que se rindiera un homenaje en la Cámara de Diputados a este gran hombre que, aunque no nació en esta tierra, terminó finalmente siendo más porteño que muchos de los que sí hemos nacido en este hermoso puerto.
Están en la Tribuna de Honor de la Cámara de Diputados, para participar en este homenaje, su hermana Norma y su marido; Giulio, el hijo mayor de Lukas , y también los integrantes del directorio de la Fundación, la señora Macarena Urenda, el señor Eduardo Dib, la señora Eugenia Garrido, el señor Ian Macpherson y el director regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a quienes saludo con mucho afecto y agradezco su presencia, pues ello, sin duda, da mayor realce a este evento. Son todos muy bienvenidos a la Cámara de Diputados.
(Aplausos)
Como decía, Renzo Pecchenino no nació en Chile, sino en Ottone, un pequeño pueblo de Italia, el 29 de mayo de 1934, y llegó a Chile con sus padres, a la edad de 2 años, para radicarse en Valparaíso, ciudad en la cual pasaría el resto de su vida.
Estudió en la Scuola Italiana y luego ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, donde no concluyó sus estudios, ya que la muerte de su padre lo obligó a hacerse cargo de su hogar, compuesto por su madre Clarice y su única hermana, Norma, quien nos acompaña en esta mañana.
Ello fue motivo para que Renzo Pecchenino iniciara sus primeros trabajos como letrerista, oficio desde el cual llegaría a la ilustración. Su primera ilustración, pionera en su género, se publicó en 1958, en la página editorial del diario La Unión, de Valparaíso, bajo el seudónimo de Lukas.
A principios de los sesenta, Renzo Pecchenino ya trabajaba simultáneamente en las revistas Topaze, El Pingüino y Mampato, y en el mencionado diario La Unión.
En abril de 1964, contrajo matrimonio con la señora María Teresa Lobos, unión de la cual nacieron sus cinco hijos: Giulio -que, como he dicho, nos acompaña desde la Tribuna de Honor-, Daniella, Antonella, Renzo y Franco.
El 18 de diciembre de 1966, inició su colaboración con El Mercurio de Valparaíso, que duró toda su vida.
Habiendo ganado prestigio y reconocimiento en el medio, Lukas extendió su labor a los diarios El Mercurio y La Segunda, de Santiago; La Estrella de Valparaíso; Squire, de Estados Unidos, y O’Cruzeiro, de Brasil, entre muchas otras publicaciones de prestigio nacional e internacional.
Renzo Pecchenino, en una especie de desdoblamiento de su personalidad, hablaba de Lukas en tercera persona, refiriéndose a este último como a un ser -dotado de talentos excepcionales, como sabemos- al que Renzo Pecchenino miraba con mucho respeto. De ahí la conocida anécdota en que un amigo se acerca a Pecchenino cuando este estaba supuestamente dibujando y se da cuenta de que frente a sus ojos hay un papel en blanco, y le consulta: “¿Qué estás haciendo?”. Y Renzo contesta: “Nada todavía; estoy esperando que llegue el genio de Lukas, que todo lo arreglará”.
La obra de Renzo Pecchenino se estima en varias decenas de miles de dibujos, recogidos en las más variadas formas: desde aquel hecho en una servilleta de papel hasta el que realizó con especial esmero en un papel especialmente apropiado para su trabajo, y que se encuentran repartidos hoy en muchas manos.
Pero Lukas fue mucho más que un dibujante; además, fue un genio de la caricatura, la historia cotidiana, la crítica social oportuna y, también -por qué no decirlo-, un gran cronista en diarios y revistas de la época.
Lukas llegó a querer a Valparaíso como, probablemente, muy pocos porteños lo han hecho a lo largo de su historia; se identificaba con su ciudad y hacía de ella la inspiración de su obra. Por eso, a Lukas se le reconoció la nacionalidad chilena por gracia.
Tras su repentina muerte, un grupo de personas, fundamentalmente de la Región de Valparaíso, dio vida a la Fundación Lukas, con la finalidad de mantener vigente la obra de Renzo Pecchenino y, además, de que sea conocida por nuevas generaciones. En una valiosa propiedad en el conocido Paseo Gervasoni, del Cerro Concepción, está instalado, desde hace algunos años, el museo Casa-Mirador de Lukas, que exhibe parte importante de sus más conocidos dibujos y colecciones. El trabajo de ordenar su obra se ha hecho sobre la base de agruparla en diversas series; de allí que siempre se hable de la serie de Apuntes Porteños, Apuntes Viñamarinos, Revista de El Domingo , etcétera. Pero la Fundación, además, con la generosa colaboración de diversas instituciones y empresas, ha reeditado libros creados por Lukas, como también ha editado nuevas publicaciones con material inédito que él dejó.
En el curso del presente año, la Fundación constituida con el propósito de preservar su obra tiene programadas diversas actividades, y la Cámara de Diputados ha querido, con este homenaje, sumarse a rendir honores a este hombre excepcional.
Hago presente a la Sala, a los miembros de la familia de Renzo Pecchenino, a los integrantes del directorio de la Fundación y a todos quienes nos acompañan esta mañana, que mis palabras están dichas a título personal, pero también a nombre de los diputados del distrito de Valparaíso, señores Aldo Cornejo y Joaquín Godoy.
He dicho.
-Aplausos.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido un merecido homenaje en memoria del dibujante y caricaturista Renzo Pecchenino, Lukas.
-Aplausos.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
INCLUSIÓN DE ABOGADOS Y CONTADORES PÚBLICOS QUE TRABAJAN EN FORMA INDEPENDIENTE EN FRANQUICIA TRIBUTARIA QUE ESTABLECE NUEVO ESTATUTO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (Votación)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 749.
El señor Prosecretario explicará sus alcances.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- En la sesión pasada, este proyecto de acuerdo se votó en dos oportunidades y no hubo quorum. Entonces, corresponde votarlo por última vez.
Su objeto es solicitar al Ejecutivo que incorpore, dentro del artículo 36 de la ley N° 19.518, que fija el nuevo estatuto de capacitación y empleo, que permite la rebaja de los impuestos de primera categoría a las empresas que envíen a capacitación a sus trabajadores, a los abogados y contadores públicos que ejerzan su actividad de forma particular o independiente. Esta modificación tiene como finalidad que dichas personas naturales -que son contribuyentes del impuesto a la renta de segunda categoría- puedan obtener los mismos beneficios de capacitación, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que hoy están establecidos solo para las personas jurídicas.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Se abstuvo el diputado señor
CREACIÓN DE BONO ESPECIAL DE MOVILIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 750, de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra; del diputado Venegas; de la diputada Vidal, doña Ximena, y de los diputados Saffirio, Sabag, Araya y Ojeda, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a S.E. el Presidente de la República que cree un bono especial de movilización para que las personas con discapacidad puedan paliar uno de los aspectos económicos que implica su calidad de discapacidad física, cual es el transporte, de modo de permitir una mayor y mejor integración social en vías a lograr una plena equiparación en las oportunidades respecto de las personas sin discapacidad.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , el proyecto de acuerdo se hace cargo de una situación que todos hemos tenido la oportunidad de observar, puesto que la experiencia cotidiana nos muestra que quienes presentan discapacidades importantes, especialmente motrices, y deben usar, por ejemplo, sillas de ruedas, muletas u otros elementos, tienen dificultades muy serias para utilizar el transporte público.
Es más, muchas veces son discriminados y no pocas veces los conductores no se detienen cuando ven a un discapacitado, porque lo ven como un problema, porque, normalmente, estos medios de transporte no están habilitados ni preparados para prestar el servicio a las personas con alguna discapacidad motriz.
En más de una oportunidad, han llegado a mi oficina personas con discapacidad, quienes me han contado su experiencia y reclaman por qué no se les brinda el servicio de transporte público en igualdad de condiciones que al resto de las personas.
El proyecto de acuerdo propone abordar ese problema, de manera que para las personas de más bajos recursos, que reciben una pensión básica solidaria o una pensión de jubilación por discapacidad, que fluctúan entre 78.000 y 105.000 pesos mensuales, se les otorgue un bono especial de movilización, como una forma de ayudarlos a solventar el mayor gasto que les implicaría tener una alternativa de traslado, como tomar un taxi, por ejemplo, cuando el desplazamiento fuera urbano, o cualquier otro medio que les permitiera movilizarse. La discapacidad representa un problema no solo para las personas que la padecen, sino también para sus familias.
Algunas fundaciones permiten adquirir -nosotros lo hemos hecho- sillas de ruedas, pero rígidas, que no pueden plegarse a la hora de querer abordar el transporte público, lo que genera un problema bastante serio. Esa es otra razón que funda el proyecto de acuerdo.
Por eso, invito a mis colegas a votarlo favorablemente.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , invito a los diputados a apoyar este proyecto de acuerdo, que busca la creación, como ha dicho el colega Mario Venegas, de un bono para las personas discapacitadas que necesitan movilizarse en el transporte público.
Es elemental darnos cuenta, no como médico o diputado , sino como seres humanos, de que en Chile existen más de dos millones y medio de personas con algún tipo de discapacidad y alrededor de 600 millones a nivel mundial.
El tema es realmente preocupante, porque en Chile el monto de las pensiones de invalidez es tan ridículo que a nuestros discapacitados ni siquiera les alcanza para comprar lo más elemental en medicina. Es más, muchos ni siquiera cuentan con los elementos técnicos, como sillas de ruedas u otros artículos ortopédicos, para trasladarse a los hospitales, a los centros de kinesiología o, incluso, a realizar cualquier trámite personal. Y qué decir de los vehículos especiales. De manera que la situación en la que se encuentran nuestros discapacitados, chilenos y chilenas, es realmente triste.
Por eso, se hace necesario ir solucionando el problema. Una forma es liberar del arancel de importación los artículos ortopédicos, las sillas de ruedas, los vehículos especiales, para que todos los discapacitados tengan acceso a los elementos necesarios para desenvolverse mínimamente. Otra forma -es la que propone el proyecto de acuerdo- es la entrega de un bono de movilización a todos los discapacitados de Chile que económicamente se encuentren en la línea de la pobreza o mal disfrutando de una escuálida pensión de invalidez, la misma que se les deja de pagar cuando tienen la “desgracia” de encontrar trabajo. En más de una oportunidad hemos pedido que, cuando un discapacitado consiga trabajo, siga recibiendo su pensión.
En síntesis, entregar ese bono de movilización, liberar de los impuestos de importación a los artículos ortopédicos y mantenerles la pensión a los discapacitados que consigan trabajo son tres formas de ayuda que les permitirán vivir mejor de lo que lo están haciendo.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, SILLAS DE RUEDAS Y VEHÍCULOS ESPECIALES
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 751.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo N° 751, de los diputados señores José Pérez, Ojeda, Ortiz, de la señora Marta Isasi, de los señores Sabag, Jaramillo, Meza, de la señora Ximena Vidal, y de los señores Jarpa y Auth, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a S.E. el Presidente de la República para que estudie, analice y envíe a la brevedad un proyecto de ley que elimine los impuestos de importación para elementos ortopédicos, sillas de ruedas y vehículos especiales, como así también considere la incorporación en la ley N° 19.284 de un artículo que le permita a los familiares más cercanos y tutores importar un vehículo acondicionado, con el fin de poder trasladarlos.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , Chile tiene alrededor de 2 millones y medio de personas con algún grado de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que 15 por ciento de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor de 600 millones de personas.
¿Qué persigue el proyecto? Que el Presidente de la República libere del pago de impuesto a las personas discapacitadas que necesiten importar implementación ortopédica, bastones; sillas de ruedas, manuales o eléctricas, o vehículos para el traslado, que en algunos casos son muy especializados, dado el grado de avance de la discapacidad. Es decir, se trata de dar las facilidades necesarias a las personas que requieran hacer una inversión para mejorar las condiciones de vida de los discapacitados, para permitirles, entre otras cosas, trasladarse libremente desde un punto a otro.
Por lo anterior, pido a mis colegas que aprueben el proyecto de acuerdo, que va en beneficio de las personas con distintos grados de discapacidad.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , me sumo a la preocupación del diputado señor José Pérez, pero me gustaría que el beneficio que exime a esos equipos de la responsabilidad tributaria se extendiera también a los elementos deportivos que ocupan los integrantes de nuestra selección paralímpica y otros deportistas del mundo de la discapacidad. Recordemos que estamos ad portas de los primeros Juegos Parasuramericanos y nuestros deportistas necesitan algunos beneficios tributarios para traer sus sillas de ruedas y todo lo que necesitan para su desarrollo deportivo y rendimiento competitivo.
Por otro lado, debo recordar que anteriormente se podía traer un vehículo para beneficio de una persona discapacitada, pero lo obligaba a conducirlo personalmente. La modificación de la norma permite el ingreso de un vehículo para una persona discapacitada, pero que sea conducido por un familiar, para trasladar a los niños o a los jóvenes discapacitados, por ejemplo, a los centros de rehabilitación.
El proyecto de acuerdo va en esa senda, por lo que lo respaldaremos con nuestros votos.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarez-Salamanca
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE ESTADO DE AVANCE DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE PEDREGOSO, COMUNA DE LONQUIMAY (Oficios)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , la escuela de Pedregoso, ubicada en un sector cordillerano de la comuna de Lonquimay, fue destruida por un terrible incendio hace un año y medio, pero, hasta la fecha, aún no se inicia la reconstrucción de dicho establecimiento, a pesar de que existía un protocolo suscrito por las autoridades del gobierno regional y el alcalde, que establece que el proyecto arquitectónico estaría concluido en abril. Sin embargo, estamos a fines de mayo, pero la comunidad no ha recibido ninguna noticia respecto del proyecto arquitectónico ni del estado de avance del cumplimiento de ese protocolo de acuerdo.
Por lo tanto, solicito oficiar al intendente de la Región de La Araucanía y al secretario regional ministerial de Educación de dicha región, con el objeto de que me entreguen información detallada y precisa sobre el cumplimiento de ese protocolo de acuerdo y, particularmente, respecto del diseño arquitectónico de la escuela de Pedregoso, de la comuna de Lonquimay.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
FISCALIZACIÓN A LICEO POLITÉCNICO DE PAILAHUEQUE, COMUNA DE ERCILLA, Y EVALUACIÓN DE ACCIONES CIVILES Y PENALES (Oficios)
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en segundo lugar, algunos vecinos de la comuna de Victoria, pero que trabajan en la comuna de Ercilla, han denunciado el pésimo funcionamiento del liceo politécnico de Pailahueque, ubicado en esta última comuna, que pertenece al Instituto de Educación Rural (IER). En ese establecimiento particular subvencionado no se pagan los sueldos de sus docentes y paradocentes, se adeudan sus cotizaciones previsionales y los alumnos no tienen materiales para trabajar.
En verdad, no nos sorprende ese hecho, ya que varios establecimientos educacionales del Instituto de Educación Rural viven una realidad similar. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tomó la decisión de no renovarle el convenio de administración delegada del establecimiento de la comuna de Curacautín, que hoy tiene un nuevo administrador.
Como dije, se trata de un colegio particular subvencionado, pero el ciento por ciento de sus alumnos están en situación vulnerable, donde se transgreden los derechos de los estudiantes, de los profesores y de los demás funcionarios.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Educación , con el objeto de que la superintendencia intervenga, fiscalice dicho establecimiento y adopte las medidas correctivas.
Asimismo, solicito oficiar al Consejo de Defensa del Estado , con el fin de que evalúe la posibilidad de presentar acciones civiles e, incluso, penales por una eventual malversación de recursos públicos, porque las subvenciones son patrimonio fiscal de afectación, y queremos saber el destino que se le ha dado.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
SOLUCIÓN A CONFLICTO DE PESCADORES ARTESANALES DE COMUNA DE DALCAHUE POR CUOTAS DE CAPTURA DE CONGRIO Y MANTARRAYA (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente , los pescadores artesanales de la comuna de Dalcahue están por cuarto día en una movilización bien compleja, importante y necesaria, que requiere de soluciones urgentes. Sus lanchas están en el canal Dalcahue , que une la isla de Quinchao con la comuna de Dalcahue.
El conflicto se origina fundamentalmente porque ellos necesitan que la Subsecretaría de Pesca les autorice una captura aproximada de 200 toneladas de congrio y de 200 toneladas de mantarraya, con el objeto de que puedan llegar a fin de año.
Esta flota es fundamentalmente reinetera, pero ese recurso desapareció por causas normales, ya que apareció la jibia y desplazó a la reineta de su hábitat, por lo que los pescadores se quedaron sin su principal producto de extracción.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor subsecretario de Pesca y al señor intendente de la Región de Los Lagos , con copia de mi intervención, con el objeto de que intercedan y encuentren una solución al conflicto que afecta a esos pescadores artesanales, ya que el subsecretario tiene herramientas, instrumentos y facultades para autorizar esas cuotas de captura de congrio y de mantarraya, lo que posibilitaría que esas casi cuarenta embarcaciones en conflicto, que involucran más o menos a 200 familias, obtengan recursos que les permitan mantenerse, por lo menos, hasta fin de año.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
FINANCIAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EN COMUNA DE OSORNO (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Educación , con el objeto de pedirle que estudie la factibilidad o posibilidad de establecer un financiamiento especial para el transporte escolar rural, debido a los problemas y dificultades que se han presentado porque algunas municipalidades no financian ese beneficio, por algunas objeciones que habría formulado la Contraloría.
En Osorno, hay tres escuelas tomadas porque la municipalidad de esa comuna habría suspendido el financiamiento del transporte escolar rural.
Esto es delicado, grave y va en contra del derecho a la educación, porque debe facilitarse el libre acceso a las escuelas, lo que resulta más difícil y complicado en el campo.
Solicito que el ministro de Educación establezca, de una vez por todas, un financiamiento, un bono, un subsidio o lo que sea para tales efectos. Y para el caso de Osorno, como ya está en conocimiento del ministro de Educación esta situación, pido que también estudie la posibilidad de otorgar financiamiento para facilitar la asistencia de esos estudiantes a sus escuelas, ya que deben recorrer largas distancias, de entre cinco y diez kilómetros, para llegar a ellas, muchas veces durante mañanas oscuras, ya que estamos en otoño, próximo al invierno.
Formulo esta petición sin perjuicio de que, además, probablemente, presente un proyecto de acuerdo para pedir que se establezca un financiamiento especial y permanente para esos estudiantes.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE GASTO DE RECURSOS DE LEY SEP ASIGNADOS PARA 2012 A COMUNAS DE REGIÓN DE O’HIGGINS (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , en primer lugar, solicito oficiar a las municipalidades de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins para que me informen lo efectivamente gastado e invertido de los recursos de la Ley SEP que les fueron asignados para 2012 a cada una de ellas. Simplemente, me interesa conocer el monto invertido -no un mayor detalle contable- y el saldo, si lo hubiere, para hacer un control y seguimiento del debido, oportuno y adecuado gasto de los fondos provenientes de una ley tan importante como la mencionada, cuyo proyecto fue aprobado y despachado en su momento por el Congreso Nacional.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE MATERIALIZACIÓN DE PROYECTO RANCAGUA EXPRESS EN REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS (Oficios)
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , en segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones , con copia de mi intervención a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y a los alcaldes y concejos de las siguientes comunas a las que presta servicios Metrotren: Mostazal , Codegua , Graneros , Rancagua , Requinoa , Rengo y Malloa , con el objeto de que me informe de qué manera y en qué plazos se va a materializar el anunciado, reanunciado y permanente y entusiastamente publicitado proyecto Rancagua Express .
No vemos obras ni materialización de proyectos; solo vemos servicios que se bajan, servicios que colapsan, servicios que no funcionan, falta de automotores y permanentes problemas para toda la gente de la región.
¿Qué pasa con Rancagua Express?
Por eso, quiero que se me informe sobre los detalles de las obras correspondientes y la concreción de ese anunciado proyecto, incluso el pasado 21 de mayo.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN Y SOLUCIÓN A SITUACIÓN QUE AFECTA A DOÑA PATRICIA ESCOBAR PEREIRA, BENEFICIARIA DE BECA CONICYT (Oficio)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- En el turno del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , recibí una carta de doña Patricia Escobar Pereira , RUT N° 12.904.762-3, quien fue beneficiaria de una beca de la Conicyt.
Según me indica doña Patricia , ella cumplió con todos los requisitos que le fueron requeridos, en particular la obtención del grado académico y la retribución, tanto en tiempo como en forma.
Sin embargo, inexplicablemente, el Consejo de Defensa del Estado, a solicitud de la Conicyt, inició un juicio ordinario en los tribunales civiles de Santiago para cobrar el monto de la beca a la beneficiaria por no haber cumplido los requisitos ya mencionados.
Obviamente, esa situación tiene muy complicada a la becaria, pues todo se debería a un error de la Conicyt.
En consecuencia, solicito que se oficie a la Conicyt para que me informe en qué estado se encuentra la situación de doña Patricia Escobar Pereira y disponga, a la mayor brevedad, una solución que repare los negativos efectos causados a la beneficiaria.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
SANCIÓN A PROGRAMA TELEVISIVO “HAZME REÍR” POR EMISIÓN DE RUTINA CON CONTENIDO OFENSIVO Y DISCRIMINATORIO (Oficio)
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , por otra parte, hace algunos días el programa de Chilevisión “Hazme reír”, que conduce Antonio Vodanovic , el comediante que encarna al muñeco llamado Murdock formuló un chiste de muy mal gusto y que, a mi juicio, merece una disculpa pública y una sanción ejemplarizadora por parte del Consejo Nacional de Televisión.
El chiste, que no repetiré, debido a su alto contenido ofensivo, era en contra de los judíos y hacía alusión al Holocausto. Y más adelante, en su rutina, el referido personaje también aludió a las personas de raza negra en forma absolutamente despectiva.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Consejo Nacional de Televisión para que analice la rutina realizada por el personaje en cuestión el lunes pasado y sancione al programa “Hazme reír” por no sacar de la emisión la parte de la rutina alusiva a los judíos y personas de raza negra, puesto que el programa estaba grabado y perfectamente se podría haber borrado la referida rutina.
Recientemente, fue promulgada la ley antidiscriminación y debe ser cumplida.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ACCIDENTE EN LICEO AGRÍCOLA JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ MURÚA, EN AZAPA, ARICA (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Orlando Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente , el pasado 18 de abril, en el Liceo Agrícola José Abelardo Núñez Murúa , de Azapa, Arica, se vivieron minutos angustiantes y extremadamente dramáticos debido a un accidente ocurrido tras el derrame de agua hirviendo sobre tres menores.
Como ya es de público conocimiento, dos de esos pequeños sufrieron graves quemaduras, con profundas lesiones, lo que generó que Nadelli Solis y Bryan Ticona , ambos de 4 escasos años, fueran traslados de urgencia a la UCI Pediátrica del Hospital Luis Calvo Mackenna, en Santiago, el 19 de abril.
Las quemaduras de esos niños abarcaron más del 60 y 70 por ciento de su cuerpo, respectivamente.
Claro, fueron cerca de 25 litros de agua hirviendo los que cayeron encima de esos pequeños, los cuales fueron hospitalizados, conectados a ventilador mecánico, y fuertemente dopados, ya que sufren dolores impensados, que, incluso, algunos los comparan con el dolor que experimenta una mujer en el parto.
Esa fue la última realidad del pequeño Bryan , quien, entre el desconsuelo, la profunda tristeza y el anhelo de justicia de sus padres, falleció el fin de semana recién pasado.
Su joven cuerpo no resistió más.
Lamentablemente, la pequeña Nadelli hoy sigue en las mismas condiciones descritas, y también con riesgo vital.
Lo que más genera impotencia en esta situación es que el daño tanto físico como sicológico que se ha provocado a esos menores, a sus padres y familiares y, finalmente, la muerte de uno de ellos, con todo el dolor que ella conlleva, pudo y debió ser evitado.
Tengo en mis manos un oficio del director del liceo en cuestión, don Gabriel Fernández Canque .
Cuando ocurrió esta terrible desgracia el mencionado director, con fecha 13 de mayo de 2011, ofició a la señora Vilma Olcay , directora regional de la Junaeb Arica y Parinacota. Mediante el referido oficio, se le informa a la señora directora -y cito textualmente- lo siguiente: “También informo que el sistema de baño maría, instalado para mantener la comida a temperatura adecuada, se implementó fuera de la cocina. Quedó en un lugar inseguro para las manipuladoras, alumnos y profesores. Esto puede ocasionar accidentes muy lamentables. Es por esta razón que solicito el cambio de este sistema. Debe quedar al interior de la cocina.”
Señores, hasta la fecha no se ha recibido respuesta sobre dicho oficio. Y si se hubiera escuchado lo que hace dos años manifestó el director del liceo, hoy no estaríamos lamentando la muerte de Bryan ni la grave situación de Nadelli.
Por lo anteriormente expuesto, solicito que se oficie a don Jorge Poblete, director nacional de la Junaeb, a fin de que informe a esta Corporación lo siguiente:
1.- Los hechos sucedidos en el liceo agrícola José Abelardo Núñez Murúa , en Azapa.
2.- Las medidas de seguridad dispuestas para evitar la ocurrencia de ese tipo de sucesos.
3.- Por qué, pese a que había información -los antecedentes fueron remitidos a la Junaeb mediante el oficio que señalé y que acompañaré a mi intervención- sobre la situación de riesgo existente en el liceo agrícola, no se tomaron los resguardos necesarios para solucionarla.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo manifiestan a la Mesa.
FELICITACIONES A COOPERATIVA DE TRABAJO PRYMAVE, COMUNA DE MAIPÚ (Oficio)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Señor Presidente , se acostumbra decir que las crisis generan oportunidades. En el caso que expondré a continuación, ello es completamente real.
En marzo de 2007, una resolución de la Contraloría General de la República dispuso que las municipalidades deberán licitar a terceros la mantención de las áreas verdes; y en el lapso de dos años, prepararse para despedir a sus trabajadores.
Pues bien, en lugar de desanimarse, los más de trescientos cincuenta trabajadores de mantención de áreas verdes de Maipú decidieron constituirse en tres cooperativas de trabajo, las que el próximo mes cumplen cinco años desde su creación.
Su trayectoria ha sido de mucho esfuerzo, puesto que han debido vencer muchas dificultades y derribar grandes barreras, pero gracias a su perseverancia hoy tienen a su cargo la mantención de más de trescientos ochenta mil metros cuadrados de áreas verdes en la comuna de Maipú, además de los contratos que han suscrito con entidades privadas y con otros municipios.
¿Cuál es la gracia de haber pasado de ser trabajadores dependientes a cooperados? Primero, que sus ingresos, en promedio, se han incrementado en más de 40 por ciento en comparación con los del mercado de las grandes empresas monopólicas de mantención de áreas verdes. En segundo lugar, que el 73 por ciento de los excedentes que obtienen es distribuido entre los trabajadores cooperados.
Con el sistema de cooperativismo de trabajo se ponen en juego valores como la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. De allí que se requieren políticas públicas y programas de respaldo a la actividad de las cooperativas de trabajo, con el objeto de que la democracia no solo se manifieste en el ámbito político y social, sino que también se extienda al área de la economía.
Por lo tanto, con motivo de la pronta conmemoración de los cinco años desde su creación, pido que se oficie a todos los trabajadores de la Cooperativa Prymave -dedicada a la protección y mantención de áreas verdes-, a fin de enviarles un abrazo fraterno y mis francas y sinceras felicitaciones en la persona de sus fundadores -que todavía dirigen esa cooperativa-, encabezados por su presidente , señor Manuel López , y por la directora señora Marisol Villalobos .
Solicito que se les envíen mis felicitaciones, porque esa entidad es un ejemplo de cooperativismo exitoso, del valor de la solidaridad y de responsabilidad social, cuyos cooperados pasaron de ser trabajadores dependientes a personas que construyen su propio destino.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
IRREGULARIDADES EN CENTRO DE ESTUDIOS E INTEGRACIÓN LABORAL PIAGET, DE CONCEPCIÓN (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , pido que se oficie al director provincial de Educación de Concepción , señor José Fuentealba , con el propósito de darle a conocer la situación que se está suscitando en el Centro de Estudios e Integración Laboral Piaget, del sector Centinela I , de Talcahuano, establecimiento que desde hace algunos años imparte capacitación laboral a más de doscientos alumnos, a los cuales se les ofreció también la nivelación de sus estudios.
Sin embargo, ayer, junto a los asesores del senador Alejandro Navarro y del concejal Gustavo Medel , asistimos a una reunión en la que nos dimos cuenta de que más de doscientos alumnos del señalado centro de estudios e integración laboral han sido engañados, además de enterarnos de la probable falsificación de asistencias y de otro tipo de irregularidades.
Por lo tanto, solicito que se envíe copia de mi intervención al Contralor General de la República , a fin de que disponga la realización de una auditoría y que lleve a cabo la fiscalización que corresponda, para determinar lo que ocurre en ese centro de estudios e integración laboral, con el objeto de que se nos haga llegar una pronta respuesta sobre la situación denunciada, establecimiento que hoy se encuentra tomado por sus alumnos, los que hasta ahora no han recibido respuesta de parte de las autoridades de educación de la Región del Biobío.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención al alcalde de Talcahuano y al concejal de esa comuna señor Gustavo Medel Niño .
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
CARTA GANTT DE PROYECTO HABITACIONAL EN CALETA TUMBES (Oficio)
El señor CAMPOS.- Por otra parte, pido que se oficie al director del Serviu del Biobío , señor Francisco Merino , para que envíe a este diputado y al alcalde de Talcahuano , señor Gastón Saavedra , así como a la concejala señora Mireya Gallardo y a los concejales señores Leocán Portus , Jaime Peñailillo , Gustavo Medel , Hernán Pino y Abel Contreras , la Carta Gantt del proyecto habitacional que se está emplazando en caleta Tumbes , porque, al parecer, en esa obra han existido retrasos, errores y falta de planificación. Esperamos con ese diagrama tener claridad respecto de los plazos de ese gran proyecto, el cual es muy anhelado por otras tres caletas ubicadas en el sector de caleta Tumbes.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando, copia de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
ANTECEDENTES SOBRE EXCLUSIÓN DE SECTORES DE ALTA VULNERABILIDAD DE COMUNA DE HUALPÉN EN PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (Oficios)
El señor CAMPOS.- Por último, pido que se oficie al seremi de Vivienda de la Región del Biobío , con el objeto de que me envíe todos los antecedentes en los que se certifique por qué los barrios Aurora de Chile y Perla del Biobío, de la comuna de Hualpén, no califican en el Programa Mejoramiento de Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para 2013, a pesar de su alta vulnerabilidad.
Solicitamos una explicación respecto de esa situación, porque, al parecer, los criterios para dejar fuera a esos barrios de esa tan esperada inversión no fueron técnicos, sino políticos.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a la alcaldesa de la comuna de Hualpén, señora Fabiola Lagos , a la concejala señora Patricia Saldías y a los concejales señores Luis Chamorro , Daniel Valdebenito , Luis Araya y Juan Cruz .
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE PRODESALES Y SOLUCIÓN A IMPASSE PRODUCIDO ENTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ E INDAP REGIONAL (Oficio)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , en la actualidad hay una situación muy delicada entre el Indap de la Región del Maule y la municipalidad de Longaví debido a la renovación que se tiene que llevar a cabo entre ese municipio y el Indap para continuar con el funcionamiento adecuado de los Prodesales, programas cuyas asesorías son vitales para los campesinos, de manera que es muy importante que funcionen de manera eficiente.
El problema se suscitó debido a que en los Prodesales de Longaví se desempeñan personas que no cuentan con las cualidades técnicas y humanas para hacer bien su trabajo, a raíz de lo cual el alcalde de esa comuna solicitó al director del Indap regional que ellas no sigan trabajando en esos programas y proceder a la renovación de los Prodesales respectivos con personal idóneo, solicitud que el Indap regional no aceptó.
Debido a lo planteado se produjo un impasse y una situación absolutamente insólita entre el municipio de Longaví y el Indap de la Región del Maule, organismo que quiere llamar a licitación para continuar con los Prodesales con otra institución, no con esa municipalidad.
Por lo tanto, pido que se oficie al director nacional del Indap , con el objeto de que intervenga en este caso y adopte las medidas que sean necesarias para que se atiendan los argumentos del alcalde de Longaví , señor Mario Briones -cuya petición es justa-, para sacar de los Prodesales a la gente que no cumple una labor en favor de los campesinos y para que proceda a celebrar el acuerdo respectivo con la Municipalidad de Longaví para el funcionamiento de los próximos Prodesales . Se deben llevar a cabo las renovaciones contractuales respectivas, pero sin las personas que han hecho un trabajo técnico deficiente, a fin de tener programas de desarrollo local eficaces para los campesinos de Longaví.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS MIGRATORIOS QUE AFECTAN A LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA Y A OTRAS ZONAS DEL NORTE DEL PAÍS (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En el turno del Comité Regionalista, tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , la Región de Antofagasta -lo mismo ocurre en Arica e Iquique- se está viendo afectada por la alta tasa de migración, principalmente de extranjeros provenientes desde Colombia. En varias ocasiones nos reunimos con el Presidente de la República , señor Sebastián Piñera y, en su momento, con el entonces ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter , para plantearles la necesidad de que se dicte una nueva Ley de Extranjería que regule el ingreso, salida y permanencia de los extranjeros en el país. El Gobierno del Presidente Piñera se comprometió a enviar el año pasado un proyecto de Ley de Extranjería. A la fecha, esa iniciativa todavía no ingresa al Congreso Nacional.
Por ello, pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública , a fin de que informe cuándo se enviará al Congreso Nacional el proyecto que crea una nueva Ley de Extranjería.
En otro aspecto relacionado con la materia, funcionarios de la Policía de Investigaciones de Antofagasta y de la Oficina de Extranjería de la Gobernación de Antofagasta nos han manifestado su preocupación por el poco personal de que disponen respectivamente para atender la alta demanda de extranjeros que concurren a sus unidades para efectuar diversos trámites.
Por tanto, pido al ministro del Interior que informe si es posible aumentar el número de funcionarios en la Oficina de Extranjería de la Gobernación de Antofagasta, y habilitar un local de mejores condiciones para que funcione dicha sección. Hemos visto cómo los extranjeros hacen colas desde las 18.00 horas para ser atendidos al día siguiente en la Oficina de Extranjería. Para ello, duermen en el lugar, con todos los inconvenientes que esa situación genera a los vecinos que viven en el sector.
Por ello -reitero-, pido al ministro del Interior que considere la posibilidad de que se instale un local distinto para que funcione la Oficina de Extranjería de la Gobernación de Antofagasta, que reúna las condiciones mínimas que permitan atender dignamente a los extranjeros que solicitan diversos documentos, como visas transitorias o las certificaciones que exige la Ley de Extranjería.
Asimismo, solicito al ministro del Interior que disponga que se incremente la dotación de funcionarios que cumple labores en el Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones en Antofagasta, en atención a que en la actualidad solo un número reducido de dichos funcionarios debe cumplir con la gran carga de trabajo que demanda esa unidad, la cual se suma a sus labores habituales de investigación policial.
Como comunidad antofagastina nos preocupa que el gobierno central no haya querido tener una mirada más global para abordar el fenómeno de la migración, especialmente en zonas del norte del país, en las que la alta tasa migratoria está generando complicaciones en áreas como la salud, educación y vivienda. Por ello, hemos demandado desde hace bastante tiempo que el Gobierno cree una nueva política migratoria que, a nuestro juicio, debe empezar por la dictación de una nueva Ley de Migraciones que reemplace a la actual, que data de los años ochenta y que no responde a la situación que en esta materia vive el país.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
OTORGAMIENTO DE ASIGNACIÓN DE ZONA A DOCENTES Y PARADOCENTES DE ESCUELA RURAL DE LOCALIDAD DE RAÚL MARÍN BALMACEDA, REGIÓN DE AYSÉN (Oficios)
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- El Comité de Renovación Nacional ha cedido su tiempo al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , hace pocos días, el Consejo de Profesores de la escuela rural “ Raúl Marín Balmaceda ”, y la directora y el profesor de la escuela “ Amanda Labarca ”, de la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda , señora Iris Valle Vargas y señor Marcelo Godoy , respectivamente, me hicieron presente una solicitud que ellos vienen planteando a la autoridad correspondiente desde hace treinta y cinco años.
La escuela “ Raúl Marín Balmaceda ” se ubica en el extremo noroeste de la Región de Aysén, prácticamente en el límite con la provincia de Palena, perteneciente a la Décima Región. Es una zona que sufre las condiciones de aislamiento propias de la Región de Aysén. La escuela está unida con la localidad de La Junta mediante un camino transversal. Los alumnos deben hacer uso de un transbordador para cruzar el río Palena y llegar hasta esa escuelita bastante aislada en la Región.
Cuando dichos docentes, que pertenecían a la Décima Región, fueron traspasados a la región hace treinta y cinco años, tenían una asignación de zona -como todos los funcionarios de zonas extremas- de solo 90 por ciento. Sin embargo, en el traspaso, el Ministerio respectivo no resguardó que se les aplicara el porcentaje que corresponde a los funcionarios que se desempeñan en esa zona de la Región de Aysén: 125 por ciento. Curiosamente, los docentes de esa escuela y los asistentes de la educación son los únicos que no reciben ese porcentaje de asignación. Todos los funcionarios públicos del lugar, incluyendo a los de la posta, a carabineros y a otros, son beneficiados con una asignación de zona de 125 por ciento.
Por lo expuesto, dadas la ruralidad y la condición de zona extrema de la localidad referida, pido que se oficie al ministro de Hacienda , al subsecretario de Hacienda , a la seremi de Educación de la Undécima Región y al alcalde de Cisnes , a fin de que adopten las medidas pertinentes para que se incorpore en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2014 la asignación de zona equivalente al 125 por ciento para los docentes y el personal asistente de la educación de la escuela rural “ Raúl Marín Balmaceda ”. Se trata de un beneficio que les corresponde legítimamente y que deben recibir al igual que los demás funcionarios públicos del mismo sector. Conozco la localidad de Raúl Marín Balmaceda . Es una zona muy aislada, y sé lo difícil que resulta para su comunidad vivir en ella. Creo que los profesores y los funcionarios asistentes de la educación de dicha escuela tienen más que ganada esa asignación. Se trata de un beneficio que han solicitado durante muchos años, sin tener éxito hasta el día de hoy.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA REALIZACIÓN DE VUELTA CICLÍSTICA DE CHILE (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS .- Señor Presidente , quiero repetir algunas palabras que nuestro Presidente Sebastián Piñera ha pronunciado en favor del deporte, a fin de contextualizar la petición de envío de oficio que haré.
El Presidente de la República dijo: queremos hacer de Chile un país de deportistas. El deporte le hace bien al cuerpo, al alma. Al cuerpo, porque mejora nuestra salud, estado físico y estado de ánimo, y al alma, porque nos enseña los valores del esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Y es, además, un gran antídoto contra la droga, el alcohol y la delincuencia. En general, son palabras que considero sabias en relación con lo que significa el deporte en el desarrollo de cada nación, de cada persona, de cada pueblo.
No obstante, quiero hacer presente el siguiente problema. Chile será sede de diversos eventos deportivos, como los Juegos Panamericanos, el Mundial de Fútbol Sub-17, y otros. Pero hay un evento deportivo que tiene una tradición en nuestro país: la Vuelta Ciclística de Chile, la cual ha debido ser postergada porque no se concretaron las acciones necesarias por parte de la federación correspondiente. Es decir, existen dificultades para su realización.
Por ello, pido que se oficie a la ministra secretaria general de Gobierno y, por su intermedio, al subsecretario de Deportes , a fin de que dispongan las acciones pertinentes, a través del Instituto Nacional del Deporte, para que se concrete la realización de la Vuelta Ciclística de Chile, que ha recorrido el norte, el centro y el sur del país. De esa forma, se dará una respuesta real a nuestros ciclistas, que han sido un baluarte en los Juegos Panamericanos, incluso en las Olimpiadas, en las que han obtenido medallas de oro.
De no obtenerse un apoyo estatal, lamentablemente, perderemos un gran evento, que constituye un hito en la promoción del deporte en el país.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Alfonso de Urresti y Fidel Espinoza.
RESTITUCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELAS RURALES (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En el tiempo que le fue cedido al Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , pido que se oficie a la ministra de Educación , al intendente de la Región de Los Lagos , al gobernador de la provincia de Osorno , a los alcaldes de Osorno, de Río Negro y de Puerto Octay y a los respectivos concejos de esas comunas, a fin de hacerles presente y denunciar la grave situación que afecta a la escuela rural de Pichil y otras escuelas cercanas, como la de Calle Larga, en relación con la suspensión del transporte escolar decretado por el alcalde de Osorno en virtud de un eventual dictamen de la Contraloría que impediría a los municipios traspasar las barreras geográficas de sus comunas.
De ser así, estaríamos ante una terrible situación que afectaría a la educación rural no solo de Osorno, Río Negro o Puerto Octay, sino de todo el país, puesto que son muy pocas las comunas que no tienen alumnos provenientes de otras. En este caso puntual, la escuela de Pichil fue construida con recursos estatales -más de 1.500 millones de pesos-, con el objeto de entregar educación a los menores provenientes de algunos sectores de las comunas de Río Negro y Puerto Octay, como Chan Chan, Casa de Lata, Chifín , Puchaura y Cancura .
Cuando se consiguieron los recursos necesarios para construir la escuela, existía matrícula suficiente; de manera que no se contraponen los recursos que entrega el Estado para mejorar la calidad de la educación con lo que se quiere emprender.
El alcalde de Osorno , militante de un gran partido como es la Democracia Cristiana, cuyos principios esenciales son el humanismo y el cristianismo, está actuando en forma poco humana y poco cristiana con los alumnos, por una razón muy clara: porque el establecimiento está en toma. Pero, los alumnos están dando una gran lucha para que se respete su derecho a ser transportados. Es el acalde quien recibe la subvención, con la cual está obligado a pagar -más allá de que los estudiantes vivan en Cancura, Chifín u otros lugares- el transporte escolar para que sean trasladados.
Si existe un dictamen de la Contraloría, se estaría atentando contra toda la educación rural del país y contraviniendo los principios establecidos en nuestra Constitución Política que garantiza el derecho a la educación. Incluso, se iría en contra de lo que dijo ayer el Presidente de la República , en cuanto a que es necesario fortalecer nuestra educación, haciéndola exigible desde kínder, hasta la básica y media.
Desde este punto de vista, la situación descrita es gravísima y, por lo tanto, espero que haya una solución que fortalezca nuestra educación rural, sin importar que los alumnos sean de Osorno, Río Negro, Puyehue, Puerto Octay o de cualquier lado; lo que importa es que se respete el derecho de los alumnos a llegar a sus salas de clases para recibir una mejor educación y tener un mejor futuro.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
HOMENAJE A CLUB DEPORTIVO ELADIO ROJAS EN EL DECIMOQUINTO ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN (Oficios)
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en estos minutos, quiero rendir homenaje al Club Deportivo Eladio Rojas, de Valdivia, que hoy cumple 15 años desde su fundación, ocurrida un 22 de mayo de 1998.
El club nació en un importante sector de nuestra ciudad, la Población Pablo Neruda, específicamente, en la calle Eladio Rojas, donde se realizó la primera reunión que dio origen a ese emblemático club deportivo valdiviano.
El club se creó por la necesidad de los jóvenes del sector de contar con un nuevo espacio deportivo. A lo largo de sus 15 años de existencia, en el club han participado más de cien personas en distintas actividades deportivas y solidarias, en una cancha propia, situación que no es habitual en las instituciones deportivas. Gracias a su esfuerzo, sus integrantes hoy pueden contar con un recinto deportivo precisamente en Avenida Circunvalación, donde también tienen una sede social que los llena de orgullo.
En 1999, el club fue campeón de la Liga Andaba; en 2007, campeón de la serie infantil, en la Liga Ucodeval, de Valdivia, y en 2009, campeón de la serie juvenil. El club ha desarrollado un arduo trabajo, en especial, sus dirigentes, socios, mujeres y todos sus integrantes, gracias al cual hoy le permiten integrar en forma regular la Liga Ucodeval, de Valdivia. Por eso, vaya mi reconocimiento a todos y a cada uno de sus integrantes.
Pido que se envíe copia de mi intervención a don Boris Corona Flores, presidente ; a don Patricio Muñoz , tesorero, y a don René Collilef Paillalef , vicepresidente de la institución.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien habla.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A SOBREVIVIENTES DEL TERREMOTO Y TSUNAMI QUE AFECTÓ A LA REGIÓN DE LOS RÍOS EL 22 DE MAYO DE 1960 (Oficios)
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , aprovechando su investidura, que no es casualidad, quiero hacer un reconocimiento y recordar que, hace 53 años, un 22 de mayo de 1960, la zona de Valdivia fue afectada por el terremoto más devastador que recuerde la historia, el cual estuvo acompañado de un tsunami que destruyó gran parte de la comuna de Corral y sus alrededores.
Vayan para los sobrevivientes, los héroes y los miles y miles de personas que sufrieron ese cataclismo, mi reconocimiento y mi homenaje por haberse puesto de pie, así como al heroísmo, solidaridad y valentía de muchas personas que ayudaron a reconstruir la Región de Los Ríos, en particular, Valdivia y Corral .
Por eso, pido que se oficie al intendente de la Región de Los Ríos, en particular, a los alcaldes de Corral y Valdivia, a fin de expresarles este acto de solidaridad de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien habla.
Por haber cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.06 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones
IX. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.24 horas.
El señor DÍAZ (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
PARO DE TRABAJADORES DE TAXIS COLECTIVOS Y DE TAXIS EJECUTIVOS EN COPIAPÓ (Oficios)
El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente , hoy se está llevando a cabo un paro de los trabajadores de taxis colectivos y de taxis ejecutivos en Copiapó. Se trata de veinte sindicatos encabezados por un gran dirigente, como es el señor Raúl Morgado , que además es vicepresidente nacional de la Confenatach.
El motivo de la movilización es la falta de disposición de parte del seremi de Transportes para atender las demandas de un gremio muy prestigiado tanto a nivel de los trabajadores como de la comunidad.
El servicio de taxis es el medio principal de transporte que tiene la ciudad de Copiapó.
El 28 de marzo pasado la autoridad regional de Transportes determinó los cupos de taxis básicos por comuna y abrió las inscripciones sin consultar a los sindicatos de taxis colectivos básicos y rurales, quienes han calificado este proceso como poco transparente.
El gremio prefiere que esos cupos se abran para los choferes de taxis colectivos y que no sean solo para los dueños de dichos vehículos, quienes en realidad no los trabajan. Se trata de 130 cupos regionales, por lo que el movimiento ha adquirido carácter regional. Estos cupos se habrían abierto para taxis básicos y taxis ejecutivos.
A raíz de lo anterior, pido que se oficie al seremi de Transportes de Atacama para que informe de las razones por las cuales no ha escuchado la presentación del gremio, que busca que sean beneficiarios una gran cantidad de trabajadores que hoy se desempeñan como choferes. Ellos podrían tener la prioridad en la postulación a los cupos de taxis colectivos.
Además, por la misma razón, pido que se remita copia de este oficio al intendente regional, a los presidentes de los sindicatos de Transporte de Taxis Colectivos, particularmente al que dirige el señor Raúl Morgado , así como también al presidente de la CUT provincial de Copiapó .
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien preside.
MAL USO DE VEHÍCULO FISCAL Y MALTRATO A TRABAJADORES DE LA SALUD POR PARTE DE DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE ATACAMA (Oficios)
El señor CARMONA.- Señor Presidente , pido que se oficie al director regional de Salud de Atacama para que responda las razones que han motivado la presentación de una denuncia de los trabajadores de la Salud, agrupados en la Fenats y en la Confusam, así como también de los capítulos médicos del hospital de Copiapó.
La denuncia presentada ante la Contraloría señala que el doctor Christian Galleguillos , director regional de Salud , ha hecho mal uso del vehículo fiscal, utilizándolo para realizar trámites personales. Toda la información se encuentra en poder de la Contraloría.
Por otro lado, hay denuncias reiteradas de mal trato a los funcionarios por parte de este mismo director regional, que asumió hace muy poco tiempo.
La denuncia ha sido validada por la propia presidenta regional de los trabajadores de la Salud, la señora Luz Birshmeier , así como por el presidente de la asociación base de la Fenats del hospital de Copiapó.
A estos hechos debo agregar otras falencias en el funcionamiento del sistema de salud, que ya denuncié días atrás. En concreto, se trata de anuncios de parte de este director promoviendo la inauguración de un nuevo hospital, en circunstancias de que la inauguración es solo de una de las tres torres de un hospital que, además, hace muchos años está en construcción. Es necesario que él explique las razones de su conducta dentro del marco de la ley.
Pido que se envíe copia de este oficio a los presidentes de la Fenats y de la Fenpruss de Copiapó, así como del Capítulo Médico, de la ANEF regional y de la CUT provincial de Copiapó.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de quien preside.
COBRO INDEBIDO DE 7 POR CIENTO DE SALUD A JUBILADO DE LA CIUDAD DE COPIAPÓ (Oficios)
El señor CARMONA.- Señor Presidente , debo llamar la atención de un hecho particular.
Un vecino de Copiapó, el señor Guillermo Enrique Sierra , que acaba de cumplir 86 años, tiene una pensión de $ 160.565, pero recibe solo $ 152.536, debido al descuento aplicado por Fonasa .
Si bien es cierto no es exactamente el 7 por ciento, mi pregunta es por qué, a los 86 años, a este jubilado aún se le descuenta su cotización de salud. En su caso no se está cumpliendo la ley.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Salud y a la ministra del Trabajo para que nos expliquen el por qué de esta situación.
Pido que se envíe copia de esta intervención a don Guillermo Enrique Sierra , cuya dirección adjunto, así como también al presidente de la CUT provincial de Copiapó .
He dicho.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien preside.
INFORMACIÓN ACERCA DE EVENTUAL MODIFICACIÓN UNILATERAL EN CONTRATO DE PÓLIZAS DE SEGUROS EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS (Oficios)
El señor CARMONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , quiero que se oficie a los ministros de Hacienda y de Economía , al superintendente de Bancos y al director del Sernac en relación con un asunto delicado e importante de indagar.
El Banco Santander, Corredora de Seguros -me imagino que esto también debe estar ocurriendo en otras entidades bancarias, pero los antecedentes que tengo son del Banco Santander-, está remitiendo un correo electrónico a sus clientes con fecha 16 de mayo de 2013, recordándoles que en octubre de 2012, una compañía de seguros se adjudicó la licitación de las pólizas colectivas de seguros contra incendios y sismos asociados a los créditos hipotecarios. Les hace presente que ya no se encuentran vigentes las normas de la póliza anterior, que establecía coberturas tales como riesgos de la naturaleza, daños materiales causados por ruptura de cañería, y algo tan común como rotura accidental de cristales, etcétera. Además, invitan a los clientes a ponerse en contacto con el banco.
Con anterioridad, por correo, muchos clientes recibieron una comunicación sin fecha, en la que se les señala lo mismo. Como se puede apreciar acá, ninguna de las tres hojas de esta carta, ni de la otra, tienen fecha. En consecuencia, es imposible saber de cuándo son estas comunicaciones.
Esta comunicación previa informa, en uno de los casos que tengo a la mano, lo siguiente: Cabe señalar que la nueva póliza colectiva -reiterando la licitación colectiva de las pólizas- tiene menos cobertura en comparación con la póliza que tenía antes del proceso de licitación.
Para que pueda mantener -informan al cliente- los mismos niveles de protección, ponemos a su disposición una póliza individual que, además, contempla en forma gratuita la asistencia para su hogar, etcétera.
Luego, adjuntan un cuadro para que el cliente pueda comparar las pólizas.
¿Cuál es el resultado de uno de los ejercicios? La póliza colectiva vigente hasta el 30 de noviembre costaba 0,4375 unidades de fomento; la póliza colectiva licitada, 0,325 unidades de fomento -hubo una disminución del valor de la póliza-, y la individual, que fija las coberturas que no están en la póliza licitada, cuesta 0,353 unidades de fomento. O sea, hay una leve alza respecto del valor de la póliza colectiva licitada.
En otro caso, informan lo mismo en carta sin fecha, del cambio de póliza como consecuencia de licitación, pero le dicen al cliente que la nueva póliza colectiva licitada tiene mayor precio y menor cobertura para él, y ponen a su disposición la póliza individual.
En el cuadro que envían, aparece un comparativo de precios. La anterior, la colectiva hasta el 30 de noviembre, vale 0,28 unidades de fomento; la licitada desde el 1 de diciembre, 0,325 unidades de fomento, y la individual que proponen, 0,353 unidades de fomento. Es decir, en este caso, el cliente se ve perjudicado en todas las hipótesis.
Me preocupa la manera como fueron notificados los clientes del cambio de póliza. ¿Cuál fue el instrumento legal utilizado para que los clientes pudieran informarse oportunamente del cambio de póliza? ¿Por qué estas cartas no llevan fecha? ¿Por qué el cliente no se puede enterar? ¿Por qué si lleva fecha el correo electrónico en el que le recuerdan en mayo de la licitación de una póliza realizada en octubre del año anterior, cuyos efectos comienzan a regir desde febrero de 2013; sin embargo, en mayo le recuerdan para que todavía ejerza el derecho a opción? ¿Cuál es la póliza vigente hoy? ¿Cómo cambiaron al cliente de póliza sin requerir su consentimiento? ¿Se hizo esto de manera unilateral?
Reitero, circula por los correos electrónicos, dirigidos a los clientes del Banco Santander, con fecha 16 de mayo del presente año, un correo electrónico en el que le recuerdan que, en octubre de 2012, se licitó una póliza colectiva nueva que reemplaza la individual anterior, vinculada a los créditos hipotecarios, que está vigente desde febrero de 2013.
En cartas sin fechas, dirigidas a los domicilios de los clientes, se anuncia que la póliza vale más o que vale un poco menos, pero en ambos casos, tiene menos cobertura, y le dan una opción distinta, individual, que no es la de la póliza colectiva, en la que también le plantean un aumento en los costos.
En consecuencia, aquí podemos estar frente a una modificación unilateral de los contratos, a una falta oportuna de comunicación de las alternativas de las que disponían los clientes.
Esto afecta a la totalidad de los clientes de la cartera hipotecaria del Banco Santander, sin excepción. Ningún cliente fue notificado con anterioridad a la entrada en vigencia de la póliza colectiva que iba a ocurrir eso y que, en consecuencia, se verían enfrentados a mantener la póliza nueva, con menos prestaciones que la anterior, que les costaba más o menos, como en los casos expuestos, o a una alternativa que proponía el banco de una póliza individual que recuperaba las coberturas que perdió de su póliza individual al pasar a colectiva, pero que también tiene un valor superior.
El tema es delicado; en el último tiempo hemos hablado bastante de los abusos, como el de los cambios unilaterales de contrato. Esta es la segunda irregularidad del Banco Santander. Hace poco envió una comunicación a todos sus clientes, a propósito de la ley denominada de Información Financiera, donde les pide que se acerquen al banco a dar cuenta de su patrimonio a todos aquellos personajes calificados por la ley como personas políticamente expuestas, pero también a sus familiares, incluyendo a personas que no son clientes del banco.
Entiendo que el otro día el Banco Santander pidió disculpas. Pero es el segundo hecho anómalo que afecta a esa entidad. Por eso, pido la intervención del Sernac, porque aquí puede haber vulneración de los derechos de los consumidores como consecuencia de este cambio en una materia tan importante y sensible como son los seguros.
Cuando se firma un crédito hipotecario, uno cede el derecho de contratar por el solicitante del crédito los seguros hipotecarios, si es que uno lo hace dentro de un tiempo y forma.
No sé si la facultad se entiende extensiva también al cambio de las condiciones y cobertura de la póliza, como consecuencia de la licitación de una póliza colectiva.
He dicho.
El señor DE URRESTI ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ANTECEDENTES SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE DOBLE VÍA MARIQUINA-VALDIVIA (Oficios)
El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , solicito el envío de un oficio a la ministra de Obras Públicas .
En la Región de Los Ríos, uno de los proyectos más anhelados y trabajados por la ciudadanía ha sido la doble vía Mariquina-Valdivia, por la entrada norte de nuestra ciudad.
A fines de 2011, se hizo una campaña ciudadana, transversal, liderada por el diputado Roberto Delmastro y por quien habla, en la que se reunió más de 30 mil firmas de vecinos de diversas comunas, como Valdivia, Mariquina , Máfil , Lanco y Panguipulli . Firmaron para solicitar esta importante obra, por un lado, para concretar una doble vía, y por el otro, para que sea con una inversión estatal y sin peaje.
La carpeta fue entregada personalmente al Presidente de la República , don Sebastián Piñera , y al entonces ministro de Obras Públicas , don Laurence Golborne . También fue reiterada su necesidad en la audiencia sostenida con la ministra en enero de este año.
Para quienes vivimos en la región y conocemos la importancia de agilizar esta obra y entregar mayor estándar de seguridad a la actual vía, la ruta CH-205, creemos que es fundamental apurar las gestiones para adelantar las obras en esta importante arteria.
Recientemente, fuimos testigos de un gran accidente, en el que fallecieron seis personas. Cinco eran trabajadores de la comuna San José de La Mariquina, cuyos funerales se efectuaron este fin de semana.
Esta tragedia refleja la necesidad de avanzar y priorizar en esta obra pedida por más de 30 mil vecinos de la región.
Por lo anterior, solicito a la ministra de Obras Públicas que informe detalladamente sobre el estado actual del proyecto, dado que solo hay informaciones extraoficiales, en las cuales se ha indicado que no sería por concesión, sino realizada con fondos públicos. Nos interesa saber el cronograma, el detalle, las fechas, de qué manera se puede avanzar.
Por esa ruta transitan más de seis mil vehículos diarios; además, buena parte de la carga que se moviliza en camiones forestales, madereros, hacia y desde la capital de la región.
Asimismo, solicito que se entreguen las fechas y el respectivo cronograma de cada una de las obras que implican esta doble vía. Igualmente, pido que se informe la factibilidad de acelerar este proyecto tan necesario para quienes a diario transitan por esa ruta.
Pido enviar copia de mi intervención a los alcaldes y Concejos de las ilustres municipalidades de Mariquina, Máfil , Valdivia , Lanco , Panquipulli, Paillaco , Corral , La Unión, Futrono , Río Bueno, Lago Ranco y Los Lagos, por la importancia que reviste para la región esta relevante obra.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE BASES SAMU EN REGIÓN DE LOS RÍOS (Oficios)
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , solicito que se envíe un oficio al ministro de Salud y al director del servicio de salud de Valdivia , a fin de que nos informen sobre la habilitación de Samus y dotación de ambulancias en las distintas comunas de la Región de Los Ríos, con especial énfasis en la comuna de Río Bueno. Es de vital importancia contar con una unidad de esta naturaleza y el respectivo servicio de ambulancias para atender un municipio tan extenso, con tanta ruralidad, como es Río Bueno.
Gran cantidad de vecinos me han planteado esta inquietud, particularmente, el concejal Diego Flores .
Por eso, pido que nos informen sobre el desarrollo de programas para la instalación de bases SAMU en la región.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al señor Diego Flores , concejal de la comuna de Río Bueno.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien habla.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.42 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio N° 10728 de fecha 15 de mayo de 2013, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que establece elección de los Consejeros Regionales. (boletín N° 7923-06). Hago presente mi voluntad para los efectos de que el proyecto aprobado se remita al Tribunal Constitucional, para su consideración.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S. E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8951-10
Acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, hecho en Santiago el 5 de diciembre de 1996, tal como se ha modificado entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, firmado en Santiago, Chile, el 16 de abril de 2012
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S. E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8034-15
Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley de la referencia, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
ARTÍCULO 17°
En el inciso segundo, intercálase entre “labores” y “de apoyo”, la frase “de certificación”.
ARTÍCULO 30°
En el inciso primero, reemplácese “podrá” por “deberá”.
ARTÍCULO 35°
Agréguese el siguiente inciso final:
“El Superintendente tendrá un plazo de 5 días para pronunciarse sobre la solicitud del instructor, período en el cual se mantendrán las medidas que se hubieren ya decretado. De no
pronunciarse en el plazo indicado anteriormente, la medida se alzará si se hubiere decretado con anterioridad o se entenderá rechazada la solicitud si no existiera medida adoptada”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
ARTÍCULO 2°
“Incorpórese el siguiente inciso tercero:
Los afectados que estimen que los actos u omisiones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de ellas ante la Corte de Apelaciones respectiva en la forma dispuesta en el artículo 42°”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda ; PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones ”.
6. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos. (boletines Nºs 6523-11 (S); 6.037-11 (S); 6.331-11 (S), y 6.858-11 (S))
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en el H. Senado, originada en cuatro mociones refundidas, de los senadores señores Guido Girardi, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide; senadora señora Soledad Alvear y Mariano Ruiz-Esquide; Pedro Muñoz y senadora Alvear, respectivamente. El proyecto ha sido tramitado con urgencia “suma” en esta Comisión.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
-Indicación del Diputado señor Robles para modificar el inciso tercero nuevo del artículo 94 que se introduce mediante indicación del Ejecutivo.
-Indicaciones de los Diputados señores Macaya, Marinovic, Recondo, Silva, Von Mühlenbrock al artículo 100 aprobado por la Comisión de Salud.
-Indicación del Ejecutivo al inciso primero del artículo 129 aprobado por la Comisión de Salud.
-Indicaciones del Diputado señor Robles al artículo 129 B nuevo que se introduce mediante indicación del Ejecutivo.
-Indicación del Diputado señor Robles al artículo 129 C nuevo que se introduce mediante indicación del Ejecutivo.
-Indicación del Diputado señor Robles al artículo 129 C que pasa a ser 129 E aprobado por la Comisión de Salud.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad
-El artículo 94 propuesto por la Comisión de Salud;
-El artículo 101 y la indicación del Ejecutivo a este artículo.
-El artículo 126 y la indicación parlamentaria a este artículo.
-El artículo 129 y las indicaciones del Ejecutivo a este artículo.
- La indicación del Ejecutivo que incorpora un artículo 129 A nuevo.
-La indicación del Ejecutivo que incorpora un artículo 129 B nuevo.
-La indicación del Ejecutivo que incorpora un artículo 129 C nuevo.
-El artículo 129 C que pasa a ser 129 E con la indicación del Ejecutivo a este artículo.
-El artículo 3º del proyecto aprobado por la Comisión de Salud y la indicación del Ejecutivo.
-El artículo 5º del proyecto aprobado por la Comisión de Salud.
4.- Indicaciones declaradas inadmisibles
-Indicaciones del Diputado señor Robles a los artículos 94, 96, 97, 100 bis, y 111 aprobados por la Comisión de Salud.
5.- Se designó diputado informante al señor Silva, don Ernesto.
-o-
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jaime Mañalich, Ministro de Salud ; Pablo Longueira, Ministro de Economía ; Tomás Flores, Ministro Subrogante de Economía ; Juan Cataldo, Jefe de Gabinete del Ministro de Salud ; Pablo Solís, Asesor del Ministerio de Salud; la señora Adriana Maturana, Jefa de la División Jurídica del Ministerio de Salud; Jorge Hermann, Jefe de la División de Estudios del Ministerio de Economía , y Alejandro Arriagada, Asesor del Ministerio de Economía.
Concurrieron además, los señores Pablo Rodríguez, expresidente del Colegio Médico de Chile; Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico de Chile y Director Médico del Centro de Información Toxicológica y de Medicamentos de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cituc; Juan Carlos Ríos, Director Ejecutivo Cituc ; Uwe Koch; Max Schilling y Francisco Vargas, Presidente , Vicepresidente y Asesor, respectivamente, todos del Colegio de Ópticos y Optómetras de Chile; Mauricio Huberman, Presidente Nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile ; Hernán Calderón, Presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS); Héctor Rojas, Presidente de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile; Mauricio Acevedo, Presidente del Sindicato Salcobrand N° 2 ; Stefan Larenas, Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu); José Manuel Cousiño, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile A.G. (CIF); las señoras Rocío Núñez, Vicepresidenta Nacional del Colegio de Enfermeras de Chile A.G.; Susana Carey, Presidenta de la Asociación Gremial de Supermercados de Chile (Asach); Juan Pablo Moreno, Asesor de dicha Asociación; Jorge Velis, Director Ejecutivo de la Cámara de Medicamentos de Venta Directa (Cameved); Sergio Cedano, Elmer Torres y Rodrigo Cabello, Presidente , Gerente General y Asesor Legislativo de Asilfa, respectivamente; Roberto Belloni y Alberto Novoa, Gerente General y Gerente de Asuntos Corporativos, ambos de Farmacias Salcobrand; Miguel Celedón, Max Huber y Luis Laso, Gerente General, Gerente de Proyectos y Gerente de Asuntos Corporativos, todos de Farmacias Cruz Verde, respectivamente.
El propósito de la iniciativa consiste en modificar el Código Sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos.
El informe financiero fue elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 5 de septiembre de 2011, siendo sustituido por otro de 23 de mayo de 2012, que señala lo siguiente:
EI proyecto de ley modifica el Código Sanitario, aprobado por el decreto con fuerza de ley N° 725, de 1967, introduciendo cambios en los roles asociados a las entidades que participan en el sector salud, en especial en relación con el Instituto de Salud Pública (ISP), en su rol de autoridad sanitaria especializada en el control y fiscalización en materia de medicamentos.
En cuanto a lo que concierne al ISP, esta modificación establece que será la autoridad encargada en todo el territorio del control sanitario de los productos farmacéuticos y de los establecimientos relacionados con ellos. Por su parte, las Secretarías Regionales Ministeriales serán las encargadas de vigilar la presencia de productos falsificados, adulterados, alterados y contaminados, quedando facultadas para su decomiso en caso de su detección.
Cabe destacar que, además de las funciones que hoy están radicadas en las seremis de Salud, y que mediante esta reforma se traspasan al ISP, en la Figura del Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, Anamed (proyecto boletín N° 7.805-11), este último deberá velar por el control y fiscalización de todas las etapas del ciclo de vida de un medicamento, desde su investigación hasta su utilización; esto es, incorporar dentro de la fiscalización las etapas de distribución y comercialización.
De esta manera, para asumir estas nuevas funciones el ISP deberá desarrollar:
a) Nuevas actividades en las funciones de las oficinas de farmacia,
referidas al fraccionamiento de los medicamentos.
b) Cambio de enfoque, aplicación de nuevas normas y exigencias en la fiscalización de recetarios magistrales.
c) Elaboración de nuevas guías y actualización en la fiscalización de farmacias, droguerías, depósitos de productos farmacéuticos.
d) Mayor cobertura, armonizar criterios técnicos, nivelación de conocimientos, desarrollo tecnológico.
Actualmente, se estima que la fiscalización farmacológica realizada por las seremis de Salud alcanza aproximadamente 30% de cobertura al año, por lo que el ISP, al hacerse cargo de estas materias, tiene como objetivo aumentar la cobertura de dicha fiscalización y adecuarla a los estándares internacionales de calidad; esto con la finalidad de cumplir el mandato del Instituto de velar por el bienestar de los chilenos y lograr asegurar medicamentos de calidad para toda la población.
Continuando con la labor de fiscalización efectuada hoy por las seremis de Salud, la que se estima es deficitaria en cantidad, y como primera medida para asumir las nuevas tareas asignadas al Instituto, se creará dentro de Anamed una Unidad de Fiscalización Farmacéutica que en el primer año cuente con dos profesionales Químicos Farmacéuticos para apoyar la implementación de la nueva tarea. Adicionalmente, para ese año (que corresponde al año de inicio de vigencia de la ley) se proyecta realizar un estudio que entregue la información necesaria sobre el diagnóstico de la fiscalización farmacológica actual y los estándares que se debiesen alcanzar.
En conjunto con realizar este estudio, se contempla aumentar progresivamente en la Subsecretaría de Salud Pública la dotación de profesionales encargados de la inspección y fiscalización, incorporando siete nuevos en un período de tres años con el fin de lograr mayor cobertura, especialmente en la Región Metropolitana. A esto se suma, en el Instituto de Salud Pública, un gasto constante en viáticos y pasajes asociado a esta nueva función, así como también un gasto por una sola vez en capacitación a personal del sector. EI mayor gasto fiscal anual para el Minsal a que da origen este proyecto se resume en la siguiente tabla:
Miles de $
Detalle
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
RR. HH.
$ 37 .850
$ 85.448
$ 117
$ 148.912
Viáticos y Pasajes
$ 6.084
$ 6.084
$ 6.084
$ 6.084
Capacitaciones
$ 10.000
Estudio de Diagnóstico
$ 20.000
Total Gasto Anual
$ 63.934
$ 101.532
$ 123.264
$ 154.996
Esta estimación de gasto adicional no considera un aumento del número de farmacias ni tampoco la fiscalización de establecimientos distintos a las farmacias, en los que podrían venderse medicamentos que no requieren receta médica.
Así, los gastos del año 1, que es el lapso de preparación del ISP para enfrentar esta nueva función, serían financiados con su presupuesto vigente, el cual podrá ser incrementado mediante reasignaciones dentro del Ministerio de Salud, y en lo que no alcanzare, con cargo a aquellos recursos que se consignen en el Tesoro Público. Para el primer año de operación y siguientes, los gastos que este proyecto demande se financiarán con los recursos que contemple la Ley de Presupuestos de cada año en las instituciones respectivas.
Finalmente, debe señalarse que las otras Instituciones involucradas en este proyecto de ley no presentarían gastos adicionales significativos derivados de la modificación del Código Sanitario planteada, por lo que eventuales mayores gastos serán financiados con su presupuesto vigente.
Mediante un informe financiero complementario de fecha 16 de abril de 2013, se especifica que la indicación del Ejecutivo N° 038-361 modifica el proyecto de ley presentado en mensaje 013-361, incorporando la autorización de venta directa de medicamentos en establecimientos comerciales acreditados, de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 7° del Código Sanitario.
Se señala que el proyecto de ley no difiere de los costos presentados en IF 169-2012, los cuales se presentan actualizados:
Miles de $ 2013
Detalle
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
RR.HH
$ 38.948
$ 87.926
$ 120.578
$ 153.230
Viáticos y Pasajes
$ 6.260
$ 6.260
$ 6.260
$ 6.260
Capacitaciones
$ 10.2.90
Estudio de Diagnóstico
$ 20.580
Total Gasto Anual
$ 65.788
$ 104.476
$ 126.838
$ 159.490
La Subsecretaría de Salud Pública reconvertirá dentro de su actual dotación los fiscalizadores faltantes para hacer frente a los nuevos establecimientos que se acrediten para venta directa de medicamentos, los que se estima no superen las 20 personas.
En el debate de la Comisión el señor Jaime Mañalich hizo presente que el proyecto busca solucionar el grave problema de acceso a los medicamentos; del gasto regresivo en el presupuesto personal por compra de medicamentos y de falta de cobertura farmacéutica. En efecto, Chile dentro de la OCDE es el país miembro que tiene el gasto de bolsillo per cápita de medicamentos más alto, lo que afecta principalmente a las familias de menores ingresos.
Agregó que después de la alimentación, el segundo ítem de gasto en las familias con personas de la tercera edad, que consumen en promedio 3,2 medicamentos, viene dado por la compra de fármacos. Además, la densidad de farmacias por habitante es muy baja, habiendo 50 comunas sin farmacias instaladas.
Planteó que como Ejecutivo han realizado numerosas modificaciones en estas materias, por la vía reglamentaria cuando ha sido posible, o bien, a través de la presentación de proyectos de ley, como en este caso.
Dentro de las modificaciones reglamentarias, el año pasado mediante una reforma al Reglamento de Farmacias se inició la instalación de farmacias móviles. Otro cambio reglamentario importante fue la iniciativa de la Ex Presidenta Bachelet que obligaba a las farmacias a tener todos los medicamentos que no requieren receta en góndolas fuera del área donde está el dependiente de la farmacia. Este decreto no fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, la que interpretó que la farmacia se divide en dos sectores: una que está detrás del mesón que es donde se deben expender los medicamentos, sujeto al control de la Autoridad Sanitaria, y otro sector que está fuera del mesón, que no está sujeto al imperio de dicha Autoridad y que se somete a las normas comunes de los establecimientos comerciales.
Además, durante este Gobierno se ha forzado por la vía reglamentaria a las farmacias a cumplir los turnos, ejerciendo las atribuciones que le concede el Código Sanitario.
En materia legal, se ha presentado a tramitación el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Medicamentos “ANAMED”, que si bien hoy existe, es parte del Instituto de Salud Pública. Con esta iniciativa se busca que este organismo sea autónomo, con patrimonio propio, con directivos elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública, etcétera, y el proyecto en discusión que aborda numerosas materias, que van mucho más allá de la venta de medicamentos OTC en recintos que no son farmacias, como normas relacionadas con insumos, productos alimenticios, entre otras.
Con respecto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en esta Comisión, sostuvo que éstas tienen por objeto insistir en ciertos aspectos que fueron modificados en la Comisión de Salud, a saber:
1. Petitorio de fármacos. Explicó que el Ministerio de Salud tiene la potestad reglamentaria de determinar qué productos deben tener a disposición del público, como mínimo, las farmacias. Al respecto, la indicación establece que el petitorio autorizará al Ministerio de Salud a exigir que todas las farmacias dispongan de un stock mínimo de medicamentos con bioequivalencia demostrada, de manera tal que los usuarios puedan sustituir un medicamento caro por otro de menor valor, con calidad certificada.
2. Receta médica. En esta materia la indicación dispone que cuando un médico prescribe un medicamento de marca que se individualiza con un nombre de fantasía está obligado a informar en la misma receta cual es la denominación común internacional del medicamento que está prescribiendo. Ello está en consonancia con lo establecido en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ya que se trata de una información esencial.
Este tema ha sido objeto de cuestionamientos de constitucionalidad, existiendo un informe del abogado Correa Sutil, en el que se concluye que no se puede obligar a un médico a prescribir al mismo tiempo el genérico y el medicamento de marca. No obstante este informe, el Ejecutivo está convencido de que esta norma es constitucional.
3. Concepto de bioequivalencia. Hoy existen 9 laboratorios instalados que no existían en Chile para demostrar bioequivalencia; se han certificado más de 20 agencias internacionales que certifican bioequivalencia, certificado que es aceptado en el país. En este tema, el proyecto establece que para todos los medicamentos en que la bioequivalencia es exigible se pueda hacer la sustitución por un medicamento cuya bioequivalencia haya sido demostrada. Existen, sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones internacionales de la OMS, un grupo de medicamentos que no requieren demostrar bioequivalencia; en estos casos, de acuerdo a la indicación presentada, es posible intercambiar el producto farmacéutico, sin que ello importe obrar contra el deseo del médico.
4. Fraccionamiento de los medicamentos. Se insiste vía indicación en que las farmacias, en la medida que demuestren a la Autoridad Sanitaria que son capaces de fraccionar, lo que se estima en un horizonte de 3 años, puedan adquirir envases clínicos a granel de fármacos y le entreguen al paciente la dosis exacta que se requiere de acuerdo a la prescripción del médico.
5. Venta de medicamentos sin receta médica, OTC, en recintos que no son farmacias. Se prescribe en esta indicación que las farmacias deben tener a disposición directa del público, ya sea en góndolas o estantes, los medicamentos que no requieren de receta médica, de forma tal que no medie la intervención del dependiente o del químico farmacéutico porque la gran utilidad que han hecho las farmacias de cadena ha sido fabricar medicamentos con nombre propio, privilegiando su venta. Las marcas propias desde el año 2009 han aumentado su venta en 26%, medicamentos que en promedio son 4 ó 5 veces más caros que los genéricos.
El incentivo por vender los productos farmacéuticos fabricados por las propias farmacias se denomina “canela”, lo que está fuertemente sancionado en esta iniciativa legal.
Asimismo, la indicación insiste en la venta de medicamentos que no requieren receta médica en recintos que no son farmacias.
6. Se permite que las farmacias y los almacenes farmacéuticos puedan instalarse sin restricción geográfica alguna. El Código Sanitario permite la existencia de distintos tipos de lugares donde se expenden medicamentos con o sin receta e insumos médicos. Estos recintos son las farmacias que están dirigidas por un químico farmacéutico y los almacenes farmacéuticos a cargo de un práctico o técnico en farmacia. El año 2009 se modificó el Reglamento de Farmacias, prohibiendo que en una misma comuna pueda haber farmacias y almacenes farmacéuticos, prescribiendo, además, que si en una comuna donde hay un almacén farmacéutico se instala una farmacia, ese almacén pierde su autorización. Con esta indicación se terminan estas restricciones que constituyen la razón por las que no se han instalado estos almacenes en el país.
La Comisión de Salud dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del artículo 5° del proyecto aprobado por ella. Por su parte, la Comisión de Hacienda agregó a su consideración los artículos 94, 96, 97, 100, 100 bis, 101, 111, 126, 129, 129 A, 129 B nuevo, 129 C nuevo, 129 C que pasa a ser 129 E, del numeral 1) del artículo 1°, y el artículo 3° por haber sido objeto de indicaciones, tanto del Ejecutivo como parlamentarias.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Artículo 1°
N° 1
Artículo 94
El Ejecutivo formuló la siguiente indicación:
Intercálase en el artículo 94, que se sustituye, el siguiente inciso tercero, pasando su actual inciso tercero a ser cuarto:
“Los petitorios farmacéuticos deberán ser aprobados mediante resolución del Ministro de Salud , indicando los medicamentos que deban obligatoriamente ponerse a disposición del público en los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos, identificados en la forma señalada en el inciso anterior. Además, esta exigencia incluirá todos los medicamentos que, conteniendo el mismo principio activo y dosis por forma farmacéutica, hayan demostrado su equivalencia terapéutica y aquéllos que, por su naturaleza, se determine que no requieren dicha demostración, todo ello conforme a las normas reglamentarias establecidas mediante decreto supremo del Ministerio de Salud.”.
El señor Mañalich explicó que esta indicación tiene por objeto evitar que el petitorio de fármacos sea tan restringido que en la práctica se burle el principio de la sustitución y de la bioequivalencia. Se trata de aproximadamente 400 productos diferentes que las farmacias deberán tener a disposición del público.
En el tema de los medicamentos que por su naturaleza no requieren certificar bioequivalencia, afirmó que este concepto está vinculado a la disponibilidad y equivalencia terapéutica de medicamentos de uso oral. En efecto, añadió, por regulación de la Organización Mundial de la Salud se dispone los casos en los que los estudios de bioequivalencia no son necesarios: productos que se administran por vía parenteral, por ejemplo, por vía intravenosa, intramuscular; soluciones para uso oral que contienen la sustancia activa en la misma concentración y no contiene un excipiente que, de manera comprobada o presunta, afecte el tránsito o la absorción de la sustancia activa por el tubo digestivo; gases; polvos para la reconstitución, cuando la solución satisface cualquiera de los dos primeros criterios; productos ópticos u oftalmológicos como soluciones acuosas; productos tópicos y productos inhalables o aerosoles nasales que se administren esencialmente con el mismo dispositivo o sin él.
Puesta en votación la indicación del Ejecutivo fue aprobada por 8 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron en contra los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Macaya, don Javier, y Núñez, don Marco Antonio. Se abstuvieron los Diputados señores Lorenzini, don Pablo y Silva, don Ernesto.
Por su parte, el Diputado señor Robles presentó las siguientes indicaciones a la indicación formulada por el Ejecutivo:
-Para reemplazar la expresión “Los petitorios Farmacéuticos deberán”, por la frase “El petitorio farmacéutico deberá”.
El Diputado señor Robles explicó que desde el punto de vista farmacológico lo que existe en Chile es un solo petitorio médico donde están todos los medicamentos asociados; por tanto, la redacción propuesta por el Ejecutivo al hacer referencia a los petitorios farmacéuticos puede inducir a error, interpretándose que en el país hay varios tipos de petitorios farmacéuticos para las farmacias, lo que afectaría el formulario nacional y la entrega de medicamentos que deben estar a disposición de la población.
El señor Ministro de Salud expresó su acuerdo con la indicación propuesta por el Diputado señor Robles.
A mayor abundamiento, sostuvo que el petitorio farmacéutico es un decreto supremo firmado por el Presidente de la República y sujeto al trámite de toma de razón, que se renueva periódicamente en la medida que se requiera que nuevos fármacos o productos estén a disposición de la población en las farmacias y que exige a las farmacias tener determinados productos.
Lamentablemente, acotó, el año 2008 se restringió el número de productos exigibles a las farmacias a 6, de manera que hoy las farmacias cumplen el petitorio farmacéutico exigido por el decreto supremo presidencial.
Puesta en votación la indicación precedente, se aprobó por 12 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvo el Diputado Núñez, don Marco Antonio.
-Para agregar al final del inciso tercero nuevo propuesto lo siguiente:
“En todo caso, para la situación en que un medicamento tenga más de 3 versiones que hayan demostrado su equivalencia terapéutica, las farmacias cumplirán con el petitorio correspondiente teniendo al menos 2 de ellos.”.
El Diputado señor Robles explicó que en la práctica no es posible pensar que las farmacias van a tener todos los bioequivalentes a disposición del público. También podría plantearse que estarán a disposición del público los bioequivalentes que determine el Reglamento o Anamed.
Puesta en votación esta indicación fue rechazada por 6 votos a favor y 7 votos en contra. Votaron a favor los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Macaya, don Javier; Núñez, don Marco Antonio; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto, y Silva, don Ernesto. Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Santana, don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
-Para agregar en el inciso tercero del artículo 94 aprobado por la Comisión de Salud entre las palabras “medicamentos” y “en el sector”, la frase “a precios razonables”.
La indicación anterior fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión, por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Sometido a votación el artículo 94 propuesto por la Comisión de Salud se aprobó por 10 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención. Votaron a favor los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron en contra los Diputados señores Castro, don Juan Luis y Núñez, don Marco Antonio. Se abstuvo el Diputado señor Silva, don Ernesto.
Artículo 96
El Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación a este artículo: para agregar en el inciso primero, después del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Estas facultades las podrá ejercer a través de las Seremis de Salud respectivas.”.
El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación de conformidad a lo preceptuado en el numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Artículo 97
El Diputado señor Robles presentó las siguientes indicaciones a este artículo:
-para reemplazar en el inciso primero la frase “El Instituto de Salud Pública de Chile” por “Anamed”.
-para reemplazar en el inciso tercero las palabras “El Instituto” por “Anamed”.
El Presidente de la Comisión declaró inadmisibles ambas indicaciones de conformidad a lo preceptuado en el numeral 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Artículo 100
Los Diputados señores Macaya, Marinovic, Recondo, Silva, y Von Mühlenbrock presentaron las siguientes indicaciones:
-para sustituir, en el inciso segundo, el primer párrafo por un nuevo párrafo primero del siguiente tenor:
“La publicidad y demás actividades destinadas a dar a conocer al consumidor un producto farmacéutico deberá hacerse en los términos establecidos en el respectivo registro sanitario y conforme a lo señalado en los artículos 53 y 54 de este Código.”.
-Para eliminar en el inciso tercero la frase “, no podrá efectuarse por medios de comunicación social dirigidos al público en general. Dicha promoción.”.
El Diputado señor Silva explicó que la primera indicación tiene por objeto permitir la publicidad y demás actividades de difusión de todos los productos farmacéuticos y no sólo de los de venta directa.
La segunda indicación, agregó, busca permitir la publicidad en los medios de comunicación social de los medicamentos que requieren receta médica.
El Ministro señor Mañalich consideró que la aprobación de estas indicaciones implicaría un importantísimo retroceso sanitario.
Puestas en votación las indicaciones precedentes fueron rechazadas por 4 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor los Diputados señores Macaya, don Javier; Recondo, don Carlos; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron en contra los Diputados señores Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Núñez, don Marco Antonio; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto, y Santana, don Alejandro. Se abstuvieron los Diputados señores Lorenzini, don Pablo y Marinovic, don Miodrag.
Artículo 100 bis
El Diputado señor Robles presentó la siguiente indicación: para agregar el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero: “Los envases contendrán el número de comprimidos, cápsulas, gramos, cc que determine Anamed.”.
El Diputado señor Marinovic ( Presidente ) declaró inadmisible la indicación por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
El Diputado señor Robles solicitó votación de la inadmisibilidad.
Puesta en votación la inadmisibilidad de la indicación se aprobó por 8 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor de la inadmisibilidad los Diputados Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron en contra de la inadmisibilidad los Diputados Castro, don Juan Luis; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Se abstuvieron los Diputados señores Auth, don Pepe y Lorenzini, don Pablo.
Artículo 101
El Ejecutivo formuló una indicación a este artículo para reemplazar los incisos primero a cuarto del texto propuesto por la Comisión de Salud, por los siguientes:
“Artículo 101.- La receta es el instrumento privado mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada, como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico debidamente individualizado, incluyendo su denominación común internacional.
Si el medicamento prescrito es de aquellos que deben demostrar su equivalencia terapéutica, según decreto supremo fundado, sólo a solicitud del requirente, el director técnico dispensará alguno de los productos que, siendo equivalentes al prescrito, hayan demostrado tal exigencia en conformidad a los requisitos contenidos en el respectivo decreto supremo del Ministerio de Salud, los que deberán usar como referencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Si el medicamento prescrito es de aquellos que no requieren demostrar equivalencia, solo a solicitud del requirente, el director técnico dispensará cualquier medicamento que contenga el mismo principio activo y se presente en la misma dosis y forma farmacéutica que el prescrito.
Será obligación de los establecimientos de expendio, poner a disposición de quien requiera la dispensación de un medicamento, un listado de los productos que han demostrado equivalencia y de aquéllos que no lo requieren, en ambos casos de acuerdo a lo certificado por el Instituto de Salud Pública.”.
Se acuerda votar separadamente cada uno de los incisos propuestos.
En relación con el inciso primero, el señor Ministro de Salud aclaró, frente a una consulta del Diputado señor Macaya, que en el caso de los medicamentos compuestos la receta médica deberá contener la denominación genérica de cada principio activo presente en la fórmula.
Puesto en votación el inciso primero, fue aprobado por 7 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Macaya, don Javier; Núñez, don Marco Antonio, y Silva, don Ernesto. Se abstuvo el señor Godoy, don Joaquín.
El Diputado señor Recondo presentó una indicación al inciso segundo del artículo en comento, propuesto por el Ejecutivo , para reemplazar la expresión “equivalencia terapéutica” por “bioequivalencia”.
El Diputado señor Robles hizo presente que la bioequivalencia es un mecanismo que permite demostrar la equivalencia terapéutica de un fármaco y permite su intercambiabilidad.
Puesto en votación el inciso segundo, con la indicación parlamentaria, fue aprobado por 11 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Núñez, don Marco Antonio; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votó por la negativa el Diputado señor Lorenzini, don Pablo. Se abstuvo el señor Godoy, don Joaquín.
El Diputado señor Recondo presentó una indicación al inciso tercero del artículo en comento, propuesto por el Ejecutivo , para sustituir la palabra “equivalencia” por “bioequivalencia”.
Los Diputados señores Castro y Robles abogaron por aprobar el inciso tercero propuesto por la Comisión de Salud, pues según éste, en el caso de los medicamentos que no necesitan acreditar bioequivalencia, sólo a solicitud del requirente podría sustituirse el fármaco prescrito. En cambio, del texto propuesto por el Ejecutivo se colige que el farmacéutico podrá ofrecer alternativas para determinar el medicamento sustituto.
El señor Ministro de Salud hizo notar que ello implicaría imponer más restricciones para dispensar medicamentos que son de suyo bioequivalentes que para suministrar aquéllos que requieren demostrar esa característica.
El Diputado señor Núñez insistió en que no hay medicamentos que no requieran estudios de bioequivalencia, porque si bien la molécula puede ser idéntica, las condiciones de seguridad, la forma de administración y otros elementos son los que determinan su equivalencia terapéutica y, por consiguiente, si son o no intercambiables.
Puesto en votación el inciso tercero, con la indicación parlamentaria, fue aprobado por 7 votos a favor, 3 votos en contra y tres abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Se abstuvieron los señores Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier y Silva, don Ernesto.
El Diputado señor Recondo presentó una indicación al inciso cuarto del artículo en comento, propuesto por el Ejecutivo , para sustituir la palabra “equivalencia” por “bioequivalencia”.
Puesto en votación el inciso cuarto, con la indicación parlamentaria, fue aprobado por 11 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Núñez, don Marco Antonio; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votó por la negativa el Diputado señor Robles, don Alberto. Se abstuvo el señor Godoy, don Joaquín.
Puestos finalmente en votación los incisos quinto y siguientes del artículo 101 propuesto por la Comisión de Salud, fueron aprobados por 12 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Núñez, don Marco Antonio; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvo el Diputado Godoy, don Joaquín.
Artículo 111
El Diputado señor Robles presentó una indicación a este artículo, para eliminar del texto propuesto por la Comisión de Salud, en la letra a) de su inciso primero, la frase “en servicios, instituciones, laboratorios o establecimientos con autorización sanitaria expresa, otorgada” y para suprimir la letra b).
Su objeto es que el control y la certificación de calidad de los elementos de uso médico a que se refiere la norma sean efectuados exclusivamente por el ISP y no por entidades privadas.
El Presidente de la Comisión declaró inadmisible la indicación, por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Solicitada la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad, es sometida a votación, siendo ratificada por 10 votos a favor y 3 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Núñez, don Marco Antonio; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro, y Silva, don Ernesto. Votaron por la negativa los Diputados señores Lorenzini, don Pablo; Robles, don Alberto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Artículo 1°
N° 2
Artículo 126
Los Diputados señores Macaya, Marinovic, Ortiz, Recondo y Silva formularon una indicación a este artículo para eliminar, en el inciso segundo del texto propuesto por la Comisión de Salud, después del punto seguido que pasa a ser punto aparte, la frase “En ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos.”.
Su objeto, contra la opinión del Ejecutivo, que defiende la prohibición de que quienes prescriben medicamentos tengan farmacias, como también que quienes prescriben lentes tengan ópticas, es suprimir una disposición considerada ajena a la idea matriz del proyecto y que restringe una actividad económica lícita más allá de lo razonable.
El Diputado señor Auth se manifestó partidario de prohibir únicamente la instalación de consultas oftalmológicas al interior de establecimientos de óptica.
El Ministro señor Mañalich advirtió que, de acuerdo con el artículo 120 del Código Sanitario, que no se modifica, los profesionales de la salud tienen prohibido ejercer su profesión o tener intereses comerciales en establecimientos destinados a la importación, producción, distribución y venta de productos farmacéuticos y artículos ópticos, entre otros elementos de uso médico, a menos que el Colegio respectivo los autorice. Luego, resulta relativamente indiferente la limitación contenida en el artículo 126 para que las ópticas alberguen consultas de oftalmólogos o tecnólogos médicos con mención en oftalmología.
Puesta en votación la indicación en comento, fue aprobada por 10 votos a favor y 3 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto.
Sometido a votación el artículo 126 propuesto por la Comisión de Salud, fue aprobado por 11 votos a favor y dos abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvieron los Diputados señores Castro, don Juan Luis, y Núñez, don Marco Antonio.
Artículo 129
El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar, en el inciso primero del texto propuesto por la Comisión de Salud, entre el vocablo “instalarse” y la expresión “de manera independiente”, la frase “sin restricción geográfica alguna”, entre comas (,).
El Diputado señor Robles observó que con esta modificación se facultaría a las cadenas farmacéuticas para instalar almacenes farmacéuticos en aquellas localidades que hoy carecen de farmacias o, incluso, para reemplazar las farmacias ya existentes por establecimientos de menor rango, simplemente por razones comerciales. En cambio, de rechazarse la enmienda propuesta será el Ministerio de Salud el que determinará dónde deben instalarse unas u otros.
El Diputado señor Auth consideró que, si el propósito es ampliar los canales de venta de medicamentos de prescripción a aquellos lugares donde hoy no existen farmacias porque su ubicación no es rentable, debiera permitirse la instalación de almacenes farmacéuticos, que suponen menores costos de operación.
El señor Ministro de Salud explicó que su antecesor promulgó el año 2009 una modificación al Reglamento de Farmacias que prohibió la instalación de almacenes farmacéuticos en comunas donde hubiera una farmacia y dispuso que, de instalarse una farmacia donde hubiera un almacén farmacéutico, éste debería cerrarse. La modificación legal propuesta apunta a suprimir esta restricción, independientemente de que pudiera ser removida por un acto administrativo. Asimismo, pretende consagrar por ley una disposición reglamentaria vigente, que autoriza la existencia de farmacias móviles, lo que nuevamente resulta contradictorio con lo anterior, porque se ha interpretado que si una cadena farmacéutica se hace presente con una farmacia itinerante en algún lugar, no podría instalarse allí un almacén farmacéutico.
El Diputado señor Robles concluyó entonces que la modificación sugerida es innecesaria, dado que el Minsal podría perfectamente, modificando el Reglamento de Farmacias, autorizar la instalación de almacenes farmacéuticos donde le parezca conveniente, aun cuando ya exista una farmacia en el lugar.
Puesta en votación la indicación en comento, fue rechazada por 3 votos a favor y 10 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag, y Santana, don Alejandro. Votaron por la negativa los Diputados Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Macaya, don Javier; Núñez, don Marco Antonio; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir, en el mismo inciso primero, la frase “Para estos efectos” por “Para efectos de la determinación de turnos”.
Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por 9 votos a favor y cuatro abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvieron los Diputados Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Lorenzini, don Pablo, y Núñez, don Marco Antonio.
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir, en el inciso quinto del texto propuesto por la Comisión de Salud, la expresión “artículo 129 C” por “artículos 129 C y 129 E”.
Puesto en votación el artículo con la indicación precedente, fue aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto.
Artículo 129 A
El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir el texto propuesto por la Comisión de Salud, por el siguiente:
“Artículo 129 A.- La venta y fraccionamiento de medicamentos al público deberá efectuarse en farmacias autorizadas por el Instituto de Salud Pública, las que serán dirigidas técnicamente por un químico farmacéutico, que deberá estar presente durante todo el horario de funcionamiento del establecimiento.
Corresponderá a este profesional realizar la dispensación adecuada de los productos farmacéuticos, conforme a los términos dispuestos en la receta, informar y propender a su uso racional, absolviendo las consultas que le formulen los usuarios. También le corresponderá ejercer la permanente vigilancia de los aspectos técnicos sanitarios del establecimiento, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda caber en la operación administrativa del mismo, la que estará encomendada a su personal dependiente. En el ejercicio de su función de dispensación, este profesional deberá, además, efectuar o supervisar el fraccionamiento de envases de medicamentos para la entrega del número de dosis requerido por la persona según la prescripción del profesional competente.
Mediante decreto supremo del Ministerio de Salud se aprobarán las normas para la correcta ejecución del fraccionamiento en farmacias, las que incluirán además la determinación de los productos de venta con receta médica, no sujeta a control legal, sobre los cuales se podrá realizar, incluyendo su forma farmacéutica, la obligación de distribuirlos en envases clínicos por parte de los importadores o fabricantes y las condiciones de rotulación del envase de entrega al adquirente, en términos de identificación del producto, prescriptor y paciente, así como las indicaciones para su empleo.”.
Los Diputados señores Núñez y Robles advirtieron que en los países de la OCDE el fraccionamiento se hace por los laboratorios, en condiciones sanitarias mucho más seguras para la población que lo que ocurriría al confiar a las farmacias esta labor en Chile. El segundo de los nombrados, particularmente, pide al Ejecutivo estudiar alguna modificación que permita lograr que los medicamentos se vendan al público en las dosis requeridas y no más, pero encomendando esta tarea a los laboratorios.
El señor Ministro de Salud planteó que no es posible prefijar la dosificación de los medicamentos que producen los laboratorios porque ello es propio del prescriptor y debe responder a las circunstancias del caso clínico. Agregó que al Ejecutivo le preocupan las intoxicaciones que se producen por la presencia de fármacos sobrantes en los hogares, pero también el dinero que se pierde en la compra de éstos. Hizo notar que el inciso tercero del artículo en debate prevé la reglamentación del fraccionamiento por parte de las farmacias, que deberá determinar el tipo de medicamentos susceptibles de fraccionarse, los envases en que deberán contenerse y las condiciones en que deberán ser dispensados al público. Lo importante, resaltó, es que exista un mandato legal que permita avanzar hacia el fraccionamiento de medicamentos usando envases industriales. Consultado sobre si el fraccionamiento será obligatorio o facultativo para las farmacias, pues algunas podrían negarse a hacerlo dadas las exigencias que se les impondrán para efectuarlo, señaló que el Minsal pretende que sea obligatorio.
Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por 7 votos a favor y 6 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Núñez, don Marco Antonio; Ortiz, don José Miguel, y Robles, don Alberto.
Artículo 129 B
El Ejecutivo formuló una indicación para incorporar el siguiente artículo nuevo:
“Artículo 129 B.- Los medicamentos de venta directa podrán estar disponibles en farmacias y almacenes farmacéuticos en repisas, estanterías, góndolas, anaqueles, dispensadores u otros dispositivos similares que permitan el acceso directo al público, considerando medidas de resguardo general para evitar su alcance y manipulación por niños o infantes, todo conforme lo determine el reglamento que se dicte para regular lo dispuesto en este artículo.
Al efecto, la puesta a disposición al público deberá efectuarse en un área especial y exclusivamente destinada para ello, la que deberá permitir su adecuada conservación y almacenamiento.
Las farmacias y almacenes farmacéuticos que expendan medicamentos de venta directa conforme al inciso anterior, además, deberán:
1) Instalar infografías en espacios visibles al público, que permitan la lectura de una advertencia sobre el adecuado uso y dosificación de medicamentos con condición de venta directa.
2) Mantener en un lugar visible al público, números telefónicos de líneas existentes que provean gratuitamente información toxicológica, ya sea de servicios públicos o privados.
El texto y formato de la infografía, como también la información sobre líneas telefónicas a que se refiere este artículo, serán aprobados por resolución del Ministro de Salud .”.
Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por 7 votos a favor, 4 votos en contra y dos abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Se abstuvieron los señores Lorenzini, don Pablo, y Ortiz, don José Miguel.
El Diputado señor Robles presentó una indicación para:
1. En el inciso primero del texto propuesto por el Ejecutivo , eliminar la expresión “el acceso directo” e intercalar a continuación del vocablo “público” la frase “acceder directamente a los envases físicos, ficticios o virtuales de los productos”.
2. En el inciso segundo del mismo texto, intercalar, entre las palabras “la que “ y “deberá”, la expresión “en todo caso”.
Su objeto es que, en lugar de mantener góndolas llenas de medicamentos, las farmacias y almacenes farmacéuticos exhiban sólo las cajas de los productos o cuenten con pantallas táctiles donde sus clientes puedan elegir el fármaco genérico que les interese y obtener un vale para retirarlo en el mesón.
Puesta en votación la indicación precedente, fue rechazada por 4 votos a favor, 7 votos en contra y dos abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Lorenzini, don Pablo; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstienen los señores Godoy, don Joaquín, y Ortiz, don José Miguel.
El mismo señor Diputado formuló una indicación, en subsidio de la anterior, para agregar al texto propuesto por el Ejecutivo los siguientes incisos:
“El expendio de medicamentos de venta directa deberá efectuarse en un área especialmente destinada para ello por la farmacia y almacén farmacéutico, la que deberá permitir su adecuada conservación y almacenamiento, conforme la normativa sanitaria vigente.
Podrá cumplirse con esta norma, disponiendo de una góndola con los productos físicos o mediante el sistema de ficticios.
Las farmacias o almacenes farmacéuticos, deberán contar siempre a lo menos con el petitorio mínimo de medicamentos de venta directa que el reglamento determine.”.
Puesta en votación, fue rechazada por 4 votos a favor, 6 votos en contra y tres abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Lorenzini, don Pablo; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Votaron por la negativa los Diputados señores Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstienen los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín, y Ortiz, don José Miguel.
El mismo señor Diputado formuló una indicación para reemplazar, en el inciso primero del texto propuesto por el Ejecutivo , la expresión “estar disponible” por “ser dispensados”.
Fue rechazada por 3 votos a favor y 10 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Artículo 129 C
El Ejecutivo formuló una indicación para incorporar el siguiente artículo nuevo:
“Artículo 129 C.- Los medicamentos de venta directa podrán expenderse en todo establecimiento comercial que sea autorizado expresamente de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 7° de este Código, en tanto cumplan las condiciones establecidas en este artículo y en las normas reglamentarias que se dicten al efecto.
La fiscalización y sanción de los referidos establecimientos se realizará por el Instituto de Salud Pública conforme al procedimiento establecido en el Libro Décimo.
El expendio de medicamentos regulado en este artículo deberá efectuarse en las condiciones señaladas en el artículo 129 B y conforme a las normas reglamentarias vigentes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo IV del Libro I del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, respecto de las funciones del Instituto de Salud Pública, la resolución del Instituto que se pronuncie sobre la modificación de la condición de venta de un medicamento, deberá ser, además, suscrita por el Ministro de Salud .”.
La indicación precedente fue aprobada por 7 votos a favor, 4 votos en contra y dos abstenciones. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Se abstuvieron los Diputados señores Lorenzini, don Pablo, y Ortiz, don José Miguel.
El Diputado señor Robles presentó una indicación para agregar, en el inciso primero del texto propuesto por el Ejecutivo , la frase “que cuente con la supervisión de un químico farmacéutico permanente y”, inmediatamente después de la expresión “establecimiento comercial”.
Su objeto es que la dispensación de medicamentos de venta directa sea siempre supervisada por un profesional competente.
La indicación precedente fue rechazada por 4 votos a favor, 8 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Godoy, don Joaquín; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvo el Diputado señor Ortiz, don José Miguel.
Artículo 129 C que pasa a ser 129 E
El Diputado señor Robles presentó una indicación para eliminar el inciso tercero del texto propuesto por la Comisión de Salud.
Su objeto es prohibir el expendio de medicamentos por parte de los botiquines a que se refiere la disposición en comento.
El señor Jaime Mañalich puntualizó que el espíritu de la norma que se propone suprimir es que en los campamentos mineros u otros lugares apartados que cuenten con botiquines para abastecer a los trabajadores, pueda autorizarse la venta de fármacos en beneficio de las familias de éstos.
Puesta en votación la indicación anterior fue rechazada por 3 votos a favor y 9 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto. Votaron por la negativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
El Ejecutivo formuló a su vez una indicación para eliminar el inciso séptimo del texto aprobado por la Comisión de Salud.
Su objeto es dar coherencia a las disposiciones del proyecto, ya que el inciso en cuestión niega la posibilidad de entender autorizada la venta de medicamentos en lugares distintos a las farmacias, almacenes farmacéuticos, establecimientos asistenciales o botiquines, como también la venta directa en estanterías u otros espacios abiertos al público.
Puesto en votación el artículo con la indicación del Ejecutivo , fue aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Castro, don Juan Luis; Núñez, don Marco Antonio, y Robles, don Alberto.
Artículo 3°
El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar, en el texto propuesto por la Comisión de Salud, el siguiente inciso cuarto, pasando su actual inciso cuarto a ser quinto:
“Todo producto farmacéutico que se expenda al público deberá indicar en su envase su precio de venta.”.
El señor Ministro de Salud hizo presente que la norma sugerida es concordante con la Ley de Derechos del Consumidor, ya que no hay ninguna razón para excluir a los medicamentos del principio de la información sobre precios y demás características esenciales de los bienes de consumo, especialmente de primera necesidad, consagrado en ella. Además, esta exigencia busca corregir un vicio muy arraigado en la industria, como es el cambio de los precios según la temporada del año, el día o la hora.
Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por 8 votos a favor y 3 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Castro, don Juan Luis; Marinovic, don Miodrag; Núñez, don Marco Antonio; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron por la negativa los Diputados señores Macaya, don Javier; Recondo, don Carlos y Silva, don Ernesto.
Artículo 5°
El Diputado señor Núñez observó que el informe financiero acompañado al proyecto, antes de incorporarse la venta directa de medicamentos en góndolas y establecimientos comerciales, contemplaba un gasto de $ 154 millones. Sin embargo, el informe financiero acompañado a las indicaciones del Ejecutivo , que introducen esa modalidad de venta, no difiere del anterior, salvo porque aparece reajustado conforme a la variación del IPC, en circunstancias que debiera contemplar un mayor gasto por contratación de nuevos fiscalizadores.
Puesto en votación el artículo precedente fue aprobado por 9 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Auth, don Pepe; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votó por la negativa el Diputado señor Núñez, don Marco Antonio. Se abstuvo el señor Castro, don Juan Luis.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 9, 10, 16, 30 de abril, 7 y 8 (2) de mayo, de 2013, con la asistencia de los Diputados señores Marinovic, don Miodrag ( Presidente ); Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique (Núñez, don Marco Antonio); Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier (Urrutia, don Ignacio); Montes, don Carlos (Castro, don Juan Luis); Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos (Letelier, don Cristián); Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro (Pérez, don Leopoldo); Silva, don Ernesto (Hasbún, don Gustavo), y Von Mühlenbrock, don Gastón (Vilches, don Carlos). Concurrieron, además, la Diputada señora Karla Rubilar y los Diputados señores Enrique Accorsi, René Alinco, Issa Kort, Juan Carlos Latorre, Gabriel Silber, y Víctor Torres, según consta en las actas respectivas.
Sala de la Comisión, a 13 de mayo de 2013.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión ”.
7. Informe de la Comisión del Adulto Mayor referido a dos proyectos de ley refundidos, que modifican diversas normas para sancionar el maltrato y abandono de la persona adulto mayor. (boletines Nos 5740-18, 8162-32)
“Honorable Cámara:
La Comisión Especial del Adulto Mayor pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, dos proyectos iniciados en mociones, y refundidos de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en virtud de que ambos inciden en la protección de la persona adulto mayor, y, en relación con la misma, formulan enmiendas tanto en la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como en el Código Penal.
Las primera de las mociones, por orden de ingreso, corresponde a una iniciativa de las diputadas señoras Clemira Pacheco Rivas, Denise Pascal Allende y Alejandra Sepúlvera Orbenes, y de los diputados señores Carlos Abel Jarpa Webar y Tucapel Jiménez Fuentes, y del ex Diputado señor Alvaro Escobar Rufatt; la segunda, es de iniciativa de los (as) diputados (as) señores (as) Carolina Goic Boroevic; Cristian Letelier Aguilar; Andrea Molina Oliva, Cristián Monckeberg Bruner; Sergio Ojeda Uribe; Leopoldo Pérez Lahsen; Marcela Sabat Fernández; David Sandoval Plaza; Ernesto Silva Méndez y Mónica Zalaquett Said.
La Comisión recibió la opinión del Fiscal Nacional del Ministerio Público señor Sabas Chahuán Sarrás y del Juez de Familia de Valparaíso señor Germán Núñez Romero, quien asistió acompañado de la señora Luz María Febré Arévalo, Consejera Técnica Coordinadora del Tribunal .
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS
1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO
Consiste en proteger jurídicamente a las personas adultas mayores desvalidas ante el abandono y maltrato del que suelen ser víctimas, por una parte, a través de la acción popular para la denuncia de estos hechos, y, por la otra parte, con la incorporación de una nueva figura penal que sancione el abandono que sufren, incluso, de sus parientes más cercanos.
2.- NORMAS DE QUORUM ESPECIAL
No hay norma en tal carácter
3.- TRÁMITE DE HACIENDA:
No requiere de este trámite.
4.- VOTACIÓN EN GENERAL DE LOS PROYECTOS
La Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de seis de sus integrantes presentes.
5.- ARTÍCULOS RECHAZADOS
Boletín N°5740-18
-El N°2, del artículo único que propone agregar un nuevo artículo en la ley 19.828 ( Senama ) con el siguiente tenor:
“En los casos de maltrato o abandono a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, se concederá acción popular para denunciar los hechos enmarcados en tales conductas”.
Boletín N°8162-32
1).- La letra a) del artículo único que propone sustituir el nombre del párrafo 21, del Titulo VII del Libro Segundo del Código Penal, por el siguiente:
“2. Abandono de niños, adultos mayores y personas desvalidas”.
2).- El inciso segundo del artículo 351 bis, nuevo, que se propone intercalar en el Código Penal, con el siguiente texto:
“Cuando el abandono se hiciere por descendientes o el cónyuge que tuvieren al adulto mayor bajo su cuidado, la pena será de presidio menor en su grado medio”.
3) La sustitución, en el artículo 352 del Código Penal, del término “graves” por “corporales”.
6.- DIPUTADO INFORMANTE: El señor Sergio Ojeda Uribe.
II. ANTECEDENTES
1.-De hecho
a) Resumen de los fundamentos de las iniciativas:
Aumento de la población adulto mayor.-
Coinciden sus autores que el aumento sostenido de la población a nivel nacional de adultos mayores, supone un aumento del 45% de la población adulta mayor para el 2020. Sin ir más lejos, 13 de cada 100 chilenos son mayores de 60 años.
Agregan, que una encuesta encargada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor ( Senama ), casi un 25% de la población que supera los 60 años sufre algún tipo de limitación o incapacidad para efectuar las actividades de la vida diaria. De dicho porcentaje, casi la mitad sufre de una dependencia severa, lo que implica que requieren auxilio en sus labores diarias más básicas, como vestirse o bañarse.
Estatutos especiales para este grupo etáreo.-
Explican, que por otra parte, a nivel internacional, cada día adquiere más fuerza la idea de crear estatutos especiales para este grupo etáreo, tendencia que se extiende ya por casi dos décadas en Europa, y que ha encontrado también aceptación en ciertos países latinoamericanos como Argentina o Ecuador, donde incluso se le dedica una sección completa a los adultos mayores en la Constitución. En efecto, los europeos ya han superado la etapa donde solo se asegura la satisfacción de las necesidades básicas, para pasar en las últimas décadas a la creación y materialización de políticas públicas concretas para este importante grupo de la población.
Protección en la normativa internacional.
Enfatizan, que el derecho internacional y los cuerpos normativos multilaterales no han estado ajenos a estas preocupaciones. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, dispone que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Que por su parte, el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), dispone que “toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica..”.
Protección normativa específica.-
Coinciden, asimismo, en que ese interés innegable que ha tenido el legislador en ciertos países, principalmente europeos, no surge solo por la explosión demográfica que ha experimentado este grupo etario, más bien responde a la aparición de normativas que buscan proteger de manera específica y especial, derechos de determinados grupos de la sociedad, incluso, hay juristas que propician la creación de sistemas normativos o estatutos que regulen de manera total y suficiente el fenómeno de la ancianidad o tercera edad, idea que consideran se aleja considerablemente de la realidad nacional, donde escasamente se encuentran figuras legales que busquen brindar protección específica a los adultos mayores.
Por lo anterior, precisan, el legislador nacional debe comprender que sin ese grado de especificidad, la eficacia de los medios de protección se torna relativa y que ese afán protector, no es sino una respuesta al constante abandono y maltrato social que sufren los adultos mayores, luego de años de esfuerzo por sacar adelante familias completas. Es más, muchas veces los abusos, el maltrato y el abandono provienen precisamente del entorno familiar, lo que complica su detección y agrava la responsabilidad de quienes los cometen.
2.- De derecho
I.- Protección jurídica actual de los adultos mayores, respecto de hechos no constitutivos de crimen o simple delito.
-Ley N° 20.427 de 2010, incluyó al adulto mayor en la legislación nacional, modificando normas de la Ley de Violencia Intrafamiliar, de los Tribunales de Familia, y el Código Penal, de la forma que a continuación se explica:
A.- Ley de Violencia Intrafamiliar:
a) Específicamente, como sujeto vulnerable especial que el Estado debe protección, en el artículo 3°2 de la ley Nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar:
Efectos
-Se establece expresamente que las personas mayores son sujetos de políticas de prevención de violencia que el Estado debe adoptar.
-Se deben incorporar en los planes y programas de estudios, contenidos destinados a modificar las conductas de maltrato hacia las personas mayores.
-Desarrollar planes de capacitación orientados a los funcionarios públicos relacionados con la aplicación de la ley de VIF.
-Desarrollar políticas y programas de seguridad pública para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar ejercida contra mayores.
-Favorecer iniciativas de la sociedad civil para el logro de los objetivos de la ley de VIF.
-Crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos relacionados con la violencia intrafamiliar ejercida contra mayores.
b).- Se incorpora al adulto mayor como sujeto posible de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, mediante la modificación del inciso segundo del artículo 5°3 de la Ley de Violencia Intrafamiliar:
Efectos
-Se reconoce el maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de una persona mayor.
-Sanciona a quien ejerza maltrato en un mayor autovalente o con dependencia y que lo tenga bajo su cuidado, sea cónyuge, conviviente, o pariente consanguíneo o por afinidad en toda la línea recta (hijos, nietos, bisnietos) o en la colateral (hermanos, primos) hasta el tercer grado inclusive.
-Se sanciona, dependiendo de la gravedad, desde multa, prohibición de acercarse a víctima, abandonar hogar común, hasta pena restrictiva de libertad, (61 a 540 días) cuando se trate del delito de maltrato habitual.
c).-Se incorpora al adulto mayor dentro de las personas susceptibles de riesgo inminente de sufrir maltrato, mediante la modificación del artículo 7°4 de la Ley de Violencia Intrafamiliar referido a “situaciones de riesgo”
Efectos
-El tribunal debe tomar medidas de protección o cautelares, con el sólo mérito de la denuncia, ante situaciones de riesgo de violencia intrafamiliar aún cuando no se hayan llevado a cabo.
-Se incluye el abuso patrimonial como situación de riesgo inminente, explicitando justamente las situaciones por las que son abusadas las personas mayores.
d) Se incorpora al adulto mayor como persona a la que el Estado debe proteger cuando es víctima del delito de maltrato habitual5, esto es, en el ejercicio habitual de violencia física o síquica respecto de las personas protegidas por la ley de violencia intrafamiliar. El requisito determinante de este delito es que los actos de violencia intrafamiliar sean repetidos porque para apreciar la habitualidad el tribunal atenderá al número de actos ejecutados y a la proximidad temporal de los mismos.
Efectos
-El tribunal de familia debe enviar los antecedentes al Ministerio Público para que inicie la investigación por el delito de maltrato habitual. -Lo mismo ocurre si de los antecedentes examinados en la audiencia preparatoria o de juicio, aparece que el denunciado o demandado ha ejercido violencia en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 20.066 (maltrato habitual).
B.- Ley Nº 19.968 que crea los tribunales de familia.
Se agregaron 2 nuevos párrafos en el artículo 92, referido a las medidas cautelares que debe adoptar el juez de familia, en protección de las víctimas; el N° 8, se refiere específicamente al adulto mayor, y los dos incisos nuevos que se agregan indican que tratándose de adultos mayores en situación de abandono, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente, y, por otra parte, define “situación de abandono” como el desamparo que afecte a un adulto mayor que requiera de cuidados.
Efectos
-Incorpora a los adultos mayores dentro de las personas respecto de las que el juez de familia debe dictar medidas de protección por alguna incapacidad o discapacidad.
C.-Código Penal
Se modifica el artículo 489 que eximía de responsabilidad criminal por hurto, defraudación o daño, a quienes respecto de una persona mayor, fueran sus parientes consanguíneos en línea recta (hijos, nietos) y colateral (hermanos, primos), así como los afines y cónyuges.
Efectos
-Reconoce como delito y penaliza el abuso patrimonial a personas mayores, que es ejercida por familiares.
-Ya no existe excusa legal absolutoria cuando cualquier pariente, sin la voluntad de la persona mayor y con el ánimo de lucrarse, daña o se apropia mediante hurto o engaño, de sus bienes y posesiones.
Tribunales competentes en caso de maltrato de un adulto mayor
-Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan delito sino una falta.
-El Ministerio Público, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan delito, esto es, dará curso a la investigación pertinente en caso de que se trate del delito de maltrato habitual, de acuerdo a la calificación que efectúe el respectivo juzgado de familia y le remita los antecedentes.
La diferencia entre uno y otro se encuentra, desde luego, en la diversa gravedad de sus consecuencias jurídicas, pero también en relación a quién tiene competencia para investigarlos y sancionarlos.
A) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE CONOCIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA
El artículo 6º dispone que aquellos actos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito corresponden al conocimiento de los juzgados de familia.
-La sanción por los maltratos calificados de violencia intrafamiliar, y que no sean constitutivos de delito, es de una multa que va de media a quince unidades tributarias mensuales, dependiendo de la gravedad del hecho. Estas multas van a beneficio del gobierno regional del domicilio del demandante y son destinadas a centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar.
De forma adicional a la multa, el juez deberá aplicar en la sentencia una o más de las medidas accesorias que contempla el artículo 9º de la ley:
-Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima.
-Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o de estudio.
-Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso, de armas de fuego.
-La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.
Por otra parte, el tribunal debe cautelar especialmente los casos en que la víctima está embarazada, sea una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable. Asimismo, debe considerar como situación de riesgo inminente el hecho de que un adulto mayor, dueño o poseedor de un inmueble que ocupe para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios, o bien se limite su desplazamiento en su interior, por alguno de sus parientes.
B) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONSTITUTIVA DE DELITO, DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Ley Nº 20.066 creó la figura del delito de maltrato habitual, tipificado en el artículo 14 de la ley, cuyo conocimiento e investigación corresponde al Ministerio Público, cuando el tribunal de familia, conociendo de una denuncia o demanda por hechos que constituyen violencia intrafamiliar, le asista el convencimiento de que el maltrato es habitual; para apreciar la habitualidad, la ley dispone que “se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima”.
La sanción varía entre los 61 a 540 días de presidio, salvo que el hecho constituya un delito de mayor gravedad (delito de lesiones), caso en que se aplica la pena asignada a éste último.
Los tribunales de justicia con competencia en materia penal pueden adoptar medidas cautelares para proteger a la víctima, o bien, alguna de las medidas accesorias antes mencionadas, fijar su plazo de duración y prorrogarlo en caso de ser necesario.
Garantías que otorga la ley
Considera el delito de maltrato habitual que sanciona la violencia psíquica y física ejercida repetidamente; aumenta las sanciones por este tipo de conductas; aumenta en un grado las penas de cárcel en caso de lesiones causadas por violencia intrafamiliar; otorga mayores garantías de obtener protección para quienes denuncien maltratos, así como la obligación del agresor de abandonar la casa; la prohibición de que se acerque a la víctima, a su casa o a su lugar de trabajo, así como, a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente; la obligación de asistir a terapia; y la facultad concedida a las policías para incautar al agresor toda clase de armas, aunque tenga autorización para tenerlas.
Código Penal: agravante en caso de delito cometido por quien tiene a su cuidado un adulto mayor
Por su parte, y dicho lo anterior, el Código Penal en el Título VIII denominado “Crímenes y simple delitos contra las personas”, -homicidio, infanticidio y lesiones corporales-, en su artículo 400, prescribe que si los hechos se ejecutan en contra de alguna de las personas que menciona el artículo 5° de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, -entre las cuáles se encuentra el adulto mayor y persona con discapacidad que se encuentra bajo el cuidado o dependencia de algún integrante de su familia-, las penas se aumentarán en un grado.
Por lo tanto: El delito de maltrato corporal que cause lesiones en la persona adulto mayor -(que no tengan origen en el maltrato habitual, delito que sólo tiene como circunstancia propia el ejecutarse en el contexto de violencia intrafamiliar y por personas de su entorno familiar,)- se castiga por el resultado, graves, menos graves o leves, y constituye su edad y condición una agravante que aumenta la pena en un grado.
Condición del abandono6
El abandono de la persona adulto mayor constituye un tipo de maltrato y se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño y vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos humanos.
Dicho lo anterior, el maltrato puede ser físico, psicológico, sexual, patrimonial, estructural, por negligencia o por abandono.
Puede realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por desconocimiento de manera no intencionada.
El maltrato puede ocurrir en el medio familiar, comunitario o institucional. La violencia contra las personas de edad puede adoptar muchas formas y se produce en todas las esferas sociales, económicas, étnicas y geográficas.
1. Maltrato físico
Agresiones que dañan la integridad corporal y que son hechas con la intención de provocar dolor, lesión o ambas (empujones, zamarreos, bofetadas, golpes, cortes, quemaduras, ataduras, pueden ser acompañados de aislamiento físico y afectivo).
¿Cómo reconocer el maltrato físico?
Se trata de lesiones visibles como cortes, quemaduras, moretones.
2. Maltrato psicológico
Actos intencionales que producen malestar mental o emocional en la persona, como son las agresiones verbales, aislamiento, amenazas de intimidación, humillación, falta de respeto a sus creencias, ridiculización y cualquier otra conducta degradante, amenaza de abandono, o de envío a un establecimiento de larga estadía, sin su consentimiento, falta de consideración de sus deseos y sobreprotección que genera sentimiento de inutilidad o limita la capacidad de decidir.
Este actuar puede producir perjuicio en la salud psicológica, en la capacidad de decidir, en la pérdida de la autoestima y en el deterioro de su bienestar.
¿Cómo reconocer el maltrato psicológico?
El maltrato psicológico es más difícil de reconocer, pues afecta al mundo interior de cada persona, y cuando se empieza a notar, el maltrato está en un estado bastante avanzado. Sin embargo, existen conductas que podrían poner en alerta, como lo son llanto, gestos de angustia, mirada temerosa, aislamiento, sobresalto, miedo y depresión.7
3. Abuso patrimonial
La utilización de la pensión o jubilación del adulto mayor o una parte de ella, en beneficio propio, así como también la apropiación de bienes, propiedades o el patrimonio en general, mediante fraude, engaño o amenazas.
Este tipo de maltrato se puede observar cuando la persona va sufriendo un deterioro elocuente respecto a su nivel socio económico, como por ejemplo, cambio en el vestir, dispone de menos dinero que lo habitual, el traslado de su pieza al interior de su propia vivienda por orden de un tercero.
4. Negligencia
La negligencia consiste en no entregar los cuidados o supervisión necesarios de alimentación, vestuario, higiene y cuidados médicos apropiados que un adulto mayor requiere.
Este tipo de negligencia puede ser pasiva, cuando es consecuencia de un desconocimiento o incapacidad por parte del cuidador. En cambio, pasa a ser activa cuando se realiza de modo intencional.
5. Abandono
Se produce cuando cualquier persona o institución no asume la responsabilidad que le corresponde en el cuidado de un adulto mayor, o que habiendo asumido su cuidado o custodia, lo desampara de manera voluntaria.
6. Abuso sexual
Realización de actos sexuales con una persona mayor sin su consentimiento, empleando fuerza, amenaza o aprovechándose de que existe un deterioro cognitivo que lo incapacita para dar dicho consentimiento.
7. Maltrato estructural8
Ocurre cuando no se han generado las condiciones para la adecuada satisfacción de las necesidades básicas de las personas, afectando el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos.
Principales motivos por los que los adultos mayores no buscan ayuda
Generalmente, este problema social es vivido en silencio. Si no se hace una denuncia, persiste en las víctimas el ciclo de violencia y los agresores quedan en impunidad; no denuncian por deseo de proteger al agresor de las consecuencias de sus actos; no lo consideran necesario; por amenaza de institucionalización; por vergüenza, miedo y deshonra; por una percepción errónea que hace visualizar como normal el maltrato recibido; por déficit cognitivos y sensoriales (demencia); por encontrarse en situación de dependencia; por la pérdida de su autonomía; por desinformación; por soledad, aislamiento y falta de apoyo de redes y de familiares y amigos.
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A) Boletín N° 5740-18.-
Consta de un artículo único, mediante el cual se proponen dos modificaciones en la ley N° 19.8289, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama):
1.- Incorpora en el inciso primero del artículo 1°, a continuación de la palabra “abandono”, el término “maltrato”.
Análisis
El artículo 1° de la referida ley, se refiere al objeto tenido en vista al crear el Senama, esto es, entre otros, dar protección al adulto mayor ante el abandono e indigencia.
La actual ley, publicada el 27 de septiembre de 2002, al señalar el objeto de la creación del Senama, no contempló en su artículo 1°, la protección de los adultos mayores frente al maltrato en términos generales y amplios sino que consigna el abandono y la indigencia, cuestión que actualmente la doctrina considera, precisamente, como un tipo de maltrato, siendo éste el género, y el abandono una de sus especies, tales como lo son el maltrato físico, la indigencia o el maltrato patrimonial.
2.- Agrega un nuevo artículo con el siguiente texto:
“En los casos de maltrato o a abandono a que se refiere el artículo 1° se concederá acción popular para denunciar los hechos enmarcados en tales conductas”.
La acción popular a la que se refiere, es la misma que contempla el artículo 82 de la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia, a propósito de la denuncia que puede deducir cualquier persona que tenga conocimiento directo de hechos que revisten el carácter de violencia intrafamiliar respecto de las personas que la ley considera como posibles víctimas de la misma, entre las cuales se encuentra la persona adulto mayor.
B) Boletín N° 8162-32.-
Consta de un artículo único que propone tres modificaciones en el Código Penal:
1.- Sustituir el nombre del párrafo 2, Titulo VII del libro segundo, por el siguiente:
“2. Abandono de niños, adultos mayores y personas desvalidas”
2.- Agregar un artículo 351 bis del siguiente tenor:
“Artículo 351 bis: El que abandonare a un sujeto adulto mayor desvalido, que se encuentre bajo su cuidado o protección, sin prestarle la asistencia o el auxilio que las circunstancias requieran, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de veintiún a treinta unidades tributarias mensuales.
Cuando el abandono se hiciere por descendientes o el cónyuge que tuvieren al adulto mayor bajo su cuidado, la pena será de presidio menor en su grado medio. “
Análisis
El Título donde se pretende insertar a los adultos mayores para hacerle aplicable sus normas se denomina Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual.
Para que la conducta de abandono que se pretende sancionar sea punible, es necesario que se den los siguientes requisitos copulativos:
1.- Se exige el solo hecho del abandono, (sin otro resultado).
2.- Que se trate de un adulto mayor y que éste sea desvalido. (desamparado, carente de socorro)
3.- Que se encuentre bajo el cuidado o protección de quien lo abandona. (Puede ser una persona -que no sea descendiente o cónyuge- o una institución).
4- Que haya omitido el deber de cuidado, debiendo hacerlo.
Sanción: presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, (se equipara al delito de maltrato habitual) más una multa que va desde 21 a 30 UTM ($842.625 hasta $1.203.750).
Agravante del tipo penal
Abandono hecho por descendientes o el cónyuge que lo tenga bajo su cuidado, la pena será de presidio menor en su grado medio. (541 días a 3 años).
3.- Reemplazar el artículo 352 por el siguiente:
“Artículo 352: El que abandonare a su cónyuge o a un ascendiente o descendiente, enfermo o desvalido, bajo su cuidado o protección, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo si de dicho abandono resultare la muerte o lesiones corporales del abandonado.”
Análisis
-En esta figura penal que se pretende incorporar, se elimina la categoría de legítimo o ilegítimo que señala la actual disposición cuando se refiere a las condiciones que debe tener la víctima, ascendiente o descendiente, respecto del sujeto activo que lo abandona.
Por otra parte, se exigen los siguientes requisitos copulativos para configurar el delito de abandono:
1.- Que la víctima sea el cónyuge, un ascendiente o descendiente del hechor (igual que en la actual disposición).
2.- Que la víctima se encuentre enferma o desvalida (actualmente la norma señala enfermo o imposibilitado).
3.- Que la víctima se encuentre bajo el cuidado o protección del hechor (esta exigencia no existe en la norma actual).
4. Que por el hecho del abandono resulten lesiones corporales, (cualquier tipo de lesión, sin graduación de las mismas) o la muerte; (la actual disposición exige como resultado lesiones graves o la muerte).
Sanción: presidio mayor en su grado mínimo, de 5 años y un día a 10 años (es la misma).
IV. INTERVENCIONES ANTE LA COMISIÓN
-Señor Sabas Chahuán Sarrás, Fiscal Nacional del Ministerio Público
Al respecto, expresó que no obstante estar de acuerdo con la idea de legislar en esta materia, se requiere hacer precisiones en la modificación propuesta. En tal sentido, estimó necesario distinguir entre la situación del artículo 351 bis que se pretende agregar y la del artículo 352 propuesto.
En cuanto al artículo 352, manifestó estar de acuerdo con la eliminación de la distinción entre legítimo e ilegítimo, por cuanto se adecúa a la actual legislación. Sin embargo, no comparte el ampliar el rango de sanción penal, pues ello atentaría contra el principio de proporcionalidad. Agregó que la norma propuesta está redactada de tal manera que se aplica a todo tipo de lesiones, en circunstancia que debiese establecer que las lesiones resultantes del abandono sean, a lo menos, lesiones menos grave.
En lo que dice relación con el artículo 351 bis que se propone, sugirió precisar el concepto de adulto mayor. En cuanto a la pena propuesta, esto es, presidio menor en su grado mínimo y multa, estimó que es elevada, dado que, por una parte, la norma no contempla vínculo de parentesco, y por la otra, no contempla un resultado.
El Fiscal Nacional propone crear una figura que sancione el abandono y maltrato a los adultos mayores y personas desvalidas, atendiendo al resultado producido, entendiéndose este último, como una condición objetiva de punibilidad. Así las cosas, si el que abandona al cónyuge, ascendiente o descendiente desvalido o adulto mayor bajo cuidado o protección y si del abandono resulte muerte o lesiones graves, se sancionará con presidio mayor en su grado mínimo, en el primer caso, y en el segundo, la sanción será la de presidio menor en su grado máximo. Ahora bien, si en la misma hipótesis el resultado producido son lesiones menos graves la sanción sería presidio menor en su grado medio y si son lesiones leves la pena será de presidio menor en su grado mínimo.
Complementando lo anterior, si el que abandona o maltrata al adulto mayor o persona desvalida es un extraño y de ello resulta alguno de los resultados descritos precedentemente, debe castigársele con una pena inferior en un grado respecto de aquella que corresponda al cónyuge o pariente.
-Señor Germán Núñez Romero, Juez de Familia del Tribunal de Valparaíso
Se refirió al marco legal de protección a los adultos mayores en sede familia y la necesidad de un adecuado procedimiento. En este contexto expresó que es importante distinguir si lo que se pretende es realizar reformas a la normativa existente, o bien, adoptar soluciones de fondo que pretendan establecer medidas de protección a los adultos mayores.
Manifestó, que a su juicio, más que modificar cuerpos legales existentes o leyes específicas, lo que se requiere es crear un estatuto jurídico integral de protección a los adultos mayores, tal como se ha seguido en el contexto internacional.
Finalmente, señaló que no obstante estar de acuerdo con la idea de legislar sobre esta materia, se requiere previamente, una figura de un procedimiento especial, es decir, antes de ahondar en el tipo penal debe observarse la necesidad de la sociedad de tener una orgánica. Agregó que la dinámica de la violencia familiar no resulta aplicable en este tipo de conductas ya que el ofensor no necesariamente tiene un perfil de una persona violenta.
En este orden de ideas, la señora Luz María Febré, Consejera Técnica del Tribunal , expuso su planteamiento desde un punto de vista sicosocial y, en tal sentido, concluyó que se requiere una visión macro de las necesidades de los adultos mayores.
En relación a la acción popular propuesta por el Boletín N° 5740-18, señaló el juez de Familia, que su establecimiento sería redundante, toda vez que estaría subsumida en el artículo 82 de la ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia, que establece en materia de violencia intrafamiliar, que la demanda o denuncia puede ser deducida por la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que lo tengan bajo su cuidado, además la denuncia podrá hacerse por cualquier persona que tengan conocimiento directo de los hechos que la motiven, a quien le será aplicable lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal.
V. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS
-Discusión y votación del proyecto
1.- EN GENERAL
Los integrantes de la Comisión, se manifestaron todos muy de acuerdo con los fundamentos de las iniciativas en cuanto a la necesidad de legislar porque coincidieron en que no existe una protección penal respecto de las personas adultos mayores desvalidas y la consecuente sanción para los victimarios que las maltratan, de manera que actualmente la conducta sólo puede perseguirse eventualmente por el artículo 35210 del Código Penal, siempre y cuando exista relación de familia entre los sujetos del delito y se materializara la muerte o lesiones graves como resultado del maltrato.
Asimismo, concordaron en que el aumento en las denuncias por agresiones contra adultos mayores, -en un 71,3% entre 2011 y 2012, y las denuncias en aumento, -Senama recibió en ese último año 1.648 denuncias de maltrato, mientras que en 2011, esta cifra llegó a 962 casos- justifican plenamente la incorporación de una nueva figura penal que sancione ejemplarmente a los causantes de acciones en personas tan desvalidas como suelen ser los adultos mayores y que normalmente quedan sin castigo.
Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de 6 de sus integrantes presentes señores (as), diputados (as) Juan Luis Castro González, Cristián Letelier Aguilar, Sergio Ojeda Uribe, Leopoldo Pérez Lahsen, David Sandoval Plaza ( Presidente ) y Ernesto Silva Méndez.
2.- EN PARTICULAR
-Boletín N° 5740-1811.-
Como se explicara en la descripción del proyecto, esta iniciativa propone dos modificaciones en la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama):
1) Respecto de la primera, que incorpora en el inciso primero del artículo 1°12, a continuación de la palabra “abandono”, la palabra “maltrato”, la Comisión estuvo plenamente de acuerdo porque estimó que el término concede a la norma mayor amplitud porque implicará no sólo el abandono -concebido como una forma de maltrato por la doctrina- sino también los demás aspectos, como son el maltrato físico, psicológico, sexual, patrimonial y la negligencia, toda vez, que el abandono ya considerado, constituye sólo una de sus expresiones, cuestión que la proposición corrige.
En consecuencia, fue aprobada por la unanimidad de sus integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados: Cristián Campos Jara, Marcos Espinosa Monardes, Sergio Ojeda Uribe, Leopoldo Pérez Lahsen, María Antonieta Saa Díaz, David Sandoval Plaza ( Presidente ) y Ernesto Silva Méndez.
2) La segunda proposición agrega un nuevo artículo en la citada ley del Senama, con el siguiente texto:
“En los casos de maltrato o abandono a que se refiere el artículo 1° de la presente ley, se concederá acción popular para denunciar los hechos enmarcados en tales conductas.”
Los integrantes coincidieron totalmente con el espíritu de la modificación en cuanto pretende brindar la mayor protección posible a la persona adulto mayor, muchas veces imposibilitada de concurrir a denunciar el maltrato de que es víctima, y no pocas, impedida por las circunstancias de dependencia que mantiene con su agresor. Sin embargo, igualmente estuvieron contestes en que la acción popular está contemplada actualmente en el artículo 8213 de la Ley sobre Tribunales de Familia la que hace posible que cualquier persona pueda recurrir de protección en violencia intrafamiliar, norma similar a la ya existente en materia de niños, niñas y adolescentes, de tal forma, que siguiendo al Fiscal Nacional y al juez de familia en sus intervenciones ante la Comisión, estimaron la proposición redundante.
Por lo anterior, fue rechazada por la unanimidad de 7 de sus integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados: Cristián Campos Jara, Marcos Espinosa Monardes, Sergio Ojeda Uribe, Leopoldo Pérez Lahsen, María Antonieta Saa Díaz, David Sandoval Plaza ( Presidente ) y Ernesto Silva Méndez.
-Boletín N° 8162-32-14
Consta de un artículo único que propone tres modificaciones en el Código Penal:
1) Sustituir el nombre del párrafo 215, del Titulo VII del libro segundo, por el siguiente:
“2. Abandono de niños, adultos mayores y personas desvalidas”.
Respecto de la modificación propuesta, -que agrega expresamente en el nombre del párrafo a los adultos mayores-, los integrantes de la Comisión estuvieron contestes en compartir la buena intencionalidad de la iniciativa por cuanto pretende proteger de manera explícita a la persona adulto mayor en la aplicación de las normas del Título en que se inserta el párrafo cuyo nombre es “Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual”. Sin embargo, estando plenamente de acuerdo con la incorporación en ese título y párrafo de un delito específico referido al adulto mayor, -como se explicará a continuación-, no estuvieron de acuerdo con la modificación porque concordaron en que su actual nombre ya considera expresamente a este grupo de personas, toda vez, que se refiere a “las personas desvalidas”, a las cuales les hace aplicable, junto con los niños, las normas que contiene. A mayor abundamiento, coincidieron en que la idea central del proyecto es proteger al adulto mayor desvalido y no a cualquier persona que haya cumplido 60 años puesto que esta es la edad que consigna la ley de Senama para definir a este grupo etáreo, de manera que el concepto sería muy amplio.
Puesta en votación la modificación analizada, fue rechazada por la unanimidad de 7 de sus integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados: Cristián Campos Jara, Marcos Espinosa Monardes, Sergio Ojeda Uribe, Leopoldo Pérez Lahsen, María Antonieta Saa Díaz, David Sandoval Plaza ( Presidente ) y Ernesto Silva Méndez.
2.- La segunda modificación que propone la moción en estudio consiste en incorporar un artículo nuevo, 351 bis, del siguiente tenor:
“Artículo 351 bis: El que abandonare a un sujeto adulto mayor desvalido, que se encuentre bajo su cuidado o protección, sin prestarle la asistencia o el auxilio que las circunstancias requieran, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de veintiún a treinta unidades tributarias mensuales.
Cuando el abandono se hiciere por descendientes o el cónyuge que tuvieren al adulto mayor bajo su cuidado, la pena será de presidio menor en su grado medio.”
Respecto del inciso primero propuesto, los integrantes de la Comisión valoraron en su propio mérito la nueva figura penal porque opinaron que está en la línea correcta y necesaria en la defensa y protección de la persona adulto mayor. Coincidieron en que se encuadra dentro de los denominados delitos de peligro, es decir, se concretan con la sola posibilidad de poner en peligro el bien jurídico protegido, aunque la producción efectiva del daño esté prevista según su resultado y como circunstancia agravante, según el caso específico; por otra parte, valoraron el que no se trate de cualquier tipo de abandono, sino que éste debe referirse a personas adultas mayores desvalidas y que estén bajo el cuidado del sujeto activo del delito; y que en razón de determinadas circunstancias, deban prestar auxilio o cuidado.
Asimismo, concordaron en aprobar que lo que se sancionará es el solo hecho del abandono de personas mayores desvalidas, es decir, aquéllas que necesariamente deben contar con la asistencia y cuidados de la persona a cuyo cargo se encuentran quien debe otorgar el auxilio que las circunstancias requieran, de manera que apuntará claramente a sancionar a los cuidadores de personas mayores, o a quien los tenga bajo su protección, ya sean personas naturales o establecimientos de larga estadía, con o sin fines de lucro; por lo tanto, estuvieron todos de acuerdo en sancionar drásticamente a quien ha omitido el deber de cuidado y protección, debiendo hacerlo, con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de veintiún a treinta unidades tributarias mensuales16.
Por su parte, el inciso segundo del nuevo artículo que se propone, contiene el siguiente texto:
“Cuando el abandono se hiciere por descendientes o el cónyuge que tuvieren al adulto mayor bajo su cuidado, la pena será de presidio menor en su grado medio”17.
Respecto de esta proposición, considerada por los autores de la iniciativa como agravante del tipo penal cuando el abandono es efectuado por el cónyuge o descendiente, la Comisión estuvo de acuerdo con lo manifestado por el Fiscal Nacional del Ministerio Público en cuanto a que resulta excesiva y no está coherente con el resto de las penas impuestas para otros delitos como por ejemplo, en el delito de maltrato habitual que tiene una pena menor, toda vez, que no lleva implícito un resultado y atentaría contra el principio de a proporcionalidad.
En el mismo sentido, estimaron sus integrantes que en el inciso primero se dan todos los elementos para incluir a cualquier persona natural, exista o no un vínculo de parentesco o sean cónyuge, porque lo que importa y caracteriza el abandono de la persona adulto mayor, es la acción de omisión, de no otorgar los cuidados que sean del caso, debiendo hacerlo, es decir, estando bajo su cuidado y protección.
Por otra parte, y a mayor abundamiento, consideraron desechar el inciso segundo porque a la simple lectura podría sancionarse a la cónyuge separada de hecho en virtud del principio de socorro mutuo, o al hijo respecto del padre que nunca se preocupó ni cumplió con sus deberes, de manera que coincidieron en que resulta más preciso incluir a los descendientes o al cónyuge en la figura del inciso primero, sin diferenciar de qué personas naturales se trata.
En consecuencia, puesto en votación el artículo 351 propuesto intercalar en el Código Penal, fue aprobado en lo que respecta a su inciso primero, y rechazado en cuanto al segundo, por la unanimidad de 8 de sus integrantes presentes señoras diputadas y señores diputados: Cristián Campos Jara, Marcos Espinosa Monardes, Sergio Ojeda Uribe, Leopoldo Pérez Lahsen, María Antonieta Saa Díaz, Marcela Sabat Fernández, David Sandoval Plaza ( Presidente ) y Ernesto Silva Méndez.
3) La tercera proposición de la iniciativa es para reemplazar el artículo 35218 del Código Penal, por el siguiente
“Artículo 352: El que abandonare a su cónyuge o a un ascendiente o descendiente, enfermo o desvalido, bajo su cuidado o protección, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo19 si de dicho abandono resultare la muerte o lesiones corporales del abandonado.”
El artículo propuesto, al igual que el actual, castiga al hechor por el resultado, pero a este último, cuando por el hecho del abandono resulten lesiones corporales graves o la muerte, es decir, el tipo penal actual equipara para los efectos de la aplicación de la sanción -de 5 años y 1 día a 10 años- a ambas figuras, y la aplicación de la pena, en definitiva, dependerá, entre otras circunstancias, del resultado de las lesiones, en los términos del artículo 39720, constituyendo el resultado una condición objetiva de punibilidad.
Por otra parte, el artículo propuesto, a diferencia del actual, si bien exige que el adulto mayor sufra lesiones corporales para sancionar al cónyuge o descendiente por el delito de abandono, en los términos descritos, sin embargo, no precisa de qué lesiones se trata y hace aplicable el tipo penal a todo tipo de lesiones, cuestión con la que los integrantes de la Comisión no estuvieron de acuerdo porque consideraron que la pena asignada al delito es lo suficientemente alta como para exigir lesiones graves, tal como lo señala la actual disposición, de modo que estuvieron por no innovar, en esa parte.
De igual manera, respecto de las demás lesiones, -menos graves y leves-, que pueda sufrir un adulto mayor como consecuencia de un abandono, la Comisión estimó que en las actuales disposiciones tanto de la Ley de Violencia Intrafamiliar como del Código Penal están debidamente sancionadas, ya sea, por el delito de maltrato habitual21 -en términos amplios que considera el abandono como un tipo de maltrato-, como mediante la aplicación del artículo 40022 del Código Penal, el cual prescribe, que en todo caso, cuando las lesiones las sufra una persona adulto mayor, la pena asignada al delito se aumentará en un grado, de acuerdo al tipo de lesiones de que se trate.
En lo que respecta a las otras modificaciones, los integrantes de la Comisión estuvieron todos contestes en suprimir las expresiones “legítimo o ilegítimo” a las que hace alusión la actual disposición cuando se refiere a los descendientes como posible sujeto activo del delito, toda vez, que no existe tal categoría desde la dictación de la Ley de Filiación.
Asimismo, estuvieron muy de acuerdo en sustituir el término “imposibilitado” que exige el tipo penal como condición que debe tener el adulto mayor para ser víctima del delito de abandono, por la expresión “desvalido”, toda vez, que es consecuente y coherente con lo aprobado en el nuevo artículo 351 bis que se incorpora y con el propio párrafo segundo del Título VIII del Código Penal, ya explicado.
En cuanto a la proposición de agregar la condición “bajo su cuidado o protección” -al referirse al abandono del adulto mayor por parte del cónyuge o descendiente como un requisito más del tipo penal, condición que la actual disposición no considera-, los integrantes estuvieron contestes con la iniciativa porque coincidieron en que de la lectura del actual artículo 35222 es posible colegir que la generalidad de la norma dificulta su aplicación porque exige el sólo hecho del abandono efectuado por quien tiene un vínculo directo con el adulto mayor, y, como consecuencia del mismo, resultare con lesiones graves o muriere; podría ocurrir, por ejemplo, que un adulto mayor estuviera en un establecimiento de larga estadía, -casa de acogida-, y como consecuencia de un desplazamiento sin la ayuda que requiere cae con resultado de muerte, se sancione a la cónyuge con la que están separados de hecho por largo tiempo ignorando su paradero, o a los hijos con los cuales nunca tuvo contacto.
Por lo anterior, estuvieron de acuerdo en agregar al tipo penal la condición “bajo su cuidado o protección” que debe existir entre el autor del delito y el adulto mayor, víctima del mismo, para configurar el delito de abandono del artículo 352. Argumentaron, que esta nueva condición hace a la figura penal posible en su aplicación, y específica respecto al bien jurídico protegido y apunta en la dirección correcta en cuanto sensibiliza y castiga el maltrato contra las personas mayores desvalidas respecto de quienes lo tienen bajo su cuidado y protección.
En consecuencia, y puestas en votación las siguientes modificaciones referidas al artículo 352 del Código Penal: en la forma que se indica, fueron aprobadas por la mayoría de 9 de sus integrantes presentes, señores (as), diputados (as) Cristián Campos Jara, Marcos Espinosa Monardes, Cristián Letelier Aguilar, Sergio Ojeda Uribe, Leopoldo Pérez Lahsen, María Antonieta Saa Díaz, Marcela Sabat Fernández, David Sandoval Plaza ( Presidente ) y Ernesto Silva Méndez.
1.- Suprímense los términos “legítimo o ilegítimo”.
2.- Reemplázase el adjetivo “imposibilitado” por “desvalido”
3.- Agrégase, a continuación del vocablo “desvalido” la frase “bajo su cuidado o protección”.
Por la misma votación, se rechazó la modificación que propone sustituir el término “graves” por “corporales”.
Por las razones señaladas y consideraciones que expondrá el señor Diputado Informante , la Comisión del Adulto Mayor recomienda aprobar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Agrégase, en el inciso primero del artículo 1° de la ley N°19.828, que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, a continuación del sustantivo “abandono”, la palabra “maltrato”, antecedida de una coma (,).
Artículo 2°.-Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:
1.- Incorpórase, el siguiente artículo 351bis:
“Art.351bis. El que abandonare a un adulto mayor desvalido, bajo su cuidado o protección, sin prestarle la asistencia o el auxilio que las circunstancias requieran, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de veintiún a treinta unidades tributarias mensuales.”.
2.- Modifícase el artículo 352, de la forma que sigue:
a) Suprímense las expresiones “legítimo o ilegítimo”.
b) Sustitúyese el adjetivo “imposibilitado” por “desvalido”.
c) Agrégase, a continuación del vocablo “desvalido”, la frase “bajo su cuidado o protección”.
-o-
Se designó diputado informante a don Sergio Ojeda Uribe.
Tratado y acordado según consta en el acta de la sesión celebrada los días 9 y 30 de abril, y 14 de mayo, con la asistencia de las siguientes señoras diputadas y señores diputados: Cristián Campos Jara, Luis Castro González, Marcos Espinosa Monardes, Cristián Letelier Aguilar, Sergio Ojeda Uribe, Leopoldo Pérez Lahsen, María Antonieta Saa Díaz, Marcela Sabat Fernández, David Sandoval Plaza ( Presidente ) y Ernesto Silva Méndez.
Sala de la Comisión, a 20 de mayo de 2013.
(Fdo.): MARÍA EUGENIA SILVA FERRER, Abogado Secretaria de la Comisión ”.
8. Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto de ley originado en moción que renueva la vigencia de la Ley N° 19.648 de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados (boletín 8784-04.)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Deportes y Recreación pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de las señoras Diputadas Girardi, doña Cristina y Sepúlveda, doña Alejandra, y de los señores Diputados Bobadilla, don Sergio; Carmona, don Lautaro; Cornejo, don Aldo; Espinosa, don Marcos; González, don Rodrigo; Monsalve, don Manuel; Robles, don Alberto, y Verdugo, don Germán.
I) CONSTANCIA SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL PROYECTO.
La Comisión deja constancia que el Presidente de la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 1-2013, de fecha 10 de enero del año en curso, basado en las atribuciones que le conceden los artículos 15, inciso cuarto de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 14 del Reglamento de la Corporación, procedió a declarar inadmisible esta moción, “por cuanto corresponde a una materia de iniciativa exclusiva de S. E. el Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de La Constitución Política de la República.”.
Al respecto, durante la sesión de Sala N° 124ª, celebrada el jueves 10 de enero del año en curso, a solicitud de los diputados señores González, don Rodrigo y Cornejo, don Aldo, quienes impugnaron la aludida declaración de inadmisibilidad, ésta fue reconsiderada por 3 votos a favor y 39 en contra, declarándose, en definitiva, admisible este proyecto de ley.
II) FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN.
Los diputados autores de la moción, la fundamentaron en los siguientes considerandos:
1° Existe consenso, a nivel nacional, en que uno de los pilares esenciales del proceso de mejoramiento de la calidad de la enseñanza en nuestro país pasa por mejorar las condiciones de desempeño de los docentes, tanto en relación a su cualificación profesional para ejercer sus tareas de conductores del proceso de enseñanza aprendizaje, como también, en relación a sus condiciones de trabajo y remuneraciones.
2º En la enseñanza municipal, en todos sus niveles, existe una duplicidad de condiciones de contratación de los profesores. Una planta de titulares en los cargos y un importante segmento de docentes vinculados a las administraciones municipales o a las corporaciones municipales de educación por la vía de la denominada contrata, que se renueva año a año, y la que supone una situación de menoscabo de los derechos laborales en la medida en que estas personas tienen que cumplir con los deberes de un servidor público, pero no tienen el beneficio esencial asociado a dicha condición, la estabilidad en el empleo.
3° De conformidad a las normas del Estatuto Docente, en cada municipio o corporación municipal se puede destinar hasta un 20% de la planta para ser llenada mediante la contrata, lo que en los hechos es una práctica extendida en casi todos los municipios de Chile. Son varios miles los profesores a lo largo del país que pasan muchos años en esta situación, algunos superan una década, lo que supone un estancamiento en sus carreras profesionales y un creciente deterioro de su situación económica.
Un profesor a contrata ni siquiera es sujeto de crédito, pues no tiene un contrato fijo. La renovación anual de contratos los deja a merced de toda clase de abusos por parte de la Autoridad Local.
4° A fines de la década de los noventa, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, este Congreso Nacional aprobó la ley Nº 19.648, promulgada el 19 de noviembre de 1999, mediante la cual se dispuso, por única vez, que los profesores que hubieren prestado servicios continuos por más de tres años a contrata debían ser incorporados a las plantas municipales en calidad de titulares. Junto al fundamento de la justicia y la retribución legítima a los docentes, se fundamentó la aprobación de la norma, durante toda la discusión parlamentaria, en el hecho de que estando ya contemplado el gasto en los municipios no se incrementa el gasto de las administraciones municipales al cambiar el vínculo entre el profesor y la Municipalidad o Corporación Municipal respectiva.
5° Ya han trascurrido 13 años de vigencia de la norma legal, que en su momento significó un gran acuerdo político entre las distintas fuerzas representadas en este Congreso Nacional, nos ha parecido necesario revivirla, de manera tal, de terminar con la situación de miles de docentes que hoy en día acumulan muchos años de servicios manteniéndose en la contrata municipal.
Creemos sinceramente que este gesto, no solo reivindica la importancia de la función docente, sino que es un estímulo a las nuevas generaciones de jóvenes con talento y vocación que desean ejercer la noble profesión de pedagogo, en el sector donde más se necesitan, como son los establecimientos públicos subvencionados.
6° Para proceder al efecto, es menester introducir una modificación al texto de la ley N° 19.648, con la finalidad de eliminar la expresión “por única vez” que limita los efectos de esa norma en el tiempo. De esta forma, avanzamos hacia un régimen general y permanente en donde la contrata vuelva a ser lo que debe ser, un régimen provisional y el ingreso a la planta funcionarial, el derecho mínimo de cualquier servidor público que ha laborado de manera regular y sostenida en el tiempo.
III) PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.
Para el despacho de este proyecto, la Comisión contó con la colaboración de los siguientes expositores:
1) El Presidente del Colegio de Profesores de Chile A. G. El Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G., señor Jaime Gajardo Orellana detalló que en Chile existen 195.261 docentes a nivel nacional de los cuales 85.472 pertenecen al sector municipal, 89.543 al sector particular subvencionado y 18.151 al sector particular pagado. Es decir, el 43,7% del total de los docentes del país presta servicios en el sector municipal y de los cuales 25.000 docentes se verían beneficiados con el proyecto en estudio, sin perjuicio de la existencia de 25.680 docentes mayores de 56 años de edad.
Expresó que resolver el problema de los docentes a contrata, también dice relación con mejorar las condiciones de enseñanza de los alumnos, al concebir antipedagógico cambiar a los docentes todos los años o varias veces dentro de un mismo año.
Hizo hincapié en que la contrata surgió para satisfacer necesidades esporádicas, suplencias, reemplazos o generación de proyectos específicos y acotados y que en ningún caso conforme a la ley puede exceder el 20% de la dotación docente municipal. Sin embargo, actualmente existen docentes con más de 40 años de servicios bajo esta modalidad, vulnerándose no sólo el espíritu de la ley sino tratados internacionales ratificados por Chile. Además, aludió a otro efecto distorsionador de la modalidad a contrata relacionado con la jornada escolar completa, existiendo en la práctica docentes con 22 horas de planta y el resto a contrata. Recalcó que el proyecto no irroga nuevos gastos a los municipios, por cuanto se trata de labores permanentes ya consignadas en el presupuesto.
Asimismo, se refirió al menoscabo que genera esta modalidad de contratación carente de criterios de selección, especialmente a los docentes jóvenes, impidiéndoseles optar a créditos y ejercer su derecho de asociación y negociación, entre otros.
2) El Director del Departamento de Profesores Jóvenes del Colegio de Profesores de Chile A.G., don Guido Reyes, leyó la siguiente presentación:
3) El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Santiago Rebolledo Pizarro, concurrió acompañado por el Coordinador del Área de Educación de la Asociación , señor Raciel Medina y por el Asesor Jurídico, señor Malick Mograbi, realizando, en síntesis, la siguiente exposición:
Antecedentes generales:
Es ampliamente conocida la situación actual de la educación municipal, pues al hacer un breve análisis de las dos últimas décadas, encontramos que con la entrada en vigencia en 1991 de la ley 19.070, Estatuto Docente, los Profesores accedieron a una serie de beneficios que necesariamente implicaron un mayor costo para el servicio educativo.
En primera instancia, el costo de las asignaciones contempladas en el mencionado instrumento legal, eran absorbidas por el Fondo de Recursos Complementarios, creado para estos efectos, hasta que en modificaciones legales posteriores se estableció que las mismas deberían ser con cargo a los recursos de la Subvención Regular, luego se han ido generando normas e iniciativas que han significado un aumento de los costos operacionales de la gestión educativa, sin el aporte de los recursos económicos necesarios para su financiamiento.
En contraposición a lo anterior, los ingresos no han experimentado un crecimiento proporcional a los costos expresados; menores ingresos por la disminución de matrícula, tanto por razones demográficas como por la emigración a otros establecimientos, sumado a descuentos que experimentan las subvenciones producto de los anticipos para financiar diversos incentivos al retiro.
Es así como el serio déficit financiero ocasionado tanto por la pérdida de matrícula, la disminución del valor real de la subvención escolar y la creciente carga remuneracional que implican las asignaciones contempladas en el Estatuto Docente, obliga a la mayoría de los municipios a realizar traspasos de recursos que cada año se incrementan significativamente, como lo demuestra el siguiente cuadro.
Transferencias municipales a Educación año 2012
Aporte Municipal al Sector Educación (M$ )
Año
2001
Año
2002
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
50.234.328
59.517.815
68.958.703
83.722.598
92.824.400
108.243.011
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
119.654.799
96.114.443
121.985.615
133.954.188
157.610.259
176.569.517
La crítica situación en el orden financiero y la drástica disminución de la matrícula, ha significado el cierre paulatino de establecimientos educacionales municipales, provocando una disminución superior al 9% desde el 2001 a la fecha. Han surgido iniciativas que en su implementación han procurado incentivar la matrícula, sin embargo, ha pesado más el factor demográfico, hecho ratificado por las cifras del INE, demostrativas de un Chile envejecido y con cada vez menos nacimientos.
Evolución número de establecimientos municipales 2001/2012.
Año 2001
Año 2012
Establecimientos
6083
5526
Cerrados
557
Elaboración propia según datos SIN1M
Reflexiones sobre el proyecto y sus consecuencias:
-Tanto el Ejecutivo como el Congreso, en más de una ocasión, han coincidido en reconocer la rigidez del Estatuto Docente, reconocimiento que ha motivado algunas flexibilizaciones implementadas en el último tiempo, {Por ejemplo Ley 20.501, de febrero de 2011) y este proyecto elimina una de las escasas herramientas de gestión que poseen los alcaldes, para el manejo de sus dotaciones.
-La citada Ley 20.501, posee mucha relevancia en el actual análisis. La misma otorgó una bonificación al retiro de docentes en edad de jubilar, mecanismo que contempla dos elementos esenciales, uno que incrementa el endeudamiento y otro que reconoce en muchos casos sobre dotación:
1.- Para financiar la parte del incentivo correspondiente al municipio, debe emplearse el mecanismo de anticipo de subvenciones, el cual ha sido usado, de un tiempo a esta parte, a causa de la ausencia de recursos municipales; el empleo de dicho mecanismo tiene hoy día, a la inmensa mayoría de los municipios, sumidos en deudas por este concepto, que de acuerdo a nuestros cálculos superaran los 400.000 millones de pesos.
2.- Esta, sumada a otras deudas o costos del sistema, superan los 600.000 millones, de acuerdo a las estimaciones de la siguiente tabla:
Deudas municipales (educación)
Bono SAE
12.000.000.000
Anticipo de subvenciones
400.000.000.000
Deuda previsional
16.000.000.000
Transferencias
178.000.000.000
Total
606.000.000.000
3. El otro elemento que contemplaba esta norma aprobada recientemente por el Congreso, dice relación con el ajuste de las horas que servían aquellos docentes beneficiados, medida aprobada por el ente legislador, consciente de la sobre dotación.
-La ley 19.648 no ha sido la única norma que ha otorgado titularidad a docentes a contrata; en el año 2003, la ley 19.933, asignó titularidad a docentes titulares y que como consecuencia de la implementación de la Jornada Escolar Completa habían visto incrementada su carga horaria por la vía contractual, con un consiguiente incremento del gasto.
-Es sumamente conocido que la posibilidad de presentar proyectos de ley por parte de parlamentarios, se omita a iniciativas que no implican costos, sin embargo, al realizar un análisis objetivo de las implicancias del proyecto en cuestión, puede determinarse que cualquier cambio en el régimen laboral de los docentes implica un aumento del costo en el servicio educativo y, en esa perspectiva, estaríamos en presencia de una iniciativa inconstitucional.
-Ahora bien, el proyecto pretende recobrar la vigencia de una ley promulgada hace más de 13 años y que en su momento pudo ser necesaria, sin embargo, habría que evaluar el contexto y las condiciones actuales; la siguiente tabla muestra la caída de la matrícula municipal desde el 2001 al 2012 (El 2001 es el año desde el que se existe registro SINIM), la cual es de 522.706 alumnos.
Matrícula Inicial en Establecimientos Municipales (N° )
Año
2001
Año
2002
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
1.815.887
1.708.067
1.684.423
1.795.397
1.766.110
1.698.632
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
1.719.406
1,548.827
1.527.015
1.436.68S
1.398.891
1.293.181
Elaboración propia, según datos SINIM.
-Entonces, al hacer un simple ejercicio, si la cifra de disminución de alumnos (522.706) la llevamos a cursos, considerando solo el número máximo de alumnos por curso que es de 45, estaríamos en presencia potencialmente, de 11.600 cursos menos; datos ilustrativos de la ausencia de necesidad de dar titularidad a más docentes de los existentes.
-Desde el año 1999, año de promulgación de la ley que se aspira a reactivar, se han establecido al menos tres procesos de incentivos al retiro de docentes, siendo desvinculados por este concepto más de 20.000 profesores; sin embargo, aún existen docentes en dicha condición ejerciendo en las dotaciones comunales, porque tienen plena conciencia que su paso a la jubilación, más allá de los exiguos incentivos, es el inicio a una precaria vejez.
-Adicionalmente, las dotaciones municipales mantienen a docentes sin condiciones de jubilación pero con limitadas posibilidades de ejercer su rol profesional, a causa de enfermedades, licencias frecuentes, en fin situaciones personales tan complejas, que limitan al alcalde a tomar la decisión de aplicar los mecanismos de desvinculación permitidos por la norma.
La Asociación Chilena de Municipalidades, teniendo plena conciencia de la situación descrita, considera que cualquier solución a docentes contratados para actividades permanentes, debe ser parte de una estrategia integral que incorpore las múltiples problemáticas presentes en la educación municipal y no mediante una opción que teniendo un fin noble, contribuirá a profundizar aún más la situación financiera de los municipios.
El Congreso Nacional ha mantenido una activa agenda, producto de !a movilización educacional, sin embargo, el énfasis ha estado puesto en materias vinculadas a la educación superior, derivando aún segundo plano las demandas de la educación municipal; al respecto debo recordarle que en noviembre de 2011 ingresó el proyecto de ley que crea las agencias públicas de educación local (desmunicipalización) y a la fecha no se ha iniciado su tramitación, por lo que exigimos el análisis legislativo de este proyecto.
En respuesta a la preguntas de los miembros de la Comisión, en el debate posterior, el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo que el punto no es estar a favor o contra de los docentes, sino la gestión, que es transversal al problema político e ideológico.
Asimismo, enfatizó en que: a) La incertidumbre de los docentes a contrata debe contrarrestarse con la que sufre el alcalde en relación a la matricula del año siguiente, que ha disminuido más de un 30% en los últimos 10 años; b) En el sistema municipal sobran los profesores; c) Es un hecho objetivo el cierre de 557establecimientos educacionales; d) El estatuto docente rigidiza a las municipalidades y les imposibilita el despido; e) La subvención escolar no ha aumentado y los costos fijos sí; f) Los tasa de natalidad ha disminuido, y g) Los municipios deben ser serios y responsables en el pago de remuneraciones a los docentes.
Por último, manifestó su postura a favor de la desmunicipalización e hizo un llamado a rechazar el proyecto en estudio.
4) El Coordinador del Área de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Raciel Medina, consultado por la Comisión, expresó que los docentes tienen contratos por horas en la planta y a contrata, de ahí la dificultad para cumplir con el máximo de 20% de dotación a contrata que fija la ley.
Por último, recalcó que la remuneración de los docentes es fijada por acuerdos entre el Ejecutivo y los Gremios; que el proyecto carece de minuta financiera, y que son más onerosos los docentes de planta por el derecho a indemnización y bienios.
5) Respecto de este proyecto de ley, la Comisión recibió y se dio cuenta durante la sesión celebrada el 16 de abril del año en curso, el siguiente correo electrónico del arzobispo de Concepción , señor Fernando Chomali Garib.
“Quisiera humildemente hacer ver mi parecer positivo respecto de este proyecto de ley dado que el complejo y delicado proceso educativo requiere de docentes que se proyecten en el establecimiento en el tiempo, por el vínculo que generan con los demás colegas, con el proyecto educativo del establecimiento y, sobre todo, con los mismos alumnos.
Además, es muy contraproducente que profesores de probada calidad pedagógica tengan la incertidumbre si continuarán o no el año siguiente en sus labores.
Estas líneas se las escribo desde mi experiencia como arzobispo de Concepción y como persona que cree que esta es una medida que fortalece la educación pública en Chile, lo que redundará en mayor equidad y mayor igualdad de oportunidades para los jóvenes.”.
6) Con fecha 15 de abril de 2013, a través del Diputado señor Aguiló, la Comisión recibió del Coordinador de Informática Educativa de la municipalidad de Lautaro , señor Juan Antonio Moreno Jara, un correo electrónico en el que expone que lleva en el sistema municipal 20 años ejerciendo como docente en la comuna de Lautaro, en calidad de contrata, con el menoscabo que significa recibir todos los años el oficio de cese de sus funciones y a la espera de su reintegración en el mes de marzo de cada año, lo que es un desgaste personal. Solicita a los honorables Diputados votar a favor del proyecto de ley.
7) En el mismo sentido del punto anterior, la Comisión recibió correos electrónicos de los profesores del Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda de Temuco; de la profesora Priscila Vidal Olate del Liceo Pablo Neruda de Temuco, y de las profesoras de Lautaro señoras Cristina Navarro González, Raquel León Salas, Lucilla Molina Muñoz y Ana Gatica Pereira.
-o-
IV) MENCIONES REGLAMENTARIAS DEL PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, este informe contiene:
Al número 1°) La idea fundamental o matriz de la moción original consistía en prolongar en el tiempo los efectos de la ley N° 19.648, promulgada el 19 de noviembre de 1999, la que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, para lo cual se proponía eliminar la expresión “por única vez”.
En efecto, la citada ley concedió en su artículo único, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un Municipio o Corporación Educacional Municipal, a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que se encontraren incorporados a ellas en calidad de contratados y se hayan desempeñado como tales en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatros años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas semanales.
Con relación a lo preceptuado en los números 2°, 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión deja las siguientes constancias:
Al número 2°) Que el proyecto de ley no contiene disposiciones que sean propias de ley de rango orgánico constitucional o de quórum calificado;
Al número 4°) Que no contiene disposiciones que sean de competencia de la Comisión de Hacienda;
Al número 5°) Que fue aprobado en general por 9 votos a favor y una abstención, y
Al número 7°) Que se registraron las siguientes indicaciones rechazadas:
A) Indicación del Diputado Rojas, don Manuel: “Para reemplazar en el artículo único del proyecto la expresión “veinte” por “treinta”.”.
Puesta en votación la indicación, resultó rechazada por ocho votos en contra, de los Diputados señores Aguiló, González, Giradi, Gutiérrez, Monsalve, Silver, Venegas y Verdugo; tres votos a favor, de los Diputados señores Becker, Kast y Rojas y una abstención, de la Diputada señora Hoffmann.
B) Indicación del Diputado Rojas, don Manuel: “Para eliminar en el artículo único la frase “o cuatro años discontinuos”.”
Puesta en votación la indicación, resultó rechazada por nueve votos en contra, correspondientes a los Diputados señora Girardi y señores Aguiló, Becker, González, Gutiérrez, Monsalve, Silver, Venegas y Verdugo; dos votos a favor, de los Diputados señores Kast y Rojas, y una abstención, correspondiente a la Diputada señora Hoffmann.
IV) DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.
El proyecto fue discutido en general durante la celebración de las sesiones de la Comisión de fechas 19 de marzo, 16 de abril y 7 y 14 de mayo de 2013. Su votación, en general, registró el siguiente resultado.
Nueve votos a favor, y una abstención. Votaron a favor los diputados señores Aguiló, Bobadilla, González, Gutiérrez, Monsalve, Silver, Venegas, Verdugo y señora Girardi. Se abstuvo la diputada señora Hoffmann.
V) APROBACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.
Durante la discusión particular de este proyecto de ley, se presentó la siguiente indicación sustitutiva:
De los Diputados: señores Aguiló, don Sergio; Becker, don Germán; González, don Rodrigo; Girardi, doña Cristina; Gutiérrez, don Romilio; Monsalve, don Manuel; Rojas, don Manuel; Silver, don Gabriel; Venegas, don Mario, y Verdugo, don Germán.
“Reemplácese en el artículo único de la ley N° 19.648 la expresión “a la fecha de esta ley” por la expresión “al 30 de abril de 2013”.”
Puesta en votación la indicación, resultó aprobada por diez votos a favor, de los Diputados señora Girardi y señores Aguiló, Becker, González, Gutiérrez, Monsalve, Rojas, Silber, Venegas y Verdugo, y dos abstenciones de los Diputados señora y Hoffmann y señor Kast.
VI) TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.
De acuerdo con el numeral 8° del artículo 287 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ya citado, por las razones expuestas en este Primer Informe Constitucional y Reglamentario y por las que dará a conocer el Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único. “Reemplácese en el artículo único de la ley N° 19.648 la expresión “a la fecha de esta ley” por la expresión “al 30 de abril de 2013”.”
VII) DIPUTADO INFORMANTE .
Se designó Diputado informante al señor Sergio Bobadilla Muñoz.
-o-
Tratado y acordado en sesiones celebradas los días martes 19 de marzo, 16 de abril, 7 y 14 de mayo de 2013, con la asistencia de los miembros de la Comisión, Diputados señoras Cristiana Giradi Lavín y María José Hoffmann Opazo ( Presidenta ), y señores Sergio Aguiló Melo, Germán Becker Alvear, Sergio Bobadilla Muñoz, Rodrigo González Torres, Romilio Gutiérrez Pino, José Antonio Kast Rist, Manuel Monsalve Benavides, Manuel Rojas Molina, Gabriel Silver Romo, Mario Venegas Cárdenas y Germán Verdugo Soto. También, se contó con la asistencia del Diputado no miembro de esta Comisión, señor Tucapel Jiménez Fuentes.
Sala de la Comisión, a 14 de mayo de 2013
(Fdo.): DANIEL MUÑOZ CABALLERO, Abogado Secretario (S) de la Comisión”.
9. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que permite al padre y a la madre, indistintamente, abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos. (boletín Nº 7519-05)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda informa, en segundo trámite constitucional y en primero reglamentario, el proyecto mencionado en el epígrafe, iniciado en moción de las Honorables Senadoras señoras Ximena Rincón, Isabel Allende, Soledad Alvear y Lily Pérez.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:
1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en modificar la Ley General de Bancos y la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile con el objeto de permitir al padre y a la madre, indistintamente, abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos menores de edad en el sistema bancario.
2°) Que el articulado propuesto requiere de quórum simple para su aprobación.
3°) Que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
4°) Que Diputado Informante se designó al señor Auth, don Pepe.
-o-
Asistió a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Senadora Ximena Rincón González.
II. ANTECEDENTES GENERALES
A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa
La moción que da origen al proyecto señala que el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, más conocido como Ley General de Bancos, no señala expresamente en su articulado los requisitos que deben cumplir los Bancos para autorizar la apertura de una cuenta de ahorro por parte de los padres o el representante legal de un menor.
Por su parte, el decreto ley Nº 2.079, de 1978, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, en su artículo 35 señala los requisitos del Banco para efectos de abrir una cuenta de ahorro, y las exigencias para abrir dichas cuentas en favor de los menores de edad.
En efecto, el artículo 35 señala lo siguiente “Podrá por sí abrir cuenta, depositar y retirar sus depósitos de ahorro en el Banco toda persona que no sea absolutamente incapaz, mientras no se notifique a la empresa una resolución judicial en contrario. Los representantes legales no podrán retirar los depósitos de sus representados relativamente incapaces, sin el consentimiento de éstos. La cuenta abierta a nombre del impúber que tenga la calidad de hijo natural o simplemente ilegítimo, será administrada a título de tutor legal por la persona que abrió la cuenta a nombre del incapaz, mientras subsista su incapacidad. También podrá abrir y administrar cuenta de ahorro a nombre del impúber, la persona a quien se haya otorgado la tuición del menor por sentencia judicial y la madre que, por encontrarse separada de hecho del padre del menor o por simple ausencia de éste, tuviere el cuidado del hijo y lo alimentare, circunstancias que deberán acreditarse a satisfacción del Banco.”.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 243 del Código Civil “la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados”. El artículo 244 señala que “la patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente, según convengan en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil , que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días siguientes a su otorgamiento. A falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad.”.
En los hechos, se manifiesta en la moción, se han recibido denuncias por parte de mujeres que han señalado la negativa por parte de los Bancos de abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos menores de edad, señalando que para abrir dichas cuentas a favor de un menor de edad debía realizarlo sólo el padre, sin hacer la distinción respecto de si la mujer se encuentra separada o no del padre, tal como lo establece la ley.
De acuerdo a lo anteriormente señalado y a las numerosas denuncias recibidas, muchas veces los Bancos interpretan mal la norma, exigiendo a todo evento la presencia del padre al momento de abrir la cuenta de ahorro, lo que no sólo se escapa de lo señalado en la legislación, sino que también es discriminatorio respecto de miles de mujeres que siendo casadas, y viviendo con su familia en el hogar común, se ven imposibilitadas de realizar un trámite tan básico como es abrir una cuenta de ahorro a favor de su hijo. Incluso han recibido denuncias de mujeres que estando separadas de hecho de sus cónyuges, y teniendo el cuidado personal de sus hijos conforme lo determina la ley, los Bancos no las autorizan para que puedan abrir cuentas de ahorro en favor de sus hijos.
Las autoras del proyecto han considerado necesario modificar la legislación señalando expresamente que independiente de quien tenga la patria potestad, tanto el padre como la madre podrán abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos menores de edad, con el objeto de evitar que trámites sencillos como éstos, y que van en evidente beneficio del hijo queden a la libre interpretación de los Bancos.
B. Disposiciones legales que se modifican por el proyecto
1.- Decreto con fuerza de ley Nº 3, del año 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos.
2.- Decreto ley N° 2.079, de 1978, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile.
3.- Artículo 243 del Código Civil.
III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO
Discusión general y particular
La Senadora señora Rincón expresó que el proyecto en análisis es de vital importancia para las madres y en especial para los niños de nuestro país, puesto que hoy los padres pueden abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos, pero por una errada interpretación de los bancos las madres no pueden hacerlo, a menos que concurra el padre a firmar las libretas de ahorro.
Hizo presente que el 48% de los hogares en Chile están a cargo de mujeres. Además, muchas veces no hay relación con el padre de los hijos, lo que dificulta enormemente la apertura de cuentas de ahorro por parte de las madres a favor de sus hijos.
Comentó que hace aproximadamente tres años planteó al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras este problema, pero ante la ausencia de una circular que aclarara este punto fue necesario presentar una modificación a la ley vigente, a fin de dejar expresamente consignado en la legislación que tanto el padre como la madre pueden abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos.
El Diputado señor Lorenzini planteó que no sólo pueden abrirse cuentas de ahorro a favor de los hijos, sino que también cuentas a la vista, cuentas Rut, modalidades que deberían ser incluidas en este proyecto, por lo que anunció una indicación que las incorpore.
La Senadora señora Rincón sostuvo que en la práctica el mismo problema acontece cuando una mujer quiere abrir a favor de su hijo una cuenta vista o una cuenta Rut asociada a la cuenta del que la abre.
El Diputado señor Silva expresó su opinión contraria a la indicación planteada, puesto que este proyecto busca solucionar una traba administrativa que no pudo ser resuelta a través de una circular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de manera que las mujeres puedan abrir cuentas de ahorro a favor de los hijos y no dice relación con fomentar la apertura de cuentas para transacciones, que es la característica de las cuentas a la vista.
El Diputado señor Santana compartió el planteamiento del Diputado señor Silva, en orden a que el objetivo de esta iniciativa es facilitar la apertura de cuentas de ahorro por parte de las madres a favor de sus hijos.
En relación a una duda planteada por el Diputado señor Auth acerca de la administración de los dineros depositados en las cuentas de ahorro, la Senadora Rincón explicó que la administración de esos fondos corresponde, de acuerdo a las normas del Código Civil, al padre o madre que tenga la patria potestad, aun cuando haya sido el otro padre el que haya abierto y depositado los recursos.
El Diputado señor Auth sugirió incorporar una indicación que establezca que la administración de la cuenta de ahorro corresponderá al padre o a la madre que la haya abierto, aun cuando no tenga la patria potestad de su hijo.
El Diputado señor Silva propuso votar el proyecto en los mismos términos, puesto que modificar por la vía de la excepción las normas sustantivas sobre patria potestad a su juicio complicaría la tramitación de esta iniciativa, ya que requeriría su estudio tanto por la Comisión de Familia como de Constitución de ambas Corporaciones.
Los Diputados señores Lorenzini y Marinovic presentaron la siguiente indicación: para agregar en el artículo 156 bis que se agrega al decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, por el artículo 1° del proyecto, a continuación de la frase “Las cuentas de ahorro” la expresión “y las cuentas a la vista”, y para añadir en el inciso final del artículo 35 del decreto ley N° 2.079, de 1978, del Ministerio de Hacienda, que se incorpora por el artículo 2° del proyecto, a continuación de la frase “cuentas de ahorro”, la expresión “ y cuentas a la vista”.
Puesta en votación la indicación precedente fue rechazada por 2 votos a favor, 5 votos en contra y una abstención. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Lorenzini, don Pablo y Marinovic, don Miodrag. Votan en contra los Diputados señores Auth, don Pepe; Ortiz, don José Miguel; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstiene el Diputado señor Enrique Jaramillo.
Puestos en votación los artículos 1° y 2° del proyecto, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN
Indicación de los Diputados señores Lorenzini y Marinovic al proyecto.
V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD
Ninguno.
Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.
VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN
En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Agrégase el siguiente artículo 156 bis, al decreto con fuerza de ley Nº 3, del año 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos:
“Artículo 156 bis.- Las cuentas de ahorros para menores de edad, ofrecidas por los bancos regidos en virtud de lo establecido en esta ley, podrán ser abiertas por el padre o la madre, independiente de quien tenga la patria potestad del menor de edad.”.
Artículo 2°.- Agrégase un inciso final al artículo 35 del decreto ley N° 2.079, del año 1978, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, del siguiente tenor:
“Independiente de quien tenga la patria potestad, la madre también podrá abrir cuentas de ahorro a favor de su hijo menor de edad.”.”.
Tratado y acordado en sesión de fecha 14 de mayo de 2013, con la asistencia de los Diputados señores Marinovic, don Miodrag ( Presidente ); Auth, don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Sala de la Comisión, a 17 de mayo de 2013.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión ”.
10. Informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley que crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana. (boletín N°8.618-11) (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Salud viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado mensaje de S.E. el Presidente de la República.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1) Las idea matriz o fundamental del proyecto, según lo establecido en los informes despachados en el Senado, es la siguiente: crear en la Región Metropolitana dos establecimientos de salud que se denominarán “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada” en la comuna de Maipú, y “Hospital Clínico Metropolitano de La Florida”, los que estarán sujetos a sistemas de gestión por resultados, que incluyan la fijación de objetivos y metas de producción de servicios y de gestión sanitaria y los procedimientos de medición de los mismos.
2) Normas de carácter orgánico constitucional.
No hay.
3) Normas de quórum calificado.
No hay.
4) Normas que requieren trámite de Hacienda.
Todo su articulado.
5) El proyecto fue aprobado, en general, por la mayoría absoluta de los Diputados presentes (7 a favor y 6 en contra).
Votaron a favor los Diputados: Kast, Letelier, Leopoldo Pérez (en reemplazo de Nicolás Monckeberg), Macaya, Rubilar, Turres y Vön Muhlenbrock
Votaron en contra los Diputados: Accorsi, Castro, Monsalve, Núñez, Silber y Torres
6) Diputada informante : señora Marisol Turres Figueroa.
-o-
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión recibió la opinión de los siguientes representantes de Gobierno y de instituciones:
-El Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo Fuenzalida;
-El Director del Hospital Padre Hurtado , señor Ernesto Behnke;
-El Director del Hospital Luis Tisné, señor Julio Montt;
-La Directora del CRS Maipú , señora Beatriz Bueno;
-El Presidente Colegio Médico de Chile A.G., doctor Enrique Paris M;
-El Presidente Nacional de la Fenats Unitaria , señor Ricardo Ruiz Escalona;
-La Presidenta de la Fenats Progresista, señora Carmen Molina;
-El Presidente de la Fenats Base CRS Maipú , señor Emilio Guzmán;
- Presidenta de la Fenats La Florida , señora Berna Castro;
-El representante de la Multigremial del Hospital Regional de Rancagua, señor Jorge Faúndes, y
-El representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf), señor Mateo Galleguillos.
I. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL MENSAJE.
El mensaje que origina esta iniciativa, fundamenta su propuesta legislativa en las siguientes consideraciones.
Señala que ante las demandas en materia de salud, se ha impulsado la construcción de infraestructura hospitalaria por medio del sistema de concesiones. Dicho antecedente da cuenta de la importancia de este proyecto de ley, pues la discusión parlamentaria a que dé lugar, así como la ley que sea fruto de aquélla, constituirá un precedente del máximo valor técnico, jurídico y político a la hora de diseñar e implementar los nuevos hospitales que el país requiere.
Agrega que esta iniciativa constituye un avance en la implementación y gestión de la infraestructura hospitalaria del país, por lo que se espera que sea el primero de otros proyectos de ley a debatir en el futuro, en la misma línea.
En efecto, ante el actual escenario y teniendo a la vista la experiencia de los establecimientos de autogestión en red y de los establecimientos de salud de carácter experimental, el Ejecutivo estima que resulta indispensable contar con un nuevo marco jurídico que permita implementar un sistema de gestión centrado en la satisfacción del usuario.
El mensaje destaca el establecimiento de las herramientas necesarias para potenciar en los hospitales clínicos un mejor uso de la infraestructura hospitalaria, dedicándose más horas a resolver los problemas de salud de una población que suma más de dos millones de personas.
II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.
El proyecto de ley aprobado por el Senado está constituido por diecinueve artículos permanentes, cada uno de los cuales será analizado en el capítulo de este informe referido a la discusión particular.
El artículo 1°, crea dos establecimientos de salud: el “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada”, y el “Hospital Clínico Metropolitano de La Florida”, y les asigna el carácter de servicios públicos funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, domiciliados en Santiago, formando parte de la red asistencial de servicios de la Salud Metropolitano Central y Sur Oriente, respectivamente. El artículo 2° les asigna funciones; el artículo 3° indica la normativa jurídica a la cual estarán afectos; el artículo 4° se refiere a los sistemas de gestión y resultados, y su metodología de fijación; el artículo 5° determina las funciones del Director Ejecutivo (máxima autoridad del centro de salud); los artículos 6° al 11 tratan sobre las facultades entregadas al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley para determinar plantas de personal; el artículo 12 se refiere al sistema de contratación y continuidad del personal que ahora labora en los centros asistenciales respectivos que se transforman en los hospitales que crea esta ley; el artículo 13 sustituye nombres de los establecimientos de salud de que trata esta iniciativa legal; y, en general, los artículos 14 al 19 son disposiciones que tratan sobre normativa de personal y financieras.
III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN, Y ACUERDOS ADOPTADOS.
A) Discusión general.
-Intervenciones en el seno de la Comisión.
a) El Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo Fuenzalida, señaló que en lo medular este proyecto de ley pretende crear dos hospitales clínicos, ambos en Santiago, uno en Maipú y el otro en La Florida.
Luego señaló las diferencias, ventajas y desventajas entre un hospital tradicional y un hospital clínico, según se indica en el siguiente cuadro:
b) El Director del Hospital Padre Hurtado , señor Ernesto Behnke, dio inicio a su exposición explicando que el concepto de hospital, hoy y en el ambito internacional, es complejo, pero que está orientado a mirarlo como una “empresa”, lo que no es sinónimo de privatización.
Afirmó que un hospital hoy es una empresa de servicio. Dicho servicio es un intangible, pues propende a recuperar la salud de las personas. Dicha intangibilidad conlleva a otro concepto que es la calidad de servicio, que en el caso de la salud de las personas no admite equivocos, ni repeticiones.
Destacó que el elemento humano es relevante y determinante dentro de los hospitales, enfatizando que se trata de personal disponible las 24 horas del día los 365 días del año, mediante turnos.
Indicó que dicho personal es conducido por un gerente, el que tiene dentro de sus obligaciones la gestión. Por esta razón, dijo, existe dentro de los hospitales la Gerencia de Calidad, la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Administración y Finanzas. Explicó que estas gerencias se relacionan, dentro del hospital, en base a tres grandes programas que son: el programa de la mujer, del adulto y de los niños.
Destacó que los hospitales se adecuan a su entorno y a la demanda de servicios. En el caso de los hospitales, el negocio no es acrecentar la demanda de servicio, sino contener la existente y para ello se requiere de la modernización de los modelos de gestión de las instituciones que prestan los servicios (los hospitales) a fin de responder a los cambios sociales.
Recalcó la necesidad de efectuar una buena selección del personal que trabaja en los hospitales el que, posteriormente, debe ser puesto a prueba y evaluado. La selección de personal debe hacerse en base a su competencia específica y en función de la demanda. Mencionó, asimismo, que el personal es y debe ser capacitado, en relación a su función específica. Destacó que los ascensos son por mérito y no por antigüedad.
Del mismo modo, aclaró que este modelo no funciona en los hospitales tradicionales, porque son jerárquicamente independientes y donde sus funcionarios, muchas veces, están vinculados unos con otros por diferentes causas, generando verdaderas redes que producen mal funcionamiento del centro.
Finalmente, hizo hincapié en que la mejor salud del mundo no es aquella que es totalmente privada, sino aquella que tiene, en algún grado, la tuición el Estado.
c) El Director del Hospital Luis Tisné, señor Julio Montt, quien dio inicio a su intervención mencionando que es Director de un hospital auto gestionado y que fue elegido por el mecanismo de Alta Dirección Pública. En dicha calidad expresó apoyar la iniciativa legal, la que señaló va en la dirección correcta.
Señaló que las ventajas del hospital clínico es, en primer término, que es dueño de su presupuesto. En segundo término, la planta de un hospital clínico es del hospital, en cambio en los hospitales auto gestionados la planta es del Servicio de Salud, lo que implica que, en caso de un concurso, participan todos los que tienen derecho a dicho cargo, incluso de diferentes hospitales.
Añadió que es una ventaja para el Director de este tipo de hospitales clínicos tener su propia planta y poder fijar sus propias metas de gestión, ya que en el sistema tradicional los incentivos no discriminan y la selección de los que tienen derecho a bonificación es respecto de aquel que presenta menos atrasos y menos inasistencia, también conocida, como ley “pórtate bien”.
Otro aspecto que destacó es el sistema de incentivos que van asociados a las metas de gestión. Es importante la satisfacción del usuario, pero también lo es el respeto al funcionario y ello se logra con metas individuales y de equipo, lo que no es factible en los hospitales auto gestionados.
Respecto de la externalización de servicios que se contempla en estos nuevos hospitales, aclaró que dicha medida no es privatización ni mucho menos lo es la concesión misma del hospital. Explicó que la concesión es simplemente un contrato con un privado que permite poder pagar la construcción de estos hospitales en cuotas. En cuanto a los servicios que se licitan y concesionan aclaró que estos no son clínicos, y por tanto, se entregan a quienes efectivamente hacen dicho trabajo. Dio como ejemplo el servicio de aseo y de alimentación, que en los hospitales auto gestionados han funcionado muy bien y los gremios no están disconformes.
Concluyó su intervención sosteniendo que esta iniciativa legal va por la senda correcta y que no se puede desaprovechar la oportunidad de tener hospitales nuevos.
d) El Presidente Colegio Médico de Chile A.G., doctor Enrique Paris M, explicó que este proyecto de ley pretende crear dos nuevos hospitales clínicos en la Región Metropolitana bajo el modelo de gestión por resultados, lo que implica el cumplimiento de objetivos, metas de producción en servicios y también gestión sanitaria, teniendo como centro, las reales necesidades de los usuarios.
Siendo tales las ideas centrales de la iniciativa legal, se mostró partidario de su aprobación, pero con algunas observaciones.
Indicó que el texto legal señala que los hospitales clínicos que se crean son servicios públicos funcionalmente descentralizados, pero que tal aseveración no es del todo efectiva, por cuanto dependen de la Presidencia de la República , del Ministerio de Hacienda y de Salud.
Agregó que la experiencia relativa al modelo experimental “Hospital Padre Hurtado” muestra que el modelo centralizado de dependencia directa de los ministerios de Hacienda y Salud dificultan la integración con su Servicio de Salud, y hacen poco eficiente el control de gestión desde las carteras, que no tienen como función supervisar individualmente las políticas que implementa o desarrollan los hospitales en forma individual.
Además, si bien estos hospitales nuevos están en la Red, señaló que no son parte de la Red. Se coordinan con el Director de Servicio , pero no dependen de él, sino que directamente del Ministerio de Salud.
Otro aspecto a observar, es que el texto legal señala que el jefe superior de los hospitales clínicos en referencia se denominará Director Ejecutivo . Al efecto, se le asignan las atribuciones que actualmente nuestro ordenamiento jurídico le concede al Director del Hospital Padre Alberto Hurtado , esto es, autoridad y autonomía plena, que permitió desarrollar un hospital experimental sin carrera funcionaria y política salarial “sui generis”. Experimento sin más evaluación que la que se desprende de la innumerable cantidad de médicos que se han retirado de éste hospital prefiriendo los modelos tradicionales regidos por las leyes Nos. 15.076 y 19.664.
En cuanto al control de gestión, el proyecto de ley señala que los Directores Ejecutivos podrán disponer de auditorías periódicas obligatorias, sin embargo, piensa que si la auditoria es interna, cumple con la ley, pero no con la idea de evaluar la gestión. No cumple con el principio de transparencia, ni tampoco hace mención a quien se presenta.
Mencionó que el artículo 6° del proyecto de ley dispone que el sistema de remuneraciones deberá consultar incentivos económicos que, al menos, digan relación con las funciones a desempeñar y el desempeño por unidades de gestión e institucionales. Aseveró que esto en nada semeja una carrera funcionaria. En la experiencia del Hospital Padre Hurtado la diferenciación del valor de cada especialidad ha llevado a tener grupos de médicos “bien cotizados” y otros especialistas fuertemente motivados a dejar la institución. Cuando hay escases de médicos en las urgencias, la dirección del hospital paga notablemente mejor a un médico recién egresado a honorarios que a un especialista que lleva años en la institución. Señaló que esta política ha llevado a cerrar la urgencia infantil en más de una oportunidad.
Finalmente para dar mayor viabilidad a la contratación y permanencia de médicos en los nuevos hospitales sugirió:
-Adecuar el concepto de descentralización, manteniendo la relación de los hospitales con su Servicio de Salud.
-Mantener los beneficios de las leyes tradicionales para la contratación de médicos: leyes N°s 15.076 y 19.664, que contemplan descanso compensatorio, y liberación de parte de la jornada de turno a los 20 años de contrato bajo ley N° 15.076.
-Contemplar carrera funcionaria e incentivos adicionales conocidos y al alcance de todos, ligados a desempeño, permanencia, compromiso y dedicación exclusiva.
e) El Presidente Nacional de la fenats Unitaria, señor Ricardo Ruiz Escalona, manifestó estar, en términos generales, de acuerdo con el proyecto de ley, pero con ciertos reparos.
En cuanto a su administración, expresó que no queda claro cómo se integran éstos hospitales clínicos a la Red. No ve dónde está la descentralización si estos establecimientos dependen del Ministerio de Salud.
Agregó que el modelo de concesión favorece la privatización de estos hospitales cuando lo que se busca es un rol más protagónico por parte del Estado.
En cuanto al régimen laboral, señaló que espera que se rijan por el Estatuto Administrativo y no por el Código del Trabajo y en cuanto a las remuneraciones, manifestó conformidad con un sistema de determinación fijo y variable.
No le parece adecuada la existencia de tantas facultades discrecionales para los Directores Ejecutivos de estos nuevos hospitales; abogó por más horizontalidad en la toma de decisiones, sobre todo, cuando se refieren al personal que se desempeña en ellos.
Finalmente, expresó su aprehensión con el personal que se traspase a estos nuevos hospitales, en términos que podrían dejar a los establecimientos de origen sin vacantes o simplemente con menos cargos.
f) La Presidenta de la Fenats Progresista , señora Carmen Molina, inicio su exposición declarando que no está de acuerdo con el modelo de concesiones de éstos hospitales clínicos. Señaló que existe evidencia suficiente de su ineficiencia como modelo de gestión en los establecimientos de salud y que, finalmente, resultan ser más onerosos.
Luego, expresó que el conjunto de trabajadores del CRS Maipú se ha ganado el derecho para ser actores relevantes en la operación de éstos nuevos hospitales clínicos, sin embargo, le preocupa que en el traspaso de personal puedan dejar trabajadores abajo, lo que afectaría la dignidad de los mismos.
En cuanto al régimen aplicable a estos nuevos hospitales, solicitó que se les aplique el Estatuto Administrativo el que permitirá fijar objetivos, metas comunes y carrera funcionaria, y que se restituya el beneficio de la ley N° 19.264 perdido por omisión en el D.F.L. N° 31.
Reflexionó que conceder tantas facultades y atribuciones al Director Ejecutivo del hospital, puede terminar generando arbitrariedades, desigualdades, falta de política, desorden administrativo y negocios para terceros, por lo que solicita sistemas internos de control, efectivos y representativos de todos los interesados.
Finalmente, en cuanto al control social de esta iniciativa legal solicita tener un espacio formal, permanente y vinculante de participación para acompañar el gobierno corporativo del proyecto.
g) El Presidente de la FENATS Base CRS Maipú, señor Emilio Guzmán, manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley por cuanto no se ha escuchado a los usuarios del sistema.
En cuanto a la capacitación, dijo que la iniciativa no innova, y por lo mismo, insistió en que dicha capacitación no sólo debe ser técnico profesional, sino que también normativa y relativa a los derechos fundamentales, derechos laborales y otros.
Luego, se refirió al Consejo Consultivo, el que está establecido como una instancia de participación, pero donde no se contempla la opinión de los trabajadores. Señala que un reglamento determinará sus funciones, integración y procedimientos y es allí donde debe incorporarse a los gremios para asegurar su participación.
En cuanto al término de la relación laboral, el proyecto de ley establece una disposición parecida al artículo 160 del Código del Trabajo. Dispone que la desvinculación dependerá de la decisión del Director Ejecutivo del hospital, sin contemplar como mecanismo de cese el sumario administrativo.
Finalmente, respecto de las instancias de reclamo y solución de conflictos, el proyecto de ley hace referencia al artículo 160 del Estatuto Administrativo, quien hace de cargo de la Contraloría General de la República el resolver los conflictos de legalidad o consultas que puedan realizar los funcionarios.
h) Presidenta de la Fenats La Florida, señora Berna Castro, manifestó que rechaza el proyecto de ley, por las siguientes razones.
Expresó que en esta iniciativa legal el Estado deja de reconocer a la Salud como un bien social y un derecho constitucional inalienable de las personas, descansando en un tipo de gestión ligado a resultados financieros y metas de productividad de prestaciones, asignando facultades arbitrarias a establecimientos con sobredemanda de prestaciones médicas. Agregó que estos hospitales clínicos no son solidarios con las necesidades del resto de la Red Pública, ni con las necesidades de la población.
Incorpora este proyecto de ley, además, las herramientas para la profundización del lucro, ya asignado por la ley de concesiones.
Agregó que se entregan atribuciones arbitrarias y discrecionales al Director Ejecutivo que dan paso al término del Estatuto Administrativo, sin ser tampoco el Código del Trabajo, no quedando sujeto el trabajador a ningún ente regulador como es la Contraloría General de la República.
Establece un sistema de gestión por resultados, sin establecer criterios generales y específicos, ni el modo en que los trabajadores y las personas y sus comunidades puedan participar.
Contempla un sistema de calificaciones cuyos criterios y especificaciones quedan entregados a un posterior Reglamento lo que no da garantías de participación de los funcionarios.
Añadió que termina con los derechos adquiridos por los trabajadores traspasados a los hospitales clínicos, al asegurar sólo la mantención de sus remuneraciones, en forma transitoria ya que faculta a la re liquidación de ella una vez dictadas todas las normas.
Finalmente, no se hace cargo de un sistema de capacitación y formación garantizado por el Estado, según las necesidades de salud de la población.
i) El representante de la Multigremial del Hospital Regional de Rancagua, señor Jorge Faúndes, declaró rechazar el proyecto de ley y solicitó su no aprobación, en razón de que en este proyecto de ley se fusionan dos normas; el Estatuto Administrativo y el Código del Trabajo. Expresó que hay poca claridad sobre la base normativa de estos nuevos hospitales clínicos, lo que puede generar inestabilidad laboral de sus funcionarios.
Luego se refirió a la dirección de estos hospitales clínicos, los que según esta iniciativa legal, van a estar a cargo de un Director Ejecutivo que probablemente va ser un médico, el cual solicitan tenga, al menos, conocimientos de Administración Pública o bien, sea un Ingeniero Comercial .
j) El representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf), señor Mateo Galleguillos, manifestó comprender que la visión actual de los hospitales públicos es de una empresa de servicios. Sin embargo, aclaró que el servicio que prestan estos hospitales es único y no es comparable con otras empresas, puesto que se trata del restablecimiento de la salud, que es un derecho inalienable de la persona humana.
Explicó que para satisfacer dicha necesidad elemental, que es la recuperación de la salud, se requiere de trabajadores comprometidos con sus instituciones, lo que se logra con condiciones laborales óptimas, que den garantía de estabilidad laboral, carrera funcionaria, salarios justos, acceso a la capacitación y perfeccionamiento, trato digno, reconocimiento de la labor realizada; todos agentes motivadores que, junto con la vocación de los trabajadores, es necesaria para entregar una atención humanizada, integral, oportuna, segura y con estándares de calidad de acuerdo al avance del Sistema Sanitario del país.
Aseveró que lo anterior no es logrado en este proyecto de ley, puesto que no da garantías en esos aspectos, que son propios del sistema sanitario, dado las amplias atribuciones que se entregan al Director Ejecutivo para la externalización de los servicios y para instaurar sistemas de trabajo con flexibilidad laboral.
Mencionó que la Organización Mundial de la Salud, preocupada por los trabajadores, ha impulsado medidas en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, proponiendo directrices para la estabilidad laboral y la motivación permanente de los trabajadores de la salud, que no han sido considerados en este proyecto, como la estabilidad en el trabajo, el bienestar biopsicosocial y el entorno laboral de los trabajadores sanitarios.
Añadió que el proyecto propicia la instauración del lucro a costa de la salud de los más necesitados, por la derivación ilimitada de recursos públicos hacia el sector privado, beneficiando a este último en desmedro del mismo establecimiento que se vería estancado en su desarrollo dada la falta de regulación, quedando todo a criterio del Director Ejecutivo de turno. Explicó que la delegación de acciones de salud a terceros también resulta peligrosa, toda vez que podría primar un criterio economicista por sobre la calidad de las acciones delegadas.
Respecto de la situación específica de los trabajadores traspasados a estos nuevos hospitales clínicos, sostiene que se han perdido los derechos laborales protegidos por el Estatuto Administrativo.
Por lo anterior, considera que este modelo no es viable, en el mediano ni en el largo plazo, porque se aleja de las políticas públicas que han privilegiado la salud como un derecho y un bien social, por lo que manifestó su total desacuerdo a esta iniciativa legal y se opone categóricamente en los términos en que está propuesto.
k) La Directora del CRS Maipú , señora Beatriz Bueno, expresó entender las aprehensiones de los gremios, enfatizando que el objetivo de estos nuevos hospitales es la salud de la población y la satisfacción del usuario lo que se logra mediante la aplicación de un modelo de gestión de excelencia donde existe un Consejo Resolutivo que será la instancia de control social propia del establecimiento que retroalimentará la gestión del mismo y asesorará al Jefe Superior del Servicio .
-o-
-Votación en general del proyecto.
La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en el mensaje, y luego de recibir las opiniones, explicaciones y observaciones de las personas e instituciones individualizadas precedentemente, que permitieron a sus miembros formarse una idea de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por mayoría absoluta de los Diputados presentes (7 votos favor y 6 en contra).
Votaron a favor los Diputados: José Antonio Kast, Cristián Letelier, Javier Macaya, Leopoldo Pérez (en reemplazo de Nicolás Monckeberg), Karla Rubilar, Marisol Turres y Gastón Vön Mühlenbrock.
Votaron en contra los Diputados: Enrique Accorsi, Juan Luis Castro, Manuel Monsalve, Marco Antonio Núñez, Gabriel Silber y Víctor Torres.
-o-
B) Discusión particular.
Artículo 1°
Esta disposición ordena la creación de los establecimientos de salud que se denominarán “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada” y “Hospital Clínico Metropolitano de La Florida ”.
Luego agrega que los establecimientos señalados en el inciso anterior serán servicios públicos funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Santiago, distintos de los Servicios de Salud a que se refiere el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2006; se relacionarán con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Salud, sujetándose a las políticas, normas, planes y programas que éste imparta; formarán parte de la Red Asistencial de los Servicios de Salud Metropolitano Central y Sur Oriente, respectivamente, y de aquella a la que se refiere el inciso primero del artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (5 votos a favor y una abstención).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Vilches (en reemplazo de Macaya)
Se abstuvo el Diputado Accorsi.
Artículo 2°
Establece que la función de los establecimientos de salud señalados en el artículo 1° será la ejecución de acciones de fomento, protección, recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas, para cuyo desarrollo deberán coordinarse entre sí y con los establecimientos y entidades de derecho público y privado que conforman la Red Asistencial del servicio de salud correspondiente, en conformidad a lo establecido en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
Para el continuo fortalecimiento y eficiente empleo de los recursos de que disponen los referidos establecimientos, las acciones a que se refiere este artículo se determinarán o modificarán previo informe y coordinación con el servicio de salud a cuya Red Asistencial pertenezcan.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (5 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Vilches (en reemplazo de Macaya).
Artículo 3°
Señala que los establecimientos de salud señalados en el artículo 1° estarán afectos al decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, al Código Sanitario, y al Sistema de Alta Dirección Pública del Título VI de la ley N° 19.882.
Agrega que los establecimientos señalados en el artículo 1° estarán a cargo de un jefe superior de servicio denominado Director Ejecutivo .
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (5 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Vilches (en reemplazo de Macaya).
Artículo 4°
Prescribe esta norma que los establecimientos señalados en el artículo 1° estarán sujetos a sistemas de gestión por resultados de salud, que incluyan la fijación de objetivos y metas de producción de servicios y de gestión sanitaria y los correspondientes procedimientos e instrumentos de medición y evaluación de los mismos. Ambos establecimientos deberán orientar su actividad hacia un continuo fortalecimiento y mejoramiento en la calidad, oportunidad y cobertura de las prestaciones de salud que proporcionen a sus usuarios y deberán emplear eficientemente los recursos de que dispongan, para cuyos efectos se realizarán las auditorías que correspondan.
Para efectos de la aplicación del sistema de gestión por resultados señalado en el inciso anterior, antes del 10 de septiembre de cada año, por resolución del Ministro de Salud , se fijarán las metas sanitarias a las que deberá ajustarse cada establecimiento. Para el cumplimiento de dichas metas, los Directores Ejecutivos, antes del 30 de noviembre de cada año, determinarán las metas específicas del respectivo hospital, los indicadores de actividad y los objetivos de mejor atención a la población beneficiaria. Asimismo, en dicha oportunidad, establecerán las normas que regularán los procesos y procedimientos del mencionado sistema de gestión por resultados.
Consultado el Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo, sobre el alcance y mecanismo para establecer las metas de gestión de estos nuevos hospitales clínicos, expresó que tales metas están orientadas a distintos aspectos, tales como trato al usuario y otras que dicen relación con la sustentabilidad financiera del servicio.
Agregó que estos hospitales clínicos concuerdan sus metas clínicas, económicas y sanitarias de acuerdo a las características propias del servicio donde ellas están insertas. Dio como ejemplo el Hospital Padre Hurtado , donde sus metas son concordadas y reguladas en términos que se les fija un mínimo y un máximo para que, dentro de dicho rango, se desenvuelva el servicio de que se trate.
Añadió que, en este nuevo sistema, existirán indicadores de gestión por resultado, de procesos y de procedimientos a diferencia de los hospitales tradicionales que tienen cerca de 300 indicadores, de los cuales, más de la mitad son de procesos y de cobertura, pero nada de resultados.
Se aprobó por mayoría de votos (5 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Vilches (en reemplazo de Macaya).
Artículo 5°
Esta disposición prescribe que para el desempeño de sus funciones, el Director Ejecutivo de cada establecimiento ejercerá las atribuciones establecidas en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Salud, de 2001. Además, tendrá las siguientes atribuciones específicas:
a) Disponer el establecimiento obligatorio de auditorías periódicas e integrales de la gestión clínica y administrativa para los Hospitales Clínicos.
b) Establecer mecanismos de participación de la población usuaria del establecimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de la ley N° 20.584.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (5 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Vilches (en reemplazo de Macaya).
Artículo 6°
Esta disposición faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud, y suscritos por el Ministro de Hacienda , establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias en cada establecimiento de salud señalado en el artículo 1°:
a) Fijar la planta directiva del establecimiento. Asimismo, en el ejercicio de dicha atribución, podrá establecer los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de la ley N° 19.882 y las denominaciones de dicha planta.
b) Fijar la primera dotación máxima de personal.
c) Fijar el régimen estatutario aplicable al personal, cuyo régimen de ingreso a un empleo será a través de un contrato de carácter indefinido o a plazo fijo; las causales de cesación de funciones en sus cargos; el sistema de remuneraciones; el sistema de calificaciones del personal vinculado a la calidad y productividad del desempeño del mismo; los incentivos de carácter no remuneratorio que se consideren apropiados a la función y fines del establecimiento; y los procedimientos para el acceso a programas de capacitación. Asimismo, señalar la legislación que se aplicará supletoriamente en estas materias.
Luego, agrega la norma, que el sistema de remuneraciones que se fije deberá consultar incentivos económicos aplicables al personal del establecimiento, los que podrán ser diferenciados en atención a la aplicación de criterios que, a lo menos, consideren aspectos tales como, las funciones a realizar y el desempeño por unidades de gestión e institucionales. Además, deberá señalarse la fecha en que comenzará a aplicarse.
Consultado el Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo, sobre el régimen que se aplicará al personal de estos hospitales clínicos, mientras el Presidente de la República dicta los decretos con fuerza de ley señalados en esta disposición, explicó que el procedimiento es traspasar el personal del CRS de Maipú al Servicio de Salud respectivo y luego, cuando tengan definido el régimen de estos nuevos Hospitales, hacer el traspaso definitivo del Servicio de Salud a estos nuevos establecimientos según lo prescrito en esta ley.
Preguntado por un borrador de D.F.L. que había sido objeto de críticas por las organizaciones de funcionarios de éstos hospitales, señaló que se ha estado trabajando en dichos decretos, donde han contado con la participación de los gremios, y cuyo texto es muy similar al borrador que está circulando. Afirmó no ningún antecedente escrito de que los gremios estén en desacuerdo con el contenido de dicho borradores de D.F.L.
Se aprobó por mayoría de votos (5 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Vilches (en reemplazo de Macaya).
Artículo 7°
Esta norma faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud y suscritos por el Ministro de Hacienda , disponga el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, en servicio a la fecha de la publicación de los referidos actos administrativos, desde el establecimiento de salud de carácter experimental “Centro de Referencia de Salud de Maipú” y del Servicio de Salud Metropolitano Central al establecimiento que se crea con el nombre de “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada”. En tanto, el personal a ser traspasado no sea designado en el nuevo establecimiento, continuará sometido a la misma normativa estatutaria y remuneracional vigente a la época de su traspaso. En todo caso, no podrán traspasarse profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076 que se hayan acogido a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 19.230.
El o los respectivos decretos con fuerza de ley determinarán el número de funcionarios a ser traspasado por estamento y calidad jurídica. La individualización de este personal se llevará a cabo mediante resolución dictada por el Subsecretario de Redes Asistenciales, dentro del plazo que se señalará en los referidos actos administrativos.
El personal del establecimiento de salud de carácter experimental “Centro de Referencia de Salud de Maipú”, que sirva cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública , nombrado en virtud de lo dispuesto en los artículos quincuagésimo séptimo o quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, será traspasado al nuevo establecimiento y nombrado en un cargo del mismo nivel jerárquico de la planta de directivos que se fijará de conformidad a la letra a) del artículo 6° de esta ley. El nombramiento se extenderá hasta la fecha de término del nombramiento anterior en la misma calidad, sin perjuicio de su remoción conforme al artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882.
A contar de la fecha en que se encuentre totalmente tramitada la resolución a que hace referencia el inciso segundo, los cargos de planta que sirvan los funcionarios traspasados se entenderán suprimidos de pleno derecho en la planta del establecimiento de salud de carácter experimental “Centro de Referencia de Salud Maipú” y en la planta del Servicio de Salud Metropolitano Central, según corresponda.
Las dotaciones máximas de personal del Servicio de Salud Metropolitano Central se rebajarán acorde el número de funcionarios traspasados.
Consultado el Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo, respecto de lo aseverado por los funcionarios de los hospitales experimentales quienes han señalado que el traspaso de la dotación de personal hacia el Servicio de Salud es en desmedro del servicio y de su planta de personal, por cuanto dichos funcionarios traspasados no serían repuestos, expresó que tal afirmación no es efectiva por cuanto lo que se está haciendo es traspasar funcionarios del CRS de Maipú a contrata (hoy están a honorarios), al Servicio de Salud en un régimen estatuario normal. Este traspaso, transitoriamente, aumenta la dotación de personal del Servicio de Salud que luego se rebaja, cuando dicho personal es traspasado definitivamente al hospital clínico de destino.
Se aprobó por mayoría de votos (5 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar, Turres y Vilches (en reemplazo de Macaya).
Artículo 8°
Esta norma faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud y suscritos por el Ministro de Hacienda , disponga el traspaso de los funcionarios de planta y a contrata, en servicio a la fecha de la publicación de los referidos actos administrativos, desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente al establecimiento que se crea con el nombre de “Hospital Clínico Metropolitano de La Florida”. En tanto el personal a ser traspasado no sea designado en el nuevo establecimiento, y pase a regirse por las normas estatutarias y remuneracionales que se dicten de conformidad al artículo 6° de esta ley, continuará sometido a la misma normativa estatutaria y remuneracional vigente a la época de su traspaso. En todo caso, no podrán traspasarse profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076 que se hayan acogido a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 19.230.
El o los respectivos decretos con fuerza de ley determinarán el número de funcionarios a ser traspasado por estamento y calidad jurídica. La individualización de este personal se llevará a cabo mediante resolución dictada por el Subsecretario de Redes Asistenciales, dentro del plazo que se señalará en los referidos actos administrativos.
A contar de la fecha en que se encuentre totalmente tramitada la resolución a que hace referencia el inciso segundo, los cargos de planta que sirvan los funcionarios traspasados se entenderán suprimidos de pleno derecho en la planta del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.
Las dotaciones máximas de personal del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente se rebajarán acorde el número de funcionarios traspasados.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 9°
Esta disposición faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud y suscritos por el Ministro de Hacienda , determine la fecha de supresión del establecimiento de salud de carácter experimental denominado “Centro de Referencia de Salud de Maipú”, y disponga la transferencia de todos los bienes pertenecientes a dicho establecimiento al “Hospital Clínico El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada”. Al efecto, mediante decreto supremo del Ministerio de Salud se deberán individualizar los bienes que se traspasen, así como los vehículos motorizados para su transferencia mediante su anotación en el correspondiente Registro.
Sn discusión, se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 10
Esta disposición señala que los traspasos de personal que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° se sujetarán a las siguientes restricciones:
a) No podrán tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
b) No podrán significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad de aquella de las remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento, cuando corresponda.
Consultado el Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo, sobre la efectividad de existir menoscabo estatutario y en las condiciones laborales respecto del personal que va ser objeto de traspaso, manifestó que no es efectivo, precisamente porque esta disposición da garantía de continuidad en el régimen laboral de los funcionarios que van a ser objeto de traspaso de un hospital a otro. Agregó que de ninguna manera el traspaso va a significar pérdida de relaciones laborales.
Desde el punto de vista de las remuneraciones, los estudios del Ministerio avalan que los diferentes estamentos, tanto profesionales como aquellos que no lo son, se van a ver favorecidos con el traspaso, en una mejora económica respecto de lo que tenían en los hospitales tradicionales.
Explicó que si se analizan las plantas de profesionales, en este proyecto de ley van del grado XVI al I, en cambio en el sistema tradicional van del XVII hasta el IV y en la planta técnica van del XXII al VI y en el sistema tradicional van del XXIII al X, es decir, se ven mejorados sus grados y su carrera funcionaria.
Respecto de la carrera funcionaria, afirmó que en los D.F.L. que han ido trabajando se establece muy claro cuáles son las asignaciones e incentivos de los profesionales y en ellos está implícita una carrera funcionaria.
Se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 11
Señala esta norma que en el evento de que a la fecha de dictación de las resoluciones mencionadas en los artículos 7° y 8°, un cargo de planta a traspasar quede vacante por cualquier causa, éste igual pasará a integrar la dotación máxima de personal del hospital clínico que corresponda, suprimiéndose de pleno derecho en la planta de personal de origen. Asimismo, si a la fecha antes mencionada ha cesado en funciones un empleado a contrata a traspasar, el cargo pasará a integrar la dotación máxima de personal del hospital clínico que proceda. En ambos casos se rebajará en el mismo número la dotación en la institución de origen.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 12
Expresa esta norma que el personal individualizado en los decretos a que se refieren los incisos segundo de los artículos 7° y 8° será contratado, sin solución de continuidad, en forma indefinida o a plazo fijo, según fuere titular de planta o a contrata, conforme a la regulación que se establezca en el régimen estatutario de administración de personal que se fije en virtud del artículo 6°, con un nivel de remuneraciones acorde a la función que desempeñará en el hospital clínico.
En todo caso, la contratación referida en el inciso anterior deberá considerar las restricciones indicadas en los literales a) y b) del artículo 10.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 13
Esta disposición ordena modificar el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Salud, de 2001, del siguiente modo:
a) Sustituir la denominación “Establecimiento de salud de carácter experimental Hospital Padre Alberto Hurtado”, por la de “Hospital Clínico Metropolitano San Alberto Hurtado”.
b) Agregar, en el inciso tercero de su artículo 4°, la siguiente oración final: “Para el continuo fortalecimiento y eficiente empleo de los recursos de que dispone el establecimiento, las acciones y prestaciones de salud a que se refiere el artículo anterior, se determinará o modificará previo informe y coordinación con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.”.
Todas las menciones que el ordenamiento jurídico haga al “Establecimiento de salud de carácter experimental Hospital Padre Alberto Hurtado” deberán entenderse, en lo sucesivo, referidas al “Hospital Clínico Metropolitano San Alberto Hurtado”.
Se solicitó al Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo, que aclare el modo de vincularse estos hospitales clínicos con el resto de la red, y dio respuesta a la consulta dando como ejemplo el Hospital Padre Hurtado que es complementario al Hospital Sótero del Rio y al Hospital San José de Maipo en la medida que haya una intervención supeditada de éste Director al Director del Servicio de Salud Sur Oriente .
Explicó que, en general, la integración y coordinación de los hospitales auto gestionados con el resto de la red es progresiva y se aprecia en los momentos de mayor carga laboral.
Culminó aseverando que este proyecto de ley consagra la integración de estos hospitales clínicos a la red.
Se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 14
Esta disposición propone modificar el decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Salud, de 2001, del siguiente modo:
a) Sustituir la denominación “Establecimiento de salud de carácter experimental denominado Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente”, por la de “Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente”.
b) Reemplazar el inciso final de su artículo 21 por el siguiente:
“Los empleos a contrata del personal afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, se proveerán previo proceso de selección.”.
Sin discusión, e aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 15
Dispone que el Presidente de la República , por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada” y del “Hospital Clínico Metropolitano de La Florida”, y traspasará a ellos los recursos presupuestarios que correspondan desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y del establecimiento de salud de carácter experimental denominado “Centro de Referencia de Salud Maipú” y del Servicio de Salud Metropolitano Central, respectivamente, para que cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 16
Prescribe que el mayor gasto que se derive del ejercicio de la facultad del artículo 6° de la presente ley, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $ 7.756.907.000 (siete mil setecientos cincuenta y seis millones novecientos siete mil pesos).
El Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo, explicó que estaba previsto que estos hospitales clínicos abrieran a público a mediados de año, para lo cual se proyectó que su gasto, en ese escenario, no puede exceder de $7.756.907.000
Se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 17
Indica que el mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y del Servicio de Salud Metropolitano Central y establecimiento de salud de carácter experimental denominado “Centro de Referencia de Salud Maipú”, en tanto éste último no se suprima, conforme lo establecido en el artículo 9° de la presente ley. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con estos recursos.
El Subsecretario de Redes Asistenciales , señor Luis Castillo, explicó que cuando el hospital clínico este funcionando a plena capacidad será cerrado el CRS Maipú, pero mientras ello no ocurra habrá un período de tiempo en que van a funcionar ambos hospitales en paralelo y el mayor gasto que ello irrogue, en recursos humanos, será cubierto con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público. Tal es el sentido de esta disposición, aclaró.
Se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 18
Estatuye que el “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada” será el sucesor, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales del establecimiento de salud de carácter experimental “Centro de Referencia de Salud de Maipú” y le corresponderá hacerse cargo de los derechos y obligaciones de los que aquel organismo fuera titular y que existieren o se encontraren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de esta norma. Toda mención que se haga en leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos respecto al “Establecimiento de Carácter Experimental Centro de Referencia de Salud de Maipú” se entenderá referida, a partir de esa fecha, al “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada”.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
Artículo 19
Dispone que el personal de los establecimientos creados por el artículo 1° de esta ley, que sea traspasado de conformidad a este cuerpo legal o contratado según el artículo 12, podrá acogerse a los beneficios consagrados en la ley N° 20.612, cumpliendo las mismas exigencias y requisitos estipulados en dicha normativa.”.
Sin discusión, se aprobó por mayoría de votos (4 votos a favor).
Votaron a favor los Diputados Kast, Letelier, Rubilar y Turres.
IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
Artículos rechazados.
No hay.
Indicaciones rechazadas.
No hay.
VI. MENCIÓN DE ADICIONES Y ENMIENDAS QUE LA COMISIÓN APROBÓ EN LA DISCUSIÓN PARTICULAR.
La Comisión no introdujo modificación alguna al texto del proyecto de ley aprobado en el Senado.
VII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.
“Artículo 1°.- Créanse los establecimientos de salud que se denominarán “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada” y “Hospital Clínico Metropolitano de La Florida ”.
Los establecimientos señalados en el inciso anterior serán servicios públicos funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Santiago, distintos de los Servicios de Salud a que se refiere el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2006; se relacionarán con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Salud, sujetándose a las políticas, normas, planes y programas que éste imparta; formarán parte de la Red Asistencial de los Servicios de Salud Metropolitano Central y Sur Oriente, respectivamente, y de aquella a la que se refiere el inciso primero del artículo 8° del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
Artículo 2°.- La función de los establecimientos de salud señalados en el artículo 1° será la ejecución de acciones de fomento, protección, recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas, para cuyo desarrollo deberán coordinarse entre sí y con los establecimientos y entidades de derecho público y privado que conforman la Red Asistencial del servicio de salud correspondiente, en conformidad a lo establecido en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
Para el continuo fortalecimiento y eficiente empleo de los recursos de que disponen los referidos establecimientos, las acciones a que se refiere este artículo se determinarán o modificarán previo informe y coordinación con el servicio de salud a cuya Red Asistencial pertenezcan.
Artículo 3°.- Los establecimientos de salud señalados en el artículo 1° estarán afectos al decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al decreto ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, al Código Sanitario, y al Sistema de Alta Dirección Pública del Título VI de la ley N° 19.882.
Los establecimientos señalados en el artículo 1° estarán a cargo de un jefe superior de servicio denominado Director Ejecutivo .
Artículo 4°.- Los establecimientos señalados en el artículo 1° estarán sujetos a sistemas de gestión por resultados de salud, que incluyan la fijación de objetivos y metas de producción de servicios y de gestión sanitaria y los correspondientes procedimientos e instrumentos de medición y evaluación de los mismos. Ambos establecimientos deberán orientar su actividad hacia un continuo fortalecimiento y mejoramiento en la calidad, oportunidad y cobertura de las prestaciones de salud que proporcionen a sus usuarios y deberán emplear eficientemente los recursos de que dispongan, para cuyos efectos se realizarán las auditorías que correspondan.
Para efectos de la aplicación del sistema de gestión por resultados señalado en el inciso anterior, antes del 10 de septiembre de cada año, por resolución del Ministro de Salud , se fijarán las metas sanitarias a las que deberá ajustarse cada establecimiento. Para el cumplimiento de dichas metas, los Directores Ejecutivos, antes del 30 de noviembre de cada año, determinarán las metas específicas del respectivo hospital, los indicadores de actividad y los objetivos de mejor atención a la población beneficiaria. Asimismo, en dicha oportunidad, establecerán las normas que regularán los procesos y procedimientos del mencionado sistema de gestión por resultados.
Artículo 5°.- Para el desempeño de sus funciones, el Director Ejecutivo de cada establecimiento ejercerá las atribuciones establecidas en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Salud, de 2001. Además, tendrá las siguientes atribuciones específicas:
a) Disponer el establecimiento obligatorio de auditorías periódicas e integrales de la gestión clínica y administrativa para los Hospitales Clínicos.
b) Establecer mecanismos de participación de la población usuaria del establecimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de la ley N° 20.584.
Artículo 6°.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud, y suscritos por el Ministro de Hacienda , establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias en cada establecimiento de salud señalado en el artículo 1°:
a) Fijar la planta directiva del establecimiento. Asimismo, en el ejercicio de dicha atribución, podrá establecer los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del Título VI de la ley N° 19.882 y las denominaciones de dicha planta.
b) Fijar la primera dotación máxima de personal.
c) Fijar el régimen estatutario aplicable al personal, cuyo régimen de ingreso a un empleo será a través de un contrato de carácter indefinido o a plazo fijo; las causales de cesación de funciones en sus cargos; el sistema de remuneraciones; el sistema de calificaciones del personal vinculado a la calidad y productividad del desempeño del mismo; los incentivos de carácter no remuneratorio que se consideren apropiados a la función y fines del establecimiento; y los procedimientos para el acceso a programas de capacitación. Asimismo, señalar la legislación que se aplicará supletoriamente en estas materias.
El sistema de remuneraciones que se fije deberá consultar incentivos económicos aplicables al personal del establecimiento, los que podrán ser diferenciados en atención a la aplicación de criterios que, a lo menos, consideren aspectos tales como, las funciones a realizar y el desempeño por unidades de gestión e institucionales. Además, deberá señalarse la fecha en que comenzará a aplicarse.
Artículo 7°.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud y suscritos por el Ministro de Hacienda , disponga el traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata, en servicio a la fecha de la publicación de los referidos actos administrativos, desde el establecimiento de salud de carácter experimental “Centro de Referencia de Salud de Maipú” y del Servicio de Salud Metropolitano Central al establecimiento que se crea con el nombre de “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada”. En tanto el personal a ser traspasado no sea designado en el nuevo establecimiento, continuará sometido a la misma normativa estatutaria y remuneracional vigente a la época de su traspaso. En todo caso, no podrán traspasarse profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076 que se hayan acogido a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 19.230.
El o los respectivos decretos con fuerza de ley determinarán el número de funcionarios a ser traspasado por estamento y calidad jurídica. La individualización de este personal se llevará a cabo mediante resolución dictada por el Subsecretario de Redes Asistenciales, dentro del plazo que se señalará en los referidos actos administrativos.
El personal del establecimiento de salud de carácter experimental “Centro de Referencia de Salud de Maipú”, que sirva cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública , nombrado en virtud de lo dispuesto en los artículos quincuagésimo séptimo o quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, será traspasado al nuevo establecimiento y nombrado en un cargo del mismo nivel jerárquico de la planta de directivos que se fijará de conformidad a la letra a) del artículo 6° de esta ley. El nombramiento se extenderá hasta la fecha de término del nombramiento anterior en la misma calidad, sin perjuicio de su remoción conforme al artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882.
A contar de la fecha en que se encuentre totalmente tramitada la resolución a que hace referencia el inciso segundo, los cargos de planta que sirvan los funcionarios traspasados se entenderán suprimidos de pleno derecho en la planta del establecimiento de salud de carácter experimental “Centro de Referencia de Salud Maipú” y en la planta del Servicio de Salud Metropolitano Central, según corresponda.
Las dotaciones máximas de personal del Servicio de Salud Metropolitano Central se rebajarán acorde el número de funcionarios traspasados.
Artículo 8°.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud y suscritos por el Ministro de Hacienda , disponga el traspaso de los funcionarios de planta y a contrata, en servicio a la fecha de la publicación de los referidos actos administrativos, desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente al establecimiento que se crea con el nombre de “Hospital Clínico Metropolitano de La Florida”. En tanto el personal a ser traspasado no sea designado en el nuevo establecimiento, y pase a regirse por las normas estatutarias y remuneracionales que se dicten de conformidad al artículo 6° de esta ley, continuará sometido a la misma normativa estatutaria y remuneracional vigente a la época de su traspaso. En todo caso, no podrán traspasarse profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076 que se hayan acogido a lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 19.230.
El o los respectivos decretos con fuerza de ley determinarán el número de funcionarios a ser traspasado por estamento y calidad jurídica. La individualización de este personal se llevará a cabo mediante resolución dictada por el Subsecretario de Redes Asistenciales, dentro del plazo que se señalará en los referidos actos administrativos.
A contar de la fecha en que se encuentre totalmente tramitada la resolución a que hace referencia el inciso segundo, los cargos de planta que sirvan los funcionarios traspasados se entenderán suprimidos de pleno derecho en la planta del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.
Las dotaciones máximas de personal del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente se rebajarán acorde el número de funcionarios traspasados.
Artículo 9°.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud y suscritos por el Ministro de Hacienda , determine la fecha de supresión del establecimiento de salud de carácter experimental denominado “Centro de Referencia de Salud de Maipú”, y disponga la transferencia de todos los bienes pertenecientes a dicho establecimiento al “Hospital Clínico El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada”. Al efecto, mediante decreto supremo del Ministerio de Salud se deberán individualizar los bienes que se traspasen, así como los vehículos motorizados para su transferencia mediante su anotación en el correspondiente Registro.
Artículo 10.- Los traspasos de personal que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en los artículos 7° y 8° se sujetarán a las siguientes restricciones:
a) No podrán tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral.
b) No podrán significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de los derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad de aquella de las remuneraciones que compensa.
c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento, cuando corresponda.
Artículo 11.- En el evento de que a la fecha de dictación de las resoluciones mencionadas en los artículos 7° y 8°, un cargo de planta a traspasar quede vacante por cualquier causa, éste igual pasará a integrar la dotación máxima de personal del hospital clínico que corresponda, suprimiéndose de pleno derecho en la planta de personal de origen. Asimismo, si a la fecha antes mencionada ha cesado en funciones un empleado a contrata a traspasar, el cargo pasará a integrar la dotación máxima de personal del hospital clínico que proceda. En ambos casos se rebajará en el mismo número la dotación en la institución de origen.
Artículo 12.- El personal individualizado en los decretos a que se refieren los incisos segundo de los artículos 7° y 8° será contratado, sin solución de continuidad, en forma indefinida o a plazo fijo, según fuere titular de planta o a contrata, conforme a la regulación que se establezca en el régimen estatutario de administración de personal que se fije en virtud del artículo 6°, con un nivel de remuneraciones acorde a la función que desempeñará en el hospital clínico.
En todo caso, la contratación referida en el inciso anterior deberá considerar las restricciones indicadas en los literales a) y b) del artículo 10.
Artículo 13.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 29, del Ministerio de Salud, de 2001, del siguiente modo:
a) Sustitúyese la denominación “Establecimiento de salud de carácter experimental Hospital Padre Alberto Hurtado”, por la de “Hospital Clínico Metropolitano San Alberto Hurtado”.
b) Agrégase, en el inciso tercero de su artículo 4°, la siguiente oración final: “Para el continuo fortalecimiento y eficiente empleo de los recursos de que dispone el establecimiento, las acciones y prestaciones de salud a que se refiere el artículo anterior, se determinará o modificará previo informe y coordinación con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.”.
Todas las menciones que el ordenamiento jurídico haga al “Establecimiento de salud de carácter experimental Hospital Padre Alberto Hurtado” deberán entenderse, en lo sucesivo, referidas al “Hospital Clínico Metropolitano San Alberto Hurtado”.
Artículo 14.- Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Salud, de 2001, del siguiente modo:
a) Sustitúyese la denominación “Establecimiento de salud de carácter experimental denominado Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente”, por la de “Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente”.
b) Reemplázase el inciso final de su artículo 21 por el siguiente:
“Los empleos a contrata del personal afecto al decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, se proveerán previo proceso de selección.”.
Artículo 15.- El Presidente de la República , por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada” y del “Hospital Clínico Metropolitano de La Florida”, y traspasará a ellos los recursos presupuestarios que correspondan desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y del establecimiento de salud de carácter experimental denominado “Centro de Referencia de Salud Maipú” y del Servicio de Salud Metropolitano Central, respectivamente, para que cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Artículo 16.- El mayor gasto que se derive del ejercicio de la facultad del artículo 6° de la presente ley, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $ 7.756.907 miles.
Artículo 17.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y del Servicio de Salud Metropolitano Central y establecimiento de salud de carácter experimental denominado “Centro de Referencia de Salud Maipú”, en tanto éste último no se suprima, conforme lo establecido en el artículo 9° de la presente ley. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con estos recursos.
Artículo 18.- El “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada” será el sucesor, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales del establecimiento de salud de carácter experimental “Centro de Referencia de Salud de Maipú” y le corresponderá hacerse cargo de los derechos y obligaciones de los que aquel organismo fuera titular y que existieren o se encontraren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de esta norma. Toda mención que se haga en leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos respecto al “Establecimiento de Carácter Experimental Centro de Referencia de Salud de Maipú” se entenderá referida, a partir de esa fecha, al “Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada”.
Artículo 19.- El personal de los establecimientos creados por el artículo 1° de esta ley, que sea traspasado de conformidad a este cuerpo legal o contratado según el artículo 12, podrá acogerse a los beneficios consagrados en la ley N° 20.612, cumpliendo las mismas exigencias y requisitos estipulados en dicha normativa.”.
-o-
Se designó diputado informante a la señora Marisol Turres Figueroa.
Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los 2 y 9 de abril, y 7 y 13 de mayo de 2013., con la asistencia de los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Juan Luis Castro González, José Antonio Kast Rist, Cristián Letelier Aguilar, Javier Macaya Danús, Nicolás Monckeberg Díaz, Manuel Monsalve Benavides, Marco Antonio Núñez Lozano, Karla Rubilar Barahona, Gabriel Silber Romo, Víctor Torres Jeldes, Marisol Turres Figueroa ( Presidenta ) y Gastón Von Muhlenbrock Zamora.
Asistieron, además, los Diputados Carlos Vilches (en reemplazo del Diputado Von Muhlenbrock), Leopoldo Pérez (en reemplazo de Nicolás Monckeberg), Issa Kort y Alberto Robles.
Sala de la Comisión, a 13 de mayo de 2013.-
(Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS, Abogado Secretaria de Comisiones ”.
11. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Calderón, Estay; Pérez, don Leopoldo; Rojas, Rosales, Santana, Vilches, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José y Turres, doña Marisol.
Modifica el artículo 401 del Código Penal aumentando las penas por agresiones a profesores. (boletín N° 8953-07)
Antecedentes.
1.- Dentro de las aulas, se ha producido un deterioro al respeto por la autoridad del profesor, lo que impide mantener un ambiente adecuado para que los maestros puedan ejercer su profesión satisfactoriamente. Esto muchas veces se ve agravado por el apoyo de parte de los apoderados a las conductas negativas de sus hijos, lo que provoca un aumento de la violencia escolar ejercida por alumnos y apoderados en contra de profesores.
2.- Actualmente los alumnos no diferencian entre las conductas que se deben desarrollar dentro de los colegios y escuelas y aquellas que no, lo que ha provocado que los establecimientos educacionales dejen de ser un lugar destinado exclusivamente para aprender, transformándose en una extensión del hogar y de todos los lugares de ocio.
3.- Este actual nivel de conflictos, está afectando negativamente a los profesores de nuestro país, pues se ha perdido el respeto que debe existir del alumno hacia su profesor, perjudicando el objetivo final que es el aprendizaje del alumnado.
4.- Estos comportamientos disruptivos de los estudiantes durante las horas de clases, provocan violencia verbal, psicológica e incluso física, llegando a destruir en algunos casos la identidad profesional del profesor.
Consideraciones
a) Nuestra legislación no otorga a los profesores una adecuada protección frente a la violencia escolar ejercida en su contra, contemplándose una muy baja pena a aplicar, para aquellos que lesionan a profesores o maestros.
b) El Código Pena!, en su artículo 401, asigna una pena de presidio o relegación menores en sus grados mínimos a medios a quienes causen lesiones menos graves a guardadores, sacerdotes, maestros o personas constituidas en dignidad o autoridad pública, es decir, la pena asignada a este delito, puede ir de 61 días a 3 años.
c) Consideramos que la pena asignada a este delito es muy baja y por ello se propone a través de este proyecto de ley, aumentar en un grado el límite superior de la pena aplicable, para que esta pueda ir desde los 61 días a 5 años. De esta manera se aumenta el límite máximo de la pena, otorgando una mayor amplitud de rango al juez.
d) Por otra parte, se propone además sancionar como delito de lesión menos grave, las agresiones que, aunque no produzcan lesiones, sean capaces de producirlas, y que se cometan en contra de maestros.
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 401 DEL CÓDIGO PENAL AUMENTANDO LAS PENAS POR AGRESIONES A PROFESORES.
Artículo Único: Reemplácese en el artículo 401 del Código Penal, la expresión “medios”, por “máximo” y agréguese un nuevo inciso segundo:
“Las agresiones cometidas contra las personas mencionadas en el inciso anterior y que no causaren lesión alguna, pero que razonablemente pudieren causarlas, serán castigadas con presido o relegación menores en sus grados mínimo a- medio”.
12. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Baltolu, Calderón, Estay, Rojas, Rosales, Santana, Vilches, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José y Turres, doña Marisol.
Reforma Constitucional que modifica los artículos 48 y 50 de la Constitución Política de la República, estableciendo un nuevo requisito de elegibilidad para el cargo de senador y diputado . (boletín N° 8954-07).
El desempeño de cargos públicos de elección popular exigen una conducta de probidad, antecedentes intachables y un comportamiento social y cívico acorde con la investidura que se ejerce , pues se trata de personas que representan a toda la ciudadanía en los gobiernos comunales, en el parlamento o en el gobierno de la República.
Lo anterior constituye una norma de conducta que traspasa los márgenes legales y constitucionales, se encuentra presente como un imperativo ético y moral el resguardo de los comportamientos honestos, de buena fe y probos de aquellas personas que aspiren a ejercer las funciones propias de servidores públicos, que por su naturaleza, deben mirar siempre y en todo caso el bien común y no el personal.
Que nuestra carta fundamental establece en el artículo 48 y 50 los requisitos de elegibilidad para ser diputado y senador respectivamente los que desde un punto de vista general son similares, así se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, edad mínima, instrucción y en el caso de los diputados tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contando hacia atrás desde el día de la elección.
En este orden de cosas, en ninguna de estas dos normas se encuentra contemplado como requisito para ser elegido diputado o senador el hecho de no haber sido inhabilitado para ejercer algún cargo público, quizá la única institución que contempla la inhabilidad en nuestra constitución la constituye la Acusación Constitucional, el que establece como consecuencia, cuando esta termina con una sentencia condenatoria, la inhabilidad para el desempeño de cualquier cargo público por un lapso de 5 años, sin embargo lo anterior es sólo aplicable para aquellas autoridades acusables por esta vía y no precisamente para diputados ni para senadores.
Es así que parece del todo aconsejable y del todo acorde con el espíritu de nuestra legislación el incluir normas que atañen a estas autoridades en materia de requisitos para ser elegidos en sus cargos, sobre todo cuando tales requisitos dicen relación con su conducta en el ejercicio de cargos anteriores que digan relación con su honestidad y rectitud.
De esta manera la presente iniciativa parlamentaria busca consagrar a nivel constitucional un Huevo requisito en los artículos 48 y 50 de nuestra constitución, consistente en que tanto diputados y senadores no puedan postular a estos cargos si tales postulantes han sido inhabilitados de manera para ejercer algún cargo de público.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.-: Incorpórese en los artículos 48 de la Constitución Política de la República un nuevo inciso secundo, norma que a continuación se indican:
“Asimismo para ser elegido diputado se requiere no haber sido inhabilitado para el ejercicio de algún cargo público”
Artículo Incorpórese en el artículo 50 de la Constitución Política de la República un nuevo inciso segundo, norma que a continuación se individualiza:
“Lo establecido en el inciso segundo del artículo 48 se aplicará también para ser elegido senador”.
13. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Baltolu, Letelier, Marinovic, Melero; Pérez, don Leopoldo; Rojas, Santana, Vilches, y de la diputada señora Turres, doña Marisol.
Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, incorporando a las embarcaciones de apoyo a la acuicultura condiciones de habitabilidad y bienestar de la dotación. (boletín N° 8955-21).
Antecedentes
1.- Actualmente existe un número indeterminado de embarcaciones artesanales que están prestando servicios auxiliares a las empresas salmoneras, de la X, XI y XII regiones.
2.- Estas embarcaciones en su gran mayoría, son antiguas naves pesqueras provenientes de otras regiones de nuestro país, principalmente de la VIII, que hoy están siendo utilizadas para prestar servicios a las empresas salmoneras.
3.- Por tratarse de embarcaciones construidas para pescar, sus dimensiones para habitabilidad son muy reducidas, pues hace unos años atrás, al percatarse la autoridad que estas naves realizaban capturas mucho mayores a las autorizadas y con el objetivo de proteger los recursos pesqueros de nuestro país, se estableció en la Ley de Navegación como definición de naves menores, aquellas de cincuenta o menos toneladas de registro grueso.
4.- Ante este escenario, los armadores disminuyeron al máximo el espacio destinado a la habitabilidad de la tripulación y lo destinaron a bodega, razón por la cual estos barcos que hoy se desempeñan como embarcaciones de apoyo a la acuicultura, carecen de las condiciones adecuadas para la estadía en el mar de su dotación.
5.- Esta situación ha generado, que una tripulación que debe estar constituida por una dotación mínima de seguridad de 4 personas y un grupo de buceo que varía de 4 a 7 personas, deba permanecer de 15 a 20 días embarcada bajo condiciones climáticas extremas y sin las condiciones mínimas de tamaño y alojamiento suficiente para proteger eficazmente la salud física y psicológica de sus miembros.
6.- De esta manera, nos encontramos con embarcaciones artesanales destinadas a prestar apoyo a las empresas salmoneras, que carecen de adecuados espacios de alojamiento y cocina para la tripulación así como también, de adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salud, comodidad, ventilación, calefacción y mitigación de ruidos.
7.- A todo lo mencionado precedentemente, se le suman las difíciles condiciones climáticas existentes en las regiones donde se desarrolla esta actividad, el gran número de trabajadores provenientes de otras zonas del país y las enormes distancias que existen entre los puertos y los sectores de trabajo salmonero, lo que no permite recaladas frecuentes, pues a mayor movimiento de los barcos de sus áreas de trabajo, mayor será el riesgo sanitario, por ser vectores transmisores de enfermedades.
Consideraciones
a) La Ley N° 20.451, que modifico la Ley General de Pesca y Acuicultura, estableció única y exclusivamente, para embarcaciones pesqueras artesanales, la exclusión del volumen total del arqueo bruto para aquellos espacios destinados única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación, es decir, cocina, comedor, camarotes, baños y salas de descanso, que se encuentren en la cubierta superior y que no excedan de un máximo de 50 metros cúbicos.
b) Esta importante modificación ha permitido a los trabajadores de las embarcaciones pesqueras artesanales disponer de espacios adecuados para su descanso y habitabilidad durante los períodos de estadía en el mar, condiciones de las que no gozan quienes prestan apoyo a la acuicultura.
c) Las condiciones de traslado de la dotación de las embarcaciones pesqueras artesanales que prestan apoyo a la acuicultura, hace necesaria su inclusión dentro de esta norma, de manera de proporcionarles ambientes adecuados de habitabilidad y seguridad durante los periodos en que deben estar embarcados.
d) Es necesario señalar que el presente proyecto de ley acoge la solicitud y reconoce la labor de don Roberto Schuitheiss Hidalgo, quién en representación de todos aquellos trabajadores de embarcaciones pesqueras artesanales que apoyan la acuicultura, nos informo acerca de las deficiencias de habitabilidad y bienestar que presentaban sus embarcaciones.
PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA INCORPORANDO A LAS EMBARCACIONES DE APOYO A LA ACUICULTURA CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y BIENESTAR DE LA DOTACIÓN.
Artículo único: Intercálese en el numeral 14 del artículo 2 de la Ley N° 18.892 entre las palabras “artesanales, y “se excluirán”, la frase “ y para aquellas embarcaciones de apoyo a la acuicultura”.
14. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Sandoval, Baltolu, Calderón; Pérez, don Leopoldo; Rojas, Rosales, Santana, Vilches, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José y Nogueira, doña Claudia.
Modifica la ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo un nuevo caso de inhabilidad para ser elegido alcalde y concejal. (boletín N° 8956-06).
El desempeño de cargos de responsabilidad pública exige de sus titulares las acreditaciones suficientes en diversos planos del quehacer nacional, así se requiere de ciertas y determinadas habilidades de índole profesional, experiencia, capacidad, de liderazgo, entre otras cualidades. Pero además de lo anterior, y en atención a la esfera en que nos encontramos, se requiere de personas idóneas desde un punto de vista moral, esto es se requiere de una actitud honorable, toda vez que la función que desempeñan los funcionarios públicos dicen relación con los intereses comunes de todos los ciudadanos, establecidos en una comuna, provincia, región y en el país.
En nuestro derecho positivo la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que para ser candidato a alcalde se deberá acreditar haber cursado la enseñanza media o su equivalente además de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 73 de esta ley.
Por su parte el mismo artículo 73 establece una serie de requisitos de elegibilidad para ser elegido concejal, así se requiere ser ciudadano con derecho a voto, saber leer y escribir, tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna, a lo menos durante los últimos dos años anteriores a la elección, tener situación militar al día y no estar afecto a las inhabilidades que establece la ley.
Bajo este orden de cosas, la normativa nacional a nuestro juicio se encuentra trunca en la medida que no contempla expresamente una causal que consagre las conductas alejadas de las normas de probidad. Lo anterior resulta curioso si se piensa que nuestra normativa establece a la probidad como un factor relevante en cuanto a su regulación y promoción en el ámbito público.
Es así como nuestra legislación resulta insuficiente a la hora de establecer los requisitos para ser elegido alcalde y concejal, pues no se garantiza la honorabilidad de los candidatos, toda vez que estos pueden encontrarse afectados por una sanción administrativa, penal o civil y de igual forma ser candidatos a cargos de elección popular.
Que por lo indicado se hace necesario aumentar el rigor en cuanto a los requisitos para ser elegidos alcaldes y concejales, incorporando en este punto las hipótesis en donde la persona que pretende optar a tales se encuentre sancionada por la ley por la comisión de algún ilícito que afecte, por su naturaleza su honorabilidad.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agréguese una letra F al artículo 73 de la Ley 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades, norma que a continuación se reproduce:
“no haber sido inhabilitado para ejercer algún cargo público”.
15. Informe del diputado señor Ricardo Rincón González, sobre su participación en la reunión de la Subcomisión de Políticas Carcelarias de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlatino, República de Panamá, 27 de noviembre de 2012.
“Honorable Cámara:
Tengo el honor de informar sobre la participación que me correspondió en la “Reunión Subcomisión de Políticas Carcelarias de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias”, en la República de Panamá.
1.- Trabajo de la Subcomisión.
Sesión: 27 de Noviembre de 2012
Los temas abordados por la Subcomisión son los siguientes:
Tema 1: Proyecto de Ley Marco Rebaja de Condena por la Lectura.
Expositor: Diputado Ricardo Rincón González, Presidente y Coordinador de la Subcomisión de Políticas Carcelarias de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano
Tema 11: Informe final sobre la Evaluación del estado del Sistema Carcelario.
2.- Desarrollo de la Subcomisión de Políticas Carcelarias de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias:
Procedí a exponer en mi calidad de autor del Proyecto de Ley Marco de Reducción de Condena por Lectura a los demás miembros de la Subcomisión.
Tema 1: Proyecto de Ley Marco ?Rebaja de Condena por la Lectura?.
Procedí a exponer en mi calidad de autor del Proyecto de Ley Marco de Reducción de Condena por Lectura, a los demás miembros de la Subcomisión.
-Proyecto de Ley Marco ?Rebaja de condena por la lectura de libro?.
El proyecto rebaja de condena por la lectura de libro nace con motivo de la sobrepoblación de los recintos penitenciarios en America Latina y el Caribe, provocando un crecimiento acelerado en las tasas de encierro, excediendo la capacidad instalada en las prisiones. Esto genera graves violaciones a derechos humanos, así como hechos de violencia al interior de los recintos y bajas o casi nulas posibilidades de reinserción social de estas personas.
En este sentido, Brasil ha implementando novedosas medidas como lo es ofrecer a los presos la posibilidad de reducir su pena a través de la lectura voluntaria de libros.
La lectura se adopta como un incentivo al logro de un beneficio carcelario que facilita la reinserción del sujeto en el medio social a quienes estén privados de libertad, provocando un cambio de mentalidad, transformación positiva de la conciencia y mejorando su expresión verbal de los reclusos y reclusas.
-Observaciones:
Solo realizaron observaciones menores, particularmente respecto de la necesidad de excluir expresamente de este tipo de beneficios a los delitos de homicidio, violación, trata de personas y abuso de menores en cualquiera de sus formas.
Se recepcionó además el Informe Penitenciario del Ministerio de Justicia de Chile, el respuesta al cuestionario elaborado por la Subcomisión, dejándose a disposición de los integrantes de la misma para instancias similares en sus países.
-Acuerdos Adoptados en la Subcomisión:
Se aprobó por unanimidad de los miembros de la Subcomisión el Proyecto de Ley Marco de Reducción de Condena por Lectura y se acordó someterlo a la consideración de la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento y aprobación en la primera reunión de la misma en el año 2013, ello con el propósito que de acuerdo al Reglamento del Parlatino dicha propuesta de Ley Marco pueda ser sancionada por la Asamblea Plenaria a fines del presente año en su reunión anual. Se acordó por ultimo poner la vista y aprobación por la Comisión de Derechos Humanos de este Proyecto de Ley Marco en Republica Dominicana , en atención a encontrarse dicho país en pleno proceso de desarrollo el Sistema Modelo Penitenciario de Naciones Unidas
-Tema 11: Informe final sobre la Evaluación del estado del Sistema Carcelario.
Se entrega y se hace una breve síntesis sobre el estado del Sistema Carcelario a los miembros de la Subcomisión.
SESIÓN XXVIII DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO 30 de Noviembre y 1 de Diciembre 2012.
La XXVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), fue instalada por el presidente , diputado Elías Castillo, junto al canciller panameño, Rómulo Roux y el presidente del Parlamento Andino , Héctor Helí Rojas Jiménez.
El Presidente del Parlatino, da la bienvenida a todos los parlamentarios de los Estados miembros de organismo conjuntamente con el discurso inaugural, declarándose abierta sesión.
Se hace mención a las gestiones que se han hecho ante los presidentes y cancilleres de América Latina para consolidar la Comunidad Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Además se da cuenta del trabajo realizado en materia de educación y con ONU Mujeres, destacándose el apoyo del proceso de paz entre las FARC y el Estado Colombiano.
Castillo hace alusión a rol de los parlamentarios en especial en practicar y defender el principio ele separación de los poderes en armónica colaboración, sin que se confunda con sumisión, para que los pesos y contrapesos funcionen en forma balanceada en nuestros sistemas políticos.
Finalmente manifestó que se tiene ser vigilante del pleno respecto de los derechos humanos, de la libertad de expresión y del derecho de recibir información objetiva y veraz, convirtiéndose estos en pilares de la democracia.
1) Pleno del Parlatino:
-Secretario General de la Aladi, el Licenciado Carlos Álvarez los avances en materia de superación de la pobreza y el rol integrador del organismo.
-Informe sobre la Ejecución Presupuestaria aprobado por la Junta Directiva: Propuesta Presupuesto 2013,
Construcción del edifico sede del organismo en Panamá.
El Secretario Ejecutivo Humberto Peláez hace una breve exposición sobre el tema e informa sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas con anterioridad y se solicita la ratificación de la propuesta en orden a dar aprobación de los informes y al Presupuesto 2013.
Luego de un breve debate se adoptan los siguientes acuerdos:
-Ratificar el Informe Financiero y de Ejecución Presupuestaria 2012.
-Aprobar el Presupuesto para el año 2013 con las modificaciones solicitadas ele la Junta Directiva.
-El papel del medio legislativo en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina, proponiéndose una política basada en 4 pilares: Disponibilidad, Acceso, Inocuidad y Seguridad,
Respuesta de los países Latinoamericanos al estado crítico de la economía mundial
-Se solicita la suspensión del Congreso de Paraguay, de formar parte y/o participar en los órganos del Parlatino, por supuestamente haber violado el debido proceso en la destitución del Presidente Constitucional ele su país, Fernando Lugo.
Vista la solicitud y el procedimiento adoptado y los pasos aseguir que corresponden a la Asamblea Ordinaria se procede a la votación: 60 votos a favor, 98 en contra y 26 abstenciones, por lo que se acuerda rechazar la solicitucJ de suspensión de Paraguay como miembro integrante del Parlatino.
2) Elección de los miembros de la Mesa Directiva de Parlamento Latinoamericano.
Se abre el debate sobre particular.
Toma la palabra el Honorable diputado de Chile , Rosauro Martínez y propone una lista de continuidad encabezada por el actual Presidente Elías Castillo.
Bolivia ratifica la propuesta pero pide pluralismo, respeto y equidad de países de género.
Se delibera y se aprueba por aclamación unánime lo siguiente:
MESA DIRECTIVA PARLAMNETO LATINOAMERICANO:
H. Diputado Elías Castillo (Panamá)
Presidente Parlatino
Arquitecto Fernando Cordero Cueva (Ecuador)
Presidente Alterno Parlatino
Senadora Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruz (México)
Secretaría General Parlatino
Diputado Leonardo Cabezas Rodríguez (Cuba),
Secretario General Alterno
Diputada uruguaya Daysi Tourné (Uruguay)
Secretaria de Comisiones del Parlatino .
Diputado Walter Gavidia (Venezuela)
Secretario de Relaciones Interparlamentarias
Diputada Nancy Susana González (Argentina)
Secretaria de Relaciones Interinstitucionales
Senador Jorge Pizarra (Chile)
Presidente Delegado
Doctor Humberto Peláez,
Secretario Ejecutivo
Licenciado Eduardo González
Director General de la Sede Permanente del Parlatino .
Doctor Juan Adolfo Singer.
Presidente del Consejo Consultivo
A continuación se toma el juramento de rigor y asumirán la posesión del cargo al finalizar la asamblea.
3) Elección del Concejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano.
Se propone una lista única que se integrará por los Ex Presidentes del Parlatino.
Se acuerda elegir por aclamación a los 1O miembros del Concejo Consultivo, los que se suman a los miembros Natos (Ex Presidentes del Parlatino):
Luis Rubeo (Argentina)
Laura Carnerio (Brasil)
Luis Fernando Duque (Colombia)
Ramón Pez Ferro (Cuba)
Rolando González Ulloa (Costa Rica)
Ricardo Núñez (Chile)
Fernando Solana (México)
Fernando Carrillo ( Panamá )
Anel Townsend (Perú)
Rafael Correa Flores (Venezuela)
4) Propuestas formuladas por la Junta Directiva para la decisión de la Asamblea.
La Secretaria de Comisiones da a conocer el procedimiento de deliberación y votación. Posteriormente se resumida de las Declaraciones que se someten a la Asamblea Ordinaria.
Se acordaron y aprobaron los siguientes acuerdos:
1.- Declaración de Río +20 (Com. Medio Ambiente).
2.- Declaración sobre la situación de los derechos humanos en el sistema penitenciario hondureño.
3.- Propuesta de resolución sobre las islas Malvinas (Com. A. Políticos).
4.- Propuestas a considerar de la Celac.
5.- Declaración de la Comisión de Pueblos Indígenas y Étnias con motivo de la discusión y aprobación del Proyecto de Ley Marco para rescatar, preservar y promover los idiomas indígenas nacionales.
6.- Declaración de la Comisión de Servicios Públicos a favor de la regulación de la publicidad de alimentos para niños y adolescentes.
7.- Resolución de la Comisión de Equidad y Género, Niñez, y Juventud sobre Compromiso para erradicar el Femicidio en nuestros pueblos latinoamericanos.
8.- Resolución de la Comisión de Equidad y Género, Niñez, y Juventud sobre Compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación.
9.- Resolución sobre una declaratoria del Parlamento Latinoamericano sobre bases mínimas para la gobernanza local, de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la Integración. Se resuelve enviar el documento global a los parlamentos miembros para su consideración y pronunciamiento.
10.- Resolución de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicaciones sobre la realización de estudios de factibilidad cultural.
11.- Resolución de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la Integración en respaldo a la decisión del Gobierno de la República del Ecuador de conceder asilo político al ciudadano australiano señor Julián Paul Assange.
12.- Resolución de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, en relación con el Laudo dictado por el Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi).
13.- Recomendación de la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos y de Equidad de Género, Niñez y Juventud sobre “Prevención de Embarazo Adolescente”.
14.- Resolución de la Comisión de Energía y Minas sobre “Adhesión a las conclusiones del III Diálogo Político Regional sobre Eficiencia Energética realizado por la Cepal.
15.- Negociaciones en el Proceso de Paz en la República de Colombia.
16.- Resolución sobe la retención ilegal del buque escuela Fragata ARA Libertad de la Armada Argentina en la República de Ghana, dispuesta por medida cautelar de la justicia de ese país: Aprobada con modificaciones.
17.- Resolución de rechazo a los desafortunados juicios de valor incluidos en el párrafo 76 de la Resolución del Parlamento Europeo en cuanto a la pertenencia de las Islas Malvinas.
18.- Resolución del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano sobre Red Continental Parlatino de Medios Audiovisuales.
19.- Resolución sobre el día Internacional de las Personas con Discapacidad.
20.- Resolución del Parlamento Latinoamericano de Cara a la 57a Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas.
5) Proyectos de Leyes Marco que se someten por la Junta Directiva para su decisión por la Asamblea.
Aprobación de Proyectos de Leyes Marco en los términos aprobados por las Comisiones respectivas:
1.- Ley Marco para la Protección a las Mujeres y Nirías contra la Violencia (Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional)
2. Ley Marco para Cooperativas de América Latina y el Caribe (Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional).
3. Ley Marco para Rescatar, preservar y promover los idiomas Indígenas (Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias).
4. Proyecto de Ley Marco sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento (Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca; Medio Ambiente y Turismo).
5. Proyecto de Ley Marco de Renta Básica (Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional).
6. Proyecto de Ley Marco para América Latina sobre “La regulación de la publicidad y promociones de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigido a los niños, niñas y adolescentes
7. Proyecto de Ley Marco “El Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria (Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca).
8. Proyecto de Ley Marco de Defensa al Turista como Consumidor (Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor).
9. La Nueva Arquitectura Económica Financiera de América Latina y el Caribe (Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional).
10. Proyecto de Ley Marco de Sistema Integral de Cuidados (Comisión de Asuntos Laborales, previsión Social y Asuntos Jurídicos).
Documentos Adjuntos:
Proyecto de Ley que establece Beneficio Carcelario de Reducción de Condena .
(Fdo.): RICARDO RINCÓN GONZÁLEZ, Diputado de la República ”.
Proyecto de ley que establece beneficio carcelario de reducción de condena por lectura.
I. Fundamentos del proyecto de ley.
Según estudios de la Universidad de Londres1, actualmente Chile tiene una tasa carcelaria de 290 presos por cada 100.000 habitantes, ubicándolo en el lugar número 42 a nivel mundial. i\ nivel regional, el país ocupa el primer lugar dentro de Sudamérica, ubicándose por encima de Uruguay y Brasil, que ocupan los lugares número 45 y 48 del ranking mundial, respectivamente. situándose como segundo y tercero a nivel del subcontinente.
Frente a esta realidad se hace necesario generar mecanismos para descongestionar las cárceles que además favorezcan la reinserción de los individuos privados de libertad en la sociedad. Así surgen soluciones novedosas, siendo una de ellas la de incorporar en la legislación nacional un beneficio consistente en ofh:cer a los presos la posibilidad de reducir su pena a través de la lectura voluntaria de libros.
La lectura siempre se ha asociado a una multiplicidad de beneficios para el ser humano. En palabras de la experta en Sicología de la Educación de la U. Católica, Malva Villalón, “la lectura nos sitúa en el mundo de la comprensión y el manejo de/lenguaje, que es el instrumento más potente del pensamiento”2. Asimismo la lectura favorece el desarrollo de las habilidades blandas del individuo, ya que “la gente que lee más, tiene más temas de los que hablar y está más familiarizada con las formas del discurso, por lo que comprende bien las instrucciones, entabla un buen diálogo plantea puntos de vista y toma la iniciativa”.3
Los beneficios de la lectura revisten una gran imp01iancia en el ámbito penal en relación al rol de prevención especial que tiene asignada la aplicación de una pena. En este sentido Paula Hurtado, asumiendo la postura de Enrique Curic, señala que “la finalidad primordial de la pena es la prevención general (disuasión), pero destaca que las consideraciones de tipo retributivo tienen el mérito de limitar la magnitud de la pena y que la virtud de la prevención especial está en resaltar la importancia de evitar la desocialización del sujeto durante el cumplimiento de la sanción”4. Desde esta perspectiva, la lectura como mecanismo de incentivo al logro de un beneficio carcelario facilita la reinserción del sujeto en el medio social, evitando la resocialización natural producto de la privación de libertad.
Lo anterior reviste gran importancia a la luz de las recomendaciones hechas a Chile por parte de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos5, entidad que el año 2008 realizó un seguimiento a los centros de detención del país, señalando la existencia de deficiencias en los programas de readaptación social, incluyendo el limitado porcentaje de la población carcelaria que tiene acceso a los programas de los Centros de Educación y Trabajo.
La lectura ya ha demostrado sus beneficios a nivel carcelario. Así, por ejemplo, en Paraguay desde hace 10 años que se encuentra en marcha el programa Cirugía de la mente, ideado por Víctor Cabralaños, que ha beneficiado a reclusos de las penitenciarías de Tacumhú, Buen Pastor y el Centro Educativo de Itauguá y cuyo objeto es provocar a través de la lectura un cambio total de mentalidad y la transformación positiva de la conciencia, aumentando la lectura de obras de autoayuda6. Al evaluarse la aplicación de este método, la abogada Alda Cardozo, que colabora en el proyecto ha señalado que el programa genera “el mejoramiento de la expresión verbal de las personas, quienes desarrollan una síntesis del libro y explican e1ímo les afecta en su vida el contenido”.7
El beneficio carcelario de reducción de la pena por lectura se encuentra actualmente en aplicación en Brasil8 desde el 20 de junio de 2012, el ahora Programa Conjunto contenido en la ordenanza N° 276 (Portaria Conjunta N° 276 de 20 de junio de 2012, Disciplina o Projeta da Remicao pela Leitura no Sistema Penitenciario Federal)9, reglamenta la operación del proyecto10. Este proyecto compitió por el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Políticas Criminalese y Penitenciarias del Consejo Nacional de Política y Penitenciaria (CNPCP) en el año 2010. Antes, el Consejo de Justicia Federal (CJF) y la Depen habían señalado al proyecto como un paradigma a seguir para la reinserción social de los presos11. Asimismo, según lo señalado por el director de la Penitenciaría Federal de Cantanduvas , “desde el comienzo del proyecto, más de 200 pesos han visto sus penas reducidas a través de la lectura, aunque al principio los reclusos recibieron el proyecto con recelo, pero hoy en día, apenas ingresan, quieren formar parte de él”. Señala, además, que “el éxito del proyecto ya supera las fronteras de Brasil, pues China quiere conocer el modelo, para lo que enviará representantes a visitar la cárcel”.
En Brasil, no sólo se ha adoptado esta modalidad como beneficio carcelario, sino que también desde abril de 2012, por iniciativa del Juez Mallmann, se implementó en el presidio de Santa Rita do Sapucai un bencticio de pedaleo, consistente en que por cada 16 horas de pedaleo de bicicletas fijas que cargan baterías para iluminar una plaza de noche, los reclusos pueden reducir en un día sus penas de prisión, lo que genera un beneficio para la sociedad, según el juez”.
Así, atendiendo a estas innovadoras iniciativas, y en particular por los beneficios que implica la lectura para todo individuo en los diversos ámbitos de su vida y los que puede traer en el caso de las personas privadas de libertad, es que el presente proyecto tiene por objeto modificar la Ley N° 19.856 que “Crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta”, estableciendo el beneficio de que por cada obra literaria leída y habiendo cumplido los requisitos que se exigen para impetrar el beneficio, se reduzca en cnatro días la condena.
La incorporación del proyecto a esta ley, está destinada a establecer una armónica regulación de beneficios carcelarios que persiguen fines y se regulan de modo similar. En este sentido, al beneficio de reducción de condena por lectura de libros que se propone, le resultarán aplicables las normas de la Ley N° 19,856 relativas a: i) competencias del órgano calificador del beneficio y el procedimiento a seguir ii) límites a la aplicación del beneficio del a11ículo 17°, entre ellos, la exclusión de los condenados a presidio perpetuo, sea simple o calificado, entre otras.
II. Proyecto de ley.
Artículo único.- Modificase la ley N” 19.856 que “Crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta”, de la siguiente forma:
1) Agrégase al artículo 1o a continuación del punto a parte que pasa a ser una coma, lo siguiente: “o por el uso del beneficio de reducción de días de condena por lectura”.
2) Agrégasc en el Título I el siguiente párrafo: “Párrafo Beneficio de Remisión por Buena Conducta”, abarcando este párrafo desde el artículo 2 al 9.
3) Agrégase el siguiente Párrafo:
“Párrafo 2°: Beneficio de Reducción de Condena por Lectura.
Artículo 9 bis.- Contenido del Beneficio. La persona que durante el cumplimiento efectivo de una condena privativa de libertad se comprometa a dar lectura a alguno de los libros establecidos en el reglamento, podrá acceder, previo cumplimiento de los requisitos de evaluación, a 4 días de reducción de la condena, por libro leído, no pudiendo superar la reducción de condena a un máximo de 48 días en total por cada año de cumplimiento.
Artículo 9 ter.- Momento en el que se hace efectiva la reducción de la pena.- El beneficio de remisión por lectura tendrá lugar sólo en el momento en que se diere total cumplimiento a la pena impuesta, una vez aplicadas las rebajas que correspondieren de acuerdo a lo dispuesto en el presente título.
De esta forma, se entenderá que se da cumplimiento a la pena una vez transcurrido el tiempo de cumplimiento fijado en la condena originalmente impuesta, menos el descuento que, por aplicación de este título, fuere del caso aplicar.
Artículo 9 quater.- Requisitos que deben cumplir los condenados para acceder al beneficio:
l. Participar de manera voluntaria;
2. Saber leer y escribir en forma fluida;
3. Dar lectura a la obra dentro del plazo de entre 7 a 30 día .
4. Presentar, al final de la lectura, una reseña sobre el tema que se limitará al contenido ele la obra y que deberá cumplir los requisitos formales que contemple el reglamento respectivo.
5. Aprobar la evaluación de la reseña literaria conforme a los parámetros que determine el reglamento, los que en ningún caso podrán incorporar requisitos adicionales al postulante que obstaculicen el acceso a este beneficio.
Artículo 9 quinquies.- Caducidad del Beneficio.- Constituyen causales de caducidad del beneficio las siguientes:
l. El incumplimiento de los plazos establecidos para la lectura de la obra.
2. La inobservancia de los requisitos de presentación de la reseña literaria.
3. El plagio de la reseña exigida al final de la lectura.
4. Pérdida, destrucción, deterioro manifiesto o inutilización del libro asignado
4) Modifícase el artículo 1O de la siguiente forma:
a) Sustitúyase en el inciso primero la expresión “de comportamiento necesaria” por “del cumplimiento de los requisitos necesarios”.
Artículo 13 bis.- Calificación y procedimiento del beneficio de remisión por lectura. La calificación para la obtención del beneficio se hará semestralmente respecto de todo interno que estuviere cumpliendo sentencia ejecutoriada, de los cuales se verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Párrafo del Título 1 y los establecidos en el reglamento respectivo.
6) Sustitúyase en inciso primero del artículo 14 por el siguiente:
“Quienes, cumpliendo con los requisitos establecidos en los Párrafos 1 y 2 del Título l de la presente ley, estuvieren en condiciones de solicitar los beneficios de reducción de condena por conducta o por lectura, elevarán solicitud para ante el Presidente de la República , a través del Ministro de Justicia ”.