Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Gustavo Hasbun Selume
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Guillermo Ceroni Fuentes
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Javier Hernandez Hernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Harboe Bascunan
- PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Browne Urrejola
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- FUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- INTEGRACIÓN
- Felipe Ward Edwards
- Celso Rene Morales Munoz
- Rene Fernando Saffirio Espinoza
- Pepe Auth Stewart
- German Becker Alvear
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA
- FACULTAD A MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA AUTORIZAR FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES (Primer trámite constitucional)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Romilio Gutierrez Pino
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- PERFECCIONAMIENTO DE TÍTULOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS (Segundo trámite constitucional) [Preferencia]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Andrea Molina Oliva
- INTERVENCIÓN : Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- FACULTAD A MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA AUTORIZAR FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES (Primer trámite constitucional)
- VI. INCIDENTES
-
PREOCUPACIÓN POR TARDANZA EN ENTREGA DE RECURSOS
ADEUDADOS A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA (Oficios)
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Manuel Rojas Molina
- Felipe Ward Edwards
- Pepe Auth Stewart
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- Jorge Eduardo Sabag Villalobos
- Ramon Farias Ponce
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- ADHESION
-
RECHAZO A MALTRATO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y
DE SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZAACIÓN DURANTE
FISCALIZACIÓN A BENEFICIARIOS DE
SUBSIDIOS HABITACIONALES (Oficios)
- ADHESION
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ramon Farias Ponce
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Denise Pascal Allende
- Cristian Campos Jara
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ramon Farias Ponce
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
-
RAZONES DE RECHAZO DE LICENCIAS MÉDICAS EN REGIÓN
DE LOS LAGOS (Oficios)
- ADHESION
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Denise Pascal Allende
- Cristian Campos Jara
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Ramon Farias Ponce
- Rodrigo Gonzalez Torres
- ADHESION
-
ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE PÉRDIDA DE COLONIAS DE ABEJAS
EN QUILLÓN (Oficios)
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Cristian Campos Jara
- ADHESION
- PRONUNCIAMIENTO SOBRE PROCEDENCIA DE FRANQUICIA PARA TRASPASO DE CARROBOMBA A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN (Oficio)
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Cristian Campos Jara
- ADHESION
-
PREOCUPACIÓN POR TARDANZA EN ENTREGA DE RECURSOS
ADEUDADOS A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. ANEXO DE SESIÓN
- PETICIÓN A CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DE HACERSE PARTE EN QUERELLAS POR EVENTUAL USO INDEBIDO DE FONDOS DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL POR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS (Oficios)
- COMPENSACIÓN ECONÓMICA A FAMILIAS AFECTADAS POR ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN POBLACIÓN CECIL RASMUSSEN , COMUNA DE PUNTA ARENAS (Oficios)
- EVALUACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE NUEVA COMISARÍA EN SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DOCUMENTO ANEXO
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carolina Goic Boroevic
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Denise Pascal Allende
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Monica Beatriz Zalaquett Said
- Enrique Accorsi Opazo
- Jose Ramon Barros Montero
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DOCUMENTO ANEXO
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 49ª, en jueves 18 de julio de 2013
(Ordinaria, de 10.13 a 12.47 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo; Godoy Ibáñez, don Joaquín, y Delmastro Naso, don Roberto
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- INCIDENTES
VII.- ANEXO DE SESIÓN
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 9
II. Apertura de la sesión 13
III. Actas 13
IV. Cuenta 13
- Fusión de proyectos de ley 13
- Integración de Comisión Mixta 14
V. Orden del Día.
- Facultad a Ministerio de Educación para autorizar funcionamiento de jardines infantiles (Primer trámite constitucional) [boletín N° 8859-04] 14
- Perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas (Segundo trámite constitucional) [Preferencia] [boletín N° 8150-09] 40
VI. Incidentes.
- Preocupación por tardanza en entrega de recursos adeudados a gobierno regional de Antofagasta (Oficios) 49
- Rechazo a maltrato del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de Servicios de Vivienda y Urbanización durante fiscalización a beneficiarios de subsidios habitacionales (Oficios) 50
- Razones de rechazo de licencias médicas en Región de Los Lagos (Oficios) 54
- Adopción de medidas ante pérdida de colonias de abejas en Quillón (Oficios) 54
- Pronunciamiento sobre procedencia de franquicia para traspaso de carrobomba a cuerpo de bomberos de Quillón (Oficio) 55
VII. Anexo de sesión.
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 56
- Petición a Consejo de Defensa del Estado de hacerse parte en querellas por eventual uso indebido de fondos de subvención escolar preferencial por Corporación Municipal de Punta Arenas (Oficios) 56
- Compensación económica a familias afectadas por rotura de matriz de agua en población Cecil Rasmussen, comuna de Punta Arenas (Oficios) 57
- Evaluación sobre instalación de nueva comisaría en sector norte de Punta Arenas (Oficios) 57
Pág.
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia, para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas.”. (boletín N° 8150-09) (S). (198-361) 59
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicación al proyecto sobre “Seguridad privada.”. (boletín N° 6639-25). (139-361) 59
3. Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a algunas de las modificaciones propuestas al proyecto sobre “Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.”. (boletín N° 8270-08). (550/SEC/13) 60
4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las enmiendas introducidas al proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad.”. (boletín N° 8677-07) (S). (551/SEC/13) 60
5. Proyecto iniciado en moción de los señoras diputadas Goic, doña Carolina; Cristi, doña María Angélica; Hoffmann, doña María José; Pascal, doña Denise; Sepúlveda, doña Alejandra; Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Accorsi, Barros, Chahín y Torres, sobre “Prevención y protección del embarazo adolescente”. (boletín N° 9033-18) 61
6. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados la resolución por la que informa que declara admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo. Rol 2470-13-INA. (8766) 68
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
- Comunicación del jefe de bancada de diputados de Comité Unión Demócrata Independiente, por el cual informa que el diputado señor Velásquez, ocupara el cupo que tiene disponible para que integre la Comisión Investigadora sobre los Derechos de los Consumidores.
- Comunicación del Jefe de Bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el Diputado señor Gustavo Hasbún reemplazará al diputado señor Edmundo Eluchans en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.
- Comunicación del diputado señor Ceroni, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que debió permanecer en reposo el día jueves 18 de julio próximo pasado.
2. Oficio:
- Oficio de la Comisión de Familia, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s 6745-18 y 9013-18, ambos en primer trámite constitucional, en consideración a la directa relación de las ideas matrices referidas a la adopción. En Tabla.
Respuestas a oficios
Contraloría General de la República:
- Diputado Chahín , Situación de despidos que se han producido en la Municipalidad de Lonquimay luego de la asunción del nuevo alcalde. (43253 al 9709).
Ministerio de Interior:
- Diputado Carmona, Informe Final N° 6, de 2013, sobre Descuentos Efectuados al Personal del Departamento de Educación de la Municipalidad de Copiapó , elaborado por el Contralor Regional de Atacama, en el que constata eventuales irregularidades en el pago de terceros, de descuentos realizados a las remuneraciones; y las acciones que se adoptarán para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. (4209 al 11274).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
- Diputado Accorsi, Tenga a bien remitir antecedentes estadísticos sobre las cifras correspondientes a las personas con discapacidad que se desempeñan en su cartera; desglosadas por región y clasificadas por género y calidad en que se ejerce el cargo. (5431 al 11145).
- Diputado Campos , Incorporar a la brevedad en la mesa de trabajo consagrada en la ley N° 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley Nº 18.892 y sus modificaciones a los dirigentes del sector pesquero, en especial a la federación de sindicatos de la industria pesquera y a los tripulantes y embarcados del sector industrial, toda vez que se ha informado que la referida mesa de trabajo instalada el 21 de marzo pasado sólo incluyó a los señores subsecretarios. (5433 al 4829).
- Diputado Araya , Tenga a bien realizar un estudio del real estado de la red de distribución de agua potable en la Región de Antofagasta, operada por la empresa Aguas Antofagasta S.A., como asimismo, informe sobre el Plan de Inversiones ejecutado por la dicha empresa durante los 10 años de la concesión. (5435 al 11576).
Ministerio de Educación:
- Diputado Venegas don Mario, diputado González, diputada Sepúlveda doña Alejandra, diputada Girardi doña Cristina, acciones solicitadas por el señor Rector de la Universidad de Valparaíso para acoger a 50 alumnos de medicina de la Universidad del Mar, contenidas en su Oficio N° 427, de 31 de mayo de 2013. (202 al 11872).
- Diputado Espinosa don Marcos, Tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con los proyectos habitacionales que se encuentren posiblemente afectando el patrimonio histórico cultural y de alto contenido arqueológico de la comuna de Calama, Región de Antofagasta. (2412 al 5125).
Ministerio de Salud:
- Diputado Chahín , Situación de la menor Camila Alejandra Espinoza Henríquez, diagnosticada con hipertrofia adenoamigdatiana en 2011 en el hospital de Galvarino y derivada mediante interconsulta al hospital de Temuco, sin que a la fecha haya obtenido hora de atención, disponiendo las medidas que correspondan a fin de otorgarle una solución. (1082 al 11587).
Ministerio de Minería:
- Diputada Molina doña Andrea, Solicita remita un catastro de los pagos efectuados a la fecha de las patentes mineras de los pequeños mineros de la Provincia de Petorca , Región de Valparaíso. (419 al 11428).
- Diputado Robles, Contaminación que genera la fundición Hernán Videla Lira, en la comuna de Tierra Amarilla; y, disponga una evaluación acerca de la gestión ambiental de la empresa (420 al 10350).
Ministerio Público:
- Diputado Espinosa don Marcos, Informar sobre el estado de avance y el fiscal a cargo de la investigación, en relación con la desaparición de la joven Daniela Trigo Pizarro de la comuna de Calama, Región de Antofagasta. (463 al 5153).
Ministerio Medio Ambiente:
- Diputado Silber, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el proyecto que la empresa Aguas Santiago Norte S.A. pretende realizar en el sector de la Hacienda Batuco de la comuna de Lampa, Región Metropolitana. (132565 al 11840).
- Diputado Robles, Querella por presunto delito ambiental presentada por los vecinos del sector de Aguas Buenas, del sector alto de San Antonio, en la V Región contra la empresa Tecnorec, que procesa baterías plomo en dicho lugar, y para que informe sobre la necesidad de exigir estudio de impacto ambiental para autorizar el funcionamiento de empresas que trabajen con plomo. (132567 al 11857).
Intendencias:
- Diputado Robles, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con los criterios considerados en el proceso de evaluación ambiental de las plantas y proyectos que procesan residuos peligrosos. (1102 al 11899).
- Diputado Sandoval, Informar sobre las cifras correspondientes a la cantidad de subsidios otorgados para la compra de viviendas en la región, a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda con la “modalidad colectiva sin proyecto”; como asimismo, indique cuántos de estos subsidios se han materializado con la adquisición de una vivienda, precisando la fecha de otorgamiento del mencionado beneficio. (1309 al 11654).
- Diputado Sandoval, Informar sobre las cifras correspondientes a la cantidad de subsidios otorgados para la compra de viviendas en la región, a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda con la “modalidad colectiva sin proyecto”; como asimismo, indique cuántos de estos subsidios se han materializado con la adquisición de una vivienda, precisando la fecha de otorgamiento del mencionado beneficio. (1407 al 11650).
- Diputado Chahín, Estado de avance del proyecto de agua potable rural para el sector Curileo Llamuco de la comuna de Vilcún o del programa de abasto de aguas que se habría instaurado en su reemplazo. (2177 al 11699).
- Diputado Carmona, Razones que impidieron al señor Tomás Armando Robles Segovia acceder al cargo de director de la escuela diferencial María Luz Lanza Pizarro, de la ciudad de Copiapó, considerando sus antecedentes laborales y académicos. (2610 al 11731).
- Diputado Sandoval, Tenga a bien informar sobre la cantidad de solicitudes de regularización de títulos de propiedad, cuya vigencia sea superior a cinco años, de cada comuna de la región. (2665 al 11054).
- Diputado Núñez, Informe sobre las cifras correspondientes a los presupuestos para los programas y fondos concursables señalados en la solicitud adjunta; como asimismo, remita la copia de las bitácoras del año 2013 de los vehículos fiscales asignados a esta gobernación. (615 al 11519).
- Diputado Walker, Solicita tenga a bien disponer al fiscalización de la empresa pesquera ubicada en la calle Francisco Cabello N°367, sector Punta Mira de la comuna de Coquimbo; e informe a esta Corporación de sus resultados. Asimismo, se solicita la remisión de los antecedentes correspondientes a las fiscalizaciones, multas y sanciones cursadas hasta la fecha, a la referida empresa por el servicio a su cargo. (719 al 11055).
Servicios:
- Diputado Silber, Informe sobre las materias expuestas en la solicitud adjunta, en relación con la situación que afecta a doña Adriana del Pilar Mancilla, individualizada en la solicitud adjunta. (11274 al 11470).
- Diputada Molina doña Andrea, Tenga a bien disponer las medidas que sean procedentes, en relación con la situación que afecta a don Benito Molina Ávalos, descrita en la solicitud y antecedentes adjuntos. (132 al 5040).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Solicita tenga a bien analizar y disponer las medidas que sean procedentes para aumentar la fiscalización del tránsito en el sector de San Enrique de la comuna de Chimbarongo, Región de O'Higgins. (521 al 5099).
- Diputado Díaz don Marcelo, Solicita tenga a bien remitir antecedentes estadísticos que permitan analizar la causa, tipología y cantidad de accidentes del tránsito por grupo etario, con el objeto de elaborar medidas legislativas sobre la materia. (545 al 11767).
Varios:
- Diputado Araya , Informe sobre los motivos para suspender el funcionamiento de la cuenta en la red social Twitter denominada @carab_antof; como asimismo, evaluar la posibilidad de autorizar nuevamente la activación de dicha cuenta. (527 al 11577).
X. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
- Diputado Hernández, Informar sobre el programa interactivo antiadicciones lanzado recientemente por el servicio a su cargo, indicando las metas trazadas y problemas que se pretender abordar. (12071 de 10/07/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputado Hernández, Informar sobre los motivos que causaron desperfectos en la implementación del sistema para reacreditar planteles libres de enfermedades por parte del servicio a su cargo, indicando los plazos fijados para solucionar estos inconvenientes. (12072 de 10/07/2013). A servicios.
- Diputado Chahín , Informar sobre el uso de cañerías plansa negra o polietileno de baja densidad en la construcción de obras relativas al agua potable rural del sector de Millalén Zapata de la comuna de Perquenco de la Región de La Araucanía. (12097 de 11/07/2013). A intendencias.
- Diputado Chahín , Informar sobre la situación que afecta a doña María Calluil Ondiqueo, descrita en la solicitud adjunta. (12098 de 11/07/2013). A Ministerio Público.
- Diputado Chahín , Informar sobre la situación que afecta a doña Helia Ferreira Ramírez, descrita en la solicitud adjunta. (12099 de 11/07/2013). A Ministerio de Interior.
- Diputado Harboe, Remitir los antecedentes jurídicos y técnicos considerados para proceder a la suspensión de la modalidad de venta vía telefónica de diversos productos de empresas de telecomunicaciones y de su posterior restablecimiento 5 días después. (12107 de 11/07/2013). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Diputado Browne, Remita información sobre los bienes inmuebles ubicados en las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo y San Miguel de la Región Metropolitana, cuyo dominio pertenece a la cartera a su cargo. (12110 de 12/07/2013). A Ministerio de Bienes Nacionales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (87)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Oliva, Andrea UDI V 10
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8
Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Concurrió, además, la ministra de Obras Públicas , señora Loreto Silva Rojas.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.13 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 43ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 44ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
FUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición formulada por la Comisión de Familia, por la que solicita, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el acuerdo de la Sala para refundir el Boletín N° 6745-18, que otorga prioridad para hacer adoptantes a aquellos padres guardadores que estén a cargo de un niño menor de dos años por un período igual o superior a ochos meses ininterrumpidos, y el Boletín N° 9013-18, que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, en relación con los guardadores y familias de acogida, ambos en primer trámite constitucional, en consideración a la directa relación de sus ideas matrices referidas a la adopción.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, originado en mensaje, que regula la actualización de los padrones electorales (Boletín Nº 8972-06), con los diputados señores Felipe Ward, Celso Morales, René Saffirio, Pepe Auth y Germán Becker.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
FACULTAD A MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA AUTORIZAR FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES (Primer trámite constitucional)
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga facultad al Ministerio de Educación para autorizar el funcionamiento de jardines infantiles y modifica los cuerpos legales que indica.
Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Deportes y Recreación, y de Hacienda son los señores Romilio Gutiérrez y Alejandro Santana, respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8859-04, sesión 8ª de la presente legislatura, en 2 de abril de 2013. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, sesión 42ª de la presente legislatura, 2 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 48ª de la presente legislatura, en 17 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente , ¿no hay presencia del Ejecutivo para la discusión de este proyecto de ley?
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Al igual que usted, señor diputado, observo que no hay representantes del Ejecutivo.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación.
El señor GUTIÉRREZ, don Romilio (de pie).-
Señor Presidente , por especial encargo de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, paso a informar el proyecto de ley que otorga facultad al Ministerio de Educación para autorizar el funcionamiento de jardines infantiles, en primer trámite constitucional y primero reglamentario.
Cabe hacer presente que esta iniciativa legal tiene su origen en el Ejecutivo , que ha interpuesto la urgencia para su tramitación, calificándola de suma.
La idea matriz del proyecto consiste en exigir una autorización para funcionar a todos los centros educacionales que entreguen educación integral a niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, la que será otorgada por el Ministerio de Educación.
Dicha autorización combina requisitos que garantizan estándares de calidad para todos los centros de educación parvularia del país, velando así por el bienestar de los niños, con la flexibilidad necesaria para que distintos establecimientos puedan crear proyectos educativos diversos que reflejen las necesidades y los intereses de sus niños y comunidades, respetando el derecho constitucional y universal de los padres como principales educadores de sus hijos.
Junto con establecer la facultad de autorizar el funcionamiento, estableciendo los requisitos para su obtención, esta iniciativa otorga a la Superintendencia de Educación la potestad de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la mantención de la autorización en todos los establecimientos que imparten educación parvularia y la facultad para sancionarlos en caso de incumplimiento de los mismos, sanción que puede consistir en una simple amonestación y hasta en la clausura del establecimiento o la inhabilitación del sostenedor.
Por último, y con el objeto de dar un mayor resguardo a la integridad y seguridad de los niños, se propone modificar el artículo 177 del Código Procesal Penal, aumentándose las multas aplicables en caso de no cumplirse con la obligación de denunciar aquellos delitos que afectaren a los párvulos y que hubieren tenido lugar en jardines infantiles.
Es importante destacar que, en el seno de la Comisión, este proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Ello se debe a que es transversal la necesidad de regular esta materia, ya que en la actualidad las salas cuna y jardines infantiles no requieren cumplir con requisitos mínimos para poder funcionar, y en la existencia de diversas entidades que otorgan distintos tipos de certificaciones, con exigencias y propósitos diferentes.
Por una parte, los municipios establecen ciertas exigencias referidas a infraestructura y sanidad, que difieren según sea el permiso requerido (patente comercial, autorización, etcétera). Por otra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles ( Junji ) dispone algunos requisitos comunes con los municipios y, además, otros relacionados con el personal, material didáctico y mobiliario, para otorgar un empadronamiento a aquellas salas cunas que atienden a hijos de madres trabajadoras, según lo establece la legislación laboral en el artículo 203 del Código del Trabajo, y a todos los centros que voluntariamente quieran empadronarse.
Finalmente, el Ministerio de Educación otorga el reconocimiento oficial a aquellos establecimientos que ofrecen el servicio de educación parvularia y que, voluntariamente, quieran contar con este sello, en cuyo caso las exigencias, además de las anteriores, tienen que ver con requisitos que deben cumplir los sostenedores referidos a normas sobre capital mínimo y bases curriculares, entre otras.
No existe una política nacional que asegure un estándar igual para todos los jardines infantiles y salas cuna.
Ninguna entidad independiente a los centros educativos, como el Ministerio de Educación o la Superintendencia de Educación, tiene la facultad de fiscalizar y sancionar a los establecimientos que imparten educación parvularia que no estén reconocidos oficialmente por el Estado.
En efecto, actualmente, la legislación otorga a la Junji la facultad de supervigilar a los establecimientos de educación parvularia; sin embargo, dicha entidad no tiene atribuciones para sancionar a los centros educativos, poniendo en riesgo la seguridad de los niños.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles concentra las facultades de proveer educación parvularia, empadronar centros educativos y fiscalizar a todos los establecimientos que otorguen educación parvularia del país, facultades establecidas en la normativa que la rige hace más de cuarenta años y que, probablemente, respondía de manera adecuada a las necesidades de ese momento.
En la actualidad, existe consenso respecto de los inconvenientes que presenta el hecho de que una misma institución que provee educación parvularia sea la encargada de empadronar y fiscalizar a todos los jardines infantiles del país, pues existen evidentes conflictos de inte-reses al ser juez y parte. Así lo han recomendado diversos informes nacionales (Ministerio de Hacienda, 2008) e internacionales (Banco Mundial, 2009).
Por ello, la ley N° 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y su Fiscalización, responde precisamente a este mismo conflicto en la educación escolar y separa la fiscalización y la evaluación de la calidad de las funciones del Ministerio de Educación, creando dos instituciones independientes que tendrán por tarea dichas funciones.
En esta misma dirección se pretende avanzar con el nivel de educación parvularia, concentrándose la Junji en su rol de proveedora, mientras que las funciones de fiscalización y autorización serán asumidas por la Superintendencia y el Ministerio de Educación, respectivamente.
Con este proyecto de ley, la institucionalidad de la educación parvularia se moderniza, en línea con las modificaciones realizadas a nivel escolar. Así, el Ministerio de Educación fortalece su rol rector y articulador en educación, elaborando las políticas públicas del área y otorgando la autorización de funcionamiento a los establecimientos que imparten educación parvularia. La Superintendencia de Educación será la encargada de la fiscalización del cumplimiento de la normativa y la Junta Nacional de Jardines Infantiles se focaliza en sus funciones de provisión de educación parvularia.
Para el análisis de esta iniciativa asistieron, en orden de comparecencia, el subsecretario de Educación , señor Fernando Rojas Ochagavía ; la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, señora María Francisca Correa ; la presidenta de la Asociación Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, señora Julia Requena Castillo , y el presidente de la Asociación Pro Funcionarios Junji, señor Cristián San Martín Romo .
También se contó con la colaboración de la ministra de Educación , señora Carolina Schmidt Zaldívar ; del presidente de la Fundación “Educación 2020”, señor Mario Waissbluth Subelman ; de la directora de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad del Desarrollo, señora Jimena Díaz Cordal , y de la directora de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Autónoma, señora Mónica Morales Seguel .
Vuestra Comisión, acogiendo varias proposiciones de los invitados antes nombrados, introdujo mejoras importantes al texto original del proyecto, considerándose ello un significativo avance. Tal es así que se presentaron veinte indicaciones y siete de ellas fueron aprobadas.
En definitiva, este proyecto de ley consta de catorce artículos permanentes y nueve artículos transitorios, y ninguno de ellos requiere de quorum especial para su aprobación.
A su discusión en general y en particular asistieron las diputadas María José Hoffmann y Cristina Girardi , y los diputados Aguiló , Becker , Bobadilla , González , Kast , Montes, Monsalve, Rojas , Silber , Venegas , Verdugo y quien les habla.
Por lo dicho y por la evidente importancia de esta materia para las familias chilenas con hijos pequeños, solicito el voto a favor del proyecto de ley en informe.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor SANTANA (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley consistente en modernizar la institucionalidad de la educación parvularia en el país mediante la autorización de funcionamiento que entregará el Ministerio de Educación a los establecimientos que impartan educación parvularia, la fiscalización del cumplimiento de la respectiva normativa por parte de la Superintendencia de Educación y la provisión de las funciones propias de la educación parvularia por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ( Junji ).
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión la señora Carolina Schmidt , ministra de Educación , y el señor Fernando Rojas , subsecretario de dicha cartera.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 12 de marzo de 2013, señala que el gasto anual total para la Superintendencia es de 2.373.077 miles de pesos al asumir las funciones de fiscalización de la mantención de los requisitos que dieron origen a la autorización de funcionamiento de los jardines infantiles, cursar los procedimientos en caso de pérdida de alguno de los requisitos y determinar y aplicar las sanciones que procedan.
No obstante, existe por otra parte un ahorro de 1.240.147 miles de pesos al dejar Junji esta tarea y traspasar recursos a la superintendencia. Así, el gasto marginal de este proyecto es de 1.132.930 miles de pesos.
En el debate en la Comisión, la señora Carolina Schmidt hizo presente que el proyecto contempla un nuevo marco regulatorio para la instalación y funcionamiento de salas cuna y jardines infantiles.
Sostuvo que el impacto de la educación parvularia en el desarrollo futuro de las niñas y de los niños es mayor que en cualquier otro nivel educativo, pues el 80 por ciento de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales, se adquieren en los primeros años de vida, por lo que el retorno de la inversión en su educación temprana es gigantesco, especialmente para los niños más vulnerables.
Planteó, sin embargo, que hoy en Chile es más fácil abrir una sala cuna o jardín infantil que una botillería, porque basta para ello con la obtención de una patente o autorización municipal, previo cumplimiento de ciertas exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Si bien existen algunas certificaciones para estos establecimientos, ellas son voluntarias y tienen fines específicos. Por ejemplo, el reconocimiento oficial (RO) del Estado, que solo requieren aquellos establecimientos que reciben subvención y siguen el currículum oficial, y el empadronamiento que entrega la Junji a aquellos establecimientos que reciben niños en virtud del artículo 203 del Código del Trabajo, que son las salas cuna que deben pagar los empleadores a sus trabajadoras cuando tienen al menos veinte de ellas contratadas.
La fiscalización es otro tema que no está resuelto en nuestro sistema, pues la Junji tiene facultades para efectuarla, pero escasas atribuciones para sancionar, mientras que la Superintendencia de Educación tiene atribuciones únicamente respecto de aquellos establecimientos que voluntariamente han obtenido el RO del Estado.
Así las cosas, no existe un instrumento legal obligatorio que permita asegurar que todos los jardines infantiles y salas cuna cumplen con las exigencias fundamentales para resguardar en forma adecuada el bienestar de los niños. Por esa razón, el proyecto en análisis crea una autorización obligatoria para todos los jardines infantiles y salas cuna, que establece los requisitos fundamentales para poder operar y que será entregada por el Ministerio de Educación.
Por otra parte, el proyecto avanza hacia un nuevo marco institucional para la educación parvularia, separando las funciones de autorización, provisión del servicio y fiscalización, y elevando las exigencias para resguardar de forma adecuada el bienestar de los niños. Asimismo, separa el rol de la Junji, evitando que sea juez y parte, potenciándola como una institución proveedora de educación parvularia, y entrega a la Superintendencia de Educación Escolar las atribuciones y herramientas necesarias tanto para fiscalizar el cumplimiento permanente de los requisitos que permitieron obtener la autorización de funcionamiento como para establecer infracciones y sanciones, que irán desde amonestaciones hasta la clausura del establecimiento.
En el período de transición hacia la plena aplicación de la ley en proyecto, las salas cuna y jardines infantiles que se creen a partir de su entrada en vigencia deberán contar inmediatamente con la autorización del Mineduc para poder funcionar. En tanto, aquellos establecimientos que ya estén operando tendrán un plazo de tres años para obtener la autorización de funcionamiento y, durante ese mismo período, las certificaciones otorgadas por la Junji mantendrán su validez.
Por otro lado, el traspaso de funcionarios de la Junji al Ministerio y a la Superintendencia de Educación se realizará mediante concurso interno y, de no alcanzarse la dotación suficiente, podrá completarse mediante el traspaso directo del personal que cumpla funciones afines en la Junji. Estos traspasos de personal no podrán tener como consecuencia ni ser considerados causal de término de servicios, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado, como tampoco podrán significar modificación de sus derechos previsionales. Al personal traspasado no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 107 de la ley N° 20.529, que consagra el despido por “necesidades de la Superintendencia”. Los funcionarios traspasados, encasillados o contratados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. El traspaso será sin solución de continuidad, manteniéndose la calidad jurídica que cada funcionario tenía a la fecha de publicación de la nueva ley.
Consultada al respecto, señaló que no habrá traspaso de funcionarios desde el Mineduc a la Superintendencia, sino únicamente desde la Junji, por ser este el organismo que actualmente ejerce la labor fiscalizadora sobre los establecimientos parvularios.
Para concluir, resaltó la importancia del proyecto para cambiar una realidad que durante mucho tiempo ha estado oculta en el país y que ha salido a la luz pública con graves consecuencias para nuestros niños.
La señora Ministra de Educación respondió a las inquietudes e interrogantes de los diputados presentes y señaló, en primer lugar, que este proyecto no disminuye, sino que potencia a la Junji en su rol de proveedor de servicio educacional parvulario. El problema es que actualmente dicho organismo tiene también un rol fiscalizador, que no es obligatorio para todos los establecimientos ni le permite aplicar sanciones, razón por la cual se propone encomendar éste a la Superintendencia de Educación Escolar.
En segundo lugar, aclaró que, a diferencia de la Agencia de Calidad, la Superintendencia de Educación sí tiene sedes regionales, precisamente por la labor que le compete realizar.
Respecto del reglamento de la nueva ley, aseguró que sus disposiciones no impedirán a los establecimientos de educación preescolar desarrollar sus proyectos educativos propios, como sí ocurre con el que regula la obtención del reconocimiento oficial del Estado, en cuanto exige cumplir el currículum oficial. Por ello los colegios Montessori no cuentan con RO.
En relación con el otorgamiento de la autorización de funcionamiento, señaló que ello es congruente con lo que sucede actualmente, ya que es el Mineduc el que entrega el reconocimiento oficial del Estado para efectos de acceder a la subvención escolar o acredita a las salas cuna que deben proveer los empleadores. Del mismo modo, el Mineduc deberá verificar el cumplimiento de los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento y la Superintendencia será la encargada de supervisar que ellos se mantengan en el tiempo.
La Comisión de Educación, Deportes y Recreación dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de la totalidad del proyecto aprobado por ella.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
El diputado señor Robles solicitó votación separada del inciso segundo del artículo 2º.
El diputado señor Lorenzini formuló la siguiente indicación al artículo 14 del proyecto, con el objeto de precisar el período de financiamiento del mayor gasto fiscal que indica: para agregar entre las palabras “año” y “de” la palabra “presupuestario”.
Puesto en votación el proyecto, los artículos 1°, inciso primero del artículo 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 14, con la indicación antes consignada, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes. El inciso segundo del artículo 2° y los artículos primero, cuarto y quinto transitorios fueron aprobados por 10 votos a favor y 1 voto en contra.
Tratado y acordado en sesión de fecha 9 de julio de 2013, con la asistencia de los diputados señores Marinovic , Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Montes, Ortiz , Recondo , Robles , Santana, Silva y Von Mühlenbrock , según consta en el acta respectiva.
Concurrieron, además, los diputados señores Cristián Campos y Ricardo Rincón .
Es cuanto puedo informar a esta Sala.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.
El señor SANDOVAL .-
Señor Presidente , obviamente, habría sido interesante que estuviera presente en la Sala algún representante del Ejecutivo.
Este proyecto va en la dirección correcta, y no me cabe la menor duda de que contará con el respaldo de todos los miembros de nuestra bancada. Y ese apoyo se sustenta en una serie de gestiones que iniciamos los diputados Manuel Rojas, Romilio Gutiérrez y quien habla para esclarecer qué se entendía por autorización o certificaciones de autorización, lo que antiguamente se denominaba empadronamiento. Se trata de un tema no menor, en un ámbito en el que muchas veces se producían delitos relacionados con jardines infantiles, porque faltaba control y supervisión adecuada en un área tan sensible. Resultaba muy fácil obtener autorización, porque para funcionar solo bastaban los respectivos permisos municipales. Incluso, a veces era más difícil instalar un restaurante que un jardín infantil, a pesar de todo el efecto humano, social y sicológico que implicaba para los cientos de niños que son atendidos en esos centros.
Los diputados Romilio Gutiérrez , Manuel Rojas y otros -además de quien habla- planteamos muchas veces el tema a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji; lo propio hicimos con el subsecretario de Educación e, incluso, con el ministro de Educación , a raíz de otras circunstancias, como es el caso del seguro escolar. Recuerdo que la norma establecía que, para aplicar dicho seguro, el establecimiento educacional debía contar con el respectivo reconocimiento. Además, realizamos diversas gestiones administrativas conducentes a determinar qué es y quién otorga esa autorización formal.
El proyecto se divide en dos partes: la primera dice relación con la autorización para el funcionamiento de los jardines infantiles, y la segunda, que incluye fundamentalmente a los artículos transitorios, se refiere al traspaso de los funcionarios desde la Junji al ministerio o a la superintendencia.
Creemos que la primera parte va en la dirección adecuada, ya que ningún jardín infantil podrá funcionar si no cuenta con la respectiva autorización del Ministerio de Educación, lo que constituye un paso sustantivo en la regulación de un ámbito que está adquiriendo cada vez mayor significación.
Sabemos que tenemos prácticamente cobertura universal respecto de la educación básica y de la educación media, pero no ocurre así en relación con la educación preescolar, parvularia específicamente, respecto de la cual sabemos que adquiere una especial dimensión en el desarrollo sicológico de los niños de hasta dos años que reciben una estimulación adecuada, lo que marca la diferencia entre los niños que reciben ese beneficio y los que no lo obtienen.
Por eso, creemos que el proyecto va en la dirección correcta, porque es absolutamente fundamental que todos los jardines que funcionan en nuestro país cuenten con la respectiva autorización, lo que aplaudimos y destacamos.
Es muy importante destacar que los requisitos que establece la iniciativa para obtener esa autorización también van en la dirección correcta, ya que no es lógico que cualquier persona pueda abocarse a una tarea tan importante, como es la formación sicológica y la estimulación motora de los niños. En ese ámbito, el proyecto llena un vacío fundamental.
La solicitud de autorización se deberá presentar ante el respectivo secretario regional ministerial de Educación, lo que es un ingrediente adicional, fundamentalmente porque esa autoridad regional tiene la posibilidad de realizar una debida fiscalización del funcionamiento de ese tipo de servicio.
Complementariamente, el Ministerio de Educación llevará un registro público de todos los jardines que funcionan con la respectiva autorización, al cual podrá recurrir cualquier ciudadano, papá o mamá, a través de una página web o de otros medios electrónicos, para saber si un establecimiento determinado está debidamente autorizado, ya que en Chile existen muchos jardines infantiles y muchas salas cuna que funcionan sin autorización.
En consecuencia, consideramos que esto llena ese vacío y transparenta a la comunidad de padres el listado de establecimientos que cuentan con autorización para funcionar y, por ende, están bajo la supervisión de la Junji y de la Superintendencia de Educación.
Otro punto importante es que los jardines que no cuenten con esta autorización no podrán realizar publicidad alguna en el frontis de sus locales, lo que generará más tranquilidad para los papás, porque van a saber cuáles son los establecimientos que funcionan con la debida autorización y cuáles están al margen de ella; era absolutamente inconveniente que esa situación se postergara un día más. No es lógico que un establecimiento que no cuenta con ninguna supervisión atienda a parvularios en nuestro país.
Nos alegramos de que los planteamientos que realizamos en su oportunidad hayan sido acogidos por la Junji y por el Ministerio de Educación, y que ese trabajo haya desembocado en este proyecto tan importante, que aclara lo que es empadronamiento y autorización, lo que da tranquilidad a toda la comunidad, particularmente a los papás y mamás que quieren dejar a sus hijos en establecimiento formales, regulares, autorizados y supervisados adecuadamente, porque en esos locales están dejando a sus niños, a sus hijos.
Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que la iniciativa contará con el respaldo unánime de nuestra bancada y esperamos que las demás bancadas hagan lo propio.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, quienes tenemos nietos -algunos de los presentes, como el diputado Montes, incluso tienen bisnietos- en los jardines infantiles seguiremos los consejos del colega David Sandoval.
Respecto del proyecto que estamos tratando, es necesario recordar un referente: que en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se establecieron en Chile el programa Chile Crece Contigo y un sistema llamado Chile Solidario, que todavía existe, y se garantizó la cobertura de los jardines infantiles para todos los niños y niñas en situación vulnerable.
Esa base, la siembra de ese entonces, es lo que hoy podemos mejorar y expandir a quienes más necesitan de nuestros cuidados: nuestros hijos, nietos y bisnietos.
Sin embargo, el país ha percibido que, si bien aumenta la cobertura, existe un gran déficit en cuanto a la calidad y -por qué no decirlo- a la seriedad con que trabajan algunos jardines infantiles que funcionan sin una adecuada fiscalización e, incluso, sin estar empadronados por la Junji, por lo que entregan una educación preescolar no acreditada. No soy el más adecuado para juzgar si es buena o mala, pero si no es fiscalizada y se entrega en lugares no supervisados por la autoridad educacional, entonces no puede ser óptima. Hemos visto tantos ejemplos negativos recientes que huelgan los comentarios.
Por ello, considero de gran importancia que estemos legislando y sigamos avanzando en esta materia. Es sabido que las sociedades desarrolladas son las que tienen mayor y mejor cobertura educacional, desde los niveles preescolares hasta la educación superior.
Por lo tanto, resulta de gran importancia lo que plantea el proyecto, que no es otra cosa que establecer la exigencia de que todos los centros de educación funcionen con una autorización del Ministerio de Educación, en virtud de estándares de calidad, y con la fiscalización de la Superintendencia de Educación.
Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en la discusión del proyecto y de los informes rendidos por los colegas de las comisiones de Educación, Deportes y Recreación, y de Hacienda , me caben dudas sobre la implementación de ciertas materias y sobre la delegación de facultades legislativas que se otorgan al Presidente de la República .
La primera de ellas es que se deja en manos de la primera autoridad fijar, por decreto con fuerza de ley, las plantas de funcionarios que serán traspasadas a la Superintendencia de Educación, materia que fue muy discutida en la Comisión de Hacienda, instancia que analizó todos los artículos del proyecto.
Y la segunda es que en la iniciativa no quedan establecidos los estándares mínimos que se requerirán a los establecimientos preescolares para permitir su funcionamiento y que la determinación de dichos estándares quedará entregada discrecionalmente a la autoridad administrativa.
En la discusión de la Comisión de Hacienda también observé cierta polémica por el artículo noveno transitorio, que contempla la participación de agencias privadas en la certificación de los requisitos de funcionamiento de jardines infantiles y salas cuna, lo que no me parece apropiado.
Sin embargo, los colegas Pepe Auth , José Miguel Ortiz y Carlos Montes me aclararon que el artículo noveno transitorio rige solo durante los tres primeros años contados desde la publicación de esta ley, cuando seguramente se producirá una sobrecarga de trabajo.
Hecha esa salvedad en la Comisión de Hacienda en relación con las agencias privadas mencionadas en el artículo noveno transitorio, la ministra de Educación explicó que solo cuando no sea posible contar con el concurso de otros organismos públicos para los efectos allí señalados, el Mineduc podrá recurrir a ellas. Como esa norma regirá por los primeros tres años, me quedo relativamente tranquilo.
Soy partidario de que estas materias queden establecidas en la ley, de manera que las falencias se podrían corregir en lo que queda de tramitación del proyecto; en todo caso, desconozco si hay ánimo para votarlo en la presente sesión.
Encuentro positiva la iniciativa, por cuanto se requiere, con urgencia, el establecimiento de un sistema de fiscalización y aseguramiento de la calidad de la educación preescolar, de manera que la votaré a favor, sin perjuicio de las observaciones y las consultas que he planteado, las que espero queden consignadas en la historia de la ley, ya que no se encuentra presente en la Sala la ministra de Educación , para habérselas formulado en forma directa.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , los radicales siempre hemos considerado y planteado, desde hace muchos años, que lo más relevante para el desarrollo de nuestro país, en pleno siglo XXI, es la educación, entendida en todas sus formas: desde el nivel prebásico y los niveles básico, medio y superior.
A nuestro juicio, la educación es el gran elemento y la gran palanca de desarrollo del país, aspecto en el que cobran vital importancia la educación prebásica y básica, porque es allí donde se cimenta el futuro de la nación.
Hoy, las ciencias neurobiológicas han dado claridad en relación con que la gran mayoría de las capacidades y potencialidades del ser humano se desarrollan sobre la base de la experiencia adquirida desde la etapa gestacional hasta, más o menos, los cuatro a seis años de edad. Esa es la etapa de la vida en la que se conjugan los elementos hereditarios y aquellos que vienen de la formación y del estímulo que tiene nuestro sistema neurológico para desarrollarse. Todos los países desarrollados así lo han entendido y han actuado en consecuencia, por eso que es relevante preocuparse, de manera especial, de esa etapa del ser humano.
En ese sentido, durante su gobierno la Presidenta Bachelet dio inicio a un trabajo muy serio a través del programa Elige Vivir Sano, el cual consistía en una fórmula para acompañar a la futura madre desde el embarazo hasta el parto, así como en los primeros años de vida del desarrollo de ese ser humano.
Por ello, ayer aprobamos un proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje, con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición, es decir, prekínder y kínder para acceder a la enseñanza básica. Eso significará que todos los niños tendrán que asistir desde los cuatro años a esos establecimientos, con la finalidad de desarrollar y mejorar los elementos cognitivos y de desarrollo que incorporarán a su acervo personal.
Lo que también hicimos ayer fue señalar que el Estado deberá procurar recursos para entregar, en forma gratuita, a partir del nivel medio mayor -tres años de edad-, la educación a todos esos niños.
Hoy, lo que estamos diciendo es que para acreditar los jardines infantiles debe haber una institución del Estado. Me parece muy bien que se entreguen los recursos para tal efecto a la Superintendencia de Educación, porque de esa manera se separan funciones, ya que ese organismo será el encargado de acreditar esos establecimientos, tanto en el sector público como en el privado, así como evaluar que la formación que se entrega esté acreditada por el Estado, a través del Ministerio de Educación.
Me parece racional e interesante la discusión conjunta de esos proyectos de ley, razón por la que la bancada del Partido Radical apoyará la iniciativa en discusión.
Sin embargo, hay dos elementos de juicio respecto de los cuales quiero llamar la atención. En ese sentido, anuncio que votaré en contra de algunos artículos transitorios del proyecto, puesto que dicen relación con aspectos que no me convencen y con criterios que no comparto.
Haré llegar a la Mesa mi petición de votación separada de los artículos primero, cuarto, quinto y noveno transitorios, por las razones que explicaré a continuación.
El artículo primero transitorio entrega al Presidente de la República una facultad que es del Congreso Nacional, con la finalidad de crear las plantas en la Superintendencia de Educación. No entiendo por qué debemos entregar una facultad propia de este Poder del Estado al Primer Mandatario , ya que es justamente en esta opción en la que el Congreso Nacional puede manifestarse en relación con los cargos que se tendrán en todo el país, aspecto en el que cada uno de nosotros debe velar porque los cargos de la Superintendencia de Educación relacionados con el control de los jardines infantiles estén presentes en las regiones que representamos. Reitero, ¿por qué debemos entregar esa facultad al Presidente de la República , en circunstancias de que esa materia la podemos discutir en el Congreso Nacional?
Por otra parte, la iniciativa en debate, a través de los artículos transitorios, lo que hace es tomar sesenta cargos de la principal organización de la infancia, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para trasladarlos a la Superintendencia de Educación. Entiendo que en la Junji están las personas que hoy llevan a cabo la fiscalización y que tienen expertise al respecto, de manera que podrán continuar haciéndolo desde esa superintendencia. Por cierto, puedo pensar que se puede pedir a esas personas que, en forma voluntaria, se trasladen de una organización que hoy está desarrollando su acción a otra para mantener su función; pero lo que no me parece razonable ni aceptable es que el proyecto reste recursos la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
En relación con esa situación, quiero decir -con todas sus letras- que una de las cosas que hicimos mal fue aprobar la creación de los famosos establecimientos infantiles asociados a los municipios, los jardines VTF, pues eso significó volver a incorporar una señal inadecuada para los menores que queremos proteger.
Por lo tanto, me parece absolutamente innecesario que quitemos recursos a la Junji para trasladarlos a la Superintendencia de Educación, sobre todo cuando hemos estado legislando en proyectos de ley que dicen relación con otras materias para traspasar recursos del Estado a las grandes empresas o para solicitar la entrega de recursos que, al final de cuentas, deberían ser utilizados en favor de la primera infancia.
Ayer, varios diputados en la Sala votaron a favor de eliminar el Impuesto de Timbres y Estampillas para las grandes empresas, lo cual significa una cantidad muy importante de recursos que el Estado dejará de recibir, los que podrían haber sido incorporados para aumentar la dotación de la Junji y para crear todos los cargos que se requieren en la Superintendencia de Educación.
En ese caso vemos cuál es la mano de este Gobierno, que es favorecer a los empresarios a través del menor pago de impuestos y desvestir un santo para vestir a otro. Eso me parece inadecuado, razón por la que votaré en contra del artículo primero transitorio, porque no está en la línea planteada por el proyecto.
Del mismo modo, votaré en contra los artículos cuarto y quinto transitorios, que van en la misma línea.
Respecto del artículo noveno transitorio, estoy muy de acuerdo con lo planteado por el diputado Enrique Jaramillo en la Comisión de Hacienda. Me parece inaceptable que esa disposición contenga la frase típica pronunciada por quienes tienen la visión de que el Estado no puede ser garante de derechos tan relevantes como la educación, y de que esa responsabilidad debe entregarse al sector privado. En su parte final, el artículo noveno transitorio establece: “Solo en la medida en que el Ministerio de Educación y los demás organismos públicos en que se hubiere encomendado esta función no tuvieren la capacidad instalada para certificar por sus propios medios el cumplimiento de los requisitos a que se refiere este artículo, podrá el ministerio encomendarlo a entidades privadas.”. Lo que esta norma está diciendo, a priori, es que el Ministerio no será capaz de fiscalizar. Me preocupa esa posición y no estoy de acuerdo con ella en materia de educación y de salud. Es el Estado el que debe garantizar a todos los chilenos, a los ricos y a los pobres, a los vulnerables, a todas las familias, el derecho a la educación. Los jardines infantiles y salas cuna deben ser regidos, normados y fiscalizados por el Estado. Es el Estado, no un privado, el que debe asegurar el cumplimiento de esos objetivos. Por esa razón, votaré en contra el artículo noveno transitorio.
En síntesis, los radicales estamos por la educación desde sus inicios, en las salas cuna, hasta que el alumno llega a su madurez en la educación superior. Se debe invertir más recursos en educación primaria, en educación prebásica, en jardines infantiles. Asimismo, debemos tener una sola institucionalidad en educación prebásica, de modo que no existan en forma separada instituciones como la Junji, la Fundación Integra y los jardines infantiles VTF. Todos los jardines infantiles deberían estar bajo la organización del Estado. Es lo que corresponde y hacia allá debemos apuntar.
Por lo expuesto, anuncio que votaremos a favor el proyecto en general, con todos sus artículos permanentes, no así los artículos transitorios que he mencionado, pues nos parece que no van en el camino correcto. Espero que la Sala también los vote en contra.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS .-
Señor Presidente , me sumo a la preocupación de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Especialmente, me sumo al reconocimiento a nuestros amigos David Sandoval y Romilio Gutiérrez , con quienes trabajamos en la elaboración de esta iniciativa.
Generar una normativa que exija a las salas cuna y jardines infantiles una autorización para funcionar nos parece muy positivo. El diputado David Sandoval señaló que, en la actualidad, resulta más fácil instalar un jardín infantil que un negocio. Por ello, debemos normar su instalación y funcionamiento, más aún cuando se han dado pasos que valoramos y que son muy positivos, como la aprobación el día de ayer del proyecto que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor.
Ahora, es importante que exista uniformidad. Lo menciono porque hace un tiempo, en la Comisión de Educación, aprobamos el proyecto que establecía que los jardines infantiles podían instalarse en viviendas acogidas al DFL 2, con la intención positiva de que existieran espacios de infraestructura con los que no se contaba. Pero también debemos asumir la responsabilidad que corresponde, en orden a que esos centros de educación cuenten con las condiciones necesarias para que desarrollen su actividad de la mejor manera posible. Conocimos la situación de jardines infantiles que se instalaron en casas, en distintas poblaciones, que tenían uno o dos baños, no apropiados para los niños desde el punto de vista de la salubridad, y cuyas salas eran muy pequeñas para la cantidad de alumnos que recibían.
Por lo tanto, con este proyecto, que establece la exigencia para las salas cuna y jardines infantiles de contar con una autorización para funcionar, nos parece que estamos dando un paso importante en el objetivo de mejorar la calidad de la educación.
Por lo expuesto, anuncio que vamos a contribuir con nuestro voto favorable a esta iniciativa y esperamos que así también lo hagan nuestros colegas.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente , como ya han señalado mis distinguidos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, en general no podemos sino estar de acuerdo con un proyecto como este, que lo que hace es unificar el proceso de autorización de funcionamiento de los jardines infantiles, y otorgar la función de fiscalización del cumplimiento de esta normativa a la entidad que en el marco de la institucionalidad para el aseguramiento de la calidad de la educación cumple con este rol, que es la Superintendencia de Educación.
La razón que justifica que nos ocupemos de esta materia es bastante clara: la educación preescolar es fundamental para lograr lo que todos queremos como país, esto es, mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y niñas.
La evidencia indica que invertir en este nivel en el proceso educativo es esencial y fundamental. No quiero insistir sobre el particular, porque creo que se ha expuesto adecuadamente. Más bien creo que esa es la fortaleza del proyecto.
En el marco de la discusión habida en la Comisión de Educación, a la que pertenezco, no fueron pocas las voces que se elevaron para plantear la conveniencia de revisar el sistema que existe en el país para proveer educación preescolar. Se trata de un sistema público y de uno privado. Por una parte, existen, a lo menos, tres grandes institucionalidades reconocibles: el Ministerio de Educación, cuyo servicio de educación preescolar es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, (Junji), latamente mencionada; la Fundación Integra, y los jardines y salas cuna vía transferencia de fondos, que dependen directamente de los municipios en convenio con la Fundación Integra. Todo ello genera institucionalidades y realidades distintas, y exigencias diferentes.
Por otra parte, existe la provisión privada de educación preescolar, que es el sistema que generó la necesidad de legislar sobre esta materia, toda vez que permite que cualquiera instale un jardín infantil. Para ello las exigencias son mínimas. Simplemente basta la autorización del departamento de obras del municipio respectivo para que estemos en presencia de un establecimiento educacional que atiende a niños y niñas. Por cierto, las exigencias -reitero- son mínimas, pues, aunque suene duro decirlo, el paradigma que sostiene la instalación de salas cuna o jardines infantiles es el de que estos establecimientos son verdaderas guarderías, en las cuales se dejaba a los niños al cuidado de algunos adultos, mientras las madres realizaban otras actividades.
El eje del proyecto apunta a considerar a los jardines infantiles como establecimientos educacionales, lo que cambia absolutamente la visión que se tenía al respecto. Se trata de niños y niñas que están en una etapa clave de su desarrollo cognitivo, emocional y social, de manera que todo lo que se haga y no se haga en esta etapa de su vida marcará absolutamente su desarrollo futuro. Hay quienes sostienen que todo lo que ocurre durante la primera infancia, como la llaman algunos, repercutirá en su futuro. Sin duda, es una de las fortalezas del proyecto y, por lo mismo, sentimos una inclinación natural a aprobarlo.
No obstante, también en el marco de esta iniciativa, observamos algunas amenazas que debieran ser consideradas y que es necesario plantear aquí. Por ejemplo, no hemos resuelto -es una tarea pendiente- la forma de crear una sola institucionalidad, en lugar de esta heterogeneidad de normas que existe sobre la educación preescolar.
Además, el proyecto contiene dos amenazas que es importante consignar. La primera es que, como lo señaló el diputado Robles , se faculta al Presidente de la República para dictar un reglamento que defina los estándares que se exigirán, porque como los jardines infantiles serán considerados establecimientos educacionales. Ya no solo importará su infraestructura, sino también el hecho de que exista un proyecto educativo y personal idóneo que pueda llevarlo adelante. En cierta forma, el Congreso Nacional renuncia a la posibilidad de discutir esta materia y se la entrega al Presidente de la República .
Hay otros temas muy importantes que los funcionarios de la Junji dejaron de manifiesto en la Comisión. Por ejemplo, se debilitan los estándares en materia del número de alumnos que debe existir por profesionales, educadoras de párvulos, asistentes y personal auxiliar. Lejos de lo que ocurre en otras realidades, en que el menor número posible de niños está a cargo de uno mayor de adultos, en virtud del decreto N° 115, hemos estado haciendo cada vez más laxa esta relación. Así lo plantearon los funcionarios de la Junji, que tienen la tarea de supervigilar el funcionamiento del sistema. Es una de nuestras preocupaciones.
Otra preocupación que no escapa a nuestro análisis tiene que ver con el traspaso de funcionarios de la Junji a la Superintendencia de Educación, con el objeto de que cumplan la tarea de fiscalizar. En verdad, en esta materia existen algunas experiencias que también nos preocupan. Tenemos, por ejemplo, el problema que produjo la creación del Ministerio de Desarrollo Social, cuyos funcionarios resultaron muy afectados. En el caso de la Superintendencia de Educación, los funcionarios del Mineduc que fueron a cumplir determinadas funciones en ella resultaron menoscabados en el ámbito de sus salarios y funciones; además, fueron trasladados a otras ciudades. A pesar de que existía el acuerdo de no perjudicarlos, en la práctica así ocurrió, y los funcionarios expresaron su preocupación por esta situación.
Otro asunto que deseo mencionar, y que en su momento hicimos presente en la Comisión, es que el proyecto incorpora la idea de prevenir la ocurrencia de actos de adultos que podrían significar una amenaza para los niños. Me refiero a abusos físicos y sexuales que, por desgracia, han ocurrido con cierta frecuencia y que se abordan en el proyecto, por la vía de aumentar las penas que establece el Código Penal para estos delitos.
Quiero informarles que en la Comisión manifesté que me parecía un tanto impracticable fijar una multa de 125 UTM; es decir, alrededor de 6 millones de pesos, para quienes no cumplan con la obligación de denunciar estos hechos. Me parece que es una multa excesivamente alta, si consideramos la remuneración de un funcionario común y corriente de un jardín infantil. Entonces, creo que el efecto disuasivo queda en una situación bastante complicada porque resultará prácticamente inaplicable.
En síntesis, el proyecto contiene avances significativos. Como veo que el Presidente me está pidiendo que termine, dejo hasta aquí mi intervención, y anuncio que voy a aprobar decididamente el proyecto, a pesar de estas observaciones, que es importante tener en cuenta.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , hay proyectos como este que van en una dirección correcta, con los cuales uno está de acuerdo porque ayudan a resolver un problema.
Pero, al leer los informes, en particular el de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, uno se da cuenta de que hubo temas que suscitaron un amplio debate y observaciones bastante sustantivas relacionadas con la profundidad y el alcance del proyecto. Sin embargo, este se mantuvo en los términos originales, con pequeños ajustes y modificaciones. Sin duda, estoy por aprobarlo. Lamentablemente, no está presente la ministra de Educación , pero durante el debate han surgido varias cosas importantes, que es necesario mejorar en el transcurso de la tramitación del proyecto.
Me da la impresión de que los actores interesados en el proyecto participaron poco en su gestación. Por ejemplo, los académicos que entregaron sus opiniones en la Comisión ponen el énfasis en la calidad y en el ordenamiento de los factores físicos y otros en función de la misma.
Quiero decir también que no es efectivo que, actualmente, sea la Junji la que autoriza y fiscaliza los jardines infantiles. De lo que puedo recordar, el que tiene la facultad de fiscalizar es el Ministerio de Educación, lo que fue modificado hace muchos años, en un debate muy parecido a este. Lo que pasa es que el Ministerio delegó esta facultad en la Junji; siempre se esperó que se generara una instancia distinta con tal finalidad; pero, lamentablemente, no ocurrió. Me extraña que el proyecto parta de la base de que es facultad de la Junji, cosa que no es así, sino del ministerio, que delegó esa facultad en esta.
Me preocupa mucho que un aspecto que estuvo muy en el centro del debate anterior ahora no lo esté. Hay una realidad distinta de los jardines que aquí se plantean: la de los niños que son cuidados por cuidadoras en su casa; se trata de señoras que cuidan seis o siete niños en su casa. Hace un tiempo, fue una modalidad utilizada en forma muy masiva; probablemente, ahora ha disminuido; no tengo antecedentes al respecto. El colega Jaramillo dice que ha disminuido, pero sigue existiendo.
¿Qué problema surge de esto? Que si vamos a legislar sobre jardines infantiles, lo lógico es que nos preocupemos no solo de las instituciones existentes, sino también de otros sistemas, como el cuidado de niños en casas particulares. Creo que el centro del debate debe estar puesto en el niño, no solo en las instituciones. Ahora, si esta realidad continúa y es significativa, su fiscalización debiera ser responsabilidad de la Superintendencia y de la Agencia de Calidad de la Educación, para saber qué está pasando con los niños que son cuidados por una señora, con todos los riesgos que ello implica.
Pero esta realidad no está considerada en el proyecto. Eso está en directa relación con el hecho de que no basta con que la Junji e Integra decidan por sí y ante sí cuándo crecen y cómo crecen, sino que tiene que haber una planificación del desarrollo de estas instituciones. Es decir, si, crece la población Bajos de Mena, en Puente Alto, ello debe traer consigo una cantidad suficiente de jardines infantiles y para eso la Junji e Integra tienen que asumir la necesidad de demanda; pero eso no ocurre.
Me parece muy complicado crear elementos en la Superintendencia de Educación o en la Agencia de la Calidad sin que haya una institución que se preocupe de anticipar el desarrollo de la demanda de jardines infantiles. Eso no se piensa. En el caso de los jardines vía transferencia de fondos (VTF), muchas veces son los municipios los que casi desesperados crean una institución, muchas veces en convenio con la Junji, para poder atender niños, pero con estándares bastante precarios.
En ese sentido, si hay una planificación, una responsabilidad -que no está en el proyecto-, lo lógico sería considerar la capacidad ociosa que se produce en los colegios debido a la caída en el número de matrículas. Es perfectamente posible flexibilizar las normas de los jardines infantiles, de manera tal que los colegios que van quedando con capacidad ociosa tengan sectores destinados a salas cuna y a jardines infantiles. Lamentablemente, eso tampoco está establecido en el proyecto y es uno de los aspectos más importantes no para el segundo nivel de transición, sino que para los niños que permanecen en salas cuna o asisten al primer nivel de transición.
No obstante, el adelantarse a los hechos y el planificar no está en ninguna parte del proyecto. Se supone que va surgiendo solo. Por eso, se debe contar con una institución para fiscalizar y controlar la calidad.
Respecto del decreto 115, comparto lo que dijeron varios diputados en la Comisión de Educación, en cuanto a que es rígido, no tiene flexibilidad y baja el coeficiente de relación entre adultos y niños. Eso no es bueno y no sé a quién se le ocurrió esa idea. Entiendo que la Junji no lo aceptó y dijo que era tan malo que no lo iban a aplicar, pero otras instituciones sí lo aceptan.
La vida demuestra que hay que tener flexibilidad. ¿Por qué no se puede instalar una sala cuna en el cuarto piso de un edificio? Hay salas cuna en edificios y eso no importa, porque no requieren grandes espacios y sirven para resolver muchos problemas, siempre que tenga un buen estándar para cumplir la función de sala cuna.
Las normas son de una rigidez tal que no se puede hacer nada. Por ejemplo, para seis o siete bebés les exigen poner un segundo baño. Considero que debe haber alguna autoridad que resuelva con flexibilidad ciertos problemas específicos; pero todo está hecho con una tremenda rigidez.
Reducir el presupuesto de la Junji no tiene ningún sentido. Debería haberse contado con un nuevo presupuesto. Al respecto, todos los años me toca discutir el presupuesto de la Junji y nunca se ha especificado cuánto se requiere para cumplir estas funciones, sino que está integrado con el resto de las funciones. Considerando el nivel de desarrollo, la importancia de esta función y la calidad que esto debe tener, la verdad es que no me parece que se pueda desarrollar esta función solo con 1.132 millones de pesos adicionales.
La transición de tres años está bien, siempre y cuando se planifique correctamente; incluso, antes se trató de hacer transiciones para regularizar; de hecho, hubo un plan de regularización de jardines infantiles, pero hay una inercia muy grande, por lo que cuesta mucho hacer algo. Tres años es poco tiempo, pero hay que presionar para que en ese lapso todo el sistema pase a estar regularizado y funcionando sobre ciertos estándares.
Comparto lo que dijeron muchos diputados en el debate, respecto de que aquí hay un énfasis en los coeficientes físicos y hay poco en el proyecto educativo. Es muy interesante leer la opinión de los decanos que dicen que lo más grave es que tenemos jardines de muy baja calidad, lo que no significa que no exista diversidad de proyectos, pero sí significa que se debe tener estándares que permitan garantizar que los niños se están desarrollando y no que se están anulando, y eso hay que discutirlo bastante.
En el gobierno pasado a alguien de Integra se le ocurrió que era fundamental que los niños aprendieran a manipular un computador. He escuchado a muchos expertos decir que en muchos niños esto puede ser negativo, pero no en otros. Entonces, ¿dónde se discute el tema de los estándares de calidad? Aquí tiene que jugar un rol muy importante la Agencia de la Calidad, y no solo supervigilar, sino que también recoger propuestas del Consejo Nacional de Educación para ir elevando los estándares.
¿Diversidad? Sí, pero también calidad de los proyectos.
Por otra parte, quiero expresar mi preocupación por los conceptos del subsecretario de Educación , quien señaló en la Comisión que la Agencia de Calidad solo podrá supervigilar a aquellos jardines infantiles y salas cuna reconocidos por el Estado. De lo contrario, -dice él- se atenta contra el derecho constitucional de la libertad de enseñanza.
La verdad es que esto es parte del debate constitucional. No puede ser que se ponga por encima de cualquier consideración la libertad de enseñanza, entendida como libertad de empresa, sin considerar el derecho a la educación. Me parece que la Agencia de la Calidad, tal como lo aprobamos en el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, puede presentarse en cualquier colegio o institución, si así lo estima pertinente, incluso, para recoger experiencias avanzadas. No puede ser que la propia Agencia se autolimite y señale que no puede entrar en los jardines infantiles particulares, algo que puede ser bueno incluso para sacar experiencias.
Por lo tanto, discrepo conceptualmente con el subsecretario de Educación , quien pone por encima de todo el derecho constitucional de la libertad de enseñanza, sin asumir que en la misma Constitución Política de la República también se establece el derecho a la educación, la que debe ser de calidad. La Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación deben tener un rol respecto de todo el sistema, con todo lo que eso implica en la formación de los niños de esta edad, y eso me parece que está expresado de manera ambigua en el proyecto, porque hay varios artículos que dicen que solo se preocupará de los que solicitan reconocimiento del Estado; pero gran parte de los jardines infantiles sabemos que no lo solicitan.
En la modificación anterior, se permitió que los DFL 2, ubicados en nuevos sectores poblacionales, se pudieran transformar en jardines infantiles sin cambiar el destino de la propiedad, porque ese era un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando se construye una nueva villa, aparece de inmediato un jardín infantil; pero solo mucho tiempo después se preocupan de solicitar el reconocimiento del Estado si piensan acceder a ciertos subsidios públicos.
Tanto la Superintendencia de Educación como la Agencia de la Calidad deben tener la capacidad para llegar a todo el sistema, aunque, por cierto, la capacidad de sanción va a ser distinta, pero -reitero- deben visitar no solamente a los que tienen reconocimiento del Estado.
Finalmente, repito, lamento que el tema de los niños que se forman en la casa de una vecina no esté dentro de las preocupaciones de la Superintendencia y de la Agencia. Puede que haya disminuido el número de situaciones de este tipo, como se ha dicho acá, pero es una realidad que se vive sobre todo en las viviendas Serviu y en lugares que no tienen jardines infantiles.
Ojalá que en el resto del trámite de este proyecto se le dé tanto a la Superintendencia de Educación como a la Agencia de la Calidad, en primer lugar, una responsabilidad sobre los niños y, en segundo lugar, sobre las instituciones formadoras de los niños.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente , las últimas reflexiones que ha hecho el diputado Carlos Montes demuestran la deuda que tiene nuestro país con los menores de edad, pues a pesar de haber firmado la Convención de Derechos del Niño no ha habido en Chile una especial preocupación para entregar los recursos necesarios para la protección de nuestros niños. Un ejemplo de ello es lo que hoy sucede con el Sename.
Cuando discutimos la reforma constitucional, en septiembre de 1999, se señaló que el Estado promovería la educación prebásica, pero siento que nos hemos equivocado, porque hemos entregado muchos recursos, especialmente a la educación superior, postergando las necesidades de nuestros niños y, de manera especial, de nuestros lactantes en la educación prebásica.
En esa oportunidad, cuando se discutía la reforma constitucional, fui el único parlamentario que se abstuvo, y señalé que me parecía insuficiente que el Estado dijera que promovería la educación prebásica, cuando debería ser un deber del Estado asegurar a nuestros niños el derecho a la educación no solo desde su nacimiento, sino desde su gestación.
Reconozco que este proyecto, como señaló el diputado Carlos Montes , a pesar de las falencias que pueda tener, constituye un avance, ya que queda claramente establecido que a la Junji más bien le va a corresponder aportar en todo lo que representan los jardines infantiles, pero va a ser el Ministerio de Educación el que va a tener que llevar el control de la educación.
Esa es la reflexión que deseaba formular en este momento.
Mis colegas han analizado a fondo este proyecto. Concuerdo con el diputado Robles , en el sentido de que lo importante es entregar mayores recursos a la Junji. Si queremos una sociedad con hombres libres y responsables, debemos preocuparnos las niñas y niños desde la sala cuna, de forma tal que en el futuro sean hombres de bien, libres y responsables. Para eso, necesitamos una educación integral para nuestros niños, especialmente en lo que se refiere a su desarrollo físico, mental, espiritual, social y cultural. Creo que al dejar claramente delimitados los roles de la Junji, del Ministerio de Educación y de cómo se va a llevar a cabo la fiscalización de los jardines infantiles, con todos los problemas que se puedan presentar y con las insuficiencias que se puedan advertir, el proyecto es un avance.
Por eso, con algunas excepciones, en general, aprobaremos la mayoría del articulado.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente , este proyecto de ley es de gran relevancia, porque autoriza el funcionamiento de jardines infantiles, a través del Ministerio de Educación. Muchas veces se pone énfasis en detalles, pero lo más importante es la tranquilidad que trae a las madres y padres para que puedan ir a trabajar.
Es importante que exista una fiscalización que permita a los niños y niñas tener una atención de primer nivel en los jardines infantiles. Esa es la idea central del proyecto.
Sin duda, los recursos son importantes, como también la creación de una superintendencia para fiscalizar los jardines, pues nadie más lo hace. La fiscalización es relevante cuando ya se cuenta con los permisos de sanidad y del ministerio. Hemos conocido la experiencia de jardines que funcionan perfectamente bien, con un número de niños que se adecua a los profesionales que trabajan allí, pero también hemos conocido la realidad de otros que no cumplen con las normas mínimas y deben ser cerrados, en forma transitoria o definitiva. Por eso, debemos aprobar este proyecto lo antes posible.
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la inversión en la primera infancia tiene un retorno muy positivo para el país. Las capacidades cognitivas, emocionales y sociales adquiridas en la educación inicial sirven para ir construyendo el resto de los aprendizajes. De lo anterior deriva la rentabilidad social de invertir en los primeros años de edad de los niños, versus en las etapas más tardías de la educación, en especial en niños más vulnerables. Ese fue el mensaje del Presidente Piñera cuando manifestó su especial preocupación por la educación prebásica. Sin duda, en nuestro país estamos avanzando, por lo que queremos aprobar este proyecto.
En algunas etapas, los padres tienen especial preocupación por sus hijos. Una de ellas es trasladarlos para que concurran a los jardines. Por eso, se ha normado para que esto pueda llevarse a cabo de la mejor forma posible, por cuanto la seguridad es fundamental. A todos quienes tenemos hijos o nietos que van a los jardines infantiles nos asiste una especial preocupación en este ámbito. Por ello, vamos a apoyar el proyecto, porque es una necesidad social de primer nivel.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en mensaje, que otorga al ministerio la facultad de autorizar el funcionamiento de jardines infantiles y modifica los cuerpos legales que indica.
Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto.
En votación los artículos 1° a 13 permanentes propuestos por la Comisión de Educación, que no fueron objeto de modificaciones o enmiendas por la Comisión de Hacienda.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo 14, con la modificación introducida por la Comisión de Hacienda, consistente en incorporar la palabra “presupuestario” entre las palabras “año” y “de”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar los artículos segundo, tercero, sexto, séptimo y octavo transitorios propuestos por la Comisión de Educación, que no fueron objeto de modificaciones o enmiendas por la Comisión de Hacienda.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Se abstuvo el diputado señor
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo primero transitorio, respecto del cual se ha pedido votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 11 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo cuarto transitorio, respecto del cual se ha solicitado votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar el artículo quinto transitorio, respecto del cual se ha solicitado votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 15 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Finalmente, corresponde votar el artículo noveno transitorio, respecto del cual se ha solicitado votación separada.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Campos
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Despachado el proyecto.
PERFECCIONAMIENTO DE TÍTULOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS (Segundo trámite constitucional) [Preferencia]
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde tratar con preferencia, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de “suma”, que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía es el señor Matías Walker.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 8150-09, sesión 10ª de la presente legislatura, en 4 de abril de 2013. Documentos de la Cuenta N° 4
-Informe de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, sesión 48ª de la presente legislatura, en 17 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor WALKER (de pie).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley originado en mensaje que faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de aguas (Boletín N° 8150-09 (S)).
La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en introducir modificaciones al Código de Aguas para los efectos de facilitar y abaratar los costos del trámite de perfeccionamiento de títulos. Para ello se propone facultar al directorio de las organizaciones de usuarios a representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente para el perfeccionamiento de títulos.
Durante el estudio de esta iniciativa la Comisión contó con la asistencia y participación de autoridades del Ministerio de Obras Públicas, incluida la ministra señora Loreto Silva ; autoridades de la Dirección General de Aguas, representantes de la Confederación de Canalistas de Chile, jueces de aguas de diversos ríos del país, académicos y abogados expertos en derecho de aguas.
El mensaje que da origen al proyecto de ley en informe fundamenta en la necesidad de perfeccionar los títulos de dominio de los derechos de aguas que no cuentan con todas las características establecidas en el Código de Aguas vigente, lo cual constituye un requisito para la inscripción de este derecho en el Catastro Público de Aguas . Enfatiza, además, en el hecho de que dicha inscripción es condición para realizar toda clase de actos respecto de estos derechos ante la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego, entre otras.
Aquí quiero detenerme unos segundos para explicar la relevancia del proyecto, sobre todo para regiones, como la de Coquimbo, afectadas por una fuerte sequía.
Muchos diputados representan regiones agrícolas afectadas por la sequía y saben lo importante que es para los usuarios, los canalistas, los agricultores, en especial los pequeños agricultores que no cuentan con los recursos para recurrir a un abogado para perfeccionar los títulos, la realización de este trámite ante la Dirección General de Aguas en el Catastro Público de Aguas, para que, por ejemplo, les permitan postular a subsidios de riego ante la Comisión Nacional de Riego. Ahí radica la importancia de este proyecto, sobre todo para regiones como la que represento, afectadas por la sequía.
El mensaje prosigue expresando que el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de agua tiene por objetivo lograr mayor claridad respecto de las características esenciales de identificación de los mismos, respetando, para ello, las presunciones y reconocimientos establecidos en la legislación.
A su vez, el reglamento del Catastro Público de Aguas establece que todos los derechos de aprovechamiento de aguas cuyos títulos se encuentren incompletos, por falta de regularización o por no indicarse las características esenciales de cada derecho, deberán perfeccionarse con el objetivo de incorporarlos a dicho catastro.
Por su parte, el artículo 45 del citado reglamento establece las características esenciales de cada derecho de aprovechamiento de aguas, a saber nombre del titular, el álveo o ubicación del acuífero de que se trata, provincia en que se sitúe la captación y la restitución en su caso, caudal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7° y 268 del Código de Aguas, y, por último, las características con que se otorga o reconoce el derecho. Esto es si se trata de un derecho consuntivo o no consuntivo, de ejercicio permanente o eventual, de ejercicio continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. La falta de determinación o indefinición de alguna de esas características obliga a los titulares de los respectivos derechos a perfeccionarlos o regularizarlos antes de su registro.
Agrega el mensaje que el perfeccionamiento o regularización debe realizarse a través del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Aguas. Sin embargo, los hechos han demostrado que esos procesos son de larga tramitación y que solo se ha logrado registrar el 17 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en el país, lo que implica que existen alrededor 300 mil usuarios a nivel nacional que poseen estos derechos de agua sin perfeccionar.
Consecuentemente con lo señalado, el proyecto propone modificar el Código de Aguas para hacer más expedito, cohesionado y económico el procedimiento y faculta al directorio de las organizaciones de usuarios, previo acuerdo de una junta general extraordinaria, convocada al efecto, a representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente o ante la Dirección General de Aguas en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos.
Dada la relevancia y particularidad de esta junta y del acuerdo, se propone que este sea aprobado con un quorum de dos tercios de los comuneros con derecho a voto, esto es, superior a la simple mayoría. Adicionalmente, durante la tramitación del proyecto la Comisión de Agricultura del Senado aprobó una indicación para dar mayor publicidad a la convocatoria a junta extraordinaria cuando tengan por objeto tratar esta materia.
En definitiva, el proyecto de ley reglamenta las siguientes materias:
Primero, las medidas de publicidad para convocar a junta extraordinaria. En este ámbito, se incorpora un nuevo inciso al artículo 220 del Código de Aguas para establecer las medidas de publicidad que deberán cumplir las convocatorias a juntas extraordinarias de las organizaciones de usuarios que se citen con el objeto de facultar al directorio para representar a sus miembros en los trámites de perfeccionamiento de títulos.
Segundo, las atribuciones del Directorio de Comunidades de Aguas. En este sentido, se agrega a las atribuciones del directorio, enumeradas en el artículo 241 del Código de Aguas, la de representar a los comuneros en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento, cuando no existiere junta de vigilancia, y previo acuerdo de dos tercios de los votos en junta extraordinaria convocada al efecto.
Tercero, las atribuciones del directorio de las juntas de vigilancia. En forma similar, se agrega a las atribuciones del directorio de las juntas de vigilancia, enumeradas en el artículo 274 del Código de Aguas, la de representar a los titulares de derechos de agua sometidos a su control en el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos en que consten sus derechos de aprovechamiento de aguas, previo acuerdo de dos tercios de los votos en junta extraordinaria convocada al efecto.
El proyecto no contiene normas que requieran quorum especial para su aprobación o que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
El proyecto de ley fue aprobado en general por cuatro votos a favor -4 de 5-, de los diputados señores Bertolino, Cerda, Schilling y quien informa, y la abstención -1 de 5- de la diputada Adriana Muñoz.
Durante la discusión general del proyecto se abordaron diversos aspectos, entre ellos cuestiones tales como el alcance del trámite de perfeccionamiento, la conveniencia de unificar las medidas de los derechos de agua, la eventualidad de que estas nuevas facultades aumenten la conflictividad al interior de las organizaciones de usuarios, la capacidad de las mismas para asumir esta nueva tarea y las atribuciones que debería tener la Dirección General de Aguas a este respecto.
La preocupación por los pequeños titulares de derechos de aprovechamiento de aguas motivó que algunas diputadas y diputados cuestionaran la representatividad de las organizaciones de usuarios para llevar a cabo estos procesos. No obstante, otros diputados pusieron de manifiesto que la aprobación de esta iniciativa legal lograría perfeccionar mayor cantidad de títulos, lo que iría en directo beneficio de los pequeños titulares de estos derechos, en tanto les permitirá realizar trámites y acceder a los beneficios de organismos como la Comisión Nacional de Riego y la Dirección General de Aguas.
A su vez, se debatieron aspectos más puntuales de la iniciativa, como el quorum que convenía exigir para otorgar estas facultades, las medidas de publicidad necesarias para resguardar a todos los integrantes de las organizaciones de usuarios, etcétera.
El proyecto de ley fue aprobado en particular en una sesión que contó con la asistencia de las diputadas señoras Cristina Girardi , Andrea Molina y Adriana Muñoz , y de los diputados señores Eduardo Cerda , Marco Espinosa , Nicolás Monckeberg , en reemplazo de don René Manuel García ; Romilio Gutiérrez , Marcelo Schilling , en reemplazo de don Luis Lemus , y quien les habla.
Durante la discusión particular se debatieron dos indicaciones parlamentarias, una que pretendía que este procedimiento fuera asumido por el Estado y otra que proponía modificar el quorum para otorgar estas facultades, las que fueron rechazadas.
En definitiva, el proyecto de ley fue aprobado en general y en particular por mayoría de votos, en los mismos términos en que lo hizo el honorable Senado.
En razón de lo expuesto, solicito a esta honorable Sala la aprobación del proyecto de ley en debate, en los términos aprobados por la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra la diputada Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).-
Señor Presidente , primero que todo quiero expresar que me alegra la presentación de esta iniciativa, porque, sin duda, va en la dirección correcta.
Escuchábamos al diputado Walker rendir el informe de la comisión técnica y expresar cuáles eran los fundamentos de la iniciativa y su idea matriz: introducir modificaciones al Código de Aguas a fin de facilitar y abaratar los costos del trámite de perfeccionamiento de títulos, para lo cual se propone facultar al directorio de las organizaciones de usuarios a representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente.
Actualmente, el perfeccionamiento se realiza a través de un procedimiento sumario, en el que se busca determinar las menciones mínimas que deben tener los títulos de conformidad al Código de Aguas. Sin embargo, en el catastro figuran registrados solo el 17 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en el país, lo que implica que debe haber alrededor de 300 mil usuarios que poseen derechos sin perfeccionar, lo cual es tremendamente preocupante.
Alrededor del 73 por ciento del agua de nuestro país es consumida por usuarios agrícolas, y el 74,5 por ciento de estos corresponde a pequeños agricultores, que son, en consecuencia, los más afectados por no tener sus derechos perfeccionados.
Por lo tanto, se hace necesario este cambio legal que permitirá que el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento sea tramitado en conjunto por las organizaciones de usuarios; también que se logre la consiguiente disminución de costos en beneficio de ellos, especialmente para los medianos y pequeños agricultores, quienes representan aproximadamente el 80 por ciento de los derechos de aguas del sector agrícola.
Sin embargo, si bien reconozco un esfuerzo por mejorar la institucionalidad relacionada con el agua, creo que falta mucho por hacer. En esta materia, es necesario hacer cambios profundos en la normativa que rige las aguas, ya que la reforma al Código de Aguas que se hizo en 2005 fue insuficiente para detener la sobreexplotación y degradación de las cuencas hidrográficas. Además, no se establecieron prioridades de uso, ni condiciones ambientales para la determinación de caudales ecológicos y restauración de cuencas; tampoco se incluyeron mecanismos para una adecuada fiscalización y aplicación de sanciones respecto al mal uso de aguas.
Es esencial que se otorguen más facultades a la Dirección General de Aguas para que pueda fiscalizar las extracciones ilegales de aguas y áridos cuando corresponda, sin impedimentos en el ingreso a los cauces, ni en la solicitud de auxilio de la fuerza pública, así como también para paralizar obras o retirar maquinarias del cauce en el acto, sin tener la obligación de solicitarla al juez de letras competente y sin perjuicio de informarlo posteriormente. De no modificar el sistema actual, la acción fiscalizadora continuará siendo lenta e ineficiente.
La Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas requieren de mayores recursos. Es algo que todos sabemos. Es relevante incluir más recursos en la Ley de Presupuestos del próximo año. Por lo menos, esa es mi intención.
Asimismo, es importante mejorar la gestión fiscalizadora aumentando el número de fiscalizadores por zona.
Hago un llamado al Ejecutivo para que impulse una gran reforma en materia de aguas.
Además, es necesario calificar con suma urgencia el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que sigue durmiendo en la Comisión de Obras Públicas del Senado. Es fundamental contar con las herramientas necesarias que hoy no tenemos, ya que no deseamos ser parte del escarnio público por no avanzar en temas relevantes.
No podemos seguir fiscalizando solo en los territorios; no podemos seguir con denuncias que no llegan a ninguna parte al no contar con las herramientas legales para terminar con la extracción ilegal de aguas. La Dirección no cuenta con las herramientas y contempla un presupuesto insuficiente.
Invito entonces a mis colegas a apoyar esta iniciativa.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Cerda.
El señor CERDA.-
Señor Presidente , voy a ser breve, porque existe mucho interés en despachar pronto este proyecto en segundo trámite constitucional. Esta iniciativa ha sido solicitada por las diferentes asociaciones de pequeños agricultores de diferentes zonas, incluida la que represento.
Hay que dejar claro un punto central: este proyecto no interviene en la propiedad de los derechos de aguas, sino sólo en su perfeccionamiento. La responsabilidad que recae en la Dirección General de Aguas relativa al catastro es solo respecto de los derechos que ya fueron perfeccionados; por lo tanto, forman parte del registro que la Dirección General de Aguas debe llevar al día. Además, se insiste en la importancia de perfeccionar los títulos, tanto para generar información respecto de los derechos existentes, como para permitir a los pequeños titulares de derechos acceder a los beneficios.
Solo se han podido perfeccionar a la fecha los titulares de derecho que cuentan con los recursos suficientes y con dinero para llevar adelante el proceso contratando abogados e ingenieros. No serán los directorios de las juntas quienes decidirán respecto de los derechos, sino los tribunales.
En cuanto a las aprensiones sobre la representatividad de los directorios, se va a exigir un quorum más elevado para tomar decisiones.
La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas está solicitando que todos los derechos que tengan los agricultores se lleven a litros por segundo, para tener un catastro completo del uso de esos derechos. Por eso, se va a permitir que la directiva pueda ser la que se elija después de una asamblea con quorum de dos tercios, con el propósito de que pueda acudir en representación de los pequeños agricultores que no tienen posibilidad de contratar abogados o ingenieros.
Por último, señalo que los diputados de la Democracia Cristiana vamos a apoyar esta iniciativa.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente , creo que debemos darle una vuelta más al proyecto, por cuanto el tema no es tan simple como se plantea. Considero que debemos apoyar a los pequeños agricultores. Si este asunto se plantea por el Gobierno, se debe a que ha habido ineficiencia de su parte y también del Ministerio de Agricultura en cuanto a cómo regularizar esta materia.
Una de las cosas que piden los agricultores -los estamos escuchando permanentemente- es apoyo legal. Hace algunos años se creó un bono legal para apoyar a los pequeños agricultores a través del Indap. Hoy, los agricultores ven que ese instrumento tan importante se ha restringido. Algo que debería ser natural y obvio, casi práctico, como es tener un bono legal que les permita regularizar sus títulos de dominio que no pueden ser utilizados.
Tengo un cuestionamiento respecto de las juntas de vigilancia y los directorios: la mayo-ría está integrado por grandes agricultores. Los pequeños agricultores no tienen representatividad en las directivas de ese tipo. No existen. Debemos recordar que los directorios se integran conforme al número de acciones que posee cada agricultor, y los pequeños agricultores tienen menos acciones que los agricultores más grandes. Por lo tanto, la representación en esas directivas corresponde a los agricultores más grandes.
En materia de entrega de facultades a directivas grandes, quiero señalar que es necesario tener cuidado, porque la pelea se da por los derechos de agua y la regularización de derechos, temas que hay que estudiar y precisar. Además, ¿por qué a través de este proyecto de ley vamos a reemplazar lo que el Estado debería hacer? El Estado tiene instrumentos a los que se les ha puesto plata y que no ha sido capaz de fortalecer. Los agricultores piden mejorar y aumentar el bono legal. Además, para acceder a lo planteado por el diputado Matías Walker , hay que ponderar otras cosas. Por ejemplo, para cobrar el subsidio correspondiente al fondo rotatorio de riego es necesario tener hecha la obra. Y para tener hecha la obra se necesita plata. Estuve en terreno con varios pequeños agricultores. Tienen que colocar 22 millones para efectuar una obra de riego. Repito, 22 millones de pesos. ¿Cómo van a obtener esos recursos si no es a través de un fondo rotatorio?
Entonces, señor Presidente , sé que el proyecto tiene suma urgencia, pero cuidado: se está entregando atribuciones a los agricultores desde el punto de vista del riego, pero no desde la perspectiva de las decisiones o de lo que les convenga a esos pequeños agricultores. Lo único que estamos haciendo es subsidiar al Estado a través de este proyecto de ley, no obstante que es este el que se debe hacer cargo del tema a través del Ministerio de Agricultura y del Indap, organismo que ha sido absolutamente ineficiente en materia de bonos legales, los que han sido entregados a las juntas de vigilancia que tiene sus propios intereses, que muchas veces son particulares.
Por lo tanto, tengo mis reparos sobre la materia, por lo cual deberíamos darle un par de vueltas más al tema.
Señor Presidente, quisiera que el proyecto no se vote hoy, a fin de chequear la materia con las juntas de vigilancia y con los agricultores.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , apoyaré este proyecto porque se estima que podría favorecer a 300 mil pequeños agricultores que podrán ver cómo se agiliza el trámite de perfeccionamiento o regularización de los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Esos agricultores no llevan a cabo el trámite por falta de recursos. Con esta delegación al directorio de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia ciertamente que habrá un avance.
Hay que destacar que ha habido casos, excepcionales por cierto, en los que algunos interesados han permanecido 40 años sin tener un título formal sobre el recurso que emplean, arriesgándose a todo tipo de problemas.
El objetivo del proyecto es introducir modificaciones al Código de Agua para facilitar y reducir los costos del trámite de perfeccionamiento de títulos. Con este fin, se propone entregar la facultad a los directorios de las organizaciones correspondientes para representar a sus miembros ante el tribunal respectivo, previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto, con una exigencia de reunir un quorum de dos tercios de los votos, asunto que fue materia de un acuerdo con senadores de la oposición para retirar las indicaciones de estos y del Gobierno, de lo que se dejó constancia para la historia fidedigna de la ley. El quorum de dos tercios requerido por el proyecto para la aprobación de la facultad de los directorios para que representen a los miembros de las organizaciones de usuarios se refiere a los votos emitidos en la sesión convocada para ese efecto y no al total de integrantes de estas organizaciones, lo cual haría la exigencia ciertamente impracticable, puesto que lograr los quorum en todas partes no es fácil.
Esta precisión se ha hecho porque se concordó con el Gobierno en que pedir los dos tercios del total de integrantes de las organizaciones significaría en la práctica -repito- hacer inútil esta reforma, con lo que se perdería el propósito de facilitar y abaratar los costos para ordenar los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas.
Cabe agregar entonces que este acuerdo, con el alcance señalado, fue manifestado formalmente por el director nacional de Aguas , señor Francisco Echeverría y quedó, además, establecido por escrito en el documento “Agenda Legislativa del Ministerio de Obras Públicas”, entregado en la Comisión de Obras Públicas del Senado el pasado mes de diciembre.
Durante la tramitación en el Senado se agregó también otra disposición, en el sentido de garantizar la publicidad de las juntas extraordinarias y asegurar la mayor concurrencia posible de los integrantes. Para ello se propuso agregar un inciso tercero, nuevo, al artículo 220 del Código de Aguas, que estipula que el llamado a las juntas extraordinarias convocadas para autorizar a sus dirigentes para hacer gestiones en representación de todos los asociados se deberá publicar con no menos de diez ni más de sesenta días de anticipación a la fecha de la junta.
En términos generales, este es un proyecto de gran impacto para los sectores rurales y que está llamado a facilitar de gran manera el desarrollo de la industria campesina. Si consideramos que las discrepancias fueron resueltas en el Senado durante el primer trámite legislativo, como lo confirma la unanimidad con que se aprobó en general y en particular el proyecto, lo ideal es dar una pronta aprobación al mismo, sobre todo considerando que hay miles de pequeños agricultores que están esperando la promulgación de esta iniciativa.
Una última palabra.
Si una asociación de regantes tiene 500 socios, se necesitan quinientas presentaciones para regularizar los títulos. Con esta ley se va a requerir de solamente una, siempre que cuente con acuerdo. Esto será de gran apoyo para los regantes del Laja Diguillín , del río Ñuble, en Chillán; del río Laja y de San Carlos, quienes con este instrumento podrán agilizar la inscripción de sus títulos de derechos de aprovechamiento de aguas, lo cual les abre las puertas para enormes beneficios entregados por el Estado y, por cierto, a la seguridad jurídica que necesita la pequeña agricultura familiar campesina.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING .-
Señor Presidente , en el debate de este proyecto en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía se plantearon muchas dudas, como las que expresó en su intervención la diputada Alejandra Sepúlveda. Se insistió varias veces ante los representantes del Ejecutivo en la posibilidad de que fuera el Gobierno, a través de los instrumentos de que dispone, en particular la Dirección General de Aguas, la que tome la responsabilidad de llevar adelante el proceso de perfeccionamiento de los títulos de derechos de aguas.
Sin embargo, esta insistencia ante el Ejecutivo no tuvo mayores resultados. Dado que en la actualidad el procedimiento es demasiado engorroso para que todos y cada uno de los beneficiarios puedan realizar el procedimiento de perfeccionamiento a través del juicio sumario, es que se propusieron algunas ideas relativas a dar certeza de que en las juntas de vigilancia o comunidades de agua no se impusieran los intereses de los grandes en perjuicio de los intereses de los pequeños. Es así como se puso énfasis en el tema de los quorum.
El diputado Bertolino propuso que estos acuerdos tenían que adoptarse por los dos tercios de los miembros de las comunidades o juntas de vigilancia. Esto se redujo a los dos tercios de los presentes, con lo cual el tema de la cantidad de acciones queda excluido de la adopción del acuerdo que faculta a la directiva a realizar el proceso. Además, se puso mucho énfasis en la necesidad de publicitar la realización de la asamblea con el objeto de asegurar que los pequeños y los medianos asistieran a la asamblea para la adopción del acuerdo, a fin de velar por sus propios intereses.
Tengo las mismas aprensiones que señaló en su intervención la diputada Alejandra Sepúlveda . Sin embargo, dado que esto requiere de una solución relativamente pronta y dado que afecta a 300 mil usuarios a nivel nacional, la mayor parte de los cuales son pequeños agricultores, votaré a favor el proyecto.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente , seré breve porque el informe fue bastante claro.
Quiero explicar este proyecto, que es bastante técnico, de la manera más simple posible, iniciativa que fue aprobada en el Senado por unanimidad.
Hoy tenemos un desorden tremendo en los títulos de aprovechamiento de aguas, pues la mayoría de estos están inscritos en los registros de propiedad de aguas de los distintos conservadores de bienes raíces y expresados en medidas distintas. Por ejemplo, unos están expresados en acciones de canales; otros, en litros por segundo, y otros en metros cúbicos. Entonces, existe un desorden tremendo que incide, por ejemplo, cuando hay que hacer estudios de cuencas o trámites de postulación a través de los subsidios que entrega la Comisión Nacional de Riego.
A través del proyecto se persigue realizar un procedimiento masivo de perfeccionamiento de títulos. Para poner un ejemplo, se trata de una materia similar a las acciones de clase que se ejercen por la vía de la Ley de Defensa del Consumidor. Un consumidor afectado por una determinada medida demanda y aprovecha lo que demandan otros similares. Las acciones de clase permiten precisamente proteger a los más pequeños. Lo mismo pasa en los procedimientos de posesión efectiva: cuando un heredero ejerce una acción ante el Registro Civil aprovecha a todos los demás.
Por eso, este proyecto beneficia a los pequeños agricultores, a los pequeños regantes, quienes no tienen los recursos para contratar abogados, a fin de perfeccionar sus títulos de aprovechamiento de aguas y realizar todos los trámites correspondientes.
Ahora, la diputada Alejandra Sepúlveda ha planteado algunas aprensiones que son muy válidas, pero no todas se relacionan con este proyecto. De hecho, varias las tratamos ya en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Por eso, es bueno seguir los debates de las Comisiones donde se resuelven temas como éste.
Nosotros, efectivamente, valoramos y creemos que podría ser importante establecer un bono legal para los usuarios del Indap, pero eso se puede establecer en la Ley de Presupuestos, puede formar parte de un programa de gobierno. Estoy de acuerdo en que ello exista, pero no tiene relación con este proyecto que establece un procedimiento para perfeccionar los títulos de aprovechamiento de aguas ante, finalmente, la Dirección General de Aguas y los tribunales de aguas. El Estado puede apoyar, pero no puede hacerse cargo del proceso de perfeccionamiento, porque no puede ser juez y parte en los procesos de perfeccionamiento de títulos. Son cosas absolutamente distintas.
Lo que persigue este proyecto es ordenar el sistema de catastro de aguas del país. Lo dije en el informe: existen más de 300 mil títulos que no están perfeccionados, que pertenecen a pequeños propietarios, regantes, agricultores. Solamente el 17 por ciento del total de los derechos de aguas está perfeccionado. Necesitamos ordenar este sistema, y el proyecto constituye un incentivo para generar un proceso masivo de perfeccionamiento de títulos.
Ojalá, podamos aprobar este proyecto que, insisto, va en beneficio de los pequeños regantes.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señoras diputadas y señores diputados, restan solo tres minutos para el término del Orden del Día. Hay varias diputadas y diputados inscritos para intervenir. Sin embargo, a pesar de la urgencia con que ha sido calificado el proyecto, podemos esperar todavía hasta la próxima semana legislativa, que se iniciará el lunes 29 de julio.
En consecuencia, la discusión de este proyecto de ley continuará en una próxima sesión.
VI. INCIDENTES
PREOCUPACIÓN POR TARDANZA EN ENTREGA DE RECURSOS ADEUDADOS A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA (Oficios)
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Mixto, Partido Radical Social Demócrata, Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra el diputado Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , quiero hacer presente a la Sala la gran preocupación que existe en la Segunda Región de Antofagasta por los saldos que le adeuda el gobierno central. Se trata de recursos que fueron retirados en detrimento de la ejecución presupuestaria de muchos proyectos de infraestructura, altamente sensibles e importantes para el desarrollo de la región, particularmente del tercer distrito, integrado por las comunas de Calama, Tocopilla , María Elena, San Pedro de Atacama y Ollagüe .
En este mismo instante, los alcaldes de Calama y Tocopilla están solicitando al intendente que exija que los recursos pendientes se enteren lo antes posible a las arcas regionales.
El siguiente es el desglose de la deuda, que asciende a un monto cercano a los 30.523 millones de pesos: por venta de activos de Bienes Nacionales, que es una política que se ha exacerbado durante los últimos tres años, 20.462 millones de pesos; por concepto de patentes mineras -la vocación productiva de la Segunda Región de Antofagasta es por excelencia minera 9.306 millones de pesos; y por concepto de la Ley de Casinos, 754 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de montos que superan largamente el presupuesto operacional anual que tiene la Segunda Región de Antofagasta para financiar todas sus obras de infraestructura y de impacto social, que estaban proyectadas en la cartera con recomendación social.
Se podría pensar que esos recursos fueron redireccionados para financiar otras áreas. Sin embargo, hago presente que en la Región de Antofagasta, particularmente en las comunas de Calama y Tocopilla, faltan recursos del gobierno central para terminar obras de infraestructura necesarias, indispensables e imprescindibles para mejorar la calidad de vida de las personas de la zona. Es el caso del hospital de Calama, cuyas obras se encuentran paralizadas por una mala administración de la unidad técnica encargada de fiscalizar los adecuados egresos financieros, es decir, el Ministerio de Salud. Se requirió una inversión de 47.000 millones de pesos para construir ese hospital. A la fecha, con 77 por ciento de avance, las obras están paralizadas. Nadie sabe muy bien cómo se va a financiar el 23 por ciento restante.
Fiscalizadores de la Contraloría General de la República se encuentran realizando una auditoría para ver si los estados de pago del Ministerio de Salud, que era la unidad técnica, son coherentes y consistentes con el estado de avance de la obra del hospital de Calama.
Pero no solamente hablamos de obras de infraestructura hospitalaria, sino que también tenemos un grave déficit en materia de soluciones habitacionales, que alcanza a alrededor de 25.000 viviendas. Los distintos comités de allegados de la Segunda Región de Antofagasta demandan una solución, pero no contamos con terrenos fiscales para entregar soluciones habitacionales.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda , al subsecretario de Desarrollo Regional , a la directora de Presupuestos y al tesorero general de la República para que informen y expliquen por qué no se han enterado los recursos que se adeudan al gobierno regional de Antofagasta y que nos señalen la fecha en que tales recursos serán regularizados, dado lo delicado y acuciante de la situación.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Rojas, Ward , Auth , Ortiz , Velásquez , Sabag y Farías , y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
RECHAZO A MALTRATO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y DE SERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZAACIÓN DURANTE FISCALIZACIÓN A BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS HABITACIONALES (Oficios)
El señor GODOY (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , es un agrado tenerlo sentado allí.
El sábado 13 de julio me reuní con beneficiarios de las viviendas de la villa Bicentenario, de Isla de Maipo. Como se sabe, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuestionó la entrega de subsidios a personas que, en su opinión, no tenían derecho a recibir ese beneficio. Incluso más, el ministro apareció en televisión haciendo declaraciones de que quitaría las viviendas a los propietarios que las hubiesen adquirido de esa manera.
Tengo que reconocer que algunos beneficiarios no ocupan sus casas; también tengo que reconocer que muchos beneficiarios sí ocupan sus casas, pero no se encuentran en ellas durante el día porque tienen que trabajar.
El Ministerio de Vivienda hizo una encuesta en esa villa, que cuenta con 1.240 viviendas, -la información se dio a conocer en el noticiario 24 horas-, para detectar qué viviendas estaban ocupadas y cuáles estaban desocupadas. La verdad es que muchos vecinos son temporeros y no se encuentran en ellas durante el día. Asimismo, otros, por diferentes razones no se encuentran, por ejemplo, porque están enfermos o trabajan fuera de la comuna de Isla de Maipo.
El ministerio cuestionó la situación de un grupo importante de familias, pero está equivocado respecto de un gran porcentaje de ellas.
Debido a la investigación que está llevando a cabo el ministerio, muchas familias y personas, especialmente mujeres jefas de hogar, han tenido que declarar ante la Policía de Investigaciones (PDI) sobre cómo obtuvieron esos subsidios y cuál es su situación.
Muchos de esos vecinos se sienten dañados y cuestionados -como dije, mayoritariamente son jefas de hogar-, ya que han tenido que pedir permiso en sus trabajos durante el día para ir a la PDI y demostrar al ministerio que habitan sus casas y que permanecen en ellas.
Agregan que el trato recibido en la PDI ha sido bueno, pero el entregado en el Ministerio de Vivienda ha sido muy vejatorio. Se sienten perseguidos a tal punto, que la señora Ximena Hidalgo , por ejemplo, quien vive en el pasaje José Maciel 401, me ha informado que la han llamado insistentemente desde la Subdirección de Operaciones Habitacionales para consultarle si se encuentra en su casa, persecución que se ha prolongado en diferentes horarios y días de la semana, lo que se ha transformado en una situación angustiosa, ya que ha debido permanecer en su hogar y abandonar sus rutinas normales y su trabajo de temporera. Incluso, funcionarios de esa dependencia han llegado a golpearle la puerta a las 10 de la noche para preguntarle si está en su casa, en circunstancias de que bastaría con visitar esas propiedades para comprobar que sus dueñas las han mejorado, han puesto pisos nuevos, han construido nuevas habitaciones y que están viviendo en ellas, porque, además, tienen sus muebles y pasan los fines de semanas en sus casas.
En verdad, es muy triste reunirse con algunas vecinas y escuchar cómo han sido vilipendiadas.
Otro caso es el de la señora Pamela Ortega , quien se fue a vivir a su casa a los ocho días de que esta fue entregada, junto con su hija mayor, una nieta y su hija menor. No obstante, no se encontraba en su casa el día en que fue inspeccionada. Una vecina que fue consultada por los funcionarios señaló que no la había visto. Esa información hizo que la señora Pamela esté cuestionada ante el ministerio.
Puedo seguir dando ejemplos de personas que se han visto perjudicadas por la forma en que los fiscalizadores están llevando a cabo las visitas.
Considero importante ser rigurosos en la entrega de subsidios y comprobar que las viviendas sean ocupadas por quienes corresponde; sin embargo, un grupo importante de personas que ocupan sus viviendas se sienten desamparadas por el Estado y maltratadas por el Gobierno. Incluso más, muchas de ellas se sienten vejadas, como sucedió con un grupo de mujeres que fueron citadas a una oficina del Serviu de la Región Metropolitana, a donde concurrieron con sus mejores ropas -como corresponde cuando se va a un ministerio-, lugar en el cual les dijeron que no eran pobres, porque estaban bien vestidas. Esas mujeres no merecen ese trato.
El cónyuge de la señora Carolina de los Ángeles Silva Gatica obtuvo el subsidio en 2008. Al año siguiente, él murió en un accidente laboral. Ella realizó los trámites para recibir los recursos por concepto de un seguro que él contrató. Con ese dinero, compró una vivienda en otro lugar, con el afán de velar por el futuro familiar, ya que quedó con tres hijas. No obstante, hoy es cuestionada por el Serviu por tener dos propiedades, organismo que le ha manifestado que deberá entregar la casa que adquirió con el subsidio, aunque fue entregada antes de que recibiera los pagos del seguro y de la indemnización por la muerte de su cónyuge.
Cuando existe este tipo de situaciones, el Ministerio de Vivienda no puede ser tan duro, sin siquiera mirar cuáles son las situaciones individuales de cada uno de ellos.
Además, la señora Carolina me contó con los ojos llenos de lágrimas que la señora Francisca Díaz , asistente social de las oficinas del Serviu ubicadas en calle Serrano, le dijo la semana pasada que deberá sacar todos sus trapos y todos los arreglos que le ha hecho a su casa, porque se la van a quitar.
Creo que el Ministerio de Vivienda y el Serviu de la Región Metropolitana debieran escuchar las situaciones individuales de cada una de las propietarias.
Si bien estoy consciente de la necesidad de comprobar que algunas de las casas entregadas con subsidio no son habitadas por los titulares, que se las arriendan a terceros, lo que constituye un abuso, también es necesario tener claridad acerca de que existen muchos casos de familias que necesitan esas viviendas, pero que no han sido tratadas con la dignidad que corresponde ni han sido escuchadas sus situaciones individuales.
Por lo tanto, señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Vivienda y al director regional del Serviu, con copia del texto de mi intervención, con el objeto de que se escuchen las situaciones que plantean los beneficiarios, se enmienden los casos en que ha habido maltrato y no se les obligue a comparecer ante la PDI como vulgares delincuentes. No es la forma de tratar a vecinos de la Villa Bicentenario, de Isla de Maipo; resulta denigrante para esas personas, especialmente porque la mayoría de ellas son jefas de hogar.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Fidel Espinoza , Ramón Farías , José Miguel Ortiz y Enrique Jaramillo , y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel) .- Señor Presidente , adhiero íntegramente a la intervención de la colega diputada señora Denise Pascal Allende.
Si bien considero que existe buena intención en el Ministerio de Vivienda al investigar y fiscalizar a los beneficiarios de subsidio habitacional, con el objeto de establecer a los que obtienen casas para arrendar, no es menor el hecho de que, en muchas regiones, esa fiscalización se está transformando en una humillación para la gente, como ha relatado la diputada Denise Pascal.
En el sur del país, en comunas como Frutillar, Fresia , Purranque, Puerto Octay, Puerto Varas, Llanquihue y en muchas otras, hay familias que están siendo investigadas, respecto de las cuales se está poniendo en duda la legitimidad con que obtuvieron sus subsidios, lo que, como dijo la diputada Denise Pascal , las ha obligado a pasar humillaciones ante la PDI y el Serviu, que trata a esas personas como verdaderos delincuentes. Estamos hablando de casos que afectan, incluso, a pequeños agricultores que trabajan como asalariados, los que tienen el legítimo derecho a obtener sus viviendas a través de un subsidio, pero que obviamente no están en ellas cuando concurren a fiscalizarlos, porque cuando ello ocurre se encuentran en el campo cumpliendo su jornada laboral.
Otro tanto ocurre con personas que por diversas circunstancias han dejado sus inmuebles a un familiar para que este viva en ellos, como se da en muchos casos en la comuna de Frutillar. Allí, la concejala señora María Gallardo nos contó, hace algunos días, que se pretende quitar las casas a campesinos que las tienen deshabitadas durante la semana -de lunes a viernes-, debido a que están cumpliendo su jornada laboral en el campo, los cuales, obviamente, los fines de semana vuelven para habitarlas.
No tengo ningún problema en que el Serviu o el organismo que corresponda sea implacable con las personas que obtienen una casa gracias a un beneficio que entrega el Estado, con el objetivo de arrendarla para obtener un segundo ingreso. Sin embargo, encuentro inconcebible que se esté actuando de esa forma con trabajadores como los que he señalado.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo , con el propósito de que, frente a ese tipo de situaciones, el Serviu y la cartera que encabeza actúen de una forma mucho más cauta y prudente, con la finalidad de que esa situación sea normalizada. Considero positivo que se lleven a cabo las fiscalizaciones respectivas y que se aplique mano dura contra los que han obtenido de mala forma un subsidio, pero no contra las familias que han cumplido con la legalidad vigente.
Hago ese llamado en nombre de los alcaldes de las nueve comunas que integran el distrito que represento, a los que pido que se envíe copia de mi intervención, con el objeto de que ellos también tomen en consideración que aquí se pone en cuestionamiento el sistema en su integralidad, no solamente en función de la casa y del subsidio obtenido.
No puede ocurrir que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo siga tratando a los beneficiarios de un subsidio para la obtención de una vivienda como si fueran delincuentes. Reitero que si algunos han obtenido de mala manera ese beneficio, el Estado debe buscar las herramientas correspondientes para que, desde el punto de vista legal, se proceda de manera mucho más explícita, con el objeto de que una vez concluida la investigación respectiva, se les pueda quitar la casa obtenida de esa manera. Sin embargo, reitero, no debe continuar procediendo como lo ha hecho hasta hoy.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Denise Pascal, y de los diputados señores Campos, Ortiz , Farías y González .
RAZONES DE RECHAZO DE LICENCIAS MÉDICAS EN REGIÓN DE LOS LAGOS (Oficios)
El señor ESPINOZA (don Fidel).- En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Salud , con el objeto de que se informe respecto de un problema que se está produciendo con la Compin en la Región de Los Lagos. Allí, en 2012, 24.000 licencias médicas fueron rechazadas, en circunstancias de que muchos trabajadores cumplían con todos los requerimientos médicos para su obtención. Sin embargo, a pesar de que estaban enfermos, se las rechazaron de manera parcial o total.
Quiero poner como ejemplo el caso del señor Juan Carlos Mancilla Gutiérrez , de Llanquihue, quien, debido a su enfermedad, debe utilizar muletas, a pesar de lo cual desde febrero sus licencias médicas han sido rechazadas. Cabe preguntarse cómo lo hace ese trabajador para solventar los requerimientos de su hogar. Por lo tanto, solicito que la Compin y la Superintendencia de Salud analicen su caso, porque hasta el momento no ha obtenido respuesta ante la situación que lo aqueja, lo que constituye una verdadera vergüenza.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Denise Pascal, y de los diputados señores Campos, Ortiz , Farías y González .
ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE PÉRDIDA DE COLONIAS DE ABEJAS EN QUILLÓN (Oficios)
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente, el cual ha cedido parte de su tiempo al diputado señor Jorge Sabag.
Tiene la palabra su señoría.
El señor SABAG.- Señor Presidente , agradezco al Comité de la UDI el tiempo que me ha cedido.
Quiero referirme a la pérdida de colonias de abejas que están sufriendo los productores de miel de la comuna de Quillón, de los sectores El Casino, Huenucheo , Queime, Peñablanca, La Gloria, Chancla , El Peley, Licura Alto , Licura Bajo y La Plaza, los que han visto incrementarse las pérdidas por muertes de esas colonias debido a causas desconocidas. Incluso más, en algunos casos las pérdidas llegan al 90 por ciento de las abejas, porcentaje que implica un aumento promedio del 50 por ciento respecto de un año normal.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura, con el objeto de que disponga que el Servicio Agrícola y Ganadero fiscalice esa situación y que lleve a cabo un catastro oficial de los productores de miel que han sufrido pérdidas por la muerte de sus abejas.
Asimismo, pido que se oficie al director nacional del Indap para que nos haga llegar un informe técnico sobre las posibles causas de muerte de las colonias de abejas, respecto de las que se menciona, entre otros factores, el uso de pesticidas, el manejo de las colonias, enfermedades, virus y parasitismo, la contaminación hertziana y el cambio climático, con el objeto de prevenir esa situación.
Del mismo modo, solicito que el Indap preste apoyo a esos pequeños agricultores, el cual debe ir mucho más allá de la repactación de sus créditos, que es lo que se les ha ofrecido. Lo que se requiere es el apoyo directo, mediante el otorgamiento de algún beneficio, para que ellos puedan ponerse de pie de la verdadera catástrofe que están sufriendo y seguir con su producción de miel en la comuna de Quillón.
Sin perjuicio de que la situación ha afectado a esa comuna, es importante que el Indap verifique si el fenómeno de la muerte de colonias de abejas también se está produciendo en otras localidades.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz y Campos.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE PROCEDENCIA DE FRANQUICIA PARA TRASPASO DE CARROBOMBA A CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLÓN (Oficio)
El señor SABAG.- Por último, pido que se oficie al director nacional de Aduanas , con la finalidad de que disponga que el subdepartamento de Técnicas Aduaneras de ese organismo se pronuncie sobre la procedencia de la franquicia como socorro -contemplada en la partida 0012 del arancel aduanero- respecto del carrobomba marca Renault, modelo Camiva , que está siendo traspasado por el cuerpo de bomberos de Iquique al cuerpo de bomberos de Quillón. De esa manera este último, que necesita de ese carrobomba, podría acogerse a esa franquicia y así trasladarlo desde Iquique a Quillón.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz y Campos.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.47 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones
VII. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 12.26 horas.
El señor SCHILLING (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
PETICIÓN A CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DE HACERSE PARTE EN QUERELLAS POR EVENTUAL USO INDEBIDO DE FONDOS DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL POR CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS (Oficios)
El señor SCHILLING ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , pido que se oficie al presidente del Consejo de Defensa del Estado , señor Sergio Urrejola , a fin de reiterarle la solicitud que le hicimos en su momento en orden a que el organismo que dirige se haga parte en las denuncias y querellas que ha presentado el Colegio de Profesores de la Región de Magallanes por el eventual uso indebido de los fondos de la subvención escolar preferencial por la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa).
Este es un tema de gran relevancia, que ha generado muchos problemas en el profesorado y en la comunidad educativa de Punta Arenas. El uso de dichos recursos por la Cormupa ha sido cuestionado en forma pública, razón por la cual este caso fue entregado a la justicia.
Haré entrega de los antecedentes que el Colegio de Profesores ha puesto a disposición de la fiscalía de la Región de Magallanes. El fiscal a cargo de la investigación es el señor Felipe Aguirre , a quien pido que se envíe copia de mi intervención.
Espero que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte, a la brevedad, en las querellas que el Colegio de Profesores de la Región de Magallanes ha entablado en contra de la Cormupa, a fin de que se aclare la utilización de los fondos de la subvención escolar preferencial.
El señor SCHILLING ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA A FAMILIAS AFECTADAS POR ROTURA DE MATRIZ DE AGUA EN POBLACIÓN CECIL RASMUSSEN , COMUNA DE PUNTA ARENAS (Oficios)
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , en la población Cecil Rasmussen , sector muy popular de nuestra ciudad de Punta Arenas, se ha producido la rotura de una matriz de agua potable, lo que ha dejado sin el suministro de este elemento a más de trescientas familias.
Pido que se oficie al director del Sernac, a fin de que solicite a la empresa Aguas Magallanes, encargada de la distribución de agua potable en nuestra región, que compense económicamente a las personas afectadas por el corte del suministro de este elemento, provocado por la rotura de la matriz.
Dejaré a disposición de la Comisión algunos recortes de prensa de los diarios “El Pingüino” y “La Prensa Austral”, que dan cuenta de lo ocurrido.
Pido que se oficie a la superintendenta de Servicios Sanitarios, a fin de que disponga que se investigue la causa de la rotura de la matriz de agua potable en la población Cecil Rasmussen, y si la empresa Aguas Magallanes está tomando las medidas para que ello no vuelva a ocurrir en Punta Arenas y en cualquier otra ciudad de la Región de Magallanes.
Por último, solicito que se envíe copia de mi intervención al intendente de la Región de Magallanes .
El señor SCHILLING ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
EVALUACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE NUEVA COMISARÍA EN SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS (Oficios)
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , pido que se oficie al director nacional de Orden y Seguridad , general inspector Alfonso Muñoz Medina , con copia al intendente de la Región de Magallanes , don Mauricio Peñailillo , al general director de la zona y al general director de Carabineros de Chile , a fin de que la institución avance con celeridad y verdadero entusiasmo en la evaluación de la instalación de una nueva comisaría para el sector norte de la ciudad de Punta Arenas.
Hemos conversado con el ministro Chadwick y con el intendente de la Región de Magallanes, quienes han expresado que existe voluntad política de las autoridades de Gobierno para impulsar la construcción de una nueva unidad policial en el sector norte, hacia donde ha ido creciendo la ciudad de Punta Arenas. Nuestra petición está avalada por más de cinco mil firmas de vecinos y vecinas que apoyan la iniciativa.
Por lo tanto, quiero transmitir al general Muñoz la imperiosa necesidad que existe de que Carabineros apoye nuestra solicitud con un informe favorable, de manera que el proyecto pueda postular a los fondos regionales concursables o a los fondos institucionales que corresponda.
Pido que se envíe copia del oficio al ministro del Interior y Seguridad Pública , don Andrés Chadwick , a fin de que, de una vez por todas, los vecinos de Punta Arenas, que hoy están viviendo muchos hechos complicados relacionados con seguridad, puedan tener una segunda comisaría, de manera que sea cubierta toda el área geográfica de nuestra ciudad de Punta Arenas.
He dicho.
El señor SCHILLING ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.31 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
8150-09
Faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia, para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de agua.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
“Para agregar a continuación del artículo 55° el siguiente párrafo 2 nuevo, que introduce los artículos 56° y 57°, modificándose la numeración correlativamente:
“2. De la Fiscalización
Artículo 56°.- Sin perjuicio de lo señalado en el título precedente, la Subsecretaria de Prevención del Delito, a través de la División de Seguridad Privada, será la autoridad central de coordinación nacional y en ese carácter podrá impartir instrucciones a las autoridades encargadas de la fiscalización.
La fiscalización de la presente ley corresponderá a Carabineros de Chile, para lo cual controlará a las personas naturales y jurídicas que desarrollen labores inherentes a la seguridad privada, como también de las entidades que deban contar con sistemas de vigilancia privada o medidas de seguridad.
Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, en recintos portuarios, aeropuertos u otros espacios sometidos al control de la autoridad militar, marítima o aeronáutica, desempeñará tal calidad la autoridad institucional que corresponda.
En cualquier caso, la autoridad que ejerza la fiscalización deberá dar cuenta de su gestión a la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Artículo 57°.- La repartición operativa de Carabineros de Chile u otra autoridad militar, marítima o aeronáutica, según sea el caso, que se encuentre encargada de la fiscalización de la seguridad privada a nivel nacional, regional o comunal según corresponda, será designada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El funcionamiento, administración y gestión del sistema de seguridad privada, será de responsabilidad directa del Prefecto o jefe de la repartición respectiva.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; ANDRÉS CHADWICK PIÑERA, Ministro del Interior y Seguridad Pública; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda ”
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de julio de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara a algunas de las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, correspondiente al Boletín N° 8.270-08, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Minería y Energía concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.835, de 11 de julio de 2013.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
4. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de julio de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad, correspondiente al Boletín N° 8677-07.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.827, de 10 de julio de 2013.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
Moción de las señoras diputadas Goic, doña Carolina; Cristi, doña María Angélica; Hoffmann, doña María José; Pascal, doña Denise; Sepúlveda, doña Alejandra; Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Accorsi, Barros, Chahín y Torres.
Sobre prevención y protección del embarazo adolescente. (boletín N°9033-18).
“Considerandos:
En los últimos años, la sexualidad en las y los adolescentes ha experimentado importantes cambios, entre ellos, el adelanto del inicio de la actividad sexual. Según cifras de INJUV, en nuestro país este inicio se da a los 16,4 años en los hombres y a los 17,1 años en las mujeres. En segmentos socioeconómicos bajos, los inicios sexuales son incluso más precoces. Esta situación puede traer aparejadas un sinfín de consecuencias en la vida de un adolescente.
Una de las problemáticas más graves que vive nuestro país en relación al temprano comienzo de la sexualidad entre los jóvenes, es el embarazo adolescente. Aun cuando somos uno de los países en América Latina con las tasas más bajas de embarazo durante la adolescencia, en Chile existen alrededor de 40.000 embarazos de este tipo al año. Más grave aún es el hecho que las tasas de fecundidad en mujeres menores de 15 años han aumentado progresivamente, llegando el año 2009 a 54,52 por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años; mientras que la tasa de fecundidad de las mujeres entre 10 y 14 años también ha aumentado, aunque en menor proporción.
En segmentos socioeconómicos bajos, los inicios sexuales son incluso MUCHO más precoces_ Esta situación puede traer aparejadas un sinfín de consecuencias en la vida de un adolescente. Otro dato preocupante, es que, en cuanto a la distribución de los embarazos adolescentes, particularmente en la región Metropolitana de Santiago, éstos se concentran principalmente en las comunas más pobres.
Los problemas que conlleva el embarazo adolescente son muchos, como el mayor riesgo de mortalidad y morbilidad en la madre, especialmente cuando aquella es menor de 15 años, la deserción escolar y la mantención del círculo de la pobreza. Por lo demás, las madres que han tenido a sus hijos en la adolescencia, tienen una mayor probabilidad que a sus hijas les ocurra lo mismo y la reincidencia en el embarazo adolescente también es alta.
Dado que los índices para estos problemas en nuestro país son altos, la situación es preocupante, y debe abordarse con la urgencia y seriedad que un problema de esta índole requiere.
La presente propuesta intenta solucionar varías carencias que se han detectado en nuestra legislación con respecto al tratamiento de esta temática. El proyecto se basa en el estudio realizado por la consultora Dina Krauskopf y el equipo jurídico compuesto por Valentín Volta y Paulina Cox. Entre los principales desafíos a enfrentar se encuentran:
1. Falta de cohesión en la normativa referida a fertilidad y embarazo adolescente. Nuestra legislación contiene varias normas que tratan fa problemática del embarazo adolescente, sin embargo ellas se encuentran dispersas, sin que exista la necesaria armonía entre ellas. Destacan las siguientes normas:
a. Ley N° 20.418 Fija normas de información, orientación y prestaciones en materia de regulación de fertilidad.
b. Ley N° 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes.
c. Ley N° 20.370 General de Educación del Ministerio de Educación que garantiza el derecho a la educación, la no discriminación y la igualdad ante la ley.
d. Decreto Supremo N° 79, del Ministerio de Educación, que regula la situación de la adolescente madre o embarazada en el ámbito educativo.
e. Ley N° 19.927, de la protección de menores de 14 años en el ámbito de los delitos sexuales.
f. Ley N° 20.084 Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
g. Código Penal Chileno.
Al respecto, el presente proyecto de ley pretende sistematizar la referida legislación en un cuerpo normativo único y coherente, capaz de organizar la materia en cuestión de modo de disponer de una sola fuente legal para su aplicación, consulta y divulgación.
2. Falta de un concepto claro de embarazo adolescente y determinación de un rango de edad específico y coherente en el que la legislación considera los aspectos referidos a la actividad sexual en la adolescencia se considera que el embarazo es adolescente. Esto es un factor muy importante que debe considerar la normativa relativa al embarazo adolescente, pues sólo teniendo conceptos claros de lo que esta temática significa, se puede determinar sus consecuencias y, a partir de las mismas, establecer el ámbito de aplicación de la ley y las medidas concretas que deben aplicarse.
3. Falta de atención especializada y confidencial en los centros de atención de salud para consultas adolescentes sobre Sexualidad, anticoncepción y embarazo. El estudio de la consultora Dina Krauskopf y los talleres realizados con diversos organismos públicos y expertos vinculados a la materia que fueron la base para llevar a cabo esta iniciativa, dan cuenta que los adolescentes evitan acercarse a los centros de salud a hacer consultas con relación a su sexualidad y anticonceptivos, por temor a ser vistos por miembros de su comunidad y falta de servicios amigables. Esto, debido a que la atención a adolescentes se da actualmente debe darse en el mismo lugar en que se atiende al resto del público, afectando la confidencialidad y privacidad de sus consultas.
4. Falta de involucramiento del padre adolescente. Se hace necesario que la normativa reconozca que las consecuencias de un embarazo adolescente son también responsabilidad del padre adolescente y, así, se propone extenderle las medidas de prevención y protección.
5. La ley actual obliga a impartir cursos de educación sexual sólo en la Enseñanza Media. Una realidad preocupante acerca de esta temática es que, muchas veces, las adolescentes consideran el embarazo como una posibilidad de tener un proyecto de vida del que anteriormente carecían, o de obtener un lugar de mayor autoridad en sus familias. Esta es una situación que debe enfrentarse con buenos programas de educación, no sólo impartidos para los estudiantes, sino también para sus familias. Esto permitirá crear conciencia en las y los; adolescentes sobre las consecuencias de mantener actividad sexual precoz y de las posibilidades y mejor calidad de vida que pueden obtener al tener un proyecto de vida con metas de trabajo y estudio. Este proyecto propone una normativa acorde con esta realidad y con el adelanto del inicio de la actividad sexual en los jóvenes de nuestro país.
6. Falta de preparación específica de los profesionales de la salud y la educación en la atención a adolescentes y sobre temáticas de sexualidad. La temática del embarazo adolescente es complicada y requiere de profesionales preparados para trabajar con adolescentes y abordar tema vinculados a la sexualidad, que cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a esta difícil tarea. La normativa debe tender a exigir estudios y una instrucción adecuada y apta para cumplir con los objetivos de prevención y protección que se plantean en el proyecto.
7. Faltan normativas de protección para la prevención de riesgos en la sexualidad en adolescentes, de la etapa del embarazo y la maternidad y paternidad. Actualmente las normativas de protección d no son coherentes, pues no todas se adhieren al marco de los derechos de la niñez y adolescencia, resultando en algunos (casos perjudiciales para su salud. La adolescente embarazada debe estar protegida durante el período de su embarazo y posterior maternidad. Debe ser capaz de vivir este proceso con tranquilidad y seguridad en todos los ámbitos de su vida, contando con apoyo en su familia, en los centros de atención de salud, en sus lugares de estudio y de trabajo.
8. Falta de recursos para evaluación en la ejecución e impacto de programas orientados al embarazo adolescente. Actualmente en nuestro país existen variados programas orientados a la prevención y protección del embarazo adolescente, que son encabezados por diferentes Ministerios y organizaciones, pero existen pocos recursos para fiscalizar y evaluar los resultados de los mismos. Ante esta situación, las Diputadas Zalaquett y Goic, oficiaron al Ministerio de Hacienda con el fin de incorporar dentro del Programa Anual dé Evaluación de programas Gubernamentales ejecutado por la DIPRES, todos aquellos programas implementados por los diferentes Ministerios en el marco de la Ley Nº 20.218 sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de la Fertilidad, especialmente el Programa Nacional de Salud Integral de los y las Adolescentes y Jóvenes implementado por el departamento de Ciclo Vital del Ministerio de Salud y los Programas de Educación Sexual implementados por el Ministerio de Educación. Este proyecto incorpora normas que van en la línea de asignar recursos específicos para cubrir la necesidad de necesidad de realizar una evaluación sobre el estado de implementación e impacto de los programas de prevención y protección relacionados con esta cuestión.
9. Falta participación coordinada de las y los adolescentes. La normativa propone fortalecer una institucionalidad que ,permita crear políticas de Estado que incluyan la participación de los adolescentes, en conjunto con Ministerios y otras entidades que trabajan por mejorar la calidad de vida de las y los adolescentes que enfrentan esta temática.
Es por lo anteriormente expuesto, que los diputados que suscriben esta iniciativa vienen en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
SOBRE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1: La prevención y protección del embarazo adolescente se regirá por la presente ley. También se regirá por la presente ley la protección de la maternidad y paternidad derivadas del embarazo adolescente.
Se entenderá por embarazo adolescente aquel que experimenten las personas, ya sea en calidad de madre o padres, 'que tengan entre 10 y 18 años de edad.
Serán acciones de prevención, entre otras, aquellas que promuevan la información y orientación que tengan por objeto evitar el embarazo adolescente, así como las que favorezcan el acceso a métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes.
Serán acciones de protección las que velen por la salud, educación, trabajo y en general la dignidad, integridad y calidad de vida de las madres y/o padres adolescentes, así como sus hijos sea que ya hayan nacido o estén por nacer.
Artículo 2: La aplicación de la presente ley se regirá por los siguientes principios:
Interés Superior: En los casos de embarazos adolescentes de que trata esta ley, las autoridades, los funcionarios y los particulares deberán actuar siempre y en primer lugar atendiendo al desarrollo y bienestar de las madres y/o padres adolescentes y de sus hijos que están por nacer y los ya nacidos.
Desarrollo Integral: Las y los adolescentes que experimenten un embarazo, tienen derecho a participar e integrarse plenamente en todas y cada una de las áreas de desarrollo, en especial la educación, la salud y el trabajo.
Protección de la intimidad: Los funcionarios y los particulares que brindan atención a las o los adolescentes deberán actuar con pleno respeto al derecho a la intimidad y la confidencialidad de que ellos gozan.
Autonomía Progresiva: Conforme al desarrollo evolutivo de las y los adolescentes, se deberá reconocer su capacidad de decidir y resolver respecto de su sexualidad y reproducción.
Libertad de Conciencia, Religión y Pensamiento: Las acciones de prevención y protección del embarazo adolescente deberán llevarse a cabo con pleno reconocimiento y respeto por la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
No Discriminación: Las y los adolescentes que experimenten un embarazo tienen derecho a ser respetados y apoyados,' a no ser expulsados de la institución de educación a la que asisten n i a ser desvinculados del trabajo que desempeñan, así como a recibir igual calidad de información y atención médica.
Acceso a Información: Las y los adolescentes deberán recibir información suficiente y adecuada en relación a su vida sexual y afectiva, la que será entregada por los establecimientos educacionales y servicios de salud.
Beneficencia y no maleficencia: el interés por mejorar la salud los adolescentes que enfrentan un embarazo, la que puede verse afectada gravemente por el proceso reproductivo, y por disminuir el número de embarazos adolescentes y prolongar el intervalo entre los hijos, mejorando así la calidad de la crianza y la salud de niños y niñas.
Participación: Se deberá asegurar a los y las adolescentes la debida y oportuna participación en la formulación dl las políticas públicas de prevención y protección del embarazo adolescente.
Artículo 3: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, acarreará responsabilidad de carácter administrativo, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que de ella puedan derivarse.
La referida responsabilidad administrativa se regirá por las normas de la ley N° 18.834 Estatuto Administrativo y N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, según fuera el caso.
Artículo 4: El incumplimiento de esta ley por parte de directivos y trabajadores de establecimientos privados de salud, acarreará las sanciones que al efecto contempla el DFL 1 Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 de 1979 y di e las Leyes N° 18.933 y N° 18.469, del Ministerio de Salud.
Igualmente, la infracción a las normas de la presente ley por parte de directivos y trabajadores de establecimientos de educación particular, tendrá como efecto las sanciones señaladas en ley N° 20.70 General de Educación.
Asimismo, el incumplimiento de las normas de la presente ley por parte de empleadores de empresas privadas, se regirá por las normas establecidas en los artículos 505 y siguientes del Código del Trabajo.
Artículo 5: Corresponderá a los profesionales de la salud, pública o privada, que atiendan a adolescentes en cuestiones relacionadas con su salud sexual y regulación de la fertilidad, así como a los profesionales de la Educación, ya sea de Educación Pre- Básica, Básica o Media, cual sea su modalidad, informar a la madre y, o padre adolescente sobre la presente ley y los derechos que ella consagra.
Artículo 6: Corresponderá e las Superintendencias de Salud y Educación, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, velar por el cumplimiento de las normas de la presente ley.
CAPÍTULO II
De la Prevención
Artículo 7: Todo adolescente tiene derecho a acceder a una atención de salud sexual y afectiva, oportuna, informada y confidencial, sea ésta en el ámbito público o privado.
Artículo 8: Todos los servicios de salud, sean éstos públicos o privados, podrán contar con servicios de atención en horarios apropiados para adolescentes en el ámbito de su salud sexual, afectiva y de regulación de fertilidad, que resguarden su privacidad e identidad.
Artículo 9: Los profesionales de la salud qué atiendan consultas de adolescentes, relacionadas con su salud sexual, afectiva y con la regulación de fertilidad, deberán tener aprobado un ó curso de capacitación para la atención y manejo de adolescentes, especializado en temas de embarazo precoz, anticoncepción y educación sexual.
Artículo 10: Los adolescentes tendrán derecho a acceder de manera gratuita a métodos anticonceptivos en los centros de salud públicos o privados, incluida la anticoncepción de emergencia. Los servicios de salud no podrán denegar a las y los adolescentes el uso de métodos anticonceptivos cuando éstos lo requieran.
En el caso de los adolescentes menores de 14 años de edad, el uso de métodos anticonceptivos deberá ser informado posteriormente a los padres o al adulto responsable que el menor señale.
Artículo 11: Los servicios de salud públicos o privados que faciliten el uso de anticonceptivos a adolescentes, podrán entregar además información sobre su correcta utilización, los riesgos de iniciar una vida sexual precozmente y los efectos del embarazo adolescente. Se contribuirá con orientación para resolver los factores de riesgo.
Los profesionales de la salud, pública o privada, darán especial atención en la prevención del embarazo reincidente.
Artículo 12: Los establecimientos educacionales de Educación Pre-Básica, Básica y Media, ya sean públicos o privados, podrán elaborar e implementar planes de educación sobre afectividad, sexualidad y regulación de la fertilidad, para ser aplicados desde la Educación Pre-Básica.
Igualmente, tales establecimientos podrán elaborar e implementar programas de orientación sobre afectividad, sexualidad y regulación de fertilidad para padres y apoderados.
Los profesionales de la educación deberán recibir cursos de actualización sobre orientación, afectividad, sexualidad y regulación de la fertilidad.
Artículo 13: Las instituciones de Educación Superior que impartan carreras de Pedagogía, contarán en sus mallas curriculares con contenidos de educación sobre afectividad, sexualidad y regulación de la fertilidad.
CAPÍTULO III
De la Protección
Artículo 14: Las normas de esta ley relativas a la protección, serán aplicables a la madre y al padre adolescentes, así como al hijo que está por nacer y al nacido, desde el momento de la concepción. Para estos efectos, se aplicará la presunción establecida en el artículo 76 del Código Civil. En todo caso, el certificado médico emitido por profesional competente y que dé cuenta del embarazo, constituirá plena prueba.
Artículo 15: En acuerdo con los padres adolescentes y sus respectivos apoderados, cada establecimiento educacional definirá un plan de permanencia y continuidad escolar que rija desde la fecha del embarazo hasta el total egreso de la o el adolescente del respectivo nivel educacional, sea Básico o Medio.
Referido plan contemplará, entre otras medidas, el establecer jornadas y calendarios de evaluaciones flexibles, asistencia voluntaria, modalidad exámenes libres, acompañamiento y tutorías, apoyo psicológico y orientación
Artículo 16: Para efectos académicos y administrativos, los periodos de pre y post natal se entenderán eximidos de toda responsabilidad escolar para la adolescente embarazada.
Con ocasión que los adolescentes experimenten un embarazo o la maternidad o paternidad, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán ser condicionados en sus matrícula o expulsados de sus establecimientos educacionales por dicha causal Lo anterior no excluye la facultad del Establecimiento Educacional de aplicar sanciones como la repetición del año escolar, suspensión, expulsión u otras establecidas en sus reglamentos internos, a los adolescentes que no !cumplan con los requisitos académicos y de conducta exigidos por la institución.
Artículo 17: A solicitud de la madre y, o del padre adolescente de un mismo hijo, cada establecimiento deberá gestionar las correspondientes matrículas para permitirles que puedan asistir y permanecer en un mismo establecimiento educacional, cuando las circunstancias así lo permitan.
CAPÍTULO IV
Disposiciones Especiales
Artículo 18: La Política Nacional en favor de la Prevención y Protección del Embarazo Adolescente deberá definir objetivos de largo plazo, que tengan, a lo menos, una proyección de 10 años a contar de la entrada en vigencia de esta ley.
Esta política deberá fomentar la promoción de la información de los derechos y deberes de los adolescentes en relación a su salud reproductiva, así como impulsar medidas para publicitar las formas de ejercer dichos derechos y los canales de apoyo en caso de incumplimiento de la presente normativa.
Deberá orientarse a generar programas de prevención del embarazo adolescente en todos los ámbitos de la vida de éstos. Dichos programas deberán permitir a los adolescentes un adecuado acceso a la información en cuanto a la atención en centros de salud y acceso a métodos anticonceptivos. Deberá propender a la creación de planes de educación sexual que se extiendan no sólo a los adolescentes que experimentan un embarazo, sino también a su familia y a su entorno en general. Dichos planes de educación deberán profundizar en todos ellos una comprensión sobre las implicancias y riesgos del inicio de la actividad sexual precoz y fortalecer la prevención del embarazo reincidente. Deberán motivar en los y las adolescentes y sus familias proyectos de vida que incentiven el interés por los estudios y el trabajo.
Asimismo, deberán implementarse medidas que tiendan a otorgar plena protección a las y los jóvenes que experimentan un embarazo adolescente, así como también a sus hijos ya nacidos, tanto en el ámbito de la salud, educacional, como laboral. Estas medidas tendrán como principal propósito, la continuidad en los estudios y en el trabajo de madres y padres adolescentes, con el fin de que puedan desarrollarse íntegramente y fortalecer su proyecto familiar.
La Política Nacional en favor de la Prevención y Protección del Embarazo Adolescente, deberá tender al fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a este tema, ya sean entes gubernamentales o no gubernamentales, especialmente en regiones. Tendrá especial atención en reforzar la participación de la sociedad civil y los y las adolescentes, en la creación de los diferentes programas.
Asimismo, esta política deberá procurar el fortalecimiento de un marco presupuestario, con el fin de dar apoyo económico al desarrollo de los diferentes planes de prevención y protección del embarazo adolescente, convenido entre los distintos actores institucionales y municipios.
CAPÍTULO V
Modificaciones a otros Cuerpos Normativos
Artículo 1°: En la Ley N° 20.418 que Fija normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, reemplácese en el inciso cuarto de su artículo primero la frase "dentro del ciclo de Enseñanza Media un programa de educación sexual", por la frase "desde el segundo nivel de transición un programa de educación en afectividad y sexualidad".
Artículo 2°: En la Ley N° 20.084 que Establece la Responsabilidad de los Adolescentes por Infracción a la Ley Penal, artículo 4, reemplácese la frase entre comas (,) "dos años de edad", por la frase entre comas (,) "tres años de edad".
6. Oficio del Tribunal Constitucional.
Santiago, 5 de julio de 2013.
Oficio N° 8.766
Remite resolución.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 4 de julio de 2013, en el proceso Rol N° 2.470-13-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Mónica Soto Silva, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo Temuco , respecto del inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo, en los autos laborales caratulados “Fernández con Compañía JAC Transportes Limitada”, de que conoce el Juzgado de Letras de Temuco, bajo el Rit N° O-103-2013, Ruc N° 13-4-0007636-1, asimismo se adjunta copia del requerimiento y de la resolución que declaró su admisibilidad.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente ; RODRIGO PICA FLORES, Secretario Subrogante .
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”