Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Pedro Antonio Velasquez Seguel
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EXDIPUTADO SEÑOR JOAQUÍN PALMA IRARRÁZAVAL, RECIENTEMENTE FALLECIDO
- HOMENAJE : Sergio Ojeda Uribe
- HOMENAJE : Adriana Munoz D'albora
- HOMENAJE : Mario Bertolino Rendic
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EXDIPUTADO SEÑOR JOAQUÍN PALMA IRARRÁZAVAL, RECIENTEMENTE FALLECIDO
- VI. ORDEN DEL DÍA
- FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8265-07) [Continuación]
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Felipe Harboe Bascunan
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- INTERVENCIÓN : Marisol Turres Figueroa
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Gaspar Alberto Rivas Sanchez
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Cristian Monckeberg Bruner
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8265-07) [Continuación]
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- ELIMINACIÓN DE NUMERALES 1 Y 4 DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, RELATIVOS AL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Marcos Espinosa Monardes
- Marcelo Schilling Rodriguez
- Marco Antonio Nunez Lozano
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Lautaro Carmona Soto
- Jose Perez Arriagada
- Cristina Girardi Lavin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ELIMINACIÓN DE NUMERALES 1 Y 4 DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, RELATIVOS AL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
- VIII. INCIDENTES
- REVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SECTOR CORDILLERANO DE MONTECILLO, COMUNA DE CHIMBARONGO, Y DE ENTREGA DE RECURSOS PARA SU MATERIALIZACIÓN (Oficio)
- RETRASO EN ENTREGA DE RECURSOS POR VÍA DE RECURSOS REGIONALES PARA PALIAR CRISIS QUE VIVEN AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS (Oficios)
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE AGUA DE LA POBLACIÓN LOS CIPRESES, LOCALIDAD DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ (Oficios)
- DESPIDO DE TRABAJADORES DE SUMERCADOS UNIMARC (Oficios)
- ADHESION
- Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
- Cristian Campos Jara
- Enrique Jaramillo Becker
- Luis Segundo Lemus Aracena
- ADHESION
- SOLUCIÓN A CRISIS DE LA PESCA ARTESANAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Luis Segundo Lemus Aracena
- Juan Luis Castro Gonzalez
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. ANEXO DE SESIÓN
- MEDIDAS PARA ABASTECER DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y RIEGO A ZONAS RURALES (Oficios)
- ADHESION
- Alberto Robles Pantoja
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL CONVOCATORIA DE SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES A SEMINARIO EN ESPAÑA (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO TERRAPUERTO DE VALLENAR (Oficios)
- ACLARACIÓN SOBRE EVENTUAL CONFLICTO DE INTERESES QUE AFECTARÍA AL DIRECTOR DE VIALIDAD DE ATACAMA (Oficios)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- MEDIDAS PARA ABASTECER DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y RIEGO A ZONAS RURALES (Oficios)
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Lautaro Carmona Soto
- Romilio Gutierrez Pino
- Cristian Monckeberg Bruner
- Patricio Vallespin Lopez
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 105ª, en miércoles 18 de diciembre de 2013
(Ordinaria, de 10.43 a 13.46 horas)
Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, y Godoy Ibáñez, don Joaquín.
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Burgos Varela, don Jorge.
Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- ANEXO DE SESIÓN
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 6
II. APERTURA DE LA SESIÓN 9
III. ACTAS 9
IV. CUENTA 9
V. HOMENAJE 10
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EXDIPUTADO SEÑOR JOAQUÍN PALMA IRARRÁZAVAL, RECIENTEMENTE FALLECIDO 10
VI. ORDEN DEL DÍA 16
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8265-07) [Continuación] 16
VII. PROYECTOS DE ACUERDO 50
ELIMINACIÓN DE NUMERALES 1 Y 4 DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, RELATIVOS AL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 50
VIII. INCIDENTES 52
REVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SECTOR CORDILLERANO DE MONTECILLO, COMUNA DE CHIMBARONGO, Y DE ENTREGA DE RECURSOS PARA SU MATERIALIZACIÓN (Oficio) 52
RETRASO EN ENTREGA DE RECURSOS POR VÍA DE RECURSOS REGIONALES PARA PALIAR CRISIS QUE VIVEN AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS (Oficios) 53
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE AGUA DE LA POBLACIÓN LOS CIPRESES, LOCALIDAD DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ (Oficios) 54
DESPIDO DE TRABAJADORES DE SUMERCADOS UNIMARC (Oficios) 55
SOLUCIÓN A CRISIS DE LA PESCA ARTESANAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios) 56
IX. ANEXO DE SESIÓN 58
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES 58
MEDIDAS PARA ABASTECER DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y RIEGO A ZONAS RURALES (Oficios) 58
ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL CONVOCATORIA DE SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES A SEMINARIO EN ESPAÑA (Oficio) 59
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO TERRAPUERTO DE VALLENAR (Oficios) 60
ACLARACIÓN SOBRE EVENTUAL CONFLICTO DE INTERESES QUE AFECTARÍA AL DIRECTOR DE VIALIDAD DE ATACAMA (Oficios) 60
Pág.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 62
1. Oficio del Senado. (boletín N° 7036-11). 62
2. Informe de la participación de los diputados señores Carmona, Gutiérrez, don Romilio; Monckeberg, don Cristián, y Vallespín, con motivo de la V Reunión de la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, realizada en la ciudad de México, llevada a cabo entre el martes 3 de diciembre de 2013 y el viernes 6 de diciembre de 2013. 63
3. Oficio de la Corte Suprema. (boletín 9169-08). 67
4. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2470-13-INA. 72
XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Comunicación: - Del diputado señor Velásquez
2. Acuerdo:
- De la Comisión Bicameral, relativo a la designación de los integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.
3. Oficios:
- De la Comisión Investigadora sobre las denuncias de un eventual fraude y otras irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso, por el cual solicita el asentimiento de la Sala, en orden a que se autorice celebrar sus sesiones ordinarias en paralelo con ella, los días martes de 10:00 a 11:30 horas, considerando el escaso tiempo del que se dispone para cumplir con su encargo. En Tabla.
- De la Comisión Investigadora sobre las denuncias de un eventual fraude y otras irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso, por el cual solicita el asentimiento de la Sala, en orden a que se autorice sesionar en conjunto con ella, en sesión especial, el próximo día jueves 19 del mes en curso, de 10:00 a 11:30 horas, debido al escaso tiempo de que se dispone para cumplir con el mandato de ella. En Tabla.
- De la Comisión Investigadora sobre irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso, por el cual se sirva recabar el asentimiento de la Sala de la Corporación en orden a ampliar la competencia de ella, con la finalidad que la investigación se extienda a las asignaciones y transferencias de recursos públicos de proyectos referidos a todos los fondos concursables con financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso. Además, acordó solicitar se amplíe el período a investigar incluyendo el año 2011. En Tabla.
- De la Comisión Investigadora sobre proceso de recolección de firmas de candidaturas, por el cual se informa que procedió a constituirse y a elegir como Presidente al señor diputado Cardemil, don Alberto.
- Del señor Presidente de la Cámara de Diputados por el cual declara la inadmisibilidad del proyecto iniciado en moción de los diputados señores Auth, Browne, Melero, Schilling, Teillier y Walker, “que disminuye los costos y mejora la transparencia en la inscripción de candidaturas independientes”, por cuanto se le concede una nueva atribución al Servicio Electoral, consistente en la suscripción ante ese servicio público del patrocinio de las candidaturas independientes, vulnerando una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad con lo preceptuado en el inciso cuarto del N° 2 del artículo 65 de la Constitución Política. (1/2013).
Respuestas a oficios
Ministerio de Interior
- Diputado Santana, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de aplicar un plan de mejora en el muro costero de la isla de Mechuque, perteneciente a la comuna de Quemchi, Chiloé, a través de gaviones. (6809 al 13648).
- Diputado Jarpa, Informe respecto de las medidas que se adoptarán para entregar mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo a las comunas de la provincia de Ñuble, para paliar su deteriorada situación económica y social (6870 al 13622).
Ministerio de Educación
- Diputado Chahín , Posibilidad de mediar para otorgar una solución a la señorita Katherine Enger González Márquez, quien celebró un contrato de prestación de servicios educacionales con el Instituto Profesional de Chile S. A., retractándose oportunamente, pero ha recibido el cobro de las diez cuotas pactadas sin haber recibido la contraprestación acordada. (5933 al 13005).
Intendencias
- Diputado Walker, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con la cantidad de sumarios sanitarios y sus respectivas sanciones y sentencias recibidas por el relleno sanitario El Panul ubicado en la comuna de Coquimbo, durante los últimos 4 años. (1348 al 12017).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (93)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro IND II 4
Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Baltolú Rasera, Nino UDI XV 1
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Browne Urrejola, Pedro RN RM 28
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13
Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Isasi Barbieri, Marta IND I 2
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rubilar Barahona, Karla RN RM 17
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Santana Tirachini, Alejandro RN X 58
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Sepúlveda Orbenes, Alejandra IND VI 34
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20
-Concurrieron, además, el ministro secretario general de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau, y el ministro de justicia subrogante, señor Juan Ignacio Piña Rochefort.
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Sergio Aguiló Melo, Germán Becker Alvear, Sergio Bobadilla Muñoz, Cristina Girardi Lavín, Rodrigo González Torres, Romilio Gutiérrez Pino, María José Hoffmann Opazo, Manuel Monsalve Benavides, Manuel Rojas Molina, Mario Venegas Cárdenas y Germán Verdugo Soto.
-Por encontrarse con permiso constitucional no asistieron los diputados señores Pepe Auth Stewart, y Joaquín Tuma Zedán.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 98ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 99ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Ofrezco la palabra.
-o-
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Hago presente a la Sala que, en relación con las solicitudes presentadas por la Comisión Investigadora sobre las denuncias de un eventual fraude en el gobierno regional de Valparaíso, mañana se hará una propuesta concreta a la Sala conforme a lo acordado hoy en la Comisión de Régimen Interno.
-o-
El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en virtud de lo establecido en el artículo 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, me voy a inhabilitar de participar en el debate y posterior votación del proyecto que figura en el primer lugar de la Tabla de hoy.
El señor ELUCHANS (Presidente).- Muy bien. Se ha tomado nota de eso, señor diputado.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EXDIPUTADO SEÑOR JOAQUÍN PALMA IRARRÁZAVAL, RECIENTEMENTE FALLECIDO
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Conforme con el acuerdo unánime adoptado por los Comités parlamentarios, corresponde rendir homenaje al exdiputado señor Joaquín Palma Irarrázaval, recientemente fallecido.
Se encuentran en la Tribuna de Honor la señora Isabel Cortés viuda de Palma, y sus hijas Gabriela, Isabel, Asunción y Trinidad Palma Cortés; los hermanos y hermanas de nuestro homenajeado; María Angélica, Juan Carlos, Ana María, Antonio y Andrés, también exdiputado, junto a otros familiares y amigos.
(Aplausos)
En representación de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los familiares y amigos de nuestro homenajeado que nos visitan.
Voy a rendir este homenaje, que comparto con el diputado señor Matías Walker, en nombre del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Radical.
Joaquín Salvador José María Antonio Palma Irarrázaval , amigo y colega, rindo un homenaje en tu memoria, y hago un recuerdo y un reconocimiento a tu vida laboriosa, entregada al servicio público, a tu región y a tu país.
La última vez que te vi fue cuando te visité en la clínica, donde estabas muy afectado de tu salud. No sabíamos si estabas consciente o no, porque estabas sumido en un profundo sueño. En ese momento me pregunté cuánto hiciste por los demás, y ahora estabas camino al cielo.
El 17 de agosto falleciste y nos dejaste, luego de que estuviste internado durante algunos meses cuando tu salud se resintió mientras realizabas un viaje con tu familia por Brasil.
Tu paso por el Congreso Nacional no pasó inadvertido. Hiciste un aporte que hoy valoramos. Esparciste la savia falangista, dejaste un legado humanista-cristiano y pusiste tu capacidad y sensibilidad social al servicio de la patria.
Joaquín Palma fue diputado por el distrito N° 7, que comprende las comunas de La Serena, La Higuera, Vicuña , Paihuano y Andacollo , Región de Coquimbo, por los períodos 1990-1994, 1994-1998 y 1998-2002.
Él nació el 2 de febrero de 1943, en La Serena. De profesión ingeniero civil. Su compañera de toda la vida, la señora Isabel Cortés , y sus cuatro hijas, Isabel , Gabriela , Asunción y Trinidad, siempre estuvieron a su lado para darle el apoyo que todo hombre grande como él necesita.
Fue hijo de Ana Irarrázaval e Ignacio Palma Vicuña , descendiente de los fundadores de la ciudad de Vicuña y senador por Coquimbo. Era hermano de Andrés Palma Irarrázaval , exdiputado y exministro de Planificación , economista y académico, y de Ana María Palma Irarrázaval , actriz, entre los que puedo nombrar. “Joaco”, como lo llamaban familiarmente, fue el segundo de siete hermanos, y luego de la muerte de Nacho, en 1987, paso a ser el mayor por muchos años.
Inició sus actividades políticas mientras cursaba su carrera de ingeniero civil en la Universidad de Chile, donde se tituló en 1963. En esa época se incorporó al Partido Demócrata Cristiano.
Entre 1987 y 1992 se desempeñó como presidente de su partido por la provincia de Elqui. Del mismo modo, asumió la dirección de la Concertación de Partidos por el NO en su región para el plebiscito de 1988.
En la Cámara de Diputados tuvo un eficiente desempeño, manteniendo una gran preocupación y una conexión permanente con su región y los temas regionales. Tanto fue así, que el 9 de mayo de 1990, en su primer oficio de fiscalización, denuncia la pobreza de la Cuarta Región de Coquimbo, calificándola como la región más pobre del país. Asimismo, indicó que había deficiencias de infraestructura, especialmente de riego; también en materia de apertura de caminos, problemas hospitalarios y de vivienda. También hizo hincapié en la necesidad de unir la ruta de San Juan, Argentina, con La Serena, que traería muchos beneficios de carácter económico, y solicitó la apertura inmediata del camino a San Juan .
En su desempeño como diputado , integró la Comisión permanente de Energía y Minería; la de Economía, Fomento y Desarrollo; la Comisión Especial de la Corporación de Fomento de la Producción y la Especial de Desarrollo de Arica, en su primer período; las Comisiones permanentes de Salud y de Ciencias y Tecnología -que presidió- y la Comisión Especial de Turismo, en su segundo período; las Comisiones permanentes de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo, en su tercer período.
Pero Joaquín fue un hombre político por esencia, regionalista e inclinado a los problemas sociales, porque trabajó para la gente, lo cual fue fundamental en la lucha y esfuerzos para recuperar nuestra democracia. Una vez instaurada nuestra institucionalidad, se integró y participó intensamente para consolidarla.
Él sobresalía por la solidez de sus argumentaciones y la fortaleza de sus planteamientos, inserto en la filosofía y en la esencia política del ser humano, lo que le valió ser muy respetado y temido a la hora de participar en los grandes debates.
Fue un hombre estudioso, analítico y culto, y tenía la capacidad de encontrar soluciones a los problemas más complejos. Además, fue empresario y músico autodidacta, logrando interpretar instrumentos como la armónica, el piano y el acordeón. La música también fue parte de su vida.
Asimismo, ventiló temas relevantes para la región y el país, algunos de los cuales ya están resueltos y otros aún permanecen como problemas. Se preocupó de los temas mineros; denunció la grave situación por la que atravesaba la agricultura en el país; fue implacable para solicitar que se prohibiera el ingreso o tránsito de sustancias contaminantes a Chile; enfatizó sobre el derecho de los consumidores frente a los abusos y las arbitrariedades de que eran objetos: denunció los bajos sueldos de los profesores y la situación de los créditos universitarios; pidió medidas urgentes para paliar los efectos del bajo precio del cobre y para los programas de mejoramiento en la calidad de la educación; solicitó que se construyera el camino que une el pueblo Choros Bajo con Punta de Choros, en La Higuera, y la nueva cárcel en La Serena, separando a los adultos de los menores. Joaquín tuvo iniciativas y propuestas en materia de reformas constitucionales, derechos humanos, salud, educación, medio ambiente, planes de empleo, relaciones exteriores, prohibición del ingreso de productos agrícolas que pudieran transportar plagas con riesgo a nuestra producción, etcétera.
Su muerte, aparte del inmenso dolor que provocó a su familia, a sus amigos y a mucha gente que lo conoció y recibió su ayuda, significó un vacío político. Nunca más un democratacristiano ha ocupado ese cargo, porque Joaquín era una figura, un hombre de trabajo difícil de reemplazar, con un carácter tranquilo, grandes gestos de amistad y humilde dentro de sus grandes fortalezas. Con su actuar y su forma de ser, generó una escuela que debe imitarse. Fue muy estimado por sus pares en esta Cámara de Diputados, y muchos de los que permanecemos desde ese tiempo todavía lo recordamos. Recuerdo siempre las tertulias, las grandes conversaciones que teníamos, en las cuales coincidíamos en nuestra preocupación por las grandes diferencias sociales, las discriminaciones de todo orden, los temas de derechos humanos no resueltos, el daño a nuestros agricultores por la importación excesiva de productos extranjeros, los bajos sueldos, las bajas pensiones, etcétera, problemas que aún subsisten.
Tuvimos entre nosotros a un hombre inteligente, ingenioso y creativo. En su zona se recuerda su “Palma-Móvil” y a su amigo organillero, que promovían su candidatura y hacían de sus campañas una verdadera fiesta. Llevó alegría y esperanza a mucha gente. Amó a su pueblo. Joaquín dejó un legado de esfuerzo, de trabajo, de consecuencia política y un tremendo amor y cariño que sentía por su pueblo querido.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- En representación de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (de pie).- Señor Presidente , en representación de la bancada del Partido por la Democracia, de la bancada del Partido Socialista y de la bancada del Partido Comunista, rindo homenaje en memoria del exdiputado Joaquín Palma Irarrázaval .
En primer lugar, quiero saludar a la familia de nuestro excolega, que se encuentra en las tribunas, en particular a su esposa, a sus hermanos, a sus hijas y amigos, a sus camaradas de la Democracia Cristiana y a todas las personas que hoy nos acompañan en este acto en que, en nombre de la Cámara de Diputados, expresamos un sentido reconocimiento en su memoria.
Para quienes tuvimos el gusto de conocerlo personalmente y de formar parte de esa primera Cámara de Diputados, encargada de sentar las bases para la restauración de la democracia en Chile, a partir de 1990, sin duda alguna la noticia de la muerte de Joaquín, en agosto recién pasado, nos golpeó muy fuerte. Por ello, al saber de su partida, hemos necesariamente recordado aquellos momentos que compartimos en estas aulas, en que día a día se juegan los destinos de la nación y en donde, pese a las diferencias, intentamos conocernos y reconocernos en facetas humanas que van más allá del puro aspecto parlamentario de nuestro trabajo.
Joaquín Palma era un parlamentario de profundas convicciones socialcristianas, lo cual dejaba transparentar en cada una de las intervenciones que realizaba en esta Cámara, con una especial sensibilidad hacia temas como la educación, la superación de la pobreza y el desarrollo económico de las distintas comunidades del país.
Era un hombre con un temperamento apacible, de muy profunda educación y respeto hacia los demás, y, por supuesto, de una templanza muy arraigada para enfrentar situaciones difíciles; seguramente, esa misma templanza que lo acompañó hasta sus últimos días, en que tuvo que hacer frente a su enfermedad.
Quiero, además, traer a este momento de recuerdo, el profundo sentido regionalista de Joaquín. Él era un convencido de que el desarrollo del país pasaba, fundamentalmente, por la capacidad que tuviesen las regiones para convertirse en agentes de desarrollo. De ahí que era frecuente verlo involucrado en comisiones especiales, como la de Corfo, o la de Turismo, y en comisiones permanentes, como las de Economía y de Gobierno Interior, que para él eran las que podían aportar de mejor manera al tema de las regiones y su futuro.
Pero ese profundo cariño que sentía por las regiones no era casual. Él y su familia se encontraban íntimamente ligados al territorio de la Región de Coquimbo . De hecho, sus padres y abuelos se encuentran entre los fundadores de la ciudad de Vicuña. Su padre, además, fue senador por la zona, y a Joaquín le tocó, por tres períodos consecutivos, representarla en la Cámara de Diputados. Seguramente, por ello, cuando se supo de su deceso, la comunidad de la provincia de Elqui sintió su partida como la de uno de sus hijos preferidos, y lo hizo notar en cada uno de los actos y ceremonias que se realizaron en su memoria.
Pero no fue solamente por el lazo filial que la comunidad de la Región de Coquimbo recordó a Joaquín Palma, sino porque él, junto con otros demócratas, fue capaz de levantar la voz en la región en momentos en que la mayoría del país callaba. Se hicieron cargo, primero, de fundar la Alianza Democrática, y luego él condujo las banderas del No, como presidente del comando regional, en aquel histórico plebiscito en que se debatía la continuidad o término de la dictadura en el país. Debo señalar que en aquellos momentos ser líder no era tarea sencilla y era doblemente complicado cuando se trataba de regiones, porque no tenían la misma cobertura mediática y periodística que existía en el centro del país. Sin embargo, Joaquín Palma fue capaz de liderar el proceso con convicción, con cariño y con tremendo patriotismo, en momentos en que se requería energía y valor para asumir aquella tarea.
Precisamente por esa labor, Joaquín fue elegido, en 1989, como representante de la ciudadanía ante la Cámara. Posteriormente, se renovó la confianza, hasta completar tres períodos consecutivos, para llevar adelante las tareas que la ciudadanía le había confiado.
Señor Presidente , Joaquín Palma se merece todos y cada uno de los homenajes que la ciudadanía de la Región de Coquimbo le ha brindado en los últimos meses, y también el que hoy, nosotros, con emoción y cariño, le rendimos en este Hemiciclo, porque lo hemos conocido como diputado y querido como persona.
El recuerdo de un hombre bueno, noble y lleno de convicción por los ideales que abrazó desde su juventud lo convierten también en una persona digna de ser recordada por las actuales y futuras generaciones, por la huella que dejó como hombre de bien, como servidor público y como ciudadano de la Región de Coquimbo.
Señor Presidente, estimados colegas, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, de la bancada del Partido Socialista y de la bancada del Partido Comunista, entrego mi saludos y condolencias a su esposa, a sus hijas, a su familia y a todos los que lo vamos a recordar con respeto y cariño.
Querido Joaquín, descansa en paz.
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino, quien rendirá homenaje en nombre de la bancada de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente.
El señor BERTOLINO (de pie).- Señor Presidente , honorable Mesa, honorable Cámara de Diputados, estimada señora Isabel , Cortés, viuda de Palma; Isabel , Asunción , Trinidad y Gabriela , hijas de nuestro homenajeado; Ana María, María Angélica , Antonio , Andrés y Juan Carlos , hermanos de Joaquín; familiares y amigos de nuestro homenajeado:
Rindo homenaje, en representación de la bancada de diputados de Renovación Nacional y de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, como también en el mío propio, en memoria de nuestro excolega diputado Joaquín Palma Irarrázaval , recientemente fallecido.
Fue elegido por el distrito N° 7, que comprende las comunas de La Serena, La Higuera, Vicuña , Paihuano y Andacollo , de nuestra querida Región de Coquimbo, durante tres períodos consecutivos, desde 1990 hasta 2002.
Es de especial significación para mí hacer este homenaje, ya que compartimos su último período en esta honorable Cámara de Diputados como colegas de distrito. Lo recuerdo como un diputado que siempre trabajó en forma seria y dedicada en la representación y defensa de nuestro distrito, el N° 7. Si bien nos tocó representar a diferentes sectores de la vida política nacional, con Joaquín Palma nos unía un profundo amor por las comunas que representamos y el deseo de hacer de nuestro país un lugar mejor y más justo.
Joaquín nació el 2 de febrero de 1943. Sus padres fueron doña Ana Irarrázaval Donoso y don José Ignacio Palma Vicuña , quien fue senador por la Región de Coquimbo y uno de los descendientes de quienes fundaron la hermosa ciudad de Vicuña, tierra de Gabriela Mistral . Desde muy joven, siendo aún estudiante, Joaquín exhibió un desempeño destacado en el ámbito académico. Como consecuencia de ello, ingresó a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, de donde egresó con el título de ingeniero civil. Si bien desde su juventud ya exhibía inquietudes sociales y vocación por el servicio público, no fue sino hasta su llegada a esta casa de estudios superiores que ingresó a la actividad política, pasando a formar parte de las filas de la Democracia Cristiana, su partido de siempre.
Paralelamente a su actividad política, Joaquín se desenvolvía exitosamente en el ámbito privado, prestando asesoría a empresas de la Región de Coquimbo y de la Metropolitana, en particular, en los rubros metal-mecánico y cerámico. También fue un emprendedor que desarrolló actividades empresariales en el rubro de la producción de ladrillos para la construcción en la ciudad de La Serena.
Ya en 1986, asume como presidente de la Democracia Cristiana en la Región de Coquimbo , en tiempos que no eran fáciles para la actividad política. En esa calidad y con el advenimiento del plebiscito de 1988, que definiría la senda política de nuestro país, encabezó la campaña del No en la región, abrazando esta causa que, en definitiva, tendría un final feliz para sus pretensiones y esfuerzos desplegados.
Joaquín es recordado y respetado tanto por la ciudadanía como por sus correligionarios y quienes compartimos con él, como uno de los líderes en la cruzada del retorno a la democracia, y es sindicado por muchos como uno de los grandes gestores de este hito en la historia institucional chilena.
Ya con la reapertura del Congreso Nacional en ciernes, decide postularse a esta Corporación por el distrito N° 7. Como era de esperarse, los comicios tuvieron un resultado exitoso para él, resultando elegido por un primer período, y así, sucesivamente, hasta cumplir tres períodos parlamentarios y dejar esta Cámara al no repostularse en 2002. Esta exitosa carrera parlamentaria no tiene su origen sino en un compromiso inclaudicable por su distrito y por la Región de Coquimbo, donde hoy lamentamos su partida.
En esta Corporación lo recordamos como un diputado destacado en el trabajo parlamentario, estudioso, serio y de profundo análisis. Integró las comisiones permanentes de Energía y Minería; de Economía, Fomento y Desarrollo; de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana; de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y de Salud, y también la Comisión Especial de Turismo. Compartimos como integrantes como algunas de ellas.
Asimismo, presidió la Comisión de Ciencia y Tecnología, e integró las comisiones especiales de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo , y de Desarrollo de Arica .
Quienes compartimos con él, lamentamos su adiós del Congreso Nacional el año 2002, particularmente por su actitud constructiva y de constante y permanente búsqueda del diálogo y de los acuerdos, lo que lo identificaba. Es que si bien no dudó en defender con valentía y convicción sus ideas, siempre se mostró abierto a dialogar y a buscar acuerdos en pro del interés general y del bien común.
Por ello, al conocer la noticia de su deceso cuando tan solo tenía setenta años, quienes lo conocimos y compartimos con él esta noble labor de representar junto a él a nuestro distrito, lamentamos profundamente este hecho. Nos dejó en el mes de agosto del presente año este integrante de una destacada familia de la vida institucional de nuestro país, pero, por sobre todo, un defensor incondicional de la Región de Coquimbo y de su gente.
En mi caso particular, fue un amigo, con quien mantuvimos un mutuo respeto producto de la amistad cívica, y siempre coincidimos en las preocupaciones por nuestro distrito, región y su gente.
Rindo este homenaje en representación de Renovación Nacional, de la Unión Demócrata Independiente y en el mío propio, a Joaquín Palma Irarrázaval , gran hombre público, y de familia, esposo y padre, y tengan por cierto, Isabel , su señora esposa, y sus cuatro hijas, Isabel , Asunción , Trinidad y Gabriela , que Joaquín dejó detrás de él un legado de servicio público y defensa de la democracia, que de seguro trascenderá y será recordado por siempre.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al exdiputado señor Joaquín Palma Irarrázaval .
Saludamos afectuosamente a sus familiares y amigos y les agradecemos su presencia en esta Sala.
Muchas Gracias.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Citó a reunión de Comités sin suspender la sesión.
VI. ORDEN DEL DÍA
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 8265-07) [Continuación]
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde continuar el estudio del proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público.
Recuerdo a la Sala que el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se rindió en la sesión de ayer. Por lo tanto, resta conocer el informe de la Comisión de Hacienda.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 104ª de la actual legislatura, en 17 de diciembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 18.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público, mediante el aumento de su dotación para mejorar los resultados de la investigación y persecución penal e incentivar la permanencia y trabajo de los fiscales a través de una carrera funcionaria.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 15 de octubre de 2013, sustituye uno de 26 de abril de 2012, estableciendo que producto de la reasignación de cargos contenida en la indicación, los costos del proyecto de ley pasan a ser los siguientes:
Gastos en personal: 93 fiscales y 280 funcionarios, M$ 10.368.797; gastos en personal: ascensos, M$ 1.260.534; bienes y servicios de consumo, M$ 2.521.246. Total gastos de operación en régimen: M$ 14.150.577.
Además, el proyecto tiene gastos por una vez por M$ 2.640.853, que se generan gradualmente hasta el tercer año de implementación.
La estructura temporal del gasto es la siguiente: año 1, M$ 8.408.249; año 2, M$ 11.000.773 ; año 3, M$ 14.858.616 ; en régimen, M$ 14.150.577.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento del artículo 1°, números 2 y 7, y de los artículos 1° y 2° transitorios del proyecto aprobado por ella. Por su parte, esta Comisión agregó a su conocimiento los números 3 y 4 del artículo 1°, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Corporación.
Durante el debate, el ministro subrogante de Justicia , señor Juan Ignacio Piña , presente hoy en la Sala, explicó que el mensaje dice relación con las siguientes materias:
1. Creación de una Fiscalía Especial de Investigaciones de Alta Complejidad (FIAC).
2. Aumento de personal en el tratamiento de causas de menor y mediana complejidad.
3. Creación de Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos (UAC-Focos).
4. Fortalecimiento de la atención a víctimas y testigos, que implicaba contratar 104 técnicos.
5. Establecimiento de un régimen general de subrogación del fiscal adjunto.
6. Establecimiento de las bases para una carrera funcionaria. La norma permitía al fiscal nacional cubrir cargos de fiscales adjuntos por concursos internos, con un tope de 30 por ciento.
El ministro señor Piña puntualizó que durante la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Corporación, el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto, que dicen relación con los siguientes aspectos:
-Supresión de la Fiscalía Especial de Investigaciones de Alta Complejidad (FIAC).
-Redistribución de la dotación prevista para la FIAC.
-Clasificación de las fiscalías regionales por tamaño, para definir, cuando corresponda, aquellas en que se aplicarán los pilotos UAC-Focos.
-Aumento del porcentaje de concursabilidad interna para los fiscales.
-Creación de un sistema de ascensos para los fiscales.
El ministro Juan Ignacio Piña , dando respuesta a diversas consultas formuladas por los integrantes de la Comisión, explicó que el proyecto estructura un sistema de ascensos solo para los fiscales, porque fue este estamento el que, a través de su Asociación, manifestó el anhelo y la necesidad de establecer un mecanismo que permitiera paliar la fuga de persecutores del Ministerio Público, por la falta de proyección funcionaria, preocupación que también fue abordada por el fiscal nacional en sus cuentas anuales. Al respecto, hizo presente que la Asociación de Fiscales presentó al Ministerio de Justicia una propuesta en este sentido, muy distinta a la que finalmente presentó el Ejecutivo en su indicación, la que fue fruto de meses de diálogo con la Asociación de Fiscales.
El ministro aclaró que en ningún momento la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público planteó al Ministerio de Justicia la necesidad de contar con una carrera funcionaria para los funcionarios no fiscales, de manera que nunca hubo una solicitud concreta al respecto, como tampoco una propuesta de una eventual carrera funcionaria, razón por la cual el proyecto solo incorporó un sistema de ascensos para los fiscales y no para el conjunto de funcionarios del Ministerio Público.
Por tanto -dijo-, no hay arbitrariedad alguna en esta decisión.
Agregó que la Asociación de Funcionarios solo hizo presente su deseo de contar con una carrera funcionaria cuando el Ejecutivo presentó en la Comisión de Constitución de esta Corporación la indicación que contemplaba un sistema de ascensos para los fiscales, transformándose este tema de carácter técnico en un asunto presupuestario, porque ya se habían comprometido los recursos para esta iniciativa.
Ante esta situación y en el contexto de las paralizaciones de actividades de los funcionarios no fiscales del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia ofreció constituir una mesa de trabajo con la asociación de funcionarios, a fin de recibir el diagnóstico de este requerimiento, determinar el costo de esta demanda y abordar, en forma conjunta, los diversos temas planteados por los funcionarios de ese organismo, entre los cuales está la regla de subrogación.
En otro orden de ideas, el señor Sabas Chahuán expresó su preocupación por el fortalecimiento real del Ministerio Público, puesto que, cuando se ideó la reforma procesal penal, se calculó 1,5 fiscales por defensor, en circunstancias de que hoy hay más de setecientos defensores entre los institucionales, los licitados y los contratados directamente, y solo 647 fiscales.
En ese ámbito, la indicación incorpora a la planta de esta institución 93 fiscales y 280 funcionarios.
En cuanto a la indicación que establece un sistema de ascensos para los fiscales, si bien valora la incorporación de este tema en el proyecto, sostuvo que es necesario extender esta norma al resto de los funcionarios del Ministerio Público.
El fiscal nacional, si bien valora el hecho de que el proyecto reconozca por primera vez la necesidad de incrementar la dotación del Ministerio Público, que no ha tenido, prácticamente, aumento de personal desde la implementación de la reforma procesal penal, consideró que el incremento propuesto es absolutamente insuficiente. En el tema de la carrera funcionaria de los fiscales, valora la propuesta del Ejecutivo , pero estimó indispensable incorporar en la iniciativa la carrera funcionaria de los funcionarios no fiscales.
Entonces, he aquí la actitud para la discusión: durante el trámite del proyecto de Ley de Presupuestos para 2014, surgió una demanda de carrera funcionaria planteada por los funcionarios, lo que amerita una mirada más pausada, ya que el fiscal nacional tiene, en materia de gestión de recursos humanos, atribuciones discrecionales que no existen en ninguna otra repartición pública. En virtud de ellas, el fiscal puede, dentro de ciertos límites, encasillar y promover a los fiscales, profesionales y técnicos, sistema que, con este proyecto, se estaría interviniendo para fijar, solo en el caso de los primeros, un mecanismo de promoción semiautomático. La mesa de trabajo que se forme para estudiar la situación de los segundos de-biera analizar la conveniencia de preservar esa flexibilidad otorgada al fiscal nacional para la gestión de recursos humanos, en contraste con la mayor seguridad que demandan los funcionarios en cuanto a su situación laboral.
No obstante, existe disposición del Ejecutivo a tratar ambas materias en la mesa de trabajo que se forme con el Ministerio Público, para ver qué espacio hay en el presupuesto de 2014, ya aprobado, con miras a poner en marcha un mecanismo que se haga cargo de las demandas de los funcionarios en un sistema que pasaría a ser mixto, pero que todavía no ha podido ser evaluado.
Pidió tiempo para efectuar ese análisis y abordar adecuadamente el asunto.
El ministro subrogante de Justicia destacó que la disposición al diálogo que ha mostrado el Ejecutivo se funda, justamente, en que no existe ningún afán discriminatorio hacia los funcionarios del Ministerio Público, y advirtió, además, que la diferencia que plantea el proyecto entre los fiscales y aquellos se explica por el trabajo de diagnóstico que se hizo con los primeros y que no se ha hecho con los segundos. O sea, el germen de carrera funcionaria contemplado para los fiscales es fruto de una mesa de trabajo que ya tuvo lugar, pero que no ha existido en el caso de los funcionarios. Por eso existe la disposición del Ejecutivo a realizar esa labor.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Los diputados señores Auth , Jaramillo, Monsalve y Ortiz formularon una indicación para suprimir, en el inciso segundo del numeral 2 del artículo 1°, la frase “si la subrogación tiene una duración superior a treinta días”, con el objeto de que quien subrogue a un fiscal adjunto acceda a las remuneraciones de este cargo desde el primer día.
La indicación precedente fue declarada inadmisible por incidir en una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , según lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, ordinal 4º, de la Constitución Política.
Puesto en votación el número 2 del artículo 1º del proyecto, fue aprobado por 7 votos a favor y 3 votos en contra. Votaron en contra los diputados Monsalve, Ortiz y Jaramillo.
Sometidos a votación los números 3 y 4 del artículo 1º, fueron aprobados por 6 votos a favor y 4 votos en contra. Votaron en contra los diputados Auth , Monsalve , Ortiz y Jaramillo.
Puestos en votación, separadamente, el número 7 del artículo 1º permanente y los artículos 1º y 2º transitorios, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes.
Tratado y acordado en sesiones de fechas 10 y 11 de diciembre de 2013, con la asistencia de los diputados señores Marinovic, don Miodrag , Presidente ; Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín ; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo ; Macaya, don Javier ; Montes, don Carlos ; Monsalve, don Manuel ; Ortiz, don José Miguel ; Recondo, don Carlos ; Santana, don Alejandro ; Silva, don Ernesto , y Von Mühlenbrock, don Gastón , según consta en las actas respectivas.
Es cuanto corresponde informar a esta Sala por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, lamento mucho que, en un proyecto de ley tan importante como el de fortalecimiento del Ministerio Público, en la Sala estemos apenas una docena de diputados.
Se trata de una materia relacionada con los problemas de seguridad ciudadana, y la ciudadanía pregunta cómo los diputados, que dicen que trabajan tanto, no tienen preocupación por este proyecto de ley. Creo que es uno de los más importantes y espero que se apruebe, porque la seguridad ciudadana, lamentablemente, no ha sido uno de los baluartes de las autoridades responsables de ella. Tanto el Poder Judicial como el Gobierno, que le ha puesto harto empeño, y nosotros, que hemos aumentado las penas, lamentablemente no hemos tenido el éxito que esperábamos.
Hoy, siete cajeros dispensadores de dinero han sido robados. Uno fue notable, porque fue en el Centro de Justicia, en el local donde funciona la Defensoría Penal Pública, hasta donde llegaron los ladrones y se llevaron el dispensador de dinero. O sea, podemos ver en este hecho el grado de insolencia que exhiben los delincuentes, a pesar de que la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas y la Cámara aumentaron las penas aplicables a la sustracción de dichos elementos muebles.
Señor Presidente , siempre he sido un detractor de la reforma procesal penal, porque considero que fue un mal diseño establecido en nuestro sistema jurídico, que no se aviene con nuestra tradición del derecho, ya que se toman instituciones anglosajonas y se aplican a nuestro sistema jurídico, a pesar de que en nuestras universidades se enseña derecho romano y derecho español desde el primer año.
Lo anterior ha llevado a que tengamos una justicia garantista para el delincuente y muy frustrante para la víctima, lo que la ciudadanía reclama en los distritos.
Ojalá que el proyecto de ley logre revertir de alguna manera la percepción que tiene la ciudadanía respecto de esta justicia penal. Digo ojalá, porque todos deseamos el éxito para las instituciones jurídicas que establece nuestro ordenamiento jurídico.
Me parece que se deben destacar tres aspectos que, a mi juicio, son fundamentales en el proyecto de ley.
En primer lugar, la carrera funcionaria, que será un incentivo para los fiscales, porque, como dije cuando rendí cuenta del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, muchos fiscales se van porque no tienen ningún incentivo. No siempre el incentivo económico es un aliciente en la vida del hombre, ya que cuando uno lleva mucho tiempo en un cargo, se va aburriendo, porque la labor se va haciendo tediosa. Por eso creo que la carrera funcionaria será un incentivo espiritual importante, que permitirá mantener a los buenos fiscales ejerciendo por mucho tiempo la persecución del delito.
En segundo término, señor Presidente , me alegro de que en el proyecto de ley se establezcan las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Para la persona que denuncia un delito es una gran frustración no ser atendida cuando va a la fiscalía o que la atienda un funcionario, en circunstancias de que quiere hablar con el fiscal, como ocurría antes con los jueces del crimen. ¿Y qué sucede? Que al poco tiempo llega una carta a su domicilio, en la que dicen que aporte otras pruebas si las tiene, porque lamentablemente hay que archivar provisionalmente la causa. Eso es de común ocurrencia y trae no solamente dolor a la persona afectada por el delito, sino también, como he dicho muchas veces, una gran frustración y una rabia interna contra la justicia, por lo que la ciudadanía es muy crítica del sistema.
De manera que ojalá que el proyecto de ley mejore las respuestas que se merecen las víctimas de los delitos.
Los funcionarios atienden al público de la mejor manera, pero entiendo que tienen muchos requerimientos y atienden a mucho público y a muchas víctimas, por lo que están sobrepasados; pero tampoco los abogados somos bien tratados en las fiscalías, porque no hay una voz amable que nos atienda. Falta una cultura de trato para que la persona se sienta dignamente atendida. Por eso me parece muy bien encaminada la norma que establece la contratación de 104 técnicos, ya que pretende mejorar la atención del público.
En tercer lugar, en relación con el personal administrativo, que cuenta con toda mi simpa-tía, escuchamos a sus representantes en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Me parece muy bien que se haya creado una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia. Pero ellos tienen otro trato respecto de la carrera funcionaria, pues están sujetos al Código del Trabajo. En consecuencia, debemos otorgarles incentivos económicos y también un incentivo espiritual, como lo son una carrera funcionaria y ascensos, porque lo peor que nos podría pasar es que los funcionarios administrativos tuvieran un incordio con los fiscales, en circunstancias de que necesitamos un equipo de trabajo. Los administrativos son muy importantes. En esto estamos absolutamente de acuerdo, razón por la cual se debe armonizar el Código del Trabajo, que los rige, con sus muy legítimas aspiraciones de ascensos.
En general, señor Presidente , creo que es un buen proyecto. A lo mejor, no es suficiente para mejorar la justicia penal. Además, echo de menos ese proyecto de ley de reforma sobre la reforma procesal penal, que nunca llegó y que no pudimos discutir en este período legislativo.
Finalmente, anuncio mi respaldo al proyecto de ley por las consideraciones que he señalado.
He dicho.
El señor BURGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , sin fiscalías no hay seguridad. Quienes creen que un subsecretario, un ministro , un intendente o un gobernador es quien persigue a los delincuentes, quiere decir que todavía no ha estudiado el sistema de enjuiciamiento criminal.
Por lo anterior, señor Presidente , algunas agrupaciones de funcionarios y también de fiscales tuvieron una reunión en octubre de 2010 con la recientemente nominada en aquella época directora de Presupuestos, la señorita Rosanna Costa . En esa reunión le planteé la necesidad de fortalecer el Ministerio Público, debido a que los cálculos iniciales para la puesta en marcha de la reforma procesal penal habían sido muy mezquinos. En efecto, en la práctica, el número de ingresos de causas y la cantidad de defensores eran mucho mayores, como veremos más adelante, lo cual estaba significando que el Ministerio Público, sus fiscales y sus funcionarios estuviesen sobreexigidos en muchos lugares, lo que, por un lado, acarreaba deserción, y por otro, falta de capacidad de respuesta en la persecución penal, la que habíamos entregado de manera monopólica al Ministerio Público.
En aquella oportunidad, la directora de Presupuestos señaló que iban a esperar la llegada del informe del Banco Interamericano de Desarrollo para mandar al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a fortalecer el Ministerio Público.
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo llegó en diciembre de ese año, y, en términos generales, ratificaba el déficit de funcionarios y de fiscales, recomendaba algunas restructuraciones y planteaba la contratación de cerca de 800 funcionarios adicionales, entre fiscales y funcionarios. Si mal no recuerdo, sugirió contratar 181 fiscales.
La directora de Presupuestos , no contenta con la respuesta del Banco Interamericano de Desarrollo y obviando el compromiso sostenido con este parlamentario, pidió un segundo informe, en este caso a la Fundación Paz Ciudadana, la que, en términos generales, ratificó lo señalado por el informe del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a los déficits. Por ejemplo, la Fundación Paz Ciudadana proyectó el ingreso promedio anual de 800 mil causas para el inicio de la reforma procesal penal; pero en la práctica la cantidad de esos ingresos por año llegó a 1 millón 400 mil. Estimó que en los inicios de la reforma procesal penal tendríamos 1,5 fiscales por defensor, en circunstancias de que hoy tenemos 666 fiscales y 700 defensores públicos. Además, agravamos lo anterior, porque el Parlamento incorporó dentro de las funciones del Ministerio Público la persecución de la violencia intrafamiliar, que incrementó las causas adicionales en un número considerable. Asimismo, recordemos que el Parlamento decidió el traspaso de un conjunto de causas sometidas a la justicia militar al conocimiento del Ministerio Público. Es decir, aumentamos la carga de trabajo, pero no la capacidad y la estructura del organismo encargado de la persecución de los delitos.
Tenemos que entender que el 82 por ciento de la actual dotación del Ministerio Público corresponde a 3.121 funcionarios no fiscales y 666 fiscales.
Este proyecto es producto de una lucha constante que algunos hemos dado, y que no fue fácil. Primero, el Gobierno negó el envío del proyecto. Luego, intentó intervenir en la destinación de fiscales, lo cual atentaba contra la autonomía de la institución. Posteriormente, el proyecto ingresado por el Gobierno contemplaba una Fiscalía Especial de Investigaciones de Alta Complejidad, que no obstante ser muy importante, no avanzaba en lo que todos los ciudadanos requieren: mayor seguridad, no solo respecto de los delitos de alta complejidad. Se estaba asignando fiscales al 0,0001 de las causas que afectaban al país, y no era lógico destinar una cantidad de fiscales y funcionarios a la referida Fiscalía y no fortalecer las unidades territoriales que atienden delitos de común ocurrencia.
En la Comisión de Constitución logramos reformular el proyecto y que gran parte de los recursos comprometidos por el Gobierno a la Fiscalía Especial de Investigaciones de Alta Complejidad se destinaran a fiscalías de mayor, mediana y menor complejidad.
En definitiva, se cambió el proyecto.
Destaco que el señor fiscal Nacional, a propósito de la discusión de la carrera funcionaria, señaló abiertamente -lo citó el diputado informante , señor Enrique Jaramillo - que pidió de manera expresa en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que se extendiera la carrera funcionaria no solo para los fiscales, sino también para los funcionarios. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque el proyecto tiene aspectos muy positivos, como lo relativo a la subrogación y otros, pero creo que tenemos un problema en cuanto a la carrera funcionaria. Soy el primero en suscribir la necesidad de que los fiscales tengan carrera funcionaria y así evitar algo que ya es tradición: el constante abandono, la renuncia, la migración hacia el sector privado de personas que han sido capacitadas por el Estado para ejercer la acción penal pública. Sin embargo, no me parece prudente circunscribir la carrera funcionaria únicamente a los fiscales en una institución que tiene una composición mixta: un conjunto de persecutores, pero con el 82 por ciento de su dotación compuesta por funcionarios no fiscales.
Algunos plantearon que en el caso de los funcionarios hoy existe un régimen de ascenso implementado en el marco del Compromiso de Gestión Institucional. Y probablemente eso es cierto; pero es reglamentario. El Compromiso de Gestión Institucional obliga a la máxima autoridad del Ministerio Público -al señor fiscal Nacional- a sentarse todos los años a negociar con el Ministerio de Hacienda la aprobación de los recursos para dicho convenio, lo cual atenta contra la autonomía de la entidad que representa. Imaginen que el contralor General de la República tuviera que ir a negociar un Compromiso de Gestión Institucional para que sus funcionarios pudieran ascender. Obviamente, ello disminuiría o mermaría su autonomía.
En consecuencia, no me parece correcto que se establezca una diferencia entre fiscales y funcionarios. Aquí se requiere fortalecer al Ministerio Público como institución. Y ese fortalecimiento debe ser, valga la redundancia, institucional: todos los estamentos que integran la institución deben ser fortalecidos.
En primer lugar, resulta bastante cuestionable que una modificación de la naturaleza, de la magnitud que se pretende se plantee a dos meses del término de un gobierno, en circunstancias de que sabemos que la administración que viene tiene una visión distinta, más integradora, de mucho mayor respeto institucional que la que ha tenido este Gobierno. Lo que no hicieron en cuatro años no lo van a hacer en dos meses.
En segundo término, en lo personal me parece bastante impresentable que esta modificación genere divisiones en una institución que debemos proteger. Tenemos que evitar que se produzcan enfrentamientos internos entre funcionarios y fiscales. Porque quienes conocemos el trabajo de las fiscalías sabemos que los fiscales realizan una tremenda labor. Pero igualmente grande y abnegado es el trabajo que efectúan los funcionarios de Custodia de Evidencias, los ayudantes de los fiscales, los funcionarios que de manera permanente están llevando a cabo la logística y el trabajo necesario para que el fiscal pueda concentrarse en la persecución penal.
Por consiguiente, un proyecto que establece una diferencia arbitraria entre fiscales, con ascenso por ley, y funcionarios con ascenso por reglamento no es el camino correcto, ya que estamos erosionando una institución fundamental que se encarga de la persecución penal. No corresponde hacer la diferencia entre base legal para el ascenso de fiscales y base reglamentaria para el ascenso de funcionarios.
Considero delicado que algunos funcionarios de Gobierno y ciertos parlamentarios pretendan mantener este sistema de ascenso por reglamento para los funcionarios, porque ello afectará la autonomía del señor fiscal nacional, quien deberá concurrir al Ministerio de Hacienda, cualquiera que sea el gobierno de turno, a negociar los presupuestos. De hecho, en el Presupuesto para 2014 no hay un solo peso destinado al Compromiso de Gestión Institucional.
(Aplausos en las tribunas)
En consecuencia, se ha planteado la necesidad de terminar con esta incertidumbre anual que genera el ascenso por reglamento y establecerlo en la ley.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, diputado señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Es una facultad, en virtud del principio de legalidad.
Por último, hoy existe una propuesta, una salida en esta materia. Y, por su intermedio, señor Presidente , le reitero lo que le señalé ayer al señor ministro de Justicia : hay una indicación que permitiría establecer, en virtud del principio de legalidad, la carrera funcionaria y con ello fortalecer el Ministerio Público.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente , nos encontramos ante un proyecto de ley cuya idea matriz es fortalecer la función que realiza el Ministerio Público en su misión de ente persecutor en materia penal. Ello reviste un enorme avance en lo relativo a la organización administrativa de esa importante institución. Pero no se trata de una solución completa a la problemática del sistema procesal penal. Esperamos que la serie de modificaciones que el proyecto introduce a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y que votaremos hoy sea una ayuda y un avance concreto a la labor que desarrolla ese órgano del Estado y revista gran importancia para el avance del trabajo de los fiscales del Ministerio Público ante la ya conocida y excesiva carga de causas que deben tramitar. En promedio, ellos llegan a tener a su cargo más de 2.000 investigaciones al año, lo que supera en 50 por ciento la cifra que en un comienzo proyectó la reforma procesal penal como número de causas que los fiscales podían tramitar con eficiencia.
Es importante que entreguemos las facultades de subrogación y suplencia de los fiscales adjuntos a los ayudantes de fiscal, porque es inaceptable que ante la ausencia de un fiscal, ya sea por motivos médicos, feriado legal o simplemente la renuncia de uno de ellos se paralicen las investigaciones o deban ser redistribuidas.
A la fecha han renunciado más de 190 fiscales. Muchos de ellos se han ido a diversos estudios privados: Carey, Puga Ortiz, Hermosilla, Harasic & López, entre otros.
Recientemente, los fiscales que conocían casos de connotación pública tales como colusión de farmacias, Corredora de Bolsa Alfa y abusos en colegio Apoquindo renunciaron al Ministerio Público para partir al ejercicio privado de la profesión. La razón principal de ese éxodo es que en la actualidad la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público no contiene ninguna norma que permita incentivar la permanencia en la institución a los mejores fiscales.
La capacitación de los fiscales de la Región Metropolitana duró ocho meses y costó cerca de 28 millones de pesos por cada uno de ellos. La renuncia de cada fiscal implica un impacto enorme no solo desde el punto de vista presupuestario, sino que en cada una de las investigaciones penales, así como en las víctimas de los delincuentes, las que ven cómo los delitos de los que fueron objeto se mantienen en la impunidad.
Afortunadamente, el proyecto de ley en discusión propone, entre otras importantes medidas, modificaciones a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, con la finalidad de fijar las bases del procedimiento de promoción interna de los fiscales adjuntos, para que no continúe la pérdida de profesionales especializados y con experiencia en el sistema procesal penal, puesto que plantea para ellos el establecimiento de una carrera funcionaria adecuada y eficaz, lo cual se enmarca en lo que todo funcionario ligado al servicio público espera en sus condiciones laborales.
Sin embargo, esas modificaciones solo significarán una solución a medias si no nos hacemos cargo del fortalecimiento de la carrera de los funcionarios del Ministerio Público que no han sido incorporados en esta propuesta legislativa. No lograremos nada si se mejora la carrera funcionaria de los fiscales, pero se deja en las mismas condiciones al resto de los funcionarios de ese organismo, los que representan el 82 por ciento de su dotación.
Por otra parte, cabe señalar que la cantidad de fiscales que la iniciativa propone aumentar es muy baja, razón por la que escasamente logrará dar solución a la problemática que la ciudadanía reclama a causa de la lentitud de la tramitación de las causas judiciales y de la denominada y famosa puerta giratoria.
Por eso, tal como lo planteó el diputado señor Felipe Harboe , pediré votación separada de algunos artículos del proyecto de ley en discusión referidos a los funcionarios que no tienen la calidad de fiscales del Ministerio Público.
(Aplausos)
Lo hago presente porque las disposiciones de la iniciativa no son suficientes para el real fortalecimiento de ese organismo, puesto que las modificaciones que se proponen a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público no son suficientes para solucionar las falencias que en materia de funcionamiento afectan tanto a los fiscales como a los demás funcionarios.
Queremos que nuestra justicia sea justa, de calidad y que dé tranquilidad a nuestros compatriotas. Creo que la manera de lograrlo es a través del fortalecimiento del Ministerio Público, tal como desde hace mucho ha sido solicitado tanto por los persecutores como por los funcionarios que no tienen la calidad de fiscales de esa entidad, razón por la cual -lo reitero- votaré a favor algunos artículos de la iniciativa, pero votaré en contra lo referido a los funcionarios que no cumplen funciones de fiscales.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente , el proyecto en debate lleva varios años de tramitación legislativa y representa una luz de esperanza para los funcionarios del Ministerio Público que no se sienten completamente representados por sus disposiciones.
En la Reforma Procesal Penal que comenzó a ser implementada en 2000 -en la que tuvo una participación muy importante el entonces ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez - se estableció la planta funcionaria del Ministerio Público, la cual no ha sido objeto de modificaciones hasta ahora. Lo anterior se podría asemejar a cargar con dos mil kilos una camioneta con una carga máxima de una tonelada, situación que provoca sentimientos de desesperanza en la ciudadanía, cuyo objeto es obtener justicia a partir del trabajo de las fiscalías.
El número de casos que deben ser conocidos por las fiscalías ha aumentado prácticamente al doble de los que había al inicio de la Reforma Procesal Penal, lo que ha generado la recarga laboral de los funcionarios tanto de la Fiscalía Nacional como de las fiscalías regionales. Además, el estrés laboral y las malas condiciones de trabajo han desencadenado en ellos una serie de patologías físicas y sicológicas.
En los últimos cinco años, con motivo de la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, la reforma de la Justicia Militar y la inclusión de treinta delitos nuevos en el catálogo de penas, ha provocado que el número de casos que deben ser conocidos por el Ministerio Público haya aumentado en 45 por ciento.
Lo que señalo no tiene por objeto desmerecer el trabajo enorme que realizan los fiscales, pero hay que tener presente que este, por decirlo de algún modo, se encuentra en vitrina. Para que rinda fruto se debe tener en cuenta que detrás suyo hay un verdadero ejército -disminuido, por cierto- de funcionarios que colaboran para que su labor de investigación y persecución penal tenga éxito, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de los dirigentes sociales, los parlamentarios y los concejales, los que muchas veces logramos sacar adelante obras de mejoramiento en favor de la comunidad, pero los que se llevan el premio del reconocimiento son los alcaldes.
La idea matriz del proyecto de ley en debate es fortalecer el Ministerio Público, mediante el aumento de su dotación para mejorar los resultados de investigación y persecución penal, así como incentivar la permanencia y el trabajo de los fiscales, a través del establecimiento de la carrera funcionaria. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto de los funcionarios, los que también se llevan el peso del trabajo?
(Aplausos)
Para fortalecer la carrera funcionaria y aumentar los porcentajes de concursabilidad de los cargos de fiscales adjuntos el proyecto establece un nuevo sistema de promoción interna. Si bien eso es muy positivo, el problema radica en que solo se caracteriza la función del Ministerio Público en la presencia de los fiscales, en circunstancias de que ellos forman parte limitada del eslabón de la persecución penal, cuyo porcentaje llega a apenas al 18 por ciento de la dotación de ese organismo.
(Aplausos)
Encuentro pretencioso que para la denominación de la iniciativa se señale que está referida al fortalecimiento del Ministerio Público, porque propone la creación de una reducida plaza de fiscales y funcionarios. Es decir, el proyecto incluye solo a los fiscales, pero deja fuera de esta gran reforma al resto de los funcionarios que integran ese organismo.
Por lo tanto, el proyecto no considera la necesaria y consecuente dotación de apoyo, planteamiento que es avalado por informes del Banco Interamericano de Desarrollo, de Paz Ciudadana y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Además, la iniciativa no se refiere a la carrera funcionaria, ya que no establece ascensos para funcionarios y ni siquiera se pronuncia en relación con la protección de las víctimas; solo considera el procedimiento de ascenso para los fiscales, lo que constituye una forma de discriminación para el resto del personal.
El fortalecimiento del Ministerio Público propuesto en el proyecto de ley que se somete a nuestra consideración implica modificar la ley orgánica constitucional de ese organismo, de manera que es el momento de introducir las mejoras que requiere el estatuto orgánico de su personal en aspectos básicos, como la regulación de la promoción interna de los funcionarios, así como la superación de la discriminación de la que son objeto los abogados asistentes, los que deben asumir la labor de los fiscales cuando estos no se encuentran presentes, pero cuyas remuneraciones no se igualan sino pasados treinta días de la ausencia del titular. Para poner término a esa situación se deben llevar a cabo ajustes económicos. No obstante, se mantendrá el colapso por dotación insuficiente, porque el proyecto solo disminuirá en 7,7 por ciento las causas por fiscal.
Por último, me referiré a los aspectos del proyecto que no nos gustan, así como a las cosas que nos gustaría que incluyera.
La iniciativa no mejora la calidad de la persecución penal; no fortalece los equipos investigativos; no destina recursos -según lo indicado por los organismos internacionales que he señalado-; no se condice con el aumento de dotación en otros servicios afines, como el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; discrimina a los ciudadanos que denuncian los delitos comunes o masivos; discrimina a los trabajadores del Ministerio Público, porque levanta una carrera funcionaria para los fiscales, y el 82 por ciento de los funcionarios se quedan sin esa carrera funcionaria. Además, no considera la sobrecarga y derechos de los abogados asistentes; su impacto real es menor.
¿Qué es lo que nos gustaría? Aumentar la dotación de funcionarios y fiscales, de acuerdo con los informes técnicos actualizados de los organismos que he señalado. Ello implica establecer una dotación superior a 800 funcionarios y fiscales; incorporar el derecho a ascenso para los funcionarios, acorde al proceso validado por el propio Ministerio Público; hacer efectiva la subrogancia de los fiscales desde el primer día, considerando que cumplen todos los requisitos para desempeñar la función de fiscal. En varias reuniones se me ha señalado que esa situación constituiría un verdadero enriquecimiento ilícito del Estado, toda vez que está lucrando al contratar a un abogado que en la práctica realiza las funciones de un fiscal; establecer el pago de horas extraordinarias a los abogados de la institución que puedan asumir las funciones de los abogados asistentes, cuando estos subroguen al fiscal; incluir la asignación profesional para auxiliares y administrativos, tal como ocurre en el Poder Judicial ; incluir la posibilidad de ascenso al grado 17 para los auxiliares, homologable al Poder Judicial ; incorporar compensación por dedicación exclusiva para profesionales y técnicos y permitir la realización de doce horas de docencia a la semana, tal como ocurre en el Poder Judicial . En el Servicio de Impuestos Internos y en la Tesorería General de la República los funcionarios reciben un bono por dedicación exclusiva, que va de un 30 a un 35 por ciento de su remuneración.
Por lo expuesto, anuncio que actuaremos como han dicho los diputados Felipe Harboe y Ramón Farías : aprobaremos aquello que hay que aprobar e impulsaremos fuertemente la justicia para los funcionarios del Ministerio Público.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Ruego a las personas que están en las tribunas -sin perjuicio de que son muy bienvenidas a la Cámara de Diputados- que nos permitan desarrollar en orden la sesión. Están prohibidas las manifestaciones.
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).-
Señor Presidente , en algunos puntos discrepo de lo expresado por los diputados que hicieron uso de la palabra, porque creo que este es un gran proyecto. Este es mi segundo período como parlamentaria. Desde que asumí, los fiscales han pedido que lleven a cabo un reforzamiento y una modernización del Ministerio Público. En ese sentido, han planteado en forma reiterada la necesidad de contar con más fiscales y de tener incentivos para que esos profesionales, altamente especializados, se mantengan dentro del Ministerio Público y no se vayan, luego de algunos años, al mundo privado, donde se vive más tranquilo y se gana más. Sin embargo, durante los cuatro años de mi primer período no pasó nada. Tratamos el proyecto que se convirtió en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que entró en vigencia en esa época, pero en virtud de la cual solo se aumentó en 23 el número de fiscales a nivel nacional para los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones que les establecía esa nueva normativa. Sin embargo, los defensores fueron aumentados en 40. Permanentemente hicimos ver la necesidad de contar con más fiscales, más asistentes y más personal en términos generales. Por lo tanto, ¡claro que no es suficiente! Po-dríamos estar aquí días y semanas diciendo qué necesita el país en las distintas áreas cuando legislamos.
Creo que estamos ante un buen proyecto, que representa un avance. Es más, quiero hacer presente que en la Comisión de Hacienda se estableció el compromiso de constituir una mesa de trabajo para los efectos de analizar la posibilidad de que también los funcionarios del Ministerio Público desarrollen una carrera funcionaria. Por ello, las expresiones vertidas anteriormente solo me calzan dentro del concepto de bloquear absolutamente en todo lo posible la agenda legislativa de este gobierno en los meses que le quedan, lo que creo que hace daño al país.
Quiero hacer presente que en el Ministerio Público existe una situación de discriminación que al menos en lo personal me afecta mucho, cual es que las mujeres fiscales están en los grados inferiores. Realizan el mismo trabajo que cualquier fiscal varón, pero por razones que uno desconoce, que podemos suponer, están en los grados más inferiores y ganan menos.
Con todo -repito-, me parece que este es un buen proyecto, de toda justicia y que permite dar mayor seguridad, de modo que la gente se sienta un poco más protegida. De que falta, es claro que falta. Sin perjuicio de ello, quiero destacar la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Investigativos, proyecto que va a durar tres años y que permitirá al Ministerio Público desarrollar una planificación para los efectos de enfrentar cierto tipo de delitos que causan mayor conmoción, como el robo por sorpresa, la violación, y en general los delitos que se cometen con un grado de violencia importante y que hacen que la ciudadanía se sienta muy insegura.
Asimismo, el Ejecutivo acogió la proposición que le hicimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, finalmente, desechó la idea de crear una Fiscalía de Alta Complejidad, por cuanto ello solo iba a favorecer a Santiago, ya que en regiones existe una gran falencia en cuanto al número de fiscales y a la labor que pueden realizar. En Santiago, sin que dependa de las condiciones climatológicas, cualquier fiscal se puede desplazar a cualquier parte dentro de su territorio. Ello no ocurre de igual forma en las regiones, ya que en muchos casos las distancias, el mar, las montañas y las condiciones climatológicas y geográficas hacen muy difícil para el fiscal desempeñar su trabajo.
Comprometo el voto favorable de la bancada de la UDI para este proyecto. Sin duda que nos falta mucho por avanzar, por ejemplo, en materia de víctimas de delitos. Elaborar un proyecto sobre esa materia también le corresponderá al Ministerio de Justicia. Al respecto, personalmente me siento muy en deuda, porque llevo muchos años planteando la necesidad de reformar la Corporación de Asistencia Judicial y de crear un sistema nacional de asistencia jurídica. No obstante ello y las carencias que efectivamente existen, creo que estamos ante un buen proyecto, que fortalece el Ministerio Público y da cumplimiento a un anhelo de los fiscales desde hace muchos años.
Acabamos de tener una elección presidencial y viene un nuevo gobierno. Espero que con esa misma fuerza los diputados que hoy son de Oposición exijan al próximo gobierno que continúe con la mesa de trabajo para los efectos de emparejar la cancha, a fin de que los demás funcionarios del Ministerio Público también puedan desarrollar una carrera funcionaria como corresponde.
He dicho.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente , usted tiene ancestros italianos, le gustan los dulces italianos y como buen descendiente de italiano le pone entusiasmo. Se lo digo con todo respeto, señor Presidente . Lo que ocurre es que quien presidió antes que usted les dijo a las personas presentes en las tribunas que se quedaran calladas, que no le pusieran entusiasmo. Pero ahora estamos en familia, por lo que creo que esas personas también podrán expresar su alegría.
(Aplausos en las tribunas)
Como muy bien dijo la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, vendrá un nuevo gobierno. El nuevo gobierno ya está. Pero también dijo que vamos a tener que exigir. No hace falta. Con el nuevo gobierno no vamos a exigir, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a buscar cómo avanzar.
Había un dicho: “El que agarra ministerio no agarra camioneta.” Pero con este proyecto, el que agarró ministerio también agarró camioneta. Es cierto, como manifestaron el diputado Meza y otros, que hay que hacer correcciones a esta futura ley. Todos los proyectos de ley parten como un experimento; luego se corrigen. En este caso, estamos corrigiendo todo lo que tenga que ver con el mundo de los fiscales, sus cargas de trabajo, sus reemplazos, los nuevos fiscales -se están yendo muchos-, sus expectativas profesionales. Es absolutamente válido, razonable y lógico. También es importante fortalecer la carrera funcionaria y el Ministerio Público en las regiones, que están un poco en el aire, en el ámbito de las suplencias, etcétera. ¡Pero el que agarra ministerio no se puede llevar también la camioneta! ¿Qué pasa con el resto de los funcionarios que trabajan y que son el soporte diario de nuestros queridos fiscales? No están considerados.
Señor Presidente , le voy a pedir -usted me dirá si es o no admisible- que traslademos la votación del proyecto para el 28 de diciembre en la mañana; creo que sería una buena fecha para hacerlo.
(Aplausos en las tribunas)
Lo digo con respeto, aunque parece un chiste, de buen gusto para algunos, pero no para otros. La alegría va a llegar, pero al parecer todavía no llega para estos funcionarios.
Tengo una visión distinta respecto de lo que se ha discutido aquí. Ustedes saben que no soy abogado, no soy experto en leyes; pero sí lo soy en algo que falta. Conversamos con el ministro de Justicia , que nos manifestó su disposición -entiendo que lo va a confirmar ahora- de recibir a los funcionarios del Ministerio Público el próximo viernes a las 11 horas, con un buen café, algunos cuchuflíes y unas galletitas. Veo que tiene buena disposición para ello. El ministro se comprometió de buena fe a buscar la forma de presentar una indicación que considere los dos temas básicos que le planteamos, aunque en realidad hay otros.
Tal vez, lo mejor sería no votar el proyecto ahora, sino los primeros días de enero, con el objeto de tener una buena solución para todos. Se podría formular una indicación, más bien en la Cámara que en el Senado. Como es aquí donde hemos realizado la mayor discusión, también es aquí donde debiéramos votarla.
Creo que el ministro cumplirá, pero como siempre he dicho, no es cuestión del ministro de Justicia . Para que no se enojen, el recado que voy a mandar no es para el gobierno; pero, para callado, sí lo es. ¿Quién es el verdadero Vicepresidente de la República en nuestro país? Pregúntenle a Aninat, a Velasco , a Eyzaguirre o a Larraín: el verdadero Vicepresidente de la República no es el ministro del Interior y Seguridad Pública -en todos los gobiernos dura poquito en su cargo, porque lo cambian a pocos meses de asumir-, sino el ministro de Hacienda , que es al único que ningún gobierno cambia durante los cuatro años de su gestión. El diputado Chahín lo sabe. El poder está en Teatinos 120, piso 12°, porque, como dicen los huasos de mi tierra, el que pone el billete pone la música. El ministro de Justicia hace buenos intentos, pone las palabras y los conceptos, presenta indicaciones, pero no los billetes. Si no está presente el ministro Hacienda es mejor dejar todo para el 28 de diciembre.
Los 850 millones a que se refería el diputado Ortiz en la Comisión -en realidad, son 855 millones, por lo que van a tener para el café y los cuchuflíes- no son suficientes. Aquí no se trata de pagar un año, de dejar conformes a los funcionarios por doce meses; esta es una ley permanente con financiamiento permanente.
(Aplausos en las tribunas)
Mientras el ministro de Hacienda no se pronuncie, el resto es solo música, porque está claro que todo depende de él; no bastan los 855 millones que están en caja.
La reforma que estamos haciendo mediante este proyecto de ley, sin considerar a quienes nos acompañan en las tribunas, significa 8.400 millones el primer año, 11.000 millones el segundo y 15.000 millones el tercero; pero a los funcionarios solo les vamos a dar 855 millones de pesos. Algo no cuadra; los números son claros. Creo que estamos confundidos; pero el ministro de Justicia tiene claro su papel y confío en que lo cumplirá.
Repito, la solución no depende del Ministerio de Justicia, que se ubica frente a La Moneda, pero por Morandé; la solución está en Teatinos 120, y mientras no tengamos el compromiso del ministro de Hacienda , podremos presentar las indicaciones que queramos, ahora, el 28 de diciembre o el 2 de enero del próximo año; sin embargo, sin recursos, todo será historia.
Vuelvo a lo que señalé al comienzo de mi intervención a propósito de lo dicho por la diputada que me antecedió en el uso de la palabra: no vamos a hacer exigencias a nuestro Gobierno. Nosotros tomamos el compromiso del ministro de Justicia y nos comprometemos a conversar con el futuro ministro de Hacienda que, como dijimos, no tendrá vacaciones porque el presupuesto es muy ajustado; durante enero, febrero y marzo tendrá que ver qué hace, porque por mucho que prometa no habrá billetes y tendrá que sacarlos de otro lado, lo que requiere no solo un ejercicio monetario, sino también el compromiso de buscar la forma de hacerlo realidad, de aterrizarlo.
Pero no es poca plata; no son los 15.000 millones para los funcionarios fiscales -está bien, se lo merecen, se están haciendo las adecuaciones; es razonable-, aquí estamos hablando de los funcionarios del Ministerio Público.
Como no sé de leyes me equivoqué: el BID planteaba que se necesitaban 196 fiscales y 723 funcionarios; por otro lado, Paz Ciudadana -lo anoté aquí- señala que se necesitan 156 fiscales y 587 funcionarios; existen diferencias. Pensé que el debate apuntaría a estas diferencias, es decir, si era necesario contratar 200 o 160 fiscales o 750 o 600 funcionarios, asegurándoles su carrera funcionaria. Como digo, me confundí, porque el problema no es ese. Se trata simplemente de que a una parte de este ministerio no le toca camioneta y menos ministerio, lo que no me parece razonable.
Tal como lo ha hecho el ministro de Justicia , debemos buscar una fórmula razonable. Son dos las indicaciones que se presentaron y tres los numerales que vamos a votar en contra; el resto lo vamos a aprobar. Pero -insisto- me gustaría esperar el 28 de diciembre, después de la reunión del viernes a las 11 de la mañana, con un buen café y cuchuflíes, y en enero estar en esta Sala, todos contentos, avanzando y el ministro de Justicia cumpliendo su compromiso.
Año Nuevo, Vida Nueva; supongo que el ministro de Hacienda anunciará también platas nuevas, porque -insisto- sin plata todo lo demás es ilusión; todo lo que hemos conversado y discutido -objetivos, planteamientos, buenas ideas-, sin respaldo económico, simplemente quedarán en eso, en simples ideas. Es como una mujer guapa -el Presidente sabe de esto-: si no se viste bien, no se pinta, ni se pone zapatos de taco alto, no parece guapa. Este proyecto no parece guapo. Según lo que han dicho algunos colegas, aparentemente es guapo, pero nada parecido a la diputada Alejandra Sepúlveda , que sí sabe vestirse bien.
Espero que en enero tengamos un proyecto que sea guapo, entretenido y, además, con la presencia del ministro de Hacienda, financiado.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas.
El señor RIVAS.-
Señor Presidente , aquí estamos en una Cámara política, en la que se debaten y elaboran leyes. Una de las más importantes aprobadas por el Congreso Nacional en los últimos años es la Ley Antidiscriminación. Si bien ese proyecto apuntaba a otro tipo de discriminación, este proyecto sobre fortalecimiento del Ministerio Público desgraciadamente también lo hace.
(Aplausos en las tribunas)
Y lo hace respecto de dos puntos muy importantes que quiero destacar.
En primer lugar, discrimina a las regiones, en particular a las provincias, porque gran parte del esfuerzo económico y de recursos humanos que establece beneficia a la Región Metropolitana; el resto va a las regiones, pero no a cualquiera de ellas, sino principalmente a las capitales regionales. Es decir, aquellos sectores de regiones que no tienen la suerte de ser derechamente capital regional no reciben prácticamente nada. ¿Qué pasa en esos lugares? ¿No se cometen delitos en los sectores más alejados de las capitales regionales? ¿No se cometen delitos fuera de la Región Metropolitana? Eso es discriminación.
En segundo lugar, la discriminación más grave no es la relacionada con las regiones -que son algo abstracto, intangible-, sino que la que se comete contra los funcionarios. Este proyecto de ley establece derechos y beneficios solo para los fiscales. Eso es muy positivo, pero es incompleto, porque ¿qué sucede con la carrera funcionaria de más de 3.000 funcionarios que laboran día a día en el Ministerio Público?
Si queremos avanzar en la generación de un marco legislativo permanente, debemos hacerlo de forma seria, porque tal como está redactado el proyecto, deja afuera a todos los administrativos, técnicos y a distintos profesionales del Ministerio Público.
Por lo expuesto, no puedo comprometer mi voto a favor del proyecto, a menos que se mejore sustancialmente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , considero un deber y una obligación plantear lo que pienso sobre este proyecto que “fortalece” el Ministerio Público.
Hace mucho tiempo, en la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, en la que discutimos el presupuesto del Ministerio Público, después de la reforma procesal penal, creamos una partida con el objetivo de que su financiamiento no dependiera del Ministerio de Justicia o del Poder Judicial.
Cuando se creó por ley el Ministerio Público, no visualizamos la gran cantidad de causas que iban a ingresar, y en estos años ha quedado demostrado que no solo se necesitan más fiscales, sino también otros funcionarios y profesionales que conforman un grupo interdisciplinario fundamental para realizar de buena forma las correspondientes investigaciones.
En la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, hace exactamente veinte meses, se planteó que era necesario que se presentara un proyecto de carrera funcionaria, de manera que es una falacia afirmar que nosotros no queríamos carrera funcionaria. Los cinco integrantes de esa subcomisión especial no creemos en la discriminación, sino en la igualdad, y eso significa carrera funcionaria para todos.
Hace veinte meses, exigimos al Gobierno que ingresara un proyecto de ley, tal como también lo hicieron las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado. Hay que ser justos, objetivos y serios en política y reconocer que eso efectivamente ocurrió, hace más de un año y medio, y la iniciativa ingresó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, pero solo el 14 o 15 de noviembre -es decir, 18 meses después- ingresó una indicación que agrega 280 funcionarios y 93 fiscales. También establece un mecanismo de suplencia y de subrogancia para todos los fiscales -actualmente, solo existe subrogancia en las fiscalías con un solo fiscal- y que se realizarán concursos internos para el 50 por ciento de los cargos vacantes. Además, se crea una carrera profesional de los fiscales, basada en el mérito; se establece un proceso de ascenso para los fiscales, para que puedan llegar, vía mérito, hasta el mismo grado remuneratorio de los jueces.
¿Cuál es el problema? No se trata de un tema electoral, sino de un tema país. ¿Por qué discriminamos a 3.200 funcionarios? Quiero ser muy objetivo, pues conozco muy bien este tema, más de lo que muchos diputados imaginan. El sistema actual, tema que ha planteado el fiscal nacional, ha permitido en este período el ascenso de 1.435 funcionarios -vale decir, casi el 48 por ciento-, pero dicho proceso, naturalmente, no significa que incluya a todos los que debiera.
¿Qué plantean los gremios? Estamos en el siglo XXI, en 2013, y es necesario que todos los actores opinen. En ese sentido, al ministro subrogante de Justicia le consta que este tema lo he expuesto, con meridiana claridad, unas cuatro veces en la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, y también lo hemos señalado en la Comisión de Hacienda con el diputado Enrique Jaramillo y otros colegas.
No podemos entender que el numeral 3 del artículo 1° solo fije carrera funcionaria por el mecanismo de promoción interna para los fiscales y no contemple ningún mecanismo de ascenso para el resto del personal, funcionarios y profesionales, que constituyen el 80 por ciento de la dotación y que cumplen labores esenciales para el trabajo de los fiscales y del conjunto de la institución.
Es diferente que los posibles ascensos se realicen gracias a la voluntad del fiscal nacional -que tiene plazo de término-, con el presupuesto que aprobemos, año a año, a que esto se establezca por ley de la república.
El título del proyecto señala que se fortalece el Ministerio Público, pero la verdad es que discriminamos. Por eso, con claridad, con seriedad y con responsabilidad planteamos al ministro de Hacienda que exigíamos la presencia de la directora de Presupuestos en la Comisión de Hacienda, quien lo hizo al día siguiente.
Antes, escuchamos al fiscal nacional, a los representantes de todos los gremios, a la asociación de fiscales y a las asociaciones regionales. ¿Qué nos dijeron? Que hay disposición, que hay voluntad para llegar a un acuerdo, pero sobre bases concretas. ¿Qué planteó el fiscal nacional? Que en la ejecución presupuestaria del 2013 van a quedar cerca de 900 millones de pesos. Según la directora de Presupuestos -debe ser así, porque revisamos las cifras-, esos recursos están destinados a infraestructura y que estarían en ejecución en 2014.
¿Qué les planteamos al ministro de Hacienda y a la directora de Presupuestos? Que arregláramos el problema. ¿Por qué el Ejecutivo no presenta una indicación que permita que esos 855 millones de pesos se agreguen a este proyecto de ley? Ya aprobamos los 93 fiscales, aprobamos los 280 mayores cargos, pero aprobemos también una norma que diga claramente que debe haber carrera funcionaria para todos.
(Aplausos en las tribunas)
Así se arregla el problema y no se discrimina.
Si hay voluntad y decisión política, más aun cuando hace tres días la ciudadanía dio su opinión sobre quién quiere que sea su Presidenta a partir del 11 de marzo - Michelle Bachelet -, este es el momento adecuado para dialogar y buscar acuerdos, con seriedad y claridad. Sin embargo, hasta el momento, no veo esa disposición.
¿Qué expresó la directora de Presupuestos y el ministro de Hacienda ? Que están dispuestos a analizar y conversar el tema.
¿Qué propongo? Pido que los 120 diputados lleguemos a un acuerdo y aprobemos la idea de legislar sobre este proyecto de ley, porque considero que, si al final logramos avanzar, estaremos dando un paso adelante. Pero eso significaría que nos demos un tiempo, hasta el 7 de enero del próximo año, para que el Ejecutivo invite a una mesa de negociación a los actores e ingrese esa indicación que proponga un artículo que establezca la carrera única para todos y busquemos una salida diferente.
Seguramente me van a decir que estoy proponiendo que se presente una indicación para el 2014. Pues bien, en el Presupuesto para el 2015 estaremos preocupados de establecer el correspondiente financiamiento para el futuro. Por lo demás, todo lo que se considera actualmente en la partida Ministerio Público se analiza año a año. Es decir, no hay excusas.
Por lo tanto, hago un llamado al ministro de Justicia subrogante, para que plantee a su gobierno la aprobación de la idea de legislar, que hagamos un paréntesis y lleguemos a un diálogo para buscar un acuerdo oficial, claro y preciso, que finalmente también beneficiará a la ciudadanía.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente , solo quiero manifestar mi concordancia con lo que se ha expresado acerca del derecho al ascenso, que debiera estar garantizado para todo funcionario de la administración pública. Lo extraño es que tal derecho solo está garantizado, por la vía reglamentaria, a los funcionarios, y no lo tengan los fiscales. Esta circunstancia es de extrema gravedad, porque no es posible pensar en un servicio tan relevante, como lo es el Ministerio Público, en el que este derecho no esté debidamente cautelado.
Por eso, al discutir este proyecto, es correcto pensar en una carrera funcionaria profesional para los fiscales, que garantice el ascenso. Es legítimo que tengan derecho al ascenso y a una carera funcionaria. No podemos sino estar de acuerdo con esta iniciativa, porque es necesario asegurar ese derecho.
No nos podemos permitir que se discrimine en un organismo como el Ministerio Público. En un órgano facultado por ley y por la Constitución para investigar los delitos y perseguir a los delincuentes, no es aceptable establecer discriminaciones odiosas. Aclaro que en Chile no está prohibida la discriminación, sino la discriminación odiosa. Entonces, cabe preguntarse si, respecto de este proyecto de ley, estamos en presencia de una discriminación que, eventualmente, puede transformarse en odiosa. Y todo nos indica que eso puede ocurrir.
Los funcionarios que no son fiscales también tienen la legítima pretensión de estar incluidos en una carrera funcionaria, de tener derecho al ascenso garantizado.
Hoy estamos discutiendo una iniciativa en la que, en principio, estamos de acuerdo con que se garantice el derecho a ascenso a los fiscales. En la Sala se han dado muchas razones, que comparto profesionalmente. No es posible tener a un fiscal 10, 15 o 20 años con el mismo grado y sueldo, porque me parece injusto. Además, a causa de esa situación, los fiscales se sienten desalentados en su actividad profesional en la fiscalía y buscan nuevos horizontes, lo que los transforma en presas fáciles de grupos o consorcios de abogados que, cuando saben que se trata de buenos exfiscales, los atraen a sus oficinas. Todo ello ocurre porque no tienen carrera funcionaria ni asegurado el derecho al ascenso.
Entonces, en principio, parece que este proyecto es adecuado, porque a esos profesionales se les debe asegurar el derecho al ascenso, la carrera funcionaria y desincentivar que se vayan a oficinas privadas, donde sí premian su talento. Pero cuando se precisa que aquí existe una discriminación que, eventualmente, es odiosa, se tiende a pensar que es cierto, porque la discriminación se vuelve odiosa.
Por otro lado, el diputado Ortiz planteó una alternativa con la cual concuerdo. Si hay posibilidades reales y concretas de materializar una solución para los otros funcionarios del Ministerio Público, hay que hacer el esfuerzo. De esa manera, no estaremos condenados a votar un proyecto de ley que, en principio, nos parece correcto, porque efectivamente corresponde asegurar a los fiscales el derecho al ascenso y a la carrera funcionaria, pero tampoco queremos ser discriminadores con quienes hoy no tienen asegurado ese derecho, porque no queremos aprobar leyes que beneficien a unos y perjudiquen a otros. Lo que en ningún caso puede suceder es que terminemos perjudicando a todos, porque no es justo. Esta disyuntiva que se ha instalado en el Hemiciclo no es la correcta, más aún si existe la posibilidad de solucionarla.
Si las asociaciones conversan con el ministro de Hacienda , si existe una posibilidad de encontrar una solución a este problema, hay que hacer todos los esfuerzos para que la carrera funcionaria y el derecho al ascenso estén garantizados para todos los funcionarios del Ministerio Público. De lo contrario, nos obligarán a votar un proyecto que solo favorecerá a los fiscales.
Me asiste la convicción de que los fiscales también consideran que esta iniciativa es injusta, debido a que solo a ellos se les garantiza el derecho a ascenso y no al resto del personal. Si no fuera así, ¿qué tipo de fiscal tendríamos si pensaran de esta forma: “para mí, todo; para los demás, nada”?
En consecuencia, en el Congreso Nacional tenemos el deber de cautelar y de garantizar el principio de no discriminación, para que no haya discriminaciones odiosas, por lo que debemos realizar todos los esfuerzos en esa dirección.
En ese sentido, me parece muy atinada la opinión del diputado Ortiz. Votemos y aprobemos la idea de legislar, porque este proyecto no es malo para los fiscales -por el contrario, es conveniente para ellos, porque es correcto garantizarles el derecho al ascenso-, pero no es correcto dejar sin ese derecho al resto de los funcionarios, que son la gran mayoría, porque eso sería injusto.
(Aplausos en las tribunas)
En consecuencia, debemos hacer el máximo esfuerzo para encontrar la salida correcta, por lo que concuerdo -reitero- con el planteamiento del diputado Ortiz, en cuanto a que aprobemos hoy la idea de legislar y demos tiempo, si así lo estima el ministro de Justicia, para que encontremos la solución a los problemas planteados, de manera de no afectar el derecho a ascender del resto del personal.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , el problema que estamos debatiendo hoy tiene una larga historia. En la Comisión de Hacienda y en la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, que analiza la partida del Ministerio Público, lo conocimos hace más de cinco años, en 2008, cuando el fiscal nacional nos llevó un informe muy completo acerca de los requerimientos que tenían en materia de recursos humanos y económicos para que los fiscales pudieran desarrollar las funciones que el Estado les encomienda. Ya en 2008 la carga laboral de los fiscales duplicaba lo que había proyectado la reforma procesal penal.
Al Ministerio Público le pidieron que elaborara un estudio, porque, según les dijeron, sin ese estudio no se podía avanzar. Pasó el tiempo y la Fiscalía realizó el estudio que se les exigió, para lo cual contaron con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajo que solo estuvo listo a fines de 2009, de manera que, cuando vimos el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación ese año, el estudio aun no estaba terminado.
Ese trabajo planteaba una serie de necesidades que el Ministerio Público requería satisfacer para resolver sus problemas y poder cumplir adecuadamente sus funciones investigativas y las demás que le encomienda la ley.
Pasó todo el 2010 y el Gobierno no hizo absolutamente nada. Tanto fue así que tuvimos que decirle que votaríamos en contra el proyecto de Ley de Presupuestos si no asumía el compromiso de enviar una iniciativa legal para resolver los problemas del Ministerio Público.
El proyecto ingresó a tramitación en mayo o junio de 2012, si mal no recuerdo, pero no resuelve los problemas en forma integral. Estuvo en la Cámara de Diputados todo el resto de 2012 y recién a fines del presente año, hace muy pocas semanas, salió de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pasó a la de Hacienda y hoy tenemos la posibilidad de debatirlo en la Sala.
Han pasado cinco años desde que se planteó el problema y recién ahora estamos en condiciones de votar este proyecto de ley que, en todo caso, como acabo de expresar, no resuelve los problemas del Ministerio Público en su conjunto.
Según nos informaron desde ese servicio, el problema no se relaciona solo con el número de fiscales, ni tampoco con el hecho de que no haya suplencias de los fiscales, ni lo es la necesidad de que todos los funcionarios -no solo los fiscales- tengan carrera funcionaria. Es bastante más que todo eso, tal como se plantea en el primer estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.
Según nos cuentan los funcionarios de regiones, muchas de las funciones que deben cumplir los fiscales la realizan los abogados asesores o, incluso, los funcionarios administrativos, que asumen roles que nos les corresponden.
(Aplausos en las tribunas)
Lo cierto es que, a medida que pasa el tiempo y como el Estado no toma decisiones, vamos volviendo, según lo que me informó gente relacionada con el área de la investigación, a la “actuarización” de la justicia. Antes, los actuarios eran los que tomaban las decisiones, resolvían los casos, etcétera. Hoy está pasando algo parecido, porque no estamos enfrentando el problema en forma integral.
Por cierto, no es solo una reforma a la carrera de los fiscales lo que resolverá los problemas; los funcionarios son tanto o más importantes que los fiscales en estas materias.
(Aplausos en las tribunas)
Esto es un todo. No resolver el todo es no resolver nada. Si aprobamos este proyecto tal como está, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para que se resuelva el problema de los funcionarios? ¿Cuatro o cinco años más? ¿Es eso lo que queremos como Estado? Me parece que no.
Esto lo hemos conversado latamente con los fiscales y con los funcionarios. Se requiere una reforma integral, que incorpore a todos: a los fiscales y a los funcionarios, que considere la carrera funcionaria y la suplencia, que dé claridad, como ocurre con el Estatuto Administrativo.
Abogados me contaban que si se da la suplencia o la subrogación, la persona que subroga o suple no recibe la misma remuneración que el subrogado. En todos los servicios públicos, el funcionario que subroga a otro por un tiempo determinado recibe una remuneración equivalente a la del titular. Así lo establece el Estatuto Administrativo. Pero eso no queda claramente determinado en este proyecto, no obstante que, según los abogados, eso debería quedar resuelto en la norma hoy mismo, ya que ni siquiera involucra un mayor gasto para el Estado; solo significa hacer justicia a la persona que ocupa ese cargo, de modo que reciba la remuneración que corresponde a la función que cumple. Son cosas tan básicas, que deberían quedar resueltas en este proyecto. Si no se resuelven, ¿cómo podemos decir que avanzamos?
En todo caso, no parece razonable que lo que este gobierno no hizo en cuatro años lo pretenda hacer en un mes. Sería poco razonable, aunque se califique con suma urgencia o discusión inmediata al proyecto, porque no quedan más de cuatro semanas de ejercicio legislativo, la primera de las cuales está terminando, y tres más en enero.
El Gobierno tiene la oportunidad de enviar un proyecto de ley completo que incorpore a todos los funcionarios, que incorpore cargos para los funcionarios, que resuelva en forma integral los problemas que hay en las fiscalías. No me parece razonable que, para resolver el problema de algunos, mantengamos o aumentemos los problemas de otros. Eso no es actuar en términos propositivos o con mirada de Estado.
Por lo tanto, tal como lo plantearon otros parlamentarios, pido al Ministerio de Justicia y, particularmente, al Ministerio de Hacienda y al Presidente de la República , quien finalmente toma las decisiones, que resuelva ahora este problema en forma integral. De otro modo, estaríamos haciéndoles un flaco favor al Ministerio Público y a las fiscalías.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, las intervenciones de los colegas reflejan lo mismo que ya comentamos, tratamos y estudiamos en el trámite del proyecto en las comisiones.
Nos quedó muy claro lo que desde hace años viene sucediendo: el Ministerio Público no cuenta con personal suficiente para cumplir con eficiencia su labor. Paralelamente, el Gobierno ha reforzado a prácticamente todos los demás actores del proceso penal, como el Poder Judicial , el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a los que ha otorgado mayores recursos y dotación de personal, mientras el ajuste y modernización que requiere el Ministerio Público, sistema que se implementó hace una década, ha quedado postergado.
Por ello, estimo que al proyecto hay que darle una segunda oportunidad, no para perjudicar a los fiscales, sino para lograr una mejora integral para quienes laboran en esa institución y evitar así la existencia de funcionarios de primera y de segunda categoría, lo que no debe suceder en pleno siglo XXI.
Como lo hice saber en la Comisión de Hacienda, voy a realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr el objetivo señalado. Por lo tanto, anuncio que voy a rechazar la iniciativa mientras las condiciones no mejoren para todos quienes componen esta importante institución: el Ministerio Público.
(Aplausos en las tribunas)
Pido al Ejecutivo que coloque algo de su parte para que el proyecto vuelva a comisiones, ya que no se puede dejar escapar esta oportunidad para mejorar la situación de quienes más lo necesitan y hacen el trabajo de tantos, pese a ser tan pocos. Y para que el proyecto vuelva a comisiones, es preciso que se retire la calificación de suma urgencia.
Como ha señalado el director ejecutivo del Ministerio Público, el fiscal nacional no tenía conocimiento del contenido de las indicaciones y no está de acuerdo con la solución parcial. ¡El fiscal nacional no tenía idea del acuerdo que implica esta solución parcial, porque estaba de acuerdo con la solución integral! Si lo dicen ellos, ¿cómo nosotros vamos a opinar lo contrario?
En consecuencia, estoy en contra de la forma en que viene redactado este proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente , este es uno de los proyectos que generan problemas, porque todos los funcionarios -me refiero a los fiscales, administrativos, técnicos, los adjuntos y quienes están a cargo de las direcciones regionales- están conscientes de que las fiscalías están colapsadas.
Lo que se proyectó con la reforma procesal penal no da para ejecutar y hacer bien la función de sostenimiento de la acción penal. Se ha instalado la necesidad de mejorar las plantas y las dotaciones. El Ejecutivo , que a nuestro juicio ha procedido con mucha demora en la instalación de este debate, ha establecido el crecimiento exclusivamente en función de los fiscales. Y de ahí se deriva el primer drama, porque, como creemos necesario encontrar una solución global, y no sólo para los fiscales, se instala, casi con exclusividad, el crecimiento solo para los fiscales.
Además, creíamos que las fiscalías de alta complejidad debían estar al servicio del crecimiento de las fiscalías en regiones, y logramos esa anuencia del Ejecutivo , que reconocemos. Sin embargo, tenemos el problema de que no se ha construido una planta armónica que incluya a los restantes funcionarios del Ministerio Público.
Y cuando se nos arguye el tema de los recursos económicos, entre otros -obviamente, todo implica recursos, y estoy dispuesto a discutir el punto-, al mismo tiempo el Ejecutivo promueve la rebaja del impuesto de timbres y estampillas. Es decir, se usa el argumento de que tenemos un problema de recursos para atender la globalidad de la demanda de los funcionarios, pero el Estado adopta medidas para recaudar mucho menos por concepto de impuesto de timbres y estampillas.
¿Cómo se hace cargo un Ejecutivo responsable de una situación como esta? Primero, no corresponde que se diga que, poco menos, estamos bloqueando la agenda legislativa -es lo que ha publicado la prensa, afirmaciones que hemos tenido que responder 24, 48 y 72 horas después de la elección presidencial-, en circunstancias de que queremos avanzar en todo aquello que sea positivo. Obviamente, no podemos aceptar ni aprobar lo negativo.
Si el gobierno sostiene que, respecto de este proyecto, uno de los problemas es la falta de recursos, ¿cómo es posible que sostenga la rebaja del impuesto de timbres y estampillas en el Congreso Nacional?
Es más, califica esta iniciativa y otras más con suma urgencia, como la relativa a la violencia en las relaciones de pareja sin convivencia, que indudablemente recargará el trabajo del Ministerio Público -no sé si los fiscales y funcionarios lo saben-, pero el Ejecutivo no se hace cargo del tema.
(Aplausos en las tribunas)
O sea, el Gobierno sostiene que es una modernización -lo cual comparto-, porque habrá más fiscales, posibilitará el crecimiento de las fiscalías en regiones y mejorará la atención, porque va a disminuir la cantidad de causas por fiscal. Si hay más fiscales, se podrá distribuir mejor las causas. Pero no solo los fiscales realizan el trabajo complejo, profuso y dinámico de un ente investigador; los funcionarios también lo hacen. Y cuando el Ejecutivo trata de atender, en una buena dirección, el concepto de “carrera funcionaria”, lo hace en función de los fiscales, pero no de los demás funcionarios. Eso genera otro incordio más.
No sé si se dan cuenta, pero con esta forma de legislar el Ejecutivo instala el incordio en la propia fiscalía, en el propio Ministerio Público, porque se hace ver como antagonistas a los fiscales y a los funcionarios, que deben colaborar en una tarea diaria y permanente. Lo mismo ocurre respecto de los administrativos y de los técnicos. Tienen que ser colaboradores, colegas de trabajo, porque juntos empujan el mismo carro. Pero ahora se instala el incordio, porque se beneficia a unos, pero no a otros; a unos bastante más, y a otros un poco, porque incluye a algunos funcionarios -muy pocos- que no son fiscales.
Esa no es una buena forma de hacer las cosas. Si se analizan los estudios que el propio Gobierno solicitó y resolicitó, que avaló y reavaló, se constatará que ellos expresan que los requerimientos son muy superiores a los que estamos legislando.
Entiendo que los recursos económicos son escasos y finitos -eso lo entiende cualquier parlamentario o cualquier niño que sabe matemáticas básicas-, de manera que, si queremos tener más fiscales o funcionarios, es obvio que necesitaremos más recursos. ¿Entonces por qué el Ejecutivo plantea la rebaja del impuesto de timbres y estampillas? No tienen cómo sostener una rebaja de recaudación fiscal, pero no quieren abordar un problema que está constatado técnicamente, porque no es una ocurrencia de la Oposición, ni de los funcionarios que están en las tribunas, ni del fiscal nacional. Ese es un punto esencial.
Tenemos la disposición de continuar el trabajo legislativo como corresponde, pero con todas las cartas sobre la mesa. Le hemos dicho al ministro que tenemos que seguir avanzando en la discusión de la reforma procesal civil. Hemos trabajado dos años en la Comisión, y se notan diferencias -esa es la esencia de la democracia-; incluso, hemos logrado superar algunas de ellas, porque el Ejecutivo ha reconocido algunos puntos que los diputados titulares de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hemos instalado en el debate parlamentario, el cual ha sido democrático, pluralista, abierto y participativo, como debe ser. Eso no significa que sea un sistema perfecto, porque todavía debe discutirse en la otra Cámara, pero estamos dispuestos a avanzar en una discusión que es árida, compleja, dura y técnicamente delicada: la nueva reforma procesal civil.
Sin embargo, respecto de este proyecto, en el que también hemos estado dispuestos a avanzar, seguimos demandando al Ejecutivo que dé señales claras de incorporación de los funcionarios, y con esto no estoy condicionando mi voto. No digo que otros lo van a rechazar por sacar un aplauso fácil; es su convicción personal. Simplemente, no entienden que, pese a todo el espacio que hemos otorgado, el Ejecutivo no se allane a acercar posiciones. De hecho, he visto los esfuerzos que ha desplegado el diputado Jaramillo en ese sentido.
No se entiende el razonamiento del Gobierno, ni que se argumenten problemas de falta de recursos o, incluso, tener que reasignar dineros del presupuesto de este año para cubrir lo que viene el 2014, porque se generaron ahorros en la administración financiera del Ministerio Público. ¡Qué bien que eso haya ocurrido! ¡Pero esos ahorros son transitorios, no permanentes! En lo permanente está la carga impositiva y la recaudación fiscal. Hay una voluntad política expresada reiteradamente por el Gobierno en orden a rebajar impuestos, recaudar menos y generar menos recursos; sin embargo, aquí se muestran restricciones si se trata de los funcionarios que menos tienen.
A la vez, existe una complicación para los fiscales, porque los funcionarios saben y reconocen, porque son sumamente transparentes, la necesidad de contar con más fiscales, como también es importante contar con más personal, porque el trabajo se hace de manera conjunta. Entonces, esto genera un incordio al interior de los distintos estamentos de este organismo, donde quienes trabajan juntos habitualmente se empiezan a ver distantes entre unos y otros, y produce una dicotomía irracional, desde el punto de vista legislativo, entre quienes queremos aprobar el proyecto y aquellos que con legítimo derecho, como el diputado Jaramillo , no quieren hacerlo, porque no entienden por qué no se allanan las voluntades para alcanzar un acuerdo.
Hago una última imploración -es lo único que queda por hacer- al Ejecutivo , porque estimo que es perfectamente posible solucionar esto, ya que las propuestas de los funcionarios son totalmente lógicas y racionales. Espero que en los próximos minutos se pueda salvar ese punto y haya alguna señal en ese sentido, porque, de lo contrario, de seguir avanzando este proyecto, lo cual podría ocurrir, seguirá instalada una dicotomía en lo legislativo y un incordio en lo institucional, pero no por responsabilidad de los parlamentarios.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .-
Señor Presidente , como he escuchado atentamente el debate, considero que se deben aclarar varias cosas. Lo digo principalmente porque me ha correspondido presidir la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia desde el momento en que llegó el proyecto hasta que fue despachado a la Sala.
En primer lugar, quiero referirme a cómo partió este proyecto. Esta iniciativa surgió a raíz de un acuerdo entre el fiscal nacional y el Gobierno respecto de una propuesta de fortalecimiento del Ministerio Público, que buscaba crear una fiscalía para los delitos de alta complejidad. En ese momento no se hablaba de carrera funcionaria de los fiscales ni del resto de los funcionarios, porque eso no formaba parte de la propuesta inicial que el fiscal nacional llevaba en su carpeta al ministro del Interior y Seguridad Pública de la época, señor Rodrigo Hinzpeter , quien conversa con el ministro de Justicia y con la directora de Presupuestos , con el fin de elaborar y presentar una propuesta a la Cámara de Diputados. Esa propuesta llegó a esta Cámara, pero -repito- no consideraba la carrera funcionaria de los fiscales ni de otros funcionarios. Ese es el planteamiento que oficialmente ingresó a trámite legislativo, y así lo presentó el ministro del Interior de la época a la Comisión.
¿Por qué hago este recuerdo sobre lo que realmente ocurrió? Porque cuando esta propuesta llegó a la comisión, recibimos una serie de intervenciones, no solo del fiscal nacional, sino también de la Asociación Nacional de Fiscales, de los funcionarios y de expertos en la materia. La coincidencia general de todas las personas que expusieron y de todos los diputados que intervinieron fue que el proyecto no iba por buen camino, y por eso demoró su tramitación. Dijimos al Gobierno que no lo queríamos rechazar -porque no había votos para aprobarlo-, de manera que era mejor que lo retirara, lo modificara y buscáramos una fórmula distinta. ¿Por qué? Porque, como indicaron los señores diputados, creíamos que el fortalecimiento del Ministerio Público -lo que nunca se había hecho desde su creación-, considerando la gran cantidad de recursos de que se disponía, no se concretaría con la creación de una fiscalía para delitos de alta complejidad, sino por la vía de atender un sinnúmero de otras necesidades urgentes que requería el Ministerio Público.
De hecho, a diario vemos que la gente recurre normalmente a dicha institución para tener respuesta a los delitos que se cometen y también nos llega la información de que ese servicio está colapsado; por lo demás, eso no es ningún misterio, sino la pura realidad. Por cierto, existe una gran cantidad de archivos provisionales respecto de una serie de delitos que no se llevan a una investigación definitiva, lo que también forma parte del informe.
¿Por qué hago este recuerdo? Porque después de una larga conversación de la Asociación Nacional de Fiscales y de autoridades del Ministerio Público con el Gobierno, que ahora está radicada en el Ministerio de Justicia, donde siempre debió haber surgido este acuerdo, se presenta una nueva indicación, que apunta precisamente hacia donde los parlamentarios creemos que se debe avanzar en aras del fortalecimiento del Ministerio Público.
La propuesta podrá venir desde el Ministerio Público, que, como siempre lo ha manifestado el fiscal nacional, goza de una gran autonomía, ya sea para investigar o desde el punto de vista contable, financiero o de la entrega de información, pero, sin embargo, una vez que el proyecto ingresa a tramitación, cambian las funciones y es precisamente el Congreso Nacional y el Gobierno quienes deben resolver cuál será el énfasis que se dará a esa reforma.
En ese énfasis que se está planteando -todos sabemos en qué consiste respecto del fortalecimiento y del aumento de funcionarios-, surge la propuesta de la anhelada carrera funcionaria, que era esperada por todos, pero que -insisto- no estaba considerada originalmente. En ese sentido, la esperada carrera funcionaria de los fiscales impediría la fuga de fiscales -todos veíamos como emigraban de la institución- y potenciaría la permanencia, la dotación y los mejoraría profesionalmente dentro de la Fiscalía.
Los fiscales, que habían sido preparados por años y que tenían experiencia, información y profesionalismo, se iban de la institución y la dejaban muy “desplumada”, desde el punto de vista profesional, lo cual traía como consecuencia un mal funcionamiento, un servicio deficitario, etcétera.
Pero hoy se observa, con sorpresa, que algunos parlamentarios quieren rechazar el proyecto, porque la carrera funcionaria no estaría abarcando a todos los funcionarios. Sin embargo, creo que hay que partir por algo.
En razón de ello, la bancada de Renovación Nacional aprobará el planteamiento del proyecto, con la carrera funcionaria tal cual como está planteada, porque hay que partir por algo.
Me parece una pésima decisión que los parlamentarios de la Nueva Mayoría quieran rechazarlo, porque en pocos meses más serán gobierno y lo más seguro es que esta iniciativa no sea ley antes de que asuma la próxima administración. Por lo tanto, rechazar hoy esta propuesta sería una muy mala decisión, porque hasta este momento se ha hecho un trabajo mancomunado, desde el punto de vista técnico, entre el Gobierno, la asociación de fiscales y los parlamentarios, para buscar una buena solución que fortalezca el Ministerio Público, en toda su amplitud. Y cuando pase al Senado, lo más seguro es que habrá un nuevo ministro o ministra de Justicia , por la tramitación que falta, de manera que, en ese momento, el nuevo gobierno se puede hacer cargo de la propuesta que están planteando los funcionarios. Creo que es lo que corresponde hacer, porque se debe dar una respuesta al Ministerio Público sobre el fortalecimiento que necesita.
Sin embargo, me llama la atención que el fiscal nacional haya planteado públicamente -lo he expuesto también en otras instancias- que él desconoce este acuerdo, que no sabe de dónde salió y que no tiene mayor conocimiento sobre lo que trata. Esa es una señal de amnesia que no es presentable.
Cuando se trató este proyecto de ley -lo digo como miembro del Congreso Nacional, por la seriedad que tiene la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y por la forma en que hemos tramitado este proyecto- y se requirió la opinión del Ministerio Público, no solo cuando partió su discusión, sino en todas sus fases, y cuando se presentó la nueva indicación, dicha institución, ya sea por boca del fiscal nacional o del representante que enviaban, entregó la opinión y nosotros recogimos la información de sus funcionarios.
Por lo tanto, decir con desparpajo y plantear que este proyecto no se conoce y que, además, se desconoce el acuerdo a que habría llegado el Gobierno con los involucrados, me parece una falta a la verdad importante, y es positivo que ello se sepa. Asimismo, es correcto que lo planteemos desde el punto de vista del Congreso Nacional, porque la forma en que se abordó la discusión de este proyecto de ley demuestra una considerable falta de seriedad.
Finalmente, llamo a aprobar el proyecto, porque creo que es un avance importante. Sería bueno que el próximo gobierno se hiciera cargo de las mejoras que se quieran seguir haciendo en esta materia en el Senado, porque seguramente los tiempos van a dar para ello.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker.
El señor WALKER.-
Señor Presidente, aprobar este proyecto es una necesidad desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Lo digo como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas.
Llevamos cuatro años con emplazamientos al Gobierno para que presente un proyecto de ley para aumentar el número de fiscales. Aprobar este proyecto significa que los fiscales, que hoy están recargados de causas y que no pueden responder a la demanda de las víctimas de la delincuencia, investigarán 1.700 causas al año en lugar de las 2.000 actuales. Es una recarga de trabajo sustancialmente menor, que va a permitir responder de mejor manera a las víctimas de la delincuencia para tener una solución a sus demandas. No solamente se aumenta en noventa y tres el número de fiscales, también se aumenta en doscientos ochenta el número de funcionarios. Por fin, se crea una carrera profesional para los fiscales; por fin vamos a tener suplencias y subrogancias de todos los fiscales y no solamente en aquellas fiscalías donde existe un solo fiscal.
Naturalmente, es legítima la demanda de los funcionarios en cuanto a que todos los funcionarios del Ministerio Público puedan avanzar hacia una carrera funcionaria; pero eso va a ser responsabilidad nuestra, cuando seamos gobierno a partir de marzo del próximo año. Pero no por ello debemos detener el avance de un proyecto que es fundamental para aprobar el número de fiscales. Es como si durante el gobierno del Presidente Aylwin, cuando aprobamos el proyecto que creaba el Estatuto Docente -lo conversábamos recién con el diputado Silber -, no hubiéramos podido avanzar en eso porque no existía carrera funcionaria para los asistentes de la educación. O sea, son cosas absolutamente distintas. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Debemos partir por aprobar este proyecto. En ese sentido, quiero hacer un llamado a mis colegas para aprobarlo en todas sus partes desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor PIÑA, don Juan Ignacio ( Ministro de Justicia [s]).-
Señor Presidente , atendida la hora, tiene poco sentido el hecho de que hagamos un ejercicio de repetir las distintas características y pormenores que presenta este proyecto. Entiendo que después del informe de ayer y de la discusión que ha habido esta mañana ello está relativamente claro.
Por lo mismo, probablemente, sólo tenga sentido tratar de hacernos cargo y de explicar por qué estamos hoy en una situación que da una apariencia de discriminación entre la solución que se ofrece a los fiscales y a la que aspiran los funcionarios.
En primer término -y esto es algo de lo que tengo que hacerme cargo por algunas de las afirmaciones aquí vertidas-, no solamente aquí no hay ningún afán discriminatorio ni mucho menos una falta de respeto institucional, como en algún minuto se comentó. Simplemente, es una explicación respecto del curso legislativo que tuvo este proceso. Pero, adicionalmente, creo que hay una trampa en la que no podemos caer, porque este no es un problema de paridad entre la solución que se otorgue a los fiscales y la que se otorgue a los funcionarios, sino que se trata, primero, de identificar cuál es el problema público que tenemos y, una vez identificado para fiscales y funcionarios, tratar de orquestar la mejor solución posible.
Y creo que esto es muy relevante. Hasta la discusión de estas indicaciones nunca se había planteado por parlamentario alguno la necesidad de estructurar una carrera para los funcionarios. Revisadas las cuentas anuales del fiscal nacional, en todas sostuvo enfáticamente la necesidad de una carrera para los fiscales, pero jamás se pronunció respecto de la necesidad de una carrera para los funcionarios. El problema público identificado era el de la fuga de los fiscales, no el de los funcionarios, lo que no significa que los funcionarios no tengan el problema ni que el Ejecutivo no esté dispuesto a hacerse cargo. Pero cuando nos preguntamos hoy por qué el proyecto de ley viene de esta forma es necesario que hagamos esta reflexión. Por lo mismo, si hay algo que no se ha argumentado desde la perspectiva del Ejecutivo -y aquí quiero ser muy enfático- es que esto sea un problema de falta de recursos respecto de la postura del fiscal.
El Ejecutivo planteó una cosa de naturaleza muy distinta, y es que la solución que ofrecía el fiscal nacional para seguir avanzando en los ascensos, según sus compromisos de gestión institucional, y que consistía en usar un saldo de cajas que a él le quedaba a fines del 2014, no es una solución factible. Esa fue la única discusión que tuvo respecto de los recursos. Y no es una solución factible porque, tal como aquí se ha hecho notar, se trata precisamente de montos que están destinados a proyectos de infraestructura que si no se ejecutaron el 2013 vamos a tener que ejecutarlos el 2014. Adicionalmente, ese buen saldo de caja, no se proyecta en el tiempo, y cuando hablamos de ascensos de funcionarios necesitamos recursos permanentes y no un saldo de caja que queda de un año a otro. Esa es la única consideración a los recursos que aquí se ha hecho.
Luego, a pesar de que a diferencia de lo que pasó con los fiscales, respecto de los funcionarios no ha existido un trabajo conjunto que permita diagnosticar adecuadamente el problema de necesidad de carrera y, al mismo tiempo, que permita estructurar una solución que pueda incorporarse en este proyecto de ley como indicación. Aquí no hay ninguna contumacia del Ejecutivo. Aquí no se trata de que el Ejecutivo esté actuando con porfía y que esté negando discriminatoriamente a los funcionarios la necesidad de una carrera para ellos. Estamos haciendo algo completamente distinto. Para llegar a esa conclusión tenemos que hacer el mismo curso de trabajo que hicimos respecto de los fiscales. Y para eso se ha ofrecido la constitución de una mesa a la que ya están convocados y va a empezar a sesionar este viernes, que va a incorporar a representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio Público y de las asociaciones para proceder al diagnóstico, estructurar una solución y ver si los tiempos alcanzan para incorporarlos como una indicación. Ese es el compromiso que se ha asumido. Por lo tanto, aquí que no hay contumacia al no querer ofrecer una carrera. Pero lo que no podemos hacer es incorporar una carrera igual a la de los fiscales, porque no sabemos si el problema es el mismo, porque las cuantías son distintas. Eso sería como hacernos trampa en el solitario respecto de la solución de un eventual problema público.
Por lo mismo, y ante algunas afirmaciones que aquí se vertieron, nadie puede hacerse el desentendido respecto del contenido de las indicaciones, toda vez que fueron solicitadas expresamente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Fue esta comisión la que puso sobre la mesa la necesidad de formularle indicaciones al proyecto. La única diferencia que tuvo esta indicación respecto de esa solicitud es la incorporación de un artículo que no establece una carrera para fiscales, pero si un mecanismo de ascensos limitados, de manera que los fiscales mejor calificados, porque no es una carrera, no abandonen la institución. Un mecanismo reglado, muy exigente, con calificaciones muy altas, con mejoramiento y capacitación, etcétera.
Además, esa diferencia fue presentada en el mes de octubre por la ministra de Justicia en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estando presente la Fiscal Nacional subrogante. Por lo tanto, nadie puede decir que no se sabía del contenido de esa indicación.
La pregunta que habría que hacerse es si existe un trabajo que aún no se haya hecho -el Ejecutivo , Justicia, Hacienda, Ministerio Público adicionalmente y las asociaciones están dispuestas a comenzarlo este viernes-; si tiene sentido no avanzar en un proyecto, que puede no ser la panacea a la solución de los problemas del Ministerio Público, pero que no cabe duda de que sí es un paso relevante en su fortalecimiento, y se vea detenido en su discusión hasta que ese trabajo se haga. La explicación que tuvo esta historia es que el trabajo con los fiscales se pudo hacer. En este momento, en la sesiones de la mesa de trabajo que se formó y que empiezan a tener lugar a partir de este viernes, van a tener la oportunidad de diagnosticar, estructurar y llegar a tiempo para que eso se transforme en una indicación. Y esta es una disposición que el Ejecutivo sí manifiesta. No puede comprometerse a ello, porque no puede asegurar que esa mesa llegue oportunamente a destino, pero sí puede ofrecer sus mejores esfuerzos, y para eso está citada este viernes.
Lo que sí puedo decir es que aquí hay pasos relevantes que se pueden dar en el fortalecimiento del Ministerio Público que pueden no ser ideales; pero todavía hay espacio para incidir en ellos. No dejemos, honorables diputados, que esas diferencias que aún tenemos por un trabajo que no se ha terminado sean obstáculo a la aprobación de este proyecto.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar en general el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público, para cuya aprobación requiere del voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputadas.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, quiero dejar constancia de que me voy a inhabilitar.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Está en su derecho, señor diputado .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar en particular los artículos 1°, numerales 1, 6 y 7, y 2° permanentes y los artículos 1° y 2° transitorios, que requieren para su aprobación del voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar en particular los numerales 2, 3 y 4 del artículo 1°, cuya votación separada ha sido solicitado por el diputado señor Lorenzini, para cuya aprobación se requieren del voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Rechazados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvieron los diputados señores:
Goic
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar en particular el numeral 5 del artículo 1°, que trata materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvo el diputado señor
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Despachado el proyecto.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
ELIMINACIÓN DE NUMERALES 1 Y 4 DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, RELATIVOS AL PROCESO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 827, en virtud del cual se solicita la eliminación de los numerales 1 y 4 del artículo 305 del Código del Trabajo.
El señor ROJAS ( Prosecretario ).- Proyecto de acuerdo de los diputados señores Marcos Espinosa, Marcelo Schilling, Marco Antonio Núñez, Juan Carlos Latorre, Luis Lemus, Carlos Vilches, Lautaro Carmona y José Pérez y de la diputada señora Cristina Girardi, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República , don Sebastián Pinera Echenique, que instruya al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para que pueda modificar la normativa referente al proceso de negociación colectiva eliminando del artículo 305 los números 1 y 4, que prohíben negociar colectivamente a los trabajadores que prestan servicios por obra, faena o de carácter temporal y a aquellos que realizan actividades de alta dirección dentro de una empresa.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, este proyecto es muy favorable para los trabajadores.
Por eso, pido que se vote a favor.
El señor GODOY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- No hay quorum.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Por no haberse alcanzado nuevamente el quorum requerido, la votación del proyecto de acuerdo N° 827 queda pendiente para la próxima sesión ordinaria.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VIII. INCIDENTES
REVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SECTOR CORDILLERANO DE MONTECILLO, COMUNA DE CHIMBARONGO, Y DE ENTREGA DE RECURSOS PARA SU MATERIALIZACIÓN (Oficio)
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Regionalista, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPULVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en el sector de Maitencillo, en la comuna de Chimbarongo, provincia de Colchagua, Sexta Región de O ´Higgins, todavía no tenemos la posibilidad de tener agua potable. Me refiero a un sector cordillerano bastante alejado, al que cuesta mucho acceder. Sin embargo, la empresa sanitaria inició un proyecto de agua potable para el sector de Montecillo, cuya etapa de diseño estaría lista. Los recursos involucrados para colocar agua potable giran en torno a los 780 millones de pesos.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas , y por su intermedio, al director nacional de Obras Hidráulicas , para que disponga la revisión de ese proyecto, que estaría listo esta semana, para que se pueda financiar y tener la posibilidad de que más de 120 familias tengan agua, con la expansión que significa tener este vital elemento para postular a subsidios rurales, o incluso para impulsar el desarrollo turístico del sector.
Si bien el proyecto está listo, con un diseño muy complejo, porque tiene que ver con el atravieso del Río Tinguiririca en forma subterránea, se pidió a través de la Cámara que se agilice ese permiso mediante la Dirección General de Aguas.
Por ello, espero, a través del ministerio, priorizar ese sector para el financiamiento de 2014, el cual es uno de los pocos que queda sin agua. Una cosa es la ampliación del agua potable rural y otra que sectores completos no cuentan con ese elemento tan vital para el desarrollo humano.
Son 780 millones de pesos para incorporar agua al sector cordillerano más alejado de la comuna de Chimbarongo.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
RETRASO EN ENTREGA DE RECURSOS POR VÍA DE RECURSOS REGIONALES PARA PALIAR CRISIS QUE VIVEN AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE O’HIGGINS (Oficios)
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El diputado RINCÓN.- Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Agricultura , en razón de que el 8 de octubre de este año, después de las heladas que afectaron a varias regiones del país, anunció, junto con el intendente de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, que de los fondos regionales se iban a destinar 2 mil millones de pesos a paliar la crisis del sector en dicha región para ir en ayuda de sus agricultores. Sin embargo, hasta hoy esos recursos no han sido entregados. Son 2 mil millones de pesos anunciados en conferencia de prensa, sancionados mediante un acuerdo del gobierno regional al que fueron convocados todos los cores, en atención a una crisis y a una emergencia producto de heladas devastadoras, debido a que durante muchos días hubo 6 o 7 grados bajo cero de temperatura. Nadie quiere eso. Hasta ahí, muy bien. Felicitamos eso públicamente. Es un esfuerzo que va más allá del Indap y del Ministerio de Agricultura. Por la vía de los recursos regionales, se comprometieron 2 mil millones de pesos para los agricultores. Reitero, hasta hoy, esos recursos no han llegado.
En reunión sostenida el lunes con el seremi de Agricultura y aproximadamente 40 agricultores -son muchos más en la región; hay varios centenares con problemas-, se les dijo que parte de esos 2 mil millones iban a ser destinados a cubrir el déficit del Indap y que otra parte de esa suma iba a estar destinada a inversión en proyectos para controlar las heladas. Pero eso no soluciona el problema actual y no está en el acuerdo regional.
Por lo tanto, el oficio es para el ministro de Agricultura, para el intendente de la Región de O’Higgins, como tal y como presidente del gobierno regional; para cada uno de los consejeros regionales que concurrieron al acuerdo -que no se ha cumplido-, a fin de que informen; y, obviamente, para el ministro de Hacienda, al cual están responsabilizando de detener esos recursos administrativamente y de reasignarlos.
Espero que eso se solucione.
Independientemente de ello, solicito que se oficie para que se explique a cabalidad lo que está aconteciendo.
También solicito que se oficie al contralor general de la república, por si se diera a esos recursos un destino distinto al aprobado, debido a la aplicación incorrecta de un acuerdo, que está en actas, aprobado y certificado por el ministro de fe, como corresponde.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE AGUA DE LA POBLACIÓN LOS CIPRESES, LOCALIDAD DE COYA, COMUNA DE MACHALÍ (Oficios)
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , en segundo lugar, solicito oficiar al intendente de la Región de O’Higgins y al ministro de Minería , en lo que corresponde a la división El Teniente, de Codelco Chile, para impetrar, urgentemente, una solución a los problemas de agua de la población Los Cipreses, localidad de Coya, comuna de Machalí.
En dicha población hay más de cien casas, las que, entre diciembre y marzo, tienen permanentes problemas de agua que suministra Codelco a través de la división El Teniente. Para ello hay que buscar una solución definitiva que garantice que la provisión de agua sea permanente, adecuada y de calidad todos los días del año. No puede ser que, habiéndose entregado esas casas hace más de diez años, todavía tengan ese problema.
Por ello, demando que se dé una solución inmediata y que el Ministerio de Obras Públicas indique por qué no sería admisible una APR en una zona donde no hay territorio operacional de Essbío, no obstante tenerlo en Coya. No lo tiene en Los Cipreses, ni menos en el sector de las termas de Cauquenes, que también está afectada por ese problema.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
DESPIDO DE TRABAJADORES DE SUMERCADOS UNIMARC (Oficios)
El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, hay un ambiente de temor e incertidumbre en los trabajadores de los supermercados Unimarc, debido a los anuncios de despidos por parte de la empresa, algunos de los cuales se han concretado. Se anuncia el cierre de aproximadamente 70 supermercados de esa cadena.
En Osorno, durante las últimas semanas se ha despedido a cien trabajadores. En un primer grupo, quince trabajadores fueron desvinculados; posteriormente, otros quince.
Eso se realizo en una acción muy liviana e insensible, sobre todo cuando estamos próximos a la celebración de Navidad y de Año Nuevo, en que la gente quiere estar tranquila y feliz. Y no se trata sólo de esos cien trabajadores, sino de una gran cantidad de dependientes de los supermercados Unimarc, quienes hoy están con el alma en un hilo debido a esos anuncios.
La empresa ha dado argumentos que no son convincentes. Se dice que lo hacen en virtud de un plan de fortalecimiento financiero y mejora de la competitividad de la compañía.
Esos argumentos son absolutamente contradictorios con lo que persigue la empresa, por cuanto se exige una mayor cantidad de trabajadores.
Ello se agrava cada vez más. Desde que los supermercados Unimarc compraron los supermercados Bigger, que son los que están en tela de juicio, se ha despedido a más de dos mil trabajadores.
La situación es complicada. Por eso, quiero transmitir la inquietud de estos trabajadores de los supermercados Unimarc que temen quedar sin trabajo en los próximos días. Los despedidos no fueron avisados con los treinta días de anticipación y ni siquiera con unos pocos días de antelación, sino que fueron despedidos y se les hizo firmar el finiquito en el mismo momento.
Señor Presidente , solicito oficiar al ministro del Trabajo , con el objeto de que informe sobre lo que realmente está ocurriendo con esos supermercados y de qué manera ha intervenido para evitarlo. En caso de no haberlo hecho, que intervenga, ya que, aun cuando se trata de una empresa privada, considero que el Estado debe velar por la seguridad y tranquilidad de los trabajadores. También a la directora del Trabajo , con el fin de que fiscalice de manera más severa y que informe respecto de las infracciones en que ha incurrido esa compañía.
Reitero, la situación es complicada, por lo que alzo mi voz en representación de todos los trabajadores, con el objeto de que se terminen esos despidos que solo traen incertidumbre. Si hablamos de derechos humanos, tenemos que considerar el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, que es lo mínimo que les pueden asegurar a los trabajadores de Chile.
Hago esta denuncia y pido a la Dirección del Trabajo que intervenga para sancionar esas irregularidades y para evitar esos despidos.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Rincón, Campos, Jaramillo y Lemus .
SOLUCIÓN A CRISIS DE LA PESCA ARTESANAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos.
El señor CAMPOS.- Señor Presidente , dada la crisis pesquera por la que atraviesa y sigue vigente en la Región del Biobío, el 19 de abril de este año se firmó un acuerdo con el gobierno regional para ir en ayuda de los cerca de cinco mil pescadores artesanales de dicha región, que debido a una crisis de recursos naturales, sardina y anchoveta, no reciben ingresos.
Quedamos muy confiados en que ese acuerdo generaría paz social. Lamentablemente, a pesar de los reiterados llamados que hicimos trasversalmente para que el subsecretario de Pesca destinara esos recursos para el propósito señalado, finalmente obtuvimos la siguiente explicación en una comisión extraordinaria del Senado dedicada al sector pesquero: que no se llevaría a cabo el aporte de 1.600 millones de pesos que debía hacer el Gobierno a través del Fondo de Administración Pesquera para atender la crisis social que tenemos instalada en la Región del Biobío, ya que ellos consideraron finalmente que la cobertura había sido muy menor a la proyectada, por lo que destinaron esos fondos para solucionar otros conflictos, lo que fue dicho de una manera muy poco decente y digna ante los miembros de los distintos sindicatos de Talcahuano, Coronel y de otras comunas.
¿Por qué tuvimos que enterarnos en diciembre, después de las elecciones presidenciales, que se daría otro destino a esos recursos?
Incluso, el subsecretario de Pesca se levantó y se fue ese día del Senado, sin terminar de atender la problemática del sector pesquero.
En la actualidad, nos encontramos nuevamente con movilizaciones en Coronel, Lota y Talcahuano, donde esperamos abordar nuevamente el problema con el Gobierno, porque la veda se extendió desde el 21 de octubre hasta el 15 de marzo, con muchas posibilidades de que se renueve.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior, con el objeto de que, en nombre del Gobierno del Presidente Piñera, se haga cargo de esa crisis social.
Ayer tuvimos una mesa de diálogo en el Senado, en la cual se manifestó una voluntad muy distinta a la que habían exteriorizado el ministro de Economía y el subsecretario de Pesca .
Por eso hago un llamado para que podamos buscar una fórmula para solucionar esa crisis, que ya está en conocimiento del Gobierno, porque puede quebrantar la paz social en la Región del Biobío. Sin duda que su solución no puede basarse en programas de empleo, sino que por la vía de entregar ingresos a los cerca de cinco mil pescadores artesanales de la región. Para eso está la voluntad manifestada por los sindicatos y por el subsecretario Miguel Flores, quien se pronunció ayer al respecto en nombre del Gobierno. Además los senadores y los diputados están haciendo fuerza transversalmente para llegar a ese acuerdo.
Finalmente, pido enviar copia de mi intervención al intendente de la Región del Biobío , al ministro del Interior y, por cierto, al ministro de Economía , ya que está en sus manos resolver no solamente el tema de la escasez de esos recursos, sino que solucionar una crisis social que, sin duda, viene a enlutar la Navidad y el Año Nuevo de los pescadores artesanales de mi región.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Jaramillo , Lemus y Castro .
-
En el tiempo restante del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.46 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓNY DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.32 horas.
El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MEDIDAS PARA ABASTECER DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y RIEGO A ZONAS RURALES (Oficios)
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , me referiré a un asunto realmente importante para el país y al que no se le ha dado la prioridad que requiere.
Durante el último tiempo, como nunca en Chile se han dispuesto camiones aljibes para llevar agua a la gente, como consecuencia de que los pozos se han secado, de que hay una escasez hídrica tremenda a lo largo de todo el territorio nacional, del cambio climático y, por cierto, de las altas temperaturas que hemos tenido.
De ahí, entonces, que es indispensable que el abastecimiento de agua potable rural tenga alguna solución a través de la asignación de recursos especiales vía Ministerio de Obras Públicas y Dirección de Obras Hidráulicas, más lo que debe aportar cada gobierno regional para hacer pozos profundos y para poder abastecer de agua a la gente de sectores rurales que tengan una población más o menos importante en número. La idea es que exista un servicio de agua potable rural que dé satisfacción a las necesidades de esas personas.
Por otro lado, debería existir una bonificación especial de parte del Estado para subsidiar a las personas del mundo rural que necesitan agua a los efectos de que puedan realizar un pozo en forma individual -ello no es posible que lo hagan colectivamente, ya que están aislados del resto de la gente- para que puedan contar con el vital elemento.
Se necesitan pozos profundos. Porque cuando se trata de superficies planas, el agua se encuentra cerca de ellas y contaminada. Por ello se deben hacer pozos profundos, ya que, en caso contrario, estaríamos dañando la salud de la gente.
Por consiguiente, se trata de una tarea que debemos implementar en el corto plazo, porque la falta de agua potable en los sectores rurales, muchas veces muy cercanos a la ciudad, es una tragedia a nivel nacional.
Además, hay que impulsar una política de Estado para construir embalses a lo largo del país en todos los lugares donde sea posible para retener las aguas lluvias, que caen, corren a través de los esteros, canales y ríos con destino al mar. Retengamos esas aguas lluvias a fin de tener agua para entregarla a la gente que la necesita para su consumo diario y, en algunos casos, para satisfacer las necesidades de los regantes de cultivos que producen alimentos.
Lamentablemente, esas son dos falencias enormes.
Es muy urgente hacer esto ahora y no en cinco años más. Se trata de temas de país gravísimos, tremendamente importantes que debemos abordar ahora.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al Presidente de la República y a los ministros del Interior y de Obras Públicas para que tomen cartas en el asunto, porque se trata de un asunto neurálgico al que tenemos que buscarle solución ahora y no después cuando sea demasiado tarde.
He dicho.
El señor ROBLES ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de quien preside en forma accidental.
ANTECEDENTES SOBRE EVENTUAL CONVOCATORIA DE SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES A SEMINARIO EN ESPAÑA (Oficio)
El señor PÉREZ, don José ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en primer lugar, solicito oficiar al ministro de Salud para que nos informe si lo que plantearé a continuación es verídico o no.
Circula un rumor muy fuerte en distintas regiones en cuanto a que el señor subsecretario de Redes Asistenciales estaría convocando a todos los directores de servicios de salud y a algunos miembros del ministerio del ramo a un seminario que se realizará en España durante enero próximo, lo que involucra un gasto superior a los 2.000 millones de pesos.
La verdad es que, de acuerdo con lo que se me ha informado, la convocatoria más parece ser una especie de vacaciones de los directores de servicios de salud a Europa a costa de todos los chilenos. Porque el Gobierno está terminando y se trata de funcionarios que deben ser evaluados y respecto de los cuales hay que ver si prosiguen o no en sus cargos. Es más, algunos recién fueron designados, como el director del Servicio de Salud de Atacama , que no lleva ni un mes en sus funciones.
Entonces, parece absolutamente desproporcionado y una burla a los funcionarios públicos de la salud que se gaste tal cantidad de dinero para que los directores de servicios de salud viajen a España por quince días -es lo que se me informó- durante el mes de enero próximo en momentos en que el Gobierno está concluyendo.
Algunos funcionarios de dichos servicios me plantearon que los directores no pueden irse de vacaciones a Europa con recursos del Estado.
Por lo tanto, considero muy inapropiado lo que está haciendo el subsecretario de Redes Asistenciales . Esto merece aclararse. Si solo se trata de un rumor infundado, me gustaría que el señor ministro lo esclareciera. Porque tampoco es bueno ventilar rumores, pero creo que situaciones como la señalada sí deben quedar absolutamente despejadas.
La información de que dispongo es que les están llegando las respectivas notificaciones a los directores y que varios ya han confirmado su participación en esas seudovacaciones en España, lo que -reitero- no considero razonable.
El señor PÉREZ, don José ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO TERRAPUERTO DE VALLENAR (Oficios)
El señor ROBLES.- En otro orden de cosas, pido que se oficie a la ministra de Obras Públicas , al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y al intendente de Atacama , para que me informen en qué lugar estarán ubicados los buses interurbanos y los colectivos en el Terrapuerto de Vallenar y para que me hagan llegar antecedentes completos respecto de ese proyecto, porque las empresas y las personas que realizan actividades en esas áreas del transporte público carecen de información al respecto.
El señor PÉREZ, don José ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
ACLARACIÓN SOBRE EVENTUAL CONFLICTO DE INTERESES QUE AFECTARÍA AL DIRECTOR DE VIALIDAD DE ATACAMA (Oficios)
El señor ROBLES.- Por último, quiero referirme a una situación en materia de probidad que afecta a la dirección de Vialidad de Atacama, organismo que ha procedido a la adjudicación directa de una cantidad importante de proyectos a la empresa Orika , en circunstancias de que, según la información de que dispongo, su propietario sería el cuñado del director de Vialidad de Atacama .
Esa situación es muy compleja, motivo por el que requiere ser investigada, con el propósito de que sea aclarada y que se obtengan respuestas claras. Entiendo que en casos determinados hay instituciones o empresas a las que se les adjudica un proyecto en forma directa, a pesar de que cuentan con todos los antecedentes para participar en un proceso de licitación pública, pero una situación muy distinta, absolutamente poco prudente y reñida con la ética es que un director regional de Vialidad proceda a adjudicar una asignación a una empresa cuyo dueño está emparentado con él.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Obras Públicas y al seremi de Obras Públicas de Atacama , con el objeto de que dispongan se lleve a cabo una investigación sobre la situación que he denunciado y que me informen respecto de sus resultados.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al intendente de Atacama , a las organizaciones de trabajadores de esa región, al concejo de Copiapó y a los alcaldes de la Región de Atacama, porque me parece importante que todos estén al tanto de lo que he planteado, ya que dice relación con la probidad que debe regir las actividades públicas.
He dicho.
El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntado copia de su intervención.
-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.43 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado. (boletín N° 7036-11)
“Valparaíso, 17 de diciembre de 2013.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos organomercúricos, correspondiente al Boletín N° 7036-11, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 1°.- Prohíbese la fabricación, importación, comercialización, distribución y suministro, a cualquier título, de todo tipo de vacunas destinadas a inocular a niñas y niños menores de ocho años, mujeres embarazadas y adultos mayores de sesenta años, que entre sus componentes contengan timerosal o compuestos organomercúricos.”.
-o-
Ha incorporado, como artículo 2°, nuevo, el que sigue:
“Artículo 2º.- Para las personas no comprendidas en el artículo anterior, se permitirá el uso de vacunas que en el proceso de fabricación utilicen el etilmercurio con tiosalicilato como trazas. Dichas trazas, al momento de suministrar la vacuna, deberán ser inferiores o iguales a un microgramo de etilmercurio por dosis.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1°, sólo podrán utilizarse vacunas con etilmercurio, siempre que sean desarrolladas y producidas con posterioridad a la vigencia de esta ley y no existan vacunas que produzcan los mismos efectos que las que contengan el compuesto antes dicho, y el Presidente de la República , mediante decreto y por razones fundadas de salud pública, como emergencias epidemiológicas o sanitarias, así lo autorice, lo que deberá hacer observando las normas más estrictas que fijen al efecto los organismos internacionales de salud.
En los casos del inciso anterior, no se podrá invocar como fundamento de la excepción señalada la falta de disponibilidad o problemas de stock de vacunas, causados por omisiones, deficiencias o errores en los sistemas de compra de las respectivas vacunas.”.
-o-
Artículo 2°
Ha pasado a ser artículo 3°, agregándose en la frase final que propone, a continuación de la expresión “orgánicos”, lo siguiente: “, de conformidad a la normativa legal vigente”.
-o-
Ha contemplado, como artículo 4°, nuevo, el siguiente:
“Artículo 4°.- Cualesquiera sean las circunstancias extraordinarias en que se utilicen vacunas con trazas o con montos superiores a un microgramo de etilmercurio con tiosalicilato o compuestos organomercúricos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2° de esta ley, deberá recabarse el consentimiento informado de las personas, en conformidad a la ley N° 20.584.”.
-o-
Artículo 3°
Ha pasado a ser artículo 5°, reemplazándose la expresión “quien al efecto” por “la cual”, y agregándose una coma (,) a continuación de la palabra “incautadas”.
-o-
Ha agregado el siguiente artículo 6°, nuevo:
“Artículo 6°.- La presente ley entrará en vigencia el primer día después del sexto mes de su publicación.”.
-o-
Artículo transitorio
Lo ha eliminado.
-o-
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.454, de 5 de mayo de 2011.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
2. Informe de la participación de los diputados señores Carmona, Gutiérrez, don Romilio; Monckeberg, don Cristián, y Vallespín, con motivo de la V Reunión de la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, realizada en la ciudad de México,llevada a cabo entre el martes 3 de diciembre de 2013 y el viernes 6 de diciembre de 2013.
“Honorable Cámara,
Tengo a honra informar acerca de la participación de la delegación que intervino en la V Reunión de la Red Parla mentaria Latinoa mericana Pro Transparencia, Acceso a la información Pública y Probidad, realizada en Ciuda d De México, entre los días 2 y 4 de diciembre de 2013
1.- ANTECEDENTES GENERALES.
En el mes de enero de 2012, en el marco de un “Seminario Internacional sobre transparencia y probidad en el Congreso Nacional y el Sistema de Pa rtidos Políticos”, se firmó la Declaración de Santiago y se creó la Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transpa rencia, Acceso a la información Pública y Probidad, en adelante “Red Parlamentaria”, como entida d encargada de implementar las acciones establecida s en dicha Declaración.
El apoyo del Congreso Nacional a la Red Parlamentaria se encuentra considera do en los compromisos contenidos en el Plan de Parlamento Abierto, a través de la Comisión Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional. La Red Parlamentaria se encuentra presidida por el Senador, señor Hernán Larraín y su vicepresidente es el Diputado , señor Patricio Vallespín López.
En el III Encuentro de la Red Parlamentaria, realizado en la ciudad de Buenos Aires el 6 y 7 de diciembre de 2012, se presentó el Plan de Trabajo que considera como objetivos para el período 2013-2015 la institucionalización y Expa nsión de la Red en el ámbito Latinoamericano; el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de la Convención lnteramericana contra la Corrupción; la promoción de un grupo de trabajo sobre parlamento abierto en el marco de la iniciativa de la Open Government Partnership y el respa ldo a proyectos de reforma legal, a nivel nacional, que forta lezcan una cultura de parlamento abierto.
El IV Encuentro de la Red Parlamentaria, realiza do en la ciudad de Bogotá el 23 y 24 de julio de 2013, contó con la participación de representantes parlamentarios de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Uruguay y Chile. Asimismo, cabe destaca r la concurrencia del National Democratic lnstitute, de la Organización de Estados America nos, a través de su Mecanismo de Seguimiento de la Convención lnteramericana contra la Corrupción y de la Red de Órganos Garantes de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En la ocasión, se determinó priorizar la adhesión institucional a la Red Parlamentaria; favorecer un diálogo institucional entre los Congresos de Chile, México y Colombia, además de colaborar en el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
2.- ENCUENTRO EN CIUDAD DE MÉXICO.
El V Encuentro de la Red Parlamentaria se desarrolló en Ciudad de México, fue organizado por el Comité de Garantía de Transparencia y Acceso a la información del Senado de dicho país y contó con la presencia de parlamentarios de Chile, Colombia, Perú, México, Paraguay, Uruguay, Argentina, Costa Rica, además de diversos países de Centro América, agrupa dos en el Parlacen.
La delegación chilena estuvo integrada por los Presidentes de las Comisiones de Ética y Transparencia del Senado, señor Hernán Larraín, y de la Cámara de Diputados, señor Patricio Vallespín; los Diputados señores Lautaro Carmona, Romilio Gutiérrez y Cristián Monckeberg; el Prosecretario de la Cámara de Diputados, señor Luis Rojas; el asesor de la Comisión Bicameral y Secretario de la Red, señor Juan Pablo Olmedo y la abogada del PNUD, señora Rocío Noriega.
En la inauguración del encuentro intervinieron por parte de México, la Senadora Arely Gómez (PRI), Presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Tra nsparencia de la Información, y la Senadora Iris Vianey Mendoza (PRO), Secretaria de la Mesa Directiva del Senado; y, en representación de la Red, su presidente , el Senador Hernán Larra ín. A continuación, la señora Rocío Noriega hizo una breve presentación sobre metodología que propone el PNUD para formalizar el funcionamiento de la Red.
Durante el debate, en que tuvieron activa participación los Diputados chilenos, los principales planteamientos se refirieron a la elaboración de los estatutos, los alcances que debería tener la Red Parlamentaria, tanto en términos de institucionalización, como en objetivos, su relación con otra s instancia s parlamentarias, mecanismos de incorporación de parlamentarios que dejan sus funciones, entre otros aspectos esenciales en la creación de esta instancia. Varios parlamentarios destacaron la preocupación a la base de la iniciativa, que es la de enfrentar de manera activa el descrédito que sufren los Parlamentos a nivel general en la región.
Posteriormente, la sesión continuó con la presentación del Informe sobre el Grupo de Trabajo de Parla mento Abierto, el que funciona en el marco de la iniciativa de la Open Government Partners hip, creada en 2011e integrada por 62 países (entre ellos, Chile, desde abril de 2012), en el que autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil trabajan coordinadamente, con el objetivo de lograr mayor apertura, transparencia y responsabilidad de parte de sus gobiernos. La presentación estuvo a cargo del Senador Larraín y del Director de programas de gobernanza de NDI , Scott Hubli, quienes se refirieron a los avances alcanzados en la última cumbre de OGP, realizada en Londres, Inglaterra, entre los días 31 de octubre y 1de noviembre del presente año.
Luego, el jefe de la Sección de Apoyo a Instituciones Representativas (SAIR) de la OEA, señor Moisés Benamor, dio a conocer la iniciativa que están desarrollando para apoyar el funcionamiento de la Red: un curso virtual orientado a parlamentarios, asesores y funcionarios para dar a conocer el concepto de Parlamento Abierto.
Cabe destacar, a demás, que los participantes del encuentro visitaron el Instituto Federa l de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), donde fueron recibidos por los cinco comisionados de esa institución, quienes les dieron a conocer el marco legal en el que ellos actúan, sus principales funciones y cómo operan.
Finalmente, la delegación chilena asistió a una cena en la residencia de la Embajada de Chile, oportunidad en la que se destacó la labor que desempeñan los parlamentarios que participaron y el activo rol que han tenido en la iniciativa que se está creando.
Importa tener presente, que el siguiente encuentro de la Red Parlamentaria lnteramericana Pro Transparencia, Acceso a la Información y Probida d será celebrado el próximo año en Paraguay.
El 4 de diciembre, como corolario del trabajo realiza do, el Diputa do señor Patricio Vallespín se reunió con una delegación de Diputados mexicanos y representantes de la sociedad civil, a los cuales explicó el trabajo desarrollado por la Comisión de Ética de la H. Cámara de Diputados de nuestro país, los avances en materia de transparencia y probidad y la institucionalización que se ha dado en nuestro país en este ámbito, además de instarlos a integrarse a la Red Parlamentaria, tal como lo ha hecho el Sena do de ese país.
La referida reunión produjo resultados tremendamente positivos, tales como el compromiso de un trabajo conjunto de los parlamentarios de ambos países; el inicio del diálogo entre los Diputados mexicanos y los miembros de la sociedad civil; el intercambio de iniciativas en materia de probidad y transparencia, como también la presencia de parlamentarios de dicha cámara política en las futuras sesiones de la Red Parlamentaria.
3.- ACUERDOS ADOPTADOS EN EL V ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA. LATINOAMERICANA PRO TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROBIDAD.
Producto del debate realizado, se aprobó una declaración que da cuenta de los desafíos que seguirá asumiendo La Red Parlamentarias.
A continuación se transcribe el documento final firmado por todas las delegaciones participantes:
“Considerando:
1.- Que el “IV Encuentro de la Red Parlamentaria Latinoamer icana Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad” realizado en Bogotá, Colombia, en el mes de julio de 2013, estableció entre sus conclusiones, la necesidad de profundizar el compromiso institucional de los Congresos, Asambleas Nacionales y Legislativas de la Región, a favor de los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, participación ciuda dana y prevención de la corrupción, contenidos en la Declaración de Santiago de enero 2012.
2.- Que, la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la Red han impulsado, durante el período 2012-2013, diversas instancias de encuentro y deliberación de los países integrantes de la Red Latinoamericana en las ciuda desde Santiago, Buenos Aires y Bogotá. Además, se han establecido puentes de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, tales como el NDI, Gopac y la Red de Transparencia Legislativa; como, también, de colaboración con organismos multinacionales como el BID, la OEA, el Mesecic, el PNUD y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
3.- Que los Congresos de Chile, México y Colombia han ratificado y adherido a la Declaración de Santiago y encomendado a sus respectivas Comisiones de Ética, la presencia, seguimiento y coordinación de las actividades de la Red.
4.- Que los liderazgos parlamentarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y los países centroamericanos incorporados en el Parlacen se han comprometido a impulsar procesos internos que permitan materializar su plena incorporación institucional a tra vés de sus congresos.
5.- Que el PNUD ha comprometido su colaboración en el proceso de institucionalización de la Red mediante la propuesta sobre “Metodología Participativa de Institucionalización Red Parlamentaria Latinoamerica na Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad”.
Se acuerda.
l.- Aprobar la propuesta sobre “Metodología Participativa de Institucionalización Red Parlamentaria Latinoamericana Pro Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad”, elaborada por el PNUD y enriquecida con el aporte de los parlamentarios presentes en este encuentro.
2.- Reafirmar el compromiso de la Red con los actores de la sociedad civil, valorar su participación como instancia colaboradora y comprometer iniciativas conjuntas de difusión para la profundización de los principios de transparencia, acceso a la información y probida d a que adhiere esta Red.
3.- Ratifica r la importancia de que todos los sectores políticos, gobierno y oposición, representa dos en los congresos de los distintos países que integran la Red puedan participar en la misma, de manera de garantizar un adecuado pluralismo en esta instancia.
4.- Exhortar a los congresos y parlamentarios de los distintos países que componen la Red a generar planes de acción y mecanismos de rendición de cuenta anual de los avances logrados y las dificultades observadas en la implementación de los compromisos a sumidos en la Red.
5.- Encomendar a la Secretaría un estudio comparado sobre legislación en materia de transpa rencia, probidad y acceso a la información en los poderes legislativos de los países participantes de la Red.
6.- Se acuerda que el Grupo de Trabajo que elabora rá una propuesta de estatutos estará conformado por Chile, México, Colombia, Paraguay, Perú, Costa Rica y el Parlacen.
7.- Encomendar a la Secretaría Ejecutiva de la Red el seguimiento, coordinación e información a los integrantes de la RED sobre los avances realizados en la implementación de la propuesta metodológica del PNUD.
8.- Comprometer la suscripción de los estatutos de la Red para la próxima reunión, a realizarse en Paragua y durante el mes de mayo del 2014.
9.- La presente acta es suscrita por el Presidente de la Red y todos los y los asistentes de este encuentro, cuya presencia consta en el respectivo registro de asistencia que se entiende incorporado.
(Fdo.): LUIS ROJAS GALLARDO, Prosecretario de la Cámara de Diputados”.
3. Oficio de la Corte Suprema. (boletín 9169-08)
“Oficio N° 150-2013
Informe Proyecto de ley 43-2013
Antecedentes: Boletín N° 9169-08
Santiago, 16 de diciembre de 2013.
Por Oficio N° 11.002, recibido el 28 de noviembre último, el señor Presidente de la Cámara de Diputados, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley -iniciado en mensaje-, que modifica los textos legales que indica, para impulsar la inversión minera.
Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día '13 del actual, presidida por el suscrito y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia, Sergio Muñoz Gajardo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa María Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldías y María Eugenia Sandoval Gouét, señores Lamberto Cisternas Rocha y Ricardo Blanco Herrera, señora Gloria Ana Chevesich Ruiz y suplentes señores Juan Escobar Zepeda, Carlos Cerda Fernández y Alfredo Pfeíffer Richter, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación:
“Santiago, dieciséis de diciembre de dos mil trece.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que por Oficio N° 11.002, recibido el 28 de noviembre último, el señor Presidente de la Cámara de Diputados, al tenor de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, remitió a esta Corte el proyecto de ley -iniciado en mensaje-, que modifica los textos legales que indica, para impulsar la inversión minera.
De acuerdo con lo consignado en el Mensaje, la iniciativa legal aborda tres ámbitos considerados como relevantes para el desarrollo de la actividad minera:
i) evitar duplicidad y perfeccionar los permisos aplicables.
ii) mejorar la información disponible para los inversionistas.
iii) disminuir la judicialización que incide en la ejecución de proyectos, permitiendo con todo esto, aumentar el dinamismo de los proyectos de inversión.
De esta forma, el proyecto tiene por finalidad modificar ciertas normas jurídicas que inciden sobre los procesos de tramitación y ejecución de proyectos de inversión en el ámbito minero, con el fin de promover un ambiente propicio que estimule y posibilite de mejor manera la ejecución de aquellos proyectos de inversión que contribuyen al desarrollo y crecimiento del país y, con este objeto, comprende modificaciones al Código de Aguas, a la Ley N° 20.551, al Decreto Ley N° 3.525 y al Código de Procedimiento Civil.
Segundo: Que el Artículo Primero de la iniciativa introduce la siguiente modificación al Código de Aguas, incorporando un inciso final nuevo al artículo 294, del siguiente tenor: “Quedarán asimismo exceptuados de cumplir los trámites y requisitos a que se refiere este artículo, los titulares de proyectos de embalses o tranques de relaves, relaveductos, mineroductos, concentraductos, depósitos de relaves en pasta, filtrados y espesados que contengan o transporten como valor mínimo, al momento de depositarse o transportarse, un sesenta y cinco por ciento o más de concentración en peso de sólidos, proyectos cuya evaluación y aprobación será de transporten como valor mínimo, al momento de depositarse o transportarse, un sesenta y cinco por ciento o más de concentración en peso de sólidos, proyectos cuya evaluación y aprobación será de competencia únicamente del Servicio Nacional de Geología y Minería.”
De acuerdo a la modificación que se propone, la Dirección General de Aguas deja de ser competente para conocer de la construcción de ciertas obras hidráulicas, específicamente, las que tengan un comportamiento hidráulico menor. Con tal modificación, la competencia se radica exclusivamente en el Servicio Nacional de Geología y Minería.
No obstante no ser un precepto que se refiera de manera directa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, la modificación implicaría necesariamente una alteración de la competencia de las Cortes de Apelaciones, a que alude el artículo 296 del Código de Aguas. Tal como señala el inciso segundo de, “las resoluciones que se dicten en conformidad a estas normas deberán ser fundadas y en contra de ellas procederán los recursos a que se refieren los artículos 136 y 137 de este Código, que en estos casos no suspenderán su cumplimiento”. Tales preceptos consagran, respectivamente, los recursos de reconsideración ante la misma Dirección General de Aguas y de reclamación ante la Corte de Apelaciones del lugar en que se dictó la resolución que se impugna. Respecto de éste último recurso, son aplicables, en lo pertinente, las normas contenidas en el Título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil, relativas a las tramitación del Recurso de Apelación.
De esta forma, los proyectos a que alude la modificación no podrán ser reclamados ante la Corte de Apelaciones respectiva, lo que implica una sustracción de competencias en esta materia, conllevando al recurso de protección como vía de reclamo respecto de las resoluciones emitidas por el SERNAGEOMIN en relación a los proyectos que enumera el articulo primero de la modificación que se introduce.
Tercero: Que, por su parte, el Artículo Segundo reforma la Ley N° 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, incorporando en la letra q) del artículo 3° y en el inciso segundo del artículo 50 algunas modificaciones que no dicen relación alguna con la organización y atribuciones de los tribunales, razón por la cual no corresponde emitir informe a su respecto.
Lo propio ocurre con la reforma al Decreto Ley N° 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería, en virtud del Artículo Tercero del proyecto. Se introducen modificaciones al artículo 2° de este cuerpo legal para que el Servicio pueda utilizar las publicaciones en los Boletines Oficiales de Minería con la finalidad de actualizar más eficazmente su catastro de concesiones mineras.
Cuarto: Que, por último, el Artículo Cuarto de la iniciativa legal introduce modificaciones al párrafo 3° del Título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil, sobre la denuncia de obra nueva.
Se propone un nuevo texto para el artículo 565 del siguiente tenor: “Presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva denunciable, el demandante podrá solicitar, en dicho libelo o en cualquier momento, como medida precautoria, la suspensión provisional e inmediata de la obra, acompañando los antecedentes que justifiquen la existencia del derecho que reclama y el peligro grave e inminente que entrañare el no otorgamiento de la misma. En la resolución que provea la demanda, el tribunal mandará a citar al denunciante y al denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil después de la notificación del demandado, debiendo en ella presentarse los documentos y demás medios probatorios en que las partes funden sus pretensiones. Cualquiera sea el caso, y siempre que la naturaleza de la obra lo permita, la suspensión de la misma se limitará a aquella parte de la obra nueva que se emplace en terrenos cuya posesión o servidumbre invoque el denunciante, de conformidad a las normas del presente párrafo y a los artículos 930 y 931 del Código Civil.”
Asimismo, se incorporan nuevos artículo 565 bis y 568 bis. De acuerdo al primero, “la suspensión provisoria de la obra, podrá ser otorgada de plano por el tribunal, sobre la base de los antecedentes acompañados, o reservar su resolución para la audiencia a que se refiere el artículo anterior. El tribunal, al decretar la medida del inciso anterior, dispondrá que se tome razón del estado y circunstancias de la obra y que se aperciba al que la esté ejecutando con la demolición o destrucción, a su costa, de lo que en adelante se haga. En cualquier tiempo, el tribunal a petición de parte deberá hacer cesar la medida, en los casos dispuestos por el artículo 301.” Por su parte, el segundo prescribe que “En la audiencia referida en el artículo 565, el tribunal se pronunciará sobre el otorgamiento de la medida precautoria, si esto no ha ocurrido, o bien sobre su mantención, sustitución o alzamiento, si la misma ya hubiere sido concedida.”
Se sustituye también el inciso segundo del artículo 569, agregándose que en la sentencia “el tribunal podrá decretar o ratificar la suspensión de obras u ordenar el alzamiento de la que ya se hubiere decretado”. Por último, se sustituye el artículo 570 por el siguiente: “Si en definitiva se decreta la suspensión de la obra, podrá el vencido pedir autorización para continuarla, llenando las condiciones siguientes: 1 a Acreditar que de la suspensión de la obra se le siguen graves perjuicios; 21 Dar caución suficiente para responder de la demolición de la obra y de la indemnización de los perjuicios que de continuarla puedan seguirse al contendor, en caso que a ello sea condenado por sentencia firme; y 3a Deducir, al mismo tiempo de pedir dicha autorización, demanda ordinaria para que se declare su derecho de continuar la obra. Este derecho deberá ser ejercido por el denunciado dentro de los sesenta días de ejecutoriada la sentencia definitiva que hubiere acogido la denuncia. La primera de las condiciones expresadas y la calificación de la caución, serán materia de un incidente.”
Quinto; Que conforme lo establece el inciso primero del artículo 930 del Código Civil, el poseedor tiene derecho para pedir que se prohiba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión. Por su parte, el artículo 931 del mismo cuerpo legal dispone que son obras nuevas denunciables las que construidas en el predio sirviente embarazan el goce de una servidumbre constituida en él; las construcciones que se tratan de sustentar en edificio ajeno, que no esté sujeto a tal servidumbre; y las obras voladizas que atraviesan el plan vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no se apoye sobre el predio ajeno, ni dé vista, ni vierta aguas lluvias sobre él. Se configura de esta forma, una acción posesoria especial.
Tal como señala la doctrina, en el caso de la denuncia de obra nueva procede interponer esta acción ante una perturbación en la situación jurídica del denunciante que se derive de la construcción de una obra nueva, obteniendo el afectado la inmediata paralización de la misma. La obra denunciada necesariamente debe estar iniciada o a punto de iniciarse, pero no puede ser terminada, pues precisamente esta acción busca suspender la obra.
La normativa procesal en la materia prescribe que ante la sola presentación de la demanda el juez debe suspender provisionalmente la obra, bajo apercibimiento de demolición de lo que se siga construyendo, como lo autoriza el artículo 565 del Código de Procedimiento Civil, lo que tradicionalmente se ha entendido como una suspensión automática, de carácter imperativo para el juez.
La doctrina, en esta parte, ha criticado esta redacción en relación a los términos imperativos en que se encuentra redactado el precepto: “el juez decretará” provisionalmente dicha suspensión y “mandará”, ya que no permite al juez entrar a valorar los perjuicios que, eventualmente, puedan irrogarse al dueño de la obra. De esta forma, si el libelo cumple los requisitos de forma, el juez no tiene discrecionalidad alguna al momento de dictar la providencia, debiendo necesariamente suspender la ejecución de los trabajos.
De esta forma y bajo los presupuestos de la modificación que se introduce, se destaca la eliminación respecto de la obligación que tiene el juez de proceder a la suspensión provisional de la obra por el solo hecho de la presentación de la demanda y, por ende, su nueva regulación en cuanto medida precautoria en sentido amplio, es decir, que su otorgamiento dependerá del requerimiento de parte y siempre que el solicitante acredite la apariencia del derecho que reclama y el peligro grave e inminente de la demora. De esta forma, se garantiza la seriedad de la pretensión, previa verificación de las condiciones mínimas para el ejercicio de esta acción.
Respecto a la modificación del artículo 565 inciso primero, se propone una redacción más precisa, remplazando la frase “el derecho que se reclama” por “la posesión que invoca”, quedando redactada del siguiente modo:”Presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva denunciable, el demandante podrá solicitar, en dicho libelo o en cualquier momento, como medida precautoria, la suspensión provisional e inmediata de la obra, acompañando los antecedentes que justifiquen la existencia de la posesión que invoca y el peligro grave e inminente que entrañare el no otorgamiento de la misma. En la resolución que provea la demanda, el tribunal mandará a citar al denunciante y al denunciado para que concurran a la audiencia del quinto día hábil después de la notificación del demandado, debiendo en ella presentarse los documentos y demás medios probatorios en que las partes funden sus pretensiones.”
Por otra parte, se destaca la incorporación de un inciso final al artículo 565, que establece que de decretarse la suspensión de la obra, ésta se limitará a aquella parte que se emplace en terrenos cuya posesión o servidumbre invoque el denunciante. Tal modificación responde a que en la práctica la suspensión abarca a la obra completa, aun cuando no afecte al terreno cuya posesión o servidumbre se invoca. De esta forma, se informa positivamente, la facultad que se otorga al juez para que la suspensión que estime necesario decretar, se circunscriba a los límites específicos que contemple la obra nueva.
En definitiva, la finalidad del proyecto en esta materia, en lo relativo a evitar la interposición infundada de demandas, se informa positivamente. Al respecto se tiene especialmente en consideración el alto porcentaje de denuncias de obra nueva que son rechazadas, la mayoría de las veces por requisitos básicos de admisibilidad, determinándose en consecuencia, sólo al momento de la sentencia, que la obra denunciada no era susceptible de ser impugnada por medio de esta acción.
La incorporación de los artículos 565 bis y 568 bis y las modificaciones que se introducen a los artículos 569 y 570, dan cuenta de los objetivos del proyecto en esta parte, en cuanto se pretende otorgar certeza jurídica al juicio posesorio. De esta forma, se informan positivamente las modificaciones y se destaca los beneficios que al procedimiento vigente se pretende incorporar, principalmente: agilizar el juicio interdicta! y evitar una injustificada suspensión de las obras, lo que permitirá impedir el abuso que actualmente conducía la utilización de este instrumento procesal.
Finalmente, y no obstante, informarse positivamente las modificaciones relativas a la nueva regulación procedimental que se propone, se da cuenta que no está formulada en los términos del nuevo Código de Procedimiento Civil, actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Se evidencian objetivos similares, sin embargo, las normas no son coincidentes ni exactas en su redacción.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar el proyecto de ley que modifica los textos legales que indica, para impulsar la inversión minera, en los términos precedentemente expuestos.
Ofíciese.
PL-43-2013.”
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): RUBÉN BALLESTEROS CÁRCAMO, Presidente ; ROSA MARÍA PINTO EGUSQUIZA, Secretaria.”
AL SEÑOR PRESIDENTE
EDMUNDO ELUCHANS URENDA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO
4. Oficio del Tribunal Constitucional. Rol 2470-13-INA.
?Santiago, 6 de diciembre de 2013.
Oficio N° 9.209
Remite sentencia.
Excelentísimo señor
Presidente de la Cámara de Diputados:
Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva de fecha 2 de diciembre de 2013 dictada por esta Magistratura en los autos Rol N° 2470-13-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MARISOL PEÑA TORRES, Presidenta ; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.
A S.E. EL
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON EDMUNDO ELUCHANS URENDA
VALPARAÍSO.”