Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- PERMISO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Jose Perez Arriagada
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Eduardo Antonio Cerda Garcia
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jose Manuel Edwards Silva
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- ARCHIVO DE PROYECTO
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SEÑORES SANTIAGO DEL CAMPO Y MANUEL ALMEYDA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- V. ORDEN DEL DÍA
- AUMENTO DE ARANCEL PARA OFICIALES CIVILES DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN POR ACTUACIONES ESPECIALES FUERA DE OFICINA O DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9192-07)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Cristian Letelier Aguilar
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Marcelo Diaz Diaz
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- AUMENTO DE ARANCEL PARA OFICIALES CIVILES DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN POR ACTUACIONES ESPECIALES FUERA DE OFICINA O DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9192-07)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- REGULACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS LIVIANOS QUE OPERAN EN EL SECTOR MINERO (Votación)
- DEBATE
- REGULACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS LIVIANOS QUE OPERAN EN EL SECTOR MINERO (Votación)
- VII. INCIDENTES
- FELICITACIONES A COMUNIDAD DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA, DE LA UNIÓN (Oficio)
- INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS O PROYECTOS PARA INTERVENIR RIBERA DEL RÍO BUENO (Oficios)
- REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE COÑARIPE Y LICANRAY (Oficio)
- INSTALACIÓN DE LOCALES DE VOTACIÓN EN LOCALIDADES DEBUCHUPUREO Y COLMUYAO, COMUNA DE COBQUECURA (Oficio)
- APERTURA DE PASO FRONTERIZO ENTRE LAS COMUNAS DE SAN FABIÁN DE ALICO, EN CHILE, Y LAS OVEJAS, EN ARGENTINA (Oficio)
- MEDIDAS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DELA ARAUCANÍA AFECTADOS POR LA SEQUÍA (Oficios)
- FISCALIZACIÓN A CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS POR PROBLEMAS EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PROVINCIA DE CHACABUCO. (Oficio)
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Fuad Eduardo Chahin Valenzuela
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 361ª
Sesión 114ª, en jueves 16 de enero de 2014
(Ordinaria, de 10.17 a 12.45 horas)
Presidencia accidental de los señores Ulloa Aguillón, don Jorge, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario general subrogante, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
Prosecretario accidental , el señor Malagamba Stiglich, don Sergio.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. ASISTENCIA 6
II. APERTURA DE LA SESIÓN 9
III. ACTAS 9
IV. CUENTA 9
PERMISO CONSTITUCIONAL 9
ARCHIVO DE PROYECTO 9
ACUERDOS DE LOS COMITÉS 10
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SEÑORES SANTIAGO DEL CAMPO Y MANUEL ALMEYDA 10
V. ORDEN DEL DÍA 11
AUMENTO DE ARANCEL PARA OFICIALES CIVILES DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN POR ACTUACIONES ESPECIALES FUERA DE OFICINA O DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9192-07) 11
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) 14
VI. PROYECTOS DE ACUERDO 40
REGULACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS LIVIANOS QUE OPERAN EN EL SECTOR MINERO (Votación) 40
VII. INCIDENTES 41
FELICITACIONES A COMUNIDAD DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA, DE LA UNIÓN (Oficio) 41
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS O PROYECTOS PARA INTERVENIR RIBERA DEL RÍO BUENO (Oficios) 41
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE COÑARIPE Y LICANRAY (Oficio) 42
INSTALACIÓN DE LOCALES DE VOTACIÓN EN LOCALIDADES DE BUCHUPUREO Y COLMUYAO, COMUNA DE COBQUECURA (Oficio) 42
APERTURA DE PASO FRONTERIZO ENTRE LAS COMUNAS DE SAN FABIÁN DE ALICO, EN CHILE, Y LAS OVEJAS, EN ARGENTINA (Oficio) 43
MEDIDAS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AFECTADOS POR LA SEQUÍA (Oficios) 43
FISCALIZACIÓN A CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS POR PROBLEMAS EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PROVINCIA DE CHACABUCO. (Oficio) 44
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 47
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece mejoras para el personal del servicio médico legal (boletín N° 9238-07) 47
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9015-05) 52
Pág.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9228-05) 52
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9169-08) 53
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9040-31) 53
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 6190-19) 54
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9178-05) 54
8. Oficio del Senado. (Boletín N° 9230-07) 55
9. Oficio del Senado. (Boletín N° 8210-06) 56
10. Oficio del Senado. (Boletín N° 9029-14) 58
11. Oficio del Senado. (Boletín N° 8201-09) 59
12. Oficio del Senado. (Boletín N° 8579-25) 59
13. Certificado de la Comisión de Hacienda. (boletín N° 9040-31) 60
14. Certificado de la Comisión de Hacienda. (Boletín N° 9228-05) 62
15. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad social, recaído en el proyecto de ley que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y modifica la ley N° 19.578. (boletín N° 9231-13-1) 70
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Notas:
- Del diputado señor Edwards, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 25 de enero de 2014 en curso para dirigirse a Estados Unidos.
- Del diputado señor Ceroni, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 18 de enero de 2014 en curso, para dirigirse a España
.
2. Certificado:
- Certificado médico presentado por el diputado señor Pérez, don José, por el cual acredita que deberá permanecer en reposo el día jueves 16 de los corrientes.
3. Comunicación:
- Del Jefe de Bancada de Diputados del Partido Demócrata Cristiano por la cual se informa que el diputado señor Eduardo Cerda reemplazará en forma permanente al diputado señor Gabriel Silber en la Comisión Investigadora sobre denuncias de un eventual fraude y otras irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso.
4. Oficio:
- De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se comunica que el diputado señor Accorsi reemplazará al diputado señor Tarud en la delegación que concurrirá a la Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile Parlamento Europeo, el 23 de enero próximo en Bruselas, y el 24 del mismo mes a un encuentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París (468).
Respuestas a oficios
Contraloría General de la República
- Diputado Chahín , Investigación sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de las inspecciones técnicas en el proyecto de reparación de asfalto del camino Traiguén-Galvarino, ejecutado en 2012. (1876 al 12358). Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Diputada Vidal doña Ximena, Solicita remita un catastro de las calles en mal estado de las comunas se San Joaquín, Macul y La Granja; como asimismo, informe de los trabajos de mejoramiento de calles y veredas en las comunas señaladas, principalmente, del sector ubicado frente al Estadio San Gregorio, calles 15 poniente y Einsenhower, de la comuna de La Granja. (87 al 11618).
Intendencias
- Diputado Campos, Grado de cumplimiento del protocolo de acuerdo sobre cobertura de programas de empleo en las comunas de Talcahuano y Hualpén (75 al 13176).
- Diputado Campos, Solicita interponer buenos oficios en solución de conflicto laboral de trabajadores de la planta industrial de Talcahuano de la empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada (76 al 5463).
Servicios:
- Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre la posibilidad de acceder a la petición presentada por el señor Ricardo Ernesto Cataldo Ardiles, domiciliado en la comuna de Quillota, solicitando información acerca del estado de la interconsulta por operación de lagrimal, derivada desde el Hospital San Martín de Quillota al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, hace aproximadamente 6 años. (1 al 13550).
- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Motivos de la suspensión de la pensión de invalidez otorgada a la señora Natalia Angélica Olea Olea de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. (19379 al 12971).
- Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre los motivos que se consideraron para denegar el beneficio Bodas de Oro, al matrimonio conformado por la señora Leonor Díaz Pino y el señor Héctor Mario Zamudio San Cristóbal, ambos de la comuna de Quillota. (19407 al 13702).
- Diputado Schilling, Informe sobre la situación que afecta al señor Arnaldo Morales, al tenor de lo indicado en la solicitud que se adjunta. (659 al 13727).
Varios
- Diputado Schilling, Informe sobre la situación que afecta al señor Domingo Varas Toro, domiciliado en la comuna de Villa Alemana, relativo a eventuales irregularidades en el pago de sus ahorros previsionales por parte de la A.F.P. Capital, sucursal Viña del Mar (300 al 13723)
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE (
Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24
Alinco Bustos René IND XI 59
Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38
Auth Stewart, Pepe PPD RM 20
Baltolú Rasera, Nino UDI XV 1
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Campos Jara, Cristián PPD VIII 43
Carmona Soto, Lautaro PC III 5
Castro González, Juan Luis PS VI 32
Cerda García, Eduardo PDC V 10
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49
De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53
Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7
Edwards Silva, José Manuel RN IX 51
Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3
Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49
Farías Ponce, Ramón PPD RM 30
García García, René Manuel RN IX 52
Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18
Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2
Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39
Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26
Hoffmann Opazo, María José UDI V 15
Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32
Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35
Lemus Aracena, Luis PS IV 9
Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31
Macaya Danús, Javier UDI VI 34
Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23
Morales Muñoz Celso UDI VII 36
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45
Pascal Allende, Denise PS RM 31
Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29
Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42
Sabat Fernández, Marcela RN RM 21
Saffirio Espinoza, René PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Sandoval Plaza, David UDI XI 59
Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42
Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12
Silber Romo, Gabriel PDC RM 16
Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23
Squella Ovalle, Arturo UDI V 12
Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28
Torres Jeldes, Víctor PDC V 15
Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51
Turres Figueroa, Marisol UDI X 57
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Vallespín López, Patricio PDC X 57
Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44
Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1
Verdugo Soto, Germán RN VII 37
Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25
Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54
Walker Prieto, Matías PDC IV 8
Ward Edwards, Felipe UDI II 3
-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Edmundo Eluchans Urenda, Fidel Espinoza Sandoval, Rodrigo González Torres, Roberto León Ramírez e Iván Norambuena Farías.
-Por encontrarse con permiso constitucional no asistieron los diputados señores Pedro Araya Guerero, Roberto Delmastro Naso, Marco Antonio Núñez Lozano y Alejandro Santana Tirachini.-
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.17 horas.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ULLOA (Presidente accidental).- El acta de la sesión 107ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 108ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor ULLOA (Presidente accidental).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS ( Secretario general subrogante) da lectura a la Cuenta.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).- Si le parece a la Sala se accedería a la petición formulada por el diputado señor Edwards , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 25 de enero del año en curso, para dirigirse a Estados Unidos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ARCHIVO DE PROYECTO
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala se accedería a la petición formulada por el honorable Senado para archivar del proyecto que establece penas para la
fabricación, tenencia, transporte, comercialización y utilización del hilo curado (Boletín N° 8579-25), toda vez que la materia de la iniciativa se encuentra tratada en la ley N° 20.700.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ULLOA (Presidente accidental).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ROJAS ( Secretario general subrogante).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Ulloa y con la asistencia de la diputada señora Denise Pascal y de los diputados señores Carmona, Díaz, Jiménez, Pérez, don Leopoldo; Urrutia, Vallespín y Walker, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos.
1. Discutir sobre Tabla en la sesión de hoy el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades, crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales (Boletín N° 8210-06), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, y postergar su votación para la sesión del día martes 21 de enero próximo.
2. Incorporar en la Tabla de la sesión ordinaria del día jueves 23 de enero próximo el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo a las federaciones deportivas nacionales (Boletín N° 6965-07), con urgencia calificada de “suma”.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SEÑORES SANTIAGO DEL CAMPO Y MANUEL ALMEYDA
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , pido la palabra.
El señor ORTIZ ( Presidente Accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, acabo de enterarme del fallecimiento de Santiago del Campo, exalcalde de Lo Prado.
Por lo tanto, pido guardar un minuto de silencio en su memoria.
He dicho.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ORTIZ (Presidente Accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , pido guardar un minuto de silencio en memoria de don Manuel Almeyda Medina , quien falleció ayer.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente Accidental).- Señores diputados, los invito a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los señores Santiago del Campo y Manuel Almeyda.
-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guaran, de pie, un minuto de silencio.
V. ORDEN DEL DÍA
AUMENTO DE ARANCEL PARA OFICIALES CIVILES DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN POR ACTUACIONES ESPECIALES FUERA DE OFICINA O DE HORARIO NORMAL DE TRABAJO (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9192-07)
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1.282, de 1975, del Ministerio de Hacienda, que establece monto de impuestos y exenciones en actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Giovanni Calderón.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 104ª de la actual legislatura, 17 de diciembre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 108ª de la actual legislatura, en 7 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).-
Rinde el informe el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1.282, del Ministerio de Hacienda, de 1975, que establece el monto de impuestos y exenciones en las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación.
De acuerdo con los antecedentes del mensaje, una de las principales funciones del Servicio de Registro Civil e Identificación es velar por la constitución de la familia y registrar todos los actos y hechos vitales que determinan el estado civil de las personas y su identificación. En tal contexto, corresponde a los oficiales civiles, como depositarios de la fe pública, celebrar un acto de tanta importancia como es el matrimonio civil, de manera que su participación en dicha ceremonia es un requisito de existencia de este contrato e institución, criterio que ha sido reafirmado por la excelentísima Corte Suprema en diversas resoluciones y sentencias.
De acuerdo con la ley N° 19.947, actual Ley de Matrimonio Civil, resulta posible celebrar el matrimonio en el local de la oficina del Registro Civil , en el domicilio de uno de los contrayentes o en el lugar que de común acuerdo indiquen, siempre que dicho domicilio o lugar consensuado corresponda a la jurisdicción del oficial civil que lo va a celebrar. Conforme a lo señalado, actualmente cualquier oficial civil es competente para celebrar o inscribir un matrimonio, siempre y cuando se trate del mismo ministro de fe ante quien se hayan efectuado las diligencias previas de manifestación e información, que son los actos jurídicos previos a la celebración del acto del matrimonio. Esta misma ley permite que el matrimonio pueda celebrarse ante un ministro de culto o ante un oficial del Registro Civil , siendo requisito común a estas dos formas de celebración la inscripción del matrimonio ante el oficial civil, de manera que, si bien dicha inscripción no es constitutiva del acto matrimonial, si resulta ser un trámite indispensable para el reconocimiento de los efectos civiles del mismo.
Durante la jornada ordinaria de trabajo, corresponde a los oficiales civiles celebrar e inscribir los matrimonios que se efectúen en el local de la oficina en que ejercen jurisdicción, sin que los contrayentes deban pagar suma alguna; pero también es común que deban concurrir, fuera de la jornada ordinaria, a la celebración e inscripción de matrimonios que se efec-túen en lugares distintos de la oficina, sin más limitación que se realicen dentro de la circunscripción para la que fueron nombrados como oficiales civiles -por ejemplo, un oficial del Servicio de Registro Civil de Melipilla no podría casar a personas en Santiago-, teniendo presente, además, que todos los días y horas son hábiles para la celebración del matrimonio.
Relacionado con lo anterior, el decreto con fuerza de ley N° 1.282, del Ministerio de Hacienda, de 1975, estableció, en su numeral 1, el monto de los impuestos y exenciones en las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación, incluyendo entre las actuaciones gravadas, en su número 23, los matrimonios que se celebren fuera de la oficina. Es así que cuando los matrimonios se realicen en horas distintas de las correspondientes a la jornada ordinaria de trabajo, el oficial civil percibirá, por concepto de derechos arancelarios, el 30 por ciento del monto del impuesto que grava esta actuación en el momento de su celebración, equivalente a 6.510 pesos, y su pago será de cargo de los contrayentes. Es de común ocurrencia que el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación concurra a la residencia de uno de los contrayentes o al lugar público consensuado en que se celebrará esa ceremonia, pero siempre dentro de su jurisdicción.
Como una forma de resarcir el mayor trabajo que esta modalidad significa para los oficiales civiles, toda vez que muchas veces los matrimonios se celebran en sábados o domingos -es decir, fuera del horario de oficina-, el proyecto aumenta los derechos arancelarios que corresponden al oficial civil al 50 por ciento del monto del impuesto, lo que incrementará su valor en 4.330 pesos, dejándolo en un total de 10.840 pesos. En síntesis, los contrayentes que opten por esta modalidad deberán pagar 32.520 pesos en lugar de los 28.190 pesos actuales.
El proyecto fue aprobado por la Comisión y, por lo tanto, recomienda el voto favorable de la Sala.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).-
Solicito la autorización de las señoras diputadas y señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Justicia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente , el proyecto, que fue aprobado en forma unánime por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tiene por objeto mejorar la situación de los trabajadores del Servicio de Registro Civil e Identificación. En consecuencia, nos parece que corresponde que la Sala lo apruebe, ya que, además, según entiendo, es parte de los acuerdos entre el Gobierno y los trabajadores de ese servicio para poner fin a las movilizaciones que todo el país conoció.
Por lo tanto, adhiero a la invitación que nos hizo el diputado informante, en el sentido de que la Sala respalde el proyecto de ley.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1.282, del año 1975, del Ministerio de Hacienda, que establece monto de impuestos y exenciones en las actuaciones del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Hago presente a la Sala que el artículo único del proyecto regula materias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Investigadora acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas.
Diputado informante es el señor Juan Carlos Latorre.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 112ª de la actual legislatura, 14 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 10.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LATORRE (de pie).- Señor Presidente , en cumplimiento del encargo de la Comisión Especial Investigadora acerca del funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas, que me honré en presidir, tengo el agrado de dar a conocer los resultados de nuestra investigación, la que, en un arduo trabajo, abarcó 24 sesiones.
Tal como lo dispuso la resolución de la honorable Cámara de Diputados, esta Comisión Investigadora se constituyó para investigar el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y, en especial, para evaluar las razones por las cuales se cambiaron las metodolo-gías aplicadas para los distintos instrumentos de medición, si existieron cambios en los equipos técnicos y las razones para su determinación, presupuestos comprometidos, programados y ejecutados para realizar mediciones; los responsables de las encuestas en cada una de sus etapas, eventuales irregularidades que pudieren haberse cometido en la elaboración de dichas encuestas y razones de la renuncia de las autoridades ligadas a su implementación, así como responsabilidades políticas y administrativas de las autoridades de Gobierno en la toma de decisiones.
A partir de la información recabada, la documentación recibida y, principalmente, los testimonios prestados por los funcionarios que fueron citados y otras personas invitadas a solicitud de las señoras diputadas y de los señores diputados, se pudo constatar la efectividad de distintas irregularidades administrativas, en particular en el proceso Censo 2012, durante la administración ejercida por el señor Francisco Labbé Opazo , hoy exdirector nacional del INE, que son las siguientes:
Ingreso irregular y contratación de asesores del exdirector nacional
Se acreditó la participación al interior del Instituto Nacional de Estadísticas, sin vínculo laboral alguno, del señor Maximiliano Raide Prunes y la contratación a honorarios del señor Juan Pablo Raide Prunes , hermano del anterior; del señor Antonio Hartmann Ramírez y de la señorita Constance Pooley Topali , quienes no cumplían con las funciones que señalaban sus contratos y concurrían al INE solamente a una reunión semanal de dos horas. Con sus honorarios cubrían la asesoría de hecho de Maximiliano Raide Prunes , quien, irregularmente, no se encontraba contratado. Claramente, se trataba de una triangulación de dineros para poder financiar a este señor.
Era el propio señor Labbé quien firmaba y visaba los informes de cumplimiento de labores que supuestamente realizaban esos tres asesores, quienes percibieron los siguientes honorarios:
El señor Juan Pablo Raide Prunes , 11.710.732 pesos, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013; el señor Antonio Hartmann Ramírez , 56.802.144 pesos, entre el 16 de agosto de 2011 y el 30 de junio de 2013, y la señorita Constance Pooley Topali , 14.999.994 pesos, entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2012.
Se entregaron esos montos a esas tres personas por una reunión semanal de dos horas, con el supuesto objetivo de transferir esos recursos al señor Maximiliano Raide Prunes , lo que es materia de investigación de la Fiscalía y de la Contraloría.
La suma total que fue pagada a esas personas asciende a 83.512.870 pesos, lo que consta en documentos oficiales requeridos y recibidos por nuestra Comisión Investigadora.
El señor Maximiliano Raide ejercía actividades de asesor directo del director del INE de la época, señor Francisco Labbé Opazo . Asistía a reuniones con el equipo directo del exdirector, en las que se tomaban las decisiones del proceso Censo 2012 y se disponían las acciones para enfrentar los diversos problemas que se fueron sucediendo y las diferentes gestiones de difusión de gran efecto y connotación pública, como lo fue el lanzamiento de los datos preliminares del censo en conferencia de prensa del señor Labbé , quien tenía a su lado al señor Raide .
Contratación de la Agencia de Comunicaciones VOX COM
Esta es otra irregularidad acreditada por la Comisión Investigadora. Dice relación con la contratación de una asesoría comunicacional para el proceso Censo 2012.
Según los antecedentes allegados a la Comisión, el director señor Labbé formó un comité paralelo, presidido por él e integrado por los señores Maximiliano Raide , Eduardo Carrasco y esporádicamente por la señora Mariana Alcérreca y el señor Raúl Sepúlveda .
Sin que se convocara a un concurso público y sin cumplir con la ley de compras públicas, ese comité contactó de manera informal y directa a tres empresas de asesoría comunicacional, entre ellas Vox Comunicaciones. En definitiva, no se contrató a esta empresa, sino que directamente a su propietaria y gerenta general, la señora Gabriele Lothholz , y posteriormente a la gerenta de clientes, señora Carmen Paz Maldonado Caerols , ambas a honorarios.
Según se acreditó con documentos oficiales del INE en poder de nuestra comisión, la señora Gabriele Lothholz , recibió 45.189.624 pesos entre el 16 de agosto de 2011 y el 30 de junio de 2012. En cuanto a Carmen Paz Maldonado , se le pagaron 4.386.220 pesos entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2012.
Establecimiento de estructura de funcionamiento paralela
Con la llegada al INE del señor Maximiliano Raide, en el 2012, se empieza a gestar una serie de decisiones en forma paralela a la organización administrativa de ese servicio y al equipo directivo del INE.
En efecto, la dirección ejercida por el señor Francisco Labbé comenzó a prescindir de los equipos técnicos del INE, dejando de asesorarse por ellos en la toma de decisiones relevantes respecto del proceso Censo 2012, así como de otros productos de la institución.
La adopción de decisiones se radicó de hecho en el señor Francisco Labbé ; su asesor directo, el señor Maximiliano Raide ; el señor Sebastián Mathews ; el jefe del proyecto Censo, señor Eduardo Carrasco , y la señora Mariana Alcérreca . En este grupo de personas se tomaban decisiones de relevancia, como lo fueron el despido de funcionarios directivos, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del Censo y la entrega al Presidente de la República de la información del Censo para darla a conocer al país, sin especificar las imputaciones que se efectuaron. Ello ha constituido una de las irregularidades más conocidas públicamente.
Ambiente laboral al interior del INE
La comisión constató, tanto por las declaraciones recibidas en el seno de la comisión como por los documentos acompañados, que durante la administración del director Labbé existía un ambiente laboral de mucha tensión al interior del INE, principalmente debido a que fue excluyendo a los equipos especializados en la toma de importantes decisiones técnicas, que en definitiva fueron las que condujeron al fracaso del proceso Censo 2012.
Decisión de cambio de censo de hecho a censo de derecho
El cambio de metodología del Censo, pasando de uno de hecho a otro de derecho, fue una decisión apresurada, adoptada sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos imprescindibles para sopesar sus consecuencias, entre ellas, las modificaciones de plazo para su adecuada implementación.
La posibilidad de cambio se comenzó a vislumbrar recién el 20 de agosto de 2011, fecha en la que el director señor Labbé ; el jefe del Censo , señor Carrasco , y la gerenta del INE, señora Mariana Alcérreca , concurrieron a una reunión con el ministro de Economía , Fomento y Turismo, señor Pablo Longueira , a quien, entre otras materias, le explicaron las diferencias que existen entre un censo de hecho y un censo de derecho.
En esa entrevista, el ministro solicitó minutas técnicas para evaluar el cambio, las que fueron elaboradas por Carrasco, Alcérreca y el fiscal de la época, señor Alejandro Layseca , en forma reservada, sin que tomaran conocimiento de ello otros funcionarios del INE, por expresas instrucciones del señor Labbé .
Con esos insumos se realizó una reunión en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en la que participaron el director Labbé , el señor Carrasco , la señora Alcérreca ; el asesor de la Presidencia de la República , señor Fernando Zavala , y el representante de la Dirección de Presupuestos y actual subsecretario de Obras Públicas , señor Lucas Palacios. En dicha instancia se decidió el cambio de metodología. Es decir, en un lapso de 10 días y sólo por 5 personas, sin la participación de los funcionarios del INE, se tomó una decisión tan trascendental como el cambio de metodología de un censo de hecho a un censo de derecho.
Con fecha 14 de septiembre, se formalizó la decisión en la Comisión Nacional Censal, en la que participan directivos, la mayor parte de ellos subsecretarios de distintas reparticiones públicas.
Según los testimonios recogidos en la Comisión Investigadora, la principal motivación que tuvo el señor Labbé para propiciar el cambio del tipo de censo radicó en la inconveniencia de depositar la realización del censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el año 2011, considerando que la participación de los voluntarios, en particular de los estudiantes de educación secundaria, en el Censo de 2002 alcanzó el 75 por ciento.
Por tanto, la responsabilidad en la inadecuada forma de tomar la decisión de cambio de metodología, según los antecedentes constatados por la comisión, recae principalmente en el director de la institución de aquel entonces, el señor Labbé , y de manera secundaria en los otros profesionales que participaron en la reunión en que se decidió dicho cambio: el jefe del Censo, señor Eduardo Carrasco ; la gerenta del INE, señora Mariana Alcérreca ; el asesor de la Dirección de Presupuestos, hoy subsecretario de Obras Públicas , señor Lucas Palacios, y en el asesor de la Presidencia de la República señor Fernando Zavala .
Irregularidades en el levantamiento del Censo 2012
De conformidad con los hechos acreditados por la Comisión Investigadora, así como de los diferentes insumos que se han tenido a la vista, entre los que se cuentan los informes evacuados por los distintos equipos respecto de la evaluación del censo, se puede concluir que el principal problema en el proceso de levantamiento ocurrió por la falta de preparación del proceso censal, como consecuencia de lo intempestivo de la toma de decisión de cambio de metodología.
En cuanto a los errores directivos, en nuestra opinión la primera responsabilidad recae en el director de la época, el señor Labbé , pues no se contó con la organización, respaldo y capacidad técnica adecuada de los propios equipos del Instituto Nacional de Estadísticas. Reitero que este es uno de los aspectos centrales de nuestra investigación, ya que queda en evidencia que el director Labbé prescinde sistemáticamente de contar con la colaboración de un cuerpo de profesionales especializados que durante años han sido responsables de sacar adelante las tareas en el Instituto Nacional de Estadísticas, lo cual ha prestigiado a dicha institución.
En efecto, el director formó, en primera instancia, un equipo directivo que funcionó de manera adecuada hasta la conformación de los formularios. Sin embargo, posteriormente, dejó de lado esa instancia y, con ello, a funcionarios de carrera, profesionales destacados del propio Instituto Nacional de Estadísticas, y enfrentó el proceso solo con su equipo más cercano, el cual era conformado por Eduardo Carrasco , Maximiliano Raide y Sebastián Mathews . Debo destacar que nuestro hincapié en este hecho es precisamente para rescatar la historia de la institución y el profesionalismo que la caracteriza y debe caracterizarla en el futuro.
También faltó un estudio económico acabado sobre las necesidades del censo. Se subestimaron los recursos para enfrentar el proceso censal. El director señor Labbé decidió no requerir recursos adicionales.
Por otra parte, el sistema de “capacitación en cascada” de los censistas que se quiso implementar no se cumplió a cabalidad, pasando en ocasiones de una capacitación que debía durar cinco días a solo un día, por la reducción de los contenidos, debido a la urgencia.
Además, en nuestra opinión, en el director del INE de la época, el señor Francisco Labbé Opazo , recae la responsabilidad de no generar las modificaciones o de no tener las precauciones en el proceso de levantamiento, en especial frente a proyecciones realizadas por el Departamento de Estudios Sociales, en pleno proceso de levantamiento censal, que indicaban que la proyección de personas efectivamente censadas llegaría solo a 15,8 millones, cuestión a la que habría hecho caso omiso, argumentando que, según cálculo realizado por él, que ningún técnico del INE conoció, se llegaba a alrededor de 17 millones de habitantes.
Proceso de imputación de moradores ausentes e imputación de proyección de viviendas. Manipulación de datos
Es parte de los procesos censales efectuar estimaciones de población después de un proceso censal, como, por ejemplo, la de los moradores ausentes (casas que se visitaron, que evidenciaban que estaban habitadas, pero en las cuales no se censó a nadie por no estar presentes).
No obstante, no corresponde efectuar técnicamente la operación e imputación de “viviendas no logradas” -vale decir, viviendas inexistentes que resultan de la cifra censada, y se supone el crecimiento de viviendas entre el precenso y el censo- y proyectar la población de dichas viviendas, con sus consiguientes características.
Es responsabilidad del entonces director del INE, señor Francisco Labbé , haber incorporado una imputación que técnicamente no correspondía efectuar. Y tanto la comisión de expertos nacionales como la de expertos internacionales, sin excepción, coinciden categóricamente en esta conclusión.
La motivación de dicha acción, sin sustento técnico alguno, dice relación con la intención de sumar a alrededor de 300.000 personas con el objeto de alcanzar la cifra preliminar que el INE dio a conocer en agosto de 2012, es decir, de 16,6 millones de personas, de manera de no desdecirse o explicar la disminución en la cifra y con ello lograr la menor omisión censal posible e impactos comunicacionales por dicha disminución.
Además, se puede concluir que la orden de realizar esa imputación en las bases fue dada directamente por el señor Labbé al jefe del censo, el señor Eduardo Carrasco .
Cabe señalar que la incorporación de los moradores ausentes, en particular respecto de su forma de publicación, así como la proyección de las viviendas no logradas, fue un tema de discusión entre quienes se encontraban encabezando el proceso: los señores Labbé , Carrasco y Alcérreca .
Como consecuencia de la orden de imputación, se hizo, además, imputación tanto de los moradores ausentes como de las viviendas no logradas -inexistentes y resultado de proyecciones de construcción-, y se incorporaron en las bases las caracterizaciones de las personas imputadas, como, por ejemplo, etnia y religión, con lo que se procedió de manera técnicamente incorrecta, porque se distorsionaron los resultados del levantamiento censal y caracterización de la población en las bases pertinentes.
Por otra parte, queremos reiterar que parte de las anomalías e irregularidades cometidas en la administración y conducción del censo y del INE dicen relación con la publicación, difusión y filtración de resultados del censo.
La Comisión Investigadora ha constatado que fue decisión del señor Labbé incorporar en los totales de las cifras preliminares, difundidas en agosto de 2012, los moradores ausentes y las viviendas no logradas, sin hacer expresa precisión de esas imputaciones, como lo recomiendan las instrucciones de Naciones Unidas y como se lo hicieron presente los equipos técnicos del INE, tanto en forma verbal como a través de minutas técnicas, en el sentido de que se debía mencionar claramente esa agregación en la publicación y difusión de los datos.
Con posterioridad, en abril de 2013, nuevamente se decidió publicar las cifras sin hacer mención alguna a las imputaciones que se efectuaron, lo cual distorsionó la cobertura lograda por el censo. Además, no se dio cuenta en parte alguna de que la población efectivamente censada llegaba solo a 15,8 millones y que toda la demás población, hasta alcanzar el total informado públicamente de 16,6 millones, correspondía a imputaciones por moradores ausentes y a viviendas no logradas.
La exasesora del señor Labbé , señora Mariana Alcérreca , y la subdirectora técnica del INE, señora Julia Ortúzar , informaron de esa situación al jefe de gabinete del ministro de Economía , señor Vicente Correa , con el que se reunieron en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Solo a través del reportaje realizado por Ciper Chile se pudo conocer que las cifras no correspondían a la población efectivamente censada y que en la cifra dada por el Primer Mandatario se encontraban las imputaciones mencionadas.
Se constató que es responsabilidad del entonces director Francisco Labbé no mantener en reserva los resultados del censo antes de que los difundiera su excelencia el Presidente de la República.
Respecto de la filtración de los datos del censo, se vulneraron las normas de resguardo de la información, y -lo que es más grave-, frente al requerimiento de profesionales del INE, para efectos de iniciar una investigación y determinar responsabilidades administrativas, no procedió a iniciar la investigación en un tiempo apropiado, sino que dilató la decisión y cuestionó la solicitud. En ese sentido, debo mencionar que esa investigación sumaria solo se inició cuando nuestra Comisión Especial Investigadora ya estaba funcionando por mandato de la Sala.
Cabe señalar que la información publicada en un periódico de circulación nacional correspondía a un dato de cobertura de viviendas, el mismo que se consultó por el encargado de comunicaciones señor Mathews un día antes de la difusión de los resultados del censo, con lo cual se constató un mal comportamiento en materia de secreto de ese tipo de información. Además, quedó comprobado que este solicitó la restitución de su carta de compromiso de confidencialidad. En ese sentido, es un hecho notable que un funcionario que tenía acceso a esa información haya solicitado expresamente que le fuera quitado el compromiso de confidencialidad que debía cumplir.
Por otra parte, el compromiso de confidencialidad para quienes tenían acceso a los datos del censo no pudo ser suscrito por el asesor del director señor Maximiliano Raide , por no ser funcionario ni estar contratado a honorarios, en circunstancias de que esa persona tenía amplio acceso a información sensible. Se trata de un caso notable.
Asimismo, es relevante indicar que, en nuestra opinión, no ha existido una acción clara respecto del director Coeymans para remediar la situación de control de insumos del INE, toda vez que, incluso, el Subdepartamento de Estadísticas Demográficas ha dado cuenta, a partir de la información proporcionada a esta Comisión, de que aún no se investiga la filtración del informe del doctor Eduardo Arriaga a Ciper Chile; las cifras de esperanza de vida preparadas a requerimiento del jefe del censo, señor Eduardo Carrasco , que apareció en El Mercurio el 2 de abril, y el trabajo de Diagrama de Lexis, que fue remitido al señor Osvaldo Ferreiro , actual jefe del Proyecto Censo , que fue presentado por el entonces director Labbé en un programa de televisión.
Las comisiones revisoras del censo
Consideramos que las instancias de evaluación del trabajo censal, tanto de la comisión nacional como de la internacional, han sido determinantes para progresar en las aclaraciones e identificación de los errores cometidos en el proceso.
En ese mismo orden, hacemos nuestras las conclusiones de la comisión de expertos nacionales, en cuanto a la identificación del problema y la preocupación en torno a las políticas sobre como remediar los errores cometidos en el proceso censal.
Se ha estimado dejar constancia que el actual director del INE, señor Coeymans, en un principio no fue claro en cuanto a que iba a someter a consideración de terceros las Conclusiones de la Comisión de Expertos Nacionales. Posteriormente se indicó que se iba a trabajar con organismos internacionales, como Eurostat y el Banco Mundial, para solucionar los problemas del censo, pero ello no se concretó. Aun más, a la fecha podemos indicar, de acuerdo con los antecedentes entregados por el propio director, que los expertos internacionales no fueron recomendados de manera formal por dicha institución.
Además, consideramos que no se veló de manera adecuada por la independencia de las decisiones de la comisión internacional, toda vez que se le dio a conocer y se sometió a su consideración un plan de reparación elaborado por un pequeño equipo del INE, sin que para ello participaran otras instancias de ese servicio.
Por otro lado, queremos dejar constancia de que nuestra comisión tuvo a la vista los antecedentes sobre un capítulo bastante especial, referido al cuestionamiento que ha habido respecto del Índice de Precios al Consumidor.
El exdirector nacional señor Labbé aparece como responsable de la dilación en la toma de decisión sobre los cambios metodológicos a aplicar, ya que sin perjuicio de que los equipos técnicos dieron cuenta de la situación a partir del año 2010, nunca tomó la decisión de aplicar las modificaciones y correcciones respectivas, lo que generó un cuestionamiento público sobre la forma de trabajo del INE.
Mayor aún es su responsabilidad debido a que basó su inactividad en presuntas intenciones políticas de hacer subir el IPC. Constatación de dicha responsabilidad y del mal proceder es el hecho de que el actual director, señor Coeymans, cuando asumió, escuchó recomendaciones de los técnicos y solicitó visación de la OCDE. A la fecha, los cambios se han ejecutado reflejando el excelente trabajo de que son capaces los propios funcionarios del INE.
Finalmente, me permito, en nombre propio y en el de los señores diputados miembros de la Comisión que me honré en presidir, enviar un mensaje de aliento para el personal del Instituto Nacional de Estadísticas, cuyo prestigio ha sido afectado innecesariamente; no tenemos dudas de que con la capacidad que poseen de sobra lo recuperarán en el corto plazo.
Concluido nuestro trabajo, me permito solicitar, por su digno intermedio, señor Presidente , la aprobación de este informe y su distribución.
Dejo constancia de que en el trabajo realizado por la comisión existió una sistemática ausencia de los parlamentarios que representan al Gobierno. Se dejó prácticamente solo al actual director del INE, con la responsabilidad de responder de muchos actos y sin que haya habido por el Gobierno una disposición a pedir a nuestros colegas de la Alianza que participaran más activamente. Esto lo quiero lamentar más que criticar.
Asimismo, quiero destacar el trabajo realizado en esta comisión por los diputados señores Ramón Farías , Gabriel Silber , José Pérez y Luis Lemus , sin cuya colaboración habría sido muy difícil llevar a cabo el cometido de nuestra comisión. A ellos expreso mi agradecimiento personal como Presidente de la comisión.
Solicito a la Sala que apruebe el informe de la Comisión Investigadora.
Nosotros dimos la unanimidad en la Comisión para que se consignara el texto de propuesta de conclusiones de nuestros colegas de la Alianza. Con ello queríamos dejar constancia de que sus puntos de vista diferían de los de nuestras conclusiones. En todo caso, el informe final de nuestra comisión fue aprobado por mayoría, con el acuerdo de que los antecedentes que en él fueron expuestos sean enviados a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a su excelencia el Presidente de la República , como corresponde en este tipo de investigación.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).- En discusión el informe de la Comisión Investigadora.
Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , quiero comenzar mis palabras dejando claro que el informe tuvo una votación dividida: 7 votos a favor y 6 en contra. Ello tiene una razón de ser bastante clara, cual es que muchos de quienes participamos en la comisión consideramos que esa instancia tenía un sesgo político bastante grande, que las conclusiones ya se tenían desde antes de que comenzara el trabajo, y que el objetivo de la misma era bastante simple: hacerle daño al Gobierno del Presidente Piñera y, lamentablemente, de pasada, hacer un daño incalculable al INE y a sus funcionarios, que nada tuvieron que ver en esto. En ese sentido, quiero reivindicar el trabajo de los funcionarios de INE. Espero que se restaure la credibilidad en el trabajo que ellos hacen, previo a que ocurriera todo lo que se ha investigado en la comisión. Lo mismo espero respecto de muchas otras personas que pueden haber sentido que su credibilidad o su profesionalismo quedaron en cuestión.
Agradezco la mención que hizo el Presidente de la comisión del hecho de que se haya incorporado en el escrito que se nos entregó, y que está disponible para todos los diputados en el pupitre electrónico, la opinión disidente que expresamos seis diputados, no solo uno. Pero la verdad es que cuando él critica las ausencias y cuando destaca la labor de algunos parlamentarios que prácticamente no vi, retrata de cuerpo entero la forma en que como Presidente manejó la Comisión. Fue una comisión en que francamente quienes estábamos en minoría en varias ocasiones no pudimos tomar la palabra cuando se reque-ría, y muchas veces simplemente se nos engañó con información falsa. Espero que la forma en que se trabajó en la Comisión no sea una premonición de lo que va a pasar con un Parlamento tan...
-Manifestaciones en la Sala
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Por favor, diputado señor Latorre , está interviniendo el colega José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS.- Señor Presidente, dado el improperio que acaba de proferir, creo que, al menos, debe llamar al orden al diputado. Acaba de decir varios garabatos y palabras soeces.
A nuestro juicio, no existió una manipulación de datos como se propone en el informe. De hecho, la propia Comisión de Expertos Nacionales señaló que la información digitalizada correspondía, casi la totalidad de las veces, a la contenida en las cédulas censales, con excepción de unos pocos casos en que el dato original no estaba bien registrado. Por lo tanto, es posible inferir que la base de datos resultante es un reflejo del original.
Ahora, nosotros sí tenemos un reparo respecto de la forma en que se presentaron los datos. Esto es un reparo especialmente al exdirector, por cuanto se imputaron viviendas no observadas -algo que no es normal o que no corresponde a la práctica- cuando se entregaron los datos. Asimismo, las cifras que se entregaron incluían a personas que efectivamente estaban censadas, pero también a la población estimada. Eso creó una confusión. Creo que en el futuro errores como ese no se pueden permitir. Ahora, decir que eso significa o que es una manipulación de los datos me parece que no corresponde. Por eso rechazamos la idea de que en este caso haya una infracción administrativa o algo de esa naturaleza.
En relación con la filtración de datos del censo, existió tal filtración. Lo pudimos ver un día antes en un matutino. Sin embargo, creemos que no hay evidencia suficiente para culpar a un funcionario en particular. Con todo, creo que esta situación debe tratarse, porque evidentemente se relajaron ciertos protocolos. Es algo que nos preocupa. Sin embargo, creemos que el hecho de que algunas personas no hayan tenido mandato de confidencialidad no es prueba suficiente para decir que ellos fueron quienes filtraron esos datos.
Sobre las irregularidades de las que hablaba el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el que con sus palabras soeces retrata de cuerpo entero cómo fue el trato que tuvimos durante la investigación. La verdad es que la comisión no pudo comprobar la existencia de vicios formales en las contrataciones.
Ahora, creemos que el señor Labbé lo hizo de bastante mala manera, porque todas esas contrataciones crearon un clima organizacional que hizo básicamente imposible la convivencia interna.
Considero que faltó criterio y liderazgo en el manejo de la situación. Sin embargo, como hay dudas razonables respecto de esta materia, la Contraloría General de la República o los organismos pertinentes debieran tomar cartas en el asunto. Espero que reciban toda la información que recabamos en la Comisión Investigadora para que puedan sacar sus propias conclusiones que, por cierto, serán consideradas por todos nosotros.
La decisión de cambiar un censo de hecho a otro de derecho fue adoptada por la Comisión Nacional Censal, por supuesto, a proposición del exdirector Labbé , la que, a nuestro juicio, pudo haber confirmado perfectamente que tal decisión se adoptó de conformidad con la legislación vigente. Ahora bien, creemos que la decisión de hacer un cambio de esta naturaleza y envergadura a solo nueve meses de la realización del censo obedece al hecho de que existió una subestimación de los costos logísticos, humanos y presupuestarios que se derivan de ello; considero que fue esta subestimación la que generó muchos de los problemas que hoy estamos analizando.
Respecto de la actuación del director Juan Eduardo Coeymans , uno de los aspectos que hacen que el informe que vamos a votar haya perdido credibilidad es la crítica que se efectúa al actual director del INE que, a mi juicio, ha realizado una gran labor porque, como se dice, ha tomado el toro por las astas y ha hecho todo lo que ha podido. En todo caso, lo realizado por él no era materia de la investigación realizada por la comisión y, por lo mismo, es un error haberlo incluido en el informe en la forma en que se ha hecho, porque es fácil entender que todos los seres humanos tenemos limitaciones. Por eso, quiero defender sin ningún miramiento la labor realizada por Juan Eduardo Coeymans .
Si me lo permiten, voy a leer parte de las conclusiones del informe que nos corresponde votar. Respecto de la actuación del director dice que ha sido errático y poco claro sobre las vías de solución que proyecta para remediar los problemas identificados, y lamentamos, a pesar de que se señaló que sería parte de las actuaciones y decisiones que se tomarían, que sus superiores jerárquicos, es decir, el ministro de Economía , Fomento y Turismo y el Presidente de la República , no hayan mostrado una directriz clara sobre el rumbo de las soluciones y que hasta la fecha no exista ningún pronunciamiento formal por parte de las autoridades políticas sobre cómo remediar los errores cometidos en el proceso censal.
Todo el país ha visto que el director Coeymans ha hecho una propuesta bastante clara sobre la forma en que debiera continuar este proceso y sobre lo que se debe hacer en el futuro, considerando la opinión de los expertos nacionales y de la comisión internacional de expertos en censo. Por lo tanto, afirmar que ha sido errático me parece que está fuera de toda lógica y resta credibilidad al informe.
A continuación, la misma conclusión dice que, a mayor abundamiento debemos revelar que el señor Coeymans en un principio no fue claro en que iba a someter a consideración de terceros las conclusiones de la Comisión de Expertos Nacionales. Posteriormente, se indicó que se iba a trabajar con organismos internacionales.
Es bastante rara esta conclusión, toda vez que el director Coeymans, mucho antes de conocer la resolución de los expertos internacionales, en dos presentaciones y en dos oportunidades dijo claramente que, independiente de lo que dijera la Comisión de Expertos Nacionales, habría una Comisión de Expertos Internacionales, entre otras cosas, porque en Chile, dado que es el primer censo de esta naturaleza, no existen expertos en esta materia y, por eso, era importante contar con la opinión de expertos en censo y no solo de expertos en estadística. De manera que me parece que no corresponde formular esta crítica.
Finalmente, en la conclusión se señala que, además, consideramos que no se veló de manera adecuada por la independencia de las decisiones de la comisión internacional. Como al parecer no les gustó la conclusión de la comisión internacional, trataron de minar la credibilidad o, por lo menos, el trabajo realizado por la comisión, lo que nos parece muy poco razonable y retrata de cuerpo entero la forma en que se manejó la Comisión Investigadora, que fue bastante política.
Hay que tener mucho cuidado con las decisiones sobre las políticas públicas que se tomarán de aquí en adelante. Todos los diputados que participamos en la comisión tuvimos la oportunidad de acceder a la información que demuestra la forma en que se manejó el censo, en general, así como también el informe de los expertos internacionales. Cuando los expertos nacionales e internacionales dicen que se han efectuado alrededor de 15 millones 800 mil encuestas que no produjeron problemas porque se hicieron en forma correcta y no hubo manipulación ni cambio alguno, como se ha tratado de hacer creer en las conclusiones del informe y, además, la comisión internacional de expertos sostiene que de efectuarse un nuevo censo este se debe llevar a cabo con cuatro o cinco años de preparación, si el próximo gobierno toma la decisión de hacer un censo en 2016 y por cualquier motivo, al igual que en esta pasada, se desestiman los desafíos logísticos -fue uno de los aspectos que le criticamos al exdirector Labbé -, este puede terminar transformándose en un segundo Transantiago.
Hay que tener mucho ojo con esto porque cuando se realiza un censo en mitad de un pe-ríodo presidencial, a pesar de que a juicio de los expertos internacionales no es necesario y todo el mundo recomienda que se prepare con cuatro o cinco años de anticipación y por motivos de cualquier naturaleza -probablemente, uno de ellos político-, este se realiza y produce problemas, como digo, puede transformarse perfectamente en otro Transantiago, que fue básicamente una política pública implementada en forma apresurada y que para el erario representa 60, 70 u 80 millones de dólares -no recuerdo la cifra exacta-, que podrían ser utilizados en otras políticas públicas.
Por lo tanto, según la información que tenemos en nuestro poder, por lo menos a mi juicio, resulta bastante difícil mantener la decisión de realizar un censo en 2016, aunque sea abreviado, porque demandará el mismo esfuerzo logístico y administrativo. Según entendimos en la comisión, la única diferencia es que el número de preguntas que se formulan en este caso es menor, lo que hace que sea más fácil el trabajo que debe realizarse con posterioridad; sin embargo, la mayor parte de él debe efectuarse exactamente en la misma forma.
Quiero pedirles a los colegas que rechacen este informe porque tiene demasiados sesgos y llega a conclusiones que si bien podrían generar legítimas dudas, la información en que se basan no es suficiente para culpar a personas específicas. Se trata de un informe que apunta a minar la credibilidad en personas que han realizado un gran trabajo, como es el caso de José Eduardo Coeymans , y el que realizó una comisión internacional de expertos en censo. A mi juicio, las conclusiones no corresponden al resultado que debió haber tenido el trabajo realizado por la Comisión Investigadora.
Termino mi intervención, reiterando a los colegas mi petición de que rechacen el informe.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Informo a la Sala que cada diputado puede hacer uso de la palabra por un máximo de 15 minutos.
Están inscritos los diputados Ramón Farías, Gabriel Silber , Marcelo Díaz , Juan Carlos Latorre y Denise Pascal .
Tiene la palabra el diputado Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , a mí se me caería la cara de vergüenza si opinara sobre el trabajo realizado por una comisión y el informe que emitió, si hubiera asistido solo al 50 por ciento de sus sesiones y, además, si no hubiera permanecido en ellas hasta su finalización.
Es el caso del diputado José Manuel Edwards , que asistió a menos del 50 por ciento de las sesiones; del diputado Celso Morales , que asistió solo a siete; del diputado Gonzalo Arenas , que asistió a seis; del diputado Ernesto Silva , que asistió a seis, y de la diputada Andrea Molina , que asistió solo a tres sesiones de las más de 23 que realizó la comisión.
Como digo, se me caería la cara de vergüenza hacer un informe casi sin haber asistido a la comisión, y acusar a los diputados que asistieron al ciento por ciento de las sesiones, muchas veces escuchando, de principio a fin, a veces hasta las 21 y las 22 horas de los lunes, todos los testimonios, que nos permitieron evacuar un informe sobre la materia investigada. Reitero: se me caería la cara de vergüenza presentarme en esta Sala y pedir a los colegas que rechacen el informe, porque la forma en que se manejó la comisión tuvo sesgos políticos. ¡Se me caería la cara de vergüenza!
Los siete meses de exhaustivo trabajo en la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas nos permitió encontrarnos con más sorpresas que las que en un comienzo pensábamos que conoceríamos respecto del proceso del censo 2012, llamado el mejor censo de la historia de Chile por el señor Francisco Labbé . ¡Por favor!
Los integrantes de la comisión fuimos testigos de declaraciones encontradas entre el exdirector señor Labbé y el actual director señor Coeymans, que daban cuenta de un proceso censal prácticamente impecable y que, según ellos, solo tenía un par de fallas mínimas. Sin embargo, al avanzar la investigación y conocer testimonios tanto de funcionarios actuales del INE como de algunos exfuncionarios, que dejaron la institución al hacerse conocidas las irregularidades constatadas, tomamos conocimiento de una serie de hechos irregulares. A saber, la contratación de distintas personas en calidad de honorarios, con la única finalidad de conseguir los dineros necesarios para cancelar los servicios que prestaba, de manera irregular, el señor Maximiliano Raide Prunes .
También pudimos constatar que durante la administración del señor Labbé no solo se tomaron decisiones importantísimas en cuanto al cambio del tipo de censo de uno de hecho a uno de derecho, sin consultar a los profesionales técnicos expertos del INE, en tiempo record y sin respetar ningún tipo de plazo respecto de temas técnicos, sino que también debo mencionar la filtración de datos del censo 2012 y las contrataciones de asesorías comunicacionales irregulares a la empresa Voxcom, omitiendo el proceso de licitación pública como ordena la ley de compras públicas y, aun más grave, el hecho de que se le pagaban honorarios a la dueña de la empresa para no pasar por el control de legalidad los millonarios montos pagados por dichas asesorías.
Se constató tanto por medio de las declaraciones de los invitados a las sesiones como por documentos acompañados a esta comisión que durante la administración del exdirector Labbé existía un ambiente laboral de mucha tensión al interior del INE, principalmente, debido a que fue excluyendo a los equipos de profesionales técnicos del INE en la toma de decisiones técnicas, lo que a la larga llevó al fracaso el proceso del censo 2012.
Ese ambiente fue generando conflictos dentro de la institución tanto en el ámbito profesional como en las relaciones interpersonales de los funcionarios del INE. Este inconveniente ambiente laboral se ha mantenido durante la actual administración, ejercida por el director Coeymans, quien ha dejado de manifiesto su incapacidad para dirigir un organismo público de la importancia y del prestigio que siempre tuvo el INE hasta antes de este escándalo y que, lamentablemente, por acciones de directores que no han dado el ancho en sus cargos, han menoscabado la imagen y la credibilidad de los excelentes y leales funcionarios que forman parte de esa institución.
En ese tenor, debo informar que el actual director del INE, señor Coeymans, hace pocos días sacó de sus cargos al jefe del departamento de Estudios Económicos Estructurales , señor Gerzo Gallardo , y al coordinador del Departamento de Infraestructura Estadística , señor Juan Radrigán . ¡Qué curioso! Ambos funcionarios asistieron a la Comisión Investigadora a entregar antecedentes sobre las irregularidades constatadas.
El director Coeymans rebajó a ambos funcionarios a cargos de menor nivel, comenzando así una suerte de dictadura del terror en contra de quienes solo buscan transparentar el pésimo manejo de las administraciones de los señores Labbé y Coeymans a cargo del INE.
Más grave aún fue constatar que los datos que el Presidente Piñera entregó al país con bombos y platillos y que aseguraban que los chilenos éramos alrededor de 16,7 millones eran absolutamente falsos; además, que el exdirector señor Francisco Labbé ordenó clonar los datos de 800 mil chilenos para entregar la cifra que irresponsablemente hicieron difundir al Presidente de La República , en el cerro Santa Lucía, el 2 de abril de 2013, en compañía del ministro de Economía de la época, señor Pablo Longueira .
Todos conocemos que, posteriormente, el Presidente Piñera pidió disculpas públicas a todo el país debido a la realización del llamado mejor censo de la historia de Chile, encabezado por el señor Labbé .
Además, no podemos pasar por alto a los responsables del despilfarro de 23 mil millones de pesos que fueron tirados a la basura por la incompetencia del señor Francisco Labbé y por la poca diligencia en su tarea de control como superior jerárquico de los ministros de Economía del Presidente Piñera , en el proceso del censo 2012, que llevó a cabo el INE durante esta administración.
El próximo Gobierno no podrá tener certeza de que los datos recogidos por el llamado mejor censo de la historia de Chile puedan ser útiles para determinar políticas públicas en beneficio de nuestros compatriotas, porque como también constató la Comisión Investigadora, los profesionales externos convocados por el Gobierno para evaluar el censo 2012 y los propios profesionales expertos del INE fueron tajantes al recomendar que debe realizarse un nuevo proceso censal.
Felicito a la Presidenta electa, señora Michelle Bachelet , por su decisión de anunciar la posible realización de un nuevo censo para que de una vez por todas nuestro país y el mundo vuelvan a confiar en una entidad, otrora prestigiosa como el INE, que ha sido perjudicada por una administración absolutamente irresponsable.
Por todas estas razones, voy a votar a favor del informe de la Comisión Investigadora. Además, solicito que este informe -lo manifesté en la comisión- sea enviado a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que estas entidades, en el ámbito de sus competencias, definan a los responsables tanto de las faltas administrativas como de los delitos en contra del Fisco, que estoy seguro se han cometido en el INE.
La comisión realizó un trabajo arduo y complejo, para poder entender cómo se construye un censo y para qué sirve, pues mucha gente piensa que el censo solo sirve para contar la cantidad de personas y de casas que existen en un país. Eso no es así. Los censos no solo contribuyen a determinar esa información, sino que también ayudan a establecer los proyectos y programas que se pueden desarrollar y el financiamiento para los distintos municipios.
Otros aspecto que determina el censo es la focalización de la pobreza y el saber dónde, cómo y cuándo realizar ciertos programas.
También, el Fondo Común Municipal depende de los datos que entrega el censo. Hoy, estamos trabajando con los datos del censo realizado hace más de diez años, que ya debiesen estar actualizados para que las municipalidades puedan recibir lo que realmente necesitan para trabajar. Pero tenemos dudas porque los datos no son fiables. Por ejemplo, no sabemos si la comuna de San Joaquín está recibiendo más o menos recursos que los que debe recibir del Fondo Común Municipal; no sabemos si las comunas de Macul o de La Granja, que tienen amplios sectores de pobreza, están recibiendo los recursos que requieren respecto de su población real.
No lo sabemos, porque el último censo fue mal hecho, puesto que se intentó hacer el mejor censo de la historia, pero pasando por alto todas las recomendaciones técnicas de los funcionarios del INE con vasta experiencia.
El señor Labbé , debido a sus sueños de grandeza, quiso hacer el mejor censo de la historia, pero terminó convirtiéndolo en el fiasco más grande que ha tenido el INE y el país en ese sentido en los últimos tiempos. Desgraciadamente, hicieron caer también al Presidente de la República , anunciando cifras que más encima, de una u otra manera, les son arrebatadas con la filtración de datos que hicieron algunas personas a los medios de comunicación. Eso nunca antes había sucedido, y es muy complejo, porque en el INE se manejan datos respecto de los cuales se puede hacer muy mal uso con este tipo de filtraciones, si se obtienen antes de que salgan oficialmente a la luz pública. Y aquí constatamos que hubo filtraciones hacia los medios de comunicación, incluso, antes de que el Presidente de la República diera a conocer las cifras, las que también estaban equivocadas.
Por eso, a nuestro juicio, el trabajo que realizó esta Comisión es serio. Quienes estuvimos presentes escuchamos cada una de las intervenciones de los funcionarios y de las personas que asistieron, las que se refirieron a lo que efectivamente había ocurrido. Por eso, sostengo que el trabajo es serio, profundo, real, sin sesgo politiquero, es decir de buena política. Se constató que en el INE hay un problema grave y que este Gobierno no ha sabido ponerle el cascabel al gato y solucionarlo.
Por eso, esperamos que en el corto tiempo las nuevas autoridades tomen cartas en el asunto, se haga un cambio profundo a nivel de directores, de modo de contar una vez más con una institución confiable, como lo ha sido siempre.
Por ello, anuncio nuestro voto favorable al informe, porque constituye un trabajo serio que respaldamos plenamente.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , como se ha señalado en distintas intervenciones, la suerte y el destino del Censo 2012 no son un tema para nada baladí.
En la Comisión tratamos de hacer una reconstrucción cronológica del descalabro desde el punto de vista censal, el que si es tomado con cierta responsabilidad y certeza tiene un efecto sustantivo en las políticas públicas del país para los próximos diez años.
El color político de la autoridad que confecciona un censo no debiera ser lo más importante. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la investigación del mismo, pudimos observar cómo fue justamente esta detonante instalada en la Administración de Piñera la que, paso a paso, hecho a hecho, fue llevando y conduciendo a que los chilenos hayan conocido de manera vergonzosa lo que, a nuestro juicio, puede traer como resultado, de manera inédita en las políticas públicas en materia de estadísticas, tener que repetir el Censo 2012.
Formulo esta afirmación porque el INE, desde un principio, a diferencia de lo que ha sido el itinerario de esa institución, fue birlado, manoseado, mancillado en su prestigio tanto nacional como internacional. Hablo de una institución centenaria en la historia de nuestro país, que nunca había dado problemas o recibido denuncias de intervención desde el punto de vista político.
El propósito se ha señalado hasta el cansancio. Se quería llevar a cabo el mejor censo de la historia, algo que marcara una diferencia con las políticas anteriores de ese instituto, caracterizado por su sobriedad y falta de estridencia, pero respetado al interior de nuestra institucionalidad.
Aquí se hizo todo lo contrario. Derechamente, se puso una mentira en boca del Presidente de la República . ¡Cómo no vamos a recordar aquel acto con ribetes casi de fiesta en que el Presidente Piñera , apartándose de la actitud de una autoridad responsable, anunció desde el cerro Santa Lucía que éramos 16.600.000 chilenos! Casi con una exactitud enciclopédica afirmó esa cifra, en circunstancias de que el entorno cercano de quienes estaban en esa actividad tenía la certeza de que casi 800 mil chilenos habían sido inventados, creados, caracterizados, en este caso, sin haber tomado contacto, directo o personal con algún funcionario a cargo del censo.
Como se expresó en las distintas intervenciones, se terminó poblando viviendas bajo una suerte de proyección o estimación, y a poco andar -eso es lo que reconstituimos en nuestra investigación- se llegó a la certeza de que estábamos muy lejos de haber censado al ciento por ciento de la población. Porque un censo tiene por objeto acercarse, con cierto nivel de certidumbre, al ciento por ciento de la población. Esa es la naturaleza que distingue a un censo de una estadística, de una encuesta o de una aproximación.
Lo que conocieron los chilenos como consecuencia de tratar de encubrir una ineptitud debido a decisiones apresuradas, por querer hacer de un instrumento serio y responsable un hecho electoral bajo la forma de un anuncio de Gobierno, fue la manipulación de datos.
Quiero apelar a la Sala para que actúe con responsabilidad, a diferencia de lo que han señalado algunos, que al parecer viven en el mundo de Bilz y Pap. Es necesario recordar que el Presidente de la República , Sebastián Piñera , tuvo que poner la cara y pedir disculpas al país por un hecho por todos conocido, el que ha sido evaluado como el más negativo en la historia pública de nuestras estadísticas nacionales. Deseo afirmar con mucha certeza que acá tenemos un censo con cerca de un 10 por ciento de omisión censal, de acuerdo con datos arrojados por los expertos, tanto nacionales como internacionales. En algunas comunas, dicha omisión llega a casi el 20 por ciento.
¡Se me cae la cara de vergüenza cuando escucho a algunos colegas decir que aquí no ha pasado nada, que debemos avanzar simplemente mirando el techo, faltando el respeto a las comunas donde dicha omisión llega al 20 por ciento! ¿Qué alcalde, qué parlamentario, qué autoridad, qué intendente puede tomar decisiones serias respecto de políticas públicas cuando en una comuna o en una región se alcanza ese nivel de omisión censal?
Digamos las cosas por su nombre: en solo 6 de las 346 comunas que conforman nuestro país se cumplen estándares óptimos. Allí la cantidad de población es concordante con la que, en definitiva, fue censada.
Cuando el Presidente de la República pide disculpas por lo que él mismo, a propósito de su administración, considera una vergüenza; cuando tenemos al Ministerio Público investigando nada menos que delitos sobre manipulación de cifras y ha sido categórico en esta materia, esta Cámara hoy no puede ser menos, porque también somos objeto de escrutinio público.
Aquí algunos han cuestionado caprichosamente el funcionamiento de esta comisión. Al respecto, a la vista de las chilenas y chilenos está el porcentaje de asistencia de algunos parlamentarios que hoy, con mucha facilidad, apuntan con el dedo. Debo decir que fuimos muy pocos los que trabajamos con seriedad. Ahí está, para el escrutinio de cualquiera, la asistencia, nuestras intervenciones y el trabajo y resultado de la comisión. Ahí está el trabajo de su Presidente , diputado Juan Carlos Latorre , a quien saludo, porque de manera responsable quiso llevar adelante una investigación con sentido republicano.
A la vista de todos, están las conclusiones y propuestas de la Comisión. ¿Qué habría dicho la Alianza si fuera oposición y uno de nuestros ministros simplemente se hubiera excusado de asistir a la comisión, como ocurrió con el señor Longueira ? Tampoco compareció su jefe de gabinete, quien, a mi juicio, a lo menos debió haber dado la cara, presencialmente, dado el importante rol que le cupo al Ministerio de Economía en esta materia.
Los parlamentarios de Oposición no intentamos sacar provecho político de esa situación, aunque podría haber puesto en una situación muy difícil a una figura importante de la Alianza, como el señor Longueira , porque entendimos cuál era la situación personal que lo aquejaba. Sin embargo, no sé si los parlamentarios de la Alianza hubiesen obrado de la misma forma, con ese nivel de sobriedad, responsabilidad y austeridad si uno de los nuestros hubiese enfrentado una situación similar.
No entiendo las palabras de algunos parlamentarios de la Alianza porque, más que pensar en Chile, aparecen como haciendo una defensa corporativa, a rajatabla del actuar de algunos funcionarios públicos de su gobierno.
Qué diferencia con la actitud que asumió Mariana Alcérreca , quien, no obstante haber trabajado para la actual administración, denunció con mucha valentía estos hechos, como demuestran sendas entrevistas que dan cuenta de lo que ella observó al interior del INE: cómo los funcionarios de confianza del Gobierno manipularon los resultados del censo para mostrar una verdad diferente de la que arrojó como resultado el proceso censal.
Se han señalado hasta el cansancio las causas basales de este descalabro, como la improvisación y el miedo al movimiento estudiantil. A solo algunos meses de iniciar el proceso se decidió cambiar de hecho a derecho la modalidad con que se implementaría el censo.
Me pueden decir que en algunos países se hace así y funciona bien; que en otros lugares se hace por carta y que en otros la recolección de datos dura meses. No cuestionamos la posibilidad de que como país nos abramos a buscar otras modalidades; lo que condenamos es la improvisación, que de un día para otro, a solo meses de poner en práctica este instrumento, en una reunión en la cual participó el ministro y su gabinete, se decidiera cambiar, por decreto presidencial, de manera intempestiva e improvisada, una modalidad en cuyo desarrollo se había trabajado por casi un año, cual era aquella que con sentido republicano ha utilizado por décadas nuestro país y que consiste en realizar el censo en un solo día, pero sin los errores, sin la negligencia y sin la impericia mostrados por este Gobierno, no obstante que quería hacer “el mejor censo de la historia”.
Si el Presidente de la República pidió disculpas; si el Ministerio Público está investigando la comisión de eventuales delitos al interior del INE como consecuencia de este proceso; si hay funcionarios de confianza de ese servicio que han denunciado lo que ocurrió puertas adentro, ¿por qué nos ponemos anteojeras frente a una realidad tan maciza? Todos los expertos han señalado que se debería realizar a lo menos un censo abreviado de población.
A modo de conclusión, y para que sirva para la reflexión de esta Sala, me parece que el INE debe ser un ente autónomo, independiente de quien encabece políticamente la conducción del Ministerio de Economía y el Gobierno de la Nación. Este instituto debe ser ciento por ciento técnico. Nunca más debemos tener a un Labbé o su entorno a cargo de un servicio que goza, y esperamos que siga gozando, de tanto prestigio, por su histórica seriedad a la hora de colaborar en el diseño de políticas públicas.
Acabamos de aprobar un Presupuesto de la Nación prácticamente a ciegas respecto de a cuánto asciende la población nacional. ¿Algún chileno o chilena puede afirmar en con cierta certeza cuántos chilenos somos? La verdad es que esa sigue siendo una gran incógnita.
El Gobierno nombró un comité de expertos nacionales para que buscara una solución al problema producido, pero desconoció los resultados de su trabajo, no obstante que como Oposición le dimos absoluta libertad de acción al ministro de Economía para que designara los expertos, porque entendíamos que debíamos actuar con responsabilidad y sentido republicano frente a esta situación tan delicada.
Pensamos que luego del descalabro se iba a enmendar el rumbo, especialmente por el nombramiento del señor Coeymans como director del INE, por su profesionalismo y currículo, cuestión de la cual me parece que debemos hacer un capítulo aparte. Sin embargo, a poco andar de instalado en ese cargo, nos dimos cuenta de que pasó a ser un funcionario al servicio de una gran operación de encubrimiento, y como no le gustaron las conclusiones del primer comité de expertos, nombró otro.
Se nos dijo que el segundo comité lo integrarían representantes de Eurostat o del Banco Mundial; tuvo que salir el propio Banco Mundial a señalar que jamás asumió tal responsabilidad o compromiso con el ministro de Economía . Lo cierto es que se trataba de personas en cuyos currículos figuraba que habían participado en dichas instituciones, pero jamás fueron esos prestigiosos organismos los que participaron de manera directa en el segundo comité, como aseguró públicamente el ministro de Economía .
Lo mismo respecto del rol de los funcionarios públicos, a quienes saludo y agradezco su actuación. Son profesionales a prueba de todo. Lamentablemente, durante todos estos meses, tanto la administración Labbé como la administración Coeymans han desconocido su rol y desoído a su vocería en esta materia. Ellos han restado mérito al segundo informe y declararon que poco se les ha consultado.
Señor Presidente , me quedo con las palabras de uno de los grandes expertos mundiales en la materia, del Celade, quien fue categórico para decir que necesitamos otro censo, que necesitamos saber cuántos somos, porque eso es lo mínimo que merece un país serio como Chile.
Apelo a la confianza y al respaldo de toda la Sala.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , no formé parte de la Comisión, pero he leído las principales conclusiones y elementos contenidos en el informe y seguido el debate público que se ha generado en torno de este proceso.
Cuando a uno se le rompe un jarrón, si no se quiebra en muchas partes es posible repararlo y, a lo mejor, puede seguir cumpliendo la función para la cual fue diseñado. Pero el censo, señor Presidente , no es un jarrón, sino un instrumento crítico, clave para la formulación, diseño e implementación de políticas públicas. El censo desarrollado bajo el gobierno del Presidente Piñera está roto irremediablemente, no obstante los esfuerzos hechos por el director del INE, Juan Eduardo Coeymans , para intentar reparar este jarrón que no tienen destino alguno.
Un censo no solo debe ser bien hecho, sino que además debe ser confiable, creíble. Aquí estamos frente a un problema de afectación de la credibilidad de ese producto fundamental, indispensable para el buen diseño y correcta implementación de las políticas públicas.
En consecuencia, señor Presidente , desde nuestra perspectiva, lo que se ha planteado en el sentido de volver a hacer un censo, pero abreviado, parece ser la respuesta final al problema ocasionado por la incompetencia del señor Labbé , que estuvo a cargo del censo, que llevó incluso, como bien nos recordó el diputado Silber , a que el Presidente de la República pidiera perdón a la opinión pública, como consecuencia del fracaso estrepitoso que tuvo la realización del denominado “mejor censo de la historia”, lo que, además, nos recuerda la necesidad de proceder siempre con modestia y sobriedad, no con soberbia y grandilocuencia.
Lo que puso al Presidente Piñera en esa situación es haber hecho el anuncio de estar organizando el mejor censo de la historia, en vez de haber hecho un censo que respondiese a la tradición republicana, institucional, de solvencia, de calidad que caracterizaba estos procesos, que hubiese evitado este bochorno y que hoy debamos discutir un informe de esta naturaleza en la Sala de la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , si uno revisa las recomendaciones de los diputados oficialistas, creo que es muy difícil acompañarlos pese al respeto que merecen sus juicios y comentarios. Sin ir más lejos, en el primer punto de las recomendaciones se señala que hay que seguir fortaleciendo la credibilidad del INE. El informe lo rechaza. El INE no tiene que fortalecer su credibilidad, sino que recuperarla. El INE ha sido dañado en su credibilidad debido a la gestión del Gobierno, incluso más allá de nuestras fronteras. Hoy, representa un asunto de mofa, de burla, el hecho de que no podamos saber cuántos somos. Quien tenía la función de contarnos, lo que se hace una vez cada diez años, lo hizo mal. Y no solamente lo hizo mal, sino que cuando el organismo se dio cuenta de que se equivocó, el error lo escondió o lo intentó ocultar.
Por eso, y como bien lo señalaban quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el tema está entregado a la competencia de los tribunales de justicia, en particular, a los tribunales penales. Porque aquí, al cometerse errores y luego horrores, el resultado es que quienes están a cargo de las políticas públicas no cuentan con herramientas fundamentales para que los recursos de todos los chilenos que se asignan a través de la Ley de Presupuestos, la que es aprobada por el Congreso Nacional, se gasten bien.
Es importante reafirmar una y otra vez las consecuencias de este desastre fruto de las malas decisiones del Gobierno, pues no debemos olvidar que el señor Francisco Labbé fue designado por el Presidente de la República . El señor Labbé era un funcionario de exclusiva confianza presidencial. La responsabilidad de su designación recae directamente en el Presidente de la República . De ahí la responsabilidad directa y principal del Gobierno en este desastre.
Como decía, la primera recomendación que hacen los parlamentarios de la Derecha es seguir fortaleciendo la credibilidad del INE. Yo lo cuestiono, porque, insisto, para reconstruir la credibilidad del INE y fortalecer esa institucionalidad lo que habría que hacer es aprobar con urgencia el proyecto enviado por este gobierno en diciembre de 2012 para dotar a esa institución de plena autonomía y mejorar su marco legal. O sea, lo que el Gobierno asume con esa iniciativa -el diputado Gabriel Silber la respaldaba; yo no- es que la única forma para que los gobiernos no cometan estropicios es convirtiendo a las instituciones públicas en autónomas. Así las cosas, no necesitamos gobierno. Simplemente, habría que nombrar un presidente y contar solo con instituciones autónomas.
Señor Presidente , los gobiernos deben contar con herramientas y dispositivos institucionales que les permitan concretar sus políticas públicas. Se publicó un artículo muy bueno del señor Jorge Marshall -o Enrique Marshall , no recuerdo- donde se señalaba que si todos los desastres institucionales cometidos por la impericia, la negligencia, la irresponsabilidad y la sinvergüenzura de quienes son nombrados en sus cargos van a ser resueltos por la vía de establecer la autonomía de las instituciones, entonces el Estado se va a quedar sin las herramientas para cumplir con las funciones mandatadas por los ciudadanos cuando votan. En ese ejercicio la ciudadanía confía en que el gobierno que asumirá cumplirá con el programa que ofreció. Para ello no solamente cuenta recursos, sino que con un conjunto de dispositivos institucionales para llevar adelante políticas públicas. Cada vez que hay un descalabro en alguna institución -a estas alturas ya parece un tic- se presenta un proyecto que impulsa la autonomía de una institución.
El proyecto enviado por el gobierno es una confesión directa de que el Gobierno intervino el censo y el INE, no por razones de cumplir con una función institucional, sino para obtener un logro pequeño, que al final resultó un desastre, como deriva del famoso eslogan “el mejor censo de la historia”. Algunos dicen que la razón por la cual no se quiso hacer el censo fue porque había muchas protestas estudiantiles, etcétera. Sea como fuere, hubo por parte del gobierno una grandilocuencia que terminó en un desastre.
Las recomendaciones de los parlamentarios de Derecha por lo menos dan para un debate y establecen una prueba directa de la responsabilidad del Gobierno en el censo. En ellas se señala -repito- que hay que fortalecer la credibilidad del INE -para no reconocer de manera explícita que esta fue derrumbada por la gestión de este Gobierno-; se dice que lo mejor es que la institución sea autónoma y que el proyecto que envió el Gobierno ayuda en ese camino, que no es más que una forma de reconocer que en realidad hubo manipulación política en el INE. Si ello es así, entonces tendrá que haber responsables, porque estos hechos no ocurrieron por sí solos.
Quiero decir las cosas con franqueza. Creo que el informe se queda corto en cuanto a responsabilidades. Se habla del señor Labbé , pero nada se dice de los ministros, quienes son los responsables políticos, pues están a cargo de esas instituciones. Había un ministro cuando se hizo el censo.
El señor URRUTIA .- ¡Estaba enfermo!
El señor DÍAZ.- Me alegro que ahora se esté recuperando. Lo vimos hace algunos días y bastante recuperado. Como aquí hacemos juicios políticos, hay que decirlo también.
Las recomendaciones de la Derecha se quedan cortas. Por eso, fueron rechazadas por la Comisión, porque omiten hacerse cargo de lo que esta Sala tiene que hacer. Aquí no estamos para establecer responsabilidades administrativas; no estamos para establecer responsabilidades penales, ni civiles, sino para establecer responsabilidades políticas. Y la primera responsabilidad política -me alegro de que así haya sido; nobleza obliga a reconocerlo- la asumió el Jefe de Estado en persona, cuando solemnemente le pide a los chilenos perdón por el desastre monumental que su gobierno cometió en materia del censo, lo que significó, como se decía acá, el derroche de 23 mil millones de pesos, que ¡pucha! que necesita este país para atender necesidades sociales. Ahí está la primera manifestación de responsabilidad política: la que asume el Presidente de la República en nombre de su gobierno.
Pero este informe tiene que decir otras cosas también, pero no están presentes en las recomendaciones formuladas por la Derecha. Las conclusiones propuestas por parlamentarios de la Derecha y rechazadas por la Comisión no se condicen con la magnitud y relevancia del gesto presidencial. Por eso, parece razonable una corrección de procedimientos a fin de que el informe sea aprobado por unanimidad. Si uno revisa las principales conclusiones aprobadas por la Comisión, sometidas ahora a consideración de la Sala, estas señalan lo que todos sabemos y que ha sido reconocido por las autoridades del gobierno responsable de este desastre: que hubo errores severos, serios y graves en el censo; que eso afecta la credibilidad de la institución que lo realizó, como también al producto mismo llamado censo y que urge resolver los problemas derivados de la mala ejecución de ese instrumento, a fin de que podamos contar con una herramienta fundamental, crítica, clave, para el desarrollo de las políticas públicas.
El informe también cuestiona una cierta conducta errática del director Coeymans, porque fue anunciando distintos mecanismos que parece tenían un solo propósito: encontrar alguna voz que revestida de cierta autonomía e independencia dijera que era posible reparar lo que no es reparable. Vuelvo a la metáfora que utilicé al principio de mi intervención: este asunto no es un jarrón. No basta con ponerle “la gotita” para que no se filtre el agua y pueda seguir utilizándose para poner flores. Eso no se puede hacer con un censo, instrumento tan relevante en la planificación, diseño e implementación de políticas públicas por una década. El censo es una herramienta que marca la acción del Estado, en particular en el ámbito social y por una década; es decir, por dos tercios de la vida de una generación.
Señor Presidente , creo que el camino seguido por el señor Coeymans, que entiendo que goza de alto prestigio institucional, ha sido seguir navegando en un barco que se está llenando de agua y que se hunde a cada minuto. Aquí bien vale el refrán que señala que es mejor ponerse colorado una vez que cien veces amarillo, lo cual en este caso equivale a decir de una vez por todas que el censo prácticamente no sirve para nada.
En consecuencia, hacer una corrección radical por la vía del censo abreviado, que es lo que ha planteado la futura Presidenta de Chile, señora Michelle Bachelet, es lo que compartimos.
Señor Presidente , respaldo las conclusiones. Hay responsabilidad del exdirector Francisco Labbé ; hay eventuales comisiones de delitos. El informe hace derivaciones importantes a organismos públicos relevantes, entre otros, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, porque se trata de errores que no pueden volver a cometerse.
Debemos sacar lecciones que nos permitan recuperar la esencia del prestigio internacional de Chile. Este es un país serio en cuanto a la forma como maneja sus finanzas, construye sus acuerdos políticos, incluso desde las diferencias, y a la manera en que funcionan sus instituciones, frase legada a la posteridad por un ex-Presidente de la República. El hecho de que funcionen no significa que no puedan haber fallas graves o se cometan errores. Que las instituciones funcionen significa que cuando estas fallan nadie debe esconder la tierra debajo de la alfombra, sino que enfrentar la verdad. El primer paso para hacerlo es asumir los errores.
Por eso, invito a los colegas de las bancadas de Gobierno a que no escondan la cabeza debajo de la tierra, como el avestruz, sino que se hagan cargo del error garrafal y profundo que se cometió en este caso, asuman las responsabilidades políticas y aprobemos el informe por unanimidad.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Informo a la Sala que restan 19 minutos para que finalice el Orden del Día.
Se encuentran inscritos el diputado Juan Carlos Latorre, la diputada Denise Pascal y el diputado Pepe Auth. Además, hay dos proyectos de la Tabla con discusión inmediata, cuyo plazo de urgencia vence el próximo lunes 20 de enero.
Entonces, sugiero que los diputados inscritos intervengan hasta por 5 minutos y después se rinda el informe de la Comisión de Superación de la Pobreza y se dé cuenta del certificado de la Comisión de Hacienda relacionado con el proyecto que otorga un bono de apoyo a familias numerosas.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , en la Reunión de Comités se acordó otro procedimiento. En particular, sugiero mantener el criterio acordado en cuanto al reagendamiento de los proyectos del Orden del Día.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , en mi opinión, el informe entregado por nuestra Comisión, que me ha correspondido relatar a la Sala en mi calidad de Presidente de la Comisión , ha sido preparado con extremo cuidado.
Quiero manifestar a los diputados de gobierno que la situación ocurrida con motivo del censo, específicamente el hecho de que el propio Presidente de la República se haya visto complicado y obligado a pedir disculpas por lo ocurrido, nos daba a nosotros, como Oposición -lo quiero decir derechamente-, la oportunidad de “habernos hecho el pino” con el tema, pero no lo hicimos. El trabajo de la Comisión que me correspondió presidir fue reconocido por funcionarios del más alto nivel del actual gobierno como muy cuidadoso durante plena campaña presidencial y parlamentaria. Ninguno de los miembros de la Comisión ni quien la presidió intentó sacar partido de una situación que efectivamente era materia de atención nacional.
Además, quiero dejar constancia de que los términos en que abordamos el tratamiento de la responsabilidad política fueron muy prudentes, reconociendo que una discusión como ésta, estando en conocimiento de las autoridades del más alto nivel del Ministerio, podría haber generado una discusión mayor de carácter político.
Por eso, quiero protestar por los términos de la intervención del diputado Edwards , porque él sabe que el comportamiento de los diputados de Oposición que participaron en la Comisión Investigadora fue extraordinariamente prudente y, en particular, ceñido a los términos en que públicamente podíamos entregar opiniones al respecto. Y lo hago ver especialmente a los colegas de la UDI, porque alguien en esta Cámara y a nivel nacional debiera reconocer el cuidado que tuvimos para no afectar a uno de sus principales líderes, sin que ellos nos lo pidieran, porque nunca escuché que tuvieran que pedirnos que fuéramos prudentes en el tratamiento del tema. Quiero dejar mi testimonio, porque a partir de marzo próximo no estaré en el Congreso Nacional y por eso me ha parecido oportuno hacerlo.
Algunas personas en nuestro país han cumplido tareas políticas que merecen toda nuestra consideración. Nosotros, desde la Oposición, hemos sido tremendamente considerados respecto de esas personas y particularmente durante el desarrollo de la actual investigación.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero consultar al diputado Edwards por qué en su intervención calla absolutamente el hecho de que en este caso se demostró la existencia de una triangulación de dineros, lo que, además de una irregularidad administrativa, puede constituir un delito grave. Eso está demostrado. ¿Por qué él calla la situación del señor Maximiliano Raide ? ¡Que nos lo explique! Insisto, es una situación totalmente irregular y la consignamos en el informe. Asimismo, ¿por qué él omite el contrato con la empresa Voxcom, en circunstancias de que está demostrado que fue una situación irregular?
Asimismo, en las conclusiones del informe hacemos mención a que en forma improcedente, desde los puntos de vista metodológico y técnico, se imputa una cantidad de 300.000 personas a viviendas no censadas. Se trata de personas inexistentes, supuestas simplemente a partir de una proyección de la tasa de crecimiento del sector inmobiliario en Chile, lo cual se mete como una mula al censo. Los ingenieros siempre decimos una frase que era muy habitual entre los estudiantes de ingeniería -no sé si en esta ápoca, pero sí en la mía-, en el sentido de “cocinar” los datos. Pues bien, aquí se hizo eso, es decir, se pretendió entregar al país algunas cifras que no eran ciertas. Tampoco se aclaró a la opinión pública que se estaba diciendo una cosa por otra, lo cual también consignamos en el informe.
El informe, fue aprobado por la mayoría de los integrantes de la Comisión. ¿Qué hace que no haya sido aprobado por alguno de sus integrantes?
El diputado Silva , quien participó en pocas sesiones, tuvo un comportamiento que quiero reconocer, respecto de la forma y el trato que debe existir en una Comisión Investigadora compleja. Fuimos extraordinariamente cuidadosos en buscar que se dejara consignado aquello que eventualmente será materia de sumarios por la Contraloría General de la República o de investigación por el Ministerio Público.
Entonces, señor Presidente , creo que se cometería un error al transformar un informe tajante y categórico, pero extraordinariamente objetivo. Eso es lo que da valor a las investigaciones que puedan realizar comisiones investigadoras en la Cámara.
El señor JARAMILLO .- ¡Bien llevadas!
El señor LATORRE.- ¡Bien llevadas, señor Presidente!
Yo no voy a pedir ningún testimonio acá, pero he recibido el reconocimiento de muy destacados personas del Ministerio de Economía del actual Gobierno, en el sentido de que fuimos prudentes.
Por eso, lamento -reitero-, los términos de la intervención del diputado Edwards , porque los encuentro provocativos, innecesarios y, además, profundizan en un tema en circunstancias de que no procede. En efecto, si uno lee las conclusiones de minoría, que aceptamos por mayoría consignar como parte del informe -podrían haber quedado fuera, pero acordamos consignarlas-, en ellas hay algo que parece absurdo: se defiende tajantemente al exministro Longueira , en circunstancias de que en ningún párrafo estimamos que era interesante para nosotros afectarle en lo que ha sido su rol y su responsabilidad política en el país.
Entonces, señor Presidente, creo que nuestro informe presenta la suficiente objetividad como para que nuestros colegas del actual Gobierno, particularmente los de la UDI, le entreguen su respaldo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la honorable diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , uno no puede restarse a hablar del censo que se realizó en 2012, cuyo resultado conmovió al país durante meses.
De acuerdo a nuestras tradiciones republicanas, desde 1813 a la fecha se han realizado en el país alrededor de 17 censos de población y 6 censos de vivienda. En ninguno de ellos, en distintas épocas y con diferentes gobiernos, pasó lo que sucedió en el último censo, respecto del cual el Presidente de la República dijo, en su momento, que se iba a ser el mejor en la historia, y nos encontramos con que fue un fiasco, un fracaso.
Cuando se anunció este censo se planteó que iba a cambiar la metodología y que su realización se había preparado en los años anteriores. Sin embargo, creo que no se preparó tan bien, ya que para llevar a cabo un censo con las características que se buscaban y el cambio sistema anunciado, habría que haber empezado su preparación con mucha antelación.
El resultado de ello todos lo sabemos. Fueron momentos frustrantes para la mayoría de la población. Muchos habitantes no fueron censados; a muchas viviendas no se llegó. En general, en las comunas no se completó el censo. Al final, se trató de tapar el problema haciendo proyecciones que no llegaron a nada.
Llegó el momento en que tuvieron que reconocer que este censo no era válido y que el error era de sobre el 10 por ciento. El cálculo de nuestra población en aquel momento se proyectó sin considerar el censo propiamente tal. Se dijo que éramos alrededor de dieciséis millones ochocientos mil habitantes; pero también se reconoció que hubo 700.000 personas y cerca de 450.000 viviendas que no fueron censadas.
Por lo tanto, las cifras que hemos visto, los estudios que se han hecho, la constitución de comisiones especiales para tratar de convertir el censo en algo positivo, han demostrado que por ningún lado se puede encontrar una solución. Se trató de hacer a través de una comisión nacional, externa al INE, donde se trabajó fuertemente en ese sentido; pero el informe de dicha comisión fue negativo, pues señaló que no se podía considerar este censo para estudiar las políticas que el país debe aplicar durante un período de diez años; porque esa es la razón de ser del censo: mirar las proyecciones del país en la búsqueda de los financiamientos necesarios para el desarrollo social de cada una de las comunas -en especial para las de zonas rurales y con sectores vulnerables, representados por muchos de los presente-, de manera que puedan aplicarse políticas específicas respecto de ellas.
Esto no se hizo. En zonas rurales no se llegó a censar. Hubo muchas viviendas que quedaron fuera. Hubo villas y localidades rurales que nadie censó.
¿Cómo podemos decir hoy que este censo puede servir para proyectar la política rural en el país cuando no se censó? Creo que es un chiste mirar este censo como una posibilidad de definir la situación de las políticas sociales en Chile.
En esta oportunidad se propuso llevar a cabo no un censo de hecho, sino uno de derecho.
Los expertos han planteado claramente, que para poder llevar a la práctica nuevamente un censo tendríamos que disponer de por lo menos diez años de estudio. Lo que se está proponiendo -cuando no gustó el resultado de la comisión nacional, se invitó a algunos “expertos”- es hacer una evaluación de este tipo de censo. ¿Qué nos dicen todos? Que tenemos que hacer un censo abreviado en el 2015 para poder mirar realmente cómo serán las políticas de desarrollo futuro en el país.
Entonces, nos preguntamos: ¿Con qué políticas estamos trabajando hoy? ¿Cuáles son las proyecciones que estamos llevando a cabo? ¿Cómo estamos desarrollando el presupuesto nacional en las políticas sociales? ¿En qué censo nos estamos apoyando? En ese sentido, nos asalta la gran duda. Este censo, que según el Presidente de la República sería el mejor de la historia -al poco tiempo de realizado tuvo que ofrecer disculpas al país por los errores cometidos-, demuestra que este Gobierno ha fracasado en muchas cosas.
Por intermedio del señor Presidente , deseo expresar que quedé impactada con las palabras del diputado Edwards . Después de leer el informe de la comisión, donde se advierte que el diputado señor Edwards asistió solo a seis sesiones de un total de veinticuatro, no veo cómo puede expresarse de esa manera. De paso, deseo complementar que otros diputados de Gobierno miembros de esa comisión asistieron a cuatro, cinco, seis o siete sesiones, y muchos de ellos ni siquiera terminaron su asistencia a ella.
Cuando nosotros integramos comisiones investigadoras somos serios, y cuando vemos un informe, nos guste o no, que determina errores cometidos, reconocemos que es el resultado de un esfuerzo político serio y responsable. Fíjense que el informe en estudio no afecta al ministro de Economía de la época, porque ni siquiera lo nombra. Por eso, cuesta entender que pretendan defender errores que son reconocidos por nosotros y por el concierto internacional. Es mejor reconocerlos, tal como lo hizo el Presidente de la República , para tratar de enmendar. Eso es lo honesto.
Señor Presidente , el INE es una institución que cuenta con respaldo nacional y que es reconocida internacionalmente. Lamentamos que este bache haya puesto en duda no solo los resultados del censo, sino también el cálculo del IPC. El director de la época reconoció que en 2011 hubo errores en el cálculo del IPC. Esto fue reconocido y se corrigió, y nadie prendió una alarma. Quiero reconocer a los funcionarios del INE, trabajadores que durante años han venido cumpliendo su función en forma seria. Pero no cabe duda de que hay un grupo, puesto por este Gobierno en el INE, que no estuvo a la altura de las circunstancias para llevar a cabo la gran tarea de realizar un censo. Por tratar de cambiarlo, por tratar de hacer una cosa mejor, con buena voluntad, al final fue para peor.
Las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora son serias y hay que respaldarlas; políticamente, sus integrantes se la jugaron por elaborar un informe de calidad. Espero que esas conclusiones nos sirvan de ejemplo para llevar adelante un censo serio, que nos permita saber cuántos habitantes tiene Chile: si somos 15 millones 800.000; si somos 16 millones 600.000, como se dijo tras la corrección que se hizo al censo, o si somos 17 millones 200.000, como se dice en otras partes. Necesitamos conocer la realidad de los 700.000 habitantes que no fueron censados. La diferencia no deja de ser interesante.
El número de habitantes es un dato fundamental para implementar políticas sociales y para conocer las condiciones de vulnerabilidad de nuestra gente. El censo en cuestión no muestra eso, sino que nos muestra un error respecto de eso.
En ese sentido, adquiere mucha fuerza la propuesta de la Presidenta electa, Michelle Bachelet , de efectuar un censo abreviado, mientras preparamos uno como corresponde, de manera de definir las políticas sociales que debemos desarrollar como país, particularmente a favor de comunas como la que representamos, en las provincias de Melipilla y Talagante, donde un porcentaje muy alto de sus habitantes no fue censado. Por ejemplo, en mi casa no se censó, no pasaron a censar porque somos de zonas rurales. En las zonas rurales prácticamente no hubo censo, sea porque era lejos, porque había que caminar muchos kilómetros, porque hacía calor o porque muchas veces los encuestadores debían volver una y otra vez.
Señor Presidente , quiero manifestar mi total respaldo al informe elaborado por la Comisión Investigadora, y a los diputados que tuvieron una participación a medias les pido que sean responsables al momento de referirse al proceder la comisión.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- De esta forma se pone término al Orden del Día.
La próxima semana continuaremos con el debate del informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas. Queda inscrito el diputado señor Pepe Auth.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
REGULACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS LIVIANOS QUE OPERAN EN EL SECTOR MINERO (Votación)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo N° 829, en virtud del cual se solicita la regulación de medidas de seguridad en vehículos livianos que operan en el sector minero.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi
-Se abstuvo la diputada señora
-El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII. INCIDENTES
FELICITACIONES A COMUNIDAD DEL LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA, DE LA UNIÓN (Oficio)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , solicito oficiar a la dirección del Liceo Bicentenario Abdón Andrade Coloma, de la ciudad de La Unión, encabezada por don Eduardo Toneatti , para expresarle mis felicitaciones, que hago extensivas al profesorado y a los alumnos, por haber obtenido una mención especial en el Premio a la Cultura de la Calidad Educacional Gabriela Mistral, en la categoría Innovación.
Este establecimiento polivalente municipal está posicionado en los primeros lugares de la provincia de Ranco y cuenta con casi mil alumnos, quienes han luchado arduamente para conseguir matrícula.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención para una mejor comprensión del tema y con la adhesión de los diputados que estamos levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS O PROYECTOS PARA INTERVENIR RIBERA DEL RÍO BUENO (Oficios)
El señor JARAMILLO.- En segundo lugar, solicito oficiar a las ministras de Medio Ambiente y de Obras Públicas , con el objeto de que me informen si es efectivo que se han realizado algunas intervenciones en la ribera del Río Bueno, de la comuna de Río Bueno, y si existen programas o proyectos para intervenir ese río, navegable en 67 kilómetros de un total de 130 kilómetros.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención para una mejor comprensión del tema y con la adhesión de los diputados que estamos levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES DE COÑARIPE Y LICANRAY (Oficio)
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , el inicio de este nuevo verano nos sorprende sin alcantarillado en varias localidades ribereñas del sur, especialmente de la Región de Los Ríos. Me refiero a Coñaripe, en la comuna de Panguipulli, y a Licanray, aunque esta última pertenece a otra región, pero es colindante con Coñaripe, localidad que tiene una población de 3.000 o 4.000 habitantes en el invierno, pero que en el verano sobrepasa los 10 mil habitantes, ya que es prácticamente invadida por los turistas.
Por lo tanto, solicito oficiar nuevamente al ministro de Vivienda y Urbanismo , ya que he solicitado la instalación de alcantarillado en esas localidades, pero no he recibido la respuesta correspondiente.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención para una mejor comprensión del tema y con la adhesión de los diputados que estamos levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
INSTALACIÓN DE LOCALES DE VOTACIÓN EN LOCALIDADES DEBUCHUPUREO Y COLMUYAO, COMUNA DE COBQUECURA (Oficio)
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , en primer lugar, solicito oficiar al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral , con el objeto de que establezca dos nuevos locales de votación en la comuna de Cobquecura, provincia de Ñuble, Región del Biobío: uno, en la localidad de Buchupureo, que es la capital del surf en Chile, y que tiene una población importante y retén de Carabineros. No obstante, cada vez que hay un proceso eleccionario, los electores deben trasladarse a Cobquecura, que queda aproximadamente a 10 kilómetros de Buchupureo, con la consiguiente incomodidad y mayores gastos para los vecinos.
El otro, en la localidad de Colmuyao, que está situada aproximadamente a 10 kilómetros hacia el sur de Cobquecura y cuyos electores también deben desplazarse hacia la capital comunal para votar
Considero que como existe el voto voluntario, debemos dar facilidades a los vecinos, sobre todo de los sectores rurales, para que concurran a los locales de votación.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención y con la adhesión de los diputados que estamos levantando la mano, de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.
APERTURA DE PASO FRONTERIZO ENTRE LAS COMUNAS DE SAN FABIÁN DE ALICO, EN CHILE, Y LAS OVEJAS, EN ARGENTINA (Oficio)
El señor SABAG.- Señor Presidente , las comunas de San Fabián de Alico, en Chile, y Las Ovejas, en Argentina, están unidas por un camino que solo puede ser transitado a pie o a caballo. Al respecto, consideramos importante tener un paso fronterizo establecido para mejorar la conectividad y aumentar el turismo y el tráfico comercial entre la Región del Biobío y la hermana República de Argentina, lo que contribuiría al progreso de ambos países.
Recordemos que la comuna de Las Ovejas, el departamento de Minas y la provincia de Neuquén quedan aproximadamente a mil kilómetros del Atlántico, pero están solo a 350 kilómetros del océano Pacífico, lo que, repito, abre enormes posibilidades para el tráfico comercial y el progreso de ambos pueblos.
Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Obras Públicas, con el objeto de que la Dirección Nacional de Fronteras y Límites estudie la posibilidad de abrir ese paso fronterizo.
En un encuentro que tuvimos el fin de semana en Las Ovejas, las autoridades argentinas del Ministerio de Obras Públicas manifestaron que están contestes para apoyar la iniciativa, pero también necesitamos el respaldo de las autoridades nacionales.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia del texto de su intervención y con la adhesión de los diputados que estamos levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
MEDIDAS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA REGIÓN DELA ARAUCANÍA AFECTADOS POR LA SEQUÍA (Oficios)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.- Señor Presidente , la Región de La Araucanía está sufriendo no solo por los incendios forestales, que nos tienen muy complicados, sino también por la sequía que la afecta.
Todos sabemos que hay escaso riego en la Región de La Araucanía, sobre todo para los pequeños campesinos, lo que genera pérdidas muy importante para la agricultura.
Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros de Agricultura, de Hacienda y del Interior , con el objeto de que dispongan la adopción de medidas a favor de los pequeños campesinos de la Región de La Araucanía que, debido a la sequía, no han podido cosechar pastos para fardos ni para silos, por lo que no tienen cómo enfrentar el invierno.
La sequía también está afectando al trigo, que se está chupando. Además, altera las fechas de cosecha del raps, de la avena y del trigo, que prácticamente se están topando, lo que impedirá que exista maquinaria suficiente para cosechar.
Indudablemente, esto perjudica más a los pequeños campesinos, que no tienen maquinaria y cuentan con una escasa superficie, por lo que dependen de los prestadores de servicios, quienes nunca los priorizan. Esta situación es muy apremiante.
Algunas medidas que se podrían implementar para favorecer a los pequeños campesinos de la Región de La Araucanía son: disponer recursos para financiar fletes que permitan que los pequeños agricultores compren pastos en distintos puntos de la región y los trasladen a los lugares donde tienen sus animales; acceso a créditos, ya que el Indap no cuenta con fondos para otorgarlos que permitan a los pequeños agricultores comprar pasto oportunamente; recibo de antiparasitarios del SAG para realizar operativos veterinarios; disponer de recursos para capital de trabajo en favor de los agricultores que estén en Prodesal o en PDTI, para que puedan comprar forraje; aumento de los presupuestos para praderas suplementarias, ya que tienen que realizarse inversiones cuantiosas y oportunas destinadas a mitigar la falta de pastos; realización de nuevas inversiones en riego, fundamentalmente focalizadas a los pequeños campesinos, así como la reparación de las obras que se hicieron en el pasado y que están inutilizadas en la actualidad, y la realización de un concurso especial del Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (Sirsd) por área, colocando más recursos en aquellos lugares donde la situación es más sensible, por ejemplo, en Lonquimay, Curacautín y Vilcún .
Me parece fundamental que se tomen medidas oportunas, porque, de lo contrario, realmente será un año desastroso para la agricultura en la Región de La Araucanía.
Por último, solicito que se envíe copia de los oficios que he requerido, a los Consejos Asesores de Área de Indap de las ocho comunas del distrito que represento, y a los respectivos concejos municipales de dichas comunas.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
FISCALIZACIÓN A CONCESIONARIA DE SERVICIOS SANITARIOS POR PROBLEMAS EN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PROVINCIA DE CHACABUCO. (Oficio)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, por tres minutos cuarenta y siete segundos, el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , quiero plantear un asunto de interés para la provincia de Chacabuco relativo a la prestación de uno de los servicios más importantes: el de agua potable.
Desde hace años, la empresa concesionaria Sembcorp Aguas Chacabuco presta el referido servicio en la zona.
La provincia de Chacabuco -para nadie es un misterio- ha crecido en términos exponenciales en el área de la vivienda, del desarrollo inmobiliario, lo que debió haber ido de la mano de un crecimiento de dicha empresa que asegurara inversiones importantes, de tal suerte de asegurar -valga la redundancia-, por un lado, la entrega del servicio a los vecinos y las poblaciones que llegan a la zona, y, por el otro, mantener un servicio con estándares de calidad como corresponde a los vecinos que por años han vivido en ella.
Señor Presidente , desde hace tiempo hemos visto en la comuna de Colina una baja sustantiva del servicio prestado por la mencionada empresa concesionaria, con una importante pérdida de presión del agua potable en la provincia. Ello ha acarreado como colofón el tener que lamentar, por ejemplo, que en un incendio ocurrido en la población de Comaico no se haya contado con el vital elemento para superar la emergencia.
Los vecinos se encuentran disconformes, molestos por esta situación, debido a lo cual se han manifestado en las calles y han recurrido a los medios de comunicación.
Debo señalar que la concesionaria en cuestión ya tiene un historial de incumplimientos, de falta en la entrega del servicio. En relación con una situación ocurrida en la comuna de Lampa, recibió una sanción bastante importante en términos pecuniarios.
Entonces, solicito oficiar al superintendente de Servicios Sanitarios para que tome cartas en el asunto y fiscalice de una vez por todas a la empresa en comento.
Pido compensaciones para los vecinos afectados por la situación descrita; que la empresa comprometa millonarias inversiones, no solamente para los nuevos conjuntos habitacionales de Chicureo y las personas que irán a vivir a la provincia, sino también para los antiguos vecinos, principalmente de las poblaciones que acabo de señalar, porque el casco antiguo de Colina ha notado un deterioro sustantivo respecto de la calidad del servicio entregado.
Señor Presidente , lo digo con todas sus letras: si tras las multas cursadas y las inversiones comprometidas, esta empresa no se encuentra en condiciones de prestar un servicio para una población que ha crecido tanto, pido que de una vez por todas la Superintendencia evalúe la caducidad de la concesión que se le entregó.
Así como crece la provincia, necesitamos una empresa sanitaria de excelencia, que preste servicios a todos por igual y que, frente a situaciones de emergencia, no se escude, como lo ha hecho hasta el día de hoy, en la filtración o pérdida esporádica de agua en grifos ubicados en puntos importantes.
La comunidad de Colina merece respeto. Como diputado , la voy a defender, y espero que la Superintendencia de Servicios Sanitarios esté a la altura de fiscalizar las obligaciones que le corresponden a una sanitaria como Sembcorp Aguas Chacabuco en nuestra provincia.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Fuad Chahin y de quien preside en forma accidental.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.45 horas.
TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece mejoras para el personal del servicio médico legal(boletín N° 9238-07)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración, en uso de mis facultades constitucionales, un proyecto de ley que tiene por objeto establecer mejoras para el personal del Servicio Médico Legal.
I. ANTECEDENTES
El Servicio Médico Legal, institución encargada de asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación, en lo relativo a la medicina legal, ciencias forenses y demás materias propias de su ámbito, desarrolla su función en forma ininterrumpida, a través de sus 39 sedes que aseguran la cobertura de su vital actividad en todos los rincones de nuestro país.
Dicha labor, cuya naturaleza y dedicación le imponen especiales niveles de dificultad a su ejecución, constituye una garantía en la sensible función investigadora, persecutoria y de juzgamiento, caracterizada por ostentar un alto prestigio y exactitud en sus resultados, que insta a nuestro Gobierno a adoptar las medidas que resulten necesarias para generar estímulos a la permanencia y perfeccionamiento del personal del Servicio en referencia, a fin de aprovechar las habilidades y conocimientos del recurso humano que con su experiencia contribuye a fortalecer nuestro sistema de justicia.
Esos esfuerzos se han traducido en un largo proceso de trabajo junto con las Asociaciones de Profesionales y de Funcionarios de la entidad forense, materializado en acuerdos que abordan dos ámbitos de acción.
El primero de ellos, celebrado el 04 de octubre de 2013, entre representantes del Ejecutivo y la Asociación de Profesionales del Servicio Médico Legal, consistió en aumentar el porcentaje del bono de asignación de estímulo a la función pericial médico-legal, en forma gradual, desde un 50% a un 85%, 100% y 110%, para los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Esa finalidad se logró con la inclusión de dicho elemento en el artículo 37 de la Ley N° 20.717, de Reajuste para los trabajadores del Sector Público, publicada en el Diario Oficial el 14 de diciembre de 2013. Sin embargo, no se incluyó en dicha reforma legal el inicio del referido aumento porcentual a partir de diciembre de 2013, por lo que, honrando el compromiso asumido, la presente iniciativa propone otorgar un bono a los profesionales funcionarios adscritos a dicha asignación, a fin que perciban la diferencia porcentual que les habría correspondido por la última mensualidad del pasado año.
El segundo acuerdo, celebrado el 08 de noviembre de 2013, entre representantes del Ejecutivo y la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal, consistió en comprometer el aumento de los topes superiores del personal auxiliar, técnico y administrativo, a objeto de permitir que aquellos funcionarios pertenecientes a dichos estamentos que cumplan determinados requisitos puedan acceder a mejores grados. En función de dicho acuerdo, que por su naturaleza requiere también de una reforma legal, el presente proyecto propone la delegación de facultades al Presidente de la República para modificar el Decreto Con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Justicia, que fija la planta del Servicio Médico Legal, a objeto de hacer las adecuaciones a su texto conforme a los nuevos límites de grados que se fijan en la iniciativa.
II. CONTENIDO DEL PROYECTO
1. Delegación de Facultades al Presidente de la República para modificar el Decreto Con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Justicia
La Ley N° 20.065, sobre Modernización, Regulación Orgánica y Planta del Servicio Médico Legal, publicada en el Diario Oficial el 21 de octubre de 2005, facultó al Presidente de la República , en su artículo 1° transitorio, para fijar las plantas del personal de dicho Servicio, hecho que se concretó a través de la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Justicia.
Dicho acto normativo ha sido modificado únicamente por el Decreto Con Fuerza de Ley N° 4, de 2007, del Ministerio de Hacienda, para crear los cargos de Director Regional en las regiones XV y XIV, como consecuencia lógica de la generación de estas últimas por obra de las leyes N° 20.175 y 20.174, respectivamente.
De este modo, el Decreto con Fuerza de Ley que contiene las plantas del Servicio en referencia no ha sufrido efectivos cambios desde su dictación que impliquen una mejora de los funcionarios y profesionales que se desempeñan en ella.
En atención al acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y los funcionarios del órgano pericial, el proyecto propugna el otorgamiento de facultades al Primer Mandatario para modificar el Decreto con Fuerza de Ley que contiene la planta del Servicio en lo que a personal técnico, administrativo y auxiliar se refiere, pero entregando un mejor marco de acción al Ejecutivo para incrementar en dos grados los topes superiores de los grados correspondientes a la planta de técnicos y administrativos, y en un grado la de los auxiliares. Así, del actual sistema que prevé como tope superior de los funcionarios técnicos el grado 11°, se pasará al grado 9°; en el caso de los administrativos, se pasará del grado 13° al grado 11°; y en el caso de los auxiliares, del grado 19° al grado 18°.
En el mismo acto normativo delegado, que deberá dictarse en el plazo de 180 días desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, el Presidente de la República podrá aumentar hasta en dos grados los cargos desempeñados por titulares a la fecha de publicación de la ley que por el presente proyecto se promueve, y estará facultado, asimismo, para modificar los requisitos para el ingreso y promoción en las plantas establecidas en el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley aludido en el párrafo precedente.
Finalmente, se dispone que el encasillamiento del personal titular anteriormente referido se hará por resolución del Director Nacional del Servicio, dentro del plazo de 90 días desde que se publicare en el Diario Oficial el Decreto con Fuerza de Ley que dicte el Presidente de la República en ejercicio de la facultad delegada, encasillamiento que surtirá sus efectos a contar del primer día del mes siguiente a la total tramitación de la o las resoluciones que lo practiquen.
El respectivo encasillamiento se ejecutará de tal forma que no significará mengua o perjuicio alguno para los funcionarios que sean objeto del mismo, de modo que no podrá ser considerado causal de cesación de funciones, supresión o fusión de cargos o término de la relación laboral, pérdida de empleo, alteración de derechos previsionales o disminución de remuneraciones, entre otras garantías que la iniciativa prevé. En todo caso, el encasillamiento considerará a los funcionarios titulares en estricto orden del escalafón vigente a la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto con Fuerza de Ley que se dicte por obra del presente proyecto.
2. Bono especial para ciertos profesionales funcionarios regidos por la Ley N° 15.076.
En virtud del artículo 37 de la Ley N° 20.717, de Reajuste para los trabajadores del Sector Público, publicada en el Diario Oficial el 14 de diciembre de 2013, se concedió un aumento del porcentaje del bono de asignación de estímulo a la función pericial médico-legal, en forma gradual, pero sin prever su pago en la última mensualidad de 2013.
Por ello, y a efectos de implementar a cabalidad con el acuerdo de octubre de 2013, el segundo aspecto que aborda la iniciativa consiste en la concesión, por una sola vez, de un bono especial no imponible de $182.523 a los profesionales funcionarios regidos por la Ley N° 15.076, de planta y a contrata, que se desempeñen en el Servicio Médico Legal y que durante el año 2013 hayan recibido la asignación de estímulo a la función pericial médico legal a que se refiere el Título III de la Ley N 20.065.
El monto del bono señalado, que será pagado con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente a aquel en que se publicare en el Diario Oficial la presente iniciativa, corresponderá a una jornada de 44 horas semanales, mientras que para las jornadas inferiores esa cifra será proporcional a dicho valor, según corresponda.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Los grados iniciales y superiores para las plantas que a continuación se indican, contenidas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Justicia, serán los siguientes, respectivamente:
3.- Planta de Técnicos: Grados 21° y 9°
4.- Planta de Administrativos: Grados 23° y 11°
5.- Planta de Auxiliares: Grados 24° y 18°.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la publicación de esta ley, mediante un decreto con fuerza de ley expedido por intermedio del Ministerio de Justicia, que también deberá ser suscrito por el Ministro de Hacienda , modifique las plantas del personal correspondiente a los técnicos, administrativos y auxiliares del Servicio Médico Legal, fijadas en el artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Justicia, permitiendo aumentar hasta en dos grados los cargos desempeñados por titulares, a la fecha de publicación de la presente ley. Para estos efectos, creará y suprimirá, en las respectivas plantas, los cargos correspondientes. Asimismo, podrá modificar los requisitos para el ingreso y promoción en esas mismas plantas establecidos en el artículo 2° del citado decreto con fuerza de ley N° 1.
Artículo segundo.- El encasillamiento del personal titular a que se refiere el artículo anterior, y que se encuentre en servicio a la fecha de publicación de la presente ley en los cargos que se creen en virtud de la facultad correspondiente, se efectuará por resolución del Director Nacional, por estricto orden del escalafón vigente a esa misma data, dentro del plazo de noventa días contado desde la publicación del decreto con fuerza de ley
que modifique las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares del Servicio Médico Legal. El referido encasillamiento surtirá efectos desde el día 1 del mes siguiente a la total tramitación de la o las resoluciones que lo practiquen.
El encasillamiento quedará sujeto a las siguientes condiciones:
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de cesación de funciones, de supresión o fusión de cargos, ni de término de la relación laboral.
b) No podrá significar pérdida del empleo, modificación de los derechos previsionales, ni disminución de las remuneraciones. Cualquier diferencia deberá ser pagada por planilla suplementaria. Dicha planilla se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Esta planilla mantendrá la misma imponibilidad de aquella de las remuneraciones que compensa.
c) Los cambios de grado que se produzcan como efecto del encasillamiento no serán considerados promoción o ascenso. En consecuencia, los funcionarios conservarán el número de bienios que estuvieren percibiendo como, asimismo, el tiempo de permanencia en el grado para la obtención de uno nuevo.
Artículo tercero.- Concédese, por una sola vez, un bono especial no imponible de $ 182.523 (ciento ochenta y dos mil quinientos veintitrés pesos) a los profesionales funcionarios regidos por la Ley N° 15.076, de planta y a contrata, que se desempeñen en el Servicio Médico Legal y que durante el año 2013 recibieron la asignación de estímulo a la función pericial médico legal a que se refiere el Título III de la Ley N 20.065.
El monto del bono señalado en el inciso precedente corresponde a una jornada de 44 horas semanales. Por las jornadas inferiores el monto será proporcional a dicho valor.
El bono establecido en el presente artículo será pagado con las remuneraciones correspondientes al mes siguiente en que se publicare en el Diario Oficial la presente ley.
Artículo cuarto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio Médico Legal No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no pueda financiar con esos recursos. En los años posteriores, los recursos necesarios se consultarán en las respectivas leyes anuales de presupuestos del Sector Público.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda ; JUAN CARLOS JOBET ELUCHANS, Ministro de Justicia (S).”
Informe Financiero
Proyecto de ley que establece mejoras para el pesonal del servicio médico legal.
Mensaje N° 387-361.
I. ANTECEDENTES.
1. El proyecto de ley busca materializar y complementar los dos acuerdos suscritos con las Asociaciones de Profesionales y de Funcionarios del Servicio Médico Legal en los meses de octubre y noviembre de 2013.
En efecto, sin perjuicio de que el primer acuerdo (que consistió en aumentar el porcentaje del bono de asignación de estímulo a la función pericial médico-legal en forma gradual desde 50% a 110% en tres años) se materializó en el artículo 37 de la ley N° 20.717, de reajuste para los trabajadores del Sector Público, no se incluyó en dicha ley el inicio del referido aumento porcentual a partir de diciembre de 2013.
Por su parte, el segundo acuerdo comprometió el aumento de los topes superiores del personal auxiliar, técnico y administrativo, a objeto de permitir que aquellos funcionarios pertenecientes a dichos estamentos, que cumplan determinados requisitos, puedan acceder a mejores grados.
2. Para subsanar la situación del primer acuerdo, el proyecto de ley concede, por una sola vez, un bono especial no imponible de $ 182.523 a los profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076, de planta y a contrata, que se desempeñan en el Servicio Médico Legal y que durante el año 2013 hayan recibido la asignación de estímulo a la función pericial médico legal.
3. En relación al segundo compromiso, el proyecto de ley faculta al Presidente de la República para modificar el Decreto don Fuerza de Ley que contiene la planta del Servicio Médico Legal en lo que a personal técnico, administrativo y auxiliar se refiere, para incrementar en dos grados los topes superiores de los grados correspondientes a la planta de técnicos y administrativos, y en un grado la de los auxiliares.
4. Asimismo, se establece que en el mismo acto administrativo, el Presidente de la República podrá aumentar hasta en dos grados los cargos desempeñados por titulares a la echa de publicación de la ley.
II. EFECTOS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LOS GASTOS FISCALES.
La entrada en vigencia del proyecto de ley irroga los siguientes costos por año:
Primer año
En régimen
Bono especial
34.857
0
Aumento de grados
128.331
128.331
El mayor gasto que irrogue el proyecto de ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio Médico Legal y en los años posteriores, los recursos necesarios se consultarán en las respectivas leyes anuales de presupuestos del Sector Público.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos .?
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9015-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
9015-05
Crea Comisión de Valores y Seguros
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9228-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
9228-05
Modifica Título II de ley N° 19.882, que fija condiciones especiales, para la bonificación por retiro voluntario por le período que indica y, otorga otros beneficios por retiro.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9169-08)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
9169-08
Modifica textos legales que indica, para impulsar la inversión minera.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9040-31)
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:
- Para modificar el artículo 2º transitorio como se señala:
- Elimínase la frase “con el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y en lo que faltare,” que sigue a la expresión “financiará”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda ; BRUNO BARANDA FERRÁN, Ministro de Desarrollo Social .”
Informe Financiero
Indicaciones proyecto de ley que crea un bono de apoyo a las familias numerosas
(Boletín N° 9040-31)
La indicación enn comento no altera el costo del proyecto, sino la fuente de financiamiento del mismo en su primer año de vigencia.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 6190-19)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
6190-19
Permite la introducción de la televisión digital terrestre.
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República. (Boletín N° 9178-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:
9178-05
Crea el consejo de Estabilidad Financiera
Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República ; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia .”
8. Oficio del Senado. (Boletín N° 9230-07)
“Valparaíso, 15 de enero de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 9230-07:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Reemplázase el artículo 10 de la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, por el siguiente:
“Artículo 10.- Subrogación. Si por cualquier impedimento un Tribunal careciere de ministros titulares y suplentes para formar quórum, se procederá a la subrogación de éstos de acuerdo a las siguientes reglas:
1.- En el Primer Tribunal Ambiental la subrogación de los ministros letrados se efectuará por ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la subrogación del ministro licenciado en Ciencias se efectuará por el respectivo ministro suplente del Segundo Tribunal Ambiental o, en su defecto, por el del Tercer Tribunal Ambiental.
2.- En el Segundo Tribunal Ambiental la subrogación de los ministros letrados se efectuará por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y la subrogación del ministro licenciado en Ciencias se efectuará por el respectivo ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental o, en su defecto, por el del Tercer Tribunal Ambiental.
3.- En el Tercer Tribunal Ambiental la subrogación de los ministros letrados se efectuará por ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia y la subrogación del ministro licenciado en Ciencias se efectuará por el respectivo ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental o, en su defecto, por el del Segundo Tribunal Ambiental.
Si la subrogación de los ministros licenciados en Ciencias no pudiere efectuarse, impidiendo al Tribunal sesionar con el quórum establecido en el artículo 6°, éstos serán reemplazados por el ministro suplente letrado del propio Tribunal o, de no ser posible, subrogados por ministros de las Cortes de Apelaciones respectivas, todo de conformidad con las reglas anteriores.
El Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva determinará el ministro que efectuará la subrogación.
Si un Tribunal Ambiental careciere de la totalidad de sus miembros titulares y suplentes, será subrogado por otro Tribunal Ambiental, de conformidad con las siguientes reglas:
1.- El Primer Tribunal Ambiental por el Segundo Tribunal Ambiental.
2.- El Segundo Tribunal Ambiental por el Primer Tribunal Ambiental.
3.- El Tercer Tribunal Ambiental por el Segundo Tribunal Ambiental.?.?.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que el artículo único del proyecto de ley fue aprobado, tanto en general cuanto en particular, con el voto afirmativo de 27 Senadores, de un total
de 33 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .
9. Oficio del Senado. (Boletín N° 8210-06)
“Valparaíso, 15 de enero de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales, correspondiente al Boletín Nº 8210-06, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°
Número 4)
Ha sustituido, en el inciso segundo que propone para el artículo 51, la forma verbal “instruirá” por “podrá instruir”.
Número 8)
Lo ha modificado del modo que sigue:
Letra a)
Ha reemplazado el inciso quinto que propone para el artículo 60, por el siguiente:
“En el requerimiento, los concejales podrán pedir al tribunal electoral regional respectivo la cesación en el cargo o, en subsidio, la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias dispuestas en las letras a), b) y c) del artículo 120 de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.”.
Letra b)
La ha sustituido por la que se indica a continuación:
“b) Agréganse los siguientes incisos finales:
“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51, se considerará que existe notable abandono de deberes cuando el alcalde o concejal transgrediere, inexcusablemente y de manera manifiesta o reiterada, las obligaciones que le imponen la Constitución y las demás normas que regulan el funcionamiento municipal; así como en aquellos casos en que una acción u omisión, que le sea imputable, cause grave detrimento al patrimonio de la municipalidad y afecte gravemente la actividad municipal destinada a dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad local. Se entenderá, asimismo, que se configura un notable abandono de deberes cuando el alcalde, en forma reiterada, no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a sus funcionarios o a trabajadores de los servicios traspasados en virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, y de aquellos servicios incorporados a la gestión municipal. El alcalde siempre deberá velar por el cabal y oportuno pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y trabajadores señalados precedentemente, y trimestralmente deberá rendir cuenta al concejo municipal del estado en que se encuentra el cumplimiento de dicha obligación.
Con todo, cuando un alcalde pagare deudas previsionales originadas en un período alcaldicio anterior en el que no haya ejercido funciones como titular de ese cargo, él y los demás funcionarios que intervinieren en el pago estarán exentos de responsabilidad civil por las multas e intereses que dichas deudas hubieren ocasionado.”.”.
Número 9)
Letra a)
Ha agregado, en el inciso segundo que propone para el artículo 62, a continuación de la frase final “representará protocolarmente a la municipalidad”, la siguiente expresión: “, y convocará al concejo”.
-o-
Ha contemplado, a continuación del numeral 19), el siguiente número 20), nuevo:
“20) Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 88:
a) Reemplázanse, en el inciso primero, las palabras “seis” y “doce”, por “siete coma ocho” y “quince coma seis”, respectivamente.
b) Sustitúyese, en el inciso sexto, el vocablo “seis” por “siete coma ocho”.”.
-o-
Número 20)
Ha pasado a ser número 21), sin enmiendas.
Número 21)
Ha pasado a ser número 22), agregándose, en el artículo 92 bis que contiene, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Asimismo, cada año la municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera, podrá incorporar en el presupuesto municipal recursos destinados a financiar la capacitación de los concejales en materias relacionadas con gestión municipal.”.
Números 22) y 23)
Han pasado a ser números 23) y 24), respectivamente, sin modificaciones.
-o-
Ha incorporado, a continuación del artículo 10, los siguientes artículos 11 y 12, nuevos:
“Artículo 11.- Facúltase a las municipalidades del país para que dentro de los doce meses siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, y previo acuerdo del respectivo concejo, celebren convenios de pago por deudas por derechos de aseo. Asimismo, podrán condonar multas e intereses por dicho concepto.
Artículo 12.- Incorpórase, en el artículo 28 de la ley N° 18.883, el siguiente inciso segundo:
“En las municipalidades podrán existir comités bipartitos que desarrollen tareas consultivas en materias de capacitación del personal.”.”.
-o-
Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 32 Senadores, de un total de 38 en ejercicio.
En particular, los artículos 1° -con excepción de su número 1)-; 9°, y 11 -incorporado a la iniciativa en la discusión en particular-, permanentes, y los artículos transitorios del proyecto de ley despachado por el Senado fueron aprobados con el voto favorable de 20 Senadores, de un total de 33 en ejercicio.
Por su parte, el numeral 1) del artículo 1º de la iniciativa fue aprobado por 22 votos a favor, de un total de 33 Senadores en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.922, de 10 de septiembre de 2013.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
10. Oficio del Senado. (Boletín N° 9029-14)
“Valparaíso, 15 de enero de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 9.029-14:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 1° de la ley N° 20.671, que renueva y modifica el procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales contemplado en la ley N° 20.251:
1.- En el inciso primero:
a) Reemplázase su encabezamiento por el siguiente:
“Artículo 1°.- Los propietarios de viviendas sociales existentes, emplazadas en áreas urbanas o rurales podrán, por una sola vez, dentro del plazo de dos años contado desde la publicación de esta ley, regularizar el inmueble de hasta 90 metros cuadrados de superficie total, cumpliendo además con los requisitos que se señalan a continuación:”.
b) Sustitúyese, en el número 3), la expresión inicial “Las ampliaciones” por “Los inmuebles”.
c) Reemplázase, en las letras a) y b) del número 4), el vocablo “ampliación” por “construcción”.
2.- En el inciso segundo, sustitúyese la frase “ampliaciones en segundo piso o superior”, por la siguiente: “inmuebles que consideren un segundo piso o superior, o que se encuentren adosados a tres o más deslindes del predio,”.”.
-o-
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
11. Oficio del Senado. (Boletín N° 8201-09)
“Valparaíso, 15 de enero de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa Honorable Cámara al proyecto de ley sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y puentes que cruzan carreteras, correspondiente al Boletín N° 8.201-09, y del nombre de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Carta Fundamental.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables Senadores miembros de la Comisión de Obras Públicas concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.090, de 14 de enero de 2014.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
12. Oficio del Senado. (Boletín N° 8579-25)
“Valparaíso, 15 de enero de 2014.
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de esta fecha, ha accedido a la solicitud de la Comisión de Salud, en orden a disponer el archivo del proyecto de ley que establece penas para la fabricación, tenencia, transporte, comercialización y utilización del hilo curado, correspondiente al Boletín N° 8579-25.
La citada Comisión fundó su petición señalando que el tema ya está legislado por la ley Nº 20.700, que es fruto de un sólido consenso alcanzado en la Comisión Mixta que informó otro proyecto similar, el que recibió amplia aprobación en ambas Cámaras.
En razón de lo anterior, la Corporación acordó solicitar previamente el acuerdo de esa Honorable Cámara, a fin de proceder al archivo de la referida iniciativa.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
(Fdo.): JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado .”
13. Certificado de la Comisión de Hacienda. (boletín N° 9040-31)
“Valparaíso, 15 de enero de 2014.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que otorga un bono de apoyo a familias numerosas (Boletín Nº 9.040-31), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue tratado en esta Comisión en sesión de esta fecha, con la asistencia de los Diputados señores Marinovic, don Miodrag ( Presidente ); Auth, don Pepe; Edwards, don José Manuel; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Silva, don Ernesto y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Asistieron a la Comisión durante el estudio de la iniciativa el señor Bruno Baranda, Ministro de Desarrollo Social y las señoras María Soledad Arellano, Subsecretaría de Evaluación Social y Andrea Martínez, Asesora Legislativa del Ministerio de Desarrollo Social.
La Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de la totalidad del proyecto por contener normas que inciden en materia presupuestaria del Estado.
Los Diputados señores Lorenzini y Ortiz formularon las siguientes indicaciones:
1. Al artículo 1º, para agregar en su inciso primero después de la palabra “madres” la frase “cuyos ingresos no superen el millón de pesos”.
2. Al artículo 4°, para agregar en su inciso segundo después de las palabras “efecto legal” la frase “siempre y cuando el monto tributable no exceda de un millón de pesos”.
3. Al artículo segundo transitorio, para eliminar la frase “con el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y, en lo que faltare,”.
El Diputado señor Marinovic ( Presidente ) declaró inadmisibles las indicaciones por versar sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política.
Solicitada la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad fue puesta en votación siendo ratificada por 6 votos a favor y 3 votos en contra. Votaron por la afirmativa los Diputados señores Edwards, don José Manuel; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Votaron en contra los Diputados señores Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo, y Robles, don Alberto.
En relación a la tercera indicación, el Ejecutivo expresó su acuerdo con la propuesta de los Diputados señores Lorenzini y Ortiz, por lo que se procedió a votar la totalidad del proyecto con la indicación ad referéndum del Ejecutivo al artículo segundo transitorio siendo aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron a favor los Diputados señores Edwards, don José Manuel; Marinovic, don Miodrag; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón. Se abstuvieron los Diputados señores Jaramillo, don Enrique y Lorenzini, don Pablo.
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Ortiz, don José Miguel.
Se adjunta al presente certificado el informe financiero N° 87 elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 17 de julio de 2013.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión ”.
Informe Financiero
Proyecto de ley que otorga un bono para las madres a partir de su tercer hijo o hija
Mensaje N° 127-361
I. Antecedentes.
El presente proyecto de ley crea un bono destinado a las madres que tengan un tercer hijo o hija o más, de filiación por naturaleza o adoptiva y a los padres solteros, divorciados o viudos que por filiación adoptiva tengan un tercer hijo o hija o más; y se otorgará respecto de nacimientos y adopciones producidos a contar del 1° de enero del año 2014 o de la fecha de publicación de la ley, si ésta fuere posterior a la primera.
El bono ascenderá a los siguientes en montos, los cuales se concederán por una sola vez, de cargo fiscal, no imponible ni tributable, y no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal:
-$ 100.000 por el tercer hijo o jija
-$ 150.000 por el cuarto hijo a hija
-$ 200.000 a contar del quinto hijo o hija.
Los beneficiarios tendrán hasta 12 meses para impetrar el bono, cuya solicitud se deberá presentar a la Subsecretaría de Evaluación Social, del Ministerio de Desarrollo Social, organismo que será responsable de la administración de éste.
II. Efecto del proyecto sobre el Presupuesto Fiscal.
El mayor gasto fiscal que irroga la aplicación de esta ley, durante el primer año de su entrada en vigencia, considerando su efecto año completo, es de $ 4.149.000 miles, y se financiará con recursos provenientes de la Partida Tesoro Público.
(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos ?.
14. Certificado de la Comisión de Hacienda. (Boletín N° 9228-05)
“Valparaíso, 14 de enero de 2014.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que el proyecto de ley originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República que modifica el título ii de la ley N° 19.882, que fija condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el periodo que indica y otorga otros beneficios por retiro (Boletín Nº 9.228-05), fue tratado en esta Comisión en sesión de esta fecha, con la asistencia de los Diputados señores Marinovic, don Miodrag ( Presidente ); Auth, don Pepe (Jiménez, don Tucapel); Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don Leopoldo; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Sandoval, don David, y Silva, don Ernesto.
Expusieron en la Comisión durante el estudio de la iniciativa los señores Felipe Larraín, Ministro de Hacienda; Raúl de la Puente , Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales , ANEF y Jorge Consales, Primer Vicepresidente Nacional de la ANEF.
Asistieron, además, los señores Hermann Von Gersdorff, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, Francisco Moreno, Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda y la señora Rosario Celedón, Coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda . En representación de la ANEF, concurrieron los señores Paul Laulié, Secretario Técnico de Jóvenes ; Cipriano Aldea, Vicepresidente y las señoras Ana Bell, Vicepresidenta Nacional de la Mujer ; Nury Benites, 2° Vicepresidenta; Jacqueline Mancilla, Vicepresidenta Provincial y Ana María Gutiérrez, Vicepresidenta Previsión .
Se hace presente que el proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
Puesto en votación general y particular el proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don Pepe; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos y Robles, don Alberto.
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Marinovic, don Miodrag.
Se adjunta al presente certificado el informe financiero N° 126 elaborado por la Dirección de Presupuestos, de 2 de diciembre de 2013.
En consecuencia, la Comisión de Hacienda propone la aprobación del siguiente texto, con modificaciones formales:
PROYECTO DE LEY
“Artículo 1°.- Modifícase el inciso segundo del artículo séptimo de la ley N° 19.882, en el siguiente sentido:
a) Reemplázase en la primera oración el vocablo “nueve” por “once”.
b) Suprímase la siguiente oración: “El monto de este beneficio se incrementará en un mes para las funcionarias”.
Artículo 2°.- Los funcionarios y funcionarias beneficiarias del Título II de la ley N° 19.882, sobre Bonificación por Retiro, que en el período comprendido entre el 1º de agosto de 2010 y el 30 de junio del año 2014, ambas fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son hombres, y que cesen en sus cargos por aceptación de renuncia voluntaria a partir de la fecha que se establece en la presente ley y a más tardar el día 31 de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir dicha bonificación por retiro voluntario, en las condiciones especiales que se indican a continuación :
a) Los plazos dispuestos en el inciso segundo del artículo octavo de la ley N° 19.882, serán reemplazados por los que se señalan en el artículo siguiente, y
b) La bonificación que corresponda al funcionario no estará afecta a la disminución de meses que dispone el artículo noveno de la ley N° 19.882.
Artículo 3°.- El personal que se acoja a lo dispuesto en el artículo precedente que cumpla 65 o 60 años de edad, respectivamente, entre el 1° de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, deberá comunicar su decisión de renunciar voluntariamente al cargo que sirven, dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, indicando la fecha en que harán dejación del cargo, la que no podrá ser posterior al 31 de marzo de 2015.
Artículo 4°.- Los funcionarios y funcionarias de planta y a contrata que perciban la bonificación por retiro del Título II de la ley N° 19.882 con las condiciones especiales que otorga la presente ley, que a la fecha de la renuncia tuvieren 20 ó más años de servicio, continuos o discontinuos, en las instituciones que conforman la Administración del Estado y que se encuentren afiliados al Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema según lo establece su artículo 17, tendrán derecho a recibir una bonificación adicional de cargo fiscal, por una sola vez, equivalentes 395 unidades de fomento.
El reconocimiento de los períodos discontinuos se sujetará a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo séptimo de la ley N° 19.882.
Los funcionarios que cumplan con los requisitos para percibir la bonificación adicional, que estén sujetos a los plazos dispuestos en la letra a) del artículo 3° de la presente ley, que no alcancen a tener los 20 años de servicio continuos o discontinuos requeridos, según corresponda, en el plazo establecido en dicha letra, podrán postergar su retiro hasta que ello ocurra, siempre que acrediten que los cumplirán como máximo al 30 de junio de 2014.
Los funcionarios que actualmente desempeñen cargos en planta o a contrata, podrán completar la antigüedad requerida, con hasta 10 años servidos en calidad de honorarios, sujetos a jornada completa, realizados con anterioridad al año 1998.
El valor de la unidad de fomento que se considerará para el cálculo del beneficio, será el vigente al día que corresponda al cese de funciones o al término del contrato de trabajo, según el caso.
La bonificación adicional no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no estará afecta a descuento alguno.
Para acceder a la bonificación adicional, el personal que preste servicios en jornadas parciales deberá renunciar al total de horas que sirva en las entidades afectas al presente beneficio señaladas en este artículo y el siguiente. El monto establecido será para jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales, calculándose en forma proporcional si esta fuera inferior.
Si el funcionario no cesa en su cargo o termina su contrato dentro de los plazos señalados precedentemente, se entenderá que renuncia irrevocablemente al beneficio.
Quienes perciban la bonificación no podrán ser nombrados ni contratados, ya a sea a contrata o sobre la base de honorarios, en ninguna de las instituciones que conforman la Administración Central del Estado, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad del beneficio percibido, expresado en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables. Del mismo modo, quienes sean beneficiados por la presente ley no podrán utilizar los mismos años de servicio para acceder a otras leyes que otorguen bonificaciones o beneficios asociados al retiro voluntario y quienes tienen vigente un plan especial de retiro que pudiera corresponder también al ámbito de la presente norma legal, como los establecidos en las leyes N° 20.648 o N° 20.692, no podrán acogerse a esta ley.
Esta bonificación adicional se pagará en la misma oportunidad en que se pague la bonificación a que se refiere el artículo 2° y se sujetará al mismo procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos que para su percepción se establecen.
Artículo 5°.- Los funcionarios y funcionarias que desempeñen un cargo de carrera o a contrata y contratados conforme al Código del Trabajo en las instituciones enumeradas en el inciso primero del artículo sexto de la ley N° 20.212, no incluidos en el ámbito del artículo anterior, que entre el 1º de agosto de 2010 y el 30 de junio del año 2014, ambas fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son hombres, que cesen en sus cargos o se ponga término a sus contratos en los plazos a que se refiere el artículo 3° de la presente ley, y a más tardar el día 31 de marzo de 2015, tendrán derecho a percibir la bonificación adicional de cargo fiscal del artículo 4°, equivalente a 395 unidades de fomento, siempre que cumplan con los requisitos que se señalan a continuación:
a) Encontrarse afiliado al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema por el ejercicio de su función pública, según corresponda, de conformidad al artículo 17 del señalado cuerpo legal.
b) Tener a la fecha de renuncia o al término del contrato de trabajo a lo menos, 20 años de servicios, continuos o discontinuos, en las instituciones que conforman la Administración del Estado.
c) Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, sea por renuncia voluntaria, o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los plazos fijados.
Las normas de los incisos segundo a octavo del artículo anterior, se aplicarán también a los trabajadores del presente artículo.
El personal que cumpla con los requisitos y que quiera acogerse a los beneficios del presente artículo, deberá comunicar la decisión de renunciar voluntariamente a su cargo o, en su caso, informar que ha terminado su contrato de trabajo por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo y adjuntar los demás antecedentes necesarios que acrediten cada uno de los requisitos requeridos en el departamento de personal o en la unidad en que desempeñe dichas tareas, quienes verificarán su cumplimiento.
La bonificación adicional se devengará y pagará, por la institución en que el funcionario haya cesado en funciones o terminado su contrato de trabajo, a contar del mes subsiguiente al de la total tramitación del acto administrativo que lo concede.
Artículo 6°.- Las edades señaladas en los artículos 4° y 5° podrán rebajarse en los casos y situaciones a que se refiere el artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, por iguales causales, procedimiento y tiempo computable.
Los funcionarios y funcionarias que se acojan a lo previsto en el inciso anterior deberán acompañar un certificado otorgado por el Instituto de Previsión Social o la Administradora de Fondos de Pensiones, según corresponda, que acredite la situación señalada en el artículo 68 bis del decreto ley Nº 3.500, de 1980. El certificado deberá indicar que el funcionario cumple con los requisitos necesarios para obtener una rebaja de la edad legal para pensionarse por vejez, en cualquier régimen previsional, por la realización de labores calificadas como pesadas y respecto de las cuales se haya efectuado la cotización del artículo 17 bis del decreto ley Nº 3.500, de 1980, o certificado de cobro anticipado del bono de reconocimiento por haber desempeñado trabajos pesados durante la afiliación al antiguo sistema conforme al inciso tercero del artículo 12 transitorio del citado decreto ley, según corresponda.
Igualmente, podrán percibir la bonificación adicional de los artículos 4° ó 5°, los funcionarios y funcionarias que, entre el 1º de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, hayan obtenido u obtengan pensión de invalidez que establece el decreto ley Nº 3.500, de 1980, siempre que, en dicho período, hayan cumplido o cumplan las edades exigidas para impetrar el beneficio y además cumplan con los demás requisitos necesarios para su percepción. La bonificación deberá solicitarse dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la presente ley o dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento del requisito de edad si la declaración de invalidez es posterior a la publicación de la ley pero anterior al 30 de junio de 2014 y de corresponder, su pago se efectuará dentro de los 60 días siguientes al vencimiento del plazo para solicitarla.
Artículo 7°.- El personal que perciba la bonificación adicional que establece la presente ley durante los años 2013, 2014 y 2015, incluidas las mujeres conforme al artículo 3° de esta ley, tendrá derecho a presentar la solicitud para acceder al bono de la ley Nº 20.305, conjuntamente con la postulación a aquélla. Para tal efecto se considerarán los plazos y edades que establece la presente ley, no siendo aplicable el plazo de 12 meses señalado en los artículos 2°, Nº 5, y 3° de la ley Nº 20.305, manteniéndose todos los demás requisitos que la ley N° 20.305 y sus modificaciones establecen.
Artículo 8°.- Los funcionarios y funcionarias que perciban la bonificación adicional de los artículos 4° ó 5°, que sirvan un cargo en las plantas de profesionales, directivos, fiscalizadores y jefaturas; o aquellos asimilados a cualquiera de las plantas antes enumeradas; o que reciban la asignación profesional del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974, tendrán además, derecho a un bono especial de permanencia de 5 unidades de fomento por cada año de servicio por sobre los 20 años, con un máximo de 100 unidades de fomento.
Para estos efectos, se entenderá por profesionales, además de todos los funcionarios que perciban la asignación profesional del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974, los que se refieren en: i) el inciso primero del artículo 2° y el artículo 14, ambos de la ley N° 19.699, con excepción del personal perteneciente a las Fuerzas Armadas; ii) el artículo sexagésimo octavo de la ley N° 19.882. Asimismo, se considerarán profesionales todos aquellos que estén en posesión de un título profesional otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste.
Para efectos del presente artículo, la antigüedad que se contabilizará será aquella desempeñada en instituciones que conforman la Administración del Estado y el reconocimiento de periodos discontinuos, procederá sólo cuando el funcionario tenga a lo menos 5 años de desempeño continuo, anteriores a la fecha de la postulación, en alguna de las entidades afectas. Se pagará en conjunto con la bonificación adicional.
Artículo 9°.- Los funcionarios y funcionarias que perciban la bonificación adicional de los artículos 4° ó 5°, tendrán además, un bono por antigüedad de 10 unidades de fomento por cada año de servicio por sobre los 40 años, con tope de 100 unidades de fomento. Los años de servicios se calcularán y pagarán en iguales términos que los señalados en el artículo anterior.
Artículo 10.- Los funcionarios y funcionarias que se acojan a los beneficios de la presente ley, que se encuentren realizando o acrediten por parte del empleador, haber realizado trabajos calificados como pesados al momento de presentar la renuncia voluntaria o al término de su contrato de trabajo por aplicación de la causal del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, tendrán derecho a un bono por trabajos pesados de 10 unidades de fomento por cada año que hubieren cotizado o estuvieren certificados en tal calidad, con un máximo de 100 unidades de fomento.
Artículo 11.- Los ex funcionarios que hubieren cesado en sus labores en las instituciones a que se refiere la presente ley, entre el 1º de enero de 2011 y el día anterior a la fecha de publicación de la presente ley, podrán acceder a la bonificación adicional de 395 unidades de fomento de los artículos 4° o 5°, siempre que hubieran percibido la bonificación por retiro del Título II de la ley N° 19.882 o acrediten el término de sus contratos de trabajo por aplicación de la causal del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, y que además tuvieran cumplidos todos los requisitos requeridos para la percepción de la bonificación adicional.
Para este efecto, deberán presentar su solicitud ante el jefe superior del servicio o jefatura máxima de la institución en la cual hubieren cesado en funciones o terminado su contrato de trabajo, a partir de la fecha de publicación de esta ley y hasta dentro de los 90 días siguientes a ella. Si dichas personas no presentan las solicitudes dentro del plazo indicado, se entenderá que renuncian al beneficio.
El bono se devengará y pagará por cada servicio a contar del mes subsiguiente a la total tramitación del acto administrativo que lo concede.
De proceder, se aplicará lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 6°. En todo lo no previsto en este artículo, el otorgamiento del beneficio se regirá por las normas señaladas en los artículos 4° y 5°, en cuanto le fueren aplicables.
Artículo 12.- Facúltase a los jefes superiores de servicio que se enumeran a continuación, para solicitar la renuncia al número de funcionarios y funcionarias que se indican en cada caso, ya sea desempeñen cargos de planta o a contrata y hubieran tenido al 31 de julio de 2010 cumplidos 65 años de edad, los hombres y 60 años, las mujeres:
Servicio
N° máximo de personas por
servicio
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
1
Subsecretario de Relaciones Exteriores
6
Subsecretario de Hacienda
2
Subsecretario General de Gobierno
2
Subsecretario de Educación
38
Subsecretario de justicia
1
Subsecretario de Obras Públicas
1
Subsecretario de Agricultura
1
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo
26
Subsecretario de Bienes Nacionales
6
Intendente de la Región de Tarapacá
1
Intendente de la Región de Antofagasta
4
Intendente de la Región de Coquimbo
4
Intendente Región Libertador Bernardo O’Higgins
1
Intendente Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
1
Intendente Región Magallanes y Antártica Chilena
1
Gobierno Regional de Tarapacá
1
Gobierno Regional de Antofagasta
3
Gobierno Regional Libertador Bernardo O`Higgins
1
Gobierno Regional del Bío-Bío
1
Gobierno Regional de la Araucanía
3
Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena
1
Gobernador Provincial de Linares
2
Gobernador Provincial de Ñuble
2
Gobernador Provincial de Valdivia
1
Gobernador Provincial de Aysén
1
Director Servicio Electoral
2
Director General de Relaciones Económicas Internacionales
2
Vicepresidente Ejecutivo de Corfo
13
Fiscal Nacional Económico
1
Director Instituto Nacional Propiedad Industrial
1
Directora de Presupuestos
6
Director Servicio de Impuestos Internos
88
Tesorero General de la República
25
Superintendente de Valores y Seguros
3
Director Nacional del Servicio Civil
1
Presidente Consejo de Defensa del Estado
9
Director Nacional Dibam
9
Secretario General Junaeb
2
Director Nacional Registro Civil e Identificación
24
Director Nacional Servicio Médico Legal
17
Director Nacional Gendarmería de Chile
36
Director Nacional Servicio Nacional de Menores
26
Defensor Nacional Defensoría Penal Pública
1
Director General de Aeronáutica civil
27
Fiscal Nacional de Obras Públicas
2
Director Nacional Contabilidad y Finanzas MOP
2
Director Nacional de Arquitectura
12
Director Nacional de Obras Hidráulicas
7
Director Nacional de Vialidad
29
Director Nacional de Obras Portuarias
1
Director de Planeamiento
2
Superintendente de Servicios Sanitarios
2
Director Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
2
Director Nacional SAG
27
Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Riego
5
Superintendente Seguridad Social
1
Superintendente de Pensiones
4
Director Nacional Instituto de Previsión Social
10
Director Nacional Instituto Seguridad Laboral
1
Superintendente de Salud
1
Vicepresidente Ejecutivo Cochico
2
Director SERVIU Tarapacá
1
Director SERVIU Antofagasta
1
Director SERVIU Valparaíso
2
Director SERVIU Bío-Bío
3
Director SERVIU La Araucanía
2
Director SERVIU Región de Los Lagos
3
Director SERVIU Aysén General Carlos Ibáñez del Campo
2
Director SERVIU Magallanes y
Antártica Chilena
3
Director Serviu Región Metropolitana
7
Director Ejecutivo Fosis
2
Director Nacional Conadi
1
Director Ejecutivo Comisión Chilena Energía Nuclear
3
Superintendente de Electricidad y Combustibles
1
Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la presente ley, cada jefe de servicio, mediante resolución exenta, identificará el personal que corresponde al número antes indicado, al que aplicará esta facultad, la que requerirá la visación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la que informará a las organizaciones de trabajadores. En dicha resolución, se establecerá, en consulta con los funcionarios, la fecha en que deberán hacer dejación del servicio, la que no podrá exceder del 15 de julio de 2014.
Los funcionarios y funcionarias de las entidades señaladas en el artículo octavo de la ley N° 19.882, a quienes se les solicite la renuncia de conformidad a la presente facultad, tendrán derecho a la bonificación por retiro del Título II de la referida ley con las condiciones especiales que fija el artículo 2° anterior. Del mismo modo, si se encuentran afiliados al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema por el ejercicio de su función pública, según corresponda, de conformidad al artículo 17 del señalado cuerpo legal, percibirán el bono adicional del artículo 4°. Podrán también presentar su postulación al bono post laboral de la ley Nº 20.305 de acuerdo a lo establecido en el artículo 7°.
Respecto de las instituciones afectas al Título II de la ley N° 19.882, a cuyos funcionarios se les solicite la renuncia conforme la facultad del inciso anterior, se entenderá que cumplen con la causal de renuncia voluntaria. Lo mismo procederá respecto de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo en instituciones acogidas al señalado Título II, a los que se aplique la norma contenida en el inciso anterior.
Por otra parte, los funcionarios y funcionarias de las instituciones a que se refiere el artículo 5° de la presente ley, no incluidos en el ámbito del inciso anterior, a los que se les solicite la renuncia o se les aplique el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, si se encuentran afiliados al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, percibirán el bono adicional del artículo 5°. Podrán también presentar su postulación al bono post laboral de la ley Nº 20.305 de acuerdo a lo establecido en el artículo 7°.
Artículo 13.- Los funcionarios y funcionarias que al 31 de julio de 2010 ya hubiesen cumplido los requisitos de edad exigidos en el artículo 2°, podrán excepcionalmente postular, a la bonificación del artículo 2°, 4° ó 5° cumpliendo los requisitos que se establecen en cada uno de los artículos mencionados, dentro de los 45 días corridos siguientes a la publicación de esta ley, indicando la fecha en que harán dejación de su cargo, la que como máximo podrá ser el 15 de julio de 2014. Para estos efectos, se considerarán 200 cupos.
Las postulaciones deberán hacerse en la institución en que se desempeña el funcionario y en el plazo indicado en el inciso anterior, el empleador deberá verificar el cumplimiento de los requisitos y remitirá las postulaciones junto con las certificaciones que corresponda, certificados médicos, si proceden, y cualquier otro antecedente que aporte información objetiva sobre la situación del empleado, dentro de los 15 días corridos siguientes al vencimiento del periodo de postulación, a la Subdirección de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos. Esta Subdirección informará a cada uno de los empleadores y a la ANEF, de los resultados de las postulaciones dentro de los 30 días corridos siguientes al vencimiento del plazo para el envío de las postulaciones por parte del empleador. Si hubiera un mayor número de postulantes que cupos, la Subdirección de Racionalización y Función Pública, los priorizará, según se señala a continuación:
El total de cupos deberá distribuirse entre hombres y mujeres, según la proporción de postulantes por género. A continuación se elaborará un listado de los hombres y otro de mujeres, dando prioridad a los funcionarios y funcionarias con enfermedades de carácter grave, crónicas o terminales que impidan el desempeño de la función en forma continua; a continuación a los de mayor edad y años de servicio en la administración pública; si continúa el excedente, aquellos que le sigan con mayor edad y con menor renta. De persistir la igualdad, los postulantes restantes se ordenarán alfabéticamente según sus apellidos y la selección se hará partiendo simultáneamente con los funcionarios y funcionarias, que aparezcan en primer y último lugar en cada lista, hasta completar los cupos restantes, manteniendo siempre la proporcionalidad resultante por género.
Artículo 14.- Los funcionarios nombrados o contratados del Ministerio Público y de la Dirección General de Movilización Nacional, que cumplan 60 años si son mujeres o 65 años si son hombres, entre el 1º de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, podrán percibir según proceda, hasta 11 meses de remuneración imponible con tope 90 unidades de fomento, y si se encuentran afiliados al Sistema de Pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, cotizando o habiendo cotizado en dicho sistema, percibirán además 395 unidades de fomento, si presentan la renuncia voluntaria a sus cargos dentro de los plazos que se fijan en el artículo 3°. Para el efecto, se dispondrán 14 cupos en la primera de las instituciones mencionadas y 10 para la segunda.”.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión ”.
15. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad social, recaído en elproyecto de ley que prorroga la cotización extraordinaria para el segurosocial contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,y modifica la ley N° 19.578. (boletín N° 9231-13-1)
?Honorable Camara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República , que prorroga la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y modifica la ley N° 19.578.
A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal, asistió el señor Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias Palau, la señora Fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social , (SUCESO), doña Lucy Marabolí Vergara, y don Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.
1.- Origen y urgencia.
La iniciativa tuvo su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República , con urgencia calificada de “SUMA” para su tramitación.
2.- Discusión general.
El proyecto fue aprobado, en general, por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
(Votaron a favor las señoras Goic, doña Carolina, y Vidal, doña Ximena, y los Diputados señores Andrade, don Osvaldo; Baltolu, don Nino; Barros, don Ramón; Bertolino, don Mario; Jiménez, don Tucapel, y Salaberry, don Felipe).
3.- Disposiciones calificadas como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
A juicio de vuestra Comisión, el texto del proyecto en informe contiene normas que requieren ser aprobadas con quórum calificado por regular el ejercicio del derecho a la seguridad social, en virtud de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental.
4.- Diputado Informante .
La Comisión designó al señor Diputado don Nino Baltolu Rasera en tal calidad.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
El proyecto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social somete a vuestro conocimiento apunta a prorrogar la vigencia de la cotización extraordinaria del Seguro Social de la ley N° 16.744, establecida en el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578; a modificar el límite de respaldo con activos financieros de la Reserva de Pensiones que cada Mutualidad de Empleadores de la ley N° 16.744 debe constituir; y a modificar el límite del Fondo de Contingencia establecido en la referida ley N° 19.578.
1.- Consideraciones preliminares.-
Expresa el Mensaje que el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la ley N° 16.744 se financia, principalmente, a través de una cotización básica equivalente a un 0,90% de las remuneraciones imponibles de cada trabajador, a la que se suma una cotización adicional diferenciada, determinada en función al riesgo presunto según la actividad de la entidad empleadora o de conformidad a la siniestralidad efectiva de cada entidad, en un rango entre el 0 y el 6,80%, ambas de cargo del empleador.
Añade que, desde el año 1998, a dicha fuente de financiamiento se ha agregado una cotización extraordinaria, pues el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578 estableció, a contar del 1° de septiembre de 1998 y hasta el 31 de agosto de 2004, una cotización extraordinaria del 0,05% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, en favor del referido Seguro Social, con el objeto de financiar mejoramientos extraordinarios de pensiones y otros beneficios pecuniarios extraordinarios. Hace presente que la vigencia de dicha cotización extraordinaria fue ampliada por el artículo único de la ley N° 19.969, hasta el 31 de agosto de 2008 y que, posteriormente, el artículo 1° de la ley N° 20.288 la extendió hasta el 31 de agosto de 2011. Finalmente, el artículo único de la ley N° 20.532 prorrogó el plazo hasta el 31 de marzo de 2014.
Agrega que, en el caso de las Mutualidades de Empleadores de la ley N° 16.744 (Asociación Chilena de Seguridad, Instituto de Seguridad del Trabajo y Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción), los recursos provenientes de dicha cotización, junto con otros definidos en la ley N° 19.578, deben destinarse a la creación y mantenimiento de un Fondo de Contingencia, cuya principal fuente de financiamiento es, justamente, esta cotización extraordinaria, que durante el año 2012 representó, para el conjunto de esas instituciones, el 45,7% del total de ingresos de los citados Fondos. Por su parte, las Mutualidades han contribuido con el 54,3% restante.
Expresa, asimismo que, en el caso del Instituto de Seguridad Laboral, los recursos de la cotización extraordinaria van directamente a financiar las prestaciones y su operación, pues esta entidad no tiene la obligación de constituir fondos de reservas.
Señala, del mismo modo, que cada una de las Mutualidades debe destinar recursos de la cotización del 0,05% al Fondo de Contingencia hasta que se complete una suma equivalente al monto que resulte mayor entre el 100% del Gasto Ajustado de Pensiones del año anterior y el valor del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior -parámetro definido por el artículo único de la ley N° 20.532, obligación que se restablece cada vez que el Fondo represente un porcentaje inferior al antes indicado. El Gasto Ajustado de Pensiones , según lo establecido en la letra B) del artículo 20 de la Ley N° 19.578, corresponde a la cantidad equivalente a la suma total de las siguientes partidas:
a) La suma equivalente al gasto efectivo en pensiones y demás beneficios pecuniarios anexos a ellas pagados a sus pensionados durante el año; y
b) La suma de reservas de capitales representativos para pensiones constituidas durante el año, en cuanto no exceda de 20% del total de reservas de capitales representativos para pensiones existentes al 31 de diciembre del año anterior.
Señala, por otra parte que, una vez que el Fondo de Contingencia alcanza el límite indicado anteriormente, las Mutualidades de Empleadores tienen la obligación de destinar los recursos de la cotización del 0,05% que exceden de ese límite a la adquisición de los instrumentos financieros establecidos en la ley. Ello, con la finalidad de respaldar con activos financieros la Reserva de Pensiones que cada una de las referidas entidades debe constituir. Dicha obligación subsiste hasta que se complete una suma equivalente al 40% del monto de la Reserva de Pensiones al 31 de diciembre del año anterior. Cumplido el porcentaje indicado, los recursos excedentarios de la cotización del 0,05% son destinados al financiamiento del Seguro de la ley N° 16.744.
2.- Situación actual.
Explica, a continuación, el Mensaje que al 31 de diciembre de 2012, el total de los Fondos de Contingencia presentaba un saldo de M$53.015.592. Conforme a las estimaciones actuariales realizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, de no prorrogarse la cotización extraordinaria, el saldo agregado de los Fondos de Contingencia sería insuficiente para atender el futuro pago de las pensiones y beneficios extraordinarios otorgados a los pensionados del Seguro Social de la ley N° 16.744, cuyo valor actual se estima en M$53.051.000.
Agrega que, al 31 de diciembre de 2012, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Seguridad del Trabajo presentan saldos de los Fondos de Contingencia que ascienden a M$24.065.233, M$ 21.857.846 y M$7.092.513, respectivamente. Por otra parte, se estima que a la misma fecha las obligaciones a financiar con cargo a estos Fondos alcanzan M$20.771.000, M$22.668.000 y M$9.612.000, en cada caso. Por lo tanto, en los casos de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y del Instituto de Seguridad del Trabajo, de no incrementarse sus Fondos de Contingencia, ellos no serían suficientes para financiar las obligaciones por concepto de beneficios extraordinarios respecto de los actuales pensionados.
Añade que, al respecto, cabe hacer presente que durante la tramitación de la última prórroga de la cotización extraordinaria, que fue concedida por la ley N° 20.532, se estimó que en un plazo de dos años y seis meses desde la vigencia de dicha prórroga, los Fondos de Contingencia de las tres mutualidades de empleadores lograrían acumular recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones futuras con sus pensionados, lo que se logró sólo en el caso de la Asociación Chilena de Seguridad. La razón que impidió alcanzar el objetivo de la anterior prórroga, fue haber limitado el valor del Fondo de Contingencia al 100% del Gasto Ajustado de Pensiones del año anterior, puesto que dicho gasto no refleja el compromiso futuro que las Mutualidades de Empleadores mantienen con sus pensionados, derivado de los incrementos y reajustes extraordinarios que se financian con el citado Fondo.
Por otra parte, señala que debe considerarse que el valor actual del Fondo de Contingencia fue determinado con una tasa de descuento del 4% anual, debiéndose tener en cuenta que las tasas de interés de largo plazo han registrado recientemente una tendencia a la baja, tanto en el ámbito nacional como internacional.
En razón de ello, expresa el Mensaje, se requiere de una nueva prórroga de la cotización extraordinaria, la cual permita incrementar los recursos de los Fondos de Contingencia de las Mutualidades antes señaladas, para así revertir el déficit que actualmente registra dicho Fondo en la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y del Instituto de Seguridad del Trabajo, ascendentes a M$810.000 y M$2.519.000, respectivamente.
Además, expresa que se propone una nueva fórmula para fijar el valor máximo que debe alcanzar el Fondo de Contingencia, la cual recoge el monto de las obligaciones presentes y futuras derivadas de los incrementos y reajustes extraordinarios otorgados a los pensionados.
Una vez alcanzado el límite propuesto para el Fondo de Contingencia, los recursos excedentarios deben ser destinados a comprar activos financieros para respaldar la reserva de pensiones constituida por las Mutualidades.
Al respecto, hace presente, asimismo, que por tratarse las Mutualidades de entidades aseguradoras de beneficios económicos de largo plazo, como lo son las pensiones temporales de invalidez y vitalicias de viudez que otorgan, y no tener, por otra parte, garantizados los flujos futuros de ingresos en montos suficientes para hacer frente a esas obligaciones, es recomendable que mantengan en reserva recursos para hacer frente a esos compromisos, y que ellos se encuentren invertidos en activos financieros de fácil liquidación.
Finaliza, expresando que, en el caso del Instituto de Seguridad Laboral, esta entidad se encuentra actualmente en una etapa de reorganización de sus procesos y de fortalecimiento de su gestión operacional. En tal contexto, resultaría particularmente oneroso para el presupuesto público no prorrogar la cotización extraordinaria, puesto que le significará al Instituto dejar de percibir aproximadamente M$1.114.315 en el año 2014 (cifra que, anualizada, llega a M$1.671.473).
3.- Objetivo del Proyecto.-
El proyecto prorroga la vigencia de la cotización extraordinaria del 0,05%, a contar del mes de abril de 2014, para que el Fondo de Contingencia alcance un monto similar al de los pasivos que está llamado a financiar, representados por el valor actual de los mejoramientos extraordinarios de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios ya mencionados.
Con el mismo objeto, modifica la exigencia de destinar recursos al Fondo de Contingencia hasta que se complete una suma equivalente al monto que resulte mayor entre el 100% del Gasto Ajustado de Pensiones del año anterior y el valor del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior, cambiando el parámetro Gasto Ajustado de Pensiones como referencia para determinar el límite del Fondo de Contingencia, por el Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados que debe financiar dicho Fondo. De esta forma, se asegura que la recaudación del 0,05% se destine íntegramente al Fondo de Contingencia hasta que el valor de este Fondo sea igual al valor actual de las obligaciones señaladas, monto que, por otra parte, debe ser determinado y revisado cada año por la Superintendencia de Seguridad Social.
Por último, el proyecto propone aumentar el límite de respaldo de la Reserva de Pensiones desde el 40% al 100%, con el objetivo de que la totalidad de los recursos excedentarios del Fondo de Contingencia sean destinados a la compra de instrumentos financieros para respaldar el pago futuro de las pensiones por parte de las Mutualidades de Empleadores.
4.- Contenido del Proyecto.-
En atención a lo expuesto, se propone modificar la ley N° 19.578 para extender hasta el 31 de marzo del año 2017 la vigencia de la aludida cotización extraordinaria del Seguro Social de la ley N° 16.744.
Además, se propone fijar como límite del Fondo de Contingencia el monto equivalente al Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios otorgados a los pensionados, sin perjuicio que dicho límite no debe ser inferior al monto vigente del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior.
Finalmente, se propone aumentar al 100% el límite de respaldo de la reserva de pensiones.
III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalar que la idea matriz o fundamental del proyecto es prorrogar la cotización extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y modifica la ley N° 19.578.
Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto aprobado por vuestra Comisión en un artículo único.
IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.
En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión, su artículo único requiere ser aprobado por la mayoría absoluta de los señores Diputados en ejercicio, en virtud de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 19 N° 18 de la Carta Fundamental, por regular el ejercicio del derecho a la seguridad social.
V. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISION.
Vuestra Comisión, en el estudio de esta iniciativa legal, recibió al señor Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias Palau; a la señora Fiscal de la Superintendenta de Seguridad Social, doña Lucy Marabolí Vergara, y a don Francisco Del Río Correa, Asesor Legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
VI. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.
A juicio de la Comisión, su artículo único requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por tener incidencia en materia financiera y presupuestaria del Estado.
VII. DISCUSION GENERAL
El proyecto en informe fue aprobado en general, por vuestra Comisión, en su sesión ordinaria de fecha 14 de enero de 2014, con el voto favorable (8) de las Diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Vidal, doña Ximena, y de los Diputados señores Andrade; Baltolu; Barros; Bertolino; Jiménez y Salaberry. No hubo votos en contra ni abstenciones.
En el transcurso de su discusión general, el Ejecutivo , tanto a través del Subsecretario de Previsión Social, don Augusto Iglesias Palau, como de la señora Lucy Marabolí Vergara, Fiscal de la SUSESO, además de refrendar los fundamentos contenidos en el Mensaje que dio origen a este proyecto en informe, hicieron presente que la presente iniciativa tiene por objeto prorrogar la vigencia de la cotización extraordinaria del Seguro Social de la ley N° 16.744, establecida en el artículo sexto transitorio de la ley N° 19.578; a modificar el límite de respaldo con activos financieros de la Reserva de Pensiones que cada Mutualidad de Empleadores de la ley N° 16.744 debe constituir; y a modificar el límite del Fondo de Contingencia establecido en la referida ley N° 19.578.
Agregó, el señor Iglesias, que para financiar algunos mejoramientos extraordinarios de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios otorgados a los pensionados del Seguro de la Ley N° 16.744, que no son financiados con la cotización ordinaria a este seguro, el año 1998 se estableció una cotización extraordinaria de 0,05% de cargo del empleador. Con esta cotización se forma un Fondo de Contingencia, que se destina a cubrir esas obligaciones.
En concreto, el señor Subsecretario indicó que dicho fondo tiene por objeto financiar el gasto, en el tiempo, de los mejoramientos extraordinarios de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios para los pensionados; y, financiar la formación de activos representativos de incrementos de la reserva de pensiones, originado en la obligación de aumentar dicha reserva como consecuencia de mejoramientos extraordinarios.
Por otra parte, agregó que la vigencia de la cotización extraordinaria se prorrogó los años 2004, 2008 y 2011, pues el fondo no alcanzaba el monto deseado. En este sentido, indicó que se hace necesario prorrogarla una vez más, ya que el fondo aún muestra un déficit respecto a las reservas necesarias.
Adicionalmente, agregó el Subsecretario , que una vez que el Fondo de Contingencia alcanza el monto que resulte mayor entre el 100% del Gasto Ajustado de Pensiones del año anterior y el valor del dicho fondo al 31 de diciembre del año anterior, los recursos excedentarios que se originen en sus distintas fuentes de financiamiento deben destinarse a respaldar el Fondo de Reserva de Pensiones por medio de inversiones en instrumentos financieros, hasta que se complete una suma equivalente al 40% del monto de la Reserva de Pensiones al 31 de diciembre del año anterior.
En dicho contexto, el señor Iglesias señaló que el proyecto de ley tiene por objeto, en primer lugar, prorrogar la cotización extraordinaria en 3 años para financiar el actual déficit del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (MUSEG), en la medida en que sin dicha cotización, los fondos de contingencia de la MUSEG y del IST no contarían con los recursos suficientes para financiar las obligaciones del Fondo, cuyo déficit suman M$ 3.329 millones.
En segundo lugar, añadió, que el proyecto tiende a fijar el límite del Fondo de Contingencia en función del valor actual de las obligaciones por incrementos extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios dispensados a los pensionados, sin perjuicio que dicho límite no debe ser inferior al monto vigente del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior.
En tercer lugar, el señor Iglesias manifestó que el proyecto tiene por objeto elevar el límite de respaldo de la Reserva de Pensiones del actual 40% al 100%, a fin de asegurar que la totalidad de los recursos excedentarios del Fondo de Contingencia se destinen a la compra de instrumentos financieros para respaldar el pago futuro de las pensiones por parte de las Mutualidades de Empleadores.
Ante una consulta de un señor Diputado respecto al sistema de prórroga y la razón que explicaría el porqué se trata sólo de una cotización extraordinaria y no se establece como permanente, el señor Subsecretario explicó que si se supusiera que en el futuro se van a introducir nuevos beneficios extraordinarios no contemplados en la ley original, la cotización debería adquirir el carácter de permanente, sin embargo, esto no es así, se trata de una situación incierta. En otras palabras, contar de forma permanente con una cotización extraordinaria para cubrir la eventualidad que en el futuro se vayan a generar nuevos beneficios, aunque resulta prudente, parece difícil de justificar.
Finalizó el señor Subsecretario destacando que en las prórrogas anteriores no se exigía que el fondo de contingencia llegara a un nivel exactamente igual al valor presente de las obligaciones que estaba destinado a financiar.
Por su parte, las señoras y señores Diputados integrantes de esta instancia legislativa concordaron con la pertinencia de esta iniciativa legal, toda vez que existe consenso en que es necesario prorrogar esta cotización extraordinaria, de 0,05% de cargo del empleador, que permite financiar algunos mejoramientos extraordinarios de pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios otorgados a los pensionados del Seguro de la Ley N° 16.744, con la cual se forma un Fondo de Contingencia, que se destina a cubrir esas obligaciones.
VIII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACION EN GENERAL.
No hubo en el seno de vuestra Comisión opiniones disidentes al acuerdo adoptado en la votación en general.
IX. DISCUSIÓN PARTICULAR.
Vuestra Comisión, en la sesión celebrada con esta misma fecha sometió a discusión particular el proyecto de ley adoptándose los siguientes acuerdos respecto de su texto:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.578, que concede aumento a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias:
1) Reemplázase en la letra A de su artículo 21, en el último párrafo del numeral 1, la frase “monto que resulte mayor entre el 100% del Gasto Ajustado de Pensiones del año anterior y el valor del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior”, por lo siguiente: “Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados”.
2) Agrégase en la letra A de su artículo 21, a continuación del último párrafo del numeral 1, lo siguiente: “En todo caso, el límite precedentemente citado no puede ser inferior al Valor del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior.”.
3) Agrégase en la letra A de su artículo 21, como último párrafo del numeral 1, lo siguiente: “El valor actual de dichas obligaciones deberá ser determinado y revisado, al menos, una vez al año por la Superintendencia de Seguridad Social.”.
4) Reemplázase en la letra B de su artículo 21, en el último párrafo de su numeral 1 y en el primer párrafo de su numeral 2, el porcentaje “40%” por “100%”.
5) Reemplázase en el inciso primero de su artículo sexto transitorio, el guarismo “2014” por “2017”.
-Sometido a votación fue aprobado por la unanimidad de 8 votos.
(Votaron a favor las Diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Vidal, doña Ximena, y de los Diputados señores Andrade; Baltolu; Barros; Bertolino; Jiménez y Salaberry.
X. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISION.
No existen disposiciones en tal situación.
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Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante , vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“ARTÍCULO ÚNICO.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.578, que concede aumento a las pensiones y establece su financiamiento por medio de modificaciones a normas tributarias:
1) Reemplázase en la letra A de su artículo 21, en el último párrafo del numeral 1, la frase “monto que resulte mayor entre el 100% del Gasto Ajustado de Pensiones del año anterior y el valor del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior”, por lo siguiente: “Valor Actual de las Obligaciones por Incrementos Extraordinarios otorgados a las pensiones y beneficios pecuniarios extraordinarios concedidos a los pensionados”.
2) Agrégase en la letra A de su artículo 21, a continuación del último párrafo del numeral 1, lo siguiente: “En todo caso, el límite precedentemente citado no puede ser inferior al Valor del Fondo de Contingencia al 31 de diciembre del año anterior.”.
3) Agrégase en la letra A de su artículo 21, como último párrafo del numeral 1, lo siguiente: “El valor actual de dichas obligaciones deberá ser determinado y revisado, al menos, una vez al año por la Superintendencia de Seguridad Social.”.
4) Reemplázase en la letra B de su artículo 21, en el último párrafo de su numeral 1 y en el primer párrafo de su numeral 2, el porcentaje “40%” por “100%”.
5) Reemplázase en el inciso primero de su artículo sexto transitorio, el guarismo “2014” por “2017”.
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Se designó diputado informante , a don Nino Baltolú Rasera.
Sala de la Comisión, a 14 de enero de 2014.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de las Diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Vidal, doña Ximena, y de los Diputados señores Andrade; Baltolu, Barros, Bertolino; Jiménez y Salaberry.
(Fdo.): PEDRO MUGA RAMÍREZ, Abogado Secretario de la Comisión ”.